SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:55 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, ya que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 19 de octubre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Reincorporación de ciudadano diputado.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Oficio del Congreso del estado de Michoacán

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116 y 123 y adiciona los artículos 95 bis, 95 ter, 95 quáter, 96 a, 97 bis, 97 ter, 97 quáter, 97 quintus, 98 bis, 98 ter, 98 quáter y 98 quintus a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Oficios del congreso del Estado de Zacatecas

Dos, en los que transcribe acuerdos aprobados, por los que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asignen recursos especiales al Fondo de Apoyo a Migrantes y se otorgue un trato justo y equitativo al Estado de Zacatecas. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos: Jorge Ulises Bautista Magallón, Christian Alfredo Álvarez Maciel y Leonardo Guzmán Maltos, en las Embajadas de los Estados Unidos de América y del Estado de los Emiratos Árabes en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos: Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinoza Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrian Sánchez Rosaldo, Roberto Alonso Picos Rubio, Eva Jenny Arias Moreno, Miguel Olguín Antonio y David James García Sotello, en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; e informa que el Ciudadano Jorge Fernando Garza Morales, deja de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 15 de septiembre de 2009.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, considere un aumento en el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Pesca, presentada por los senadores Lázara Nelly González Aguilar, Alberto Cárdenas Jiménez, Javier Castelo Parada y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, asigne recursos para realizar hasta su conclusión el proyecto ejecutivo de la tercera etapa del acueducto vizcaíno-pacífico norte, presentada por el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, asigne mayores recursos al programa alimentario, al Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA y al Programa de Abasto de Leche a cargo de LICONSA, presentada por los senadores J. Jesús Dueñas Llerenas, Javier Castelo Parada, Alfredo Rodríguez y Pacheco, L. Nelly González Aguilar y Alberto Cárdenas Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, considere un incremento sustancial a los institutos tecnológicos de todo el país, presentada por los senadores Francisco Herrera León, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ramiro Hernández García, Francisco Castellón Fonseca, Alfonso Elías Serrano, Gerardo Montenegro Ibarra, Raúl Mejía González y Francisco Alcibíades García Lizardi. (Turno a Comisión)

Efeméride con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de los grupos parlamentarios.

Efeméride con motivo del 57 aniversario del Sufragio Femenino en México, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2° y 4° de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 464 de la Ley General de Salud y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Sólo turno a Comisión)

Que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 15 al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, a cargo del diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco años o más, residentes en los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que crea un Organismo Descentralizado que se denominará Organismo Rector para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas de México, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 139 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población, a cargo del diputado Sami David David, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36, 42 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Acceso Digital. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, proporcione a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior, de Reconocimientos de Plantilla de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos suficientes para el FONAES, con el propósito de ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la educación media superior, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para realizar obras de construcción, rehabilitación y remodelación de infraestructura del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat se apegue a la Ley Orgánica de la Administración Pública, y a la Sener a conducir la política energética del país para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la SEP, etiquetando una partida para la creación de nuevas plazas de maestros dedicados a impartir la materia de Educación Física, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Cancerología, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los proyectos de infraestructura carretera de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sector Salud, aliente a la población para la prevención oportuna del cáncer de mama, a cargo de la diputada Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el desarrollo carretero en los estados de Coahuila, Durango y Sinaloa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía y de la Sener, acredite organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 de todas aquellas lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura carretera, salud y cultura del estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para diversos puentes en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, realicen las gestiones necesarias a fin de proponer al Pleno de esta Soberanía modificaciones al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a efecto de incorporar el nombre del Ceameg, sus funciones y tareas, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Sector Salud en el estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Zona Metropolitana de Piedras Negras-Nava, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Universidad Autónoma de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto Pabellón Cultural de la República, que se construye en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto Par Vial de Cabo San Lucas, que se construye en Los Cabos, Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para solucionar la problemática en Minatitlán, Veracruz, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Universidad Intercultural de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se establezca el Fondo de la Huasteca, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el mejoramiento de la red de distribución de agua potable en Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la remodelación del Auditorio Municipal de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un programa de apoyo para la adquisición y compra de tierras para los pueblos y comunidades indígenas del país, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la preparación de los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Pana-mericanos, Guadalajara 2011, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se incorpore un anexo con los recursos que ejercerán las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal para el fomento de las actividades de las organizaciones de la Sociedad Civil, suscrito por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del plantel José Revueltas Sánchez, ubicado en la Delegación Venustiano Carranza, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para impulsar el Programa Integral de Desarrollo Regional de las Mixtecas, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa Hábitat, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y modernización de carreteras, carreteras alimentadoras estatales, conservación de carreteras federales y estatales, construcción de puentes de infraestructura vial y caminos saca cosechas a través del programa de empleo temporal, para el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se destine un porcentaje del presupuesto del Programa Oportunidades para el Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, modifique las reglas de operación del Programa Rescate de Espacios Públicos y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para dicho Programa, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación de un Fondo de Rescate a Pequeños Ahorradores del estado de Oaxaca, en apoyo a los ahorradores defraudados, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere una partida para la capacitación, innovación y extensionismo rural de los recursos destinados al Campo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un centro de acopio maicero de Loma Bonita, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Hospital General de Zona, en la Cd. de Saltillo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios del país, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el cultivo, industrializado y comercialización de piña md2, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos, propuestas de financiamiento, programas, obras y proyectos para el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para fortalecer la actividad que desarrollan los Grupos de Protección a Migrantes (Grupos Beta), a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Ramo 12 Salud, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para dotar de drenaje sanitario y de agua potable a las colonias del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para incrementar el subsidio que el Gobierno Federal otorga durante la temporada de verano, a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica en beneficio de los usuarios del municipio de San Luis Río Colorado y el Noroeste del estado de Sonora, suscrito por los diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la instalación y mejoramiento de laboratorios de genética en las entidades federativas, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para construir la infraestructura necesaria, a fin de proteger la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, de los retenes ubicados en el acceso de la entrada Oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la Delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, suscrito por los diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los programas y acciones que contribuyen a la prevención, atención y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se incluya un anexo adicional en el cual se desglosen las asignaciones y modificaciones presupuestales a programas y acciones que tengan por objeto el rescate y conservación de cuencas, ríos, lagos y lagunas del país, suscrito por los diputados Agustín Torres Ibarrola y Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el cumplimiento de las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la CONADE, para la contratación de los Activadores Físicos y Entrenadores Deportivos, que se requieren a efecto de cumplir con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la instrumentación de los programas que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SEP, modifique o adecúe las reglas o criterios del “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior”, para que a los estados con bajo desarrollo económico, se les exente de sus aportaciones de coinversión, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinados a la prevención y atención del VIH/SIDA, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el fomento y desarrollo del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de todo el país, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación de un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto de unidades médicas para la detección y atención oportuna del cáncer de mama y cérvico-uterino, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, de la Sener y de la CFE, elaboren un convenio de colaboración que permita destinar recursos para un apoyar a los usuarios domésticos de energía eléctrica de los municipios de Guaymas y Empalme, estado de Sonora, a cargo de la diputada María Dolores Del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la prevención y atención del cáncer de mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere una partida destinada al fortalecimiento del Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP ante esta Soberanía y presente un informe financiero del estado que guarda el ejercicio del gasto público y subejercicios; asimismo para que se reasignen subejercicios del gasto público federal al Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sagarpa, y a los Gobiernos de Entidades Federativas, para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y en cumplimiento del pari passu, respectivamente, faciliten el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas, a cargo de la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, lleven a cabo acciones efectivas en contra de la violencia generada en la zona y conduzcan a garantizar la seguridad e integridad física de los habitantes del municipio de San Juan Copala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP, a la SEDENA, a la SEMAR y a la PGR, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, realice una auditoría especial en el Banco de México, para conocer las causas del comportamiento de las diferentes variables incluidas en el balance general de la institución, así como los factores que explican los resultados de su operación, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta Soberanía, para que en el proceso de renovación del Consejo General del IFE, se contemple la equidad de género, suscrito por las diputadas Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el impulso de las actividades dedicadas al desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, ejerza la facultad de atracción y realice las acciones de investigación pertinentes, a efecto de esclarecer el secuestro de las personas del estado de Michoacán, que se encontraban de vacaciones en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la atención, prevención y tratamiento del cáncer de mama en el país, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE para que a través de los medios diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de que en respeto a las leyes de su país, y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las niñas, niños y jóvenes indocumentados que viven en ese país, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SHCP y de la Semarnat, se empleen recursos de los subejercicios del PEF 2010, para la implementación del Proyecto Rehabilitación y recuperación de playas en franja costera de Chuburna Puerto – Yucalpetec, en el municipio de Progreso, Yucatán, suscrito por los diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el 16 de octubre como Día Nacional Contra la Obesidad, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, ejecute lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta Soberanía, instruya al Ceameg para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores, así como a su equipo técnico, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el subsector cultura del país, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y la ciudadanía, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Cultura. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que contemple el desarrollo del PIB-Agroalimentario del año inmediato anterior; la proporción de población rural objetivo con respecto a la población total del estado; reducción en el grado de marginación; el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente y se establezca como un criterio general obligatorio, para las reglas de operación que emita la SAGARPA para el ejercicio fiscal de 2011, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios del estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se asignen recursos suficientes a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la energía, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos que permitan la construcción de infraestructura que evite el ingreso de fauna natural a granjas acuícolas ubicadas en el estado de Sinaloa, y se exhorta a la SAGARPA, instrumente estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se sujeten los recursos de los programas de Diconsa, Liconsa y Programa Alimentario, a Reglas de Operación que se traduzcan en una transferencia neta al sector agroalimentario nacional, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Profeco, instrumenten medidas para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a consecuencia del alza de las gasolinas en nuestro país, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un fondo de infraestructura deportiva municipal, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la organización del 8° Parlamento de las niñas y niños de México 2011, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial para la Niñez. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales, a reforzar, apoyar y articular acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la homologación salarial de los trabajadores del sistema de salud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la continuidad de la construcción de la UAM, unidad Cuajimalpa de Morelos, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, instrumente los mecanismos necesarios, con el fin de que informe a esta Soberanía sobre los costos e impactos que tienen en la economía la actual estructura de gastos fiscales, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que explique los criterios para establecer los límites máximos de acumulación del espectro y proporcione un análisis de la competitividad, a cargo del diputado Fidel Kuri Grajales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año “2011: Año Nacional de Donación y Transplantes de Órganos”, a cargo del diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua, y a la Profepa, coordinen acciones que cuiden la óptima calidad de las playas y mares, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, evite realizar recortes presupuestales a programas productivos considerados en el Programa Especial Concurrente del PEF 2011, a cargo del diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, fortalezcan las finanzas públicas del Distrito Federal, eficientando la recaudación de los impuestos y derechos por pago de servicios públicos, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos en inversión, infraestructura y servicios que permitan un Desarrollo Sustentable para abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Merino Loo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, vigilen el correcto funcionamiento de las Instituciones Públicas y Privadas encargadas del cuidado de las niñas y niños que por disposiciones jurídicas se encuentran separados de sus padres; asimismo, se exhorta a los Congresos Locales y a la ALDF, legislen en la materia, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal, capaciten a sus servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de género, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como reforzar la vigilancia, a fin de evitar sucesos semejantes, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de los Estados, implementen un Protocolo de Seguridad para Periodistas y a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, instauren un Protocolo de Investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, haga un extrañamiento al CEFP para que, en el ejercicio de sus funciones, se conduzca con imparcialidad, objetividad y rigor técnico, debido a que ha realizado, publicado y difundido estudios, análisis, conclusiones e interpretaciones que se apartan de la veracidad, generan desconfianza, incertidumbre y deso-rientan la labor legislativa, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Segob, declare zona de emergencia a diversos municipios del estado de Guerrero y se liberen recursos del Fonden para resarcir los daños ocasionados a las vías de comunicación terrestre y viviendas de sus pobladores, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SRE se solicite a la Embajada de México en Estados Unidos, inicie las negociaciones correspondientes a efecto de establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del CONACYT respecto al rediseño de la normatividad que rige al Sistema Nacional de Investigadores, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Ejecutivo Federal para que a través de la SRE, fije la postura de México en pro de la defensa de los derechos humanos y solicite a su homólogo de la República Popular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, otorgue a las aerolíneas de bajo costo, horarios de despegue y aterrizaje (slots), que por ahora han quedado sin utilizarse con motivo de la suspensión indefinida de operaciones del nuevo grupo aeronáutico (Grupo Mexicana), apegándose a la normatividad en materia de seguridad, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, derogue los acuerdos publicados en el DOF, referentes a la aceptación de equivalencias de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y 019-SCFI-1998, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, a solicitud de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la discriminación que sufren mexicanos que vuelan hacia los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios referentes a la recategorización de México para ocupar el espacio aéreo por parte de la FFA, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios referentes a la complicidad de los gobiernos de facto a nivel federal y del estado de Oaxaca en los recientes asesinatos perpetrados en contra de los habitantes de los municipios de San Juan Copala, a cargo de los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 36 Aniversario de la creación del estado libre y soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Aniversario del 2 de octubre “Día de la matanza de Tlatelolco”, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 15 de octubre, “Día Internacional de la Mujer Rural”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 16 de octubre, “Día Mundial de la Alimentación”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 12 de octubre de 1492, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 17 de octubre, conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 19 de octubre, conmemoración del “Día Mundial del Cáncer de Mama”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, a cargo de los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 57 Aniversario del Sufragio Femenino en México, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 24 de octubre, Conmemoración del Día de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo de la conmemoración del natalicio de Francisco I. Madero, el 30 de octubre de 1873, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con motivo del 17 de octubre, Día Mundial de la Pobreza, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña y diputado Cárdenas Elizondo, ya estamos en la lectura del acta.

Pero haga usted uso de la palabra, desde su lugar, si es tan amable.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sobre el orden del día, diputado presidente. Lo que pasa es que me tapa el cartel éste, que estoy solidario, por supuesto, pero no deja de taparme.

Quiero solicitarle, diputado presidente, la inclusión de un punto en el orden del día. Llevo varias semanas solicitando que el pleno vote en torno al secretario del Trabajo, del gobierno usurpador, Javier Lozano, que se declare interlocutor no válido. El viernes se suspendió su comparecencia sin ninguna explicación. No hay fecha para una nueva comparecencia. La Junta de Coordinación Política está haciendo como el PRI con el IVA; entonces no resuelven este tema.

Yo le pido que consulte, si es usted tan amable, a la asamblea, si se incluye, me permiten incluir el punto de declarar interlocutor no válido a Javier Lozano y se le retire la invitación a comparecer ante esta soberanía.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conforme al Reglamento le pregunto a la asamblea si está de acuerdo en que se abra el orden del día para incluir un punto diferente a los que lo conforman. Cabe señalar que de acuerdo con el Reglamento y la Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política envía la propuesta del orden del día y para este día únicamente están incluidas iniciativas y puntos de acuerdo, hasta en tanto se reciben dictámenes de la Comisión de Hacienda.

Por tanto, pregunto a la asamblea si está de acuerdo con la inclusión de un punto en el orden del día. Pregunte, señor secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta a las diputadas y diputados si están de acuerdo en la inclusión de un punto a la orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor secretario. No se admite, y el orden del día queda en sus términos. Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Tengo muchas inquietudes también sobre el orden del día y espero que ahora no lance línea a los legisladores de su bancada, presidente.

Me preocupa mucho la negociación que no se realiza ni la deliberación en la Cámara respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto. Por lo medios de comunicación nos hemos enterado de que los gobernadores, algunos gobernadores se entrevistaron con Felipe Calderón para pactar la Ley de Ingresos, la no reducción del IVA, de 16 a 15 por ciento, y acuerdos en materia del Presupuesto. Esas decisiones, señor presidente, debieran deliberarse, debieran discutirse y debatirse en la Comisión de Hacienda y en el pleno de esta Cámara.

A mí me preocupa que la Cámara de Diputados se subordine a decisiones tanto del Ejecutivo federal como de ejecutivos locales y manifiesto mi inconformidad a ese respecto.

También quiero comentarle que se había acordado con mi grupo parlamentario que el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez, que se encuentra preso en el penal de Querétaro por haber dado agua a unos migrantes centroamericanos, iba a ser tomado... Ah, ya está. Me están comunicando, no tenía conocimiento de ello. Qué bueno y lo agradezco.

Y finalmente hay otro asunto muy importante, que yo creo que les interesará a algunos diputados de su bancada, señor presidente. Y debería interesarles también a todos los diputados de esta Cámara, que es la propuesta de controversia constitucional para que se privaticen ya las ventas de primera mano de petrolíferos. Esa controversia ya se ha planteado como asunto de urgente u obvia resolución.

Yo solicitaría que ese asunto, por la trascendencia que tiene y por el intento de los grupos económicos de seguir privatizando la industria petrolera nacional, lo viéramos cuanto antes en este pleno, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con toda razón, señor diputado Cárdenas. Empiezo con su última expresión.

Esta Mesa Directiva ha recibido solicitudes de distintos legisladores al efecto de esa controversia y con el ánimo de proceder conforme al Reglamento. Las estoy remitiendo a la Junta de Coordinación Política para que sea tan amable de integrarlo como primer punto del orden del día de la sesión del jueves, en los tiempos, por supuesto, que nos permita la discusión del Presupuesto.

Se recogen las expresiones que usted ha hecho en torno al debate y votación de la Ley de Ingresos.

Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): En otro orden de ideas, diputado presidente, sólo para que quede en el acta. No votamos el orden del día, así está, nunca se vota, efectivamente así está el procedimiento, eso hay que modificarlo. Pero quiero manifestar mi reclamo de no incluir la agenda política en la sesión de hoy.

Todos los martes corresponde la discusión de la agenda política. Esta vez, tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva la han excluido de manera unilateral, incorrecta. Ya la asamblea votó de no incluir puntos en el orden del día, espero que lo mantengan cuando la Junta de Coordinación les mande algo.

Entonces quiero manifestar mi inconformidad de que no se discuta la agenda política y que se haga de la sesión de hoy una sesión de trámites y no sustantiva sobre los graves problemas nacionales, que hay muchos y, además, una larga lista de agenda política que está esperando.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se consignan en el acta las expresiones del diputado Fernández Noroña, tal y como lo ha solicitado.

Continúe la Secretaría.

Con toda atención, esta Presidencia invita a los señores representantes de los medios de comunicación a pasar a ocupar los lugares designados a efecto de que podamos desahogar la sesión.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dé lectura al acta de la sesión anterior, pero consulte antes si se dispensa, ya que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo, gracias.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves catorce de octubre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 280 diputadas y diputados, a las 11 horas con 9 minutos del jueves 14 de octubre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo. El presidente hizo comentarios a las intervenciones.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal con el que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 57 aniversario del Derecho al Voto de la Mujer, que tendría lugar el 17 de octubre a las 10:00 horas. Se designó una comisión de representación.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación:

• Con cambios de integrantes de Comisiones de Marina, y de Derechos Humanos. De enterado, comuníquese.

• Con cambios de integrantes de Mesa Directiva de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de la Función Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, Especial de la Niñez, Especial para la lucha contra la trata de personas, Especial de impulso a la calidad educativa, de Turismo, del Fortalecimiento al Federalismo y de Comunicaciones. En votación económica se aprobó, comuníquese.

Se dio cuenta oficio del diputado Gerardo Sánchez García, por el que comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado, comuníquese.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con los que se:

a) Transcribe acuerdo aprobado por el que constituye el Grupo de Trabajo Bicameral y Plural que dé seguimiento al proceso de adquisición y reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico. Se remitió el Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de adquisición y reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy de Nuevo Grupo Aeronáutico.

b) Devuelven minutas con proyecto de decreto que:

• Adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Programa de Apoyos Directos al Campo, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

b) Remiten iniciativas con proyecto de decreto que:

• Reforma la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, presentada por el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de  Hacienda y Crédito Público.

• Reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Expide la Ley General de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones, suscrita por los senadores Rosalinda López Hernández, Salomón Jara Cruz, Arturo Herviz Reyes, María del Socorro García Quiroz y Manuel Velasco Coello, de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Reforma las fracciones I y VII del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

c) Remiten puntos de acuerdo por los que se:

• Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se mantenga el subsidio de 377 millones de pesos del Programa de Diesel Agropecuario, considerado en el ramo 08 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, presentado por la senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Partido Acción Nacional.

• Exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, en materia educativa se incremente sustantivamente, con el propósito de cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Educación, sobre la meta de inversión federal, presentada por el senador Rafael Ochoa Guzmán.

• Solicita a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se destinen recursos para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en zonas marinas, que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, suscrita por senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

• Solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se consideren mayores recursos a la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos y para que el subsidio federal sea equitativo conforme a lo otorgado a las demás universidades públicas de otras entidades federativas, suscrito por los senadores Héctor Pérez Plazola, Rubén Camarillo Ortega y Alberto Cárdenas Jiménez, del Partido Acción Nacional.

• Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, determine el monto de los recursos federales que serán destinados para la celebración de convenios con las entidades federativas, a través de la utilización de una fórmula actuarial que contemple los indicadores del PIB-Agroalimentario; de la población rural; del grado de marginación de ésta y de la aportación del gobierno estatal al fondo correspondiente, presentada por el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Partido Acción Nacional.

• Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un Programa Nacional de Desarrollo de Familias de Emigrantes para atender a las mujeres, niños y adultos mayores que han quedado sin sustento por parte del jefe de familia emigrante, presentada por la senadora María Elena Dorantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Exhorta al director general del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado a gestionar las diligencias necesarias que permitan iniciar la construcción del hospital del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado en el municipio de Córdoba, Veracruz, presentada por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

d) Remite minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia.

Se refirieron al tema del 15 de octubre Día Internacional de la Mujer, los diputados: María Esther Terán Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de la Comisión de Desarrollo Rural; Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Norma Leticia Orozco Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática; Ivideliza Reyes Hernández, del Partido Acción Nacional y María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional.

En sendas votaciones económicas la asamblea dispensó la lectura y quedaron de primera lectura los dictámenes con proyectos de decreto de las comisiones:

• De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.

• De Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

A las 12 horas con 30 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 443 diputadas y diputados.

Se sometieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) De Gobernación, por los que se concede permiso a los ciudadanos:

• Abel Muñoz Ruiz, Mauricio Alonso Dávila González, Héctor Pedro Gutiérrez, Julio César Franco González, Josué Omar Barrios Ochoa, Jack Flores Flores, Héctor Manuel Sánchez Casas y Jorge Francisco de Horta Ruíz, puedan prestar servicios en las Embajadas de Polonia, de Australia y de Dinamarca, en México; y en los Consulados de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California y Hermosillo, Sonora.

• Gregorio Gerardo Canales Zambrano, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea, en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Se aprobaron en lo general y en lo particular en un solo acto los dictámenes con proyecto por 324 votos en pro y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) De la Función Pública, por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Realizó comentarios en contra del dictamen el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, en dos ocasiones; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, y Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional. El presidente hizo aclaraciones. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 330 votos en pro; 14 en contra y 2 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

c) Unidas de Economía, y de Participación Ciudadana, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Partido Revolucionario Institucional. Realizó comentarios en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 294 votos en pro; 16 en contra y 5 abstenciones. Se devolve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) De Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Partido Revolucionario Institucional. Realizan comentarios en contra del dictamen los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta y Jaime Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 259 votos en pro; 34 en contra y 6 abstenciones. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

e) Unidas de Transportes y de Comunicaciones, por el que se reforma el Tercer Párrafo del artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Realizan comentarios en contra del dictamen los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo y Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática. Se concedió el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo. En sendas votaciones económicas se dese-chó la moción y se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 218 votos en pro; 52 en contra y 19 abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Pedro Peralta Rivas, del Partido Acción Nacional; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.

f) De Desarrollo Rural, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Realizaron comentarios en pro los diputados: Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 300 votos en pro y 2 abstenciones. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

g) De Reforma Agraria, por el que se reforma y adiciona el artículo 174 de la Ley Agraria. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, en la segunda propuso modificar el dictamen. Realizaron comentarios en contra y en pro los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, la segunda desde su curul, y Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, en la segunda desde su curul, respectivamente. En sendas votaciones económicas se aceptó la modificación propuesta y se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 291 votos en pro y una abstención. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica la asamblea aprueba los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de las comisiones:

a) De Turismo, por los que se exhorta:

• A la Secretaría de Turismo para que incluya a Cotija de la Paz, Michoacán; en el Programa de Pueblos Mágicos.

• Al Ejecutivo federal, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo.

b) De Fomento Cooperativo y Economía Social, por los que se exhorta al Congreso de Oaxaca, para que etiquete del Presupuesto de Egresos, recursos para resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, y al gobierno de Oaxaca a que firme el convenio de colaboración y cumpla con la obligación que le impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, informe el estado jurídico del decreto de área natural protegida de Isla de Cozumel, así como de los avances en la elaboración del Programa de Manejo.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, para la creación de un arrecife artificial, que funja como barrera de conservación natural en esa zona.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, implante un programa de acción permanente, para la conservación de especies en categoría de riesgo y el combate de la venta ilegal en el municipio de Guadalcazar.

• Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, evalúe la calidad del agua, e implante el Programa Hídrico de la Cuenca del Rio Laja.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a practicar inspecciones para verificar el cumplimiento de obligaciones de concesionarios y permisionarios en la zona federal marítimo terrestre.

• Relativos a los niveles de contaminación de la Cuenca Alta del Río Santiago, Jalisco, así como las acciones a implantar para contrarrestarla.

• Relativo a la publicación del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Guanajuato.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al cumplimiento de políticas públicas, para la conservación de la vida silvestre, a través de las unidades de manejo ambiental.

En votación económica la asamblea aprobó los siguientes dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo y se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por los que se desechan:

- Iniciativas con proyectos de decreto, de las comisiones:

a) De Seguridad Pública:

• Que expide la Ley de Reinserción Social.

• Que reforma los artículos siete y treinta y nueve de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que adiciona las fracciones LXVI y LXVII al artículo tercero; tres párrafos al artículo 70 Bis y la fracción VIII al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.

c) De Puntos Constitucionales:

• Que reforma los artículos 107 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma los artículos 51, 56, 59, 60, 62, 63 y 77, fracción IV; y deroga el artículo 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma las fracciones II, octava, XII y XVII; se adiciona la fracción XVIII y se deroga la fracción XIV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) De Desarrollo Rural, que reforma y adiciona el artículo doce de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

e) Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56 de la Ley General de Salud.

- Minutas con proyectos de decreto, de las comisiones:

a) De Desarrollo Rural:

• Que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

b) De Puntos Constitucionales, que adiciona un segundo y tercer párrafos recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se dio cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva, relativo al trámite de los expedientes que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio ha remitido a la Cámara de Diputados, y que contienen las proposiciones con punto de acuerdo que no alcanzaron a ser desahogadas en dicha instancia. En votación económica se aprobó, comuníquese.

Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política relativo a cambios de integrantes de Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de Fortalecimiento al Federalismo, Seguridad Pública, de Gobernación, Especial sobre la no discriminación y Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. En votación económica se aprobaron, comuníquese.

Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el resolutivo segundo del diverso por el que se conforma un Grupo de Plural de Trabajo para dar seguimiento a la problemática sobre la obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país. En votación económica se aprobó, comuníquese.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 2o. de la Ley Especial del Impuesto sobre Producción y Servicios y se deroga el artículo décimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Especial del Impuesto sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Energía.

• María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, que reforma los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o., 20 y 31 de la Ley de Planeación. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Especial del Impuesto sobre Producción y Servicios. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 2o. de la Ley Especial del Impuesto sobre Producción y Servicios. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 14 y 33 de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, proceda a dictaminar lo conducente en lo relativo a las denuncias presentadas con respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la jerarquía católica en contra de nuestras leyes e instituciones del país. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el inicio de la obra de infraestructura hidráulica que evite inundaciones en diversas zonas y centros de población asentados en los límites de los ríos La Sabana y El Colacho, del municipio de Acapulco, Guerrero. Se turnó el primer resolutivo a la Comisión de Gobernación, el segundo resolutivo a la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación y el tercer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Domingo Rodríguez Martell, Vidal Llerenas Morales y Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la creación de un programa de pavimentación municipal, operado por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Morelos, para la elaboración de seis proyectos ejecutivos en la zona metropolitana de Cuernavaca. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se consideren recursos para el Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en el ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de realizar los estudios de demanda y proyectos de construcción de 3 planteles de educación preparatoria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se consideren recursos para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en distintos municipios de Puebla. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la modernización del camino de 43 kilómetros San Felipe Ixtapa-San Agustín Tlacotepec, del estado de Oaxaca. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de infraestructura carretera y llevar a cabo una campaña de promoción turística en diversos municipios de Jalisco. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se consideren recursos para la construcción de un puente peatonal en el municipio de Toluca de Lerdo, estado de México. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en materia de seguridad pública en distintos municipios del estado de México. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Fondo de Desastres Naturales con el objeto de que las familias, municipios así como los diversos estados que se puedan ver afectados con la temporada de lluvias y huracanes cuenten con un recurso con el cual se pueda disponer para la reparación de los daños que sufran. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la introducción de drenaje y pavimentación en el Municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para un proyecto de desarrollo energético en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en Jalisco. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se consideren mayores recursos a la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que depende del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para apoyar diversos proyectos carreteros en el estado de Chiapas. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados al desarrollo social en de Veracruz y Yucatán. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, implemente acciones de difusión y publique material informativo, que facilite el conocimiento de la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, en diversos dialectos para las comunidades y pueblos indígenas. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el sector cultural del estado de Zacatecas. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a beneficiar a grupos vulnerables. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el diseño y aplicación de políticas de equidad de género y para dar continuidad y ampliar la cobertura del proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, que implementa la Secretaría de Educación Pública, desde 2008. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a la construcción de espacios deportivos. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que aumente su sistema de guarderías. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a la construcción de espacios educativos. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a la construcción de espacios destinados a la promoción y difusión de la cultura. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a la construcción de infraestructura urbana como caminos, puentes y pavimentación de calles. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a la remodelación de edificios públicos. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a la construcción de centros hospitalarios. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados al turismo en diversos municipios de Puebla. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió solicitud de excitativa del diputado Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente excita a la Comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados Armando Ríos Píter y Leticia Quezada Contreras, ambos del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con sus iniciativas.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Armando Ríos Píter, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Edgardo Melhem Salinas, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, que reforma los artículos 247 Bis, 257 Quáter y 258 Bis de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 16 horas con 5 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 19 de octubre de 2010, a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ponga a discusión el acta.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, Julio Saldaña Morán, diputado federal con licencia por Veracruz e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, de conformidad con la licencia que me fue concedida por el pleno en sesión celebrada el 14 de abril de 2010, se dirige a usted para solicitarle de la manera más atenta que se realicen los trámites necesarios para mi reincorporación a las actividades legislativas de la Cámara de Diputados a partir del 26 de octubre del año en curso.

Comunico lo anterior para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Alfredo Villegas Arreola cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Francisco Moreno Merino cause alta como secretario en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Alfredo Villegas Arreola cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Gerardo Leyva Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Gerardo Leyva Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Gerardo Leyva Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Lizbeth García Corona cause alta como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.

• Que la diputada Lizbeth García Corona cause baja como integrante de la Comisión de la Función Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quien haga uso de la palabra y en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado y se comunica.

ARTICULOS 94, 95 BIS, 95 TER, 95 QUATER, 96, 96 A, 97, 97 BIS, 97 TER, 97 QUATER, 97 QUINTUS, 98, 98 BIS, 98 TER, 98 QUATER, 98 QUINTUS, 116 Y 123 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.— Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

Diputados al Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo instruido en la sesión celebrada en esta fecha, por este conducto nos permitimos remitir el acuerdo número 320, que contiene iniciativa de decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116 y 123, y adiciona el 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estudio, análisis y dictamen. Se anexa copia del dictamen.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de septiembre de 2010.— La Mesa Directiva del Congreso de Michoacán de Ocampo: diputado Carlos Humberto Quintana Martínez (rúbrica), presidente;diputado Heriberto Lugo Contreras (rúbrica), primer secretario;diputado José Trinidad Martínez Pasalagua (rúbrica), segundo secretario;diputado Luis Manuel Antúnez Oviedo (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.— Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

El Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo 320

Artículo Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y 62, fracción I, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la Septuagésima Primera Legislatura se permite someter a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116 y 123; y adiciona los artículos 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una suprema corte de justicia, en un tribunal electoral, en un tribunal federal de conciliación y arbitraje, en Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en los Tribunales Agrarios, en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito:

...

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...

Artículo Segundo.Se recorren en su orden los actuales artículos 96, 97 y 98, para ser los nuevos artículos que se adicionan 95 Bis, 95 Ter y 95 Quáter respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 95 Bis.Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior.

Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de dicha terna designe el presidente de la República.

Artículo 95 Ter.Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley.

Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Ministro: Sí, protesto.

Presidente: Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande.

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 95 Quáter.Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.

Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.

Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado.

Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano colegiado autónomo, especializado del Poder Judicial de la Federación, con plena jurisdicción y competencia para tramitar y resolver los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la administración pública federal, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales.

El tribunal funcionará en pleno y en salas. Cada sala estará integrada por tres magistrados, nombrados por el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste por la Comisión Permanente, con base en lo siguiente:

Un magistrado propuesto por el gobierno federal, un magistrado representante de los trabajadores, a propuesta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y un magistrado tercer árbitro, que fungirá como presidente de la sala. Las propuestas se harán de conformidad con lo que señale la ley respectiva.

El pleno se integra con la totalidad de los magistrados de las salas y con el magistrado presidente. Para ser magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se requiere

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de 25 años; y

III. No haber sido condenado por delitos contra la propiedad o a sufrir pena mayor de un año de prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales. El presidente del tribunal y los presidentes de sala y de sala auxiliar, así como el magistrado propuesto por el gobierno federal, deberán poseer título profesional de licenciado en derecho, legalmente expedido cuando menos cinco años antes de la designación, y tener un mínimo de tres años de experiencia acreditable en materia laboral.

El magistrado representante de los trabajadores deberá haber servido al Estado como empleado de base, por periodo no menor de cinco años, precisamente anterior a la fecha de la designación.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene competencia para

I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores;

II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su servicio;

III. Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo;

IV. Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; y

V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos de los sindicatos.

Artículo Cuarto.Se adiciona el artículo 96 A a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96 A. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo especializado del Poder Judicial federal, con plena jurisdicción en materia laboral, teniendo a su cargo la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.

La junta está integrada por igual número de trabajadores y patrones y uno del gobierno, de conformidad con la fracción XX del artículo 123 de esta Constitución, funcionará en pleno o en juntas especiales, de conformidad con lo que señale la ley para tales efectos.

El pleno se integrará con el presidente de la junta y con la totalidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones. El nombramiento del presidente de la junta será a propuesta del presidente de la República y ratificado por la Cámara de Senadores, y en los recesos de ésta por la Comisión Permanente.

Para ser presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje se requiere

I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho;

III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición del título a que se refiere la fracción anterior, por lo menos;

IV. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social;

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

La competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está determinada por la fracción XXXI del artículo 123 de esta Constitución y por la Ley Federal del Trabajo, la del pleno y las juntas especiales se atenderá a lo establecido en el segundo de estos ordenamientos.

Artículo Quinto.Se reforma el artículo 97 y se adicionan los artículos 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter y 97 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 97. Los tribunales agrarios son los órganos federales, especializados del Poder Judicial, dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de esta Constitución, la administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional.

Los tribunales agrarios se componen de

I. El Tribunal Superior Agrario; y

II. Los Tribunales Unitarios Agrarios.

Artículo 97 Bis. El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario.

El presidente del Tribunal Superior Agrario será nombrado por el propio tribunal, durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto. Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del presidente de la República y durarán en su encargo seis años.

Artículo 97 Ter. Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta años el día de su designación;

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación;

III. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.

Artículo 97 Quáter. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer

I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II. Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal;

III. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias;

IV. De conflictos de competencia entre los tribunales unitarios;

V. Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirán cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por cuatro magistrados.

Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de cuatro magistrados y expresar las razones en que se apoye la interrupción.

Asimismo, el tribunal superior resolverá qué tesis deben observarse cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.

La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario;

VI. De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios;

VII. Conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio tribunal superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos; y

VIII. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran.

Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del tribunal superior.

El tribunal superior podrá conocer de los juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameriten. Esta facultad se ejercerá a criterio del tribunal, ya sea de oficio o a petición fundada del procurador agrario.

Artículo 97 Quintus.Los tribunales unitarios serán competentes para conocer

I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

III. Del reconocimiento del régimen comunal;

IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población;

VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y

XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;

XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;

XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran ajustados a las disposiciones legales aplicables; y

XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.

Artículo Sexto.Se reforma el artículo 98 y se adicionan los artículos 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 98. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano autónomo, especializado del Poder Judicial federal, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, le corresponde dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como las demás que determine la ley de la materia.

El tribunal se integra por una sala superior, salas regionales y la Junta de Gobierno y Administración. Los magistrados del tribunal serán nombrados por el presidente de la República, con aprobación de la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. El presidente del tribunal será electo por el pleno de la Sala Superior en la primera sesión del año siguiente a aquel en que concluya el periodo del presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente.

Los magistrados de la Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables. Los magistrados de la sala regional y los magistrados supernumerarios de sala regional serán nombrados por un periodo de diez años.

Serán elegibles los magistrados de sala superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado.

Para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se requiere lo siguiente:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;

IV. Contar con notoria buena conducta;

V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento; y

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije la cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados en el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción de las normas administrativas;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto del que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías en favor de la federación, el Distrito Federal, los estados o los municipios, así como de sus entidades paraestatales;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos contra las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista en la ley que rija dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos los casos en que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; y

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

Artículo 98 Bis.La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se compondrá de trece magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales once ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración, durante los periodos que señala esta ley.

La Sala Superior del tribunal actuará en pleno o en dos secciones. Los dos magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal no integrarán el pleno ni las secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha junta, salvo en los casos previstos en la ley orgánica del tribunal.

Las secciones estarán integradas por cinco magistrados de sala superior, adscritos a cada una de ellas por el pleno.

El presidente del tribunal no integrará sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la sección se encuentre imposibilitada para elegir su presidente, en cuyo caso el presidente del tribunal fungirá provisionalmente como presidente de la sección, hasta que se logre la elección.

Artículo 98 Ter.El pleno estará integrado por el presidente del tribunal y por diez magistrados de sala superior. Son facultades del pleno las siguientes:

I. Elegir de entre los magistrados de sala superior al presidente del tribunal;

II. Aprobar y expedir el reglamento interior del tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de salas regionales, así como las materias específicas de competencia de las secciones de la sala superior o de las salas regionales y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. Expedir el estatuto de carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de esta ley;

IV. Elegir a los magistrados de sala superior y de sala regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en el artículo 40 de esta ley;

V. Aprobar y someter a consideración del presidente de la República la propuesta para el nombramiento de magistrados del tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración;

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los magistrados de las secciones;

VII. Designar al secretario general de Acuerdos, a los secretarios adjuntos de las secciones y al contralor interno, a propuesta del presidente del tribunal;

VIII. Resolver todas las situaciones que sean de interés para el tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos;

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la revista del tribunal;

X. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquéllos que sean de competencia especial de las Secciones;

XI. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan contra los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el presidente del tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

XII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los magistrados del tribunal y respecto a los magistrados de sala regional designar de entre los secretarios a quienes deban sustituirlos;

XIV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los magistrados del tribunal contra sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a consideración del presidente de la República la destitución de un magistrado, en los términos del artículo 7 de esta ley;

XV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; y

XVI. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 98 Quáter.El tribunal tendrá salas regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres magistrados cada una. Las salas regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados conforme a lo establecido en la ley de la materia. Las atribuciones y competencia se determinarán de conformidad con lo que establezca su ley orgánica.

Artículo 98 Quintus.La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por

I. El presidente del tribunal, quien también será el presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

II. Dos magistrados de sala superior; y

III. Dos magistrados de sala regional.

Los magistrados de sala superior y de sala regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el pleno en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles los magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha junta.

Los magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo en dicha junta, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales, siempre y cuando estén en edad de desempeñarse como magistrados.

Las facultades, competencia y demás disposiciones aplicables a la Junta de Gobierno y Administración se determinarán conforme a lo que establezca la ley orgánica.

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a V. ...

VI. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje local, así como las juntas de conciliación y arbitraje locales, pertenece al Poder Judicial del estado, con las atribuciones, organización, condiciones de ingreso, formación y permanencia que para tal efecto señalen las Constituciones locales y la legislación respectiva.

Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la organización social para el trabajo conforme a la ley, la creación de empleos y de órganos jurisdiccionales en materia laboral a nivel federal y local los cuales pertenecerán al Poder Judicial, con la finalidad de dirimir las controversias que se susciten entre el capital y el trabajo, garantizándose de esta manera la plena imparcialidad y autonomía en las resoluciones que al efecto emitan éstos.

Los órganos jurisdiccionales que se establezcan se denominarán tribunal de conciliación y arbitraje, y juntas de conciliación y arbitraje, auxiliándose de las demás autoridades de carácter administrativo con competencia en materia laboral que para tal efecto se instituyan.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto legislativo.

Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo, que contiene iniciativa de decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116, y 123, y adiciona los artículos 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de septiembre de 2010.— Diputados: Carlos Humberto Quintana Martínez (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; Heriberto Lugo Contreras (rúbrica). srimer secretario; José Trinidad Martínez Pasalagua (rúbrica), segundo secretario; Luis Manuel Antúnez Oviedo (rúbrica), tercer secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.— Poder Legislativo del estado de Zacatecas.— LX Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Adjunto, nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 8, aprobado por la Sexagésima Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se exhorta a la federación y a los legisladores federales a reconocer en el importe presupuestal un trato justo y equitativo, reivindicando el rezago presupuestal a Zacatecas.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 30 de septiembre de 2010.— La honorable LX Legislatura del Estado: diputada Lucia del Pilar Miranda (rúbrica), secretaria; diputado Felipe Ramírez Chávez (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Acuerdo número 8

La honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Único. En sesión del pleno del día treinta de septiembre de dos mil diez, el diputado Saúl Monreal Ávi1a, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 60, fracción I, 65, fracciones I, V, y XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas; 95, fracción I, 97, fracción III, 101, fracciones II y III, 102 y 104 del Reglamento General del Poder Legislativo del estado de Zacatecas, sometió a la alta consideración del pleno iniciativa con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que en términos del artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas, en relación con el artículo 95, fracción I, 97, fracción III, del Reglamento General del Poder Legislativo de la entidad, los diputados tienen las facultades que les otorga la Constitución Política local, referentes a las de presentar puntos de acuerdo en materia de competencia estatal.

II. Que el presente proyecto con punto de acuerdo se presenta en razón de la delicada y peligrosa crisis financiera que viven algunos o la gran mayoría de los ayuntamientos del estado de Zacatecas, ya que es el caso de que algunos enfrentan “desastre financiero”, mientras que otros, por la escasez de recursos económicos, tienen deficiencias en la prestación de servicios públicos y en la realización de obra y acciones sociales, lo que sin duda impacta directamente en el bienestar de la población zacatecana.

III. Que de acuerdo con los artículos 118, fracción II, párrafo segundo, 119, fracciones IV y VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los ayuntamientos son el órgano de gobierno del municipio y tienen entre otras obligaciones promover el desarrollo político, económico, social y cultural de la población, así como la de prestar los servicios públicos primordiales y necesarios a sus habitantes.

IV. Que es de conocimiento público la situación real que guardan las finanzas de los municipios del estado, y la problemática que continuamente se viene presentando en los mismos, en razón de no contar con la liquidez económica necesaria para llevar a cabo del cumplimiento cabal de sus principales atribuciones y funciones. Pues el recurso económico presupuestado para los mismos, dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2010 resulta ineficaz e insuficiente para el desarrollo de sus actividades, tan es así, que resulta evidente, además de encontrarse documentado, que el anterior gobierno destino más fondos al gasto corriente no programable, que a lo propios gobiernos municipales.

Al respecto, sirve de sustento el decreto número 446 expedido por la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, referente al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010; pues en su artículo 6 se manifiesta que fue otorgado para el gasto no programable la cantidad de 4,129’230,847.00 pesos (cuatro mil ciento veintinueve millones, doscientos treinta mil ochocientos cuarenta y siete pesos), y para los municipios la cantidad de........................ 3,167’286,227.00 (tres mil ciento sesenta y siete millones, doscientos ochenta y seis mil doscientos veintisiete pesos). Presupuesto que para los 58 municipios integrantes del estado, ha resultado claramente insuficiente, pues es de observarse los problemas que vienen sustentando los ayuntamientos, aún y cuando se está iniciando gobierno; en razón de que los servicios requeridos para la actividad gubernamental de algunos de los cabildos o de su gran mayoría, tuvieron considerables variaciones en cuanto a lo estimado para el presente ejercicio fiscal.

Aunado a lo anterior, el recargado endeudamiento, en que se encuentran la gran mayoría de los ayuntamientos, según declaraciones del propio titular de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Tello Cristerna, al manifestar que los municipios están solicitando créditos que van de los dos a los veinte millones de pesos.

V. De tal manera que los ayuntamientos reflejan preocupantes deficiencias operativas dentro del ámbito de sus obligaciones como tales, por la falta de recursos económicos tanto para gasto corriente o administración, pero sobre todo para satisfacer las principales demandas ciudadanas de servicios públicos.

Como es el caso de lo que dan cuenta los medios de comunicación, tratándose del municipio de Guadalupe, específicamente, por la magnitud de la deuda y del déficit presupuestario, así también como Ojocaliente, Genaro Codina, Río Grande, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Villa García, Morelos, entre otros.

VI. Por lo que se busca la liquidez de cada uno de los ayuntamientos integrantes de nuestro estado, para que puedan consumar de manera favorable el presente ejercicio fiscal 2010. Pero para obtener el fin antes descrito es necesario solventar de manera inaplazable el derrumbe económico y de endeudamiento que se ha venido expresando, en virtud de lo cual se plantea la necesidad de que esta soberanía intervenga de manera urgente ante el Ejecutivo del estado para que se disponga de una partida económica especial; es decir, la creación de un fondo económico emergente para el rescate financiero de los municipios del estado de Zacatecas.

Por ello, de acuerdo con el artículo 7 del decreto antes mencionado respecto del presupuesto de egresos, resulta necesario que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas de gobierno del estado, aplique medidas de contingencia como sería el caso del fondo emergente propuesto, en relación con los artículos 30 y 31 del mismo decreto, por el que se autoriza la ampliación presupuesta y erogaciones adicionales.

Mas este fondo sería únicamente para el rescate de los ayuntamientos, no así para seguir engrosando la nómina municipal; sería principalmente para asuntos como el pago de las cuotas de Seguro Social de los trabajadores y otras obligaciones financieras de imprescindible necesidad.

VII. Que se presentó al pleno la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, con el único objeto de apoyar a los municipios que de forma comprobable así lo requieran, solicitando que el presente se turne a las Comisiones Legislativas Primera y Segunda de Hacienda para su estudio y dictamen.

VIII. Que debido a la crisis en que se encuentran los municipios de este estado, generada por una deficiente planeación en sus finanzas y ante la crisis nacional que se padece en el país, se exhorta a la federación, a las autoridades hacendarias y a la Cámara de Diputados a asignar recursos adicionales a los municipios para que puedan hacer frente a esta situación económica; además de solicitar un trato justo, equitativo y reivindicativo en la asignación de sus recursos, dado que sus participaciones han disminuido hasta en un 20 por ciento a la fecha. Asimismo, solicitamos que en el presupuesto 2011 se asignen partidas especiales para los municipios.

IX. Que en atención a la proposición con punto de acuerdo mencionada, así como al interés manifiesto del suscrito, en conocer y dar seguimiento al asunto referido, el pleno ha de considerar necesario y oportuno la solicitud de creación del fondo económico emergente para el rescate financiero de los municipios del estado de Zacatecas.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 105 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, es de acordarse y se acuerda

Primero.La honorable LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta al ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador constitucional del estado, para que lleve a cabo la creación de un fondo económico emergente para el rescate financiero de los municipios del estado de Zacatecas, del tal manera que se permita a los ayuntamientos contar con liquidez monetaria para el fin del ejercicio fiscal de 2010.

Segundo. El objetivo de dicho fondo será el que se deriva del artículo primero de este acuerdo, exhortando a la federación y a los legisladores federales a reconocer en el importe presupuestal un trato justo y equitativo, reivindicando el rezago presupuesta al estado de Zacatecas.

Tercero. Se solicite a la Auditoría Superior de la entidad que informe a esta LX Legislatura el estado financiero que actualmente guardan los 58 municipios; dentro de los sesenta días naturales y posteriores a la entrega del fondo de apoyo emergente a los ayuntamientos, los mismos deberán presentar un informe detallado y comprobado de las erogaciones realizadas respecto de ese fondo.

Cuarto.Exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a que no suspenda el servicio a los trabajadores de los ayuntamientos que presenten adeudos y a los servicios de salud del estado de Zacatecas a atender de forma expedita a los trabajadores de municipios que tengan problemas con la cobertura de los servicios de salud institucional.

Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Legislatura del estado, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil diez.— Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica), presidenta;Diputada Lucía del Pilar Miranda (rúbrica), secretaria;Diputado Felipe Ramírez Chávez (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— Poder Legislativo del estado de Zacatecas.— LX Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Adjunto, nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 10, aprobado por la Sexagésima Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se contemple el rubro de Fondo de Apoyo a Migrantes y se asigne un presupuesto especial a éste, en virtud de la naturaleza y objetivo social de dicho programa.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 5 de octubre de 2010.— La honorable LX Legislatura del Estado: diputado Gustavo Muñoz Mena (rúbrica), secretario;diputado Juan Francisco Cuevas Arredondo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Acuerdo #10

La honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Único. En sesión del pleno del día cinco de octubre de dos mil diez, la diputada María Esthela Beltrán Díaz, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 65, fracción I, de la Constitución Política local; 45, 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 95, fracción I, del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas, sometió a consideración de esta honorable representación popular el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar en noviembre de 2008 el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009; en el artículo 56 del decreto citado se estableció el Fondo de Apoyo a Migrantes.

Este fondo fue creado durante la discusión del paquete económico para ese año; surgió por la crisis económica en los Estados Unidos y los efectos que resentirían miles de mexicanos y en particular zacatecanos, al perder sus empleos, lo que ocasionaría el regreso a sus entidades y comunidades de origen.

Segundo. La Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de Egreso de la Federación de 2009 el Fondo de Apoyo a Migrantes con una cantidad de 300 millones de pesos; para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2010 se le asignó la cantidad de 100 millones de pesos a fin de atender el retorno de paisanos que pierdan su empleo y a las familias de migrantes que reciben remesas para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren sus condiciones de vida en sus entidades y comunidades de origen.

El Fondo de Apoyo a Migrantes se diseñó para que operara en 24 entidades federativas atendiendo a la migración que presentan éstas y el grado de marginación de sus municipios y comunidades.

Tercero.Desde el mes de marzo de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. Los lineamientos de operación definieron los criterios y variables para incluir a los estados del país en el programa. Estos criterios se basaron en los estratos de bienestar que establecen el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística al clasificar de 1 a 4 el índice de pobreza y marginación en los distintos municipios del país; los municipios donde más del diez por ciento de los hogares reciben remesas, los municipios distribuidos en las principales entidades fronterizas del norte receptoras de migran te; las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México conforme al porcentaje de hogares que reciben remesas y a la delimitación de las zonas metropolitanas que emite el grupo interinstitucional integrado por la Secretaria de De-sarrollo Social, el Consejo Nacional del Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con estos criterios, se estableció el Fondo de Apoyo a Migrantes para que operara en 24 entidades federativas. Éstas son Aguascalientes Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Cuarto.El Fondo de Apoyo a Migrantes tiene el carácter de subsidio federal y se destinará a proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento que permitan apoyar a los trabajadores migrantes en retorno, así como a las familias que reciben remesas.

El objetivo básico del Fondo de Apoyo a Migrantes radica en proporcionar las condiciones materiales para los migrantes que regresan y sus familias, a fin de que pueden encontrar ocupación en el mercado laboral formal, contar con opciones de autoempleo, generar ingresos, mejorar el capital humano, vivienda y apoyar la operación de albergues que atiendan a los migrantes que retornan a su lugar de origen.

Para acceder a esté fondo, los migrantes que regresen por las cuestiones económicas o deportación se deberán identificar con la matrícula consular, el documento de repatriación o con algún documento que acredite su residencia laboral en los Estados Unidos de América. En el caso de no contar con ninguno de los documentos mencionados, cada entidad federativa podrá identificar a dichos trabajadores con base en mecanismos objetivos y transparentes. En el caso de las familias que reciben o recibieron remesas, deberán presentar algún recibo o documento formal que acredite la recepción de remesas durante el último año, a nombre de algún miembro del hogar y comprobar el parentesco mediante una identificación oficial.

Quinto.El Fondo de Apoyo a Migrantes destinado al estado de Zacatecas para el año 2009 fue de $24’231,120.00 (veinticuatro millones doscientos treinta y un mil ciento veinte pesos 00/100) mientras que para este año fiscal 2010 fue de 10 millones de pesos. Con ese programa se han beneficiado 37 municipios, entre ellos: Jiménez del Teul, Villa Hidalgo, Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Chalchihuites, Trinidad García de la Cadena, General Enrique Estrada, General Francisco R. Murguía, el Plateado de Joaquín Amaro, General Pánfilo Natera, Huánuco, Juan Aldama, Luis Moya, Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo, Moyahua de Estrada, Nochistlan de Mejía, No-ria de Ángeles, Ojocaliente, Río Grande, Saín Alto, Susticacan, Tabasco, Tepechitlan, Tepetongo, Trancoso, Teul de González Ortega, Valparaíso, Villa González Ortega, Villanueva y Zacatecas, entre otros.

El programa de Apoyo a Migrantes en Zacatecas se ha diversificado para atender distintos rubros: salud, fomento al empleo, capacitación laboral, alimentación básica, apoyo a proyectos productivos, apoyo para adquisición de vivienda o mejoramiento de la misma, entre otros. Con este programa se ha logrado beneficiar a más de 800 migrantes y se han impulsado más de 657 proyectos productivos.

Sexto. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que se presentó en el mes de septiembre trajo consigo las implicaciones propias de la coyuntura económica y política por las que atraviesa el país; a pesar de ello, uno de los objetivos primordiales del proyecto de presupuesto es conservar una política de gasto público orientada a continuar desarrollando y potenciando las capacidades básicas de la población, en particular de los grupos vulnerables.

A pesar de estos objetivos que están planteados en el proyecto de presupuesto para 2011, observamos que no está incluido y presupuestado el Programa de Apoyo a Migrantes.

Séptimo. Los beneficios que representa este programa para los estados como Zacatecas y sus municipios, que presentan un índice alto de migración son de vital importancia en el actual contexto económico del país y el estado. Este programa ha representado en todo el país un apoyo económico y de impulso al autoempleo que está beneficiando a distintos sectores sociales permitiendo mejorar las condiciones de vida de los migrantes y sus familias en municipios y comunidades con un alto grado de marginación. Por ello, es importante que programas especiales como este, estén plasmados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 105 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del estado, es de acordarse y se acuerda

Único. La honorable LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se contemple el rubro de Fondo de Apoyo a Migrantes y se asigne un presupuesto especial a éste para el ejercicio fiscal 2011, en virtud de la naturaleza y objetivo social de este programa.

Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Legislatura del estado, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil diez.— Diputado Francisco Javier Carrillo Rincón (rúbrica), presidente;diputado Gustavo Muñoz Mena (rúbrica), secretario;diputado Francisco Cuevas Arredondo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-01541/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Jorge Ulises Bautista Magallón.

Puesto: Abogado.

Lugar de trabajo: Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Nombre: Christian Alfredo Álvarez Maciel.

Puesto: Asistente de recursos humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Leonardo Guzmán Maltos.

Puesto: Empleado telefonista en la Sección Consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-01569/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Roberto Alonso Picos Rubio.

Puesto: Ingeniero electromecánico.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre: Miguel Olguín Antonio.

Puesto: Especialista en detección de vigilancia en el Departamento de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: David James García Sotello.

Puesto: Guardia de vigilancia en el Departamento de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Pedro Gómez Gómez.

Puesto: Escolta.

Lugar de trabajo: Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Nombre: Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Nombre: Valentín Martínez Soto.

Puesto: Escolta.

Lugar de trabajo: Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Nombre: Adrián Sánchez Rosaldo.

Puesto: Jefe de escolta.

Lugar de trabajo: Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Nombre: Eva Jenny Arias Moreno.

Puesto: Especialista en seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Jorge Fernando Garza Morales.

Puesto: Empleado en la Oficina Regional de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Atentamente

México, DF, a 11 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para conocimiento de ambas.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.— Presentes.

El que suscribe, Jorge Andrés Ocejo Moreno, senador de la república a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, establece que corresponde al Estado la rectoría de la actividad económica del país, procurando “una más justa distribución del ingreso y la riqueza, [que] permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”.

De esta manera el Estado, es decir, los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para dar cumplimiento al mandato constitucional referido cuentan con la facultad de imposición tributaria, entendida ésta como, la de establecer un conjunto de gravámenes a fin de allegarse de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento con las funciones que les corresponden.

Por su parte, el ciudadano, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de “contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

De esta forma, la facultad impositiva de la federación comprende tres clases de tributos que integran el sistema fiscal federal:

• Gravámenes al ingreso;

• Gravámenes al consumo, y

• Gravámenes a la riqueza.

De los gravámenes al consumo, el principal es el impuesto al valor agregado, llamado IVA. Éste grava el valor económico de todas las cadenas productivas y se circunscribe al territorio nacional. Se trata de un impuesto a las ventas y tiene carácter general porque grava todas las etapas de la actividad económica.

Las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto cuando se dan las siguientes circunstancias:

• Enajenen bienes;

• Presten servicios independientes;

• Otorguen el uso o goce temporal de bienes, e

• Importen bienes o servicios

Los contribuyentes pueden acreditar el impuesto al valor agregado trasladado por otros agentes económicos por concepto de insumos empleados en el proceso productivo, excepto cuando se traten de bienes exentos.

La recaudación del impuesto al valor agregado está directamente relacionada con la evolución de la actividad económica, particularmente con el consumo, además de otros factores, como la eficiencia de la administración tributaria y las preferencias de consumo.

En cuanto a montos de recaudación, el impuesto al valor agregado es el segundo impuesto federal más importante para la hacienda pública federal, detrás del impuesto sobre la renta (ISR). En el año 2010, el impuesto sobre la renta representó 41.2 por ciento de los ingresos presupuestarios de la federación, mientras que el impuesto al valor agregado representó 20.1 por ciento.

Para el ejercicio 2011, de acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima una captación por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) de 693 mil 672 millones de pesos, monto superior con respecto al año anterior en 52 mil 796 millones de pesos, es decir, 8.24 por ciento.

Sin embargo, un aspecto que afecta considerablemente la eficiencia recaudatoria de nuestro país es la evasión fiscal. Según datos del estudio Evasión global de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios no petroleros”, elaborado por el por el Centro de Economía Aplicada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dado a conocer en febrero este año, la tasa de evasión global de impuestos se estima en 23.4 por ciento, la cual fue calculada con base en la recaudación potencial.

Se señala además que, de acuerdo con la más reciente evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económicos, considerando la captación tributaria de México en razón de su producto interno bruto, nuestro país se ubica en la última posición de los treinta países miembros de este organismo internacional.

Así también, advierte que la mayor evasión fiscal ocurre en el caso del impuesto al valor agregado, pues muestra una tasa de evasión de 17.7 por ciento, lo que representa 30.9 por ciento de la evasión global.

Cabe indicar que la mayor evasión fiscal, de acuerdo con este estudio, ocurre por parte de los pequeños contribuyentes y los arrendatarios. Tan sólo en el caso del impuesto sobre la renta (ISR) de quienes están en el régimen de pequeños contribuyentes la evasión alcanza 95.6 por ciento.

Es por ello, que la presente iniciativa ubica su atención en este grupo de contribuyentes, pues debido a los requisitos mínimos que establece la legislación para la expedición de comprobantes se presta a prácticas indebidas de evasión y elusión fiscal.

La elusión fiscal consiste en la actitud del contribuyente frente a la norma fiscal, pues éste se aprovecha de las lagunas o de las imperfecciones de las leyes para disminuir o eliminar la carga fiscal a la que está obligado. Y ocurre evasión fiscal cuando el contribuyente, frente a la capacidad limitada de la autoridad fiscal para detectar y sancionar una conducta omisa, falta a sus obligaciones tributarias.

El régimen de pequeños contribuyentesfue creado en el año de 1998 y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son las personas físicas que realizan actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, siempre que los ingresos propios de la actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año calendario anterior no hubiesen excedido de 2 millones de pesos.

Se trata de un régimen opcional para las personas físicas de baja capacidad económica y administrativa, con mínimas obligaciones fiscales por cubrir. No pueden tributar en éste régimen las personas que obtengan ingresos por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos.

Los pequeños contribuyentes, en términos del artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen obligaciones mínimas, pues sólo deben dar cumplimiento a lo siguiente:

• Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

• Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio, cuando el precio sea superior a 2 mil pesos;

• Llevar un registro de Ingresos diarios, y

• Entregar a sus clientes copia de las notas de ventas y conservar originales de las mismas.

Por su parte, el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación establece que estos contribuyentes, si bien realizan operaciones con el público en general, están obligados a expedir comprobantes fiscales simplificados, es decir, notas de venta que tienen requisitos fiscales mínimos.

Estas notas de venta, de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I, II y III del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, deben reunir los requisitos siguientes:

• Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del RFC de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local ó establecimiento deberán señalar en los mismos el domicilio fiscal ó establecimiento en el que expidan los comprobantes;

• Contener impreso el número de folio;

• Lugar y fecha de expedición, y

• El importe total de la operación en número o letra.

Es por ello que, con el propósito de facilitar a los contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes la expedición de comprobantes, sin que ello suponga que deban pasar a tributar en otro de los regímenes fiscales, el Servicio de Administración Tributaria estableció, en el artículo 51 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, además de la anterior obligación, otras dos modalidades de comprobantes fiscales simplificados, a saber:

• Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate, y

• Los contribuyentes que estén obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público registrado, podrán utilizar sus propios equipos para el registro de operaciones con el público en general.

Y se añade, que en cualquiera de los tres casos de comprobación no se requerirá que los comprobantes sean impresos por establecimientos autorizados.

La fracción IV del artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que quienes estando en el Régimen de Pequeños Contribuyentes emitan comprobantes fiscales con más requisitos (como son desglosar el impuesto al valor agregado) pasarán automáticamente a tributar bajo el régimen intermedio o el régimen de actividades empresariales, cumpliendo con las disposiciones fiscales aplicables.

Es importante señalar el hecho de que aquellos contribuyentes que dejen de tributar como pequeños contribuyentes o que hayan tributado bajo el régimen general o intermedio, no podrán de nuevo ubicarse en el régimen de pequeños contribuyentes, por lo cual se crea un incentivo para que los pequeños contribuyentes no incrementen sus ingresos formalmente, en más de 2 millones de pesos a efecto de no abandonar este régimen fiscal y perder así los beneficios que ello conlleva.

Lo anterior incentiva en alguna medida, las prácticas de evasión y elusión fiscal, pues en muchos casos ni siquiera expiden el comprobante o nota de venta al consumidor o usuario, si éste no se los solicita.

Los consumidores o usuarios que realizan operaciones mercantiles con empresas o negocios circunscritas en el régimen de pequeños contribuyentes, sólo reciben una nota de venta como comprobante de la operación efectuada, lo que no da plena certeza jurídica en su operación, pues desconocen si se les efectuó el cobró o no el impuesto al valor agregado y si el costo final del bien o servicio comprado incluye este impuesto. Sin embargo, un pequeño contribuyente no puede ni está obligado a expedir comprobantes expresando de manera separada el impuesto al valor agregado.

Una de las alternativas que pueden mejorar la recaudación del impuesto al valor agregado en México, es la de establecer que en forma general todos los contribuyentes expidan comprobantes con los requisitos en términos de la ley respectiva, es decir, que obligue a todos a la señalización expresa y por separado del monto del impuesto al valor agregado que se traslade.

La presente iniciativa pretende reformar el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en lo referente a los requisitos para la expedición de comprobantes simplificados.

Se propone que todos los comprobantes fiscales de las operaciones que se realicen con público en general, contengan expresado por separado el valor del bien o servicio y del impuesto al valor agregado que se traslade.

Asimismo, se propone la modificación del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que las personas físicas que tributan en el Régimen de Pequeños Contribuyentes al expedir sus comprobantes simplificados, se exprese claramente y por separado en dichos comprobantes el impuesto al valor agregado, sin detrimento de que puedan seguir optando entre pagar el impuesto al valor agregado en forma estimativa o conforme en los términos que señala la misma la ley.

Por último, se pretende reformar el último párrafo de la fracción IV del artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el propósito de que los pequeños contribuyentes que emitan notas de venta con el impuesto al valor agregado desglosado, no tengan que cambiar de régimen de tributación.

De esta forma, con la presente iniciativa se están dando pasos en la dirección correcta para:

• Ampliar la base de contribuyentes gravados por estas leyes;

• Constituir un estímulo fiscal importante para que los pequeños contribuyentes puedan acreditar el impuesto al valor agregado que se les haya trasladado;

• Disminuir la evasión y elusión de los pequeños contribuyentes;

• Obtener mayor crecimiento hacia la formalidad, y

• Otorgar mayor certidumbre a los consumidores o usuarios finales.

Para contar con un sistema impositivo más eficiente debemos mejorar su objetividad, lo que se traducirá en mayor certidumbre.

La eficacia de un sistema impositivo no depende únicamente de una mayor captación por ampliar las modalidades tributarias o imponer mayores disposiciones coercitivas. Es exitoso cuando se modifica la actitud de los contribuyentes respecto a las disposiciones fiscales, pues hay incentivos suficientes, no sólo de tipo coercitivos, sino objetivos, claros y de fácil acatamiento para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforman los artículos 29, fracción III, párrafo segundo, y 29-A, penúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

“Artículo 29...

...

I y II...

III.-...

Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los comprobantes fiscales digitales deberán contener el valor de la operación, trasladándose en forma expresa y por separado el monto de los impuestos del valor de la contraprestación pactada y reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-A de este Código, así como los requisitos previstos en las demás fracciones contenidas en este artículo.

IV. a VII. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 29-A.-...

I a IX...

...

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior que cumplan con los requisitos del presente artículo en las fracciones I, II, III, y IV en los cuales se señale el importe total de la operación consignado en número y se desglose el valor de la contraprestación pactada y el monto del impuesto al valor agregado que se traslade y se expidan en original y copia, podrán realizar el acreditamiento del impuesto al valor agregado en los términos de la ley respectiva.

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 2 C párrafo séptimo y 32, fracción III, párrafos primero, quinto y séptimo, todos ellos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o C.-...

...

...

...

...

...

...

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo trasladarán el impuesto al valor agregado de forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes o reciban los servicios. Cuando los citados contribuyentes expidan uno o más comprobantes trasladando el impuesto en forma expresa y por separado, no se considera que cambian la opción de pagar el impuesto al valor agregado mediante la estimativa a que se refiere este artículo, para pagar dicho impuesto en los términos generales establecidos en esta Ley.

...

...

...

...

...

...

Artículo 32.- ...

I y II...

III.- Expedir comprobantes de todas las operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas señalando en los mismos, además de los requisitos que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, el impuesto al valor agregado que se traslada expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los servicios. Dichos comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la contraprestación, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se debió pagar el impuesto en los términos de los artículos 11, 17 y 22 de esta ley.

...

...

...

Cuando se trate de actos o actividades que se realicen con el público en general, el impuesto se trasladará en forma se expresa ý por separado de los bienes y servicios que se ofrezcan, en la documentación que se expida. Cuando el pago de estas operaciones se realice en parcialidades, los contribuyentes deberán señalar en los comprobantes que expidan, el importe de la parcialidad y la fecha de pago. En el caso de que los contribuyentes ejerzan la opción prevista en el artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, también deberán anotar en el reverso del comprobante la fecha de pago de la parcialidad, en cuyo caso no estarán obligados a expedir los comprobantes por cada una de las parcialidades.

...

En todo caso, los contribuyentes estarán obligados a trasladar siempre el impuesto en forma expresa y por separado en la documentación a que se refiere esta fracción. Lo dispuesto en este párrafo no se aplicará tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley.

...

...

...

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 139, fracción IV, párrafo tercero y fracción V, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 139. ...

I a III...

IV.-...

...

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo anterior, los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, cuando en este caso se cumpla alguno de los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate. No se considerará que cambian de opción para pagar el impuesto sobre la renta en los términos de las Secciones I o II de este Capítulo, aquellos contribuyentes que expidan comprobantes que reúnan requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y en el cual se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado.

V.- Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el importe total de la operación en número o letra y de manera expresa y por separado el valor de los bienes o servicios, del importe del impuesto al valor agregado.

...

...

VI a VIII...

...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria emprenderá las acciones necesarias de difusión y promoción para el cumplimiento de las disposiciones fiscales del presente Decreto.

Tercero.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.”

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los cinco días del mes de octubre de dos mil diez.— Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se crean, reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia acordó remitir la documentación, que se anexa, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Pablo Gómez Álvarez, senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crean, reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada ante el pleno del Senado de la República el 15 de septiembre de 2009, por un grupo de senadores de diversos grupos parlamentarios, misma que fue turnada desde aquella fecha a la colegisladora, bajo las siguientes

Consideraciones

Durante la sesión del 15 de septiembre de 2009 el senador Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presentó en nombre de un grupo de senadores de diversos grupos parlamentarios, en uso de nuestra facultad constitucional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crean, reforman, derogan y adicionan diversos artículos de las Leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal, referente al pago de derechos por explotación minera en el país.

Según consta en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, durante la sesión del martes 22 de septiembre de 2009, la Mesa Directiva de los diputados, dio cuenta del oficio mediante el cual esta Cámara de Senadores le remitió la iniciativa en comento, dictando turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, en aquel momento la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados no estaba constituida, pues apenas unas sesiones antes se había instalado aquella Cámara. Somos conscientes además, de la carga de trabajo a la que se ven sometidos los diputados en los meses en que se aprueba el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación, pero es precisamente durante ese lapso en que es conveniente analizar las propuestas que se hacen en una y otra Cámara para ejercer cabalmente la función presupuestaria del Poder Legislativo de la Unión.

Ha pasado ya más de un año desde que se presentó y turnó la iniciativa, desde entonces ha sesionado en diversas ocasiones la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y evidentemente se han excedido varias veces los plazos legales previstos en los reglamentos. Si bien el nuevo Reglamento del Senado de la República, establece un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, es claro que el citado reglamento no regula los procedimientos legislativos de la Cámara de Diputados; sin embargo, también en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establece un plazo perentorio y un procedimiento de excitativa para procurar el oportuno dictamen de las iniciativas, como sigue:

Artículo 21. Son obligaciones del Presidente:

XVI. Excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión; y

Artículo 87.Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Ha transcurrido un año de la presentación de la iniciativa, pero las condiciones fiscales y de la minería en el país siguen siendo las mismas, por ello de la iniciativa sigue siendo vigente y actual.

Aun cuando la minería genera una riqueza considerable en el país, la explotación de esta industria ha generado daños ecológicos de importancia, dadas las tecnologías que se usan, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos tóxicos mineros, así como empobrecimiento y el deterioro de la salud de los habitantes de las comunidades cercanas a las minas.

En la Ley Federal de Derechos hoy sólo existe la obligación para los titulares de concesiones y asignaciones mineras de pagar semestralmente por cada hectárea concesionada una cuota mínima que parece incluso ridícula, desde cinco pesos hasta ciento un pesos por hectárea. La iniciativa propone derogar este absurdo cobro y sustituirlo por un derecho que se refiera de manera específica al bien, propiedad de la nación que es precisamente el producto de la extracción o explotación de cualquier fundo minero.

Para atender los problemas locales que genera precisamente la explotación minera la iniciativa propone generar un nuevo “derecho sobre minería” que sería del 4 por ciento del valor de los bienes sujetos a extracción o explotación minera, cuantificado, en el lugar donde se dan estas actividades independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera.

El proyecto prevé distribuir los recursos privilegiando al municipio donde se produjo la extracción, para así resarcir en lo posible, los daños causados por la actividad minera y fortalecer el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros del país.

Hoy se abre una nueva oportunidad frente a la discusión del paquete económico de 2011. La actualidad de las circunstancias en que fue presentada la iniciativa es indiscutible, la necesidad de su dictamen es apremiante.

Por lo expuesto y fundado, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, sea el conducto para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso del a Unión que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crean, reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada ante el pleno del Senado de la República el 15 de septiembre de 2009, y recibida por esa colegisladora el siguiente 22 de septiembre.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 14 de octubre de 2010.— Senador Pablo Gómez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Alberto Cárdenas Jiménez, Javier Castelo Parada, Alfredo Rodríguez y Pacheco  y Lázara Nelly González Aguilar, en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, un aumento en el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Pesca.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Quienes suscriben, Lázara Nelly González Aguilar, Alberto Cárdenas Jiménez, Javier Castelo Parada y Alfredo Rodríguez y Pacheco, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar en, el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, un aumento en el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Consideraciones

El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el cual evolucionó del anterior Instituto de Investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), el cual fue creado en 1962 y que en su momento aportó conocimientos básicos en materia de biología, distribución y abundancia de los recursos marinos y dulceacuícolas del país.

El Inapesca es el organismo encargado de coordinar y realizar investigación científica y tecnológica sobre los recursos pesqueros y acuícolas, con criterios de sustentabilidad para su administración y conservación, e impulsar esquemas de investigación con la participación y el apoyo financiero de los sectores involucrados.

Ante la poca oferta del sector acuícola, es impostergable el obtener mayores recursos alimentarios de nuestros litorales, siendo México un país privilegiado por tener salida a dos océanos como lo son el pacífico y el atlántico, además de los golfos de California y el de México.

En la pasada comparecencia del secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, ante la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Senadores, el pasado viernes 24 de septiembre, afirmó lo siguiente:

“Respecto a sus preguntas, en 2009, pues las instituciones de investigación y desarrollo de tecnología, como el INIFAP, el Inapesca, el Colegio de Postgraduados, la Universidad de Chapingo y el Colegio de Guerrero, el colegio Cesagro, el Centro de Estudios Regionales Agropecuarios del Estado de Guerrero, que es lo que depende de la secretaría, pues yo le diría que se ha podido fortalecer el INIFAP al habérsele dado la posibilidad de generar recursos propios.

“El INIFAP genera alrededor de 200 a 240 millones de pesos al año, producto de sus propias investigaciones; eso le permite ampliar sus metas más allá de lo estrictamente presupuestal. En el caso de este 2010, se asignaron alrededor de mil millones de pesos a la creación de infraestructura, sobre todo para la Universidad de Chapingo, para que pueda ampliar instalaciones, modernizar instalaciones.

“Ese es en gran parte la razón del subejercicio que se tiene reflejado al día de hoy porque están en el proceso de licitación, pero ya prácticamente está lista la universidad para ejecutar las obras y ese recurso se va a gastar hasta el último centavo en ese rubro particular, en esa institución particular, independientemente de lo que signifique pues sus procesos de investigación normales.

“En el caso de Inapesca, sí tenemos una preocupación seria. Nosotros creemos que el sector pesquero y acuícola de este país tiene un enorme potencial tanto para lidiar la pobreza, como para generar alimentos, para generar divisas, pero no le estamos dando la importancia que se merece.

“El Inapesca está en una grave deficiencia de recursos humanos y financieros y de equipamiento. Por ejemplo, no tiene barcos equipados para hacer investigación en aguas profundas, que es donde está la mayor parte de la riqueza inexplorada todavía en materia pesquera.

“Y la parte de acuacultura, que es la que realmente está teniendo un desarrollo en el mundo y crece a tasas de dos dígitos, pues también los recursos que tenemos para investigación, para desarrollo, para protección, son muy limitados. Repito, no es que nosotros hagamos esa propuesta, sino a partir de los techos que nos asignan es la distribución que logramos hacer. Nosotros quisiéramos que el Inapesca, igual que el INIFAP, pudiera generar recursos propios. Creemos que se necesitan plazas en el Inapesca nuevas, muchas veces está un poco vetado hablar de aumentar estructuras administrativas, operativas, pero creo que hay casos donde son estrictamente necesarios, indispensables, y el Inapesca es uno de ellos.”

En virtud de la necesidad de fortalecer al Inapesca, el cual podrá contribuir con sus investigaciones para una mejor explotación de nuestros recursos marítimos los cuales coadyuvarán en el problema alimentario, es lo que motiva la siguiente proposición, puesto que es necesario aprovechar estos recursos para cumplir con las metas de combate a la pobreza.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la presente soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a aprobar un aumento en el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Senado de la República, a once de octubre de dos mil diez.— Senadores: Alberto Cárdenas Jiménez, Javier Castelo Parada, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Lázara Nelly González Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se asignen recursos para realizar hasta la conclusión el proyecto ejecutivo de la tercera etapa del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Francisco Javier Obregón Espinoza, senador por Baja California Sur a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral II y 276, numeral I, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen recursos para la conclusión el proyecto ejecutivo de la tercera etapa del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte, a fin de que se lleven a cabo los estudios técnicos y de viabilidad financiera que permitan a la Comisión Nacional del Agua la construcción de dicho acueducto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El poblamiento y el desarrollo de la región Pacífico Norte del Estado de Baja California Sur que se inicia en la tercera década del siglo anterior, surgió a partir del establecimiento de campamentos pesqueros, que a partir de 1939, con la “California San Ignacio, S.C.L.”, fueron convirtiéndose en importantes cooperativas, cuya actividad le ha generado al país una importante fuente de producción de especies pesqueras y de captación de divisas que éstas mismas han destinado a la satisfacción de sus necesidades básicas como agua potable, energía eléctrica, recolección de basura, arreglo de caminos, entre otros.

Las poblaciones más importantes de esta región en la actualidad son Bahía Tortugas, Bahía Asunción, La Bocana, Puerto Nuevo, Punta Abreojos, Punta Eugenia, Punta Prieta, San Hipólito, San Pablo, San Roque, Natividad, por citar sólo las de mayor población.

El desarrollo de una pesca organizada y el crecimiento acelerado de la población de esta zona, sobre todo a partir de la década de los setenta, hicieron crecer la necesidad de nuevos servicios básicos, principalmente los relacionados con la introducción y administración de la energía eléctrica; la construcción y pavimentación de la carreta Pacífico Norte y la construcción del Acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.

En cuanto a la energía eléctrica, se construyeron plantas generadoras en bahía Tortugas y en 1996 en bahía Asunción, hasta llegar en 2005 a la incorporación de toda la zona a la red de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la construcción de la termoeléctrica del Vizcaíno. En cuanto a la pavimentación, se construyó la terracería de los 785 kilómetros del circuito de caminos de la zona, iniciándose la pavimentación en 2003, hasta llegar en la actualidad a 200 kilómetros, aproximadamente.

En el caso del agua, el recurso más valioso y más escaso para la población, las condiciones geográficas y geológicas de la región Pacífico Norte han hecho necesario que el agua para consumo humano tenga que generarse a través de plantas desaladoras, cuyo costo y mantenimiento es elevado y con agua de menor calidad, o bien llevarse mediante un acueducto desde el Valle del Vizcaíno, a una distancia aproximada de casi 110 kilómetros de Bahía Asunción, el lugar más cercano, y de casi 180 kilómetros respecto a la zona más alejada de dicho Valle, que es la zona sur de la región, en donde se localiza Punta Abreojos y La Bocana.

Por ello se concibió un programa de gobierno para realizar la construcción del Acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte, a fin de dotar del servicio de agua a todas las comunidades de la zona, el cual fue programado para construirse en tres etapas. La primera de ellas, para dotar de agua a la bahía Asunción, se inauguró en 1985; la segunda, para abastecer a la bahía Tortugas, en 1990. A través de las primeras dos etapas de este Acueducto, se abastece hoy a las comunidades de Bahía Tortugas y Bahía Asunción e indirectamente a los campos pesqueros de la periferia, lo que representa una cobertura aproximada del 70 % del total de habitantes de la zona.

En cuanto a la tercera etapa, que habría de dotar del servicio al resto de la población, principalmente de las comunidades de Punta Abreojos, La Bocana, San Hipólito y Punta Prieta, ésta fue suspendida y hasta la fecha no se ha continuado. Actualmente estas poblaciones son atendidas por las propias cooperativas pesqueras del lugar con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, a través de la operación de desaladoras de agua de mar o, en su caso, a través de la transportación en camiones cisternas desde pozos que se encuentran a una distancia aproximada de 30 kilómetros.

Dentro de los argumentos que favorecen la alternativa de continuar con la tercera etapa de dicho acueducto, en lugar de la utilización de desaladoras, se pueden señalar las siguientes:

• Que el costo de producción por metro cúbico de agua no se incrementará con la construcción de la tercera etapa. De hecho, se cuenta con la infraestructura instalada que le permite a la zona que los costos de producción, para abastecer de agua a dichas comunidades, prácticamente, sean nulos.

• Que la vida útil de un acueducto es mucho mayor que una desaladora y que por lo tanto los costos de reposición de los activos son a más largo plazo en el caso de un acueducto.

• Que en el caso de la inversión para un acueducto, existen varias alternativas de financiamiento y cooperación, en términos de los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Desde hace más de 15 años los habitantes de la zona han buscado que los gobiernos federal, estatal y municipal atiendan esta petición, para lo cual incluso integraron un Comité de Seguimiento, en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas, que agrupa a las cooperativas pesqueras de la región, las cuales acordaron solicitar a la Comisión Nacional del Agua, Coanagua,  el proyecto ejecutivo de la tercera etapa, así como su presupuesto y la autorización respectiva para su realización.

Sin embargo, a la fecha no ha habido avance alguno en esta obra y no se han actualizado los estudios técnicos para determinar la viabilidad de la obra. De acuerdo con los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, están considerados este tipo de proyectos, dentro del rubro de estudios y proyectos de pre-inversión, con los cuales esta Dependencia puede realizar los estudios técnicos y de viabilidad financiera para concluir esta tercera etapa del Acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte, a fin de que en los siguientes ejercicios fiscales pueda programarse, dentro de su techo financiero, la realización de esta obra.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, dentro de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que opera la Comisión Nacional del Agua, se asignen recursos hasta por un monto de cinco millones de pesos, del rubro de estudios y proyectos de pre-inversión, para que se concluya el proyecto ejecutivo de la tercera etapa del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte, a fin de que durante el ejercicio fiscal de 2011 se lleven a cabo los estudios técnicos y de viabilidad financiera con los cuales este órgano desconcentrado pueda programar dentro de su techo financiero la realización de la tercera etapa de dicho acueducto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de octubre de dos mil diez.— Senador Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Jesús Dueñas Llerenas, Javier Castelo Parada, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Lázara Nelly González Aguilar y Alberto Cárdenas Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 mayores recursos al Programa Alimentario, al Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, y al Programa de Abasto de Leche, a cargo de Liconsa.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Jesús Dueñas Llerenas, Javier Castelo Parada, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Lázara Nelly González Aguilar y Alberto Cárdenas Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Acción Nacional en la LXI Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 de Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 mayores recursos al Programa Alimentario, al Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, y al Programa de Abasto de Leche, a cargo de Liconsa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El programa alimentario está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de Diconsa y de Liconsa, mediante aplicación que operan con una visión totalmente asistencialista. Los programas en comento para el Presupuesto de 2011 implican un monto cercano a 7 mil millones de pesos. La aplicación del gasto con criterios asistencialistas, como se hace con estos programas, no logra transferir ingresos netos a los beneficiarios, mucho menos impulsan un desarrollo económico para la población objetivo. Sólo si este tipo de recursos financieros se invierten en la economía de los beneficiarios se traerá, consecuentemente, mejoras en su desarrollo.

Los programas, como funcionan actualmente, se abastecen de productos importados, por lo que una gran cantidad de los recursos que se destinan a los programas se aplican a la logística y transportación, en detrimento de detonar un de-sarrollo de las economías locales.

Los recursos de estos programas deberían destinarse a impulsar las economías de los beneficiarios y con ello la producción nacional, con beneficios adicionales como el impulso de la producción, la recuperación fiscal, la generación de fuentes de empleo, la mejora de la población vía salarios y, sobre todo, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en productos considerados básicos y estratégicos.

El objetivo que se persigue con el programa de abasto rural es contribuir al desarrollo de capacidades básicas, mejorando la nutrición de la población que habita en localidades rurales, y abastecer localidades rurales de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.

El programa al segundo trimestre de 2010 había atendido 76 mil 327 localidades y un padrón activo de 2 millones 103 mil 9 beneficiarios en zonas de alta y muy alta marginación, con un presupuesto modificado de 13 mil 69 millones 441 mil 772 pesos.

La actividad lechera en México representa la segunda en importancia en el subsector ganadero, con 22.8 por ciento del valor de la producción, además de generar en torno a la cadena de lácteos alrededor de 50 mil empleos.

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 2007 la producción nacional de leche fue de 10 mil 183 millones de litros, en 2008 se alcanzó una producción de 10 mil 499 millones de litros, y para 2009 la producción nacional fue 10 mil 549 millones de litros, cantidad superior respecto al año anterior. A pesar del crecimiento sostenido que ha registrado el sector, la demanda de leche está en alrededor de 15 millones de litros, es decir, cerca de 4.5 millones de litros de leche es importada y en su mayor parte proviene de Canadá y de Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos dos años, la política de apertura indiscriminada a productos y servicios ofertados en el mercado externo está generando la pérdida de miles de empleos, propiedades, valores y títulos comerciales, así como agravio de ciudadanos mexicanos que aspiran a tener un empleo digno y honrado. Éste es el caso de los productores de leche en el país, pues con la oferta extranjera han desa-parecido en los últimos años miles de empleos, y miles más están en riesgo de desaparecer, debido a la depresión del precio de compra establecido por Liconsa.

Por ello, desde esa perspectiva se solicita a la Cámara de Diputados la aprobación con modificaciones de la proposición con punto de acuerdo propuesta, conscientes de las atribuciones y facultades del Ejecutivo, pero también coadyuvantes de las soluciones que el Estado mexicano requiere para crear mejores condiciones para los productores de leche.

Con base en tales consideraciones, se somete a aprobación de esa soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los programas de Diconsa, Liconsa y el Programa de Alimentario a cargo de la Secretaría de Desa-rrollo Social, se sujeten a reglas de operación en las que se establezcan los criterios de abasto a los programas con productos nacionales, preferentemente locales, de manera que los recursos asignados a los programas se traduzcan en transferencias netas al sector agroalimentario nacional.

Dado el 11 de octubre de de 2010, en el pleno del Senado de la República, Xicoténcatl 9, colonia Centro, México, DF.— Senadores: Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, Alberto Cárdenas Jiménez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Herrera León, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ramiro Hernández García, Francisco Castellón Fonseca, Alfonso Elías Serrano, Gerardo Montenegro Ibarra y Francisco Alcibíades García Lizardi presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011 a los institutos tecnológicos de todo el país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Francisco Herrera León, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ramiro Hernández García, Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Alfonso Elías Serrano, Gerardo Montenegro Ibarra y Francisco Alcibíades García Lizardi, senadores de la república en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos.

Así, la tecnología es una actividad social centrada en el saber hacer que, mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales y la información propios de un grupo humano, en una cierta época, brinda respuesta a las necesidades y a las demandas sociales en lo que respecta a la producción, distribución y uso de bienes, procesos y servicios.

La tecnología nace de necesidades, responde a demandas e implica el planteamiento y solución de problemas concretos, ya sea de las personas, empresas, instituciones o el conjunto de la sociedad.

Los primeros institutos tecnológicos surgen en México en 1948, cuando son creados los Institutos Tecnológicos (IT) de Chihuahua y Durango. Poco tiempo después son establecidos los de Saltillo, en 1951, y Ciudad Madero, en 1954. Hacia 1955, estos primeros cuatro tecnológicos atienden una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 eran hombres y sólo 107 mujeres. En 1957 se establece el IT de Orizaba y los institutos tecnológicos son desincorporados del Instituto Politécnico Nacional pasando a depender directamente de la Secretaría de Educación Pública.

En 1958 aparece el libro La educación técnica en México. Institutos tecnológicos regionales, editado por la Secretaría de Educación Pública, que marca la desincorporación plena de los IT y el inicio de una nueva etapa caracterizada por la respuesta que darán estas instituciones a las necesidades propias del medio geográfico, social y del desarrollo industrial de la zona en que se ubican.

En 1990 nace el Sistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados o Estatales, bajo esquemas distintos a los que operaban en los IT federales, ya que cuentan además con la participación de los estados y municipios en que se ubican. En el año 2006 se reestructuró el Sistema Educativo Nacional por niveles, lo que trajo como resultado la integración de la Subsecretaría de Educación Superior, transformando a la Dirección General de Institutos Tecnológicos en Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Actualmente el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos está constituido por 258 institutos tecnológicos que en su conjunto cuentan con una matrícula superior a 405 mil estudiantes a nivel nacional, 402 mil en programas de licenciatura y 3,525 en posgrado; 38 de cada 100 ingenieros del país son egresados del sistema de institutos tecnológicos nacional.

Recientemente, senadores de diversos grupos parlamentarios llevamos a cabo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de Estudiantes y Egresados de Educación Tecnológica, en la que demandaron, justificadamente, mayores recursos para la educación tecnológica en el país, debido a la insuficiencia presupuestal asignada en los últimos años.

En efecto, de acuerdo con el presupuesto ordinario para educación superior del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a la educación tecnológica nacional le fueron asignados recursos por un monto de 10,900 millones de pesos, evidentemente insuficientes ante la demanda real. En materia de creación de infraestructura solo fueron autorizados 254 millones de pesos para los institutos tecnológicos en el Distrito Federal y 550 millones de pesos como recursos extraordinarios autorizados, cantidad limitada que no concuerda con las necesidades de crecimiento de los 258 institutos.

Por otra parte, representantes de los trabajadores del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos recientemente señalaron que hay un atraso acumulado que asciende a los 20 mil millones de pesos para infraestructura educativa y equipamiento acorde a los programas académicos y a los problemas del país. Asimismo refirieron que los IT tienen una cobertura por arriba del 13 por ciento de la matrícula de educación superior a nivel nacional, del 19.5 por ciento de la matrícula de licenciatura y el 38.13 por ciento de los estudiantes que cursan una licenciatura en el área de ingeniería y tecnología.

Por otro lado resulta evidente el deterioro que ha sufrido el presupuesto destinado al gasto de operación, particularmente de los institutos tecnológicos federales, ya que solo se destina el 1.25 por ciento del presupuesto autorizado a este subsistema, mientras que en el resto de las instituciones de educación superior oscila entre 12.5 y 20 por ciento.

Es preocupante constatar la tendencia del incremento en el indicador del número de alumnos por profesor de tiempo completo, esto en virtud del aumento de la matricula derivado de la creación de nuevos institutos tecnológicos y la disminución de la creación de plazas de profesor de tiempo completo.

Así las cosas, es innegable el rezago en materia de educación tecnológica en el país. En el documento Panorama de la educación 2009: indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este organismo internacional señala que “en general, durante la última década, el gasto ha aumentado en cerca de la mitad de los países por encima del crecimiento del PIB. En los niveles inferiores a la educación superior, esto se ha traducido en un marcado incremento en el gasto por alumno, pero en la educación terciaria, los incrementos en el gasto no han logrado mantenerse a la par del nivel de incremento en la matrícula. Por esta razón se muestra una caída en el gasto por alumno en educación superior en una tercera parte de los países miembros de la OCDE y en los países asociados”.

Finalmente, habría que resaltar que actualmente el país mantiene una creciente dependencia tecnológica del exterior, por lo que resulta necesario consolidar acciones para avanzar en la independencia tecnológica a fin de fortalecer la educación en este rubro.

Compañeros legisladores, los institutos tecnológicos representan una excelente opción para proyectar e impulsar el desarrollo económico y cultural de nuestra sociedad. Sin embargo, tal parece que el gobierno no ha dado la prioridad e importancia debida a los aspirantes a ingresar a estas instituciones educativas, toda vez que miles de jóvenes son marginados cada año en las instituciones de educación tecnológica.

Por ello, debemos impulsar mejoras presupuestales sustanciales a la educación en México, particularmente a la educación tecnológica, pilar del desarrollo nacional.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011 a los institutos tecnológicos de todo el país, para fortalecer su infraestructura educativa (obra y equipamiento), gastos de operación y servicios personales, con el propósito de ampliar su cobertura en el número de estudiantes matriculados y mejorar la calidad de sus programas educativos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 días de octubre de 2010.— Senadores: Francisco Herrera León (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Ramiro Hernández García (rúbrica), Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Alfonso Elías Serrano (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica), Francisco Alcibíades García Lizardi (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo de conmemorarse el 19 de octubre, día dedicado al Día Mundial del Cáncer de Mama. Para referirse a este tema se han inscrito diputados de todos los grupos parlamentarios:

La diputada Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza. La diputada María Guadalupe García Almanza, de Convergencia. Laura Itzel Castillo Juárez, del PT. Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Martha Elena García Gómez, del PRD. Laura Elena Estrada Rodríguez, del PAN, y Elvia Hernández García, del PRI.

Si la asamblea me lo permite, le preguntaré a la diputada Laura Itzel Castillo si quisiera hacer uso de la palabra, en primer término, en virtud de que se encuentra sesionando en la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Laura Itzel Castillo, del grupo del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Será por 10 minutos.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Diputadas y diputados, por el número de defunciones que provoca anualmente el cáncer de mama constituye un reto para la salud pública del país.

Hoy en día ocupa el primer lugar de las enfermedades que provocan tumoraciones malignas. En promedio cada dos horas muere una mujer víctima de esta terrible enfermedad, alrededor de 4 mil 800 mujeres al año.

La reciente introducción del programa de Prevención y Control del Cáncer de Mama, que anteriormente se encontraba como parte complementaria del programa de Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino en la Secretaría de Salud, denota la importancia que tiene este tema en materia de padecimientos para las mujeres mexicanas.

A partir de los años ochenta esta enfermedad ha mantenido una tendencia ascendente en nuestro país. De acuerdo con las cifras oficiales, las entidades de la república que presentan un índice mayor son el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, que concentran ciudades con un elevado grado de urbanización.

De igual manera coincide con los estados donde existe un mayor desarrollo industrial como lo son los estados fronterizos del norte. Sin embargo, cabe hacer notar que también son las entidades donde hay menor carencia de servicios y por tanto, donde se diagnostica la enfermedad.

Desafortunadamente, por la escasez de recursos no se logran obtener todos los registros de las enfermas. De acuerdo con los índices mundiales se considera que el cáncer de mama es característico de los países desarrollados y que el cérvicouterino es más frecuente en los países pobres.

Lo paradójico es que en México en los últimos cuatro años el cáncer de mama ha superado en mortalidad al cérvicouterino.

En las etapas iniciales el cáncer de mama puede ser perceptible por el ligero abultamiento en la zona y tiene cura siempre y cuando se ataque en forma oportuna.

La propia paciente lo detecta en el 90 por ciento de los casos, por lo que es importante mantenerse alerta.

Actualmente una de cada diez mujeres de 50 a 69 años se hace una detección por mastografía. El objetivo del programa de Prevención y Control del Cáncer de Mama, para el año 2012, es que se incremente al doble la cobertura, por lo menos dos de cada diez.

Pero la meta oficial de 21 por ciento de cobertura, realmente es muy baja para lo que se requiere, pues se necesita impactar en el 70 por ciento de esa población para lograr disminuir la enfermedad y para eso desde luego se demanda infraestructura y personal calificado.

A partir del año 2000 se empieza a estructurar el programa para la Detección del Cáncer de Mama, hasta que en 2007 se constituye como un programa específico dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de bajar los índices de mortandad, promover la autoexploración y realizar la detección temprana mediante las mastografías.

En un país donde es escasa la cultura de la prevención, donde hay también grandes carencias de infraestructura, las contradicciones se agudizan con la feminización de la pobreza que se traduce en más de 30 millones de mexicanas.

El presupuesto para este programa ha aumentado en los últimos 3 años, de 800 a mil 48 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Estudios paras las Finanzas Públicas, para el mes de mayo solamente se había ejercido el 12.6 por ciento, es decir, hay un subejercicio de 300 millones de pesos para el programa para la Prevención del Cáncer de Mama.

Ése es uno de los graves problemas de la actual administración panista: gasta mal en rubros fundamentales como el de salud y en cambio muestra dispendio en cuestiones frívolas o en sueldos y prestaciones para la alta burocracia.

Las instituciones encargadas del programa son el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Secretaría de Marina y por supuesto la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Este último ejerció 85 millones de pesos en 2008, cantidad que se duplicó para este año, cuando alcanzó la cifra de 190 millones de pesos.

Llama también la atención el subejercicio que en 2009 tuvo el programa para la detección del cáncer cérvicouterino. Según el anexo 10 del decreto del PEF, le fueron asignados 300 millones de pesos. No obstante ahora, en el 2010, no tiene clave propia para ser incluido en la estructura programática, no se identifica la unidad responsable que ejecuta estos recursos y no es posible ubicarlo en el PEF ajustado y publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, para el primero y segundo trimestres de 2010 no se reportan incluso informes trimestrales del mismo. Todo lo  anterior lleva a suponer que los recursos asignados quedarán en el subejercicio.

Y si de subejercicios se trata, debemos señalar que desa-fortunadamente la Secretaría de Salud maneja el presupuesto con poca transparencia. De acuerdo con la Ley General de Salud, se debe depositar el 11 por ciento de los recursos destinados al sector en el fideicomiso del sistema de protección social de salud, que es en realidad el fideicomiso del Seguro Popular.

Sin embargo, se ha depositado, por parte de la Secretaría de Salud, entre 18 y 25 por ciento del presupuesto, el cual se contabiliza falsamente como ejercido, una vez que se hizo el depósito.

De 2006 a la fecha se han acumulado 22 mil millones de pesos en dicho fideicomiso. Estos recursos debieran utilizarse para atender las enfermedades que actualmente son excluidas del Seguro Popular. Aunque el cáncer de mama sí está incluido, no ocurre lo mismo con la mayoría de los padecimientos. Es otra falla más de las múltiples que tiene el gobierno derechista e ilegítimo de Felipe Calderón. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las muertes evitables son aquellas que por sus características, tecnología y conocimiento médico disponible pueden prevenirse y evitarse. En México, del total de muertes que se presentan anualmente casi el 40 por ciento son evitables.

El cáncer de mama es una enfermedad que se encuentra dentro de esta categoría por lo que su diagnóstico no debería significar para el país la muerte de una mexicana cada dos horas, pero a pesar de ello, sucede.

Desde hace cuatro años este padecimiento es para las mujeres mayores de 25 años la primera causa de muerte por tumores malignos con aproximadamente 5 mil decesos cada año. Junto con el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama provoca casi el 10 por ciento de los fallecimientos evitables en México y la tasa de mortalidad por esta causa sigue incrementándose.

En los últimos 18 años el aumento estimado por año fue de 3.6 por ciento, lo que deriva, según las investigaciones en el tema, en 16 mil 500 nuevos casos por año para el 2020.

Por desgracia, la expansión de esta enfermedad en México no se ha acompañado de un incremento proporcional de los mecanismos de detección y tratamiento. Cuatro son las barreras de acceso que actualmente las mujeres mexicanas enfrentamos para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.

La primera es la barrera de la información, que tiene que ver con la manera en que nos llega la información y la convertimos en conocimiento. La muerte de 12 mujeres cada día es una evidencia de que a pesar de las campañas instrumentadas existe una diferencia importante entre la cantidad y la calidad de la información, pues en términos generales la población mexicana desconoce el procedimiento para hacerse una autoexploración correcta.  Un estudio indica que menos de 15 por ciento de las derechohabientes del IMSS y del ISSSTE se exploran los senos mensualmente.

La capacidad económica y la condición de aseguramiento en salud es la segunda barrera para lograr un acceso oportuno. El cáncer de mama es una enfermedad que implica altos costos para su diagnóstico y tratamiento, por lo que la diferencia para muchas mujeres radica, principalmente, en el hecho de ser o no derechohabientes de la limitada seguridad social que proporciona el Estado.

La tercera barrera es de naturaleza cultural, pues las mujeres enfrentan restricciones de tipo moral, desconocimiento del propio cuerpo femenino, miedos, machismo, entre otros, son creencias que impiden la detección oportuna.

La cuarta barrera está vinculada a la organización y operación del sector salud en México. Las usuarias y sus familias reportan una falta de oportunidad en la atención, insuficiencia en la disponibilidad de servicios, carencia de recursos tecnológicos, materiales y humanos. Largos tiempos de espera y acceso de trámites y requisitos burocráticos. Pero también, una gran falta de sensibilidad de los médicos de primer contacto, además de los elevados costos de atención y de medicamento en el ámbito privado.

La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama exige ser congruentes y nos plantea un reto de grandes dimensiones. La existencia de barreras muestra que, pese a todos los esfuerzos realizados por el sector público existe poca conciencia. No se dispone de suficientes servicios de detección temprana y no se cuenta con los recursos humanos ni con el equipo y los insumos clínicos necesarios para hacerle frente de manera efectiva.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la clave del control del cáncer de mama es la detección temprana. El grado de educación y calidad de la información son factores fundamentales para luchar contra la barrera. Esto nos obliga a diseñar e implementar iniciativas que impulsen decidida y verdaderamente la práctica de la autoexploración entre las mujeres y la capacitación de quienes se encargan de garantizar y hacer efectivo el derecho a la salud en México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada María Guadalupe García Almanza:Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas. El 19 de octubre es la fecha que se ha elegido para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La alta incidencia que ha manifestado este padecimiento en años recientes la ha convertido en un problema de salud pública. De acuerdo con estadísticas internacionales, a partir del año 2006 constituye la primera causa de muerte por factores oncológicos dentro de la población femenina, superando, inclusive, al cáncer cervicouterino. Tan solo en el año 2002 se registraron un número de 411 mil muertes de mujeres en el mundo por esta causa.

De acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Salud, en el año de 2006 causó un total de 4 mil 487 defunciones en México, representando un tasa de 4.3 por ciento tomando como referencia un número de 100 mil mujeres, en tanto que en 2007 provocó 4 mil 632 decesos representando el 4.4 por ciento de las defunciones y en 2008 las muertes ascendieron a 4 mil 840, representando el 4.5 por ciento.

Estos números vinculados con los resultados de la investigación científica prevén que para el año 2020 los casos anuales presentados ascenderán a 16 mil 500 en nuestro país. Además, se tiene conocimiento que los estados con la mayor incidencia de este padecimiento son Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes, en tanto que se calcule en 10 el número de fallecimientos diarios.

Resulta indudable que los casos irán en aumento y una manera de enfrentarlos será a través de la prevención y la detección oportuna para reducir considerablemente su mortalidad.

Ante la incidencia de este padecimiento que ataca cada vez más a un mayor número de mujeres, se requiera avanzar en el diseño de una política de salud que ofrezca la posibilidad a este grupo poblacional de la práctica de estudios que permitan una identificación temprana del padecimiento o que lo prevengan.

La situación de vulnerabilidad que aun enfrentan muchas mujeres por sus condiciones socioeconómicas o de falta de atención médica oportuna requiere además de campañas nacionales y de una mayor asignación de recursos presupuestales para el sector salud, a fin de ofrecer mejores servicios.

En esta fecha Convergencia formula un respetuoso y sentido exhorto a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 hagamos un esfuerzo conjunto que nos permita superar en el corto plazo esta dramática situación con la aprobación de mayores recursos para el sector salud, etiquetándolos de tal manera que su aplicación se oriente al tratamiento de este mal.

Un diagnóstico precoz es hoy el mejor camino para conseguir una disminución significativa de las peores consecuencias de una enfermedad tan agresiva.

La mejor forma de honrar esta fecha será con un compromiso ineludible para con las mujeres de nuestro país, articulando esfuerzos con un solo propósito: detener el avance de este cruel padecimiento. Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, a usted, diputada.

Tenemos el gusto de saludar a amigos del municipio de Chalco, de la Universidad, invitados por el diputado Armando Corona Rivera. Así como amigos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 4, Unidad Castañeda y Nájera, de la UNAM, invitados del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Y de la Preparatoria Zoebisch, de Pachuca, Hidalgo, invitados de la diputada Gloria Romero León.  Bienvenidos, todos, amigos de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosario Brindis Álvarez, por el Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La salud es un derecho universal y debe ser entendida como el bienestar físico, psíquico y social del ser humano.

La cobertura, prevención, calidad y prestación de servicios sanitarios son temas prioritarios para los estados, gobiernos y sociedad civil alrededor del orbe.

En este tenor y considerando que el cáncer es la enfermedad que mayor número de decesos causa a nivel mundial, se determinó conmemorar el 19 de octubre como el Día Mundial de la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El objetivo radica en emprender campañas de información para despertar en todas las mujeres la conciencia de la autoexploración como el mejor método de detección.

El cáncer mamario es el más común a nivel mundial entre las mujeres. En la actualidad 4.4 millones de mujeres viven con cáncer de mama y se registran 411 muertes al año.

Cada dos minutos una mujer es diagnosticada con esta enfermedad en el mundo, y cada dos horas una mexicana muere por cáncer de mama. Es decir, 12 mujeres mueren diariamente a causa de este cáncer, lo que representa una tercera parte de las pacientes diagnosticadas con este tumor maligno y pese a que el 95 por ciento de los casos son prevenibles y curables, con detección oportuna en la etapa primera, en México más de 80 por ciento de los casos de cáncer de mama se identifican en etapas avanzadas de la enfermedad. Entre 40 y 50 por ciento de los casos se presentan en estadíos 3 y 4.

Derivado a un incremento constante en la mortalidad de esta enfermedad, tan sólo en el periodo de 1980 a 2005 se registraron un total de 67 mil 854 defunciones por este cáncer, con un aumento estimado anual de 3.6 por ciento en los últimos 18 años.

Para 2009, mil 464 mexicanas fallecieron por esta enfermedad. Los casos se incrementaron 10 por ciento en comparación con las mil 323 defunciones registradas en el año 2006 y se estima que en los siguientes 10 años habrá 155 mil nuevos casos. Es decir, un aumento de 30 por ciento.

El cáncer de mama, a diferencia de otros, es totalmente detectable y puede prevenirse a tiempo si la mujer está bien enterada de sus síntomas y mantiene un programa permanente y sistemático de autoexploración a partir de los 20 años y se realiza una mamografía anual a partir de los 40 años.

De la detección oportuna y el acceso al tratamiento pertinente radica la sobrevida de las pacientes.

En nuestro país el sistema de seguridad social tiene incluido dentro del paquete de servicios disponible la prevención y tratamiento de cáncer de mama. Sin embargo, esta atención está restringida únicamente a personas que cuenten con dicha cobertura, es decir, alrededor de 45 por ciento de la población total. El resto depende de servicios públicos de la Secretaría de Salud, como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sector Popular.

Bastan algunas cifras para conocer la dimensión del problema. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años de edad y es una amenaza para todos los grupos socioeconómicos en México.

En 1990 se detectaron 6 mil nuevos casos y se estima un crecimiento cercano a 155 mil nuevos casos para el 2020.

La mayoría de los casos se autodetecta, pero sólo el 10 por ciento de todos se identifica en etapa de inicio.

La seguridad social en México sólo cubre alrededor de 45 por ciento de la población e incluye tratamiento. Las tasas de mortalidad por cáncer de mama en nuestro país muestran un aumento notorio en las últimas 5 décadas.

En el Partido Verde Ecologista de México el tratamiento y la prevención de cáncer de mama debe ser una prioridad en las políticas de salud pública debido a sus graves implicaciones en la economía, en la sociedad y sobre todo, al interior de las familias mexicanas.

La conmemoración del Día Mundial de la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama nos invita a no bajar la guardia y hacer un llamado a todas las autoridades del sector salud y a la sociedad, en general, para erradicar este flagelo que inhibe y limita la vida de tantas mujeres mexicanas, haciendo hincapié en que la prevención es y será el mejor método para combatirlo.

Pero esto hay que difundirlo a la sociedad a través de programas efectivos y el presupuesto es un instrumento fundamental para lograrlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Elena García Gómez, por el Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Martha Elena García Gómez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un día que debe quedar claro que no debe servir únicamente de conmemoración sino de reflexión profunda.

Las mexicanas están muriendo por este mal y las medidas que estamos tomando al respecto no son suficientes. Año con año se están incrementando las cifras, tanto que cada dos horas fallece una mujer por esta enfermedad.

Entre las cifras más crudas tenemos que en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, de 13.8 por ciento, por encima del cáncer cérvico-uterino, que es de 12.1 por ciento. La tasa de defunción por esta causa es de 16.4 por cada 100 mil mujeres de 25 años y más.

De los estados con mayor incidencia de cáncer mamario destacan Baja California Sur, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, por tener una tasa superior a las 20 defunciones por cada 100 mil mujeres de este grupo de edad. Entre los de tasas con menos de un dígito se encuentran Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.

En el mundo, durante 2006, 191 mil 410 mujeres recibieron un diagnóstico de cáncer de mama y 40 mil 820 mujeres murieron por este mismo mal.

El marcado incremento que se está observando entre la población femenina nos hace pensar sobre la importancia de concientizar a las mujeres sobre la relevancia de un chequeo mamario, ya que es necesario hacer una valoración de mama mínimo una vez al mes y acabar con la desinformación acerca de este problema de salud.

Es triste decir que cuando existe retraso en la detección oportuna del mal se provoca que la mayoría de las mujeres reciba el diagnóstico en niveles avanzados de su enfermedad. Sólo entre cinco y 10 por ciento de las pacientes de cáncer de mama en México, son diagnosticadas en las primeras dos etapas de la enfermedad, periodo en que, de iniciar el tratamiento, el 98 por ciento de las mujeres alcanzan una sobrevida de al menos cinco años.

Entre el 60 y el 70 por ciento de las pacientes recibe el diagnóstico en etapas tardías, además del impacto negativo de retrasar el diagnóstico. El tratamiento es más caro al ser detectado en etapas avanzadas, ya que en la primera etapa el costo del tratamiento es de aproximadamente 74 mil pesos, mientras que en la cuarta etapa asciende a 199 mil pesos.

Ante la necesidad de erradicar el padecimiento y contener el avance de las cifras de población que enfrenta este mal, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Mama, desde esta tribuna exhortamos a las mexicanas a la autoexploración y práctica de mastografías para el diagnóstico oportuno de este tipo de cáncer. Pero sirva también este momento para exhortar a los gobiernos de todos los niveles a que tomen conciencia de este mal y que empeñen todos sus esfuerzos para combatirlo.

Está en nuestras manos salvaguardar el derecho de millones de mexicanas para tener una vida plena. Defendámoslo con fuerza y amor por el bien de todos y todas las mexicanas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como señala Shel Hop: “en muchas ocasiones las estadísticas no son sino personas que han debido enjugar sus lágrimas”. En el tema que hoy se aborda desde esta tribuna esta frase dice más que mil palabras.

En el mundo cada minuto una de nosotras, una mujer muere por cáncer de mama. El cáncer de mama, como todas y todos sabemos, es uno de los tipos de cáncer más mortíferos entre la población femenina que atraviesa entre los 20 y 59 años de edad. En México, según datos de la Secretaría de Salud este mal constituye la primera causa de muerte entre la población femenina a partir de los 25 años de edad.

Datos de la Secretaría de Salud y del INEGI señalan que en lo que respecta al cáncer de mama en el año 2000 ocurrieron 14 muertes por cada 100 mil mujeres de más de 25 años de edad. En este mismo grupo, en 2005 ocurrieron 15 muertes y en el 2009 ocurrieron 16. Nos damos cuenta del avance tan rápido que tiene esta enfermedad.

A decir de estas dependencias, Coahuila es la entidad federativa que registra la mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama, ya que en la entidad ocurrieron 26.4 muertes por cada 100 mil mujeres, en el año 2009 por esta misma causa.

En Chihuahua esta cifra fue de 23, en el Distrito Federal de 22, en Baja California Sur de 22.6 y en Colima de 21.7.

Las entidades que registran menor tasa de mortalidad por este cáncer son Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Campeche, con menos de 10 mujeres muertas por esta causa, por cada 100 mil.

Como podemos observar es un mal que nos priva de contar con miles de mujeres valiosas día con día y que deja en la situación de abandono a muchas niñas y niños, con las implicaciones que esto trae en su desarrollo como personas.

El cáncer de mama es un mal que afecta en lo personal a las mujeres, pero también en sus familias, y que en el terreno de lo público y lo social cuestiona ampliamente qué hacemos por prevenir y erradicar dicho problema y, sobre todo, por brindarles, a estas mujeres que enfrentan la peor de las realidades, alternativas sólidas en materia de salud pública, que no las revictimice y tenerse que enfrentar a un sinnúmeros de problemas y obstáculos en la atención a su enfermedad.

Como sabemos, el cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de cédulas con genes mutados, los cuales suprimen o estimulan la continuidad del ciclo celular perteneciente a distintos tejidos de una glándula mamaria y es también, desgraciadamente, un mal silencioso.

El día de hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca del impacto que tiene esta enfermedad en el mundo. Este mal, que si se detecta a tiempo, puede ser curable.

En la mayoría de los casos sigue siendo un problema serio de salud a nivel mundial y nacional como se observa en los datos estadísticos relativos a este tema. Sin embargo, desde esta tribuna me cuestiono y cuestiono a cada uno de ustedes, mujeres y hombres, acerca de si realmente somos conscientes de este problema, de tantas y tantas muertes que se hubieran podido prevenir y de tantas dolorosas y graves consecuencias personales y familiares de quienes la sufren.

No es necesario esperar a que afecte a alguien cercano para tomar cartas en el asunto, se trata de un grave asunto de salud pública que debemos atender.

Me parece que la respuesta en la atención a este flagelo tiene forzosamente que ir en tres vertientes.

La primera, efectivamente, en el tema de la información diaria, constante y accesible a toda la población. En este caso, especialmente la que está en nuestras comunidades, sobre lo que significa el cáncer de mama y cómo identificarlo.

La segunda, en el tema de la orientación hacia la población ya afectada por ese mal; a dónde ir, qué exámenes hacer, en otras cuestiones que las campañas de prevención no  siempre precisan.

La tercera y que va muy relacionada con la prevención, la constituye el tema...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya por favor, diputada.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez:Termino, señor presidente. De la cultura enfocada a una vida saludable que elimine o por lo menos disminuya todos los factores de riesgo que se encuentran asociados con el cáncer.

No podemos seguir perdiendo a miles de mujeres día con día por no atender adecuadamente un mal que en una amplia medida es predecible y curable.

Asumamos nuestra responsabilidad para no engrosar las estadísticas que como sabemos, no son sino mujeres que han debido enjugar sus lágrimas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, diputada, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Elvia Hernández García, por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Elvia Hernández García:Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, recordar estas fechas, dar espacios en las agendas legislativas para tratar temas como el Día Mundial del Cáncer de Mama resulta de la mayor importancia, toda vez que la realidad que vive la sociedad cotidianamente es en torno a estos temas.

Las aflicciones de las familias, sus problemas y sus retos, entre otras cosas, están directamente relacionados con la salud.

De acuerdo con los datos y las cifras oficiales, el cáncer de mama, desde el año 2006, es un padecimiento que constituye en México la primera causa de muerte por enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años y más.

A nivel nacional cada dos horas una mujer mexicana muere a consecuencia del cáncer de mama, mientras que en el mundo la cifra es de una cada 30 segundos, lo cual refleja la magnitud y gravedad de la situación, particularmente si consideramos que día con día las cifras aumentan.

En México cada año mueren más de 3 mil 500 mujeres por cáncer de mama. Este cáncer, a diferencia de otros, es totalmente detectable y puede prevenirse a tiempo si la mujer está enterada de sus síntomas y mantiene un programa permanente y sistemático de autoexploración a partir de los 20 años.

Entre los factores de riesgo que se presentan con mayor frecuencia están los genéticos, la edad, los antecedentes gestacionales, los antecedentes de salud, los antecedentes de desarrollo sexual, el estilo de vida y los factores ambientales.

En suma podemos concluir que la alta prevalencia que presenta nuestro país, entre otras cosas, se debe a la ausencia de una atención temprana y oportuna que ayude a prevenir las devastadoras consecuencias.

Este mal silencioso, como ha sido denominado, requiere de un tratamiento especializado e institucional si en verdad queremos que no siga costando vidas humanas. Si la ciencia y la tecnología no están al servicio de los seres humanos, de qué sirve su avance. Si los presupuestos gubernamentales no están enfocados desde una perspectiva de género a atender las necesidades básicas de las mujeres y los hombres de todas las edades, entonces cuál es su objeto.

Si la política pública no responde a la realidad más que de manera coyuntural e ineficiente, para qué se mantienen estructuras burocráticas altamente costosas.

En razón de lo anterior hago un llamado enérgico para atender esta problemática con toda probidad. Hago un llamado a favor de las mujeres y de su salud para que de manera transversal, oportuna y eficiente se atienda integralmente el cáncer de mama, el cual repito, es principal causa de muerte.

Todas las mexicanas deben gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr, entendiendo que de acuerdo con la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El derecho de la mujer al nivel más elevado de salud física y mental fue reconocido por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijín en 1995. En la Plataforma de Acción aprobada por la conferencia se destacó la necesidad de garantizar a las mujeres y a las niñas el acceso universal a la atención y a los servicios de salud apropiados.

Es lamentable reconocer que para la mayoría de las mujeres mexicanas la buena salud y el bienestar siguen siendo difíciles de alcanzar. A lo largo de todo su ciclo vital la gran mayoría de las mujeres no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de salud. Las niñas a menudo reciben menos atención que los niños en la prevención y el tratamiento de las enfermedades infantiles. En la adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad la mujer carece de asesoramiento adecuado y de acceso a los servicios de manera oportuna. En la vejez simplemente queda en el olvido.

Las diputadas y los diputados del PRI...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Elvia Hernández García: Las diputadas y los diputados del PRI proponemos que hagamos un frente común, que dejemos a un lado las diferencias naturales propias del quehacer político y juntas enfrentemos una problemática de gran magnitud: más de 50 por ciento de la población de este país está en riesgo, requiere acciones decididas y eficientes, reclama justicia y seguridad social, exige ser atendida en sus necesidades más apremiantes.

Es menester entender en toda su magnitud lo que significa dar un eje institucional que articule la ley, el presupuesto y las políticas públicas. Es preciso y urgente otorgar certeza y seguridad a todas las mujeres de México.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Elvia Hernández García: Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

Antes de dar el uso de la palabra a nuestra siguiente oradora, saludamos con mucho gusto la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 9, de Morelos, invitados de la diputada Rosalina Mazari Espín.

Igualmente, saludamos la presencia de distintos invitados que nos acompañan en el palco.

Tiene la palabra, desde su curul, la diputada Enoé Uranga, para hacer una manifestación. Adelante, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco, señor presidente.

Quiero tomar la palabra desde mi curul porque las opiniones de los grupos parlamentarios, los posicionamientos con relación a este tema que a todos nos preocupa, el cáncer de mama, han sido expresados por la presidenta de la Comisión de Equidad, quien lo ha hecho muy bien. Pero la intención de la Comisión Especial para la Familia era presentar una propuesta institucional que fuera reflejo de una preocupación que creemos que es colectiva en esta Cámara; y no volver a posicionar cada uno de los partidos lo que opinamos.

En este caso en particular, y en este turno, la voz de la presidenta de la Comisión Especial para la Familia es indudablemente mi voz. Ella habla por la institución.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina:Con su venia, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados.

Mucho se ha dicho ya y se ha reiterado a propósito del mal y el flagelo que sufrimos las mujeres en México y en el mundo a propósito del cáncer de mama. Yo creo que vale la pena reiterarlo, vale la pena repetirlo de manera que hagamos conciencia, de manera que cada uno de nosotros en nuestro entorno más próximo, con nuestras madres, con nuestras esposas, con nuestras hermanas, con todas aquellas mujeres que están en nuestro alrededor, que hagamos énfasis en el cuidado que tienen que tener ellas para que no sean víctimas de este flagelo, para que no aumentemos el número de las muertes maternas a causa de esta terrible enfermedad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos muestran que en México el cáncer de mama representa la segunda causa de muerte por tumores malignos, después del cáncer cervicouterino, con una probabilidad de contraerlo de más de 12.5 por ciento. En México la incidencia de cáncer de mama comenzó, a lo mejor inexplicablemente, a incrementarse a partir de la década de los ochenta y presenta desgraciadamente una tendencia sostenida a la alza, si es que no actuamos severamente y con efectividad.

De continuar las condiciones actuales, es decir, un crecimiento lento pero constante de la mortalidad por cáncer de mama, la tendencia permite prever una elevación de más de 16 mil 500 casos por año y para el 2020.

La causa del cáncer de mama es desconocida, no se sabe exactamente por qué proviene y ataca indiscriminadamente, sin haber distinción de edad, sin haber distinción de clase social, sin haber distinción de nivel socioeconómico, sin distinción entre las mujeres de la ciudad o del campo, con la terrible cosa de que son precisamente las mujeres más pobres, las mujeres del campo, las que carecen de servicios de detección más oportuna y en donde este cáncer se cobra sus más abundantes presas.

Por tanto, hay que poner un énfasis muy importante para la detección oportuna de este mal, porque si se detecta oportunamente cuando el tumor no está extendido ni ha evolucionado, hace que el porcentaje de curación se eleve casi al 50 por ciento. Podemos abatir la muerte materna de cáncer de mama hasta el 90 por ciento, si es que nos lo proponemos.

Por tanto, las actividades de prevención incluyen, pues incluyen desde la información educativa a tiempo a las niñas de secundaria, a las niñas de preparatoria para que aprendan a detectarlo tempranamente.

Incluye, también, promover estilos de vida más sanos que contribuyan a la distribución de la morbilidad, como incluye también actitudes culturales para que las personas del campo pierdan la vergüenza, pierdan el pudor mal entendido de dejarse revisar para que ellas y sus maridos estén más tranquilos, o los hombres que las acompañan, y puedan detectar a tiempo este cáncer.

Es necesario que los tres poderes del Estado se comprometan a establecer este problema de salud pública como prioritario y meterlo en la agenda de las políticas públicas para que también se le dé la atención en cuanto a la prevención, a la cura y a los trabajos de investigación.

No debemos omitir, y yo creo que es necesario reconocer las acciones que el gobierno federal ha tomado en los últimos años para luchar contra este mal. Por ejemplo, está la creación de la norma 041 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, con lineamientos dirigidos a fortalecer la mejora continua y la calidad de los servicios.

Y además, tenemos que saber, porque así lo tenemos que difundir por todo lo ancho, que el tratamiento es gratuito para toda persona que presente este padecimiento por medio del Seguro Popular de salud, así como la capacitación de personal que se ha venido intensificando y la inversión en infraestructura médica.

Sin embargo, todavía hacen falta muchos esfuerzos para reorganizar y fortalecer los servicios de diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Consolidar el sistema de información para el monitoreo y evaluación, factores determinantes para hacer que descienda este terrible mal.

Organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importantísimo, pues solamente con la cooperación de todas las sociedades será posible controlar este problema. Por ello hacemos un exhorto a las organizaciones de la sociedad civil para que también se comprometan a poner una acción determinante.

Hoy que celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Comisión Especial para la Familia hace esta renovación de la conciencia colectiva desde la máxima tribuna del país para convocar a toda la sociedad mexicana a unirse a la lucha contra este mal que afecta directamente  a la mujer, en la mayoría de los casos, también amenaza el bienestar y la estabilidad de la familia. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, por la Comisión Especial de la Familia.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente.

Quisiera solamente ser muy rápida en mis comentarios, agradecer mucho el comentario de la diputada Enoé. Aquí se ha hablado bastante de datos, hemos escuchado bastantes discursos, frases, muro de lamentaciones, pero la verdad es que en esta Cámara de Diputados sí podemos hacer mucho por esta problemática que nos aqueja a más de la mitad de la población, como es el cáncer cervicouterino y mamario.

Yo quisiera llamar la atención y recordarles a ustedes la sorpresita que nos llevamos el año pasado al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año. Estaba prácticamente borrado el tema de la atención y tratamiento del cáncer de mama. Fue una lucha que se dio el año pasado y logramos etiquetar recursos.

Yo solamente quisiera, a nombre de la Comisión Especial de la Familia, hacer un llamado muy sentido, un llamado que tiene que ver con un voto a favor de todas y todos ustedes. Necesitamos 500 votos, 500 votos que digan sí a prevenir y tratar la principal causa de muerte de las mujeres, que diga sí y no regatee recursos a favor de las mujeres mexicanas.

Ésa es la encomienda. Más allá de discursos, más allá de cifras, nosotras y nosotros tenemos en la mano la posibilidad de poder ayudar a las mujeres mexicanas.

Ahora, en la autorización, aprobación del Presupuesto para el 2011 no le cerremos la mano. Pongámosle dinero, etiquetemos recursos para parar este flagelo que tanto nos ofende, no solamente a nuestro género sino a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Sé que contaremos con el voto de todas y todos ustedes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, distinguida diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, que acabamos de recibir.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Antonieta Pérez Reyes cause baja como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.

• Que la diputada Karla Verónica González Cruz cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada María Antonieta Pérez Reyes cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Martín Rico Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Roberto Gil Zuart cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.

SUFRAGIO FEMENINO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del 57 aniversario del sufragio femenino en México.

Para referirse a este tema se han registrado los diputados: Cora Pinedo Alonso, por Nueva Alianza. María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, por Convergencia. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, por el Partido del Trabajo. Norma Leticia Orozco Torres, por el Partido Verde Ecologista de México. Enoé Margarita Uranga Muñoz, por el PRD. Velia Idalia Aguilar Armendáriz, por el Partido Acción Nacional. Rosario Ortiz Yeladaqui, por el Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, por Nueva Alianza.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, conmemorar el 57 aniversario del derecho de la mujer a votar constituye un motivo oportuno para fortalecer, en la memoria colectiva, la lucha de la mujer por la equidad, además de abrir un espacio al debate y al análisis sobre los desafíos que hoy nos faltan por superar.

Más que una celebración, este día debe ser un recordatorio sobre las demandas de los derechos pendientes y sobre la urgencia de legislar, pero sobre todo, de consolidar los mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes en materia de equidad.

Sin duda, el logro más visible de las mujeres, hoy, es el de mantener en la agenda pública, en los medios de comunicación y en el debate una reflexión permanente sobre la situación de la mujer en todos los espacios: en la vida pública, en la familia y en el ámbito laboral, pero sobre todo tenemos que destacar la cruzada que se han prendido para erradicar cualquier tipo de violencia sobre la mujer, pues éste continúa siendo uno de los más graves problemas de nuestra sociedad.

Ser mujer en el mundo de hoy no es tarea fácil, constituye un gran desafío en una larga lucha por el pleno reconocimiento y respeto de nuestro derecho a decidir, a ser independientes y a ser protagonistas de los cambios y transformaciones de México.

Aunque la plena participación femenina en los procesos de toma de decisión, en todos los niveles e instancias, es una condición insoslayable en el proceso democrático, las mujeres hemos tenido que enfrentar por años las barreras y obstáculos en el acceso y en la permanencia a los espacios ejecutivos de poder y en la adopción de decisiones y cargos de representación política.

Por ello, para Nueva Alianza el aniversario del derecho de las mujeres a votar y ser votadas constituye una fecha de enorme relevancia, pues si bien el derecho al voto representó en su momento un avance trascendental, este día continúa siendo un motivo para que todas y todos recordemos que la falta de equidad continúa siendo una realidad en nuestro país.

México es otro a partir de 1953, año en que se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes, a ser electas. Ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión sino el resultado de movimientos universales y locales  a favor de la igualdad. En ese año se incorporaba en nuestro vocabulario cotidiano el reconocimiento de la mujer como ciudadana, la mujer estaba a partir de ese año en el lenguaje de la política.

Para Nueva Alianza el derecho al voto además de su valor intrínseco tiene una importante carga simbólica, porque constata e hizo realidad la ciudadanía de las mujeres. Tenemos que reconocer que hoy los derechos humanos, civiles, políticos y económicos de las mujeres están contenidos en las diversas declaraciones, leyes y tratados. Sin embargo, la realidad revela que prevalecen las condiciones que llevan a las mujeres a ser sujetas a la violencia, a la marginación, a la exclusión y a la discriminación sólo por el hecho de ser mujer.

No podemos estar satisfechas, la voluntad y la dedicación de muchas mujeres y de muchos hombres también deben ser retomados día con día. Conmemoremos esta fecha mirando nuestro mundo inmediato, analicemos cómo nos de-sempeñamos en él y veamos qué tipo de educación le estamos dando a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Aprendamos a corregir los estereotipos, los roles y los mitos y así comenzaremos a transformar los espacios y construir, desde el diálogo y el acuerdo, un orden en el que se ostente menos el poder y se ejerza más la autoridad democrática de ambos géneros.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su permiso, señor presidente.

Señoras diputadas y señores diputados, conmemorar el 57 aniversario del voto, del reconocimiento del derecho de las mujeres a emitir su voto, no es una concesión graciosa. Es sin duda la conmemoración de grandes retos y dificultades que hubieron de superarse para alcanzar dicho logro en un escenario acostumbrado a desplazar a las mujeres, donde la toma de decisiones trascendentales era solamente un papel de observadora de estos acontecimientos políticos, económicos y sociales.

La reivindicación de estos derechos electorales representa hoy en día, sin duda, la oportunidad de lograr una participación más equitativa en la toma de decisiones. Sin embargo, hoy en día nuevas amenazas se ciernen sobre una segunda conquista de estos derechos: cuestionables prácticas en que siguen incurriendo ciertas fuerzas políticas.

Las posiciones adoptadas por determinados sectores sociales se resisten a la presencia de las mujeres en todo tipo de actividades en la vida política de este país, y se trata de obstaculizar su participación para reducir la presencia de las mujeres en los Congresos, tanto en el Congreso de la Unión como en las Legislaturas de las Cámaras locales, en los ayuntamientos y en todos los cargos de la toma de decisiones en la vida pública de este país.

Con tristeza vemos que en esta LXI Legislatura, en su inicio y con asombro, recibimos la noticia de que un grupo de diputadas dejaba su espacio para permitir el acceso de los varones a ocupar su curul. No era nada más el tomar la participación en una curul sino era el reflejo de la simulación en la toma de decisiones y en la forma en cómo las fuerzas políticas habían manejado las listas de participación política en las mujeres para acceder a la Cámara.

Sin duda la conquista del voto de la mujer es trascendente, pero aún quedan pendientes cuentas por avanzar. Aspiramos a alcanzar la normalidad democrática a la que todos, hombres y mujeres, tenemos derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

No más simulaciones. No más caridades. No más tensiones. No más situaciones que no permitan a las mujeres incluirse en una hegemonía, en una participación paritaria, en una equidad, en una igualdad por construir un México mejor que nos demandan los ciudadanos y las ciudadanas de este país.

Con orgullo decimos que el Grupo Parlamentario de Convergencia, históricamente, hoy lo representamos 50 por ciento de la participación de las mujeres, 50 por ciento de la participación de varones. Esto queda ahí, queda en los anales de esta historia y seguramente invitamos y hacemos un llamado a las demás fuerzas políticas de este país a imitar y llegar así a esta equidad y participación política de las mujeres en este su 57 aniversario que estamos conmemorando. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, por el Partido del Trabajo.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Buenas tardes. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pasado domingo 17 de octubre se cumplieron 57 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas al artículo 34 constitucional, por medio del cual se reconoce el derecho de las mujeres a la ciudadanía y el consecuente ejercicio del derecho al voto.

Debemos tomar en cuenta que las mujeres en nuestro país, en todas las etapas de la historia, han aportado su esfuerzo en la construcción de nuestra nacionalidad. Sin embargo, por atavismos prevalecientes en esa época no se quisieron reconocer sus aportes.

La lucha organizada de las mujeres derivó primeramente en la modificación del artículo 115, fracción I, del párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero del 47, en el que se otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en elecciones municipales. Pero fue hasta la gestión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines que se logró incorporar a la Constitución la ciudadanía plena de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos.

La construcción de lo que pudiéramos llamar un México moderno no se concibe hoy sin la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Hoy, en 2010, las mujeres constituimos más de la mitad de la población y por supuesto del padrón electoral.

En el ámbito político las mujeres desempeñan una tarea fundamental en las Cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, hay que superar, lo más pronto posible, la representación proporcional denominada cuota de género, para llegar hasta la representación paritaria.

La inequidad que hemos vivido las mujeres en este país, debe ser superada en todos los ámbitos de la vida.

Hoy mismo es significativo que con el tema del cáncer de mama y con el tema del voto de las mujeres está sumamente vacío aquí el foro del Congreso.

Sin embargo, es importante que para los que sí están, invitados e invitadas que están allá arriba y para la gente que está allá afuera, reconozcamos que es importante tener un compromiso respecto del voto de las mujeres.

Ojalá todos los partidos políticos, todos los gobiernos, todos los grupos de poder, todos y todas nosotras nos comprometiéramos, por ejemplo, so pretexto del aniversario del voto de las mujeres, a que a partir de hoy y en las elecciones futuras, las que ya se vienen el próximo año y los años venideros, no se compre el voto de las mujeres, no se condicione el voto de las mujeres a partir de los programas que diferentes grupos y gobiernos, incluso partidos políticos desarrollan, ahí sí con perspectiva de género, para comprar el voto o de condicionarlo a partir de programas orientados principalmente a la acción de las mujeres y a las necesidades de las familias.

La mejor forma de celebrar el día de hoy, hombres y mujeres, el ejercicio del derecho al voto de todas nosotras, sería ese compromiso para que en los años futuros los hombres y las mujeres de este país vivamos en un México mucho más justo, más democrático, más libre, donde efectivamente la participación de todas y todos sea reconocida como una construcción del futuro, como una construcción del nuevo tipo para los hombres y mujeres que vienen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Orozco Torres, diputada por el Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, el que hoy día estemos sentadas en estas curules y que compañeras senadoras estén en un escaño ocupando puestos de liderazgo y de poder es en gran parte debido a la acción determinada de mujeres que en los años cuarenta y cincuenta encauzaron sus esfuerzos para exigir sus derechos políticos y que éstos fueran reconocidos a todas las mujeres. Con ese movimiento se logró que la ley se expresara sin distinción del hombre o la mujer. Se logró la igualdad de derechos.

Actualmente podemos ver con cierta normalidad que las mujeres participemos activamente en todos los ámbitos del sistema político de nuestro país, que las mujeres estemos involucradas en el futuro de México y en la generación de bases que permitan que nuestro país sea mejor para el de-sarrollo de nuestra juventud.

Este logro no ha sido fácil, por lo cual debemos reconocer cada etapa para que nosotras las mujeres, las legisladoras de esta LXI Legislatura, estemos presentes de forma activa en las actividades parlamentarias y en la vida política del país.

Por lo anterior, quiero hacer mención de los primeros logros para alcanzar la igualdad política electoral de la mujer. Fue a partir de 1916 cuando en Chiapas, Tabasco y Yucarán se reconoció la igualdad jurídica para que la mujer pudiera votar y ser elegida en puestos públicos de representación popular.

Asimismo, en 1922, en el estado de Yucatán se reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales. En San Luis Potosí, en 1923 se aprobó la ley que permitía a las mujeres alfabetizadas participar en el proceso electoral.

Estos son algunos de los primeros logros obtenidos por el sector femenino en materia de participaciones políticas. Sin embargo, no  fue sino hasta 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, cuando a la mujer mexicana se le reconoció a nivel nacional el derecho a votar y ser votada en los procesos municipales y hasta 1953, con el presidente Adolfo Ruíz Cortines, cuando se expidió la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, constitucionales, en la que se otorgó plenitud de los derechos ciudadanos a las mujeres mexicanas.

Gracias a estas acciones que emprendieron las mujeres de aquella época hoy las mujeres tenemos un mayor acceso a puestos de poder político, una mejor preparación para la participación política en distintos niveles y un mejor nivel educativo.

Sin embargo, el trabajo de la mujer en la vida política no ha terminado. Las mujeres que hoy participamos en política tenemos una labor más y es el seguir luchando para que la participación de la mujer en la democracia cobre la importancia que tiene nuestro género en la vida de nuestro país.

Si esta Legislatura de la Cámara de Diputados está conformada con una participación femenina de 27.2  por ciento, ésta debe ser superada en la conformación del siguiente parlamento. Debemos luchar para que en un futuro próximo se logre la proporción de 50 por ciento de representación femenina en la Cámara de Diputados como medida de adelantamiento y justicia para el género femenino.

Ahora, puede escucharse un poco lejos de la realidad pero puedo asegurar que muchas mujeres a principios del siglo XIX nunca imaginaron que tendrían el derecho a votar y mucho menos que estaríamos legislando por un México mejor.

Quiero establecer en esta tribuna la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en donde se señala en uno de los considerandos respecto de la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, que los Estados están resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres: De esta declaración nació la incorporación de la mujer a los puestos claves que anteriormente estaban reservados sólo para los hombres.

Por lo anterior, el gobierno mexicano y los legisladores debemos facilitar el acceso de la mujer a las diferentes instituciones, cargos de liderazgo y de poder, todo el sector público, como la iniciativa privada.

Por su atención, gracias. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

Aprovechamos este momento para saludar a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (UNAM), invitados por la diputada Kenia López Rabadán.

Aquí se encuentran también mujeres empresarias de Colima, invitadas de la diputada Yulenny Cortés León.

Invitadas por la diputada Silvia Pérez Ceballos tenemos aquí a alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

Invitados del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez.

Bienvenidos sean todos ustedes al salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, lo que conmemoramos hoy aquí es la vergüenza ante la tardanza con la que México reconoció el derecho básico de las mujeres. Conmemoramos que nuestro país fue uno de los seis últimos en Latinoamérica en entender que las mujeres podíamos decidir por nuestros destinos, después de la intensa lucha que las mujeres sufragistas dieron por el voto, porque a nosotras nada nos han regalado.

Los partidos hoy, todos, se siguen resistiendo a reconocer a la ciudadanía de las mujeres. En esta Cámara en materia de género no se cumplen ni las reglas que se han dado legalmente en términos de representación. El 30 por ciento que fue fraudado por la ley, por diputados hombres, que no están hoy en este recinto, esos que les robaron los lugares a las mujeres, siquiera para escuchar por qué es necesario el que se respete la ley.

Estamos hoy reconociendo que se nos dio el derecho al voto, pero en un momento en el que aún está en duda si tenemos derecho a ser votadas y luego a ser reconocidas. Porque la política aún no entiende que somos indispensables como presencia, porque sin nosotras la democracia es una mentira. Porque nuestra mirada, ideas, capacidades son el sostén de esta nación que se parte por la violencia, por las mafias, por las corrupciones y los abusos, todos inventos masculinos.

Conmemoramos en medio de los festejos de dos grandes gestas, de dos bicentenarios que nos hicieron nación, pero que, finalmente, hicieron derrotadas a las mujeres a las que no se nos dio derechos después de que nos morimos en la raya igual que ellos.

Este recinto de hombres que hablan entre ellos en las curules, mientras hacemos esta conmemoración, desde luego no alcanza a reconocer las deudas que tienen con el 50 por ciento de la población. Que sea este Congreso donde la ciudadanía de las mujeres se entienda como una necesidad de Estado, como una necesidad de hombres, eso sería el comienzo de la conmemoración.

Sin duda los discursos son necesarios. Sí, obligados. Obligado a visibilizar al olvidado, a lo invisible. Hay que hacer el recuento de la historia, hay que replantearla, porque los que la escribieron nos olvidaron en sus letras.

Conmemorar con respeto la lucha sufragista es aceptar que la ciudadanía es mucho más que votar y ser votadas. La ciudadanía de las mujeres es el derecho a la calle, es el derecho a la noche, es el derecho a darle solución a la feminización de la pobreza y eso no se hace con discursos ni con sonrisas ni con fotos ni con el político congratulándose porque las mujeres llegamos tan tarde a este derecho político básico; eso se hace con presupuestas, con leyes, con políticas públicas.

La ciudadanía de las mujeres es la primera responsabilidad de Estado. Es por la reforma política y por las leyes que hagamos aquí que se verá qué tanto se ha entendido de que la democracia en este país no llegará hasta que no llegue nuestra ciudadanía y sea reconocida como el derecho de ser dueñas de nuestras vidas.

Cuando los poderes fácticos, cuando los medios de comunicación, cuando el Estado les regrese a las mujeres su derecho a decidir, no en función de las vías y los derechos del sistema que las excluye. Cuando les regrese a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en igualdad de condiciones que tienen quienes han escrito la historia, diseñado el Estado y a la nación en la que hoy vivimos, entonces estaremos festejando la ciudadanía de las mujeres a las que este país, este Estado y esta Legislatura les adeudan tanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde sus orígenes Acción Nacional ha reconocido y promovido con vehemencia el rol social y político de la mujer en la sociedad mexicana.

Desde su fundación en 1939 y durante muchos años presionó porque así fuera. En 1953 ya con representación en el Congreso de la Unión, el PAN presentó una propuesta para dar fin al trámite de una iniciativa de Lázaro Cárdenas presentada en 1937, para reformar el artículo 34 constitucional, y que de esta forma se reconociera el derecho de las mujeres a ejercer el voto, misma que duró muchos años en la congeladora por falta de voluntad política de los gobernantes.

La presión por parte de los legisladores de Acción Nacional hizo que el presidente Ruiz Cortines apresurase la presentación de una nueva iniciativa, misma que fue aprobada ese mismo año.

Hoy, a 57 años de la obtención del derecho a votar, ejercer cargos de toma de decisión y gozar del derecho a gobernar sigue siendo un reclamo fundacional de la ciudadanía para las mujeres que hay que defender y construir en todo el país.

No olvidemos que a la mujer le fue negada su condición ciudadana durante siglos. En nuestros países latinoamericanos tuvo que esperar hasta la mitad del siglo XX para poder ejercerla, para poder votar, y en teoría, para ser electa para algún cargo de representación popular.

Y digo en teoría, porque aún y cuando hay más mujeres que hombres en el país, y que el padrón electoral está actualmente integrado por un 48.2 de hombres y un 51.7 mujeres, pocas han sido las que logran librar las barreras culturales, sociales y políticas para acceder al poder.

Al analizar la manera en cómo se insertan las mujeres en los puestos de gobierno, es evidente que su mayor presencia está en los mandos medios de ejecución y de coordinación. Es poca su participación en los cargos de supervisión y gerencia, y tienen escasa presencia en los mandos de alta dirección y de alta gerencia. Por ejemplo, la distribución por sexo en secretarías de Estado muestra que en el 2008 sólo 23.5 del total eran mujeres.

Éstas son reflexiones que no podemos dejar pasar por alto y que nos invitan a poner mucha atención para mejorar las condiciones de nuestra democracia.

Es por eso que hoy más que nunca es nuestra convicción afirmar que el equilibrio en la representación política y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los mecanismos para la profundización de la democracia en sus términos más sustantivos.

En términos de participación y representación el objetivo es el cumplimiento de un principio más amplio y transcendente como el de la igualdad de oportunidades.

Los empleos y cargos deben ser realmente accesibles a partir de la igualdad de oportunidades. Es decir, no solamente se trata de afirmar que es posible su acceso en tanto que no hay impedimentos formales para acceder a esos bienes sociales sino que hay que generar las condiciones necesarias y suficientes para que en efecto exista la posibilidad real de acceder a ellos.

Las mujeres hemos demostrado nuestra voluntad y capacidades para aportar al desarrollo de México a través de nuestra participación cada vez mayor en el mercado laboral, la cultura, el deporte, la academia, la política, las organizaciones sociales, los negocios y otros espacios en donde hace sólo algunos años nuestra presencia era impensable.

Esto nos ha traído una serie de satisfacciones personales y profesionales, pero también hemos tenido que enfrentar numerosos retos. Las injusticias e inequidades de estos ámbitos que no estaban creados ni preparados para las mujeres.

Acusaciones públicas y privadas por un aparente egoísmo y el descuido de nuestra familia. Jornadas dobles y hasta triples de trabajo. El menosprecio de nuestro talento y de la importancia de nuestra participación en la vida pública y mayores exigencias a nuestro desempeño a causa de nuestro género, entre muchos otros.

Es innegable que las mujeres tenemos derecho a contar con las condiciones que nos permitan el ejercicio de nuestros derechos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, señora diputada.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz:... con igualdad. Lo que en sí mismo es una causa de justicia social impostergable.

La política requiere de nosotras una activa participación. No en el sentido de convertir nuestra actividad en un mero instrumento para acceder al poder por el poder mismo sino para desarrollar y convertir en virtudes capacidades como la palabra, el diálogo, la negociación, el respeto a la pluralidad, la tolerancia. Es decir, poner al servicio de la nación todos nuestros talentos y aptitudes. Con ello, con inteligencia y determinación, ser el ejemplo que siga acompañando y dando soporte a las transformaciones sociales e institucionales de nuestro país.

En lo político no tratamos de ocupar el sitio que corresponde al hombre, como lo dijera en 1958...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, señora diputada.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz:... una gran panista, Jovita Granados: “Venimos sencillamente a dar lo mejor de nosotras mismas, responsabilidad, honor, perseverancia, todos los valores que encierra el alma femenina para ponerlos al servicio de la patria”. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Rosario Ortiz Yeladaqui:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el 17 de octubre celebramos el 57 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, lo cual amerita en esta tribuna no sólo un festejo sino también diferentes reflexiones.

Desafortunadamente hoy, en la era de la modernidad, incluso en la postmodernidad, de acuerdo con diferentes teóricos, en medio de vertiginosos avances tecnológicos y científicos, no todas las mujeres de México han podido hacer efectivos sus derechos y siendo honesta, debo decir que comenzamos apenas a ser vistas y escuchadas verdaderamente en la esfera de lo público.

Es justo decir hoy, que celebramos el centenario de la Revolución Mexicana, que fue bajo su ideario y gracias a la tendencia de su movimiento, que un grupo de mujeres hicieron fila frente a casillas, aunque todos sus votos fueron anulados, la conciencia política ya había despertado.

Después de muchos intentos y diversas acciones, fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se reformó el artículo 34 de la Constitución, para iniciar el ingreso legal de las mujeres a la vida política de México. Ahí reconocemos nuestro derecho a votar y ser votadas, el cual podemos ejercerlo plenamente, por primera vez, en los comicios de 1955, en donde solamente 4 mujeres llegaron a la Cámara de Diputados, mientras el Senado siguió reservado para los hombres, hasta el año de 1963 es que las mujeres llegamos a la Cámara alta.

Años más tarde, el presidente de la República promovió una iniciativa de reforma en 1974, al artículo 4o, con la conocida frase de: son ciudadanos de la república los varones y mujeres.

A partir de ese momento se nos han reconocido diferentes derechos y el andamiaje legal ha sufrido importantes modificaciones en materia civil, penal, laboral, familiar, administrativa y electoral. La realidad hoy es que, a pesar de que representamos más de 51 por ciento del padrón electoral, como aquí ya se ha dicho, estamos lejos de alcanzar la paridad en el Congreso, en las legislaturas locales, en los gobiernos de los estados y en los municipios.

En pleno siglo XXI hay muchos municipios, muchos distritos y muchos estados que no han visto siquiera a una candidata, no digamos ya a una representante electa al Poder Legislativo o Ejecutivo.

Hoy todavía hay partidos que se encuentran lejos de tener a una presidenta y existen puestos públicos, como la Secretaría de Gobernación, que no ha conocido la conducción y el talento de una mujer.

Queda claro que el reto democrático que enfrentan los partidos políticos es tener cada vez más una mejor conciencia genuina de representación, lo que desde luego involucra a todas las mujeres. Esta tarea es ineludible, ya que los partidos políticos constituyen una institución esencial de los regímenes liberales que nacieron y se desarrollaron conjuntamente con las elecciones y la figura de la representación y el constitucionalismo.

Los partidos son una especie de mediadores entre electores y elegidos, sin ellos el funcionamiento de la representación, cuando menos en nuestros días, resultaría imposible ya que cumplen funciones básicas para el buen desarrollo organizacional y político. Estas instituciones ayudan a la toma de conciencia política de la ciudadanía y permiten elegir con mucha mayor claridad a quienes habrán de representarnos. Son una institución sustancial de la democracia moderna.

Por eso es muy importante que las mujeres participemos, que las mujeres nos enteremos y que las mujeres actuemos. Poco a poco comienza a aumentar el número de mujeres que participamos en política de manera activa y permanente, ahora es imperante trabajar para que nuestro esfuerzo no se pierda. Para que nuestra trayectoria sea reconocida y podamos participar genuinamente en la toma de decisiones, lo cual implica reforzar la conciencia de género para apropiarnos verdaderamente de nuestra personalidad privada y ciudadana. En suma, apropiarnos de la construcción de la historia para poder apropiarnos también de la construcción del futuro.

Coincido en que los tiempos de hoy son tiempos de vigencia humana. Deben ser, por tanto, tiempos de vigencia femenina. Menos de un siglo bastó para que las mujeres fueran trascendiendo de su papel dependiente al de protagonistas de todas las esferas de la vida.

En este siglo XXI el paradigma de las nuevas mujeres ya está presente. Hoy somos actoras y testigos de un mundo relacionado al destacado desempeño de muchas mujeres sobresalientes, líderes o no que ya están presentes con actitudes, decisiones y comportamientos propios y vanguardistas. Mujeres decididas a vivir en igualdad de condiciones y en libertad. Mujeres decididas a habitar y disfrutar de este mundo que nos es tan propio como a los hombres.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada Rosario Ortiz Yeladaqui:Las mujeres estamos preparadas para eso y más. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada.

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la actualidad, los índices delictivos en el país nos obligan a aplicar medidas enfocadas a encontrar la solución que los ciudadanos esperan, éstas deben originarse de todos los sectores de la población y no solamente de una impartición de justicia con pulso firme.

Cuando se señala que el desempleo, la pobreza, la drogadicción y la falta de acceso a salud y a educación son circunstancias que ‘‘originan el delito’’, debemos tener claro entonces que se está afirmando que estos rubros son los que influyen en forma decisiva para la creación de potenciales criminales.

Si bien pueden ser causa importante en la actualidad, tampoco debemos perder de vista que el aumento de los delitos graves es la efervescencia de la modernidad, del consumismo y la pérdida de los valores en la sociedad.

Los delitos más frecuentes y más graves están catalogados como los que atentan en contra de la integridad física de las personas y sus propiedades. El secuestrador o el delincuente que roba y mata no lo hacen primordialmente para comer, sino para apropiarse de los símbolos de la modernidad y así ser parte de ella. Lo hacen para fortalecer su poder y desafiar tanto a la autoridad como a la sociedad.

Sin embargo, en algunas ocasiones comete los delitos para obtener recursos que le permitan tener acceso a las drogas, por lo cual roba, asalta, secuestra y muchas veces mata.

Ninguna persona nace delincuente, por el contrario, se hace delincuente y es así que el papel del Estado es el de preservar ante todo la seguridad de sus gobernados y más en el caso concreto del Distrito Federal, cuando están dándose las condiciones que permiten a la delincuencia alcanzar mayor magnitud.

La sociedad capitalina inevitablemente duda de la legitimidad, transparencia y coherencia de la autoridad, lo que permite que los delincuentes actúen impunemente.

En nuestro país existe el clamor para que el homicida calificado y el secuestrador sean castigados con mayor severidad. Ante ello, resulta oportuno impulsar una nueva reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que este tipo de delincuentes sean condenados a pena de muerte o a cadena perpetua. La propuesta que someto ante este Pleno está encaminada a que delitos que atenta contra la vida y la integridad de las personas sean realmente sancionados y que quienes lo cometan cumplan una condena digna de la acción que cometieron.

Pena de muerte

La pena capital o pena de muerte consiste en la ejecución de un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito, establecido en la legislación; los delitos a los cuales se aplica esta sanción penal suelen denominarse crímenes o delitos capitales.

La ejecución de criminales y opositores políticos ha sido empleada por casi todas las sociedades en un momento u otro de su historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la oposición política.

La definición de la pena de muerte es la sanción jurídica capital, la mas rigurosa de todas, consistente en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye. Por lo tanto se concluye que la pena de muerte es la eliminación definitiva de los delincuentes que han demostrado ser incorregibles y por lo tanto un grave peligro para la sociedad.

La pena de muerte o pena capital ha existido desde tiempos muy antiguos, es bien sabido que los griegos tuvieron gran influencia cultural en Roma, donde el primer delito castigado con la pena de muerte fue por traición a la patria

En la Edad Media en que los delitos considerados como atroces, no merecían más que una sola sentencia: la pena de muerte; posteriormente en las épocas antiguas fue aplicada a los delincuentes considerados por el Estado, como los más peligrosos.

También en la época en que los europeos llegaron a América se da la pena de muerte, mediante la Santa Inquisición. Aunque se dan muchas muertes injustas, sobre todo de tipo religioso, este es uno de los motivos por los que posteriormente se intenta que desaparezcan este tipo de castigos para los delincuentes.

Así pues esta sanción es conocida desde los primeros tiempos de la humanidad, y puede decirse que en todas las culturas, teniendo algunas variantes como por ejemplo el tipo de delitos por los que se imponía, siendo el más común el delito de homicidio.

Se imponía, igualmente por los delitos que actualmente conocemos como patrimoniales, delitos sexuales, delitos contra la salud, delitos del orden político, así como militar, lo mismo para lo que hoy conocemos como delitos del fuero común y federal.

Entre los aztecas, las leyes se caracterizaban por su estricta severidad, entre las penas existentes, se encontraba, la lapidación, el descuartizamiento, la horca y la muerte a palos o a garrotazos, y aún cuando las cárceles no tuvieron ninguna significación también existía la pena de la pérdida de la libertad.

Ya en la República de México, al consumarse su independencia para el año 1821, las leyes principales seguían siendo las mismas vigentes en la época colonial, es decir, la pena de muerte seguía presente y era aplicada principalmente a los enemigos políticos de los nuevos gobernantes de los incipientes países.

En el siglo XX la pena de muerte trajo como consecuencia la confusión entre los criterios humanistas radicales que luchan por la necesidad ya no de disminuir su aplicación sino de lograr su abolición, desconociendo de esta forma su utilidad y justificación.

Ya que desde la época de los 70, se derogaron las disposiciones estatales que contemplaban esta pena y en la actualidad, en todo el país sólo se encuentra prevista por el Código de Justicia Militar, para los delitos muerte de superior, rebelión, deserción, falsa alarma, espionaje y otros.

Sin embargo la pena de muerte ha sido aplicada por todos los países de América Latina en algún momento histórico, aunque a inicios del siglo XXI está prohibida en la mayoría. Solamente Cuba, Guatemala, Bahamas, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y algunas de las Pequeñas Antillas continúan aplicándola. Además, en Bolivia y Perú algunas comunidades indígenas continúan ejecutando a ladrones, secuestradores y otros criminales, a pesar de que son lugares donde la pena de muerte ya no es legal.

Asimismo la pena capital en Estados Unidos es legal para todo el país en delitos federales y militares, en China se aplica desde el surgimiento del sistema comunista, a quienes se oponen en contra de dicho régimen y en Japón la pena de muerte se ha aplicado solamente a culpables de varios asesinatos o en el caso de que combinaran asesinato con la violación o el robo.

Datos de Amnistía Internacional muestra que la pena de muerte existe en 60 países y casi todos para personas declaradas culpables de asesinato. La cantidad de ejecuciones realizadas en el 2007 son China con por lo menos 1.010, Irán 177, Pakistán 82, Iraq 65, Sudán por lo menos 65 y Estados Unidos con 53.

Las formas más comunes de ejecución en el mundo son la decapitación que actualmente es usada en los países árabes y el fusilamiento. Otro método es la silla eléctrica, producto de la tecnología norteamericana, que consiste en aplicar dos electrodos al reo y descargar una corriente de 2,000 voltios.

La cámara de gas cianhídrico, se desprende de píldoras de cianuro potásico arrojadas a un recipiente que contiene ácido sulfúrico. Y por último la inyección letal que es la más factible ya que es la simple aplicación de una inyección intravenosa con un potente veneno, lo que asegura, según sus defensores, una muerte tranquila y plácida, lo más parecido a un sueño eterno.

La controversia que ha existido desde siempre acerca del tema de la pena de muerte ha tomado fuerza hoy en día e nuestro país por la gran cantidad de delitos que se han cometido y que requieren dicha pena. La respuesta a la criminalidad debe cumplir distintos fines y uno de estos, el de mayor importancia corresponde a la aplicación de una sanción que sea conforme de la gravedad del delito cometido.

Hoy en nuestro país contamos con un sistema penal que no permite asegurar esta adecuada proporcionalidad y la necesaria gravedad de la sanción aplicable a los ilícitos más graves.

Existen países que han mantenido siempre una clara posición a favor de la pena capital, pero también existen grupos de personas que representan una oposición frente a esta arma legal, llegando en algunos casos a abolirla definitivamente con fundamentos que han influenciado a grupos de otros de otros países que siguen el mismo propósito.

Actualmente la historia de los secuestros, violaciones y homicidios muestra resultados ineludibles y trágicos que quedan en la vida de las víctimas y de su familia. Consciente de que no puede haber solución definitiva a estos delitos, solo si existe una pena de escarmiento y de justicia para la víctima.

Tan sólo en la Ciudad de México, les recuerdo que soy diputado por la cuarta circunscripción, con 9,5 millones de habitantes, registró el secuestro de 1.348 personas en los últimos ocho años, de las cuales 60 fueron asesinadas por sus plagiarios.

El delito de secuestro y homicidio se ha convertido en un delito muy frecuente en el ámbito nacional. Si a este delito se implementará la pena de muerte se contribuiría a su combate.

Ya que en nuestra ciudad cada tercer día una persona es privada de su libertad con fines de extorsión, y de 2000 a la fecha se han desmembrado 104 bandas delictivas, asegurado 107 casas de seguridad y consignado ante autoridades judiciales a mil 314 personas, entre las que se encuentran centenares de efectivos adscritos a diferentes corporaciones, tanto locales como federales. Y en ese mismo periodo, 60 víctimas de secuestro han perdido la vida y en la actualidad hay seis secuestros vigentes en la capital y en menor escala en los estados de la república.

De este modo es importante darnos cuenta que estos delitos afectan además de la víctima a toda familia perjudicando la economía, la estabilidad física y emocional. No podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás, debemos tratar de evitar los secuestros tomando las medidas de precaución para salvaguardar la vida y conservar la libertad.

Un sondeo aplicado en nueve países, señaló que 71 por ciento de los mexicanos están algo o muy a favor de la aplicación de la pena de muerte para aquellos encontrados culpables de asesinato, y considera que de aplicarse se reduciría el número de homicidios, mientras que 26 por ciento se opone. De ese 71 por ciento, 34 por ciento dijo que está muy a favor y el 37 por ciento que algo a favor.

La encuesta en México se aplicó a mil 200 personas entre el 23 y el 25 de febrero de 2007. Pero también fue aplicada en Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España.

En el caso de EU, 42 por ciento se mostró muy a favor de la pena de muerte, mientras que 27 por ciento se dijo algo a favor y 13 por ciento se manifestó totalmente en contra. En Gran Bretaña, 29 por ciento se mostró totalmente a favor de este castigo, y el mismo porcentaje se dijo totalmente en contra.

Lo cierto es que ante el exagerado número de homicidios existe una fuerte discusión sobre la posibilidad de implantar la pena de muerte para limitar los delitos de esta naturaleza.

A nivel internacional en alguna ocasión el presidente de Perú Alan García se mostró a favor de aplicar la pena capital para quienes violen y asesinen niños, sumándose a la polémica que ha desatado una propuesta para reimplantar en Perú la condena a muerte para los abusadores sexuales de menores. Ya que actualmente la legislación peruana señala una pena de cadena perpetua para quien viole a un niño de 7 años o menos y la pena de muerte sólo se aplica en caso de traición a la patria en tiempos de guerra, según la Constitución.

En Guatemala por ejemplo en febrero de 2008 se implementó de nueva cuenta la pena de muerte esto debido al incremento de la violencia en el país.

De igual forma como candidato presidencial demócrata Barack Obama, actual presidente de los Estados Unidos de América, mencionó que está a favor de la pena de muerte para quienes abusan de menores, después de que la Corte Suprema estadounidense considerara hoy lo contrario.

Y asimismo en México el coordinador de los diputados del PRI, la anterior legislatura, Emilio Gamboa se pronunció a favor de la pena de muerte para secuestradores si se sigue incrementando este delito.

Ya que en la actualidad la pena de muerte debe implementarse puesto que es necesaria para los delincuentes, porque las víctimas de estos delitos son personas inocentes que se ven sujetas a la más temible saña, debido a que los mismos delincuentes amenazan y degradan con crueldad, no sólo a la víctima sino también a sus familiares.

El secuestro y el homicidio a últimas fechas se han convertido en delitos muy frecuente en el ámbito nacional, de continuar siendo más redituable que el narcotráfico, y la delincuencia organizada, este delito no será posible parar si no existe una medida enérgica para combatirlo.

Es muy fácil para los delincuentes hacer grandes fortunas con tanta facilidad ya que de antemano saben que el delito que cometen no tiene un castigo severo y en la mayoría de los casos ni es castigado.

La pena de muerte es un tipo de reacción social para combatir o disminuir un poco este delito, mismo que la mayoría de las víctimas y sus familiares solicitan.

Cadena Perpetua

Si bien la cadena perpetua no se prevé en la legislación mexicana, desde el Código Penal de 1871, pasando por los de 1929 y 1931 las circunstancias del país han cambiado y resulta necesario considerarla ante los altos índices de delincuencia que se presentan, primordialmente en el Distrito Federal y los estados del Norte.

El sicario, por ejemplo, promueve un clima de terror por las zonas donde opera. En nuestro país ya se cometen asesinatos a sangre fría, y el móvil va desde el robo hasta al ajusticiamiento y quienes lo promueven son, muchos de ellos personas que han sido ex reos.

El secuestro, por ejemplo, inhibe las inversiones, además de golpear la economía de cientos de familias, como ejemplo tenemos la zona hotelera de Guerrero y ya no decir la pérdida de la vida de las víctimas. Mientras que en el caso del homicida que actúa repetidamente tiene nuestras actuales leyes la posibilidad de recibir algún beneficio, a pesar del gran daño que origina.

Por otro lado, la violación es un acto que lesiona a nuestra sociedad, ya que quien comete este tipo de delito en muchas ocasiones lo hace como un símbolo de poderío, de satisfacción sexual o de agresión.

En el rubro de la violación, en la capital las estadísticas del Gobierno Local revelan que en promedio se cometen 6 diarios, y de este número, dos son de forma tumultuaria, es decir cometidas por más de dos personas.

La agresión que sólo un individuo hace a su víctima no es la misma lesión física o moral que la que pueden cometer dos, cinco ó diez individuos, ya que el temor es múltiple, la introducción vaginal, anal o bucal es múltiple y el daño moral y físico es amplio, porque en un tipo de violación tumultuaria hay premeditación, alevosía y ventaja.

La cadena perpetúa es el método idóneo para terminar con aquellos que viven del dolor ajeno. Sin lugar a dudas esta propuesta no es la única solución, pero sí se puede convertir en un importante avance con miras a fortalecer la seguridad de la población. Ya que en países como Chile, Perú o Ecuador, se ha considerado la cadena perpetúa como medida para combatir los altos índices de delincuencia, y es, en este sentido, siendo la Ciudad de México la zona más importante de América Latina, nuestra ciudad no puede quedar rezagada, por lo que debe ser parte ya de este proceso de modernización en materia penal, más cuando es ya una exigencia de diversos sectores de la población la necesidad de mejorar nuestra legislación y adaptarla a nuestra realidad.

Contrariamente a lo que siempre se ha considerado en el sentido de que la pena de muerte es el castigo más severo que un delincuente pueda recibir; la cadena perpetua constituye un castigo real y aplicado adecuadamente donde puede persuadir a los delincuentes para no realizar delitos de máxima gravedad.

En consecuencia, la pena más dura debe constituir un castigo que el delincuente persiga como tal. La cadena perpetua es un castigo que puede inhibir al delincuente a cometer diversos ilícitos.

La idea de perder la libertad hasta con el fin de sus días, origina en un delincuente mayor miedo y le permite reflexionar aún más la posibilidad de cometer ilícitos graves. Si el delito es grave, la pena debe ser igualmente grave; y si es muy grave el delito, la pena debe ser muy dura para quien lo comete.

Es así que el papel de los legisladores es la creación de leyes que respondan a las necesidades de la población y a su vez que den la certeza de convivir en una sociedad más justa; al mismo tiempo, el papel de quien imparte justicia es reparar en la medida de lo posible a las víctimas y a la sociedad del daño que se produjo y crear una medida ejemplar en el resto de los ciudadanos por medio de un castigo justo, oportuno y duro, que sea proporcional al delito cometido, pero no así equivalente.

De tal manera que una medida como la cadena perpetua se asemeja a un verdadero concepto de justicia, y como sociedad tenemos derecho a protegernos y mostrar señales disciplinarias a quienes pudieran estar interesados en cometer algún delito grave.

El fenómeno de la delincuencia si bien en los efectos no ha cambiado, es decir en el daño a la integridad de las personas, a la convivencia social, a su patrimonio, a su salud y desde luego a las instituciones, en cambio, en su forma de operar y de interactuar sí lo ha hecho, siendo vigente en la actualidad una delincuencia altamente preparada y organizada.

Exposición de Motivos

Se reforma el artículo 22 constitucional para que se contemple a la pena de muerte y a la cadena perpetua como opciones de penas o castigos para los Estados de la República y al Distrito Federal con el fin, de que, el Congreso que lo acepte tenga la posibilidad de modificar su ordenamiento penal para endurecer las penas del fuero común como es el Secuestro y el Homicidio, por ello se estable que sólo se podrá imponer pena de muerte al homicida con alevosía, premeditación y ventaja y cadena perpetua al plagiario

Asimismo, se establece como concepto de cadena perpetua como la privación de la libertad personal vitalicia, es decir, hasta por el término de la vida del reo. Y su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos de las Entidades del país o del Ejecutivo federal conforme a resolución judicial.

Lo anterior, puede resolver el grave problema de homicidios dolosos que se cometen en el país, tan solo esta la estadística de que en la república hay un ejecutado cada hora, de acuerdo con la investigación que hizo el periódico Milenio y que publicó detalladamente l día dos de enero:

“El año pasado ocurrieron 8 mil 281 narcoejecuciones, que significaron un promedio de 22 crímenes diarios, es decir, uno cada 65 minutos. Lo que hace que 2009 sea el más violento del sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con el recuento de Milenio.

Lo anterior contrasta con los 2 mil 773 asesinatos contabilizados en 2007, cuando el promedio de ejecuciones apenas era de siete al día, lo que significa que en menos de tres años el narcotráfico elevó sus delitos en 314 por ciento.

Durante 2008 el promedio de muertes al día se elevó a 15, cerrando el año con 5 mil 661, cifra 30 por ciento menor al total de ejecuciones ocurridas en 2009.

Chihuahua fue el más violento con 3 mil 637 muertes en 2009, y superó en mil 500 casos a los contabilizados un año antes y en más de 3 mil a las ocurridas en 2007.

En Ciudad Juárez se cometieron 71 por ciento de las ejecuciones documentadas este año en Chihuahua, lo que significa un aumento de 40 por ciento si se compara con 2008.

Guerrero es el segundo estado más violento, pues duplicó las 465 muertes que se habían sumado en 2008, seguido por Sinaloa, donde se cometieron 814 homicidios, cifra menor a las 945 de 2008, pero mayor a las 476 de 2007.

En 2009 también transcurrieron los días más violentos del sexenio. El primero fue el 16 de diciembre, cuando resultó muerto Arturo Beltrán Leyva durante un operativo de la Marina en Morelos. Ese día hubo 64 asesinatos.

El segundo día con mayor número de muertes fue el 10 de febrero,0 cuando un comando ultimó a 21 sujetos en Villa Ahumada, Chihuahua, además de otras 30 víctimas en ocho estados, seguido por el 2 de septiembre, con 50 ejecuciones

Las policías municipales fueron las que mayor número de asesinatos tuvieron con 218, seguido por 121 federales, 83 estatales, 16 de seguridad privada y 37 soldados.

El mayor número de policías ejecutados ocurrió en Chihuahua con 110 en 2009, seguido por Guerrero con 64, Michoacán con 60 y Sinaloa con 45 policías.

Los crímenes incluyeron la muerte de 149 menores de edad en todo el año, así como la ejecución de 411 mujeres, siendo diciembre el más cruento para ellas pues se registraron 75 asesinatos.

Otras de las víctimas fueron los funcionarios, pues en 2009 ultimaron a 37, además de 466 policías y militares caídos. Sin embargo, en 2008 se registró la muerte de 94 efectivos más que este año.

Destaca que 89 por ciento de los asesinatos en 2009 fueron en las entidades en las que el gobierno federal mantiene operativos militares: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Ayer, 19 muertos

Este año comenzó con 19 ejecuciones en cuatro estados, destacando Chihuahua con 10 crímenes: cinco en Ciudad Juárez; en Guerrero mataron a uno, en Bocayna a dos y en Guadalupe y Calvo a otros dos.

Finalmente, en Baja California asesinaron a cinco; Durango, dos, y Michoacán, otros dos.

Otro argumento que refuerza la esencia de esta iniciativa es la captura de dos delincuentes catalogados como “muy peligrosos”, se trata de Manuel García Simental (alias El Teo) a quién se le atribuye más de 600 muertes y Raydel López Uriarte (El Muletas), dos presuntos cabecillas del cártel de Sinaloa a los que se le imputan varios asesinatos y secuestros en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California.

El Senado de la República se llevó a cabo el foro denominado Alto al secuestro, donde los representantes de la sociedad civil se pronunciaron a favor de la pena de muerte en contra de secuestradores. El diario Milenio realizó una crónica de una de las participantes que se pronunció a favor de esta medida:

Con la voz quebrada, a punto del llanto, Miranda de Wallace recriminó ante el foro las facilidades que otorga la ley a los plagiarios, y deja descubiertas a las víctimas.

Narró su experiencia.

“Yo en mi caso perdí lo más importante que era mi hijo, estoy luchando repitiendo desde 5 años la incompetencia de un sistema, que no ha sido capaz de responder a una mujer. Eso es lo rico de este foro, escuchar la parte jurídica y teórica, pero tienen que escuchar el dolor, la conciencia de los que están viviendo este problema, porque no somos números ni papeles”.

3/03/10 Milenio

El periódico El Universal publicó el día 16 de julio del presente lo siguiente:

“El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, informó que hasta el viernes pasado la cifra de ejecuciones vinculadas al crimen organizado en el país registradas durante esta administración, era de 24 mil 826.

”En conferencia de prensa, aseguró que hasta ahora no se han registrado actos de narcoterrorismo, ya que el objetivo que mueve a la delincuencia en el país es la ambición, la satisfacción de necesidades materiales.

”Destacó que, salvo en algunos casos muy concretos, no hay entre los grupos del crimen organizado que operan en México, expresiones dogmáticas, es decir, alguna forma de ideología que esté buscando modificar las estructuras del poder político”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la presente iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Decreto

Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 22.Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I.Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II.Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a)Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b)Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c)Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d)Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III.Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

La pena de muerte solo podrá imponerse al narcotraficante, al plagiario o al violador que hayan privado de la vida a su víctima y al homicida que haya actuado con alevosía, premeditación y ventaja; y cadena perpetua al plagiario que a su víctima le ocasione la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro o de un órgano.

Transitorios

Único. El presente decreto de reformas y adiciones entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputado Ricardo Ahued Bardahuil, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción III y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 2, se reforma el cuarto párrafo de la fracción I y la fracción V del artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente exposición de motivos se divide en cinco apartados que abordan los antecedentes generales del impuesto a los depósitos en efectivo, análisis jurídico, fiscal, económico, y la justificación de una propuesta de reforma legislativa, para su mejor comprensión se presentan de la siguiente forma:

I. Antecedentes

2. Antecedentes legislativos del impuesto a los depósitos en efectivo

3. Iniciativas pendientes

II. Análisis jurídico del impuesto a los depósitos en efectivo

2. Estudio comparado del impuesto a los depósitos en efectivo en América Latina.

3. Principios constitucionales en materia tributaria

4. El impuesto a los depósitos en efectivo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

III. Análisis económico-fiscal

1. Análisis estructural del IDE

2. Régimen de pequeños contribuyentes

IV. Viabilidad presupuestal

V. Propuesta legislativa

1. Justificación de la propuesta legislativa

2. Síntesis de la propuesta legislativa

I. Antecedentes

1. Aspectos fundamentales del impuesto a los depósitos en efectivo

Objeto del impuesto (artículo 1 de la LIDE)

Todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por un monto acumulado mayor de $15,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero.

No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor de personas físicas y morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, aún cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba.

Sujetos obligados (artículo 1 LIDE).

Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto establecido en la ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero.

Sujetos exentos del impuesto (artículo 2 LIDE)

No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:

• La federación, las entidades federativas, los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal que, conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la Federación, estén considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

• Las personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $15,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en los términos de esta ley.

• Las instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias con motivo de su intermediación financiera o de la compraventa de moneda extranjera.

• Las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus cuentas que a su vez sean ingresos por los que no se pague el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 109, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Las personas físicas, con excepción de las que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.

Tasa (artículo 3 LIDE)

El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la tasa del 3% al importe total de los depósitos gravados por la ley.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el depósito corresponde al titular registrado de la cuenta.

2. Antecedentes legislativos del impuesto a los depósitos en efectivo

• En el mes de junio de 2007, el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa, presentó la iniciativa de Ley del Impuesto contra la Informalidad, cuyo objeto era crear un impuesto complementario al Impuesto sobre la Renta, para gravar aquellos ingresos que no están sustentados en una actividad inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes y a ampliar la base de contribuyentes para lograr una mayor equidad en la obligación de contribuir al gasto público, en otras palabras gravar a los comerciantes informales que no estaban inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y por lo tanto no pagan impuestos.

• El 11 de septiembre de 2007, se presentó el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el proyecto de decreto por el que se expedía la Ley del Impuesto al Depósito en Efectivo, en el cual se dictaminaba la iniciativa de Ley del Impuesto contra la Informalidad, la cual compartió las razones expuestas por el ejecutivo, y los fines extrafiscales del impuesto, y con el fin de otorgar a las instituciones del sistema financiero el tiempo necesario para que adecuen sus programas y sistemas informáticos, postergó su inicio de vigencia al 1 de julio de 2008, asimismo, consideró que “en atención a que el objeto del impuesto, la realización de depósitos en efectivo, aún cuando su función principal será identificar a aquellas personas que omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución, la que dictamina considera conveniente que exista congruencia entre la denominación del impuesto y su objeto, por lo que propone modificar su nombre y el de la Ley, para quedar como: impuesto a los depósitos en efectivo y Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, respectivamente”.

• Es así que el 13 de septiembre de 2007 fue aprobado por mayoría en la honorable Cámara de Diputados y fue enviada a la Cámara de Senadores.

• El 13 de septiembre de 2007, la honorable Cámara de Diputados remitió la minuta con proyecto de decreto de la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo,  a la Cámara de Senadores, la Comisión de Hacienda y Crédito Público concordó con la minuta aprobada, por lo que dicho proyecto de decreto fue aprobado por mayoría en la Cámara de Senadores el 14 de septiembre de 2007.

• Es así que la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 y entró en vigor el 1 de julio de 2008.

• El 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados nueve documentos que integran el paquete económico, en donde se propuso establecer que el IDE se calcule aplicando una tasa del 3% en lugar del 2% al importe total de los depósitos gravados y reducir el límite de exención del impuesto de 25 mil a 15 mil pesos mensuales. Misma reforma que fue aprobada y entró en vigor el 1 de enero de 2010.

3. Iniciativas pendientes

Desde que se estableció la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo, se ha reformado en una sola ocasión el pasado cinco de diciembre de 2009, en donde se propuso establecer que el IDE se calcule aplicando una tasa del 3% en lugar del 2% al importe total de los depósitos gravados y reducir el límite de exención del impuesto de 25 mil a 15 mil pesos mensuales.

Actualmente se encuentran pendientes de dictaminarse nueve iniciativas relacionadas con la LIDE, en la Cámara de Senadores se han presentado 4 iniciativas, (por parte de diputados de los Grupos Parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y PT), en la Cámara de Diputados se han presentado 4 iniciativas, (todas por parte de diputados del Grupo Parlamentario de PRI) y finalmente el Congreso estatal de Colima, presentó una iniciativa el 21 de octubre de 2008.

De las nueve iniciativas presentadas, 2 pretenden abrogar la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, las demás presentan diversas reformas a la ley con el objeto de exentar del impuesto las remesas provenientes de EUA, a todos los contribuyentes que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, o a las personas que acrediten ante la institución del sistema financiero el depósito provenga del ahorro educativo mensual. Asimismo pretenden, exentar a las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de 40 mil pesos, así como disminuir la tasa al 1 por ciento sobre el excedente gravado. Otras iniciativas pretenden mejorar el proceso de acreditación, permitir que el IDE sea acreditable o compensable contra cualquier contribución federal: primero contra el ISR, después contra el ISR retenido a terceros, posteriormente contra el impuesto al valor agregado (IVA) y, de persistir un saldo a favor, contra cualquier otra contribución federal, así como establecer que una vez hecha la solicitud de devolución por el contribuyente, la autoridad cuente con 10 días hábiles para dar respuesta a dicho pedimento. Tal como se demuestra en la siguiente tabla

Independientemente de lo variado que son las iniciativas de reforma, todas concuerdan con que la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo, no está cumpliendo con su objetivo originario y que está afectando a personas físicas y morales que si están pagando impuestos y que a pesar de lo anterior son sujetos obligados del Impuesto multicitado.

II. Análisis jurídico del impuesto a los depósitos en efectivo

1. Ratio legis del impuesto a los depósitos en efectivo

Tal como ya se señaló anteriormente la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, surge a partir de la iniciativa presentada por el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, en la que se proponía crear el Impuesto en contra de la Informalidad, en cuya exposición de motivos, se referían entre otros las siguientes razones:

1.  El comportamiento de la recaudación, al ser comparado con países con desarrollo similar al nuestro, el porcentaje es inferior al de aquéllos, considerando que la evasión fiscal se ha incrementado en un nivel superior al 15%.

2. La evasión fiscal se realiza en diversas formas, entre ellas la de un amplio mercado informal, la prestación de servicios y la venta de bienes sin expedición de facturas, así como la creación de esquemas sofisticados para evadir el pago de contribuciones, entre otros.

3. Es necesario proveer a la autoridad fiscal de herramientas adecuadas que le permitan concientizar a los contribuyentes de la importancia de cumplir adecuada y oportunamente con sus obligaciones fiscales y facilitar el cumplimiento de éstas, a efecto de propiciar una recaudación eficiente, que proporcione los ingresos necesarios para sufragar el gasto público.

4. Algunas personas, tanto físicas como morales, inscritas o no ante el Registro Federal de Contribuyentes, obtienen ingresos que no declaran al fisco y por los que deberían pagar impuestos, o bien, se encuentran registradas pero declaran encontrarse en suspensión de actividades, no obstante que las continúan realizando sin pagar impuestos.

Es por lo anterior que el Ejecutivo decidió proponer incorporar una nueva contribución federal, complementaria del impuesto sobre la renta y auxiliar en el control de la evasión fiscal. Como un gravamen de control del flujo de efectivo, que impacte en quienes obtienen ingresos que no son declarados a las autoridades fiscales.

Se señala dentro de la exposición de motivos de la iniciativa citada, que los objetivos de la Ley del Impuesto contra la Informalidad que se proponía se circunscriben a gravar aquellos ingresos que no están sustentados en una actividad inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes y a ampliar la base de contribuyentes para lograr una mayor equidad en la obligación de contribuir al gasto público.

Es así que el impuesto propuesto buscaba un fin extrafiscal y de control, complementario del impuesto sobre la renta, cuya función principal será identificar a aquellas personas que omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución, ya sea porque no soliciten su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, porque omitan expedir comprobantes por las actividades que realizan o porque consignen ingresos acumulables menores a los reales en las declaraciones que presenten para fines fiscales, tal como lo establece el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de fecha 11 de septiembre de 2007, de la honorable Cámara de Diputados.

Es así que de lo anterior, se pueden desprender las siguientes conclusiones:

1. El impuesto a los depósitos en efectivo, es un impuesto complementario del impuesto sobre la renta.

2. Que tiene un fin extrafiscal que es gravar el ingreso de aquellas personas que omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución, es decir los comerciantes informales.

Por lo anterior, las únicos sujetos obligados a pagar dicho impuesto son aquellos que no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o que omitan declarar sus ingresos, y no así aquellas personas físicas o morales que estén debidamente inscritos y que declaren conforme a la Ley el Impuesto sobre a la Renta, ya que en caso contrario, el impuesto a los depósitos en efectivo dejaría de ser complementario, y estaría gravando la misma base.

2. Estudio comparado del impuesto a los depósitos en efectivo en América Latina

Países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia Ecuador Bolivia y Perú, desde la década de los 80’s, han impuesto gravámenes a las operaciones bancarias realizadas en efectivo.

El impuesto a los depósitos en efectivo, es denominado impuesto a las transacciones financieras en diversos países de América Latina, Argentina lo implementó en 1983, 1988 y 2001, Brasil, en 1994 y 1997, Colombia en 1998, Venezuela 1994 y 1998, Ecuador en 1999 y Perú en 1989. Todos estos países optaron en algún momento por imponer impuestos a las transacciones bancarias como fórmula para incrementar la recaudación fiscal.

En países como Brasil y Colombia inclusive han aumentado el impuesto con el paso de los años

Caso Argentina

En Argentina el ITF se aplicó en 1983, 1988, 1990, 1991 y 2001. Con tasas del .07 al 1 por ciento respecto de las transacciones realizadas.

Caso Perú

En Perú el gobierno de Alejandro Toledo, aprobó por decreto a partir del mes de febrero de la gestión 2004, El nuevo impuesto gravó con un 0,15% todas las transacciones bancarias que se realizaban en su país, con la excepción de unas cuantas operaciones como los pagos de créditos para programas de vivienda de bajo coste y las operaciones del Estado. El objetivo fue recaudar 1.500 millones de soles (356 millones de euros) anuales para equilibrar las cuentas públicas.

Caso Brasil

En el caso del Brasil el propio mandatario, Lula da Silva, recurrió a este sistema para incrementar los ingresos públicos. El impuesto ya existía cuando él llego a la Presidencia, de hecho lleva vigente más de 10 años, pero Lula, además de mantenerlo, lo ha subido hasta el 0,38%. Su intención es recaudar 7.000 millones de dólares (5.511 millones de euros) al año.

Caso Venezuela

En Venezuela, Hugo Chávez creó el ITF en marzo de 2002. Las transacciones bancarias se gravan con un 0,75% y los ingresos públicos que esperaba obtener con este impuesto eran de entre 1.000 y 1.500 millones de bolívares (492.000 y 738.000 euros). Dicho Impuesto resultó derogado el 12 de junio de 2008.

Caso Colombia

Una situación similar a la de Brasil se dio en Colombia. A finales de 1998 aparece el Impuesto a las Transacciones Financieras como una alternativa para evitar el colapso del sistema financiero Colombiano. Estableciendo una contribución sobre transacciones financieras como un tributo a cargo de los usuarios del sistema financiero, con una tarifa equivalente al 2 x 1000. Estaba previsto que esta contribución tuviera un carácter temporal con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999; sin embargo, como consecuencia de las necesidades surgidas a raíz del terremoto ocurrido en la región cafetera, la vigencia del tributo se prolongó hasta finales del año 2.000 con el fin de atender la financiación de vivienda de interés social, otorgar subsidios de vivienda, dotación de instituciones oficiales de educación y salud, como la concesión de créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas.

Al finalizar el año 2.000 por medio de la Ley Nº 633 se estableció en Colombia el Gravamen a los Movimientos Financieros GMF como nuevo impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, de carácter permanente y con una tarifa del 3 x 1.000.

Caso Ecuador

El gobierno ecuatoriano lo aplicó luego de una crisis monetaria y una depresión en 1999. Ecuador dolarizó su economía en el 2000, y no ha subido sus impuestos, es más, eliminó el año 2002 un detestado impuesto del 0.8 por ciento a las transacciones financieras que generó el 20 por ciento de los ingresos no-petroleros en el 2000.

Caso Bolivia

Mediante ley de 1 de abril de 2004, se creó en Bolivia el impuesto a las transacciones financieras, después de su aprobación en el Congreso Nacional en el mes de marzo, con carácter transitorio de dos años; el mismo que entró en vigencia a partir del 1 de julio del mismo año.

Durante el primer año, la tasa cobrada sería de 0,3% mientras que en el segundo año, dicha tasa se reduciría a 0,25%.

3. Principios constitucionales en materia tributaria

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableces en el artículo 31, fracción cuarta, los principios de Proporcionalidad y Equidad, los cuales deben ser considerados ante cualquier imposición fiscal a los gobernados, es decir, cualquier imposición fiscal que atente contra los principios de proporcionalidad y equidad es inconstitucional. El artículo 31 de la Constitución establece:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Principio de equidad tributaria

Tal como se desprende de la jurisprudencia que a continuación se cita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que para que una Ley no viole el principio de equidad, deben cumplirse los siguientes supuestos:

1. Exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga);

2. De existir esa situación comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida);

3. De reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y,

4. De actualizarse esas tres condiciones, se requiere, además, que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos

Registro No. 173029

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Marzo de 2007

Página: 334

Tesis: 2a./J. 31/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Equidad tributaria. Criterios para determinar si el legislador respeta dicho principio constitucional.

Los criterios generales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consisten en que: 1) exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga); 2) de existir esa situación comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida); 3) de reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) de actualizarse esas tres condiciones, se requiere, además, que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el examen de constitucionalidad de una ley bajo el principio de equidad tributaria precisa de la valoración de determinadas condiciones, de manera escalonada, generando que el incumplimiento de cualquiera de éstas sea suficiente para estimar que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesario el estudio de las demás.

Amparo en revisión 278/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de R.L. de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1160/2006. Universidad Regiomontana, A.C. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1342/2006. Multiasistencia, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1383/2006. Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 1416/2006. Inmobiliaria Nacional Mexicana, S. de R.L. de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

Tesis de jurisprudencia 31/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de febrero de dos mil siete.

Es así que si analizamos el caso en concreto de la acreditación del impuesto a los depósitos en efectivo, la ley vigente establece en sus artículos 7 y 8 que podrá compensarse el impuesto frente al impuesto sobre la renta acreditado, pudiendo ser éste un mecanismo efectivo para compensar el impuesto a los depósitos en efectivo y no caer en el supuesto de doble tributación.

No obstante lo anterior, si uno revisa el caso del régimen de pequeños contribuyentes (Repeco) encontramos que dichos sujetos, están en aptitud de pagar una cuota única, supuesto en el cual dejarían de enterar el impuestos sobre la renta, lo cual los dejaría imposibilitados para compensar el impuesto a los depósitos en efectivo, en virtud de las disposiciones legales vigentes. De tal manera que es evidente que no se cumplen los cuatro supuestos señalados y por consiguiente la Ley Vigente del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, transgrede el principio de equidad tributaria en perjuicio de los pequeños contribuyentes, en virtud de no establecer mecanismos de compensación del impuesto frente a la Tasa Única.

Principio de proporcionalidad tributaria

Tal como lo refiere el criterio jurisprudencial, emitido por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita, el principio de proporcionalidad tributaria se refiere a la capacidad económica de los contribuyentes, estableciendo una premisa de contribución conforme a la cual quienes cuentan con mayores posibilidades económicas tributarán en forma cualitativamente superior a la de quienes tienen posibilidades más reducidas.

Registro No. 168824

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVIII, Septiembre de 2008

Página: 1392

Tesis: I.4o.C.26 K

Tesis Aislada

Materia(s): Común

Principio de proporcionalidad y proporcionalidad tributaria. Sus diferencias.

No debe confundirse el principio de proporcionalidad entendido como herramienta de interpretación para establecer los límites en la relación de los principios constitucionales contendientes en caso de colisión, ya entre ellos o con algún bien jurídico constitucionalmente legítimo, con el concepto fiscal contenido en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Efectivamente, el principio de proporcionalidad como instrumento de interpretación, sirve para hacer una ponderación sobre la idoneidad, fin legítimo y debida adecuación de la intervención estatal en los derechos fundamentales del gobernado. También supone una característica de necesidad e indispensabilidad de la intervención por una parte, al tiempo que de moderación por otra. En suma, la estructura argumentativa del principio de proporcionalidad es la siguiente: 1) determinar la importancia del derecho fundamental y el fin judicial o legislativo que se le opone; 2) comparar la relevancia de ambos, es decir, las intensidades en que éste se beneficia por la intervención en aquél; y 3) formular una regla de precedencia entre dichas posiciones, que disponga cuál de dichos intereses debe ceder frente al otro en el caso concreto, si el protegido por el derecho fundamental o el principio constitucional que apoya el fin judicial o legislativo; en cambio, el principio de proporcionalidad tributaria se refiere a la capacidad económica de los contribuyentes, estableciendo una premisa de contribución conforme a la cual quienes cuentan con mayores posibilidades económicas tributarán en forma cualitativamente superior a la de quienes tienen posibilidades más reducidas.

Cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito.

Amparo en revisión 265/2006. Javier Quijano Baz. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Martín Contreras García.

En el supuesto del Impuesto a los depósitos en efectivo, al existir una sola tasa aplicable a los depósitos que excedan los 15,000 pesos acumulados durante el mes, no importando la cantidad depositada, monto directamente relacionado con el ingreso, se estaría pagando dicho impuesto de forma desproporcional. Mayor es la desproporcionalidad si el monto depositado proviene de un ingreso ya gravado.

La naturaleza del impuesto a los depósitos en efectivo, tiene una íntima relación con los impuestos indirectos, pues gravan manifestaciones indirectas de riqueza, es decir, gravan las manifestaciones indirectas de los ingresos de aquellas personas que no están inscritas como contribuyentes y por lo tanto no realizan declaraciones respecto de sus ingresos, ya que tal como se señaló anteriormente, uno de los objetivos extrafiscales del impuesto, es buscar que los comerciantes informales que no pagaban impuestos, respecto de sus ingresos, lo hicieran pro medio de las manifestaciones indirectas de su riqueza, traducidas en los depósitos en efectivo realizados por éstas.

Es así que tal como lo señala la siguiente Jurisprudencia, es necesario vincular el principio de proporcionalidad al objeto del impuesto, de tal forma que si se toma en cuenta que el objeto del impuesto son los depósitos en efectivo, los cuales pueden provenir del ingreso gravado o no, de los sujetos pasivos del impuesto, es así que en el caso en que dicho depósito provenga de ingresos ya gravados, se estaría situando en el supuesto evidente de desproporcionalidad, tal como se demostrará en el apartado tercero de la presente exposición de motivos.

Registro No. 175025

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Mayo de 2006

Página: 298

Tesis: 2a./J. 56/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Proporcionalidad tributaria. Alcance de dicho principio en relación con los impuestos indirectos.

Los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, gravan manifestaciones indirectas de riqueza, es decir, atienden al patrimonio que la soporta -el del consumidor contribuyente de facto-, de manera que sin conocer su dimensión exacta y sin cuantificarlo positivamente, el legislador considera que si dicho patrimonio es suficiente para soportar el consumo, también lo es para pagar el impuesto; de ahí que la sola remisión a la capacidad contributiva del sujeto pasivo es insuficiente para establecer un criterio general de justicia tributaria, toda vez que un simple análisis de la relación cuantitativa entre la contraprestación recibida por el proveedor del bien o del servicio y el monto del impuesto, no otorga elementos que permitan pronunciarse sobre su proporcionalidad, por lo que el estudio que ha de efectuarse debe circunscribirse a la dimensión jurídica del principio de proporcionalidad tributaria, lo que se traduce en que es necesario que exista una estrecha vinculación entre el objeto del impuesto y el monto del gravamen. Consecuentemente, en el caso del impuesto al valor agregado el citado principio constitucional exige, como regla general -es decir, exceptuando las alteraciones inherentes a los actos o actividades exentos y a los sujetos a tasa cero-, que se vincule el objeto del impuesto -el valor que se añade al realizar los actos o actividades gravadas por dicho tributo-, con la cantidad líquida que se ha de cubrir por dicho concepto, y para tal efecto, resulta necesario atender al impuesto causado y trasladado por el contribuyente a sus clientes, al impuesto acreditable trasladado por los proveedores al causante y, principalmente, a la figura jurídica del acreditamiento, toda vez que ésta, al permitir que se disminuya el impuesto causado en la medida del impuesto acreditable, tiene como efecto que el contribuyente efectúe una aportación a los gastos públicos que equivale precisamente al valor que agrega en los procesos de producción y distribución de satisfactores.

Amparo en revisión 126/2005. Jorge Armando López Lara y otros. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Amparo en revisión 301/2005. Ramón Hernández Montero. 8 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.

Amparo en revisión 303/2005. Jesús Humberto Santoyo Arce. 22 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Amparo en revisión 618/2005. Hilda Hernández Valencia. 20 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Amparo en revisión 629/2005. Ma. Concepción Álvarez Valadez. 20 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 56/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de abril de dos mil seis.

Doble tributación

Si bien en sí mismo, la doble tributación no está regulada por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, es evidente que su existencia atenta contra el principio de proporcionalidad, tal como lo establecen los siguientes criterios jurisprudenciales.

Registro No. 206079

Localización:

Octava Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988

Página: 139

Tesis: P. 23

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Doble tributación. En sí misma no es inconstitucional.

Es tendencia de la política fiscal en la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributación con el objeto de realizar una efectiva justicia fiscal; sin embargo, éste fenómeno impositivo no está prohibido por ningún artículo de la Constitución Federal de tal suerte que en sí mismo no es inconstitucional. Lo que la Carta Magna prohíbe en su artículo 31, fracción IV, entre otros supuestos, es que los tributos sean desproporcionados, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para los gastos públicos; pero no que haya doble tributación.

Amparo en revisión 6168/63. Alfonso Córdoba Mendoza y coagraviados. 12 de febrero de 1974. Mayoría de dieciocho votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Jiménez Castro, Rivera Silva, Huitrón, Rojina Villegas, Rocha Cordero, Iñárritu, Palacios Vargas, Solís López, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, Saracho Álvarez, del Río, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra, Aguilar Álvarez y Presidente en funciones Rebolledo; contra el voto de Burguette Farrera. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Juan Muñoz Sánchez.

Séptima Época, Volumen 62, Primera Parte, página 23.

Amparo en revisión 8481/50. Hoffman Pinther and Bosworth, S.A. y otro. 17 de junio de 1975. Mayoría de catorce votos de los señores Ministros: Franco Rodríguez, Rebolledo, Huitrón, Rocha Cordero, Martínez Ulloa, Iñárritu, Serrano Robles, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, Saracho Álvarez, del Río, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra y Presidente Guerrero López; contra el voto de Burguette Farrera. Ponente: Mario G. Rebolledo. Secretario: Isidro Gutiérrez González.

Séptima Época, Volumen 78, Primera Parte, página 64.

Amparo en revisión 1597/65. Pablo Legorreta Chauvet y coagraviados. 12 de abril de 1977. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Abitia Arzapalo, Lozano Ramírez, Rocha Cordero, Rebolledo, Serrano Robles, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, del Río, Calleja García, Aguilar Álvarez y Presidente Téllez Cruces. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Secretario: Efraín Polo Bernal.

Séptima Época, Volúmenes 97-102, Primera Parte, página 72.

Amparo en revisión 402/76. J. Jesús Castellanos Castellanos. 3 de enero de 1978. Unanimidad de quince votos de los señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos Tena, Langle Martínez, Abitia Arzapalo, Lozano Ramírez, Rebolledo, Palacios Vargas, Serrano Robles, Salmorán de Tamayo, Calleja García, Mondragón Guerra, Aguilar Álvarez y Presidente Téllez Cruces. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Humberto Román Palacios.

Séptima Época, Volúmenes 115-120, Primera Parte, página 167.

Amparo en revisión 5322/50. Siderúrgica de Monterrey, S.A. 6 de marzo de 1984. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: López Aparicio, Cuevas, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Langle Martínez, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y Presidente Iñárritu. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretaria: Atzimba Martínez Nolasco.

Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 50.

Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: Presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Salvador Rocha Díaz, Samuel Alba Leyva, Mariano Azuela Güitrón, Noé Castañón León, Ernesto Díaz Infante, Luis Fernández Doblado, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. (México, D.F., a 19 de octubre de 1988.)

Genealogía:

Informe 1988, Primera Parte, Pleno, tesis 7, página 802-7.

Gaceta número 8-9, Septiembre-Octubre de 1988, página 5.

Apéndice 1917-1995, Primera Parte, Tomo I, Pleno, tesis 109, página 117.

Concordancia: En el Apéndice de Concordancias publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 33 Septiembre de 1990, página 162, a la presente tesis se le asignó el número P. 23/88, por ser éste el número con que fue aprobado por la instancia emisora.

Registro No. 232319

Localización:

Séptima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

181-186 Primera Parte

Página: 50

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Doble tributación, constitucionalidad de la.

La tendencia de la política fiscal de la mayoría de los estados, entre ellos el nuestro, de evitar la doble tributación, tiene por objeto realizar la justicia fiscal. Para lograrlo, diversos países han celebrado convenciones, convenios y modus vivendi, y existen normas de derecho tendientes a evitar la doble tributación; pero es conscientemente buscada por el legislador para lograr diversos fines, como lo son: graduar la imposición o para hacerla más fuerte a través de dos gravámenes que se complementen en lugar de aumentar las cuotas del primeramente establecido; buscar un fin social extra-fiscal; lograr una mayor equidad en la imposición tomando en cuenta la distinta capacidad contributiva de los sujetos pasivos; aun tratar de captar un aumento en el ingreso con mayor comodidad para la administración pública. Sin embargo, no puede decirse que por el solo hecho de que un determinado impuesto dé lugar a una doble tributación sea inconstitucional. Podrá contravenir una sana política tributaria o principios de buena administración fiscal, pero no existe disposición constitucional que la prohíba. Lo que la norma constitucional prohíbe en su artículo 31, fracción IV, es: que los tributos sean exorbitantes o ruinosos; que no estén establecidos por la ley o que no se destinen para gastos públicos; pero no que haya doble tributación. En resumen, una misma fuente de ingreso puede estar gravada por uno o más tributos sin contradecir por ello la Constitución; lo que podría violar la Carta Magna es que con diversos tributos se rompa la proporcionalidad y equidad que deben satisfacer.

Amparo en revisión 5322/50. Siderúrgica de Monterrey, S.A. 6 de marzo de 1984. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Alfonso López Aparicio.

Séptima Época, Primera Parte:

Volúmenes 115-120, página 167. Amparo en revisión 402/76. J. Jesús Castellanos Castellanos. 3 de enero de 1978. Unanimidad de quince votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena.

Volúmenes 97-102, página 72. Amparo en revisión 1597/65. Pablo Legorreta Chauvet y coagraviados. 12 de abril de 1977. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Secretario: Efraín Polo Bernal.

Séptima Época:

Informe 1975, página 418. Amparo en revisión 8481/70. Hoffman Pinther and Boswarth, S.A. y Santiago Gutiérrez Farell. 17 de junio de 1975. Mayoría de catorce votos de los Ministros Franco Rodríguez, Rebolledo, Huitrón, Rocha Cordero, Martínez Ulloa, Iñárritu, Serrano Robles, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, Saracho Álvarez, Del Río, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra y presidente Guerrero López, contra el voto del Ministro Burguete Farrera. Ponente: Mario G. Rebolledo. Secretario: Isidro Gutiérrez González.

Séptima Época, Primera Parte:

Volumen 62, página 23. Amparo en revisión 6168/63. Alfonso Córdoba y coagraviados (acumulados). 12 de febrero de 1974. Mayoría de dieciocho votos. Disidente: Ezequiel Burguete Farrera. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, números 8-9, septiembre-octubre 1988, tesis P./J. 23/88, página 5, de rubro “Doble tributación. En sí misma no es inconstitucional”.

Notas:

Este criterio ha integrado la jurisprudencia P. 23, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 8-9 Septiembre-Octubre de 1988, página 5, de rubro “Doble tributación. En sí misma no es inconstitucional”.

En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro. “Doble tributación, constitucionalidad de la. Impuesto del uno por ciento destinado a la enseñanza”.

Genealogía:

Informe 1975, Primera Parte, Pleno, página 418.

Informe 1977, Primera Parte, Pleno, tesis 27, página 290.

Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, primera tesis relacionada con la jurisprudencia 17, página 49.

Nota: En el Semanario Judicial de la Federación la referencia a la página del asunto amparo en revisión 1597/65, es incorrecta, la cual se corrige, como se observa en este registro.

Los criterios jurisprudenciales antes citados establecen que una misma fuente de ingreso puede estar gravada por uno o más tributos sin contradecir por ello la Constitución; lo que podría violar la Carta Magna es que con diversos tributos se rompa la proporcionalidad y equidad que deben satisfacer. Es así que si analizamos detenidamente el impuesto a los depósitos en efectivo, se encuentra que tuvo como objetivo originario ser un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, gravando los ingresos de aquellas personas que no pagaban impuestos, como lo son los comerciantes informales.

Es importante destacar, que actualmente el procedimiento de compensación del impuesto no es del todo acertado, puesto que tal como se demostrará en el apartado III de la presente exposición de motivos, las personas físicas y morales que ya han enterado el impuesto sobre la renta, se encuentran pagando el impuesto a los depósitos en efectivo, puesto que éste último en lugar de cumplir con su objetivo originario, de ser un impuesto complementario, ha generado un problema de doble tributación en virtud de que la base gravable en múltiples supuestos es la misma que la del impuesto sobre la renta y ésta no es compensada derivado de lo complejo del mecanismo de compensación.

Es así que tal como lo señala la jurisprudencia siguiente, y como se demuestra en el siguiente apartado, el objeto del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, genera una doble tributación cuando dicho depósito proviene de los ingresos ya gravados de sujetos que ya están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y que por su capacidad económica no siempre están en aptitudes de acreditar dicho impuesto.

Registro No. 206023

Localización:

Octava Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988

Página: 133

Tesis: P. 24

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Doble tributación. Prueba de su desproporcionalidad e inequidad.

La doble tributación se justifica si la obligación de aportar la contribución establecida en la ley reclamada no destruye la fuente que le da origen. Teniendo la fuente del impuesto siempre un contenido económico, pues se basa, entre otros supuestos, en el rendimiento del capital, del trabajo, de la combinación de ambos o del conjunto de bienes que integran el patrimonio del contribuyente, es necesario que los particulares promoventes de los juicios de amparo en los que se reclaman leyes que permiten la multigravación, demuestran con pruebas idóneas que la doble tributación es desproporcional en relación con la fuente impositiva a la cual se aplica y que podría poner en peligro la existencia de la misma, produciéndose, por ende, una violación al artículo 31, fracción IV, constitucional; por el contrario, la falta de acreditamiento de esos extremos provoca la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la figura en análisis.

Amparo en revisión 1597/65. Pablo Legorreta Chauvet y coagraviados. 12 de abril de 1977. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Abitia Arzapalo, Lozano Ramírez, Rocha Cordero, Rebolledo Fernández, Serrano Robles, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, del Río Rodríguez, Calleja García, Aguilar Álvarez y Presidente Téllez Cruces. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Secretario: Efraín Polo Bernal.

Séptima Época, Volúmenes, 97-102, Primera Parte, página 72.

Amparo en revisión 1300/75. Automotores Roma, S.A. 4 de mayo de 1977. Unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Rivera Silva, Huitrón y A., Rojina Villegas, Rocha Cordero, Téllez Cruces, Iñárritu, Palacios Vargas, Serrano Robles, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, del Río Rodríguez, Calleja García, Mondragón Guerra y Presidente Rebolledo Fernández. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Secretario: Agustín Pérez Carrillo.

Amparo en revisión 402/76. J. Jesús Castellanos Castellanos. 3 de enero de 1978. Unanimidad de quince votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Langle Martínez, Abitia Arzapalo, Lozano Ramírez, Rebolledo Fernández, Palacios Vargas, Serrano Robles, Salmorán de Tamayo, Calleja García, Mondragón Guerra, Aguilar Álvarez y Presidente Téllez Cruces. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Humberto Román Palacios.

Séptima Época, Volúmenes 115-120, Primera Parte, página 167.

Amparo en revisión 5322/50. Siderúrgica Monterrey, S.A. 6 de marzo de 1984. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Langle Martínez, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y Presidente Iñárritu. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretaria: Atzimba Martínez Nolasco.

Séptima Época, Volúmenes 181-186, Primer Parte, página 51.

Amparo en revisión 7734/83. Micaela Gutiérrez viuda de Muñoz. 12 de julio de 1988. Unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente en funciones Cuevas Mantecón. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García.

Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: Presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Salvador Rocha Díaz, Samuel Alba Leyva, Mariano Azuela Güitrón, Noé Castañón León, Ernesto Díaz Infante, Luis Fernández Doblado, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Angel Suárez Torres, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. (México, D. F., a 19 de octubre de 1988.)

Genealogía:

Informe 1988, Primera Parte, Pleno, tesis 8, página 802-9.

Gaceta número 8-9, Septiembre-Octubre de 1988, página 6.

Apéndice 1917-1995, Primera Parte, Tomo I, Pleno, tesis 110, página 118.

Concordancia: En el Apéndice de Concordancias publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 33 Septiembre de 1990, página 162, a la presente tesis se le asignó el número P. 24/88, por ser éste el número con que fue aprobado por la instancia emisora

4. El impuesto a los depósitos en efectivo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

De una revisión minuciosa de la Jurisprudencia emitida por la SCJN, se desprende que hasta el día de hoy no se ha emitido ningún criterio referente a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

La SCJN, ha emitido tres acuerdos respecto de las resoluciones relacionadas con la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, los acuerdos 6/2008, 12/2008 y 5/2009, en el cual solicita que los amparos en Revisión que se encuentren en los Tribunales Colegiados de Circuito continúen en Trámite, hasta que el Pleno establezca los criterios de resolución, con el fin de salvaguardar la uniformidad y concordancia de las Resoluciones en dicha materia.

El ocho de abril de dos mil ocho, el Tribunal Pleno aprobó el Acuerdo General 6/2008, en el que se determinó lo siguiente:

“Primero. Los Juzgados de Distrito enviarán directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los amparos en revisión en los que se impugnan los artículos (...) de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete (...) vigentes en el año dos mil ocho, en los que se haya dictado o se dictare la sentencia correspondiente y que en su contra se hubiere interpuesto o se interponga el recurso de revisión.”

“Segundo. En los amparos en revisión a que se refiere el punto que antecede y que por haberse interpuesto o se interpusiere el recurso de revisión, se encuentren en los Tribunales Colegiados de Circuito, deberá continuarse el trámite hasta el estado de resolución y aplazarse el dictado de ésta hasta en tanto el Tribunal Pleno establezca los criterios a que se refiere el considerando quinto, y les sean comunicados.”

El primero de diciembre de dos mil ocho, dicho tribunal constitucional aprobó el Acuerdo General 12/2008, en el que se ordenó:

“Primero. Los Juzgados de Distrito enviarán directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los juicios de amparo en los que se impugna la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en vigor a partir del primero de julio de dos mil ocho, en los que se haya dictado o se dictare la sentencia correspondiente y que en su contra se hubiere interpuesto o se interponga el recurso de revisión.

“Segundo. En los juicios de amparo a que se refiere el punto que antecede y que por haberse interpuesto o se interpusiere el recurso de revisión, se encuentren en los Tribunales Colegiados de Circuito, deberá continuarse el trámite hasta el estado de resolución y aplazarse el dictado de ésta hasta en tanto el Tribunal Pleno establezca los criterios a que se refiere el considerando quinto, y les sean comunicados.”

La SCJN, señaló en el acuerdo 5/2009, que al nueve de junio de dos mil nueve, se habían radicado en la SCJN más de mil recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo promovidos en contra de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y más de trescientos en contra de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

En tal virtud, de lo anterior, acordó ordenar a los Jueces de Distrito la suspensión del envío directo a la SCJN y la reserva de la remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito de los referidos recursos de revisión, hasta en tanto las Salas, o en su caso, el Tribunal Pleno, sustenten los criterios jurisprudenciales respectivos.

En consecuencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió el siguiente acuerdo:

Único. Se ordena a los Juzgados de Distrito la suspensión del envío directo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reserva de remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito, de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo en los que se reclaman la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, vigentes a partir del primero de enero y primero de julio de dos mil ocho, respectivamente, hasta en tanto las Salas o, en su caso, el Pleno de este Alto Tribunal, fijen los criterios jurisprudenciales respectivos.

Por consiguiente, en virtud de los acuerdos anteriores, la SCJN, continúa en el análisis de la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo, y por consiguiente no hay determinación sobre la correspondencia de dicha Ley, con los principios de Equidad y Proporcionalidad, no obstante lo anterior, es nuestra facultad y nuestro deber actualizar el marco normativo a la brevedad para que esté acorde a los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna, sin tener la necesidad de esperar la resolución del máximo Tribunal de nuestro país

III. Análisis económico-fiscal

1. Análisis estructural del IDE.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares 2008 (ENIGH 2008), podríamos definir que un hogar mexicano está integrado por 4 miembros, de estos miembros, 2.6 tienen entre 14 y 65 años de edad, 1.1 tienen 14 años de edad o menos y 0.3 tiene más de 65 años de edad. En promedio la edad del jefe de la familia tiene 48.2 años.

Continuando con la descripción de los hogares,  en la siguiente gráfica podemos observar el grado de estudios con los que cuentan los jefes de familia de cada hogar, clasificados en deciles de ingresos por hogar.

Respecto a la manera de cómo se generan los ingresos de parte de los integrantes en los hogares mexicanos, 1.8  de los integrantes del hogar de 14 años o más se encuentran dentro de la población económicamente activa, 2.3 integrantes del hogar son perceptores económicos y el ingreso corriente total promedio mensual por hogar en deciles de hogares en el 2008 se puede observar en la siguiente tabla.

De acuerdo con el informe realizado por la SHCP titulado “ Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2008”,  agrupan el ingreso en 4 categorías: por salarios, por honorarios, por actividades empresariales y por intereses. Donde, resalta el hecho de que, aproximadamente un 80% del ingreso por intereses se concentra en el decil X de la población (la de mayores ingresos), que un 10% se concentra en los deciles VIII y IX y que el 10% restante está concentrado en los primeros siete deciles (los de más bajos ingresos); lo que esto significa es que esta estructura refleja la desigualdad en el acceso a servicios financieros formales para las clases económicamente menos favorecidas, en otras palabras 7 de cada 10 mexicanos no utilizan los servicios financieros formales por los costos del servicio, inaccesibilidad, desconfianza en el sistema financiero, el Impuesto sobre los Depósitos en Efectivo, entre otros. A continuación se presentan 4 gráficas en las que se presentan las 4 categorías de ingreso señalas anteriormente, en estas graficas se muestra la participación de cada decil en proporción al ingreso generado por todos los deciles.

Comparación de la composición porcentual del ingreso bruto de las familias

En promedio, el 42.8% de los ingresos de los hogares provienen de actividades empresariales, un 30.5% corresponden a ingresos por honorarios y un 25.8% provienen de sueldos y salarios. A partir de esta composición del ingreso de las familias, se obtiene la participación a la recaudación del ISR y a la Seguridad Social.

En las siguientes tablas se muestra la contribución de las familias al pago del Impuesto Sobre la Renta y a la seguridad social (SS) por sueldos y salarios. Sin embargo de acuerdo con el informe de la SHCP, la ENIGH 2008 permite realizar estimaciones acerca de la distribución del pago de ISR para el régimen de personas físicas. Sin embargo, existe la posibilidad de que se subestime la incidencia del ISR en los Ingresos, no obstante se considera que este análisis refleja en mayor medida las condiciones actuales de las fuentes de ingreso, entre ingresos formales e informales.

Considerando los ingresos por sueldos y salarios con su respectivo ajuste a cuentas nacionales y bajo el supuesto de que todos los trabajadores forman parte de la economía formal, lo que se obtiene es la distribución de la carga fiscal potencial de ISR. En todos los ordenamientos se observa que las familias del décimo decil son aquellas que soportan la mayor carga del impuesto, entre 73.1% y 64.4%.

Sin embargo, dado que se parte del supuesto de que todos los trabajadores con ingresos por sueldos y salarios cumplen con sus obligaciones fiscales este escenario sobreestima la carga fiscal del impuesto.

Debido a lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la estimación de la carga fiscal considerando sólo los ingresos de los perceptores por sueldos y salarios que reportaron tener algún tipo de seguridad social (sólo ingresos que provienen del sector formal), es decir, derechohabientes de cualesquiera de los sistemas de seguridad social, en donde se asume que éstos son los únicos ingresos que pagaron impuestos.

Como se puede observar, los últimos 2 deciles de ingreso concentran aproximadamente el 78% y el 85% de las contribuciones al ISR.

Con base en el análisis estructural del cobro del impuesto a los depósitos en efectivo antes presentado, se desprende que la tributación se torna imperfecta y desproporcional, en virtud de que como se observa en el estudio, existen grupos claramente identificados que se ven afectados por hasta cuádruple tributación, y este grupo además de los impuestos es el grupo de personas físicas y morales a los que les afecta el impuesto de los depósitos en efectivo.

Es así que claramente se puede llegar a las siguientes conclusiones:

• Los últimos tres deciles de la población tienen un ingreso mayor a quince mil pesos mensuales.

• Los últimos tres deciles de la población utilizan el sistema financiero, en otras palabras, la bancarización se sitúa en estos deciles.

• La base tributaria del ISR, así como de otros impuestos se ubica principalmente dentro de los últimos tres deciles.

• Son los mismos tres deciles quienes pagan el IDE.

2. Régimen de pequeños contribuyentes (Repecos)

Pueden estar registradas bajo este régimen las personas físicas y morales que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias y ganaderas siempre que no hayan tenido ingresos o ventas mayores a $ 2,000,000.00 al año, además de no proporcionar facturas y desglosar el IVA.

En el caso de que se venda mercancía importada, sólo se puede estar en este régimen si el importe de las ventas por esta mercancía es como máximo de 30% respecto al total del año.

En este régimen se tiene la obligación de pagar los siguientes impuestos:

• Impuesto sobre la renta, es un impuesto que se paga por los ingresos obtenidos y a los cuales la ley permite que se les deduzca sólo el equivalente a cuatro salarios mínimos del periodo que se paga.

• Impuesto al valor agregado, desde el ejercicio de 2004 se modificó el tratamiento de exención que tenían los pequeños contribuyentes en el impuesto al valor agregado, por lo que deben pagarlo de acuerdo con cuotas fijas estimadas.

En México hay 3, 712, 833 de contribuyentes registrados bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes y en la siguiente gráfica se puede observar la manera en que se encuentran distribuidos los REPECOS:

Las 10 principales actividades a las que se dedican los Repecos son:

Cabe resaltar que $ 2,678,000,000 son los Ingresos que recibe la Federación por REPECOS, siendo Jalisco, el Distrito Federal y Veracruz los tres Estados que más recaudan y Baja California Sur, Morelos y Tlaxcala, los que menos recaudan.

Los 3 Estados que más contribuyentes tienen registrados en el Régimen de Pequeños Contribuyentes son el DF, con 425, 680, el estado de México con 415,495 y Veracruz con 275, 257.

Finalmente cabe resaltar que los estados de Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit, aportan al ingreso Federal la cantidad de $ 585, 000, 000. En dichos Estados en promedio pagan cuotas equivalentes a ingresos de entre $15, 000 y $50, 0000. En otras palabras existen casi 400 mil contribuyentes que tienen un ingreso mayor a los 15 mil pesos, siendo este grupo el más afectado por el Impuesto a los Depósitos en Efectivo. A pesar de lo anterior, la Ley de Impuestos a los depósitos en efectivo, no establece mecanismos útiles para que los Pequeños Contribuyentes acrediten el impuesto, generando inexorablemente doble tributación.

IV. Viabilidad presupuestal

Es importante señalar que la estimación de recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el año de 2008 era de $ 2,906.30, no obstante lo anterior, la recaudación real fue mayor a seis veces lo estimado, ascendiendo a $ 17,700.30, logrando unos ingresos excedentes por concepto del IDE de casi 15,000 millones de pesos en el año 2008. En el año 2009, la estimación de la SHCP fue 2.5 veces mayor que el año anterior, llegando a ser $ 7,511.50, y a pesar de recaudarse, casi dos mil millones menos, el excedente recaudatorio por concepto del IDE fue mayor a los 8 mil millones de pesos, 2 veces más de las estimaciones de la SHCP. En el Año 2010, la estimación de la SHCP, se duplico con respecto al 2009, a pesar de ello, en los primeros seis meses del año, ya se han recaudado prácticamente el 80% de los ingresos estimados, lo cual, si la recaudación del IDE continua en ese ritmo, dejará como resultado 21 mil millones de pesos recaudados por concepto del IDE.

Los montos antes señalados, revelan que existe una sobre recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que en otras palabras indica que se está recaudando mucho más de lo estimado anualmente, lo cual lleva a la inequívoca conclusión de que existe un grupo de la población a la cual se le está gravando excesivamente dicho impuesto y como resultado de esa imposición excesiva, son los números antes mencionados, en los que se ha recaudado hasta seis veces más de lo estimado.

Las cifras, conducen a conclusiones mucho más graves cuando analizamos que en el periodo de recaudación de enero a diciembre de 2008, la recaudación del IDE, disminuyó casi en un 15 por ciento, con respecto al año anterior y de enero a diciembre de 2009, la recaudación disminuyó casi un 40 por ciento del año 2008, lo cual denota que a pesar de tener una disminución del 40 por ciento en la recaudación, aún así se recaudó dos veces lo estimado por la SHCP, lo cual a todas luces implica una sobre recaudación a la población, pues grupos que no deberían estar pagando dicho impuesto, lo hacen y con ello, generan un exceso en la recaudación por concepto del IDE.

Es por lo anterior, que la presente iniciativa, lejos de afectar las Finanzas Públicas y el Presupuesto de la Federación, busca que el impuesto realmente grave a los grupos de población a quienes va dirigido, y no se genere una doble tributación, la cual explica los exorbitantes excedentes en la recaudación por concepto del IDE, es así que el único efecto de la presente iniciativa es que la recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se acerquen al estimado anualmente por la SHCP.

V. Propuesta legislativa

1. Justificación de la propuesta legislativa

El espíritu de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tenía previsto resguardar la recaudación y castigar al comercio informal. Los factores que se consideraron para la emisión de dicha Ley son los siguientes:

1.  El comportamiento de la recaudación, al ser comparado con países con desarrollo similar al nuestro, el porcentaje es inferior al de aquéllos, considerando que la evasión fiscal se ha incrementado en un nivel superior al 15%.

2. La evasión fiscal se realiza en diversas formas, entre ellas la de un amplio mercado informal, la prestación de servicios y la venta de bienes sin expedición de facturas, así como la creación de esquemas sofisticados para evadir el pago de contribuciones, entre otros.

3. Es necesario proveer a la autoridad fiscal de herramientas adecuadas que le permitan concientizar a los contribuyentes de la importancia de cumplir adecuada y oportunamente con sus obligaciones fiscales y facilitar el cumplimiento de éstas, a efecto de propiciar una recaudación eficiente, que proporcione los ingresos necesarios para sufragar el gasto público.

Por lo antes expuesto considero que los objetivos planteados por el gobierno federal no se han alcanzado cabalmente. Castigar la informalidad se convirtió en promover la informalidad, actualmente los pequeños y medianos empresarios han optado por una conducción similar al del comercio informal. Es decir, al no existir mecanismos sencillos para acreditar el IDE, la Ley se convierte en una promotora más de la informalidad en México.

Otro de los motivos por el cual el gobierno federal impulso la Ley del IDE reside en el uso de instrumentos bancarios. La Bancarización buscaba que los contribuyentes realizaran operaciones en efectivo con pleno conocimiento de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, el pago del impuesto a los depósitos en efectivo ha desencadenado una menor utilización del sistema bancario, en virtud de la desconfianza que genera en el usuario de servicios bancarios el constante cobro de impuestos al depositar sus ingresos.

La afectación de esta Ley no sólo radica en la promoción de la informalidad y el menor uso de los instrumentos bancarios. El problema es el cobro excesivo de impuestos para un universo superior a los 25 millones de mexicanos, según la  Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2008, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto quiere decir que un empresario pequeño o mediano que paga impuestos como el IVA, ISR, IETU, TENENCIA, IEPS, ISAN, IMSS, también tiene que pagar el IDE. Más grave se vuelve dicho pago, cuando encontramos que el IDE es un impuesto que grava el ingreso al igual que el ISR.

2. Síntesis de la propuesta legislativa.

• Se propone modificar la Ley del IDE, para establecer exención del IDE, a las personas físicas y morales que acrediten una cantidad de ISR o IETU equivalente al depósito realizado.

• Se propone modificar la Ley del IDE, para establecer exención del IDE, a las personas físicas y morales inscritas en el régimen de Pequeños Contribuyentes que acrediten una cantidad de IETU o Tasa Única equivalente al depósito realizado.

• Se propone modificar la Ley del IDE, para modificar la temporalidad del cobro del impuesto y así aumentar implícitamente la base del impuesto, es decir, la cantidad a partir de la cual te cobrarían el impuesto sería de 90,000.01 pesos, en un término de seis meses.

Por lo anterior se presenta ante ustedes el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo de la fracción III y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 2, se reforma el cuarto párrafo de la fracción I y la fracción V del artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. ...

I. a la II. ...

III. Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $90,000.00, en cada seis meses del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en los términos de esta Ley.

...

...

IV. a la VI. ...

VII. Las personas físicas o morales, conforme a los siguientes supuestos:

A. Las personas físicas o morales que enteren por lo menos, el monto de Impuesto sobre la Renta equivalente al monto total de los depósitos en efectivo cuando excedan de $ 90,000.00, realizados en un periodo de seis meses en el ejercicio fiscal de que se trate,  conforme a la siguiente fórmula:

ISR=D

D = El resultado de la resta del Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate, menos el límite inferior correspondiente de la tabla que se muestra debajo, multiplicado por el porcentaje excedente y sumado con la cuota fija correspondiente de la tabla inferior.

D= [(MT-LI) (%EXC)] + CF

MT= Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate

LI= Límite Inferior

LS= Límite superior

%EXC= Porcentaje Excedente

CF= Cuota Fija

Para los efectos del párrafo anterior, las personas deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita ese órgano desconcentrado.

En caso de que el Impuesto Sobre la Renta enterado sea menor al resultado de la resta del Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate, menos el límite inferior correspondiente de la tabla del presente inciso, multiplicado por el porcentaje excedente y sumado con la cuota fija correspondiente de la tabla citada el contribuyente podrá compensar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo conforme a las reglas establecidas en los artículos 7 y 8 de la presente Ley.

Las personas físicas o morales que enteren el monto de Impuesto Empresarial a Tasa Única enterado sea equivalente al monto total de los depósitos en efectivo cuando excedan de $ 90,000.00, realizados en un periodo de seis meses en el ejercicio fiscal de que se trate,  conforme a la siguiente fórmula:

IETU=DR

DR = El 17.5% de del Monto total de los Depósitos rea-lizados en el periodo gravado de que se trate

Para los efectos del párrafo anterior, las personas deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita ese órgano desconcentrado.

En caso de que el Impuesto Empresarial a Tasa Única enterado sea menor al 17.5% del Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate, el contribuyente podrá compensar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo conforme a las reglas establecidas en los artículos 7 y 8 de la presente Ley

VIII. Las personas físicas o morales bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes, conforme a los siguientes supuestos:

A. El monto de Impuesto Empresarial a Tasa Única enterado sea equivalente al monto total de los depósitos en efectivo cuando excedan de $ 90,000.00, realizados en un periodo de seis meses en el ejercicio fiscal de que se trate, conforme a la siguiente fórmula:

IETU=DR

DR = El 17.5% de del Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate

Para los efectos del párrafo anterior, las personas deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita ese órgano desconcentrado.

En caso de que el Impuesto Empresarial a Tasa Única enterado sea menor al 17.5% del Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate, el contribuyente podrá compensar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo conforme a las reglas establecidas en los artículos 7 y 8 de la presente Ley

En el caso de las personas físicas o morales bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes que realicen su declaración a través del pago de una sola cuota de los impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado y Empresarial a Tasa Única, cuando la Cuota Única enterada durante tres bimestres sea equivalente al monto total de los depósitos en efectivo cuando excedan de $ 90,000.00, en un periodo de seis meses en el ejercicio fiscal de que se trate, conforme a las tablas de Cuota Única del Estado en el que las personas físicas o morales bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes que quieran exentar el impuesto tengan su domicilio fiscal:

Para los efectos del párrafo anterior, las personas deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita ese órgano desconcentrado.

En caso de que la Tasa Única enterada sea menor al Monto total de los Depósitos realizados en el periodo gravado de que se trate, conforme a la tabla del presente inciso el contribuyente podrá compensar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo conforme a las reglas establecidas en los artículos 7 y 8 de la presente Ley.

Artículo 4. ...

I. ...

...

...

Cuando una persona realice varios depósitos a plazo en una misma institución del sistema financiero, cuyo monto acumulado exceda de $90,000.00 en seis meses, dicha institución deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente en ella. En el caso de que dicha persona no sea titular de otro tipo de cuenta en la institución que recibió los depósitos, ésta deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo, indistintamente, al vencimiento de cualquiera de los depósitos a plazo que haya realizado dicha persona.

...

II. a la IV. ...

V. Entregar al contribuyente de forma semestral y anual, las constancias que acrediten el entero o, en su caso, el importe no recaudado del impuesto a los depósitos en efectivo, las cuales contendrán la información que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

VI. a la IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011.

Segundo. Publíquese el Presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley del Impuesto al Depósito en Efectivo, honorable Cámara de Diputados, 11 de septiembre de 2007.

2 Véase Luis Alberto Arias, director ejecutivo de INDE Consultores, “El Impuesto a las Transacciones Financieras, Carlos Javier Garrón, “El impuesto a las Transacciones Financieras en América Latina y Bolivia”, X Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y http://www.bnamericas.com/news/banca/Gbno,_mantendra_en_0,04*_impuesto_a_transa cciones_financieras

3 Véase Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares, (ENIGH), 2008 y Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2008, SHCP.

4 Los hogares están ordenados en deciles de acuerdo a su ingreso corriente mensual, donde el decil I es el de menor ingreso (Ingreso por hogar = $2,038.57 pesos al mes) y el decil X es el de mayor ingreso (Ingreso por hogar = $44,349.30).

5 La carga potencial se define como el monto de impuestos con que las familias hubiesen contribuido si el 100% de los ingresos que reportaron hubiesen estado en el sector formal de la economía, es decir, que todas las percepciones contaron con su registro fiscal correspondiente.

Diputado Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Alejandro del Mazo Maza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue creada el 30 de noviembre de 2000. Con la aprobación del Congreso de la Unión, dicha dependencia de gobierno tiene principalmente las siguientes facultades:

• Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes, servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

• Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales.

• Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares.

• Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica.

• Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono.

• Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia.

• Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas y proteger el medio ambiente.

Ley Orgánica de la Administración Pública, a través del artículo 32 Bis, otorga los lineamientos en cuanto las funciones de la Semarnat.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha tenido varios cambios en su denominación; inicialmente como Secretaría de Pesca, en 1982; para 1994, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y finalmente, desde 2000, con la denominación actualmente conocida. Por tanto, la presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el concepto de “secretaría” en el artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se modifica el concepto de “secretaría” en el artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue

A rtículo 3.Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. a XXXIII. ...

XXXIV. Secretaría: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXV. a XXXVII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DE SALUD - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada Guadalupe García Almanza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 464 de la Ley General de Salud y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma los artículos 464 de la Ley General de Salud y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La que suscribe, Guadalupe García Almanza, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 464 de la Ley General de Salud y adiciona la fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el propósito de sancionar conforme a la normativa vigente la producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas adulteradas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario de Convergencia se relaciona con el cuidado y la atención de la salud de los ciudadanos. Particularmente, en este caso, el derivado del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas.

En un estudio reciente elaborado por la Cámara de Diputados se dio a conocer que 60 por ciento de las bebidas alcohólicas en el mercado está adulterado y es producto del contrabando y la piratería, delito al que no se ha dado la suficiente importancia, pese a que atenta contra la salud y la vida de los consumidores.

Estas bebidas falsificadas, de acuerdo con los expertos, contienen metanol, ácido nítrico o sulfúrico, formol y piedra alumbre, que afectan el funcionamiento del cerebro, aunado a los consabidos conflictos por el consumo de alcohol, como los accidentes vehiculares.

Un problema intrínseco a la adulteración y venta de alcohol es que puede conseguirse en tiendas sin permiso para el expendio de bebidas alcohólicas o antros que operan sin la autorización correspondiente. Esta situación provoca competencia desleal contra los establecimientos que garantizan la originalidad de sus productos; además, afecta los costos de fabricación y el régimen fiscal, pues operan clandestinamente. Asimismo, al instalarse en el mercado con productos más baratos, penetran en el gusto de consumidores de escasos recursos, con lo que se agudizan los problemas de adicción y delincuencia.

Son sumamente preocupantes las dimensiones que ha adquirido esta industria: hay redes organizadas dedicadas al reciclaje de botellas vacías, y falsificación de hologramas y de sellos con autenticidad, y cuentan con una imponente infraestructura. Cabe preguntar: ¿acaso la Secretaría de Hacienda no lleva una estadística y un control sobre este tipo de empresas? O, como suele suceder, ¿las autoridades han sido rebasadas por el mercado negro de bebidas adulteradas?

Señoras y señores legisladores: éste no es un problema nuevo, desde hace años se ha convertido en un flagelo para la sociedad, pues esta industria no paga impuestos, no cuenta con las normas sanitarias exigidas y generalmente los productos provienen del contrabando o la ilegalidad.

En este escenario, la Secretaría de Salud (Ssa) ha revelado que las bebidas con mayor índice de adulteración son tequila, ron, coñac y whisky, ya que su comercialización se facilita en los tianguis, establecimientos que funcionan con la denominada barra libre, donde los precios son inferiores a los de las originales y, sobre todo, sin los mensajes de prevención que se exige a estos establecimientos.

También se ha detectado que las entidades donde más se producen bebidas adulteradas son el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco, mientras que Cancún, Quintana Roo, es el principal consumidor de éstas.

La Ssa ha recomendado a quienes consumen alcohol que tengan cuidado para evitar la compra e ingesta de bebidas adulteradas ante el incremento de este comercio ilícito.

Por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Ssa informó que las bebidas alcohólicas adulteradas pueden tener efectos fatales en los consumidores. Los síntomas empiezan con fuertes dolores de cabeza, mareo, ceguera, náuseas, vómito, nerviosismo, ansiedad y resaca intensa, hasta el fallecimiento si el producto contiene metanol y el afectado no es atendido con oportunidad.

Es imperativo que las autoridades competentes realicen visitas de verificación administrativas para detectar los establecimientos mercantiles que adulteren, comercialicen o suministren bebidas alcohólicas apócrifas.

En este contexto, el Grupo Parlamentario de Convergencia, preocupado por la salud de los mexicanos que consumen bebidas alcohólicas, solicita la acción del Congreso de la Unión para regular y erradicar la producción, la distribución y el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas en México.

Al respecto, la Ley General de Salud castiga a quien adultera y vende bebidas, pero no se hace nada aún tipificado como un delito grave. Hay penas de uno a nueve años de prisión por la adulteración, siempre que se pruebe el riesgo en la salud, pero difícilmente una persona dedicada a esta actividad pierde la libertad, ya que son pocos denuncian.

Si bien el derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Carta Magna, para hacerlo efectivo se necesitan la solidaridad de los mexicanos, la disciplina de la sociedad y el orden del aparato público. No se puede considerar la salud sólo como un funcionamiento biológico, sino también como un bien social y cultural, que involucra la participación de la sociedad en general y a los hombres y mujeres en particular, sin olvidar ni soslayar que el garante de la protección de la salud es el Estado, en sus tres niveles de gobierno.

Para ilustrar la magnitud del problema, basta señalar que la Cofepris informó que casi la mitad de establecimientos dedicados a la venta de alcohol adultera las bebidas.

Por esas razones se somete a consideración del pleno de la LXI Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adicionan el párrafo segundo al artículo 464 de la Ley General de Salud y la fracción XV del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

De la Ley General de Salud

Artículo 464. ...

A quien introduzca en el país, elabore, fabrique, expenda, venda, distribuya, bebidas alcohólicas alteradas o adulteradas se aplicarán de tres a doce años de prisión y multa por el equivalente de trescientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio de los delitos o infracciones administrativas que puedan configurarse.

Del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. a XIV. ...

XV. De la Ley General de Salud, los artículos 464, párrafo segundo, los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter y en los artículos 475 y 476.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Guadalupe García Almanza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Los que suscribimos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción X, y 107 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

1. El 7 de mayo del 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 74, fracciones II, IV y VI, 79 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad del gasto público y fortalecer la fiscalización superior en México.

Entre los aspectos más sobresalientes de la reforma Constitucional, destaca lo siguiente:

• Se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad gubernamental.

• Se reduce el tiempo de la revisión de la Cuenta Pública.

• Se establecen los principios de fiscalización con alcance también para las entidades federativas y el Distrito Federal.

• Se precisan los sujetos de la fiscalización.

• Las entidades fiscalizadas tienen la obligación de llevar control y registro contable, patrimonial y presupuestario.

• El dictamen que concluye el proceso de la revisión de la Cuenta Pública debe someterse a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados.

• Se amplía el alcance de la revisión de la Cuenta Pública, incorporando la verificación del desempeño en el cumplimiento de objetivos.

• Se establece la obligación para la Auditoría Superior de la Federación de dar a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados de su revisión de manera previa a la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados.

• Las legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán contar con entidades de fiscalización dotadas de autonomía técnica y de gestión.

• Los titulares de las entidades de fiscalización superior en los estados y el Distrito Federal serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberán contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

El artículo Segundo Transitorio del Decreto de la reforma constitucional de mayo de 2008 estableció:

Segundo.El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV constitucional.

2. El artículo 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso de General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones que le marca la ley reglamentaria, la cual a su vez tiene sustento en el artículo 74, fracciones II y VI, de la Constitución que establece como facultad exclusiva de la H. Cámara de Diputados coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley.

3. El 29 de diciembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), reglamentaria del artículo 79 constitucional. En ese normativo se regulaban las relaciones entre la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y su órgano técnico denominado Unidad de Evaluación y Control con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

El artículo sexto transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone:

Sexto.La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

Por lo anterior, es necesario expedir un nuevo ordenamiento jurídico que reglamente los artículos 101 al 108 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para regular la actividad del órgano técnico especializado denominado Unidad de Evaluación y Control, el cual forma parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En la parte que interesa para la presente iniciativa, destaca la modificación a la fracción VI del artículo 74 constitucional la cual dispone:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

...

VI.Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

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Consideraciones

En agosto pasado, la Unidad de Evaluación y Control cumplió siete años del inicio de sus funciones, razón por la cual es necesario actualizar su Reglamento Interior, para enfrentar los nuevos retos que demanda la fiscalización superior, y dar cumplimiento al mandato del artículo sexto transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por otra parte, la Comisión de Vigilancia requiere normar las diversas actividades y atribuciones adicionales que le confieren la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en las cuales le apoyará y coadyuvará la Unidad de Evaluación y Control.

El marco jurídico de la fiscalización superior cambió sustancialmente en los últimos años, destacándose la reforma constitucional de mayo de 2008; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el nuevo Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2009.

Por lo anterior, se plantea la necesidad de adecuar el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, para dar cumplimiento al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el cual establece que la Unidad de Evaluación y Control deberá actualizar su Reglamento Interior conforme a la nueva ley, en un plazo de noventa días a partir de la publicación del decreto respectivo.

Las funciones que desarrolla la Unidad de Evaluación y Control permiten conocer oportunamente, de manera técnica y profesional, si las actividades de la Auditoría Superior de la Federación se apegan a la legalidad y se llevan a cabo en la forma programada.

La Unidad de Evaluación y Control coadyuva y asiste a la Comisión de Vigilancia en el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, aportando referentes a los legisladores para orientar y mejorar las funciones sustantivas de la entidad de fiscalización superior.

Entre las principales funciones que la Unidad de Evaluación y Control viene desarrollando en el área de la gestión administrativa, está inspeccionar y vigilar el cumplimiento por parte de las unidades administrativas de la entidad de fiscalización superior de la Federación de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, inversión, patrimonio, fondos y valores; registro y contabilidad, y estados financieros, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la entidad fiscalizadora; así como el de recibir las quejas e inconformidades que se presenten por contravenir las disposiciones normativas en la materia.

En este contexto, la Unidad de Evaluación y Control realizalas auditorías, revisiones y visitas de inspección bajo un programa de actividades que aprueba la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como las investigaciones correspondientes, cuando se detectan irregularidades derivadas de las mismas.

Asimismo, comprueba la observancia de las normas para el ejercicio del gasto y su congruencia con el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados a la Auditoría Superior de la Federación.

Derivado de las auditorías, revisiones y visitas practicadas por la Unidad de Evaluación y Control, se formulan observaciones y recomendaciones tendentes, principalmente, a mejorar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Al efecto, propone las medidas correctivas para el manejo de recursos humanos, materiales, financieros con cargo al presupuesto de egresos. También programa auditorías para verificar que los sistemas, procedimientos, métodos de contabilidad, registros contables y documentos comprobatorios del ingreso, gasto público y Cuenta Pública sean acordes con la normativa.

Por otra parte, la unidad recibe, registra y resguarda las declaraciones patrimoniales que presentan los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Lleva el registro y seguimiento de su evolución patrimonial y, en su caso, instruye el procedimiento administrativo disciplinario por incumplimiento de la presentación de las declaraciones.

También recibe las quejas e inconformidades que presentan proveedores y contratistas de la entidad de fiscalización superior.

La unidad recibe y tramita las quejas o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de la Federación e instruye, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los procedimientos disciplinarios por responsabilidad administrativa que procedan, finca responsabilidades, impone sanciones, previa aprobación de la Comisión de Vigilancia y, en su caso, informa sobre los hechos que pudiesen constituir delitos.

Cabe destacar que desde el inicio de sus actividades, la Unidad de Evaluación y Control apoya a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del Informe del Resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, aportando insumos para las reuniones de análisis que lleva a cabo la Comisión, con la participación de las diversas comisiones de la Cámara de Diputados. Asimismo, la Unidad apoya a la Comisión de Vigilancia en la formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño de la entidad de fiscalización superior, derivadas de las reuniones de análisis del Informe del Resultado.

Como órgano técnico y profesional de la Comisión de Vigilancia, la Unidad contribuye al fortalecimiento y consolidación de la fiscalización superior y propicia mejores prácticas gubernamentales, al evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación en el cumplimiento de su mandato constitucional, respetando en todo momento su autonomía técnica y de gestión y, en sus funciones de órgano de control, vigila la estricta observancia del marco normativo que rige a la Auditoría Superior de la Federación.

La iniciativa que se presenta tiene como objeto actualizar el Reglamento en concordancia con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. El proyecto precisa las atribuciones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y su órgano técnico la Unidad de Evaluación y Control, la cual forma parte de su estructura; y da congruencia a las atribuciones de las diferentes unidades administrativas que la conforman.

En la iniciativa se adecuan las atribuciones de la Unidad en relación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La iniciativa precisa la naturaleza jurídica de la Unidad de Evaluación y Control, como órgano de apoyo de la Comisión de Vigilancia en el cumplimiento de sus atribuciones, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.

Con la finalidad que la Auditoría Superior de la Federación preserve su carácter de órgano técnico de la Cámara de Diputados, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, y se impida que en uso de su autonomía se aparte de las atribuciones que para esos efectos tiene conferidas, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación retoma la idea fundamental que la Cámara de Diputados cuenta con un órgano de autoridad adscrito a la Comisión de Vigilancia, que le auxilia en el ejercicio de su función de control y evaluación del desempeño de la entidad de fiscalización superior, tal y como se precisó en la reforma de la fracción VI del artículo 79 constitucional.

En consecuencia, se actualiza el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, para adoptar una concepción congruente con las facultades de evaluación del de-sempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación, que la Constitución otorga a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia.

La naturaleza jurídica de la Comisión de Vigilancia está sustentada en el artículo 76 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el cual establece que para los efectos de lo dispuesto en la fracción II y en el último párrafo de la fracción VI del artículo 74 constitucional, la Cámara de Diputados contará con una Comisión, la cual tendrá las atribuciones de coordinar las relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; evaluar el desempeño de esta última; constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, y solicitarle le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

La iniciativa plantea adecuar, conforme al espíritu de la reforma constitucional, el ordenamiento jurídico que regula la actividad del órgano especializado y profesional que auxilia en sus labores a la Comisión de Vigilancia, en la encomienda de evaluar el desempeño del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública.

La adecuación del instrumento de evaluación y control sobre la entidad de fiscalización superior es un avance en la organización del Poder Legislativo, el cual fortalece también el control parlamentario hacia su interior.

Se refrenda que la actividad del órgano auxiliar de las labores de la Comisión de Vigilancia, no afectará en forma alguna la autonomía técnica y de gestión de la cual goza la entidad de fiscalización superior, pues sus atribuciones se concretan a vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos del órgano técnico de la Cámara de Diputados y apoyar a la Comisión de Vigilancia en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

La Unidad de Evaluación y Control continuará dentro de la estructura de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, coadyuvando y asistiendo en sus funciones al órgano legislativo.

Como atribución específica de la Comisión de Vigilancia, está la facultad de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y para el efecto de apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones existe la Unidad de Evaluación y Control. La parte final del artículo 102 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación expresamente establece que la Unidad proporcionará apoyo técnico a la Comisión de Vigilancia en la evaluación del desempeño de la entidad de fiscalización superior.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación confiere a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación nuevas facultades, entre las que destacan:

• Evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto podrá requerirle informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

• Aprobar los indicadores para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y los elementos metodológicos que sean necesarios para tal efecto, así como los indicadores de la Unidad de Evaluación y Control.

• Formular observaciones y recomendaciones en materia de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

• Presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Informe del Resultado, su análisis y conclusiones.

• Conocer los programas estratégico y anual de la Auditoría Superior de la Federación y evaluar su cumplimiento.

• Aprobar políticas, lineamientos y manuales de la Unidad de Evaluación y Control.

• Emitir opinión e informe sobre las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado y evaluar el cumplimiento de sus objetivos.

• Recibir denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos que ameriten una revisión de situación excepcional.

• Aprobar las resoluciones del recurso de revocación que interpongan los servidores públicos sancionados de la Auditoría Superior de la Federación.

• Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

• Recibir solicitudes y denuncias de la sociedad civil.

• Recibir opiniones, solicitudes y denuncias sobre la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Por cuanto se refiere la Unidad de Evaluación y Control, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le confiere atribuciones adicionales, entre las que resaltan:

• Practicar auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior de la Federación.

• Resolver, con la aprobación de la Comisión de Vigilancia, el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación sancionados por la Unidad.

• Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de mando de la Auditoría Superior.

• Auxiliar a la Comisión de Vigilancia en la elaboración del análisis y conclusiones del Informe del Resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública.

• Proponer a la Comisión de Vigilancia los sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que utilice para evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, así como el seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la unidad como la comisión, y

• Coadyuvar y asistir a la Comisión de Vigilancia en el cumplimiento de sus atribuciones.

En consonancia con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en esta iniciativa se precisan las unidades administrativas de la Unidad y su competencia. Asimismo, se precisan los perfiles académicos de los servidores públicos y el mecanismo para ingresar a la Unidad, mediante concurso público, en los términos de los lineamientos correspondientes.

La iniciativa determina los perfiles académicos del personal de mando superior de la Unidad, lo cual tiene su sustento en la naturaleza del órgano técnico de la Comisión de Vigilancia. Los servidores públicos de la Unidad de Evaluación poseen la especialización que se requiere en las materias de auditoría, contabilidad, finanzas públicas, presupuesto, y jurídica, por solo mencionar algunas, por lo que es claro que es un órgano de apoyo profesional de la Comisión de Vigilancia, que coadyuvará en la alta responsabilidad de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Estos son los motivos y fundamentos que sustentan la especialización de la Unidad de Evaluación y Control, al establecerse como condición habilidades específicas que están en relación con el cargo a desempeñar, lo cual garantiza su profesionalización.

Cabe destacar que la Comisión de Vigilancia conserva la facultad de autorizar los nombramientos de mandos superiores de la Unidad.

Lo anterior, con fundamento en una interrelación y concordancia de preceptos legales, toda vez, que si el nombramiento del Titular de la Unidad de Evaluación y Control se hace a propuesta de la Comisión de Vigilancia y designado por el voto mayoritario de los miembros presentes del Pleno de la H. Cámara de Diputados. Por tal motivo, los nombramientos de los altos mandos de la Unidad deben ser propuestos por el Titular y ratificados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En todo caso, el personal de mando superior deberá cumplir con el perfil correspondiente al puesto a desempeñar, y esto tiene sustento en la naturaleza de la Unidad como órgano técnico de la Comisión de Vigilancia.

Se considera adecuado que el Titular de la Unidad autorice la solventación de observaciones y recomendaciones que se formulen a la Auditoría Superior de la Federación, en apoyo de las labores de la Comisión de Vigilancia, excluyéndose las observaciones y recomendaciones en materia de evaluación del desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación, ya que dicha atribución es competencia de la Comisión de Vigilancia, conforme a lo establecido en el artículo 78 de la ley.

En relación con las atribuciones de la Unidad de Evaluación y Control como órgano de control de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en términos del artículo 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Auditor Superior de la Federación, los auditores especiales y los demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La iniciativa da congruencia a las facultades de la Unidad con las atribuciones que reglamenta la ley de responsabilidades, para llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior; realizar las investigaciones y sustanciar el procedimiento administrativo disciplinario que regula este normativo y los programas respectivos; imponer las medidas de apremio, y verificar la ejecución de las sanciones administrativas. Se modifica la denominación del recurso de reconsideración por el de revocación como medio para impugnar las resoluciones de la Unidad que imponen sanciones administrativas, con la finalidad de adecuarlo a la ley de la materia.

Se reglamenta la participación de la Unidad en el análisis al Informe del Resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública.

Asimismo, se reglamenta la evaluación a la atención a las acciones que promueva la Unidad como resultados de las auditorías que se practiquen a la Auditoría Superior de la Federación. Se faculta a las direcciones para establecer los mecanismos de evaluación que permitan identificar el impacto de la fiscalización en los procesos y los resultados generales de gestión de la entidad de fiscalización superior.

En la iniciativa se precisan las atribuciones de cada una de las unidades administrativas de la Unidad, teniendo como referencia la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la experiencia de la Unidad en casi siete años de operación.

Todo lo anterior tiene como propósito fundamental dar certidumbre y legalidad a toda actuación de la Unidad de Evaluación y Control.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el

Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados

Capítulo IDe la Competencia y Organización

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la actividad del órgano técnico denominado Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados.

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Auditor Superior: el Auditor Superior de la Federación.

Auditoría Superior: la entidad de fiscalización superior de la Federación a que se refieren los artículos 74 fracciones II y VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cámara: la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Informe de Avance: el Informe de Avance de la Gestión Financiera.

Informe del Resultado: el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública.

Ley de Responsabilidades: la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ley: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Manual de Organización: el Manual General de Organización de la Unidad de Evaluación y Control.

Manual de Procedimientos: el Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación y Control.

Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Reglamento: el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Titular: el Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Artículo 3. La Unidad es el órgano técnico de la Comisión encargada de apoyar a ésta en el cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución, en la Ley y en el presente Reglamento, relativas a evaluar el desempeño de la Auditoría Superior y, como órgano de control, vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de sus servidores públicos .

Artículo 4. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Unidad contará con los servidores públicos y las unidades administrativas siguientes:

I. Titular de la Unidad de Evaluación y Control;

II. Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica;

II.1 Subdirección de Planeación de Programas de Evaluación y Seguimiento;

II.2 Subdirección de Evaluación y Control de Auditorías al Desempeño, Programático Presupuestales, y Económico Financieras;

II.3 Subdirección de Evaluación y Control de Revisiones de Regularidad;

III. Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa;

III.1 Subdirección de Contraloría;

III.2 Subdirección de Registro y Análisis de Situación Patrimonial;

IV. Dirección de Asuntos Jurídicos;

IV.1 Subdirección Jurídica;

V. Coordinación Administrativa;

VI. Coordinación de Evaluación de la Fiscalización;

VII. Secretaría Técnica; y

VIII. Especialistas preferentemente en materia de fiscalización, evaluación del desempeño y control; asesores y personal operativo.

En el presupuesto anual se aprobarán los recursos humanos que integrarán la plantilla del personal de la Unidad, así como los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.

Artículo 5. La Unidad, por conducto de sus servidores públicos y unidades administrativas, llevará a cabo las actividades que establezcan los ordenamientos legales, en forma programada y conforme a las políticas que para el logro de los objetivos establezca el Titular, con el acuerdo de la Comisión.

Capítulo IIDe la Comisión de Vigilancia

Artículo 6. La Comisión se apoyará en la Unidad, para evaluar si la Auditoría Superior cumple con las funciones que conforme a la Constitución y la Ley le corresponden.

Artículo 7. A la Comisión, en ejercicio de las atribuciones que le confiere elartículo 40 numeral 4 de la Ley Orgánica, artículos 76, 77, 78, 103, fracción III, 109, 110 y demás relativos de la Ley, corresponde:

I. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara y la Unidad;

II. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior para comprobar el cumplimiento de sus funciones conforme a la Constitución y a la Ley;

La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la entidad de fiscalización cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución y a la ley le corresponden; el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan;

III. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara o de la Comisión Permanente, la Cuenta Pública y turnarla a la Auditoría Superior para su fiscalización respectiva;

IV. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara el Informe de Avance de la Gestión Financiera que forma parte del informe a que se refieren los artículos 2 fracción XII y 7 de la Ley y turnarlo para su análisis a la Auditoría Superior;

V. Recibir de la Auditoría Superior el análisis del Informe de Avance de la Gestión Financiera;

VI. Recibir de la Auditoría Superior el Informe del Resultado;

VII. Presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Informe del Resultado, su análisis respectivo y conclusiones, tomando en cuenta las opiniones que, en su caso, emitan las comisiones ordinarias de la Cámara, previa solicitud de la Comisión.

El análisis podrá incorporar sugerencias de la Auditoría Superior que permitan presentar iniciativas para modificar disposiciones legales, tendentes a mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas;

VIII. Citar al Auditor Superior y a los funcionarios de la Auditoría Superior, cuando se requiera ampliar o aclarar el contenido del Informe del Resultado;

IX. Formular recomendaciones a la Auditoría Superior, derivadas del análisis y los errores que en su caso contengan el Informe del Resultado, para lo cual podrá solicitarle por escrito las explicaciones pertinentes y la comparecencia de su Titular y otros servidores públicos.

Las recomendaciones serán incluidas en las conclusiones del análisis al Informe del Resultado;

X. Presentar a la Auditoría Superior el informe con las observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación a su desempeño en la revisión de la Cuenta Pública a partir del análisis al Informe del Resultado, a más tardar el 30 de mayo de cada año. De lo anterior, la Auditoría Superior atenderá las recomendaciones de la Comisión y dará cuenta de su cumplimiento en el Informe del Resultado siguiente;

XI. Establecer los formatos en los cuales la Auditoría Superior elaborará los informes semestrales sobre el estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, en términos del artículo 30 de la Ley;

XII. Conocer el programa anual de actividades y el plan estratégico de la Auditoría Superior, así como sus modificaciones y evaluar su cumplimiento;

XIII. Emitir opinión sobre las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda;

XIV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, con base en la información que remita la Auditoría Superior y enviar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la información relevante a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal;

XV. Aprobar y presentar al Pleno de la Cámara, por conducto de la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad;

XVI. Aprobar los lineamientos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior, así como para imponer las sanciones respectivas de conformidad con los artículos 8 y 11 de la Ley de Responsabilidades;

XVII. Evaluar los registros que la Auditoría Superior tenga sobre la ejecución de los cobros derivados de las multas que haya impuesto, así como de las recuperaciones y resarcimientos operados que deriven de la práctica de auditorías y cotejar los datos con los informes que sobre el particular emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVIII. Aprobar el fincamiento de responsabilidades a que hubiere lugar en los términos de la Ley de Responsabilidades; para lo cual el Titular deberá solicitar la aprobación una vez que emita la resolución de fincamiento de responsabilidades e imposición de la sanción correspondiente.

Aprobar las resoluciones del recurso de revocación que interpongan ante la Unidad los servidores públicos sancionados, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades;

XIX. Conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal, así como analizar el informe anual de su ejercicio;

XX. Recibir de la Auditoría Superior, para su análisis, la cuenta comprobada dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio y requerirle toda la información adicional necesaria;

XXI. Aprobar los indicadores y los elementos metodológicos que utilizará la Unidad para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior; así como los indicadores de la propia Unidad;

XXII. Interpretar el presente Reglamento, aclarar y resolver en definitivalas consultas sobre su aplicación;

XXIII. Presentar al Pleno de la Cámara, la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior así como la solicitud de su remoción;

XXIV. Proponer al Pleno de la Cámara el nombramiento o remoción del Titular de la Unidad, y los recursos materiales, humanos y presupuestarios con los que debe contar la propia Unidad;

XXV. Aprobar las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior;

XXVI. Aprobar el programa anual de actividades, políticas, lineamientos y manuales que la Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones y solicitarle la información relativa a su desempeño;

XXVII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, por sí o a través de terceros;

XXVIII. Apoyarse en la Subdirección de Contraloría de la Unidad para la realización de auditorías internas a ésta, en coordinación con la Contraloría Interna de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes;

XXIX. Presentar a la Cámara el informe anual de gestión de la Unidad;

XXX. Conocer el informe de la Unidad sobre las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, que resulten de las revisiones que practique a la Auditoría Superior y vigilar que se atiendan plenamente;

XXXI. Autorizar el nombramiento y remoción de los directores y subdirectores de la Unidad, a propuesta del Titular;

XXXII. Instruir a la Unidad para presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de tener conocimiento fundado de conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XXXIII. Proponer al Pleno de la Cámara, para su aprobación, el Reglamento Interior de la Unidad y sus modificaciones;

XXXIV. Recibir peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, para que la Auditoría Superior analice su procedencia y las integre en el programa anual de trabajo.

Para tal efecto, instrumentará lo necesario con la finalidad de facilitar a la sociedad civil la recepción de dichas peticiones, solicitudes y denuncias. En su caso, se relacionará con organizaciones de la sociedad civil para proveer lo necesario en su cumplimiento.

XXXV. Recibir de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar la revisión de la Cuenta Pública.

Para lo cual, fomentará relaciones con universidades y colegios de profesionales de reconocido prestigio, para solicitar su apoyo y participación en todo lo relacionado con opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce el ente de fiscalización superior; y

XXXVI. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo IIIDe las Atribuciones de la Unidad

Artículo 8. La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proporcionar apoyo técnico a la Comisión en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior, respecto al cumplimiento de su mandato;

II. Vigilar, como órgano de evaluación y control de la Auditoría Superior, que los servidores públicos de ésta se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Ley y demás disposiciones legales aplicables;

III. Practicar, por acuerdo de la Comisión, por sí o a través de terceros, auditorías, visitas e inspecciones, para verificar el desempeño y cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior, su programa de actividades, así como la debida aplicación de su presupuesto, formulando, en su caso, las recomendaciones que fueren procedentes.

La práctica de auditorías, visitas e inspecciones, a través de terceros, la realizará la Unidad por excepción y mediante justificación que acredite la necesidad de su realización, la cual deberá ser previamente aprobada por la Comisión;

IV. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior y demás servidores públicos de la Auditoría Superior;

V. Iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la Comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley de Responsabilidades;

VI. Conocer y resolver, con la aprobación de la Comisión, el recurso de revocación, que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades;

VII. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita ante las diversas instancias jurisdiccionales o administrativas;

VIII. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

IX. Presentar, por acuerdo de la Comisión, denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

X. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XI. Conocer de los procedimientos administrativos y resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XII. Conocer de las infracciones cometidas por los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior, por incumplimiento de las disposiciones en la materia;

XIII. Auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones y recomendaciones que deriven del examen del Informe del Resultado y demás documentos que le envíe la Auditoría Superior;

XIV. Proponer a la Comisión los indicadores y sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que utilice para evaluar a la Auditoría Superior, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones, recomendaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad como la Comisión;

XV. Elaborar, por instrucciones de la Comisión, los formatos en que la Auditoría Superior integrará los informes semestrales sobre el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas;

XVI. Proponer a la Comisión, para su aprobación, las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior, los indicadores y los elementos metodológicos para evaluar su desempeño, así como los indicadores de la propia Unidad;

XVII. Llevar el registro, seguimiento y trámite de solventación de las observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación al desempeño en la revisión de la Cuenta Pública a partir del análisis al Informe del Resultado;

XVIII. Analizar, por instrucciones de la Comisión, el plan estratégico de la Auditoría Superior y evaluar su cumplimiento;

XIX. Evaluar el cumplimiento, por instrucciones de la Comisión, del programa anual de actividades de la Auditoría Superior;

XX. Someter a la aprobación de la Comisión, los lineamientos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior, e imponer las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades;

XXI. Informar a la Comisión de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, que resulten de las revisiones que practique a la Auditoría Superior, tanto de las solventadas como las que no lo hayan sido y vigilar que las mismas hayan sido plenamente atendidas;

XXII. Analizar y evaluar, por instrucciones de la Comisión, el registro sobre la ejecución de los cobros de las multas impuestas por la Auditoría Superior y los montos recuperados, así como de los resarcimientos que deriven de la práctica de auditorías y cotejarlos con la información que envíe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXIII. Formular una opinión, por instrucciones de la Comisión, sobre las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal correspondiente;

XXIV. Redactar el informe, por instrucciones de la Comisión, sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, con base en los elementos remitidos por la Auditoría Superior, para enviarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;

XXV. Analizar, por instrucciones de la Comisión, el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior y el informe anual de su ejercicio;

XXVI. Analizar, por instrucciones de la Comisión, la cuenta comprobada del ejercicio del presupuesto de la Auditoría Superior y requerirle toda la información adicional necesaria;

XXVII. Someter a la aprobación de la Comisión el programa de actividades de la Unidad, así como las políticas, lineamientos y manuales requeridos para el ejercicio de sus funciones;

XXVIII. Presentar a la Comisión el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, para su aprobación y presentación al Pleno de la Cámara, por conducto de la Junta de Coordinación Política;

XXIX. Proponer a la Comisión para su aprobación, el proyecto de Reglamento Interior de la Unidad y sus modificaciones;

XXX. Someter a la ratificación de la Comisión el nombramiento y remoción de los directores y subdirectores de la Unidad, a propuesta del Titular;

XXXI. Iniciar y sustanciar la investigación preliminar por la vía especial, para dictaminarse si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción del Auditor Superior;

XXXII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones, y

XXXIII. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo IVDel Titular de la Unidad

Artículo 9. Para ser nombrado titular de la Unidad , el candidato deberá cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 84 de la Ley ; su nombramiento será sometido por la Comisióna la consideración del Pleno dela Cámara , el cual dependerá para su validez, de la obtención de mayoría simple de votos de los diputados presentes en la sesión respectiva , y su mandato será de cuatro años , pudiendo , la Comisión proponer al Pleno de la Cámara nuevo nombramientopor otro periodo igual.

Artículo 10. El titular de la Unidad podrá ser removido por el Pleno de la Cámara con votación de mayoría simple de los diputados presentes en la sesión respectiva, previo agotamiento de su garantía de audiencia, cuando en el desempeño de su cargo incurriere en falta de honradez, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental, o cometa algún delito intencional.

Durante el receso de la Cámara, la Comisión podrá suspenderlo en el ejercicio de sus funciones para que aquélla resuelva en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Artículo 11. Al titular de la Unidad corresponde:

I. Ser responsable administrativamente ante la propia Cámara, a la que deberá rendir, por conducto de la Comisión, un informe anual de su gestión, independientemente de que pueda ser citado cuando sea necesario para dar cuenta del ejercicio de sus funciones;

II. Representar legalmente a la Unidad ante toda clase de autoridades, entidades, personas físicas o morales; y delegar la representación a la persona o personas que estime necesarias;

III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, que será aprobado por la Comisión y sometido a la consideración de la Cámara por conducto de aquella;

IV. Administrar y ejercer el presupuesto mensual, dando cuenta comprobada de su aplicación a la Comisión, dentro de los treinta días siguientes al mes del ejercicio;

V. Informar a la Comisión del ejercicio del presupuesto anual, enviando las cifras preliminares dentro de los treinta días siguientes al término del ejercicio, acerca de su aplicación;

VI. Proponer a la Comisión, para su aprobación, las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior, los indicadores y los elementos metodológicos que utilizará la Unidad para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior, así como los indicadores de la propia Unidad;

VII. Presentar a la Comisión, para su aprobación, el programa anual de actividades, así como las políticas, li- neamientos y manuales que la Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones;

VIII. Planear y programar las auditorías, visitas e inspecciones que practicará la Unidad a las diversas unidades administrativas que integran la Auditoría Superior y, rendir los informes de los resultados que le soliciten la Cámara y la Comisión;

IX. Planear, programar y proponer a la Comisión, para su aprobación, la práctica de auditorías, a través de terceros, a la Auditoría Superior;

X. Emitir observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías practicadas a la Auditoría Superior, así como recomendaciones preventivas al de-sempeño en sus procesos;

XI. Proponer a la Comisión la solventación de las observaciones emitidas a la Auditoría Superior derivadas de las auditorías, visitas e inspecciones practicadas, a petición del director del área correspondiente y sustentado en un dictamen jurídico;

XII. Proponer a la Comisión las observaciones y recomendaciones que se deriven del análisis al Informe de Resultado, dar seguimiento a las mismas y evaluar su cumplimiento, a efecto de que la Comisión cuente con la información necesaria para su solventación o informar a la Auditoría Superior y a la Unidad lo conducente;

XIII. Presentar a la Comisión los resultados derivados del apoyo técnico a la Comisión en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de su mandato, para que dictamine lo conducente;

XIV. Comunicar a la Comisión lo relacionado con el personal que intervendrá en las auditorías, visitas e inspecciones que realice la Unidad a la Auditoría Superior;

XV. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información y documentación necesaria para cumplir con sus atribuciones;

XVI. Mantener comunicación con el titular de la Auditoría Superior y demás servidores públicos de la misma, para facilitar la práctica de auditorías, visitas e inspecciones;

XVII. Proponer a la Comisión los lineamientos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades por los servidores públicos de la Auditoría Superior, e imponer las sanciones previstas en la citada Ley;

XVIII. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior;

XIX. Instruir el inicio de la sustanciación de la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si da lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere la Ley, relacionado con las quejas que formulen las entidades fiscalizadas sobre los actos u omisiones del Auditor Superior;

XX. Previa instrucción de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas que puedan constituir delitos imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XXI. Iniciar investigaciones y, en su caso, los procedimientos para determinar las responsabilidades en que incurran los servidores públicos de la Auditoría Superior, derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en la Ley de Responsabilidades, así como fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes, previa aprobación de la Comisión;

XXII. Resolver, previa aprobación de la Comisión, el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior o de la Unidad, sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades;

XXIII. Definir, formular y establecer los procedimientos administrativos, bases, sistemas de control interno y de evaluación de la Unidad, procurando que asuman un carácter integral, congruente y homogéneo, para el logro de sus objetivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

XXIV. Opinar, a petición de la Comisión, respecto al proyecto de presupuesto anual y del ejercicio de la cuenta comprobada de la Auditoría Superior;

XXV. Proponer a la Comisión la ratificación de los nombramientos y remociones de los directores y subdirectores de la Unidad, los cuales deberán reunir el perfil para ocupar el puesto correspondiente, en términos del artículo 108 de la Ley;

XXVI. Delegar atribuciones por medio de acuerdos que permitan el desarrollo de las actividades inherentes al Titular;

XXVII. Habilitar al personal a su cargo para realizar las auditorías, visitas e inspecciones que se practiquen a la Auditoría Superior y demás atribuciones encomendadas a la Unidad;

XXVIII. Imponer al personal de la Unidad las sanciones que procedan, cuando incurran en actos u omisiones que afecten el desempeño de sus funciones, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público, en términos de la Ley de Responsabilidades;

XXIX. Conocer de los procedimientos administrativos y resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas ;

XXX. Conocer de las infracciones cometidas por los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior, por incumplimiento de las disposiciones en la materia;

XXXI. Dirigir los mecanismos de cooperación con otras instituciones para la obtención y expedición de constancias que acrediten la existencia de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XXXII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la Unidad;

XXXIII. Celebrar convenios de colaboración para capacitar y actualizar al personal de la Unidad y ordenar la elaboración de estudios, planes, programas, proyectos y publicación, en su caso, y

XXXIV. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo de la Unidad, el Titular podrá delegar sus facultades, en forma general o particular, a los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las ejerza directamente, teniendo carácter de indelegables las que se mencionan en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX , XXX y XXXII de este artículo.

Capítulo VDe las Atribuciones de las Unidades Administrativas

Artículo 12. Para el ejercicio de sus funciones, el titular contará con direcciones, las que tendrán sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos, las siguientes atribuciones generales:

I. Suplir las ausencias del Titular de conformidad a lo dispuesto en el presente Reglamento;

II. Acordar con el titular el despacho de los asuntos relacionados con la oficina a su cargo, o los programas cuya coordinación se le hubieren asignado;

III. Planear y programar las actividades de las oficinas a su cargo y someterlas a la consideración del Titular;

IV. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la Dirección a su cargo, de conformidad con el Reglamento, Manual de Organización, lineamientos, normas técnicas, indicadores y metodologías para evaluar el desempeño, que apruebe la Comisión;

V. Participar en la elaboración de la normativa necesaria para el desempeño de las atribuciones que tienen asignadas;

VI. Proponer al titular los planes y programas de auditorías, visitas e inspecciones que se practicarán a la Auditoría Superior, así como los programas de la Dirección;

VII. Dirigir y supervisar que en la realización de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior, se cumpla con la normativa aplicable;

VIII. Elaborar los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones que se realicen a la Auditoría Superior, con base en la normativa establecida y, en su caso, formular las observaciones, recomendaciones y acciones correspondientes;

IX. Evaluar la atención a las acciones que promueva la Unidad a la Auditoría Superior, como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que se le practiquen y, en su caso, proponer su solventación;

X. Supervisar la realización de los trabajos en apoyo técnico a la Comisión en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de su mandato y proponer al Titular los resultados de ellos.

XI. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones que se deriven de las auditorías, visitas e inspecciones practicadas a la Auditoría Superior, proponiendo al Titular la solventación de aquellas observaciones que estén debidamente atendidas y, en su caso, turnar a la Subdirección de Contraloría las que no lo fueren, para su atención;

XII. Proponer elementos para la realización y redacción de estudios, planes, programas y proyectos que competan a la Unidad, en la forma que determine el Titular, el Manual de Organización, los acuerdos de la Cámara y la Comisión;

XIII. Aportar la información que corresponda para formular el proyecto de presupuesto anual de la Unidad, así como para su informe anual de gestión correspondiente;

XIV. Proponer al Titular el personal que deba intervenir en las auditorías, visitas e inspecciones a su cargo y, en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto;

XV. Requerir la información y documentación que sea necesaria para realizar auditorías, visitas o inspecciones a las distintas unidades administrativas de la Auditoría Superior, y a terceros que hubieren celebrado operaciones con ésta;

XVI. Asistir a la Comisión, como su órgano de consulta, en la realización de análisis, propuestas y opiniones en materia de fiscalización;

XVII. Participar en el análisis del Informe del Resultado y demás documentos que envíe la Auditoría Superior; y

XVIII. Proporcionar los elementos para la elaboración, implementación y seguimiento de los sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que se utilicen para evaluar a la Auditoría Superior, así como los sistemas de seguimiento de las observaciones y acciones que promuevan la Unidad y la Comisión.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, los directores serán auxiliados por los servidores públicos de la Unidad.

La denominación, organización y funciones de las unidades administrativas que no se señalen, se precisarán en el Manual de Organización.

Artículo 13. Al Director de Evaluación y Control de la Gestión Técnica corresponde:

I. Planear, programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías que realiza la Auditoría Superior, vigilando el desarrollo de las mismas y que se practiquen conforme al marco legal aplicable;

II. Informar al Titular sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar la Cuenta Pública no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten;

III. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior, respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución técnica de las auditorías que practique en la revisión de la Cuenta Pública;

IV Diseñar y coordinar en el ámbito de su competencia, instrumentos y acciones que permitan evaluar el efecto de la fiscalización en la gestión y desempeño de los entes fiscalizados, en los resultados de programas y proyectos autorizados en el Presupuesto y en la administración de los recursos públicos federales;

V. Verificar que las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normativa aplicable;

VI. Evaluar el contenido de los informes de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior y, de conformidad con los resultados, proponer al Titular las acciones pertinentes;

VII. Proponer la metodología para el análisis del Informe del Resultado;

VIII. Coordinar los trabajos de análisis al Informe del Resultado y generar los informes respectivos proponiendo las conclusiones y, en su caso, recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior;

IX. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que, con motivo de la fiscalización que realiza, pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas;

X. Coadyuvar en la preparación de los formatos para llevar el registro y el análisis del estado que guardan las recomendaciones, observaciones y acciones que formule la Auditoría Superior a las entidades fiscalizadas;

XI. Proponer los indicadores y los elementos metodológicos que utilizará, en el ámbito de su competencia, para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior;

XII. Verificar el proceso para la determinación y solventación de observaciones, recomendaciones y acciones que promueva la Auditoría Superior como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;

XIII. Diseñar e instrumentar los sistemas de seguimiento y control de observaciones y acciones promovidas y llevar el registro de las observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación al desempeño de la Auditoría Superior que formula la Comisión a ésta, así como el seguimiento y trámite de solventación de las observaciones y acciones que deriven de las revisiones practicadas en el ámbito de su competencia;

XIV. Evaluar los registros que la Auditoría Superior tenga sobre la ejecución de cobros y montos recuperados y resarcimientos operadosque deriven de la práctica de auditorías y cotejar dicha información con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XV. Evaluar el cumplimiento del plan estratégico y del programa anual de actividades de la Auditoría Superior;

XVI. Proponer el proyecto de opinión sobre las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado;

XVII. Elaborar el proyecto de informe sobre la evaluación del cumplimiento de objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado con base en el informe de la Auditoría Superior;

XVIII. Emitir en el ámbito de su competencia, los informes de las revisiones y evaluaciones practicadas y, en su caso, proponer las observaciones, recomendaciones y acciones necesarias para solventar las irregularidades detectadas;

XIX. Proponer a al Titular de la Unidad y a la Dirección de Asuntos Jurídicos la solventación de las observaciones determinadas en la práctica de las revisiones y evaluaciones a la Auditoría Superior, cuando esta ofrezca la información requerida o ejecute las acciones necesarias para corregir la irregularidad detectada;

XX. Participar en el diseño y ejecución de estudios e investigaciones orientadas al perfeccionamiento del sistema de fiscalización superior, y

XXI. Ejercer las demás atribuciones que le sean encomendadas por la Comisión, el Titular, así como las establecidas en la Ley y demás disposiciones legales.

Artículo 14. Al Director de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, corresponde:

I. Planear las políticas, bases, lineamientos, criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento sobre la recepción y atención de las quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

II. Proponer y ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

III. Recibir e investigar las quejas o denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

IV. Iniciar las investigaciones o verificaciones cuando, a juicio de la Unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

V. Emitir el acuerdo definitivo de la investigación o verificación, para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VI. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones dentro de los expedientes administrativos disciplinarios seguidos a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VII. Tramitar y sustanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades, citando a los servidores públicos de la Auditoría Superior, presuntos responsables, a la audiencia de ley prevista en la Ley de Responsabilidades;

VIII. Imponer los medios de apremio establecidos en la Ley de Responsabilidades para el debido cumplimiento de sus atribuciones;

IX. Presentar al titular, para su aprobación, el proyecto de resolución derivado de los procedimientos administrativos instaurados en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

X. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del Auditor Superior, proponiendo al Titular el dictamen correspondiente;

XI. Verificar la ejecución de las sanciones administrativas que se impongan a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XII. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores, contratistas o licitantes de la Auditoría Superior, por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. De igual forma, conocer de las infracciones cometidas por los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior, por incumplimiento de las disposiciones en la materia;

XIII. Dirigir las acciones relacionadas con la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XIV. Coordinar los mecanismos de cooperación con otras instancias para la obtención y expedición de constancias que acrediten la existencia de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XV. Participar, con voz pero sin voto, en los comités y procedimientos de licitación de la Auditoría Superior;

XVI. Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XVII. Opinar, a petición de la Comisión, sobre el proyecto de presupuesto anual y el ejercicio de la cuenta comprobada de la Auditoría Superior;

XVIII. Proponer los indicadores y elementos metodológicos que utilizará, en el ámbito de su competencia, para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior y la Unidad; así como dar seguimiento, con la participación de las demás áreas, a la administración y operación permanente de indicadores del desempeño, que permitan analizar y evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos por la Auditoría Superior y la Unidad misma;

XIX. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior, respecto al cumplimiento de su mandato y atribuciones en el ámbito de su competencia;

XX. Proponer y ejecutar los programas de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior en materia de gestión administrativa, conforme a los lineamientos y criterios que apruebe la Comisión;

XXI. Coordinar las evaluaciones al desempeño que se practiquen a las unidades administrativas auditoras de la Auditoría Superior;

XXII. Diseñar y coordinar, en el ámbito de su competencia, mecanismos que permitan evaluar el impacto de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior en los procesos y resultados generales de gestión de las entidades fiscalizadas;

XXIII. Emitir, en el ámbito de su competencia, los informes del resultado de las auditorías practicadas y, en su caso, proponer las observaciones, recomendaciones y acciones necesarias para solventar las irregularidades detectadas;

XXIV. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a la Auditoría Superior, derivadas de la práctica de auditorías y, en su caso, proponer su solventación y conclusión;

XXV. Coordinar y supervisar la elaboración, administración y operación permanente del sistema de indicadores de desempeño que permitan analizar y evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos en el desa-rrollo de las actividades de la Unidad;

XXVI. Apoyar a la Comisión, mediante la supervisión de auditorías internas a la Unidad en coordinación con la Contraloría Interna de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes;

XXVII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Unidad que puedan constituir responsabilidades y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, y proponer al titular la resolución que en derecho corresponda, en términos de la Ley de Responsabilidades, y

XXVIII. Ejercer las demás atribuciones que le sean encomendadas por la Comisión, el Titular, así como las establecidas en la Ley y demás disposiciones legales.

Artículo 15. Al Director de Asuntos Jurídicos corresponde:

I. Asesorar en materia jurídica a la Unidad;

II. Actuar como órgano de consulta jurídica de la Comisión proporcionando los análisis, propuestas y opiniones que se requieran;

III. Opinar sobre los proyectos de Reglamento, manuales, lineamientos y demás disposiciones jurídicas de la Unidad;

IV. Elaborar opinión para conocimiento de la Comisión, sobre el Reglamento Interior, manuales de organización y procedimientos de la Auditoría Superior;

V. Representar a la Unidad cuando el Titular así lo disponga ante toda clase de tribunales y autoridades;

VI. Ejercitar toda clase de acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la Unidad sea parte, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general, dar debido seguimiento a los juicios;

VII. Presentar por acuerdo del Titular, denuncias y querellas relacionadas con actos u omisiones que puedan constituir delitos imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VIII. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Unidad, salvo que se trate de documentos clasificados como reservados ó confidenciales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

IX. Asesorar y, cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior;

X. Dictaminar los proyectos de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XI. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones dentro de los expedientes que se inicien con motivo de los recursos o medios de impugnación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XII. Tramitar y sustanciar el procedimiento del recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas y someter a consideración del Titular el proyecto de resolución;

XIII. Dictaminar sobre la existencia de los motivos de remoción del Auditor Superior;

XIV. Sancionar los proyectos de observaciones, recomendaciones y acciones que se promuevan a la Auditoría Superior, así como de su solventación y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la Unidad;

XV. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Comisión y de la Unidad;

XVI. Ser enlace por parte de la Unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de los órganos de control respectivos;

XVII. Practicar, en el ámbito de su competencia, las auditorías de legalidad a la Auditoría Superior y evaluar su desempeño, respecto al cumplimiento de su mandato; y

XVIII. Ejercer las demás atribuciones que le sean encomendadas por la Comisión, el Titular, así como las establecidas en la Ley y demás disposiciones legales.

Artículo 16. La Subdirección de Planeación de Programas de Evaluación y Seguimiento, estará adscrita a la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica y le corresponde:

I. Aportar los elementos de control para la ejecución de auditorías, visitas e inspecciones que permitan evaluar la operación y funcionamiento de las distintas unidades administrativas de la Auditoría Superior;

II. Diseñar los mecanismos de control y seguimiento de las auditorías que lleve a cabo la Unidad, así como para evaluar el proceso de planeación y programación de las actividades de la Auditoría Superior;

III. Proponer, en el ámbito de su competencia, las políticas, procedimientos y programas en materia de procesos de auditoría y supervisión que llevará a cabo la Unidad para la evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

IV. Integrar el programa de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, conforme al programa de trabajo de la Unidad y los acuerdos de la Comisión;

V. Diseñar y coordinar la formulación de las guías de auditoría que aplicará la Unidad conforme a los programas que se ejecuten en las unidades administrativas de la Auditoría Superior, precisando su alcance y objetivos;

VI. Participar en la evaluación y seguimiento de las revisiones que la Auditoría Superior practique a las entidades fiscalizadas, analizando los criterios de selección, los procedimientos aplicados y la eficiencia, así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados;

VII. Dar seguimiento sistemático a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior, así como a la recurrencia de irregularidades de las entidades fiscalizadas y a los resarcimientos y recuperaciones efectivas que se hagan a la Hacienda Pública Federal y al patrimonio de los entes públicos federales;

VIII. Evaluar, en el ámbito de su competencia, el proceso de solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones que promueva la Auditoría Superior;

IX. Verificar que la operación y funcionamiento de los sistemas de control de información de la Auditoría Superior se apeguen a la normativa aplicable proponiendo, en su caso, las medidas correctivas que procedan;

X. Verificar, en el ámbito de su competencia, que la Auditoría Superior atienda las observaciones, recomendaciones y acciones que promuevan la Unidad y la Comisión;

XI. Participar en el análisis de documentos e informes que turnen la Auditoría Superior y otras instancias, a la Cámara y a la Comisión; y

XII. Aportar los elementos para la formulación de estrategias, programas, mecanismos, y procedimientos de control y seguimiento para evaluar las auditorías que practica la Auditoría Superior.

Artículo 17. La Subdirección de Evaluación y Control de Auditorías al Desempeño, Programático Presupuestales y Económico Financieras estará adscrita a la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica y le corresponde:

I. Ejecutar las auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, que conforme a sus funciones le corresponda realizar en el marco del programa de actividades de la Unidad y los acuerdos de la Comisión;

II. Evaluar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior, sean congruentes con los objetivos y metas trazados en sus programas anuales;

III. Practicar revisiones a la Auditoría Superior para verificar el cumplimiento de los objetivos fijados en su programa anual de auditorías de desempeño, programático-presupuestales y económico financieras, que ésta realice;

IV. Verificar que las revisiones practicadas por la Auditoría Superior o a través de terceros, se sujeten a la normativa aplicable;

V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, y conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;

VI. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a la Auditoría Superior, derivadas de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones y, en su caso, proponer su solventación y conclusión;

VII. Informar, por escrito, a su superior cuando del resultado de las auditorías, visitas e inspecciones practicadas a la Auditoría Superior, existan presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquella, para que se proceda en consecuencia;

VIII. Participar en los trabajos de análisis a documentos e informes que turne la Auditoría Superior y otras instancias a la Cámara y a la Comisión;

IX. Verificar, en el ámbito de su competencia, que los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a lo establecido en las disposiciones legales aplicables; e

X. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior, que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas.

Artículo 18. La Subdirección de Evaluación y Control de Revisiones de Regularidad estará adscrita a la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica y le corresponde:

I. Ejecutar las auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior en materia de regularidad, que conforme a sus funciones le corresponda realizar en el marco de los programas de actividades de la Unidad y los acuerdos de la Comisión;

II. Evaluar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior, sean congruentes con los objetivos y metas trazados en sus programas anuales;

III. Practicar auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, para verificar si en sus revisiones a las entidades fiscalizadas, se observó el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la ejecución y registro de los recursos federales asignados;

IV. Verificar que en las revisiones practicadas por la Auditoría Superior a través de terceros se sujeten a la normativa aplicable;

V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, y conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;

VI. Informar, por escrito, a su superior cuando del resultado de las auditorías, visitas e inspecciones practicadas, existan presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior, para que se proceda en consecuencia;

VII. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a la Auditoría Superior, derivadas de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones y, en su caso, proponer su solventación y conclusión;

VIII. Participar en los trabajos de análisis a documentos e informes que turne la Auditoría Superior y otras instancias a la Cámara y a la Comisión;

IX. Verificar, en el ámbito de su competencia, que los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a lo establecido en las disposiciones legales aplicables; e

X. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior, que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas.

Articulo 19. La Subdirección de Contraloría estará adscrita a la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, y le corresponde:

I. Proponer al Director la normativa para regular la recepción y atención de quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

II. Ejecutar los programas de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior en materia de gestión administrativa y los preventivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

III. Elaborar y proponer los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías, visitas e inspecciones que lleve a cabo la Unidad, en materia de vigilancia de la gestión administrativa de la Auditoría Superior;

IV. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Auditoría Superior, conforme a las órdenes de auditoría que sobre el particular instruya la Comisión;

V. Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de la Auditoría Superior, se lleven a cabo en términos de eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia, de acuerdo a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y que las metas y objetivos, en materia administrativa, se cumplan;

VI. Practicar las investigaciones o verificaciones cuando, a juicio de la Unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VII. Auxiliar al Titular y al Director de su adscripción en la sustanciación de la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del Auditor Superior, proponiendo el proyecto de dictamen correspondiente;

VIII. Dar cuenta a su superior con los escritos, promociones, oficios y demás documentos que se reciban en la Unidad, relacionados con los procedimientos administrativos de su competencia;

IX. Asistir al Titular y a su Director en el trámite y sustanciación de los procedimientos administrativos de responsabilidades, por actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior y de la Unidad que puedan constituir responsabilidades de acuerdo a la normativa aplicable, autorizando con su firma los acuerdos y resoluciones;

X. Formular el proyecto de resolución en los procedimientos administrativos;

XI. Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Auditoría Superior, en los términos establecidos en sus lineamientos;

XII. Participar, con voz pero sin voto, en los comités y procedimientos de licitación de la Auditoría Superior;

XIII. Sustanciar las inconformidades que presenten los proveedores, contratistas o licitantes de la Auditoría Superior en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

XIV. Conocer y dar trámite de las infracciones cometidas por los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior, por incumplimiento de las disposiciones aplicables;

XIV. Elaborar y dar seguimiento a la administración y operación permanente de un sistema de indicadores de desempeño que permita analizar y evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades de la Unidad;

XV. Apoyar a la Comisión, mediante la realización de auditorías internas a la Unidad en coordinación con la Contraloría Interna de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes;

XVI. Participar en los procesos de licitación que realice la Unidad en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública, y

XVII. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. La Subdirección de Registro y Análisis de Situación Patrimonial estará adscrita a la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, y le corresponde:

I. Proponer y ejecutar los programas preventivos en materia de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

II. Proponer y ejecutar los programas para la recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

III. Llevar el registro, control, resguardo, análisis y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior;

IV. Proponer los mecanismos de cooperación con otras instancias para obtener y expedir las constancias que acrediten la existencia o no de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

V. Turnar a su superior los expedientes en los que, a su juicio, existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público de la Auditoría Superior es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener;

VI. Notificar al superior los casos de los servidores públicos de la Auditoría Superior que hayan omitido presentar su declaración de situación patrimonial, con oportunidad y veracidad; y

VII. Llevar el registro y control de los servidores públicos sancionados de la Auditoría Superior.

Artículo 21. La Subdirección Jurídica estará adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos y le corresponde:

I. Presentar a la consideración del superior, los proyectos de escritos de demandas, contestaciones, promociones, recursos y alegatos de los juicios en que la Unidad sea parte;

II. Presentar, por acuerdo del Titular y del Director, denuncias y querellas relacionadas con actos u omisiones que puedan constituir delito imputable a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

III. Dar seguimiento e intervenir en los juicios de amparo, civiles, penales, administrativos, laborales y en cualquier otra materia, en que la Unidad sea parte;

IV. Presentar a la consideración de su superior los proyectos de dictámenes sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior;

V. Analizar, para la sanción del superior, los proyectos de observaciones, recomendaciones, acciones y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la Unidad;

VI. Presentar a la consideración del superior los proyectos de resolución a los recursos de revocación que hagan valer los servidores públicos de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones en las que se les impongan sanciones administrativas;

VII. Practicar, en el ámbito de su competencia, las auditorías de legalidad a la Auditoría Superior. Así como evaluar su desempeño, respecto al cumplimiento de su mandato;

VIII. Proponer al superior los proyectos de Reglamento, manuales, lineamientos, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean competencia de la Unidad;

IX. Intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior;

X. Intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al personal de la Unidad, y

XI. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 22. Al Coordinador Administrativo de la Unidad le corresponde:

I. Administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la Unidad, de conformidad con la normativa aplicable, así como las que emita la Cámara;

II. Coordinar y preparar el proyecto de presupuesto anual de la Unidad;

III. Concentrar la información que emitan las direcciones a fin de elaborar, conjuntamente, los proyectos de manuales internos y lineamientos que se requieran para el funcionamiento de la Unidad y someterlos a la consideración del Titular;

IV. Elaborar los informes mensual y anual correspondientes de los presupuestos ejercidos por la Unidad y presentarlos al Titular;

V. Mantener actualizados los registros contables y elaborar los estados financieros y demás informes internos de la Unidad;

VI. Proponer al Titular las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la Unidad;

VII. Elaborar y proponer al Titular el programa de actividades de su área;

VIII. Elaborar y proponer al Titular el programa de capacitación para el personal de la Unidad;

IX. Programar las adquisiciones y proporcionar a la Unidad los insumos materiales, de servicios, de documentación, de informática y otros necesarios para el desarrollo de sus actividades; y

X. Elaborar el Manual de Organización, los manuales de procedimientos, bases y políticas administrativas tomando en cuenta los elementos que aporten las áreas; así como redactar las bases que contengan el procedimiento para ingresar a la Unidad.

Artículo 23. Al Coordinador de Evaluación de la Fiscalización le corresponde:

I. Integrar los mecanismos que permitan evaluar el impacto de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior derivada de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan;

II. Integrar los indicadores y elementos metodológicos para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior;

III. Coordinar y supervisar la elaboración, administración y operación permanente del sistema de indicadores de desempeño que permitan analizar y evaluar el de-sempeño de la Auditoría Superior;

IV. Desarrollar sistemas y herramientas de evaluación, monitoreo y seguimiento a las funciones realizadas por la Auditoría Superior, en apoyo a las diversas áreas de la Unidad;

V. Participar en el desarrollo de la Contraloría Social;

VI. Desarrollar e implementar los sistemas, aplicaciones, procesos en materia de tecnologías de la información;

VII. Definir y establecer las políticas y procedimientos en materia de tecnologías de la información de la Unidad;

VIII. Analizar la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos, en materia de tecnologías de la información, de las áreas administrativas de la Unidad;

IX. Desarrollar e implementar las metodologías y herramientas necesarias para la evaluación, coordinación y seguimiento de los proyectos especiales que contemple la participación de varias unidades administrativas; y

X. Definir y establecer las políticas y procedimientos en el acopio y acervo de datos e información en materia de evaluación del desempeño;

Artículo 24. Al Secretario Técnico, como auxiliar en las labores del Titular, le corresponde:

I. Integrar el Programa Anual de Actividades de la Unidad, así como los informes semestrales sobre el grado de avance que se registre;

II. Integrar y coordinar los trabajos de análisis a documentos e informes que turnen a la Unidad, la Cámara, la Comisión y la Auditoría Superior;

III. Integrar el Informe Anual de Gestión de la Unidad;

IV. Coordinar las tareas de planeación estratégica de la Unidad;

V. Realizar, documentar y coordinar estudios relacionados con la fiscalización, con el propósito de generar propuestas específicas para mejorar su desarrollo;

VI. Coordinar los trabajos de edición y publicación de los estudios, planes, programas y proyectos de la Unidad;

VII. Proponer al Titular políticas, programas y planes para el mejoramiento y modernización de la Unidad;

VIII. Participar en el análisis y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan estratégico y el programa anual de actividades de la Auditoría Superior, en coordinación con las demás áreas de la Unidad;

IX. Elaborar estudios relativos al impacto generado por el trabajo de la fiscalización en la calidad de la gestión pública; y

X. Apoyar en el desarrollo del análisis y conclusiones del Informe del Resultado.

Capítulo VIDel Régimen Laboral

Artículo 25. Los servidores públicos de la Unidad, por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la Unidad, a través de su Titular, y los trabajadores a su servicio, para todos sus efectos.

Artículo 26. El personal de la Unidad gozará de las prestaciones de seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con los convenios suscritos por el Titular de la Unidad.

Artículo 27. El ingreso a la Unidad de servidores públicos a nivel de director, subdirector, secretario técnico, coordinador administrativo, coordinador de Evaluación de la Fiscalización, asesor o especialista será mediante concurso público, en los términos de los procedimientos y bases para la selección, ingreso y evaluación de personal a la Unidad, así como por los lineamientos que al efecto apruebe la Comisión.

Capítulo VIIDe los Perfiles Académicos de Especialidad

Artículo 28. Para ser director, subdirector, secretario técnico, coordinador administrativo, coordinador de Evaluación de la Fiscalización, asesor o especialista, se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, economía, administración, actuaría o cualquier otro título legalmente expedido por autoridad o institución facultada para ello, relacionado con actividades de fiscalización, evaluación del desempeño y control;

En el caso del director de Asuntos Jurídicos, deberá contar con título profesional de licenciado en derecho.

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional;

IV. No haber desempeñado puestos de elección popular, cuando menos dos años antes al momento de su designación,

V. No existir conflicto de intereses, entre las labores que previamente haya realizado y la que deba realizar en la Unidad; y

VI. Contar al día de su designación con una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión.

Los perfiles no especificados en este Capítulo, se normarán en los lineamientos respectivos.

Capítulo VIIIDe las Suplencias

Artículo 29. El titular será suplido en sus ausencias por los directores de Asuntos Jurídicos, de Evaluación y Control de la Gestión Técnica o de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses. Si la ausencia fuere mayor, la Comisión dará cuenta a la Cámara para que resuelva lo procedente.

Durante los recesos, el director de Asuntos Jurídicos ejercerá el cargo hasta en tanto la Cámara designe al Titular en el siguiente periodo de sesiones.

Artículo 30. Durante las ausencias temporales de los directores, el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes, quedarán a cargo de los Subdirectores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Transitorios

Primero.El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se abroga el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2001.

Tercero.Los asuntos promovidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión, conforme a las disposiciones del Reglamento que se abroga y se sustanciarán por las unidades administrativas señaladas en el presente Reglamento, que sustituyen en competencia a las que conocieron inicialmente de los asuntos pendientes de resolución.

Cuarto.El Manual General de Organización, así como el Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación y Control, deberán ser expedidos dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Esthela Damián Peralta, presidenta; José Francisco Rábago Castillo, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Ramón Jiménez López, Pablo Escudero Morales, Mario di Costanzo Armenta, Alejandro Gertz Manero, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Alejandro Cano Ricaud, Humberto Lepe Lepe, Margarita Liborio Arrazola, José Ricardo López Pescador, Patricio Chirinos del Ángel, David Ricardo Sánchez Guevara, Ramón Ramírez Valtierra, María Esther de Jesús Scherman Leaño, César Augusto Santiago Ramírez, Francisco Saracho Navarro, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Gastón Luken Garza, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Bonifacio Herrera Rivera, Gloria Romero León, Elsa Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del  diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Rubén Moreira Valdez y Hugo Héctor Martínez González, en su carácter de integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El carbón es considerado el energético más barato, por lo que ha adquirido gran importancia para industrias como la siderurgia y la metalurgia: explica 12.7 por ciento de la generación de energía eléctrica. En México se han detectado tres regiones carboníferas: en Oaxaca, en Sonora y en Coahuila, con mucho la región carbonífera más importante del país, comprendida por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, se cuenta con 95 por ciento de reservas del país comprendidas en una extensión territorial de 16 mil 40 kilómetros cuadrados, y donde la principal actividad económica es la extracción del carbón, labor por la cual se encuentran en el primer lugar nacional.

Ahí, su explotación produce en tiempos normales una derrama anual promedio por este concepto de más de mil 200 millones de pesos producto de su venta, y donde la extracción del carbón que genera la energía eléctrica enciende 14 de cada 100 focos existentes en el país.

Por eso, el carbón a escala mundial se perfila como una alternativa de generación de energía, ya que cifras sobre los años restantes de reservas mundiales lo ubican con aproximadamente 133 años de abundantes reservas, mientras que para el petróleo sólo se estiman 41 y para el gas natural 60.

Durante el proceso de extracción del carbón es común encontrar bolsas de gas, compuesto principalmente por gas metano también denominado gas grisú el cual es altamente explosivo. El gas metano, se forma a la vez que él carbón durante el proceso de carbonificación, el carbón desprende diversos elementos, como hidrógeno, carbono y oxígeno, en forma de agua y gases como el dióxido de carbono o el metano.

Dicho gas, como se ha mencionado, es sumamente explosivo y se convierte en un peligro constante para los mineros, solo basta recordar el accidente ocurrido a raíz de este gas, el 19 de febrero de 2006 en la mina pasta de conchos ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros.

Datos más estremecedores demuestran que desde que se inició el aprovechamiento del carbón en Coahuila han ocurrido en las minas 49 explosiones, que han cobrado mil 855 vidas humanas, tan sólo en accidentes atribuidos al llamado “vaho del diablo”, el gas metano. Tenemos entonces que este gas cobra en promedio 15 vidas por año.

Dados los diversos accidentes que se han suscitado, se han tomado medidas de seguridad para el manejo del gas grisú, dichas medidas van encaminadas a evitar la posibilidad de explosiones o minimizar sus efectos; y consisten en tratar de mantener las concentraciones del gas dentro de las minas por debajo de 5 por ciento, lo cual se realiza a través de un proceso de ventilación, denominado venteo el cual consiste en introducir aire limpio del exterior el cual tiene como fin, diluir el metano para que las concentraciones de gas sean menores de 5 por ciento estas ventilaciones se rea-lizan a través de metanómetros o grisuómetros.

El venteo de las minas de carbón y la desgasificación previa de los yacimientos de carbón son dos actividades indispensables del proceso productivo del minado de ese recurso, pero desgraciadamente dicho gas no se recupera ni se aprovecha, sino que es venteado a la atmósfera.

El gas metano es reconocido como uno de los gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero, su potencial de calentamiento global es 21 veces mayor que el del bióxido de carbono.

El venteo de gas grisú contribuye al cambio climático y a dañar ecosistemas cercarnos. A las emisiones de metano en la minería se les conoce como emisiones fugitivas.

Internacionalmente el gas metano está incluido en el Tratado Internacional de Cambio Climático, conocido como Protocolo de Kioto; a nivel nacional la reducción de emisiones fugitivas de metano se ha incluido como uno de los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático 2009-20012.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, para 2003 las emisiones fugitivas de metano alcanzaron 64.8 Gg: convertidas a masa de CO2corresponden a mil 360.60 Gg. Estas emisiones se consideran dentro del sector de energía en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Para 2006, las emisiones del sector contribuyeron con 195.6 millones de toneladas de CO2, 27.3 por ciento de las emisiones del país.

Sin embargo, para darnos una idea del daño que este gas genera a la atmósfera, el sistema Metrobús, que funciona en el Distrito Federal, evita anualmente la emisión de 30 mil 500 toneladas de bióxido de carbono; si consideramos que las emisiones anuales de metano de la minería del carbón solo en Coahuila se estiman en poco menos de un millón de toneladas; estamos ante un evento en el cual las minas emiten gases de efecto invernadero por aproximadamente 30 veces más emisiones que un sistema de transporte capaz de movilizar a 260 mil personas al día. Con la diferencia de que el metano, que emiten las minas, tienen un mayor potencial de calentamiento, de hasta 21 veces más que el bióxido de carbono.

Este gas, como hemos visto, es sumamente tóxico y flamable, un peligro para los mineros, es dañino a la atmósfera, sin embargo también es altamente energético y puede ser utilizado tanto para la generación eléctrica y la propulsión de vehículos y motores así como para hornos industriales y estufas caseras. Debemos buscar el mejor aprovechamiento del gas grisú que conforme a la regulación vigente obliga a los concesionarios mineros a ventear dicho energético.

Si considera que el volumen de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral se estiman en cerca de 2 mil 384 billones de pies cúbicos en el subsuelo, y que con base en estudios realizados por el Consejo de Recursos Minerales, hoy Servicio Geológico Mexicano, y de los propios productores de carbón mineral, el contenido de metano por tonelada de carbón es de entre 8 y 12 metros cúbicos y considerando que el factor de recuperación del gas grisú es de aproximadamente de 50 por ciento puede estimarse que el gas recuperable y aprovechable podría ascender a 3 mil 46 millones de pies cúbicos por día que por el momento están contaminando y dañando la capa de ozono.

Considerando que tal cantidad de gas no sólo daña el ambiente sino que se está desperdiciando ya que dichos gas, es usando en muchas partes del mundo como una fuente generadora de energía eléctrica.

Sin embargo, diversos factores han evitado que los inversionistas se interesen en la captación y transformación de este gas, uno de estos factores es el impuesto que por concepto de uso y aprovechamiento del gas grisú se tiene que pagar, dicho gravamen consiste en el pago de 40 por ciento sobre la diferencia que resulte entre el valor anual del gas asociado a los yacimientos del carbón mineral extraído en el año y las deducciones permitidas.

A la fecha, esa inversión no ha cubierto las expectativas y es casi nula. Por ende, la recaudación que se pretendía obtener por el uso de este gas es nula.

Por ello eliminar este gravamen podría incentivar la inversión para la captación de este gas. En México, la dependencia de importaciones de gas natural se ha ido incrementando, cuando dichas importaciones podrían reducirse evitando el desperdicio del gas grisú que es un combustible mineral gaseoso sustituto del gas natural.

El propósito de esta iniciativa es derogar el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, relativo al impuesto por el uso y aprovechamiento del gas grisú, para generar un mayor estímulo a la inversión en la extracción y utilización de dicho gas; con lo que estaremos contribuyendo a evitar la contaminación por causa de este gas, que en otras condiciones se tendría que liberar al ambiente.

Es evidente que no se recauda por concepto de este derecho y, por otra parte, estamos causando un daño irreparable al ambiente por no aprovechar el gas y liberarlo.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Rafael Pacchiano Alamán, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que adiciona el artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Rafael Pacchiano Alamán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Gupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Exposición de Motivos

Los ecosistemas mexicanos son una gran riqueza biológica y uno de los mecanismos más importantes para lograr su preservación y conservación es el establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

En términos del artículo 77 Bis a de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la certificación voluntaria de predios permite a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales, públicas y privadas, y demás personas interesadas, solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente un reconocimiento en el que conste que sus predios serán destinados a acciones de preservación de ecosistemas y su biodiversidad y serán reconocidas como Áreas Naturales Protegidas (ANP). Entre los requisitos, se señala que el promovente deberá definir la estrategia de manejo – asesorado técnicamente por la secretaría– por un plazo no menor de quince años.

Esta reciente adición a la LGEEPA ha logrado un buen efecto pues por un lado ha demostrado ser muy eficaz para la autoridad –ya que su constitución no representa una erogación económica significativa– y por otro, hace a la ciudadanía partícipe de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas dando impulso a los lazos de cooperación entre el estado y la sociedad mediante la coordinación de las acciones de preservación y en su caso de restauración del equilibrio ecológico.

Además prevé que si en el área se realiza un aprovechamiento sustentable de los recursos que allí se ubican, la secretaría expedirá un sello de sustentabilidad que dará un valor agregado a los productos resultado de dichos aprovechamientos, como sucede por ejemplo con las maderas certificadas.

En particular, la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es aún incipiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reporta 193 áreas certificadas con un total de 245 194.11 hectáreas de las que 46 pertenecen a particulares, 5 a empresas y la mayoría corresponden a áreas de conservación ecológica de las comunidades o parques municipales y estatales.

En ese mismo sentido, a pesar del esfuerzo realizado por el Ejecutivo federal, hasta la fecha han resultado insuficientes las aportaciones fiscales que se canalizan al sector medio ambiente por medio de la Conanp para dar viabilidad económica a la implementación de las estrategias de manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, toda vez que el acceso a diferentes instrumentos económicos, todavía presenta muchas deficiencias.

Hasta ahora no ha sido posible que las áreas certificadas que se destinan a la conservación tengan otra motivación que “... el sentimiento de buena voluntad, el interés por conservar los ecosistemas y dejando de lado la obtención de beneficios económicos por realizar una labor loable y noble como es la de cuidar y mantener los recursos naturales, ya que Conanp no ofrece incentivos económicos ....”

Con esta iniciativa se pretende valorar el potencial de estas áreas ante las significativas oportunidades de actuar ahora para reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) al año 2030 a través de políticas que tomen en cuenta los derechos de propiedad de las comunidades donde se localizan las zonas con mayor potencial de mitigación.

De acuerdo con el Informe Stern las políticas de adaptación son cruciales para atender los inevitables impactos por el cambio climático y sugiere que la apuesta debe ser a que las personas reaccionen a los cambios en el mercado de los servicios ambientales. En este caso, los gobiernos tienen el rol de proveer un marco normativo que guíe la adaptación efectiva de individuos y empresas en el mediano plazo y que contribuya en el largo plazo a la protección de bienes públicos, recursos naturales y costas.

La necesidad de actuar ahora es inminente, por lo que la presente iniciativa tiene el propósito de establecer un estímulo fiscal para promover la inversión de personas físicas o morales en las estrategias de manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación a través de un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). De esta manera, los contribuyentes podrán apoyar directamente a la conservación del área de su elección destinando el 10 por ciento de su ISR.

Con esta iniciativa, los propietarios u otros actores que propongan la certificación de un área con características de biodiversidad, podrán no sólo participar en la conservación de bosques, selvas, manglares, desiertos y la vida silvestre, sino que podrán recibir ayuda económica directa para la realización de las acciones previstas en la estrategia de manejo.

Uno de los principales beneficios de este modelo de inversión –supervisado y evaluado por un comité interinstitucional– será que el contribuyente tendrá certeza del destino de su aportación y verá en el mediano plazo los resultados. Si este tipo de cooperación logra una amplia participación, los nuevos beneficios de los servicios ambientales serán para todos los ciudadanos y en consecuencia se estará creando el valor de la protección de esos servicios ambientales. Este modelo dará paso a la acción colectiva de los contribuyentes, con el objetivo de proteger y conservar bosques, selvas, manglares, desiertos y la vida silvestre que son bienes privados pero que al mismo tiempo son bienes públicos.

No debemos olvidar que las personas actúan con base en valores; en la actualidad, el cambio climático nos está poniendo ante el dilema de cooperar para que el futuro sea mejor o dejar la responsabilidad en manos del gobierno, que requiere de largas y complicadas negociaciones para la aplicación de sus programas, con un costo administrativo mucho más elevado. El modelo propuesto en esta iniciativa innovará en el sentido de simplificar el procedimiento de acceso a recursos para la implementación de un programa diseñado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y creará el valor de la cooperación para la protección de los recursos naturales.

Otra de las fortalezas de la propuesta, es que dado su carácter urgente en el contexto de los efectos del cambio climático, todos los interesados podrán tomar parte en acciones de mitigación para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones: los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de jóvenes, podrán promover ante Semarnat el establecimiento de áreas destinadas voluntariamente a la conservación en terrenos de su propiedad o mediante convenio con terceros, que con la ayuda económica de los contribuyentes y la asistencia técnica de Semarnat, se podrá establecer la estrategia de manejo y su implementación en un plazo de quince años.

En ese sentido, las 1089 organizaciones de la sociedad civil registradas en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que tienen como fin la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario tendrán la ocasión de impulsar proyectos desde sus comunidades para el rescate de áreas que tienen características físicas y biológicas que merecen ser reconocidas por sus servicios ambientales. Es preciso reconocer que dichas organizaciones tienen muchas dificultades para lograr ser donatarias autorizadas y sus acciones son principalmente financiadas por las cuotas de sus integrantes. El Informe Anual de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2009, reporta que de las 3625 acciones realizadas, Semarnat promovió 396.

Esta propuesta resulta viable si tomamos como antecedente el decreto por el que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005 por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas y morales con independencia de la actividad que de-sempeñen, que lleven a cabo proyectos de inversión en la producción de películas nacionales, conocido como Proyecto Eficine 226, que ha dado resultados tangibles y visibles en la producción cinematográfica nacional.

El éxito de Eficine 226 se debe a la buena reglamentación y constante operación del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional. En correspondencia, esta iniciativa prevé la creación de un Comité Interinstitucional formado por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno del Instituto Nacional de Ecología, uno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad para la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión y la autorización de los montos a los contribuyentes aportantes que no podrán exceder los 20 millones de pesos. El criterio aplicado para determinar dicha cantidad se basa en que el costo estimado anual para el diseño e implementación de un programa de manejo de un área de valor ambiental de aproximadamente 200 hectáreas en una zona urbana es de alrededor de 50 millones de pesos. Si consideramos que áreas de esas dimensiones estarán incluidas en los programas institucionales de la Conanp, concluimos que áreas menores a cien hectáreas podría ser un criterio directriz para las reglas que el comité determine.

El Informe Stern refiere en sus conclusiones que el costo de estabilizar el clima es significativo pero manejable; posponerlo podría ser peligroso y mucho más costoso. En el rango de opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) el actuar para reducir la deforestación es un elemento clave, ya que la pérdida de bosques naturales alrededor del mundo contribuye más a las emisiones globales por año que el 14 por ciento que genera el sector transporte. El establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es una estrategia que dará viabilidad a la preservación de áreas de bosque natural.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona un artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la forma siguiente

Artículo 229. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las inversiones en territorio nacional destinadas específicamente a la ejecución de las estrategias de manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, a través de un proceso en el que se conjugan la elaboración de los proyectos, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su ejecución.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente

I. Se creará un comité interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno del Instituto Nacional de Ecología, uno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad.

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1000 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

III. El comité interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el comité interinstitucional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Notas:

1. http://www.conanp.gob.mx/listado_areas.html al 24 de agosto de 2010

2. http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/areas_certi.php al 24 de agosto de 2010

3. STERN REVIEW. Economics of Climate Change. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm treasury.gov.uk/stern_review_report.htm

4. Artículo 5 fracción XII Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Pedro Jiménez León, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México recauda poco, lo hace de manera deficiente, gasta mucho y no siempre lo hace de manera productiva. Esto es consecuencia de una problemática de fondo derivada de una política económica que ha traído nulos resultados y que hoy ubica al país como una de las economías menos funcionales.

Al contrastar la información oficial con la situación que viven millones de mexicanos, encontramos una abismal diferencia que nos permite afirmar, con fundamento, que estamos ante la falta de resultados del modelo económico imperante.

La revisión de los datos contenidos en las Perspectivas económicas de América Latina 2009 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestra cómo América Latina concentra las tasas de tributación más bajas del mundo, apenas de 18 por ciento, en promedio, en comparación con el 30 por ciento que tienen Europa y Asia.

En 2009, por ejemplo, México se mantenía en el último lugar de ingresos fiscales captados respecto del tamaño de su economía y ocupaba el último sitio en recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) con relación al producto interno bruto (PIB) con un 5.2 por ciento, encabezando la lista Dinamarca con 29.5 por ciento, según el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con base en el mismo informe, los países de la OCDE obtienen en promedio una recaudación total de 35.9 por ciento del PIB, y países como Suecia y Dinamarca alcanzan cifras cercanas al 50 por ciento.

Son varios los factores que han provocado que el nivel de recaudación de los ingresos presupuestarios del gobierno federal sea uno de los más bajos del mundo con apenas el 10 por ciento del producto interno bruto, mientras que el promedio de América Latina es de 15 por ciento.

Entre las principales causas se encuentran la evasión fiscal y la elusión fiscal, las exenciones y privilegios, así como el régimen de consolidación fiscal, convirtiéndose en factores determinantes en esta reducida recaudación.

En este complicado trecho, cada año, legisladores y gobierno hemos buscado alternativas que le permitan al país contar con los recursos suficientes para impulsar el desa-rrollo nacional y superar las difíciles condiciones actuales. En ese esfuerzo, han quedado intocables los privilegios de 450 grandes empresas, dejando en los hombros de la mayoría de la población, lamentablemente la que menos recursos tiene, la carga fiscal más pesada.

Por ello, en Convergencia creemos que es tiempo de compartir, no sólo esfuerzos, sino también sacrificios, y es en ese sentido que consideramos que la caída de los ingresos petroleros, los regímenes especiales, el comercio informal y la estrecha base tributaria, son causas fundamentales que han venido afectando estructuralmente la recaudación de los ingresos.

De acuerdo con datos del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, se estima que durante el periodo 2002-2010, el gobierno federal dejó de recaudar poco más de 500 mil 663.4 millones de pesos anuales en promedio a causa de los regímenes especiales.

Estas mismas estimaciones señalan que los tratamientos fiscales especiales evolucionaron por tipo de impuesto, es decir, lo que se dejó de percibir por año, en los términos siguientes:

• 245 mil 339.3 millones de pesos por ISR;

• 161 mil 273.2 millones de pesos por IVA;

• 88 mil 221.7 pesos por IETU;

• 50 mil 114.4 millones por IEPS; y

• 14 mil 529.2 millones de pesos por estímulos fiscales.

En cuanto a la evasión tributaria, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) estima que entre 2002 y 2004, la evasión global pasó de 213 mil 863 millones de pesos a 221 mil 203 millones de pesos.

Desde esta perspectiva, en Convergencia nos hemos venido pronunciando por la desaparición de los regímenes especiales, pues no hacen más que aumentar los privilegios que ya tienen las grandes empresas en nuestro país.

Se estima que en 2010 los regímenes especiales sumarán los 532 mil 430 millones de pesos, el equivalente a 4.1 por ciento del producto interno bruto, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Es precisamente en este contexto en el que se encuentra el régimen de consolidación fiscal, esto es, un esquema que permite diferir el pago de impuestos. Para 2011, según datos de la Secretaría de Hacienda, se estima que los denominados gastos fiscales sumarán 553 mil 749.1 millones de pesos, cifra 4 por ciento mayor a la de 2010.

Por las razones expuestas, Convergencia se pronuncia por la eliminación de los regímenes fiscales especiales que no tengan una justificación social o económica.

Por lo que hace al régimen de consolidación fiscal, bajo el cual se considera a todo un grupo empresarial como una sola unidad económica, permitiendo anticipar el uso de las pérdidas de las empresas del grupo y respecto del cual en la actualidad se estima que consolidan 426 grupos, 70 de los cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores; nuestro grupo parlamentario, después de la revisión de la realidad que viven millones de mexicanos y de propuestas similares que buscan dejar atrás situaciones de privilegio, encuentra más que justificada y viable la presente propuesta.

Deseamos destacar que desde sus inicios el régimen de consolidación fiscal ha tratado a las empresas de un mismo grupo como una misma entidad económica, y a la controladora, como el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta del grupo.

Con las últimas adecuaciones en materia fiscal en 2010, se tuvo como objetivo primordial reducir el plazo de aprovechamiento de beneficios fiscales (cinco ejercicios), por periodos menores a los que el régimen general de ley prevé para otros contribuyentes, lo cual redundará en el pago anticipado del ISR, es decir, un incremento en la recaudación que pretende el Ejecutivo federal, considerando la situación económica del país.

De acuerdo con la reforma, las empresas deberán pagar en 2010, 25 por ciento del impuesto que resulte de eliminar los efectos de la consolidación fiscal. El restante 75 por ciento debe ser pagado de la siguiente forma: 25 por ciento en 2011, 20 por ciento en 2012, 15 por ciento en 2013 y 15 por ciento en 2014.

En particular, es a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde se establecen regímenes de privilegio para ciertos sectores empresariales, otorgándoles beneficios en perjuicio de una mayor recaudación federal, disminuyendo la capacidad de que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza, presentándose una verdadera contradicción en el sentido de que el sistema tributario mexicano, en lo que respecta al ISR, se sustente en las retenciones sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores y no en los ingresos de las empresas.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia tenemos claro que con la supresión de dicho privilegio se obtendrían ingresos adicionales por cerca de 1 billón de pesos, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear otros gravámenes, así como sin tener que aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas, ni la energía eléctrica, en el marco de la propuesta de reforma fiscal que Convergencia ha venido impulsando desde el ejercicio fiscal de 2010 y que se encuentra contenida en nuestra agenda legislativa.

No olvidemos que, con base en información proporcionada por el SAT, los pequeños contribuyentes aportan 28 por ciento de sus ingresos anuales por concepto de ISR, mientras que las 400 grandes empresas contribuyen con sólo 1.7 por ciento, situación totalmente inequitativa sobre todo si consideramos que al amparo de este hecho, ese grupo de empresas, que representan 3.3 por ciento de los grandes contribuyentes activos del país, en 2008 pagaron sólo 85 mil millones de pesos, luego de haber acumulado ingresos por 4 billones 960 mil millones (cantidad equivalente a 41 por ciento del producto interno bruto de ese año).

El sector cosmético, señaló el SAT, obtuvo ingresos acumulables por 7 mil 600 millones de pesos en 2008, y sólo pagó cerca de 220 millones, poco menos de 3 por ciento de ISR. En tanto, las tiendas de autoservicio obtuvieron ingresos acumulables por 67 mil 600 millones de pesos durante el mismo año y sólo pagaron alrededor de 6 mil millones, poco menos de 9 por ciento.

Los datos de SAT confirman que entre los sectores que se benefician de la consolidación fiscal están cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipos, refresqueras y constructoras.

Todo lo anterior, exige una revisión y a la luz de los principios de justicia y proporcionalidad evidencia la necesidad de volver más equitativo nuestro sistema tributario y no dejar en los hombros de los pequeños contribuyentes la mayor carga fiscal, pues no debemos olvidar que el régimen de consolidación fiscal fue concebido como un incentivo a la capacidad operativa y financiera de las empresas, con la condición de no producir un sacrificio fiscal o que, de generarlo, implicara un simple diferimiento en el pago del impuesto sobre la renta, situación que ha sido aprovechado por ciertos intereses para incumplir obligaciones fiscales.

Por si esto no fuera poco, se llega al exceso, por parte del gobierno federal, de devolverles impuestos a las grandes empresas. En efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reintegró 179 mil 595.9 millones de pesos en 2008 a grandes contribuyentes por concepto de devolución del IVA. La cifra representó 38.2 por ciento de lo recaudado por este gravamen en ese año, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2008, la ASF informó que en los últimos tres años del sexenio de Vicente Fox, Hacienda devolvió a grandes empresas 366 mil 224.9 millones de pesos, que representaron 36.3 por ciento de 1 billón 9 mil 64 millones de pesos recaudados por IVA en ese periodo.

El actual gobierno federal las cosas no han variado. Por ejemplo, en el primer año de esta administración la recaudación por IVA ascendió a 422 mil 395 millones 562 mil pesos, y la devolución fue de 155 mil 410 millones 894 mil 200 pesos.

Afirma la ASF que “los ingresos por la recaudación del IVA, así como sus devoluciones, han mostrado una tendencia ascendente en los cinco años recientes (desde 2004), por lo que las devoluciones respecto del total recaudado representan 38 (2004), 35.9 (2005), 35.3 (2006), 36.8 (2007) y 38.2 por ciento cada año, respectivamente, y 2008 es el más representativo”.

El sistema tributario está diseñado de tal forma que logra beneficiar a los grandes contribuyentes, junto con las empresas que consolidan fiscalmente, pues son las que más devoluciones recibieron. Por citar un ejemplo, tan sólo en el sector de telecomunicaciones seis compañías obtuvieron un rembolso de mil 432 millones de pesos en 2008.

En síntesis, la consecuencia de un sistema económico que se ha caracterizado por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, es la marcada desigualdad social, la injusta distribución del ingreso y el inequitativo trato fiscal.

Tenemos que avanzar hacia una reforma fiscal, que comprenda un nuevo trato fiscal, más equitativo y proporcional, que nos dote de recursos que no dependan de los ingresos petroleros, sin incremento de impuestos ni la creación de otros y sin necesariamente elevar la recaudación de los gobiernos estatales y municipales, pero sobre todo tenemos que hacer una revisión de fondo del gasto público para terminar con la ineficiencia e ineficacia en el ejercicio del gasto que nos muestra a un gobierno pobre que desperdicia recursos y no lo sabe gastar, como el caso de los subejercicios o el excesivo gasto corriente.

Convergencia se pronuncia por cambiar un modelo económico, del que los privilegios fiscales son una parte, para construir otro que impulse de manera efectiva un crecimiento económico equitativo pero que priorice el desarrollo social de manera incluyente, de tal manera que el país cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de una población que ha resistido los embates de una crisis tras otra y en la que ha recaído la parte más onerosa de las políticas neoliberales.

Un paso importante en ese sentido, será eliminar los regímenes especiales que van en contra de los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución.

En Convergencia existe claridad en que debemos retomar el rumbo hacia el crecimiento y desarrollo nacionales y en la sociedad permea con claridad la idea de que en el país existen recursos suficientes, los cuales se diluyen a causa de la elusión, la evasión y demás gastos fiscales.

Con la presente iniciativa se eliminan los privilegios existentes en materia fiscal, reformando la Ley del Impuestos sobre la Renta, con el objetivo de que la recaudación se incremente sustancialmente.

La presente propuesta permitiría potencializar la recaudación en el orden de 1 billón de pesos, bajo las siguientes premisas:

1. La iniciativa elimina el régimen de consolidación fiscal establecido en los artículos 64 a 78 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que favorece a las grandes empresas bajo un esquema que les permite el diferimiento del pago del ISR, esto es, con la consolidación un grupo de empresas se agrupan sólo para el pago de impuestos y entregar a la autoridad fiscal una sola declaración de impuestos; sin embargo, desde nuestra perspectiva ha sido utilizada para fines distintos, como no pagar impuestos de manera deliberada.

2. Con la eliminación de la consolidación fiscal se incrementaría de manera importante el monto de los ingresos tributarios, con total apego al principio de justicia fiscal establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, dejando a salvo los derechos de las empresas que aún se encuentran dentro del plazo de cinco años de la consolidación, quienes continuarán consolidando hasta concluir ese tiempo.

3. Por otra parte, cuando se estableció la exención del pago del impuesto a las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, fue con el propósito de promover las inversiones a través de la bolsa mexicana de valores y a operaciones realizadas en bolsas de valores del extranjero. En este sentido, la presente iniciativa propone la eliminación de una exención de la que han dispuesto, de manera por demás excesiva, los accionistas de los grandes grupos empresariales de nuestro país, reformando el artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer la exigencia de mantener un número mínimo de acciones por un tiempo también determinado, única y exclusivamente para la colocación de acciones de empresas mexicanas en la bolsa mexicana de valores, no comprendiendo a las colocadas en bolsas de valores extranjeras.

4. En cuanto a la deducción del costo de adquisición de terrenos, fue una exención establecida para fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, sin embargo, sólo los grandes desarrolladores inmobiliarios se han beneficiado, pues les ha servido como un mecanismo de financiamiento para sus obras con cargo al erario público. En consecuencia, proponemos reformar el artículo 225 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta.

5. Otro mecanismo contemplado en la ley para fomentar la inversión, es la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, establecido en los artículos 220, 221 y 221-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispositivos legales que proponemos sean reformados en razón de que lamentablemente este estímulo fiscal no ha dado el resultado esperado, pues no se justifica el hecho de que una empresa atribuya el costo de la adquisición de maquinaria, terrenos, construcción u otros activos fijos, durante todo el primer año y reporte cero utilidades.

6. Respecto al impuesto definitivo, así como del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades, considerando el 28 por ciento del ISR corporativo vigente, vemos que en los países miembros de la OCDE la tasa promedio en materia de dividendos se ubica en 43.8 por ciento, mientras que nuestro país no grava los dividendos al contemplar la ley la misma tasa respecto a la tasa general del ISR.

En consecuencia, se propone una reforma en los artículos 11 y 165, a fin de que el impuesto sobre dividendos sea mediante un pago definitivo de 35 por ciento. En completa coincidencia con similar propuesta del Partido del Trabajo, proponemos que no se acumule a los demás ingresos, de tal forma que los dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (Cufin) pagarán un 7 por ciento adicional al 28 por ciento que corresponde al ISR corporativo.

7. Finalmente, proponemos cambios en materia de donativos deducibles y de campañas de redondeo, partiendo del hecho de que las organizaciones de la sociedad civil por estar sujetas al régimen que las define como persona moral con fines no lucrativos, las exime del pago del impuesto sobre la renta, situación que les ha permitido, vía deducción de impuestos por donaciones, colocarse en una situación de privilegio que, desafortunadamente, han aprovechado algunas empresas para evadir impuestos. Motivo por el cual, proponemos se reformen, por una parte, de los artículos 31, fracción I y 176, fracción III de la Ley del ISR, para dejar establecido que los donativos serán deducibles hasta por un 30 por ciento.

Por lo anterior, se propone eliminar todas las deducciones y privilegios mencionados para que, con un ánimo propositivo, contribuyamos a convertir a nuestro régimen tributario en uno más equitativo y proporcional, a través del cual podamos otorgar a la hacienda pública de mayores recursos, sin sacrificar o menoscabar más las finanzas de una mayoría en beneficio de unos cuantos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único. Se reforman los artículos 11, párrafos primero, segundo, cuarto y sexto; 31, fracción I; 109, fracción XXVI; 165, párrafo primero, y 176, fracción III; se adiciona al artículos 86 la fracción XXI y 149-Bis; y se derogan el párrafo octavo y las fracciones I y II del artículo 11; los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; el último párrafo del artículo 109; los artículos 220, 221, 221-A y 225, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando para ello una tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el presente párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta ley, se calculará en los términos de dicho precepto.

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, invariablemente deberán, en dicho cálculo, considerar una tasa de 35 por ciento con la reducción del 32.14 por ciento señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley.

...

Los dividendos o utilidades cuyo origen provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta ley tendrán que pagar un porcentaje definitivo de 7 por ciento.

...

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, de ningún modo podrán acreditar dicho impuesto.

I. (Se deroga)

II. (Se deroga)

...

(Se deroga)

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, en cuyo caso serán deducibles en 30 por ciento, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a f) ...

...

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza, serán deducibles hasta por 30 por ciento siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el reglamento de esta ley, se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

II. a XXII. ...

Artículo 64. (Se deroga)

Artículo 65. (Se deroga)

Artículo 66. (Se deroga)

Artículo 67. (Se deroga)

Artículo 68. (Se deroga)

Artículo 69. (Se deroga)

Artículo 70. (Se deroga)

Artículo 71. (Se deroga)

Artículo 72. (Se deroga)

Artículo 73. (Se deroga)

Artículo 74. (Se deroga)

Artículo 75. (Se deroga)

Artículo 76. (Se deroga)

Artículo 77. (Se deroga)

Artículo 78. (Se deroga)

Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes:

I. a XX...

XXI. Informar a las autoridades fiscales, acompañando la documentación comprobatoria, sobre el monto total del dinero obtenido por concepto de redondeos en ventas al público y llevar el registro contable, como cuenta a pagar, respecto de las retenciones de efectivo por cobros en dinero por redondeos.

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

...

...

XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, siempre y cuando se trate de ofertas públicas de compra de acciones.

Sólo les será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando los ingresos sean efectivamente obtenidos por accionista de la emisora que haya inscrito los títulos en el Registro Nacional de Valores; se coloquen cuando menos 35 por ciento del total de las acciones pagadas de la emisora; hayan transcurrido cinco años ininterrumpidos desde la primera colocación de las acciones en las bolsas de valores; que las acciones tengan el carácter de amplia bursatilidad; y que los accionistas tengan la posibilidad de aceptar ofertas más competitivas sin penalidad, de las que hubiesen recibido antes y durante el periodo de oferta.

No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se hace por oferta pública y durante el periodo de ésta, las personas que participen en ella no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más competitivas de las que se reciban con anterioridad o durante dicho periodo, y que de aceptarlas se haya convenido una pena al que la realiza.

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.

Artículo 109 Bis. En aquellos casos en que no sea aplicable la exención prevista en el artículo 109 de esta Ley, en la enajenación de acciones realizadas en la bolsa de valores concesionada, corresponderá al intermediario financiero realizar los cálculos que permitan determinar la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones, cubrir el impuesto sobre la renta que se haya generado, informando tanto al vendedor como al comprador de las acciones el impuesto retenido.

Artículo 165. Las personas físicas no podrán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar el impuesto sobre la renta definitivo en los términos establecidos por el artículo 11 de esta ley y podrán solicitar la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta ley, para acreditar, en la declaración anual, los montos tanto del impuesto sobre la renta como de los dividendos o utilidades que hayan obtenido.

...

...

I a VI. ...

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. y II. ...

III. Hasta 30 por ciento de los montos destinados a los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a f) ...

...

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles hasta por 30 por ciento siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el reglamento de esta ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

IV. a VII. ...

...

...

...

Artículo 220. (Se deroga)

Artículo 221. (Se deroga)

Artículo 221-A. (Se deroga)

Artículo 225. (Se deroga)

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el artículo segundo transitorio siguiente:

Artículo Segundo. La derogación de los artículos 64 al 78 de la presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2010 y, para tales efectos, la sociedad controladora deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales y cumplir las obligaciones fiscales del ejercicio en que deje de ser sociedad controlada.

Las sociedades controladoras que se sitúen dentro del supuesto establecido en el artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, es decir, que se encuentren dentro del periodo de consolidación obligatorio, continuarán aplicando dicho régimen conforme a las disposiciones legales que se derogan hasta en tanto subsista dicha obligación.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Héctor Franco López, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Héctor Franco López, en su carácter de integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

El tabaquismo es una epidemia mundial causada por el ser humano, hoy en día uno de cada tres adultos fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas de ellas, alrededor del 80 por ciento viven en los países de ingreso medio y bajo. De continuar las tendencias se prevé que la cantidad de fumadores alcance mil 600 millones en 2025, debido al crecimiento de la población adulta sobre todo en países de Europa y al incremento del consumo.

En los últimos 10 años hemos sido testigos de grandes avances a escala mundial del consumo de tabaco. En México no somos ajenos a dicho fenómeno: según la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos realizada en México en 2009, 10.9 millones de los adultos aquí son fumadores; es decir, 15.9 por ciento de la población actual, de ellos 8.1 millones son hombres y 2.8 millones de las mujeres.

Datos estremecedores que se relaciona con la salud futura de la población de México son las altas prevalencias de tabaquismo en los adolescentes. El consumo de tabaco en México comienza a edad temprana, en general antes de los 15 años según la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (Global Youth Tobacco Survey) revela que entre el 8 por ciento y el 15 por ciento de los estudiantes han probado el cigarrillo antes de los 13 años, el tabaquismo prematuro tiene una fuerte relación con el uso de drogas ilegales; los mexicanos que empiezan a fumar antes de los 15 años también presentan mayor experimentación con drogas ilegales.

Pero esta adicción afecta no sólo a los fumadores: aproximadamente 11.9 millones de mexicanos están expuestos al humo de tabaco ajeno en el interior de sus hogares y 3.8 millones a los que trabajan en lugares cerrados , La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes estimó el porcentaje de estudiantes entre 13 y 15 años que están expuestos a humo ajeno en lugares públicos y privados, y reveló que esta exposición es superior en ciudades con mayor prevalencia del tabaquismo, entre ellas se incluye la Ciudad de México, con una exposición de 59.4 por ciento en lugares públicos y de 46.9 en hogares, así como Guadalajara con 59.1 por ciento en lugares públicos y 45.4 en hogares.

Otro dato importante son los gastos familiares que por consumo de tabaco pueden tener graves consecuencias en el bienestar y estabilidad de las familias. Especialmente para los hogares de bajos ingresos, los recursos limitados que se gastan en tabaco compiten directamente con el gasto en materia de salud, alimentación, educación y otras necesidades. Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) revelan que los hogares fumadores de la población más pobre dedicaron entre 3.5 y 4.1 por ciento de sus gastos a productos de tabaco; estos porcentajes son mayores que para cualquier otro nivel socioeconómico. Los datos de la ENIGH también muestran que los hogares fumadores de todos los niveles gastaron relativamente menos en alimentos, salud y educación en 2008, en comparación con los hogares no fumadores. Destinar recursos familiares al tabaco, en lugar de a la alimentación, la salud y la educación, tiene importantes efectos distributivos y de salud negativos, y aumenta las disparidades entre los ricos y los pobres en el acceso a necesidades básicas.

Pero más allá del efecto que tiene el consumo de tabaco en el entorno familiar, está el padecimiento que por la adicción se contraen en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 5 millones de personas mueren por año en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco y que de continuar la tendencia cerca de 8 millones fallecerán anualmente en 2030. Y no sólo eso: 500 millones de personas con vida en la actualidad eventualmente morirán por estas enfermedades si continúan las tendencias actuales.

En México, los cálculos de mortalidad prematura relacionados con el tabaquismo demuestran que el consumo de tabaco es responsable de entre 25 mil y 60 mil muertes por año, así mismo Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo activo y pasivo (infarto agudo del miocardio, enfermedades cerebrovasculares, respiratorias crónicas y cáncer de pulmón) continúan dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en el país, un dato revelador es el incremento en gastos totales del sector salud para la atención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, de alrededor de 75 mil 200 millones de pesos en 2009, los cuales representan 10 por ciento de los costos de atención médica.

Conscientes de este grave problema en México se ha tratado de implementar estrategias para el control del tabaco a través de la Ley General de Salud. Sin embargo, sólo después de la firma y ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización de la Salud, CMCT/OMS en 2004 se ha impulsado una estrategia integral de control, fue así como en diciembre de 2008 fue aprobada por el congreso la Ley General para el Control del Tabaco, la cual entró en vigor en agosto de 2008.

Desafortunadamente, igual que otros países, la epidemia de tabaquismo en México continúa siendo un grave problema de salud pública.

En cuanto a la legislación fiscal de los productos al tabaco, el actual impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) está fijado en 160 por ciento del precio (antes de impuestos) al público. Asimismo, el IVA es del orden de 16 por ciento, se aplica a todos los bienes y servicios. Los impuesto al consumo representaba 62.8 por ciento del precio final al consumidor en 2010, porcentaje bajo, en comparación con países que tienen políticas exitosas de control del tabaco.

La OMS sugiere en el documento Mpower aumentar las tasas al tabaco puesto que en general, un aumento de 10 por ciento en los impuestos al tabaco disminuye su consumo en 4 por ciento en los países con ingresos elevados, y en cerca de 8 por ciento en los de ingresos bajos y medianos. Un aumento de 70 por ciento en el precio del tabaco evitaría hasta una cuarta parte de todas las muertes conexas entre los fumadores actuales.

Tener impuestos al tabaco más elevados reducen el consumo; es decir, la manera más efectiva de disminuir el consumo de tabaco es aumentando el precio del tabaco mediante incrementos impositivos. Los precios elevados desalientan a los jóvenes a iniciarse en el consumo de cigarrillos y alientan a los que ya son fumadores a dejarlo. En México, el consumo ha disminuido conforme el precio se ha incrementado.

El propósito de esta iniciativa es reformar la Ley del IEPS para incrementar de 160 por ciento a 180 por ciento la tasa impuesta para cigarrillos, así como para los puros y otros tabacos, en el caso de los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano. La tasa se incrementaría de 30.4 por ciento a 34.2 por ciento.

Asimismo, se propone incrementar la cuota por cigarro enajenado o importado para pasar de 0.10 a 0.30 pesos por cigarro.

Dichas modificaciones pretenden una disminución en el consumo de casi 25 por ciento al entrar en vigor la propuesta.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único.Se reforman el artículo 2o., fracción I, inciso C), numerales 1, 2 y 3, y el segundo párrafo de dicho inciso; y se adiciona un párrafo cuarto, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

A) y B) ...

C) ...

1. Cigarro 180 por ciento.

2. Puros y otros tabacos labrados 180 por ciento.

3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano 34.2 por ciento.

Adicionalmente a las tasas establecidas en este inciso, se pagará una cuota de 0.30 pesos por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.

...

Las cuotas anteriores se actualizarán conforme a las disposiciones del Código Fiscal de de la Federación.

D) Gasolinas

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se deroga el artículo cuarto transitorio del decreto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Héctor Franco López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Juan Carlos Natale López, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de establecer por mandato de ley, un monto mínimo equivalente al 1 por ciento de la recaudación federal participable para constituir el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La Ley General que Establece las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada en 1995, dio lugar a la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Posteriormente, tomó fuerza institucional a partir del fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Gobernación, que en 1998 agregó a su estructura una Subsecretaría de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, acompañó a esta reforma la inclusión en el artículo 25, fracción VII de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que por primera vez formó parte del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 1999.

A partir de los años noventa se mantuvo la tentativa de atender el grave problema de la seguridad pública a partir de una política de Estado. Por ejemplo, en 1994 se incluyó por primera vez, como un objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo, el propósito de garantizar el Estado de derecho y el acceso pleno a la justicia.

En ese mismo año, se modificó la Constitución Política para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública que implicó, entre sus principales novedades, la coordinación de los tres órdenes de gobierno en esta materia; la creación de servicios de carrera para la policía y jueces federales; así como una asignación presupuestal sin precedentes para estas asignaturas.

En este punto, es importante destacar que desde el año 1997, el gasto ejercido por el Poder Judicial ha crecido constantemente a tal grado que, alcanzó en pocos años, niveles similares al correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. En tanto, la inversión realizada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvo un incremento en los años posteriores a su creación y, pese a algunos descensos, desde el año 2000, ha ejercido un gasto similar al que realizan, juntas, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, al tiempo que se avanzó en la formación de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal Investigadora –que cuenta con nuevas facultades– y en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante las reformas legales y los logros institucionales, en el periodo 2000-2006, no se logró disminuir la presencia del crimen organizado ni la impunidad.

Ahora bien, fue a partir de los crecientes índices de delitos tanto federales como del fuero común, así como de la grave situación que enfrentan las estructuras gubernamentales por la desenfrenada infiltración y corrupción entre los diversos cuerpos policíacos y entre autoridades en el país, que se determinó desde el año 2007, combatir frontalmente a la delincuencia principalmente la que tiene que ver con el crimen organizado y sus ramificaciones bajo la óptica de que el país estaba siendo “cooptado” y de cierto modo “secuestrado” por intereses criminales que vulneraban –hasta la fecha– el orden, la paz, la integridad de las familias mexicanas y sus futuras generaciones, así como también, la seguridad nacional del Estado mexicano como entidad jurídica y política.

Ante este escenario –tal y como lo podemos comprobar en el siguiente cuadro sobre el incremento en la incidencia delictiva en el país– el Ejecutivo federal, las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y la sociedad civil organizada preocupada por la grave situación, decidieron impulsar un nuevo marco jurídico que previera la nueva realidad en materia de seguridad y justicia, por lo que motivados por la creación de nuevas bases constitucionales que dieran pauta a una nueva política integral de combate a la delincuencia, la Federación, los Estados y, en menor medida lo Municipios, estuvieron obligados a revisar sus esquemas de seguridad policial, de prevención, sanción y persecución de delitos, así como los sistemas de coordinación, procuración e impartición de justicia.

Siendo de este modo, que desde el año 2008, se puso en vigencia desde el orden federal, la reforma Constitucional de justicia penal y de seguridad pública con el fin de rediseñar parte de los procesos penales judiciales, tipos penales y el establecimiento de medidas preventivas, cautelares y correctivas en atención al delito.

Sin embargo cabe destacar que dicha reforma sigue siendo aún inconclusa y en cierta medida inaplicable en el sentido de que no se han reformado o creado los ordenamientos necesarios en su totalidad para dar cabal cumplimiento al espíritu de la reforma constitucional.

Los cambios más trascendentales a partir de dicha reforma constitucional, son los referentes a la creación de un nuevo marco legal que implica un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre lo que se destaca lo siguiente:

• La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2009, tiene como objetivo establecer la distribución de competencias y una efectiva y eficaz coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios a que se refiere el artículo 21 Constitucional;

• La nueva Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de junio de 2009, dota a esta instancia de múltiples atribuciones en materia de prevención del delito y la faculta para realizar investigaciones. Asimismo, mantiene como objetivos la salvaguarda de la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos, aplicando la política de seguridad pública en materia de prevención y combate al delito;

• La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, publicada en el DOF el 23 de enero de 2009, define todo lo concerniente a los sujetos activos del delito así como sus modalidades y formas de operación por parte de las autoridades competentes;

• La nueva Ley vigente que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el DOF el 23 de enero de 2009, establece las medidas pertinentes en materia de readaptación y reinserción social;

• La Ley Federal de Extinción de Dominio, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009, complementa la reforma en el sentido de que facilita la incautación y expropiación de bienes con los que opera la delincuencia organizada.

• La nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009, otorga mayores atribuciones al ministerio público así como a la policía ministerial federal encargada de la investigación de delitos.

• La ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, publicada en el DOF el 09 de junio de 2009, amplía el catálogo de sustancias peligrosas que pueden ser susceptibles de apropiación para fines delictivos y por ende atentar contra la vida humana, la integridad de las personas y la seguridad, así como también prescribe el establecimiento de penas.

• Asimismo, se han emprendido reformas legales a diversos ordenamientos jurídicos tales como: la Ley Federal de Telecomunicaciones; al Código Penal Federal; Reformas para el combate al narcomenudeo y consumo de drogas; así como modificaciones a las Leyes Federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Procedimiento Contencioso Administrativo; y

• Se han suscrito cuantiosos acuerdos para acelerar el avance de la reforma constitucional desde diversas esferas y ordenes de gobierno, así como para hacer más eficaces y oportunas las políticas y acciones de combate de los gobiernos a la delincuencia, entre los que destacan: el Acuerdo de los tres Poderes de la Unión para dar cumplimiento al mandato constitucional del 18 de Junio de 2008; el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, en que se aprobó que los Poderes federales, los gobiernos de las entidades federativas, las asociaciones de alcaldes, los integrantes del sector productivo, las asociaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación asumieran compromisos en el ámbito de sus atribuciones y facultades para desarrollar acciones en los rubros de la seguridad pública, la justicia y la legalidad; Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crean Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones del 04 de diciembre de 2008;

• Más recientemente, el pasado 31 de agosto, el Ejecutivo federal remitió al Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos jurídicos con el propósito de fortalecer la estrategia legal en el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Entre los ordenamientos que destacan se encuentra el Código Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Fiscal de la Federación; la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley del Mercado de Valores; la Ley de Sociedades de Inversión; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley de Ahorro y Crédito Popular; la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; la Ley de Uniones de Crédito; la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro; y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

• Asimismo, en la misma fecha el Ejecutivo federal sometió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; y la que reforma el artículo 27 y adiciona un artículo 27 Bis del Código Fiscal de la Federación, mismas que fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, con opinión de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, todas ellas del Senado de la República.

• Finalmente, el pasado 7 de octubre de 2010, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley Reglamentaria del artículo 73 Constitucional en materia de secuestro; y, en un futuro no muy lejano, se espera la aprobación de las reformas que tienen que ver con la seguridad nacional, el fuero militar, los derechos humanos, así como la propuesta presidencial tan delicada respecto a la unificación de las policías municipales bajo un solo mando único dependiente de cada gobierno estatal en coordinación con el sistema nacional de seguridad pública.

Es un hecho que aun con las nuevas disposiciones jurídicas vigentes y aplicables desde el año 2008, y las recién aprobadas por el Congreso durante los años subsecuentes, los resultados y los logros en el fortalecimiento del sistema penal y de seguridad pública se mantienen aun en ciernes. Por lo que advertimos que gran parte de estas reformas y acciones, no tendrán los mismos alcances ni la misma profundidad si no se consideran paralelamente mucho mayores recursos financieros y facultades a los estados y si no se garantiza una plena cooperación institucional bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública distribuyendo eficazmente responsabilidades de manera corresponsable.

De lo anterior dependerá en gran medida el redimir, o no, el recurrente descrédito internacional de México al ser catalogados como un “Estado Fallido” por el simple hecho de no poder garantizar la seguridad pública a nuestros conciudadanos.

II. Aspectos relevantes de la política de seguridad pública federal

Desde que se puso en marcha la nueva política de seguridad pública y de combate al crimen organizado por la actual administración, la estrategia se guió bajo cuatro objetivos generales: 1) fortalecer las instituciones de seguridad; 2) disminuir, detener o evitar el consumo de drogas; 3) de-sarticular a las organizaciones criminales; y 4) recuperar los espacios públicos.

Sin embargo, en los hechos, destacan las acciones de fuerza concernientes al despliegue inmensurable de efectivos policiales y militares en seis Estados del país durante los primeros 18 meses de gobierno, en donde hasta la fecha, los resultados no han sido nada alentadores en términos de gobernabilidad, orden y paz, ya que el hecho de militarizarlos, no significó para estos una disminución real en la inseguridad y la violencia, al contrario, se recrudecieron con mucha mayor algidez en Estados como Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Baja California; Estados que hoy por hoy, cuentan con los mayores índices de criminalidad y violencia hasta el momento.

En este sentido, los legisladores integrantes de la Fracción Parlamentaria del PVEM coincidimos plenamente con el grupo parlamentario del PRI, respecto a que no es nuestra intención cuestionar ni mucho menos inhibir las justas intenciones del Ejecutivo federal en su función de garantizar el orden, la paz y la seguridad de todos los ciudadanos, sino que, nuestras diferencias, parten de las formas y modos de diseñar e implementar las diversas estrategias policiales y militares que se distinguen más por su corte reactivo más que preventivo.

Hasta ahora, tal y como lo hemos atestiguado a lo largo de casi cuatro años de la actual administración, la estrategia Federal ha sido tan costosa tanto operativa, financiera y humanamente. Tan sólo, se calcula que en la función de seguridad y justicia se han invertido poco más de 400 mil millones de pesos (mdp) durante los últimos cuatro años de la presente administración; se han desplegado más de 80 mil efectivos adicionales a lo largo y ancho del país entre fuerzas del orden castrense y civil y se han perdido vidas humanas por el orden de 29 mil personas.

Por otro lado, esta guerra interminable que ha sacudido a diversas esferas económicas, sociales y políticas del país, se ha caracterizado en sus diferentes etapas por lo siguiente:

a) En la reconfiguración y reproducción permanente de organizaciones criminales producto de disputas por territorios y actividades delictivas entre los cárteles mexicanos, siendo por ésta causa, los motivos que han propiciado gran parte de las pérdidas de vidas humanas y los tan lamentables daños colaterales.

b) En la potenciación y ramificación de otras actividades criminales independientes al narcotráfico de manera exponencial, focalizándose en otros delitos como el secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, extorsión, trata de personas para fines sexuales, tráfico de armas; el robo de combustibles y ataques a las vías de comunicación; hasta llegar a delitos clasificados como terrorismo, genocidio y magnicidios como los ocurridos recientemente en el norte del país donde se detonó un “coche bomba”; el asesinato de más de 70 migrantes indocumentados y el asesinato de un candidato de partido al gobierno de un Estado de la República;

c) Se han incrementado los mecanismos de control por parte de la delincuencia hacia los sistemas de seguridad pública en cientos de gobiernos locales para fines criminales. En efecto, existen localidades, Municipios y regiones en los que prevalece la infiltración de miembros del crimen organizado entre los cuerpos de gobierno y de policía, dando como resultado el pleno control de las políticas de seguridad locales incluidas algunas decisiones en la integración de los mandos policíacos hacia los grupos criminales.

d) Últimamente, se han presentado ejecuciones de servidores públicos como subprocuradores, presidentes municipales, síndicos y regidores en Estados y Municipios principalmente del norte del país, así como también, ataques directos al gremio periodístico en el ejercicio de su profesión.

Por otro lado, en términos cuantitativos la estrategia de combate a la delincuencia ha trazado una ruta sinuosa en cuanto a la interpretación objetiva de los datos prevalecientes en la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, y dentro y de los puntos de gran importancia que deberán analizar y replantearse tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, son los concernientes a la desbordada incidencia delictiva de delitos del orden federal y del fuero común; la colaboración institucional a través de convenios entre los diversos órdenes de gobierno y la pertinencia de unificar en los Estados las policías locales a un solo mando único y, por supuesto, la cuestión presupuestal de las Entidades Federativas para el cumplimiento de sus funciones en materia de seguridad y de justicia.

Por nuestra parte, es preciso señalar que para fines de nuestro planteamiento que aborda nuestra propuesta legislativa, es necesario discernir sobre los anteriores puntos en virtud de lo que implican las recientes acciones, posturas y cifras dadas a conocer por las diversas instancias gubernamentales en los últimos meses.

III. Incidencia delictiva

Como podemos apreciar en la siguiente tabla, el número de delitos se ha incrementando durante el periodo 1997 a 2009 en un 12.9 por ciento. De manera particular, los delitos del fuero federal registraron un crecimiento en un 57.3 por ciento en el mismo periodo y los del fuero común en un 10.4 por ciento.

Sin embargo, más del 90 por ciento de los delitos cometidos a lo largo y ancho del país, lo constituyen delitos del fuero común y por lo tanto, de jurisdicción y competencia local que representan, hoy por hoy, un desafío para hacer frente a los altos niveles de inseguridad pública que priva en las entidades federativas y Municipios y que en muchos de los casos llegan a consumarse a la sombra de la impunidad.

Cabe destacar que si bien se reporta una disminución de los delitos del orden federal denunciados en el periodo 2007 a 2009 en el marco de la estrategia impulsada por la actual administración, esta disminución no significa, en lo más mínimo, un resultado decoroso en comparación con el último año de gobierno (2006) de la anterior administración cuando se reportaron tan sólo 109, 629 delitos del fuero federal, y 1 millón 471,101 delitos del fuero común. Y es que para el año 2007, se habían incrementado ya los delitos federales y del fuero común denunciados en un 20.1 y 7.2 por ciento respectivamente respecto al 2006.

Para el año 2008 y en plena reconfiguración de estrategias, acuerdos y reformas, disminuyeron los delitos federales marginalmente respecto al año anterior en un 0.87 por ciento, contrario a los delitos del fuero común que se incrementaron en 2.5 por ciento. Para el año 2009, los del orden federal disminuyeron en 3.7 por ciento y los del fuero común se incrementaron en 2.3 por ciento.

De este modo y tal y como podemos observar en la tabla, los delitos denunciados hasta el 2009, en comparación con el año 2006, se han incrementado porcentualmente en cerca del 16.2 por ciento los del orden federal y en 11.6 por ciento los del orden local. Es decir, se registró un mayor incremento en los del orden federal en tres años.

En términos totales, los delitos (tanto federales como del fuero común) en el periodo de referencia de 2006 a 2010, se incrementaron en un 12 por ciento al pasar de 1 millón 580,730 a 1 millón 796,738 delitos.

Paralelamente a la tendencia hasta ahora analizada, lo más alarmante resulta cuando revisamos con detenimiento las proyecciones del 2010.

Con base a indicadores presentados por el Ejecutivo federal en su cuarto informe de gobierno y datos recientes dados por las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia, revelan en términos prácticos que este último año (2010) tiende a agudizarse y por ende a incrementarse aun más la incidencia delictiva en por lo menos un 6.5 por ciento para delitos federales como en un 2 por ciento para delitos del fuero común. Lo anterior producto de la crisis económica y del espiral de violencia que en los últimos meses se ha agravado producto de las constantes disputas por actividades criminales y zonas territoriales entre grupos delictivos.

Tan sólo, un dato revelador dado a conocer por las propias autoridades federales, nos muestra que en el primer cuatrimestre (enero-abril) del año 2010, los delitos federales se dispararon en más del 300 por ciento respecto al mismo periodo del 2009 según la Procuraduría General de la República (PGR). Por lo tanto, resulta lógico pensar que al cierre de este año, tendremos la mayor incidencia delictiva en lo que va de esta administración por encima de los 140 mil delitos en el orden federal, en el que además, los delitos vinculados con el narcotráfico prácticamente se han triplicado (el 40 por ciento de las 46 mil indagatorias del primer cuatrimestre obedecen a este rubro) en comparación con los registrados el año pasado de acuerdo con el informe elaborado por el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR.

En suma, tal y como lo podemos observar, en los últimos tres años, más que por una política estructural de Estado contra la inseguridad, se ha optado por privilegiar una política centralista y reaccionaria ante los embates directos de la confrontación y violencia contra el Estado, la sociedad civil y entre los grupos delictivos.

Por lo tanto, sigue siendo irrefutable, el hecho de que la desgastada estrategia y sus consecuentes acciones implementadas por el gobierno federal, sólo han tratado de contener esta ola de violencia y criminalidad por medio de operaciones policiales y militares de manera frontal persistiendo en todos los casos, la falta de inteligencia operativa y estratégica ocasionando las tan ya conocidas pérdidas humanas, físicas, materiales y financieras.

IV. Implicaciones del gasto público en materia de seguridad pública

En este punto, ineludiblemente no podemos dejar de observar en primer lugar, que en la iniciativa que creó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentada por el titular del Ejecutivo federal el 29 de septiembre de 2008, no se consideró la asignación de recursos ni el establecimiento de montos presupuestarios mediante reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, de modo que, los reformados ordenamientos repitieron en su aplicación los errores del modelo anterior: la omisión por disminuir el exacerbado centralismo presupuestal en materia de seguridad.

Es más, el artículo séptimo transitorio de la citada iniciativa estableció que:

“las acciones que en cumplimiento a las disposiciones a esta ley, corresponde a ejecutar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de sistemas complementarios de seguridad social, deberán cubrirse con cargo al presupuesto de dichas autoridades en razón de sus competencias”.

Del resto de las partidas no se hace alusión. De modo que, es pertinente cuestionarse: ¿Con qué recursos harán frente los Estados y los Municipios ante las exigencias materiales de esta nueva ley si los recursos aprobados por la Cámara de Diputados continúan siendo insuficientes y hasta marginales, más aun cuando existe actualmente la intención de un gran número de gobernadores del país y del propio Ejecutivo federal por unificar y supeditar los cuerpos policíacos de los Municipios a un solo mando único en los Estados?

En este sentido, debemos de destacar que el principal fondo presupuestal federalizado dirigido a los gobiernos subnacionales sigue siendo el proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal establecido en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que, es constituido con cargo a recursos federales y asignado cada año de manera discrecional, ya que no es determinado en el Presupuesto de Egresos a través de una prescripción legal que obligue a asignar los recursos federalizados en materia de seguridad pública con referencia a un porcentaje mínimo de la Recaudación Federal Participable como ocurre con otros fondos federalizados establecidos en la Ley.

El criterio para la asignación de recursos del FASP está relacionado con el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

Por otro lado, los recursos del FASP de los Estados y del Distrito Federal se destinan exclusivamente para las funciones que tienen que ver con el reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; con la complementación de dotaciones a los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; así como al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; sin dejar pasar por alto que también es destinado para la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.

Es un hecho que gran parte de las diferencias existentes en cuanto a eficacia y contundencia se trata en materia de seguridad pública entre las dependencias Federales y Estatales, depende en gran medida por los recursos presupuestales con los que cuentan para operar, resaltando hasta el momento, la nula posibilidad de comparar los montos de unas y otras.

Tan sólo entre las Secretarías de Seguridad Pública federal, la de Defensa Nacional (Sedena), la de Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) se han concentrado durante cuatro años: de 2007, 2008, 2009 y 2010, por ramo administrativo, poco más de 84, 88, 106 y 103 mil mdp respectivamente. Para 2011, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal, plantea un acumulado total de 116 mil mdp; un incremento de 13 mil mdp, o sea, un 11.2 por ciento adicional con respecto al año anterior, y de un 18.4 por ciento del 2007 a 2010.

Ahora bien, tal y como lo podemos observar en la tabla siguiente, desde el año 2008 no se han incrementado los recursos del FASP de manera considerable ni mucho menos han tenido la preponderancia que se requiere; ya que el incremento registrado de los últimos seis ejercicios - del ejercicio fiscal 2005 al 2010- es de tan sólo el 27 por ciento, al pasar de 5 mil millones a 6 mil 900 mdp.

En contraparte, en los últimos tres años, el Ejecutivo federal ha tratado de compensar la insuficiencia de recursos a los Estados y el Distrito Federal (DF) en materia de seguridad por medio de la creación de subsidios. Por ejemplo, creó el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) derivado del ramo 36-Seguridad Pública, asignando para el año 2008, 3 mil 600 mdp para luego incrementarse en 2009, a 4 mil 100 millones y mantenerse en 2010 sobre el mismo monto. No obstante, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, el Ejecutivo federal plantea para este subsidio una partida de 4 mil 300 mdp, es decir, lo incrementa en un 2.1 por ciento con respecto a lo aprobado del año anterior.

Cabe destacar que este subsidio (Subsemun) tiene el propósito de proveer recursos financieros para profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los Municipios y Demarcaciones territoriales del DF, así como a mejorar la infraestructura de las corporaciones policíacas. Sin embargo, este subsidio desde su operación, ha registrado recurrentemente subejercicios debido a lo complejo que han resultado ser los lineamientos y criterios en las reglas de operación para ejercer dicho recurso; ya que entre otros criterios, observa el número de habitantes e incidencia delictiva; municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados, así como grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por la alta incidencia delictiva, así como el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos que realicen al fondo los municipios seleccionados y el D.F.

Por otro lado, es importante mencionar que en el mismo proyecto de Presupuesto (2011), el Ejecutivo federal prevé destinar una partida adicional proveniente del ramo 04-Gobernación, equivalente a 2 mil 400 mdp por concepto de un nuevo subsidio destinado a Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, supeditándolo de esta forma, a las ya de por sí excesivas reglas de operación en el ramo en cuanto a la normativa aplicable se refiere.

Si bien el llamado Subsemun se ha mantenido recurrentemente en subejercicio durante los últimos dos años en más del 25 por ciento de los recursos aprobados al igual que otros subsidios, esto obedece más a cuestiones meramente técnicas y de normativa excesiva que dificultan la aplicación de los recursos, que a cuestiones de disponibilidades financieras y de coordinación, haciendo que en el mejor de los casos, se prorrogue la transferencia y aplicación de los recursos y en el peor de los casos, a que sean reasignados y/o trasladados discrecionalmente a fideicomisos públicos dejando en la incertidumbre muchas veces los propósitos y objetivos así como la eficacia e incidencia de los ejecutores del gasto en la materia.

En consecuencia, se estima que el nuevo subsidio propuesto para la implementación de la reforma constitucional respecto a la creación del mando único policial en los Estados, no será la excepción en cuanto a la rigidez normativa para la aplicación de los recursos, toda vez que esta partida seguirá operando como subsidio y no como parte complementaria adicional al monto de recursos que debiera ser transferido invariablemente a los estados como parte de la reforma constitucional y de los gastos federalizados a entidades federativas.

En tal latitud, me es pertinente señalar su necesaria previsión en el cuerpo del articulado de los transitorios de la iniciativa de reforma constitucional o en su oportuna inclusión en la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que el control presupuestal y financiero y parte de los alcances de la reforma, no se condicionen en función de los lineamientos impuestos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la misma Secretaría de Seguridad Pública Federal, mismas que, sin mayores explicaciones, siguen reproduciendo la estrategia federal de descentralizar recursos a estados y municipios vía subsidios bajo prescripciones burocráticas e inflexibles más aun cuando la problemática nacional de inseguridad pública es común e indiferente a todos los órdenes de gobierno.

En cuanto a la clasificación por función orden, seguridad y justicia, el proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, establece un gasto de 110 mil 176 mdp, cifra que representa un incremento de 19.2 por ciento respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 12.2 por ciento al proyecto de Presupuesto 2010.

El gasto de la citada función proviene de los siguientes ramos:

– Para el Poder Judicial de la Federación se propuso un gasto de 41 mil 522.8 mdp; cifra que representa un incremento del 22.0% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 3.5% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para Gobernación se propuso un gasto de 7 mil 534.8 mdp; cifra que representa un incremento del 2 mil 837.3% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 2 mil 592.9% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para la Sedena se propuso un gasto de 446.7 mdp; cifra que representa un incremento del 2.8% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 2.8% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para la STPS se propuso un gasto de 832.2 mdp; cifra que representa un incremento del 1.5% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y una reducción del 1.0% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para la SRA se propuso un gasto de 424.7 mdp; cifra que representa una reducción del 6.0% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y una reducción del 8.5% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para la PGR se propuso un gasto de 11 mil 997.1 mdp; cifra que representa un incremento del 2.7% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 0.1% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para las Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 850.0 mdp; cifra que representa una reducción del 60.2% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y una reducción del 60.2% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para los Tribunales Agrarios se propuso un gasto de 825.0 mdp; cifra que representa un incremento del 10.2% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 6.7% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se propuso un gasto de 1 mil 849.6 mdp; cifra que representa un incremento del 7.6% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 15.0% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para las aportaciones federales se propuso un gasto de 7 mil 124.3 mdp; cifra que representa un incremento del 3.0% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 3.0% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se propuso un gasto de 1 mil 101.7 mdp; cifra que representa un incremento del 23.8% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 11.3% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para seguridad pública se propuso un gasto de 35 mil 667.2 mdp; cifra que representa un incremento del 10.3% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 12.5% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

– Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se propusieron 15 mil 939.6 mdp; cifra que representa un incremento del 28.3% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2010 y un incremento del 27.8% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2010.

V. Propuesta de la Iniciativa

Tal y como ya lo mencionamos anteriormente, el objetivo del FASP es fortalecer la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de las instituciones de seguridad y justicia de las entidades federativas y el DF Sin embargo, la insuficiente inversión destinada a los estados, municipios y delegaciones del DF, como ya se mostró en líneas anteriores, así como la discrecionalidad e incertidumbre jurídica con la que el Ejecutivo federal, año tras año, asigna y distribuye los recursos, sigue siendo uno de los principales obstáculos que impide una mayor incidencia de los Estados, el D.F. y de los Municipios en el combate a la delincuencia, siendo además, el motivo más recurrente de éstos para justificar sus deficiencias por los limitados recursos que se asignan anualmente en el Presupuesto Federal para seguridad pública y su concentración progresiva en el orden Federal, cuestión paradójica cuando la mayor responsabilidad operativa en materia de seguridad pública recae en los gobiernos subnacionales.

Por lo tanto, estimo pertinente y necesario impulsar por todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, la presente iniciativa de reforma y adición en el marco del Fortalecimiento de la Seguridad Pública de los gobiernos Federal y Estatales, al mismo tiempo que se discuta la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal respecto a la creación de un mando único policial estatal.

Dicha propuesta consiste en establecer en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, un porcentaje mínimo del 1 por ciento de la Recaudación Federal Participable para constituir dicho fondo,mismo que, sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y distribuido entre las Entidades Federativas y Demarcaciones del D.F. de acuerdo con la fórmula que anualmente establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En este sentido, y tal como lo podemos apreciar en la siguiente tabla, se incrementarían para el siguiente año (2011) los recursos federalizados a Entidades Federativas y Demarcaciones del D.F. para seguridad pública en las siguientes proporciones:

• En poco más de 11 mil mdp con respecto a lo aprobado en el Presupuesto del año 2010 sólo al FASP; y con respecto a lo planteado por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011 para el mismo fondo.

• Por el orden de los 5 mil 600 mdp con referencia al total acumulado por recursos del FASP y el subsidio municipal (Subsemun) con respecto a lo aprobado y asignado en el PEF del 2010; y

• Por el orden de los 4 mil 700 mdp con respecto a lo acumulado al FASP y diversos subsidios provenientes de los ramos 36-Seguridad Pública y 04-Gobernación para Estados y Municipios, según lo proyectado por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto para 2011.

De este modo, pasaríamos de incrementos compensatorios del que son susceptibles comúnmente los estados y demarcaciones del DF vía subsidios, a un incremento real a través de un monto único de recursos irreductibles para la seguridad pública de los estados, los municipios y las demarcaciones del DF, rompiendo con ello, la subsidiariedad y la inercia que se pretende darle a la multicitada reforma constitucional en materia de unificación de mandos policíacos.

En consecuencia, la garantía de establecer un porcentaje mínimo en Ley para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y las Demarcaciones Territoriales del DF, tendría la virtud y la certeza de que los recursos asignados fortalecería decididamente nuestro federalismo fiscal y la Estrategia Nacional Seguridad Pública, más aun, cuando ésta, persigue en el corto plazo el objetivo de implementar en los Estados los mandos únicos de policías significando en sí mismo, mayores recursos financieros, humanos, de infraestructura tecnológica y de equipamiento policial en aras de cumplimentar una función prioritaria de todos los responsables que señala el artículo 21 constitucional y demás leyes aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 44, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados considerando un monto mínimo equivalente al 1 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, y serán distribuidos entre las entidades federativas, de acuerdo con la fórmula que anualmente establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Transitorios

Artículo Primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El incremento de los recursos presupuestarios será incluido en el subsecuente ejercicio presupuestal una vez entrado en vigor el decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre del año dos mil diez.— Diputado Juan Carlos Natale López.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es por excelencia uno de los destinos más atractivos del mundo para realizar actividades de esparcimiento, deportivas y de estancia temporal, ya que por su historia, su geografía, sus recursos naturales y su amplio patrimonio cultural, ofrece a los extranjeros una extensa variedad de destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Contamos con una infraestructura turística de vanguardia internacional, con sitios arqueológicos y naturales apreciados mundialmente, con ciudades reconocidas por su belleza arquitectónica a nivel internacional y que han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad, así como la consolidación de las playas a la que se agrega la natural hospitalidad de los mexicanos y que ha permitido que le país este entre los diez países más visitados del mundo.

Resulta evidente que el turismo internacional representa para el país una de las bases económicas más sólidas y representativas que impulsa la generación de empleos, fomenta el desarrollo regional y promueve los proyectos de infraestructura mediante la difusión de los atractivos culturales y naturales ubicados en territorio nacional.

En este sentido, es importante reforzar las campañas de promoción de México en el exterior, con el propósito de que los flujos de turistas a nuestro país se incrementen y nos permitan mejorar nuestra posición entre los países más visitados del mundo, al mismo tiempo que nos permita difundir los diferentes destinos turísticos en las entidades federativas, con el consecuente impacto positivo que se da en materia de empleo, calidad de vida y desarrollo regional.

La importancia de una estrategia de promoción adecuada y que debe ser reforzada en los próximos años, requiere de recursos adicionales que permitan mantener la tasa de crecimiento observada en el periodo enero-agosto de 2010, en el que el flujo de turistas internacionales ha crecido 19.6 por ciento respecto a 2009.

Este incremento en el flujo migratorio que generan las actividades turísticas internacionales, implica el despliegue de importantes actividades gubernamentales, a efecto de asegurar el adecuado control y vigilancia en los puntos de acceso y salida al país con la finalidad de garantizar la mayor seguridad en la internación de extranjeros a la nación.

Es por ello, que la labor del Instituto Nacional de Migración se ha incrementado en los últimos años al adoptar medidas de seguridad conforme a estándares internacionales, desarrolladas a través de la implementación de programas de vigilancia permanente en función de la intensidad migratoria que se verifica de manera creciente en las principales regiones turísticas de nuestro país.

Asimismo, resulta necesario reforzar y modernizar las medidas de seguridad y los sistemas de identificación utilizados para el adecuado control migratorio conllevan complejos procedimientos para dicha institución.

En este sentido, la implantación de dichos programas ha implicado que los costos que enfrenta el instituto por el despliegue de las actividades relacionadas con las autorizaciones de internación de turistas extranjeros en territorio nacional, hayan crecido desproporcionalmente, al grado que los recursos obtenidos por la prestación de los servicios migratorios resultan por demás insuficientes para el fondeo de éstos.

Ante tales circunstancias, resulta necesario que el turista reciba servicios adecuados y modernos al momento de ingresar al país, lo cual, acorde con la estrategia de promoción y difusión para atraer turismo a nuestro país, incidirá positivamente en el crecimiento del número de visitantes a México.

En este contexto, resulta imperativo ajustar el monto de la cuota contenida en el derecho por la autorización de la calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros bajo la característica de turista, a fin de homologar ésta a los costos que le implica a la autoridad la prestación de dicho servicio, en tal proporción que no incida en la elección de nuestro país como destino turístico.

En virtud de lo anterior, se propone que la cuota prevista en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos se incremente a 400.00 pesos, con lo cual permitirá al Estado recuperar los costos de los servicios migratorios a turistas extranjeros, así como garantizar la continuidad en el mejoramiento de éstos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único.Se reforma el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 8....

I. Turista: 400.00 pesos.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Javier Gil Ortiz, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 15 a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que adiciona el artículo 15 al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a cargo del diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Javier Gil Ortiz, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La energía eléctrica se ha convertido en un elemento indispensable para todas las actividades de nuestra vida. Actualmente 97 por ciento de la población en México cuenta con electricidad, lo que coloca al país en niveles muy cercanos de cobertura a los indicadores que tienen los países desarrollados. Sin embargo, más de 3 millones de habitantes aún no cuentan con el servicio eléctrico y la mayor parte se ubica en comunidades marginadas y de difícil acceso.

Nuestro país está dividido políticamente en 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal, entre los cuales existe una desigualdad marcada en cuanto a la riqueza. Por un lado, hay municipios en los que la calidad y nivel de vida podrían compararse con los de Estados Unidos y la Unión Europea, pero por otro, están aquellos que, por su pobreza, su calidad de vida es parecida a la que se aprecia en África subsahariana.

De tal suerte, los problemas por insuficiencia en los fondos presupuestales de los gobiernos municipales han crecido, y es que muchos ayuntamientos no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de su población, ya que no tienen manera de generar grandes cantidades de recursos propios vía recaudación por derechos e impuestos y dependen exclusivamente del apoyo federal en el ramo 33 para realizar sus aportaciones de consumo de energía eléctrica, cloración de agua potable, reparación y mantenimiento de patrullas y de equipo auxiliar así como de viáticos al personal de seguridad, recolección de basura, pavimentación, entre otros, y a últimas fechas, también deben hacer frente a los gastos generados por inundaciones, hundimientos de carreteras y hasta desplome de viviendas a barrancos, como consecuencia de las lluvias que se han presentado recurrentemente en buena parte del territorio nacional.

No debe perderse de vista que es gracias a los esfuerzos que las administraciones municipales realizan por mantener un adecuado suministro eléctrico como se garantiza el funcionamiento de palacios municipales, escuelas, mercados, receptorías, centros de salud, delegaciones municipales, oficinas, auditorios municipales, unidades deportivas, bombeos de agua potable y alumbrado público para la seguridad de sus habitantes, todo lo cual incide en gran medida en el desarrollo de la comunidad.

Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos, en ocasiones los recursos financieros con que cuentan los municipios no son suficientes para cubrir la totalidad de sus necesidades, generando con ello que en cada administración que inicia su encargo se hereden grandes adeudos por concepto de consumos de energía eléctrica municipal.

En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que la energía eléctrica constituye un elemento imprescindible dentro de un marco de políticas públicas que fomenten el desarrollo sustentable y propone impulsar su uso eficiente, conciliando las necesidades de consumo de energía con el cuidado de los recursos naturales, así como la intensificación de los programas de ahorro de energía para impulsar el mejoramiento de las redes de alumbrado público y de cualquier otro sistema de energía eléctrica.

Ahora bien, cabe recordar que en pleno reconocimiento de las presiones que presentan los municipios en sus finanzas a causa de los adeudos por concepto de energía eléctrica, el Congreso de la Unión estableció en el decreto de Ley de Ingresos de la Federación para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2007, un mecanismo que permitiría a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal regularizarse en el pago de sus pasivos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Tal mecanismo consistía en que la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, podrían aplicar los pagos corrientes que recibieran de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal por concepto de suministro de energía eléctrica, a la disminución de los adeudos históricos registrados al cierre de diciembre de 2007, tomando en cuenta la situación financiera de dichos municipios y demarcaciones territoriales.

En ese sentido, la disminución del adeudo se aplicaría en la proporción de 50 centavos por cada peso de pago corriente que cubriera el usuario, de conformidad con las reglas para la disminución de adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que para el efecto emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2008.

Sin embargo, la misma Ley de Ingresos de la Federación para 2008 y las reglas expedidas por la Secretaría de Hacienda, consideraron que el beneficio de referencia sólo se otorgara cuando las entidades federativas a las que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales cumplieran los siguientes requisitos

1. Contemplen en su legislación local el destino y afectación al pago del servicio de energía eléctrica de las aportaciones federales que puedan utilizarse para tal efecto;

2. Hayan presentado su solicitud de intención de adhesión al programa, hasta el 31 de diciembre de 2008;

3. Que a la fecha de la solicitud, se encuentren al corriente en el pago de la energía eléctrica consumida a partir del 1 de enero de 2008.

Derivado de lo anterior, se observó que durante el periodo para solicitar la adhesión al programa, en numerosas ocasiones no hubo información suficiente en los municipios, lo cual impidió que se cumpliera con las expectativas y un gran número de ayuntamientos quedaron al margen de los beneficios otorgados por la citada disposición, con el consecuente incremento del rezago en sus finanzas públicas.

Pero también existieron problemas de interpretación relacionados con el cumplimiento de los pagos para mantenerse al corriente, al considerarse que aún estableciendo convenios de pago sobre la facturación de 2008, no podrían ser considerados como “estar al corriente en el pago por concepto de facturación de energía eléctrica” para efectos del requisito solicitado, de acuerdo con la interpretación de la CFE, no obstante la disposición al pago de los adeudos.

Debe mencionarse que para muchos municipios la problemática por el concepto de adeudos ya ha tenido repercusiones, por los cortes de energía que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado esporádicamente a las sedes administrativas de los ayuntamientos, paralizando con ello, los servicios que cotidianamente se otorgan a la población.

Estas acciones generan más conflictos, ya que no sólo impide el desarrollo cotidiano de trámites, acciones y programas de gobierno, muchos de ellos vitales para la población, sino que también impacta negativamente en el bienestar y seguridad de los habitantes de los estados y municipios afectados.

Es por lo descrito que la presente iniciativa plantea retomar el mecanismo para la reducción de adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios establecido en 2008 por esta soberanía y replicarlo en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que tendrá a bien aprobar en los próximos días, considerando la vital relevancia que cobra el contar con finanzas públicas sostenibles en nuestros municipios.

Asimismo, es necesario hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en las nuevas reglas de operación establezca con claridad los conceptos para considerar que un municipio se mantiene al corriente y cumple con los requisitos para acceder al beneficio que se persigue, y poder contar así con mecanismos flexibles de reestructuración de pago de consumo de energía eléctrica para todos los ayuntamientos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011

Artículo Único. Se adiciona el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para quedar como sigue:

Artículo 15....

...

...

De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de esta ley, tomando en cuenta la situación financiera de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Comisión Federal de Electricidad podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de dichos municipios o demarcaciones territoriales, por concepto de suministro de energía eléctrica, a la disminución de adeudos históricos que registren al cierre del mes de diciembre de 2010. Lo anterior, siempre y cuando las entidades federativas a las que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de aportaciones federales que puedan utilizarse al pago de dichos servicios.

En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a sus obligaciones de pago por suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podrá solicitar al gobierno local respectivo, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a las aportaciones federales que correspondan al municipio o demarcación territorial de que se trate. Sólo podrá solicitarse la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor a 90 días naturales.

La Comisión Federal de Electricidad podrá ceder, afectar y, en términos generales, transferir los recursos derivados de la retención a que se refiere el párrafo anterior a fideicomisos u otros mecanismos de fuente de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria relacionada con el suministro de energía eléctrica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Javier Gil Ortiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Fernando Espino Arévalo, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 25, 71, fracción II, 72, y 73, fracción VII y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El tabaquismo, adicción a la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta a los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, así como al sistema nervioso; favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las vías respiratorias, e incrementa el riesgo de aborto o pérdida de peso del producto durante el embarazo, anualmente mueren más de 5 millones de personas en el mundo y en nuestro país más de 60 mil por ésta causa, las muertes prematuras producidas por el consumo de tabaco hacen que en promedio se pierdan 20 años de vida de una persona.

Lamentablemente existen datos que nos indican que los adolescentes cada vez están fumando a más temprana edad (11 años).

México forma parte de la lista de países como Irlanda, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Holanda e Italia, que prohíben la práctica de fumar en todos los espacios cerrados.

En virtud de que las grandes trasnacionales dedicadas a la industria del tabaco, gastan anualmente millonarias sumas de dólares, en sus campañas de publicidad y promoción, buscando enganchar a niños que oscilan entre los 5 y los 17 años de edad, condición aberrante e intolerable .

Finalmente, hoy quiero patentizar mi reconocimiento público a todos ustedes, por la sensibilidad y disposición para anteponer el interés general de todos los mexicanos a los de algún grupo, ya que este es el primer paso dentro del proceso legislativo y sólo faltaría confirmarlo ante el pleno de ésta Cámara de Diputados.

Vale la pena resaltar que argumento tales como que la propuesta es demasiado rígida y exagerada, o que se perderán fuentes de empleo en el campo mexicano, no son más que juicios de valor bastante ligeros de quien desconoce la magnitud del problema que significa esta pandemia mundial.

El hábito de fumar es causa de unas 25 enfermedades comprobadas, siendo sobre todo responsable de:

• El 30 por ciento de todas las cardiopatías coronarias.

• El 80-90 por ciento de todos los casos de enfisema-enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

• El 30 por ciento de todas las muertes por cáncer.

• El 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón.

• El 70 por ciento de cáncer de laringe.

• El 50 por ciento de cáncer en boca.

• El 50 por ciento de cáncer de esófago.

• El 30-40 por ciento de cáncer de vejiga.

• El 30 por ciento de cáncer de páncreas.

• Los no fumadores que conviven con fumadores tienen un riesgo 35 veces mayor de contraer cáncer de pulmón, que aquellos que no conviven con fumadores.

• El 42 por ciento de los niños con enfermedades respiratorias crónicas son fumadores pasivos.

• En el mundo más de 10 mil niños y jóvenes se convierten diariamente en fumadores, los que son conocidos en la industria tabacalera como “fumadores de reemplazo”, porque van sustituyendo a los que desaparecen prematuramente por muerte o porque van dejando el hábito.

Además es preciso comentar que en diversos países como Estados Unidos de América, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Suecia, el Reino Unido y Cuba, se han establecido leyes prohibitivas en torno a la práctica de fumar y tasas impositivas significativas, por lo que una vez más si persisten en la idea de no aceptar la presente iniciativa, se estaría propiciando proteger ciertos intereses de grupo, y consecuentemente seguiremos a la zaga y condenando la salud de todos los mexicanos.

Debemos valorar el hecho de que el 14 de abril de 2004 México se convirtió en el país 108 en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, lo que por efectos del artículo 133 constitucional, eleva a rango de ley nacional, vale la pena destacar que dicho convenio cobró vigencia plena desde enero de 2008.

Además debemos tomara en cuenta que el citado convenio determina la obligación de los países para establecer medidas y legislativas, políticas de monitoreo, protección, prevención, prohibición y aumento de impuestos al consumo del tabaco más enérgicas para combatir este enorme flagelo de la humanidad.

En este sentido, México ha desarrollado un conjunto de acciones que van desde reformas a la legislación respectiva hasta la fijación de cargas fiscales al consumo del tabaco.

Sin embargo, en materia impositiva, todavía es necesario adoptar una política más afín a los parámetros internacionales que permitan incidir en la demanda de cigarros por parte de la población y como efecto de ello, reducir la impresionante cifra de mortalidad a causa de este problema.

Asimismo, la evidencia empírica ha demostrado que los impuestos indirectos aplicados al tabaco provocan en el individuo una compra decreciente del producto con el paso del tiempo, dado que el incremento del precio implica un mayor gasto por parte del consumidor, hecho que es restringido por el nivel de ingresos que percibe.

Además, la facilidad con la que se administran estos impuestos, permite mantener un mejor control y monitoreo de la recaudación por parte del gobierno.

Ahora bien, para el análisis de los impuestos indirectos aplicados al tabaco, estos suelen clasificarse de acuerdo al método de cálculo y aplicación, destacando los impuestos especiales y el impuesto al valor agregado.

De este modo, los impuestos especiales se dirigen al bien producido para su venta en un país, importado o vendido en dicho país. A su vez, se dividen en impuestos de tipoad valorem y específico.

Los impuestos especiales ad valorem establecen una tasa porcentual al valor de una transacción entre dos sujetos o entidades económicas en algún punto de la cadena de producción o distribución, por lo general, entre productores y minoristas (o mayoristas, según sea el caso).

En cambio, los impuestos especiales específicos fijan un gravamen por cantidad producida para la venta. El impuesto puede ser retenido por el productor o mayorista o desde un punto de entrada por un importador (considerando pagar en adición, derechos de importación).

Por otro lado, los impuestos al valor agregado (IVA), conforman tasas porcentuales que se aplican en diferentes etapas de la producción y de forma proporcional al precio que el consumidor paga por el bien.

No obstante, en la actualidad, los múltiples problemas que enfrenta el país en materia de recaudación fiscal por otros conceptos, han fomentado la búsqueda por establecer mejores tasas o cuotas específicas a productos como el tabaco. Sobre todo cuando se sabe que los gastos que acarrea en términos de atención médica son demasiado elevados.

Basta mencionar que los “gastos totales en atención médica asociados con el tabaquismo en México se calcularon en 75 mil 200 millones de pesos (5 mil 700 millones de dólares estadounidenses) en 2008. Este cálculo se basa en los gastos de salud totales, los cuales equivalen al 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México, y el supuesto de que los costos de tratamientos relacionados con el tabaquismo representan el 10 por ciento de todos los costos de atención médica (la variación de esta cifra en otros países es de entre 6 por ciento y 15 por ciento; en Argentina, por ejemplo, representa el 14.5 por ciento de los costos del sistema de atención médica público)”.

Como consecuencia de lo anterior, la presente iniciativa de ley expone un modelo alternativo con el que se pretende establecer un enfoque dinámico en la fijación de impuestos especiales ad valorem y específicos al tabaco.

El diseño se basa fundamentalmente en investigaciones realizadas por diversos especialistas en la materia (tales como Hugh Waters, Belén Sáenz de Miera, Hana Ross y Luz Myriam Reynales Shigematsu, entre otros), para cumplir con cuatro objetivos primordiales, los cuales se correlacionan directamente con los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, los cuales se sintetizan en:

1) Incrementar el impuesto especial sobre el consumo de tabaco en términos de valor (ad valorem) y cantidad (específico).

2) Elevar el precio de cada cajetilla de cigarros como consecuencia de los aumentos impositivos (especiales y de valor agregado).

3) Reducir continuamente el consumo de tabaco por individuo.

4) Aumentar los ingresos fiscales para canalizar mayores recursos a la atención médica asociada con el tabaquismo.

Para la elaboración del modelo y su posterior acto de simulación, se ha considerado la siguiente metodología:

1) El periodo de estudio abarca desde el año 2009 hasta el año 2014 con el objeto de analizar el comportamiento de los impuestos especiales al tabaco y el impuesto al valor agregado respectivo así como también el precio de venta de una cajetilla de cigarros (de 20 unidades) al público.

Cabe señalar que el año 2009 será considerado como el punto base por el cual se realizarán las estimaciones pertinentes para los años restantes.

2) De acuerdo al comportamiento de los precios de bie-nes y servicios básicos de nuestro país en los últimos años, se considerará una tasa de inflación de 4.3 por ciento para el periodo de estudio, el cual ajustará todas las estimaciones en dicho porcentaje para obtener cifras denominadas a pesos corrientes (que incluyen la afectación de los precios en el tiempo) y a pesos reales del año 2009 (es decir, eliminando el efecto inflacionario).

3) De conformidad a la nueva Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980; últimamente reformada y difundida por este medio el 28 abril de 2010, establece en el artículo 2o., fracción I, inciso c), que en la enajenación o en su caso, la importación de tabacos labrados (que para el caso que nos ocupa, nos referiremos al rubro de cigarros), se aplicará una tasa impositiva de 160.0 por ciento.

Asimismo, conforme al cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009, se establecerá una cuota específica por cigarro de 0.04, 0.06 y 0.08 pesos para los años 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

Por lo anterior, el modelo utilizará una cajetilla de 20 cigarros en promedio para el análisis correspondiente, a la cual se le aplicará una tasa de 160.0 por ciento (para los años 2009 y 2010) y una cuota específica de 0.80 pesos (para el año 2010).

4) Con el objeto de generar un impacto benéfico en la población mediante la reducción gradual del consumo de tabaco, se proponen incrementos de la tasa de impuesto especial en 40 puntos porcentuales a partir del año 2011.

Asimismo, para el año 2011, se pretende establecer un impuesto específico de 5 pesos por cajetilla (0.25 por cigarro), el cual será ajustado a través de la tasa de inflación para los siguientes años.

5) Tomando como referencia el año 2009, se considera que el precio promedio al minorista de una cajetilla de cigarros es de 8.01 pesos, que es una “aproximación del monto de la base para el cálculo de impuestos al cigarrillo”; el cual, implícitamente incluye la ganancia del mayorista.

Cabe agregar que la “verdadera base imponible es información confidencial, en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

6) Para el minorista se estima un margen de ganancia promedio de 10.72 por ciento al precio que le ofrece el mayorista por cajetilla de cigarros durante todo el periodo de referencia.

7) Conforme a la nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, se considera una tasa del 15.0 por ciento para el año 2009 y de 16.0 por ciento para los años siguientes (de acuerdo a la última reforma difundida por este medio el 7 de diciembre del año 2009).

Cabe señalar que este “impuesto se incluye en los precios de todas las transacciones” entre productores, mayoristas, minoristas y consumidores.

Debido a que los mayoristas y minoristas pueden deducir el monto del impuesto al valor agregado (IVA) que pagan cuando adquieren los productos; para efectos del modelo, sólo se calculará el IVA pagado por los consumidores a fin de calcular posteriormente los ingresos fiscales por dicho rubro.

8) “El número total de cajetillas consumidas a su vez se calcula a partir de cifras de producción de cigarrillos nacionales provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y cifras de importaciones de la Secretaría de Economía”.

9) Para determinar el consumo neto de tabaco y los ingresos del gobierno a través de la fijación de impuestos especiales (IEPS) e impuesto al valor agregado (IVA) a dicho producto, se utilizarán parámetros históricos de acuerdo a las investigaciones de los especialistas (mencionados en párrafos anteriores) empleando las variaciones reales del precio de venta de una cajetilla de cigarros durante el periodo de referencia.

Asimismo, los valores resultantes se ajustarán al crecimiento promedio de la población en 0.7 por ciento al año y por un factor de ingreso relacionado a la variación del producto interno bruto per cápita de 1.7 por ciento medio anual.

Derivado de lo anterior, el modelo resultante es el siguiente:

De los resultados obtenidos del modelo, se observa lo siguiente:

• Al establecer un impuesto especial ad valorem de 200.0  por ciento para el año 2011 e incrementando anualmente la tasa en 40 puntos porcentuales hasta llegar a 320.0 por ciento para el año 2014, se ha observado que su participación porcentual respecto al precio de venta de una cajetilla de cigarros se eleva de 43.6 a 52.2 por ciento durante el mismo periodo (cuadros 1 y 4).

• Ahora bien, fijando una cuota específica de 5.00 pesos por cajetilla para el año 2011 y siendo ajustada por la tasa de inflación esperada para cada año subsecuente, se observa que para el año 2014 el impuesto especial específico sería de 5.67 pesos, lo que conlleva a una alza pronunciada del precio de venta de la cajetilla de cigarros (cuadros 1 y 3).

Cabe señalar que esta política impositiva en términos reales, permite mantener un ingreso por impuesto especial específico de 4.60 pesos por cajetilla vendida al minorista conforme pasa el tiempo (es decir, se neutraliza el efecto inflacionario que merma los recursos públicos del Estado).

Por consiguiente, el “aumento de este impuesto al consumo es la forma principal de causar un efecto en los precios del tabaco en relación con otros precios”.

Cuadro 1: Inflación, impuestos especiales e impuesto al valor agregado

• Aunado a lo anterior, el cambio de tasa del impuesto al valor agregado de 15.0 a 16.0 por ciento, genera un monto de 3.99 a 8.36 pesos por cajetilla vendida al consumidor entre los años 2010 y 2014, lo que indica un sobresalto cercano al 1.0 por ciento de su participación con respecto al precio de venta de una cajetilla de cigarros (13.8 por ciento contra 13.0 por ciento observado en el año 2009).

Como consecuencia de ello, los ingresos fiscales reales por el impuesto al valor agregado (es decir, sin inflación) se elevarán a una tasa media anual aproximada de 8.2 por ciento (cuadros 1, 2, 3 y 6).

Cuadro 2: Impuestos como porcentajes del precio de venta de una cajetilla de cigarros

• Dadas las características de los impuestos, el precio de venta de una cajetilla de cigarros se ve sumamente impactado por los mismos, al reportar un valor nominal de 40.00 a 60.62 pesos entre los años 2011 y 2014, representando una variación de 20.62 pesos (cuadro 3).

Cuadro 3: Precios e impuestos proyectados para una cajetilla de cigarros

En este sentido, en términos reales, se produce un incremento del precio de venta de una cajetilla de cigarros en 10.1 por ciento anual cuando pasa de 36.77 pesos a 49.11 peos (cuadro 4).

Cuadro 4: Precio de venta de una cajetilla de cigarros (cifras en términos corrientes y reales).

• Como consecuencia, el encarecimiento real del tabaco durante dicho periodo, provoca una disminución del consumo anual de casi 16 a menos de 14 cajetillas por individuo al año, el cual representa una tasa decreciente de 4.4 por ciento medio anual (cuadro 5).

Cuadro 5: Comportamiento del consumo de cajetillas de cigarros.

• Por otro lado, considerando la totalidad de los impuestos especiales y el impuesto al valor agregado entre los años 2011 y 2014, se observa que estos representan desde 69.9 por ciento hasta 75.3 por ciento del precio de venta al público de una cajetilla de cigarros, en la que esta última cifra “es compatible con las mejores prácticas internacionales y es característico de los países con políticas de control del tabaquismo exitosas” (cuadro 2).

• Aunado a lo anterior, los ingresos fiscales derivados de los impuestos especiales presentan un nivel de recaudación total promedio de 40 mil 792 millones de pesos reales al año para dicho periodo, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 9.4 por ciento.

Si a esta cifra se le suman los ingresos provenientes del impuesto al valor agregado (que es de 9 mil 517 millones de pesos reales), resulta un importe medio de 50 mil 309 millones de pesos reales al año.

Cabe agregar, que la totalidad de los impuestos aplicados al tabaco, reportan una variación real promedio de 8.8 por ciento al año para el mismo periodo (cuadro 6).

Cuadro 6: Estimación de ingresos fiscales procedentes de impuestos aplicados al tabaco

Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el artículo 2o., fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para incrementar la tasa ad valorem en 40 puntos porcentuales cada año a partir de la tasa de 160.0 por ciento que se aplica en este año (2010) hasta llegar a una tasa de 320.0 por ciento para el año 2014.

Asimismo, se propone un monto de impuesto específico de 0.25 pesos por cigarro enajenado o importado a partir del año 2011, monto que será ajustado conforme a la tasa de inflación esperada de los siguientes años.

De esta forma, el gobierno obtendría en el largo plazo, recursos fiscales reales por cajetilla, impactando severamente en el consumo de dicho bien en un orden estimado de casi 16 cajetillas de cigarros por individuo para el año 2011 a menos de 14 cajetillas para el año 2014.

Lo anterior, significaría una declinación del consumo de tabaco en 4.4 por ciento promedio anual, lo que indirectamente ayudaría al país en aminorar el número de enfermedades y gastos por atención médica relativa al tabaquismo.

Por consiguiente, la totalidad de los impuestos especiales y del impuesto al valor agregado, tenderá a elevar su participación con respecto al precio de venta al público de una cajetilla de cigarros; el cual bajo las condiciones del modelo explicado anteriormente, pasaría de 69.9 por ciento para el año 2011 a 75.3 por ciento para el año 2014.

Cabe señalar que dicha estimación porcentual de los impuestos para el último año, colocaría a México dentro de los estándares internacionales para controlar el consumo de tabaco

En este sentido, los ingresos fiscales provenientes de impuestos especiales y por el impuesto al valor agregado hacia el tabaco reportarían un importe nominal estimado de 47 mil 793 millones de pesos para el año 2011 a 69 mil 775 millones de pesos para el año 2014.

Sin duda, el beneficio de esta estrategia resulta en que el crecimiento de la recaudación fiscal real (es decir, sin inflación), es de 8.8 por ciento promedio anual para el periodo, en contraste con el 6.1 por ciento estimado para el año 2010 considerando la tasa y cuota específica vigentes.

Por lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único.Se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A)...

B)...

C)Tabacos labrados:

1. Cigarros         200 por ciento

2. Puros y otros tabacos labrados 200 por ciento

3.Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano   30.4 por ciento

Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota de 0.25 pesos por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.

Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Segundo.Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, inciso c), numerales 1 y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de la tasa establecida en dichos numerales, durante los años 2012, 2013 y 2014, se estará a lo siguiente:

Ejercicio fiscal                                        Tasa impositiva

2012                                                         240 por ciento

2013                                                         280 por ciento

2014                                                         320 por ciento

Tercero.Para los efectos de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafos del inciso C, fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cuota prevista en dichos párrafos se ajustará conforme a la tasa de inflación esperada para los años 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan proporcionado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.

Notas:

1 Waters, Hugh, Sáenz de Miera, Belén, et al, La Economía del Tabaco y los Impuestos al Tabaco en México, París, Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, abril de 2010, página 14.

2 Ídem, página 27.

3 Ibídem.

4 Waters, Hugh, Sáenz de Miera, Belén, et al, obra citada, página 28.

5 Ídem, página 33.

6 Ídem, página 32.

7 Ídem, página 3.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan todas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 29, fracción VII, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En diciembre del año 2002 el honorable Congreso de la Unión modificó la fracción VII del artículo 29 de la Ley de Impuesto al Valor agregado, la cual permite que los servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México sean gravados con una tasa de cero por ciento.

En un afán de incentivar el turismo de negocios, la ley de Impuesto al Valor Agregado, sufrió en su artículo 29 Fracción VII, dos grandes modificaciones mismas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la primera el 15 de Diciembre del año 1995 y la segunda publicada el 30 de diciembre del año 2002, quedando como sigue:

Artículo 29. Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta Ley, se considera exportación de bienes o servicios:

...

VII. La prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, siempre que dichos extranjeros les exhiban el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población, paguen los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y la contratación de los servicios de hotelería y conexos se hubiera realizado por los organizadores del evento.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por servicios de hotelería y conexos, los de alojamiento, la transportación de ida y vuelta del hotel a la terminal de autobuses, puertos y aeropuertos, así como los servicios complementarios que se les proporcionen dentro de los hoteles. Los servicios de alimentos y bebidas quedan comprendidos en los servicios de hotelería, cuando se proporcionen en paquetes turísticos que los integren.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria y cumplir los requisitos de control que establezca el reglamento de esta Ley, en el cual se podrá autorizar que el pago de los servicios se lleve a cabo desde el extranjero por otros medios. En dicho reglamento también se podrá autorizar el pago por otros medios, cuando los servicios a que se refiere esta fracción, se contraten con la intermediación de agencias de viajes.

En la exposición de motivos, de la iniciativa presentada en la última reforma supra citada, hace mención sobre la importancia del turismo de negocios, ya que este genera una derrama económica por el evento en sí.

Es importante mencionar, que dentro del turismo de negocios, están incluidos los viajes de incentivo; los cuales consisten en que las empresas premian el desempeño de sus ejecutivos y empelados a través del reconocimiento en especie como son los viajes a distintos destinos turísticos del mundo, los cuales tienen la característica de ser pagados por el Corporativo que los contrata.

La Secretaría de Turismo, señala que anteriormente el turismo de reuniones de negocios se denominaba solamente “turismo de negocios”, en virtud de que estaban contemplados dos tipos de turismo en un mismo segmento, el turismo individual y el grupal.

• El turismo de negocios individual, se entiende por la persona que se desplaza y visita un destino turístico específico en función de las actividades laborales y profesionales que desarrolla, además de realizar actividades basadas en el negocio (trabajo), por el cual viaja, frecuentemente llamados viajeros de negocios.

• Se diferencia del turismo de negocios grupal entre otras cosas, porque en el caso del turismo individual, el destino es seleccionado por el mercado o producto que es el principal interés del negocio a realizar, mientras que en el turismo de negocios grupal se tiene la posibilidad de seleccionar el destino turístico donde se realice un congreso, convención o viaje de incentivos, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su organización.

Sin embargo, la dinámica de la actividad turística y la misma operación y desarrollo de las políticas, estrategias, acciones y mercadeo de los segmentos, requieren de una clara interpretación y conceptualización de un turismo de grupos que atiende diferentes variantes; tales como: congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivos, actualmente denominado de manera integral ya que este es un conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes.

El que suscribe, propone que haya de modificarse la fracción VII, del artículo 29 del la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de contemplar el turismo de incentivos al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El sistema tributario es un mecanismo para garantizar la sobrevivencia del Estado mismo, al igual que las obras de inversión social, influyendo también en el desarrollo de la actividad empresarial privada. Esto desde el punto de vista, en que la actividad empresarial es un sujeto activo dentro del sistema tributario.

En el desarrollo de un país, la política económica que un gobierno estipula, es de vital importancia. Dentro de la planificación económica, existen sectores que son estratégicos para el desarrollo integral de la nación.

La situación geográfica de México, le concede un sin número de recursos con atractivo turísticos susceptibles a ser visitados, por tanto es necesario para impulsar estos atractivos, una serie de normas especificas para esta actividad, y más aún una serie de beneficios o facilidades; intentando lograr la atención de la inversión y darle un marco jurídico de seguridad, con los procedimientos administrativos y fiscales adecuados, de la misma manera que se hace con otras actividades de primer orden económico.

El desarrollo de este sector tan importante, debe sostenerse en una política económica adecuada, por lo que el actual Marco Jurídico debe ser sujeto de estudios que determinen objetivamente su eficiencia.

Por lo sensible de esta situación, es necesario estudiar cómo ha evolucionado el marco jurídico regulador de los incentivos turísticos, y más aún, poder monitorear su desa-rrollo. Esto nos dará un instrumento para poder observar si en los hechos la ley cumple su función, y si no, lograr identificar los principales obstáculos metodológicos y de fondo que lo impiden.

En las leyes que fomentan la actividad económica del turismo, el objetivo intermedio que el Estado persigue es que los particulares inviertan en dicha actividad para que ésta se desarrolle y genere divisas al país, por ende, elevación en la calidad de vida de los ciudadanos; generación que se obtendrá solamente a largo plazo y de forma indirecta, pues no es el Estado quien realiza la actividad económica, sino los particulares fomentados.

Incentivos económicos para el desarrollo

El contenido de esta figura, es la motivación, acentuación y en cierto modo el acrecentamiento de una actividad predominantemente económica. este constituye necesariamente un carácter económico. Estos son los rasgos predominantes en los incentivos.

Todo beneficio económico que se confiere, directa o indirectamente, a alguien, por el Estado, con la finalidad de acentuar una actividad predominantemente económica, tendiente al desarrollo económico y social del país, actividad que de algún modo concierne a el turismo de incentivos.

Evidentemente, existen conceptualizaciones variadas, entre ellas tenemos la de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que los define: toda forma de motivación, mediante el otorgamiento de algún benefici o. La CEPAL por su parte los define como: aquellas ventajas económicas cuantificables otorgadas a las empresas con el propósito de alterar su comportamiento .Estas medidas están dirigidas a elevar la tasa de rendimiento de la inversión o a reducir costos o riesgos.

Desde el punto de vista del Estado, estas medidas, estos alicientes constituyen parte integral de la política tributaria, financiera e incluso monetaria y su origen se encuentra en el deseo desarrollista del propio Estado.

La Organización Mundial del Turismo, establece que evaluados los costos de mejorar la competitividad vía precios, se pusieron en marcha políticas alternativas que, a través de incentivos financieros y fiscales, asegurasen la estabilidad del tejido empresarial. En especial se fomentaron programas de apoyo a: pequeñas y medianas empresas; la calidad de medios de alojamiento y de otras empresas del sector; la formación de recursos humanos; y la participación de las comunidades locales.

Cabe señalar que el Consejo de Promoción Turística de México, ha hecho una ardua labor para incentivar al turismo de negocios, través de sus campañas de promoción internacional, como hemos mencionado; dentro del Turismo de Negocios; también se incluye el turismo de incentivos, el cual no está actualmente contemplado en el artículo 29 fracción VII.,

Por lo fundado y motivado, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único.Se reforma el artículo 29, fracción VII, para quedar como sigue:

Artículo 29. Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0 por ciento al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta ley, se considera exportación de bienes o servicios:

...

VII. La prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones , ferias y viajes de incentivos grupales; a celebrarse en México, siempre que dichos extranjeros les exhiban el documento migratorio que acredite dicha calidad en los términos de la Ley General de Población, paguen los servicios de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y la contratación de los servicios de hotelería y conexos se hubiera realizado por los organizadores del evento.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por servicios de hotelería y conexos, los de alojamiento, la transportación de ida y vuelta del hotel a la terminal de autobuses, puertos y aeropuertos, así como los servicios complementarios que se les proporcionen dentro de los hoteles. Los servicios de alimentos y bebidas quedan comprendidos en los servicios de hotelería, cuando se proporcionen en paquetes turísticos que los integren.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria y cumplir los requisitos de control que establezca el reglamento de esta Ley, en el cual se podrá autorizar que el pago de los servicios se lleve a cabo desde el extranjero por otros medios. En dicho reglamento también se podrá autorizar el pago por otros medios, cuando los servicios a que se refiere esta fracción, se contraten con la intermediación de agencias de viajes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan todas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a que proporcione a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior, de Reconocimientos de Plantilla de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior y de Reconocimientos de Plantilla de 2007 a 2010, y de la partida de resarcimiento de 2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que proporcione a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de fondos federales que le corresponde cubrir respecto de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La Universidad de Guadalajara (U de G) es la segunda más antigua y grande de México. Su estructura contemporánea consiste en catorce centros universitarios desconcentrados en las regiones de Jalisco y vinculados en red, un sistema de educación media superior (conformado por 149 planteles) y el sistema de universidad virtual. Es un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, que ofrece sus servicios a más de 218 mil estudiantes. La U de G, acorde con las políticas nacionales de modernización educativa, ha consolidado una serie de indicadores de calidad que la ubican como uno de los primeros centros educativos del país, aportando 85 por ciento de la investigación científica de Jalisco.

La U de G atiende 95 por ciento de su matrícula en carreras evaluadas de calidad reconocida (108 programas); es la institución educativa con mayor número de profesores incorporados al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) con 2 mil 23 académicos; ocupa el segundo lugar en México por el número de cuerpos académicos consolidados de investigación (55), así como por el número de especialidades, maestrías y doctorados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (77). De las universidades estatales es el primer lugar por el número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (633), y ha sido calificada por Aregional.com como la primera universidad pública de México en materia de transparencia informativa.

2. A partir de 2007, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha aprobado diversos fondos federales para apoyar a las instituciones públicas de educación superior del país, mismos que han sido publicados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Diario Oficial. Sobre esta base, la Secretaría de Educación Pública ha emitido diversas convocatorias para los fondos de concurso como el concurrente para incremento de la matrícula en educación superior de las universidades públicas estatales y, con apoyo solidario, el de ampliación de la oferta educativa, el de reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales, entre otros. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hizo cargo de la partida de resarcimiento de 2008. Conforme a dichas convocatorias, el gobierno de Jalisco adquirió la obligación de otorgar las contrapartes económicas correspondientes al recurso aprobado por la Federación, mediante cartas compromiso a favor de la Universidad de Guadalajara, en los montos asignados a sus programas.

3. La actual administración del gobierno de Jalisco ha omitido su compromiso de proporcionar a la U de G los recursos por 701 millones 194 mil 823.69 pesos, equivalentes a lo que el gobierno federal ha otorgado como se muestra a continuación:

*En el caso del fondo de reconocimiento de plantilla, la aportación que debe dar el Estado no es de 50 por ciento sino de 48 por ciento.

4. La falta de dichos recursos ha llevado a la Universidad de Guadalajara a una precaria situación financiera, poniendo en riesgo las diversas actividades sustantivas, compromisos y programas institucionales, así como el patrimonio universitario y de sus trabajadores académicos, administrativos, por lo que resulta urgente la entrega de los recursos anteriormente aludidos a fin de dar certeza financiera a la máxima casa de estudios de Jalisco.

5. Cabe subrayar que el gobierno de Jalisco cuenta con los recursos suficientes para cumplir sus compromisos con la U de G. Lo anterior se evidencia con los ingresos que ha recibido por arriba de lo presupuestado año con año.

6. Los firmantes consideramos que ante la gravedad de la situación financiera de la Universidad de Guadalajara y la negativa del Ejecutivo estatal de entregar los recursos que por derecho le corresponden, esta soberanía no debe mantenerse ajena dada su ineludible obligación de propiciar la certidumbre y tranquilidad en el Estado de Jalisco. Por ello sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar inmediatamente a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de los Fondos de Incremento de Matrícula en Educación Superior, de ampliación de la oferta educativa de nivel superior y de reconocimiento de plantilla, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008, cuyos montos totales suman 701 millones 194 mil 823.69 pesos, con objeto de que dicha casa de estudios tenga certeza financiera y pueda cumplir con sus actividades y funciones sustantivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputados: Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, José Trinidad Padilla López, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez, Roberto Rebollo Vivero, Fermín Alvarado Arroyo, Jesús Rodríguez Hernández, Miguel Ángel Luna Munguía, Carlos Cruz Mendoza, José Alberto González Morales, Laura García Dávila, María del Carmen Izaguirre Francos, Janet Graciela González Tostado, Francisco Alberto Jiménez Merino, Julieta Octavia Marín Torres, José Óscar Aguilar González, Malco Ramírez Martínez, Leobardo Soto Martínez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Juan Pablo Jiménez Concha, Ardelio Vargas Fosado, María Isabel Merlo Talavera, Narcedalia Ramírez Pineda, Cristabell Zamora Cabrera, Francisco Ramos Montaño, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar, Hilda Ceballos Llerenas, Morelos Canseco Gómez, María Araceli Vázquez Camacho, José de Jesús Zambrano Grijalva, Víctor Manuel Castro Cosío, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro Vázquez González, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Mario Alberto di Constanzo Armenta, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

POLITICA ENERGETICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Alejandro del Mazo Maza, proporción que exhorta a la Semarnat a que se apegue a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Secretaría de Energía a conducir la política energética para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ajustarse a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y a la Sener, a conducir la política energética del país para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, en tenor de las siguientes:

Consideraciones

El cambio climático se refiere a las variaciones en la temperatura de la Tierra respecto al historial climático a nivel global o regional. Las variaciones suceden de manera natural externa por alteraciones solares, orbitales o impactos de meteoritos. De manera interna natural, las variaciones en la temperatura son provocadas por la deriva continental, alteraciones en la composición atmosférica o de las corrientes oceánicas, e incluso las alteraciones del campo magnético terrestre logran cambiar la temperatura en el planeta. Todas las causas anteriores son eventos que se han dado en la existencia de la Tierra de manera natural, y el mismo planeta tiene sus mecanismos de regulación climática.

Entender el efecto del dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero es fundamental para comprender las variaciones climáticas que son producidas por la acción del hombre.

Nuestro planeta mantiene su temperatura de 15 grados centígrados en promedio, lo que hace habitable para el ser humano, y éste funciona por los gases atmosféricos que logran atrapar la radiación solar del día y mantenerla durante la noche. Los gases invernadero más comunes son el dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua (H2O) y el metano (CH3), en menor medida. Un aumento en la cantidad de estos gases propicia un aumento en la temperatura de la atmósfera por la mayor retención de radiación solar.

La actividad del ser humano en la Tierra que impacta directamente en la variación del clima tiene que ver con el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y sus derivados. La combustión con combustibles fósiles libera de su reacción monóxido de carbono (CO), bióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y cenizas.

Al ser estos gases de efecto invernadero, a mayor utilización de combustibles fósiles habrá un incremento en la temperatura de la Tierra.

Las consecuencias del aumento brusco en la temperatura de la Tierra por las actividades humanes son diversas. Las más catastróficas se relacionan con el derretimiento de los grandes glaciares y del hielo en los polos terrestres. El agua dulce de este deshielo provocará eventualmente alteraciones graves en las corrientes marinas además de potenciar el calentamiento global por el mismo hecho de derretirse (ya que el hielo refleja de vuelta al espacio parte de la radiación solar).

Las alteraciones en las corrientes marinas eventualmente trastornarán el clima continental y dificultarán drásticamente la habitabilidad de la Tierra. El aumento en la temperatura de la Tierra calienta los mares y océanos. Cuando éstos se calientan más rápido que lo que dicta el ritmo natural, habrá mayor evaporación de la normal. Al haber mayor evaporación, hay más nubosidad, que intensifica el efecto invernadero y provoca tormentas tropicales, huracanes, tifones y tornados de mayor tamaño, intensidad y con mayor frecuencia.

Las inundaciones también formarán un escenario habitual en el mundo "calentado", ya sea por las tormentas o por el deshielo de glaciares como los de Groenlandia, la Patagonia y, por supuesto, de la Antártida. Así pues, no es un capricho querer reducir las emisiones de CO2 y metano que liberamos a la atmósfera.

Al aumento en la temperatura de los océanos incrementa los niveles del mar, inundando muchas de las zonas productivas del planeta, incluyendo enormes extensiones de tierra en Bangladesh, Egipto, China e India. Se ha calculado que el nivel de los océanos podrá aumentar en unos 20 cm. para el año 2030, y unos 65 cm. a finales del próximo siglo.

Grupos de pequeñas islas desaparecerán, y la misma existencia de varias naciones isleñas ubicadas en diversas partes oceánicas estarán en peligro. A medida que los mares ganen espacio a la tierra, las aguas marinas contaminarán los suministros de agua potable en muchas partes del mundo y muchos kilómetros de tierras dejarán de ser fértiles incrementar su nivel de salinidad. Las precipitaciones también se alterarán, algunas regiones del mundo podrían secarse, mientras que en otras las lluvias podrían ser excesivas y no ser absorbidas por la tierra, desbordando ríos, inundado planicies e incrementando la erosión del suelo.

Reducir la utilización del automóvil, el tratamiento adecuado de los desperdicios y basureros, y en general, tratar de evitar los combustibles fósiles, podría disminuir considerablemente el rápido aumento en las temperaturas terrestres.

Paralelamente, sería prudente cuestionarse sobre la política energética enfocada casi en su totalidad al petróleo y energía eléctrica producida por carbón. Cuando el petróleo es el “motor del desarrollo” de un país como México y otros más, vale la pena preguntarse sobre el compromiso de nuestros gobiernos y ciudadanos con el medio ambiente nacional y global.

La intensidad de CO2 en México, medida como emisiones de CO2 por MWh generado, se ubica ligeramente por encima del promedio de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierten que "las partículas que genera el carbón están relacionadas con enfermedades del corazón, del aparato respiratorio y un número no determinado de cánceres en los pulmones".

México puede evitar el daño al aire y a la salud de sus ciudadanos, ya que tiene grandes posibilidades para utilizar fuentes de energía renovables. Si se aprovechara el recurso del viento y la energía solar podríamos cubrir la demanda de energía del país.

El pasado 10 de mayo del presente año, el periódico El Universal publicó una nota en donde menciona que el gobierno federal decidió retomar el uso de carbón, considerado como uno de los combustibles más contaminantes a nivel mundial.

En la nota publicada destaca lo siguiente:

Sólo para generación de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previsto incrementar la demanda de 10.8 millones de toneladas anuales de 2000 a 25.6 millones en 2024, lo que representa un aumento de 137 por ciento, con el consecuente efecto nocivo en el medio ambiente y en la salud de cientos de mexicanos.

De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, organismo en el que participan los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, las tres centrales carboeléctricas que operan en el país son responsables de la emisión de 20.8 millones de toneladas de bióxido de carbono (30 por ciento del total nacional) y de otros contaminantes, como el bióxido de azufre, óxido de nitrógeno y mercurio, que producen serios daños a la salud humana, así como al medio ambiente.

Carlos Muñoz, director general de Investigación en Política y Economía Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que como "México no tiene ningún compromiso de reducciones de emisiones contaminantes, podemos llegar a emplear el carbón que necesitemos".

El funcionario explicó que cada país puede buscar con toda libertad las fuentes de energía que más le convengan.

Cabe mencionar, la importancia en el cuidado del medio ambiente, por tal motivo en nuestro país se han creado leyes y dependencia a cargo de estas funciones, sin embargo es preocupante las declaraciones por parte de directivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental es: "fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable".

Por tanto la Semarnat debe aceptar y acatar los lineamientos del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde destacan las fracciones I, IV, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XXII. Y deberá ser una institución preocupada por el cuidado del medio ambiente y no lo contrario.

En cuanto a los funcionarios de dicha dependencia, quienes deberán de acatarse al artículo 128 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

“Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”

Asimismo la Secretaría de Energía (Sener) deberá actuar como sus objetivos los señalan: "Conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional."

“Con un firme impulso al uso eficiente de la energía y a la investigación y desarrollo tecnológicos; con amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía; y con seguridad de abasto.”

Resulta contradictoria la propuesta de la Sener en cuanto al uso del carbón para generar energía eléctrica en referencia la Estrategia Nacional de Energía 2010 presentado por dicha Secretaría, en donde hace mención acerca de, reducir los impactos derivados de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero en la producción de energéticos.

En México contamos con altos niveles insolación, de recursos hidráulicos para la instalación de plantas minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de geotérmicas, zonas con intensos y contantes vientos. El aprovechamiento de las energías renovables será un motor para el desa-rrollo social, al permitir el acceso al servicio eléctrico a comunidades en donde la energía convencional es económicamente inviable, por estar apartadas de la red eléctrica.

El desarrollo de las energías renovables representara la creación de pequeñas y medianas empresa, generación de empleos, mayor desarrollo y la posibilidad de generar mayor intercambio comercial con otras naciones que impulsan la utilización de energías renovables.

Si comparamos nuestros índices con otros países, el promedio a nivel mundial para la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables es del 18 por ciento, según la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés). En México es del 3.3 por ciento, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Actualmente ya se tienen proyectos exitosos como el parque eólico La Rumorosa, en Baja California. Con este proyecto se dejaran de emitir 17 mil toneladas de CO2 a la atmosfera y permitirá pagar el alumbrado público de Mexicali.

La energía geotérmica tiene una gran capacidad de generación eléctrica, equivalente al 38 por ciento de la producida para el servicio público al año, en Oaxaca la energía eólica podrá representar el 55 por ciento de la energía eléctrica. Por su parte, hidráulica tiene un potencial equivalente al 71 por ciento de la energía eléctrica.

En México, la potencia de energías renovables podría dar una autosuficiencia en materia de energía y capacidad de exportarla. Nuestro país tiene uno de los más grandes potenciales en energía solar (más de 5 kilowatts/hora por metro cuadrado), lo cual podría hacer autosuficientes a muchos establecimientos y hogares, especialmente en el centro y norte del país.

En principio hay, capacidad para más de 30 mil Mw (más de la mitad del total de la capacidad instalada actual en México). En geotérmica es posible pensar en cerca de 10,000 Mw, mientras que en la hidroelectricidad, es factible construir otros 5,000 Mw en grandes y pequeñas centrales.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas en México, menciona que existe un potencial de 3,000 Mw para la generación de electricidad con biogás, proveniente de la recuperación y aprovechamiento del metano a partir de residuos animales y sólidos urbanos y tratamiento de aguas negras.

El Partido Verde Ecologista de México ya presento la iniciativa en la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de la actual legislatura y tiene como objetivo colocar a al país en la ruta de la prosperidad sustentable con bajo contenido de carbono.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por parte de sus funcionarios, apegarse al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en cuanto aspectos de protección ambiental como se establece en las diversas fracciones del mismo artículo, por tanto dicha Secretaría deberá realizar los estudios correspondientes sobre impacto ambiental y contaminación atmosférica que resulte por la quema de carbón para generación de energía eléctrica, como la entidad encargada de cuidar y mitigar daños ambientales en el país.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Energía a conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.

CANCER DE MAMA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada Rosario Brindis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al sector salud a que aliente a la población para la prevención oportuna del cáncer de mama.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al sector salud a alentar a la población sobre la prevención oportuna del cáncer de mama, a cargo de la diputada Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita Rosario Brindis Álvarez diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes.

Consideraciones

La salud, entendida como el bienestar físico, psíquico y social del ser humano, es un derecho universal. La prevención, cobertura, calidad y prestación de servicios sanitarios son temas prioritarios para los Estados, gobiernos y sociedad civil alrededor del orbe.

En este tenor, y considerando que el cáncer es la enfermedad que mayor número de decesos causa a nivel mundial, se determinó conmemorar el 19 de octubre como el Día Mundial de la Prevención en la lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo radica en emprender campañas de información a nivel mundial, para despertar en todas las mujeres, la conciencia de la autoexploración como el mejor método de detección.

El cáncer mamario, es el más común a nivel mundial entre las mujeres. En la actualidad, 4.4 millones de mujeres viven con cáncer de mama y se registran 411 mil muertes al año. Cada dos minutos una mujer es diagnosticada con esta enfermedad.

En México, 12 mujeres mueren diariamente a causa de cáncer mamario, lo que representa, una tercera parte de las pacientes diagnosticadas con este tumor maligno. Y pese a que el 95 por ciento de los casos son prevenibles y curables con detección oportuna en la etapa I, en México más del 80 por ciento de los casos de cáncer de mama se identifica en etapas avanzadas de la enfermedad: entre 40 y 50 por ciento de los casos se presentan en estadios III y IV (México Reporte Rosa 2009-2010).

Derivando en un incremento constante en la mortalidad de esta enfermedad. Tan sólo en el periodo de 1980 a 2005 se registraron un total de 67,854 defunciones por cáncer mamario, con un aumento estimado anual del 3.6 por ciento en los últimos 18 años.

El cáncer de mama, a diferencia de otros, es totalmente detectable y puede prevenirse a tiempo si la mujer está bien enterada de sus síntomas y mantiene un programa permanente y sistemático de autoexploración a partir de los 20 años y se realiza una mamografía anual a partir de los 40 años, ya que los tumores muy pequeños no son detectados en una autoexploración, ocasionando que el cáncer no pueda ser atendido y erradicado a tiempo.

De la detección oportuna y el acceso al tratamiento pertinente radica la sobrevida de las pacientes. En nuestro país, el sistema de seguridad social tiene incluido dentro del paquete de servicios disponible, la prevención y tratamiento de cáncer de mama. Sin embargo, esta atención está restringida únicamente a personas que cuenten con dicha cobertura, es decir, alrededor del 40 al 45 por ciento de la población total. El resto de la población depende de servicios públicos de la Secretaría de Salud, es decir del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Bastan algunas cifras para conocer la dimensión del problema:

• El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y es una amenaza para todos los grupos socioeconómicos en México

• En 1990 se detectaron 6 mil nuevos casos y se estima un crecimiento cercano a 16 mil 500 nuevos casos para el año 2020

• La mayoría de los casos se autodetecta y sólo el 10 por ciento de todos se identifica en etapa de inicio

• La seguridad social en México sólo cubre alrededor del 40 por ciento de la población e incluye tratamiento

• Las tasas de mortalidad por cáncer de mama en nuestro país muestran un aumento notorio en las últimas cinco décadas

El cáncer de mama es y será una prioridad en las políticas de salud pública, debido a sus implicaciones que tienen multiplicador en la economía, en la sociedad y, sobre todo al interior de las familias mexicanas.

La conmemoración del Día Mundial de la Prevención en la lucha contra el Cáncer de Mama nos invita a no bajar la guardia y hacer un llamado a todas las autoridades del sector salud y a la sociedad en general para erradicar este flagelo que inhibe y limita la vida de tantas mujeres mexicanas, haciendo hincapié en que la prevención es y será el mejor método para combatirlo.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al sector salud a alentar a la población para la prevención oportuna del cáncer de mama, y, de esta manera, contribuir al diagnóstico efectivo, así como asegurar el acceso a un tratamiento en el marco del Día Mundial de la Prevención en la lucha contra el Cáncer de Mama.

Notas:

1 Definición de la Organización Mundial de la Salud

2 Según la Sociedad Americana de Cáncer, las mujeres con tumores diagnosticados en etapa I tienen una supervivencia mayor al 95 por ciento, en contraste con 27 por ciento de las mujeres diagnosticadas en etapas más avanzadas. (American Cancer Society, 2008).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

LAMPARAS FLUORESCENTES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, se recibió proporción con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía y la de Energía acredite organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acreditar por la Secretaría de Economía y la Sener organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Augusta Valentina Díaz de Rivera, en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Han pasado muchos años desde que Thomas Alva Edison patentara la primera lámpara eléctrica siendo la única para su tiempo. En la actualidad el mercado ofrece diferentes opciones de lámparas a elegir, por ejemplo, existen las bombillas incandescentes que emiten luz cuando la corriente eléctrica pasa por un delgado filamento que se calienta y se vuelve incandescente, su duración es de aproximadamente mil horas. Los tubos fluorescentes crean una  descarga de gases y su duración aproximada es de 6 mil horas.

Existen también las lámparas halógenas, las cuales requieren de menor cantidad de energía para generar luz y su luz es más potente, su duración media es de 2 mil horas.

Las lámparas fluorescentes compactas o de bajo consumo duran más y consumen menos energía que una incandescente, su duración aproximada es de 8 mil horas.

En México, las lámparas ahorradoras compactas disponibles proceden principalmente de China, aunque están resguardadas bajo marcas con reconocimiento internacional. Sin embargo, no cumplen con los requerimientos especificados en la legislación vigente. Esto se debe a que muchas de las lámparas ahorradoras importadas no cumplen con el rendimiento que prometen, ya que por un lado ahorran menos energía y por el otro duran menos de lo que indica la norma.

La importación de lámparas ahorradoras que no están dentro de los parámetros permitidos por nuestras normas ha representado un problema para aquellos sectores consumidores de nuestra sociedad, ya que se tornan lámparas inseguras y pueden llegar a producir cortocircuitos, exponiendo a la población a posibles accidentes.

En México, la legislación vigente que se encarga de la regulación de las lámparas fluorescentes es la NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba”.Esta norma tienepor objeto fijar los límites mínimos de eficacia de lámparas fluorescentes compactas, con potencia hasta de 28 vatios, y de los balastros con que operan estas lámparas.

El objeto de esta norma es atender la necesidad de comercializar productos que propicien el uso eficiente de la energía, favoreciendo con ello que no se introduzcan productos de mala calidad a nuestro territorio.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como el apoyo para la inspección fiscal y aduanera de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En este mismo orden de ideas, laNOM-017- ENER/ SCFI-2008 dicta que las Secretarías de Economía, y de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la misma norma (numeral 11).

En dicha norma se establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad (numeral 12). Este procedimiento establece los lineamientos que tienen que seguir los organismos de certificación, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.

Es necesario el énfasis en el certificado de conformidad del producto, ya que éste es un documento mediante el cual el organismo de certificación otorga un certificado y hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumplen o no con las especificaciones establecidas en la norma arriba citada.

Igualmente, la evaluación de conformidad debe de realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación, acreditados y aprobados en la NOM. El usuario debe solicitar la evaluación de conformidad cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales, y el organismo de certificación, entregará al interesado dicho certificado.

Cabe agregar que el procedimiento para la evaluación de la conformidad es aplicable a los productos de fabricación nacional o de importación que se comercialicen en el territorio nacional.

Es así como podemos establecer que tenemos medidas jurídicas pertinentes, para que por nuestras fronteras no entren lámparas fluorescentes que no cumplan con la normatividad. Incluso con estas medidas legales, siguen entrando lámparas fluorescentes con mala calidad al país.

Aun cuando las Secretarías de Economía, y de Energía expiden el certificado, esto no ha sido suficiente, debido a que el mercado nacional está saturado de lámparas fluorescentes compactas de muy mala calidad que llegan a costar hasta 13 pesos y duran un mes.

Con esto, lo único que se obtiene es que exista una competencia desleal, dejando en condiciones de desventaja a las empresas que cumplen con la norma vigente, y con todo el proceso de trámites para introducir lámparas de buena calidad. Esto da ventaja a aquellas empresas que no se esfuerzan para introducir lámparas en buen estado.

Es necesario que se inspeccione y verifique el cumplimiento de la norma citada, al mismo tiempo que se fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia en aduanas, con objeto de cumplir con los mínimos de eficiencia y evitar la competencia desleal en la comercialización de lámparas fluorescentes en el país.

Por lo expuesto y fundado, someto ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Energía acredite organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017- ENER/ SCFI-2008, de todas aquellas lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de las autoridades aduaneras fortalezca las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país y el cumplimiento de la NOM-017- ENER/SCFI-2008, “Eficiencia energética y requisitos autobalastradas. Límites y métodos de prueba”.

Notas:

1 Laboratorio de Luminotecnia del Centro de Física y Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Especialistas analizaron el comportamiento de 544 lámparas de 17 marcas reconocidas, todas importadas de China, y se encontró baja calidad.

2 Tomado de la tercera mesa de diálogo Hacia una propuesta de ley para prohibir la comercialización de lámparas incandescentes en México, llevada a cabo en la honorable Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Energía.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la propia diputada Díaz de Rivera Hernández, se recibió proposición que solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que realicen las gestiones necesarias a fin de proponer al pleno modificaciones al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a efecto de incorporar el nombre del CEAMEG, sus funciones y tareas.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que realicen las gestiones conducentes a proponer al pleno modificaciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados a efecto de incorporar el nombre del CEAMEG, sus funciones y tareas, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, en uso de las facultades que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2003, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), elaboró el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. Éste, en el capítulo 5, desa-rrolla de manera específica un estudio de los derechos humanos de las mujeres. Dicho documento, además de lograr la identificación de los problemas y las causas que impiden lograr una plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres en el país, identifica las necesidades de reformas legislativas y acciones administrativas necesarias, a través de la formulación de recomendaciones y propuestas viables bajo un espíritu constructivo.

En 2006, el citado estudio fue actualizado con lo que se pudo observar el avance en las propuestas y en su implantación. Al mismo tiempo, la OACNUDH actualizó el capítulo 5, que se refiere a los “derechos humanos de las mujeres”. Esto permitió realizar un análisis de dichas propuestas y conocer los avances en su implementación, los resultados que se han obtenido, así como los obstáculos que han impedido acciones o generado retrocesos.

Entre las observaciones emitidas por la OACNUDH destacamos las de carácter legislativo, las que incluyen la necesidad de la incorporación de las prescripciones de las convenciones internacionales (CEDAW 1979 y Belém do Pará 1994) en la legislación nacional y estatal, así como su debido cumplimiento.

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas, presupuestos y gestión de las instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado, la promoción de la eliminación de estereotipos de género, la promoción y procuración del respeto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, así como la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres, en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Ésas, entre otras demandas de carácter internacional y nacional, han hecho necesario que el Poder Legislativo, en los órdenes federal y estatal, incluya personal capacitado en temas de derechos humanos de las mujeres y género, que auxilien al Poder Legislativo a dar cumplimiento a dichos compromisos internacionales.

El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena a la Cámara Diputados contar con los Centros de Estudios de Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que deberán estar adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y la Secretaría General, lo cual sin duda abona de manera profesional al trabajo legislativo de los diputados.

El Manual General de Organización de la Cámara de Diputados señala en el apartado relativo a los centros de estudios las funciones de cada uno de ellos.

Sin embargo, dichas modificaciones de la Ley Orgánica del Congreso y del manual no han sido armonizadas con la normatividad interna de la Cámara de Diputados, de tal suerte que estas no se ven reflejadas en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo pretende armonizar lo señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados con lo establecido en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, el artículo 77 constitucional establece las facultades para designar a los empleados de su secretaría, así como elaborar el Reglamento Interior.

Artículo 77.Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra

III.Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 34. A la Junta corresponden las atribuciones siguientes:

f) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se nombrará el Servicio de Carrera Administrativo y Financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo.

Artículo 38. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

b) Proponer al pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos y Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en esta ley;

Por la anterior fundamentación legal se concluye que la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tienen la facultad para realizar los cambios que mediante este punto de acuerdo se solicitan:

Que en los artículos 1o. y 34 del presente estatuto se incluya el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

De igual forma, que se publiquen las siguientes funciones de dicho centro en el artículo 44 Bis:

a) Formular el proyecto del programa anual, considerando las directrices y pautas establecidas por el comité del centro y las prioridades y necesidades del trabajo legislativo.

b) Conducir los trabajos a cargo del centro, conforme a las disposiciones de los ordenamientos aplicables, el programa aprobado por el secretario de Servicios Parlamentarios y el comité del centro.

c) Realizar investigaciones y estudios comparados desde la perspectiva de género, de carácter jurídico, legislativo, histórico, sectorial, estadístico, económico, político y social, sobre los derechos y adelanto de las mujeres, para enriquecer y orientar el trabajo parlamentario.

d) Realizar análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de los presupuestos y el gasto etiquetado para mujeres, para ofrecer información que permita a los legisladores cumplir sus atribuciones de aprobación del presupuesto y vigilancia del ejercicio del gasto, buscando mayor equidad de género en su distribución.

e) Integrar bases de datos y estructurar sistemas de información, que permitan diagnosticar la realidad, en materia de adelanto de las mujeres y equidad de género, así como hacer posible la generación de indicadores sensibles al género, para apoyar los estudios e investigaciones del centro y sustentar el trabajo de las comisiones legislativas, en los temas relacionados con la equidad de género.

f) Promover con instituciones afines reuniones académicas multidisciplinarias vinculadas al adelanto de las mujeres y la equidad de género, a fin de intercambiar información, conocimientos y experiencias, así como impulsar acciones comunes en favor del desarrollo de la mujer.

g) Celebrar convenios de colaboración, con centros de estudios e instituciones académicas nacionales e internacionales, para impulsar eventos, programas, proyectos, intercambio de experiencias y especialistas y, en general, acciones que redunden en el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

h) Diseñar e instaurar un programa editorial y de divulgación, sobre estudios especializados en el adelanto de las mujeres y la equidad de género y los productos del trabajo del centro.

i) Promover y participar, en el ámbito de su competencia, en las actividades de capacitación para la formación, actualización y especialización del personal del centro y de la Cámara, así como de los legisladores, cuando lo soliciten.

j) Presentar a la consideración del comité del centro y del secretario de Servicios Parlamentarios los requerimientos presupuestales para el desempeño de sus funciones, a efecto de que se considere en el anteproyecto de presupuesto de la Cámara.

k) Elaborar y presentar a las autoridades competentes informes periódicos sobre las actividades desarrolladas por el centro, que permitan el seguimiento y evaluación del programa operativo anual.

l) Realizar además, todas aquellas funciones que coadyuven al logro del objetivo del centro y las que se deriven del presente manual, así como de las normas, disposiciones y acuerdos aplicables.

Por todo lo expuesto, se somete a aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que se realicen las gestiones necesarias a fin de proponer al pleno de la Cámara de Diputados modificaciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, con objeto de establecer en los artículos 1o. y 34 el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y adicionar el artículo 44 Bis, en el cual se especifiquen sus funciones y tareas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Sedesol a que modifique las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011 se consideren mayores recursos para dicho programa, suscrito por diputados integrantes del PAN.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del programa Rescate de Espacios Públicos, y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para dicho plan, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Gloria Trinidad Luna Ruiz, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Alba Leonila Méndez Herrera, José Francisco Yunes Zorrilla, Sergio Octavio Germán Olivares, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, Carlos Luis Meillón Johnston, Jesús Giles Sánchez, Enrique Torres Delgado, integrantes del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura y miembros de la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las adicciones sin duda alguna alteran la dinámica de los núcleos familiares y sobre todo perturban la vida de las comunidades.

Actualmente, de acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, se sabe que el consumo de drogas está aumentando, que los adolescentes entre 12 y 17 años de edad son los que están en mayor riesgo y que las generaciones actuales están más expuestas a este problema.

Sin embargo, la problemática referente a las adicciones junto con la falta de oportunidades para nuestros jóvenes de acceder a la educación y a un empleo, son factores que contribuyen a que cada vez más personas se conviertan en presa fácil de la delincuencia.

Nuestro país enfrenta una lucha constante contra el narcotráfico, ya que es una de las manifestaciones más lesivas de la delincuencia organizada, no sólo por los altos niveles de violencia que implica, sino también por la amenaza que representa a la salud física, emocional y moral de nuestros jóvenes quienes son inducidos al consumo de las drogas y a la cultura de la violencia.

Es por eso, que debemos continuar fortaleciendo las acciones y políticas tendientes a disminuir o erradicar las situaciones que puedan llevar a un joven a delinquir o a que se convierta en víctima de las adicciones.

De ahí la importancia de programas como el de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, programa que contribuye a recomponer el tejido social, ofreciendo espacios en donde no sólo los niños y jóvenes, sino en general aquellas personas que viven en localidades marginadas y con percepción de inseguridad, tienen la oportunidad de practicar algún deporte y actividades recreativas y culturales de manera segura y tranquila, mejorando así la calidad de vida en las comunidades y la seguridad ciudadana.

En este sentido, las acciones que ha llevado a cabo el programa están dirigidas a combatir las problemáticas sociales de inseguridad y violencia para prevenir conductas antisociales en los espacios públicos, promueve la participación ciudadana para el rescate y apropiación de aquellos espacios que se encuentran deteriorados física y socialmente, para ser ocupados por la población para su uso y disfrute.

No obstante, continúan existiendo espacios públicos mal aprovechados o utilizados en los que la comunidad encontraba un lugar para el esparcimiento y la convivencia; diversos factores son los que han provocado esta situación.

Asimismo espacios públicos en algunas zonas del país, son ocupados por los delincuentes, lo que ha provocado un clima de violencia e inseguridad para la población que vive en las proximidades de los espacios, esto sin duda evidencia la necesidad de continuar con el Programa Rescate de Espacios Públicos y llevarlo a todas aquellas localidades pequeñas, y de esta manera garantizar espacios donde los ciudadanos convivan de manera sana y segura, y cuenten con la promoción de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas y sobre todo se prevengan conductas de riesgo y actos delictivos.

El Programa Rescate de Espacios Públicos, de acuerdo con el IV Informe de Gobierno, ha tenido logros importantes a fin de alcanzar la meta para este año que es apoyar 1,120 espacios públicos en beneficio de aproximadamente 4.1 millones de personas.

No obstante, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se prevé destinar 1,158.1 millones de pesos, monto 0.5 por ciento inferior, en términos reales que el aprobado para 2010.

En este sentido, a fin de beneficiar 150 municipios más a través del Programa Rescate de Espacios Públicos, se requieren 500 millones de pesos adicionales a los previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, lo que implica modificar el universo de actuación del programa a fin de que se realice en localidades de 35,000 o más habitantes y no de 50,000 o más, como establecen las reglas de operación vigentes.

Sin duda alguna se requiere de mayores recursos para continuar conservando, rescatando y aprovechando espacios públicos en todas aquellas localidades pequeñas en donde es necesario a fin de mejorar la calidad de vida de muchas familias y de la sociedad entera.

En Acción Nacional estamos convencidos de que cada vez que recuperemos una plaza pública, un parque, una alameda, una calle, etcétera, estamos cerrando espacios a la delincuencia y a las adicciones y abrimos oportunidades para los niños y jóvenes que son el fututo de nuestro país.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que modifique las Reglas de Operación del Programa Rescate de Espacios Públicos, con el objeto de que su universo de actuación sean las localidades urbanas integradas físicamente en las zonas metropolitanas y ciudades que cuenten con una población de 35 mil o más habitantes.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados para que se considere un incremento de recursos para el ejercicio fiscal 2011, por un monto de 500 millones de pesos, al Programa Rescate de Espacios Públicos, con el propósito de ampliar su cobertura en 150 municipios más.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Jesús Gerardo Cortés Mendoza, Jesús Giles Sánchez, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Alba Leonila Méndez Herrera, Laura Margarita Suárez González, Carlos Luis Meillón Johnston, Enrique Torres Delgado (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez propone punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se consideren recursos para la construcción del Hospital General de zona, en la ciudad de Saltillo.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el hospital general de zona de Saltillo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud, señala que: “la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; y el logro de más alto grado posible de salud es un objetivo social de la mayor importancia”.

La salud es un valor importante que sumado a otros que condicionan un bienestar general, se constituye como el indicador del logro de oportunidades para el desarrollo de los individuos en igualdad de circunstancias, luego entonces, la salud es un bien vital, que además de ser un bien biológico para que el individuo pueda desarrollarse de manera física y mental, también es un bien social y cultural imprescindible para la convivencia humana en sociedad.

El derecho a la salud conceptuado en diferentes declaraciones e instrumentos internacionales, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”. Y en el Pacto Social de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que: “Los estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Para cumplir con estas disposiciones los estados firmantes, se comprometen a adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho, a través de acciones estratégicas como las siguientes: la atención primaria de la salud puesta al alcance de los individuos y de la comunidad; la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a todos los individuos que habiten su territorio; inmunización total; la prevención y tratamiento de enfermedades endémicas y profesionales; la educación de la población sobre la prevención, y la satisfacción de necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo que por sus condiciones de pobreza son más vulnerables.

En México, para lograr alcanzar estos objetivos, se adicionó en 1983 un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud” ajustándose de esta forma a los lineamientos de los organismos internacionales en la materia, como son la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como, también los compromisos adquiridos en diversos tratados internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados por nuestro país.

Dentro de las instituciones públicas responsables de propiciar servicios de salud, tenemos las del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud con la creación del Sistema Nacional de Salud, el cual se lleva a cabo en coordinación con los sistemas estatales y municipales.

Las instituciones de carácter social que participan en el Sistema Nacional de Salud, por lo general son financiadas por cuotas obrero-patronales y gubernamentales, y están constituidas por diversas instituciones de seguridad social Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), y en el estado de Coahuila por la Secretaría de Salud de la entidad.

El estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con una población aproximada de 2,495.200 habitantes de los cuales 90 por ciento de su población es urbana y solo 10 por ciento es rural. El municipio con mayor porcentaje de habitantes es Saltillo con 26.0 por ciento, seguido de Torreón con 23.1 por ciento y Monclova con 8.0 por ciento1

Hasta 2008 los datos emitidos por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud federal nos permiten vislumbrar que en dicho año se contaba con una población de 2,601,884 habitantes de los cuales sólo 1,787,129 contaban con seguridad social y 814,755 sin seguridad social.

Lo antes mencionado nos brinda un panorama general respecto al tema de la salud y en particular de la impartida en el estado de Coahuila de Zaragoza, ya que desde la LX legislatura los diputados de Coahuila y el gobierno del estado se dieron a la tarea de luchar por mayores recursos para mejorar la calidad de infraestructura física hospitalaria. Dentro de los proyectos de inversión aprobados en los últimos presupuestos de egresos de la federación, han sido los siguientes a los que se les ha destinado recursos

Las gestiones realizadas por los diputados federales priistas, rindieron frutos el 15 de noviembre del 2009, al aprobarse recursos para un nuevo hospital general de zona de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se obtuvieron recursos por 307 millones 141 mil 253 pesos, para construir el nosocomio, que tiene por objetivo solucionar la demanda hospitalaria de la ya mencionada ciudad y su área de afluencia.

El hospital de tercer nivel se planeó con 144 camas, y su edificación sería en un predio donado por el gobernador Humberto Moreira, ubicado en el centro metropolitano. De esta forma la capital de Coahuila tendría un hospital con un gran número de especialidades que desde hace 20 años demanda la población.

Originalmente se tenía programado el inicio de la construcción para el mes de noviembre del 2009, ya que se estaba en espera de la licitación de la obra por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero recientes declaraciones del delegado del IMSS, José Luis Dávila, señalan que la obra será suspendida por las precarias situaciones económicas de dicho instituto.

El costo total del hospital regional se presupuestaba en aproximadamente 800 millones de pesos, según lo proyectado hace más de año y medio, la decisión de suspender la construcción del hospital fue tomada a nivel central, a pesar de que ya se encontraba contemplada en el presupuesto de este ejercicio fiscal 2010.

Grave es la situación que enfrenta el estado de Coahuila de Zaragoza ante la necesidad de servicios hospitalarios para la población derechohabiente que cubre con sus cuotas mensuales para el IMSS. Actualmente Coahuila cuenta con siete hospitales generales de zona, dos de los cuales están en Saltillo (el 1 y el 2), ambos de segundo nivel, mientras que las unidades de medicina familiar 70, 73, 82 pertenecen al nivel de atención uno.

El gobierno estatal cumplió con la parte que le correspondía al hacer la donación de un terreno con valor catastral de 45 millones de pesos, desgraciadamente el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, está incumpliendo con lo que le corresponde.

No podemos permitir que un derecho consagrado en nuestra Constitución, ante la petición legitima de nuestra población coahuilense, se vea agredido por las decisiones unilaterales tomadas por el gobierno federal, si es verdad que el instituto no cuenta con los recursos suficientes para dar inicio a una obra ya presupuestada, deberán tomarse las medidas necesarias que permitan que los subejercicios de otras instituciones sean destinados a aquellas de las cuales depende la vida de miles de mexicanos.

Es por lo anteriormente expuesto, resulta sumamente importante que se respete lo aprobado por esta soberanía.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a que se liberen los recursos autorizados por esta Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para la construcción del hospital general de zona en la ciudad de Saltillo, con capacidad para 144 camas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un monto por 307 millones, 141 mil 253 pesos.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados se asignen recursos complementarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la continuación de la construcción del hospital general de zona en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Notas:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén I. Moreira Valdez, Héctor Franco López (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que modifique o adecúe las reglas o criterios del Fondo Concursable de la Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SEP a modificar las reglas o los criterios del Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior a fin de exentar de aportaciones de coinversión a los estados con bajo desarrollo económico, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La educación como actividad primordial que debe sostener el estado para promover el desarrollo de las personas y de la sociedad, debe recibir recursos crecientes, pero también inteligentemente invertidos para lograr brindar oportunidades reales y de calidad para todos los mexicanos de prepararse y mejorar sus niveles de vida.

Nuestro país invierte un porcentaje muy grande de sus ingresos en educación, actualmente el 6.9 por ciento del producto interno bruto, pero del gasto público una gran proporción demasiado grande se dedica al gasto corriente, a cubrir nómina y gastos de operación, cerca del 90 por ciento, quedando muy poco para la inversión en el mejoramiento y la innovación del sistema.

Los estados de la república requieren de los recursos federales para hacer frente a los gastos que demanda una población escolar que llega hoy día alrededor de los 34 millones de estudiantes en todos los niveles educativos.

La distribución de estos recursos debe buscar compensar las diferencias que existen entre las regiones del país, con desiguales niveles de desarrollo económico. Esto ha de hacerse de tal manera que no se provoque con la distribución de los recursos el que estas diferencias y desigualdades continúen y mucho menos que se acrecienten.

El programa presupuestal U026 “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior” se otorga bajo la norma de que cada peso del recurso federal corresponda un peso de inversión estatal, sin embargo, hay estados que en sus limitaciones no están en la posibilidad de hacerlo con lo cual quedan desprovistos de lo que necesitan para ampliar o renovar su infraestructura escolar, abriéndose así más la brecha de su atraso con respecto al resto del país.

Se concedería un gran beneficio para los jóvenes estudiantes y el progreso de sus regiones si este fondo se abre a la posibilidad de que los estados con mayor rezago económico y educativo, reciban los recursos que necesitan para la construcción, ampliación o renovación de instalaciones escolares de educación media superior, sin demandarles la inversión paritaria correspondiente, sin detrimento de los criterios y normatividad que lo rigen actualmente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a modificar o adecuar las reglas o criterios que regulan el “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior” para el PPEF de 2011, de tal manera que se establezca que los estados con más bajo desarrollo económico, y que por lo mismo estén impedidos de cumplir con la norma de coinversión, queden exentos de hacerlo y se les otorgue el recurso federal que requieran.

Notas:

1 IV Informe de Gobierno, página 441.

2 PND 2006-2012 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oprtunidades/transformacion educativa.html

3 IV Informe de Gobierno, página 443.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada María Dolores del Río Sánchez, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y la Comisión Federal de Electricidad elaboren un convenio de colaboración que permita destinar recursos para apoyar a los usuarios domésticos de energía eléctrica de los municipios de Guaymas y Empalme en el estado de Sonora.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar mediante la SHCP, la Sener y la CFE un convenio de colaboración que permita destinar recursos para apoyar a los usuarios domésticos de electricidad de Guaymas y Empalme, Sonora, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

María Dolores del Río Sánchez diputada federal del estado de Sonora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En el estado de Sonora, específicamente en los municipios de Guaymas y Empalme, la temperatura es extremadamente alta en los meses de mayo a octubre.

Los meses con mayor índice de calor en la entidad son junio, julio y agosto donde predominan temperaturas mayores a 38 grados en promedio, llegando a presentar el termómetro incrementos superiores a los 42 grados centígrados en estas localidades.

Ante estas condiciones de clima, las familias de esos municipios tienen la necesidad de contar con aparatos de refrigeración, tipo doméstico, para atenuar los efectos del calor y la humedad en el ambiente que se da durante estas épocas de los meses de mayo a octubre, cabe recordar que el estado de Sonora es uno de los más calurosos en el país.

En este sentido el uso de aparatos de refrigeración y de equipos de ventilación son indispensables para vivir bajo estas condiciones lo que ocasiona incrementos importantes en el consumo de energía eléctrica en los hogares de los municipios sonorenses antes mencionados, repercutiendo con ello de manera sumamente importante el bolsillo, la economía y su patrimonio.

Es de recordarse que el Ejecutivo federal ha establecido convenios de subsidios adicionales a los ya presentados en las tarifas 1E y 1F que fueron creadas por la CFE en años pasados, como el que establece la aplicación de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, Baja California, otorgando un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F durante los años 2007, 2008 y 2009.

Ante las altas temperaturas que se presentan en los últimos años en los municipios de Guaymas y Empalme, y en virtud de que en estos municipios no se aplica la tarifa 1-F, se demuestra la necesidades de que se destinen mayores apoyos económicos para que los habitantes de estas localidades cuenten con un aliciente que les permita enfrentar con mejores condiciones los altos índices de temperatura.

Los altos costos en el consumo de energía eléctrica en estas localidades ha generado la inconformidad y desesperación de sus habitantes puesto que el pago del servicio de energía eléctrica daña seriamente la economía familiar de dicha población, o consecuentemente hace que los usuarios de CFE, eviten el uso de aparatos de refrigeración por no poder cubrir el importe, lo que repercute seriamente en la calidad de vida y sobre todo en la salud de la población.

Por lo antes mencionado, la presente proposición de punto de acuerdo atiende la demanda de toda la población de Guaymas y Empalme. Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a elaborar un convenio de colaboración que permita destinar recursos necesarios para un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica de los municipios de Guaymas y Empalme, con el fin de apoyar la economía de las familias sonorenses, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada María Dolores del Río Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Energía.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía para que en el proceso de renovación del Consejo General del IFE se contemple la equidad de género. Suscrito por la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía a considerar en el proceso de renovación del Consejo General del IFE la equidad de género, suscrita por las diputadas Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, diputadas federales a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Federal Electoral (IFE) es el organismo público autónomo responsable de la organización de las elecciones y es el garante de la democracia en México, a través de él, pueden ejercerse los derechos político electorales de los ciudadanos para acceder a una democracia representativa a través de elecciones libres, auténticas y periódicas para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

La función que el IFE ejerce es de tal importancia que permite el funcionamiento equilibrado de las fuerzas políticas en el país.

La reforma electoral de 2007 estableció en el artículo cuarto transitorio constitucional, inciso c), que la Cámara de Diputados “elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010”.

En ese sentido y en cumplimiento a dicho mandato constitucional se determinó que los Consejeros Electorales Arturo Sánchez Gutiérrez, Virgilio Andrade Martínez y Marco Antonio Gómez Alcántar serían quienes concluyeran su mandato el 30 de octubre del año en curso.

No debemos olvidar que los consejeros electorales son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 110 del Cofipe, lo que hace directamente responsable a esta soberanía el garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos los aspirantes al cargo.

Un aspecto relevante es que en el actual Consejo General sólo hay una Consejera mujer, la doctora María Macarita Elizondo Gasperín, aún y cuando nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales cuyo fin es garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual establece en su artículo tercero que “los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres está garantizado en nuestra Constitución Política en su artículo primero al señalar que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Para Acción Nacional Toda forma de discriminación o de-sigualdad de oportunidades por razón de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y, en su caso, sancionada.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, en el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es ina-ceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y obligaciones.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones fuertes, en donde la participación de la mujer sea cada vez mayor y representativa.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Gobernación y al pleno de la honorable Cámara de Diputados a tomar en cuenta, en el proceso de renovación del Consejo General del IFE, en el mes de octubre del presente año, la equidad de género en la elección de Consejeros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputadas: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Joann Novoa Mossberger (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se retira del orden del día la propuesta del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren recursos para el mejoramiento de la red de distribución de agua potable, de Hermosillo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las siguientes 59 proposiciones con punto de acuerdo, recibirán el trámite de sólo turno a comisión.

Por economía procesal insértense los textos íntegros de cada una de estas proposiciones en el Diario de los Debates y se turnan todas ellas, por ésta su materia, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al Fonaes para ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, para que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011, al Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), con el propósito de ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el contexto de crisis económica en que el mundo está sumido, el impacto de ésta en términos de tasas de desempleo, es más perjudicial para las mujeres que para los hombres. En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2010, durante el segundo trimestre de este año, la población de 14 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 47.1 millones (59.2 por ciento del total), cuando un año antes había sido de 45.7 millones (58.1 por ciento). Este incremento de 1.4 millones de personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la población de participar o no en la actividad económica.

Mientras que 78 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres 43 de cada 100 están en esta situación.

En el periodo de abril a junio, la población ocupada, alcanzó 44.7 millones de personas (27.8 millones son hombres y 16.9 millones son mujeres)

Ante este panorama, es preciso identificar medidas impulsadas desde los gobiernos para asegurar la protección del empleo para las mujeres, sobre todo para las más pobres, colocadas en espacios de mayor desigualdad.

El gobierno federal, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1991, establece el Programa y el Fondo de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes), con el propósito fundamental de orientar e impulsar el desarrollo productivo de grupos campesinos, indígenas y grupos urbanos.

El Fonaes, a través de la Dirección General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables, busca promover iniciativas, políticas y programas diseñados para apoyar el emprendimiento de la mujer en los negocios en todas sus etapas, tanto en el sector privado como en el público, así como el compromiso para incentivar y formular políticas públicas en materia empresarial con equidad pues constituye un tema central y trascendente hoy en día para las mujeres, que tiene como fin último el de formar y capacitar mujeres empresarias.

Para alcanzar estos objetivos, Fonaes ha diseñado acciones para lograr la transversalización de género, tal es el caso de la estrategia Financiamiento con equidad, que brinda apoyo financiero directo a grupos de mujeres, cuyos proyectos productivos cuenten con viabilidad técnica, financiera y comercial. Este es un apoyo que se otorga en efectivo a mujeres, en lo individual u organizadas en grupos o empresas sociales integradas por mujeres, para abrir o ampliar un negocio, incluyendo capital de inversión y capital de trabajo.

Este tipo de apoyo se diferencia de los otros instrumentos de apoyo que promueve el Fonaes debido a que los porcentajes de aportación del Fonaes, para proyectos integrados por mujeres, son superiores:

Tipo de beneficiarios: Empresa mixtas

Aportación del Fonaes, cuando no hay aportación de otros programas gubernamentales: 60 por ciento

Aportación del Fonaes, cuando hay aportaciones de otros programas gubernamentales: 40 por ciento

Tipo de beneficiarios: Empresas exclusivas de mujeres

Aportación del Fonaes, cuando no hay aportación de otros programas gubernamentales: 80 por ciento

Aportación del Fonaes, cuando hay aportaciones de otros programas gubernamentales: 60 por ciento

El Fonaes da seguimiento y evalúa los apoyos institucionales, capacita y genera enlaces con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con el tema de equidad. Estas acciones, se implementan, con la finalidad de conocer el impacto en mejorar la calidad de vida de las mujeres y cumplir con el objetivo institucional (generar ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos). A través de la capacitación empresarial, se promueve el emprendimiento de la mujer en los negocios en todas sus etapas, generando un espacio de interlocución entre el gobierno federal y las empresarias beneficiadas.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó recursos presupuestales para Fonaes, por un total de 174.7 millones de pesos. En aras de la transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con el segundo Informe trimestral de resultados de 2010, que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto Nacional de las Mujeres, Fonaes realizó para el trimestre abril-junio, una inversión de 172.9 millones de pesos para financiar 1,511 proyectos productivos y 1.8 millones de pesos para el pago de 293 estudios de inversión vía reembolso.

Los proyectos productivos se orientaron actividades económicas de comercio (612 proyectos y 55.6 millones de pesos de inversión); de industria (416 proyectos y 61.6 millones de pesos de inversión) y de servicios (483 proyectos 55.7 millones de pesos de inversión).

De los 1,511 apoyos otorgados para el financiamiento de proyectos productivos, 945 fueron para abrir nuevos negocios y 566 para ampliar negocios en operación.

Es claro, que la inversión del Fonaes en proyectos productivos permitirá la generación de 3,954 ocupaciones y la preservación de 1,246 puestos de trabajo.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, presentado por el Ejecutivo federal, este año se proponen 148.8 millones de pesos, para este rubro. De acuerdo con el ejercicio del presupuesto para 2010 y las consideraciones aquí vertidas, solicitó a las comisiones competentes una ampliación de 121.2 millones de pesos, para un total de 270 millones de pesos, para el Fonaes.

Asimismo, derivado de las reuniones que la Comisión de Equidad y Género ha llevado a cabo con las dependencias federales, en el marco de la mesa interinstitucional para Presupuestos por la Igualdad de Género, se ha destacado la importancia de aumentar los recursos para el ejercicio fiscal 2011, para continuar con la demanda de proyectos que empoderan hoy, más a las mujeres.

Compañeras y compañeros: con la finalidad de potenciar el papel económico de las mujeres y establecer nuevas opciones para aquellos que se encuentran atrapados en el círculo de la pobreza, resulta prioritario apoyar programas como el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes) que impulsa políticas y acciones concretas de apoyo, promoción, capacitación, sensibilización e inclusión para las mujeres, que viven en situación de vulnerabilidad para que logren con apoyo de Fonaes un desarrollo integral y una mejor calidad de vida a través de la creación o ampliación de un negocio propio o cooperativo, que les brinde orgullo personal y beneficios para sus familias y sus comunidades.

El apoyo para mujeres mediante proyectos productivos que atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social, ha llegado a ser una estrategia oportuna, para avanzar en la erradicación de la pobreza.

Ver satisfechas las necesidades de una mujer representa la satisfacción de las necesidades de una familia, satisfacer las necesidades de las familias mexicanas, representa beneficios oportunos para nuestras comunidades.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para que se asigne una ampliación de 121.2 millones de pesos, para el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), en el anexo 10, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos para la Federación 2011, a fin de ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas.

Notas:

1 Consultado en línea en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/ espanol/prensa/comunicados/estrucbol.asp

2 IDEM

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Víctor Félix Flores Morales, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura federal y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura federal, el planteamiento que contiene la siguiente:

Propuesta con punto de acuerdo para que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen los recursos actuarialmente necesarios, para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, y el Fondo de Jubilaciones citado esté en condición de cumplir con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados; y para que el Comité Técnico del citado fideicomiso esté en condiciones de autorizar el incremento a treinta días la prestación que anualmente se paga a los fideicomisarios por concepto de aguinaldo.

Antecedentes

1. En virtud de la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Constituyente Permanente y la aprobación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario por parte del H. Congreso de la Unión, a partir del año de mil novecientos noventa y siete, se inició en nuestro país la explotación y administración del servicio público de transporte de mercancías a través de vías férreas por parte de la iniciativa privada, mediante concesiones que para tal efecto recibieron del Poder Ejecutivo federal.

2. Como consecuencia de lo anterior, Ferrocarriles Nacionales de México, organismo público descentralizado del gobierno federal, dejó de ser la entidad operadora y administradora de los ferrocarriles en nuestro país, y ante ello las autoridades laborales competentes resolvieron dar por terminadas las relaciones, individuales y colectivas, de trabajo en dicha dependencia, y una de las consecuencias de tal determinación fue que 56,372 (cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos) trabajadores del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieron el beneficio de su jubilación al cumplir con los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, los convenios laborales, los reglamentos correspondientes y/o en las propias resoluciones emitidas por las autoridades laborales competentes.

3. El gobierno federal, en respuesta a la gestión de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana en cumplimiento a las obligaciones obrero patronales consignadas en el contrato colectivo de trabajo, a efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado en cita, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a estudios actuariales realizados, los recursos económicos necesarios para tal fin, constituyéndose con este propósito, mediante contrato de fecha 19 de noviembre de 1997 el Fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, modificado mediante convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el Fondo de Jubilaciones convenido en la contratación colectiva, el que, a partir de mil novecientos noventa y ocho se ha hecho cargo del pago de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes, con independencia de la existencia del patrón Ferrocarriles Nacionales de México.

4. Conforme a los estudios actuariales realizados por la empresa AON Consulting, anexos al convenio modificatorio de fecha 26 de septiembre del 2000, el monto de los recursos del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC relativo al Fondo de Jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, éste era suficiente para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones en los montos, términos y condiciones establecidos en el contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el índice nacional de precios al Consumidor dado a conocer por Banco de México, ahora por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el año inmediato anterior.

5. Ahora bien, derivado de las revisiones que del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, ha realizado la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, dentro de la revisión a la Cuenta Pública relativa a los ejercicios fiscales 2004 y 2006, sin que por cierto se le haya realizado observación alguna, se formuló por dicha instancia fiscalizadora recomendación al fideicomitente, Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y por ello al gobierno federal como garante permanente de que el Fondo de Jubilaciones cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, para que mediante los estudios actuariales se aportaran al fideicomiso los recursos necesarios para cubrir el déficit financiero para cumplir plenamente con su objetivo.

6. Atendiendo las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a las facultades que le confiere el convenio modificatorio de fecha 26 de septiembre de 2000, el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, integrado por representantes de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, de Ferrocarriles Nacionales de México y del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a cuyas sesiones por cierto acuden como invitados permanentes representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; ordenó a la Coordinación Ejecutiva del mismo se contratará la elaboración del estudio actuarial que permitiera el cálculo de los recursos necesarios para que el fideicomiso cumpla con su objetivo, que se insiste no es otro que garantizar el pago vitalicio de pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, hoy en liquidación.

7. El contrato de prestación de servicios para la elaboración del estudio actuarial citado, fue asignado al despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, el que después de hacer una análisis comparativo de los anteriores estudios, los recursos disponibles, los antecedentes históricos, el cálculo de las obligaciones pendientes de cubrir y las hipótesis actuariales conducentes ha determinado al 31 de diciembre de 2008 en 21 mil 800 millones 735 pesos, 50 centavos el total del valor presente de las obligaciones pendientes de cubrir por el fideicomiso.

8. Existiendo al 31 de diciembre de 2008 un activo tangible de 6 mil 101 millones 729 pesos 20 centavos dentro del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, el estudio actuarial del despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, estimó en 15 mil 699 millones 6 pesos 30 centavos el monto de los recursos que deberían ser aportados al fideicomiso para que el Fondo de Jubilaciones contara con recursos suficientes para cumplir con su objetivo.

9. Considerando las cifras del estudio actuarial citado al 31 de diciembre de 2010 y toda vez que a dicha fecha se estima que el activo tangible del fideicomiso será de un mil 300 millones de pesos, la cantidad actuarialmente necesaria a aportarse para cubrir el total de valor presente de las obligaciones pendientes de cubrir por el fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 será la cantidad de 20 mil 500 millones 735 pesos 50 centavos.

10. En virtud de que la partida presupuestal proyectada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011 para ser aportada al fideicomiso solo contempla recursos para aportarse el pago de los ferrocarrileros jubilados de Ferronales sólo suficientes para pagar pensiones y prestaciones a los ferrocarrileros jubilados durante 2011, dicho monto no es suficiente para que el Fondo de Jubilaciones cumpla con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados que es a lo que está obligado el gobierno federal conforme al artículo 4 del decreto que ordenó la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México y abrogo su ley orgánica.

11. A efecto de que el gobierno federal esté en condiciones de dar cumplimiento a su obligación solidaria y subsidiaria de que el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 esté en condiciones de cumplir con su objetivo, será necesario que esta soberanía en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 incremente la partida presupuestal proyectada a la cantidad actuarialmente necesaria que permita garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados.

12. Por otra parte, también resulta importante mencionar que, la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, durante la vigencia de las relaciones laborales, dentro de los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, solicitó reiteradamente del patrón Ferrocarriles Nacionales de México, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes de pensiones y jubilaciones del país. Sin embargo, esta negociación no llegó a formalizarse ante la conclusión del proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos y en consecuencia de las relaciones obrero-patronales.

13. Es por las anteriores circunstancias, que el citado Fondo de Jubilaciones únicamente protege a los ferrocarrileros jubilados un aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si se atiende a que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etcétera) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual de los ferrocarrileros jubilados se ajuste como mínimo a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

14. En forma recurrente, este tema ha sido planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de las distintas fracciones parlamentarias; quienes han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo que en este mismo sentido aprobara el pleno del Senado de la República, con el consenso y apoyo de todos los partidos en él representados, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002 y que la dirigencia sindical, mediante correspondencia el 11 de diciembre de 2002, hiciera en su oportunidad del conocimiento y solicitara el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal, sin que se hubiere atendido este justo reclamo en esa ocasión.

15. En la LIX Legislatura federal igual suerte corrió la propuesta con punto de acuerdo, en este sentido, presentada con fecha 2 de diciembre de 2003 ante el pleno de esta soberanía por el diputado Francisco Grajales Palacios y la propuesta con punto de acuerdo presentada por veinticuatro diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el suscrito, publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de octubre de 2004.

16. En el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal, de nueva cuenta el suscrito y veinticinco diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, mediante propuesta con punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 4 de octubre de 2005 insistimos ante esta soberanía sobre este tema y fuimos respaldados por la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo que de esta instancia se publicó en la Gaceta Parlamentaria de fecha 6 de octubre de 2005.

17. La voluntad política de las fracciones parlamentarias para apoyar este justo planteamiento que, por conducto de su dirigencia sindical, hacen los ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, por ver incrementado el aguinaldo que reciben del Fondo de Jubilaciones y un ajuste a sus pensiones jubilatorias, se vio reflejada en la autorización dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 de una partida presupuestal por cincuenta millones de pesos para que el gobierno federal la destinara a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC; cantidad que tomando en cuenta a los 45,697 (cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y siete) ferrocarrileros jubilados que sobrevivían a esa fecha y cuyas pensiones y prestaciones eran pagadas por el citado fideicomiso, fue apenas suficiente para entregarles en diciembre de dicho ejercicio presupuestal, apenas una pequeña cantidad como gratificación anual, pero que estuvo muy lejos de ser suficiente para fondear financieramente al fideicomiso para que el aguinaldo que reciben se incremente a un mes del importe de la pensión mensual jubilatoria vitalicia que reciben.

18. Es por ello que los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, convocamos al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable soberanía para que honrando el compromiso con este importante grupo de jubilados y pensionados ferrocarrileros, adoptemos el acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen a la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, incluya una partida presupuestal que contemple los recursos actuarialmente necesarios para que el gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, con objeto de cubrir su déficit financiero y para que el Comité Técnico del mismo esté en condiciones de incrementar el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados para hacerlo coincidir con el importe de una mensualidad que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

19. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, que impone la obligación al gobierno federal de constituirse en garante permanente de los derechos de los ex trabajadores del organismo público descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

20. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, por conducto de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta soberanía se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2011, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.

Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicitamos con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se incluya una partida presupuestal con los recursos actuarialmente necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, para cubrir su déficit financiero, y el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados quede debidamente garantizado y hacer posible que el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sea incrementado en los términos señalados en los antecedentes de esta propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Ricardo Ahued Bordahui (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo, José Tomás Carrillo Sánchez, Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), María Esther Terán Velásquez (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica) Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Jorge Arana Arana (rúbrica), José Oscar Aguilar González (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Eric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Retana Benjamín Clariond Reyes (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la educación media superior, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Francisco Javier Landero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La educación media superior fue por mucho tiempo el tipo educativo menos atendido y cuidado.

En contraste la población juvenil entre los 16 y los 18 años constituye hoy parte del llamado bono demográfico del que goza y gozará nuestro país por un par de décadas.

Lo anterior nos obliga como país a ofrecer, por el bien individual de los jóvenes y el bien común de la sociedad, una educación que impulse y fortalezca los talentos, conocimientos, habilidades y valores éticos, cívicos y sociales de los estudiantes de esas edades que cursan los diferentes tipos de bachillerato.

Del mismo modo se distinguen como preocupantes los problemas de la cobertura y de la deserción en este nivel educativo.

La cobertura alcanzaba al inicio del sexenio solamente al 60.9 por ciento de los jóvenes en edad de cursarla, para el ciclo 2009-2010 se concluyó con una cobertura del 64.4 por ciento, siendo la meta para el final de esta administración la de un 68 por ciento, lo que implica que todavía falta mucho por avanzar, con mayor razón si contemplamos esta meta con respecto a la de lograr la cobertura universal.

La deserción llegaba al 16.3 por ciento anual en el ciclo 2007-2008, en el ciclo 2009-2010 se redujo de 15.9 al 15.6 por ciento

Atendiendo a todo ello en el Programa Sectorial de Educación se propuso realizar una reforma, la cual se ha denominado ya en su concreción Reforma Integral de la Educación Media Superior, apuntando a promover una mayor calidad y pertinencia de estos estudios, buscando ampliar, al mismo tiempo, la oferta educativa.

Ante la exigencia de mayor calidad y de más planteles se tendrán que hacer inversiones crecientes en infraestructura, en capacitación, en equipamiento y en la homologación salarial y de prestaciones de los docentes de los subsistemas que se encontraban en una situación laboral distinta. Cuánto más se tendrán que hacer, si pretendemos elevar el nivel de escolaridad de los mexicanos, como es patente que es necesario hacerlo, a través de establecer la obligatoriedad de la educación media superior. Por lo pronto la reforma emprendida ha generado compromisos que no se pueden desatender.

De esta manera, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 (PPEF 2011) enviado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara de Diputados nos encontramos con varios programas presupuestales que no consideran estos compromisos ya contraídos, o necesidades que es prioritario cubrir.

Programas presupuestales que implican compromisos contraídos.

En el programa E008 “Prestación de Servicios de Educación Técnica” que se refiere a gastos de operación de los planteles, como lo puede ser el pago de servicios como energía eléctrica, en el Presupuesto de Egresos Federal aprobado por esta Cámara para el ejercicio del 2010 se fijaron a este renglón 370 millones, el proyecto para el 2011 asigna solamente 340.1 millones, con lo que existe una disminución muy sensible, cuando se supondría la necesidad de un incremento de al menos, el valor de incremento de la inflación, con lo que se requerirían cerca de 518 millones. El que no se completen estos recursos significaría dejar sin energía eléctrica, sin limpieza, sin teléfono, sin otros servicios básicos a muchos planteles escolares.

P001 “Diseño y Aplicación de la Política Educativa” es un programa que incluye el pago para reducir el déficit en telecomunicaciones, pagar el impuesto sobre nómina de los empleados de la subsecretaría al gobierno del D.F., el presupuesto de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico la cual se encarga de: a) El diseño e implementación del marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. b) El programa de formación docente de la educación media superior y los programas para el desarrollo profesional del personal académico y directivo. c) Los proyectos de innovación e investigación educativa, en general, y el desarrollo de las aplicaciones de las tecnologías de la información en la educación, en particular. Este rubro abarca también el presupuesto de la coordinación sectorial de personal. Para este programa se aprobaron en el presupuesto para este año, 264.4 millones, se presupuestaron en el PPEF de 2011, la cantidad de 266.2 millones, lo que representa un incremento muy reducido, lo que ocasionaría detener alguno de estos proyectos tan importantes, o dejar de pagar impuestos. Se considera que el incremento debería ser de por lo menos 105 millones adicionales a lo que establece el PPEF 2011.

En el programa U019 “Apoyo a Desregulados” se incluye para el 2011 el presupuesto destinado al Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior (Copeems) establecido a partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, igualmente los recursos con que se subsidia al Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores (Ceduct). Se dotó en este año a este renglón con 7.5 millones. En el PPEF 2011 se consideran nada más 8.2 millones, lo que dejaría a salvo lo que se refiere al Ceduct, pero sin presupuesto al Coppems, cuya importancia es la introducción de una política de evaluación y mejoramiento, elemento fundamental de la reforma para la elevación de la calidad educativa que se quiere ofrecer a los jóvenes. Para el funcionamiento de un órgano de esta naturaleza y alcance se estima que debería aportársele inicialmente unos 25 millones de pesos.

El monto más grande es el del programa U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”. Este presupuesto debería incluir la previsión de la política salarial 2011, la regularización de ampliación a la cobertura 2009-2010 y 2010-2011, para los Cecytes y Colegios de Bachilleres. Para todo ello en 2010 se aprobaron 8,745.0 millones de pesos. El PPEF 2011 dispone 10,075.6 millones, lo que representa un incremento de apenas 1330.6 millones. Esto significaría afectar los programas de homologación, dejando de cubrir las nóminas de los nuevos planteles creados, obligaciones que no se pueden desatender. Siguiendo el criterio de compensar la inflación y la consideración del incremento que se ha tenido en matrícula, planteles y docentes, se estima en 3500 millones, los que se deberían sumar a lo que se asigna en el PPEF 2011.

Por otro lado, existen programas dentro de la educación media superior que deben contar con una atención prioritaria porque están destinados a resolver o prevenir problemas muy importantes de los jóvenes estudiantes y de este tipo educativo.

Programas presupuestales prioritarios para los jóvenes

El programa U015 “Atención educativa a grupos en situación vulnerable” se refiere al programa “Construye-T”.

“Construye-T” es un programa para estudiantes de nivel medio superior, que reúne los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), con experiencia en el trabajo con jóvenes. Su propósito es ayudar a las y los adolescentes a desarrollar una vida saludable dándoles herramientas para enfrentar los problemas de violencia, adicciones, sexualidad responsable y autoestima.

“Construye-T” busca que las y los jóvenes de educación media superior se desarrollen en un clima de inclusión, equidad y democracia, apoyando la creación de su proyecto de vida. Además, contribuirá a que los jóvenes continúen sus estudios y les dará los elementos necesarios para enfrentar situaciones de riesgo.

Para lograrlo, se propone:

• Prevenir. Generando acciones que se anticipen a los problemas que enfrentan las y los jóvenes.

• Formar. Capacitando permanentemente a la comunidad educativa y al resto de los actores involucrados en el programa.

• Proteger. Creando redes de apoyo en la comunidad educativa, para casos que lo requieran.

Este año el presupuesto aprobado fue de 248.5 millones y solamente se le conceden 125 millones para el 2011, perdiendo así 123.5 millones. En estos momentos que se requiere, sobre todo, prevenir la delincuencia, las adicciones y los riesgos de la deserción de los alumnos con problemas, no es posible darnos el lujo de escatimar recursos a este tipo de programas. Lejos de reducirse este programa debería incrementarse en unos 200 millones adicionales.

Del mismo modo, cuando contamos con un índice de de-serción tan alto, donde muchas veces la causa principal es la carencia de recursos económicos, no se puede reducir el presupuesto para becas que se identifica con el programa presupuestal U018 “Programa de becas en Educación Media Superior”. Para este programa esta Cámara de Diputados consideró necesarios para este año 2,356.5 millones de pesos, el proyecto presupuestal le asignó 2,465.1 millones, teniendo un incremento mínimo de 108.6 millones de pesos. De aprobarse así más jóvenes no continuarán sus estudios. A la cantidad considerada en el PPEF 2011 debería sumársele 900 millones más.

E009 “Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias” (Proforhcom) Programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que da un peso más por cada peso invertido por el gobierno. Se trata del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias II (Proforhcom), orientado, en la educación media superior, a: (i) el fortalecimiento de los planes y programas educativos de la educación media superior y técnica superior; (ii) acciones dirigidas a mejorar la vinculación entre las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes y el sector productivo. Un programa muy importante para buscar que los egresados especialmente de los bachilleratos técnicos se encuentren bien preparados para asegurar su empleabilidad en el sector productivo. El presupuesto aprobado para 2010 fue de 51.7 millones de pesos, el PPEF concede 46.5 millones. Se reduce 5.2 millones, con lo que se pierde además la aportación del BID. Se estima que se requiere una ampliación de 25.8 millones.

El incremento en su totalidad alcanzaría los 5,273.8 millones.

Se pueden considerar como alternativas para reasignar recursos a los programas presupuestales que se han mencionado y que requieren una ampliación, por una parte del 78 por ciento, que se ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Gobernación; por otra parte, se encuentran los recursos de los fondos que los estados reciben y que hoy por hoy no están debidamente informando y justificando su empleo como el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), o el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), tal como lo revelan los datos del 1er. reporte trimestral de 2010 que presentó la SEP, sobre el uso del FAEB por los estados, a la Cámara de Diputados, y lo mismo que la Auditoria Superior de la Federación en su revisión de la cuenta del 2008 detectó que los estados “hacen obras y acciones fuera del objetivo del fondo, transfieren recursos a otras instituciones, dan anticipos sin amortizar y, en algunos casos, no hay documentación que compruebe el gasto”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto e Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a reconsiderar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, para la educación media superior y hacer una ampliación del mismo en los rubros enunciados para dar satisfacción a las necesidades crecientes de este importante nivel educativo que atiende a un número tan importante de jóvenes, y que tendría un alcance total aproximado de 5,273.8 millones.

Notas:

1. IV Informe de Gobierno.

2. III y IV Informe de Gobierno.

3. Revisión de la Matrícula Pública y las Nóminas Pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2010.

4. “Olvidan estados arreglar escuelas”, Reforma, 27 de septiembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para realizar obras de construcción, rehabilitación y remodelación de infraestructura del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Luis Videgaray Caso, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.— Presente.

He de agradecer su valiosa intervención para que con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

La Infraestructura operativa del Poder Judicial de Baja California Sur ha permanecido sin cambios en los últimos 35 años y, en contraste, el incremento en el servicio, de personal y actividades operativas para el desempeño de las funciones propias de este poder, se han incrementado de manera sustancial.

Con los elementos de crecimiento en la demanda de servicios Judiciales, se configura un escenario limitado en cuanto a la prestación de los servicios con la calidad que se requiere para cumplir con el mandato constitucional.

El Poder Judicial de Baja California Sur requiere contar con los espacios físicos necesarios para atender las exigencias normativas en materia judicial, para lo cual se requiere la construcción de la infraestructura apropiada mejorando la distribución de las áreas en cuanto a la funcionalidad para superar todas las limitaciones que se presentan actualmente.

Actualmente se tienen 6 áreas de atención en edificios de renta como lo son 2 juzgados familiares, 2 juzgados menores, 1 juzgado de justicia para adolescentes, institución de mediación, y el Instituto de Estudios Judiciales.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, diagnóstico con oficio número PC-298j07, de fecha 10 de octubre de 2007 que las condiciones actuales del edificio del Poder Judicial del estado, con una antigüedad de 35 años, son un riesgo para los usuarios ante la falta de un mantenimiento apropiado por varios años.

El inmueble presenta condiciones deplorables en su funcionamiento con cuarteaduras y desprendimientos de emplaste en techumbre; fisuras y cuarteaduras en diferentes áreas, así como también cuarteaduras identificadas físicamente en las áreas del sótano, escaleras y paredes.

El número total de trabajadores del honorable Tribunal Superior de Justicia que laboran en el municipio de La Paz son 326, de los cuales 242 ocupan las instalaciones del edificio central y 84 trabajadores utilizan dos oficinas de renta, generando estas a su vez un costo anual de 1.0 millón de pesos.

Asimismo, se está contemplando dentro de esta petición los requerimientos informáticos que a su vez llevarán a concretar un mejor servicio y control de la información que se genera, eficientando con ello el tiempo de respuesta del usuario del servicio así como de la autoridad.

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para realizar obras de construcción, rehabilitación y remodelación de infraestructura para la operación eficiente, segura y de calidad, del honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California Sur y del propio Poder Judicial de dicha entidad por un monto mínimo de $200,000,000.00 (doscientos millones de pesos).

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi consideración distinguida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2010.— Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la SEP, con la etiquetación de una partida para crear plazas de profesores de educación física, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, Héctor Franco López, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El deporte y la educación física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial; como individuos, el deporte resalta nuestras habilidades personales, mejora nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos, en el ámbito nacional, el deporte y la educación física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades, así como que pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente

La participación en el deporte y la educación física proporcionan una oportunidad para que la población en general y en específico la marginada por barreras sociales, culturales o religiosas por cuestiones de género, incapacidad física u otro tipo de discriminaciones pueda sentir la inclusión social y moral.

A través del deporte y la educación física, los individuos pueden experimentar la igualdad, la libertad y un medio digno de fortalecimiento. El control que una persona que practica un deporte experimenta sobre su propio cuerpo es especialmente valioso para las niñas y las mujeres adultas, para las personas con impedimentos físicos, para quienes habitan en áreas de conflicto y para las personas que se recuperan de algún trauma.

El deporte y la educación física enseñan valores esenciales y destrezas de vida incluyendo la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo, la comunicación, la inclusión, la disciplina, el respeto y el juego limpio, proporcionan igualmente beneficios psicológicos como la disminución de la depresión y el mejoramiento de la concentración, tienen un impacto positivo en la educación del niño ya que mejora la habilidad del niño para aprender, aumenta su concentración, su asistencia a clase y su rendimiento en general, los jóvenes aprenden mejor cuando se divierten y están activos en las escuelas, la educación física es un componente integral de una educación de alta calidad.

Son cruciales para una vida prolongada y saludable. El deporte y el juego mejoran la salud y el bienestar, aumentan la expectativa de vida y reducen la probabilidad de varias enfermedades no transmisibles, incluyendo la enfermedad coronaria.

El importante papel que desempeña la educación física está demostrado por el hecho de que los niños que hacen ejercicio tienen una mayor probabilidad de mantenerse físicamente activos cuando adultos.

Al reconocer la importancia de la relación entre deporte, actividad física y salud, en 2004 la OMS adoptó la Estrategia Mundial sobre la Dieta, la Actividad Física y la Salud y una resolución acerca del Fomento de la Salud y de los Estilos de Vida Saludables. Ambos documentos enfatizan la importancia de comenzar la práctica de actividades físicas adaptadas en las primeras etapas de la infancia.

Desde los años ochentas, la obesidad se ha expandido a un ritmo alarmante, debido principalmente al cambio en el suministro de alimentos y en las costumbres alimentarias, asociado a una falta de la actividad física lo cual ha redundado en que la obesidad se volviera una epidemia mundial. Un estudio presentado recientemente por la OCDE dice que uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada seis es obeso, se prevé que en los próximos diez años en algunos países, se eleve el aumento anual de 1 por ciento del índice de personas con sobrepeso.

Dicho estudio establece que los índices más altos de obesidad se encuentran en Estados Unidos y en México; sin embargo, se ha observado un aumento a nivel mundial, los niños no son la excepción ya que hoy más de uno de cada tres tiene sobrepeso, las personas que padecen obesidad severa, así como los fumadores, fallecen entre 8 y 10 años antes que las personas con peso normal y tienen más predisposición para contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer. La obesidad es una carga para los sistemas de salud puesto que el gasto dedicado a personas obesas es al menos 25 por ciento más alto que para una persona con peso normal.

En México es claro que necesitamos que el deporte y la actividad física sean tomados con mayor seriedad, los datos que se presentan por parte de la OCDE que nos muestran como uno de los países con mayor índice de obesidad es una alerta que debemos tomar muy en serio; nuestros hijos deben de estar dotados de todos los factores para un crecimiento y desarrollo apropiados, el dictamen aprobado el 6 de abril por el cual se regula una alimentación equilibrada baja en grasas y azúcares que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar y la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico es un primer avance con el fin de evitar el desmedido crecimiento de la obesidad, pero tenemos que seguir revisando el marco normativo para complementar dicha medida.

La obligatoriedad de los 30 minutos de ejercicio es sólo parte de la solución, ahora debemos contar con la cantidad adecuada de maestros destinados a impartir dicha materia, la plaza de profesor de educación física no es una plaza de jornada, sino por horas, de modo que los maestros de esta materia, con sus horas asignadas, cubren varias escuelas, siendo las escuelas rurales donde hay menos profesores de este tipo; el problema es que como todo los recursos que erogue la federación, son los que determinaran el número de plazas o de horas disponibles que se tienen para otorgar.

Por lo que consideramos que en el Presupuesto de Egresos para 2011 debería considerarse un presupuesto destinado a la educación física con el fin de contar con los suficientes maestros que impartan dicha especialidad.

Por lo expuesto, es que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se incremente el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública para el Ejercicio Fiscal de 2011, y se etiquete una partida para la creación de nuevas plazas de maestros dedicados a la impartir la materia de educación física.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdéz, Francisco Saracho Navarro, Héctor Franco López, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Cancerología, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Augusta Díaz de Rivera Hernández, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica, y 58-60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a considerar una asignación presupuestal dirigida al Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para la atención y prevención del cáncer de ovario; y se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud que amplíen los recursos previstos para el Incan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con objeto de concluir sus obras de remodelación y renovación de equipo instrumental.

Consideraciones

En las mujeres, el cáncer de ovario es el sexto más frecuente a nivel mundial, con aproximadamente 205 mil nuevos casos al año, representa 4.7 por ciento de las defunciones, por lo que se convierte en la primera causa de mortalidad entre los cánceres de origen ginecológico a nivel mundial y la segunda causa de muerte a nivel nacional.

Para 2003, la Secretaría de Salud reportaba 60 mil 46 defunciones por cáncer, de las cuales mil 403 eran por cáncer de ovario.

Actualmente, el Incan reporta para México 2 mil 12 nuevos casos por año, ocupando el segundo lugar de los cánceres ginecológicos, por lo que se considera como un problema de salud pública.

La mayoría de los casos se diagnostican entre 45 y 75 años de edad, asociado a la menopausia, cuando el ovario ha perdido su función fisiológica y en consecuencia, la función anormal del ovario no produce síntomas. No obstante, hay un número significativo de casos desde 30 años y en el mismo instituto se han diagnosticado tumores en jóvenes menores de 15 años.

El cáncer de ovario es un tumor que se clasifica en las neoplasias malignas del ovario, constituye 90 por ciento de los casos y es la neoplasia más letal por su propensión a formar tumores que se diseminan en el abdomen superior.

De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y el Comité Estadounidense Conjunto sobre el cáncer, los carcinomas ováricos se clasifican en cuatro etapas clínicas. En el estadio I, el cáncer está limitado a uno o ambos ovarios; en el estadio II, el cáncer puede diseminarse de los ovarios hacia la pelvis; en el estadio III, además de involucrar a uno o ambos ovarios se observan implantes peritoneales confirmados fuera de la pelvis y en estadio IV, se observan uno o ambos ovarios con metástasis a distancia con invasión del parénquima hepático y con células tumorales presentes en el fluido peritoneal o pleural.

Las células tumorales de carcinoma ovárico permanecen confinadas a la cavidad abdominal y muestran una característica inusual de supervivencia (proliferación), ya sea como célula única o como grupo de células.

Pese a la proliferación del cáncer de ovario, este es altamente curable si se detecta en etapas tempranas, 75 por ciento de los casos a nivel mundial son detectados en fases avanzadas. Esto, debido a que resulta difícil su diagnóstico, y suele pasar desapercibido por los mismos médicos oncólogos, ya que no es detectado por la exploración física durante la consulta ginecológica rutinaria.

Las causas son múltiples, pero podemos encontrar como factores de riesgo la historia familiar, la edad, la maternidad, la historia personal, medicamentos de fertilidad y el uso de talco.

El tratamiento para este padecimiento es la cirugía, una cirugía en donde los ovarios, el cuello del útero y las trompas de Falopio son extraídos mediante una cirugía que implica la extirpación de ambas trompas de Falopio y los ovarios.

Aunado a esto, tenemos que las mujeres que enfrentan los riesgos de padecer la enfermedad, pueden verse sometidas a la posibilidad de que le sea extirpado el ovario sano o, peor aún, que en el proceso quirúrgico se determine la extracción de nódulos linfáticos, tejido delgado que cubre el estómago y el intestino grueso, y otros órganos del abdomen. Posteriormente, el cáncer que reste tendrá que ser tratado con quimioterapia.

El tratamiento para el cáncer de ovario es diverso, de tal forma que las instituciones pueden disponer con marcadores tumorales para los pacientes con carcinomas, entre otras técnicas.

Sin embargo, aun con los avances en esta enfermedad, no existe ningún método eficaz que facilite el diagnóstico temprano del carcinoma ovárico. Por ello, más de 75 por ciento de los casos que ingresan en el Incan se presentan en fases avanzadas, cuando éste ya ha invadido el abdomen.

En esta etapa las pacientes tienen 29 por ciento de probabilidades de supervivencia de no más de 5 años. La mayoría de las pacientes desarrollan una enfermedad recurrente propiciada por la generación de quimiorresistencia a la terapia médica.

El Incan ha estado utilizando marcadores tumorales descubiertos para el carcinoma ovárico, los cuales se han estado desarrollando y evaluando usando muestras de pacientes clínicamente diagnosticadas con etapas avanzadas.

Esto no ha sido suficiente, ya que la mortalidad que se ha venido presentando para esta enfermedad ha ido en aumento.

Así, tenemos un reto por el lado de la investigación: encontrar una prueba que pueda detectar no sólo el aparente cáncer ovárico, sino la enfermedad antes de que se produzcan los síntomas, con lo que lograríamos menos muertes de mujeres con la enfermedad.

Por ello resulta necesario seguir realizando investigaciones que nos aporten los perfiles de expresión de importancia clínica del cáncer de ovario asociados a los procesos invasivos, para que las mujeres mexicanas sobre todo las de un nivel socioeconómico bajo no se sigan muriendo por falta de recursos económicos.

Compete al Incan continuar la investigación y la caracterización de manera amplia de la enfermedad, para contar con información sobre el crecimiento y progresión tumoral, ya que es un centro de investigación y atención sobre todo tipo de cáncer.

Creemos que con mayores recursos se continuará con la remodelación de sus instalaciones, se mejorará el equipo instrumental y, por ende, las condiciones para que se extienda la cobertura a más personas que padecen el mal.

Al mismo tiempo, se debe apoyar a las mujeres de un nivel socioeconómico bajo que necesitan sesiones de quimioterapia y que no cuentan con recursos para poder acceder a ella, ya que muchas de ellas se están muriendo por no poder llevar a cabo el tratamiento que cuesta alrededor de 20 mil pesos, dejando huérfanos a niños entre 10 y 14 años.

El Incan proporciona 170 mil consultas, diagnostica 100 mil casos de cáncer en el país y aproximadamente 60 mil personas pierden la vida por este mal, y que tiene saturación de pacientes del Distrito Federal. Aun con ello, también atiende a enfermos procedentes de todo el país.

Y aun cuando coordina aproximadamente 25 centros estatales en donde se diseñan programas, y estrategias para un mejor control sobre el cáncer de carácter nacional con el fin de reducir la morbi-mortalidad del cáncer en México. No tiene recursos para investigación ni tratamiento en cáncer de ovario.

El cáncer cervicouterino se ha venido atendiendo y es una causa prioritaria para la salud reproductiva de las mujeres y éste ha venido reduciéndose con resultados positivos para la población femenina. Sin embargo, no puede dejar de atenderse el cáncer de ovario.

El objetivo es no seguir dejando que las mujeres de bajos recursos y sin posibilidades de poder acceder a un tratamiento costoso como la quimioterapia mueran por no tener para comprar la terapia, realizarse los estudios, y solventar la enfermedad.

Que el objetivo sea establecer opciones que apuesten hacia la vida de las mismas que padecen esta enfermedad y que dejan huérfanos a hijos de entre 10 y 14 años.

Que recordemos que al apoyar a estas mujeres que asisten cada día al instituto, apoyamos a muchos niños y jóvenes; por ende, promovemos el fortalecimiento familiar.

Que es una de las patologías menos reconocidas y con un ambiente de confusión entre la población en general, desde la perspectiva de las políticas de salud para estrategias de prevención, detección oportuna y tratamiento.

Que el propio instituto reporta que muchas mujeres llegan a los centros de salud en etapas avanzadas y que esta enfermedad exige una óptima coordinación intermultidisciplinaria en su abordaje terapéutico.

Que el tema de la paciente en el contexto familiar y social ha sido poco abordado (psicooncología integral).

Que no hay asignación de recursos económicos para el rubro de atención e investigación, y tratamiento del cáncer de ovario en el proyecto para el ejercicio fiscal de 2011, presentado por el Ejecutivo federal.

Que resulta necesario e importante que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género asignen presupuesto para cáncer de ovario al Incan, en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

Es fundamental que se amplíen los recursos presupuestales para el Incan en el Presupuesto de Egresos de 2011 con objeto de concluir la remodelación de sus instalaciones, de mejorar su equipo instrumental y mobiliario.

Por las razones expuestas, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 al Instituto Nacional de Cancerología para la prevención, atención y tratamiento del cáncer de ovario.

Segundo.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados a ampliar los recursos para el Instituto Nacional de Cancerología en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con objeto de concluir sus obras de remodelación y renovación de equipo instrumental y mobiliario, en beneficio de sus usuarios.

Notas:

1 Estadística realizada por la doctora Gallardo Rincón, jefa e investigadora del Servicio de Ovario del Incan.

2 Garibay Cerdenas, Olga Lilia; Gallardo Rincón, Dolores; y Talamás, Patricia. Cáncer epitelial de ovario, la muerte silenciosa, Cinvestav/IPN e Incan, 2009.

3 Ibídem.

4 Gallardo Rincón, Dolores. Cáncer de ovario en el panorama nacional, Incan, 2009.

5 Estadística realizada por la doctora Gallardo Rincón, jefa e investigadora del Servicio de Ovario del Incan.

6 Información proporcionada por personal del Incan.

7 Gallardo Rincón, Dolores. Cáncer de ovario en el panorama nacional, Incan, 2009.

8 Dirección General de Información en Salud, base de datos de defunciones Inegi/Secretaría de Salud [en línea], Sistema de Información de Salud, México, 2010.

9 Gallardo Rincón, Dolores. Cáncer de ovario en el panorama nacional, Incan, 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Augusta Díaz de Rivera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de infraestructura carretera de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Presidente de la Comisión de Transportes.— Presente.

He de agradecer su valiosa intervención para que con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo, relativo a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal 2011 en la actividad institucional de infraestructura económica y carreteras del Ramo 09 (comunicaciones y transportes).

Justificación

Los proyectos mencionados tienen el carácter de estratégicos y prioritarios para el desarrollo y crecimiento del Estado de Baja California Sur en materia de infraestructura carretera y detonante de valor agregado en materia de economía y finanzas públicas estatales y nacionales.

Así también, integrarán a diversas comunidades cuya actividad principal es la captura de recursos naturales con alto valor comercial; incrementarán la afluencia turística nacional e internacional; se dotará a poblaciones de servicios básicos como salud, educación, agua potable y electrificación; reducirá costos de operación de transporte; mejorará la calidad de vida de sus habitantes; elevarán el nivel del servicio al turismo en general, entre otros beneficios más.

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 a los proyectos de infraestructura carretera de Baja California Sur en el Ramo 09 (comunicaciones y transportes), que se describen en el cuadro abajo desglosado por un total de $2,756,500,000 (2 mil 756 millones 500 mil pesos).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el desarrollo carretero en Coahuila, Durango y Sinaloa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez, en nombre de los integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La infraestructura carretera está ligada directamente con la competitividad de una nación, a su crecimiento económico y desarrollo del tejido social. Además, desempeña un papel fundamental para el desarrollo regional y local, y de integración nacional e internacional. Junto con las distintas formas y medios de transporte, es parte de los elementos esenciales para el desarrollo del comercio; consolida los esquemas productivos y favorece su expansión y diversificación.

La infraestructura carretera se convierte en un elemento de soporte fundamental que contribuye al progreso de cualquier sociedad. Igualmente, contribuye a elevar los niveles de competitividad de las exportaciones y reduce los costos de las importaciones. Por el efecto multiplicador de sus redes se convierte en un motor de crecimiento de otros sectores y sirve de base para el desarrollo de la actividad económica.

Por lo que toca al entorno nacional la infraestructura carretera se integra por 366 mil kilómetros; de ellos, poco más de 127 mil corresponden a carreteras pavimentadas, que equivale a 36.3 por ciento del total. A través de esta importante infraestructura se moviliza 53 por ciento de la carga nacional y 98 por ciento de los pasajeros transportados en nuestro país; por lo que toca al autotransporte, se movilizan 479 millones de toneladas de carga, y 3 mil 170 millones de pasajeros cada año.

Uno de los mecanismos internacionales utilizados para medir la competitividad desde diferentes parámetros y en calidad de infraestructura carretera es El Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2009-2010, en el cual México ocupa la posición 62 de 133 países, en el cual nuestro país descendió 14 posiciones a diferencia del 2008 y se encuentra situado por debajo de países latinoamericanos como Chile, Guatemala, El Salvador, y Uruguay. Al mismo tiempo, México ocupa la posición 66 en calidad de los caminos y carreteras.

El índice es muestra de una grave realidad que enfrentamos toda vez que uno de los aspectos más importantes para elevar la competitividad de los países es el adecuado funcionamiento de su infraestructura, al desempeñar esta un papel importante en el crecimiento y aumento del potencial económico. La cantidad y calidad de la infraestructura hace una contribución importante a las tasas de productividad.

Si consideramos que uno de los elementos que fortalece la competitividad de un país es la infraestructura que tenga, en este sentido la infraestructura carretera es factor determinante para avanzar en el desarrollo económico, desafortunadamente, México se encuentra ante una crítica situación por la falta de modernización de los caminos, vías, puertos, transporte aéreo y adecuadas telecomunicaciones. En general, la baja y poca calidad de la infraestructura de nuestro país no está ayudando al desarrollo económico y social de la república.

Actualmente se tiene la valiosa oportunidad de insertar a México en el mercado global y competitivo, a través, de un ambicioso proyecto que involucra a los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) por medio del proyecto transnacional Ports to Plains,que tiene como objetivo desarrollar un corredor carretero internacional que conectará a estos tres países, con una extensión de más de 5 mil 149 kilómetros, que fomente el intercambio y desarrollo en los sectores industriales y educativos, entre otros rubros.

El proyecto carretero Ports to Plains permitirá los traslados de mercancías y equipo desde Alberta, pasando por Edmonton, en Canadá; Denver, Colorado, y Amarillo, Texas, ciudades estadounidenses con alto potencial agrícola y petrolero, para llegar a destinos como Mazatlán, en Sinaloa, y Manzanillo, en Colima.

La primera entidad mexicana en integrarse a este proyecto es Coahuila que busca detonar el crecimiento industrial, educativo, empresarial y de servicios del estado, que en breve se formalizará con la firma de un convenio como socio comercial y estado ancla del corredor Ports to Plains.

Los cruces fronterizos de Acuña y Piedras Negras, en Coahuila, serán los puntos por donde ingresarán y saldrán del país los vehículos de transporte. Por ello se autorizó ampliar la aduana de Ciudad Acuña de 3 mil a 20 mil 402 metros cuadrados, para poder ofrecer un servicio de calidad y dar mayor funcionalidad al proyecto.

Las mercancías que se dirijan a Mazatlán podrán cruzar la ruta de la Laguna, por Torreón, y las que se envíen a Estados Unidos o a Canadá, la Sureste, ruta con los beneficios que ofrece la industria automotriz enclavada, principalmente, en el área de Saltillo-Ramos Arizpe.

Con Ports to Plains, Coahuila tendrá la oportunidad de concretar acuerdos de colaboración con la provincia de Alberta, Canadá que cuenta con la segunda reserva petrolera mundial después de Arabia Saudita, y es el mayor inversionista en el sector minero de México. Este proyecto generará entre otras ventajas, negocios, nuevos empleos y abrirá al comercio internacional a ciudades fronterizas de México y Estados Unidos que hoy son pequeños polos de desarrollo.

Son muchos los beneficios que traerá este ambicioso plan, no sólo para Coahuila sino para el país en general. La inversión estimada que se realizará en el proyecto carretero de Ports to Plains será de 2.8 mil millones de dólares.

Ports to Plains se plantea también como una alternativa para agilizar el comercio internacional que hoy cruza por el canal de Panamá. Puertos del comercio internacional de Estados Unidos como Los Ángeles y Laredo, están hoy ya saturados por lo que se abren nuevas rutas al comercio internacional entre Canadá, Estados Unidos y México, por diversos puertos fronterizos.

Para desarrollar este proyecto en el país se necesita trabajar en materia de coordinación desde los tres niveles de gobierno y con diferentes actores interesados en el crecimiento y desarrollo de México. Como lo han venido haciendo en Estados Unidos y Canadá, a través de The Ports-to-Plains Alliance, una organización sin fines de lucro, no partidista, liderada por los alcaldes, concejales, funcionarios, empresarios y líderes de opinión interesados en el desarrollo económico de sus países y regiones. Durante la última década han recaudado e invertido 1 billón de dólares estadounidenses en fondos federales para mejoras viales en nueve estados de ambos países.

Un proyecto de magnitud como la de Port to Plains sólo podrá desarrollarse con el apoyo de los recursos federales y estatales. Este ambicioso proyecto responde a los retos del Estado mexicano y brinda la oportunidad de reorientar las inversiones públicas hacia proyectos de alto impacto en el campo social y económico y ofrecer señales claras para que la inversión se encamine hacia propósitos de alto valor agregado.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones que se destinen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la ampliación a cuatro carriles de las carreteras Acuña-Zaragoza, Monclova-Cuatro Ciénegas, Cuatro Ciénegas-San Pedro y San Pedro-Torreón, con el objetivo de impulsar el proyecto carretero transnacional Ports to Plañís, en beneficio del desarrollo económico del país.

Segundo. Se solicitan recursos para la construcción del libramiento Zaragoza-Allende, que permita el tránsito de vehículos de transporte comercial en menor tiempo y sin perjudicar las vialidades urbanas. Para este libramiento se puede utilizar la antigua ruta del ferrocarril, ya que se cuenta con los derechos de vía y su trazo es conveniente.

Tercero.Se solicitan recursos para la carretera de Múzquiz-Ojinaga, que permita el tránsito de vehículos de transporte comercial en menor tiempo.

Cuarto.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el proyecto Ports to Plains como un corredor estratégico y brindarle apoyo prioritario en toda su extensión, lo cual asegurará recursos para su desa-rrollo en Coahuila, Durango y Sinaloa, por donde atraviesa el corredor, además de la relevancia que representará en la actividad económica de todo el país.

Notas:

1 Anuario estadístico, Inegi, 2008.

2 El objetivo del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2009-2010 es destacar las perspectivas de crecimiento económico y, sobre todo, resaltar los obstáculos para mejorar la competitividad. El informe analiza con detalle las principales tendencias de la región y presenta un informe detallado sobre cada uno de los países incluidos. También refleja el gran progreso logrado por la región para llevar a cabo reformas de gran importancia, al tiempo que destaca la necesidad de crear condiciones idóneas para facilitar el crecimiento económico y mayor competitividad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Héctor Franco López, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública..

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera, salud y cultura de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Baja California Sur es uno de los estados más jóvenes de nuestro país. Es rico en recursos naturales, y actualmente vive un período de desarrollo económico como no se registra en muchas entidades de México.

En los últimos años, el incremento de la población, de las inversiones que han llegado a todas las regiones de la entidad, alienta el crecimiento de las ciudades y con ello crece la necesidad de crear, ampliar y modernizar la infraestructura carretera y urbana así como dotar de más y mejores servicios públicos a los ciudadanos.

Esto ha obligado a los gobiernos de los tres niveles a contemplar para nuestro estado mayores recursos económicos para atender lo anteriormente señalado, de manera que hoy los proyectos estratégicos de obra pública del gobierno de Baja California Sur, refieren a los rubros de carreteras, salud, educación, y proyectos de infraestructura urbana y social.

Para atender estas necesidades y con el objetivo de generar alternativas para impulsar la cultura, potenciar la actividad turística y alentar a continuar con el crecimiento económico, el gobierno de Baja California Sur contempla la realización de diversos proyectos de obra pública que en conjunto representan una inversión global superior a los 3 mil 250 millones de pesos.

El objetivo de obtener vía el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, como se propone en este punto de acuerdo, es cumplir con las metas comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo y específicamente con la conclusión de los proyectos estratégicos que el estado de Baja California Sur requiere para seguir consolidando su crecimiento y desarrollo.

Se ha dado cumplimiento puntual a los requerimientos que solicita la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de programas y proyectos de inversión y de proyectos de prestación de servicios, con el fin de lograr la obtención de recursos federales pero no es ello lo único que se requiere sino el apoyo y acuerdo de los compañeros y compañeras diputadas que en el seno de cada Comisión correspondiente, así como en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a lo cual estamos apelando atentamente.

Baja California Sur es una entidad con alta vocación turística y en este rubro su productividad es de las más altas en esta actividad económica del país. Por esta razón y para potenciar el desarrollo de la actividad, un proyecto estratégico es la continuación del Pabellón Cultural de la República, obra trascendental con la que, además de generar espacios de promoción e impulso a las actividades artísticas y culturales de alto nivel en los ámbitos nacional e internacional, se estará contribuyendo a los festejos por el bicentenario de la Independencia y Revolución Mexicana.

De igual manera, se está proponiendo la obtención de recursos para garantizar los recursos humanos necesarios y la operación del nuevo hospital general de especialidades de 120 camas Juan María de Salvatierra; así como para los recursos humanos y la operación de unidades de atención a la salud en lo general y en el ramo de especialidades.

En el rubro de carreteras, se solicita una importante dotación de recursos económicos pues los proyectos estratégicos presentados representan la oportunidad de crear, mejorar y modernizar las obras que necesita el estado para no quedar incomunicado en temporada de huracanes, y para agilizar las comunicaciones entre las comunidades rurales y las ciudades propiciando con ello continuar con su desa-rrollo económico.

Exhortamos a todos los grupos parlamentarios a voltear su atención a uno de los estados más leales de la federación y, a la vez, con mayor potencial de crecimiento, y solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el recurso económico que se apruebe para el año 2011 a Baja California Sur sea mucho mayor, y permita concretar las obras carreteras, de educación, cultura, turismo, deporte y salud, que son los sectores de punta para incentivar el crecimiento económico, el empleo y continuar con la integración económica y social.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, conforme los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a las Comisiones de Transportes, de Cultura y de Salud a aprobar los puntos de acuerdo anexos al presente y que corresponden a la solicitud de recursos económicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la realización de los proyectos estratégicos de obra pública del Gobierno de Baja California Sur.

Segundo: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos económicos que propone el estado de Baja California Sur mediante el anexo que acompaña al presente, para la realización de los proyectos estratégicos en los rubros de carreteras, salud y cultura para impulsar con ello la modernización y desa-rrollo del estado así como el bienestar social de sus habitantes.

Tercero: Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva turne a las comisiones respectivas para su dictaminación y, en su caso, aprobación, los puntos de acuerdo de proyectos anexos al presente y la publicación de los mismos en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010. — Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para diversos puentes en Coahuila, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentaron a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante el paso del huracán Alex en julio, fueron graves los daños ocasionados en tres entidades del norte de la República Mexicana: Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se enfrentaron a la pérdida de vidas humanas, de recursos materiales, daños económicos y miles de damnificados, lo cual vuelve incuantificable la necesidad de recursos para estos tres estados.

Para el caso particular de Coahuila, fueron gravemente afectados municipios ubicados en el tercer distrito federal: Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe, Sabinas, Monclova, Castaños, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárez. El gobierno del estado cuantificó daños por más de mil millones de pesos para el estado, así como, un total de 30 mil 784 viviendas afectadas.

Ante los desastres ocurridos por el fenómeno meteorológico de Alex, de manera inmediata los gobiernos municipales y el gobierno del estado se dispusieron a evaluar los daños y a brindar soluciones para miles de familias que se vieron afectadas, actuaron de manera inmediata en materia de coordinación con el Ejecutivo federal para resarcir los graves efectos ocasionados por este fenómeno meteorológico.

El sector de comunicaciones fue de los más severamente perjudicados al encontrarse los ríos con un exceso en su capacidad que ante el aumento de su cauce destruyeron puentes a su paso, dejando incomunicadas a decenas de ciudades y poblados al derrumbarse puentes, destruirse carreteras y caminos y colapsarse los servicios públicos.

Uno de los puentes afectados en su estructura es el que se encuentra en la carretera estatal que comunica a los municipios de Villa de Juárez y Progreso con Sabinas, y la presa Venustiano Carranza conocida también como “Don Martín”, afectando gravemente la comunicación y la economía de cientos de familias que dependen de la pesca en su mayoría.

Otro de los puentes severamente afectados fue el puente vehicular de Sacramento sobre la carretera número 30, ubicado en el municipio de Sacramento, Coahuila, a la altura del panteón municipal.

La carretera federal 57 permaneció cerrada por más de un mes debido a que el denominado Puente los Gemelos a la altura del municipio de Sabinas, se fracturó por la creciente del río del mismo nombre. Este puente federal que sirve para cruzar el rio sobre la carretera 57 que es columna vertebral de Coahuila y de México.

Esta vía federal es de suma importancia para el comercio interior, así como, de exportación e importación, y tiene un aforo de 5 mil vehículos diarios, aproximadamente, un gran número de ellos transporta, alimentos, autopartes, combustibles, metales, minerales y todo tipo de bienes para nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

El hundimiento de los dos cuerpos del puente los gemelos, ocurrió por la fuerza del Río Sabinas que supero la capacidad de su cauce aunado además al caudal del río Álamos, lo que ocasionó que las columnas en su parte sur se hundieran, provocando que el puente dejara de funcionar con la eficiencia necesaria para dar abasto al aforo vehicular de la carretera 57.

Lo anterior originó que la industria manufacturera de la región y las importaciones y exportaciones que usan esta carretera para el tráfico de mercancías requieran de utilizar otras vías con mayores costos económicos y de tiempo, ocasionando que la actividad económica regional y nacional se viera afectada drásticamente por la deficiente comunicación terrestre, dando como resultado paros técnicos, despidos y cierres definitivos y temporales de las pequeñas y medianas empresas que son generadoras de miles de empleos de la región y de la industria en general.

Hasta el momento los puentes gemelos no han podido ser restaurados, a pesar de que se predecía que en un par de semanas el problema sería resuelto, la circulación hacia los dos sentidos es deficiente y el peligro sigue latente, en un puente que esta siendo utilizado sin haber sido reparado correctamente.

En virtud de que a tres meses del paso del huracán Alex no se han concluido los trabajos para la reparación de los tres puentes antes mencionados es que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Sesolicita a la Comisión dePresupuesto y Cuenta Pública , se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la reparación de los “Puentes Gemelos” ubicados sobre la carretera 57 y que son los que cruzan el rio sabinas, en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila. Y se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se aceleren y se concluyan los trabajos de reparación de dichos puentes.

Segundo.Sesolicita a la Comisión dePresupuesto y Cuenta Pública , se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la reparación del puente ubicado en el municipio de Villa de Juárez que comunica a este con los municipios de Progreso con Sabinas y con la presa Venustiano Carranza conocida también como “Don Martín” de Coahuila.

Tercero.Sesolicita a la Comisión dePresupuesto y Cuenta Pública , se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la reparación del puente ubicado sobre la carretera número 30 en el municipio de Sacramento a la altura del panteón municipal ubicado en el estado de Coahuila.

Lo anterior en virtud de la importancia económica que tienen estos tres puentes para el país y en particular para el estado de Coahuila de Zaragoza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el sector salud en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, Presidente de la Comisión de Salud.— Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

He de agradecer su valiosa intervención para que, con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En virtud de que durante el 2010 entró en operación en Baja California Sur el nuevo edificio del hospital general de especialidades “Juan María de Salvatierra” construido con recursos federales y estatales, obra que se encuentra en el Plan Maestro de Infraestructura y cuenta con registro en cartera clave 03126110006 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el PEF 2010 se asignaron 88 millones de pesos para concluir esta magna obra que permite atender las necesidades de salud de alta especialidad de los habitantes de la población sudcaliforniana.

Es necesario obtener los recursos económicos suficientes que garanticen la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación para el funcionamiento de esta obra en beneficio de toda la población de Baja California Sur que en 2010 alcanzó los 579 mil 189 habitantes.

Igualmente, es necesario se asignen recursos económicos para garantizar la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación del hospital general de Cabo San Lucas, del hospital de la comunidad de Loreto, de las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, de Hemodiálisis, de Salud Mental, Capasits y CAPA de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Ciudad Constitución, Guerrero Negro, Santa Rosalía y Loreto.

Asimismo, se requiere asignación de recursos económicos para garantizar la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación del Centro de Salud de Servicios Ampliados de La Ribera, municipio de Los Cabos, el Laboratorio Coepris de Loreto, la Coordinación de Salud Pública de Loreto y el Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones.

Se requiere asignación presupuestal para la ejecución del modelo de gestión del Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra y la realización de los estudios preliminares y proyecto ejecutivo de la obra por sustitución del Centro Estatal de Oncología Rubén Cardoza Macías, en La Paz.

Lo anterior se encuentra dentro del Programa de Prioridades en Salud para Baja California Sur, pues contar con estos recursos hará posible ampliar la cobertura estatal y garantizar mejores servicios, oportunos y de calidad a todos los habitantes del estado.

Por lo anterior me permito someter a la consideración de la comisión que usted preside la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para garantizar la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación del nuevo Hospital General con Especialidades de 120 camas Juan María de Salvatierra de La Paz, Baja California Sur, hospitales generales, unidades de especialidades médicas, laboratorios, el Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones, la Coordinación de Salud Pública de Loreto, y para la ejecución del modelo de gestión del Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra y la realización de los estudios preliminares y proyecto ejecutivo de la obra por sustitución del Centro Estatal de Oncología Rubén Cardoza Macías, en La Paz, por un total de $246, 791,293.20 (246 millones 791 mil 293 pesos 20/100 MN) para ser aplicados como se describe en el anexo 1 de este punto de acuerdo.

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la zona metropolitana de Piedras Negras-Nava, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Nóe Garza Flores y Francisco Saracho Navarro, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años el crecimiento desmedido de las ciudades ha ocasionado que los límites territoriales, políticos y administrativos se encuentren superados por una realidad urbana totalmente diferente que implica un proceso de expansión física llamado metropolización.

En México este proceso de metropolización se ha dado en un contexto semejante al internacional, esto es, la concentración de la población por la necesidad de mejores condiciones y mayor calidad de vida, ya que estas zonas se vuelven atractivas por el acceso a: educación, recreación, trabajo, servicios de salud, entre otros. Creando un concepto de que en las zonas metropolitanas se encuentran marcadas por el progreso y el desarrollo.

En efecto las zonas metropolitanas se vuelven áreas de oportunidad para el progreso o en una verdadera problemática, esto dependerá de la capacidad de los gobiernos de dichas zonas y su eficacia en administrar y gobernar.

Un grave problema que han enfrentado las zonas metropolitanas es el crecimiento no planificado y desordenado, lo que ha generado problemas sociales como son la desigualdad, segregación social y territorial, inseguridad, escasez de agua, servicios deficientes y de mala calidad, contaminación, congestión vehicular, degradación del ambiente e ingobernabilidad.

En México los problemas metropolitanos son muy complejos, tanto en su funcionamiento como en su gestión, ya que al desbordar los límites de los municipios, su administración depende de varios gobiernos municipales con escasos recursos económicos y mecanismos de coordinación y planificación limitados.

La situación se torna más complicada cuando los límites se extienden sobre municipios pertenecientes a entidades federativas distintas, más aún, cuando los límites se encuentran en países diferentes. Por ello, las zonas metropolitanas enfrentan una gran fragmentación de instancias estatales y municipales de planeación y gestión para atender problemas comunes que no reconocen límites administrativos como explotación de fuentes de agua potable; evacuación de aguas negras; recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; control y prevención de la contaminación ambiental; mantenimiento de vialidades continuas; ordenación del transporte; e inseguridad, entre los más importantes.

Ante la falta de visión de muchos gobiernos las zonas metropolitanas implican un problema en su administración por la falta de planeación a corto, mediano y largo plazo, más difícil aún se convierte trabajar en materia de coordinación entre gobiernos en las zonas metropolitanas fronterizas.

Una de estas zonas metropolitanas que se encuentran en la frontera es la de Piedras Negras-Nava, la cual cuenta con una población aproximada de 169 mil 771 habitantes. Piedras Negras es una ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, se sitúa frente a Eagle Pass, Texas, a orillas del Río Bravo. Es una de las ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida en el país. Limita al norte con el municipio de Jiménez, al sur con el municipio de Nava, al oeste con el municipio de Zaragoza y al este con la ciudad de Eagle Pass.

En 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en Información y el Consejo Nacional de Población integraron un grupo de trabajo encargado de formular una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país, consolidándose la zona metropolitana de Piedras Negras, formada por los municipios de Piedras Negras y Nava, además Piedras Negras forma parte de la zona metropolitana fronteriza de Piedras Negras-Eagle Pass.

La zona metropolitana de Piedras Negras-Nava cuenta con grandes ventajas para su desarrollo al encontrarse ubicada en la frontera norte de México considerando sus características demográficas, sociales, económicas y geopolíticas. En buena medida, es receptora de una movilidad de la población del país que se ha vuelto estructural y que extiende sus contor­nos y dimensiones hacia Estados Unidos.

Pero también el contraste de su realidad ofrece alternativas económicas para sus residentes, pero que al mismo tiempo les imponen elevados costos, especialmente para la po­blación de menores ingresos y de reciente migración a la zona. La calidad de vida en la región, frente a otras ciudades del inte­rior del país, tiene algunas ventajas, pero también importantes lagunas sociales que a su modo cuestionan el modelo de desarro­llo fronterizo por la persistencia de desigualdades en aspectos básicos de la vida.

Ante la contrastante realidad en esta zona metropolitana fronteriza se vuelve necesario mejorar las condiciones en los servicios y sobre todo en la calidad de vida de los habitantes de nuestra zona metropolitana. Ya que actualmente por un lado, el intenso crecimiento económico de nuestras ciudades posibilitan altos niveles de empleo y relativamente mejores condiciones de ingreso para la población. Pero, del otro lado, especialmente para aquellos sectores de menores percepciones económicas, las condiciones del desa-rrollo fronterizo les imponen acceso limitado a muchos de los benefactores a los pudieran acceder.

Por una demanda justas de los habitantes de la zona metropolitana de Piedras Negras-Nava de equilibrar las condiciones de vida de muchos de los ciudadanos que actualmente residen en dicha zona metropolitana es que sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la zona metropolitana de Piedras Negras-Navay que sea considerada para recibir los beneficios del Fondo Metropolitano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén I. Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad Autónoma de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos para el ejercicio presupuestal de 2011 a la Universidad Autónoma de Chiapas, con el propósito de construir la ciudad universitaria y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país nos exige como legisladores altura de miras en el área educativa. Con beneplácito y muy especial interés por la relevancia para mi estado, en el tema que expondré a continuación. No cabe la menor duda de que requerimos enfoques que miren al país en el largo plazo. Es imperativo plantear el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, y con dificultad podremos avanzar en este sentido si no privilegiamos el presupuesto a tres áreas de relevancia: la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

En este tenor es de destacar que la sociedad actual del conocimiento está convirtiendo a las sociedades industriales en sociedades basadas en el conocimiento y la innovación; y como se ha expuesto en diversos foros, lo anterior implica invertir sustancialmente en estos ámbitos.

La educación superior es un área de inversión principal para el desarrollo del país, en virtud de la demanda que enfrentamos por la rápidamente creciente de generaciones jóvenes, más numerosas en la historia demográfica nacional.

Al respecto, se han logrado importantes avances. Sin embargo, al igual que en otras entidades del país, durante el proceso de selección de aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) nos encontramos con resultados preocupantes, dado que miles de jóvenes no pudieron obtener un lugar en la universidad pública.

Resaltamos que es preocupante por diversos motivos. Al no encontrar esos jóvenes, la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios implica, por una parte, un efecto regresivo en la utilización de los recursos públicos, toda vez que el Estado invirtió en la educación medía superior de los jóvenes egresados de las instituciones públicas de bachillerato.

En Chiapas, la cobertura en educación superior es de 14 por ciento, en tanto que a nivel nacional es superior a 29 por ciento. Con objeto de reducir esta brecha tan amplia, se plantea la construcción de la ciudad universitaria de la Unach, la cual ofrecerá servicios de excelencia y calidad académica, mediante la creación de espacios útiles, seguros y confortables, haciendo énfasis en no dispersar los recursos con pequeñas obras en diversas unidades académicas, sino concentrarlos en obras prioritarias de alto impacto económico y social para el Estado.

La Universidad Autónoma de Chiapas tiene como misión “ser una institución de educación superior, pública y autónoma, que genera, recrea y extiende el conocimiento; forma profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social; y comprende y anticipa la complejidad de la realidad social, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas y de México, respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente.”

“Es una institución reconocida socialmente por la calidad de sus egresados, por su actividad científica y tecnológica, y por la transparencia y credibilidad de su gestión. Con programas educativos acreditados y procesos certificados; innovadora y articulada en redes de cooperación, centrada en lo local e inspirada en el pensamiento universal, y estrechamente vinculada al desarrollo de la sociedad chiapaneca.”

De conformidad con el tercer informe de actividades de la gestión 2006-2010 de la propia institución, resaltamos lo siguiente:

“Para el semestre enero-junio de 2009, 3 mil 752 aspirantes buscaron ingresar a los distintos programas educativos de la universidad; 3 mil 85 fueron aceptados, de los cuales 54 por ciento son hombres y 46 por ciento mujeres, lo que significa 82.2 por ciento de aspirantes aceptados. Los aspirantes aceptados a la universidad se distribuyeron por área de conocimiento de la siguiente forma: 228 en ciencias agropecuarias, 575 en ciencias de la salud, 898 en ciencias administrativas, 272 en educación y humanidades, 641 en ingeniería y tecnología, 264 en ciencias sociales y 207 en ciencias naturales y exactas. De acuerdo con la región de cobertura de la Unach, las cifras de aspirantes aceptados son las siguientes: Tuxtla Gutiérrez, campus I: mil 109; campus II: 777; y campus VI: 287. San Cristóbal de las Casas, campus III: 189; Tapachula y Huehuetán, campus IV: 543; Villaflores, campus V: 71; Comitán, campus VIII: 85; y finalmente en Arriaga-Tonalá, campus IX: 24 aspirantes fueron aceptados. En el semestre agosto-diciembre de 2009 se presentó una demanda de 9 mil 630 solicitudes de ingreso, con 4 mil 623 aspirantes aceptados; del total de estos últimos, 2 mil 372 son hombres y 2 mil 251 son mujeres, quienes a su vez se distribuyen por área de conocimiento de esta manera: 421 en ciencias agropecuarias, 784 en ciencias de la salud, mil 522 en ciencias administrativas, 504 en educación y humanidades, 806 en ingeniería y tecnología, 501 en ciencias sociales y 85 en ciencias naturales y exactas.”

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con objeto de fortalecer la infraestructura de la Universidad Autónoma de Chiapas y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados considerar recursos para el ejercicio presupuestal de 2011 para la Universidad Autónoma de Chiapas, con el propósito de construir la ciudad universitaria y ampliar la cobertura de esta institución.

Notas:

1 ttp://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1&Contenido=60108

2 http://www.unach.mx/index.php?tipconten=2&idconten=2

3 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Pabellón Cultural de la República, en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Cultura.— Presente.

He de agradecer su valiosa intervención para que, con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En el municipio de Los Cabos la población foránea supera la población local nativa, conformando una sociedad multicultural, creándose una mezcla social que favorece la pérdida de identidad nacional, regional y local. Por ello, el gobierno del estado de Baja California Sur ha realizado un ambicioso proyecto en material cultural, pero también de interés turístico, dirigido a cultivar y reforzar los valores nacionales y nuestro orgullo.

El Pabellón Cultural de la República será una pieza arquitectónica emblemática del estado, del municipio y de la región.

La construcción el pabellón ha sido plantada en 2 etapas con una inversión estimada en 1 mil 618 millones de pesos. En lo que se refiere a la primera etapa de la obra, se realizó el proceso de licitación del 16 de junio al 14 de julio de 2009, misma que ha sido adjudicada y que tendrá un costo de 350 millones de pesos.

La ejecución del Pabellón Cultural de la República forma parte de los festejos conmemorativos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución y aprovecha el escaparate internacional que es hoy el destino de Cabo San Lucas.

El proyecto se ubica en el lote 8 de la marina de Cabo San Lucas, y tiene una superficie de 2.45 hectáreas. Se localiza en el corazón de la actividad náutica y turística, el predio es patrimonio del ayuntamiento de Los Cabos con un valor comercial superior a los 90 millones de pesos.

Para el ejercicio Fiscal 2011 se requiere una inversión de 80 millones de pesos que se destinarán a la mecánica teatral y museográfica del proyecto.

Por lo anterior, me permito solicitar a usted atentamente, su colaboración para que en el seno de la comisión que preside se pueda analizar y en su caso aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, al proyecto titulado “Pabellón Cultural de la República”, que se construye en Baja California Sur, por un monto de $80,000,000.00 (Ochenta Millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi consideración distinguida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las pinturas murales han sido una connotada expresión artística mexicana y orgullo del patrimonio artístico de nuestro país. Estas obras monumentales fueron creadas para el pueblo, en ellas se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana.

La riqueza del muralismo mexicano se fundamenta en la variedad de expresiones culturales, es por ello que la mayoría de los murales están estampados en las paredes de edificios públicos históricos, tal y como es el caso de las joyas realizadas por el pintor jalisciense José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Entre sus obras realizadas en el Palacio de Gobierno, en el Congreso del estado y la Universidad de Guadalajara encontramos El tapatío, El Hidalgo, Las religiones y La Cúpula Paraninfo.

Estas obras con el paso del tiempo han sufrido desperfectos, lo cual hace necesario implantar medidas adecuadas para su conservación y mantenerlas en óptimas condiciones. En 2008, en el marco del año del pintor jalisciense, salió a la luz la necesidad de restaurar los murales de Clemente Orozco, ya que éstos en particular presentaban notables deterioros, lo cual requería de la intervención de profesionales de la restauración y conservación de este tipo de obras artísticas.

Considerando que la conservación y la restauración de la pintura mural componen una verdadera disciplina especializada en el campo de la preservación del patrimonio, su trabajo requiere la aplicación de conocimientos especializados, capacitación, experiencia y responsabilidad, lo cual supone una extenuante labor para que los murales conserven su estética original.

La restauración tiene por objeto mejorar la interpretación de la forma y el contenido de las pinturas murales. La reintegración estética contribuye a disminuir la percepción visual del deterioro, y hace que estas joyas pictóricas recobren todo su esplendor.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que los murales que revisten valor estético relevante, como es el caso de los murales de José Clemente Orozco, deben ser conservados y restaurados por el Estado.

Como consecuencia de esa disposición legal, afortunadamente en el país el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura cuenta con el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble. Esta institución es la encargada de la restauración, conservación y protección de pinturas, esculturas, libros, planos, murales, muebles y otros objetos que constituyen el patrimonio artístico mueble de México.

Las actividades del Cenacrepam deben tener el soporte financiero necesario para el logro de sus objetivos, que no es otro que el de preservar el patrimonio cultural de la nación. Para ello se requiere que la Cámara de Diputados autorice una ampliación a los recursos destinados a los programas de restauración por un monto de 10 millones de pesos para que quede etiquetado en los proyectos de inversión para 2011, en el ramo educativo.

Para la restauración del mural de La conquista española, situado en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, Jalisco, se requirió un presupuesto inicial de 2 millones 184 mil 574 pesos. Por lo anterior, es necesario para emprender la tarea de restaurar los murales tanto del Palacio de Gobierno como del Congreso de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara. Se requerirá por lo menos cuatro veces de la inversión que se efectuó para el mural del Instituto Cabañas.

Las obras de restauración se realizarán con total arreglo a los criterios del cuidado y la conservación del patrimonio histórico, como la identificación, localización y reparación fisuras y decoloraciones que están afectando y degradando los murales por la producción de salitre y de humedad característico de las condiciones ambientales y climáticas de Guadalajara, Jalisco.

Por lo expuesto, se pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos etiquetados por la cantidad de 10 millones de pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a fin cumplir la restauración de los murales del pintor José Clemente Orozco situados en el Palacio de Gobierno, en el edificio del Congreso de Jalisco y en la Universidad de Guadalajara.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Ana Estela Durán Rico, Salvador Caro Cabrera, Joel González Díaz, David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos del ejercicio presupuestal 2011 para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados, el país nos exige como legisladores poner especial atención en materia educativa.

En coincidencia con lo que señala el Banco Mundial: “se trata de uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad y sienta las bases para un crecimiento económico sostenido.”

En opinión y asimismo en concordancia con lo que señala el Banco Interamericano de Desarrollo: “la educación es la clave del desarrollo y un requisito fundamental para lograr una verdadera igualdad de oportunidades”.

La educación en México, tiene importantes retos por alcanzar en los próximos años.

Como legisladores tenemos un deber primordial: atender las necesidades y peticiones de los mexicanos, que independientemente de a quien dirigieron su voto, nos eligieron como sus representantes para ser un puente entre la ciudadanía y las instituciones.

Ciertamente educar cuesta, pero cuesta más el no ampliar la oferta educativa pública a la población, las consecuencias de ver truncadas sus aspiraciones de formación profesional en los jóvenes llegan a ser muy graves.

La UNESCO afirma que “la educación abre caminos a todas las personas y las comunidades. Es una de las bases para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados en 2000, porque es esencial para dotar a los niños, jóvenes y adultos de los conocimientos y las competencias que les permiten tomar decisiones bien fundadas, mejorar su salud y nivel de vida, y lograr un medio ambiente más seguro y sostenible. Como señaló en 1996 el Informe Delors, la educación nos permite aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir. Dicho de otro modo, la educación nos da la posibilidad de alcanzar nuestro máximo potencial en tanto que seres humanos. La construcción de un mundo de paz, dignidad, justicia e igualdad depende de múltiples factores, entre los cuales la educación es sin duda uno de los más importantes”.

Como acontece en otros estados, durante el proceso de selección de aspirantes a ingresar esta institución, nos encontramos con resultados preocupantes, en virtud del número de aspirantes que no logran alcanzar un lugar en dicha universidad.

Es de resaltar que la misión de la universidad en comento es “formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, conocedores de la diversidad cultural y ambiental de la región y del país, comprometidos con la mejora continua y el desarrollo sustentable. Con un enfoque educativo centrado en el aprendizaje, la universidad desarrolla la investigación, la extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de la sociedad chiapaneca”.

Posee la siguiente oferta académica:

• Licenciatura en Ingeniería Ambiental

• Licenciatura en Alimentos

• Licenciatura en Nutrición

• Licenciatura en Cirugía Dental

• Licenciatura en Biología

• Licenciatura en Historia

• Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes

• Licenciatura en Desarrollo Humano

• Licenciatura en Arqueología

• Licencia en Música

• Licenciatura Psicología

• Licenciatura Ingeniería Geomática

• Licenciatura en Artes Visuales

• Licenciatura en Ingeniería Topográfica e Hidrología

• Licenciatura en Gastronomía

• Licenciatura en Jazz y Música Popular

• Licenciatura en Ciencias de la Tierra

• Especialidades, maestrías y doctorados

Además brinda educación continua, la cual tiene como objetivo desarrollar y operar los programas educativos de educación continua, abierta y a distancia, como una estrategia de vinculación con la sociedad. La finalidad básica del departamento es responder, con flexibilidad académica y factibilidad financiera, a las diferentes necesidades de formación para la vida de sus miembros.

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el objeto de fortalecer la infraestructura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados que se consideren recursos del ejercicio presupuestal 2011 a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo y ampliar su cobertura.

Notas:

1 Fuente: http://datos.bancomundial.org/tema/educacion

2 Fuente: http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/home.cfm?lang=es

3 Fuente: http://www.unesco.org/es/efa/the-efa-movement/10-things-to-know-about-efa/

4 Fuente: http://www.unicach.edu.mx/

5 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Par Vial de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Javier Martín Gil Ortiz Francisco, Presidente de la Comisión de Transportes.— Presente.

He de agradecer su valiosa intervención para que, con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

El proyecto del par vial de Cabo San Lucas, Baja California Sur, es la solución integral a la problemática de la saturación de la infraestructura urbana de la zona turística de este destino.

Dadas las características técnicas de la obra, se incorpora al proyecto la necesidad de modificar el aspecto estético de las vialidades favoreciendo la circulación peatonal del centro turístico.

Por ello, se requiere incorporar al proyecto la adecuación de las obras de cabeza que se han instalado en el área del mismo como son: acueducto de agua potable, emisores de aguas negras y alimentadores eléctricos.

Es necesaria la instalación de 42 hectáreas de electrificación subterránea.

Para la realización de este importante proyecto fue necesario incrementar la capacidad de los servicios para satisfacer las necesidades actuales del desarrollo turístico y su futura ampliación con un horizonte de 20 años.

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 al proyecto titulado “par vial de Cabo San Lucas”, que se construye en Los Cabos, Baja California Sur, por un monto de $100,000,000.00 (Cien Millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi consideración distinguida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para solucionar la problemática en Minatitlán, Veracruz, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Antonio Martínez Armengol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos por 6 millones de pesos para la realización de estudios para solucionar la problemática del muelle y el malecón en la zona del transbordador hasta la vialidad de la calle Francisco I. Madero concluyendo en la capitanía puerto de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La zona del malecón y embarcadero ubicado en la margen izquierda del río Coatzacoalcos, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, actualmente presenta problemas de hundimientos y deslizamientos del suelo y subsuelo que sustenta a un número considerable de habitaciones, las vialidades existentes, así como un muelle de embarcaciones pequeñas.

Es necesario generar una propuesta para dar solución a esta problemática, que da una muestra clara de la existencia de los daños antes mencionados, con la aparición de grietas superficiales en la vialidad adyacente al muelle y en el muelle mismo.

Este muelle sufre de fracturas a lo largo de la calle, por lo que se deduce que el fenómeno se desarrolla de manera dinámica, es decir lentamente y que no ha concluido su actividad, poniendo así en grave riesgo a la infraestructura existente, tanto catastral, como municipal y de la terminal fluvial.

Para que se pueda atender esta problemática se tiene que implementar un plan de trabajo dinámico consistente en los estudios básicos como son tendidos geoeléctricos y exploraciones directas de muestras alteradas e inalteradas en las áreas de mayor afectación.

Un estudio realizado en los meses de julio y agosto de 2007, reportó de manera indirecta las unidades geológicas del subsuelo y sus características geoeléctricas y geosísmicas desde la superficie, esto con la finalidad de determinar la estratigrafía y por consiguiente la composición de las capas, espesores, grado de compactación, fracturas y posibles fallas que se asocian a este método.

Es necesario también realizar estudios de sondeos directos y pozos a cielo abierto, para determinar los niveles piezométricos así como los gradientes hidráulicos correspondientes, derivado de los datos que arrojen los estudios de las exploraciones se podrá determinar el perfil estratigráfico de cada uno de los sondeos, además de que se podrá registrar la capacidad de carga con el número de golpes requerido en la prueba de penetración estándar y ensayos de laboratorio, considerando que en el 2008 y 2010 se tuvieron las inundaciones de mayor nivel en la historia del municipio.

Por eso es necesaria la realización de estudios ya que con el paso del tiempo el muro de contención del malecón de Minatitlán está por derrumbarse ya que es una avenida con alto flujo vehicular y sirve de arribo de los vehículos rurales para el abastecimiento de los comercios aledaños.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, recursos por 6 millones de pesos para la realización de estudios para solucionar la problemática del muelle y malecón en la zona del transbordador hasta la vialidad de la calle Francisco I. Madero concluyendo en la capitanía de puerto de la ciudad de Minatitlán, Veracruz; solicitando al Instituto Politécnico Nacional se encargue, con sus equipos especializados de alto nivel, de los estudios necesarios para determinar el grado de afectación existentes y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad Intercultural de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos del ejercicio presupuestal 2011 para la Universidad Intercultural de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados, es de reconocerse, las imprescindibles aportaciones que han hecho a nuestro país las universidades a lo largo del tiempo; la educación superior es un área de inversión principal para el desarrollo del país.

En este tenor, es de resaltar que se han logrado importantes avances en esta materia. Al inicio de la actual administración, sólo 24 por ciento de los jóvenes de 18 a 23 años podían ingresar a la universidad. Hoy, esa cobertura es superior al 29 por ciento. Lo anterior ha sido posible, porque se han creado 75 nuevas instituciones de educación superior, ampliado 33 planteles y puesto en marcha programas de educación superior abierta a distancia de la SEP y de la propia Universidad Nacional.

Son amplios los desafíos que presenta la educación superior en el presente y ante el porvenir inmediato, no cabe la menor duda de que precisamente en las aulas universitarias, ha sido, es y será el espacio donde se desarrolla y de-senvolverá gran parte de la investigación científica y tecnológica del país, su avance implicará necesariamente invertir sustancialmente en este sector.

De conformidad con el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, titulado “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud”, indica que el volumen de la población de 15 a 29 años creció de 1990 a 2009 de 23.9 a 28.1 millones; que conforme a las proyecciones, el volumen de la población joven seguirá aumentando hasta el año 2015 cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones

“Conforme la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 32.9 asisten a la escuela; este porcentaje es muy similar entre la población masculina y femenina, ya que 33.5 de cada 100 hombres asisten a algún centro de enseñanza escolar por 32.2 por ciento en las mujeres. Por entidad federativa, destacan Chihuahua (40.5 por ciento), Sonora (40.3) y Distrito Federal (39.9) con la mayor proporción de jóvenes que asiste a la escuela; en contraparte, se encuentran Guanajuato (26.1), Chiapas (27.7), Zacatecas (28.4) y Michoacán (29.1) con los menores porcentajes.”

El fortalecimiento presupuestal a la educación, será en pro del avance de nuestro país, la educación y la salud son y serán piedra angular para que México haga frente a los retos por alcanzar.

De conformidad a los datos que proporciona el Instituto de Estadística y Geografía, con base en el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, en el estado de Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, fue de 6.10.

Por otra parte, la población de 18 años y más con nivel profesional, al año 2005 era de 192,366 y la población de 18 años y más con posgrado, de 9,107.

De conformidad con el diagnóstico que presenta el Plan Puebla Panamá, la brecha de desigualdades entre las regiones centro-norte y del sur-sureste del país está determinada por los indicadores de marginación y del producto interno bruto per cápita.

“Las proyecciones del Consejo Nacional de Población para el Estado de Chiapas, señalan que los mayores incrementos se registrarán entre los jóvenes en edad de cursar el nivel superior, cuyo volumen máximo se espera alcanzar alrededor del año 2010, un 15.0 por ciento mayor que en el 2000. Estos porcentajes continuarán aumentando hasta el 2015, que se estima un 18.8 por ciento mayor que en el 2000.”

En virtud de lo anterior expuesto, resulta fundamental dirigir más recursos a la educación superior en el estado.

El decreto que establece la fundación de la Universidad Intercultural de Chiapas se publicó el miércoles 1 de diciembre del año 2004. En aquel entonces, se creaba la segunda Universidad con el modelo de enseñanza superior intercultural en el país. La primera de estas instituciones inaugurada en el país, fue la Universidad Intercultural del Estado de México en el año de 2003, en el municipio de San Felipe del Progreso, en tierra Mazahua. Por su parte, la universidad chiapaneca se situó en la región de Los Altos de Chiapas, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

“La Universidad Intercultural de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y descentralizada del Gobierno del Estado, orientada a la formación de profesionistas con una sólida formación interdisciplinaria, conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para el dialogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su compromiso social y representantes de la sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados en el modelo educativo intercultural que promueve procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento donde confluyan el saber científico y saberes tradicionales, donde el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura se orienta a la construcción de una sociedad abierta a la diversidad encaminada a mejorar la calidad de vida, comprometida con el desarrollo social y económico sostenible local, regional y nacional.”

Es de resaltar que, el modelo educativo intercultural, tiene en esta región condiciones básicas para consolidarse, la presencia pluricultural de las 12 lenguas originarias y sus variaciones, es un espacio para la concreción del eje de la lengua y la cultura.

La Cámara de Diputados, tiene en sus manos la gran oportunidad de seguir influyendo en el futuro de México, reforzar el gasto público que se invierte en la educación superior, representará apostar al desarrollo de la nación.

Por lo anterior expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el objeto de fortalecer la infraestructura de la Universidad Intercultural de Chiapas, presento ante esta Soberanía para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, para que se consideren recursos para el ejercicio presupuestal 2011, a la Universidad Intercultural de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo.

Notas:

1 Fuente: http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1&Contenido=60108

2 Fuente: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/.../estadisticas/.../juventud0.doc

3 Ídem.

4 Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bise/mexicocifras/default.aspx?ent=7

5 Idem.

6 Plan Institucional de Desarrollo 2008-2016 de la Universidad Intercultural de Chiapas, p. 8, http:// www.unich.edu.mx/pdf/pide.pdf

7 Ídem. Fuente: http://www.unich.edu.mx/index.php?option=com_ content&view=article&id=49&Itemid=56

8 Ibídem, p. 15.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se establezca el fondo de la Huasteca, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal Domingo Rodríguez Martell de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha determinado que en nuestro país existen 25 regiones indígenas, las cuales en su conjunto concentran alrededor de 8 millones de indígenas, es decir, aproximadamente el 77 por ciento de la población indígena a nivel nacional.

La región indígena se refiere a la idea de “región cultural”, cuyo objetivo tiene que ver con la finalidad de identificar aquellos elementos y procesos comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de México, a través de la caracterización de la diversidad etnolingüística y la distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional.

Una de estas regiones es la denominada Región Huasteca, la cual se constituye solamente por tres entidades: Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. La región de la Huasteca está conformada por 55 municipios con población mayoritariamente indígena, lo que significa en términos poblacionales más de 1.6 millones de habitantes asentados en la región, pertenecientes a los pueblos náhuatl, tenek, tepehua, pame y otomí, principalmente, es decir, en esta región vive el 16 por ciento de la población total indígena. Zona rica en recursos naturales, abundantes, con un gran potencial social y económico que no ha sido adecuadamente aprovechado.

Los municipios que conforman la región de la Huasteca tienen los mismos rezagos sociales y asimetrías como región, respecto al resto del país. En esta zona persisten los niveles más altos de marginación y pobreza, ejemplo de ello es la existencia de una tasa global de fecundidad de 4.5 hijos por mujer, mientras que la tasa de mortalidad infantil es de 49 menores muertos por cada 1 000 nacidos vivos. Aunado a lo anterior, se le suma la situación de migración que se presenta en los ayuntamientos, es decir, existen municipios expulsores de población equivalentes al 46 por ciento.

La mayor parte de las actividades económicas continúan siendo de baja productividad, en la región de la Huasteca predomina la ocupación en el sector primario, lo que significa que se emplea el 67.8 por ciento de la población indígena y el 54.4 por ciento de la población total. El segundo lugar corresponde a las actividades del sector terciario, en él se ocupa poco menos de la tercera parte de la población general y 19.6 por ciento de la población indígena. La revisión por tipo de municipio nos arroja niveles más altos de ocupación en el sector primario en los municipios indígenas, hasta 68.6 por ciento de la población indígena y 61.5 por ciento de la población total se emplea en el ramo productivo. Adicionalmente, se presentan los mayores problemas de gobernabilidad, que dicho sea de paso, representan riesgos para la seguridad nacional.

Sin lugar a duda, existe una competitividad económica limitada debido a los altos costos de producción como resultado de elevados costos de transporte, aunado con la ausencia de una infraestructura adecuada y una conectividad deficiente e ineficaz, tanto en la región como entre la misma y el resto del país.

De acuerdo con el índice de desarrollo humano, se establece que estas entidades federativas se ubican en los últimos lugares, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Ante tal situación, se propone la constitución del programa del Fondo de la Huasteca, un proyecto con una visión de desarrollo regional que se traduzca en un incremento de bienestar y que deberá expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos y sociales, con total apego a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los recursos económicos de que dispongan los estados y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por tanto, para impulsar el desarrollo regional de la huasteca se propone que el Fondo de la Huasteca se suscriba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2011, en el Ramo 23, con una bolsa de dos mil 600 millones de pesos que beneficie a Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, que se distribuirá de manera proporcional a cada una de las entidades tomando en cuenta el índice de desarrollo humano, el total de la población, la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio.

Los recursos en comento se podrán destinar al diseño de estudios, a la implementación y ejecución de programas y de proyectos, a acciones enfocadas al desarrollo regional que permitan consolidar los siguientes propósitos:

• Conseguir en el mediano plazo las medias nacionales de bienestar y de los indicadores de desarrollo humano, a fin de aumentar las capacidades y la calidad de vida, poniendo especial énfasis en los pueblos y comunidades indígenas, mujeres, jóvenes y niños.

• Acrecentar la infraestructura regional para reactivar la economía, a fin de generar mejores condiciones de vida en la población.

• Impulsar a la inversión productiva otorgando certidumbre tanto a lo privado como a lo social, para alcanzar tasas de crecimiento superiores a la media nacional, detonando la instauración de nuevos empleos, a fin de aumentar los ingresos familiares y comunitarios.

• Mejorar la capacidad de respuesta e interlocución de los gobiernos para consolidar el proceso democrático en la región, bajo principios del buen gobierno, estabilidad política y una mayor seguridad.

Sin lugar a dudas, con la constitución del Programa del Fondo de la región de la Huasteca en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región y se fortalecerá la infraestructura hidráulica, educativa, salud, turística, productiva, vivienda, entre otros.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se insta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a considerar la urgente necesidad de constituir el Fondo de la Huasteca, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, específicamente en el Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, conforme al anexo correspondiente, con el propósito de impulsar el desarrollo nacional de la Huasteca, a fin de beneficiar a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, y Veracruz., con una visión de desarrollo regional integral.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, establezca en el Ramo 23, una bolsa para el Fondo de la Huasteca de dos mil 600 millones de pesos para que beneficie a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Los recursos podrán destinarse a estudios y ejecución de programas y proyectos, y a acciones enfocadas a desarrollo regional. La distribución se realizará de manera proporcional a cada una de las entidades tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano, el total de la población, la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades, la pobreza de patrimonio, entre otros.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, legitimar la creación del Fondo de la Huasteca mediante su adición en un artículo transitorio en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de que sea de reconocido derecho la creación del Fondo de la Huasteca enfocado al desarrollo regional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputados: Domingo Rodríguez Martell, Sabino Bautista Concepción, Delia Guerrero Coronado, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para remodelar el auditorio municipal de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos para la remodelación del Auditorio Municipal del municipio de Tampico, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Son muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Debido a lo anterior es que resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear lugares turísticos y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello, representan uno de los factores indispensables para el desa-rrollo de la actividad turística productiva, a fin de crear una mayor conexión entre el turismo nacional y los ingresos monetarios.

El sector público juega un papel importante en la creación de infraestructura turística básica, pues ante la falta de recursos disponibles del sector privado se deben buscar alternativas para lograr la colaboración de los tres niveles de gobierno, de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo turístico.

Una de las principales características más relevantes para beneficio de la economía turística, es la modernización y remodelación de todos los espacios turísticos, pues una elevada proporción de centros con mayor concurrencia y mayor capacidad de los mismos necesitan de una mayor inversión para poder impulsar sus actividades principales.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión para la remodelación y modernización de servicios turísticos toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al turismo exterior, pues permite una mayor derrama económica de turistas provenientes primeramente de otros estados y de otras naciones.

Además, la inversión en infraestructura de los espacios turísticos y culturales estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo en diversas zonas del país.

No obstante, los espacios turísticos presentan varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su remodelación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país.

Actualmente el Auditorio Municipal del municipio de Tampico, Tamaulipas, requiere de una inversión a fin de que esa ciudad pueda seguir disponiendo del inmueble con la finalidad de utilizarlo para las actividades que normalmente se realizan, como culturales, deportivas y sociales, entre otras, resultando principalmente importante para todos los jóvenes el espacio necesario para la ocupación diaria de su tiempo libre, tomando en cuenta que este auditorio maneja clases de box, karate, gimnasia, voleibol, cachibol, zumba, lucha libre, judo, eventos artísticos y muchas actividades relacionadas con el deporte, ya que la ubicación de éste es ideal por el acceso de su avenida principal la cual es la columna vertebral de la ciudad de Tampico.

Dentro de los aspectos deportivos para los que es utilizado el Auditorio Municipal, resalta la función como centro de reunión para los adultos mayores, quienes han creado varios equipos de cachibol nacidos en este mismo recinto, lo que permite comprobar la importancia que tiene para toda la población en general el inmueble en comento.

Cabe resaltar que el mencionado auditorio es también trascendental y de suma importancia para la población de la ciudad de Tampico, ya que otra de las funciones que se le da es la de albergar a la ciudadanía que es perjudicada por las graves inundaciones en las colonias bajas de esa ciudad, teniendo en cuenta que este auditorio se encuentra situado en una zona cuya densidad habitacional es alta y reúne las condiciones necesarias y básicas para albergar a todas aquellas personas, e incluso familias enteras, ya que está construido en una de las zonas más altas de la ciudad.

En este sentido, se tiene conocimiento que el municipio de Tampico cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la remodelación del Auditorio Municipal el cual cuenta con una capacidad de 4 mil 500 espectadores, que brindaría atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquel municipio sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas dentro del sector turístico.

Dicho proyecto ejecutivo considera la remodelación del Auditorio Municipal con un costo aproximado de 3 millones 895 mil 148.00 pesos, motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella ciudad, considerando los elevados índices de trascendencia turística para las personas que se dedican al turismo.

Es en esta tesitura, y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo del turismo nacional, a fin de lograr un mayor ingreso de turistas que dejen una mayor derrama económica, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestros centros turísticos con objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la remodelación del Auditorio Municipal del municipio de Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un programa de apoyo para adquirir tierras destinadas a pueblos y comunidades indígenas del país, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Domingo Rodríguez Martell, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los pueblos indígenas en México se han visto privados de sus derechos humanos y libertades fundamentales ya que muchos de los problemas de los indígenas en materia de derechos humanos se deben a la privación histórica y persistente de sus derechos ancestrales sobre tierras y recursos naturales.

Hay que reconocer que los colonizadores españoles nos arrebataron las tierras apoyándose en la doctrina de terra nullius, ahora totalmente desacreditada, por ello, nosotros, los pueblos indígenas reclamamos nuestros territorios basándonos en el principio del título aborigen, concepto que ahora se ha desarrollado en el derecho internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Para los pueblos indígenas es fundamental la relación con la tierra, la naturaleza y con todo ser viviente. En algunos países el concepto de título aborigen es primordial para los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así sucede en partes de la Commonwealth británica, donde el uso y la ocupación exclusivos de tierras desde tiempo inmemorial dio lugar a un título aborigen. Cuando se reconoce ese título, los pueblos indígenas tienen por lo menos algún derecho legal que se puede afirmar en el ordenamiento jurídico interno.

En México, los núcleos agrarios con población indígena son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas, que representan el 21.9% de la superficie de la tierra nacional en manos de ejidos y comunidades, situación que ha sido reducida. Además, en el 22.9 por ciento de los núcleos agrarios del país existen, en diferente grado, sujetos agrarios indígenas.

En el artículo 27 Constitucional, fracción VII, se establece que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”. Y en el artículo 2º Constitucional, Apartado A, fracción VI, se ordena el derecho de los pueblos indígenas al “acceso, uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución”, derechos que, a fin de ser legítimos requieren contar con las instancias necesarias para su exigibilidad.

Sin embargo, estas normas no garantizan la salvaguarda el derecho a la tierra y territorios de los pueblos indígenas. Y de acuerdo con las recomendaciones del relator especial, los países deben de promulgar una “legislación, en el caso que no exista, con inclusión de medidas especiales, que reconozca, deslinde y proteja las tierras, territorios y recursos de las poblaciones indígenas de manera que les otorgue protección jurídica, derechos y una condición jurídica por lo menos iguales a los que se conceden a otras tierras, territorios y recursos del país” (recomendación 145, E/CN.4/Sub.2/2001/21).

Asimismo, recomienda a los gobiernos a renunciar oficialmente a las “doctrinas jurídicas y políticas discriminatorias, que privan de los derechos humanos o limitan los derechos sobre la tierra y los recursos indígenas”. En particular, deberían contemplar la posibilidad de adoptar “disposiciones jurídicas correctivas, modificaciones constitucionales o políticas correctivas” (recomendación 149, E/CN.4/Sub.2/2001/21)

En este contexto, se presenta la propuesta de crear una política correctiva que permita a los integrantes indígenas de algún pueblo o comunidad indígena salvaguardar el derecho al acceso a la tierra. Para ello, es urgente y necesario constituir el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de apoyar a las y los indígenas que no poseen tierras derivado de conflictos políticos, sociales o religiosos, así como, por cuestiones de hábitat en zonas de alto riesgo o por desastres naturales. Cabe mencionar que dicho programa estaría sujeto a las reglas de operación que en su momento defina por ley el Ejecutivo.

Este programa daría cumplimiento a una deuda de tantas que se tienen con los pueblos y comunidades indígenas, quienes han sido desplazados de sus tierras y territorios derivados del sistema de explotación colonial y por el liberalismo de la independencia, constituyendo regiones de refugio, donde permanecen enclaustrados (Aguirre Beltrán, 1992). Actualmente, muchos de las y los indígenas no cuentan con la oportunidad ni con el derecho a la tierra, por tanto, el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas garantizaría el acceso a la adquisición y compra de tierras para los y las indígenas que no tienen los medios económicos para adquirirlas.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se insta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, considere la urgente necesidad de constituir el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con el propósito de salvaguardar el derecho a la tierra de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones Unidas para el Campo y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública establecer en el Anexo 7, “Derogaciones para el Desarrollo Integral de la Población Indígena, y en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Tercero. Se exhorta a las Comisiones Unidas para el Campo el establecimiento de una bolsa para el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas de un mil 200 millones de pesos para que beneficie a los 62 pueblos indígenas de nuestro país. Los recursos podrán destinarse a los y las indígenas de acuerdo con las reglas de operación que se implanten para dicho programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para preparar a los mexicanos que participarán en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del grupo de trabajo de los Juegos Panamericanos de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que asigne una partida especial por 40 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para la preparación y fogueo previo de los deportistas mexicanos que participarán en los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Exposición de Motivos

1. VM Volkov y VP Fillin, estudiosos rusos del deporte, han descrito la concepción del deporte en los tiempos actuales. Al respecto han señalado como características de éste “el impetuoso crecimiento de los récords, una considerable intensificación de las cargas de entrenamiento y competición, una aguda lucha de rivales iguales en fuerza. Para lograr altos resultados deportivos, a veces se necesitan de ocho a diez años de prácticas intensivas”.Mencionan asimismo que para la consecución de dichas metas “con frecuencia el entrenamiento es acompañado por considerables sobrecargas sensoriales y fuertes sufrimientos emocionales, transcurriendo a menudo en el fondo de una intensa actividad intelectual. Todo ello dificulta la preparación de un deportista de categoría superior”.

2. En este sentido, el deporte de alto rendimiento es aquel orientado a obtener el máximo resultado deportivo absoluto, incluidas las marcas a escala internacional. En esta tendencia del movimiento deportivo está expresado con mayor plenitud el papel del deporte como actividad que hace superar los límites de las capacidades humanas.

3. En este orden de ideas, nuestro país prevé en su legislación y programas de desarrollo y operativos el apoyo al deporte de alto rendimiento. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece dentro de la estrategia 23.1 del objetivo 23, “Eje igualdad de oportunidades”, que “mediante el seguimiento de torneos y campeonatos locales y regionales se fortalecerá la identificación de los mejores deportistas. Se otorgarán becas para quienes deseen desarrollar a plenitud sus capacidades y competir en niveles de alto rendimiento, primero como aficionados y más tarde como profesionales. Se buscarán fuentes complementarias de financiamiento para la construcción y funcionamiento de centros de alto rendimiento por especialidad deportiva”.

4. Por otra parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte señala en el artículo 29, fracciones III, VI y XIV, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene como atribuciones, el proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte; asimismo, el establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales, y fijar criterios y verificar el cumplimiento de éstos, con la participación del Comité Olímpico Mexicano para la celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

5. La ley en comento dispone asimismo en la fracción XII del mismo artículo que la Conade está encargada de integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) el cual prevé un padrón de atletas de alto rendimiento y talentos deportivos. Por otra parte, el artículo 105 señala que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

6. En este orden de ideas, en el cumplimiento de la obligación republicana del análisis de la glosa del cuarto Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 29 de septiembre pasado, el titular de la Conade compareció ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados. Durante su exposición, el titular de la Conade señaló que los atletas beneficiados por el fideicomiso destinado a los atletas de alto rendimiento para 2010 son 174, con 108 millones de pesos, que apoya también a las categorías juveniles, a los que tienen una destacada actuación en las competencias internacionales juveniles y que se posicionan en los mejores 10 del mundo o en los primeros tres lugares del continente.

7. En este sentido, los diputados de la comisión y el titular de la Conade coincidieron en que es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos especiales para el fogueo de los deportistas mexicanos en las competencias previas a los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, estimándose que una asignación de 40 millones de pesos para dicho fin coadyuvará en que las selecciones nacionales deportivas lleguen en las mejores condiciones competitivas.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que asigne una partida especial por 40 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para la preparación y fogueo previo de los deportistas mexicanos que participarán en los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Notas:

1 http://www.deportes.unam.mx/pdf/progra/progra5_resumen.pdf

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— El grupo de trabajo de los Juegos Panamericanos de la Comisión de Juventud y Deporte, diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), coordinador; Diego Guerrero Rubio, Juan Carlos Natale López (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incorpore un anexo con los recursos que las dependencias o las entidades de la administración pública federal ejercerán para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, diputadas federales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La sociedad civil se ha venido organizando en México desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos, salud, seguridad pública, entre otros.

En un régimen democrático como en el que vivimos, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.

Sin embargo la sociedad civil organizada en México ha tenido un lento desarrollo. Según el estudio de la Universidad Johns Hopkins (JHU) que incluye a 36 países, desa-rrollados y no desarrollados de América Latina, Europa y África, la sociedad civil en México presenta las siguientes características:

• La proporción de la población económicamente activa (PEA) que participa en la sociedad civil:

Únicamente el 0.4 por ciento de la PEA es parte de la fuerza laboral del sector no lucrativo. El promedio para los paí-ses en vías de desarrollo fue de 1.9 por ciento, es decir, cinco veces mayor que en México. Esto coloca a México en el último lugar del grupo de países estudiados.

• El financiamiento al sector:

Filantropía: Menos del 7 por ciento de apoyo al sector viene de donaciones privadas: estos donativos constituyen el 0.04 por ciento del PIB, colocando a México en último lugar del grupo estudiado.

Gobierno: De la ayuda total al sector solamente un 8.5 por ciento proviene de fondos gubernamentales. México ocupó el lugar 30 en este rubro y el último lugar entre los países latinoamericanos.

Cuotas: El rubro que más contribuye al financiamiento del sector es el de las cuotas por prestación de servicios, con un 85 por ciento del financiamiento total. En esta comparación, México se colocó en segundo lugar a nivel internacional. Sin embargo, es lamentable que el marco fiscal actual no dé certeza jurídica a estas actividades.

Con los datos presentados, no resulta sorprendente el bajo nivel de organización de la sociedad civil en México. Mientras que Chile tiene 106 mil organizaciones para una población de casi 17 millones de habitantes, es decir una densidad institucional de 64 organizaciones para cada 10 mil personas; en México, según estimaciones del Centro Mexicano para la Filantropía hablan de la existencia de hasta 19,428 organizaciones de la sociedad civil en México. Es decir que, aún en las estimaciones más optimistas, la cantidad de organizaciones por cada 10 mil habitantes es de 1.7, cantidad que es por mucho menor al de otros países como Argentina, Brasil o Chile. Además, el número de donatarias autorizadas para el 2010 es de 6 mil 270 organizaciones.

Ante esto se ha hecho imperativo desarrollar políticas de fomento que promuevan un mayor asociacionismo entre los mexicanos. De tal suerte con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004, se establece en su artículo 13 que las dependencias y las entidades de la administración pública federal podrán fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil a través del otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan.

De acuerdo a los Informes Anuales de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2007 y 2008, el monto de los apoyos y estímulos económicos otorgados a las organizaciones fue de 2 mil 201 millones 282 mil 340 pesos y de 4 mil 670 millones 676 mil 739 pesos, respectivamente.

En el Informe Anual de 2008 al 27 de febrero de 2009 se contabilizó un total de 87 informes recibidos del mismo número de Entidades y Unidades Responsables pertenecientes a 15 Dependencias, la Procuraduría General de la República, 1 Organismo Autónomo y 4 Descentralizados, que realizaron acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las OSC durante el ejercicio fiscal 2008. Asimismo, se reportaron 58 programas y 106 acciones de fomento, que incluyen apoyos económicos, en especie, capacitación, asesoría, difusión, concertación y coordinación, servicios, entre otros.

Para el Informe Anual de Dependencias y Entidades 2009 al 26 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil recibió 82 informes recibidos del mismo número de Entidades y Unidades Responsables pertenecientes a 15 dependencias, la Procuraduría General de la República, 1 organismo autónomo y 5 descentralizados, que realizaron acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las OSC durante el ejercicio fiscal 2009. Asimismo, se reportaron 50 programas y 118 acciones de fomento. El monto de los apoyos y estímulos económicos otorgados a las 3 mil 229 organizaciones en 2009 fue de 3 mil 199 millones 205 mil 283 pesos.

De acuerdo al Índice CIVICUS de la Sociedad Civil en México, presentado el pasado 12 de agosto, se señala que la segunda fuente de ingresos para las organizaciones civiles son las provenientes de recursos que otorga el gobierno, representando el 22 por ciento contra el 23 por ciento que generan por el concepto de servicios.

Por lo anterior, se considera conveniente contar con mecanismos claros para detectar y dar seguimiento puntual a los recursos dirigidos al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de carácter ciudadano, y los que se dirigen a organizaciones que funcionan como agentes colaboradores del gobierno.

Uno de esos mecanismos es la inclusión de un anexo específico en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 para los recursos destinados al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que permitiría conocer con certeza los montos que cada una de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal ejercen en la materia, y darles seguimiento para una mejor transparencia en su aplicación.

Compañeras y compañeros legisladores, lograr la incorporación del anexo que se propone, derivaría en diversos beneficios, entre los que podemos mencionar:

a) Potenciar el impacto de los recursos públicos destinados al desarrollo social y el combate a la pobreza,

b) Promover la participación ciudadana y la reivindicación de derechos fundamentales,

c) Atender a población en situación de vulnerabilidad, la cual de otra forma difícilmente podría acceder a una mejor calidad de vida; así como visibilizar problemáticas que de otra manera pasarían desapercibidas,

d) Generar un marco de confianza y cooperación que favorezca la cohesión e inclusión social,

e) Impulsar la continuidad de los esfuerzos ciudadanos que contribuyen al bienestar público, con autonomía de vaivenes políticos.

Por lo expuesto, las suscritas diputadas, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incorpore un anexo con los recursos que ejercerán las dependencias o entidades de la administración pública federal para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, establecidas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Notas:

1 Ignacio Irarrázaval, Hielen M. H. Hairel et al. “Comparative Nonprofit Sector Project: Chile”. Johns Hopkins Univesity/ PNUD/Focus, 2006, en: http://www.jhu.edu/cnp/PDF/Chile_english.pdf (consultado el 20 de abril de 2009).

2 Administración General Jurídica del SAT

3 http: //www. corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/ Informe% 20Anual%20Dep %202008%20CUENTA %20 PUBLICA.pdf

4 http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/informe% 202009FINAL.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputadas: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Marcela Torres Peimbert, Laura Elena Estrada Rodríguez, María Joann Novoa Mossberger, Rosi Orozco, María de Lourdes Reynoso Femat, Tomasa Vives Preciado, María Yolanda Valencia Vales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el plantel José Revueltas Sánchez, en Venustiano Carranza, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El Instituto de Educación Media Superior del DF (IEMS), surge en el año 2000, en respuesta a la necesidad de proporcionar educación a jóvenes de escasos recursos, a quienes tal circunstancia el sistema educativo tradicional les resulta excluyente; población que, además vive en un ambiente adverso que en sí mismo niega a la educación como una vía de superación personal.

De esta manera, las preparatorias del DF tanto en su concepción socio pedagógica, como en su diseño inmobiliario, representan la incidencia de políticas afirmativas a favor de los jóvenes del Distrito Federal, brindando espacios dónde aún es posible la construcción de un futuro distinto a la reproducción de su situación de violencia y exclusión; pero además inciden directamente en el entorno urbano, se han convertido en un espacio de referencia en cada colonia donde se asientan.

En el entendido de que estuvieran construidos en la demarcación del DF, actualmente son 18 planteles con los que se cuenta. De los cuales 16 se encuentran asentados en forma definitiva, mientras que los planteles Iztapalapa III y Venustiano Carranza en sedes provisionales.

A través de estos se atiende a población vulnerable y menos favorecida, este modelo educativo es no sólo un área de oportunidad que brinda servicio de asesorías personalizadas para los estudiantes, así como el espacio de atención grupal (como máximo 30 estudiantes por grupo), sino que además representa el único esfuerzo educativo a nivel medio superior emprendido por las autoridades locales en más de 30 años.

La educación que se proporciona es oportuna y de calidad, basada en un trabajo interdisciplinario que se realiza entre las academias.

No obstante, a poco más de diez años de iniciados sus trabajos, empiezan a sentirse algunos efectos de abandono y falta de compromiso que es urgente superar antes de que la indiferencia y falta de sensibilidad terminen por lesionar seriamente un proyecto que aun tiene largo trecho para madurar.

El mayor ejemplo de lo anterior es la situación que vive la preparatoria José Revueltas Sánchez, que a esta fecha carece de las instalaciones propicias para sus actividades: profesores y estudiantes trabajan en aulas y cubículos provisionales ubicados en el estacionamiento de la delegación Venustiano Carranza.

La construcción del plantel hasta el momento sigue en incertidumbre, más de tres años en instalaciones provisionales impiden que las actividades de formación académica se lleven a cabo de forma normal, ya que no se cuenta con un espacio de biblioteca, laboratorios, espacios de estudio y esparcimiento como en los demás planteles.

Cabe mencionar que ya se ha graduado una primera generación de estudiantes, que en su momento estuvieron inconformes por el espacio, manifestando la situación ante diversas instancias y cuyas peticiones no fueron atendidas al igual que ahora. Se sigue demandando la construcción de un plantel digno para una comunidad digna como lo es la población estudiantil de educación media superior de la delegación Venustiano Carranza.

Las necesidades de construcción del plantel son imperiosas ya que la población estudiantil que comprende la delegación Venustiano Carranza se encuentra en situación de vulnerabilidad y riesgo, siendo que uno de cada tres jóvenes entre los 15 y los 19 años se encuentra en situación privativa de la libertad. Cabe mencionar que algunos de los estudiantes que estuvieron inscritos en este plantel, actualmente se encuentran en esta condición, como muchos otros que por la falta de espacios adecuados han abandonado sus estudios y se van ante la promesa de contar con instalaciones dignas. Otro problema substancial es que en épocas de verano e invernales se padece mucho respecto al clima siendo que es imposible mantenerse más de dos horas continuas dentro de las aulas, así como la falta de espacios adecuados para efectuar el trabajo de formación académica para el que fueron diseñados estos planteles ha mermado el desarrollo de los estudiantes.

Análisis de la población Venustiano Carranza

En la delegación Venustiano Carranza se encuentra una población de 36 mil 742 jóvenes de 15-9 años de edad, repartiéndose en mayor proporción en el sexo masculino. También se encuentra una población de 37 mil 39 jóvenes adultos 20-24 años la cual se atiende en menor porcentaje, sin embargo es la población a la que se necesita darle solución al problema de la educación media superior.

Población total por sexo y grupo de edad en la delegación Venustiano Carranza

Fuente: Inegi

En contraste sólo en 18 escuelas se estudia el nivel medio superior de las cuales sólo cinco son públicas, una pertenece a la UNAM (preparatoria 7) y otra al IPN (vocacional 14) dos Conalep y un Colegio de Bachilleres. Estas escuelas públicas y privadas atienden en el bachillerato una población de 15,101 estudiantes, cuando en secundaria se atienden 24,569 estudiantes, quedando fuera el 38.5 por ciento de la población, lo cual hace difícil acceder a la educación media superior en esta demarcación.

Alumnos inscritos, personal docente y escuelas, según nivel educativo (Ciclo escolar 2004/2005)

Fuente: Inegi

Es importante destacar que a la inauguración de esta nueva preparatoria asistieron los siguientes funcionarios: Axel Dridikson, anterior secretario de Educación del DF; así como el entonces delegado en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, hoy diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicha apertura se mencionó que la construcción del plantel sería en 8 meses, y hasta el momento han pasado más de tres años y no existe la certeza o noticia alguna sobre la colocación de la primera piedra.

Los padres de familia, estudiantes, DTI (docentes, tutores e investigadores), personal administrativo, se han dado a la tarea de realizar diferentes gestiones para solicitar la construcción del plantel. Por ejemplo, cartas dirigidas al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, sobre la causa del por qué, hasta la fecha no se tiene información sobre la construcción del plantel, dado que una de sus promesas de campaña para la jefatura de gobierno fue la construcción de cinco nuevas preparatorias, entre estas se encuentra el plantel Venustiano Carranza, que hasta el momento no se ha concretado, cabe destacar que dichas misivas se encuentran sustentadas por firmas de padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, se ha solicitado la presencia de las autoridades del IEMS, para que se informara sobre la construcción del plantel, al anterior director general del IEMS, Juventino Rodríguez y ahora al actual director doctor José de Jesús Bazán Levy.

Se han realizado manifestaciones de los padres de familia, estudiantes docentes, en protesta por la construcción de la preparatoria; lo que llevó a que después de ello se realizaran mesas de dialogo con el licenciado Héctor Serrano, director de Programas Delegacionales en Venustiano Carranza y de esto se obtuvo certificado de uso de suelo para la construcción del plantel.

Se ha dado seguimiento en entrevistas a estudiantes y docentes por diversos medios de comunicación (televisión y prensa escrita).

Cabe destacar que el Foro Educativo del SUTIEMS, "A 10 años de la Creación del SUTIEMS del Distrito Federal, Retos y Perspectivas", apoyado por un servidor y realizado en esta honorable Cámara de Diputados, los días 20 y 21 de septiembre del año en curso, se abrió un canal para que el punto de la construcción del plantel Venustiano Carranza llegue al pleno del Congreso de la Unión y sea discutido para su aprobación.

Todo lo anterior muestra que la construcción del plantel para la preparatoria "José Revueltas Sánchez", es uno de los grandes pendientes de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la secretaría de Educación del DF y de las autoridades delegacionales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía LXI Legislatura honorable Cámara de Diputados, integrantes de distintos grupos parlamentarios, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se incorpore una partida específica para la construcción del plantel "José Revueltas Sánchez" ubicado en la delegación Venustiano Carranza y se termine con la historia de inobservancia y falta de compromiso hacia la comunidad estudiantil, académica, docente y administrativa de dicha institución.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para impulsar el Programa Integral de Desarrollo Regional de las Mixtecas, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes

Considerandos

La región Mixteca de México abarca los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca, está integrada por 260 municipios, en donde habitan poco más de 2.5 millones de personas, de las cuales 78 por ciento se dedica a actividades agropecuarias y artesanales, siendo su principal fuente de riqueza. Es una zona con clima cálido subhúmedo con lluvias en verano clasificado como trópico seco.

De las entidades que integran la región de la Mixteca, el estado de Oaxaca es el que cuenta con un mayor número de municipios con 155, le siguen Puebla con 79, Guerrero con 20 y finalmente Morelos con 6. El total de comunidades de la región es de más de 10 mil comunidades.

Las Mixtecas que comprenden alrededor de 40,000 km2, tienen como principales problemas que el 60 por ciento de la población económicamente activa emigra por falta de fuentes de empleo, ausencia de servicios públicos básicos y no cuentan con una vivienda digna.

La economía de la región tiene una gran dependencia de las remesas que envían los migrantes desde los Estados Unidos. Pero se ve amenazada por la política migratoria de este país con iniciativas como la Ley Arizona.

Las limitaciones ambientales son la baja precipitación y escasa disponibilidad de agua en el subsuelo; alto índice de erosión del suelo con pérdidas superiores a 2,500 kg de tierra fértil por hectárea al año; insuficientes obras de conservación del suelo y agua; contaminación de ríos y barrancas con aguas residuales; baja tecnificación de los procesos productivos (500 kg de maíz/ha); pastoreo extensivo, pobreza y marginación y bajo nivel de escolaridad combinado con alto analfabetismo.

La climatología mixta que presenta la región incrementa la relevancia de contar con un programa integral ya que si se consideran las hectáreas de trópico seco, que son alrededor de 21 millones, que representan el 12 por ciento del territorio nacional, las cuales, si son sumadas a las ubicadas en el trópico húmedo, la extensión llega a ser superior 25 por ciento del total nacional.

El desarrollo regional es una de las mejores estrategias, porque delimita eficientemente los problemas y puede, en un territorio direccionar los apoyos más adecuadamente.

El programa de trópico húmedo es una muestra clara de que los apoyos a programas regiones son la mejor alternativa para atender las necesidades más sensibles de la población, dicho programa se aplica en 9 entidades del país de la zona sur-sureste. A través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se asignan recursos para la implementación de este programa. Las líneas de atención se conforman por activos productivos, el programa de soporte y la inducción al financiamiento.

Por su parte el programa de semidesierto, en donde se otorgan recursos a entidades del norte del país que presentan problemas de escasez de agua, es otro ejemplo del impacto positivo que generan los programas regionales, en el caso de esta acción, se fomenta la infraestructura y el apoyo a problemas de escasez del vital líquido, al igual que el de trópico húmedo, en el PEF se destinan recursos para dicho fin.

En este sentido, el Programa para el Desarrollo Regional de las Mixtecas, es una propuesta integral, que incluye elementos de infraestructura, capacitación y apoyos económicos para las familias de la región, por lo cual, es pertinente considerarlo en el conjunto de estrategias regionales que ya hemos mencionado.

Cabe mencionar que la estrategia regional que se propone tiene como directrices principales

• Otorgar apoyos para el aprovechamiento del agua.

• Impulsar la autoproducción familiar alimentaria.

• Fomentar la capacitación y la asesoría técnica.

• Desarrollo de cadenas productivas y de suministro.

Durante los últimos 15 años, en esta región, se han impulsado diversos programas, tales como el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (Pesa-FAO-Sagarpa) y el Programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y el Agua (Coussa).

Estos programas han tenido un gran impacto porque atienden las necesidades para tener una vida digna, ya que por un lado apoyan el abastecimiento de agua y, por otra, la producción agropecuaria en pequeños espacios tecnificados para la seguridad alimentaria.

Experiencias obtenidas en el estado de Puebla, señalan que el desarrollo regional empieza con el abasto de agua a través de diferentes obras de retención y almacenamiento de la lluvia, en un esquema integral de manejo de cuencas.

Así, es posible que con diversas obras y represas se pueda atender la necesidad de agua a comunidades, ganadería, fauna silvestre, pequeñas áreas de riego, producción en invernaderos, proyectos ecoturísticos y producción acuícola. Ejemplos de éxito se encuentran en San Juan Sacabasco, Tlacotepec de Benito Juárez; San José Álamo, San Pedro Yeloixtlahuacan y el Platanar Coetzala en el estado de Puebla.

Así también para revertir la pobreza, se ha desarrollado la captación de la lluvia en los techos de las casas y el establecimiento de huertos y granjas familiares.

Para el desarrollo ganadero se ha promovido el establecimiento de praderas, el mejoramiento genético en centros de servicios, además de apoyar el abasto del agua.

Los cultivos de mayor potencial para esta región son el ajonjolí, cacahuate, jamaica, sorgo, pitaya de mayo, papaya maradol, aguacate, bambú, limón, agave, guaje, nopal, plantas aromáticas y medicinales y, recientemente, la producción biocombustibles a partir de la caña de azúcar y jatropha están adquiriendo gran relevancia. La producción de jatropha representa una gran oportunidad de capitalización del campo en esta región.

La acuacultura es una actividad con potencial, especialmente, con tilapia, langostino y bagre. Recientemente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha obtenido el método de reproducción del bagre del río Balsas, nativo de la Mixteca. Esto permitirá repoblar los ríos en beneficio de las comunidades ribereñas e impulsar la cría y engorda en granjas acuícolas.

El ecoturismo y la ganadería diversificada a base de venado de cola blanca, jabalí, paloma y conejo tienen un campo muy grande para su desarrollo.

De la misma forma, las vías de comunicación, caminos, carreteras y puentes; el desarrollo de infraestructura médica, educativa y de servicios públicos requiere un fortalecimiento sustantivo para el desarrollo de la región.

Esta iniciativa se ha conjuntado por los diputados de la región en el Programa Regional Integral de las Mixtecas.

Esta propuesta, consiste en apoyar acciones y proyectos que ya se han aplicado con éxito, pero que se requiere detonar para promover el desarrollo económico y social en una región altamente expulsora de mano de obra hacia Estados Unidos.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011, se considere una partida de 1,500 millones destinada al fomento productivo del Trópico Seco en condiciones semejantes al Trópico Húmedo y el Semidesierto, para impulsar el Programa Integral de Desarrollo Regional de las Mixtecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el programa Hábitat, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Gloria Trinidad Luna Ruiz, Sergio Octavio Germán Olivares, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Carlos Meillón Johnston, Jesús Giles Sánchez, Alba Leonila Méndez Herrera, Enrique Torres Delgado, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Laura Margarita Suárez González de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social a destinar mayores recursos al Programa Hábitat del ramo 20, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, sobre la base las siguientes

Consideraciones

En los últimos años la pobreza ha crecido en nuestro país, producto del incremento de los precios internacionales de los alimentos y de la reciente crisis económica generada en el ámbito externo. Ello implicó que grandes grupos de nuestra población, particularmente aquellos que habitan zonas rurales y urbanas marginadas, enfrenten hoy condiciones de vida muy difíciles.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2008, 50.6 millones de mexicanos vivían en pobreza de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público, aun si dedicaran la totalidad de los recursos económicos del hogar a ese propósito.

Dicho consejo estimó que en 2008 el 39.8 por ciento de los habitantes localizados en ámbitos urbanos, esto es, alrededor de 27.2 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza patrimonial.

Las personas en situación de pobreza se encuentran segregadas espacial, social y económicamente, en zonas con instalaciones precarias y de escaso valor en el mercado urbano. Estas condiciones, al limitar el acceso de los pobres a las oportunidades que ofrecen las ciudades, genera barreras a la movilidad de las personas, propicia su aislamiento y favorece la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Por otro lado, los hogares pobres han tendido a asentarse en zonas que no son apropiadas para el uso residencial, como son las áreas inundables, contaminadas, contiguas a ríos o de topografía muy difícil, lo que se traduce en vulnerabilidades frente a las amenazas de origen natural.

El Programa Hábitat actúa en ciudades y zonas metropolitanas, con al menos 15 mil habitantes, que integran el Sistema Urbano Nacional. En este ámbito, se han identificado 296,043 manzanas con altos niveles de pobreza y rezagos en infraestructura y servicios básicos, en los que residen los integrantes de 6.7 millones de hogares.

Dentro de este universo de manzanas, se han identificado las zonas con mayor concentración de hogares en situación de pobreza, que se denominan Polígonos Hábitat. De los hogares que conforman los Polígonos Hábitat, el 35.2 por ciento no disponía de agua en la vivienda, el 4.9 por ciento carecía de drenaje y el 0.9 por ciento no contaba con electricidad.

La mayoría de las ciudades en que se ubican estos Polígonos Hábitat no dispone de sistemas de tratamiento de las aguas residuales y realiza la disposición de buena parte de los desechos en tiraderos a cielo abierto.

Por ello, el programa articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del gobierno federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.

El programa apoya, mediante subsidios federales, diversas obras y acciones que fortalecen y mejoran la infraestructura urbana básica, la organización y participación social, y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, en zonas urbanas marginadas con alta concentración de hogares en situación de pobreza patrimonial.

Las capacidades y potencial del programa se complementan con recursos de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de los beneficiarios.

Así, para 2010, esta Cámara autorizó a este programa un presupuesto de 3,719.8 millones de pesos, que se complementará con una aportación similar de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los propios beneficiarios. Con dichos recursos se busca atender 1,271 polígonos y apoyar a 1.8 millones de hogares, mediante la puesta en marcha de 11,275 proyectos.

Sin embargo, la magnitud de la pobreza urbana requiere de una mayor atención, de ahí que resulta imprescindible fortalecer las acciones y programas de gobierno para combatir la pobreza urbana de nuestras ciudades. Por ello, la importancia de fortalecer al programa Hábitat, a efecto de que pueda ampliar su cobertura y acciones que contribuyan a la superación pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados, a destinar mayores recursos al Programa Hábitat del ramo 20, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a fin de que pueda ampliar su cobertura y acciones de combate a la pobreza urbana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Sergio Octavio Germán Olivares, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruíz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y modernizar carreteras, carreteras alimentadoras estatales, conservar carreteras federales y estatales, y construir puentes de infraestructura vial y caminos saca cosechas a través del programa de empleo temporal en Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 18 de agosto de este 2010 de julio, se realizó el Foro Centro-Norte de la Comisión de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Diputados con la presencia de la mayoría de los diputados y el subsecretario de Infraestructura Carretera de la SCT, ingeniero Óscar de Buen Richkarday, asistieron también el representante del director de la Junta Estatal de Zacatecas, el delegado de la SCT en el estado de Zacatecas y todos los delegados de la SCT de los estados del Centro Norte del país , ahí se presento la propuesta conjunta por parte del Gobierno del Estado y del delegado de la SCT de Zacatecas, a todos los diputados, una propuesta por 2 mil 400 millones de pesos; para construcción y modernización de carreteras, construcción de carreteras alimentadoras, conservación de carreteras federales y estatales, así como construcción de puentes de infraestructura vial (PIV), caminos rurales, y propuestas de empleo temporal, para lo cual hoy ponemos a consideración de esta soberanía , de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Transporte, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se apruebe este punto de acuerdo y se aprueben recursos para las siguientes obras que hoy ponemos a su consideración y aprobación;

Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Infraestructura Carretera y Transportes , a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a esta soberanía de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, para que se apruebe el presente punto de acuerdo y se aprueben recursos por 2 mil 400 millones de pesos para construcción y modernización de carreteras, carreteras alimentadoras estatales, conservación de carreteras federales y estatales, construcción de puentes de infraestructura vial y caminos saca cosechas a través de empleo temporal , para el estado de Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine un porcentaje del monto del programa Oportunidades al Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes

Considerandos

Organismos internacionales han venido señalando que se avecina una crisis mundial alimentaria, debido a que las regiones productores de granos han estado padeciendo sequías. Recientemente Australia y Rusia han enfrentado este problema. Las reservas de granos en los Estados Unidos están en sus niveles más bajos y se estima actualmente una reducción del 19 por ciento en la producción de maíz para la cosecha primavera-verano 2010.

Rusia ha establecido prohibición de exportaciones de trigo, ya que tiene problemas para realizar la siembra otoño invierno y la sequía amenaza seriamente a Sudamérica.

Una disminución de 7 por ciento en los inventarios de maíz en Estados Unidos representa el incremento del 50 por ciento del precio del grano.

Un país pierde la soberanía cuando sus importaciones rebasan el equivalente al 30 por ciento de sus necesidades alimentarias. Es por ello que para garantizar la seguridad alimentaria se requiere atender el 75 por ciento de la demanda de alimentos.

No podemos permanecer pasivos ante esta realidad. Noso-tros tenemos a 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria pero además importamos más del 54 por ciento de los alimentos que consumimos. Necesitamos producir alimentos, porque no va a haber suficientes en los mercados.

El pasado 13 de noviembre de año 2009, presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que exhortaba a la Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al DIF y al IMSS, para que en coordinación, diseñaran la estrategia que permitiera implementar el Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria.

Dicha proposición fue aprobada, en sesiones ordinarias, por las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Desarrollo Social y está por ser presentada ante esa soberanía, con el objetivo de dar cumplimiento a dicho exhorto.

En estos momentos en que resulta imperativo implementar acciones que permitan a las personas logra su desarrollo pleno, se requiere fortalecer los presupuestos para el campo y empezar a aplicar una orientación de corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, es conveniente retomar algunos argumentos que son importantes y sustentan la necesidad urgente de tomar decisiones. Las problemáticas son múltiples y diversas, sin embargo, entre las más importantes destacan:

• La Sedesol considera que alrededor del 54 por ciento de los mexicanos (57.8 millones) presenta pobreza de patrimonio, lo que implica que vive con menos de 4 dólares diarios (53 pesos), en tanto que el 32 por ciento (34.3 millones) lo hace con menos de 2.5 dólares (33 pesos), y 24 por ciento (25.7 millones) con menos de 2 dólares (27 pesos).

• Las entidades con un nivel mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango.

• De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación, dos terceras partes de personas en situación de pobreza se ubican en el medio rural, de las cuales más de 12 millones presentan un nivel de pobreza alimentaria; 15 millones tienen pobreza de capacidades y, cerca de 24 millones están ubicados en el tipo de pobreza de patrimonio.

Experiencias recientes han demostrado que la autoproducción en pequeños espacios tecnificados permite alcanzar altos niveles de seguridad alimentaria produciendo al menos una parte de las necesidades familiares.

Más de 40,000 familias fueron integradas al Programa de Seguridad Alimentaria en Puebla, en los últimos 6 años. Las ventajas son el logro del abasto de alimentos, la capacitación de los integrantes de la familia, el inicio de procesos de producción y desarrollo, pero de manera fundamental, la capacitación de nuestros niños en una nueva cultura productiva que revierta antes de 16 años la pobreza alimentaria en la que se encuentran casi 4 millones de familias.

Es importante mencionar que, de acuerdo a lo mencionado en el documento de la propuesta, este Plan Piloto tiene como columna vertebral la estrategia del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), el cual se complementará con programas como el de Oportunidades Alimentario, a cargo de Sedesol, así como por estrategias y acciones por parte del DIF y del IMSS. Se propone que se inicie con un 6 por ciento de las familias beneficiadas con Oportunidades y durante 15 años se mantenga el ritmo de atención para su solución. Es posible resolver la pobreza alimentaria en no más 16 años.

Con el Plan Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria, en su conformación, se dará especial prioridad, a la participación de los habitantes que se encuentran en zonas identificadas con un índice de alta y muy alta marginación, ello con el objeto de poder generar alternativas productivas a las familias de escasos recursos que tienen en las actividades del campo su principal fuente de ingreso.

Uno de los mecanismos más exitosos para resolver el problema de la alimentación en nuestro país se encuentra en el PESA, el cual debe ser el pilar y eje rector del diseño de las estrategia para llevar alimentos a quienes más lo necesitan. Cabe señalar que hasta el año 2008 el PESA incluye a alrededor de cien mil familias, ubicadas en 3 mil 730 localidades rurales, que pertenecen a 641 municipios de 16 estados del país

Estamos ante la gran oportunidad de, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, poder incidir de manera positiva en una mejoría sustantiva en la calidad de vida de millones de familias del medio rural. En la búsqueda de eficientar la asignación de los recursos públicos, procurando que estos se apliquen en acciones que generen efectos positivos en las comunidades más marginadas y pobres.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H- Asamblea, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destine el 6 por ciento del presupuesto del programa Oportunidades para el Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un fondo de rescate de pequeños ahorradores de Oaxaca, en apoyo de defraudados, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ahorro en México representó en 2009 el 22.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que en términos generales equivale a una quinta parte del propio indicador. Por ello, las garantías que esta soberanía debe dar a los ahorradores en materia de respaldo legal, son fundamentales.

Las cajas de ahorro y crédito popular, surgen de la imperante necesidad que existe en pequeñas comunidades que no tienen acceso a los bancos; en muchos casos estas comunidades tienen menos de 12,000 habitantes, y por lo tanto no interesan al sistema financiero mexicano.

Las llamadas cajas de ahorro prestan servicios al público en dos vertientes: auxilia a los ciudadanos que generalmente tienen pocas posibilidades de ahorrar por sus bajos ingresos y canaliza a aquellos que no son sujetos de crédito por las instituciones bancarias.

Las cajas de ahorro también se han convertido en auxiliares del sistema financiero en las que pueden ahorrar y a su vez obtener pequeños préstamos.

Los campesinos, pequeños comerciantes y en general la población de las zonas rurales, y sobre todo los migrantes que año con año entran como indocumentados a los Estados Unidos de América son los principales usuarios de estas instituciones.

La cualidad más destacada de estas cajas de ahorro popular es la atractiva tasa de interés que tienen, ya que por lo general se ubican por debajo de la tasa bancaria promedio. Sin embargo, el riesgo que se asume por incorporarse a estas, ha sido grande, y más aún por la falta de responsabilidad con la que se ha tratado el asunto por parte de la autoridad reguladora, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La regulación a las cajas de ahorro existió hasta diciembre de 1991, cuando se aprobó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la cual ha sufrido muchos cambios y modificaciones. Pero aun con la aplicación de esta ley, dado que el control gubernamental no es garantía de solvencia o rectitud de los funcionarios a su cargo, existe una gran probabilidad de que se cometan abusos que podrían llegar hasta el fraude. Así lo demuestran las quiebras de varios bancos mexicanos, como Cremi, Unión y Banpais.

Algunas cajas de ahorro adoptaron la figura de cooperativas; otras obtuvieron su registro como sociedades de ahorro y préstamo, sujetas a supervisión por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, se estima que al menos unas 600 operan sin ningún tipo de control, de esta falta de control se derivan los constantes fraudes y bancarrotas.

Solamente en la región de la mixteca oaxaqueña, se estima que existen casi 20 mil defraudados por 6 cajas de ahorro: Casur, Coofia, Sacriputla, Casandó, InverOax, y la Caja Nacional del Sureste, se calcula que el monto de lo defraudado supera los 700 millones de pesos.

Para la mayoría de los defraudados está negado el acceso al Fideicomiso Pago (Fipago) ya que esté pide una serie de requisitos específicos para que pueda realizarse el proceso de recuperación del 70 por ciento del monto de lo defraudado (40 por ciento aportado por el gobierno federal, siempre y cuando los gobiernos estatales aporten el 30 por ciento restante), implica además, se audite a la negociación defraudadora, misma que debe estar regulada y haberse constituido antes del 31 de diciembre de 2002.

Las cajas de ahorro responsables del desfalco a miles de ahorradores no eran debidamente supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algunas no se encontraban reguladas o su constitución fue posterior al 2002. Esto hace evidente que los defraudados, en términos de la norma vigente, no tendrán acceso al Fipago, generando consecuencias sociales y económicas catastróficas en el estado.

Ante este escenario que afecta a una de las regiones más pobres del país, con el objeto de resarcir por lo menos parte de su patrimonio; buscando la protección de los pequeños ahorradores y otorgar justicia ante las corruptelas y negligencia de las autoridades hacendarias y judiciales que han hecho caso omiso de sus obligaciones, se hace indispensable se establezca un fondo de rescate a pequeños ahorradores del estado de Oaxaca.

Por todo lo expuesto, de conformidad a lo establecido por los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se cree el Fondo de Rescate a Pequeños Ahorradores del estado de Oaxaca, con un monto de 700 millones de pesos, en apoyo a los ahorradores defraudados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada: Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere una partida para capacitación, innovación y extensionismo rural de los recursos destinados al campo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes

Considerandos

Entre los elementos indispensables para tener una vida digna, se encuentran disponer de agua, alimentos, desarrollo de capacidades y vivienda. El desarrollo de capacidades es un factor limitante, porque la escolaridad de nuestra gente es muy baja, especialmente entre los productores del campo, suya edad supera los 55 en el 75 por ciento de los casos.

De acuerdo con datos del INEA, más de 33 millones de mexicanos mayores de 15 años, no tienen la escolaridad mínima para sobrevivir dignamente, debido a que están en el supuesto de no saber leer o escribir, no haber terminado la primaria o la secundaria.

Esto explica en gran medida, la existencia de 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria; 26 millones en pobreza de capacidades; la existencia de 19 millones de personas que viven con menos de 57 pesos, de los cuales 11 millones no tienen ingresos.

Pero también, explica que más de 7 millones de jóvenes hoy no estudian ni trabajan y son presa fácil de la delincuencia.

La capacitación y asistencia técnica para el desarrollo rural son obligaciones del Estado, consagradas en el Capítulo III, artículos 41 a 52, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La asesoría técnica representa el 32 por ciento del éxito de los proyectos; un asesor aporta 21 por ciento de nuevo conocimiento pero los encuentros entre productores son responsables del 50 por ciento de éste.

Es importante mencionar que el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, el gobierno federal ha destinado una partida para el Programa de Extensionismo Rural, por un monto superior a los 3 mil 900 millones de pesos, cantidad que, considerando la situación que atraviesa el campo, resulta insuficiente para resolver el problema.

Este es un primer esfuerzo, que aunque es importante, no debe darse de manera temporal, ni por una cuestión inercial, por el contrario, debe ser el inicio de una gran reforma estructural en el campo nacional, aprovechando el potencial del capital humano que se encuentra disponible en las universidades y escuelas superiores vinculadas al campo.

La capacitación es fundamental para el desarrollo de habilidades de las personas, y la asesoría es la orientación técnica y la vigilancia indispensable para la ejecución de los proyectos y el logro de su mayor impacto.

Mientras más presupuesto se destine a la pobreza, más pobres hay, porque la mayoría de los programas masivos tienen una orientación asistencial, con apoyos materiales dispersos, poco integrados y que atienden efectos más que causas.

Los apoyos materiales prevalecen sobre los apoyos intelectuales, y por ello, el impacto logrado es reducido.

La capacitación y asistencia técnica representa en promedio un 10 por ciento del paquete tecnológico y es la responsable del correcto uso y aplicación del 90 por ciento restante. Un programa de apoyo sin capacitación y asesoría técnica es inconcebible, si de verdad se quiere promover el desarrollo.

Se estima que por falta de actualización de los paquetes tecnológicos y asesoría técnica se pierden más de 18,000 millones de pesos en insumos de más, movimiento innecesario de la tierra, variedades inadecuadas, desperdicio de agua en el riego y pérdidas en poscosechas.

La pérdida de agua, suelo, vegetación y especies de fauna y peces, aunado a la contaminación ambiental creciente, son problemas que no podemos dejar de ver.

Procampo y Oportunidades no cumplen su función, debido a que si bien son apoyos importantes, no tienen impacto en el desarrollo de procesos de autoproducción.

En otros países, los programas de vinculación que existen y permiten una integración entre los sectores universitarios o de enseñanza superior y el aparato productivo, dicho sistema ha permitido generar un efecto multiplicador que se traduce en un incremento de la capacidad productiva del sector.

La capacitación en el medio rural es un elemento que aún no ha logrado permearlo por completo, ello dificulta la posibilidad de implementar mejoras en los procesos de producción.

Por su parte, la innovación desvinculada del aparato productivo agropecuario es un componente poco aprovechado y que no aporta nada al sector agropecuario, resultado ser un componente que trabaja al margen de lo que ocurre en el campo nacional.

Es prioritario, fundamental y urgente, trabajar en la integración y buena estructuración de los elementos que giran en torno al sector primario, procurando que dicha homogenización se traduzca en un beneficio inmediato para las miles de familias que dependen de las actividades agropecuarias.

El objetivo de este planteamiento es que en el futuro inmediato, cuando menos el diez por ciento del equivalente al Programa Especial Concurrente se destine a los programas de capacitación, innovación y extensionismo rural, ello en el ánimo de procurar impulsar el crecimiento económico del sector rural.

El Programa de Extensionismo debe:

• Apoyar procesos organizativos, motivación y autoestima.

• Fomentar el conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de recursos naturales.

• Impulsar el mejoramiento de la alimentación de las familias.

• Desarrollar una mayor tecnificación de procesos productivos.

• Integrar y desarrollar cadenas productivas y de suministro

• Mejorar la comercialización y aumentar los ingresos

• Impulsar la innovación tecnológica, organizativa, comercial, financiera y ambiental

• Crear y fortalecer microempresas campesinas rentables.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011 se considere una partida destinada a la capacitación, innovación y extensionismo rural, en un porcentaje equivalente al diez por ciento de los recursos destinados al campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para los institutos tecnológicos federales y descentralizados, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Marcela Torres Peimbert, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos a considerar un incremento de recursos para el ejercicio presupuestal 2011 en el Ramo 11, Educación, para los institutos tecnológicos federales y descentralizados, con el propósito de fortalecer su equipamiento e infraestructura y ampliar su oferta educativa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo tercero constitucional establece los criterios para impulsar y fortalecer el sistema educativo, para impulsar el adecuado desarrollo humano y económico del país.

A la luz de estos preceptos de amplia profundidad social, humanista, económica y política, establece en su fracción segunda que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Lo anterior son los fundamentos bajo los cuales, se establece el desarrollo científico y tecnológico del país y, por consiguiente de las empresas, por tanto, del desarrollo económico del país.

Lo anterior es una reflexión de amplia importancia, ya que el desarrollo económico del país, sólo es posible si se mejora la capacitación y formación de la planta productiva, lo que se traduce en mayor eficacia, productividad, crecimiento y expansión económica, así como del mejoramiento del nivel de vida, al generarse más empleo de calidad y bien remunerado.

En su fracción a), el artículo tercero también establece que la educación es democrática al igual que su acceso y define a la letra que “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;” de ahí que la elaboración del presupuesto destinado a la educación, debe ser equitativo para hacer posible la igualdad y el desarrollo de la sociedad en equidad.

Si bien como régimen y estructura jurídica, así como de una forma de vida igualitaria, el Estado mexicano, tiene el deber y la obligación de generar expectativas de educación y oportunidades para todos; por ello, es un acto de justicia que la población tenga la oportunidad de ingresar a los institutos tecnológicos para que puedan desarrollar su habilidades y mejorar sus condiciones de vida al contar con una formación de calidad y que les prepara para enfrentar las dificultades que plantea el mercado laboral.

Lo anterior, cobra una amplia importancia si se considera que actualmente existen 129 Institutos tecnológicos descentralizados, 114 federales; 4 Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo; un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, donde cada año, se incorporan un número creciente de jóvenes que encontrarán una oportunidad de vida, pues difícilmente abandonarán sus estudios y será más difícil que engrosen las filas de las personas sin oportunidades en nuestro país, ya que dan espacio a 387, 414 jóvenes, lo que da una cobertura de 12.64 por ciento del total nacional, de los cuales 63 por ciento son hombres y 37 por ciento son mujeres, por lo que las cifras anteriores demuestran que se deben impulsar las acciones necesarias para que este balance entre hombres y mujeres, sea más equilibrado.

En este sentido, debemos considerar que el Sistema de Educación Tecnológica, es sumamente importante para el desarrollo del país ya que cuenta con 26 programas de licenciatura, 6 programas de competencia profesionales, 30 maestrías; 9 especialidades y 16 doctorados. Entre los cuales, se incluyen programas Agropecuarios y del mar, por tanto, no sólo se circunscriben a cuestiones industriales lo que hace su función social más importante para el desarrollo del país; sin embargo, a pesar de brindar oportunidades a cerca de 80,000 mil alumnos, son los centros educativos donde se manifiesta un mayor rezago presupuestal que puede impactar en la calidad educativa que otorgan a la sociedad.

Esta situación se ve reflejada en los montos destinados a los Institutos Tecnológicos en el Ramo 11, Educación Pública, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Específicamente para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos están previstos 470 millones de pesos; para el Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, equipamiento e infraestructura 70 millones de pesos; y para el Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados, equipamiento e infraestructura 100 millones de pesos, lo que hace un total de 640 millones de pesos.

Los requerimientos presupuestarios para que los institutos tecnológicos sigan manteniendo sus programas de buena calidad, son del orden de mil millones de pesos, por lo que a través de esta proposición con punto de acuerdo se está solicitando un incremento de 500 millones de pesos, que sumados a los 640 millones de pesos propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, hacen un total de 1140 millones de pesos.

Lo antes mencionado, se traduce en observar la fracción b) del tercero constitucional, la cual, establece que la educación “b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura,” lo anterior significa que la mejor forma de aprovechar nuestros recursos, sólo es posible si se desarrollan las áreas de la ingeniería que hacen posible su sustentabilidad; de ahí, que la independencia económica, solo es posible si se fortalece la innovación del sector productivo industrial, agropecuario y del mar.

Otro aspecto clave es que el artículo tercero constitucional, en su fracción quinta también prevé que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Debemos considerar que los institutos tecnológicos, son centros educativos que permiten fortalecer el desarrollo nacional, por este motivo, es indispensable apoyarlos de manera tal que cumplan con la misión que tienen encomendada.

No olvidemos que la fracción VIII del mismo precepto constitucional, establece que el Congreso de la Unión, tiene la facultad de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, además de fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público.

Finalmente, es indispensable que las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, así como de Presupuesto y Cuenta Pública, analicen y aprueben, en el ámbito de sus atribuciones, los recursos suficientes para los Institutos de Educación Tecnológica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a considerar un incremento de recursos del ejercicio presupuestal 2011 para los institutos tecnológicos federales y descentralizados en el Ramo 11, Educación, con el propósito de fortalecer su equipamiento e infraestructura y ampliar su oferta educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un centro de acopio maicero de Loma Bonita, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Se solicita la infraestructura adecuada para el acopio y beneficio de la producción de maíz de Loma Bonita, y obtener la producción de forma organizada de los productores de las diferentes localidades del municipio; que dé certeza a las empresas acopiadoras de maíz para establecer convenios de comercialización así como establecer contratos de compraventa con los principales compradores nacionales y extranjeros.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de $ 3, 484,336.00 (tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y seis mil pesos moneda nacional) para la construcción de dicha obra.

Palacio Legislativo, a los 15 días del mes de octubre de 2010. — Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios del país, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Norma Sánchez Romero de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se incluyan los recursos a que hace referencia el artículo 11 transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para ser destinado a proyecto demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro país, con base en las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno del cambio climático está afectando en forma importante las variaciones de clima en nuestro país, fenómeno que es originado fundamentalmente por la producción y consumo de energía fósiles.

El cambio climático se reconoce como el reto más importante para la humanidad en el siglo XXI, ya que al progresar los niveles de desarrollo humano y bienestar esperados socialmente, manteniendo la estabilidad y el crecimiento económico sin alterar el sistema climático, representa un inmenso desafío.

Que a nivel mundial una de las estrategias para combatir los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de las energías fósiles, consiste en implementar políticas y destinar recursos para la generación de energía renovable o energía limpia.

En ese sentido, en el año de 2008 fue publicada la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que en su artículo 11 transitorio establece lo siguiente:

“Décimo Primero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se destinarán tres mil millones de pesos para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. ´

“Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará la información sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a que se refiere el artículo 24 de esta ley. Con base en dicha información se establecerá el monto mínimo de recursos a ser programado en los subsecuentes ejercicios fiscales. La información antes señalada se enviará al Congreso de la Unión para su conocimiento.´

Además, para cada uno de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, el monto propuesto en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el fondo a que se refiere el artículo 27 de esta ley será de tres mil millones de pesos. El monto anterior deberá actualizarse por la variación esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre 2009 y el año que se presupuesta.”

Existe en nuestro país, una gran área de oportunidad para es impulsar el desarrollo de la generación eléctrica a partir de la fuente solar y eólica para fortalecer el desarrollo de la industria y la seguridad energética del país.

Considerando la capacidad energética del sol, la cual perdurará durante millones de años, así como la privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el territorio nacional destaque en el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 kWh/m2 por día en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país, resulta fundamental la adopción de políticas públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable de la energía solar en nuestro país.

En el caso de México, prácticamente todas las instalaciones fotovoltaicas que existen en el país se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, y muchas de ellas fueron instaladas por medio de programas gubernamentales de electrificación rural, como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).

De 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en el país se incrementó de 7 a 15 MW, generando más de 8,000 MWh/año para electrificación rural, bombeo de agua y refrigeración, mientras que actualmente se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 MW, que generan en promedio 8,794.4 MWh por año.

Para sistemas termosolares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel global 164 millones de m2 de área de captación, correspondientes a una capacidad instalada de cerca de 115,000 MWh, mientras que en México se tenían instalados más de 650,000 m2 de calentadores solares planos, generando más de 3.1 PJ por año para calentar agua.

Asimismo, en México se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica para la generación eléctrica, como en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la península de Yucatán, entre otros. Estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MW de capacidad al parque eléctrico nacional.

De acuerdo con lo anterior y atendiendo la importancia estratégica del aprovechamiento de las energías renovables para nuestro país, se busca constituir el fondo a que hace referencia la ley antes mencionada para impulsar el desa-rrollo de proyectos demostrativos de generación de electricidad con fuentes renovables en los estados y municipios de México.

Consideramos que los recursos deben canalizarse a realizar proyectos demostrativos en estados y municipios de México, en virtud de que es en dentro de dichas jurisdicciones donde se encuentran los recursos renovables más importantes y además con ello se estaría fortaleciendo el desa-rrollo regional en nuestro país y la creación de empleos, por otro lado, se fomenta la aceptación social a esta nuevas tecnologías.

De acuerdo con lo anterior, la propia Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética da la pauta para la participación de estados y municipios, en los términos siguientes:

Artículo 8. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación en su caso de los municipios, con el objeto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo federal de conformidad con la presente ley;

II. Promuevan acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables;

III. Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines;

IV. Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y

V. Simplifiquen los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.

En virtud de lo anterior, respetuosamente propongo se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011, se incluyan los recursos a que hace referencia el artículo 11 transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para ser destinados a proyecto demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se incluyan los recursos a que hace referencia el artículo 11 transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para ser destinado a proyecto demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el cultivo, industrialización y comercialización de piña MD2, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Se solicita contar con los medios de producción suficientes que permitan al grupo de productores comercializar la producción del cultivo como fuente de ingresos del proyecto generar y sostener los empleos permanentes en beneficio de los productores, establecer hectáreas del cultivo que formen el activo inicial para desarrollar la capacidad productiva y la comercialización nacional y de exportación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de $ 37 ,238,168.84 (treinta y siete millones doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 84/100 moneda nacional) para la realización de dicha obra.

Palacio Legislativo, a los 15 días del mes de octubre de 2010. — Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en el sector sur-oriente de Matamoros, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se autoricen recursos suficientes para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como bien es sabido, el crecimiento del número de habitantes en las diversas zonas tanto rurales como urbanas, requieren de un mayor incremento en la prestación de los servicios, y de mejoras en sus infraestructuras para poder brindar a las sociedades los elementos mínimos para su desarrollo y crecimiento.

Si bien, las localidades que más se han visto afectadas por la falta de inversión son aquellas que se ubican o se encuentran más alejadas del centro de la capital del país, donde a simple vista puede observarse ese cambio que en ocasiones es tan repentino, la infraestructura por un lado, comienza a tener menor mejora, en ocasiones contando sólo con caminos de terracería, lo cual provoca que el desa-rrollo de esas regiones se vea limitado a los pocos accesos a los que se tengan disponibles, o en ocasiones los nulos, porque no llegan a tener alguno que fomente el intercambio de personas y productos.

Asimismo, las localidades, pueden enfrentar problemas de salud pública, sino se les dota o garantiza que contarán agua potable, la cual es un elemento esencial en su vida diaria, porque si no se cuenta con este servicio, estaremos presenciando focos rojos de infección en localidades pertenecientes al sur oriente de Matamoros.

Es importante mencionar primeramente que con la introducción de líneas de refuerzo de 8 pulgadas para agua potable en colonias del sector sur oriente de Matamoros, 55 mil habitantes serán beneficiados, quienes habitan en las colonias Ampliación Solidaridad, Abelardo de la Torre, Las Palmitas, La Amistad, Vista del Sol, México, San Miguel, Fraccionamiento Estancias Residencial, Valle de Anahuac, entre otras.

Además podemos mencionar que el estudio de costo-beneficio permitirá que las obras en cuestión reduzcan las pérdidas ocasionadas por la sedimentación de sólidos en las líneas al no haber recirculación del agua, siendo impactado en los costos de producción y de distribución de los rebombeos a la red (energía eléctrica, insumos para la potabilización, mano de obra, etc.); mejorando con esto, la calidad del agua y garantizando la presión optima en el suministro.

Una vez que se lleven a cabo las obras de introducción de líneas de refuerzo de 8 pulgadas para agua potable, se garantizará la calidad y el suministro en las colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, así como en los nuevos desarrollos habitacionales

Es importante mencionar que el gobierno municipal de Matamoros, actualmente cuenta con un proyecto ejecutivo en el cual se tiene considerado que la introducción de las líneas de refuerzo para agua potable tendrían un costo total de 6 millones 132 mil 259.00 pesos, proyecto que se desglosa después de llevar a cabo los estudios correspondientes en el municipio de Matamoros.

De esta manera, se plantea la que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011, se autoricen recursos hasta por 6 millones 132 mil 259.00 pesos para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de Matamoros, Tamaulipas.

Cabe recordar, que el estado de Tamaulipas es uno de varias estados que se han visto gravemente afectados por los fenómenos meteorológicos de este 2010, y que la no inversión en las diversas localidades, y en especial en el municipio de Matamoros, puede agravar la situación por la que atraviesa su población.

Es por lo planteado que someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en las adecuaciones al PEF de 2011 se consideren los recursos necesarios y que han sido expuestos en las consideraciones, para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos, propuestas de financiamiento, programas, obras y proyectos para Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Durante la última década se han visto grandes cambios en el contexto macroeconómico, político y social. Frente a esta realidad es importante y se hace necesario desarrollar procesos de cambio rural que ofrezcan la posibilidad de armonizar estas fuerzas de índole económica neoclásica y de libre mercado, con la equidad social y la conservación de los recursos naturales, sin los cuales es imposible lograr un desarrollo rural sostenible y equitativo.

En el contexto político e institucional, se ha iniciado un proceso de modernización y reforma del Estado. Dos políticas dentro de este proceso, la de la privatización de los servicios de investigación y extensión agrícola y la de la descentralización administrativa, están teniendo efectos profundos sobre la forma en la cual se encara el desarrollo rural. Por un lado, la privatización de la mayoría de las empresas y servicios estatales ha reducido el nivel de apoyo estatal para el desarrollo rural, y las instituciones locales, gubernamentales y no gubernamentales, están jugando un papel cada día mayor en la generación de alternativas tecnológicas, la extensión agrícola, y en general el desarrollo del sector agroempresarial.

Por otro lado, se ha iniciado un proceso de descentralización administrativa el cual promueve el desarrollo desde lo local y abre nuevos espacios para la planificación de actividades de desarrollo rural con una mayor participación de los actores locales en la toma de decisiones. Este proceso de descentralización crea las condiciones y favorece una mayor participación de los actores locales en todos los procesos. Sin embargo, este contexto requiere de la construcción de una nueva institucionalidad para el apoyo a las iniciativas agroempresariales rurales, la cual sea efectiva, equitativa y sostenible en el largo plazo.

La sociedad también se ha ido transformando a pasos acelerados en la última década, lo cual ha traído cambios significativos en la demanda de bienes y servicios, y especialmente en los hábitos y preferencias de los consumidores. Estos cambios en hábitos están creando nichos crecientes de mercado para frutas exóticas, plantas aromáticas y medicinales, frutas y hortalizas orgánicas, y materias primas naturales. Sin embargo, los productores y empresarios a pequeña escala enfrentan numerosas barreras para el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades de mercado.

El reto de lograr un desarrollo rural sostenible, el cual contribuya al alivio de la pobreza con equidad y sin deteriorar los recursos naturales, en este nuevo contexto macroeconómico, político y social, requiere de un nuevo paradigma el cual busque construir habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades a nivel local para aprovechar éstas nuevas oportunidades de mercados, tecnología e información que se presentan. En la parte productiva se requiere de una diversificación de los sistemas de producción y la generación de valor agregado a la producción primaria.

Adicionalmente, para lograr procesos de desarrollo equitativos que beneficien a los pequeños productores rurales es necesario promover un sector rural organizado, con alto capital social y ligado a mercados en crecimiento, lo cual puede ser una estrategia efectiva de desarrollo rural y favorecer la sostenibilidad productiva y socioeconómica del sistema.

Por estas razones se puede concluir que uno de los componentes claves para el desarrollo rural y particularmente del sector empresarial rural es el sistema de apoyo. Estos servicios son esenciales para facilitar y promover el desarrollo empresarial en una región y desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes en los agroempresarios existentes y potenciales para aprovechar las oportunidades de mercado, así como las nuevas tecnologías de producción, manejo poscosecha y procesamiento para ser más competitivos.

El aprovechamiento de estas oportunidades requiere del desarrollo de una estrategia competitiva exitosa la cual ofrezca respuestas ágiles a las oportunidades identificadas. Esta estrategia debe estar basada en la competitividad y una actitud agresiva y proactiva para entrar y permanecer en el mercado. Para esto se necesitan diferentes componentes como son la diferenciación de productos, información actualizada del mercado, productos de calidad, diseño de marcas, empaques y de manera prioritaria un presupuesto para el campo muy amplio que permita generar las condiciones necesarias de progreso y crecimiento. Sin embargo, estas capacidades todavía están lejos de la realidad de muchas empresas rurales hoy en día, sobre todo en las zonas menos favorecidas, más remotas y más pobres del país.

Es por eso que se necesita una mayor cantidad de recursos destinados al campo y es necesario que nosotros los legisladores federales de la nación, actuemos con responsabilidad ante este sector estratégico del país.

Consideraciones

Para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), que aglutina todos los recursos que se canalizan al campo se presenta al honorable Congreso para el año 2011 la cantidad de 259,852 millones de pesos, lo que equivale a un decremento del 3.2 por ciento respecto al presupuesto del presente año (8,555 millones de pesos).

En 2010, se presentaron 16 programas dentro del PEC y para el 2011 se reducen a 14 programas. Los que presentan un decremento en el presupuesto, los de mayor decremento son: programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural con una disminución del 51.4 por ciento; Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura con menos 37.2 por ciento y Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo con menos 27.7 por ciento

Ante estos decrementos, es importante enmendar la plana al ejecutivo respecto a la puesta en marcha de un incremento de recursos hacia el campo mayor a lo que establece la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación. Demostrando con ello que el legislativo es consciente de que para poder desarrollar a este país, es necesario invertir en el sector primario, ya que con estas acciones se podrá reducir el rezago social que tenemos en el campo.

Las organizaciones campesinas normalmente son receptoras de los recursos económicos de programas diseñados desde el gobierno. Para ello se tienen los espacios de participación como es el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, pero se requiere consolidar la participación de los productores. Por ello; es necesario, implementar las políticas y programas que los productores consideran pertinentes para el desarrollo rural en especial de Zacatecas, estado que orgullosamente represento y que requiere de una mayor atención por parte de la federación y en especial el campo, a fin de combatir la migración que es característica de la región.

En Zacatecas de su superficie total (7,531.3 miles de hectáreas), 4,904.2 miles de hectáreas las ocupan las unidades de producción; 2,552.8 miles de hectáreas son de uso común de la propiedad social; 74.3 miles de hectáreas corresponden a propiedad pública, áreas urbanas y rurales, infraestructura y derechos de vía.

Es una entidad que se caracteriza por ser agrícola, ocupando el 7o. lugar a nivel nacional; sin embargo al paso de los años ha disminuido esta ventaja competitiva, por ejemplo: en la producción de legumbres, se ocupaba de la producción total del estado el 56.7 por ciento en 1986, para 2006, esta producción ha descendido a ocupar el 32.28 por ciento de la producción total, claras muestras de los efectos por la falta de apoyos al campo y reflejo de la política de abandono al campo que se tiene por parte del gobierno federal.

La participación de mi estado en la producción nacional de chile seco es de 46.43 por ciento; de frijol es del 29.58 por ciento; ajo 28.01 por ciento y de tuna un 24.54 por ciento, sin olvidar que en la agricultura se tiene una participación importante de los demás productos de consumo nacional. Así también se cubre de manera importante la producción pecuaria como la leche, carne, huevos, miel, cera, lana, etcétera.

No hay que perder de vista que estas cifras comparadas con el Producto Interno Bruto (PIB) no son las necesarias para fortalecer a nuestro país; esto debido a que el campo no es importante en la visión que se tiene de país, misma que nos está llevando a un grave problema. Véase cuadro 1.

Cuadro 1: Participación Agropecuaria y de Zacatecas en el PIB nacional

Fuente: Inegi 2009. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008. Año base 2003.

Con estos datos expongo ante ustedes la necesidad de fortalecer más al campo, sabiendo que con ello se beneficia a toda la nación y al campo zacatecano, este apoyo de los legisladores será erogando más recursos a fin de poder llevar a cabo políticas que se han quedado paradas por falta de recursos y podrían maximizar los recursos destinados a la Sagarpa y en especial al PEC, se necesita fortalecer políticas como:

Seguridad alimentaria. Mediante el apoyo en equipamiento, asistencia técnica y crédito para aumentar la productividad del frijol, chile, forrajes, tunas, guayaba, ajo, tomate y otras hortalizas, carne de bovinos, ovino y caprinos, producción acuícola y apícola, entre otros. De esa manera aumentar el ingreso de los productores y asegurar la sustentabilidad.

Seguridad del agua. Con cosecha de agua para recuperar los mantos acuíferos, haciendo un uso eficiente del agua y mejorando la productividad de la misma. Inversión en la infraestructura hidroagrícolas mediante la tecnificación del riego y construcción de presas donde sea posible.

Seguridad energética. Mediante el uso de fuentes alternativas de energía como la eólica, solar y de biomasa.

Seguridad pública. Dando certidumbre a la propiedad e inversión en el campo, para fomentar las inversiones y la generación de empleo.

Para el logro de estos objetivos en el estado de Zacatecas se requerirá de enviar recursos adicionales al campo, en especial a las siguientes entidades, a fin de que se beneficie con los siguientes montos al campo zacatecano:

Fuente                           Monto

Sagarpa                               803,603,999.00

Conagua                              230,500,000.00

Conafor                               200,000,000.00

Total                        1,234,103,999.00

Para ello los recursos se destinarán de la siguiente manera:

Presupuesto para Sagarpa

Concepto                      Monto

Agricultura              247,200,000.00

Ganadería                118,800,000.00

Desarrollo rural       232,200,000.00

Asistencia técnica               39,000,000.00

Capacitación           7,500,000.00

Investigación           20,962,500.00

Información            3,600,000.00

Recursos naturales              60,600,000.00

Organización           22,741,500.00

Sanidades                51,000,000.00

Total                        803,604,000.00

Presupuesto para Conagua

Presupuesto para Conafor

Por último es necesario que se consideren los siguientes proyectos estratégicos para el estado de Zacatecas:

Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las comisiones ordinarias relacionadas con el campo, para que se aprueben recursos y propuestas de financiamiento, programas, obras, y proyectos, que impulsan las organizaciones campesinas, para el estado de Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de octubre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asignen recursos adicionales a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Inicio la presentación de esta proposición, recordando que nuestro país lleva a cabo dentro de sus funciones la actividad de otorgar refugio a aquellas personas que se han visto amenazadas en su integridad o vida, por motivos de persecución.

Esta actividad, de recibir las propuestas de aquellas personas que se han visto obligadas a solicitar ser reconocidas como refugiados, está a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que es dependiente de la Secretaría de Gobernación, actualmente el presupuesto que se destina para esta actividad, resulta ser limitativo, toda vez que para poder dar una atención más eficaz y eficiente se requiere en su momento de mayores recursos en función de los resultados que se esperan obtener.

Lo anterior, obedece a que con la aprobación del dictamen para crear la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y que se emitió el estudio de impacto presupuestario el cual arrojó el resultado que dicha ley no traería mayores costos para el gobierno federal, si debemos considerar el poder dotar de mayores recursos a la COMAR, para que pueda ser más eficiente y eficaz de lo que ya llevan a cabo en la atención a las personas y brinde mejores resultados a los que actualmente ya se tienen, toda vez que esta comisión presenta una reducción de cerca de 3 millones de pesos para el capítulo 1000.

Como bien es sabido, el capítulo 1000, representa todo aquello que tiene que ver con los recursos humanos, y que en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo presenta una disminución de cerca de tres millones de pesos, implicaría que se tendrían que hacer ajustes en este capítulo y en su caso reducir el número de empleados para llevar a cabo la implementación de la política sobre refugiados.

Por otro lado, debo mencionar que derivada de la visita de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2007, se anunció la reducción gradual de los recursos para atención a solicitantes de refugio y refugiados por parte del ACNUR hasta su retiro definitivo.

De lo anteriormente comentado, debo resaltar que uno de los objetivos e intereses que apoyaron la aprobación de la iniciativa que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, fue que debía garantizarse que los solicitantes contarían con los apoyos para su subsistencia, pensión, alojamiento, medicamentos, consultas médicas y psicológicas, atendiendo de conformidad lo que se establece en el artículo 79 del reglamento de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asimismo, debo mencionar que a través de estos apoyos a los solicitantes de la condición de refugio y refugiados, la Secretaría de Gobernación estaría dando cumplimiento a ordenamientos legales de carácter internacional que nuestro país ha suscrito, al mismo tiempo que se contribuiría al compromiso del presente gobierno con la protección y garantía de los derechos humanos.

Cabe mencionar, que el número de solicitantes ha ido en aumento, para 2009 se presentaron 680 solicitudes y para el mes de julio de 2010 de 440, como puede entenderse, se esperaría que el número de personas que requieran iniciar este proceso pueda ser mayor con respecto a 2009.

Derivado de lo anterior, es que considero se debe asignar una cantidad adicional al PEF 2011, destinado a la COMAR, para buscar cuenten con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones ante los nuevos retos y exigencias que tendrán que enfrentar el próximo año, en caso que el Senado de la República, ratifique el dictamen que se ha aprobado en comisiones por el que se expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Los recursos que se requieren, oscilarían los cerca de 10 millones de pesos etiquetados directamente al presupuesto de la COMAR, distribuido en sus capítulos 1000 (para la contratación de personal), toda vez que la propuesta de gasto para el siguiente ejercicio fiscal presenta una disminución de aproximadamente 3 millones de pesos, que sin esos recursos se verán afectados en materia de recursos humanos y de las acciones para apoyar el mejor funcionamiento de esta área encargada de atender a los extranjeros que vienen huyendo de su país de origen o residencia habitual y buscar la asignación de recursos para solventar la disminución de ingresos que se obtenían por las transferencias que realizaba el ACNUR, para de esta manera cubrir los costos que representa el alojamiento de los extranjeros, subsistencia, pensión, medicamentos, consultas médicas y psicológicas en lo que se resuelve su petición, así como de brindarles la asistencia necesaria, con apego a sus derechos humanos.

Lo anterior permitiría que las resoluciones y la atención a las solicitudes que se presenten, sea en un periodo de tiempo más corto y sobre todo, pudiendo brindar una mejor atención a los solicitantes para ser reconocidos como refugiados. Y de esta manera garantizaríamos la congruencia en que si bien se creará una ley específica debemos garantizar que cuenten con los recursos para que el personal que opera la política por lo menos no sea menor al que ahora la implementa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que considere en la discusión y adecuación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la asignación de 10 millones de pesos adicionales para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para que se etiqueten directamente a los capítulos 1000 y para cubrir los costos de atención a los solicitantes que requieren ser reconocidos como refugiados y que considera las acciones antes mencionadas, los cuales serían de control directo de la misma comisión e independiente del presupuesto que se tiene como propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para adquirir y operar cámaras de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo,al tenor de las siguientes

Consideraciones

Exposición de Motivos

La Ciudad de México, al igual que otras grandes conglomeraciones urbanas del mundo, es víctima de la inseguridad. Organizaciones de la macrodelincuencia nacional e internacional con asiento en la zona metropolitana y entidades vecinas trafican con drogas, mercancías, automóviles y personas. También las bandas locales tienen un amplio rango de actividades ilícitas lo que genera en conjunto, un ambiente delictivo que potencia las oportunidades de la delincuencia menuda y oportunista. La diversidad de entornos inseguros, la facilidad de desplazamiento de quienes delinquen por las vías rápidas de la ciudad y el traslape de los límites entre demarcaciones capitalinas y entidades federativas vecinas, ofrecen vacíos de vigilancia que son aprovechados para delinquir y victimar a la población.

La Ciudad de México en su calidad de capital de la República Mexicana, es centro de la vida política, social y económica del país, razón por la cual en ella se concentran más de 80 embajadas, 100 inmuebles pertenecientes a la administración pública federal, más de 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados, así como los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Dicha concentración ofrece riesgos que las organizaciones criminales pueden aprovechar para poner en peligro vidas humanas y amenazar el propio funcionamiento de entidades de gobierno o sedes de representación diplomática, infringiendo daños graves a la infraestructura o la vida política del corazón del país.

Por ello, con el objetivo de incrementar la capacidad de vigilancia en la ciudad y sus delegaciones, el Gobierno del Distrito Federal inició el Programa Bicentenario Ciudad Segura, una solución integral de prevención y atención inmediata de emergencias de carácter delictivo, desastres naturales, disturbios sociales, accidentes viales y urgencias médicas.

Este programa tiene como objetivo mejorar la capacidad del gobierno de la ciudad para responder de manera eficiente y eficaz a las diversas situaciones de crisis. Sus propósitos específicos son monitorear zonas conflictivas o estratégicas para reducir la incidencia delictiva, elevar la capacidad de respuesta para atender emergencias y proporcionar mejor atención a la seguridad ciudadana.

El Programa Bicentenario Ciudad Segura es un plan de tecnología de punta aplicada. Contempla la colocación de videocámaras en puntos estratégicos de la ciudad monitoreados a través de centros de comando y control. La instalación de las cámaras comenzó en el año 2009 y se tiene programado que, al cierre del año 2010, haya 6,000 cámaras en la ciudad. Así mismo, se han construido en los últimos dos años cinco centros de comando y control (C2 norte, C2 centro, C2 sur, C2 poniente y C2 oriente); y se ha entrenado a cerca de 2 mil policías encargados del manejo de los sistemas.

Considerando la necesidad de concluir la instalación de 2,088 cámaras de seguridad para llegar al total de 8,088 previstas en el programa.

Y además que en el 2011 se deberá poner en marcha:

1. Un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4i4).

2. Dos Centro de Comando y Control (C2) móviles.

3. Anillo primario de fibra óptica.

4. 200 cámaras de reconocimiento de placas.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considere en el ramo 23 la programación de 3,000 millones de pesos en el rubro de Aportaciones a las Entidades Federativas para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para fortalecer las actividades de los grupos protectores de migrantes, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la que suscribe Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada a la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del PAN, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los Grupos Beta, han desarrollado actividades de relevancia a través de los años, con el apoyo que brindan día con día a los migrantes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad en nuestras fronteras, en su intento de cruzar hacia Estados Unidos de América.

Es un grupo que si bien, forma parte de un programa y aunque los recursos asignados año con año, no necesariamente son los suficientes para poder brindar los servicios y acciones que se requieren y apoyar a todo aquel que lo requiera, sea nacional o extranjero.

El, preocupado por el bienestar y la salud de los migrantes, en 1990 el Instituto Nacional de Migración funda el Grupo Beta Tijuana, teniendo como principal objetivo, salvar la vida de los migrantes en peligro en las zonas de riesgo. Su labor arrojó resultados admirables ya que muchas vidas fueron salvadas, por lo que se buscó dar un mayor impulso a este proyecto.

Para 1994 se forma el Grupo Beta Nogales y en 1995 dos grupos más, uno en Tecate y el segundo en Matamoros, actualmente funcionan 16 Grupos en las fronteras norte y sur de nuestro país. Después de 20 años de existencia.

Con los recursos asignados, se ha buscado capacitar a los agentes beta y proveerlos de mejor equipo para optimizar su labor. Como parte de la capacitación se les entrena en técnicas de orientación y búsqueda, rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación, que permiten que día a día se ofrezca un servicio altamente profesional y de gran beneficio para la comunidad migrante.

Después de 20 años de existencia y consientes de la importancia de este programa, en este año se pondrán en marcha cuatro Grupos más en el sur de nuestro país, lo que representa un crecimiento del 25 por ciento a nivel nacional.

Asimismo, las bases legales que dan sustento a la existencia de los grupos beta, lo constituyen los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población; Grupos de Protección al Migrante es el nombre con el que se les denomina en dicho reglamento:

Artículo 137. La Secretaría podrá crear Grupos de Protección a Migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados; dichos Grupos se crearán en el marco de los Acuerdos de Coordinación que para el efecto se celebren con los ejecutivos de las entidades federativas, considerando, en todo caso, la participación que corresponda a los municipios.

Artículo 138. El instituto coordinará la operación y funcionamiento de los grupos a que alude el artículo anterior, y en los mismos podrán participar, de manera conjunta, elementos de seguridad pública de los niveles federal, estatal y municipal.

Es por lo anterior, y derivado que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, no se incluyen recursos específicos para los grupos beta, considero pertinente y necesaria la asignación de una cantidad que esté focalizada a reforzar sus actividades y tener una mayor cobertura o presencia en la franjas fronteriza, y más aún si se está considerando la creación de dos grupos adicionales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se consideren los recursos necesarios para reforzar las actividades y apoyos que brindan los grupos de protección a migrantes (Grupos Beta).

Dado en el Palacio Legislativo, el 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el ramo 12, “Salud”, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la ampliación de novecientos setenta y un millones al Ramo 12, “Salud”, conforme a las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 2 constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a generar las condiciones para que todos los individuos, tanto mujeres como hombres, tengan acceso a los servicios de salud y alcancen una vida saludable.

Pero en México, la situación de la salud de las mujeres se mantiene rezagada en muchos rubros, un indicador claro de esta situación es la tasa de mortalidad materna que sigue siendo muy elevada para un país como el nuestro, considerado de desarrollo medio. En 2009 esta tasa es de 62.8, mujeres que mueren por cada diez mil, cuando entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se planteó como meta lograr una tasa de 22.3.

Por ello, es importante reforzar el papel del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva; el cual tiene la rectoría de los programas Arranque Parejo en la Vida, Cáncer Cérvico Uterino, Cáncer de Mama, Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género e Igualdad de Género en Salud.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el 29 de septiembre pasado se signó el Decálogo por la Salud en la honorable Cámara de Diputados, donde se establece el compromiso de “pugnar por un presupuesto que asegure recursos financieros que respalden la oferta de bienes y servicios de salud para toda la población”.

La falta de garantía del derecho a la salud de las mujeres implica el incumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones como Estado parte de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en particular del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador; y recientemente, los compromisos asumidos como Estado parte de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el Consenso de Brasilia donde se establece el acuerdo de “promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.En dicha conferencia los Estados también asumieron el compromiso de “incluir, en los presupuestos nacionales y subnacionales, recursos suficientes para la ampliación de la oferta pública de servicios de calidad para la atención integral de la salud de las mujeres [...]”

Cabe señalar que en el proyecto de Presupuesto Federal de 2011 turnado por el Ejecutivo a esta soberanía, los recursos asignados a este rubro se han reducido, lo cual afecta de manera directa la garantía y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e impide el cumplimiento del Estado mexicano de los Objetivos de Desarrollo del Milenio números 5 y 6.

La distribución de recursos será de acuerdo a las siguientes acciones estratégicas:

1. Cáncer cervicouterino: 198.3 mdp

2. Cáncer de mama: 157.95 mdp

3. Planificación familiar y anticoncepción: 177.2 mdp

4. Violencia familiar y de género: 69.07 mdp

5. Arranque parejo en la vida: 285.5 mdp

6. Programa piloto del modelo de reeducación de víctimas y agresores de violencia de género: 3.0 mdp

7. Prevención de adicciones con perspectiva de género: 20.0 mdp

8. Prevención y atención del VIH – SIDA con perspectiva de género: 20.0 mdp

9. Operación del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas-INER: 40.0 mdp

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la ampliación de novecientos setenta y un millones al Ramo 12, “Salud”.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2010.— Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para dotar de drenaje sanitario y de agua potable a Xicoténcatl, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de Federación de (PEF) 2011 se autoricen recursos suficientes para la realización de obras en infraestructura e inversión en infraestructura hidráulica del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como bien es sabido, el crecimiento de del número de habitantes en las diversas zonas tanto rurales como urbanas, requieren de un mayor incremento en la prestación de los servicios, y de mejoras en sus infraestructuras para poder brindar a las sociedades los elementos mínimos para su desarrollo y crecimiento.

Si bien las localidades que más se han visto afectadas por la falta de inversión son aquellas que se ubican o se encuentran más alejadas del centro de la capital del país, donde a simple vista puede observarse ese cambio que en ocasiones es tan repentino, la infraestructura por un lado, comienza a tener menor mejora, en ocasiones contando sólo con caminos de terracería, lo cual provoca que el desa-rrollo de esas regiones se vea limitado a los pocos accesos a los que se tengan disponibles, o en ocasiones los nulos, porque no llegan a tener alguno que fomente el intercambio de personas y productos.

Asimismo, las localidades no pueden enfrentar problemas de salud pública si no se les dota o garantiza que contarán con drenaje para la descarga de las casas y con agua potable, los cuales son elementos esenciales en su vida diaria, porque si no se cuenta con estos servicios, estaremos presenciando focos rojos de infección en localidades como en las colonias Ricardo Flores Magón, Ampliación Moctezuma y Joaquín Antonio Amaral e Independencia 1 y 2, pertenecientes al municipio de Xicoténcatl, en Tamaulipas.

Teniendo como efectos negativos, que posteriormente se tenga que destinar mayores recursos para acciones o campañas de salud, para dar solución a los resultados de no haber previsto, o planteado con anticipación la dotación de estos dos servicios básicos que requiere la población para el desarrollo y crecimiento de sus comunidades, así como para su vida diaria.

De esta manera, se plantea la que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en las adecuaciones al PEF 2011, la asignación de los recursos necesarios para la dotación de drenaje sanitario a la Colonia Ricardo Flores Magón, así también se consideren y asignen recursos para la introducción de agua potable en las colonias, Ampliación Moctezuma, Joaquín Antonio Amaral, Independencia 1 e Independencia 2, todas ubicadas en el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.

Cabe recordar, que el Estado de Tamaulipas, es uno de varias estados que se han visto gravemente afectados por los fenómenos meteorológicos de este 2010, y que la no inversión en las diversas localidades, y en especial en el municipio de Xicoténcatl, puede agravar la situación por la que atraviesa su población.

Para poder brindar los servicios antes planteados, es necesaria la asignación de 7 millones de pesos, para llevar a cabo las obras y que la población cuente con un nivel de vida mejor al que actualmente viven y que se ha visto afectado por los últimos fenómenos meteorológicos.

Por lo planteado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de Federación de 2011 se consideren los recursos necesarios, y que han sido expuestos en las consideraciones, para dotar de drenaje sanitario y de agua potable a las colonias del municipio de Xicoténcatl, en Tamaulipas.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere en el Ramo 25 la ampliación de cuatro mil seiscientos once millones cien mil pesos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho consagrado en el artículo 3o. constitucional. Es obligación del Estado mexicano brindar educación a todos sus habitantes, sin importar la entidad federativa en la que se encuentren. Aun cuando se encuentra en proceso la descentralización educativa en el país, en el Distrito Federal no ha podido concretarse. En este sentido, las aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal están incorporadas en el Ramo 25, “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos”, y es ejercido de manera directa por el gobierno federal.

En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 enviado a esta soberanía, los recursos asignados en este rubro presentan una caída real del 13.9 por ciento comparados con los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2010. Dicha reducción se vería reflejada no sólo en el desarrollo de los programas y en la reducción de la matrícula de atención a niños, niñas y adolescentes que implementa la Secretaría de Educación del Distrito Federal, sino que además representaría un impacto negativo en el rubro de servicios personales y, por tanto, incrementaría el desempleo.

Cabe señalar que el gobierno del Distrito Federal no tiene la capacidad financiera para hacer frente a esta reducción, ya que el monto de la disminución representa más de cuatro veces el presupuesto asignado al Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prepa Sí), seis veces el presupuesto del Programa Integral de Mantenimiento Escolar (PIME) y más de doce veces el presupuesto asignado al Programa Integral de Conectividad Escolar Aula Digital. Programas que en un solo año ha beneficiado a alrededor de 2.7 millones de alumnos y alumnas.

Uno de los compromisos del Estado mexicano es lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentra lograr la enseñanza primaria universal, el cual tiene como meta el asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Ante esta reducción, se impide el lograr la meta establecida.

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considere en Ramo 25 la ampliación de cuatro mil seiscientos once millones cien mil pesos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2010.— Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al incremento del subsidio que el gobierno federal otorga en verano a las tarifas domésticas de electricidad para usuarios de San Luis Río Colorado y del noroeste de Sonora, suscrita por los diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, pertenecientes a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Sonora e integrantes del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados acuerda que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por 200 millones de pesos para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el subsidio que otorga durante la temporada de verano a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica en beneficio de los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En fecha 19 de mayo de 2010, el diputado federal Marcos Pérez Esquer y el suscrito presentamos en el segundo receso del primer año de la presente legislatura ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión elpunto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad elaboren un convenio de colaboración para que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se aplique a la tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora.

II. En ese sentido, cabe señalar que la proposición referida se turnó a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, quien en fecha 15 de junio del presente año la discutió y aprobó por unanimidad.

III. Asimismo, el 16 de junio próximo pasado, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo referido, con el resolutivo siguiente: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad se acuerde e implante un convenio de colaboración por el que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se aplique a las tarifas domésticas, para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora.

Por lo expuesto y para fundar y motivar la presente proposición con punto de acuerdo, se presentan a su consideración las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro máximo ordenamiento jurídico, establece en el artículo 74, fracción IV, lo siguiente:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I. a III. [...]

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

En ese sentido, siendo una atribución de la Cámara de Diputados discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, es de vital importancia que para ello se tomen en cuenta las mayores necesidades de todas la regiones que conforman nuestro país, porque aun y cuando uno de los principales objetivos del Estado mexicano es el desarrollo integral del país, es imperativo que se observen para tal fin las diferentes condiciones y circunstancias en las que se circunscribe cada una de las regiones que lo integran, ya que sin duda alguna la forma de conducirse del gobierno de México –todos los órdenes que lo componen– es aplicando la igualdad a cada uno de los ciudadanos, que es además elemento fundamental de la justicia. Justicia que únicamente puede existir entre personas que son tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias. El requerimiento de igualdad no significa “lo mismo para todos”. El requerimiento igualitario de la justicia significa que, por un lado, los iguales deben ser tratados igual y, por otro, los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes.

Por lo anterior, es prioritario que promovamos el humanismo económico que impulsa una economía eficiente y equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios, una economía que busca construir un México más próspero. De manera que las acciones que realice el Estado mexicano y nosotros como parte de este deben estar encaminadas a alcanzar dicho humanismo, por lo que perseguirán en todo momento la igualdad jurídica y la equidad para todos los mexicanos, de manera que se pueda lograr el desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país tan anhelado.

Así las cosas, y estando convencidos de la forma en que ha de conducirse el Estado mexicano, cabe señalar que siendo la energía eléctrica un factor de primordial importancia para impulsar el crecimiento económico y garantizar mayores oportunidades para los ciudadanos, por ser un insumo presente en la producción de bienes y servicios, así como un servicio fundamental de uso final en los hogares, es oportuno mencionar que requiere de una adecuada regulación que propicie la eficiencia y la competitividad de los actores involucrados minimizando costos de operación, sin menoscabo de quien se encarga de proporcionar dicho servicio y beneficiando a los consumidores, que por cuestiones de necesidad estos últimos utilizan altos niveles de energía y que en ocasiones se ven privados del poder realizar el pago que les corresponde por los elevados costos. Es por ello que resulta trascendental que se tomen las medidas necesarias para fomentar que los ciudadanos tengan dicha capacidad de pago y, en ese sentido, es que una medida que ayuda y estimula los pagos justos de dicho servicio de energía, son entre otras cuestiones, los subsidios que abonan para que las familias mexicanas que se ven afectadas en las regiones donde por los climas extremosos se tienen los grandes consumos.

Además, tal y como se observa en el último balance nacional de energía que presentó la Secretaría de Energía, se señala que se ha tenido un incremento año con año en el consumo de energía eléctrica; tan sólo en México hay claras evidencias de la creciente importancia en el uso de aparatos eléctricos, para soportar las altas temperaturas que en algunas comunidades se dan de manera verdaderamente extremosas, aparatos como el aire acondicionado o calentadores eléctricos, entre muchos otros. Lo que claramente evidencia la necesidad de un mayor consumo de energía eléctrica, que a su vez se traduce en pagos excesivos en dicho servicio, sobre todo para los usuarios en lugares de clima cálido ubicados en los estados fronterizos del norte de México.

Para precisar lo anterior, tal y como se señala en el punto de acuerdo contenido en el cuerpo de los antecedentes de la presente, en promedio, los usuarios de la región norte consumen hasta 68 por ciento más que la media nacional (2.61 megavatios-hora), llegando a representar más de la mitad del consumo eléctrico anual del consumo total de los usuarios del sector en ciudades como Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.

De tal manera que sólo por describir la situación que se vive en el noroeste del estado de Sonora, en San Luis Río Colorado se registran las temperaturas más altas del estado. Temperaturas que en junio, julio y agosto alcanzan 49 grados Celsius. Temperaturas no diferentes a las que presenta la ciudad de Mexicali en la época de verano.

Por lo anterior, es de suma importancia la aplicación de subsidios que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad en las diferentes regiones del país, se reconoce sin duda alguna el esfuerzo del gobierno federal al crear el 7 de febrero de 2002 la tarifa 1F, que aplica un subsidio al costo de la energía eléctrica. Sin embargo, es palpable que ha resultado insuficiente, por lo que el propio Ejecutivo federal ha establecido convenios de subsidios adicionales, como el que constituye la aplicación de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, Baja California, otorgando un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F durante 2007, 2008 y 2009.

Como se ha dicho, las altas temperaturas que se tienen en toda esa región durante la época de verano, especialmente en San Luis Río Colorado y toda la región noroeste de Sonora, son el motivo por el que resulta imperante que se destinen mayores apoyos para que las familias de ese territorio que reservan una parte muy importante y significativa de su gasto al pago de energía eléctrica, por el uso de aire acondicionado o bien otros aparatos de ventilación que no son utilizados a capricho, sino como una necesidad para soportar tales temperaturas.

No obstante lo anterior, resulta preponderante que se realice un convenio de colaboración, igual al que el 28 de abril de 2006 firmaron el gobierno federal con Baja California y la Comisión Federal de Electricidad, que permitió el otorgamiento de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, concediendo un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F, que se ha extendido hasta la fecha.

Por tal motivo, estamos convencidos que en plena congruencia con el humanismo económico, a fin de lograr la igualdad para quienes se encuentran en las mismas circunstancias, creemos firmemente que tal compromiso se puede extender a las comunidades que se encuentran en las mismas condiciones climatológicas, como los son las que se sitúan en el noroeste de Sonora.

En esa tesitura, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicitó al Ejecutivo federal por medio de las secretarías de competencia en el tema que se acordara e implantara un convenio de colaboración por el que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se apliquen a las tarifas domésticas, para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, comprendido por los municipios de Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Saric, Tubutama, Atil, Oquitoa, Trincheras, Santa Ana, Benjamín Hill y Pitiquito.

Por las razones anotadas, es oportuno y primordial que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el ejercicio fiscal de 2011, a fin de que se destinen 200 millones de pesos para la celebración de un convenio de colaboración para que se reduzca el costo en el pago de consumo de energía eléctrica para los usuarios domésticos de energía eléctrica en la región señalada en el párrafo antes citado.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por 200 millones de pesos para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el subsidio que otorga durante la temporada de verano a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica en beneficio de los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo.

Notas:

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada,Tomo II. Porrúa, duodécima edición, México, 1998, páginas.

2 Principios de doctrina del Partido Acción Nacional, 2002.

http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina2002[1] .pdf

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Leonardo Arturo Guillén Medina, Marcos Pérez Esquer (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para instalar y mejorar laboratorios de genética en las entidades federativas, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo,al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La libertad personal y el derecho a la justicia son parte inalienable de garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ocupan un lugar especial en la normativa internacional de los derechos humanos. La violación la libertad personal suele ser el camino para atentar contra los demás derechos fundamentales de la persona, como pueden ser violaciones a la integridad personal y a la vida, y la violación al derecho a la justicia, además de agraviar a la sociedad, es el camino más expedito a la impunidad que amenaza el orden mismo del derecho y debilita al Estado.

La privación de la libertad por parte de la delincuencia organizada o aún por parte de agentes del Estado, según los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas suma más de 2 mil 113 personas de las cuales 1 mil 260 son mujeres en su mayoría entre 10 a 29 años de edad, que salieron de sus casas y no volvieron sin que sus padres y familias puedan dar con su paradero.

Se debe señalar también que en México, por su condición de país de expulsor de mano de obra y territorio de tráfico de indocumentados, se encuentran 2 mil 554 personas que fallecieron entre 2004 y 2010, al intentar cruzar la frontera hacia el vecino país del norte. Mientras la situación de violencia social desatada por el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico ha dejado 28 mil decesos desde 2006, produciéndose en promedio 1.72 homicidios diarios, muchos de los cuales no son identificables.

2. Es cada vez más frecuente el hallazgo de fosas de inhumación ilegal en todo el territorio nacional. Sólo durante este año se localizaron, en marzo, en Ciudad Juárez, tres fosas clandestinas; en mayo, en el municipio de Taxco, estado de Guerrero, se hallaron 55 cuerpos dentro del respiradero de una mina, que tenían entre seis y ocho días de haber sido asesinados; el 18 de junio fueron hallados 12 cuerpos en Quintana Roo; el 3 de agosto se ubicó en Sinaloa un cementerio clandestino con 7 cadáveres; el 24 de agosto elementos de la Secretaría de Marina localizaron una fosa clandestina con 72 cadáveres.

En este marco, por falta de protocolos nacionales para la identificación de personas y deficiente intercambio de información entre servicios forenses de las entidades federativas, hay un promedio de 3 mil cadáveres anuales que se dejan de identificar en el país, faltándose al primer deber de toda institución de procuración de justicia que es identificar a las víctimas de homicidios y establecer líneas de investigación. Sin descontar el deber humanitario de que cada familia pueda sepultar a sus muertos.

3. Esta situación ha sido señalada en diversas instancias internacionales de derechos humanos, desde la Cruz Roja Internacional hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ante de los crímenes en contra de las mujeres en Ciudad Juárez emitió publicó la sentencia de Campo Algodonero, en la que se responsabiliza al Estado mexicano por la desaparición y muerte con signos de violencia sexual de tres mujeres, en un contexto de discriminación y violencia hacia mujeres que considera existe en esa entidad desde 1993. Así, señalando que existe una sistemática falla de procuración de justicia, entre otras causas por la deficiencia de equipos forenses con capacidad para identificar a las víctimas de la violencia feminicida, el resolutivo número 21 de la citada Sentencia ordenó al Estado mexicano crear o actualizar, antes del 10 de diciembre de 2010, una base de datos que contenga:

i) la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional;

ii) la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y

iii) la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

3. La Procuraduría General de la República, cuenta desde febrero de 2004 con un banco de datos en genética forense. Pero este registro no incluye la información genética de familiares que reportan desapariciones o extravíos de alguno de sus miembros, ni de mujeres y hombres muertos en la riesgosa aventura de la migración ilegal, o de los reportados como desaparecidos o, extraviados, para estar en la posibilidad de identificar y localizar a sus seres queridos comparando sus propias huellas genéticas con las de los restos encontrados.

Por lo anterior es inaplazable la integración de un registro nacional de datos genéticos integrado con las bases de datos estandarizados de los servicios forenses que sea sustento de un sistema nacional de registro de cadáveres no identificados, que se actualice de manera constante y que pueda ser consultado por todos los gobiernos locales y el federal. Para ello se requiere conjuntar los esfuerzos de las procuradurías de las 32 entidades federativas a fin de que se unifiquen los criterios de investigación en todos los servicios médicos forenses del país, y se simplifiquen y estandaricen los procesos de comparación e intercambio de datos, para que resulte más ágil el proceso de identificación y recuperación de un cuerpo.

La creación de la base de datos implica destinar importantes recursos económicos para sufragar la obtención de las muestras de material genético de los cadáveres y familiares de desaparecidos. Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Ramo 17, “Procuraduría General de Justicia”, recursos presupuestarios etiquetados por el monto de 190 millones de pesos para la instalación de laboratorios de genética en las 16 entidades federativas que carecen de ellos y 48 millones de pesos para las 16 que ya cuentan con ellos, mejoren o consoliden su operación y otros 30 millones más para la estandarización de protocolos de identificación forense. Y la creación de un sistema nacional de registro de cadáveres no identificados.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2010.— Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir infraestructura que proteja la integridad física de los transeúntes y agilice la circulación vehicular previa y posterior a la revisión en retenes de la entrada oriente de San Luis Río Colorado y del tramo carretero San Luis Río Colorado-Delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, suscrita por los diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, pertenecientes a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por el estado de Sonora e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se acuerda que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por el monto de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para que el Poder Ejecutivo federal los destine a construir la infraestructura necesaria, a fin de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, de los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En fecha 7 de abril de 2010, el que suscribe diputado Leo-nardo Arturo Guillén Medina, presenté ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

II. En ese sentido, cabe señalar que la proposición antes referida se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Transportes de la Cámara de Diputados.

III. Asimismo, el 28 de julio de 2010, el diputado Marcos Pérez Esquer y el que suscribe Leonardo Arturo Guillén Medina, presentamos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del segundo receso del primer año legislativo de esta LXI Legislatura, la proposición con punto de acuerdo que solicita de nueva cuenta a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

IV. Dándosele el turno a la segunda comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente de referencia.

Por lo antes expuesto y para fundar y motivar la presente proposición con punto de acuerdo, se presentan las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro máximo ordenamiento jurídico, establece en su artículo 74, fracción IV, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

Por lo anterior, es de vital importancia que para cumplimentar de forma responsable con lo que nuestra Carta Magna nos ha atribuido como diputados federales, es imperativo que se tomen en cuenta las necesidades más trascendentales de cada uno de los sectores.

Así las cosas, cabe señalar que estando obligados a promover que las circunstancias que rodean y contribuyen al orden y desarrollo de nuestras comunidades, brinden en principio las mayores condiciones de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad física de todos y cada uno de los mexicanos, estoy convencido de que permanentemente debemos emprender todas aquellas acciones que propongan y contribuyan a obtener mejores estrategias y formas de actuar en el desempeño de todos los actos del servicio público, para alcanzar los resultados que la sociedad anhela.

Al respecto, vale la pena mencionar que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mantiene presencia permanente en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad interior.

Por lo que es oportuno destacar que la tarea que el Ejército mexicano emprende en la lucha contra el crimen organizado y la incautación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, es digna de reconocerse por su trascendental importancia en el sostenimiento del orden público, a fin de garantizar a la sociedad un entorno seguro.

Sin embargo, y reiterando que aún y cuando no se cuestiona la importancia y utilidad de lograr los objetivos anotados, respecto al establecimiento de puestos de revisión o de control militar, mejor conocidos como retenes, a lo largo del país existen serias manifestaciones de inconformidad en relación a las condiciones de seguridad vial en las que aquellos funcionan, sobretodo de los que se instalan en tramos carreteros y no en zonas urbanas.

Esto es así, debido a que en la gran mayoría de los casos los retenes no cuentan con la mínima infraestructura que garantice en principio la correcta protección de la integridad física de los ciudadanos que por ese camino transitan, a causa de que los carriles de circulación hacen las veces de lugar de inspección sin los señalamientos viales correspondientes, en lugar de contar con áreas contiguas para dicho fin, de igual forma, la carencia de un conjunto básico de elementos y servicios necesarios para el eficaz y eficiente funcionamiento de los puestos de revisión militar, se traduce en largas filas y horas de espera para los transeúntes, en especial para aquellas personas que sin transportar algún tipo de mercancía, son obligados a permanecer en rúas donde se encuentran intercalados un sinnúmero de vehículos de carga que provocan excesivamente la prolongación del tiempo en que se realizará la revisión.

Así pues, es de primordial interés que se fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, y se asignen los recursos presupuestales necesarios para que se construya la infraestructura necesaria, con la insoslayable finalidad de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, muy en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

Por tales motivos, es oportuno y primordial se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de que se destine una partida con un piso presupuestal por el monto de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n) para dotar de infraestructura a los puestos de control militar que se señalan en el párrafo anterior.

La seguridad por la que luchemos hoy, será la que el día de mañana heredaremos a nuestros niños, así que no escatimemos en ello.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por el monto de................ $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para que el Poder Ejecutivo federal los destine a construir la infraestructura necesaria, a fin de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, de los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los programas y las acciones que contribuyen a la prevención, atención y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de recursos suficientes para los programas y acciones que contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como, al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conforme a las siguientes

Consideraciones

1. La violencia contra las mujeres en sus diversas modalidades es considerada ya una epidemia social además de constituir una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada. Los efectos de la misma no se quedan a nivel individual ya que se extiende a los hijos e hijas que viven en familias con relaciones violentas, afectando también el comportamiento comunitario. La violencia basada en el género engendra otras formas de violencia social en el presente y en el futuro, redunda en costos económicos considerables para las familias y para la sociedad en general por la disminución de la productividad laboral y de los ingresos de los hogares, la mortalidad infantil, frecuentes discapacidades; el incremento del ausentismo escolar y de la criminalidad juvenil, siendo un factor que impacta indirectamente en menores tasas de acumulación de capital humano y social.

2. Los efectos de la violencia en contra de las mujeres gravitan también fuertemente sobre los sistemas de salud, ya que resta Años de Vida Saludable a sus víctimas. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre 1.6 por ciento y el 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana. Con base a estas estimaciones, México estaría pagando un costo equivalente a 182 mil 298.6 millones de pesos en 2009, por las consecuencias de la violencia, estimadas como incapacidades, gastos en hospitalización y atención medica tan solo de las consecuencias de la violencia física en contra de las mujeres.

En 2006 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reportó que el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia familiar, patrimonial, comunitaria, escolar, laboral y de pareja”. El 30 por ciento de las mujeres mayores de 15 años señaló haber padecido violencia en el ámbito laboral, como acoso, hostigamiento o abuso sexual; el 16 por ciento de estas mujeres reportó haber experimentado algún incidente de discriminación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela; el 40 por ciento de las mujeres reportó también haber padecido violencia en espacios comunitarios.

3. Por ello el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, al examinar el quinto informe periódico de México lamentó la prevalencia de la violencia contra las mujeres y exhortó al Estado mexicano a intensificar los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. De manera particular, dicho organismo internacional exhortó al Estado mexicano a reforzar las acciones relativas a la armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las Leyes estatales relativas en las entidades federativas, la conformación de una base de datos con información sobre casos de violencia contra las mujeres, el mecanismo para la Alerta sobre violencia por motivos de género, la atención médica y psicológica, refugios para las mujeres víctimas de violencia y la procuración de justicia.

Con la prevalencia de la violencia ejercida contra las mujeres, el Estado mexicano incumple con las obligaciones contraídas como Estado parte de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en particular de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará2; Convención Americana sobre Derechos Humanos; y recientemente, los compromisos asumidos como Estado parte de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el Consenso de Brasilia donde se establece que los Estados “promoverán y fortalecerán políticas que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y condiciones” y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres.

4. En 2006 se promulgó en nuestro país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cumpliendo puntualmente con las directivas de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.

Dicha ley en su artículo 39 señala que “el Ejecutivo federal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la presente ley”. Sin embargo a partir de 2009 se ha producido una disminución absoluta y relativa del presupuesto destinado a garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia; pues mientras en 2008 dichos recursos fueron 2 mil 100 millones, equivalentes al 27.48 por ciento del Presupuesto para el Adelanto de la Mujeres y la Equidad de Género, en 2009 sufrieron una reducción de 500 millones cayendo 10 puntos porcentuales respecto al 2008.

En 2010 experimentaron nuevamente una caída, representando sólo 12.9 por ciento de los recursos consignados en el Anexo 10; y ahora de nueva cuenta, representa sólo el 10.07 por ciento en la asignación de recursos en la materia en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para 2011.

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Uno.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de recursos suficientes para los programas y las acciones que contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres; así como, al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dos. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente para el ejercicio fiscal 2011 considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de 20 millones de pesos (mdp) para la actualización del diagnóstico nacional sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas. Así como la programación 2 mil mdp para Servicios de Atención Médica y Psicológica con perspectiva de género a las víctimas, con horarios de 24 horas.

Nota:

1 INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006).

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2011.— Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluya un anexo adicional donde se desglosen las asignaciones y modificaciones presupuestales de programas y acciones que tengan por objeto el rescate y la conservación de cuencas, ríos, lagos y lagunas, suscrita por los diputados Agustín Torres Ibarrola y Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados Agustín Torres Ibarrola y Felipe de Jesús Rangel Vargas, integrantes de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, los mexicanos enfrentamos grandes retos en materia de abastecimiento y calidad del agua, retos que se encuentran ligados en un ciclo de hechos y necesidades a la disponibilidad, sustentabilidad y utilización del recurso. Sabemos que en la medida en que el ser humano adquiera consciencia en la utilización del agua, su cuidado y reutilización; podremos avanzar en materia de sustentabilidad del recurso y beneficio de nuestro entorno. Pero estos hechos toman tiempo y esfuerzo, mismos que hoy no podemos desperdiciar.

Compañeros diputados, cuántos de nosotros no hemos evidenciado la contaminación del agua en cuencas, ríos, lagos y lagunas de nuestras comunidades; sintiendo indignación por ver morir la naturaleza y el entorno que durante tanto tiempo hemos contemplado. Aunado a la indignación visual, sabemos que la contaminación de los ríos, lagos y lagunas de nuestro país repercute directamente en el medio ambiente local y global, originando incluso fenómenos en perjuicio de todos los que habitamos este planeta.

Desafortunadamente, apenas comenzamos a adquirir consciencia del daño causado a nuestro ecosistema, las formas de no causar más y entrando en razón de la poca efectividad de las herramientas que hemos utilizado para tratar de contrarrestarlo o resarcirlo. Por citar un ejemplo, el tratamiento de aguas residuales municipales en nuestro país representa apenas el 42.1 por ciento del total nacional, pese a los grandes esfuerzos realizados en la materia por la presente administración del presidente Calderón; cifra que evidencia lo urgente e indispensable que resulta propiciar la construcción de infraestructura más eficiente, que permita incrementar el tratamiento y disposición de aguas residuales, favoreciendo al mismo tiempo la protección de la salud y bienestar de la población, al evitar que el agua contaminada termine en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos.

Son varias las acciones que están siendo tomadas por el gobierno federal para evitar un daño irreversible a nuestros ecosistemas a consecuencia de la contaminación del agua; sin embargo, existen cuantiosas medidas más que deben comenzar a aplicarse en coordinación con los estados y municipios para propiciar el saneamiento y rescate efectivo de las cuencas, ríos, lagos y lagunas de nuestro país, resarciendo el daño causado hasta ahora por el uso y disposición final del agua.

Año con año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinan ingresos al rescate ecológico de cuencas ríos, lagos, lagunas entre otros; algunos de ellos de manera directa y otros mediante la estructura programática de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cuál es la cifra total de recursos que destina el gobierno federal al rescate de estos importantes ecosistemas, ni los montos asignados a cada uno de los proyectos de rescate y saneamiento llevados a cabo en las entidades federativas.

Al no conocer esta información de manera clara y concisa, resulta complicado evaluar los resultados de las medidas y políticas públicas destinadas al saneamiento y recuperación de cuencas, ríos, lagos y lagunas del país, tornando indispensable contar con información precisa que permita construir indicadores confiables para evaluar los resultados obtenidos.

Con lo expuesto anteriormente compañeros diputados y porque en el Partido Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado a favor de la transparencia y claridad en el destino de los recursos presupuestales, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se incluya un anexo adicional en el cual se desglosen exclusivamente las asignaciones y modificaciones presupuestales a programas y acciones que tengan por objeto el rescate y conservación de cuencas, ríos, lagos y lagunas del país, bajo la premisa de clarificar y transparentar los recursos destinados a tan importantes objetivos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2010.— Diputados: Agustín Torres Ibarrola, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para cumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ratificó en 1981 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 1998. En tal virtud, ha aceptado y reconocido el carácter inapelable y definitivo de las sentencias emitidas por ese tribunal conforme a los artículos 67 de la convención, y 31 del Reglamento de la Corte. Por esta ratificación el Estado mexicano está obligado a cumplir en todos sus términos y plazos, todas las disposiciones derivables de cualquier sentencia que esta Corte emita.

En diciembre de 2009, la Coidh notificó al Estado mexicano las sentencias en los casos González y otras (“Campo algodonero”) y Rosendo Radilla Pacheco, ambas contra el Estado mexicano. La primera sobre tres casos de femenicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la segunda relacionada con las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra sucia.

Recientemente, el 30 de agosto de 2010, el máximo tribunal interamericano notificó al Estado mexicano dos sentencias en los casos Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, mujeres que fueron violadas sexualmente por integrantes del Ejército Nacional Mexicano. Asimismo, se espera que para principios del año 2011 se notifique a nuestro país la sentencia condenatoria por el caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que fueron detenidos y torturados también por miembros del Ejército Mexicano.

En estos casos se ha determinado la existencia de responsabilidad internacional de México por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en algunos instrumentos internacionales adicionales.

De acuerdo con la CADH las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables. Es decir que no aceptan ningún medio de impugnación. Por ende, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirlas en sus términos y en los plazos establecidos por el Tribunal Internacional.

Sin embargo, la ejecución de las sentencias de Campo Algodonero y Rosendo Radilla ha presentado dificultades operativas y presupuestales, que ante el inminente vencimiento de los plazos fijados por la Coidh repercutirán en el incumplimiento del Estado mexicano en su conjunto. Situación que podría repetirse en el cumplimiento de las otras tres sentencias.

Lo anterior resulta inadmisible, ya que en términos de los principios del derecho internacional, los estados no podrán argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, en términos del artículo 28 de la CADH, compete fundamentalmente al Gobierno Federal, quien está obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento.

En este contexto, resulta fundamental que la Cámara de Diputados asegure presupuestalmente que el Estado mexicano dé cumplimiento a estas sentencias, por ello se propone la siguiente asignación de recursos:

- A la Secretaría de Gobernación, la asignación de 18 millones de pesos para el pago de las indemnizaciones, así como de gastos y costas fijados por la Coidh.

- A la Secretaría de Salud, la asignación de 5 millones para establecer para que le sea brindado el apoyo médico, psicológico y psiquiátrico para la atención especializada a las víctimas consideradas por la Coidh.

- A la PGR. la asignación de 2 millones de pesos para realizar las excavaciones en el municipio de Atoyac, Guerrero, para la localización de los restos del señor Rosendo Radilla.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, considere la asignación presupuesto para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Presentado ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Teresa del Carmen Inchaústegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la Conade para que contrate los activadores físicos y entrenadores deportivos requeridos a efecto de cumplir el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Yulenny Guylaine Cortés León, Juan José Cuevas García, Sixto Alfonso Zetina Soto, Dora Evelyn Trigueras Durón, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con los siguientes

Considerandos

El eje rector de las políticas del gobierno federal para preservar la salud pública, y combatir la inseguridad pública, consiste en invertir en el fomento de la cultura física y el deporte entre la población mexicana.

Uno de los objetivos, para este fin, en materia de cultura física del gobierno federal consiste en masificar, en coordinación con las diversas instancias del gobierno federal, la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.

Entre las estrategias del gobierno federal para alcanzar este objetivo están:

Promover la activación física laboral en las instituciones públicas y privadas del país, así como en los diversos gremios obrero patronal, a fin de fomentar una mejor calidad de vida.

Fortalecer los lazos con las comunidades mexicanas en el exterior en materia de actividad física, recreación y deporte, a través de la realización de eventos que promuevan la integración social, así como las tradiciones y cultura de nuestro país.

Promover la realización de eventos multideportivos nacionales que promuevan el deporte así como el surgimiento de nuevos valores deportivos

Otro de los objetivos consiste en fomentar en la población mexicana la práctica regular y sistemática del deporte, a través del aprovechamiento de la infraestructura y recursos existentes que promueva la iniciación deportiva en niños y jóvenes, logrando así un desarrollo integral.

Entre las estrategias del gobierno federal para alcanzar este objetivo está:

Contribuir al desarrollo de la cultura física de los mexicanos mediante la práctica regular y sistemática del deporte a través de centros deportivos populares que promuevan una mejor calidad de vida.

La masificación a nivel nacional para cumplir con estos objetivos consiste en incrementar sistemáticamente el número de personas que realizan activación física de manera regular, a través de los programas de activación física a nivel nacional, como una forma de fomentar la cultura física y la práctica recreativa del deporte en sus distintas expresiones.

En este sentido el gobierno federal se planteó como meta la masificación física anual de 35 millones de personas. Para lograrlo es indispensable contar con un plan estratégico, que ya se tiene pero que requiere el mayor número de personas que lo implementen; en donde los activadores físicos y entrenadores deportivos constituyen los recursos humanos clave para cumplir dicho fin.

Parte de los esfuerzos realizados por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para alcanzar estos objetivos son:

Implementar el programa Actívate, Vive Mejor, que consiste en promover la masificación, activación física e integración familiar. Para este año reportó más de 2 millones de niños, jóvenes y adultos que participaron en alrededor de 300 municipios de toda la república mexicana.

Celebró cinco eventos multideportivos: la Olimpiada y la Paralimpiada Nacional, los terceros Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria, así como, en el marco de los festejos por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se llevó a cabo la copa de futbol SEP-Bicentenario para alumnos del nivel primaria en las ramas femenil y varonil.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados reportados por la Conade para el 2010, la meta está por debajo de lo esperado, 28 millones de personas que participaron en actividades de masificación física; lo que revela la necesidad de fortalecer los programas de masificación con más activadores físicos y entrenadores deportivos, haciéndose necesario incrementar los recursos económicos para su contratación.

Por otro lado, uno de los objetivos en materia de desarrollo del deporte, consiste en fortalecer la formación, capacitación y certificación de profesionistas y técnicos en las diversas áreas del deporte, así como fomentar la investigación científica tanto en el área de ciencias sociales y humanidades como en el área de medicina y ciencias aplicadas al deporte con la finalidad de que los deportistas reciban una mejor atención.

Entre las estrategias del gobierno federal para alcanzar este objetivo están:

Fortalecer la formación de los profesionistas que se de-sempeñan en el ámbito del deporte, a través de más y mejores programas académicos de licenciatura y posgrado.

Instrumentar sistemas de capacitación y certificación para las personas que se desempeñan en las diversas áreas del deporte y no tienen una formación profesional.

Parte de los esfuerzos que realiza la Conade para alcanzar estos objetivos son:

La implementación de dos sistemas que fortalecen la formación, capacitación y certificación de entrenadores deportivos; el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos comunitarios, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, así como, el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos escolares y municipales.

Para ello, también es necesario invertir recursos e incrementarlos sistemáticamente para alcanzar los objetivos planteados.

En este contexto, existe otra consecuencia por la carencia de entrenadores deportivos y activadores físicos y en general de recursos y apoyos necesarios por parte del gobierno federal para integrarlos a los programas de la materia, la pérdida y fuga de deportistas catalogados como promesas y talentos deportivos, situación que es impostergable enfrentar.

Asimismo, con el incremento de las obras de infraestructura deportiva en los municipios de toda la república mexicana gracias a los recursos por 2 mil millones de pesos que esta Cámara de Diputados ha asignado durante los últimos tres años en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para aplicarlos directamente en infraestructura deportiva municipal, se hace urgente la contratación de mayores activadores físicos y entrenadores deportivos que desarrollen los programas de cultura física y deporte en todas esas nuevas instalaciones deportivas, con la finalidad de aprovecharlas al máximo en beneficio de toda la población, orientando los trabajos hacia la masificación física y deportiva, además de evitar que las instalaciones pasen a ser lo que se ha denominado como “elefantes blancos”, al quedar en el abandono, y peor aún, que lleguen a servir como guarida o punto de reunión de delincuentes.

Para alcanzar los objetivos planteados se requiere la contratación de más activadores físicos y entrenadores deportivos, por lo que resulta indispensable para tal efecto un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, para la Conade, cuando menos por 40 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar dentro del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, un incremento de recursos por 40 millones de pesos destinados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para la contratación de los activadores físicos y entrenadores deportivos que se requieren para cumplir con los objetivos del Programa Nacional del Cultura Física y Deporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Juan José Cuevas García, Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la instauración de los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben recursos para la instrumentación de los programas que con recursos federales desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del gobierno del Distrito Federal, bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal (Sederec), es una secretaría de reciente creación en el Distrito Federal, cuya responsabilidad primordial es establecer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a migrantes y sus familias.

2. No obstante que la Ciudad de México tiene una vocación eminentemente urbana, el 59 por ciento de su territorio es suelo de conservación y es en esta importante superficie donde los productores agropecuarios, ejidatarios y núcleos agrarios desarrollan actividades que son fundamentales para la sustentabilidad de la ciudad. Para apoyar a estos sectores de la población, la Sederec, entre otros, impulsa los siguientes Programas: Agricultura Urbana, Fomento de las Actividades Agropecuarias y a la Agroindustria, Cultivos Nativos y Herbolaria, Integral del Maíz, Mujer Rural, Fomento de la Producción Orgánica, Mejoramiento de Traspatios, Turismo Alternativo.

3. Tanto originarios como residentes y comunidades étnicas de distintos orígenes, le imprimen al Distrito Federal su carácter pluriétnico y multicultural.

Sin embargo, estos sectores enfrentan la persistencia de mecanismos de exclusión social que derivan en indicadores de bienestar, desarrollo social y humano por debajo de la media de los habitantes de la ciudad. Para revertir esta situación, la Sederec se encuentra desarrollando los siguientes Programas: Programa de Apoyo a Pueblos Originarios del Distrito Federal, Programa de Actividades en los Pueblos Originarios con motivo del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución en la Ciudad de México, Programa de las Lenguas Indígenas y Convivencia Pluricultural de la Ciudad de México, Programa de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades, Programa de Promoción y Visibilización de las Comunidades Étnicas de Distintas Nacionalidades en la Ciudad de México, Programa de la Mujer Indígena y Rural, Programa de Difusión y Fomento de Comunicación Comunitaria de la Ciudad de México.

4. Durante los últimos 20 años, la Ciudad de México pasó de ser una urbe receptora de migrantes a tener un grado de intensidad migratoria muy alta.

5. Frente a esta situación, en la Sederec se ha enfocado en revertir los efectos negativos que ocasiona este fenómeno en el tejido social y familiar, mediante la implantación de programas orientados a privilegiar la promoción de sus derechos y a crear condiciones para arraigarlos a la ciudad y propiciar su retorno. El Gobierno del Distrito Federal se ha propuesto alcanzar mayor equidad social entre las y los habitantes de la ciudad, originarios, migrantes o huéspedes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y como parte de ella, el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, por medio del cual ofrece los siguientes programas y servicios de apoyo para capitalinos radicados en Estados Unidos: Obtención de doble nacionalidad, copias certificadas de registro civil, Tarjeta Migrante, Línea Migrante, Atención a Familiares y Migrantes Internacionales y Proyectos Productivos, entre otros.

Considerando

Primero. Que es fundamental contar con recursos económicos para a tender estos importantes proyectos y a las y los habitantes de estas comunidades, productores, migrantes y sus familias, por ello y para materializar estos proyectos y lograr acercar a las comunidades y sus integrantes a mejores condiciones de vida es necesario que desde esta Cámara se destinen recursos financieros para su aplicación y consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de estos importantes sectores de la población para ello se solicita que la honorable Cámara de Diputados:

I. Apruebe un monto de 5 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto “Agricultura Sustentable a Pequeña Escala para el Distrito Federal” establecido en el Anexo 8, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente competitividad, programa 10 “Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria”, ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, componente “reconversión productiva” en el cual aparezca la leyenda (incluye 5 millones de pesos para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

II. Apruebe un monto adicional de 3 millones 600 mil pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto “Centro de Programación y Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales y Aromáticas en el Distrito Federal”, mismo que se aprueba en el anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente competitividad, programa 10 “Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria”, ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, componente “recursos biogenéticas y biodiversidad” en el cual aparezca la leyenda (incluye 3.6 millones de pesos para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

III. Apruebe un monto adicional de 180 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” en el programa 10 “Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria” del ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, del componente conservación y uso sustentable de suelo y agua, que incluya la leyenda después del nombre del componente mencionado que diga (se incluye 180 millones de pesos para el DF).

IV. Apruebe un monto de 29 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo los proyectos de “Intensificación productiva del área agrícola en la zona del Teuhtli correspondiente a San Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan, mediante el uso eficiente del agua residual tratada de la planta de tratamiento San Pedro Atocpan, Milpa Alta” y el de “obra modernización del riego de los ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco”, para que quede establecido en el anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente “infraestructura”, programa 1 “Infraestructura en el medio rural”, ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, componente “infraestructura hidroagrícola”, en el cual aparezca inmediato al texto anterior la leyenda (incluye 29 millones de pesos para el DF).

V. Apruebe un monto adicional de 4 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto “Capacitación y Consolidación de Proyectos Productivos para Mujeres de las 7 Delegaciones Rurales del Distrito Federal”, provenientes del ramo 08 “Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”. Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

VI. Apruebe un monto adicional de 18 millones 800 mil pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo los proyectos de “Centro de la Diversidad Cultural y Pluriétnica de la Ciudad de México”, y el de “Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe”, que quedará integrado dentro del anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente social, programa 12, “Atención a la pobreza en el medio rural” ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, componente “atención a migrantes (CDI)” que incluirá la leyenda en este mismo componente: (incluye 18.8 millones de pesos para el DF).

VII. Apruebe 18.4 millones de pesos en el ramo 06 Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, dentro del anexo, “Vertiente Social, a Migrantes”, seguido de la leyenda incluye 18.4 millones de pesos para el DF.”

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben recursos para la aplicación de los programas que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del gobierno del Distrito Federal en términos de lo planteado en los considerandos de la presente proposición.

Palacio Legislativo, a los 14 días de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos adicionales a la Secretaría de Salud para prevenir y atender el VIH/sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaria de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida ,bajo los siguientes

Antecedentes

1. Transcurridos dos decenios de iniciada la pandemia, según datos del Consenso de Cairo, 10 años después ONU, 30 millones de personas han fallecido de sida y pese a las actividades de prevención, cada año se registran cinco millones de nuevas infecciones y prevalece el consenso en que esta pandemia está causando un retroceso en el desa-rrollo de las naciones.

2. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida) en su informe sobre la pandemia mundial de sida 2008, estima que en todo el mundo 33 millones de personas vivían con el VIH en 2007, que el número anual de nuevas infecciones por el VIH disminuyó de 3 millones en 2001 a 2.7 millones en 2007. En total 2 millones de personas fallecieron a causa de sida en 2007, mientras que las estimaciones para 2001 fueron de 1.7 millones mientras que el porcentaje de personas que viven con el VIH se ha estabilizado a partir de 2000, el número total de personas que viven con el VIH ha ido aumentando de manera uniforme debido a las nuevas infecciones que ocurren cada año, a los tratamientos que prolongan la vida y a que las nuevas infecciones aún superan en número a los fallecimientos provocados por el sida. Las mujeres representan la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo, y más del 60 por ciento de las infecciones por el VIH en África Subsahariana. Los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo y el número de niños menores de 15 años que viven con VIH aumentó de 1.6 millones en 2001 a 2.0 millones en 2007.

3. En nuestro país el VIH/sida es una epidemia establecida, cuyo primer caso se presentó en 1983 y el primer caso en una mujer fue en 1985, para 1987 había 23 casos de hombres con sida por cada caso femenino, actualmente por cada 5 hombres infectados hay una mujer con VIH. Exceptuando las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en donde la razón es de 3 a 1, es decir tres hombres por una mujer. Ésta es una epidemia concentrada según la categorización Programa de las Naciones Unidas contra el Sida, con 112,830 casos de sida acumulados al 30 de junio de 2007, de estos, el 96.1% obtuvo la infección por transmisión sexual, correspondiendo el 83% a hombres y el 17% mujeres, concentrándose en personas en su fase más productiva y reproductiva, es decir entre los 15 y 44 años, con el 78.7 del total de casos. Se estima que en México hay entre 182 mil a 250 mil personas que viven con el virus. La epidemia se concentra también en las principales ciudades del país, siendo el Distrito Federal la primera entidad en cuanto a número de casos con 20,709 casos. Junto con el Estado de México (que ocupa el segundo lugar con 11,849 casos) constituyen alrededor del 30 por ciento de la suma nacional. A diciembre de 2006 del total de casos, el 62.6 por ciento han sido notificados por la Secretaría de Salud, el 23.3 por ciento por el IMSS y solo el 0.5 por ciento son notificados por atención médica privada.

4. Según el Registro Nacional de Casos de Sida, nos encontramos con que 27,514 personas han sido diagnosticadas con VIH, 483 han sido diagnosticadas con VIH en 2009, se estima que existen 200 mil personas adultas con VIH hasta 2007, así como existen 130,969 casos de sida notificados, en 2009 se han registrado 642, en 2007 se registraron 5 mil 151 defunciones, siendo la tasa de mortalidad en 2007 por 1oo mil habitantes el 4.8 por ciento, (Fuente SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida. Datos al 31 de marzo de 2009. Inegi/Ssa. Registro de mortalidad 2007).

Considerando

Primero. El sida es un tema sumamente complejo que demanda una respuesta sin comparación de todos los sectores de la sociedad, en todo el mundo.

Segundo.El VIH se transmite por tres vías, la más común es la sexual, a través del contacto íntimo con las secreciones corporales que puede darse durante la penetración sin protección, ya sea vaginal o anal. La segunda vía es la sanguínea, que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada. También se puede transmitir el VIH si se comparten jeringas o navajas o si se utilizan instrumentos quirúrgicos, odontológicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizados. Además existe la vía perinatal, de una madre portadora a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia.

Tercero. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, contempla 16.3 millones de pesos, es decir, 40.3 millones de pesos menos que el año pasado en el que se etiquetaron 46.6 millones, que serán destinados a prevención y atención del VIH y otras ITS, lo cual significa una gran reducción presupuestal para dar atención a este grave problema que afecta a la población mexicana.

Cuarto. Esto deja ver claramente que año con año se viene reduciendo el presupuesto que el gobierno federal, está destinando a la prevención y atención del VIH/sida, si consideramos que la disminución presupuestal de 2008 a 2009, para este rubro fue del 38.5 por ciento, y la que se está considerando de 2009 a 2010 fue de 54.85 por ciento, situación que desde la Cámara de Diputados debe cambiar, ya que como se mencionó anteriormente, esta pandemia sigue cobrando día a día, mayor número de víctimas, es por lo cual que es urgente etiquetar recursos para este rubro, con la finalidad de que todas las mujeres y hombres que viven con VIH/sida, cuenten con atención médica especializada y medicamentos gratuitos en este país.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único .Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.

Palacio Legislativo, a los 19 días de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para fomentar y desarrollar del sistema nacional de universidades tecnológicas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, a efecto de asignar recursos suficientes para el fomento y desarrollo del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de todo el país, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, grandes han sido los alcances de diversos personajes mexicanos que han destacado, a nivel nacional como internacional, dentro de diversos rubros demostrando siempre que en México existen personas con grandes ideas y conocimientos.

Es importante señalar que la educación superior en México ha sido el principal trampolín para muchos núcleos familiares, así como para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, ya que sólo con excelente educación es como se pueden abrir las puertas a la superación personal, nacional incluso a nivel internacional.

Es por ello que las instituciones académicas, a nivel licenciatura tienen una gran trascendencia en la formación de cada estudiante que acude a sus aulas, no obstante es de gran importancia señalar que no todo depende de la escuela en la que se impartan los conocimientos.

Con el paso de los años la población en México se ha incrementado de manera considerable, situación que trajo como consecuencia que la matrícula estudiantil se incrementara hasta llegar a su límite dentro de las instituciones públicas, provocando con esto que al mismo tiempo se incrementara la cantidad de aspirantes rechazados que pretenden ingresar a alguna de la universidades públicas de nuestro país.

A diario se puede contemplar en diferentes estados de la República Mexicana, que las instalaciones de las instituciones académicas de nivel superior, requieren el apoyo económico de todos los sectores para poder tener las suficientes herramientas, con el fin de que los conocimientos científicos puedan tener importantes avances que beneficien al desarrollo de nuestro país.

De igual importancia resulta mencionar a las universidades tecnológicas, las cuales atienden a las clases más desfavorecidas de la población estudiantil, quienes suelen ser en su mayoría estudiantes procedentes de poblaciones indígenas y grupos vulnerables. Cabe señalar que de cada 100 estudiantes, 81 representan a la primera generación de su familia que tiene acceso a la educación superior; asimismo, 28 no hubieran ingresado a la educación superior de no haber existido una universidad tecnológica en su localidad.

Dentro del proceso de preparación, los alumnos de las universidades tecnológicas obtienen primero el título de técnico superior universitario, lo que les permite incorporarse al mercado laboral y simultánea o posteriormente, continuar con sus estudios de licenciatura.

Además de todas las ventajas que presentan los centros tecnológicos universitarios, la cultura de la evaluación presenta que 86 por ciento de los empresarios que contratan egresados de estas instituciones manifiestan estar satisfechos con el desempeño de los egresados; el 68.91 por ciento de los egresados obtienen testimonio de desempeño sobresaliente y/o satisfactorio en el exámen general de egreso aplicado por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), mismo que se aplica al 100 por ciento de los egresados.

Para que estos resultados se puedan seguir produciendo e incrementando en todo el territorio nacional, se tienen que llevar a cabo acciones de mejora para consolidar el modelo de las universidades tecnológicas, por lo que se debe atender los siguientes puntos: problemas estructurales, el incremento de la matrícula y la matrícula de los programas de ingeniería; además de fortalecer la permanencia de los estudiantes provenientes de grupos vulnerables.

De conformidad a un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, en todos los estados de la República Mexicana que cuentan con universidades tecnológicas, se presenta la necesidad de incrementar los recursos económicos para diversos fondos que beneficiarían en gran cuantía el desarrollo y crecimiento de las universidades tecnológicas.

Es por lo anterior que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la aplicación de las siguientes propuestas que beneficiarían en mucho el crecimiento y desarrollo de la universidades tecnológicas a nivel nacional: un incremento de $1,124,043,505.00 (mil ciento veinticuatro millones, cuarenta y tres mil quinientos cinco pesos M.N.) para el Fondo para la Atención al Incremento de la Matrícula, incremento de $190,000,000.00 (ciento noventa millones de pesos M.N.) para el Fondo de Apoyo a la Calidad; así como la aplicación de $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos M.N.) para el Fondo de Apoyo a la Permanencia de los Estudiantes Provenientes de Grupos Vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, a efecto de asignar recursos suficientes para el fomento y desarrollo de Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de todo el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a crear un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a crear un fondo de atención de desastres naturales para el Distrito Federal para el próximo ejercicio fiscal de 2011, que permita atender y mitigar los riesgos que existen en la ciudad con base en los siguientes

Antecedentes

1. De acuerdo a las características topográficas existentes, al sur de la Ciudad de México se presentan 74 barrancas distribuidas en ocho delegaciones (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco), de las cuales la mayoría se concentran en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

2. Que es una realidad que en las barrancas, cauces de ríos, laderas inestables y asentamientos irregulares existen, según un censo llevado a cabo por la Secretaría de Protección Civil, 150 mil familias en las delegaciones La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, que viven en un alto grado de marginalidad y que están expuestas a situaciones de riesgo e inseguridad a las que se enfrentan día a día.

3. Que es evidente que el gobierno del Distrito Federal lleva a cabo acciones para prevenir y atender no sólo los riesgos hidrometeorológicos sino todos a los que está expuesta una ciudad como ésta.Sin embargo, es fundamental que la administración pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, de Obras y Servicios, y los órganos políticos administrativos, intensifique las acciones realizadas, a fin de atender urgentemente los daños que la actual temporada de lluvias ha causado en el Distrito Federal, con la finalidad de proteger a la población que habita las barrancas, cauces de ríos y laderas inestables.

Considerando

Primero.Por tal motivo, se propone la creación de un fondo que permita obras de mitigación, equipamiento y mecánica de suelo, que deberá ascender a 900 millones de pesos que deberán ser etiquetados para que en los diversos ámbitos de competencia, las instancias involucradas puedan proteger las vidas, bienes y entorno.

Segundo.Es necesario establecer este tipo de fondo debido a la imposibilidad de acudir al Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales), que se encuentra limitado a los desastres naturales y no es aplicable en casos en que urge la prevención y la mitigación.

Tercero.Por otra parte, el Fondo de Apoyo Económico, que establece el artículo 94 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, únicamente establece el cumplimiento de programas y de objetivos del sistema de protección civil.

Cuarto. Por lo anterior, es evidente que ninguno de los dos fondos son aplicables para el caso concreto, aunado a la imperiosa necesidad de atender especialmente por el gobierno del Distrito Federal los riesgos hidrometeorológicos que afectan a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a esta Cámara de Diputados para que asigne un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, que ascenderá a 900 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al proyecto de unidades médicas para la detección y atención oportuna del cáncer de mama y del cervicouterino en Coahuila, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad y Género, y Salud de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a través del rubro de “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, se destinen recursos a Coahuila para el proyecto de unidades médicas para la detención y atención oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, lo anterior al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2006 los tumores malignos por cáncer de mama representaron la tercera causa general de muerte en el país. En ese año fallecieron 220 mil 240 mujeres, de las cuales 32 mil 875 tuvieron como causa de muerte la presencia de tumores malignos, lo cual se traduce a la sexta parte del total de las muertes femeninas en México.

2. Por otro lado se encuentra el cáncer cérvico-uterino, el cual a causa de su detección tardía, al día de hoy muere una paciente cada dos horas en el país.

3. La Secretaría de Salud menciona que las muertes por estas enfermedades son “muertes evitables” ya que por sus características, tecnología y conocimientos médicos se pudieron evitar.

4. Anualmente mueren en México casi cinco mil mujeres por cáncer de mama y más de cuatro mil por cáncer cérvico-uterino de conformidad con datos proporcionados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud.

5. En el caso del cáncer de mama existen estudios en donde se refleja que en los estados del norte del país las tasas de mortalidad del cáncer son mayores a comparación con los estados ubicados en el sur, todo esto se debe en gran parte al desarrollo socioeconómico. En los “Indicadores de Resultado 2001-2005 de la Secretaría de Salud” indican que Coahuila mostró una tasa de mortalidad por cáncer de mama de 15.78, mientras que Quintana Roo tuvo una tasa de 4.31.

6. En la delegación del IMSS en Coahuila que atiende al 80 por ciento de la población coahuilense, se registraron 71 defunciones por tumor maligno de mama, además, a pesar de que el estado bajó al lugar número 12 en cuanto al índice de mujeres que padecen el cáncer de mama en México, sigue siendo la primera causa de muerte en la entidad.

7. Asimismo, la región norte de la entidad federativa en la cual se encuentran los municipios de Piedras Negras, Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión, Zaragoza entre otros, enfrenta la problemática de no contar con una clínica cercana en la cual se pueda dar tratamiento a estos padecimientos, gente de escasos recursos tienen que trasladarse a la capital de Coahuila o a Monterrey, Nuevo León, para ser atendidos.

8. Es por ello que se considera de suma importancia el destinar mayores recursos para la detección oportuna y atención del cáncer de mama y cervicouterino en Coahuila.

Por lo expuesto, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero.Que en los últimos años ha incrementado la tasa de mortalidad del cáncer de mama y cérvico-uterino en el país, por lo que se deben de redoblar esfuerzos a fin de que la detección temprana de dicha enfermedad pueda evitar muertes de mujeres mexicanas.

Segundo.Que en la actualidad la muerte por cáncer de mama es la primera causa de muerte en Coahuila, situación que se ha intensificado en los municipios de la región norte de la entidad.

Tercero. Que los municipios de la región norte del Estado no cuentan con Unidades Médicas cercanas especializadas en la atención y detección de las enfermedades citadas. Por mencionar un ejemplo, Asociaciones Civiles en el municipio de Piedras Negras se han dado a la tarea de ayudar a los enfermos de cáncer para su tratamiento y reportan un gasto aproximado de 155 mil 869.80 pesos en 2009 por cada 100 personas para apoyos de despensa, gasolina, atención médica, prótesis, traslado de personas con cáncer fuera de su municipio entre otros.

Cuarto.Es necesario que se cuenten con unidades médicas en Coahuila para la atención y detección de estas enfermedades, sobre todo en la región norte del estado, para lo cual se toma como referencia el municipio de Piedras Negras donde las personas con este padecimiento realizan un recorrido aproximado de 5 horas para trasladarse al albergue “Si a la Vida” ubicado en Saltillo, Coahuila y 6 horas al albergue de la Cruz Rosa en Monterrey, Nuevo León, siendo éstas las clínicas de atención médica especializada más cercanas para recibir atención.

Quinto.Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad y Género, y Salud consideren un aumento sustancial para este presupuesto en el rubro “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” con la finalidad de que se destinen recursos a Coahuila para unidades médicas que coadyuven a la tarea de prevención y atención del cáncer cervicouterino y mamario.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad y Género y salud de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a través del rubro de “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, se destinen recursos a Coahuila para el proyecto de unidades médicas para la detección y atención oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día diecisiete de octubre del año dos mil diez.— Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un hospital de especialidades que atienda a las mujeres en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 una partida destinada a crear un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres en el Distrito Federal, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 50 años de edad. Las enfermedades cardiovasculares son comunes en hombres antes de los 50, pero después de esa edad aumenta en las mujeres debido a la disminución de la producción hormonal, que favorece el incremento de triglicéridos y colesterol, que se combinan con hipertensión, tabaquismo y obesidad.

2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día. Actualmente, las que lo padecen tienen una esperanza de vida de 58 años.

3. Según información de la Secretaría de Salud, del 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cervicouterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.

4. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta 2005 había en el país 53 millones de mujeres y 50 millones de hombres; y las primeras forman uno de los sectores de la población más vulnerables.

5. Que ciertas enfermedades o padecimientos afectan únicamente a las mujeres. Otras como la osteoporosis no es exclusiva de las mujeres, pero predomina en ellas.

Considerando

Primero. Que la infraestructura hospitalaria en el país es insuficiente, ya que resulta creciente el número de personas que requieren servicios médicos especializados y de atención de primer nivel, y la capacidad de los nosocomios en el país se ve por mucho rebasada.

Segundo.Que como se mencionó, en el país habita mayor número de mujeres, más vulnerables que otros sectores de la población, y ya que por razones meramente biológicas requieren atención médica especializada, que abarque los padecimientos que las aquejan cada vez con mayor incidencia.

Tercero. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes al tratar de llevar atención médica a la población. Por ello es necesario crear un centro hospitalario que atienda de manera particular a este sector de la población y que el nosocomio se sitúe en el Distrito Federal, toda vez que éste concentra a mayor número de habitantes en territorio nacional.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 una partida destinada a crear un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para prevenir y atender el cáncer de mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención y la atención del cáncer de mama ,bajo los siguientes

Antecedentes

1. A causa de este padecimiento y de acuerdo con datos que aporta la Organización Mundial de las Salud (OMS), una mujer es diagnosticada cada 30 segundos en el orbe, indicando igualmente que, de cada 36 casos que se diagnostican, 32 ya están en niveles avanzados.

2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día, actualmente las que lo padecen tienen una esperanza de vida de 58 años.

3. Según información de la Secretaría de Salud, desde e1 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer mamario fue de 42.7 por 100 mil mujeres de 25 años y más.

4. Datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que cada año mueren más de 35 de cada 100 mil mujeres mayores a los 55 años de edad.

5. Actualmente, este padecimiento registra mayor incidencia en las entidades federativas del norte del país, sólo superado como causa de muerte por el cáncer cérvico-uterino, aunque según datos de la Fundación Cima, en algunas entidades las tendencias se están invirtiendo.

Considerando

Primero. Que el cáncer de mama es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión, ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, y entre ellos se encuentran ser mujer, antecedentes familiares de cáncer mamario, primer embarazo después de los 35 años, menarquia temprana, menopausia tardía, enfermedad fibroquística severa, altos contenidos de estrógenos; de los datos expuestos podemos concluir que en la actualidad todas estamos en riesgo de contraer cáncer de mama.

Segundo.La Secretaría de Salud, a través del Programa de Cáncer de Mama, de septiembre de 2008 a agosto de 2009 ha reforzado la infraestructura y accesibilidad a la mastografía, al incrementar el número de unidades móviles con 16 mastógrafos en estados con menor capacidad para la detección, realizaron 142 mil 237 mastografías a mujeres con edades que van de 50 a 69 años de edad que no cuentan con seguridad social, se puso en marcha el funcionamiento de dos centros de lectura, que concentran la productividad de 30 centros emisores, con una capacidad anual para interpretar 75 mil mastografías cada uno, y se capacitó a profesionales médicos multidisciplinarios de todos los niveles involucrados en la detección y control de este padecimiento.

Tercero. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes, debemos trabajar porque las mastografías lleguen a todas la mujeres del país, no sólo cubrir a las que tienen entre 50 y 69 años de edad; por ello, desde este órgano legislativo debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer mamario, así como para exhortar, no sólo al gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, ya que, sin afán de ser reiterativa, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único .Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención, detección y atención del cáncer de mama.

Palacio Legislativo, a los 19 días de octubre de 2011.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para prevenir y atender el cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cervicouterino, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. El cáncer es un padecimiento caracterizado por el crecimiento anormal y desproporcionado de las células, que van destruyendo e invadiendo tejidos normales, con lo cual alteran la función del organismo. El cáncer cervicouterino es una tumoración maligna que se presenta en el cuello de la matriz. Es totalmente prevenible, ya que se conoce el agente causal y se dispone de procedimientos para detectarlo y acceder prácticamente a la curación.

2. De conformidad con los análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud, desde la edad madura hasta la vejez, una de las principales causas de muerte entre las mujeres es el cáncer, principalmente de tipo ginecológico. De acuerdo con cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2004 se registraron en México 4 mil 245 defunciones derivadas del cáncer cervicouterino, lo que representa 13.5 por ciento de las ocurridas por cáncer maligno.

3. Según información de la Secretaría de Salud, del 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cervicouterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.

4. Cuatro de cada cinco mujeres que tienen cáncer cervicouterino mueren por no realizarse a tiempo una prueba de papanicolau y 65 por ciento no atiende su salud sexual y reproductiva por anteponer el cuidado de la familia al suyo, informó la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar.

5. Ochenta por ciento de las muertes por esa causa ocurre en los países en desarrollo, donde cada día mueren 600 mujeres por este cáncer. En Latinoamérica y el Caribe, la incidencia llega al doble, y la mortalidad al triple de la que se presenta en países desarrollados.

En México fallecen cada año alrededor de 4 mil 600 mujeres a causa del cáncer cervicouterino, con lo cual se sitúa en el séptimo lugar de Latinoamérica en este tipo de mortalidad.

Considerando

Primero. Que el cáncer cervicouterino es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, entre ellos se encuentran el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años, tener algún parto antes de los 18 años, tener múltiples parejas sexuales o que la pareja sexual tenga relaciones sexuales con otras mujeres; asimismo, la multiparidad, el tabaquismo, la inmunodepresión y la deficiencia vitamínica.

Segundo.La Secretaría de Salud, a través del Programa de Cáncer Cervicouterino, de septiembre de 2008 a agosto de 2009 realizó 2 millones 52 mil 166 detecciones de CACU con la prueba de papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de edad, efectuó 354 mil 305 detecciones con la prueba del papiloma, de las cuales 130 mil fueron en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano. En las mismas comunidades se vacunó a 82 mil 598 adolescentes de 12 a 16 años de edad como parte de las acciones de la estrategia 100 x 100, instauró 6 laboratorios regionales de biología molecular con capacidad por laboratorio para procesar 160 mil muestras anuales de la prueba de VPH, asimismo, capacitó a mil 73 profesionales de la salud de todos los niveles involucrados en detección y control del padecimiento.

Tercero. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes. Debemos trabajar porque a todas las adolescentes del país se aplique la vacuna contra el virus del papiloma humano, y que ésta sea de aplicación universal. De la misma manera, que todas las mujeres de 25 años y más tengan acceso a una prueba de papanicolau anualmente o, en su caso, la prueba de hibridación y que cubramos no sólo 65 por ciento de las mujeres del país sino la totalidad de ellas. Por ello desde este cuerpo legislativo debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer cervicouterino, y para exhortar no sólo al gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del cáncer de éste: sin afán de reiterar, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cervicouterino.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine una partida al fortalecimiento del hospital materno-infantil de La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, así como al pleno de de esta LXI Legislatura, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida destinada al fortalecimiento del Hospital Materno Infantil que atiende a las mujeres del surponiente del Distrito Federal con base en los siguientes:

Antecedentes

1. Que en el Distrito Federal se cuenta con 28 hospitales, de los cuales 9 son generales, 10 pediátricos y 7 materno infantiles; un hospital materno pediátrico y un hospital de especialidades, así como 210 centros de salud, 5 clínicas de especialidades, incluyendo la Clínica Condesa orientada a la atención del VIH, 2 centros toxicológicos y 2 clínicas comunitarias. De entre éstas, 275 unidades médicas son de primer nivel de atención, 32 de segundo nivel, de los cuales en La Magdalena Contreras se cuenta con un hospital materno infantil (segundo nivel de atención), así como 9 centros de salud (primer nivel de atención), dependientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de acuerdo con datos oficiales de la propia secretaría.

Sin embargo, pese a que La Magdalena Contreras cuenta con un elevado numero de habitantes con un alto grado de marginalidad, ocupa el tercer lugar entre las delegaciones con menos infraestructura en materia de salud. En La Magdalena Contreras no existe un hospital de especialidades dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ni de la secretaría federal, menos aún del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual se atiendan las necesidades de la población, principalmente de mujeres, mujeres embarazadas y recién nacidos,en el marco del derecho que tienen los residentes del Distrito Federal que carecen de seguridad social, derivada de relaciones laborales y, por tanto, al acceso, con equidad, a los servicios médicos y medicamentos.

Considerando

Primero. El gobierno de la ciudad ha realizado un arduo trabajo para garantizar una mejora en los servicios de salud pública, sobretodo con la creación del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez en Iztapalapa y el Hospital General en Álvaro Obregón, sin embargo, el número de habitantes de esta ciudad y el incremento de algunos padecimientos en materia de salud, hace necesario que coadyuvemos para impulsar la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de salud en nuestra ciudad.

Segundo.Que de acuerdo con la estadística poblacional que registra el Inegi hasta 2005, la población total en el Distrito Federal es de 8 millones 720 mil 916, de la cual 228 mil 927 corresponde a La Magdalena Contreras. De esta última cifra, 52.1 por ciento son mujeres (119 mil 278), mientras que los hombres representan 47.90 por ciento (109 mil 649). No podemos soslayar que la salud es uno de los principales indicadores que nos permiten apreciar el bienestar de las personas, en el entendido de que el acceso a los servicios de salud disminuye la vulnerabilidad del ser humano ante las enfermedades, por ello es importante contar con servicios de calidad y que proporcionen atención integral y no sólo la detección de la enfermedad, sobretodo que incidan de manera positiva en la calidad de vida de las personas. Tan sólo, la Secretaría de Salud federal estima que hasta 2006, en el Distrito Federal existía una población de 3 millones 755 mil 606 de personas no aseguradas, en tanto que 5 millones 59 mil 692 sí estaba asegurada.

Tercero. Que para mejorar la salud de la población se requiere instrumentar mecanismos que faciliten su acceso a los servicios de salud, principalmente de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores. En ese sentido, la infraestructura existente, pese a crecer en cobertura en los últimos años, resulta insuficiente para la atención de los padecimientos más frecuentes en estos sectores de la población.

Cuarto. Que actualmente en La Magdalena Contreras contamos con un hospital materno infantil que cuenta con la siguiente capacidad instalada: 26 camas censables, 31 no censables, 2 incubadoras, 7 consultorios especializados y 3 generales, 1 laboratorio de patología y 1 de análisis clínicos, 2 quirófanos y una sala de expulsión.

Infraestructura que sin descuidar la atención que actualmente se brinda con capacidades limitadas y que pudiera ser fortalecido, para brindar un mejor servicio a la población que atiende que asciende a 109 mil personas y que para tal efecto, se requieren 270 millones de pesos de inversión para prestar el servicio en mejores condiciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único .Exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, así como al pleno de de esta LXI Legislatura, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida destinada al fortalecimiento del Hospital Materno Infantil que atiende a las mujeres del surponiente del Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Informe la Secretaría a la asamblea de una comunicación que acabamos de recibir, de la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico e votación, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios me permito solicitarle tenga a bien consultar al pleno puedan realizarse las modificaciones en el orden del día de hoy a efecto de incluir los siguientes asuntos:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados en Estados Unidos de América desde hace más de 12 años.

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la PGR, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial federal a revisar y resolver, en estricto apego a derecho, el caso del licenciado Juan Ranulfo Martínez Pérez.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación, económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado.Dé lectura a los puntos de acuerdo; sólo a los resolutivos.

CUBANOS ENCARCELADOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la liberación de los cinco cubanos injustamente encarcelados desde hace más de doce años en Estados Unidos de América

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados demanda la liberación de los cinco cubanos que fueron encarcelados por luchar por la paz y en contra del terrorismo hacia su país y que se encuentran en prisión en Estados Unido de América desde hace más de 12 años.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Comuníquese.

JUAN RANULFO MARTINEZ PEREZ

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la PGR, a la CNDH y al Poder Judicial Federal a revisar y resolver con estricto arreglo a derecho el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya las proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial federal a revisar y resolver con estricto arreglo a derecho el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Comuníquese.Don Pedro, con qué objeto.

SUFRAGIO FEMENINO

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, hace unos momentos escuchábamos a todas las compañeras diputadas que festejaba esta Cámara con mucho gusto y ante todo y sobre todo con mucha justicia el voto de la mujer.

Yo quiero pedirle a usted, por ser de justicia, que tributemos todos los diputados aquí presentes un aplauso a un hombre austero, a un hombre bueno, a un hombre honrado que siendo presidente de la República concedió el voto a la mujer en 1953, a don Adolfo Ruíz Cortines.

Quiero que toda la Cámara le tributemos un aplauso a ese hombre que nunca pidió nada a cambio de nada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La propia Cámara ha hecho suya la proposición don Pedro. Muchas gracias.

Diputada Enoé Uranga, con qué objeto.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Para pedir que en esta ocasión en particular se me excluya de la felicitación. No por restarle mérito al presidente Ruiz Cortines sino por la conciencia de que el voto de la mujer es una lucha larga de las mujeres sufragistas que llevó a este país incluso a que la ONU nos sancionara por haber incumplido ya por tantos años. No puedo acompañar en el sentido específico del sufragio de las mujeres nada que no reconozca que es una lucha nuestra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrado que la diputada Uranga no aplaudió.

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION UNIVERSAL ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS O MAS RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos en el capítulo de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, para presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 años o más residentes en los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para el otorgamiento de la Pensión Básica Universal para Adultos Mayores de 65 años de edad o más

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Buenas tardes. En 1991, en la Asamblea General de las Naciones Unidas para las Personas de Edad Avanzada se impulsaron los temas de la generación de programas y esquemas en las naciones participantes para el beneficio de la población de la tercera edad.

Este esfuerzo reconoce en las personas de la tercera edad el derecho a su independencia, el derecho a la participación de los adultos mayores, el derecho a tener cuidados especiales y disfrute de programas y atención por parte de las instituciones especializadas, y en general el derecho a la autorrealización que tienen las personas en la tercera edad.

Pero con relación a nuestros adultos mayores no sólo deberíamos reconocerles y asegurarles estos derechos sino que la sociedad mexicana entera debemos esforzarnos por compensar todo el esfuerzo y trabajo de beneficio social que las generaciones anteriores han dado a nuestro país. Aun así, consideramos que no existen pagos suficientes a todo el esfuerzo entregado en los días de trabajo de los hombres y las mujeres de la tercera edad.

Sin embargo, hasta el momento el Estado mexicano con argumentos falaces si bien tiene programas de apoyo para las y los adultos mayores, no reconoce su responsabilidad respecto de la situación de pobreza, marginación y sobre todo, abandono que vive toda una generación de mexicanos.

No se han homogeneizado los apoyos económicos y de especie para todas las personas por el hecho de pertenecer a este grupo de la tercera edad, bajo el argumento de que sólo se atiende a aquellos que viven en las zonas de extrema pobreza. En ese sentido, millones de mexicanos quedan fuera de dichos programas.

En México el problema del abandono, la violencia, la discriminación en contra de las y los adultos mayores, sobre todo al interior de las familias no es un caso aislado y se une al tema económico. Sin embargo, el Estado no ha desa-rrollado programas que mitiguen este problema y que planteen soluciones de fondo.

Debemos reconocer que nuestros ancianos tienen derechos, pero que éstos son más que una simple declaración, que debe otorgárseles a todos ellos la mejor atención por parte de la sociedad y que el gobierno debe otorgarles, pues, una atención especial.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los comentarios que brevemente hemos expuesto son un llamado a que se reorienten las políticas de atención y ayuda a las personas adultas mayores, sobre todo si reconocemos que al afectar estos sectores de la sociedad se afecta en general a toda la sociedad.

Para lograr estos fines es necesario que el apoyo económico para personas con 65 años cumplidos o más se considere con un gasto mínimo indispensable, como lo marca la Comisión Nacional de Salarios que debe oscilar entre los 862 pesos mensuales en promedio o el equivalente a la mitad de un salario mínimo mensual vigente en la zona de residencia.

En este sentido y por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos. Y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa que establece el derecho a la pensión universal alimentaria para los adultos mayores de 65 o más residentes en los Estados Unidos Mexicanos.

Para quedar como sigue:

Artículo primero. Se expide Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de 65 años o más residentes en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1. Los adultos mayores de 65 años residentes en los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor de la mitad del salario mínimo vigente, calculado en la zona económica correspondiente a su lugar de residencia.

Artículo 2. El titular del poder Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año la asignación que garantice efectivamente el derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de 65 años residentes en el territorio nacional.

Artículo 3. La Cámara de Diputados deberá aprobar en el decreto de Presupuesto de Egresos de cada año el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a esta pensión universal.

Artículo 4. La forma como se hará valer la pensión alimentaria, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley se fijarán en su oportunidad en el Reglamento de la Ley General de Desa-rrollo Social.

Artículo 5. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad o que incurrieran en alguna falta grave serán sancionados conforme a los ordenamientos legales.

Artículo segundo. Se adiciona la fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pasando la actual a ser la XVIII y así sucesivamente, para quedar como sigue:

Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVI. ...

XVII. Garantizar la operatividad del programa de Otorgamiento de la Pensión Básica Universal para Adultos Mayores de 65 años de edad o más, así como la correcta y oportuna distribución de los recursos financieros a la población beneficiaria, y vienen los transitorios.

Agradezco su atención y solicito se incluya el texto completo en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que expide la Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco Años o más Residentes en los Estados Unidos Mexicanos, y reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para las Personas de Sesenta y Cinco Años de Edad o más Residentes en los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El país cuenta con una población de 110 millones de habitantes aproximadamente; de ellos, 6 millones 194 mil son personas mayores de 65 años. Datos oficiales afirman que la esperanza de vida se extiende de manera paulatina; gracias a ello, hasta hace poco una persona adulta alcanzaba a vivir hasta 70 años en promedio, pero se calcula que para 2050 el promedio será de 80 años de vida, y la población dominante será la femenina.

En México, la cultura del respeto hacia las personas adultas mayores es algo que todos, sin distinción, debemos construir para asegurar una vida placentera que haga de la tercera edad una etapa libre de angustias y de desesperanzas, y aunque tenemos que reconocer que en varios estados, como Veracruz, México, San Luis Potosí y el Distrito Federal, hay políticas públicas y programas encaminados a dignificar la vida de las personas de la tercera edad, los que comienzan a rendir frutos. Estos esfuerzos, además de ser en algunos casos discrecionales, no se han generalizado hasta el momento en el país, con lo cual se deja en el de-samparo a la mayoría de los adultos mayores.

En 1991, en la Asamblea General de las Naciones Unidas para las Personas de Edad Avanzada, estos temas impulsaron la generación de programas y esquemas en las naciones que participaron, para el beneficio de su población de tercera edad. De ese esfuerzo se desprende la obligación de los Estados de reconocer los siguientes derechos que protegen a las personas adultas mayores:

A su independencia, que implica la posibilidad de contar con un empleo según su fuerza física y capacidades laborales; o bien, gozar de un sustento económico producto del trabajo reconocido por la seguridad social del Estado o por el otorgamiento de una justa pensión a través de éste.

A su participación que, en estricto sentido, significa “que los adultos mayores pueden y deben participar activamente en la definición y aplicación de las políticas que tienen que ver con su bienestar, sentir la libertad de compartir sus experiencias con las generaciones más jóvenes y poder constituirse en asociaciones o sociedades”.

A tener cuidados, tema que se refiere al disfrute de la protección y atención de sus familias o el derecho a decidir internarse en instituciones que les aseguren tratos y cuidados adecuados a sus necesidades.

A la autorrealización, que tiene que ver con garantizar el desarrollo de sus capacidades y habilidades, además de asegurarles el respeto de su dignidad, reconociéndoles plenos derechos.

Pero con relación a los adultos mayores mexicanos, no sólo debemos reconocerles y asegurarles sus derechos sino que la sociedad entera debemos, con los recursos que genera el trabajo de los mexicanos, esforzarnos por compensar el esfuerzo y trabajo de beneficio social que las generaciones anteriores han dado a la nuestra y las próximas. Aun así no hay pago suficiente por todo el esfuerzo entregado en sus días de trabajo.

Por increíble que parezca, en la actualidad en México una persona adulta con 65 años de edad en promedio tiene necesidades diarias, como la obtención de un salario para la manutención de la familia que, en promedio, también se integra por cinco personas, pero en condiciones tales, que sus dependientes son aún estudiantes menores de edad, aspecto que frena la posibilidad de pensar en un pronto retiro del trabajo para gozar de la cesantía y vejez.

En estos casos debería garantizarse por lo menos un empleo lo mejor remunerado, además de adecuar las actividades a las condiciones físicas y de salud que presentan. En contraste, los adultos mayores sólo encuentran opciones ocupacionales, mas no empleos, que en nada consideran la cobertura de un esquema de seguridad social, mucho menos consideran un salario mínimo, es decir que no se garantizan empleos dignos de ser ocupados por estas personas.

Franeleros, empaquetadores en supermercado, taxistas, voceadores de periódicos y revistas, vendedores de agua en los cruceros y cargadores de bolsas en mercados públicos, son sólo algunos ejemplos de las actividades más comunes en las que se ocupan los adultos de la tercera edad que todavía tienen necesidad de trabajar.

Hasta el momento, el Estado, con argumentos falaces, si bien tiene programas de apoyos a las los adultos mayores, no reconoce su responsabilidad con respecto a la situación de pobreza y marginación de toda una generación de mexicanos; no ha homogenizado los apoyos económicos y de especie para toda persona por el simple hecho de cumplir 65 años, pues con el argumento de que sólo se atiende a quienes habitan en zonas de de extrema pobreza; en esta perspectiva, sólo se protege a dos millones de adultos mayores aproximadamente.

En México, el problema del abandono, la violencia y la discriminación, en contra de las y los adultos mayores, sobre todo de sus familias, no es un caso aislado del tema económico, pero por si fuera poco, ni las políticas asistencialistas que imparte el Estado pensadas en mitigar este problema, han podido plantear mejores soluciones de fondo.

El país vive uno de los peores momentos en el quehacer de una construcción social con equidad e igualdad. Ante eso, el Estado se ha encargado de emplear anuncios que llaman a la armonía entre ciudadanos, al respeto entre ellos y a relacionarse con igualdad de derechos y condiciones, sin embargo, en los programas sociales frente a quienes nunca han recibido apoyo alguno por mucho que sobrepasen las condiciones para poderse hacer derechohabientes de los mismos, por dar sólo un ejemplo.

Debemos reconocer que los ancianos tienen derechos, pero éstos son más de los que por un simple sentido común puedan otorgárseles, es decir, todos merecen la mejor atención de parte de la sociedad y de lo que el propio gobierno pueda otorgarles.

La autonomía de cada persona de la tercera edad debe estar fija a un esquema de autosuficiencia y de libre capacidad de decisión, debemos hacer valer su carácter de adultos mayores activos y capaces de desarrollarse en su medio social.

Los comentarios anteriores deben servirnos como un llamado a reorientar las políticas de atención y ayuda para las personas adultas mayores, sobre todo si reconocemos que el afectar a sectores de la sociedad, va en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Con la aplicación de esta ley, el Estado podrá incidir en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, fortaleciendo las condiciones económicas de ellos y sus familias.

Para lograr estos fines, es necesario que el apoyo económico para personas con 65 años cumplidos o más consideren el gasto mínimo indispensable, lo que según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe oscilar entre 862 pesos mensuales o en promedio, el equivalente a la mitad del salario mínimo mensual vigente en la zona de atención.

Esta pensión universal es económicamente viable si se considera el caso de éxito de la Ciudad de México, donde desde hace ya algunos años el apoyo económico es una realidad. En caso de otorgarse una cantidad similar a los poco más de 6 millones de adultos mayores en todo el país, según cifras del Conapo, su costo alcanzaría 2 por ciento del Presupuesto de Egresos de 2010.

Estas cifras, tomadas como referente hacia un gasto en estricto sentido en beneficio de la seguridad social para los adultos mayores, representan 6.5 por ciento de los pasivos del Fobaproa.

Considerando que la población de adultos mayores proyectados para 2050 será de 20 millones de personas en todo el país y que de acuerdo con las cifras oficiales también estimadas para el crecimiento en la economía nacional hasta ese entonces sería de 3 por ciento anual, el PIB será de 40.7 billones de pesos, por lo que el presupuesto destinado a tales fines en 2050 sería de 206 mil 880 millones, 0.5 por ciento de ese año, lo que hace su impacto presupuestal y financieramente viable.

Debemos refrendar nuestro compromiso con la población más necesitada, pero sobre todo, debemos buscar la protección de los derechos que poseen los adultos mayores, nuestros ancianos y abuelos, sin menoscabo de la actividad en la que se hayan desempeñado, debemos brindarles seguridad y respeto, pero sobre todo, debemos de garantizarles por lo menos un sustento económico otorgado por el Estado, no sin antes reconocer que estas personas entregaron su vida productiva no sólo en beneficio propio, sino, también con su contribución a generar mejores condiciones de vida para las presentes generaciones. No es una dádiva, es un deber.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se crea la Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para las Personas de Sesenta y Cinco Años o más Residentes en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero.Se expide Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco Años o más Residentes en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para las Personas de Sesenta y Cinco Años o más Residentes en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1.Los adultos mayores de sesenta y cinco años residentes en los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor de la mitad del salario mínimo vigente, calculado en la zona económica correspondiente a su lugar de residencia.

Artículo 2.El titular del poder Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación de cada año la asignación que garantice efectivamente el derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de sesenta y cinco años residentes en el territorio nacional.

Artículo 3.La Cámara de Diputados deberá aprobar en el decreto de Presupuesto de Egresos de cada año el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a esta pensión universal.

Artículo 4.La forma como se hará valer la pensión alimentaria, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley se fijarán en su oportunidad en el Reglamento de la Ley General de Desa-rrollo Social.

Artículo 5.Los servidores públicos encargados de la ejecución de esta ley que no cumplan la obligación de actuar con arreglo a los principios de igualdad e imparcialidad o que incurrirán en alguna falta grave serán sancionados conforme a los ordenamientos aplicables.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pasando la actual a ser la XVIII y así sucesivamente, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

I. a XVI. ...

XVII. Garantizar la operatividad del Programa de Otorgamiento de la Pensión Básica Universal para Adultos de 65 Años de Edad o Más, así como la correcta y oportuna distribución de los recursos financieros a la población beneficiaria.

XVIII. a XXIX. ...

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal contará con noventa días hábiles para expedir el reglamento de esta ley, a fin de que el apoyo de los adultos mayores a que se refiere sea instaurado a partir del 1 de enero de 2011.

Tercero. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente decreto contendrá las partidas a que hace referencia en artículo 3 de la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se hará como usted pide, se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

Saludamos a invitados especiales de Coahuila, que nos visitan esta tarde, invitados por el diputado Rubén Moreira Valdez. Bienvenidos amigos de Coahuila, a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:Gracias, señor presidente. Con el permiso del diputado presidente, de las señoras diputadas, de los señores diputados, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, también fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito poner a la consideración de todos ustedes, me permito presentarles este proyecto de decreto que tiene como motivo adicionar una IX fracción al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

El propósito de esta iniciativa consiste en incorporar entre los indicadores que evalúan y miden la pobreza, según la ley, un criterio que para nosotros  es sustancial y fundamental, que tiene que ver con el desarrollo de las regiones.

Hay quienes creemos que los problemas de marginación entre personas, que los problemas de desigualdad, que los problemas de migración pueden resolverse a través de políticas públicas y recursos que fomenten el desarrollo de las regiones.

Y para ello creemos que el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, por su importancia, es el precepto a considerar.

Permítanme señores diputados, señoras diputadas, platicarles sobre la importancia de este artículo. El artículo 36 define de inicio 8 indicadores que se usan para medir las condiciones de pobreza en nuestra sociedad. Considera el nivel de ingreso per cápita. Considera también el nivel de rezago promedio por hogar, por familia. Considera las posibilidades de las personas de acceder a los servicios de salud, acceder a la seguridad social. Considera, de igual forma, la posibilidad del espacio de la vivienda y de su calidad, así como el acceso a los servicios básicos de la vivienda, la alimentación y el grado de cohesión.

De parte del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social se desprenden tres esferas fundamentales para la valoración multidimensional de la pobreza: el que tiene que ver con el bienestar en donde considera los activos sociales, las capacidades de las personas, las necesidades insatisfechas.

Otra esfera que tiene que ver con los derechos humanos y que es el conjunto de garantías fundamentales, insustituibles, inalienables que consagra nuestra Constitución y que permiten que los mexicanos podamos encarar la vida en términos de dignidad.

Una tercera esfera que tiene que ver con la territorialidad que parte no de reconocer como la unidad básica a la persona sino a la comunidad. Y que tiene como supuesto fundamental el entender que la pobreza se sufre localmente, que la pobreza responde a factores contextuales de geografía y de territorio.

Ahí está lo que ya marca la ley en la cohesión social, pero es ahí donde nosotros queremos apoyar la posibilidad de generar condiciones de desarrollo regional a través del grado de conectividad. Ya la comisión, de manera exhaustiva, estará definiendo el momento de dictaminar lo que deberá entenderse por conectividad.

Pero esta iniciativa por lo menos trata de que se consideren dos factores sustanciales: el que tiene que ver con telecomunicaciones, esas redes de informática, el acceso a Internet, la telefonía, para poder acercar lugares y para poder acercar mercados. Pero de manera muy especial también todos los nexos carreteros que permitan superar las barreras geográficas de los productos que en los lugares agrestes de nuestra geografía se producen y que enfrentan condiciones de competencia particularmente desleal al tener que agregar en el precio final un alto costo de transporte.

El interés es que los distintos niveles de gobierno puedan destinar políticas y recursos a los accesos de los núcleos poblacionales en virtud de su conectividad con los mercados.

Por eso, compañeras diputadas, compañeros diputados, me permito poner a su consideración este decreto que adiciona una fracción IX, al artículo 36 de la Ley General de Desa-rrollo Social.

Primero, se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 36. Fracción IX. Grado de conectividad

Transitorio. Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención y el apoyo que los señores diputados sirvan manifestar a esta propuesta, quedo de entrada agradecido. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social con base en los siguientes:

Exposición de Motivos

La Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004, considera ocho indicadores para definir la pobreza. Así, en el artículo 36 de la citada ley, se establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tomará como criterios y lineamientos mínimos para la identificación, definición y medición de la pobreza los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación; y VIII. Grado de cohesión social.

Sin embargo, en esta serie de indicadores no se encuentra la conectividad como criterio adicional para caracterizar la pobreza en nuestro país. El no contar con infraestructura adecuada para comunicarnos y telecomunicaciones modernas, es un elemento sin duda que pone en desventaja a la población y marca su desarrollo.

Si el objetivo es identificar y medir la pobreza desde una perspectiva multivariada, el grado de conectividad aporta una nueva dimensión de marginación.

En el siglo XXI la conectividad forma parte de la vida diaria, no sólo en las grandes urbes, sino también en el medio rural. La telefonía satelital y el acceso a supercarretera de la información y comunicación ha cobrado mayor interés y ha demostrado una mayor eficiencia y provecho en el medio rural.

Ahí donde el cableado y la infraestructura física resulta costosa, la conectividad es la alternativa para impulsar el desarrollo.

Desde esta perspectiva, la ampliación de la conectividad nacional es la herramienta integradora de los pueblos que permite establecer relación, enlazar, comunicar y transmitir en ambas direcciones conocimiento, empleando para ello el desarrollo tecnológico. Tiene como meta el crecimiento económico, la competitividad, la transparencia y el desarrollo humano de los pueblos de una nación.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) señala que la conectividad emerge sólo recientemente como objeto de estudio y análisis de la teoría del desarrollo. Asimismo, señala que este interés tiene como marco la discusión de los factores que inciden sobre la inserción de las economías nacionales en la economía global.

Conforme el estudio Conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial: análisis de experiencias internacionales,realizado por la Cepal, la conectividad es la habilidad de coordinar tareas complejas a distancia a través de la unión de las computadoras y las telecomunicaciones. Puede entenderse a la conectividad como una cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre objetos y funciones que se interrelacionan. De esta manera, la representación física del concepto abstracto de conectividad es el de una estructura que está conformada por una red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos del territorio. Esto permite entender la conectividad de acuerdo a criterios ordenados y relacionados con las grandes dimensiones del desarrollo nacional y de las exigencias que requiere el país.

Así, la preocupación que ha surgido en relación con los distintos soportes de la conectividad de los sistemas económicos y de los territorios que los contienen ha estado marcada por la globalización de la economía mundial. En buena medida, el análisis de la conectividad es parte del análisis de la globalización y de las formas de inserción de las economías nacionales en dicho proceso.

Antes de la revolución de la conectividad, las líneas industriales de producción tenían que estar todas en el mismo lugar, independientemente  de las diferencias en la sofisticación técnica necesaria para llevar a cabo cada una de las actividades. De esta forma, la conectividad permite romper la centralización de las cadenas de producción para distribuirlas globalmente.

Para el Ejecutivo federal, como lo señala en su Estrategia Nacional de Conectividad 2009-2010, el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones adecuada y moderna es un recurso poderoso para igualar las oportunidades de superación de las familias más pobres porque rompe el aislamiento y la marginación de las comunidades, promueve la educación, la salud y la vivienda, favorece la introducción de servicios básicos y multiplica las posibilidades de ingreso.

El Ejecutivo señala que los objetivos de una conectividad nacional son los siguientes: garantizar el acceso universal de banda ancha gubernamental y comunitario en todo el territorio nacional, especialmente en las escuelas y espacios educativos, bibliotecas, centros de salud, oficinas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, y en la red de puntos comunitarios de acceso ubicados en zonas de alta marginación y localidades geográficamente remotas; reducir los costos de acceso a la conectividad y las telecomunicaciones de las distintas instancias gubernamentales y comunitarias, a fin de sentar las bases para la implantación generalizada de servicios digitalizados y en línea; facilitar el proceso de adopción tecnológica de las instituciones educativas, de los servicios de salud, de las instancias gubernamentales, especialmente a nivel municipal, y de los servicios de desarrollo social que se impartan a través de los espacios de acceso digital comunitario; y por último, crear las condiciones para acelerar el proceso de adopción y apropiación tecnológica de los mexicanos, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad,

Uno de los principales objetivos de las acciones de conectividad y las políticas públicas que las impulsan, es permitir el acceso a los servicios básicos de infraestructura a los agentes económicos y personas residentes de un país, de tal modo que aseguren el acceso a los sistemas de comunicaciones físicas y virtuales.

De tal forma, sumar el criterio de la conectividad a los que hasta ahora el Coneval ha tomado en cuenta para medir y estudiar la pobreza multidimensional en nuestro país, consolidaría la caracterización de la pobreza y permitiría tener nuevos elementos para la toma de decisiones y el diseño de cursos de acción que permitan superar las condiciones de marginación de millones de mexicanos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Único.Se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a VIII. ...

IX. Grado de conectividad.

Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, María de Jesús Aguirre Maldonado, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Liborio Vidal Aguilar, Martín García Avilés, Jesús María Rodríguez Hernández, José M.Torres Robledo, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Norma Leticia Orozco Torres, Juan Gerardo Flores Ramírez, Oscar García Barrón, Rafael Rodríguez González, María Isabel Pérez Santos, Edgardo Melhem Salinas, Hugo Héctor Martínez González, David Ricardo Sánchez Guevara, Héctor Franco López, Juan Carlos Natale López , Elpidio Desiderio Concha Arellano, Luis Antonio Martínez Armengol, José Antonio Yglesias Arreola, Rodrigo Pérez-Alonso González, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota. Diputado Martínez.

El diputado Hugo Héctor Martínez González(desde la curul): Presidente, preguntarle al diputado Yunes si nos permite adherirnos a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Yunes.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:Con gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Yunes acepta. Los demás diputados que gusten adherirse al diputado Yunes, la lista de adherencias estará aquí en la Secretaría.

LEY ADUANERA - LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Gracias. Con su permiso, presidente. Como bien lo menciona, son varias reformas a diversas leyes que tienen que ver con disposiciones fiscales en materia de discapacidad.

En razón de que las iniciativas se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, le solicito se integre el texto en el Diario de los Debates.

La Ley Aduanera, se propone actualizarla debido a que a 16 años de su publicación han ocurrido muchas cosas, como que ya está publicada la Ley General de las Personas con Discapacidad y ya se ratificó en nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la apertura de las fronteras, lo que enmarca el cambio de periodicidad con el que las personas con discapacidad pueden importar un vehículo adaptado para trasladarse en este país.

Por otra parte, también una propuesta a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, esencialmente en tres sentidos: el primero, adicionar el indicador de discapacidad en el informe que Consar entrega al Congreso. Segundo y lo más importante, eliminar las comisiones a los trabajadores con discapacidad, por manejo de sus cuentas individuales, que las administradoras se hagan cargo de estas cuotas y que el estado de cuenta de los trabajadores con discapacidad visual lo reciban en sistema braille.

Las ganancias de las administradoras permiten absorber las comisiones de los trabajadores con discapacidad y enviar, en braille, los estados de cuenta de los trabajadores que no ven.

Propongo lo anterior en razón de que la Organización Internacional del Trabajo calcula que el 80 por ciento de las personas con discapacidad están desempleadas. Que las personas con discapacidad en edad de trabajar sólo lo hacen 1 de cada 4. El salario que percibe es menos de 1, el 37 por ciento los hombres y 20 por ciento las mujeres. Uno a 2 salarios mínimos el 30 por ciento de los hombres y el 25 por ciento de las mujeres, y tan sólo 2.1 de los hombres y 1.2 de las mujeres perciben más de 10 salarios.

En esta reforma, por la poca incidencia del número de trabajadores que participan en la economía formal no impacta de manera importante los fondos del sistema de ahorro para el retiro, pero sí impacta en la economía de las personas con discapacidad.

Como lo hemos señalado, la mayoría de las personas con discapacidad que trabajan perciben de 1 a 2 salarios mínimos. Por lo que los costos de las mercancías para subsanar su discapacidad se vuelven inalcanzables para ellos.

Por lo que estamos proponiendo que las órtesis, prótesis, sillas de ruedas, aparatos auditivos, andadores, bastones y todos los demás paguen tasa cero, para que las personas con discapacidad puedan comprar sus aparatos y que el IVA no se cobre en estos utensilios que son para nosotros fundamentales y que no tenemos el acceso para comprarlos.

Por otro lado, sólo una de cada cuatro personas con discapacidad son beneficiarias de algún sistema de salud. Con la entrada del Seguro Popular esta proporción pasó 1 de cada 2, pero no todas las personas con discapacidad tienen el acceso a ciertos médicos especialistas. Por este motivo se propone que las consultas de los especialistas que atienden a personas con discapacidad estén exentas del pago del IETU.

Debemos, como Estado responsable, garantizar el acceso a la salud a las mexicanas y mexicanos, pero en particular aquellos que más lo necesitan. Si no podemos garantizarlos a través de las instituciones de salud pública, lo debemos garantizar de alguna manera y ésta es que los profesionistas justifiquen que están atendiendo a una persona con discapacidad, y de esta manera puedan subsanar el pago del IETU.

Finalmente, la iniciativa propone adelantar un año la abrogación de la tenencia para las personas con discapacidad que tengan la necesidad de adaptar su vehículo. Con estas medidas, diputadas y diputados, propiciamos mayores oportunidades para quienes hasta hoy son objeto de salario bajo, limitación de ejercicio de sus derechos y con esta reforma también queremos estimular a los empresarios que contraten a personas con discapacidad, ya que gozarán de los dos atractivos de deducibilidad de salario, las adaptaciones de los centros de trabajo que tengan que hacerse y las herramientas que adquieran para que el trabajador con discapacidad permanezca en este empleo.

Con esta reforma México informa ante la Asamblea de las Naciones Unidas con la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esto ponemos en marcha y armonizamos nuestras leyes, con esto le damos cumplimiento y seguimiento a las disposiciones internacionales que ya hemos signado.

Es por eso, presidente, que le pido que mande a la brevedad estas propuestas que estoy haciendo a la Comisión de  Hacienda, ya que estos temas se están tratando en estos momentos allá. Yo me dirijo también a aquella comisión a respaldarlos, pero que son medidas necesarias que no impactan en la recaudación fiscal del Estado, pero sí impactan en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Aduanera, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del Impuesto sobre la Renta, y del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones fiscales en materia de discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto disminuir las cargas fiscales que pagan por la adquisición de bienes o servicio o por el ejercicio de actividad económica las personas con discapacidad.

La iniciativa pretende sumarse a las acciones que el Estado Mexicano está realizando para saldarla deuda que tiene con, según la Organización Mundial de la Salud, el diez por cieno de la población nacional, lo que representa cerca de 12 millones de personas con discapacidad.

En nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son una norma interna vigente, de acuerdo con el artículo 133 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ella México sea comprometido a: “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”; así como a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;”

La iniciativa es un complemento de las propuestas que en esta Cámara se han presentado para propiciar condiciones de justicia y dignas para el desarrollo humano de las personas con discapacidad.

Se ha presentado ya una reforma electoral, una serie de iniciativas sobre justicia, algunas otras sobre accesibilidad a la información pública, así como una nueva ley en materia integración social de las personas con discapacidad que ofrezca un enfoque diferente al actual que está basado en un enfoque médico-asistencial.

En días siguientes a la discusión del paquete de ingresos, promoveremos dos proposiciones, una para garantizar que todos los mensajes del gobierno federal que se transmitan por televisión se incluya un intérprete de lengua de señas mexicanas; así como la creación de fondo para la accesibilidad al transporte público a las personas con discapacidad. La reforma que promovemos es un complemento de esta reforma integral en materia de discapacidad.

Por lo que se refiere a la reforma de la Ley Aduanera, pretendemos actualizar la ley, ya que fue en julio de 1994 cuando se publicó esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, y desde ese entonces se han producido muchos acontecimientos sociales, económicos y jurídicos que justifican su actualización.

Uno de esos acontecimientos, fue la expedición de la Ley General  de las Personas con Discapacidad en junio de 2005, esta ley señala en su artículo 6, fracción V, que: “Son facultades del Ejecutivo federal en materia de esta ley, las siguientes: fracción V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.”

Por lo que desde el 2005 el Ejecutivo tiene la obligación de promover el otorgamiento de estímulos fiscales, y hasta la fecha el titular del Ejecutivo federal no ha promovido reforma alguna que tenga por objeto acatar la disposición del artículo 6 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El Artículo 1. Propósito, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en su párrafo segundo: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Por lo que proponemos actualizar la Ley Aduanera en su conceptualización de “persona con discapacidad” para que sea acorde a la Convención.

Otro acontecimiento que justifica la presente reforma es la liberación de las fronteras en materia de vehículos provenientes de Estados Unidos y Canadá desde el año de 2005 hace obsoleta la disposición que limita a la importación de un vehículo cada cuatro años a las personas con discapacidad. Por lo que proponemos que reformar el artículo 61 de la Ley Aduanera.

Esta reforma fiscal en materia de discapacidad también propone modificaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para que los trabajadores con discapacidad se encuentren exentos del pago de comisiones en la administración de sus cuentas individuales; introducir el indicador de discapacidad en las estadísticas que se  presentan en el informe de la evolución de los sistemas de ahorro al Congreso; y que los trabajadores con discapacidad visual reciban sus estados de cuenta en sistema braille para que la información sobre sus estado de cuenta el trabajador pueda por si mismo estar informado de la evolución de su cuenta de ahorro.

El panorama laboral de las personas con discapacidad no es del todo muy favorable, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad existen en el mundo aproximadamente 386 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, sin embargo, un gran porcentaje de este grupo de la población está desempleada y en algunos países, este indicador es superior a 80 por ciento. Así, mientras en la población general la tasa de participación económica fue de 49.3 por ciento, en la población con discapacidad este indicador es de sólo 25 por ciento. El grupo de edad con mayor participación económica es el de 40 a 44 años, en el cual el 45.3 por ciento es población económicamente activa.

Según el Diagnóstico del Programa Nacional para el Desa-rrollo de las Personas con Discapacidad, los datos del censo también revelaron que una de cada tres personas con discapacidad que estaba ocupada al momento de la entrevista, eran trabajadores por su cuenta. 6.4 por ciento de la población con discapacidad manifestó que no percibía pago alguno por su actividad, situación más apremiante en el caso de las mujeres, 8.3 por ciento de la población total que estaba ocupada al momento del censo no percibía ningún ingreso, entre la población con discapacidad este indicador fue de 13.9 por ciento. Además el 22.9 por ciento de la población con discapacidad recibía menos de un salario mínimo.

Fuente: Pronadis

Fuente: Pronadis

Como podemos observar la mayoría de los trabajadores con discapacidad, el 29.2 de los hombres y 25.4 de las mujeres obtienen de uno a dos salarios y sólo 2.1 de los hombres y 1.2 de las mujeres perciben más de diez salarios mínimos.

Esta reforma por la poca incidencia por el número de trabajadores que participan en la economía formal no impacta de manera importante los fondos de los sistemas de ahorro para el retiro.

Como hemos señalado, la mayoría de las personas con discapacidad  que trabajan perciben de uno a dos salarios, por lo que los costos de las mercancías para subsanar su discapacidad se vuelven inalcanzables para ellos.

De las modificaciones que proponemos, esta reforma es la más importante porque de ser aprobada beneficiaria de manera inmediata a todas las personas con discapacidad, ya que todas ellas necesitan de al menos una prótesis para sustituir un miembro o de una ortesis para suplir una función.

Con esta propuesta los implementos ortopédicos disminuirán de precio, ya que no cargaran con el lastre que implica el pago del 16 por ciento del impuesto al valor agregado.

Un aparato auditivo cuesta en promedio 10 mil pesos, andadera entre 500 y 900 pesos, cama para cuidados 10 mil pesos, cojín entre 2 mil 700 y 6 mil pesos, rampas entre 3 mil 400 y 11 mil 200 pesos. Como lo ilustran los precios de algunos implementos que usan personas con discapacidad, con un salario mínimo o dos son inalcanzables para ellos.

En relación con laLey del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se propone que los profesionistas que brindan servicios a las personas con discapacidad se encuentren exentos del pago del IETU.

De acuerdo con el Diagnostico del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con discapacidad 2009-2012 (Pronadis), sólo cuatro de cada 10 personas con discapacidad eran derechohabientes en ese momento de alguna institución de seguridad social.

Con la puesta en marcha del Seguro Popular de Salud, el porcentaje de personas con discapacidad con un seguro médico aumentó a 53.5 por ciento en 2006 según la ENSANUT

Lo que significa que el Estado mexicano aún tiene pendiente ofrecer una respuesta para 1 de cada 2 personas con discapacidad que carecen de los servicios básicos de salud.

Ante este panorama proponemos que algunos profesionistas que brindan sus servicios este exentos del pago del IETU.

Con esta reforma apoyaremos la Estrategias del Objetivo 3, en relación a “Contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel de salud” del Pronadis.

En relación con el impuesto sobre la renta, proponemos adicionar a las instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, a las que se dedican a atender la integración social de las personas con discapacidad a la sociedad. Ya que la Ley sólo contempla a las que se dedican a la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda; la asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados; la asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas; la rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes; la ayuda para servicios funerarios; la orientación social, educación o capacitación para el trabajo; la promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad; y el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.

También proponemos que el patrón que realice adaptaciones que hagan accesible el centro de trabajo, procure las herramientas de trabajo para la permanencia del trabajador con discapacidad, puedan deducir de sus ingresos por un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta, en razón de que ya hemos expuesto la situación laboral en la que se encuentran las personas con discapacidad que trabajan.

Con esta reforma se apoyará la Estrategias del Objetivo 5 del Pronadis, que establece: “Garantizar el desarrollo y aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y capacitación para las personas con discapacidad”.

Los patrones contaran con un estímulo adicional para mantener en sus plantillas laborales a las personas con discapacidad, al que ya se da en el artículo 222 vigente, que establece que: “los patrones que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.”

Ya que proponemos que el patrón que realice adaptaciones que hagan accesible el centro de trabajo, procure las herramientas de trabajo para la permanencia del trabajador con discapacidad, podrá deducir de sus ingresos por un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta.

Una de las metas del Pronadis es “lograr que 10 mil personas con discapacidad sean integradas laboralmente en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que representa un incremento de 46.3 por ciento respecto a la cifra de 2008”, y con la reforma al ISR habrán más posibilidades de alcanzar la meta del 2012.

La reforma a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos pretende complementar la reforma a la Ley Aduanera en materia de vehículos de transporte que utilizan las personas con discapacidad.

El Pronadis reconoce que “el Sistema de Transporte Público no es accesible para personas con discapacidad, particularmente en las áreas urbanas y rurales del interior del país.” Y se ha propuesto mediante el “Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos Federales”... “lograr la adecuación e implementación de accesibilidad tanto física, como al transporte y a las comunicaciones.”

La complejidad del tema propicia que el Pronadis no tenga una meta con respecto al transporte público, lo que hace urgente que se exente del pago de la tenencia a los vehículos adatados que usan las personas con discapacidad.

Un transporte propio permitirá que las personas con discapacidad participen en mayor grado en las actividades generales en sociedad, y con ello eliminen en gran medida las condiciones de marginación en la que viven.

La justicia social debe llegar a las personas con discapacidad, pero no sólo mediante beneficio de programas del gobierno que siguen viendo a este sector como sólo objetivos de las políticas de asistencia social.

Es indispensable que se dé un salto cualitativo en la visión del Estado sobre un sector que la inacción gubernamental lo mantenido al margen del desarrollo social, económico, político, cultural, y sobre todo laboral.

Es necesario ver esta reforma no como una concesión o privilegios sino como señala el artículo 31 constitucional, una obligación de todos los mexicanos. Estas exenciones son necesarias, si las personas sin discapacidad se encuentran en situación de desesperación por la falta de empleo, por lo caro del transporte público, por los altos costos de las medicinas, por los altos impuestos que pagan por trabajar; a las personas con discapacidad les agobia el desempleo, las enfermedades, la marginación, la discriminación, la falta de oportunidades, la marginación social.

No se elude la obligación constitucional de “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” que establece la Carta Magna, sino por el contrario, se cumple cabalmente al aplicar el principio de proporcionalidad y equidad para la aportación de las contribuciones.

No consideramos que estas reformas colapsen el sistema financiero nacional, que se disminuyan los ingresos de la Federación a tal grado que impliquen la quiebra del Estado, su impacto será imperceptible para las finanzas públicas por la  escasa participación de este sector en la economía nacional.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales en materia de discapacidad.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones fiscales en materia de discapacidad

Artículo Primero. Se reforman el segundo y tercer párrafo de la fracción XV del artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Articulo 61.No se pagarán los impuestos al comercio exterior...

I. a XIV. ...

XV. ...

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerará como persona con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Tratándose de vehículos especiales o adaptados, las personas con discapacidad podrán importar un vehículo para su uso personal cada año. Las personas morales a que se refiere el primer párrafo de esta fracción podrán importar hasta tres vehículos cada cuatro años. En ambos casos, el importador no podrá enajenar dichos vehículos sino después de cuatro años de haberlos importado.

Disposición transitoria

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011

Artículo Segundo. Se reforman el inciso d) de la fracción XIII del artículo 5, el primer párrafo del artículo 37, y el penúltimo párrafo del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 5o. La Comisión tendrá las facultades siguientes:

I. a XII. ...

XIII.Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión ...

a) a c) ...

d)Información estadística de los trabajadores registrados en las administradoras, incluyendo clasificación de trabajadores por número de semanas de cotización, número de trabajadores con aportación, número de trabajadores con aportaciones voluntarias y aportación promedio, clasificación de los trabajadores por rango de edad y distribución de sexo, tipo de discapacidad y cotización promedio de los trabajadores, densidad de cotización por rango de ingreso, edad, sexo y discapacidad. La información anterior será desglosada por administradora y por instituto de seguridad social o trabajador no afiliado, según corresponda;

e) ...

Artículo 37. Las administradoras sólo podrán cobrar a los trabajadores con cuenta individual las comisiones con cargo a esas cuentas que establezcan de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión. Los trabajadores con discapacidad estarán exentos del pago de todo tipo de comisiones

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Artículo 74. ..

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Los trabajadores afiliados podrán solicitar en cualquier tiempo a las administradoras, en las oficinas de éstas, estados de cuenta adicionales a los que conforme a esta ley y a las disposiciones de carácter general aquéllas deban enviarles periódicamente. En caso de los trabajadores con discapacidad visual, el estado de cuenta será en sistema braille.

...

Disposición transitoria

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011

Artículo Tercero. Se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) a i) ...

j) Las mercancías que usen las personas con discapacidad que por sus características suplan o disminuyan su discapacidad;

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerará como persona con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

...

II. a IV. ...

Disposición transitoria

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011

Artículo Cuarto.Se adiciona la fracción VIII al artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos:

I. a VII. ...

VIII. Los que perciban las personas físicas, provenientes de actividades que brinden servicios médicos a las personas con discapacidad:

a) Neurólogo

b)Audiólogo

c) Oculista

d) Ortopedista

e) Geriatra

f) Optometrista

g) Fisioterapista

h) Las demás similares.

Disposiciones transitorias

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011

Artículo Quinto.Se adicionan el inciso i) a la fracción VI del artículo 95, un párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 95.Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

I. a V. ...

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) a h) ...

i) La integración social de las personas con discapacidad a la sociedad

Artículo 222. ...

El patrón que realice adaptaciones que hagan accesible el centro de trabajo, procure las herramientas de trabajo para la permanencia del trabajador con discapacidad, podrá deducir de sus ingresos por un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta.

Disposiciones transitorias

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011

Artículo Sexto.Se adiciona la fracción VIII al artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. No se pagará el impuesto, en los términos de este Capítulo, por la tenencia o uso de los siguientes vehículos:

...

VIII. Los vehículos que sean objeto de adaptaciones para el uso de las personas con discapacidad,  a partir del ejercicio siguiente a la adaptación de la unidad.

Disposiciones transitorias

Único.El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011.

Notas:

1 www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

2 http://www.medicalam.com.mx/index.php?act=viewCat&catId=52

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia turna directamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y le solicita a Servicios Parlamentarios que a través de un propio sea entregada directamente en estos momentos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, toda vez que están empezando la discusión de estos capítulos en las leyes.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada doña Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Gracias, señor presidente.

No leeré la propuesta de iniciativa porque es una reforma, una modificación y adición a varios artículos y capítulos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, sin embargo, quiero iniciar mi participación diciendo que esta lucha se ha dado de manera muy significativa en esta Legislatura. Se han hecho grandes esfuerzos anteriormente, pero especialmente en esta Legislatura. Yo felicito mucho a la presidenta de la Comisión Especial, a Rosi Orozco, por esta lucha que ha dado.

Quiero, además de dejar por escrito la iniciativa, decir que no queremos menos que lo que se alcanzó para el tema del secuestro. No es cosa menor, es una cosa de la mayor importancia. Por eso vengo en este momento a presentar esta iniciativa que, entre otras cosas, estamos proponiendo la coordinación que debe haber en los tres niveles de gobierno, porque poco se haría si solamente la federación lucha por este tema tan grave, como es el tema de trata, que es la nueva esclavitud, la esclavitud moderna que se está viviendo.

Entre otras cosas estamos pidiendo que esta ley se haga de orden público y de interés social y de observancia general para la República Mexicana. Tiene cosas muy interesantes, pero entre ellas estamos pidiendo que el delito de trata se persiga de oficio porque no es menor este delito.

Estamos incluyendo, entre otras cosas, además de las modalidades que ya están establecidas en la ley, lo que tiene que ver con reclutar personas, con el transporte no solamente cuando se tiene a una persona sino a varias personas. El tema de las promesas, la cuestión laboral y de trabajo, la mendicidad, la adopción o matrimonio simulado, la venta de personas.

De igual manera estamos incluyendo el tema de las y los indígenas. También lo de personas mayores de 60 años. En fin, creo que la propuesta es importante aunada a las muchas iniciativas que han sido presentadas en esta Legislatura.

Creo que el tema apremia. Es importante que así como se hizo —vuelvo a repetir— un esfuerzo importante para el tema del secuestro, este tema sea tomado en cuenta a la mayor brevedad posible.

Señor presidente, solicito sea incluida tal como presenté esta iniciativa en todos sus términos, con todas las modificaciones que hemos presentado, con el propósito de que tengamos una ley más acabada, una ley que responda a las necesidades de este problema de esclavitud moderna que viven tantos hombres y mujeres, pero sobre todo niñas, adolescentes, mujeres adultas. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, de la LXI Legislatura del honorable Congreso De La Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones, de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano a través de un estado de derecho tiene la obligación de velar por el desarrollo social, político, económico y cultural de los mexicanos, así como el respeto a los derechos humanos.

Hemos llevado a cabo un sinnúmero de esfuerzos para concretizar un marco jurídico nacional que coadyuve al respeto de los derechos humanos, mediante la adhesión, adopción y ratificación de instrumentos jurídicos internacionales, así como las reformas, adiciones o derogaciones a los respectivos ordenamientos, de carácter federal.

La trata de personas es un fenómeno que desde las últimas dos décadas ha venido saliendo a la luz pública; como problema social comenzó a reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que se denomino “trata de blancas”, haciendo referencia a la movilidad y comercio de mujeres, surgiendo las primeras hipótesis en torno a que dichos movimientos eran producto de secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres vulnerables con objeto de explotarlas sexualmente.

Organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales consideran la trata de personas como la forma de esclavitud del siglo XXI, considerado como uno de los delitos que en mayor medida atentan contra los derechos humanos como la libertad vulnerando la dignidad de sus víctimas mediante el abuso y la tortura degrada a sus víctimas de la condición humana y las cosifica, vaciándolas de su integridad física y emocional afectando a familias y comunidades enteras, lastimando la cohesión social.

Se ha tenido que recorrer un largo camino en el esfuerzo por definir el fenómeno de la trata de personas, en diciembre de 2000, 147 naciones firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus dos protocolos complementarios; uno, contra la trata de personas, en especial mujeres y niños; y un segundo, contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, entró en vigor el 25 de diciembre de 2003, instrumento internacional que define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Preocupados por esta actividad constante y deshumana, México se ha adherido a convenciones, convenios y protocolos internacionales desde hace varios años, como los siguientes:

La Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores (10 de mayo de 1932);

Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (3 de mayo de 1938);

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (21 de febrero de 1956);

La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (4 de marzo de 2003) y su respectivo protocolo;

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, ratificada el 3 de septiembre de 1981); y

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, ratificada el 12 de noviembre de 1998).

Es preocupante darnos cuenta que México carece de datos exactos referente a este delito, por lo que diversos organismos internacionales han emitido informes y recomendaciones en materia de trata de personas, los cuales nos sirven de apoyo para darnos cuenta de la realidad de este delito.

La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD) presentó en 2009 el documento Trafficking in persons, Global patterns, en el cual señala que aun cuando a nivel internacional se ha incrementado el número de consignaciones por el delito de trata de personas, éstas no corresponden con el incremento del delito que se registra a nivel mundial, considerando a la trata de personas con fines de explotación sexual, la que ha generado la mayor cantidad de estadísticas.

México es considerado un país de tránsito y origen de victimas de trata de personas, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres que son trasladados con fines de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado, al igual que es considerado un país en el que se comete de manera reiterada este delito por considerarse un país de destino de victimas que son traídas al territorio nacional.

La exclusión social y la vulnerabilidad económica colocan a grandes sectores de la población en condiciones de fragilidad que pueden convertirlos en victimas de trata, la pobreza, la desigualdad de género, es relevante mencionar que la situación de la mujer tiene matices preocupantes según las estadísticas del Inegi. El 83 por ciento de los niños que nacen en el país son hijos de madres que no se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA), o que 46 por ciento de la PEA femenina sólo gana de 1 a 2 salarios mínimos, o que 58 por ciento de las madres sólo terminó la educación básica, mientras que sólo 8.6 por ciento tiene una educación profesional, o más grave aún, que el 46 por ciento de mujeres de 15 años o más tienen al menos un incidente de violencia en los últimos doce meses, dando como resultado que al menos 4 de cada 10 mujeres del país fueron víctimas de violencia, por lo que la presente iniciativa pretende establecer dentro de la prevención, la tarea de erradicar todas estas condiciones de vulnerabilidad.

Podemos observar que derivado de situaciones de desventajas económicas y sociales y la promesa de beneficios materiales son algunos de los elementos claves que inciden en el delito de trata, por lo que sería innecesario considerar en la ley existente, el consentimiento como excluyente de la comisión de este acto tan flagelante, pues si bien es cierto que el consentimiento es entendido como voluntad e intención de llevar a cabo la realización de algo, dicha voluntad se ve vulnerada con las agravantes de la comisión del delito.

Desafortunadamente nuestro país carece de un sistema de evaluación, seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para describir con precisión las dimensiones y alcances del delito, las pocas fuentes oficiales disponibles en la materia se reducen a los informes institucionales de las dependencias federales, tales como la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la Procuraduría General de la Republica, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración, por lo que no es posible conocer datos precisos sobre el numero de víctimas, de procesados y sentenciados por la comisión de este delito, ni el número de persona que han recibido rehabilitación y asistencia.

Recordemos que el Protocolo de Palermo y otros documentos internacionales imponen al Estado la obligación de adoptar medidas para reducir la demanda, por lo que es necesario adoptar medidas en este sentido, como campañas de sensibilización para revalorar la dignidad de las personas y evitar que sean vistas como mercancías, como objeto sexual o de placer, ante la descomposición social y familiar, por lo que considero indispensable la elaboración de campañas y políticas públicas en apoyo a la estructura y cohesión familiar, a fin de que las niñas, los niños y las mujeres cuenten con un entorno de protección seguro.

La Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas vigente establece un capitulo en el que se crea la Comisión Intersecretarial, que servirá para coordinar las acciones de sus miembros en la materia, elaborar y poner en práctica el Programa para prevenir y sancionar la Trata de Personas, dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos, respecto de este capítulo es necesario que dentro de esta figura tan importante se considere la participación de la Cámara de Diputados como representantes de la ciudadanía, ya que si bien es cierto los diputados federales como representantes de un distrito tenemos la obligación de velar por los intereses de nuestros ciudadanos, que se tomen en cuenta las causas que ocasionan este delito, las medidas que se deberán de tomar para erradicarlo y las acciones a ejercer para una debida atención de las víctimas y probables víctimas de este hecho tan cruel.

El interés por combatir este crimen tan lamentable se encuentra en las agendas de los gobiernos de la república, sin embargo, contrasta radicalmente con la realidad actual y con el marco jurídico de cada uno de los estados y del Distrito Federal, por lo que es importante incorporar medidas más amplias en sus legislaciones, a fin de desalentar, castigar y prevenir este delito, homologando integral mente el tipo penal en todas las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones con respecto a los tipos penales que guardan una estrecha relación con el delito de trata de personas.

Es sumamente necesario incidir en la mejora del marco jurídico y políticas públicas (a escalas federal y estatal) para combatir la trata de personas en las tres áreas: prevención, procesamiento del delito y protección de víctimas.

Por lo anteriormente expuesto y en mejora de las condiciones para la prevención del delito de trata de personas presento a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se reforman y adicionan, diversos artículos de la Ley para prevenir y sancionar la de Trata de Personas

Artículo Primero. Se reforma, modifica y adiciona diversos artículos del capítulo I, II y III para quedar como sigue:

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir y sancionar la trata de personas, la protección, atención y asistencia de las victimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, y las personas mexicanas en el exterior, así como el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana.

Artículo 2. Corresponde al Estado mexicano, a la Procuraduría General de la Republica y a las entidades de la administración pública federal correspondientes, la prevención y sanción del delito de trata de personas, prestando la debida atención, protección, confidencialidad y asistencia a las víctimas y posibles víctimas de este delito, así como su satisfactoria reinserción a la sociedad.

Artículo 3. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos y tomarán las medidas presupuestales y administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley de conformidad con los tratados internacionales en materia de trata de personas, ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 4. Las autoridades federales y locales en coordinación colaborarán en la realización de sistemas modelos y programas permanentes para evitar que se vulneren los derechos humanos por razón de la trata de personas.

Artículo 5. El delito de trata de personas, se investigará, perseguirá y sancionará por las autoridades de procuración y administración de justicia federal, cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestro país.

Artículo 6. En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Población.

Capítulo II Del Delito de Trata de Personas

Artículo 7. Para efectos de la presente ley, comete el delito de trata de personas quien reclute, promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, transporte, entregue o reciba para sí o para un tercero una o varias personas por medio de la violencia física o moral, engaños, promesas, abuso de poder o aprovechándose de un estado de vulnerabilidad, para someterla a explotación sexual, laboral, trabajos o servicios forzados, la mendicidad ajena, esclavitud o practicas análogas a la esclavitud, venta de personas, servidumbre, adopción o matrimonio simulado, forzado o servil, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, o a la extirpación de un órgano tejido o sus componentes.

Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad, en contra de personas mayores de sesenta años, en contra de indígenas, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá acreditación de los medios comisivos.

Artículo 8. El delito de trata de personas se perseguirá de oficio y se sancionará:

I. y II. ...

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta una tercera parte en su mínimo y en su máximo, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito:

a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público, se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación definitiva para desempeñar cualquier otro dentro del servicio público; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; o se trate de persona indígena;

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, sea tutor o curador de la víctima; además, según las circunstancias del hecho, perderá la patria potestad o cualesquiera otro derecho sobre la victima así como también, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta.

Cuando en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicarán las reglas del concurso establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal.

Artículo 9. La tentativa del delito de trata de personas se sancionará con pena de prisión sin derecho a fianza, que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta dos terceras parte en su mínimo y en su máximo prevista para el delito consumado.

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la trata en el caso de los menores de dieciocho años.

Artículo 10. Cuando un miembro o representante de una persona moral, incluyendo a los servidores públicos de las instituciones del gobierno federal, cometa el delito de trata de personas con los medios que, para tal objeto, la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito se cometa bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, alguna o algunas de las sanciones jurídicas accesorias siguientes:

I. Suspensión: Que consistirá en la interrupción de la actividad de la persona moral o servidor de las instituciones públicas del gobierno federal durante el tiempo que determine el juez en la sentencia;

II.Disolución: Que consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral o servidor de las instituciones públicas del gobierno federal, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta.

La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral o servidor de las instituciones públicas del gobierno federal, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación;

III. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones: Que podrá ser definitiva, de acuerdo a lo que determine el juzgador, que deberán tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece el Código Penal Federal por desobediencia a un mandato de autoridad;

IV. y V....

Artículo 11. Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas, y sea sentenciada, el juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Esta incluirá lo siguiente:

I. Gastos y costas del juicio.

II. a V....

Capítulo III De la Política Criminal del Estado Mexicano en materia de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas

Artículo 12. El gobierno federal establecerá una Comisión Intersecretarial conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para coordinar las acciones de sus miembros en la materia para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. Dicha comisión estará integrada por dependencias, una comitiva de representación de la Cámara de Diputados Federal yentidades de la administración pública federal, así como por la Procuraduría General de la República.

Para tales efectos se atenderá a lo siguiente:

I. El Ejecutivo federal designará a los miembros de la Comisión Intersecretarial que incluirá, como mínimo, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Turismo, y de la Procuraduría General de la República. Asimismo, tendrán participación los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Consejo Nacional de Población y a seis diputados federales con conocimiento en la materia.

II. Participarán en las reuniones de la Comisión Intersecretarial para efectos consultivos de supervisión y vigilancia un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil y tres expertos académicos vinculados con la trata de personas.

Artículo 14. La Comisión Intersecretarial deberá:

I. Elaborar el Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas;

II. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores de sesenta años e indígenas;

III....

Artículo 15. La Comisión Intersecretarial, en el diseño del Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas, deberá considerar las acciones necesarias para cubrir, como mínimo, los siguientes rubros:

I.Además de las necesidades establecidas en el capítulo IV de esta ley, se considerarán las siguientes medidas de atención y protección a las víctimas:

a) a c) ...

d) Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues específica mente creados para las víctimas de trata de personas, donde se les brinden las condiciones para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica y psicológica, alimentación y los cuidados mínimos atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes, mujeres personas mayores de sesenta años e indígenas;

e) a g) ...

Transitorio

Único.Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Será incluida completa la iniciativa de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Héctor Franco López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Está suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Franco López:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el escenario de un federalismo que pretendía fomentar la descentralización y el desarrollo regional, en el año de 1998 con la inclusión del capítulo quinto en la Ley de Coordinación Fiscal se estableció el marco normativo de los fondos de aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios. Este marco jurídico define no sólo los montos de estas aportaciones sino el destino de las mismas.

El artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal considera ocho fondos de aportaciones. El denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social concentra los recursos federales transferidos a estados y municipios para la construcción de obras de infraestructura básica, acciones sociales e inversiones destinadas a la población que se encuentra en condiciones de rezago social.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social está integrado por dos subfondos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal que se orienta a la realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal y su equivalente municipal, que se enfoca a cubrir el financimiento de obras de infraestructura en agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

La iniciativa que presento tiene como objetivo incluir la posibilidad de utilizar recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en la construcción de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento de aguas residuales.

De esta manera,  los municipios estarán en posibilidad de prevenir los diversos problemas que se presentan por una mala disposición de los residuos sólidos y por la falta de tratamiento de las aguas residuales, problemas que trascienden los límites territoriales de sus municipios y que afectan sus arcas, así como la salud y el bienestar de la población más vulnerable en nuestro país.

La mala disposición de los residuos sólidos urbanos incide directamente en la salud, en el bienestar y en el medio ambiente. Hoy en día aunque los rellenos sanitarios constituyen la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, en nuestro país, de acuerdo con el Inegi, sólo 130 municipios de los 2 mil 440 cuentan con una disposición adecuada de residuos sólidos.

Caso similar es el de las aguas residuales, donde por falta de recursos para su tratamiento, comúnmente éstas son dispuestas de manera irregular a ríos o cuerpos de agua sin ningún tratamiento, lo que ocasiona contaminación y múltiples problemas de salud pública.

El problema de la mala disposición de residuos y la falta de tratamiento de aguas residuales rebasa la capacidad económica de los municipios y nos afecta a todos, principalmente a la población que vive en condiciones de rezago social y de pobreza extrema.

Nuestro deber como legisladores es garantizar a la población el derecho consagrado en nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Por lo anterior, en la fracción parlamentaria del PRI, Coahuila, proponemos reformar la fracción A del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionando al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal los conceptos de construcción de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento de aguas residuales.

De esta manera un monto de la recaudación fiscal federal participable pudiera ser destinado a la construcción de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales y así los municipios podrían estar en posibilidad de cumplir con el marco jurídico nacional en la materia y resolver un problema común a los tres órdenes de gobierno.

Solicito, señor presidente, que se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado, Héctor Franco López, en nombre propio y de los diputados Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Héctor Fernández Aguirre y Miguel Ángel Riquelme Solís, de la Coordinación de Coahuila de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el escenario de un federalismo que pretendía fomentar la descentralización y el desarrollo regional, en el año de 1998 el gobierno federal comenzó a realizar cambios en materia de gasto público; con la inclusión del capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscal, se estableció el marco jurídico normativo de los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y se realizaron las asignaciones presupuestarias a través de la creación del Ramo 33 al interior del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios.

La importancia que estos fondos tienen para las Entidades Federativas y los municipios, radica tanto en el monto (aproximadamente 46 por ciento de sus presupuestos) como en el destino hacia el cual va dirigido el ejercicio de estos recursos y que son consideradas necesidades básicas de la población.

En un principio, se consideraba la creación de tres Fondos de Aportaciones, los cuales soportarían las transferencias de los recursos correspondientes a: la Educación, Básica, los servicios de Salud y la Infraestructura Social Municipal, quedando constituidos como:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

III. Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Después de diversas reformas hoy en día el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal considera los siguientes fondos:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

a) Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal.

b) Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal.

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se concentran los recursos federales que serán transferidos a Estados y Municipios para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones destinadas a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

El FAIS está integrado por dos sub-fondos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); al FISE se orientan realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal, mientras que FISM se enfoca a cubrir exclusivamente el financiamiento de las obras siguientes:

• agua potable,

• alcantarillado,

• drenaje y letrinas,

• urbanización municipal,

• electrificación rural y de colonias pobres,

• infraestructura básica de salud,

• infraestructura básica educativa,

• mejoramiento de vivienda,

• caminos rurales,

• infraestructura productiva rural.

La presente iniciativa, tiene como objetivo incluir en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) a los rellenos sanitarios y a las plantas de tratamiento de aguas residuales, y así prevenir los diversos problemas que se presentan en los municipios por una mala disposición de residuos sólidos y por la falta de tratamiento de aguas residuales, problemas que trascienden los límites territoriales del municipio y afectan sus arcas así como la salud y el bienestar de la población más vulnerable en nuestro país.

Rellenos sanitarios

La mala disposición de los residuos sólidos urbanos, incide directamente en la salud el bienestar y el ambiente que disfruta toda población; hoy en día, los rellenos sanitarios constituyen la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial ya que a través de ello se controla el tratamiento de los lixiviados, así como la quema de gases, la reforestación el área del relleno, el control de los olores, y los impactos al ambiente y a la salud humana.

El problema se presenta en el número de rellenos sanitarios ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nuestro País cuenta con 2440 municipios y 16 delegaciones, de estos de acuerdo con cifras del Inegi sólo 130 municipios de los 2 mil 440, cuentan con una disposición adecuada de residuos sólidos.

Plantas de tratamiento de aguas residuales

Además del grave problema de la mala disposición de los residuos sólidos, Actualmente los municipios se enfrentan a otro grave problema como es los vertidos de aguas residuales sin tratar; las aguas residuales de tipo doméstico son lanzadas a los ríos o cuerpos de agua sin ningún tratamiento o desinfección, ocasionando contaminaciones de altas concentraciones con bacterias, virus y parásitos creándose un grave problema de salud pública. Entre las principales enfermedades que se propagan por este mal manejo de las aguas residuales están las diarreas (bacterianas y víricas), la tifoidea y la paratifoidea, el cólera, la hepatitis infecciosa, la amibiasis, entre otras.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 2007 México contaban con mil 710 plantas en operación.

No se cuenta con información por municipio acerca de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero podemos plantearnos problemas como los que viven entidades como Oaxaca, 570 municipios y 65 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación.

El problema de la mala disposición de residuos y la falta de tratamiento de aguas residuales en los municipios rebasa sus capacidades económicas y afecta a todos principalmente a la población que vive en condiciones de rezago social y pobreza extrema; nuestro deber debe consistir en garantizar a la población el derecho consagrado en nuestra constitución: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Por lo que se propone reformar la fracción a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionando al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el rubro de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, dando certeza de que un monto de la recaudación federal participable, sea destinado a la construcción de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios que cumplan con el marco jurídico nacional en esa materia y resolviendo así un problema común a los tres órdenes de gobierno.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de está soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma la fracción a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, y

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

En caso de los municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate.

Adicionalmente, los estados y municipios podrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los estados y los municipios deberán:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por conducto de los Estados, y

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desa-rrollo sustentable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de septiembre de dos mil diez.— Diputados: Héctor Franco López, Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Héctor Fernández Aguirre y Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 139 del Código Penal Federal.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con su venia, señor presidente, compañeros diputados. La característica diferenciadora del delito de terrorismo respecto de los delitos en particular, es precisamente la finalidad que motiva a sus autores y partícipes.

Tradicionalmente la voz terrorismo se ha utilizado para referirse al uso sistemático del terror con la finalidad de coaccionar a organizaciones o gobiernos en la obtención de fines de índole político o ideológico.

En años recientes nuestro país ha padecido múltiples actos de violencia en contra de la población en general, llevados a cabo por grupos criminales que deben ser calificados como actos terroristas, tanto por los medios comisivos como por la finalidad de causar miedo, temor, terror e intimidación con que se vienen realizando.

Sin embargo, de acuerdo con la definición típica del delito de terrorismo, existen condiciones ideales para promover la impunidad desde el marco de la norma actual al no contemplar la posibilidad de que algunos comportamientos puedan ser tipificados como delictivos.

La motivación del acto terrorista va más allá de la simple coacción a gobiernos o a organizaciones al intentar influenciar a un sector de opinión determinado.

Se considera entonces necesario precisar que la intimidación es uno de los posibles objetivos del terrorista, a fin de que pueda sancionarse conforme a este delito no sólo a los grupos subversivos sino a organizaciones criminales que extorsionan, que atemorizan a la población para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Al incluir en el modelo delictivo la finalidad de intimidación para el autor del hecho, el concepto se amplía lo suficiente para encuadrar riesgos, desafíos y amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad interior de nuestro país.

Actos tales como los atentados que han ocurrido con granadas, la explosión de carros bomba o actos violentos contra instalaciones de medios de comunicación o sedes de poderes del Estado.

Además proponemos tipificar como delictivo cuando los autores de estos hechos difundan sus actividades o posturas ideológicas como finalidad del acto terrorista, ya que la propaganda de sus actividades delictivas constituye finalidades que mueven al terrorista a la realización de este tipo de hechos violentos.

Finalmente y en atención a lo valioso de los bienes jurídicos que se deben tutelar a través de esta figura delictiva, que se deben prevenir sobre todo, debemos tomar en consideración la caracterización de las sanciones que ameritan este tipo de comportamientos y ésa es la razón por la que pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados el elevar el rango de la sanción de 10 a 50 años de prisión y hasta dos mil días de multa para él o los autores de este delito, con independencia de las sanciones que correspondan por otros delitos cometidos con motivo de este tipo de comportamientos.

En virtud de lo anterior, señores diputadas y diputados, es que me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal para quedar de la siguiente manera:

Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 10 a 50 años de prisión y multa hasta de dos mil días, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento realicen actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional, intimidar a la sociedad, así como difundir sus actividades o posturas ideológicas o para presionar a la autoridad para que tome una determinada solución.

Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 139 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

La palabra terrorismo hace referencia a una serie de consideraciones de índole político, lo que complica la construcción de una definición precisa y adecuada a contextos sociales e históricos distintos.

La Real Academia Española de la lengua define terrorismo como “dominación por el terror” o “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”.

En términos generales la palabra terrorismo se ha utilizado para referirse al uso sistemático del terror con la finalidad de coaccionar a organizaciones o gobiernos en la obtención de fines de índole político o ideológico. No obstante, existen acepciones más amplias que emplean el término para aquellos casos en que la finalidad misma es la alteración de la paz social, la intimidación o la propaganda.

En nuestro país el tipo penal de terrorismo no existía en la versión original del Código de 1931. Fue incorporada por la reforma de julio de 1970 cuando se llevó a cabo una amplia modificación de varios preceptos, que trajo entre otros cambios la supresión de la figura de  disolución social y la incorporación de los tipos de terrorismo, sabotaje, pandillerismo, asociación delictuosa, entre otros.

Cabe destacar que en las iniciativas que dieron origen a dicha modificación, se hace referencia a la aparición de nuevas formas de delincuencia en nuestro país tendientes a mantener a la sociedad en constante sobresalto.

En la exposición de motivos se menciona “...los últimos atentados cometidos en diversos lugares de la ciudad de México y al parecer en algunas regiones de la república han merecido unánime condenación social en virtud de que sus autores que actúan en la sombra aprovechan las altas horas de la noche o la falta de vigilancia para cometer esta clase de actos ocasionando daños en el patrimonio de las personas y en su integridad física”.

De lo anterior se advierte como antecedente inmediato la realización de atentados llevados a cabo por grupos subversivos. Es decir, el contexto en que se describió el tipo se refería principalmente a la motivación política de los grupos terroristas que se manifestaron hace más de 40 años.

En 2007, en función de las nuevas modalidades de actos terroristas que se presentaron en el contexto internacional, se presentó una reforma al tipo penal de terrorismo, mediante la cual se tipificaron aquellos actos terroristas preparados o cometidos en nuestro país y cuyo propósito no es afectar la seguridad de nuestra nación, sino la internacional, y de manera enunciativa se señalaron los medios violentos por los que pueden ejecutarse los actos terroristas.

No obstante, nuevamente se presenta la necesidad de revisar el tipo penal de terrorismo ante el advenimiento de nuevas circunstancias, fines y modalidades para su realización.

La característica que diferencia el delito de terrorismo respecto de los delitos en particular por medio de los cuáles se realiza, o que son producto de éste, es precisamente la finalidad que motiva a sus ejecutores. En diversas definiciones tanto dogmáticas como legislativas de otros países y convenios internacionales, se considera que la intimidación en sí misma, o bien la propaganda son fines que mueven al terrorista, y no únicamente la coacción a un gobierno u organización para tomar una determinación.

En años recientes en nuestro país se han presentado actos de violencia indiscriminada en contra de la población en general llevados a cabo por organizaciones criminales que solamente pueden ser calificados como actos terroristas, tanto por los medios para su ejecución como por la finalidad de intimidación con que fueron ejecutados.

Sin embargo, debido a lo cerrado de la definición legal del delito de terrorismo, se ha cuestionado la posibilidad de que dichos actos puedan ser tipificados como tales.

Al introducir el tipo penal en 1970, ni en la reforma de 2007, se consideró la posibilidad de que el acto terrorista fuera ejecutado por grupos criminales como mecanismo de propaganda para intimidar a la población. No obstante, resulta evidente que la motivación del acto terrorista va mas allá de la simple coacción a gobiernos u organizaciones, al intentar influenciar a un público determinado.

De esta manera, el terrorista busca reivindicar sus posturas ideológicas, cuando se trata de grupos políticos o religiosos, o bien, en el caso de la delincuencia organizada, sembrar el temor en la población para evitar cualquier intento de resistencia a sus actividades delictivas.

Por ello se considera necesario señalar que la intimidación es uno de los posibles objetivos del terrorista, a fin de que pueda sancionarse conforme a ese delito no sólo a los grupos subversivos, sino a las organizaciones criminales de narcotraficantes y extorsionadores que se valen del temor de la población para llevar a cabo sus actividades delictivas impunemente.

Al incluir la finalidad de intimidación el concepto se amplía lo suficiente para encuadrar actos tales como el atentado con granadas en la Ciudad de Morelia, la explosión de carros bomba en Ciudad Juárez y, más recientemente, la serie de actos violentos acaecidos en Nuevo León, tales como los ataques contra instalaciones de medios de comunicación, la sede del Poder Judicial estatal y el centro penitenciario de Topo Chico, y finalmente el ataque con granadas contra la población en general realizado en la Plaza Municipal de Guadalupe, actos cuya única finalidad es sembrar alarma en la población para de esta manera intimidarla y hacerle perder la confianza en las instituciones.

Se considera asimismo conveniente como delictivo cuando los autores de estos hechos difundan sus actividades o posturas ideológicas como finalidad del acto terrorista, ya que la propaganda de sus actividades delictivas, constituyen finalidades que mueven al terrorista a la realización de los hechos violentos que siembran el terror en la población, además de afectar la integridad física y las posesiones de las víctimas.

Finalmente, estamos ante la necesidad de proteger los bie-nes jurídicos que son el orden social, el normal desarrollo del régimen político democrático definido por la Constitución, que es uno de los valores elementales de la vida en comunidad, así como el derecho que tiene la sociedad a una vida en plena libertad, paz y tranquilidad.

En atención a lo valioso de los bienes jurídicos tutelados por el delito de terrorismo, así como la función preventiva y represiva que debe caracterizar a las sanciones penales, se hace necesario proteger de manera más intensa dichos bienes, por lo que considero necesario elevar el rango de la pena de 10 a 50 años de prisión y hasta dos mil días multa.

De esta manera estaremos sancionando de manera más intensa la comisión del delito de terrorismo, independientemente de las sanciones que correspondan a otros delitos cometidos como medio o efecto del mismo, en beneficio de la sociedad que demanda acciones firmes para garantizar su tranquilidad.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de diez a cincuenta años y hasta dos mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional, intimidar a la sociedad, así como difundir sus actividades o posturas ideológicas, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, en la Ciudad de México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez, Emilio Serrano Jiménez, José Manuel Agüero Tovar, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Carlos Cruz Mendoza, Sergio Lobato García, Jesús María Rodríguez Hernández, José Ricardo López Pescador (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. La diputada Ochoa, con qué objeto.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle al diputado proponente si me permite que me adhiera a su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Zamora, preguntan si usted acepta que se adhieran.

Él está de acuerdo. Está a disposición de las diputadas y los diputados que quieran suscribir la iniciativa presentada por el diputado Arturo Zamora aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY QUE CREA UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO QUE SE DENOMINARA ORGANISMO RECTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS FRONTERIZAS DE MEXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea un organismo descentralizado que se denominará Organismo Rector para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas de México.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy quiero pedir el apoyo de todos ustedes para un asunto que me parece de la mayor relevancia.

Yo sé que en esta tribuna y en esta Cámara estos temas ya se han tratado varias veces, es lo que tiene que ver con el problema de los migrantes y lo que tiene que ver con los asuntos del cambio climático, que parecen ser dos de los grandes problemas que enfrenta la humanidad en estos tiempos.

Resulta, señoras y señores, que el problema de la migración no es un asunto peculiar de nuestro país, no es un problema de nosotros en la frontera norte o en la frontera sur, es un flagelo de la humanidad causado por la desigualdad, causado por la acumulación del capital, causado por estas políticas capitalistas neoliberales que han dejado una secuela de desigualdad y de pobreza en todo el mundo.

Qué ha pasado. Que la gente en busca de mejores condiciones de vida se ve obligada a migrar. No es un delito; es una búsqueda necesaria, justa, que la gente tenga la aspiración de mejorar.

Entonces, de la misma manera que miles de mexicanos intentan llegar a Estados Unidos, también en la frontera sur miles de amigos centroamericanos y de América del Sur pretenden llegar a México, muchas veces como lugar de tránsito hacia Estados Unidos, y muchas otras, para quedarse aquí y buscar una forma de vida distinta. Esto es por el tema de la migración.

En el tema del cambio climático me aterra la irresponsabilidad del gobierno en el tema. Veo que éste es un asunto sumamente delicado. Acabamos de tener una secuela de incidentes meteorológicos que han desatado la desesperanza, la preocupación de miles de hogares en el país, y bueno, no parece que haya algún interés real de enfocarlos a este fenómeno.

Ustedes saben que desde hace muchos años existe una promoción internacional para crear el Corredor Biológico Mesoamericano, que estoy seguro que poca gente sabe, aun cuando es una acción fundamental en la vida de los pueblos, ya no sólo de México. Esto se debe a la promoción de un fideicomiso holandés que se dedicó a ver la franja de Mesoamérica y América Central y decir, alertar y señalar e insistir en su fragilidad. A nadie le importa.

Yo creo que estamos urgidos de políticas regionales. Por eso les estoy pidiendo, por favor, que apoyen esta iniciativa que modifica la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para crear un organismo público descentralizado que atienda el problema de las fronteras.

No hay en el país intención de políticas regionales, pero creo que en el caso de las fronteras es obligado tratar de manera especial el desarrollo de la frontera norte, y por supuesto, el desarrollo de la frontera sur.

Si queremos tener autoridad moral para litigar nuestros derechos y nuestros reclamos con nuestros vecinos del norte tenemos que tener la fortaleza de poder decir que tratamos bien a nuestros vecinos del sur.

Mi iniciativa va en el sentido de construir este organismo público descentralizado, proponerle al Ejecutivo que se encargue de atender a las fronteras con una política regional específica. Ya ha habido en otras épocas. Creo que esta buena experiencia de otras épocas debiera trasladarse a la época actual para resolver o tratar de incidir en estos dos temas de importancia trascendental. Muchas gracias. Buenas tardes.

«Iniciativa que expide la Ley que crea un Organismo Descentralizado que se denominará Organismo Rector para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas de México, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de ley que crea un organismo descentralizado  que se denominará organismo rector para el desarrollo de las zonas fronterizas de México.

Exposición de Motivos

Existen, entre otros, dos problemas recurrentes fundamentales que impactan la geografía del conflicto a nivel internacional en las fronteras. Por un lado el problema de las migraciones y por el otro el del medio ambiental y cambio climático.

Ambas cuestiones son consecuencia de un modelo capitalista depredador, que al buscar la prevalencia del mercado de manera absoluta y al relegar al Estado solamente a funciones de salvamento para el establecimiento de modelos de capitalismo elemental, han provocado que la desigualdad y la pobreza creciente, el aumento de la población y la carencia de condiciones y oportunidades para el desarrollo obliguen a que la gente busque desesperadamente lugares para encontrar un mejor futuro. El problema de las migraciones es uno de los más delicados que enfrenta la humanidad en el tiempo presente. Dicho fenómeno se da principalmente de los países africanos a Europa y más recientemente hacia Asia y de los países latinoamericanos a Estados Unidos de América, Canadá y Europa.

Es evidente que la concentración de la riqueza en los países desarrollados ha generado un conflicto de grave naturaleza porque las migraciones desordenadas están generando gravísimos conflictos sociales, problemas de discriminación y actitudes antisociales que distaban mucho de poderse apreciar en este siglo XXI.

Actualmente, no hay instituciones gubernamentales enfocadas al estudio del fenómeno migratorio y tampoco existe un organismo público encargado del diseño  y la ejecución de políticas públicas eficaces en la materia que den un contexto de normalidad al fenómeno.

En el caso de México, es evidente que el problema migratorio es causado por la pobreza y la desigualdad las cuales han incrementado sustancialmente en años recientes. Ambas cuestiones han llevado a millones de mexicanos a lanzarse desesperadamente a cruzar la frontera del Río Bravo para tratar de ingresar a Estados Unidos de América. A eso se suman los contingentes de migrantes latinoamericanos, de Centroamérica y Sudamérica que optan por utilizar al país como ruta de tránsito hacia Estados Unidos de América, o bien por establecerse en México causando problemas de todo tipo.

El hecho es que, alrededor de las fronteras se han instalado millones de seres  humanos que no alcanzan a cruzarlas y que con la esperanza de que algún día puedan lograrlo, residen en las franjas fronterizas creando una cultura y un medio de sobrevivencia que tiene complicaciones sociales muy delicadas. Esta cultura que se forma alrededor de la frontera exige un tratamiento especializado, que no es el mismo que se puede aplicar para las zonas reprimidas o marginadas de país, porque se trata de un contexto social, económico y político completamente diferente.

En el caso de la frontera sur de México, además del fenómeno de la migración también encontramos grandes efectos del cambio climático que, desafortunadamente parece interesarle a muy pocos.

En México y Centroamérica está ubicado el corredor biológico mesoamericano, que es una franja muy vulnerable de la geografía del continente en el cual se concentra una rica biodiversidad solo comparable al de algunas regiones de las islas del Pacífico. La riqueza de la biodiversidad de la zona y lo complicado de su ubicación geográfica han ocasionado que diversos organismos internacionales pongan su atención en este corredor biológico mesoamericano, como una garantía de preservar el equilibrio ecológico en el continente y evitar la recurrencia de los fenómenos meteorológicos de la gravedad que hemos venido observando.

En la frontera sur, además de los problemas migratorios a los que se hace referencia, existen la complejidad adicional de salvaguardar el equilibrio ecológico y un medio ambiente sano  con el objetivo de mantener una situación climática más o menos estable en todo el continente.

La naturaleza de los dos fenómenos descritos, que implica compromiso de carácter federal, hace que pese a los esfuerzos que los gobiernos de los estados vecinos de la frontera hacen para tratar ambas cuestiones, no generen los beneficios deseados, ya que internamente nuestro país no tiene ni la herramientas jurídicas, ni mucho menos las presupuestales para hacer frente a los  problemas de las franjas fronterizas.

Por eso es necesario crear una instancia que, de manera ordenada  y con un criterio de desarrollo regional, de solución a la problemática que aqueja a las dos fronteras mexicanas que tienen una gran importancia para el desarrollo económico, la seguridad nacional y la estabilidad social del país.

Desde hace muchos años, en base a sus facultades constitucionales y legales, el Ejecutivo ha creado comisiones intersecretariales enfocadas en atender asuntos fronterizos, sin haber logrado resultados significativos.

Al respecto, en 1983, el Ejecutivo federal creó por decreto la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas. Asimismo, a principios de 2001, conforme a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que faculta al Presidente de la República a constituir comisiones intersecretariales para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado o departamentos administrativos, Vicente Fox emitió un acuerdo por el cual creó, con el carácter de permanente, la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte cuyo objeto era coordinar, a través de procesos de planeación y ejecución, las políticas y acciones de gobierno encaminadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de la región de la frontera norte del país.

En virtud de que las comisiones intersecretariales no han logrado ser un mecanismo efectivo para atender, de manera integral y coordinada los problemas de las zonas fronterizas y con fundamento en dispuesto en el artículo 73, fracciones XVI, XXIII, XXV,  XXIX-C, XXIX-D, XXIX-E, XXIX-F, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-L y XXIX-Ñ, así como en el 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que la figura adecuada para coadyuvar en la solución a la problemática existente en ambas fronteras es la creación de un organismo rector para el desarrollo de las zonas fronterizas de México, como un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo contará con la atribución de elaborar el plan nacional de desarrollo para las zonas fronterizas, con la obligación de concertar las líneas presupuestales anuales necesarias para el desarrollo de las zonas fronterizas. Además, tendrá un carácter consultivo cuya principal función en esa materia será la de colaborar en la elaboración y evaluación de políticas públicas y medidas legislativas que contribuyan a la solución integral de la problemática que enfrentan las franjas fronterizas en diversos temas.

Para ello, contará con un Órgano de Gobierno que será presidido por el secretario de Gobernación y una vicepresidencia que recaerá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que de esa manera puede aprovecharse mejor la labor de las representaciones diplomáticas y consulares mexicanas lo cual facilitará el trabajo de las instancias involucradas encargadas directamente de temas como la seguridad, migración, transporte, turismo y salud, entre otros. Asimismo, permitirá canalizar apoyo técnico y financiero de organismos internacionales subregionales, regionales, hemisféricos e internacionales como el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos de la Unión Europea o de otras latitudes que puedan ayudar a crear o mejorar la infraestructura fronteriza y coadyuven a elevar el nivel de vida de los habitantes de las fronteras. Además, el organismo contará con 10 vocales que representarán a los estados fronterizos, un representante de cada municipio fronterizo y un vocal ejecutivo que será el director general del organismo.

El funcionamiento del organismo rector para el desarrollo de las zonas fronterizas de México permitirá optimizar el uso de los recursos públicos en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación  y de los organismos financieros internacionales que se destinen año con año; garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la materia; la elaboración y vinculación de acciones de las dependencias y entidades, tanto del gobierno federal como de los locales,  que se estimen pertinentes para el desarrollo económico y social de la población; establecer programas que permitan el flujo ordenado de personas; un tratamiento integral del problema ecológico que aqueja a las regiones debido al paso constante de huracanes, la deforestación y la contaminación de los ríos por desechos tóxicos; fortalecer los proyectos de inversión en la zonas y reforzar las instituciones encargadas de la seguridad pública estableciendo programas en la materia, entre otras ventajas.

Por lo anterior, presento a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente

Decreto que crea un organismo descentralizado que se denominará Organismo Rector para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas de México

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1. Se crea el Organismo Rector para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas de México como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 2. Los objetivos del Organismo serán los siguientes:

I. Colaborar en el diseño y la evaluación de las políticas públicas para la atención de los asuntos de las franjas fronterizas.

II.Elaborar un sistema de planeación y ejecución con las dependencias y entidades del gobierno federal y los gobiernos locales que estén involucrados en los asuntos de las franjas fronterizas.

Capítulo Segundo De los Órganos de Administración del Organismo

Artículo 3. Serán órganos de administración el Órgano de Gobierno y el director general. Asimismo, el Organismo contará con las unidades administrativas necesarias para cumplir con sus fines que señale su estatuto orgánico.

Capítulo Tercero Del Órgano de Gobierno

Artículo 4. El Órgano de Gobierno estará integrado por los siguientes:

I. Un presidente, que será el secretario de Gobernación; y

II. Un vicepresidente, que será el secretario de Relaciones Exteriores.

III. Seis vocales, que serán los siguientes:

a) Procurador General de la República;

b) El secretario de Seguridad Pública Federal;

c) El secretario de Desarrollo Social;

d) El secretario de Educación Pública;

e) El secretario de Salud;

f) El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y

g) El secretario de Economía.

IV. Diez vocales que serán los representantes de los estados fronterizos.

V. Un representante de cada uno de los municipios fronterizos.

VI. Un director general que será el vocal ejecutivo del Órgano de Gobierno designado por este último, quien concurrirá a las sesiones con voz pero sin voto.

Por cada vocal, habrá un suplente.

Artículo 5. El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el plan nacional de desarrollo para las zonas fronterizas, con la obligación de concertar las líneas presupuestales anuales necesarias para el desarrollo de las zonas fronterizas;

II. Coadyuvar en el diseño y evaluación de las políticas, estrategias, programas y acciones para la atención integral de los asuntos de las franjas fronterizas;

III. Impulsar estudios que sustenten las bases que permitan determinar las políticas de apoyo para la atención integral de los asuntos de las franjas fronterizas;

IV. Aprobar el financiamiento para proyectos específicos de apoyo para la atención integral de los asuntos de las franjas fronterizas;

V. Actuar como interlocutor y el enlace entre las instancias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la materia;

VI. Prestar asistencia técnica a las dependencias o entidades de los distintos niveles de gobierno para la atención integral de los asuntos las franjas fronterizas;

VII. Impulsar la capacitación en la materia;

VIII. Procurar la efectiva coordinación de las políticas, estrategias, programas y acciones para la atención integral de los asuntos de las franjas fronterizas  entre los distintos niveles de gobierno;

IX. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales y extranjeros para la atención integral de los asuntos de las franjas fronterizas;

X. Conocer y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Organismo;

XI. Aprobar su estatuto orgánico;

XII. Las demás que establezcan otras leyes.

Artículo 6.El Órgano de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en su estatuto orgánico, sin que pueda ser a menor a cuatro veces al año. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.

Artículo 7.El Órgano de Gobierno  integrará las comisiones que considere necesarias para su adecuado funcionamiento a las cuales podrá invitar a participar a gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 8.El funcionamiento del Órgano de Gobierno se regirá según lo disponga su estatuto orgánico.

Capítulo Cuarto De las Atribuciones del Director General

Artículo 9. El director general del será designado por el Órgano de Gobierno, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con la capacidad técnica para diseñar y evaluar de las políticas, estrategias, programas y acciones para la atención integral de los asuntos de las franjas fronterizas; y

III. Los demás que establezca la normatividad aplicable.

Artículo 10.El director general tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar legalmente  al Organismo;

II. Programar y coordinar la elaboración y evaluación de las acciones encaminadas a dar una atención integral a los asuntos de las franjas fronterizas;

III. Presentar al Órgano de Gobierno los proyectos de inversión para efectos de financiamiento;

IV. Coordinar las acciones que el Órgano de Gobierno encomiende a las comisiones;

V. Presentar al Órgano de Gobierno el proyecto de estatuto orgánico;

VI. Proponer al Órgano de Gobierno alternativas de financiamiento para proyectos específicos para la atención integral de los asuntos de las  franjas fronterizas;

VII. Las demás que establezcan otras leyes.

Capítulo Quinto Del Patrimonio del Organismo

Artículo 11. El patrimonio del Organismo estará constituido por lo siguiente:

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su servicio;

II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento; y

III. Los demás bienes e  ingresos que se adquieran por cualquier otro título legal.

Artículo 12.La administración del patrimonio del Organismo se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Capítulo Sexto De las Relaciones Laborales

Artículo 13. Las relaciones laborales de los trabajadores con el Organismo se regirán de conformidad con lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Por única vez el director del Organismo será nombrado por el presidente de la República.

Artículo Tercero. El Organismo realizará una serie de foros de consulta en las zonas fronterizas con el objetivo de elaborar la agenda temática, así como un diagnóstico que serán los ejes de las tareas que llevará a cabo.

Artículo Cuarto.El Organismo se instalará a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto. El Organismo deberá expedir su estatuto orgánico en un plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha en que tenga lugar su primera sesión.

Artículo Sexto.Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Emilio Serrano Jiménez, Sergio Lobato García, Arturo Zamora Jiménez, Jesús María Rodríguez Hernández, Sergio Tolento Hernández, María de Jesús Aguirre Maldonado, José Ricardo López Pescador, Oscar García Barrón, Ariel Gómez León, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Carlos Cruz Mendoza, Paz Gutiérrez Cortina, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago Ramírez. Sonido a la curul del diputado, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, nada más para que sea tan amable de preguntarle al diputado César Augusto Santiago si me permite adherirme a su iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El proponente está de acuerdo. Entonces está a disposición de ustedes, señoras diputadas y señores diputados, aquí en la Secretaría para quienes quieran suscribirlo.

Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Sofía Castro Ríos:Muchas gracias. Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente. Hago uso de esta tribuna a efecto de plantear la reforma al artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en razón de las siguientes consideraciones.

Como todos sabemos, la obra pública es el conjunto de proyectos y acciones para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar a través de un contrato con terceros la infraestructura pública del país.

Resulta que nuestra ley actualmente obliga a los ejecutores de obra pública a concluir a más tardar el 31 de diciembre de cada año la obra pública contratada.

Aquí este escenario, esta tribuna ha sido materia de diversos debates, pero sobre todo, de grandes reclamos a los funcionarios públicos de la administración pública federal y en muchas ocasiones se han hecho señalamientos a las entidades federativas y municipios. Esto obedece a que hay un subejercicio anualmente, recientemente en espacios de comisiones que han convocado a los funcionarios públicos en materia de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, se han señalado los subejercicios que hay en diversas instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Conagua, en donde por cierto, por los desastres ha sido evidente el subejercicio, entre otras como la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y todas las dependencias que tienen como propósito la construcción de la obra pública.

En razón de un obstáculo que existe hoy en día, no se puede hacer obra multianual porque no hay esa facultad y la autoridad sólo debe hacer aquello que la ley le permita, de tal suerte que de hacer contratos plurianuales, simple y sencillamente se cae en una hipótesis que señala al funcionario público.

Las lluvias son un obstáculo para poder avanzar y justamente cuando la Secretaría de Hacienda o las secretarías ejecutoras de las obras públicas emiten las aprobaciones o autorizaciones es cuando nos enfrentamos a fenómenos naturales como las lluvias, los excesos o la imposibilidad de transitar en puentes que aún no se han construido.

Ante este asunto vemos que prácticamente es imposible cumplir con los contratos de obra pública y por ello vengo a solicitarles a mis compañeras y compañeros, a efecto de que revisemos esta exposición y podamos dejar atrás el discurso de los subejercicios, el discurso del incumplimiento de obras públicas y, sobre todo, romper con el anhelo del sueño y la esperanza de cientos o miles de familias que están esperando terminar una obra pública, llámese una carretera, llámese un puente o una obra hidráulica, o la construcción de una presa. Y para eso, como presidenta de la Comisión Sur-Sureste he recorrido el sureste del país y nos hemos encontrado con este principal obstáculo, de tal suerte que hoy vengo a proponer a todas ustedes y a todos ustedes, compañeros legisladores, la reforma al artículo 50 para quedar como sigue:

Dice el artículo 50. Los ejecutores del gasto podrán celebrar contratos plurianuales.

Pero hoy vamos a incluir la obra pública consistente en construcción de puentes e infraestructura hidráulica, educativa, de salud, pavimentación de carreteras, serán considerados como proyectos de inversión plurianual.

El resto de la obras, adquisiciones, arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal serán considerados plurianuales siempre que la reforma en la fracción IV, las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la secretaría para la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, en los términos del reglamento, salvo los casos mencionados en el primer párrafo de este artículo. Ésta es la propuesta, compañeras y compañeros.

Le solicito, señor presidente de la Mesa Directiva, se sirva incluir de forma íntegra la propuesta que señala los antecedentes que hacen referencia a la falta de conclusión de obras, pero fundamentalmente al subejercicio. Y con esto determinar de una vez por todas y evitar sanciones a los funcionarios públicos, pero sobre todo continuar en el avance de las obras que no sólo se concluyen en el primer ejercicio sino que deben ser de forma multianual. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

Sofía Castro Ríos, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La obra pública es el conjunto de proyectos y acciones para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar a través de un contrato con terceros la infraestructura pública del país. El ejercicio presupuestal en México obliga a los ejecutores de obra pública a concluir a más tardar el 31 de diciembre, pero esto no sucede la mayoría de las veces,aun en obras ejecutadas por empresas constructoras de prestigio.

Los trámites administrativos en el proceso de licitación de las obras durante los primeros meses del ejercicio fiscal (enero-diciembre), para adjudicar los contratos a las empresas constructoras y el retraso en la radicación de recursos, hacen que los trabajos inicien en la época de lluvias en el segundo semestre, lo cual complica la construcción de las obras, aumentando los costos al disminuir el rendimiento de los jornales; el traslado de materiales industrializados y la operación del equipo y maquinaria es tortuosa, las precipitaciones pluviales inician en mayo, y en noviembre y diciembre aun llueve en varios estados del país, principalmente en los del centro y sur, como Campeche, Chiapas, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz. En consecuencia se reduce el margen de maniobra de los contratistas, principalmente en las siguientes obras:

a) Construcción de puentes.

b) Infraestructura hidráulica (presas de almacenamiento y derivadoras de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) en el proceso constructivo de los sistemas de alcantarillado sanitario, se obstaculiza la instalación de la tubería por la exactitud que requiere su desnivel; y

c) En la pavimentación de carreteras, no se puede tender la carpeta asfáltica sobre  la  base  hidráulica  saturada  de agua.  En enero del  año  siguiente,  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público retira los recursos y la base hidráulica se destruye por no tenderse la carpeta asfáltica, lo que implica volver a construirla, incrementando el costo de las obras.

El ejercicio fiscal del país en materia de obra pública es una aberración, porque la construcción de las obras obliga a trabajar en el periodo de lluvias y cancela la posibilidad de laborar en la época de secas.

Los plazos de ejecución que se formulan en las reglas de operación de los programas son prácticamente imposibles de cumplir, deben extenderse al año siguiente, para alcanzar las metas, preferentemente en los programas de infraestructura básica, con recursos asignados a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que impulsan el desarrollo social y económico de zonas indígenas, pobres y marginadas.

Países desarrollados como Estados Unidos de América y aun algunos en economía emergente como Costa Rica, entendieron que tienen que  adecuarse a las condiciones climatológicas e inician su ejercicio fiscal en octubre y terminan en septiembre del año siguiente, con ello fortalecen su infraestructura en la época de secas mientras en México la obra pública se encuentra semiparalizada los primeros meses del año.

Además en el proceso de ejecución de las obras persiste el rezago en la ministración de recursos de la federación a los estados, lo que impacta negativamente en la finanzas de las empresas constructoras; por los reintegros a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de diciembre; se reducen las metas, porque las reglas de operación no permiten continuar ejecutando las obras en la época de secas de enero a abril del año siguiente, lo que implica que el beneficio no llegue con prontitud a las diferentes regiones del estado.

Es muy importante señalar que también se están provocando con la no conclusión de las obras, reacciones de inconformidad por parte de las comunidades, que en vez de ver el beneficio que proporciona una obra concluida en el plazo preestablecido, padecen los inconvenientes de su proceso de realización a veces hasta un ciclo presupuestal más; y pongo como ejemplo el  ocurrido en octubre de 2009 cuando los ciudadanos de los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, San Jacinto Tlacotepec y Santo Domingo Teojomulco de la sierra sur del estado de Oaxaca, bloquearon durante tres días las principales avenidas de la ciudad de Oaxaca, por la lentitud en el avance de la pavimentación a sus comunidades.

A nivel nacional el subejercicio presupuestal es de aproximadamente 30 mil millones de pesos según cifras de la propia Secretaría de Hacienda y en Oaxaca se reintegran mil millones de pesos, de los cuales 200 millo-nes corresponden a la CDI

Por desgracia para todos los beneficiarios de la obra pública, el subejercicio es una práctica común del presupuesto de los programas federales, aunado a la modificación de las reglas de operación sin convenirse previamente con las entidades federativas y cambios en el pari passus, lo que impacta las finanzas estatales y dificulta la aportación estatal, además de traer rezagos en la administración de recursos.

En el 2008, los programas federales sujetos a reglas de operación fueron 93 y quedaron situados en el anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación. En forma adicional a las características detalladas, cabe destacar también que las reglas de operación de esos programas incluso registraron contradicciones con los lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Tal pareciera que el propósito era obstaculizar el cumplimiento pleno de los programas, y lamentablemente, se consiguió a pesar de la  necesidad por el ejercicio del gasto público, sobre todo en un contexto donde se entraba a un esquema de crisis que rebasó cualquier pronóstico.

De acuerdo con cifras del informe trimestral de las finanzas públicas del cuarto trimestre del 2008, los principales programas federales registraron sensibles subejercicios, que en conjunto totalizaron un monto del orden de 30,000 millones de pesos.

Para tener un referente de la relevancia de esa cantidad, vale la pena un comparativo con los montos de los principales fondos de aportaciones del ramo 33, que es el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo presupuesto en 2008 representó 55.2 por ciento del total de ramo; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), cuya participación fue de 11.9 por ciento; el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), con 10.6 por ciento; y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con 10.4 por ciento.

Con relación a ello, el monto subejercido de los programas federales fue el equivalente a 15 por ciento del FAEB, 68.18 por ciento del Fassa, 78.3 por ciento del Fais y 76.5 por ciento del Fortamun.

Por dependencia, los mayores subejercicios registrados correspondieron tradicionalmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Educación Pública, lo anterior resulta inaceptable en un contexto de desplome de la actividad económica y el empleo.

Por citar un dato más sobre estas incongruencias, basta explicar que uno de los programas con importante subejercicio fue el relativo a la construcción y modernización de carreteras, cuando los esfuerzos en materia de infraestructura parecieran ser una actividad prioritaria del gobierno federal y sus medidas anti crisis.

Y las cifras de subejercicio en 2009, no distan mucho de las del 2008:

Sólo en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, de Salud, de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República, el subejercicio presupuestal fue de  un monto de 27 mil 601 millones de pesos, lo cual resulta criminal en un país con más de 60 millones de pobres.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tuvo en 2009 un subejercicio de 80 por ciento de los recursos que le otorgaron a esta institución, ese subejercicio afectó obras tan importantes como el túnel del emisor Oriente que abarca el Distrito Federal. A la Conagua se le otorgaron 8,680 millones de pesos y solamente ejerció 1,799 millones de pesos, es decir, dejó de gastar cerca de 6,800 millones de pesos.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados impuso “candados” al Presupuesto de Egresos de 2010, a fin de evitar subejercicios en el gasto público, de acuerdo con el dictamen aprobado por esa instancia, la Secretaría de Hacienda deberá informar mensualmente a la Cámara baja sobre los subejercicios que se puedan generar y su eventual reasignación a programas sociales y de inversión en infraestructura.

En nuestro país, más de 90 por ciento de las empresas constructoras son pequeñas, y en esto no les permite competir con las grandes empresas del ramo, inhibiendo con ello la competencia y como consecuencia su propia sobrevivencia, tomando en cuenta que las grandes empresas tampoco muestran mucho interés por las obras de bajo monto económico.

La ampliación del cierre, para las empresas constructoras coadyuvará a mejorar la calidad de las obras, lograr objetivos e impedir subejercicios presupuestales y la devolución de recursos por su falta de aplicación, que año tras año se efectúa, en entidades federativas con graves carencias.

También debemos ser congruentes con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que en el rubro de economía competitiva y generadora de empleos, en infraestructura para el desarrollo, refiriéndose a las telecomunicaciones y transportes señala que

El objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo en esta materia es incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se sitúe entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial. Sin embargo, no basta con incrementar los montos de inversión. Es necesario también establecer mecanismos para garantizar el mejor uso posible de los recursos y que los proyectos se desarrollen en tiempo y forma. Esto implica revisar todas las etapas de desarrollo de los proyectos de infraestructura, desde las de planeación y evaluación hasta las de presupuestación, contratación y ejecución, a fin de lograr que los proyectos que se desarrollen sean los de mayor rentabilidad social y económica, y que no se incurra en retrasos y sobrecostos innecesarios.

Por lo antes expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional de la LXI legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

De la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforma  el artículo 50 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  para quedar como sigue:

Artículo 50. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales; la obra pública consistente en construcción de puentes, infraestructura hidráulica, educativa, de salud y pavimentación de carreteras, serán considerados como proyectos de inversión plurianual.

El resto de las obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal, será considerada plurianual siempre que

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la secretaría para la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, en los términos del reglamento; salvo los casos mencionados en el primer párrafo de este artículo.

Las dependencias y entidades deberán informar a la función pública sobre la celebración de los contratos a que se refiere éste artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización.

En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas competencias, la secretaría y la función pública.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo dispuesto en este artículo (...)

Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en los términos de los artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputados: Sofía Castro Ríos, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Violeta Avilés Álvarez, Janet Graciela González Tostado, Norma Leticia Orozco Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Castro. Tal y como usted lo solicita, insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36, 42 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Marcos Pérez Esquer:Con su venia, diputado presidente. La iniciativa que hoy traemos a este pleno, compañeros diputados, tiene por objeto corregir tres artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de dar mayor certeza a los procedimientos de adquisiciones dentro de la administración pública federal.

Se trata de reformar el tercer párrafo del artículo 36; suprimir el quinto párrafo del artículo 42 y reformar el contenido del artículo 53 Bis de la mencionada ley.

El primer caso es muy sencillo porque simplemente proponemos corregir un error evidente de redacción del tercer párrafo de ese artículo. Es evidente la imprecisión en su redacción al referirse a la noción de innovaciones tecnológicas, por lo que se propone precisar el concepto.

Consideramos, compañeros, que esta precisión además de corregir la sintaxis utilizada es coincidente y concordante con las nociones y conceptos que esta soberanía ha venido utilizando en otros cuerpos normativos como lo es la Ley de Ciencia y Tecnología.

Por lo que hace a nuestra propuesta de eliminar el quinto párrafo del artículo 42, hemos de decir que el 28 de mayo de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tuvieron como propósito mejorar y agilizar los procedimientos de contratación.

Así, entre otras modificaciones se eliminó la necesidad de sustanciar dos licitaciones públicas como presupuesto para poder adjudicar en forma directa o llevar a cabo un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Las reformas permiten optar por alguno de estos procedimientos cuando se haya declarado desierta una sola licitación.

En este contexto, nuestra iniciativa propone eliminar el quinto párrafo del 42 que regula el supuesto normativo en el que habiéndose declarado desiertos dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, se podrá realizar una adjudicación directa, ya que esta misma hipótesis se repite en la redacción del último párrafo del artículo 43, que por lo demás es el que precisamente regula el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que, además, incluye la hipótesis para cuando se declare desierto un procedimiento de licitación pública que tiene su origen justamente en las modificaciones a la ley que se hicieron en mayo de 2009.

Así, la iniciativa que proponemos es consistente con las reformas aprobadas por esta soberanía en 2009 y permiten mejorar la regulación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

Por último, esta iniciativa propone reformar el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, mismo que reglamenta la posibilidad de aplicar deductivas por el incumplimiento parcial o deficiente en que incurran los proveedores. Sin embargo, al mencionar la opción de rescindir el contrato, remite al propio numeral 53 Bis, cuando el numeral que reglamenta el procedimiento rescisorio es el diverso 54 de la ley.

El asunto es importante porque para el caso de que un proveedor del gobierno incumpla con sus compromisos contractuales y la administración pública quiera rescindirle el contrato, la ley señala que dicha rescisión se hará en los términos del artículo 53 Bis, que en realidad no plantea término alguno para ello sino que es el 54 el que reglamenta el procedimiento rescisorio.

En este sentido, aplicar al proveedor las disposiciones del artículo 54 podría dar pie a una impugnación, porque la ley expresamente somete el supuesto normativo de incumplimiento de contrato a un artículo diverso que en realidad no regula esa hipótesis.

La intención, pues, de esta iniciativa es ahondar en el espíritu que animó al legislador en mayo de 2009 para armonizar el contenido normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y así efectuar las precisiones que den certidumbre a la administración pública federal en la ejecución de sus programas administrativos, en el marco del cumplimiento de las disposiciones legales.

Solicito atentamente a la Presidencia instruya la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 36, 42 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Marcos Pérez Esquer, en ejercicio de la facultad legislativa presenta iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es de todos conocido que la administración pública federal, como instrumento del Poder Ejecutivo, realiza actividades de administración y gestión sobre los bienes del Estado para orientar esa actividad a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien común; dicha atribución tiende en mayor medida a la realización de servicios públicos y está regulada por un marco jurídico especializado, que norma su ejercicio y se actualiza mediante la emisión y realización de actos administrativos.

La administración pública, además de desarrollar sus actividades mediante el uso de potestades de derecho público, como los actos gubernativos o de autoridad, utiliza la contratación de bienes, servicios y arrendamientos. La Carta Magna obliga a que el manejo de los recursos económicos de que dispone el Estado se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, lo que se materializa a través de los procedimientos regulados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La legislación federal invocada ha sido objeto de constantes reformas a lo largo de su existencia, la última llevada a cabo en mayo de 2009, cuando se modificó un importante número de artículos, con objeto de mejorar su aplicación por la administración pública federal, como una exigencia de la buena administración y una condición de transparencia.

En este marco, se impone la necesidad de revisar las reformas recientemente aprobadas, por lo que una vez hecho esto se propone armonizar su contenido mediante las reformas que a continuación se mencionan, con el ánimo de fortalecer la aplicación de esta legislación. La iniciativa de mérito tiene por objeto reformar el tercer párrafo del artículo 36, suprimir el quinto párrafo del artículo 42, ya que su contenido normativo se encuentra legislado en el último párrafo del artículo 43 y reformar el contenido del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resulta imprescindible armonizar el contenido normativo y efectuar las precisiones que den certidumbre a la administración pública federal en la ejecución de sus programas administrativos en el marco del cumplimiento de las disposiciones legales. Así, se presentan los tres puntos que aborda esta iniciativa, en la que se nutre su razón de ser a partir de las consideraciones que a continuación se desarrollan:

Consideraciones

La iniciativa pretende reformar el tercer párrafo del artículo 36, lo cual supone la precisión cuando se alude al concepto de innovación tecnológica; en el segundo caso, la eliminación del último párrafo del artículo 42, que regula el supuesto normativo en el que habiéndose declarado dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se podrá realizar una adjudicación directa, ya que ésta misma hipótesis se repite en la redacción del también último párrafo del artículo 43, que regula el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que además incluye la hipótesis para cuando se declare desierto un procedimiento de licitación pública que tuvo como origen las modificaciones de la ley de mayo de 2009; finalmente, el artículo 53 Bis invoca la posibilidad de rescindir un contrato cuando se haya agotado el monto de las deductivas aplicadas; sin embargo, no remite adecuadamente al numeral que reglamenta el procedimiento rescisorio.

Primera.Se propone modificar el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al considerar que hay una imprecisión en su redacción al referirse a la noción de “innovaciones tecnológicas”; esto es, la actual redacción se publicó en los siguientes términos:

Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

...

Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

Resulta manifiesta la inadecuada sintaxis en la redacción del tercer párrafo del actual artículo 36, por lo que se propone llevar a cabo la precisión para quedar como sigue:

Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

...

Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

El iniciante considera que esta precisión, además de corregir la sintaxis utilizada, es coincidente y concordante con las nociones y los conceptos que esta soberanía ha venido utilizando en otros cuerpos normativos, como la Ley de Ciencia y Tecnología.

Segunda. Se propone eliminar el quinto párrafo del artículo 42, ya que su contenido normativo se encuentra legislado en el último párrafo del artículo 43.

Se ha mencionado que el 28 de mayo de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que tuvieron como propósito mejorar y agilizar los procedimientos de contratación. Así, a manera de ejemplo, se eliminó la necesidad de sustanciar dos licitaciones públicas como presupuesto para poder adjudicar en forma directa o llevar a cabo un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; las reformas permiten optar por alguno de éstos procedimientos cuando se haya declarado desierta una sola licitación.

La iniciativa propone eliminar el quinto párrafo del artículo 42, que regula el supuesto normativo en que habiéndose declarado dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas se podrá realizar una adjudicación directa, ya que ésta misma hipótesis se repite en la redacción del último párrafo del artículo 43, que regula el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que además incluye la hipótesis para cuando se declare desierto un procedimiento de licitación pública que tuvo como origen las modificaciones de la ley de mayo de 2009.

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

...

...

...

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.

...

Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

I. y V. ...

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, o bien uno sólo cuando éste derive de una licitación pública declarada desierta, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato, siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el procedimiento anterior.

La iniciativa propuesta es consistente con las reformas aprobadas por esta soberanía el año pasado y permiten mejorar la regulación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

Tercera. Por último, la iniciativa propone reformar el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que reglamenta la posibilidad de aplicar deductivas por el incumplimiento parcial o deficiente en que incurran los proveedores, sin embargo, al mencionar la opción de rescindir el contrato remite al propio numeral 53 Bis, cuando el numeral que reglamenta el procedimiento rescisorio es el diverso 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. A este efecto, se transcribe el contenido vigente del numeral citado, subrayando la parte que interesa:

Artículo 53 Bis. Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo .

Se propone que el numeral 53 Bis remita al artículo siguiente, pues el 54 reglamenta el procedimiento que debe seguirse para rescindir un contrato; se agrega la propuesta de redacción para el numeral invocado:

Artículo 53 Bis. Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo subsecuente .

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 36, se deroga el quinto párrafo del 42 y se reforma el 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Único.Se reforman los artículos 36, 42 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

...

Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

...

...

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

...

...

...

(Se elimina)

...

Artículo 53 Bis. Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo subsecuente.

Transitorio

Único. Las reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: Marcos Pérez Esquer, Sergio Gama Dufour, Sergio Tolento Hernández, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Pérez Esquer. Tal y como usted lo solicita, insértese íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Saludamos la presencia en este recinto parlamentario de presidentes municipales del estado de Oaxaca, del municipio de Juquila Vijanos, del municipio de Nuevo Zoquiapam, del municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, del municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, y de la Agencia Municipal de Santa Martha Latuvi.

Igualmente, integrantes, maestros y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, invitados por el diputado Mario di Costanzo Armenta. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

El diputado Sergio Tolento Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Tolento.

El diputado Sergio Tolento Hernández(desde la curul): Ciudadano presidente, solicitarle al diputado Marcos Pérez si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Marcos Pérez, el diputado Tolento le pregunta si usted está dispuesto a que suscriba él su iniciativa.

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Él manifiesta su aquiescencia. Está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa en la Secretaría de esta Mesa Directiva.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Armando Ríos Piter del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La minería es una actividad que genera importantes recursos a México. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en la producción de plata, fluorita y bismuto, asimismo produce 12 metales importantes a nivel del comercio mundial. Representa cerca del 9 por ciento del PIB. Según datos de la Camimex entre 2008 y 2009, la industria tuvo un crecimiento de 0.8 por ciento, a pesar de la crisis, con un valor de la producción de 94,816.87 millones de pesos, razón por la cual, ésta podría ser fuente proveedora de recursos fiscales que pudieran canalizarse hacia las actividades económicas que fueron golpeadas con mayor fuerza por la crisis mundial y que todavía no han logrado su reactivación. Pese al entorno económico nacional  y mundial, la industria minera mexicana ha mantenido inversiones importantes en los últimos cinco años, genera alrededor de 289 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos. Aunado a lo anterior, actualmente se está dando un incremento en los precios de los metales por lo que es un sector que está reportando resultados superiores a los de cualquier industria en México.

Por otra parte, existen consideraciones económicas para la presente propuesta en cuanto a que los gravámenes diferenciados a distintos sectores industriales se justifican cuando sus productos registran demandas inelásticas, esto es, poco sensibles a los cambios en precios (alcohol, tabaco, gasolina) provocándose la menor distorsión posible en la economía. Sin embargo, no se justifica gravar con tasas diferenciadas a industrias, como la minería, cuya demanda es elástica y sensible a la variación de los precios internacionales.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 27 párrafo IV de la Constitución: “ Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturalesde la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos,constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gemay las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional”.

Es importante señalar que la Constitución reconoce a los recursos naturales minerales no renovables como un acervo que conforma un capital natural propiedad de la Nación y que es necesario reponer económicamente cuando se explota.

Así, es evidente que el cuidado o la reposición de dicho capital natural es constitucionalmente responsabilidad del Estado. Desde este punto de vista, resulta plenamente justificable el cobro económico a los productores mineros que extraen minerales propiedad de la Nación, sobre todo cuando estos son recursos no renovables, pues si no se cobra nada por la extracción del mineral no renovable, se le estaría asignando al recurso y a su aprovechamiento un valor cero, circunstancia que resulta incluso contraria a la Constitución.

Hasta el día de hoy el sistema tributario para la industria minera se basa en el pago de un derecho por el número de hectáreas amparadas por el título de concesión, ajustándose la cuota conforme la antigüedad de la misma.

Claramente esta fórmula no refleja el conjunto de beneficios que las empresas mineras obtienen por la extracción del recurso. Así, la única manera de reconocer el beneficio que obtienen las empresas por la extracción del mineral, es “reponiendo” ese recurso a través del pago de un derecho por la extracción del mismo.

Finalmente, se deja para futura consideración del Pleno la posibilidad de que al menos el 25 por ciento de los recursos del pago de los derechos se asigne a los propios municipios mineros con la finalidad de que tengan recursos etiquetados desde su recaudación, para la inversión en infraestructura municipal para lo que será necesario hacer posteriores modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único.Se adicionan los artículos 268 Bis al 274 Bis de la Ley Federal de Derechos para quedar como siguen:

Artículo 268 Bis.Están obligados al pago del Derecho sobre la Extracción de Sustancias y Minerales las personas físicas o morales, titulares de concesiones y asignaciones otorgadas por la Secretaría de Economía por la extracción y obtención de las sustancias y minerales metálicos y no metálicos sujetas a las disposiciones de la Ley Minera y su reglamento.

Artículo 269 Bis.El Derecho sobre la Extracción de Sustancias y Minerales se determinará por cada sujeto titular de una concesión o asignación y será determinado de manera mensual.

Para calcular el pago de este derecho se aplicará, al volumen de la extracción o unidades de extracción de sustancias y/o minerales metálicos y no metálicos obtenido en cada mes, el precio promedio internacional del mineral de que se trate correspondiente al mes inmediato anterior, o en su defecto, el precio promedio mensual del contribuyente del mes inmediato anterior, el que resulte mayor.

Artículo 270 Bis.La tasa aplicable al valor determinado de conformidad con el artículo anterior se le aplicará una tasa del 2 por ciento que será el derecho a pagar.

Una vez determinado el Derecho sobre la Extracción de Sustancias y Minerales, éste será comparado con el derecho a que se refieren el artículo 262 de la presente ley, y pagará únicamente el que resulte mayor de ellos.

Artículo 271 Bis. Los contribuyentes efectuarán el pago de este derecho mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago mediante el formato oficial que emita el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 272 Bis.Si un contribuyente tuviera varios centros de extracción, presentará de manera consolidada por todos ellos una sola declaración de pago, en las oficinas autorizadas para tales efectos.

Artículo 273 Bis.Los contribuyentes de este derecho, al momento del pago proporcionarán la siguiente información:

I. Nombre y domicilio fiscal del contribuyente;

II. Número de concesión o asignación;

III. Periodo de extracción y sustancias o minerales extraídos;

IV. Lugar de la extracción;

V. Volumen extraído;

VI. Valor promedio determinado para el cálculo del derecho

Artículo 274 Bis. El Gobierno Federal otorgará de manera mensual un subsidio a todos los contribuyentes del Derecho sobre la Extracción de Sustancias y Minerales, el cual será publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2011, el cual podrá acreditar contra el mencionado derecho.

Para efectos de esta disposición, se considerará como un solo contribuyente el conjunto de aquellos que sean considerados partes relacionadas en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presentes y ausentes. De manera recurrente se conocen actos de abuso en cientos de empresas a lo largo y ancho del país. Sin importar la forma, los dueños de esas empresas, o sus encargados y supervisores someten a una constante presión a sus empleados con el fin de maximizar las ganancias de su compañía, muchas veces sin importarles sus procedimientos.

En este sentido, debemos decir que las condiciones económicas por las que el país está pasando y como consecuencia el lamentable estado que guardan las relaciones laborales, desde la entrevista de un candidato a ser empleado hasta la firma de un contrato, han originado que se establezca una relación condicionante para poder ejercer un empleo cualquiera en alguna empresa.

No obstante, el decadente estado anímico de los poco más de 2 millones y medio de personas necesitadas de encontrar un empleo, la bajeza con que son tratados desde el momento de ingresar a esta área correspondiente para la evaluación y contratación, como el momento del desarrollo de sus actividades provoca un descontento en los empleados, su inestabilidad emocional y por consecuencia familiar, además de promover en general una ríspida relación laboral y su bajo rendimiento se ve reflejado en el deterioro de la productividad de la propia empresa.

Por ejemplo, en la cadena de autoservicio Walmart se han detectado casos en los que si uno de sus asociados tiene necesidad de llegar tarde a su trabajo, retardo por causas no previstas, dependiendo de la gravedad del problema, el área de Recursos Humanos tiene la tarea de negociar un posible castigo a cambio de que ese día de trabajo con retardo, más otro día a disposición de la empresa, no pueda ser pagado, es más sea sin goce de sueldo. De no aceptar, descaradamente se les amenaza de hacer efectivo el despido por falta de probidad o por un comportamiento inapropiado contra el personal administrativo de la empresa.

Otro ejemplo lo observamos al anunciarles que de no aceptar tales condiciones no tendrán derecho a recibir documentos como talones de pago e incluso el propio salario, toda vez que se deben hacer los ajustes necesarios para hacer el descuento respectivo de la jornada laboral correspondiente al día en que sucedió el retardo.

Maltrato verbal, hostigamiento e incluso acoso sexual son las principales agravantes en contra de las y los trabajadores de empresas que tienen la capacidad de seguir contratando grandes números de personas, pero bajo condiciones que sólo pueden ser conocidas de viva voz, pero no precisamente a través del reglamento de trabajo o de ley alguna.

Esta situación no nada más se da en las empresas, también se da en la Cámara de Diputados. Por tanto, las amenazas de despido, de reducciones salariales, horarios ampliados de labores sin goce de pago por tiempo extra, cancelación de días de descanso, suspensiones y hostigamiento para provocar la renuncia son casos que deben ser erradicados desde el contexto de las relaciones de trabajo de este país.

Para muestra bastaría sólo con programar la visita de las autoridades correspondientes al tema de denuncia de violaciones a los derechos del trabajador, y acudir a realizar un sondeo a cualquiera que sea en la cadena Walmart o en la Cámara de Diputados, con la garantía de que sus quejas serán atendidas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de la necesidad de erradicar el maltrato hacia cualquier trabajador por sencilla o bien remunerada que sea su actividad, sin importar que exista contrato de por medio o que solamente sea un empleo con actividades realizadas de común acuerdo.

De esta forma consideramos que el simple hecho de fomentar el respeto entre los trabajadores de una empresa es fundamental para el aprovechamiento de las buenas relaciones, mismas que pueden reflejarse tanto en el cuidado de la condición anímica y de salud del trabajador, como en el aumento de la calidad de su desempeño.

Cifras de la Secretaría del Trabajo muestran claramente que no ha habido una reducción significante en las condiciones llevadas a cabo ante los trabajadores para hacer valer su derecho de reclamo.

Podemos observar que de un total de 10 mil 990 quejas por diversos motivos a lo largo de 2009, las cifras se encuentran equiparadas con lo que va del presente año, llegando a una cantidad aproximada a las 4 mil quejas.

No obstante al amplio universo equivalente a poco más de 5 por ciento de la tasa de desocupación nacional a la fecha —según datos de la Secretaría—, la realidad de una falta de calidad humana y trato respetuoso entre los trabajadores deja de manifiesto la pronta búsqueda de alternativas que abonen al mejoramiento de las relaciones laborales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya por favor, diputado Escobar.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Concluyo. Por tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Ninguna norma o reglamento que rija en las empresas o establecimientos podrá anular lo dispuesto en esta ley para garantizar los derechos de los trabajadores. Por ninguna razón podrá condicionarse la ejecución del trabajo de los empleados u obligarlos a realizar alguna otra función fuera de lo establecido en ésta misma ley.

Es cuanto, señor presidente. Le ruego se publique esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.

«Iniciativa que reforma el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Herón Escobar García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De manera recurrente se conocen actos de abuso en cientos de empresas a lo largo y ancho del país.

Sin importar la manera, los dueños de estas empresas, o sus encargados y supervisores, someten a una constante presión a sus empleados, a fin de maximizar las ganancias de la compañía, muchas veces sin importarles sus procedimientos.

En este sentido, debemos decir que las condiciones económicas por las que el país está pasando y como consecuencia, el deplorable estado que guardan las relaciones laborales, desde la entrevista de un candidato a ser empleado hasta la firma de su contrato, han originado que se establezca una relación condicionante para poder ejercer un empleo cualquiera en alguna empresa.

No obstante al decadente estado anímico de los poco más de 2 millones y medio de personas necesitadas de encontrar un empleo, la bajeza con que son tratados desde el momento de ingresar al área correspondiente para su evaluación y contratación, como en el momento del desarrollo de sus actividades, provocan el descontento del empleado, su inestabilidad emocional y, por consecuencia, familiar, además de promover en general una ríspida relación laboral y su bajo rendimiento, que se ve reflejado en el deterioro de la productividad de la propia empresa.

Datos de encuestas hechas a familiares de trabajadores en distintas empresas del país muestran incluso miedo en torno a la relación entre empleados y patrones o los representantes de éstos.

Por ejemplo, en la cadena de autoservicio Walmart se han detectado casos en los que si uno de sus asociados tiene necesidad de llegar tarde a su trabajo (retardo por causas necesarias no previstas), dependiendo de la gravedad del problema, el área de recursos humanos tiene la tarea de negociar un posible castigo a cambio de ese día de trabajo con retardo más otro día a disposición de la empresa pero sin goce de sueldo para las horas trabajadas de más.

De no aceptar, descaradamente se les amenaza de hacer efectivo el despido por falta de probidad o por un comportamiento inapropiado contra el personal administrativo de la empresa.

Otro ejemplo lo observamos al anunciarles que de no aceptar tales condiciones, no tendrán el derecho a recibir documentos, como talones de pagos e incluso el propio salario, toda vez que se deben hacer los ajustes necesarios para hacer el descuento respectivo de la jornada laboral correspondiente al día en el que sucedió el retardo.

Maltrato verbal, hostigamiento e incluso acoso sexual son las principales agraviantes en contra de los trabajadores de empresas que tienen la capacidad de seguir contratando grandes números de personas, pero bajo condiciones que sólo pueden ser conocidas de viva voz, pero no precisamente a través de reglamento de trabajo o ley alguna.

Para muestra bastaría sólo con programar la visita de las autoridades correspondientes al tema de denuncia de violaciones a los derechos del trabajador y acudir a realizar un sondeo a cualquier empleado en esta cadena, con la garantía de que sus quejas sí serán atendidas.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de la necesidad de erradicar el maltrato hacia cualquier trabajador, por sencilla o bien remunerada que sea su actividad, sin importar que exista contrato de por medio o, bien, solamente sea un empleo con actividades realizadas de común acuerdo.

La idea no es en sí determinar quién sería el vencedor en una etapa de acusaciones y denuncias, o sobre el bien o mal que en sí lleve la acción observada por parte de la empresa o el patrón, sino la búsqueda de un mecanismo que fortalezca los lazos de trabajo entre empleados y empresas.

De esta forma, consideramos que el simple hecho de fomentar el respeto entre los trabajadores de una empresa es fundamental para el aprovechamiento de las buenas relaciones que puedan generarse; así, tanto la productividad de la empresa como la condición anímica y de salud, podrá notarse en el desempeño de los trabajadores e, incluso, es una garantía legal que puede mantener la estabilidad en el trabajo por ambas partes.

Debemos tomar en cuenta que este tipo de situaciones son tan comunes que otras empresas han tomado el mal ejemplo de adoptar este tipo de prácticas negativas y bajar sus condiciones laborales para alcanzar una mayor competitividad frente al resto de las demás cadenas de tiendas de autoservicio.

Estamos hablando que de, entre muchos factores, el aspecto de selección de personal mediante el “si no te conviene ni modo, atrás de ti siempre habrá alguien que si acepte trabajar bajo mis condiciones”, haciendo alusión a la necesidad de la gente.

Así, amenazas de despido, reducciones salariales, horarios ampliados de labores sin goce de pago por tiempo extra, cancelación de días de descanso, suspensiones y hostigamiento de todo tipo para provocar la renuncia son casos que deben ser erradicados del contexto de las relaciones de trabajo en este país.

Cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social muestran claramente que no ha habido una reducción significante en las conciliaciones llevadas acabo ante los trabajadores que hacen valer su derecho de reclamo.

Podemos observar que de un total de 10 mil 990 quejas por diversos motivos a lo largo de todo el 2009, las cifras se encuentran equiparadas con lo que va del presente año, llegando a una cantidad aproximada a las 4 mil quejas.

No obstante al amplio universo equivalente a poco más de 5 por ciento de la tasa de desocupación nacional a la fecha, según datos de la propia secretaría, la realidad de una falta de calidad humana y trato respetuoso entre los trabajadores, deja de manifiesto la pronta búsqueda de alternativas que abonen al mejoramiento de las relaciones laborales.

Por tanto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 422. ...

...

Ninguna norma o reglamento que rija en las empresas o establecimientos podrá anular lo dispuesto en esta ley para garantizar los derechos de los trabajadores. Por ninguna razón podrá condicionarse la ejecución del trabajo de los empleados u obligarlos a realizar alguna otra función fuera de lo establecido en esta misma ley.

Transitorios

Primero.La presente adición contenida en este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Herón Escobar García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Escobar. Tal como lo solicita, insértese de manera íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la democracia en este país ha llevado en los últimos 20 años a desplegar en el terreno político-electoral por parte de ciudadanos, gobiernos, congresos, partidos políticos, un intenso esfuerzo dirigido a revisar, a actualizar y perfeccionar nuestras normas.

En procesos electorales ciudadanos, algunos funcionarios electorales e incluso candidatos ignoran en muchos casos el significado básico de las acciones que genera la indiferencia y la apatía hacia las mismas.

La intensidad que adquieren las luchas partidistas opaca muchas de las veces los principios y los valores básicos en que se sostiene la propia democracia. Valores como el de la libertad, principios como en de la democracia y de las mayorías, por ejemplo, todo ello permite comprender mejor la vida democrática y el significado incluso de los comicios.

Es aquí donde la función de la educación cívica al promover el conocimiento, la comprensión de las normas que regulan la vida social y la formación de los valores y actitudes permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento que vincula a la cultura política, también de valores y actitudes respecto del poder.

Juega un papel trascendental en la conformación de una ciudadanía cuya participación será, entonces, más consciente, más informada y más responsable.

En mayo de 2009 el Padrón Electoral federal quedó integrado por más de 77 millones de ciudadanos. Existen retos por superar como el voto nulo, la abstención, etcétera. Siendo el Instituto Federal Electoral la institución cuya responsabilidad constitucional tiene el mandato de realizar actividades de capacitación y educación cívica, y en su legislación reglamentaria a promover y difundir la cultura política. Se propone que el ciudadano que tramite por primera vez su credencial para votar asuma como una obligación la responsabilidad de recibir como parte de su formación ciudadana un taller básico de educación cívica y cultura política por parte del Instituto Federal Electoral, a través de sus áreas especializadas.

Ésta, como otras medidas, en el mediano y largo plazo hará de nuestras nuevas generaciones ciudadanos más conscientes de sus deberes. Para el efecto, sin necesidad de incrementar presupuestos, el IFE cuenta con la infraestructura, materiales y valiosos recursos humanos profesionalizados con probada experiencia para realizar dicha tarea, llevando a cabo las adecuaciones e instrumentación necesaria para facilitar al ciudadano el cumplimiento de dicha obligación.

En esta lógica de ideas que el instituto certifique a través de su expedición de comprobante la impartición de dicho taller.

Por lo anterior, señor presidente, compañeros, someto a la consideración de este pleno lo siguiente:

Artículo único. Se adiciona el inciso c), del numeral 1, del artículo 6, para quedar como sigue:

Artículo 6. La obligación del ciudadano que tramite por primera vez su credencial para votar será recibir un taller informativo de educación cívica, cultura política en las oficinas de las juntas locales, distritales o módulos que disponga para el efecto el instituto, previa la recepción de su credencial.

Se adicionan dos nuevos incisos d) y e) al numeral 1, del artículo 132, corrigiéndose los subsecuentes incisos, para quedar como sigue:

Artículo 132. Impartir un taller informativo de educación cívica y cultura política al ciudadano que por primera vez tramite su credencial para votar en las juntas locales, distritales o módulos de que disponga al efecto el instituto, previo a la entrega de su credencial.

e) Certificar a través de la expedición de comprobantes la impartición de dicho taller, cuyo carácter es obligatorio.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Elpidio Concha Arellano, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el inciso c) al numeral 1 del artículo 6, y se adicionan dos nuevos incisos d) y e) al numeral 1 del artículo 132, recorriéndose los subsecuentes incisos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, uno de los signos de nuestro tiempo es el cambio. En la esfera política, la democracia principio rector de toda sociedad impone nuevos retos.

La modernidad democrática en México ha llevado en los últimos veinte años a desplegar en el terreno político electoral, por parte de ciudadanos, gobierno, Congreso y partidos políticos, un intenso esfuerzo dirigido a revisar, actualizar y  perfeccionar nuestras normas, a la creación y desarrollo de instituciones y procesos políticos más inclusivos e integradores, lo que caracteriza ya al quehacer público de nuestra sociedad.

Al participar en procedimientos de democracia moderna, como campañas electorales, se presencian debates, se asiste a la jornada electoral, se acude a votar, se lleva a cabo el cómputo de la votación, se resuelven las impugnaciones y se califica la elección, no siempre resulta claro el sentido de éstos.

Sucede que en procesos electorales, ciudadanos, algunos funcionarios electorales e incluso candidatos ignoran el significado básico de sus acciones, lo que genera indiferencias y apatía  hacia las mismas.

Si bien puede tenerse un conocimiento más o menos aproximado de las reglas  democráticas, la intensidad que adquieren las luchas partidistas en los procesos electorales, opacan los principios y valores básicos en que se sostiene la propia democracia.

Valores como el de la libertad para que el ciudadano pueda participar políticamente, así como la igualdad política, teniendo los mismos derechos y obligaciones donde no haya grupos o clases sociales con derechos políticos especiales que pretenda estar por encima de la ley; principios como la democracia, entendida como una forma de gobierno y modo de organizar el poder político, la soberanía, en el que el único soberano legítimo es el pueblo, y que es a través de la representación política democrática que elige a sus representantes populares, responsables de tomar decisiones, el principio de las mayorías que a falta de unanimidad, el criterio que debe orientar la adopción de políticas es el de la mayoría de los participantes, regla que exige el reconocimiento de la necesidad y legitimidad de la existencia de minorías y de su derecho a convertirse en una  nueva mayoría.

Todo ello permite comprender mejor la vida en democracia, el significado de los comicios, sus resultados, el evaluarlos con mayor objetividad y saber qué se puede y qué no se puede esperar de estos.

Es aquí, donde la función de la educación cívica al promover el conocimiento, la comprensión de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento, que “vinculada a la cultura política también de valores y actitudes, que configuran la percepción que tiene una población respecto del poder”, juegan un papel trascendental en la conformación de una ciudadanía cuya participación será entonces más consciente, más informada, más responsable y, con ello, más democrática; lo que demanda una gran dosis de educación y participación.

En tal sentido, es importante señalar que en mayo del 2009, el padrón electoral federal quedó integrado por más de 77 millones de ciudadanos.

No obstante, es imprescindible impulsar el desarrollo democrático, pues existen retos a superar tales como el voto nulo, la abstención que para 2009 se pronosticaba alta, mantenía una tendencia de crecimiento de casi 10 puntos, ya que en 1991 fue de 34.47 por ciento y en 2003 de 58.8 por ciento. Sin embargo, con una abstención de 56 por ciento para 2006, esta tendencia se vio revertida quizás por la percepción de que el país se enfrenta a problemas serios.

El porcentaje del voto nulo, a pesar de ser más alto que el voto de la mayoría de los partidos pequeños en lo individual (5.39 por ciento de la votación total federal), no presento propuestas consistentes de cambio para la democracia mexicana.

Aún con lo anterior, una de las manifestaciones de interés para participar en la elección no sólo como votante, fue también, como funcionarios de casilla, informando el IFE el 5 de julio de 2009, la instalación en todo el país de 138 mil 215 casillas (99.31 por ciento) de las 139 mil 181 proyectadas para la jornada electoral.

Para el 3 de julio del mismo año, la entrega de 983 mil 52nombramientos (el 99.56 por ciento) y fueron capacitados 981 mil 246ciudadanos (el 99.37 por ciento). De estos funcionarios designados el 43.2 por ciento son hombres y 56.79 por ciento son mujeres, registrándose asimismo, 18 mil 125 observadores electorales nacionales.

Del total de los votantes, 53 por ciento fueron de género masculino, mientras que 47 por ciento fueron de género femenino.

México, guardando las debidas proporciones de desarrollo histórico social, debe de estar acorde con las experiencias democráticas que en nuestro mismo continente llevan a cabo países hermanos como el Brasil, cuya sociedad y ciudadanos han  dejado de lado la cultura política cortoplacista e impulsan la práctica de la democracia para fortalecer el principio de participación ciudadana dejando de lado divisionismos, sintiéndose parte de un todo con sentido de integración, afianzando con visión de largo plazo la permanencia y consolidación de sus instituciones para impulsar el progreso, desarrollo y bienestar de su sociedad como lo reportan estudios en cultura política de la ONU.

De acuerdo con el presidente del Instituto Federal Electoral, doctor Leonardo Valdez Zurita, 2.8 millones de jóvenes votaron por primera vez el 5 de julio de 2009.

Siendo el IFE la institución autónoma del Estado mexicano, cuya responsabilidad constitucional en el artículo 41, apartado B, fracción V, párrafo décimo, tiene el mandato de realizar actividades de capacitación y educación cívica y en su legislación reglamentaria promover y difundir la educación cívica y cultura política.

Digno de reconocimiento el formidable trabajo que despliega en nuestra sociedad, a través del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, que de entre sus objetivos plantea la promoción de la participación ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar sus condiciones de vida y hacer válidos sus derechos.

Desarrollando jornadas cívicas entre la niñez y juventud mexicana, celebrando convenios con secretarías de educación pública de los estados, con universidades, instituciones de educación media y superior, con un importante número de municipios, y con dependencias de la administración pública federal.

La creciente participación ciudadana para la solución de problemas, es el actual reto planteado a las políticas y la administración pública, ratifica la importancia de impulsar valores como responsabilidad, tolerancia, solidaridad y justicia como elementos éticos y políticos para una mejor y mayor participación ciudadana.

De acuerdo con los especialistas, “la mejor participación ciudadana en la democracia, en suma, no es la que se manifiesta siempre y en todas partes, sino la que se mantiene alerta; la que se propicia cuando es necesario impedir las desviaciones de quienes tienen la responsabilidad del gobierno, o encauzar demandas justas que no son atendidas con la debida profundidad”.

La evolución de nuestras reglas para ir consolidando la normalidad democrática, refleja una gama de derechos político electorales para los ciudadanos y de manera complementaria se han instituido obligaciones como, el de registrarse en el padrón electoral, de votar, ser funcionario de casilla; de ahí la propuesta de que el ciudadano que tramite por primera vez su credencial para votar, asuma como una obligación, la responsabilidad de recibir como parte de su formación ciudadana, un taller básico de educación cívica y cultura política, por parte del IFE, a través de sus áreas especializadas.

En este sentido, el instituto desarrolla un conjunto de actividades de promoción, divulgación y difusión antes y después de los procesos electorales, a través de distintas tareas, que deben de ser aprovechadas y consolidadas por el ciudadano, teniendo como parte de su responsabilidad, el obtener los conocimientos básicos que le permitan en la vida práctica un mejor desarrollo en sociedad.

Esta como otras medidas, en el mediano y largo plazo harán de nuestras nuevas generaciones de jóvenes, ciudadanos más conscientes de sus deberes para el fortalecimiento y desarrollo de una mejor convivencia en distintos ámbitos.

Para el efecto, sin necesidad de incrementar presupuestos, el IFE cuenta con la infraestructura, materiales y valiosos recursos humanos profesionalizados con probada experiencia para realizar dicha tarea, llevando a cabo las adecuaciones e instrumentación necesarias para facilitar al ciudadano el cumplimiento de dicha obligación. En esta lógica de ideas, será importante que el instituto certifique a través de expedición de comprobante la impartición de dicho taller.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el inciso c) al numeral 1 del artículo 6, y se adicionan dos nuevos incisos d) y e) al numeral 1 del artículo 132 recorriéndose los subsecuentes incisos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo Único.Se adiciona el inciso c) al numeral 1 del artículo 6 para quedar como sigue:

Título SegundoDe la participación de los ciudadanos en las elecciones Capítulo PrimeroDe los Derechos y Obligaciones

Artículo 4 a artículo 6...

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el registro federal de electores en los términos dispuestos por este código; y

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.

c) La obligación del ciudadano que tramite por primera vez su credencial para votar, recibir un taller informativo de educación cívica y cultura política, en las oficinas de las juntas locales, distritales o módulos de que disponga para el efecto el instituto, previo a la recepción de su credencial.

2. ...

Se adicionan dos nuevos incisos d) y e) al numeral 1 del artículo 132, recorriéndose los subsecuentes incisos, para quedar como sigue:

Título SegundoDe los Órganos Centrales Capítulo SextoDe las Direcciones Ejecutivas

Artículo 132

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) a c)...

d) Impartir un taller informativo de educación cívica y cultura política al ciudadano que por primera vez tramite su credencial para votar, en las juntas locales, distritales o módulos de que disponga para el efecto el instituto, previo a la entrega de su credencial.

e) Certificar a través de expedición de comprobante la impartición de dicho taller, cuyo carácter es obligatorio.

f) a j)...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Salazar Luis y Woldenberg, José. Principios y valores de la democracia. México, IFE, 1995, página 51 (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, número 1).

2 Salazar Luis y Woldenberg, José. Ob. Cit. Página 20.

3 Trejo García, Elma del Carmen. Legislación internacional y derecho comparado de la educación cívica. México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Congreso de la Unión, SIA, 2007, página 48.

4 Peshard, Jacqueline. La cultura política democrática México, IFE, 1995, página 52 (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, número 2).

5 Padrón electoral federal con 77’815,606 ciudadanos y la lista nominal por 77’481,874.Secretaría Ejecutiva. Declaración de validez y definitividad del padrón electoral. Concluida la etapa de preparación de la elección federal de 2009. Actos actividades definitivas. Acuerdo del Consejo  General número CG203/20, México, IFE, 29 de mayo de 2009.

6 Sales Heredia, Francisco J. Evaluación de la jornada electoral. México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, julio de 2009, página 76. Reporte número 24.

7 Sales Heredia, Francisco J. Ob. Cit. página 2.

8 Reséndiz, Francisco, y Mejía, Gerardo. Disputa 2009, “IFE reporta 99.87casillas instaladas”. http//www.eluniversal.com.mx/notas/vi_609838.html

9 Secretaría Ejecutiva. Ob. Cit.

10 Meixueiro Nájera, Gustavo. Las elecciones federales de 2009. México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, julio de 2009, página 8. Reporte número 24.

11 Grimson, Alejandro. Contrastes culturales en configuraciones políticas. Un estudio comparativo de cultura política y nación en Argentina y Brasil. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/Cult_Pol_Arg_Bra.pd f

12 Sonya, Valencia. “Votar por vez primera”. México, PRI 2009, noviembre de 2009, páginas 51-53 ( Revista Examen, número 177, órgano de difusión).

13 Merino, Mauricio. La Participación ciudadana en la democracia. México, IFE, noviembre de 1995, páginas 58pp (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, número 4).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputados: Elpidio Concha Arellano, Julieta Octavia Marín Torres, Violeta Avilés Álvarez, María Isabel Merlo Talavera (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Concha. Túrnese a la Comisión de Gobernación.Se pospone la presentación del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., y 159 de la Ley General de Salud.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, reconociendo que las enfermedades bucodentales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y que su magnitud varía entre grupos humanos, resulta necesario el conocer la influencia de las infecciones a causa de la caries dental y enfermedad periodental en la salud sistemática.

La caries dental afecta al 90 por ciento de la población, según lo menciona la Organización Panamericana de la Salud y es definida por la Organización Mundial de la Salud en 1987 como un proceso localizado de origen multifactorial, caracterizado por el reblandecimiento del tejido duro del diente que evoluciona hasta formar una cavidad; si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida.

La estadística en México para el cuidado de la salud bucodental muestra que un 25 por ciento de la población nunca ha visitado al odontólogo, siendo la caries la causa principal de visitas al especialista bucodental con un 26 por ciento y el 16 por ciento de la población ha sufrido problemas de encías.

La edad en las personas adultas, la pérdida o falta de dientes causa problemas nutricionales y digestivos, ya que no presenta los órganos para realizar esta acción fisiológica.

Los niños en México, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud Bucal, seis de cada diez niños menores de seis años tienen caries. A los 15 años presentan más de tres caries dentales y el 100 por ciento de la población por arriba de los 25 sufre alguna enfermedad del periodonto.

No se puede permitir que la caries dental y enfermedad periodental, siendo indicadores de salud de alta incidencia, prevalencia, trascendencia y severidad en nuestro país y que además epidemiológicamente hablando se encuentren dentro de las enfermedades que más afectan a la población y de costo económico elevado, que se continúe subestimando el impacto social de la salud bucodental relegando el financiamiento en este sector que finalmente es la base de los demás sectores también importantes que integran la sociedad.

Para la atención bucodental es necesario equipamiento especializado, el cual requiere de mantenimiento recurrente, inclusive si éste fuera utilizado sólo para cuestiones elementales de prevención y educación en salud bucodental. Esto se complica en el medio rural, donde todos los recursos y oportunidades de cualquier tipo son más escasos.

Se ha comentado que ha aumentado la cobertura como derecho social en términos poblacionales. Los servicios de la salud bucodental  no lo han realizado de la misma manera, ya que están restringidos a acciones esenciales y de urgencia, no logrando resolver el detrimento que ha sobrellevado la salud bucodental de los mexicanos con el pasar del tiempo.

La incidencia de caries dental y enfermedad parodental demuestran un antecedente de necesidad de salud no resuelta.

Por lo anteriormente expuesto presento a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto en el que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Fracción XVIII Bis. ...la prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales.

Asimismo, se reforma el artículo 159, fracción VI del capítulo tercero de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 159, fracción VI. ...la prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales y demás padecimientos que se presenten en la población.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de octubre de 2010.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a ésta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud bucodental.

Antecedentes

La salud bucodental forma parte importante del estado de salud general de un individuo, ya que es la boca el órgano precursor del proceso de digestión y nutrición, además de otras funciones vitales para el ser humano como la comunicación, el afecto, la autoestima y la sexualidad. Englobando de manera integral lo que marca la Organización Mundial de la Salud como definición de salud: “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social”, por tanto al verse afectado uno o varios de estos elementos, se tendrá automáticamente un impacto significativo en la calidad de vida del individuo.

La boca es la zona más contaminada de todo nuestro sistema, por tanto habitan en ella millones de colonias bacterianas, comentan algunos científicos, que muchas de ellas nocivas para la salud general, más allá del daño que pudieran causar a dientes y periodonto.

Un factor importante a considerar en la salud es que al incrementar la esperanza de vida a 74.6 años, lo que favorece a que se observe el fenómeno en el cual predominan los padecimientos crónicos degenerativos con alto costo para el Estado y para el individuo y su familia, considerando que el coste de la atención estomatológica que prevalece es del segundo y tercer nivel es necesario intervenir culturalmente e incrementar las acciones de primer nivel de atención con el fin de evitar complicaciones con los padecimientos sistémicos, disminuir las incapacidades laborales y escolares a causa principalmente de odontalgias y apoyar la economía de las familias mexicanas reduciendo las intervenciones curativas y/o de rehabilitación, preservando la dentadura hasta la senectud, población en aumento nacional e internacional, para nuestro país se contempla para el 2020 que la quinta parte de los habitantes sean personas mayores de 60 años. Tomando en cuenta lo anterior debemos prever ese futuro en el que concierne al área odontológica, cuya atención es especializada, costosa, necesaria, vinculada al organismo del individuo y por lo tanto para su buen funcionamiento y una mejor calidad de vida.

A pesar de los continuos avances en la odontología; las enfermedades bucales constituyen un problema general de salud pública a nivel mundial, tanto por su magnitud, como por el impacto que generan en la calidad de vida de las personas y comunidades. La caries dental y las periodontopatías, por su magnitud y trascendencia, representan los principales problemas de salud bucal.

Los grupos socialmente más desventajados continúan siendo los más afectados, lo que implica un gran desafío para los países en desarrollo, más aún cuando se espera que la carga de enfermedades bucales y, en especial las periodontales, aumente por la falta de acceso a servicios, la alta prevalencia de tabaquismo y diabetes, entre otras causas.

Reconociendo que las enfermedades bucodentales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y que su magnitud varía entre grupos humanos, resulta necesario el conocer la influencia de las infecciones a causa de la caries dental y enfermedad periodontal en la salud sistémica.

Se ha realizado investigación científica en los últimos años que avala la vinculación que tienen los individuos con enfermedades sistémicas, edad con mayor riesgo como los infantes y adultos mayores, así como los estados fisiológicos especiales como el embarazo y menopausia, con la evolución y agravamiento de su estado y/opadecimiento sistémico con alguno de estas patologías bucodentales.

Sin menospreciar aquellas enfermedades que muestran signos bucales como anemia, metástasis, leucemia, desnutrición y sida.

La caries dental afecta al 90 por ciento de la población según lo menciona la Organización Panamericana de la Salud y es definida por la Organización Mundial de la Salud en 1987 como un “proceso localizado de origen multifactorial caracterizado por el reblandecimiento del tejido duro del diente que evoluciona hasta formar una cavidad; si no se atiende oportunamente afecta la salud general y la calidad de vida”, por mencionar algunos de los factores tenemos bacterias, tiempo, pH salival, dieta, nivel socioeconómico y anatomía dental. La estadística en México para el cuidado de la salud bucodental muestra que un 25 por ciento de la población nunca ha visitado al odontólogo, siendo la caries la causa principal de visitas al especialista bucodental con un 26 por ciento y el 16 por ciento de la población ha sufrido problemas de encías. La placa dentobacteriana acumulada por una deficiente higiene oral y falta de cultura en visitar al odontólogo interviene en un 98 por ciento de la presencia de la Caries dental y en un 96 por ciento en la enfermedad periodontal.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por alteraciones en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, ocasionadas por deficiencia en la secreción o la acción de la insulina, con complicaciones micro y macrovasculares que ocasionan enfermedades incapacitantes como cardiopatías, ceguera, insuficiencia renal y amputación de miembros. Además de ser la diabetes mellitus de real importancia nacional.

La diabetes mellitus tiene diversos efectos en los tejidos bucales, frecuentemente asociados a control glucémico deficiente y respuesta inmunológica deprimida, que incrementan la susceptibilidad a infecciones bacterianas, incluyendo periodontitis, infecciones micóticas, úlceras, caries dental y xerostomía.

La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio bucal de alta prevalencia en la población adulta; en los diabéticos  se caracteriza por la presencia de bolsas periodontales, movilidad dentaria, destrucción de tejidos blandos, resorción del hueso de soporte dental y pérdida de dientes, generalmente asociados a exposición prolongada a hiperglucemia, a índices elevados de placa bacteriana  y control glucémico deficiente. Existen estudios realizados en México en grupos específicos que muestran elevada prevalencia de esta enfermedad. En usuarios de una clínica de una escuela de odontología fue de 43 por ciento; otro estudio reportó 73 por ciento, 57 por ciento en población urbana de mayores de 60 años de clase socioeconómica baja y media y 29 por ciento en población rural. En diabéticos, las prevalencias reportadas varían de 60 a 71 por cientoen grupos de 45 o más años de edad. Generalmente, en el paciente con diabetes mellitus la enfermedad periodontal es severa y tiene como consecuencia elevada pérdida de dientes.

Recordando que existen parámetros para la atención dental en los cuales el especialista de la salud bucodental puede intervenir en la atención de urgencia, evolución y mantenimiento de la salud estomatológica de un paciente con diabetes, se ven limitados o arriesgados.

Otro factor relacionado con cambios en los tejidos de soporte del diente es el embarazo.Siendo el embarazo un estado fisiológico especial, en el que se presentan una serie de cambios adaptativos temporales en las estructuras corporales de la mujer gestante, como resultado del incremento en la producción de estrógenos, progesterona, gonadotropinas, relaxina, entre otras hormonas, la cavidad bucal no queda exenta de sufrir la influencia hormonal, pudiendo presentarse algunas alteraciones reversibles y transitorias, y otras mas consideradas como patológicas.

En lo que respecta a las lesiones de la mucosa bucal, Granuloma piógeno o tumor del embarazo parece ser una alteración frecuentemente observada en las mujeres embarazadas, mostrando según diversos investigadores, cifras de prevalencia alrededor del 50/0 en la población gestante.

Diversas son las lesiones bucales que han sido consideradas comunes en el embarazo. Gingivitis y agrandamientos gingivales han sido reportados por diversos autores, la inflamación gingival puede alcanzar cifras de prevalencia entre el 50 y el 98.25 por ciento (14,15). Otro aspecto importante de las relaciones enfermedad periodontal y embarazo es que algunos autores han observado un incremento en la movilidad de los dientes durante la gestación. Es sentido opuesto, la Enfermedad Periodontal ha sido identificada como un factor de riesgo para aquellas mujeres que la sufren durante el embarazo, tengan partos prematuros o hijos de bajo peso al nacer.

La edad, en las personas adultas la perdida o falta de dientes causa problemas nutricionales y digestivos ya que no presentan los órganos para realizar esta acción fisiológica. En la etapa adulta-adulta mayor si se vio afectado el parodonto, la encía se baja y deja descubierta la raíz dental la cual por su estructura histológica es más susceptible a caries dentales.

Los niños en México de acuerdo al Programa Nacional de Salud Bucal, seis de cada diez niños menores de 6 años tienen una caries, a los 15 años presentan más de tres caries dentales y el 100 por ciento de la población por arriba de los 25 años sufre alguna enfermedad del periodonto.

La periodontitis como factor de riesgo en los pacientes con cardiopatía isquémica, desempeña un papel importante en las manifestaciones orales. La periodontitis también se ha relacionado con el incremento de riesgo de aparición de enfermedad coronaria, debido a que ambas patologías presentan algunas características comunes como la edad, el sexo y el hábito tabáquico entre otras. El principal mecanismo de acción entre la periodontitis y la cardiopatía isquémica radica en el efecto que las bacterias y sus endotoxinas producen sobre las reacciones inflamatorias, los procesos hemostáticos y las alteraciones en el metabolismo de los lípidos.

Existen una serie de condiciones, fisiológicas o patológicas, que pueden asociarse a la presencia de periodontitis y de enfermedades coronarias.

La edad es un factor de riesgo tanto para la patología cardiovascular como para la periodontitis ya que, más del 30 por ciento de los adultos mayores de 50 años de edad presentan periodontitis.

Referente a esto en diversos estudios a nivel nacional e internacional realizados en autopsias a cuerpos con antecedentes de cardiopatías y cuya causa de muertehaya sido el padecimiento mencionado, sugiriendo ser causa de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, se han encontrado que los accidentes cardiovasculares han sido provocados en gran parte por la bacteria estreptococos mutans precursora de la caries dental.

La hipertensión arterial, otra enfermedad crónico degenerativa de nuestra sociedad, tiene relevancia para el profesional de la salud bucodental ya que al igual que la diabetes prevalece cada vez más y a más temprana edad, lo que trae más años de cronicidad de la enfermedad y por tanto mayores complicaciones y riesgos en la atención estomatológica, sin mencionar que gran parte de la población presenta factores de riesgo e incluso padece ya estos padecimientos y no se les ha sido diagnosticada.

Las enfermedades sistémicas cardiovasculares bajo tratamiento suelen vincularse con la caries dental debido a que una gran cantidad de fármacos suministrados para tratar estos padecimientos causan sequedad de boca (xerostomía) lo que potencializa la incidencia de caries dental, difícil de controlar en estos pacientes. Lo mismo sucede en personas que están bajo tratamiento de cáncer.

Los antecedentes demográficos juegan un papel relevante en la situación familiar de los mexicanos y en la atención a sus necesidades dejando muchas veces en otro plano su salud general, relegando incuantificablemente su salud bucodental, sin saber que en muchas ocasiones es protagonista en sus padecimientos sistémicos.

El tabaquismo corresponde a uno de los factores agravantes de la enfermedad periodontal y es considerado como un factor de predicción de la pérdida de inserción, de la disminución del nivel óseo así como de la respuesta deficiente frente al tratamiento convencional.

Exposición de Motivos

Estudios demuestran una diminución de la incidencia de caries en países ricos, de un 20 a un 50 por ciento, desde hace 20 años de iniciados sus programas y a expensas de que no se disminuyó la ingesta de azucares significativamente, lo cual demuestra que este padecimiento es prevenible, controlable y reversible sólo en su etapa inicial, cuando no ha perdido estructura dental (esmalte). Haciendo notar que medidas intensivas de educación y prevención.

Como antecedente relevante a nivel nacional solo contamos con una encuesta representativa de la situación de nuestro país, la Encuesta Nacional de Caries Dental, esto apenas en el 2001 la cual arrojo datos de interés de acuerdo a la situación real en la cual existen estados de la Republica en los cuales todavía se observa un índice alto de caries dental.

Dentro de las acciones realizadas a la fecha para disminuir la caries dental con la fluoración del agua de consumo humano y la sal de mesa por deposición oficial a traído consigo enormes beneficios a la comunidad modificando la incidencia y severidad de la caries, sin embargo sigue siendo una de las principales causas de demanda de servicios de salud. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (Sivepab), las campañas nacionales de Salud Bucal y acciones específicas por cada una de las entidades federativas para la educación, prevención y atención de la salud bucal, este indicador continúa dando focos de alarma. El concientizar e incluir a otros especialistas de la salud: médicos generales, ginecólogos, oncólogos, pediatras, endocrinólogos, cardiólogos, nutriólogos y psicólogos realicen un trabajo multidisciplinario con el especialista en la salud bucodental en programas con los que hemos visto se relacionan estas ramas de la salud.

Instituciones de salud públicas, tanto del Estado y organizaciones no gubernamentales y universidades del país con licenciaturas en el área bucodental ofrecen en los tres niveles de atención servicios de salud oral gratuitos y a muy bajo costo, de manera permanente o por medio de programas como el llevado a cabo recientemente en el 2005 entre la rectoría y la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el gobierno de Nuevo León y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el cual por medio del programa “Sonrisa de mujer” contribuyendo a la dignificación de las mujeres neolonesas a fin de recuperar su imagen, salud y autoestima se atendió con rehabilitación dental, que redundaran en el desarrollo familiar y social, los avances en la primer etapa de este sentido programa ha sido de 328 mujeres. Esto ha sido posible con financiamiento directo de los involucrados, indiscutiblemente tendría más alcance, de contar con más apoyo financiero, para llegar a zonas rurales y con menos oportunidades.

No se puede permitir que la caries dental y enfermedad periodontal, siendo indicadores de salud, de alta incidencia, prevalencia, trascendencia y severidad en nuestro país y que además epidemiológicamente hablando se encuentren dentro de las enfermedades que más afectan a la población y de coste económico elevado, se continúe subestimando el impacto social de la salud bucodental relegando el financiamiento en este sector que finalmente es la base de los demás sectores también importantes que compone la sociedad, ya que un país sano, produce más, lo cual refleja que la salud siempre será una buena inversión a corto y largo plazo.

Para la atención bucodental es necesario equipamiento especializado el cual requiere de mantenimiento recurrente, inclusive si este fuera utilizado solo para cuestiones elementales de prevención y educación en salud bucodental ya que para brindar atención de calidad es necesario un sillón dental (unidad dental), instrumental de exploración, instrumental de intervención, un compresor de aire, material de curación, estetoscopio y esfigmomanómetro, aspirador de saliva y una lámpara, además del recurso humano.

Esto se complica en el medio rural donde todos los recursos y oportunidades, de cualquier tipo son más escasos. Especialistas en el área de la Salud Pública internacional comentan que en nuestro país se sigue viendo de buena manera que si un órgano dentario es causante de dolor, esta cariado o se mueve puede extraerse, aunque la extracción sea una mutilación al sistema de masticación, fonética y estética del individuo.

Menciona Laurell, 1994 que los ajustes económicos a uno de los grandes sectores de la población como lo es la salud, han visto una reducción en la calidad de vida y de su salud, las consecuencias de estas políticas han trascendido en tener un impacto negativo en la oferta y demanda de los servicios públicos, mercado laboral para los especialistas en la salud.

Se ha comentado que ha aumentado la cobertura como derecho social, en términos poblacionales, los servicios de la salud bucodental no lo han realizado de la misma manera, ya que están restringidos a acciones esenciales y de urgencia, no logrando resolver el detrimento que ha sobrellevado la salud bucodental de los mexicanos con el pasar del tiempo.

La situación de la salud en México es independiente ya que presenta enfermedades sistémicas tanto de países desarrollados como de los no desarrollados, por lo cual deben rea-lizarse programas y políticas especificas, que atiendan de fondo y específicamente la situación real que afrenta nuestro país, y así permitimos evitar el sufrimiento dental a más conciudadanos, un sufrimiento claramente evitable.

Si tomamos oportunamente las recomendaciones dadas atinadamente por el director de la Organización Mundial de la Salud en el 2003 en la cual menciona que la cuarta enfermedad más costosa de tratar en países industrializados son las enfermedades bucales y de no tomar acción a corto plazo muchos países no serán capaces de pagar sus propios programas de tratamiento y específicamente en las necesidades de los adultos mayores.

La incidencia de caries dental y enfermedad periodontal demuestran un antecedente de necesidad de salud no resuelta, revelando como quedan acopiados los problemas sanitarios, por lo que debe quedar comprendido el binomio: que no existe salud general si no hay salud bucal.

Por las características que en si misma muestra la salud bucodental podemos determinar que especialmente la incidencia y prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en nuestra población son un indicadorclaro a nivel internacional de las condiciones de la Salud Bucodental en nuestro país.

Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de ésta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. y se reforma el 159, fracción VI, del capítulo III de la Ley General de Salud

Artículo 3o. ...

XVIII. ...

XVIII Bis. La prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales.

Artículo 159. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. La prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentalesydemás padecimientos que se presenten en la población.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de octubre del año dos mil diez.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada Díaz Salazar. Túrnese a la Comisión de Salud.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY DE COORDINACION POLITICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Política.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias. El motivo de las iniciativas que presentamos tiene como finalidad mejorar la calidad del gasto púbico del país. Básicamente hay cuatro ideas centrales aquí.

La primera es que todo el gasto público en México sea fiscalizado y sea evaluado de la misma manera. Es decir, tenemos que garantizar a los mexicanos que cada peso de gasto, sea de estados o sea de municipios, cumpla con los máximos estándares de fiscalización y de evaluación.

Actualmente parecería increíble, pero la fiscalización del gasto no es igual en todos los órdenes de gobierno. Esto permite la discrecionalidad y permite también que no siempre el gasto público sea fiscalizado, y peor aún, que no esté sujeto a mecanismos de evaluación del mismo.

En ese mismo sentido promovemos que esta Cámara de Diputados esté obligada a considerar evaluaciones e indicadores de desempeño a la hora de asignar gasto.

Se comenta muchas veces que es poco el gasto que reasigna esta Cámara de Diputados en comparación al total. Sin embargo, la calidad de esas reasignaciones no siempre es la correcta y por eso encontramos subejercicios, podemos encontrarnos proyectos que no se pueden ejecutar o que no corresponden a unas visiones generales del país y del desa-rrollo.

Es por eso que en la norma de cómo esta Cámara de Diputados tiene que discutir el presupuesto es necesario incluir la obligación de que las evaluaciones y los indicadores formen parte de las discusiones que tenemos los diputados a la hora de asignar el presupuesto.

En la iniciativa también estamos pidiendo, en la Ley de Coordinación Fiscal, que todas las fórmulas y las variables que integran dicha ley, es decir, en lo que se reparte vía Ramo 33, las aportaciones, conozcamos con claridad efectivamente cuáles son las fórmulas y cuáles son las variables, porque esto ha dado lugar a una serie de disputas respecto de los fondos especialmente de educación y de salud, que tiene que ser cambiado, de tal forma que las entidades tengan certidumbre de cómo se envía el proyecto del Ejecutivo al Legislativo, y éste cómo se puede ejercer por las entidades.

En cuarto lugar estamos haciendo una propuesta que ya se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que exista un padrón de maestros. Es una obligación que como decía está ya en el decreto actual de Presupuesto, pero que falta hacerlo con mucho mayor detalle y mucha mayor precisión y en un ordenamiento como la Ley de Coordinación Fiscal, de tal forma que cuando se ejerzan los recursos en educación estemos al menos seguros de cómo se llama cada maestro que está en la escuela, qué estatus tiene, si va, si no va.

Esto generaría una información de gran valor para conocer, primero, que se están ejerciendo con eficacia las aportaciones del Ramo 33 en materia de educación, pero también para empezar a conocer mucho más nuestro sistema educativo.

Consideramos que tenemos que asegurarle a la sociedad que el gasto público en el país va a ser mejor. Nuestro problema a la hora de discutir impuestos es que la gente no quiere tener más gravamen, incluso en un país que recauda tan poco de su producto, porque no estamos garantizando que el gasto sea de calidad.

Nuestra posición como un partido de izquierda es a favor del gasto público. Nosotros creemos que el gasto público tiene que ser un instrumento para transformar a la sociedad y que el Estado se debe convertir, en muchos casos, en un mecanismo para compensar las fallas de mercado y para compensar las desigualdades que viven en la propia sociedad.

Pero esto sólo lo vamos a poder hacer si el gasto público es de calidad, si lo evaluamos, si a la hora que reasignamos el Presupuesto lo hacemos con criterios sólidos e informamos. Y si también podemos trazar una ruta para que todos los estados y todos los municipios del país puedan asegurarnos que el gasto público sea correctamente fiscalizado.

Una reforma constitucional en este sentido permitiría eventualmente una Ley General de Fiscalización y Evaluación del Gasto Público que permitiría que todos los estados, todos los municipios y el gobierno federal tuvieran un gasto eficiente y de calidad. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Vidal Llerenas Morales , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, en la búsqueda de las mejores prácticas en el ejercicio del gasto público, por las repercusiones en el bienestar de la sociedad, así como para fomentar de manera directa el crecimiento y el desa-rrollo, busca que el seguimiento y vigilancia del gasto público se estructure en un sistema de rendición de cuentas armonizado a nivel nacional; se publique de manera obligatoria el padrón nacional de maestros; se use obligatoriamente los resultados del Sistema de Evaluación del De-sempeño durante la Dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación; se elabore obligatoriamente la publicación anual de un diagnóstico integral de la situación de las haciendas públicas estatales y municipales. Y se publique en el Diario Oficial de la Federación del porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto que recibirá cada entidad federativa por los fondos de aportaciones federales.

Las medidas anteriores permitirán un proceso público que mejorará la relación Estado y sociedad y consentirán que los asuntos públicos den cuenta del impacto que el ejercicio presupuestal y la acción gubernamental tuvieron sobre el público ciudadano a fin de permitir la legitimidad y gobernabilidad de la política pública.

A) Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos

Facultar al Congreso Federal para que legisle en materia de fiscalización y evaluación del gasto público a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

A partir del año 2000, con el inicio de la alternancia en la Presidencia de la República, se comenzó un proceso de democratización en todos los órdenes de la vida nacional. Sin embargo, éste proceso no ha sido rápido, ni fácil. Todo lo contrario. Cualquier cambio de fondo ha sido obstaculizado por diferentes posiciones e intereses, los cuales, al mismo tiempo han sido reflejo de la diversidad que siempre ha existido en nuestra sociedad, pero que se encontraba oscurecida por el autoritarismo.

Uno de los rasgos que ha caracterizado a éste largo proceso de democratización ha sido la debilitación de las facultades extralegales del Poder Ejecutivo Federal. Pero, al mismo tiempo, de manera paradójica, se han visto fortalecidas las facultades similares de los gobernadores de los estados. Con ello, en lugar de apreciarse un firme avance hacia la sociedad democrática que los tiempos reclaman, se ha observado una suerte de “feudalización” política, con retrocesos muy preocupantes.

Así, los avances que se han registrado en materia de rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y evaluación del gasto público, en el ámbito federal, no se ha correspondido con un cambio similar en las reglas aplicables a los otros dos órdenes de gobierno, el estatal y el municipal. Debido a un mal ejercicio de su “soberanía”, en muchas entidades federativas no sólo se han estancado los cambios democráticos, sino que se han registrado preocupantes retrocesos.

Durante los últimos años, el Congreso federal ha ido dando pasos firmes para ir corrigiendo ésta situación, atacando el problema en su raíz, es decir, yendo al fondo del asunto, la base constitucional que permita hacer los cambios pertinentes.

Durante 2007 y 2008, se discutió una reforma constitucional que permitiera iniciar ese proceso de corrección, la cual terminó publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2008. Con dicha reforma, se agregó una fracción XXVIII al artículo 73 constitucional, añadiendo una facultad al Congreso federal, la de “expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial”, para los tres órdenes de gobierno.

Ese mismo año se discutió una iniciativa para crear una Ley General de Contabilidad Gubernamental, reglamentaria de la reforma constitucional aprobada. La nueva ley se aprobó a fines de ese año y fue publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008.

Entre los mandatos de esa nueva ley se encuentra la obligación, para los distintos gobiernos estatales y municipales, de modificar sus reglas de contabilidad, con el fin de armonizarlas y hacerlas homogéneas y comparables. Estos cambios se encuentran en proceso, y constituyen un primer paso para conseguir no sólo una completa comparabilidad, sino para ser la base de una auténtica rendición de cuentas.

La presente iniciativa de reforma constitucional se inscribe dentro del proceso descrito, representando un paso adelante en el mismo. Conseguida una contabilidad homogénea y transparente para los tres órdenes de gobierno, lo que sigue es una armonización en los mecanismos de fiscalización y de evaluación del gasto público.

Para ello, se propone agregar una fracción XXVIII-B al artículo 73 constitucional, para que se agregue a las facultades del Congreso Federal la de expedir leyes en materia de fiscalización y evaluación del gasto público para la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar la aplicación de prácticas y mecanismos armónicos y homogéneos.

Con esta reforma se podrá continuar el proceso de fortalecimiento de la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno, acabando con las preocupantes disparidades en esta materia, que permitirá fortalecer el sistema nacional de evaluación y fiscalización de las entidades federativas. Para ello, se agrega un artículo transitorio donde se da un plazo de un año para que el Congreso federal legisle en esta materia.

B) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Hacer obligatoria la Publicación del Padrón Nacional de Maestros

Como es bien sabido, el gasto público en educación es uno de los rubros más importantes dentro del presupuesto de egresos de todo gobierno democrático. La magnitud y eficiencia en el manejo de ese gasto representa también un factor clave para impulsar uno de los factores más importantes en el desarrollo económico de un país.

En nuestro país, desde mediados de los años 90s se inició un proceso de descentralización del gasto en educación básica, a través de la creación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), incluido en el Ramo 33 presupuestal, y normado en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos destinados al citado fondo se han incrementado de manera sistemática durante los últimos años, alcanzando una magnitud muy importante dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, cualquier evaluación de los resultados de ese gasto muestra conclusiones muy preocupantes. Todos los indicadores señalan notables deficiencias en materia de educación básica. Esto sucede a pesar de que la magnitud del gasto, comparado con el existente en otros países, debería reflejar una mejor situación.

Demasiadas versiones acusan desviaciones de todo tipo en el ejercicio del señalado gasto, desde usos no autorizados por parte de la propia Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos estatales y del poderoso sindicato de los trabajadores de la educación.

En diciembre de 2007 se modificó el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, cambiando la fórmula de distribución de los recursos del FAEB. También, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, se agregó un párrafo en la fracción I del artículo 9, señalando que “la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, derivado de la aplicación de la nueva fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, se sujetará a una auditoría externa relativa a la matrícula escolar de los tipos educativos atendidos por dicho Fondo en las entidades federativas, las nóminas de personal docente y de apoyo, y realizar compulsa de plazas de los distintos tipos de educación básica, así como su lugar de ubicación”, agregando más adelante que “los resultados de las auditorías deberán ser enviados a la Cámara de Diputados durante el primer semestre del ejercicio fiscal”.

Como resultado de ese mandato, las auditorías fueron llevadas a cabo por un despacho privado y entregadas a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados el 21 de julio de 2008, incluyendo un reporte particular para cada entidad federativa. Sin embargo, como no había obligación para ello, esas auditorías no se hicieron públicas, sirviendo sólo para los diputados miembros de la citada comisión y no quedando transparente y público su uso con las autoridades educativas federales y estatales, y con el mismo sindicato.

Esa situación se empezó a corregir al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009. En la fracción IV del artículo 9 del citado ordenamiento, se incluyeron una serie de obligaciones, tanto para la Secretaría de Educación Pública, como para las entidades federativas, para conciliar la información correspondiente al FAEB, con todos sus detalles. Además, se encargó a la Auditoría Superior de la Federación la realización de las auditorías correspondientes, con la obligación de que fueran públicas. Esas disposiciones fueron mantenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio de 2010.

En la presente iniciativa sólo se busca elevar a rango de ley las citadas disposiciones, para transparentar y hacer más eficaz y eficiente, de manera permanente, el ejercicio de los recursos presupuestarios incluidos en ese importante fondo. La propuesta es agregar una fracción III al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir una redacción similar a la ya existente en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de los dos últimos años, sólo ajustando la redacción para que las obligaciones señaladas sean de manera permanente.

Hacer obligatorio el uso de los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño durante la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación

En el artículo 134 constitucional se señala que los recursos públicos de que dispongan los tres órdenes de gobierno “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. A esos principios básicos se agrega el mandato señalando que “los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan” los distintos órdenes de gobierno.

En la Ley General de Desarrollo Social se creó un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, normando los mecanismos y procedimientos para conseguir una efectiva evaluación en base a indicadores de resultados, de los diferentes programas sociales a cargo del gobierno federal.

Esta experiencia se hizo extensiva a todos los programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, quedando establecida en un capítulo especial de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En los artículos 110 y 111 de la citada ley se detallan las características y procedimientos para llevar a cabo las tareas de evaluación del ejercicio del gasto público, hasta constituir un sistema de evaluación del desempeño.

Al final del artículo 111 citado, se dice que “los resultados a los que se refiere éste artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos”.

Aunque de este mandato final se desprende la obligación de tomar en cuenta los resultados de la evaluación durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, esto normalmente no se hace o, al menos no se hace con la seriedad que requiere el citado mandato.

Por ello, la presente iniciativa busca corregir ese problema, agregando un inciso g) al artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de hacer obligatorio el uso de los resultados del sistema de evaluación del desempeño por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el proceso de dictaminación del proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo.

Con esta obligación, los diputados dictaminadores podrán disminuir o cancelar los recursos destinados a los programas de gasto claramente ineficientes; aumentando de manera paralela los fondos orientados a los programas con impactos efectivos, demostrados mediante la evaluación de sus indicadores de desempeño.

Hacer obligatoria la elaboración y publicación anual de un diagnóstico integral de la Situación de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales

Entre sus muchas funciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleva a cabo una relación y coordinación cotidiana con las áreas de administración de los gobiernos estatales y municipales.

La ejecución de muchos de los mandatos incluidos en ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, obligan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a requerir todo tipo de información de parte de los citados gobiernos.

Esa información adquiere un valor inapreciable ya que permite identificar todo tipo de problemas y deficiencias en las señaladas haciendas públicas. El conocimiento de esos problemas es muy importante, no sólo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también para los propios gobiernos estatales y municipales, con el fin de que puedan comparar su situación con la de sus pares. Además, el conocimiento de esa información resulta crucial para los legisladores, quienes son los encargados de modificar la legislación correspondiente.

Por ello, en la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2003 se incluyó por primera vez un artículo, el 33, instruyendo al Ejecutivo para que realizara un Diagnóstico Integral de la Situación Actual de las Hacienda Públicas Estatales y Municipales. Dicho estudio fue realizado y publicado en la página electrónica de la propia Secretaría.

Durante los siguientes cuatro años, se siguió incluyendo esa obligación en las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios de 2004 (artículo 36), 2005 (artículo 36), 2006 (artículo 35) y 2007 (artículo 30). En la página electrónica de la Secretaría de Hacienda se encuentran disponibles los citados estudios, para los cinco años.

Sin embargo, a partir de 2008 desapareció la obligación de llevar a cabo ese estudio. Lo preocupante es que la Secretaría de Hacienda continúa recopilando toda la información pertinente, teniendo una gran ventaja de conocimiento, no sólo sobre los gobiernos estatales y municipales en lo individual, sino sobre los mismos legisladores, quienes requieren esos elementos para corregir situaciones perniciosas.

Por ello, la presente iniciativa busca corregir esa anomalía, pero, en lugar de tratar de regresar esa obligación a la Ley de Ingresos de la Federación, con vigencia de sólo un año, se propone adicionar dos párrafos al artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de hacer obligatoria la elaboración y publicación del citado estudio, para cada año.

C) Ley de Coordinación Fiscal

Publicación en el Diario Oficial de la Federación del porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto que recibirá cada entidad federativa por los Fondos de Aportaciones Federales

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

De esta forma, la ley en comento establece los elementos necesarios para la distribución que por concepto de Participaciones Federales reciben las entidades federativas. No así, para el caso de los Fondos de Aportaciones Federales.

Con la finalidad de que las entidades federativas conozcan todas las reglas de distribución de los recursos que reciben a través de las Aportaciones Federales, se propone adicionar al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, la obligación de las dependencias y entidades de la administración pública federal de publicar en el Diario Oficial de la Federación las fórmulas, variables, porcentajes, así como montos estimados de los recursos correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XXVIII-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXVIII. ...

XXVIII-B. Para expedir leyes en materia de fiscalización y evaluación del gasto público para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar la aplicación de prácticas y mecanismos armónicos y homogéneos.

XXIX. a XXX. ...

Artículo Segundo. Se adicionan un inciso g) a la fracción VIII del artículo 42; una fracción III al artículo 85; y dos párrafos al artículo 107, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

a) a f) ...

g) Durante el proceso de dictaminación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño señalados en los artículos 110 y 111 de la presente ley.

IX. ...

...

Artículo 85. ...

I. a II. ...

III. El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se sujetará a lo siguiente:

a) La Secretaría de Educación Pública deberá:

i. Conciliar las cifras de matrícula escolar con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados durante el primer semestre de cada año;

ii. Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico y normal, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro de dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las entidades federativas;

iii. Incluir en su página de Internet la información que sea remitida a la Cámara de Diputados, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población de quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico y normal, por centros de trabajo;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Erogaciones realizadas por concepto de servicios personales vinculados a las plazas por centro de trabajo;

4. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando el objeto y duración de la comisión;

5. El número y tipo de plaza que ocupan, así como el pago que reciben por concepto de servicios personales, en su caso, y analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;

iv. Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes completo, de acuerdo a las disposiciones aplicables. A solicitud del interesado, siempre que entregue copia del alta en el Registro Federal de Contribuyentes, los pagos no realizados por causa no imputable al personal, deberán serle reintegrados en un plazo no mayor a treinta días;

v. Enviar a la Cámara de Diputados durante el primer semestre de cada año el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente y reportar sobre la corrección de las irregularidades detectadas durante el tercer trimestre de cada año, y

vi. Vigilar el monto de las remuneraciones con cargo al fondo, informando a la Cámara de Diputados los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad;

b) Las entidades federativas deberán:

i. Entregar a la Secretaría de Educación Pública toda la información prevista en el inciso a) de la presente fracción;

ii. Informar trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública sobre el número total, nombres y funciones específicas del personal comisionado, así como el período de duración de la comisión, y publicar las listas correspondientes en su página de Internet;

iii. Informar trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública los pagos realizados durante el período correspondiente por concepto de pagos retroactivos;

c) La Auditoría Superior de la Federación, dentro del marco de sus atribuciones, realizará una auditoría, luego de que haya concluido el ejercicio fiscal, sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos a), b) y d) de la presente fracción. La Secretaría de la Función Pública brindará el apoyo que requiera la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas proporcionarán la información y documentación necesarias para la realización de la auditoría, de acuerdo con su ámbito de competencia. Los resultados de la auditoría se enviarán a la Cámara de Diputados a más tardar en el mes de agosto de casa año, y se harán públicos en la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación;

d) Para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas se sujetarán al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de la materia, publicado el 26 de febrero de 2009, en el Diario Oficial de la Federación.

...

...

...

Artículo 107. ...

I. a II. ...

...

...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante convenio con cada una de las entidades federativas, deberá realizar anualmente un estudio en el que se muestre un diagnóstico integral de la situación de las haciendas públicas estatales y municipales, así como diversas propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, que tengan como objetivos fundamentales dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y hacer más eficaz el impacto de dichos recursos en la población. Para la realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá seguir los lineamientos técnicos que establezca la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados antes del 15 de febrero de cada año.

La realización del estudio a que se refiere el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá publicarse en la página de Internet de dicha Secretaría, así como entregarse a la Cámara de Diputados a más tardar el último día del mes de mayo de cada año.

...

Artículo Tercero. Se adiciona un último párrafo al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

...

...

...

...

Las dependencias y entidades de la administración pública federal responsables de distribuir entre las entidades federativas los recursos correspondientes a las Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de esta ley, tiene la obligación de publicar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación el porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto y el estimado, de ser el caso, que recibirá cada entidad federativa por dichos fondos, para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes y, en su caso, las reformas legales que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XXVIII-B del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del presente decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo.

Artículo Tercero. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Vidal Llerenas Morales, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Ramón Jiménez Fuentes (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Llerenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Rodrigo Pérez-Alonso para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, suscrita ésta por diputados integrantes de la Comisión Especial de Acceso Digital.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones entre los particulares y el gobierno es una práctica que ofrece un sin número de ventajas: mejora y fomenta la transparencia gubernamental, promueve la rendición de cuentas, simplifica la realización de trámites, combate la corrupción, y en pocas palabras, mejora la vida de las personas y hace más eficiente el trabajo de la gestión pública.

Todas estas ventajas hacen evidente la conveniencia de que los gobiernos establezcan una agenda digital que dé sustento y una base estratégica a la digitalización de las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, y dependencias del sector público en ámbitos como la economía, la educación, la cultura, el comercio y otros.

Este proceso ya ha dado inicio, pero hacen falta mayores acciones. Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), este año en nuestro país existen alrededor de 25.6 millones de usuarios en zonas urbanas y 5 millones en zonas no urbanas. La tasa de penetración nacional de Internet es de 32.5 por ciento muy por debajo de otros países miembros de la OCDE, y a su vez, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el número de personas que en 2009 realizaron pagos a través de Internet fue de 1.2 millones de personas.

No obstante, los avances antes mencionados, los resultados aún son insuficientes y poco alentadores, principalmente por la inexistencia de un programa de políticas públicas consensuado con la industria, gobierno, academia y sociedad civil destinada al desarrollo de una política nacional para el desarrollo digital.

Por ello, en la Comisión Especial de Acceso Digital nos planteamos la necesidad de exponer una serie de reformas al marco jurídico nacional, comenzando por la Ley de Planeación para incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial del desarrollo nacional.

En ese sentido, la Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 2006, estableció la necesidad de apoyar a los Estados miembros en la incorporación a las tecnologías de la información en sus planes nacionales de desarrollo, particularmente en los procesos de modernización de las instituciones públicas.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece unas estrategias relacionadas con el impulso de las tecnologías de la información y comunicación en áreas como el impulso a las telecomunicaciones.

No obstante, se trata de políticas desintegradas en diversas instancias de la administración pública y que no tienen una trascendencia más allá del gobierno federal en turno. Por ello, resulta fundamental que el desarrollo digital se vea como una perspectiva estratégica de largo plazo para que forme parte del sistema de planeación democrática del de-sarrollo nacional al que se refiere el artículo 26 constitucional.

Ante esto, después de un análisis concienzudo y un ejercicio democrático, los integrantes de la Comisión Especial de Acceso Digital determinamos que la introducción de un programa o agenda digital al sistema de planeación del de-sarrollo nacional contribuirá a lograr el objetivo planteado en el texto constitucional de imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

En ese sentido, cabe señalar que los esfuerzos que se han hecho en este sentido a nivel internacional, por ejemplo, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2003, fueron reconocidos como un elemento crucial para abatir la pobreza de los países en desarrollo, y por ello varios países han incursionado en la implementación y ejecución de una agenda digital.

En el continente americano destacan los casos de Estados Unidos de América, Chile, Argentina y Uruguay. De igual importancia resulta la denominada agenda digital de Europa 2015.

Estos documentos destacan la importancia del uso de estas tecnologías como instrumento para modernizar al estado, acotar la brecha digital, hacer más productivas a las empresas, elevar la competitividad de los países y crear ciudadanos más informados y educados.

Sin duda, la creación y adopción de un programa o agenda digital llevará a México a transitar de manera ordenada a una sociedad de la información y el conocimiento con los beneficios citados.

Consecuentemente la presente propuesta propone adicionar la Ley de Planeación, a efecto de que el Plan Nacional de Desarrollo contemple un programa especial en materia digital, que contribuya a alcanzar los objetivos planteados en nuestra Carta Magna y en la misma ley.

Se sugiere la figura de un programa especial en materia digital, pues nuestro marco jurídico no contempla el término agenda, aunque coloquialmente se le conoce así.

Por ello, solicito a esta Presidencia se establezcan acciones transversales en materia de TIC, dentro de los programas sectoriales que la misma ley contempla y, señor presidente, en virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria le solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, y asimismo solicitosea turnada a las Comisiones de Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de acceso digital

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión Especial de Acceso Digital de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 14, 20, 23 y 26 de la Ley de Planeación, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones entre los particulares y la administración pública es una práctica que ofrece un sin número de ventajas: mejora y fomenta la transparencia gubernamental, promueve la rendición de cuentas, simplifica la realización de trámites, combate la corrupción, aligera la carga de trabajo para las oficinas públicas; en pocas palabras, mejora la vida de las personas y hace más eficiente el trabajo de las oficinas públicas.

Todas estas ventajas hacen evidente la conveniencia de que los gobiernos establezcan una agenda digital que dé sustento a la digitalización de las relaciones entre ciudadanos y dependencias del sector público, pero también al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la economía, la educación, la cultura, el comercio, entre otros ámbitos de la vida nacional.

Este proceso de introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes aspectos de la vida económica, política, social y cultural del país ya ha dado inicio. Hoy en día es posible llevar a cabo un buen número de trámites en línea, acceder a información institucional, consultar datos oficiales, recibir orientación sobre los servicios que prestan las entidades públicas, establecer contactos con funcionarios, solicitar información, entre otras cuestiones.

No obstante todos estos avances, que sin duda resultan de gran beneficio para los ciudadanos, los resultados aún pueden considerarse insuficientes y poco alentadores, principalmente en cuanto a la existencia de un programa destinado al desarrollo de una política nacional para el desarrollo digital.

Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), reflejados en su estudio “Hábitos de Internet en México 2010”, en nuestro país existen alrededor de 25.6 millones de usuarios de Internet mayores de seis años en zonas urbanas y 5 millones en zonas no urbanas. La tasa de penetración nacional de Internet es de 32.5 por ciento.

El estudio de la Amipci informa que el 37 por ciento de los hogares urbanos cuenta con al menos una computadora personal, de los cuales 7 de cada 10 acceden a Internet.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta en su “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares” un total de 5 119437 hogares con conexión a Internet al año 2009.

De acuerdo con el INEGI, el número de personas que en 2009 realizaron pagos a través de Internet fue de 1 282, 901, de las cuales 287, 325 pagaron impuestos, tarifas y derechos al gobierno. La mayoría de los pagos se concentra en servicios financieros y otros servicios como agua, gas, televisión, teléfono, con 547, 334 y 537, 065 usuarios respectivamente.

El uso de Internet para la realización de este tipo de pagos se incrementó de 446, 405 a 1, 282, 901 personas entre el año 2002 y el 2009.

Otras cifras del INEGI correspondientes al año 2009, relacionadas con el uso del Internet y que resultan de importancia para efectos de la presente iniciativa son: 1,224,469 personas lo usaron para obtener información de bienes y servicios; 1,024,858 para obtener información relacionada con la salud y servicios de salud; 1,160,468 para obtener información de las organizaciones gubernamentales; 355,217 para obtener o descargar formatos oficiales de organizaciones gubernamentales; 218,362 para llenar formatos oficiales en los sitios de organizaciones gubernamentales.

Lo anterior demuestra que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el pago de impuestos y servicios, realización de trámites, obtener información gubernamental, entre otros, ha ido creciendo a medida de que los ciudadanos se familiarizan con ellas y comprueban los beneficios que se obtienen. Sin embargo, aún es muy bajo el número de personas que las aprovechan.

Es por ello que la administración pública debe de fomentar su uso e implementar las políticas públicas que permitan ampliar el número de usuarios, difundir su utilización y contar con la infraestructura necesaria para que sea una práctica accesible y común a los mexicanos.

Resulta imprescindible establecer la obligación por parte de la administración pública de impulsar el desarrollo digital en todos los ámbitos de la vida nacional, por lo que deben llevarse a cabo una serie de reformas al marco jurídico nacional, comenzando por la Ley de Planeación para incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial del desarrollo nacional.

La “Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de ministros de relaciones exteriores y jefes de delegación de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 6 de junio de 2006, establece la necesidad de “solicitar a los órganos, organismos y entidades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que continúen apoyando a los estados miembros en la incorporación de las TIC en sus planes nacionales de desarrollo, particularmente en los procesos de modernización de las instituciones públicas, favoreciendo los que contemplen la formación de funcionarios públicos, y que son necesarios para fortalecer la gobernabilidad y el ambiente democrático, promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la eficiencia en la gestión y la provisión de servicios en el sector público, con el fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de todas las personas”.

En principio, todas las dependencias de la administración pública federal deberán aplicarse en garantizar una adecuada y eficiente relación con la ciudadanía a través de medios electrónicos; con ello, se establecerá un efectivo puente de comunicación y servicios, por donde transitará el ciudadano y, en la medida de que los procedimientos sean sencillos y ágiles, los usará con mayor frecuencia y demandará su ampliación y mejora.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como uno de sus objetivos “mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la administración pública federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos”.

Este objetivo también plantea “elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública”.

Aunque resulta de gran importancia que la administración pública use las tecnologías de la información y la comunicación para establecer una más eficiente y mejor relación con los ciudadanos, el desarrollo digital no debe enfocarse únicamente en este aspecto. La agenda nacional no se limita únicamente a la gestión pública, sino que incluye una serie de temas tales como educación, cultura, economía, desarrollo social y político, entre otros.

El mismo Plan Nacional de Desarrollo en el apartado de Telecomunicaciones y Transportes establece otras estrategias relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación:

Estrategia 14.2. Promover la adhesión de actores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad para el diseño y desarrollo de estrategias que faciliten el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Estrategia 14.3. Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una penetración superior al 60 por ciento de la población, consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la población.

Estrategia 14.4. Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento de las telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas.

Estrategia 14.5. Proponer esquemas de financiamiento y autosustentablidad para fomentar la aplicación y de-sarrollo de proyectos en el uso de las tecnologías de la información y su continuidad operativa.

Resulta fundamental que el desarrollo digital se vea con una perspectiva mucho más amplia e integral, como un elemento indispensable del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional al que se refiere el artículo 26 del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“ Artículo 26

A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

La ley facultará al Ejecutivo federal para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”

Sin duda, la introducción de un programa o agenda digital al sistema de planeación del desarrollo nacional contribuirá a lograr el objetivo planteado en el texto constitucional de imprimir “solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Por otro lado, la Ley de Planeación en su artículo tercero, define la planeación nacional de desarrollo como “la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.”

Esta definición coincide plenamente con la intención de la presente iniciativa de introducir a la planeación nacional del desarrollo una política digital integral que abarque los distintos ámbitos nacionales a que hacen referencia la Constitución y la ley secundaria.

En el ámbito internacional, varios han sido los países que han incursionado en la implementación y ejecución de una agenda digital. En el continente americano destacan los casos de Estados Unidos de América, Chile, Argentina y Uruguay. De igual importancia resulta la denominada Agenda Digital para Europa 2015.

Estos documentos destacan la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para modernizar al estado, acotar la brecha digital, hacer más productivas a las empresas, elevar la competitividad de los países, y crear ciudadanos más informados y educados.

En particular, la Agenda Digital para Europa 2015 destaca la importancia de contar con una agenda digital de la región tomando en cuenta estos considerandos:

“Las tecnologías de la información y la comunicación impregnan virtualmente todos los aspectos de nuestras vidas y están indisolublemente ligadas a nuestro deseo de una economía próspera y competitiva, de la conservación del medio ambiente y de una sociedad más democrática, abierta e integradora.

El desarrollo de la sociedad digital debe ser inclusivo y accesible para todos los ciudadanos de la Unión Europea, con el apoyo de políticas eficaces cuyo objetivo sea reducir la brecha digital dentro de la Unión Europea, permitiendo a un número mayor de ciudadanos con formación en nuevas tecnologías aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Los mercados de comunicaciones competitivos son importantes para garantizar que los usuarios obtengan el máximo beneficio en términos de oferta, calidad y precios asequibles.

Las tecnologías de la información pueden ser un acicate extraordinario de los esfuerzos por llevar el desarrollo positivo y sostenible a todos los países del mundo y para luchar contra la pobreza y las desigualdades sociales y económicas.

Si los ciudadanos no tienen la confianza suficiente en el marco jurídico del nuevo espacio digital, se abstendrán de interactuar, expresar sus opiniones libremente y realizar operaciones.

Los delitos cibernéticos, como la incitación a cometer ataques terroristas, actos criminales basados en el odio y pornografía infantil, han aumentado y están poniendo en peligro a los individuos, incluidos los niños.

Si bien Internet es el canal minorista que crece más rápidamente, la diferencia entre el comercio electrónico nacional y transnacional en la UE va en aumento, y que existe un notable potencial de ahorro merced al comercio electrónico transnacional para los ciudadanos de la UE.”

Sin duda, la creación y adopción de un programa o agenda digital llevará a nuestro país a transitar de manera ordenada a una sociedad de la información y el conocimiento con los beneficios ya señalados, entendida ésta como el espacio en el cual la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y económicas.

Consecuentemente, esta propuesta propone adicionar la Ley de Planeación, a efecto de que el Plan Nacional de Desarrollo contemple un programa especial en materia digital que contribuya a alcanzar los objetivos planteados en nuestra Carta Magna y en la misma ley. Se sugiere la figura del programa especial en materia digital, pues nuestro marco jurídico no contempla el término “agenda”, aunque coloquialmente se le podría conocer así.

Se propone reformar el párrafo segundo del artículo 3o. y adicionarle un tercer párrafo para que en el proceso de planeación se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de que los ciudadanos se involucren y conozcan los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.

Se propone asimismo adicionar una fracción al artículo 14, para quedar como IV, recorriéndose en su orden las subsecuentes, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia encargada de coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo, disponga lo necesario para que los ciudadanos tengan a su alcance, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las convocatorias e información relativas a los programas y proyectos de la administración pública federal.

Se propone la adición de un último párrafo al artículo 20, que se refiere a la participación social en la planeación, para que el Ejecutivo federal mantenga informada a la población y a los diversos grupos sociales a que se refiere la propia ley de manera oportuna y suficiente sobre los programas a que se refiere la misma, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, para que los ciudadanos estén en posibilidad de emitir las opiniones a que se refiere dicho artículo. De esta manera se fomenta la promoción e implementación de la denominada “e-democracia” en el proceso de planeación, entendida como el uso o aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los procesos democráticos y la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la toma de decisiones.

La propuesta para adicionar el artículo 23 consiste en incluir un segundo párrafo a efecto de que en los programas sectoriales que la misma ley contempla se establezcan acciones transversales en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, en el artículo 26 se plantea que el Ejecutivo federal impulse el desarrollo, organización, ejecución y seguimiento de un programa especial o agenda digital que permita el desarrollo nacional en materia de tecnologías de la información y la comunicación, así como del espacio para la creación, distribución y manipulación de la información como parte fundamental de las actividades culturales y económicas del país; es decir, para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento.

La importancia del uso, aprovechamiento y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la agenda nacional, así como de la sociedad de la información y el conocimiento, amerita que no solamente se haga mención de ellas en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que sea una obligación plasmada en la ley para que no quede al arbitrio de la administración en turno.

Por lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente

Iniciativa

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 14, 20, 23 y 26 de la Ley de Planeación.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 3o., 14, 20, 23 y 26 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 3º. ...

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, disponiéndose en este proceso de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten a los ciudadanos su conocimiento e involucramiento en los programas; asimismo se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:

I. a III...

IV. Disponer lo necesario para que los ciudadanos tengan a su alcance, a través de tecnologías de la información y la comunicación, las convocatorias e información relativa a los programas y proyectos de la Administración Pública Federal.

V. a VIII...

Artículo 20. ...

...

...

El Ejecutivo federal mantendrá informada a la población y a los diversos grupos sociales a que se refiere esta ley, de manera oportuna y suficiente, sobre los programas mencionados en la misma mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, para que estén en posibilidad de emitir las opiniones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 23. ...

El Ejecutivo federal incluirá acciones transversales en materia de tecnologías de la información y la comunicación dentro de los programas sectoriales.

Artículo 26. ...

Para el caso del desarrollo nacional en materia de tecnologías de la información y la comunicación, así como de la sociedad de la información, el Ejecutivo federal impulsará el desarrollo, organización, ejecución y seguimiento de un programa especial en la materia.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. http://www.amipci.org.mx/estudios/temp/Estudiofinalversion1110-0198933001274287 495OB.pdf

2. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=ti nf196&s=est&c=9199

3. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=ti nf226&s=est&c=7997

4. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/sis/sisept/default.aspx?t=ti nf213&s=est&c=5568

5. www.oas.org/36ag/espanol/DECSANTODOMs04.doc

6. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/democracia-efectiva-y-politica-exterior- responsable/eficacia-y-eficiencia-gubernamental.html

7. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010 -0066+0+DOC+XML+V0//ES#title1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González, Andrés Massieu Fernández, Tomás Gutiérrez Ramírez, José Ignacio Pichardo Lechuga, José Luis Velasco Lino, Eric Rubio Barthell, Agustín Torres Ibarrola, Indira Vizcaíno Silva, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Pérez-Alonso. Tal como usted lo solicita, insértese íntegra la iniciativa suscrita por los diputados integrantes de la Comisión Especial de Acceso Digital en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la iniciativa que presentaría el diputado Martín Rico Jiménez. Igualmente, se pospone la iniciativa que presentaría el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, y de la misma manera la iniciativa que estaba agendada por parte del diputado Sami David David.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones de la diputada Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el artículo XX del acuerdo de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la  operación del sistema electrónico de votación, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, me permito solicitarle tenga a bien consultar al Pleno, puedan realizarse las modificaciones en el orden del día de hoy, a efecto de incluir, el siguiente asunto:

• Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de  San Lázaro, 19 de octubre de 2010.— Maestro Cristian Alarcón Ojeda (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dígame, diputado Escobar.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Yo estoy de acuerdo en que se someta a consideración, pero cuál es la iniciativa. No la conocemos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es una iniciativa, como lo mencioné, diputado Escobar, de sólo turno, que fue asumida por la Junta de Coordinación Política, presentada por el diputado Canek Vázquez Góngora, del PRI, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal y se turnaría, de aceptarse, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación al orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada secretaria.

LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tal como lo habíamos mencionado, se recibió del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal, a cargo  del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Canek Vázquez Góngora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Economía, en el segundo trimestre del 2010, el PIB de la minería no Petrolera registró un incremento de 21.5 (veintiuno punto cinco por ciento), esto con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con dicha información, este fue el tercer incremento más importante después del que registro la Industria de Transporte con 70 por ciento y de maquinaría 36.1 por ciento.

Asimismo, y de acuerdo al mismo reporte, en junio de 2010, el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un incremento del 17 por ciento en el valor de la producción minero-metalúrgica, esto aún cuando el sector minero acumuló unos 9 mil 319 millones de dólares en el 2009, mientras que en el 2008 se llegó a los 10 mil 500 millones de dólares, lo que represento una baja de 11 por ciento en la generación de recursos por la producción y ventas en los minerales, causada dicha baja en gran medida, por la crisis mundial que afecto a todos los sectores.

A nivel mundial, el crecimiento en países del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) en los próximos meses, es de 1.4 por ciento en el tercer trimestre y de 1 por ciento en el cuarto trimestre.

De acuerdo con esta información, la actividad minera a nivel mundial se encuentra en un periodo de recuperación, por lo que consideramos que dicha actividad industrial, debe de participar más activamente en la retribución por el uso y aprovechamiento de los bienes del Estado, en este caso, por el aprovechamiento de los minerales y sustancias, que son objeto de explotación por parte de los particulares, que detentan una concesión minera.

A la fecha, la forma de calcular el pago de los derechos por el aprovechamiento de los minerales y sustancias existentes en el subsuelo, se determina en base al número de hectáreas amparadas por el título de concesión minera, así como en los años transcurridos a partir del otorgamiento de dicho título, mas una actualización que se realiza en forma semestral.

Consideramos que la forma de calcular y por lo tanto de cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales existentes en el subsuelo, no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que genera dicho aprovechamiento a los titulares de una concesión minera, por lo que se considera que el Estado no está teniendo una retribución justa, por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la Nación, que se encuentran en explotación.

Derivado del crecimiento de la minería en los últimos años, esto por virtud de las altas cotizaciones, fundamentalmente de los minerales metálicos, algunos países se encuentran revisando la forma de calcular el pago de los derechos o royalties que los titulares de una concesión o permiso minero, según sea el caso, deben de pagar al Estado, por la explotación y aprovechamiento de minerales o sustancias existentes en el subsuelo.

Países como Australia, Brasil, Chile y algunos países africanos, estos últimos grandes productores de minerales metálicos, a la fecha se encuentran en una amplia discusión que tiene como objetivo principal, revisar el pago de derechos o royalties con que se contribuye al Estado, la idea generalizada es incrementar los montos de pago por el aprovechamiento de los recursos no renovables de estos países. En promedio, en estos países, los titulares de una concesión o permiso para la explotación minera, pagan alrededor de un 4 por ciento de sus ventas totales, iniciando a partir de 1.5 por ciento como mínimo y hasta arriba de un 5 por ciento.

A diferencia de lo que se está haciendo en otros Países, en México, seguimos con una base para el cálculo del pago, que no retribuye adecuadamente al País por el aprovechamiento de estos recursos naturales, considerándose por tal motivo, que el Estado está desperdiciando y dilapidando los ingresos y las participaciones que le corresponden y que son de todos los Mexicanos, mismos ingresos, que servirían enormemente en el desarrollo social y en beneficio de la comunidad en general, a fin de ser aplicados en educación, obra social, infraestructura en hospitales, carreteras, escuelas, parques recreativos, clubes deportivos, centros de cultura etc.

Se considera que nuestra legislación actual en materia de derechos por el uso y aprovechamiento de los bienes del Estado, debe por una parte, fomentar el desarrollo de la actividad minera y por la otra, obtener los recursos que en forma reciproca son justos y en proporción de lo que se obtiene en la venta de minerales existentes en el subsuelo.

Con esto se busca la maximización de los recursos minerales de nuestro país, y se incentive el desarrollo de todos aquellos proyectos considerados como marginales, esto al fijarse una base real y conveniente para el cálculo del pago de derechos por parte de los concesionarios mineros, con lo cual se impulsa la productividad de las empresas mineras y se conservan y generan los empleos, directos e indirectos, que resulten.

Cuando se habla de maximizar los recursos, se debe entender, la obtención de la totalidad de los minerales y sustancias existentes en el subsuelo; las concesiones mineras otorgadas por el Estado, tienen como finalidad el aprovechamiento integral de todos los recursos sujetos a la concesión minera, Es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país, contar con el desarrollo de campos marginales, estos son, aquellos proyectos considerados de baja prioridad operacional o económica, que contienen recursos de menor calidad o que requieren de técnicas de recuperación excesivamente costosas. Lo anterior debido a que el desarrollo de campos marginales en materia de producción de minerales se lleva a cabo en muchos países, obteniéndose resultados importantes desde el punto de vista económico.

Con el desarrollo de este tipo de proyectos, se lograría la maximización en la extracción de los recursos minerales del país, esto es, la obtención de la totalidad de los minerales y sustancias existentes en el subsuelo, mismas que hoy en día, desafortunadamente están destinadas a no llevarse a cabo y a dejar parte de la riqueza nacional sin ser aprovechada, generándose una mayor posibilidad de creación de empleos y la conservación de los ya existentes.

Dado todo lo anterior, la propuesta que se realiza mediante la presente iniciativa consiste en fijar 2 formas diferentes para calcular el pago de derechos, esto mediante la diferenciación de concesiones mineras en producción y concesiones mineras no productivas, con lo cual de ninguna manera, se puede entender que se otorga trato preferencial o inequitativo a algún grupo de concesionarios mineros, sobre otro grupo, sino que únicamente se determina la obligación de pago y su respectivo monto en función de sí las concesiones mineras se encuentran en producción o no, y de esta forma cubrir los derechos mineros con base en los ingresos netos que una sociedad minera obtiene, esto contra otra que no tenga ingresos, por no encontrarse en producción.

La presente iniciativa propone que los concesionarios mineros que lleven a cabo explotación minera y que por tanto produzcan y comercialicen minerales o sustancias sujetas a la regulación de la Ley minera, al amparo de su respectiva concesión, deberán de cubrir por concepto de pago de derechos mineros, un porcentaje de 3 porciento, sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras, las deducciones normales y propias conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo costos financieros, impuestos, depreciación y amortización (inversiones).

Es importante mencionar, que al fijarse el pago de derechos con base en la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo costos financieros, impuestos, depreciación y amortización (inversiones) y no en el precio de los metales en el mercado internacional, el Estado mexicano obtendría una recaudación más constante, conveniente y cierta para sus planes y proyecciones a mediano y largo plazo, esto sin ahogar a las empresas mineras imponiéndoles un derecho calculado sobre una base incorrecta, ya que las ventas de ninguna manera es sinónimo de riqueza o que esto conlleve o signifique utilidad o flujo de dinero para los concesionarios mineros, las ventas representan el final del proceso productivo mediante la comercialización de los mismos, no obstante de dichas ventas, se recuperan todos los costos de extracción y producción de los minerales, por tanto, el fijar el pago de derechos respecto del monto o cantidad que arrojan las ventas, resulta ser una base incorrecta, imprecisa e irreal ya que esto lesionaría a los concesionarios mineros, por el detrimento económico que esto les causaría.

Aunado a lo anterior, y considerando que los minerales al ser Comodities tienden a tener variaciones en su cotización internacional por lo que, el fijar el pago de los derechos mineros en base a las ventas, traería en el caso, del desplome en el precio de los mismos, que el Estado mexicano recaudara una cantidad menor de la que en su momento viniera recaudando, con lo que se crearía un déficit en la recaudación minera, generándose la necesidad de crear otros rubros de recaudación cada vez mas y mas impositivos para los contribuyentes mineros.

Para aquellas concesiones mineras que no se encuentren en producción y con la intención de no lesionar y si incentivar los planes de desarrollo, prospección y futura explotación que se tengan sobre éstos, el pago de derechos que se propone aplicar es el que a la fecha se realiza en forma generalizada, esto es, el derecho que se cubriría sería de acuerdo al número de hectáreas amparadas por el título de concesión minera, de acuerdo a la vigencia de cada una de las concesiones mineras y con sus ajustes semestrales; En el caso de que una concesión minera inicie su producción, los pagos correspondientes a los derechos por el otorgamiento de dicha concesión minera cambiará y se realizará de acuerdo a un porcentaje de 3 por ciento en los términos arriba señalados.

Con base en esta propuesta, los titulares de concesiones mineras que se encuentren en producción pagarán y contribuirán con más ingresos al Estado, mientras que, los titulares de concesiones mineras que no se encuentren en producción, pagarán derechos de acuerdo al número de hectáreas amparadas, con lo anterior, se incentiva a que aquellas concesiones mineras que no se encuentren en producción, puedan activar su explotación y no por el contrario se les impida iniciar sus operaciones, por el incremento en el pago de derechos mineros.

Bajo el esquema propuesto, el Estado como mínimo obtendrá recursos en la misma cantidad de lo que hoy ya recibe, sin embargo por otra parte recibirá ingresos de aquellas concesiones mineras que ya se encuentren en producción en una cantidad muy importante a la que ha venido recibiendo en los últimos años.

Por otro lado y en aquellos caso en donde, concesiones mineras en producción, se encuentren formando un agrupamiento o unificación en donde coexistan con concesiones mineras que no se encuentren en producción, el pago de derechos que se deberá de cubrir por las concesiones que formen dicho agrupamiento o unificación, será el monto que resulte más alto, entre el pago de derechos por hectárea (concesiones mineras sin producción) y el que resulte tomando como base el porcentaje del 3 por ciento (concesiones mineras en producción), sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo costos financieros, impuestos, depreciación y amortización (inversiones).

Por tanto, se propone modificar el actual artículo 263 de la Ley Federal de Derechos vigente, que dispone las cuotas que deben de pagar los concesionarios mineros por hectárea amparada, de acuerdo a los años de vigencia de éstas. Dicho artículo deberá de modificarse en su redacción, a efecto de que el mismo disponga que para el caso de concesiones mineras que no cuenten con producción o que no se encuentren formando un agrupamiento o unificación en donde coexistan con concesiones mineras en producción, el derecho minero que deberán cubrir, se realizaría con base al número de hectáreas amparadas y a los años de vigencia de las mismas, tal como se realiza a la fecha.

Por otro lado, se propone la inclusión de un pago de derechos complementario que en su caso, deberán cubrir los titulares de aquellas concesiones mineras consideradas como “ociosas” o “improductivas”, previéndose que para el caso de que dentro de una concesión minera, no se hubieren llevado a cabo obras y/o trabajos de exploración o explotación físicamente comprobándose con gastos efectivamente realizados dentro de un periodo de 2 años continuos, lo anterior durante un término de 11 años contados a partir de la fecha de su titulación, los concesionarios mineros estarán obligados a cubrir además del pago de derechos sobre minería que corresponda, un pago adicional del 50 por ciento de dicho derecho de minería, tomando como base, la cuota por hectárea prevista a pagarse a partir del décimo primer año de vigencia, debiendo cubrir dicho pago adicional durante todo el tiempo y hasta en tanto, no haya transcurrido el periodo de 2años seguidos de actividades mineras.

Asimismo, se propone, que para el caso de no llevarse obras y trabajos de exploración y explotación dentro de una concesión minera por más de 20 años, sus titulares deberán pagar el doble de los derechos mineros por hectárea, tomado como base la cuota más alta, que a esa fecha se encuentre prevista.

Lo anterior, se aplicaría siempre y cuando dichas concesiones mineras no se encuentren formando parte de un agrupamiento o unificación en donde coexistan con concesiones mineras en producción.

Con la propuesta anterior, se pretende reactivar la minería en México y que aquellos concesionarios mineros que titulen concesiones mineras ociosas e improductivas se ven forzados a desarrollar sus proyectos mineros o bien, a abandonar sus concesiones mineras para que estas sean desarrolladas por aquellos que si cuenten con las posibilidades de llevar a cabo la exploración y explotación, lo que resultará siempre más conveniente para el Estado, y en su beneficio propio de los pequeños mineros.

Por otra parte, también es objeto de la presente iniciativa, el que los estados con una mayor actividad minera obtengan mayores recursos para ser aplicados en la mitigación y rehabilitación ambiental que se causa por dicha actividad, así como incentivar de una manera más integral, el desarrollo integral de las ciudades, pueblos y comunidades donde se realizan dichas actividades y que los recursos que se les alleguen sean destinados a obras sociales de infraestructura educacionales, generación de empleos, carreteras, mitigación, generación de mano de obra calificada, etc.

Se propone que el pago de los derechos que se recauden por las actividades mineras, sea distribuido de acuerdo con lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal, esto es un 20 por ciento para el Fondo General de Participaciones y el restante 80 por ciento, tomándose como un 100por ciento, sea aplicado 20 por ciento a la federación, 50 por ciento a los estados y 30 por ciento a los municipios, en donde se lleven a cabo las actividades mineras, que deberá ser aplicado al desarrollo de obras e infraestructura en general dentro de dichos estados y municipios, tales como carreteras, vialidades, hospitales, centros de salud, culturales, escuelas, preservación del medio ambiente y en sí, en cualquier obra que lleve consigo el mejoramiento en la calidad de vida de la población en general.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 263, se adicionan los artículos 268, 269, 270, 271 de la Ley Federal de Derechos.

Ley Federal de Derechos

Artículo 263. Los titulares de concesiones mineras y asignaciones mineras que no se encuentren en producción de algún mineral o sustancia sujeta a la Ley Minera o bien, que no se encuentren formando parte de un agrupamiento o unificación en donde coexistan con concesiones mineras en producción, esto de acuerdo con lo previsto por la Ley Minera vigente, pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con lo siguiente

Concesiones y Asignaciones mineras: Cuota por Hectárea

I. Durante el primer y segundo año de vigencia 5.08 pesos

II. Durante el tercero y cuarto año de vigencia 7.00 pesos

III. Durante el quinto y sexto año de vigencia 15.72 pesos

IV. Durante el séptimo y octavo año de vigencia 31.62 pesos

V. Durante el noveno y décimo año de vigencia 63.22 pesos

VI. A partir del decimoprimero año de vigencia 111.27 pesos

Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que se encuentren en producción de alguno de los minerales y sustancias sujetas a la Ley Minera, pagarán el derecho sobre minería aplicando la tasa del 3 por ciento, sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo costos financieros, impuestos, depreciación y amortización (inversiones).

No se considerarán como ingresos acumulables del semestre en los términos del párrafo inmediato anterior, los establecidos en las fracciones X, XI, y XII del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, para los efectos del presente artículo, no se considerarán dentro de las deducciones autorizadas las establecidas en las fracciones IV, IX, y X del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En el caso de concesiones mineras que se encuentren en producción y las cuales formen parte de un agrupamiento o unificación, en el cual coexistan con concesiones mineras que no se encuentren en producción, el pago de derechos que se deberá de cubrir por las concesiones que formen dicho agrupamiento, será el monto que resulte más alto, entre el pago de derechos calculado por hectárea y el que resulte tomando como base el porcentaje del 3 por ciento, sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo costos financieros, impuestos, depreciación y amortización (inversiones), esto de acuerdo con lo previsto por la Ley Minera vigente.

Artículo 269. Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración y explotación física y materialmente acreditables durante 2 años continuos, esto dentro de un periodo de 11  años contados a partir de la fecha de su titulación, deberán cubrir además del pago de derechos sobre minería que corresponda, un pago adicional del 50 por ciento, de la cuota por hectárea prevista a pagarse a partir del décimo primer año de vigencia, debiendo cubrir dicho pago adicional, durante todo el tiempo y hasta en tanto, no haya transcurrido el periodo de 2 años continuos de actividades mineras.

Por otra parte, se propone, que para el caso de no llevarse obras y trabajos de exploración y explotación dentro de una concesión minera por más de 20 años, sus titulares deberán pagar el doble de los derechos mineros por hectárea, tomado como base la cuota más alta, que a esa fecha se encuentre prevista, debiendo cubrir dicho pago adicional durante todo el tiempo y hasta en tanto, no haya transcurrido el periodo de 2 años continuos de actividades mineras.

Artículo 270. La cancelación de una concesión o asignación minera por incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta ley o por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Artículo 271. Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal; al efecto la recaudación que genere la aplicación de este derecho se distribuirá de la siguiente forma:

I. 20 por ciento de la recaudación para formar parte del Fondo General de Participaciones en cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 2o. de esta ley.

II. Del remanente de la recaudación, considerado como 100 por ciento corresponderá a la Federación el 20 por ciento.

III. El restante 80 por ciento se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su distribución entre los mismos.

Artículo Segundo. Se adiciona el cuarto párrafo del Artículo 2, el actual cuarto párrafo pasará a ser el quinto párrafo del mismo artículo, se adiciona el artículo 25 con la fracción IX y se crea el artículo 47 Bis.

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 2o. cuarto párrafo:

Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Derechos; al efecto la recaudación que genere la aplicación del derecho sobre minería se distribuirá de la siguiente forma:

I. 20 por ciento de la recaudación para formar parte del Fondo General de Participaciones en cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

II. Del remanente de la recaudación, considerado como 100 por ciento corresponderá a la Federación el 20 por ciento.

III. El restante 80 por ciento se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su distribución entre los mismos.

Las aportaciones federales con cargo a este fondo se distribuirán a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetos a las disposiciones de la Ley Minera y su reglamento en un 30 por ciento; el 50 por ciento restante corresponderá a la entidad correspondiente.

Artículo 25. Con independencia de lo establecido. ...

...

Para los fondos siguientes:

IX. Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Artículo 47-Bis. El Fondo de Aportaciones para el Desa-rrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con los recursos provenientes de la recaudación obtenida por aplicación del derecho sobre minería.

Los montos del fondo a que se refiere este artículo, se distribuirán y enterarán mensualmente a las entidades federativas, en proporción directa a la recaudación obtenida del derecho sobre minería en cada una de ellas.

Las aportaciones con cargo a este fondo que reciban los estados, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal, deberán destinarse específicamente a los siguientes fines:

I. Desarrollo social para mejoramiento económico y productivo de los estados y municipios mineros sobre bases sustentables para incrementar el bienestar de sus ciudadanos.

II. Desarrollo urbano en los niveles estatal y municipal por medio de planes de ordenamiento territorial y programas de desarrollo urbano.

III. Desarrollo sustentable para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. De acuerdo a las modificaciones realizadas a la Ley Federal de Derechos en materia de minería, dichos derechos serán los únicos que se aplicarán por el aprovechamiento de todos los minerales y sustancias sujetas a la Ley Minera, quedando sin efectos cualquier otro derecho establecido con anterioridad a esta fecha.

Tercero. Las sociedades titulares de concesiones mineras, deberán de llevar un formato de reporte de producción por unidad minera, mismo que expedirá la Secretaría de Economía y en el cual se desglose, la información referente al cálculo del pago de derechos, respecto del pago correspondiente al porcentaje del 3 por cientosobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo costos financieros, impuestos, depreciación y amortización (inversiones).

Las sociedades mineras que no cumplan verazmente con la información requerida o bien que falseen la misma, amén de las sanciones civiles o penales que correspondan, tendrán como pena la cancelación de la concesión minera, agrupamiento o unificación, objeto del reporte de producción.

Palacio de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Canek Vázquez Góngora (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,y se instruye a Servicios Parlamentarios su distribución para el conocimiento de los legisladores. Igualmente, insértese íntegra en el Diarios de los Debates.

Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitado por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause alta como secretario en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Jesús María Rodríguez Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Marcela Guerra Castillo cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado secretario. Aprobadas. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones. Se pospone la intervención del diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

SECTOR AGROPECUARIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa, y a los gobiernos de las entidades federativas, para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales y en cumplimiento del paripaso respectivamente, faciliten el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos, de menos de 10 hectáreas.

La diputada María Felicitas Parra Becerra:Con su venia, señor presidente. De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el Estado fomentará actividades productivas en el ámbito rural, procurando elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

En dicha legislación se establece que el Estado atenderá de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, para lo cual llevará a cabo programas de atención especial.

Los productores de autoconsumo y los productores en transición a comerciales constituyen la mayor parte de los productores del campo nacional, representando aproximadamente el 90 por ciento, que de acuerdo con estudios realizados en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria algunas características de los beneficiarios del programa Especial Concurrente dificultan el acceso a los subsidios a causa de un nivel educativo bajo.

El 14.2 por ciento de los encuestados son analfabetas y la escolaridad promedio es de 4.4 años, que de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria el monto promedio de los promedios se incrementa a medida que aumentan los años de escolaridad del productor, además de que los apoyos para el fomento productivo decrecen rápidamente, a medida que también aumenta la marginalidad.

Que a nivel nacional sólo 76 mil 486 unidades de producción, es decir, 2 por ciento del total, se integraron en grupo para acceder a algún tipo de servicio o apoyo.

El 87.4 por ciento de las unidades de producción se dedican a la agricultura como actividad principal. Las unidades de producción agrícola, el 72.6 por ciento, registran menos de 5 hectáreas y en general, una superficie promedio de 7.3 hectáreas.

En muchos de los casos la falta de aportaciones que tienen que hacer los productores, o algunas entidades federativas, como parte del apoyo de los distintos programas federales, dificulta el completo ejercicio de este tipo de recurso.

Es por ello que hago uso de esta tribuna, para hacer un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por medio de sus programas sujetos a reglas de operación se incremente el porcentaje de apoyo a productores de bajos ingresos de hasta 10 hectáreas de temporal, con requisitos más accesibles para este tipo de beneficiarios con propósitos claros y definidos y con indicadores de impacto, que precisen el cumplimiento de dicho propósito en beneficio de este sector de la población rural.

De igual forma, exhorto a los gobiernos de las entidades federativas para que cumplan con el esquema de paripaso en los programas federales orientados a fomentar el sector agropecuario y pesquero, a fin de lograr un mayor desarrollo de los pequeños productores y del sector en su conjunto.

Señor presidente, le solicito atentamente que la presente se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, y a los gobiernos de las entidades federativas, por medio de las reglas de operación de sus programas federales, y en cumplimiento del pari passu, respectivamente, a facilitar el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas, a cargo de la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Felicitas Parra Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los gobiernos de las entidades federativas para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y el cumplimiento del pari passu, respectivamente, faciliten el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos 10 hectáreas, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Estado fomentará actividades productivas en el ámbito rural procurando elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Que conforme a dicha legislación, el Estado atenderá de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, para lo cual llevará a cabo programas de atención especial.

El porcentaje máximo de apoyo será de hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto, con excepción de los apoyos dirigidos a productores de bajos ingresos que serán conforme se establezca en las reglas de operación y la estratificación realizada por las entidades federativas.

Que los productores de autoconsumo y los productores en transición a comerciales constituyen la mayor parte de los productores del campo nacional, representando aproximadamente el 90 por ciento.

Que de la superficie agrícola total (29.9 millones hectáreas de superficie agrícola) el 82.2 por ciento es de temporal, además de que del total de unidades de producción (4.1 millones) 30.4 por ciento utiliza sólo tracción mecánica para las actividades agrícolas.

Que de acuerdo con estudios realizados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), algunas características de los beneficiarios del programa especial concurrente dificultan el acceso a los subsidios a causa de un nivel educativo bajo; el 14.2 por ciento de los encuestados son analfabetas y la escolaridad promedio es de 4.4 años.

Que conforme al Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, de 4.1 millones de unidades de producción, el 72.8 por ciento cuenta con escolaridad, y de esta proporción el 75.4 por ciento es de nivel primaria.

Que de acuerdo al CEDRSSA, el monto promedio de los apoyos se incrementa a medida que aumentan los años de escolaridad del productor, además de que los apoyos para el fomento productivo decrecen rápidamente a medida que aumenta la marginalidad.

Que a nivel nacional sólo 76 mil 486 unidades de producción, es decir, 2 por ciento del total, se integraron en grupo para acceder a algún tipo de servicio o apoyo.

Que el 87.4 por ciento de las unidades de producción se dedican a la agricultura como actividad principal.

Que de las unidades de producción agrícola el 72.6 por ciento registran menos de 5 hectáreas, y en general una superficie promedio de 7.3 hectáreas.

Que en muchos de los casos la falta de aportaciones que tienen que hacer los productores o alguna entidad federativa, como parte del apoyo de distintos programas federales, dificulta el completo ejercicio de este tipo de recurso.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por medio de sus programas sujetos a reglas de operación, se incremente el porcentaje de apoyo a productores de bajos ingresos de hasta 10 hectáreas de temporal, con requisitos más accesibles para este tipo de beneficiarios, con propósitos claros y definidos y con indicadores de impacto que precisen el cumpliendo de dicho propósito en beneficio de este sector de la población rural.

Segundo. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas, para que cumplan con el esquema de pari passu en los programas federales orientados a fomentar el sector agropecuario y pesquero, a fin de lograr un mayor desarrollo de los pequeños productores y del sector en su conjunto.

Nota:

1 CEDRSSA, 2006. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en las UPR (2002-2005). Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados, LX Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 de septiembre de 2010.— Diputados: María Felicitas Parra Becerra, María Sandra Ugalde Basaldúa, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Ovidio Cortázar Ramos, José Manuel Hinojosa Pérez, Pablo Rodríguez Regordosa, Adolfo Rojo Montoya, Bonifacio Herrera Rivera, Francisco Javier Orduño Valdez, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Yulenny Guylaine Cortés León, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sergio Tolento Hernández, Sergio Arturo Torres Santos, Paz Gutiérrez Cortina, Oralia López Hernández, María Dolores del Río Sánchez, Carlos Luis Meillón Johnston, Ignacio Téllez González, Alberto Esquer Gutiérrez, Juan José Cuevas García, Daniel Gabriel Ávila Ruíz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada Parra Becerra. Tal como lo solicita, insértese íntegra su proposición tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria, y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Se pospone la intervención de este y los siguientes puntos de acuerdo que tenía agendados el diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Igualmente, se pospone la presentación de proposición suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

COMBATE A TRAFICO DE ARMAS, DE INDOCUMENTADOS, DE DROGAS, A LA PIRATERIA Y EL LAVADO DE DINERO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Sedena, a la Semar y a la PGR a que fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

El diputado Juan José Cuevas García:Con su venia, diputado presidente. Compañeros, compañeras: “La libertad es uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la libertad en la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”. Miguel de Cervantes Saavedra.

El crimen organizado es uno de los problemas que de forma por demás indignante restringe a la sociedad mexicana y a la de todo el mundo de uno de los valores que por naturaleza le pertenecen, como es la libertad, la honra y la dignidad humana. Los grupos criminales gracias a su organización, estructura y funcionamiento han formado parte del proceso globalizador, por lo que han crecido de forma alarmante a un grado tal que es posible equipararlos con las grandes empresas trasnacionales.

En ese sentido, el crimen organizado no reconoce naciones ni fronteras, siendo éstas el lugar en donde se gestan una serie de delitos que por su gravedad sangran las entrañas de la sociedad y ponen en riesgo las instituciones gubernamentales.

La delincuencia organizada es fuente de una serie de actos que se generan a gran escala y que por su transnacionalidad pueden diversificar sus operaciones en las fronteras mexicanas en delitos que generan grandes ganancias como en el tráfico de drogas, de indocumentados, de armas y lavado de dinero.

Por consiguiente, la necesidad de que el actual gobierno fortalezca los mecanismos de seguridad que permitan proteger nuestras instituciones es imperiosa, poniendo especial atención en las zonas fronterizas frente a las amenazas y riesgos que puedan atentar contra la intranquilidad y la estabilidad de las personas que habitan o transitan por ellas.

A pesar de las importantes acciones del gobierno federal, las organizaciones criminales gracias a su poder han logrado permanecer vigentes y continúan llevando a cabo actividades ilícitas, preocupantes para el resto del país.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no hay que acostumbrarse a vivir con los enemigos de la libertad y la vida del pueblo de instituciones de México. El tráfico de armas es un problema que de pronto parece no tener solución y que representa el inicio del ciclo vital de toda clase de crímenes como el homicidio o el secuestro, bastiones de las organizaciones criminales y que son utilizadas para dañar al Estado mexicano y a la gente de bien. Es por eso que esta semilla del terror requiere de una estrategia agresiva.

Tampoco hay que olvidar que todas esas armas que ingresan por las fronteras a nuestro país son utilizadas por los cárteles para atacar a nuestras policías, a nuestros funcionarios y ciudadanos sin importar si son federales o locales, así como a periodistas que tan valiosamente ejercen su loable labor informativa ciudadana.

Pero eso no es responsabilidad solamente de las instituciones federales. Es necesario que los cuerpos policiales estatales y municipales participen en coadyuvancia con las acciones emprendidas por el ámbito federal, sobre todo en los municipios ubicados a lo largo de las fronteras norte y sur y costas de México.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública; de Defensa y de Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, a que con el objetivo de prevenir y salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes fortalezcan para prevenir como hijo, como padre de familia, como diputado federal, como médico, pero sobre todo como ciudadano mexicano, los operativos en las zonas fronterizas, que es por donde entra este mal, a efecto de combatir el tráfico de armas, de indocumentados, de drogas, de piratería y de lavado de dinero. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP, a la Sedena, a la Semar y a la PGR a fortalecer sus operaciones en las zonas fronterizas para combatir el tráfico de armas, de indocumentados y de drogas, así como la piratería y el lavado de dinero, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan José Cuevas García, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

Consideraciones

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.”

El crimen organizado es un de los problemas, que de forma por demás indignante, restringe a la sociedad mexicana, y a la de todo el mundo, de uno de los valores que por naturaleza le pertenecen como es la libertad, la honra y la dignidad humana. Los grupos criminales, gracias a su organización, estructura y funcionamiento, han formado parte del proceso globalizador, por lo que han crecido de forma alarmante, a un grado tal que es posible equipararlos con las grandes empresas transnacionales.

En ese sentido, el crimen organizado no reconoce naciones, de quienes no respeta fronteras, siendo éstas el lugar en el que se gestan una serie de delitos que por su gravedad sangran las entrañas de la sociedad y ponen en riesgo a las instituciones gubernamentales.

La delincuencia organizada, es fuente de una serie de actos que se generan a gran escala y que por su transnacionalidad puede diversificar sus operaciones en las fronteras mexicanas en delitos que generan grandes ganancias como en el tráfico de drogas, de indocumentados, de armas y el lavado de dinero.

Por consiguiente, la necesidad de que el actual gobierno fortalezca los mecanismos de seguridad que permitan proteger nuestras instituciones es imperiosa, poniendo especial atención en las zonas fronterizas frente a las amenazas y riesgos que puedan atentar contra la integridad y estabilidad de las personas que habitan o transitan por ellas. Es importante dar crédito a las obras, por eso hay que destacar que el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina Nacional, así como la Procuraduría General de la República realizan acciones de vigilancia de las zonas fronterizas para impedir el tráfico de personas, de drogas, de armas, de indocumentados y de mercancías.

Al respecto, es de reconocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, en el último año, realizó 82,062 patrullajes en las fronteras norte y sur, en los que intervinieron un promedio mensual de 9,335 elementos militares, logrando en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas asegurar un total de 487,026 kilogramos de marihuana, 1,307.2 kilogramos de cocaína, 5,880 armas, 1,305,991 cartuchos, 60.1 millones de pesos, 22.8 millones de dólares, 3,440 vehículos y 3,200 personas detenidas.

Por su parte, la Secretaría de Marina, en el mismo lapso, realizó 12,508 patrullajes urbanos con una participación promedio mensual de 1,514 elementos navales, en 53 ciudades fronterizas, lo que permitió el aseguramiento de 296 personas, 126 vehículos, dos embarcaciones, 133 armas, 380 cargadores, 20,300 cartuchos, 27,249 kilogramos de marihuana, 11 kilogramos de cocaína, 20 granadas de mano y 154 indocumentados de diferentes nacionalidades.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía federal, realizó el operativo Espejo, realizado del 15 al 17 de octubre de 2009, en coordinación con los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, así como con autoridades guatemaltecas en la zona limítrofe entre México y Guatemala, en el que se efectuaron 647 revisiones para prevenir el tráfico de indocumentados.

Sumado a lo anterior, llevó a cabo el operativo Salvavidas, realizado en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, que consistió en recorridos binacionales en vehículos con apoyo aéreo; asimismo, participó en el intercambio de información entre las policías de países fronterizos como Guatemala y Estados Unidos.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República, la través de la Agencia Federal de Investigación  implementó el programa de revisión para inhibir el tráfico de personas indocumentadas y drogas en la terminal aérea de Tapachula, Chiapas, realizando la revisión de 1,270 aviones comerciales, 113 aviones privados, 10,522 pasajeros, 10,925 maletas de equipaje y 333 paquetes; logrando así la inhibición completa de actividades delictivas en la referida terminal aérea.

Adicionalmente, en el estado de Quintana Roo, la agencia logró el aseguramiento de cinco indocumentados de origen chino, la localización y presentación de 45 personas vinculadas al tráfico de personas y delincuencia organizada, así como la detención de 11 personas responsables del tráfico de indocumentados.

A pesar de las importantes acciones del Ejecutivo federal, las organizaciones criminales, gracias a su poder, han logrado permanecer vigentes y continúan llevando a cabo actividades ilícitas preocupantes para el resto del país. Paralelamente, debe tomarse en cuenta que al ingreso de toda clase de armas de fuego y hasta explosivos, además del tráfico de drogas e indocumentados y el lavado de dinero, tiene como consecuencia el aumento del índice de delitos de todo tipo y en todo el territorio nacional.

Compañeros legisladores, no hay que acostumbrarse a vivir con los enemigos de la libertad y la vida del pueblo e instituciones de México; el tráfico de armas es un problema que de pronto parece no tener solución y que representa el inicio del ciclo vital de toda clase de crímenes como el homicidio o el secuestro, bastiones de las organizaciones criminales y que son utilizados para dañar al Estado mexicano y exterminar a la gente de bien. Es por eso que esta semilla del terror requiere de una estrategia agresiva que permita frenar el flujo de armas por parte del narcotráfico hacia México.

Tampoco hay que olvidar que todas esas armas que ingresan por las fronteras a nuestro país, son utilizadas por los cárteles para atacar a nuestras policías, a nuestros funcionarios, sin importar si son federales o locales, así como a los periodistas que tan valientemente ejercen su loable labor informativa. Por tales razones, sabemos de la importancia de que todos los actores políticos empecemos a valorar, en su justa dimensión, el riesgo que significa esa inmensa capacidad de violencia provocada por las armas que entran a México, y luchar por impedir que el crimen organizado se fortalezca con el dinero y el arsenal importado y, finalmente, lograr el triunfo de la legalidad sobre las armas y la inseguridad.

Pero no sólo es responsabilidad de las instituciones federales, es necesario que los cuerpos policiales estatales participen en coadyuvancia con las acciones emprendidas por el ámbito federal, sobre todo en los municipios ubicados a lo largo de las fronteras norte y sur.

Por todo ello, es de vital importancia fortalecer las acciones del Ejecutivo federal a efecto de establecer una barrera de contención contra el tráfico de personas, armas, drogas y lavado de dinero, toda vez que son actividades que constituyen un problema que lastima a todos los ámbitos de gobierno y por ende, a la sociedad que vive en México y a la que transita por nuestro territorio.

Así pues, es dable insistir en la necesidad de que las acciones llevadas a cabo por las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como por la Procuraduría General de la República sean reforzadas con el objetivo de que tengan un carácter polivalente, ligeras, flexibles, de gran movilidad táctica y estratégica, con capacidad de respuesta, sólida moral, principios disciplinarios y arraigada vocación de servicio, dotadas de recursos humanos y tecnológicos de alta calidad, acordes a la potencialidad del país, para que puedan hacer frente a las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan los operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

Notas:

1.Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don quijote de la Mancha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Juan José Cuevas García, María Sandra Ugalde Basaldúa, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Ovidio Cortázar Ramos, Sergio Arturo Torres Santos, Pablo Rodríguez Regordosa, Adolfo Rojo Montoya, Bonifacio Herrera Rivera, Francisco Javier Orduño Valdez, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Yulenny Guylaine Cortés León, Rosa Adriana Díaz Lizama, Paz Gutiérrez Cortina, Oralia López Hernández, María Felicitas Parra Becerra, María Dolores del Río Sánchez, Carlos Luis Meillón Johnston, Ignacio Téllez González, Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Tolento Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cuevas. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Johnston.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Presidente, preguntarle al diputado Cuevas si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Diputado Cuevas?

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Es un honor, diputado presidente. Compañero amigo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está de acuerdo, señor diputado. Está a disposición de quienes quieran suscribirla, en la Secretaría de la Mesa Directiva.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren mayores recursos para el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez:Con su permiso, señor presidente diputado. La seguridad pública es uno de los temas, quizás el más preocupante de la actualidad, debido a los altos índices de la delincuencia que en los últimos tiempos hemos vivido. Todos directa o indirectamente hemos sido afectados.

No cabe duda de que para salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos es responsabilidad de todos, tanto ciudadanos como autoridades. Sin embargo, éstas últimas deben contar con las herramientas necesarias para cumplir las obligaciones que tienen impuestas.

En ese sentido, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal tiene como objetivo que sus recursos sirvan de instrumento para el nuevo modelo policial en los municipios más poblados e inseguros del país.

Este modelo implica, entre otras cosas, la interconexión y cargado de base de datos de los municipios del Subsemun a Plataforma México. La evaluación de sus elementos policiales, la aplicación del sistema de desarrollo policial y el uso del informe policial homologado y la adquisición estandarizada de equipamiento.

Los recursos del Subsidio privilegian la profesionalización de los elementos de las corporaciones policiales en lo relativo a su evaluación integral, capacitación, diseño y habilitación del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de conformar unidades modelo homologadas en los tres niveles de gobierno.

A su vez, los municipios tienen el compromiso de reestructurar el estado de fuerza en las corporaciones para ajustarse a este modelo y aplicar los recursos propios aportados al Subsemun, específicamente para la renivelación salarial.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, año en que dio inicio el Subsemun, se aprobaron recursos por más de 3 mil 589 millones de pesos para distribuirse en 350 municipios seleccionados de las 32 entidades federativas.

En 2010 dicho presupuesto ascendió a 4 mil 137 millones de pesos, contemplando 206 municipios y delegaciones del Distrito Federal.

La propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011 es de 4 mil 303 millones de pesos, por lo que en términos reales el crecimiento al Subsidio es prácticamente cero. Los recursos serían destinados para los conceptos y conforme a las reglas que estableció el Ejecutivo federal, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones en el marco de las disposiciones legales aplicables.

El Ejecutivo federal dio a conocer el 15 de enero del presente año, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Subsidio, así como la forma utilizada para su selección.

En dicha publicación se estableció igualmente el porcentaje de participación que representaron las aportaciones de recursos que realizaron al fondo de municipios y el Distrito Federal.

Es importante seguir firmes en el combate contra la delincuencia, por eso es de suma importancia seguir fortaleciendo a la seguridad desde la primera instancia donde se genera la demanda ciudadana, es decir, los municipios. Dotándoles de una mayor infraestructura, equipamiento vehicular, material de apoyo, armamento, profesionalización, mejores condiciones de vida para los elementos policíacos, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la proposición con punto de acuerdo. Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se considere un incremento presupuestal al Subsemun superior al programado en el proyecto presentado por la federación para el ejercicio del próximo año, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones en el marco de las disposiciones legales aplicables. Es cuanto, señor diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a través del subsidio para seguridad pública municipal, se destinen a los municipios que resulten elegibles en el país, más recursos que los destinados en el año próximo anterior, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La seguridad pública es uno de los temas, quizás el que mas, mas preocupantes de la actualidad, debido a los altos índices de delincuencia que en los últimos tiempos hemos vivido. Todos, directa o indirectamente hemos sido afectados. No cabe duda que para salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, es responsabilidad de todos, tanto ciudadanos como autoridades. Sin embargo, estas últimas deben contar con las herramientas necesarias para cumplir las obligaciones que tienen impuestas.

En ese sentido, el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) tiene como objetivo que sus recursos sirvan de instrumento para el Nuevo Modelo Policial en los municipios más poblados e inseguros del país. Este modelo implica, entre otras cosas:

• La interconexión y cargado de bases de datos de los municipios del Subsemun a Plataforma México;

• La evaluación de sus elementos policiales;

• La aplicación del sistema de desarrollo policial y;

• El uso del informe policial homologado y la adquisición estandarizada de equipamiento.

Los recursos del subsidio privilegian la profesionalización de los elementos de las corporaciones policiales en lo relativo a su evaluación integral, capacitación y el diseño y habilitación del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de conformar unidades modelo homologadas en los tres niveles de gobierno.

A su vez, los municipios tienen el compromiso de reestructurar el estado de fuerza de las corporaciones para ajustarse a este modelo y aplicar los recursos propios aportados al Subsemun, específicamente para la renivelación salarial

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, año en que dio inicio el Subsemun, se aprobaron recursos por 3 mil 589.4 millones de pesos (mdp) para distribuirse entre 150 municipios seleccionados de las 32 entidades federativas del país. En 2010, dicho presupuesto ascendió a 4 mil 137.9 millones de pesos, mdp, contemplando a 206 municipios y delegaciones del Distrito Federal. La propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2011 es de 4 mil 303.3 mdp, por lo que en términos reales, el crecimiento del subsidio es prácticamente de cero.

Los recursos serían destinados para los conceptos y conforme a las reglas que estableció el Ejecutivo Federal, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables.

El Ejecutivo federal dio a conocer el 15 de enero del presente año, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que consideró, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; asimismo, se dio cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbanos, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se veían afectados por la alta incidencia delictiva. En dicha publicación se estableció igualmente el porcentaje de participación que representaron las aportaciones de recursos que realizaron al fondo los municipios y el Distrito Federal.

Es importante seguir firmes en el combate contra le delincuencia, por eso es de suma importancia seguir fortaleciendo la seguridad desde la primera instancia donde se genera la demanda ciudadana, es decir, los municipios dotándolos de una mayor infraestructura, equipamiento vehicular, material de apoyo, armamento, profesionalización, mejores condiciones de vida para los elementos policíacos, entre otros.

También es importante ampliar la base de beneficiarios de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ya que hoy en día vemos como la delincuencia ha llegado más lugares que requieren de contar con los elementos suficientes para hacerles frente, por lo que es necesario que el subsidio reciba los recursos suficientes para poder hacer frente a tan loable tarea que desde el Ejecutivo Federal se ha emprendido y que ahora se continua en el orden estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere un incremento presupuestal al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) superior al programado en el proyecto presentado por la federación para el ejercicio del próximo año, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2010.— Diputados: Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Juan José Cuevas García, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Cora Cecilia Pinedo Alonso , Rosa Adriana Díaz Lizama, Sergio Tolento Hernández, , María Dolores del Río Sánchez, Pablo Rodríguez Regordosa, José Manuel Hinojosa Pérez, Ovidio Cortázar Ramos, Sergio Arturo Torres Santos, , Adolfo Rojo Montoya, Francisco Javier Orduño Valdez, Bonifacio Herrera Rivera, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Carlos Luis Meillón Johnston, Yulenny Guylaine Cortés León, Daniel Gabriel Ávila Ruíz (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Sí, diputada.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama(desde la curul): Para solicitarle al diputado Leoncio si es posible adherirme a su propuesta.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez:Sí, con gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Morán acepta. Se adhiere la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama.

BANCO DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial en el Banco de México para conocer las causas del comportamiento de las diferentes variables incluidas en el balance general de la institución, así como los factores que explican los resultados de su operación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión especial en el Banco de México para conocer las causas del comportamiento de las variables incluidas en el balance general de la institución y los factores que explican los resultados de su operación, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Víctor Báez Ceja, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre de 2009, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la información sobre ingresos tributarios, en el renglón de aprovechamientos no petroleros, encontramos el registro de los remanentes del Banco de México del año anterior, por 95 mil millones de pesos. Sobra decir que esos recursos fueron fundamentales para cubrir parte del boquete propiciado por la caída de ingresos tributarios en 2009.

Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Banco de México, esta institución deberá entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas a las que está obligada, lo cierto es que es necesario analizar qué es lo que está ocurriendo con el banco central, cuyas políticas son determinantes en el comportamiento de la economía nacional.

La preocupación de lo que sucede en el Banco de México se vincula a los señalamientos que se hicieron en el Senado, en el que se atribuyó a la entrega de remantes una situación de quiebra en el Banco Central, porque como resultado de eso, se dijo, en 2009 su activo habrían sido inferior a su pasivo en 58 mil 851 millones de pesos.

Lo cierto es que, al revisar los balances de los últimos años encontramos que, en realidad, la operación con números rojos es una situación recurrente en el Banco de México. En 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009 encontramos que los activos del Banco de México fueron inferiores al monto del pasivo y el capital contable de la institución fue negativo. ¡Estaba en quiebra!

Es probable que como resultado de la revisión de las cifras del Banco de México, se concluya que el efecto de los pasivos es consecuencia del aumento de las reservas y como en el pasado, habrá quien opine que no son necesarios esos recursos.

Al respecto hay que señalar que, sólo una operación ineficiente puede justificar que a mayor fortaleza, es decir, al contar con más reservas, se provoca una mayor debilidad. Pero eso sólo sucede con las políticas de Banxico.

Sin duda, un uso distinto de las reservas, para apoyar la inversión productiva en el país, le resultaría más rentable al Banco Central y al país, que estarlas depositando en bonos estadounidenses a tasas de uno por ciento. El problema no son las reservas, sino su administración. Las reservas incluso podrían ser mayores si se retiraran del mercado los dólares que hoy absurdamente se rechazan supuestamente para combatir la delincuencia organizada, dejándolos libremente en el mercado, contribuyendo con ello, más mal, a financiar el contrabando de todo tipo.

Por otra parte, es importante señalar que, en realidad, las cuentas del resultado del ejercicio en 2008 fueron positivas en 247 mil 522 millones, pero se usaron 77 mil 197 para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores; 63 mil 570 para amortizar créditos del IPAB, por cierto un registro sorprendentemente alto en comparación con años previos y, 11 mil 758 para constituir reservas. Incluso la adquisición de valores del IPAB registrada en los activos parece ser una tenue medida contracíclica, que también merece explicación. Por ese conjunto de operaciones, sólo quedaron 95 mil millones de pesos de remanentes en 2008.

Todo indica que el comportamiento positivo del balance de Banxico en 2008 se debió a la devaluación del peso en ese año, que modificó la valoración de sus reservas en divisas en función del tipo de cambio. Lo que ocurrió en 2009 fue lo contrario.

Por eso pedimos esta investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Porque resulta increíble que la institución que impuso sus reglas de disciplina monetaria y cambiaria a 100 millones de mexicanos, a costa de miles de millones de dólares, propiciando un grave rezago social y estructural y un enorme sector informal, opere con número rojos y con registros poco claros de sus operaciones.

Por lo expuesto, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación que realice una auditoría especial a la operación del Banco de México de los últimos diez años, a las fuentes de ingresos propios de la institución, a la administración de los activos a su cargo, de los pasivos y las razones de su recurrente situación de quiebra, así como el origen y destino de los remanentes en los ejercicios en los que se generaron.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputado Víctor Báez Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No encontrándose el diputado Báez Ceja, y de acuerdo con el acuerdo de este pleno, se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que ejerza la facultad de atracción y realice las acciones de investigación pertinentes, a efecto de esclarecer el secuestro de las personas del estado de Michoacán que se encontraban de vacaciones en el estado de Guerrero.

El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar:Con su venia, señor presidente. Me permito ante esta alta tribuna de la nación presentar un punto de acuerdo que tiene como objeto fundamental abordar la problemática que mediante diversos medios de comunicación nacional y estatal han dado cuenta de varios acontecimientos que están generando inquietud y preocupación entre las personas que radican en mi estado, el estado de Michoacán.

El pasado 2 de octubre de este año se tuvo conocimiento del secuestro de 20 personas del sexo masculino, jóvenes y adultos provenientes de Morelia, Michoacán, que se encontraban en el puerto de Acapulco, Guerrero, presuntamente como vacacionistas.

Igualmente aconteció que siete personas oriundas de Jiquilpan y Sahuayo, se encontraban en el puerto de Manzanillo, Colima, pasando el fin de semana e igualmente fueron plagiados, abriéndose el expediente respectivo en la Procuraduría de esa entidad federativa.

Aunado a ello, desde el mes de septiembre de este mismo año también se reportó la desaparición de otros nueve michoacanos. Cinco procedentes de Morelia y cuatro de Pajacuarán, al parecer también por secuestro, los cuales se encontraban en el estado de Veracruz presuntamente por motivos de trabajo.

Pese a las acciones que han desarrollado las diversas procuradurías estatales para esclarecer los hechos, lo cierto es que actualmente las personas se encuentran en calidad de desaparecidas y sin que hasta ahora se tenga conocimiento del motivo que propició estos hechos ni de las líneas de investigación.

Es de observar que únicamente la Procuraduría de Guerrero, mediante boletín de prensa, ha señalado que se encuentran realizando investigaciones en coordinación tanto con la Procuraduría del estado de Michoacán, como con la Procuraduría General de la República y, por su parte, la Procuraduría michoacana ha señalado que se han levantado actas circunstanciadas en virtud de corresponder a las Procuradurías de Guerrero, Veracruz y Colima la investigación de los hechos.

Sin dejar de advertir que si bien los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución federal establecen que incumbe al Ministerio Público de la federación la investigación y persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden federal, también es cierto que en virtud de la facultad de atracción la representación social federal puede conocer los delitos del fuero común. Esto con fundamento en los artículos 73, fracción XXI constitucional, en el 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el 4, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En estas condiciones y con el conocimiento de la Procuraduría General de la República únicamente se encuentra interviniendo en coordinación con las investigaciones de estos hechos.

Además de la relevancia y expectativa que genera dicho acontecimiento en perjuicio de la sociedad, se considera oportuno que a efecto de que se agoten todas las líneas de investigación posibles para el esclarecimiento de los hechos y toda vez que el secuestro de vacacionistas pudiera estar relacionado con actividades de la delincuencia organizada es que se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales ejerza la facultad de atracción y realice todas las acciones de investigación pertinentes con el objeto de esclarecer los hechos en los cuales han desaparecido personas provenientes del estado de Michoacán en diversas entidades federativas, entre las que destacan Colima, Guerrero y Veracruz.

Señor presidente, le pido que se inserte en el Diario de los Debates tal cual fue leído. Por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción y realizar las acciones de investigación pertinentes para esclarecer el secuestro de michoacanos que tomaban vacaciones en Guerrero, a cargo del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales, ejerza la facultad de atracción y realice todas las acciones de investigación pertinentes, con objeto de esclarecer el secuestro de personas del estado de Michoacán que se encontraban de vacaciones en el estado de Guerrero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de octubre del año en curso, se tuvo conocimiento que un grupo conformado por 22 personas del sexo masculino, jóvenes y adultos, provenientes del estado de Michoacán, al encontrarse en el puerto de Acapulco, presuntamente como vacacionistas, fueron secuestrados.

Los días han transcurrido y respecto a las acciones que se han implantado en cuanto a la investigación de los hechos, únicamente ha arrojado la ubicación de los vehículos en los cuales se trasladaron los turistas michoacanos al puerto de Acapulco, días después en que ocurrieron los hechos.

La autoridad que tomó conocimiento de los hechos fue precisamente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), iniciando la averiguación previa número TAB/3A/AM/TUR/II/0264/2010, pero actualmente las personas se encuentran en calidad de desaparecidas y sin que hasta ahora se tenga conocimiento del motivo que propició estos hechos, así como tampoco se haya hecho públicas las líneas de investigación.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría estatal, se sabe que dentro de las circunstancias que pernearon estos hechos, tuvo acontecimiento la intervención de un grupo de hombres armados, quienes se transportaban en una camioneta Nissan tipo X-Trail color blanco.

Si bien es cierto, la propia dependencia, mediante boletín de prensa señala que se encuentran realizando investigaciones en coordinación tanto con la Procuraduría del estado de Michoacán y la Procuraduría General de la República, se insiste que hasta el momento no se cuentan con resultados concretos en torno a resolver estos hechos, que tienen en suma preocupación a quienes residen en el estado de Michoacán, así como a la sociedad en general.

Aunado a lo anterior, con relación a estos acontecimientos no se pasa por alto el pronunciamiento que hizo al respecto la secretaria de Turismo, que afirmó que los 20 michoacanos desaparecidos en Acapulco el pasado 1 de octubre no tenían perfil de turistas, ya que no tenían reservación de hotel; viajaban hombres solos y no en familia.

Sin dejar de advertir que si bien los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que incumbe al Ministerio Público de la Federación la investigación y persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, también es cierto que, en virtud de su facultad de atracción, la representación social federal puede conocer de los delitos del fuero común, cuando, de acuerdo con la Carta Magna, “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;

“En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.”

De la misma forma, en el Código Federal de Procedimientos Penales se establece lo siguiente:

“En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán asimismo, competencia para juzgarlos.”

Finalmente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República previene lo siguiente:

“Corresponde al Ministerio Público de la Federación...

d)Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley.”

Por lo que en estas condiciones y con el conocimiento de que la Procuraduría General de la República, se encuentra interviniendo de manera coordinada con las Procuradurías de Justicia de los estados de Michoacán y Guerrero, además de la relevancia y expectativa que genera dicho acontecimiento en perjuicio de la sociedad, se considera oportuno que, a efecto de que se agoten todas las líneas de investigación posible para el esclarecimiento de los hechos, y toda vez que el secuestro de vacacionistas pudiere estar relacionado con actividades de la delincuencia organizada, es que se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales ejerza la facultad de atracción y realice todas las acciones de investigación pertinentes, con objeto de esclarecer el secuestro de las personas del estado de Michoacán que se encontraban de vacaciones en el estado de Guerrero.

Notas:

1 Artículo 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 10, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales.

3 Artículo 4o., fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputados: Alfonso Jesús Martínez Alcázar, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Se turna a la Comisión de Justicia.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Margarita Liborio Arrazola para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren mayores recursos para la atención, prevención y tratamiento del cáncer de mama en el país.

La diputada Margarita Liborio Arrazola:Gracias, diputado presidente.

En el marco de este Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama creo que no solamente tenemos que conmemorar nuevamente un 19 de octubre de 2010. En México empezó a incrementarse la incidencia en forma importante a partir de la década de los ochenta, con una tendencia a la alza previéndose una elevación de más de 16 mil 500 casos por año para el 2020. Esto indica que deben acelerarse las campañas de prevención para descubrir en forma temprana este mal.

Las que suscribimos, diputadas Margarita Liborio Arrazola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel Pérez Santos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la Comisión Especial para la Familia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

El cáncer mamario representa un desafío de salud pública en nuestro país porque constituye la segunda causa de defunción por enfermedad tumoral cancerosa en la población femenina mayor de 25 años, después del cáncer cervicouterino.

De acuerdo con el INEGI, la mortalidad por cáncer mamario en el país mantiene una tendencia ascendente con algunas variaciones en los últimos años. En 2008 se notificaron 3 mil 822 muertes por esta causa, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de mil 500 defunciones por 100 mil mujeres de 25 años y más. Esta tasa significa que diariamente mueren más de 10 mexicanas por cáncer mamario.

Por la importancia del tema consideramos sumamente necesario facultar al sector salud para que verifique y certifique periódicamente la existencia del funcionamiento óptimo de los mastógrafos en todos los sistemas de salud y de seguridad social del país para que mujeres y hombres tengan acceso a este servicio.

Impulsar la coordinación de las autoridades federales y locales en materia de salud para la prestación de servicios relacionados con la prevención y atención del cáncer de mama para que no haya duplicidad de esfuerzos y se optimicen resultados.

Las legisladoras y los legisladores debemos actuar rápidamente sin credos ni filiación política, como uno solo, porque el cáncer de mama es un asunto de vida o muerte, por lo que se requiere que se otorgue mayor presupuesto para la atención, prevención y tratamiento de este mal, haciendo realidad y efectivo el acceso gratuito para atención integral del cáncer de mama. Es necesario situar este problema de salud como prioritario en la agenda de políticas públicas y la investigación científica.

El cáncer de mama no debe descuidarse, porque a futuro los costos económicos y sociales pueden alcanzar graves dimensiones por no crear conciencia en ello.

Por ser parte importante de la agenda nacional la salud de las personas y de las familias, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que a través del sector salud se otorguen mayores recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011 para la atención, prevención y tratamiento del cáncer de mama en el país.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Es cuanto, señor presidente. Le pido se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para atender, prevenir y tratar el cáncer de mama en el país, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscribimos diputadas Margarita Liborio Arrazola, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Guadalupe Pérez Domínguez, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marín Torres, Ma. Isabel Pérez Santos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, e integrantes de la Comisión Especial para la Familia en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El cáncer mamario, representa un desafío de salud pública en nuestro país, porque constituye la segunda causa de defunción por enfermedad tumoral cancerosa en la población femenina mayor de 25 años, después del cáncer cervicouterino.

De acuerdo con el Inegi, la mortalidad por cáncer mamario en el país, mantiene una tendencia ascendente con algunas variaciones en los últimos años. En 2008, se notificaron 3 mil 822 muertes por esta causa, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 1,500 defunciones por 100 mil mujeres de 25 años y más. Esta tasa, representa la cifra más alta, jamás alcanzada en el país y, significa, que diariamente mueren más de 10 mexicanas por cáncer mamario.

Datos preliminares del registro histopatológico, señalan que el número de casos de cáncer de mama que se presentaron en el año 2009, fue de 11 mil 242, una cantidad excepcional, si se compara con años anteriores en los que la cifra de 10 mil nuevos casos anuales, no se sobrepasaba; ello significó que en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del país, en ese año 2009, se hayan diagnosticado más de 50 casos de cáncer mamario, en cada día laborable y, lo más dramático, fue que la gran mayoría de estos casos, se diagnosticaron en etapas avanzadas de la enfermedad.

En México, empezó a incrementarse la incidencia en forma importante a partir de la década de los 80, con una tendencia al alza; previéndose una elevación de más de 16 mil 500 casos por año para 2020.

Actualmente, se registran 10 fallecimientos diarios por este mal; que de cada 100 ingresos hospitalarios, 30 son por tumores malignos en mama, siendo los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes con tasas mayores de incidencia y de mortalidad.

El asunto que más preocupa a los especialistas, es la tendencia a la mortalidad, ya que el cáncer de mama, se trata de manera tardía y sólo, 10 por ciento de los casos, se detecta en etapa uno.

Esto indica, que deben acelerarse las campañas de prevención para descubrirlo en forma temprana, con la promoción de la palpación de mama en búsqueda de tumoraciones y la realización de mastografías periódicas (cada seis meses o al año) para mujeres mayores de 40 años y de ecografía para menores de 25.

Por la importancia del tema, consideramos sumamente necesario facultar al sector salud para que verifique y certifique, periódicamente la existencia y funcionamiento óptimo de mastógrafos, en todos los sistemas de salud y de seguridad social del país, para que mujeres y hombres, tengan acceso a este servicio.

Impulsar la coordinación de las autoridades federales y locales en materia de salud para la prestación de servicios relacionados con la prevención y atención del cáncer de mama, para que no haya duplicidad de esfuerzos y se optimicen resultados.

Las y los legisladores, debemos actuar rápidamente, porque el cáncer de mama, es un asunto de vida o muerte por lo que se requiere, se otorgue mayor presupuesto para la atención, prevención y tratamiento de este flagelo, haciendo realidad y efectivo el acceso gratuito para la atención integral del cáncer de mama.

Es necesario situar este problema de salud como prioritario en la agenda de las políticas públicas y la investigación científica. El cáncer de mama no debe descuidarse, porque a futuro, los costos económicos y sociales pueden alcanzar graves dimensiones por no crear conciencia de ello.

Por ser parte importante en la agenda nacional, la salud de las personas y de las familias, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través del sector salud, se otorguen mayores recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, para la atención, prevención y tratamiento del cáncer de mama, en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputadas: Margarita Liborio Arrazola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Guadalupe Pérez Domínguez, Margarita Gallegos Soto, Ma. Isabel Pérez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Será insertado íntegro en el Diario de los Debates como lo solicita la señora diputada Margarita Liborio Arrazola. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEGALIZACION DE LOS NIÑOS Y LOS JOVENES INDOCUMENTADOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado José Torres Robledo, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los medios diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de Estados Unidos de América, a fin de que en respeto a las leyes de su país y a los derechos humanos adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las niñas, niños y jóvenes indocumentados que viven en ese país.

El diputado José Torres Robledo:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy intervengo en defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes indocumentados que viven en Estados Unidos de América, lo cual es una obligación de todos nosotros.

En general, urge que el Estado mexicano fortalezca la protección y defensa de sus migrantes, sobre todo respecto de este país que ha endurecido su política migratoria con un alto saldo de muertos, detenidos y familias destrozadas. La defensa de nuestros connacionales en el extranjero es un acto de dignidad nacional, humanismo y legalidad.

Todos los países del mundo tienen por raíz la migración y el mestizaje y Estado Unidos de Norteamérica no es la excepción. Esto no sólo hacia el pasado sino en el presente. Por tanto, el respeto y la multiculturalidad son parte central de la convivencia internacional en el marco de los derechos humanos, con mayor razón cuando hablamos de niñas, niños y jóvenes hijos de migrantes, cuya tutela y apoyo para su desarrollo debe ser tarea de todo país y de toda la humanidad, en lugar de criminalizarlos por su sola calidad migratoria.

Por lo menos 5 millones de menores migrantes están en peligro de que sus padres sean deportados, en grave afectación de sus derechos a la identidad, a tener una familia y, en ocasiones, a la vida y a la salud.

Sin embargo, los propios niños y jóvenes han sido o pueden ser objeto de tal deportación sin importar su calidad migratoria, en franca agresión no sólo a la legislación internacional sino a la propia legislación norteamericana sobre la materia.

En este franco desconocimiento del marco legal, destaca la Ley SB-1070 de Arizona, habiendo la tendencia a que se replique en otros estados de este país.

Esta ley, conocida como la Ley Arizona, transgrede abiertamente la catorceava Enmienda de la Constitución de ese país, que a la letra dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos...”

Si bien, el 28 de julio de 2010 la jueza federal Susan Bolton detuvo temporalmente la implementación de disposiciones importantes en esta controvertida ley, el problema planteado por esta ley está lejos de ser superado. No es legal ni justo que niñas, niños y jóvenes vivan en la absoluta inseguridad jurídica.

En ese sentido, el 79 por ciento o casi cuatro de cada cinco de los 5.1 millones de hijos de inmigrantes indocumentados menores de 18 años nacieron en Estados Unidos y por ello tienen la ciudadanía, que ahora se les busca negar.

Esto lleva a la urgencia de pedir al Congreso de aquel país que adopte las disposiciones necesarias para facilitar la regulación migratoria de las niñas, niños y jóvenes de origen mexicano que han nacido en Estados Unidos de América, o desde la más tierna edad han llegado a vivir en ese país.

Nuestra petición se ve respaldada destacadamente en la letra y espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los medios diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de Estados Unidos de América a fin de que en respeto a las leyes de su país y a los derechos humanos adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las niñas, los niños y los jóvenes indocumentados que viven en ese país. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a dirigirse por los medios diplomáticos adecuados ante el Congreso de Estados Unidos de América a efecto de que, en respeto de las leyes de ese país y de los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de los niños y los jóvenes indocumentados que viven allá, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Urge que el Estado mexicano fortalezca su protección y defensa de sus migrantes, sobre todo en Estado Unidos de América, que ha endurecido sus políticas de persecución, con un alto saldo de muertos, encarcelados, familias destruidas. La defensa de nuestros connacionales en el extranjero es un acto de soberanía, legalidad, congruencia.

Todos los países del mundo tienen por raíces la migración y el mestizaje y Estado Unidos de América no es la excepción; esto no sólo hacia el pasado sino en el presente; por tanto el respeto y la multiculturalidad son parte central de la convivencia dentro de la cultura universal de los derechos humanos. Con mayor razón cuando hablamos de niñas, niños y jóvenes hijos de migrantes, cuya tutela y apoyo para su desarrollo debe ser tarea de todo país y de toda la humanidad, sin importar su localización geográfica pues el compromiso ético hacia ellos no está en dependencia de ésta.

Transformar a los migrantes ilegales, por su sola calidad de migrantes, en delincuentes, va contra la esencia elemental de los derechos humanos, con mayor razón cuando se aplica en perjuicio de niñas, niños y jóvenes.

Hasta la fecha, el Congreso de Estados Unidos de América no se ha podido poner de acuerdo sobre las reformas a las leyes migratorias que permitan la legalización de los indocumentados.

Los hijos de inmigrantes mexicanos representan 43 por ciento de los niños que nacen en el exterior con padres de México.

En tal virtud, por lo menos 5 millones de menores corren el riesgo de que sus padres sean deportados. En grave afectación de sus derechos humanos, constitucionales y civiles, como lo son sus derechos a la identidad, a tener una familia y, en ocasiones, a la vida y a la salud.

Sin embargo, los propios niños y jóvenes han sido o pueden ser objeto de deportación sin importar su calidad migratoria, en franca agresión, no sólo a la legislación internacional sino a la propia legislación norteamericana sobre la materia.

En este franco desconocimiento del marco legal, destaca la Ley SB1070 de Arizona, existiendo el riesgo de que se replique en otros estados de este país.

Esta ley, conocida como ley Arizona, transgrede abiertamente la decimoquinta Enmienda de la Constitución de ese país, que a la letra dice:

“Enmienda XIV (julio 9, 1868)

1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos de América y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos de América y de los estados en que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos de América; tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos...”

En tanto, el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de América, dice lo siguiente:

“Nosotros, el pueblo de Estados Unidos de América, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia...”

Si bien, el 28 de julio de 2010 la jueza federal Susan Bolton detuvo temporalmente la implantación de disposiciones significativas de la controversial Ley SB 1070, el problema planteado por esta ley está lejos de ser superado.

No es legal ni justo que niñas, niños y jóvenes vivan en la absoluta inseguridad jurídica.

En ese sentido, 79 por ciento o casi cuatro de cada cinco de los 5.1 millones de hijos de inmigrantes indocumentados menores de 18 años nacieron en Estados Unidos de América y por ello tienen la ciudadanía, que ahora se les busca negar. Varios legisladores apoyan una iniciativa que intenta suprimir el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados nacidos en el país.

Esto lleva a la urgencia de pedir al Congreso de aquel país adopte las disposiciones necesarias para facilitar la regulación migratoria de las niñas, niños y jóvenes de origen mexicano que han nacido en Estados Unidos de América, o desde la más tierna edad han llegado a vivir a este país.

A este respecto, representa un avance el proyecto denominado Dream Act, que busca la legalización de estudiantes indocumentados que hayan ingresado a Estados Unidos de América antes de los dieciséis años, tengan por lo menos cinco de estancia en este país, no tengan antecedentes criminales, se hayan graduado de secundaria o su equivalente, y completen al menos dos años en la universidad o presten servicio militar. Desafortunadamente este proyecto no obtuvo los votos necesarios en el Senado para continuar su debate.

Para concluir, recordemos parte del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad...”

“Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

“Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

“Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

“Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

“Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

“Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que a través de los medios diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de Estados Unidos de América a fin de que en respeto a las leyes de su país y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las niñas, los niños y los jóvenes indocumentados que viven en ese país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputado José M. Torres Robledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

DIA NACIONAL CONTRA LA OBESIDAD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que declare el 16 de octubre Día Nacional contra la Obesidad.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el exceso del peso corporal es reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo dada su magnitud, la rapidez de su crecimiento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece. Aumentando significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles tales como la hipertensión arterial, infartos, enfermedades vasculares, así como cáncer de mama, de esófago y riñón.

De 1980 a la fecha la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado. Aproximadamente el 70 por ciento de la población adulta tiene una masa corporal inadecuada, al igual que alrededor de 4 millones y medio de niños de entre 5 y 11 años.

Estas cifras hacen que México sea actualmente el país con mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo y, por desgracia, con el mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo.

El incremento registrado en las cifras de sobrepeso y obesidad es resultado de diversos factores, entre los que destacan los malos hábitos alimenticios, los cambios en el acceso y consumo de alimentos, así como los cambios drásticos en los estilos de vida en un tiempo relativamente corto.

El gobierno federal ha instrumentado una política integral de prevención y atención de la obesidad. Entre las acciones que se destacan se encuentra el programa Cinco Pasos por Tu Salud para Vivir Mejor, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria antes mencionado, y la Estrategia de Sobrepeso y Obesidad que tiene como objetivo detener y revertir el problema de salud que representa el sobrepeso y la obesidad.

Con relación a lo anterior, a nivel internacional el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), día en que se fomenta comer sanamente para lograr una mejor calidad de vida.

Las razones para instituirlo fueron precisamente las que se exponen en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que son controlar y erradicar el problema de sobrepeso y obesidad, del que actualmente somos parte, haciendo necesario frenar el consumo de productos sin valor nutricional y paralelamente concientizar a la población para fomentar una adecuada educación alimentaria que fortalezca una cultura de buenos hábitos alimenticios.

Es imperante continuar motivando la implementación de programas y políticas públicas enfocadas a fomentar la buena alimentación. Concientizar sobre las fatales consecuencias que traen consigo el sobrepeso y la obesidad y la erradicación de dicho problema, en las que necesariamente deberán participar las autoridades de los tres niveles de gobierno relacionadas con la salud, educación y el deporte. Así como las organizaciones y personas vinculadas de una u otra forma a la prevención y combate a la obesidad, esto conjuntando esfuerzos para informar, prevenir y realizar acciones específicas que coadyuven a frenar el problema y así prevenir consecuencias en el futuro.

Por lo expuesto, atentamente pongo a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus facultades constitucionales decrete el 16 de octubre de cada año como Día Nacional contra la Obesidad.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos estatales para que en uso de sus atribuciones realicen las acciones conducentes a promocionar el Día Nacional contra la Obesidad. Es cuanto, señor diputado presidente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 16 de octubre Día Nacional contra la Obesidad, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Leoncio A. Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 16 de octubre de cada año como día nacional contra la obesidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) es reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de Salud Pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles, tales como la hipertensión arterial, infartos, enfermedades vasculares así como cáncer de mama, de esófago y riñón. Por ejemplo, el 90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2, que hoy es la primera causa de muerte en el país, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad.

Lo anterior quedó expuesto en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, convocado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que llamó a todos los sectores del país a hacer un frente común contra el sobrepeso y la obesidad, mismo que fuera signado por todos los que en él participaron el pasado 25 de enero del año en curso.

En respuesta al crecimiento de esta epidemia, dice el acuerdo, la Organización Mundial de la Salud promovió la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas, a la cual México se adhirió en 2004.

De 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México cuenta con 52.2 millones de personas con problemas de peso, esto representa en particular en la población adulta: 39.5 por ciento de los hombres y mujeres tienen sobrepeso y 31.7 por ciento obesidad. Es decir, aproximadamente 70 por ciento de la población adulta tiene una masa corporal inadecuada, al igual que alrededor de cuatro millones y medio de niños de entre cinco y once años.

Estas cifras hacen que México sea actualmente el país con mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo y, por desgracia, con el mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo.

Igualmente importante es resaltar que México gastó 3 240 millones de dólares para tratar enfermedades relacionada con el sobrepeso y la obesidad en 2009, como la diabetes, que es la primera causa de muerte en el país

El incremento registrado en la cifras de sobrepeso y obesidad es resultado de diversos factores, entre los que destacan los malos hábitos alimenticios, los cambios en el acceso y consumo de alimentos, así como los cambios drásticos en los estilos de vida en un tiempo relativamente corto.

El gobierno federal ha instrumentado una política integral de prevención y atención de la obesidad con una amplia participación de toda la sociedad, que propicia una responsabilidad compartida entre diferentes sectores y órdenes de gobierno, la sociedad civil, los sectores académicos y profesionales y la industria.

Entre las acciones que destacan se encuentra el programa 5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, antes mencionado y, la Estrategia de Sobrepeso y Obesidad, que tiene como objetivo detener y revertir el problema de salud que representa el sobrepeso y la obesidad. Entre otras. Se pretende impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables entre los niños, así como constituir normas claras sobre el tipo de productos que pueden expenderse o distribuirse en las escuelas de educación básica.

Además, para prevenir y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, en 2009 se programó la construcción de 50 unidades de especialidades médicas de enfermedades crónicas, construyéndose 59 durante el periodo enero a agosto de 2010, de las cuales se encuentran operando 56.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria también estipula una ambiciosa meta social común inmediata, para lo cual se han acordado diez objetivos prioritarios incluyendo la temática de actividad física, el agua simple potable, la disminución de azúcares y grasas en bebidas, el aumento del consumo en frutas y verduras, el alfabetismo nutricional, la lactancia materna, la reducción de azúcares y grasas en alimentos, la reducción en porciones y la limitación en la cantidad de sodio.

También aborda cuatro acciones transversales referentes a generación de información, educación, comunicación, abogacía, regulación, corregulación, monitoreo, evaluación e investigación.

Con relación a lo anterior, en el estado de Colima el pasado día 14 de agosto del año en curso, mediante el decreto número 185 publicado en el Periódico Oficial local, se declaró el 16 de octubre de cada año en que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, como Día Estatal contra la Obesidad.

Las razones para instituirlo fueron precisamente las que se exponen en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que son: controlar y erradicar el problema de sobrepeso y obesidad del que actualmente somos parte, haciendo necesario frenar el consumo de productos sin valor nutricional y, paralelamente, concienciar a la población para fomentar una adecuada educación alimentaria, que fortalezca una cultura de buenos hábitos alimenticios.

Así fue que en el estado de Colima se instituyó el día estatal contra la obesidad, precisamente en la fecha mencionada de cada año, en virtud de ser el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), día que se fomenta comer sanamente para lograr una mejor calidad de vida.

En ese orden de ideas, considero que es de suma importancia extender a todo el país lo logrado en el estado de Colima, por lo tanto, mediante esta iniciativa propongo que la institución del Día Estatal contra la Obesidad en dicha entidad federativa se amplíe para que sea el Día Nacional contra la Obesidad en la República Mexicana, por las mismas razones que el mencionado decreto esgrime, en el que, al igual que en la entidad federativa referida, se realicen programas y políticas públicas enfocadas a fomentar la buena alimentación, concientizar sobre las fatales consecuencias que trae consigo el sobrepeso y la obesidad y la erradicación de dicho problema, en las que necesariamente deberán participar las autoridades de los tres niveles de gobierno relacionadas con la salud y el deporte, así como las organizaciones y personas vinculadas de una u otra forma en la prevención y combate de la obesidad, esto, con el fin de conjuntar esfuerzos para informar, prevenir y el realizar acciones especificas que coadyuven a frenar el problema y así prevenir consecuencias en el futuro.

Por lo expuesto, atentamente pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades constitucionales, decrete el 16 de octubre de cada año como Día Nacional contra la Obesidad.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y a los estatales para que, en uso de sus atribuciones, realicen las acciones conducentes a promover el Día Nacional contra la Obesidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Sergio Tolento Hernández, Yulenny Guylaine Cortés León, Juan José Cuevas García (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez. Diputado, sonido a la curul del diputado Tolento.

El diputado Sergio Tolento Hernández(desde la curul): Sí, diputado presidente, para solicitar adherirme al punto de acuerdo del diputado Leoncio.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Leoncio Morán acepta que el diputado Tolento se incorpore a su punto de acuerdo para declarar el 16 de octubre Día Nacional contra la Obesidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

RECESO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 16:14 horas): Con las facultades que confiere la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos y en consulta con los grupos parlamentarios, esta Presidencia decreta un receso hasta las 19 horas en espera de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Recuerdo a los señores diputados que para iniciar en punto la sesión no se requiere de un quórum específico, puesto que éste ya está registrado al inicio de la sesión. Así que empezaremos a las 19 horas en punto.

Ciérrese el sistema de registro de asistencia.

(Receso)

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 21:13 horas): Se reanuda la sesión.

Diputada. Sonido en la curul de la diputada Reyes.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): Buenas noches, presidente. Varios diputados nos preguntamos y le hacemos la pregunta a usted, sobre la bonita fiesta que se organizó desde hace como 7 horas en los jardines de esta Cámara de Diputados, donde han estado comiendo, tomando, bailando. Trajeron diversos grupos versátiles.

Quisiera solicitar que nos informara bajo qué argumento se autorizó, se justificó la realización de este evento tan bonito y tan armonioso, porque mire usted, mientras estaba eso teníamos a cientos de compañeros del SME afuera, compañeros de Mexicana de Aviación, compañeros de diferentes sindicatos universitarios y ex braceros, que como sabían que el día de hoy se iba a ver, a partir de hoy el tema de Ley de Ingresos, han estado solicitando entrar a este recinto para exponer sus posiciones. Sin embargo a ellos no se les ha podido ofrecer por parte de la Cámara ni siquiera un vaso de agua.

Entonces le solicito nos informe cómo es que se organizan estas fiestas. No es la primera, pero sí quisiéramos que fuera la última, toda vez que no encontramos una argumentación jurídica para su realización, o en su caso que nos informara dónde se hacen las reservaciones para organizar las fiestas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, lo único que puedo informarle es que esta Cámara no dispone de un solo quinto para la organización de ningún tipo de fiestas.

También le puedo decir que cuantas veces alguna delegación de trabajadores ha solicitado que forme una comisión y sea recibida, en ocasiones ha sido recibida por el propio Presidente de la Cámara.

Se lo digo con todo afecto, pero me parece a mí, tomo por supuesto nota debida de sus apreciaciones. La Cámara de Diputados no organiza ningún tipo de festejo de ninguna clase.

PAQUETE FISCAL 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Explicaré, señores diputados, el procedimiento por el cual vamos a llevar a cabo la discusión de 7 dictámenes de la Comisión de Hacienda. Hace unos momentos la Mesa Directiva tomó en pleno el acuerdo del procedimiento sobre el cual se llevarán a cabo estas deliberaciones.

Escucharemos estrictamente en orden ascendente, como es costumbre y establece nuestro acuerdo parlamentario, los posicionamientos de los grupos hasta por 7 minutos. Posteriormente pasaremos a la discusión dictamen por dictamen, como establece el artículo 114: 6 oradores a favor, 6 oradores en contra.

Cuando sólo hubiere oradores en un sentido, después de 3 oradores la Presidencia preguntará si se encuentra suficientemente discutido. Después de la discusión en lo general pasaremos a la discusión en lo particular, haciendo estrictamente lo que ordena el Reglamento. Ése es el acuerdo.

Comenzamos con el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre el paquete fiscal, con la participación del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Partido Nueva Alianza. Hasta por 7 minutos, señor diputado.

El diputado Gerardo del Mazo Morales:Con su permiso, presidente. Honorable asamblea. En Nueva Alianza consideramos que la política fiscal debe analizarse y diseñarse siempre desde una perspectiva integral.

Que se debe tomar en cuenta el ciclo ingreso-gasto-deuda, el entorno económico internacional y que de manera especial se tiene que partir del estudio de las principales variables económicas como son el crecimiento del producto interno bruto, el comportamiento del mercado interno, de la inversión, del empleo, del ingreso y del consumo.

Como legisladores, estamos obligados a actuar con responsabilidad. No podemos tomar decisiones parciales o sin fundamento. Lo que aquí se discute es la viabilidad económica del país.

Nuestra economía presenta serias debilidades tributarias con una alta dependencia de los ingresos petroleros: baja y desigual presión fiscal. Alta evasión y elusión. Baja competitividad y muy limitados incentivos para la inversión.

Además de lo anterior, el sector productivo está sujeto a una regulación compleja y costosa. Enfrenta un alto costo fiscal que se deriva en la instrumentación de regímenes fiscales preferenciales, inequidad y falta de certeza jurídica. A estas debilidades estructurales tenemos que agregar el contexto económico caracterizado por un profundo proceso recesivo del que estamos intentando salir y en el que la población y los causantes cautivos siguen soportando en mayor medida el pago de impuestos que nuestro país requiere para solventar el gasto federal.

No hay duda, nuestra política tributaria es de corto plazo, recaudatoria y desigual, al no apostar a la progresividad con el fin de que pague más quien mayores ingresos percibe. Basta mencionar que del total de ingresos fiscales recaudados vía impuesto sobre la renta, poco más de 50 por ciento es pagado por personas físicas y sólo el 40 por ciento es pagado por personas morales. Pero uno de los ejemplos más graves de la desigualdad en el sistema tributario y en el que se hace más evidente la presión fiscal que se impone a los causantes cautivos, es el esquema de doble tributación que se opera a partir del mes de febrero de este año, a través del impuesto sobre la renta a todas las personas que reciben pensión del Seguro Social.

Compañeros diputados, me parece que el día de hoy hemos, sin duda, llevado a cabo un ejercicio de suma de consenso, de intercambio de ideas, pero tenemos que reconocer que nuestro país tiene una deuda pendiente que hoy no se ha podido saldar y esa deuda es con los pensionados de este país. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, diputado Del Mazo. Le pregunto al Partido Convergencia si hemos definido al orador que pasará. Muy bien. Tiene la palabra el diputado don Mario Alberto di Costanzo Armenta, para posicionar por el Partido del Trabajo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Nuestro planteamiento compromete la baja de impuestos, en especial la disminución del IVA cuando menos de 16 a 15 por ciento y de 11 a 10 en la zona fronteriza.

Esto no lo estoy inventando yo. Lo estoy leyendo de la plataforma legislativa del Partido Revolucionario Institucional, quien en lugar de buscar alternativas para aumentar la recaudación y reducir el absurdo incremento a la tasa del impuesto al valor agregado, en lugar de gravar los paraísos fiscales en que tributan las grandes empresas, en lugar de gravar el outsourcing que le dejaría recursos al Estado mexicano por 50 mil millones de pesos, prefirieron el jueves en la noche acordar en lo oscurito, en el club industriales, una serie de argumentos y de reformas al marco macroeconómico, que los coloca como su líder mayor no en una política ficción sino en una economía ficción que privilegia a los grandes capitales por encima de la gente.

No les ha importado que la gasolina vaya a subir más de lo ya programado. No les importó subir el tema de los impuestos que se lo cobran a los jubilados y que muchos de ellos habían apoyado en una iniciativa que hoy simplemente desecharon.

Ésa es la palabra del Grupo Parlamentario Institucional que ha evitado que este Congreso asuma su responsabilidad y grave a las grandes empresas. Ése es el precio que pagan los ciudadanos por haber creído en esta toma de tribuna, cuando muy alegres subieron a decir que el IVA iba a disminuir.

En vez de eso, en complicidad nuevamente con el PAN, como los buenos matrimonios, se enojan de día y se dan besitos en la noche, fueron a acordar al club de industriales un paquete económico en materia de ingresos que es lesivo para el poder adquisitivo nuevamente. Un paquete que de una u otra manera contiene más impuestos y que simplemente le están haciendo el juego a un gobierno que ha resultado ineficaz e incapaz para que la economía mexicana crezca, un gobierno que lo único que ha hecho es empobrecer a millones de mexicanos.

Artificial y populistamente nos endeudan más incrementando el déficit público, pero hoy que se les planteó en la comisión subirlo una décima más para rescatar a Mexicana de Aviación, se opusieron, se opusieron porque permitieron que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda les dijeran los temas y qué podían discutir y qué no podían discutir en la Comisión de Hacienda.

Y ahí están los videos, por eso no quisieron televisar en la mañana la sesión de la Comisión de Hacienda. En contubernio nuevamente y ocultándole a la opinión pública su actuación, decidieron hacer sus series de cochupos, ahora no en lo oscurito sino en una comisión aislada de los medios de comunicación.

Es muy reprobable lo que están haciendo el día de hoy y hoy nada más piensan aplicar la aplanadora y mañana decir que es en beneficio de la estabilidad del país, es para que las calificadoras nos pongan palomita. Esto me parece denigrante.

Hubo diputados que retiraron su firma de un dictamen que lo único que pretendía era hacerle justicia a miles de jubilados. Retiraron su palabra empeñada meses antes, por un acuerdo cupular.

Les pregunto a los demás ¿qué van a decir en sus distritos? ¿Qué van a decir cuando vean esa foto? ¿Qué les van a decir de cuando subieron aquí a la tribuna a impulsar la baja de impuestos? Que no los engañen, había mecanismos alternativos.

Las iniciativas estuvieron presentadas. Esas iniciativas que detuvo el presidente de la Comisión de Hacienda y que se evitó que se dictaminaran daban la posibilidad no de la baja del IVA en un punto, daba la posibilidad de haber bajado el IVA en más puntos y el impuesto sobre la renta. Optaron por el camino fácil, optaron por la puerta falsa. Ahora, diputados, explíquenselo a la ciudadanía, tengan el valor de regresar a sus distritos y decir que se sometieron a un acuerdo tomado en el club de industriales.

Es reprobable que estas decisiones ya ni siquiera se tomen en este Congreso. Que se tomen bajo la luz y bajo la protección del club de industriales.

No nos oponemos a llegar a acuerdos, no nos oponemos a construir, pero en los espacios diseñados para eso, en la soberanía de la Cámara de Diputados.

Hemos visto cómo todos los funcionarios del gobierno federal han venido a mentir a esta tribuna. Hemos visto cómo se detuvieron puntos de acuerdo que pedían que se clarificaran las cosas, que pedían que se clarificara el gasto, la reducción de gastos suntuarios y ustedes las detuvieron, en la Mesa Directiva las detuvieron y éstas son las consecuencias, que están siendo sometidos a acuerdos cupulares, al maridaje entre el PRI y el PAN con un nuevo retoño llamado PRD.

Es lamentable la actitud y la manera como le están dando la espalda a la ciudadanía. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputado Mario di Costanzo. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Con su permiso, presidente, Compañeras y compañeros diputados, con este paquete económico que estamos por discutir y aprobar el Partido Verde siente que ha cumplido con un acto importante para el Estado mexicano.

Sin lugar a dudas los recursos fundamentales para que nuestra sociedad funcione, y que se debatirán en lo que queda del día van a contribuir a que en México haya más hospitales, mejores servicios, mejores servicios de seguridad pública, mejores servicios de inversión en infraestructura.

Sin lugar a dudas los ejercicios que se repiten cada año del paquete económico reflejan una triste realidad: la política es la administración de la escasez y siempre, siempre va a haber inconformidades en cuanto a que siempre se van a necesitar más recursos, desgraciadamente, de los que tenemos.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que el paquete económico que se está presentando es un paquete que hace frente a una coyuntura muy difícil y que se logró generar un consenso en un clima muy delicado de adversidad con motivo de todas las inundaciones que vivimos en este país.

El 38 por ciento del PIB nacional está en una situación muy precaria y se tuvieron que tomar medidas muy difíciles para generar un fondo de reconstrucción nacional que va a ayudar a 17 estados del país, a ayudar a paliar la situación tan difícil que están viviendo muchos hermanos mexicanos en todo el país.

Este fondo de reconstrucción nacional sin lugar a dudas es un voto de confianza que nos da la sociedad a través de nosotros los legisladores para que los gobernadores y los estados utilicen con criterios de transparencia, de eficacia, de compromiso estos recursos tan importantes para el país y que sin lugar a dudas van a ayudar a tantos mexicanos.

Es importante que este Fondo de Reconstrucción Nacional tenga criterios de generación de infraestructura que ayuden a matizar los cambios climáticos que estamos viviendo en este país.

Para el Partido Verde es muy importante entender que si bien es de reconocer la solidaridad implícita en un acuerdo de la dimensión que se logró, es importante ver a largo plazo y no pensar que los Fondos de Reconstrucción Nacional van a ser una solución año con año.

Tenemos que hacer que esta inversión en infraestructura ayude con medidas estructurales a paliar el cambio climático que cada vez va a ser más frecuente, año con año, en sus consecuencias dañinas para muchos estados del país.

En cuanto a otros temas importantes que vamos a votar adelante, el Partido Verde se siente muy satisfecho con el aumento del IEPS al tabaco y a las bebidas energizantes. Creemos que es importante en una sociedad que por un lado se castigue o se disuada del consumo de artículos que afectan a la salud y por el otro lado se cuente con recursos para paliar el daño que estas externalidades negativas generan. Pero sobre todo, como tema de salud pública disuadir y proteger a nuestros jóvenes de que incurran en actos de consumo de productos que son nocivos para la salud.

Al respecto el Partido Verde propondrá más adelante una tercera salida para ayudar a reducir los efectos del cambio climático con un impuesto que presentaremos en las próximas semanas.

Estamos convencidos de que el paquete económico que se está planteando además tiene ventajas importantes para el desarrollo económico de México. No coincidimos con quienes dicen que es un paquete económico nada más con fines recaudatorios.

Creemos que es muy positivo que no haya habido una miscelánea fiscal. Ayuda a que el sector empresarial tenga reglas claras, constantes, permanentes que mantengan la confianza, que no se les cambien las reglas del juego. Es un mal en el que hemos incurrido constantemente en esta Cámara y que este año de manera importante se está cambiando una tendencia que creo, y el Partido Verde está seguro de que va a ayudar para los próximos paquetes económicos en años futuros.

El estímulo al primer empleo sin lugar a dudas es otro adelanto votado por todos los partidos políticos que va a ayudar con una renuncia a recursos fiscales, con una visión de estímulo, con una visión de generación de empleo, con una visión de creación de oportunidades. Va a ayudar de forma importante a que este paquete económico contribuya no solamente a recaudar fondos sino a promover el desarrollo económico del sistema productivo en este país.

La simplificación administrativa en el caso del cobro de derechos, que también va a ser importante, donde también se está renunciando a ciertos ingresos fiscales en aras de facilitar y darle una simplificación administrativa a los contribuyentes. Es una muestra también importante de que este paquete económico no solamente tiene como fin recaudar sino también propiciar el crecimiento económico del país.

Por todo lo anterior estamos convencidos y el Partido Verde votará y apoyará el paquete económico, porque pensamos que es un gran paso, y particularmente el hecho de que haya sido en su mayoría votado por unanimidad de todos los partidos demuestra que los partidos políticos cuando se trata de ponerse de acuerdo en las cosas que importan en este país pueden demostrar que hay unidad y que hay algo más importante que las diferencias partidistas que es el interés nacional que se vio reflejado en el ambiente que se vivió en la Comisión de Hacienda esta tarde durante todo el día. Muchas gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí presidente, para hechos. Porque nos llama mucho la atención en mi grupo parlamentario que se pongan de acuerdo en lo oscurito para aprobar la Ley de Ingresos en el club de industriales y hoy que tenemos que votar la Ley de Ingresos, el servicio parlamentario de la Cámara ni siquiera nos ha entregado la ley que se supone vamos a votar. Entonces yo no sé cómo vamos a leer esos documentos si en este momento no se nos han entregado.

Me parece eso muy grave, que nos traigan aquí como levanta dedos a aprobar una ley que no hemos leído, que no hemos reflexionado, que no hemos meditado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En cuanto esté en el orden del día se distribuirán las Gacetas, diputado. Tiene la palabra don Pedro Jiménez León, del Grupo de Convergencia, en atención a que se encuentra ahora ya en el salón.

El diputado Pedro Jiménez León:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el proyecto de Ley de Ingresos enviado por el Ejecutivo a esta soberanía, por un monto de 3 billones 438 mil 826 millones 900 mil pesos se guía por la ruta de obtener la mayor parte de los recursos con que contará el sector público de los ingresos provenientes de la actividad petrolera y en menor medida de la recaudación tributaria, que significa para México una de las más bajas del mundo, el 9.5 del producto interno bruto.

El proceso de la discusión de la Ley de Ingresos, más el proyecto enviado por el Ejecutivo, en éste se omitió una vez más la posibilidad de obtener recursos adicionales por un monto de más de 500 mil millones de pesos si se gravaran las utilidades de los grandes consorcios que operan en el país, con beneficios propios de un paraíso fiscal a través de la eliminación de los regímenes de privilegio que han sido utilizados para evadir obligaciones fiscales como las exenciones y el régimen de consolidación fiscal.

Se nos dice que no habrá nuevos impuestos ni incrementos en los gravámenes, generando una falsa estrategia que oculta la incapacidad del gobierno federal para buscar formas alternas para allegarse de recursos que son necesarios para evitar una sobrecarga tanto a Pemex como a los contribuyentes.

La argumentación esgrimida en torno a la visión apocalíptica que significaría reducir el impuesto al valor agregado, recurriendo a las justificaciones de muchos gobernadores, mencionando que les afectaría profundamente en sus haciendas estatales, no es sino una forma de desviar la discusión en torno a un tema que debiera estar en el centro del debate de los grandes temas nacionales.

La necesidad de una verdadera reforma fiscal que busque la equidad social y evite la existencia de una minoría que disfruta de todos los privilegios, mientras que la enorme mayoría es condenada a llevar el peso de la crisis sobre sus espaldas.

Aquí, hace un año, todas las fuerzas políticas convocamos a realizar una convención nacional hacendaria, todo quedó en palabras. No hubo la voluntad política para atrevernos a eso.

La situación, pues, no deja de sorprendernos. En este contexto, con lo que hoy se va a presentar en este pleno, no resulta difícil adivinar que se seguirá actuando en un contrasentido con ejemplos tan notables y desafortunados como el incremento permanente a las gasolinas, al diesel, al gas y a las tarifas eléctricas.

Para Convergencia resulta claro que se reitera el desdén por iniciar la suscripción de un nuevo pacto social que elimine la concepción de ver en cada ciudadano a un contribuyente en potencia al que hay que sustraerle toda su capacidad tributaria ante la indefensión que le confiere la posición vulnerable que ocupa en el tejido social.

Qué decir de la condena a un estado de quiebra a la que se conduce a la principal empresa pública del país, despojándola a través de verdaderas medidas de fuerza, de los recursos que le podrían permitir su viabilidad financiera y operativa, creando un círculo vicioso que la condena a sobrevivir como mera generadora de ingresos para el fisco, pero sin ninguna posibilidad de superar las adversas condiciones impuestas por el abandono y el saqueo que sufre por parte de la autoridad hacendaria y de administraciones que buscan minar su capacidad operativa.

Reiteramos nuestra opinión en torno a que no nos resulta sorprendente el sendero elegido. Lo que llama la atención y no nos cansaremos de señalarlo, es el empecinamiento por proseguir en el rumbo de la adopción de una política económica errática, sin un proyecto de nación definido, con una visión cortoplacista que sólo pretende salir del paso, revestida de un enorme temor en lo que se refiere a iniciar una etapa en la que prevalezca la intención de alcanzar la justicia social, contraviniendo así los objetivos que debieran guiar la conducción de los asuntos públicos en un país con las características sociales y económicas como el nuestro.

Convergencia considera que el país demanda urgentemente una profunda reforma fiscal progresiva y con un carácter distributivo que resuelva de fondo el problema, que permita revertir los bajos niveles de recaudación.

En Convergencia consideramos que cualquier reforma a la miscelánea fiscal, como la que se va a aprobar ahora, será insuficiente si no se va al fondo del problema. Necesitamos aumentar en 4 décimas de punto el déficit respecto de la propuesta del Ejecutivo federal, a fin de dejarlo en 0.7, lo cual implicaría tener recursos adicionales del orden de los 56 mil 560 millones de pesos.

Resulta un acto de justicia no sólo no aumentar sino disminuir el impuesto al valor agregado, como aquí se había comprometido a hacerlo el Partido Revolucionario Institucional y ahora se han echado para atrás.

Coincidimos en elevar la estimación del precio del petróleo por encima del que propuso la Secretaría de Hacienda, que lo calculaba en 63 dólares por barril.

Apoyamos, sí, el incremento del impuesto al tabaco y a las bebidas energizantes y respaldamos el apoyo a la cultura, en concreto a lo aprobado al estímulo al teatro.

Queremos invitarlos, señores diputados, a que después de la aprobación de estos dictámenes trabajemos de veras para tener una reforma fiscal a fondo y permanente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Escucharemos ahora al diputado don Armando Ríos Piter.

No se admiten intervenciones, don Pedro. La lista de oradores es una lista de oradores por grupo. Tiene la palabra don Armando Ríos Piter...

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor, presidente, yo quiero razonar mi voto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A la hora de la votación, con mucho gusto, don Pedro.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente.

Sin duda alguna el día de hoy, habiendo estado desde las siete y media de la mañana en la Comisión de Hacienda, se han dejado ver en esta Cámara de Diputados una gran cantidad de ausencias y obviamente una gran cantidad de responsabilidades que todas las legisladoras y todos los legisladores que estamos aquí presentes debemos compartir y debemos reflexionar.

Hoy se levantó la voz en la Comisión para señalar que una de las comisiones más importantes de esta Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda no logró sesionar, no logró trabajar para atender casi 630 iniciativas de ley durante el lapso de todo un año.

Hoy corroboramos cómo una Comisión de Gastos Fiscales, que fue creada de manera unitaria por todos los grupos parlamentarios, que fue planteada con la finalidad de revisar los gastos fiscales no sesionó en casi todo un año.

Y pese a que habíamos aprobado por la Mesa Directiva y por el pleno en el mes de diciembre, después de haber visto cómo el año pasado la discusión fiscal fue una serie de parches, una serie de fricciones, pero sobre todo, una gran falta de visión respecto de lo que tiene que ser este país, respecto de lo que tiene que ser su Ley de Ingresos y su Presupuesto de Egresos, no logramos remontar la discusión después del mes de diciembre y se sumó enero, febrero y marzo, y caímos en la trampa electoral para darnos cuenta el día de hoy que no trabajamos nada en materia de ingresos.

Estas reflexiones, compañeras y compañeros, son importantes tenerlas presentes, porque hoy nuestro país, hoy las decisiones que estamos a punto de tomar en este seno tienen que ver con la problemática que día con día viven muchos millones de mexicanos, muchos hombres y mujeres que ven cómo su territorio se ve apagado en su energía y en su vida, porque el crimen organizado se está tomando la posesión que debiera tener el Estado.

Las casi 30 mil personas que hoy lleva sumadas esta guerra fratricida deben recordarnos no solamente una estadística sino que la mayoría de ellos son jóvenes que hoy no han encontrado empleo y que suman casi 3 millones de personas, que hoy no encuentran en la economía una manera digna y lícita para encontrar cómo llevar ingresos a sus familias.

Que hoy son casi 10 millones de personas nuevas desde el 2006 hasta esta fecha, que no tienen al día cómo comer y cómo satisfacer el ingreso alimentario básico. Ése es el país que hoy tenemos.

Hoy con tristeza, compañeras y compañeros, nos damos cuenta de que estamos discutiendo una iniciativa de Ley de Ingresos, que tan sólo es un corte y pega, que es una copia calca de la discusión del año pasado, como si en este país en el lapso de un año no hubiera pasado nada. Como si en este año no hubiera habido gente que llorara en sus casas por la inseguridad. No hubiera gente que hubiera tenido que emigrar al extranjero por la falta de empleo, y la discusión que hoy tenemos enfrente de nosotros alrededor del paquete no puede ser inercial.

Por eso, nosotros nos hemos planteado en contra de cómo está planteada esta Ley de Ingresos.

Pareciera ser que la discusión del IVA se olvidó. Pareciera ser que a nadie le importa nuevamente que ese 16 por ciento le esté afectando cada vez más a los que menos tienen, porque son los que más dinero le dedican a la parte de su consumo, y pareciera ser que esas grandes empresas, que esos grandes consorcios, que esos grandes actores de la economía nacional que hoy se benefician de un marco jurídico que permite que siga habiendo privilegios y que haya una injusta distribución de la riqueza en este país y que haya una gran inequidad en el tratamiento de cómo se generan los ingresos del país, pareciera ser que ahí los diputados y las diputadas no tuviéramos qué decir.

El Partido de la Revolución Democrática está en contra de esta inercia. Está en contra de que dejemos y que pensemos que este país no necesita cambios y que no necesita transformaciones. Que pensemos que la Ley de Ingresos, que es uno de los instrumentos más importantes del Estado mexicano puede pasar así como así, como si no hubiera pasado nada. No podemos, compañeros y compañeras, seguir secuestrados por la inercia.

El Partido de la Revolución Democrática se manifiesta plenamente en contra de planteamientos que tienen que ver con la vida que día con día viven los millones de mexicanos, y por eso convocamos a que esta discusión tenga la altura de miras que queremos imprimirle a este paquete fiscal.

Allá en la comisión hay que reconocer que se construyeron avances, hay que reconocer que estuvimos a favor de elevar un impuesto al tabaco que hoy nos va a permitir no tan sólo generar más recursos para el Estado mexicano sino atender de manera integral la problemática en materia de salud. Que logramos definir montos específicos para un fondo de reconstrucción donde muchos millones de hermanos y de hermanas están sufriendo en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, en el sur, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y en Tabasco.

Hemos logrado acuerdos, pero estos avances son muy menores, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, frente a la altura de miras que requiere la nación mexicana.

Nosotros estaremos en la actitud y en la posición de construir. Seremos muy firmes y muy claros de que este país no puede seguir con la inercia, porque esa inercia nos tiene considerados como uno de los países peor distribuidos económica y socialmente en el mundo. Y por eso que desde la izquierda, desde el Partido de la Revolución Democrática, vamos a plantearle a todas las fuerzas políticas que no caigamos nuevamente en la miopía electorera, que no caigamos en la dinámica de pensar que este país no necesita acuerdos. De pensar que este país no se merece que los legisladores y las legisladoras nos reencontremos con nuestros ciudadanos votantes y les volvamos a dar una opción, que es la que quieren de este Poder Legislativo.

Por eso seguiremos construyendo, por eso estamos en contra de cómo se hizo este paquete, pero también seguiremos firmemente haciendo propuestas para que el México que queremos siga cambiando para el beneficio de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es motivo de especial satisfacción para mi persona y para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que el día de hoy represento en esta tribuna, informar a esta honorable asamblea que después de un arduo trabajo realizado por los diputados que tenemos el honor de conformar la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, hemos llegado a un acuerdo por mayoría en cuanto al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, misma que habrá de regir el comportamiento del gasto público para cubrir las necesidades de nuestro país el próximo ejercicio fiscal.

Tal como el Partido Acción Nacional se comprometió, hay Ley de Ingresos pensando en la gente. Cuando este paquete económico fue enviado al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación reconocimos la manera responsable y bien estructurada con que fue elaborado por el Ejecutivo Federal, porque reflejaba la amplia preocupación por mantener sanas las finanzas públicas.

Respetando el marco establecido por la Ley Federal Hacendaria, en primer lugar, nos pareció de extraordinaria congruencia con la situación económica del país la decisión de no enviar al Congreso de la Unión ninguna propuesta de incremento en los gravámenes, así como tampoco la creación de nuevos gravámenes ni modificación de las leyes tributarias.

El Partido Acción Nacional está convencido de que esta Ley de Ingresos corresponde y atiende los objetivos que hemos delimitado de una política fiscal simplificada, equitativa, progresiva, con aportaciones proporcionales y que, basada en un trato igualitario sin privilegios o tratamientos diferenciados nos lleve en el mediano plazo a una situación de equilibrio fiscal y finanzas públicas sólidas.

Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara hemos analizado las fuentes de ingresos reales de que dispondrá la federación para el siguiente año. De esta manera, y con responsabilidad y sensibilidad social nos fijamos el objetivo de continuar con una política económica contracíclica y obtener los recursos necesarios para subsanar las necesidades y prioridades del gasto en nuestro país.

Que al mismo tiempo nos permita crear los empleos necesarios para que México siga en el camino de crecimiento, pese al panorama económico global que aún muestra signos de debilidad en diversas regiones del mundo.

Fue así como realizamos modificaciones a las expectativas de desempeño en la economía y sus principales variables macroeconómicas, siempre con fundamento a lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, haciendo uso de nuestra responsabilidad orientada a tres objetivos sociales de bienestar y procurando la salud de los mexicanos, optamos por decisiones impositivas cuyo propósito fundamental es prevenir adicciones y conductas de riesgo para los jóvenes mexicanos.

También es digno mencionar la aprobación de un estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta, que sin duda fomentará la creación de nuevos empleos y, sobre todo —subrayo sobre todo—, beneficiará a aquellos jóvenes que están en busca de su primera oportunidad laboral.

Se han establecido estímulos fiscales a los contribuyentes que aportan recursos a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, conscientes de la necesidad de apoyar mediante estos mecanismos la generación de más y mejores proyectos culturales en México.

Por otro lado, en la Ley Federal de Derechos se eliminan 40 gestiones distintas entre derechos y trámites, en completa congruencia con la simplificación administrativa puesta en marcha por el presidente de la República, buscando incrementar la competitividad, reduciendo la carga burocrática y de trámites que deberían enfrentar los ciudadanos y, por supuesto, el costo de tiempo y certeza asociados.

Aprobamos modificaciones al régimen fiscal de Pemex para fortalecer su posición financiera y abrir nuevas vías de productividad. La iniciativa ofrece más posibilidades de incrementar la rentabilidad de la explotación de yacimientos petroleros marginales y, de esta manera brindarle la oportunidad a nuestra paraestatal más importante de realizar las inversiones necesarias en pro de la suficiencia energética del país.

Sin duda fue un trabajo muy intenso, pero estamos seguros de que los dictámenes recogen los intereses puestos por cada uno de los grupos parlamentarios que conformamos esta LXI Legislatura.

A razón de esto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce el análisis y el debate que estuvo caracterizado por la responsabilidad, la madurez política, el respeto, la tolerancia y, sobre todo, el deseo de que México crezca económicamente, crezca más y de mejor manera, crezca con justicia y oportunidad para todos sus ciudadanos.

Además, con la aprobación de esta Ley de Ingresos para 2011, en estricto apego a los mandatos que establece nuestra Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, digamos claro a nuestros representados en esta honorable Cámara de Diputados que los diputados de todos los partidos tenemos un compromiso con ellos y con la nación. Que dejamos de lado nuestros intereses personales e ideológicos para llegar a acuerdos fundamentales por el beneficio de nuestro país y que refuercen este compromiso de todos y cada uno de los legisladores que integramos esta LXI Legislatura.

Aún nos queda mucho por consolidar, pero estamos convencidos de que es un excelente avance en la dirección correcta. Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia a favor de los dictámenes puestos a consideración de esta honorable asamblea, en los términos acordados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado David Penchyna Grub.

El diputado David Penchyna Grub:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy más allá de las divergencias económicas que en las alianzas electorales se olvidan, el PRI viene una vez más a esta tribuna para que, en uso de sus facultades como Cámara de origen de la discusión del paquete económico actúe con responsabilidad.

En el equilibrio de poderes recibimos un paquete económico del Poder Ejecutivo federal que desde el primer momento nos dimos a la tarea de corregir. Logramos establecer, con una meta histórica, en medio de una economía que en su mercado interno sigue sin crecer, la corrección de estimaciones de los criterios generales de política económica, para llegar a una negociación por el bien del país.

Corregimos un déficit de 0.3 al 0.5 por ciento, disminuyéndolo respecto al del año pasado.

Corregimos la estimación de crecimiento porque el PRI le apuesta a que estos instrumentos hagan que México crezca.

Apostamos a una eficiencia fiscal superior a los 16 mil millones de pesos porque le hemos dado los instrumentos a la Secretaría de Hacienda para que respondan con hechos con una mejor recaudación.

Tenemos un precio del petróleo mejor estimado, de acuerdo con la fórmula que esta soberanía estableció en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con eso el PRI y el arte de la negociación canaliza más de 60 mil millones de pesos, apostándole que en ellos, con el Presupuesto y con las reasignaciones, a este país le vaya mejor.

Le apostamos en la negociación a 55 mil millones de pesos de un Fondo de Reconstrucción que tras las desgracias naturales y más allá de posiciones políticas no fuéramos nosotros el pretexto para que no se atendieran las desgracias. A 55 mil millones de pesos para los que menos tienen, porque la desgracia natural lamentablemente azota en los que menos tienen en nuestro país que queremos atender.

Hoy es la primera parte de esta gran discusión del Paquete Económico. En tiempo y forma le ofrecimos a México un paquete económico que se tendrá en la Ley Federal de Derechos en Hidrocarburos, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con un cambio en el IEPS al tabaco, apostándole a la salud y a la prevención de la adolescencia de este cáncer de la sociedad mexicana para canalizar más recursos a la salud.

Le apostamos a una Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como a una Ley del Impuesto sobre la Renta, con un programa Especial del Empleo, en donde sin mezquindad política, saludando y reconociendo la facultad de iniciativas legales en esta materia del Senado de la República, como Cámara de origen nos dimos a analizarla y hoy tenemos una primera Ley del Nuevo Empleo que va a funcionar mejor que las que no han funcionado en este sexenio.

Le apostamos a una Ley de Ingresos para crecer, para que en la segunda parte de esta discusión tengamos un Presupuesto que le apueste a las entidades federativas en materia de seguridad pública.

Hoy México no sólo está inundado de agua, también hay ríos de sangre que tenemos que atender y que así como le hemos dado al Ejecutivo más presupuesto en materia de seguridad, hoy volteemos, compañeras y compañeros, a los estados y a los municipios.

Le apostamos, con estos recursos adicionales, más las reasignaciones que podamos encontrar en el Presupuesto a un Fondo de Cohesión Social para equilibrar las desigualdades de las regiones que nada más no sacamos de la pobreza.

Le apostamos a más recursos para la educación media superior. Esos son nuestros compromisos, los compromisos de restituir lo que el Ejecutivo no contempla en un Presupuesto carente de recursos para el campo mexicano, para las comunicaciones, para la seguridad social y para la educación.

Que quede claro, el PRI una vez más es responsable, responsable de un equilibrio entre poderes para no permitir que el Presupuesto siga abajo en muchos conceptos que nosotros atendemos porque nosotros representamos a la nación.

Saludo y respeto a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, a los secretarios de todos los partidos que la integran y al presidente que la encabeza. Gracias por un trabajo en donde todos hablamos y todos dijimos nuestra verdad. Ahora discutamos los instrumentos para que este país tenga Ley de Ingresos en tiempo y forma para que México siga creciendo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Di Costanzo. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Para corrección de hechos, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No ha lugar corrección de hechos en posicionamiento de grupos parlamentarios. Vamos a pasar a la discusión en lo general y seguramente podrá hacer usted sus precisiones en su turno, señor diputado. Muchas gracias.

LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta presidencia recibió un dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Con fundamento en lo que dispone el artículo vigésimo del acuerdo parlamentario relativo a la discusión de dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria y se encuentra distribuido entre los señores y señoras diputados, y si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se incorpora al orden del día y se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se incorpora al orden del día. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y ha sido distribuido, pregunte si se dispensa la primera lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la asamblea si se le dispensa la primera lectura y se pone a discusión y a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Queda de primera lectura.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos Relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.

Honorable asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante la H. Cámara de Diputados, la Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

El 8 de septiembre de 2010, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

En la fecha antes citada el Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados instruyó turnar dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Descripción de la iniciativa del Ejecutivo federal

La Iniciativa del Ejecutivo Federal tiene por objeto que Petróleos Mexicanos pueda explotar aquellos yacimientos de hidrocarburos, considerados como marginales, cuyos costos de producción sean tales que su explotación no le resulte rentable a la entidad bajo el régimen fiscal general que aplica a las actividades de explotación del organismo, impulsando de esta forma a la industria petrolera del país y su aportación a las finanzas públicas.

Bajo ese contexto, el Ejecutivo Federal señala que existe un número importante de campos cuyos yacimientos presentan altos costos de explotación, de manera similar a los que se observan en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas y que se encuentran localizados en áreas del territorio nacional distintas a esas dos áreas; así mismo, se manifiesta que no obstante que estos campos cuentan con un alto potencial para incrementar la producción de hidrocarburos en un lapso de tiempo razonablemente corto, sus elevados costos ocasionan que su explotación no sea rentable bajo el régimen fiscal general vigente que se aplica a Petróleos Mexicanos. En ese sentido, en la Iniciativa que se dictamina se señala que los campos con estas características, o campos marginales, son aquellos con altos costos de producción, los que están abandonados o en proceso de abandono, así como los que cuentan con yacimientos de hidrocarburos extra pesados, entre otros.

Bajo el escenario descrito, el Ejecutivo Federal considera adecuado extender el régimen fiscal especial que se aplica en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas a los campos incluidos en un inventario de campos marginales que será, en su caso, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de Petróleos Mexicanos. Con esta medida, dicha paraestatal contará con una mayor flexibilidad financiera, toda vez que podrá disfrutar de un mayor límite en los costos deducibles del pago de derechos a los cuales está obligada, así como aplicar menores tasas impositivas cuando el precio del petróleo se encuentre en niveles moderados, respecto de sus actividades en dichos campos.

Asimismo, de la Iniciativa que se dictamina se desprende que el Ejecutivo Federal considera apropiado que por la producción que Petróleos Mexicanos hoy espera pueda obtener en esos campos, ésta se sujete al régimen general vigente, sin modificación alguna al mismo. Así, se plantea que por una producción base anual que la paraestatal obtenga en cada campo marginal, ésta se encuentre obligada al pago de los derechos conforme al régimen general, observando el límite de gastos deducibles de dicho régimen en lo referente a los gastos incurridos en la explotación de la producción base, empleando únicamente las disposiciones del régimen fiscal para el Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas -incluyendo los límites aplicables a los costos que se permite deducir en dicho régimen- a la producción adicional que se obtenga de los campos marginales.

De esta manera, señala el Ejecutivo Federal, se permitiría aplicar la misma carga tributaria por la producción que la paraestatal esperaba obtener de los campos mencionados y otorgar a ésta incentivos que le permitan realizar inversiones adicionales a efecto de incrementar la producción, mismas que aplicando el actual régimen no serían rentables, de tal forma que no se pondrían en riesgo los ingresos del sector público en el corto plazo y, a su vez, en el mediano plazo, dichos ingresos se aumentarían conforme las inversiones incrementales generen frutos y, en consecuencia, la producción aumente, ya que bajo este mecanismo Petróleos Mexicanos puede deducir mayores costos y obtener una reducción en su carga fiscal sólo si logra incrementar la producción en los mencionados campos marginales.

Ahora bien, con el objetivo de asegurar que la introducción de campos marginales al régimen fiscal aplicable al Paleocanal de Chicontepec y a aguas profundas se realice de manera gradual, al tiempo que se establecen incentivos a Petróleos Mexicanos para que otorgue prioridad entre los distintos proyectos que sean susceptibles de beneficiarse del tratamiento que otorga dicho régimen fiscal, el Ejecutivo Federal propone establecer que la suma de la producción base anual de petróleo crudo equivalente de todos los campos que formen parte del inventario de campos marginales autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá ser inferior al 5% de la producción anual total de petróleo crudo equivalente de Petróleos Mexicanos.

En ese contexto, la Iniciativa que se dictamina incluye una disposición transitoria, vigente a partir de 2011, en la que se establece el primer inventario de campos marginales, el cual se plantea esté integrado por los campos abandonados y en proceso de abandono y 32 campos adicionales, de los cuales 9 corresponden al área de Magallanes Cinco Presidentes, 13 al área de Arenque y 10 al área de Altamira.

Por otra parte, con el objetivo de que la medida que se plantea beneficie a los proyectos que se estimen prioritarios en cada ejercicio y con el fin de asegurar que no se rebase el límite del 5% antes mencionado, en la Iniciativa se propone que cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda modificar el inventario de campos marginales antes señalado, en su caso, a propuesta de Pemex Exploración y Producción. Asimismo, tratándose de la incorporación de campos al citado inventario, se plantea que éstos deban cumplir con las siguientes características:

a) Que sean económicamente rentables antes de aplicar el régimen fiscal general;

b) Que no sean rentables para Petróleos Mexicanos una vez aplicado el régimen fiscal general, y

c) Que sean rentables para la paraestatal en caso de que se aplique el régimen especial que se propone.

Asimismo, en virtud de que la Iniciativa propone que los campos abandonados y en proceso de abandono formen parte del primer inventario de campos marginales, vigente a partir de 2011, el Ejecutivo Federal estima conveniente derogar el actual régimen especial para dichos campos y posteriormente, de acuerdo al procedimiento de conformación del inventario de campos marginales señalado en la Iniciativa que se dictamina, los campos referidos podrían permanecer o ser eliminados de dicho inventario.

Bajo esa misma tesitura, el Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa que se analiza que tanto la propuesta de modificación al inventario de campos marginales que en su caso presente Petróleos Mexicanos como el estudio que acompañe a dicha propuesta, deberán contar con la opinión favorable de la Secretaría de Energía, la cual solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por último, la Iniciativa que se dictamina plantea que Pemex Exploración y Producción deberá contar con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia, teniendo la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la facultad de emitir los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.

Consideraciones de las comisiones

Estas Comisiones Unidas reconocen que las reformas en materia energética y a la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos aprobadas en 2008 y 2009, sientan las bases para que la paraestatal pueda afrontar la precaria situación que atraviesa el sector petrolero de México, caracterizada por la declinación profunda y sostenida de la plataforma de producción de hidrocarburos, lo que ha coadyuvado a que la situación financiera de la citada paraestatal sea aún más difícil y a que el Gobierno Federal enfrente fuertes presiones en las finanzas públicas.

En ese sentido, las que dictaminan convergen en que un elemento que le permita a Petróleos Mexicanos enfrentar adecuadamente su situación actual y tener mayor capacidad de ejecución es que la paraestatal cuente con un régimen fiscal que garantice la extracción de los recursos necesarios considerando que existe una renta petrolera, pero que dicha extracción debe lograrse sin desincentivar la inversión que maximice la generación de valor en el largo plazo.

Por ello, estas Comisiones Unidas coinciden plenamente con el Ejecutivo Federal en la necesidad de realizar adecuaciones al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos que le otorguen mayor flexibilidad financiera para la explotación de yacimientos en las diferentes áreas del territorio nacional que bajo el régimen fiscal ordinario no sean económicamente rentables para la paraestatal.

Las Comisiones Unidas que dictaminan consideran conveniente que Petróleos Mexicanos se rija por el régimen fiscal ordinario por la producción que razonablemente puede esperarse que obtenga en los campos marginales, ya que con esto se protege la recaudación que se obtiene en dichos campos en el corto plazo. Asimismo, coinciden en que, por la producción incremental en los campos marginales, a la paraestatal se le aplique el régimen especial para el Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas, derivado de que con esto el organismo podrá llevar a cabo las inversiones necesarias para aumentar la producción de hidrocarburos.

En consecuencia, las que dictaminan coinciden con el Ejecutivo Federal en que la propuesta cumple el doble propósito de otorgar los incentivos adecuados para que la paraestatal explote rentablemente aquellos yacimientos de hidrocarburos cuya explotación no es rentable para el organismo bajo el régimen fiscal ordinario, y salvaguardar los ingresos del sector público en el corto plazo, mientras que éstos se incrementarán en el mediano plazo a medida que las inversiones adicionales tengan éxito en aumentar la producción de hidrocarburos. Asimismo, estas Dictaminadoras consideran apropiado que bajo el esquema que se plantea, Petróleos Mexicanos adquiera la posibilidad de deducir mayores costos y disminuir su carga fiscal sólo si incrementa la producción base anual en los campos marginales.

De igual manera, se coincide en la conveniencia de establecer que la suma de la producción base anual de petróleo crudo equivalente de todos los campos que integren el inventario de campos marginales autorizado, en su caso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de Petróleos Mexicanos, deberá ser menor al 5% de la producción anual total de petróleo crudo equivalente de la paraestatal, en virtud de que esto le permitirá al citado organismo beneficiarse del régimen fiscal especial en lo que concierne a la producción incremental de los campos marginales en forma ordenada y de acuerdo a la prioridad que el referido organismo establezca entre los distintos proyectos que cumplan con los requisitos para poder ser considerados como campos marginales.

Asimismo, las Comisiones Unidas consideran adecuado que sea Petróleos Mexicanos el responsable de proponer, si así lo considera conveniente, las modificaciones al inventario, previa opinión de la Secretaría de Energía y que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que, en su caso, apruebe anualmente dichas modificaciones. De igual manera, se estima apropiado que el inventario de campos marginales sea integrado de manera inicial con los campos abandonados y en proceso de abandono y 32 campos adicionales en las áreas de Magallanes Cinco Presidentes, Arenque y Altamira.

Las que dictaminan concuerdan con la propuesta del Ejecutivo Federal de derogar el actual régimen especial para campos abandonados y en proceso de abandono, ya que estos campos formarán parte del inventario de campos marginales para 2011.

Por último, las que dictaminan consideran conveniente que Pemex Exploración y Producción cuente con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia, para lo cual la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, deberá emitir los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.

Por las consideraciones antes expuestas, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía someten a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único.Se reforma el artículo 258 Ter, en su encabezado, y se adicionan los artículos 257 Bis, con una fracción IV; 258 Bis, con una fracción III; 258 Ter, con las fracciones VI y VII; 258 Quáter, y 258 Quintus, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

“Artículo 257 Bis.. . .

IV. Los campos marginales a que se refiere el artículo 258 Bis de esta Ley, únicamente respecto de la producción incremental anual que se obtenga una vez alcanzada la producción base anual. A la producción base anual se aplicarán los derechos previstos en los artículos 254 a 257 de esta Ley.

. . .

Artículo 258 Bis. . . .

III. Campos marginales, aquellos campos de extracción de petróleo crudo o gas natural que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acorde con lo establecido en el artículo 258 Quáter de esta Ley.

Artículo 258 Ter.Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus, 257 Octavus y 258 Quáter de esta Ley se considerará:

. . .

VI. Como producción base anual de un campo marginal, la que se obtenga conforme a la siguiente fórmula:

Donde:

: es la producción base anual del campo marginal.

es el volumen de petróleo crudo equivalente extraído durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes en que se presente la propuesta de incorporación a que se refiere el artículo 258 Quáter de esta Ley, incluyendo el consumo de dicho producto efectuado por Pemex Exploración y Producción.

es el monto de reservas probadas (1P) que Pemex Exploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

es el perfil de extracción de petróleo crudo equivalente correspondiente a las reservas probadas (1P) que Pemex Exploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

es el ejercicio fiscal que corresponda, de manera que cuando t=1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora el campo al inventario de campos marginales.

VII. Como producción incremental anual de un campo marginal, la que se obtenga de la siguiente fórmula:

Donde:

es la producción incremental del campo marginal en el periodo que corresponda.

es la producción base anual del campo marginal.

es el volumen efectivamente obtenido de petróleo crudo equivalente del campo marginal, incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción en el ejercicio fiscal que corresponda.

es el ejercicio fiscal que corresponda, de manera que cuando t=1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora el campo al inventario de campos marginales.

Artículo 258 Quáter.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el inventario de campos marginales.

La suma de la producción base anual de petróleo crudo equivalente de todos los campos que formen parte del inventario de campos marginales aplicable al ejercicio que corresponda, deberá ser inferior al 5% de la producción anual total de petróleo crudo equivalente de Petróleos Mexicanos. Para los efectos anteriores se tomarán en cuenta las producciones relativas a los 12 meses inmediatos anteriores al mes de agosto del año en el que se autorice el inventario de campos marginales o sus modificaciones.

A más tardar el 31 de agosto de cada año, en su caso, Pemex Exploración y Producción presentará a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, una propuesta de modificación al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.

Pemex Exploración y Producción, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, deberá anexar a la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, un estudio que contenga para cada campo que proponga incorporar al inventario correspondiente, lo siguiente:

I. En caso de que el campo no esté activo, una estimación de los costos de exploración, desarrollo y producción, así como de los montos de las reservas probadas (1P) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;

II. En caso de que el campo propuesto esté activo, una relación de los costos de producción y desarrollo, así como de los montos de las reservas probadas (1P) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;

III. Una estimación de la rentabilidad esperada de la explotación del campo, en el que se incluya, al menos, un análisis que demuestre que la explotación del campo de que se trate:

a). Sea económicamente rentable, antes de aplicar lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de esta Ley;

b). No sea rentable para Pemex Exploración y Producción una vez aplicado lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de esta Ley, y

c). Sea rentable para Pemex Exploración y Producción en caso de que se aplique el régimen previsto en esta Ley para los campos incluidos en el inventario de campos marginales, y

IV. El perfil de producción de hidrocarburos que corresponda a las reservas probadas (1P), de acuerdo con el proceso de certificación de reservas de Pemex Exploración y Producción ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habiendo analizado qué campos se deben incluir, mantener o eliminar, a más tardar el 30 de noviembre de cada año autorizará, en su caso, las modificaciones al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.

Pemex Exploración y Producción deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cierre o abandono de un campo incluido en el inventario de campos marginales a más tardar a los 15 días naturales posteriores al cierre o abandono, a efecto de que la citada Secretaría elimine el campo de que se trate del inventario de campos marginales autorizado para el ejercicio en curso.

Para emitir las opiniones a que se refiere este artículo la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir los criterios generales y lineamientos a los que deberá sujetarse Pemex Exploración y Producción para elaborar los estudios y la propuesta de modificación al inventario de campos marginales a que se refiere este artículo.

Artículo 258 Quintus.Para los efectos de este Capítulo, Pemex Exploración y Producción deberá contar con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia. La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.”

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011, salvo el artículo 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

Segundo.Para los efectos del artículo 258 Quáter de la Ley Federal de Derechos, el inventario de campos marginales para 2011 se integrará con:

I. Los campos abandonados y en proceso de abandono incluidos en el inventario a que se refiere el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, y

II. Los siguientes campos:

a) En el área de Magallanes Cinco Presidentes:

1. Blasillo;

2. Cinco Presidentes;

3. La Venta;

4. Magallanes;

5. Ogarrio;

6. Otates;

7. Rodador;

8. San Alfonso, y

9. San Ramón;

b) En el área de Arenque:

1. Arenque;

2. Atún;

3. Bagre;

4. Carpa;

5. Escualo;

6. Isla de Lobos;

7. Jurel;

8. Lobina;

9. Marsopa;

10. Mejillón;

11. Morsa;

12. Náyade, y

13. Tiburón, y

c) En el área de Altamira:

1. Altamira;

2. Barcodón;

3. Cacalilao;

4. Corcovado;

5. Ébano;

6. Limón;

7. Pánuco;

8. Salinas;

9. Tamaulipas Constituciones, y

10. Topila.

A más tardar el 28 de febrero de 2011, Pemex Exploración y Producción, previa opinión de la Secretaría de Energía, deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que delimite la ubicación de los campos a que se refiere este artículo. Para emitir la referida opinión la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Tercero.Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá emitir los lineamientos para la medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural a más tardar el 30 de junio de 2011.

Cuarto.Se deroga el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados a ____ de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica abstecón), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica en contra), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Ivideliza Reyes Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León (rúbrica en contra), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de La Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Eric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo.»

«Voto particular al dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior la diputada Laura Itzel Castillo Juárez y los demás diputados suscritos presentamos voto particular a través del cual disentimos del dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en las siguientes:

Consideraciones

I. Falta de elementos.

Es contrario a los principios democráticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dictaminar la iniciativa sin contar con los elementos suficientes y sin la deliberación pública, basada en las opiniones de todos los grupos parlamentarios.

Es notorio que para aprobar esta propuesta de reformas es indispensable que las comisiones se hubiesen allegado de elementos para ilustrar la situación actual en materia de política energética.

La mayoría en las comisiones hace afirmaciones en el dictamen que desconoce, entre otras:

a) Que actualmente el régimen fiscal ordinario no es oneroso para el promedio del costo de desarrollo (10 dólares) y extracción (6 dólares) por barril (datos tomados de la comparecencia de Pemex con motivo de la glosa del IV Informe);

b) Que las inversiones que se pretenden incentivar con éstas reformas son de carácter privado y que por ello la renta petrolera que se obtenga se compartirá o tal vez se cederá en su totalidad a favor de las empresas contratistas;

c) Que los ingresos que dejaría de recibir el presupuesto federal pasarían de 6.5 dólares a 32.5 dólares menos por barril (datos tomados de la Ley Federal de Derechos vigente);

d) Que existe una alta probabilidad de que los campos petroleros materia de la reforma sean rentables bajo el régimen fiscal ordinario que actualmente les aplica;

e) Que los campos que pretenden incluirse con la reforma, del área de Magallanes Cinco Presidentes con 17 pozos terminados en el segundo trimestre de 2010, incrementaron en 16 mil barriles diarios más su producción de petróleo, con respecto al año anterior, mientras que Chicontepec con 242 pozos terminados en el mismo lapso, sólo incrementó 11 mil barriles diarios (datos tomados del segundo informe trimestral de Pemex 2010);

f) Que el yacimiento de Chicontepec NO es rentable, y que por ello no debería tomarse como base para aplicarlo a otros campos (datos tomados del primer informe anual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos); entre otros elementos que se desconocen.

La iniciativa que dictamina la mayoría, presentada por el Ejecutivo Federal del actual régimen, establece en su exposición de motivos textualmente que:

“El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos para actividades en el Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas fue reformado por el Congreso de la Unión en 2009 (con el voto en contra de diputados del movimiento en defensa del petróleo),en reconocimiento de los altos costos de producción que presentan los yacimientos de hidrocarburos en estas áreas, lo que le permitió a esa paraestatal obtener una mayor flexibilidad financiera para explotar rentablemente dichos yacimientos, en virtud de que presentan costos de producción más altos que aquéllos asociados a los yacimientos más sencillos de explotar, lo que ha contribuido con el grueso del volumen de hidrocarburos hasta hoy extraído.”

Sin embargo, el pasado miércoles 13 de octubre de 2010 durante la comparecencia del director general de Pemex, en el actual régimen, Juan José Suárez Coppel, legisladores expusimos las cifras y las ecuaciones sobre Chicontepec, que el propio compareciente nos había informado, aplicándolas al primer semestre 2010.

La respuesta a nuestro desarrollo de la ecuación de Pemex fue: “lo que ofrezco es hacerle llegar todos los cálculos y tratar de repetir la lógica que usted nos hace aquí para ver dónde están las diferencias”.

Lo anterior demuestra que es necesario conocer no sólo la rentabilidad de Chicontepec que sirve como base para el dictamen de la mayoría, sino dilucidar todos los elementos no discutidos hasta ahora y que se enlistan en este voto particular.

A mayor abundamiento resalta que el artículo 258 quáter, fracción III, del proyecto de reformas que pretenden aprobar las comisiones, dispone tres requisitos que se desconocen totalmente. A saber: si los campos materia de la reforma son rentables antes de impuestos del régimen ordinario; sin perder esta característica al aplicarles dicho régimen; y si en caso de que se aplique el régimen especial al que se refiere el dictamen, existiría rentabilidad para Pemex.

Es un total contra sentido establecer ciertas normas para determinar qué campos sí son merecedores del régimen especial; y posteriormente en un transitorio incluir campos petroleros sobre los cuales se desconoce si cubren, o no, los requisitos que se ordenan en el dictamen.

II. Violaciones al procedimiento.

Durante la citada comparecencia del director general de Pemex, en el actual régimen, Juan José Suárez Coppel, quedó claro que es necesaria una revisión a profundidad sobre la rentabilidad en Chicontepec. Este hecho está íntimamente ligado con la iniciativa que se dictamina, debido a que sirve como base para las reformas que se dictaminan.

Por ello el director de Pemex, ofreció hacer “llegar todos los cálculos y tratar de repetir la lógica que usted nos hace aquí para ver dónde están las diferencias”.

Ante ello, se solicitó una reunión técnica entre la paraestatal y la Comisión de Energía, para dilucidar si el proyecto Chicontepec es rentable. El acuerdo en ese momento fue celebrar una sesión de la Comisión de Energía el martes 19 de octubre.

Sin celebrar esta sesión resulta imposible para el Congreso decidir si amplía, o no, el régimen fiscal especial de Chicontepec a otros campos.

El procedimiento debe agotar todos los elementos y permitir la deliberación parlamentaria con base en soportes documentales que proporcione el Ejecutivo. Estos extremos no se han colmado, y por tanto existe una violación flagrante al procedimiento Legislativo, en materia de deliberación libre y equitativa.

Por todas estas razones los suscritos diputados presentamos este voto particular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, Mario Alberto di Costanzo Armenta, José Narro Céspedes, Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Leticia Quezada Contreras (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Continúe la Secretaría y pregunte si se dispensa también la segunda lectura y es sometido a votación de inmediato.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y a votación en esta sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome la votación, diputada.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Pemex.

Se informa a los señores diputados que junto con este dictamen se distribuyó el voto particular reservado por la diputada Laura Itzel Castillo, mismo que sufrió el propio trámite de las dispensas junto con el dictamen.

Lo puede usted buscar en el Anexo H, diputado.

Por tanto, está abierta la discusión en lo general. Se han registrado en lo general los diputados Mario di Costanzo Armenta, en contra. La diputada Laura Itzel Castillo, también en contra, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, en contra.

Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, en contra. Le cede su lugar caballerosamente a la diputada Laura Itzel Castillo, en contra.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el tema que se está discutiendo es de gran importancia. La economía en este país está petrolizada. Por tanto, el tema que tiene que ver con este régimen especial que se está planteando para los campos marginales es un tema que se debería discutir a profundidad.

Quiero señalar que el año pasado se dictaminó y se aprobó por parte de ustedes, con el voto en contra nuestra, el régimen especial para Chicontepec. Lo que se está planteando en estos momentos es ampliar el régimen especial que se tiene para el caso de Chicontepec y, supuestamente, aguas profundas, para lo que se denomina: campos marginales. Me parece que es importante también que en el caso de los campos marginales se tenga conocimiento sobre qué es de lo que se está hablando.

Se dice que incluso algunos piensan que los campos marginales son asentamientos irregulares, por ejemplo. No es posible que un tema de esta trascendencia se lleve así a la ligera. ¿Qué significa este régimen especial? El régimen especial significa que habrá una deducción de 32.5 dólares por barril que se extrae en los campos denominados marginales, que son estos campos que están considerados como campos abandonados. Pero que también, de acuerdo al dictamen, se está señalando que serán aquellos campos que se considere que no sean rentables, y que no sean rentables con base en qué criterios. Pues desafortunadamente hay violación tras violación.

Porque queremos señalar que, incluso, aunque en el dictamen está señalando específicamente que debe haber una opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en ningún momento se solicitó esta opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En las reuniones que se hicieron el día de hoy, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Energía, no estuvo presente la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Queremos señalar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha hecho señalamientos muy importantes con relación a Chicontepec y que cuando vino a comparecer el director de Pemex le demostramos que Chicontepec no era rentable. Por tanto, cómo es posible que se esté contemplando que para campos marginales se esté tomando en consideración esto.

Quiero señalarles, compañeras y compañeros, que se está pisando un terreno pantanoso, que el hecho de que se contemple que haya un régimen especial querrá decir que el régimen normal, el régimen general que existe en la actualidad para Pemex, donde hay una deducción del costo del barril de 6.5 dólares pasará a 32.5 dólares.

¿Esto a quién beneficia? Algunos creerán que esto beneficia a Petróleos Mexicanos o que beneficia a la nación. Desafortunadamente no es así. Quienes van a gozar con relación a esta renta petrolera, ¿quiénes son? Desafortunadamente las empresas transnacionales que han hecho jugosos negocios a causa de la genuflexión de los diputados del PRI y del PAN fundamentalmente.

Por esa razón, compañeros, a pesar de que el día de hoy estuvimos en la Comisión de Hacienda tratando de convencerlos con estos elementos, que además tienen una relación directa con lo que dicen especialistas al respecto, ustedes se negaron a escuchar estas razones, porque efectivamente como lo ha señalado nuestro compañero Mario di Costanzo, fueron a pactar en lo oscurito.

Verdaderamente es una lástima que ustedes estén actuando de esta manera. Están entregando los recursos nacionales a las empresas transnacionales por este proceso de privatización que han estado apuntalando a partir de la reforma energética. Plantear este proyecto y aprobarlo, como se encuentra aquí dictaminado, significa una traición a la patria. Por eso les digo, con todas sus palabras, ustedes son unos traidores diputados y diputadas del Prian. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta para hablar en contra del dictamen en lo general.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia presidente, y a mucho orgullo soy el secretario de Hacienda del gobierno legítimo, diputado. ¿Algún problema?

Señoras y señores, lo que estamos haciendo hoy es continuar entregando el patrimonio energético del país a las compañías extranjeras. Todos estos vericuetos que se arman en estos regímenes fiscales de Pemex, nuevamente es por no gravar a quien elude impuestos en este país. Este señor que en un año de crisis, magnate y el millonario más grande del mundo, que incrementó su fortuna en más de 18 mil millones de dólares en un año, en donde en México se crearon 6 millones de pobres, es a quien protegemos con estos cambios.

Extendemos un régimen fiscal que beneficia a las empresas transnacionales. Es verdaderamente lamentable que ningún funcionario ni de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Nacional de Hidrocarburos pudiese venir hoy a explicar en dos horas, a una Comisión de Hacienda que se reunió sólo unas horas antes de aprobar este paquete económico.

¿Con qué objetividad y con qué información podemos votar y estar seguros de que lo que estamos haciendo no va en contra de la mal llamada reforma energética que ustedes aprobaron?

En cuantas ocasiones en esta tribuna no se ha estado dilucidando si establecer controversias contra las disposiciones que emite Pemex o que emite Georgina Kessel desde la Secretaría de Energía. Y hoy le estamos dando un arma más para que actúen con esa discrecionalidad y no en beneficio del patrimonio nacional sino en beneficio de estas empresas transnacionales.

Les recuerdo que todo el argüende de la reforma energética fue por el tesorito de las aguas profundas. Ahora estos contratos incentivados, ahora estos contratos en donde podemos llegar a entregar renta petrolera van ya no a las aguas profundas sino a las inversiones que tiene Pemex, a las exploraciones y a las perforaciones que están llevando a cabo, ya ni siquiera en aguas someras, en tierra firme.

Esto es en contra del espíritu de la reforma energética que ustedes mismos aprobaron. ¿Y para qué? Para que el director general de Pemex pueda irse como magnate a viajar alrededor del mundo. Cosa que también quedó establecida hace unos días y que esta Cámara de Diputados en lugar de tomar acciones, hoy le da una nueva herramienta para seguir entregando el patrimonio energético del país.

¿Y todo por qué? Por no sentarnos a legislar y a tapar los hoyos fiscales porque se prefiere acordar en lo oscurito en el club de industriales, porque se le permite al presidente de la Comisión de Hacienda pasar más de un año sin tener una reunión de la Comisión y ahora nos apuran para tener en tiempo y forma el paquete económico.

Es lamentable que ustedes se presten a estos acuerdos cupulares, a votar por línea o a votar porque les habló tal o cual gobernador.

Esto debe cambiar en la Cámara de Diputados. Ustedes al no quererlo cambiar están siendo cómplices de uno de los peores gobiernos que ha tenido México en toda su historia. Comparado, tal vez, contra el traidor Victoriano Huerta, comparado con tantas reliquias y con tantos pasivos en la historia de este país. Esto es lo que están haciendo hoy: convalidando un mal gobierno.

Luego no se pregunten por qué. Luego no se pregunten por qué hay desempleo, por qué suben aquí a quejarse, por qué van a hablar de subejercicios, por qué van a hablar de impuestos mal gastados. No se pregunten por eso. Hoy le están dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera con el patrimonio energético del país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, para hablar en contra del dictamen en lo general. Al terminar el diputado Fernández No-roña, en términos del artículo 123 preguntaremos a la asamblea si está suficientemente discutido.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, el PRI anunció con bombos y platillos que iba a bajar el IVA de 16 a 15 por ciento. Lo dijeron no sólo los compañeros de las mantas, que son compañeros que yo estimo y quiero bien sino lo dijeron el diputado Rojas, Videgaray, Penchyna, todo mundo dijo que iban a bajar un punto porcentual en el IVA, lo mantuvieron todo este tiempo.

Y yo pregunto a la cúpula del PRI y a la cúpula del PAN, mañana quién va a salir a los medios a acusar a quién. Mañana va a salir Rojas a decir que lo obligó el PAN o va a salir Vázquez Mota a decir que la obligó el PRI o va a salir César Nava —que por ahí lo vi, ya regresó de su luna de miel— pero ya no lo veo otra vez, va a salir Nava a decir que lo obligó el PAN.

¿Quién va a decir que obligó a quién a volver a apuñalar al pueblo de México? ¿Quién va a decir que se está traicionando el interés nacional nuevamente? ¿Quién va a poder en sus distritos desmentir que una vez más las cúpulas de ambos partidos demuestran que representan lo mismo? ¿Cómo van a ir a la campaña electoral, que se hacen ya ganadores de 2012, a decirle a la gente que son exactamente el mismo rostro de la misma moneda? dos caras aparentemente diferentes, pero que representan el desmantelamiento de Pemex, impuestos más a los pobres, mientras que los cabilderos de los poderosos vienen y los convencen o los gobernadores, o Calderón.

Como se los dije en la comparecencia de Cordero, cómo es posible que este tipo de hombres acaben doblándolos. Cómo es posible que Calderón acabe doblegándolos. Cómo es posible que el interés nacional esté por debajo de los intereses cupulares de estos partidos políticos, que no ven que el pueblo está muriéndose de hambre.

Le meten 11 por ciento al Ejército, 9 por ciento a la Marina, 6 por ciento a Seguridad Pública. Bajan 2 por ciento a la educación. Es el tema compañero, no se desespere. El 20 por ciento menos a la cultura; 1 por ciento menos a las universidades. ¿Cómo pueden defender eso? ¿Cómo pueden defender el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y entregarle 32...? Ya que quiere el tema puntual, compañero diputado que grita tema, ¿cómo defiendes que le van a entregar 32 dólares y medio por cada barril de petróleo a las transnacionales? ¿Cómo lo defiendes, gritando tema, entregándoselo a las transnacionales, siendo cómplice de Calderón del desmantelamiento del patrimonio nacional? ¿Dando la espalda a que el 40 por ciento del presupuesto nacional sale de Pemex y del petróleo? Y le entregas la renta petrolera.

El cínico de Calderón dice que no le están entregando el petróleo a las transnacionales. Claro que no. Le están entregando la renta petrolera, la ganancia, el patrimonio de este país que debería ir a educación, a salud, a cultura, a vivienda, a empleo, a mejores condiciones de vida.

¿Cómo se permite este saqueo? ¿Cómo se llega a ser cómplice de este desmantelamiento del patrimonio nacional? ¿Cómo acaba uno hincando la rodilla cuando uno sabe que la razón no está en esa cúpula que está imponiendo intereses contrarios al interés nacional?

Les pregunto más, pareceré ingenuo, ¿cómo se duerme tranquilo, cómo la conciencia puede estar bien cuando uno ve la miseria feroz en que está la mayoría de la población del país? Y yo no dejo de sorprenderme, la gente ha hecho de la Cámara una de sus críticas fundamentales, y cuando pasan cosas como la que hoy está sucediendo digo: la gente tiene razón, puras cosas malas salen de la Cámara de Diputados.

Les iba a decir de otra manera, pero luego las buenas conciencias se espantan de lo que digo, ¿pero cómo le llamamos técnicamente a estos atracos? ¿Cómo le llamamos técnicamente a estos atropellos? ¿Cómo le llamamos técnicamente a esta falta de dignidad, a esta falta de patriotismo, a esta falta de seriedad cuando el país está en una condición tan grave y tan lamentable?

Compañeros y compañeras, termino. El país se está incendiando y ustedes voltean para otro lado y dicen que hace mucho calor. Qué irresponsables son. Qué poco se respetan, compañeros diputados y compañeras diputadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Ramírez Puga. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul): Presidente, para rectificación de hechos, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay rectificación de hechos, señor diputado. Se inscribieron oradores a favor y en contra. Podrá usted hacerlo a favor. Vamos a preguntar en este momento si está suficientemente discutido en términos del artículo 123. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Gracias, diputados. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Ya lo han hecho los diputados Ramón Jiménez López, reservando el artículo 257 Bis, fracción IV y 258 Bis, fracción III. Y la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, reservando el artículo 258 Quáter, fracción III, 258 Quáter, adición de un párrafo sexto. Adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio y adición de un artículo quinto transitorio.

Se pregunta a la asamblea si hay algún otro diputado que tenga reservas. No habiendo ningún otro diputado, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se comunica a la asamblea que también está reservado el artículo 254 para hacer una adición, por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Jiménez.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, tenemos una confusión. Le pido sea tan amable de precisarnos qué es lo que estamos votando, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Encantando, don Emilio. Estamos votando en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Pemex.

Ésa es la que estamos votando ahora y solamente se reservaron el 257-Bis, fracción IV. El 258-Bis, fracción III. El 258-Quater, fracción III. El 258-Quater, adición de un párrafo. La adición de un tercer párrafo al segundo transitorio. La adición de un quinto transitorio y el 254, adición en un artículo.

Vamos a mantener abierto 2 minutos más el sistema de votación. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron... Ya se cerró.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aquí a la izquierda. Diputado Guerrero. De viva voz.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): En contra, diputado.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): En contra.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A favor.

El diputado César Daniel González Madruga(desde la curul): A favor.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez(desde la curul): A favor.

Se emitieron 403 votos en pro, 32 votos en contra y 6 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 403 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos: 254, para hacer una adición, por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa. El 257 Bis, fracción IV, 258 Bis, fracción III, por el diputado Ramón Jiménez López. El 258 Quater, fracción III, 258 Quater, adición de un párrafo sexto, adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio y adición de un artículo quinto transitorio.

En consecuencia serán desahogados uno por uno y se concede la palabra al diputado Guillermo Ruiz de Teresa.

El diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa:Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, traigo una propuesta de incorporación de modificación adicional a la Ley de Derechos.

Solicitamos que se reforme el artículo 254 y se adicione el artículo 254 Quarter a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

El monto de la deducción por concepto de los cotos, gastos e inversiones deducibles relacionados con el petróleo crudo y gas asociado, extraídos, sin considerar los señalados —y aquí es la adición— en la fracción I para exploración... ¿Ya se oye?

Estamos solicitando una modificación al 254 y adicionar al 254 Quarter. La modificación al 254 dice así: el monto de la deducción por concepto de los cotos, gastos e inversiones deducibles relacionados con el petróleo crudo y gas asociado, extraídos, sin considerar los señalados —y aquí la adición— en la fracción I para exploración y recuperación secundaria, así como en las fracciones... Termina la adición. Así como en las fracciones V, VI y VII del presente artículo no excederá el valor de 6.50 dólares en los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente al volumen total del mismo en el año de que se trate.

Y la adición, el nuevo artículo, artículo 254 Quarter: Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa de .03 al valor anual del petróleo de crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos mensuales provisionales dentro de los siete días hábiles después de determinado el mes calendario correspondiente.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda.

Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el órgano de gobierno de la Comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.

Con la aplicación de estos derechos quedarán cubiertos los pagos por los servicios de supervisión y regulación a que se refiere el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El último día hábil de cada año la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregará a la Cámara de Diputados un reporte anual del ejercicio de su presupuesto del año anterior, así como del cumplimiento de las actividades y metas programadas.

Y vienen cuatro artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al 1o. de enero de 2012 de manera gradual durante los siguientes cinco años, hasta alcanzar el100 por ciento de la inversión destinada a la exploración y recuperación secundaria.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. La tasa a la que se refiere el artículo 254 Quárter para el Ejercicio 2012 será de .015 y crecerá gradualmente hasta alcanzar el .03 en los próximos cinco años.

Cuarto. El primer reporte anual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para cumplir con lo establecido en el artículo 254 Quárter se entregará en el mes de marzo de 2012. Muchísimas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le quiere hacer una pregunta la diputada Castillo, diputado.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Una pregunta. ¿En específico estos 6.50 dólares que está considerando son extras de los que existen en el régimen general de Pemex?

El diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa:¿Cómo estuvo? Es que no le entiendo nada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): La pregunta es que si lo que está planteando es adicionar 6.5 dólares por barril como impuesto o una deducción adicional a la que existe, porque actualmente hay una deducción de 6.5 dólares por barril.

Por tanto, la pregunta que le quiero hacer es si son 6.5 dólares más como deducción.

El diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa:Lo que estamos proponiendo es que el gasto que se está haciendo en exploración durante todos los años en vez de pagar los derechos correspondientes se vaya disminuyendo para que en cinco años no se paguen derechos por ese gasto que hace Pemex en exploración.

Todo lo que se gaste dentro de cinco años en exploración no tendrá pago de derechos a la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Gracias a todos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ruiz de Teresa al artículo 254.Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se admite a discusión la propuesta. En consecuencia, se desecha.

Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López. Le pregunto al diputado si pudiera ser tan amable de exponer en el mismo turno, sin moverse de la tribuna, una y otra sucesivamente.

El diputado Ramón Jiménez López:Gracias, señor presidente.

La propuesta que queremos hacer va orientada en el sentido de proteger y fortalecer a Petróleos Mexicanos previendo que las empresas privadas no se beneficien de una situación que exclusivamente debe pertenecer a Petróleos Mexicanos.

Las modificaciones que proponemos son las siguientes: del artículo 257 Bis, en la fracción IV, en el momento actual la fracción IV dice: los campos marginales a que se refiere el artículo 258 Bis de esta ley, únicamente respecto de la producción incremental anual que se obtenga una vez alcanzada la producción base anual. A la producción base anual se aplicarán los derechos previstos en los artículos 254 a 257 de esta ley.

La propuesta que he entregado a la Presidencia de esta Cámara de Diputados consiste en una adición. La voy a leer. Diría: Los campos marginales —la adición es la siguiente— explotados y operados única y exclusivamente con recursos propios de Petróleos Mexicanos. Ahí concluye la adición y todo lo demás sigue igual.

En el mismo tenor hacemos la propuesta de adicionar el artículo 258 Bis en su fracción III de la siguiente manera: actualmente denomina campos marginales a aquellos campos de extracción de petróleo crudo o gas natural que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acorde con lo establecido en el artículo 258 Quáter de esta ley.

¿Cómo quedaría? Ésta es la propuesta. Diría: ... campos marginales a aquellos campos de extracción de petróleo crudo o gas natural. Viene la adición: explotados y operados única y exclusivamente con recursos propios de Petróleos Mexicanos que forman la parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera.

Son las dos adiciones que proponemos, y aunque, efectivamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Petróleo se garantizan para Petróleos Mexicanos estas actividades, nosotros queremos reafirmar esa posición nacionalista que vaya orientada a beneficiar y a fortalecer a Petróleos Mexicanos.

Ése es el contenido de las adiciones y me permito exhortar a los diputados aquí presentes, que votemos en sentido favorable a estas adiciones en aras, repito, de fortalecer y preservar una empresa que es de todos los mexicanos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, don Ramón Jiménez. Pregunte la Secretaría sucesivamente, si es de admitirse primero la adición propuesta por el diputado Jiménez al artículo 257 Bis, fracción IV.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si es admitirse a discusión la proposición del diputado Ramón Jiménez López. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se admite la adición al artículo 257 Bis. Se desecha y se reserva para su votación nominal al final.

Pregunte ahora respecto del artículo 258 Bis, fracción III.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación del artículo 258 Bis, fracción III, propuesta por el diputado Ramón Jiménez López. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha y se reserva para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente.

La propuesta que se está planteando es para el artículo 258 Quáter. Lo que me parece importante decir aquí es que de-safortunadamente lo que se acaba de votar en términos generales es perjudicial para el país.

Miren, hay un listado en el dictamen que sería muy importante, sobre todo les digo a los diputados y diputadas federales que son de Campeche, diputados de Veracruz, de Tamaulipas y de Tabasco, que revisen lo que están considerando como campos marginales, porque definitivamente es falso que éstos sean campos marginales.

Por ejemplo, en el informe de Petróleos Mexicanos, para el segundo trimestre, se señalan en el área de Magallanes Cinco Presidentes. Aquí hablan de cinco presidentes, por cierto, yo nada más sé que hay dos presidentes: un presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador y un presidente espurio, Felipe Calderón. Pero aquí en el documento se habla de esta área de Magallanes.

Quiero decirles, que para quienes conocen la zona, pues simplemente sean conscientes de lo que están aprobando, porque se consideran supuestamente como campos marginales cuando que existe una producción de 941 barriles diarios por cada pozo.

Si nosotros comparamos lo que está considerado en Chicontepec, estamos hablando de 37.5 barriles de petróleo diario por cada uno de los pozos. Por tanto, la diferencia aquí es abismal, no puede ser considerado Magallanes Cinco Presidentes como un campo marginal, o sea, ahí está el engaño.

Esto lo planteamos en la mañana en la reunión que se llevó a cabo en la Comisión de Hacienda y de igual manera lo reiteramos en la Comisión de Energía. Sin embargo, no hubo una respuesta adecuada por parte de Petróleos Mexicanos, pues a pesar de que había representantes de Pemex que se encontraban en esta asamblea, una de las cuestiones es que sorprendentemente dijeron mentiras ahí. Dijeron que la producción era mucho menor, cuando que estaba señalado que eran 68 mil barriles los que se producen diariamente en Cinco Presidentes. Qué fue lo que contestaron las de Pemex: que no, que lo que se estaba produciendo no eran esos barriles de petróleo sino que se estaban produciendo 11 mil.

Nosotros decíamos, bueno, entonces ¿quién miente? ¿El informe de Petróleos Mexicanos, este informe al segundo trimestre o están mintiendo los representantes de Petróleos Mexicanos que se encuentran ahí?

Bueno, pues de este tamaño son las inconsistencias que vienen en este dictamen, que por cierto, ustedes ya aprobaron en lo general con todos estos elementos que me parece verdaderamente que son graves.

Si ustedes analizan todo lo que ahí está planteado, pues seguramente se darán cuenta de todas las falsedades, porque una vez más les digo, les están abriendo las puertas a estas empresas transnacionales para que bajo pretexto de que son campos marginales se les estén entregando para la deducción 32.5 dólares por barril. Esto quiere decir casi la mitad del costo de barril de petróleo. Esto verdaderamente es una barbaridad.

La propuesta que estoy planteando para la adición, específicamente, considera que debe haber una tabla detallada de flujo de efectivo de un pozo típico con datos medidos en campo.

Ésa es la cuestión que estamos nosotros considerando en este punto, que por lo menos se sepa en cada uno de estos pozos cuál es la taza de efectivo, que nosotros podamos contemplar realmente esta información para poder tomar esas determinaciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Diputada, en su exposición quedan planteadas las tres reservas que usted hizo? Entonces, pregunte la Secretaría solamente en relación a la 258 Quáter, fracción III.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Itzel Castillo Juárez, del artículo 258 Quáter, fracción III. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Gracias.

Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha la modificación y se reserva para votación nominal en términos del dictamen al final de la discusión en lo particular.

Expondrá ahora la diputada Castillo su propuesta de adición a un párrafo sexto en la 258 Quáter.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:En el caso de esta adición estamos planteando que se adicione un párrafo sexto al dictamen y dentro de este párrafo lo que noso-tros estamos proponiendo es que se cuente con todos estos elementos, toda la información que se debería tener a partir también de los dictámenes de la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Quiero decir que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se crea a partir de la reforma energética y que a partir de esta reforma energética tiene funciones en específico que aquí no se han querido considerar.

Por tanto, nosotros estamos planteando que específicamente haya un párrafo sexto que diga así:

Artículo 258 Quáter: Para que el régimen fiscal especial creado en el artículo 257 Bis de la presente ley se aplique a los campos establecidos en esa disposición, Pemex Exploración y Producción deberá de acreditar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se cumplen los extremos de la fracción III de este artículo. De lo anterior dará cuenta semestralmente el Congreso de la Unión.

Por tanto, tenemos que estar contemplando que efectivamente se esté cumpliendo lo que se señala por parte de la misma Secretaría de Hacienda y que está contemplado incluso en el dictamen.

¿Esto qué quiere decir? Que para contemplar un régimen especial tiene que tomarse en consideración que estos campos a los cuales se les está aplicando el régimen especial sean económicamente rentables antes de impuestos.

La segunda condición es que con los impuestos, a partir del régimen normal ya no sean rentables, y en el tercer punto, que sería lo que se debería cumplir, es que vuelvan a ser rentables a partir de un régimen especial.

Por tanto, para tener en consideración estos elementos es necesario que se cuente con la información, ¿la información de quién? De las instancias encargadas de ello.

Por eso estamos incorporando dentro de este párrafo que específicamente se tendrá que acreditar esta situación, que se está cumpliendo con estos preceptos por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

De igual manera, estaríamos nosotros considerando un transitorio. En el caso del transitorio estamos planteando que Pemex Exploración y Producción hará llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información a la que se refieren estas fracciones que se están aprobando en el dictamen, para efectos de la autorización ordenada en dicha disposición.

Sin este requisito los campos no podrán ser objeto del régimen especial establecido en el artículo 257 Bis.

¿Esto con qué objeto se hace? Con el objeto de que no estén considerando campos marginales, campos que no lo son.

Esto creo que es muy obvio para los diputados federales que se encuentran en esa zona. Simplemente revisar todas estas incongruencias que existen en el dictamen que está planteado para contemplar un régimen especial para zonas que no son campos marginales.

Por tal motivo, quiero manifestarles que es muy triste que ustedes, diputados y diputadas, sean genuflexos ante el poder de las transnacionales y soberbios frente a las necesidades del pueblo. Que lo que están aprobando va en contra de la nación. Lo que están aprobando es que la renta petrolera se vaya a manos de las empresas transnacionales y que existan regímenes especiales para que se les reduzcan 32.5 dólares.

Es decir, que se les esté dando el dinero que debe ser para el desarrollo de los mexicanos, para el desarrollo de nuestro país, a las empresas transnacionales. Eso es lo que ustedes han estado aprobando esta noche para este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si se admiten las modificaciones propuestas por la diputada Laura Itzel Castillo, primero, al 258 Quáter, adicionando un párrafo sexto y después, le adiciona un párrafo tercero al artículo segundo transitorio.

Una ya la votamos, faltan esas dos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, al artículo 258 Quater, adición de un párrafo VI y adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, votémosla una por una, secretaria, si es tan amable. Primero preguntamos si se admite la adición 258 Quater adición de un párrafo VI.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Correcto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo, gracias.

Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora preguntamos si se admite la adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo, a la adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo, gracias.

Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo consiguiente se desechan y se reservan para votación nominal en términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes, para proponer la adición de un artículo quinto transitorio.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:La presente reserva es en relación con el dictamen que nos presentaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía en el proyecto de decreto del artículo único que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Se propone la adición de un artículo quinto transitorio, para quedar de la siguiente forma:

Quinto. En los campos marginales sujetos al régimen especial no se autoriza la celebración de servicios ni de contratos con incentivos a los que se refiere la Ley de Petróleos Mexicanos.

Como pueden ver, compañeros diputados y compañeras diputadas, seguimos insistiendo en que es imperante que los beneficios fiscales de alrededor de 32.5 dólares por barril no sean entregados a las empresas transnacionales. Estos contratos que de manera ilegal comparten la renta petrolera están prohibidos en el párrafo 6o del artículo 27 constitucional.

Con base en el artículo 148, diputado presidente, solicito que este asunto de discusión se someta a votación nominal, y hago entrega tanto del texto como de la solicitud para votación nominal sobre este punto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos del 148, con el escrito acompañado de las firmas de los señores diputados, procédase a hacer la votación nominal para aprobar o desechar la reserva del artículo propuesto por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Para ilustrar a la asamblea, éste es exactamente el trámite que hacemos de manera económica, pero ahora lo vamos a hacer en el tablero.

Luego entonces, se preguntará a la asamblea si se admite el artículo y sería votar a favor. Si se vota en contra, significa que se desecha la propuesta presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes. Por consiguiente, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos, señora secretaria, para preguntar si se admite.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas, desde su lugar. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente, para solicitarle si puede nuevamente explicarnos el procedimiento, porque hay algunas dudas en la bancada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto. El voto a favor implica que se admite la propuesta presentada por la diputada Reyes. El voto en contra significa que se desecha.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Nada más para aclararle al diputado Pérez Cuevas que vote diferente a nosotros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, estamos en votación. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Que se pueden estar confundiendo los compañeros, porque no saben votar en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Informe la votación, distinguida secretaria.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Falta algún diputado de votar? ¿Falta alguna diputada, algún diputado de votar?

Ciérrese el tablero.

Diputado presidente, fueron 80 votos en pro, 356 votos en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, se desecha la proposición y se reserva para votación nominal en términos del dictamen, al final de la discusión, en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo particular de los artículos 257 Bis, 258 Bis, 258 Quater y el segundo transitorio del dictamen, en sus términos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Rodríguez.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): Presidente, solamente para pedir que nuevamente precise usted el contenido de la votación que está corriendo en este momento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, diputado. Los artículos reservados fueron el 257 Bis, 258 Bis, 258 Quater y un segundo transitorio. El voto a favor significa votar por estos artículos en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Adelante, está abierto el tablero.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Le informo, diputado presidente que se emitieron 343 votos a favor, 74 en contra y una abstención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Pemex. Se pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, con fundamento en lo que dispone el artículo vigésimo del acuerdo parlamentario relativo a la discusión de dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día en virtud de que está publicado en la Gaceta y se está distribuyendo entre las señoras diputadas y señores diputados.

La Secretaría diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se incorpora al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora secretaria. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y ha sido distribuido, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la primera lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante la H. Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 8 de septiembre de 2010, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

En la fecha antes citada, el Presidente de la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados instruyó turnar a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público la Iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Para lo anterior, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y distintos sectores interesados en la materia.

Descripción de la iniciativa del Ejecutivo federal

A. Simplificación y Mejora Administrativa.

La Iniciativa del Ejecutivo Federal resalta la importancia de continuar con la política de simplificación fiscal que a lo largo de los últimos años ha repercutido en la Ley Federal de Derechos, mediante la implementación de medidas que disminuyan las cargas administrativas y tributarias que enfrentan los particulares al solicitar servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación que las dependencias de la Administración Pública Federal están obligadas a proporcionar. En ese sentido, en la Iniciativa se indica que acorde con la política citada, así como con la prevaleciente en el interior del Ejecutivo Federal y las políticas de mejora regulatoria de carácter internacional, se propone reforzar la simplificación administrativa y tributaria mediante la eliminación de diversos derechos, con el propósito de incidir directamente en beneficios tangibles tales como una rápida apertura de empresas, expedita resolución en materia de permisos y concesiones, crecimiento en el empleo, mejora en la actividad registral, obtención de crédito, protección de inversiones, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, entre otros, a partir de normas y regulaciones eficientes.

Bajo ese contexto, en la Iniciativa que nos ocupa se reconoce la actuación que han tenido las empresas, particularmente las pequeñas y las medianas, en la dinámica de la economía, para generar empleo e ingresos, y se destaca que es fundamental promover reformas orientadas a mejorar la regulación de los negocios, sobre todo si se considera que en los países de bajo desarrollo las empresas enfrentan una alta carga regulatoria tanto para su constitución, como para realizar sus transacciones ordinarias, situación que se contrapone con empresas semejantes de economías de mayor desarrollo.

Asimismo, el Ejecutivo Federal señala en su Iniciativa que es consenso internacional que los altos costos de transacción fomentan que las empresas se desenvuelvan en el sector informal, lo que se traduce a que las reformas legislativas de las economías en desarrollo deban centrarse en generar un ambiente propicio para el intercambio de bienes y servicios, así como en reducir el número excesivo de procedimientos administrativos y formalidades burocráticas.

Bajo esas premisas, la Iniciativa propone la derogación de algunos derechos y otras modificaciones a dichos tributos e indica que ello no erosiona la capacidad recaudatoria de la Ley Federal de Derechos ni impacta en la operación y facultades de las dependencias a cargo de actividades de control y de regulación sectorial prioritaria como en el caso lo es la salud, la seguridad nacional o el equilibrio ecológico.

Para estos efectos, señala el Ejecutivo Federal que se realizó un esfuerzo al interior de las diferentes instancias de la Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en atención a la política de simplificación normativa impulsada por la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se identificaron los supuestos en los que no es necesario el cobro de derechos para obtener algún servicio que presta el Estado en funciones de derecho público, así como por el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de algunos bie-nes del dominio público de la Federación lo que, en algunos de los casos, implica que el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de sus atribuciones, elimine el trámite administrativo conducente previsto en el correspondiente ordenamiento sectorial.

Asimismo, el Ejecutivo Federal resalta en su Iniciativa que existen supuestos en los que se logra reducir la carga administrativa de los particulares solamente con la derogación del derecho, en virtud de que, adicionalmente a la realización del trámite que se debe realizar con la dependencia encargada de éste, los interesados se encuentran obligados a cumplir, por si o a través de un tercero que en algunos supuestos tienen que contratar, un trámite adicional para pagar el derecho asociado al mismo.

Bajo este contexto, se explica en la Iniciativa que con el objetivo de identificar y registrar la recaudación que generan los derechos, actualmente éstos se agrupan en 144 rubros contables, mismos que se integran por derechos afines en virtud de la dependencia que presta los servicios, del bien de dominio público de que se trate o del servicio que se preste.

De igual forma la Iniciativa en comento indica que 24 de los citados rubros contables se encuentran vinculados al uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación y los restantes 120 a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. En la Iniciativa se especifica que estos últimos rubros se prevén en cerca de 75 ordenamientos sectoriales, mismos que se agrupan, esencialmente, en los siguientes conceptos:

• Expedición de documentos relativos a autorizaciones, permisos, concesiones, certificaciones, licencias y pasaportes, entre otros: 88 (73%).

• Actos registrales: 12 (10%).

• Inspección y vigilancia: 11 (9%).

• Otros trámites, relativos a publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, obtención de marbetes y precintos, apostillamiento de documentos, análisis de laboratorio para efectos aduaneros, almacenaje de mercancías y bienes embargados, entre otros: 9 (8%).

Con base en lo anterior, explica el Ejecutivo Federal que el planteamiento que formula a este Congreso de la Unión se basa en identificar aquellos derechos que pueden ser eliminados al igual que el correspondiente trámite, o bien, en caso de que el trámite no sea eliminado, derivado de que es necesario mantenerlo por ser de carácter público, propone eliminar el derecho que representa una carga tributaria y un trámite en sí mismo.

En ese sentido, la Iniciativa que nos ocupa propone suprimir cargas administrativas y tributarias a través de la eliminación de:

• 15 derechos que tienen asociado igual número de trámites, mismos que de ser aprobada la propuesta por esta Soberanía, el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de su facultad reglamentaria, eliminará aquellos que se encuentren vigentes.

• 26 derechos de manera individual.

Cabe destacar que conforme a lo indicado en la Iniciativa, esta medida refleja una reducción en la carga fiscal en el 24% del total de los rubros contables de los derechos del sistema tributario con un sacrificio marginal en la recaudación, con lo que se pretende impactar de forma positiva en los particulares y las dependencias, ya que con ello se reduciría el costo de sus actividades, así como la carga administrativa y tributaria asociada al pago del derecho.

En ese orden de ideas, la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal plantea diversas medidas de simplificación y mejora administrativa en los rubros que a continuación se señalan:

1. Medidas de simplificación que incentivan la realización de ciertas actividades.

Con el propósito de facilitar e incentivar la realización de algunas actividades en beneficio de los particulares, la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal propone la eliminación de ciertas cargas administrativas y tributarias en apoyo a los siguientes sectores:

a. Económico.

El Ejecutivo Federal propone la derogación del derecho por la recepción, estudio y trámite de cada notificación de concentración a que se refiere la Ley Federal de Competencia Económica, señalando como finalidad el no mantener costos y trámites para acceder a las instancias que procuran la competencia entre los entes económicos en los mercados nacionales, en beneficio para los solicitantes, quienes actualmente deben cubrir el derecho con independencia del sentido de la resolución que emita la Comisión Federal de Competencia Económica.

b. Turismo e Investigación Científica.

La Iniciativa propone derogar los derechos correspondientes al otorgamiento de los permisos emitidos por la Secretaría de Gobernación para visitar territorios insulares de jurisdicción federal cuando se tenga una finalidad turística o de investigación científica. Lo anterior, según se señala en la Iniciativa, con el objeto de lograr una mayor afluencia turística al país, tanto de nacionales como extranjeros dejando sin efectos los trámites que éstos implican.

Asimismo, con la finalidad de impulsar a nuestro país como destino turístico, el Ejecutivo Federal propone derogar el derecho por la expedición del permiso individual para efectuar la pesca deportivo-recreativa, y resalta que dicha acción no se traduce en el menoscabo de los recursos pesqueros ya que seguirá vigente el derecho por el permiso individual para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, mediante el cual se grava dicha actividad de acuerdo con la temporalidad de la misma.

De igual forma, la Iniciativa plantea la derogación de los derechos relacionados con la filmación, videograbación y tomas fotográficas con fines comerciales de las Áreas Naturales Protegidas existentes en territorio nacional, a efecto de fomentar su difusión en los medios de publicidad masiva.

c. Comunicación y Servicios Asociados.

En la Iniciativa se plantea derogar el derecho por la inspección previa al inicio de operaciones de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión, así como de servicios que se proporcionen por subportadoras de radiodifusión sonora y de televisión con la finalidad de reducir las cargas fiscales que enfrentan actualmente los contribuyentes que realizan este tipo de actividades.

En este mismo sector, con el fin de abatir los gravámenes fiscales a cargo de los peritos en telecomunicaciones por el ejercicio de su profesión e incentivar las operaciones de los radioclubes, el Ejecutivo Federal propone derogar los derechos por la expedición, revalidación y modificación de la constancia de peritos de telecomunicaciones y el relativo a la expedición de la constancia del registro de radioclubes y su revalidación.

d. Marítimo.

Con el objeto de incentivar la capacitación y preparación de las personas relacionadas a las actividades navales y de marina mercante, y generar ahorros para los particulares que requieren de dicha capacitación, el Ejecutivo Federal propone derogar diversos derechos relacionados con la actualización técnica y nombramiento para ejercer como Delegado Honorario de la Capitanía de Puerto en la marina turística; por el registro de instituciones privadas que den formación y capacitación al personal de la marina mercante mexicana; por la autorización de planes y programas de estudio de formación de licenciaturas de piloto y maquinista navales y cursos de capacitación para personal oficial y subalterno, así como por el registro para instructores que den formación y capacitación al personal de la marina mercante nacional.

e. Servicios (profesionales y especializados).

Acorde con la política de simplificación fiscal, en la Iniciativa presentada a esta Soberanía se propone reducir el pago del derecho por la acreditación de la capacidad técnica para ejercer la actividad de agente de seguros o fianzas, cuando se solicite la presentación de una sola prueba del examen correspondiente, con el objeto de evitar gastos mayores a los contribuyentes solicitantes de dicho servicio, debido a que actualmente la cuota del derecho refleja la presentación de varias pruebas y no sólo la presentación de una de ellas.

f. Salud.

Con el fin de facilitar la obtención de materias primas y productos terminados de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, materiales quirúrgicos, de curación o productos higiénicos, producidos en el extranjero, el Ejecutivo Federal propone a esta Soberanía la derogación del derecho para obtener el permiso sanitario de importación de dispositivos médicos para uso personal lo que, de aprobarse, beneficiaría a las personas que no pueden adquirir en territorio nacional este tipo de aditamentos médicos necesarios para recuperar su salud, derivado de que no son mercancías que se comercialicen en nuestro país.

2. Medidas de simplificación del marco jurídico administrativo.

En la Iniciativa que se analiza, el Ejecutivo Federal plantea un segundo grupo de medidas para la eliminación de derechos en beneficio de algunos sectores:

a. Comunicación (medios impresos y televisivos).

La iniciativa propone derogar el pago de derechos por los servicios de expedición de certificados de licitud del agregado o variación del subtítulo, debido a que actualmente los editores de publicaciones y revistas no realizan trámite alguno por este concepto ante dicha dependencia.

b. Empresarial.

En la Iniciativa de mérito, se plantea derogar el derecho por el estudio y trámite de solicitudes de personas físicas y morales mexicanas, para invertir en empresas igualmente mexicanas que utilicen el sistema de intercambio de deuda pública por capital, considerando que los Lineamientos Generales del Programa de Intercambio de Deuda Pública por Capital, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo de 1990, señalaban que la del citado programa concluiría 60 meses posteriores a la celebración de la última subasta, lo que implica que actualmente el trámite y el derecho previsto en la Ley Federal de Derechos hayan quedado sin efectos.

c. Nacionalidad.

La Iniciativa en estudio refiere que el Reglamento de la Ley de Nacionalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, ya no contempla la reposición de documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, sino sólo la expedición de copias certificadas de los mismos, por lo que el Ejecutivo Federal propone la derogación de los derechos por la reposición de la constancia de nacionalidad mexicana y cartas de naturalización.

d. Energético.

El Ejecutivo Federal a través de la Iniciativa en comento propone a esta Soberanía la derogación de diversos derechos a cargo de Petróleos Mexicanos por permisos de construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones, así como por la revisión y verificación de pruebas hidrostáticas y de hermeticidad de ductos y circuitos, en materia de refinación de petróleo, elaboración y procesamiento del gas y petroquímicos básicos, en virtud de que el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, abrogó el Reglamento de Trabajos Petroleros, mismo que constituía el fundamento jurídico para la prestación de dichos servicios.

e. Agropecuario.

Actualmente el artículo 90-F de la Ley Federal de Derechos regula un derecho por la expedición de permisos de liberación de organismos genéticamente modificados bajo la modalidad experimental, programa piloto y comercial, por lo que con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes solicitantes de servicios relacionados con los organismos genéticamente modificados y disminuir cargas tributarias, la Iniciativa plantea derogar el derecho de sanidad agropecuaria por el certificado fitosanitario o zoosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética.

f. Ambiental.

En congruencia con la eliminación definitiva del trámite por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental, se propone por parte del Ejecutivo Federal la derogación del derecho por la prestación de dichos servicios, por considerar que con ello se eliminarían totalmente las cargas administrativas y tributarias que enfrentan los solicitantes de dichos servicios.

En este mismo sector, considerando que mediante el Acuerdo por el que se eliminan requisitos, se simplifican trámites y se dan a conocer formatos que aplica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las materias que se indican, publicado el 29 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se derogó el trámite denominado “Propuesta de condiciones particulares de manejo de residuos peligrosos”, la Iniciativa plantea la derogación del derecho relativo con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los usuarios de los servicios en la materia.

g. Marítimo.

En la Iniciativa en comento se propone derogar el derecho por la expedición de cartas náuticas, digitales y electrónicas y, en consecuencia, dejar sin efectos el trámite que éste implica, por considerar que con los avances tecnológicos e informáticos, es factible ofrecer a los particulares el acceso a las citadas cartas sin que se tenga que pagar un derecho por su obtención.

h. Salud.

La Iniciativa que se dictamina plantea la derogación de los derechos relativos a los servicios de laboratorio que proporciona la Secretaría de Salud, indicando que por la naturaleza de los servicios el costo por la prestación de los mismos se puede recuperar mediante el cobro de productos.

3. Medidas de simplificación en materia registral.

La Iniciativa indica que con base en el programa de simplificación impulsado por el Gobierno Federal y con el fin de otorgar certeza jurídica a los actos que realizan los agentes económicos en el intercambio de bienes y servicios a través de los registros públicos a su cargo, los cuales representan un instrumento de publicidad y agilización de los negocios en virtud de que están investidos de fe pública, el Ejecutivo Federal propone a esta Soberanía la derogación de diversos derechos relacionados con servicios registrales que representan una carga fiscal para los particulares en el ejercicio de su actividad económica.

El Ejecutivo Federal destaca que lo anterior facilitará poder contar con bases de datos actualizadas y confiables, toda vez que dicha medida incentivará a los particulares a acudir a los registros públicos con el objeto de proporcionar la información correspondiente, por lo que propone la derogación de los siguientes derechos en materia registral:

• Por la expedición de la constancia de registro a distribuidores de publicaciones editadas e impresas en el extranjero.

• Por el registro de agentes promotores o su revalidación en el Registro de Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro o de instituciones públicas que realicen funciones similares.

• Por la inscripción y su renovación, así como por la modificación de la denominación o razón social en el registro de bancos, entidades de financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de inversión del extranjero.

• Por los servicios relacionados con el ejercicio de la función de Corredor Público en el Registro Mercantil y de Correduría.

• Por la inscripción en el registro de peritos mineros.

• Por el estudio y trámite de actos, contratos o convenios sujetos a inscripción en el Registro Público de Minería.

• Por los servicios que proporciona el Registro Nacional de Inversión Extranjera por la inscripción, la resolución de consultas y el otorgamiento de prórrogas a plazos establecidos en materia registral.

• Por el estudio y trámite de la solicitud de inscripción en el Registro de Telecomunicaciones.

• Por la inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano.

• Por los servicios de registro que proporcionan los institutos nacionales de Antropología e Historia o de Bellas Artes y Literatura.

• Por los servicios de inscripción y cancelación de actos, así como de expedición de certificados de no propiedad federal en el Registro Público de la Propiedad Federal.

• Por los servicios de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua de la transmisión de los títulos de concesión, asignación o permiso y la inscripción de los cambios que se efectúen en dichos títulos.

B. Otras propuestas.

Disposiciones Generales.

El cuarto párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, como lo señala la Iniciativa que se dictamina, establece que cuando el pago de dichos tributos por servicios públicos deba efectuarse con posterioridad a la prestación de los mismos, por tratarse de servicios continuos o porque así se establezca, éstos dejarán de prestarse si no se realiza dicho pago. Al respecto, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que usan, gozan o aprovechan bienes de dominio público de la Federación y reforzar el marco jurídico relativo a la interrupción del citado uso, goce o aprovechamiento cuando no se cubran los derechos respectivos, el Ejecutivo Federal propone ampliar tal disposición con el objeto de que aplique tanto a los derechos por la prestación de servicios en funciones de derecho público como a los relativos al otorgamiento del uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación.

En ese mismo orden de ideas, la Iniciativa propone ampliar los efectos de la disposición general prevista en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Ley Federal de Derechos, que regula que el pago de los derechos por permisos no implica necesariamente el otorgamiento de los mismos cuando no se llenen los requisitos legales correspondientes o existiere alguna prohibición, con la finalidad de que dicha disposición aplique a todos los derechos por la prestación de servicios en funciones de derecho público así como a los referentes al otorgamiento del uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación.

Servicios Migratorios.

Con relación al derecho relativo a la autorización en la que se otorga la calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros, el Ejecutivo Federal propone sustituir la denominación de “Visitante Hombre de Negocios” por la de “Visitante Persona de Negocios”. Lo anterior, según se indica en la Iniciativa, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero de 2010, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en el que se modifican dichas denominaciones.

En este mismo rubro, la Iniciativa que se dictamina plantea exentar del pago de los derechos migratorios a las personas que se les otorgue la calidad migratoria de no inmigrante, bajo la característica de Visitante en su modalidad de Protección Internacional y Razones Humanitarias, a efecto de cumplir cabalmente con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado por México el 13 de diciembre de 2000 y ratificado por el Senado el 22 de octubre de 2002, mediante el cual se establece que cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas y otras apropiadas para que las víctimas de la trata de personas puedan permanecer en su territorio de manera temporal o permanente, si así procediera.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El Ejecutivo Federal, en seguimiento a la política de ajustes de las cuotas de derechos por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que prevalece desde el año 2004, propone establecer una cuota fija para el pago del derecho a cargo de las Sociedades de Inversión por concepto de inspección y vigilancia que proporciona la citada Comisión, así como contemplar la opción de pagar tal derecho en razón al resultado que se obtenga de una fórmula que tome en consideración su operatividad.

En otro orden de ideas, señala el Ejecutivo Federal que derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2008 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, considera necesario derogar el cobro de las cuotas por concepto de inspección y vigilancia respecto del Fondo de la Vivienda Militar, toda vez que se eliminaron las facultades que se le otorgaban a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar a dicho Fondo.

Por otra parte, en la Iniciativa que se dictamina se propone adecuar las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Derechos a efecto de hacer referencia al estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, autorización para la constitución y operación de las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV, Organismos de Integración Financiera Rural y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en virtud de que a partir de la vigencia del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, es facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizar la constitución y operación de dichas entidades financieras u organismos de integración.

Adicionalmente, en virtud de las reformas que se han efectuado a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Ejecutivo Federal propone actualizar las disposiciones de la Ley Federal de Derechos con la finalidad de establecer los derechos por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores.

De igual forma, en la Iniciativa objeto de dictamen se plantea adecuar la Ley Federal de Derechos a efecto de que se contemple el pago por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores por lo que se propone incorporar un esquema similar al de las Sociedades de Inversión, basado en una cuota fija, otorgando una opción para que el mencionado Fondo pueda pagar la cuota que resulte de una fórmula que se prevería en la propia Ley.

Asimismo, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal plantea reformar los derechos a pagar a cargo de las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que paguen una cuota fija, o bien, el resultado que se obtenga de una fórmula que considera el número de sociedades que dichas Federaciones agrupen o supervisen.

El Ejecutivo Federal propone que se incorpore una disposición transitoria que prevea una opción para las instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, casas de bolsa y sociedades de inversión de pagar la cuota que corresponda conforme a la Ley Federal de Derechos por concepto de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, la cuota que hubieran pagado durante el ejercicio fiscal de 2010, más un 10 por ciento.

Energía.

De la Iniciativa que se dictamina se desprende la propuesta de que tratándose de los derechos relativos a la aprobación de las Unidades de Verificación, Laboratorios de Pruebas u Organismos de Certificación y a la autorización para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas en las normas oficiales mexicanas, se establezca, en términos genéricos, una sola cuota que aplique para todas las aprobaciones y otra cuota general para las autorizaciones que en esas materias otorga la Secretaría de Energía y no únicamente la Dirección General de Gas L.P. adscrita a dicha dependencia.

Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El Ejecutivo Federal propone reubicar el derecho relativo al cobro por la expedición de la licencia de estaciones de radio a bordo de barcos y aviones, por considerar que por la naturaleza de servicio público que posee el mismo debe establecerse en el Título I de la Ley Federal de Derechos, relativo a los servicios que proporciona el Estado en funciones de derecho público y no en el Título II en el que actualmente se encuentra y que corresponde a los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación.

Comunicaciones y Transportes.

Con el propósito de homologar las disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el Ejecutivo Federal propone introducir las excepciones que regula dicho ordenamiento legal aplicables al derecho por los servicios de control de tránsito aéreo fuera del horario oficial de operaciones en los aeropuertos, a fin de que las aeronaves nacionales o extranjeras que soliciten los servicios de un aeródromo civil fuera del horario de operación, obtengan la autorización sin cubrir los derechos correspondientes cuando presten servicios de búsqueda o salvamento, auxilio en zonas de desastre, combatan epidemias o plagas, así como cuando tratándose de vuelos de grupos de ayuda médica con fines no lucrativos, los de asistencia social, los de fumigación y los que atienden situaciones de emergencia, tanto nacionales como internacionales, o bien se encuentren destinados a la salvaguarda de las instituciones, seguridad nacional y combate al narcotráfico, en misiones diplomáticas o que participen en festivales aéreos organizados por la autoridad aeronáutica, entre otros.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal plantea implementar diversas exenciones con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cubra derechos por servicios que ella misma proporciona relativos a: i) certificaciones de las ayudas a la navegación aérea; ii) la verificación menor a los Centros de Formación, Capacitación y Adiestramiento operados por la misma; iii) la expedición de capacidades y licencias a su personal técnico aeronáutico; iv) el permiso para sus talleres aeronáuticos, y v) los exámenes de conocimientos de aviación civil, permisos de formación o capacitación y obtención, convalidación y recuperación de licencias y certificados, solicitados por su personal con actividades en materia de seguridad nacional.

Medio Ambiente y Recursos Naturales

En la Iniciativa en estudio se propone actualizar el derecho por la autorización de importación de materiales peligrosos a efecto de incluir a los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias o materiales tóxicos en el concepto de cobro del derecho respectivo, con el objeto de que la autoridad recupere los costos que le implica la prestación de dichos servicios así como de homologar las disposiciones de la Ley Federal de Derechos con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Salud

El Ejecutivo Federal señala en la Iniciativa que nos ocupa que en atención a la publicación del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, que establece la facultad específica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para autorizar el registro y expedir certificados de libre venta y exportación de plaguicidas y nutrientes vegetales, así como otorgar permisos de importación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, con el fin de otorgar certeza jurídica a los solicitantes de autorizaciones en materia sanitaria, es conveniente que se reordenen los derechos por los servicios que proporciona la Secretaría de Salud.

Por otra parte, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009 del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, en el cual se contempla el trámite denominado “Licencia Sanitaria para establecimientos de atención médica. Modalidad B, para establecimientos con disposición y/o bancos de órganos, tejidos y células”, el Ejecutivo Federal propone actualizar el concepto del derecho por la expedición de la licencia sanitaria para establecimientos con disposición de órganos y tejidos, a efecto de incluir la palabra “células” y así homologarlo con la denominación del trámite respectivo.

Adicionalmente, con el objeto de homologar las disposiciones de la Ley General de Salud con las de la Ley Federal de Derechos, en la Iniciativa se propone modificar los derechos relativos a la expedición de la licencia sanitaria para establecimientos de diagnóstico médico y al permiso para el responsable de la operación y funcionamiento de los mismos, a fin de que haga referencia a los establecimientos de diagnóstico médico con “fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico” en lugar de “rayos X” como se establece actualmente.

Agua

En la Iniciativa en estudio se pretende modificar la mecánica de pagos provisionales y la declaración anual de ajuste que contempla la Ley Federal de Derechos vigente, por la de pagos trimestrales definitivos, considerando que por la naturaleza del uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales, no es necesario efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de un derecho anual en virtud de que la utilización del recurso hídrico se otorga de manera inmediata y en un periodo determinado.

Asimismo, con el fin de fortalecer el ejercicio de las facultades de comprobación de la Comisión Nacional del Agua y efectuar una mejor fiscalización de los usuarios, la Iniciativa que se dictamina plantea ampliar sus facultades para que pueda determinar presuntivamente el volumen de agua en los siguientes casos: i) se haya alterado o desajustado el funcionamiento del aparato de medición; ii) no se lleven los registros de los aparatos de medición o se lleven incorrectamente; iii) se lleven a cabo instalaciones hidráulicas o derivaciones de agua sin la autorización respectiva o se realicen modificaciones o manipulaciones a las tuberías o ramales de distribución, o iv) se detecte que se lleva a cabo el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales de hecho.

Finalmente, el Ejecutivo Federal plantea establecer un mecanismo que permita tener mayor certeza sobre el volumen de agua utilizado, para lo cual propone incluir una fórmula con la que se determine presuntivamente los volúmenes usados, explotados o aprovechados por los particulares considerando la densidad del agua, la constante gravitacional, las unidades de tiempo, la energía facturada en sus procesos, la profundidad del nivel de agua, así como la eficiencia del sistema motor-bomba.

Consideraciones de la comisión

1. Iniciativa del Ejecutivo federal

Del análisis efectuado a la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se observa que en la misma se plantea la necesidad de implementar mecanismos que permitan simplificar y modernizar la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal, así como diversas medidas tendientes a la reducción y renovación de la función pública a efecto de satisfacer las exigencias ciudadanas en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos y que de esta manera se les facilite el acceso a éstos oportunamente y con calidad.

En este sentido, se observa que la Iniciativa pretende implementar un esquema de simplificación fiscal que deriva de un ejercicio llevado a cabo al interior de la Administración Pública Federal, mediante el cual se identificaron aquellos casos en los que resulta innecesario el cobro de derechos para la obtención de algún servicio que presta el Estado en funciones de derecho público, así como por el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de algunos bienes del dominio público de la Federación.

Al respecto, esta Dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de continuar y reforzar la política de simplificación y modernización de la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal a efecto de reducir la carga fiscal y administrativa que enfrentan los particulares derivada al solicitar los servicios públicos a las distintas dependencias que la conforman, mediante la derogación de algunos derechos, lo que permitirá: i) la disminución de las cargas administrativas de los trámites asociados al servicio; ii) la expedita resolución de las solicitudes relativas a bienes o servicios públicos iii) la disminución de los costos tributarios, y iv) una mayor competitividad derivada de la mejora regulatoria.

Asimismo, es de resaltar que la propuesta del Ejecutivo Federal en la materia, implica un sacrificio recaudatorio mínimo, además de no impactar en la operación de las dependencias con actividades de control y de regulación sectorial prioritaria, como lo es en el caso de la salud, la seguridad nacional o el equilibrio ecológico.

Bajo ese contexto, a continuación se señalan las consideraciones de esta Comisión respecto de las propuestas específicas formuladas por el Ejecutivo Federal.

La que dictamina considera de gran importancia garantizar el libre acceso a las instancias que procuran la competencia entre los entes económicos en los mercados nacionales por lo que estima conveniente la derogación del derecho por la recepción, estudio y trámite de cada notificación de concentración a que se refiere la Ley Federal de Competencia Económica, en beneficio de los solicitantes de dichos servicios.

Asimismo, esta Comisión, consciente de la necesidad de impulsar el desarrollo de actividades turísticas y de investigación científica en nuestro país, considera adecuada la derogación de los derechos por los permisos para visitar territorios insulares de jurisdicción federal cuando tengan dichas finalidades, dejando sin efecto los trámites que éstos implican.

De igual forma, con la intención de fortalecer la elección de nuestro país entre los diversos destinos turísticos, la que dictamina estima acertada la derogación del derecho por la expedición del permiso individual para efectuar la pesca deportivo-recreativa, tomando en consideración que dicha medida no implica el menoscabo de los recursos pesqueros toda vez que, como lo señala el Ejecutivo Federal, las personas que practiquen dicha actividad en territorio nacional seguirán estando sujetas al pago de derechos por el permiso individual para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en este tipo de pesca, el cual se paga según su temporalidad.

Asimismo, considerando el potencial turístico con que cuenta nuestro país, resulta importante para esta Dictaminadora implementar medidas que incidan directamente en las fuentes de atracción y difusión masiva de los recursos turísticos, es por ello que manifiesta su coincidencia con la propuesta del Ejecutivo Federal en la necesidad de impulsar la difusión de las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en territorio nacional mediante la derogación de los derechos relativos a la filmación, videograbación y tomas fotográficas con fines comerciales realizadas dentro de dichas áreas.

Por otra parte, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima pertinente derogar el derecho por la inspección previa al inicio de operaciones de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión, así como de servicios que se proporcionen por subportadoras de radiodifusión sonora y de televisión, ya que con esta medida se simplificarán las cargas fiscales que soportan en la actualidad quienes realizan este tipo de actividades.

En este mismo sector, la que dictamina considera procedente derogar los derechos por la expedición, revalidación y modificación de la constancia de peritos en telecomunicaciones, así como por la expedición de la constancia del registro de radioclubes y su revalidación, ya que se coincide con el Ejecutivo Federal que con esta medida se eliminaría la carga tributaria que actualmente representa el desa-rrollo de la actividad pericial y se facilitaría la operación de los radioclubes.

Resulta primordial incentivar la capacitación y preparación de las personas relacionadas con las actividades navales y de marina mercante, al constituir una actividad de desarrollo prioritario del país, por lo que coincide con el Ejecutivo Federal en la pertinencia de derogar diversos derechos relacionados con la actualización técnica y nombramiento para ejercer como Delegado Honorario de la Capitanía de Puerto en la marina turística; por el registro de instituciones privadas que den formación y capacitación al personal de la marina mercante mexicana; por la autorización de planes y programas de estudio de formación de licenciaturas de piloto y maquinista navales y cursos de capacitación para personal oficial y subalterno, así como por el registro para instructores que den formación y capacitación al personal de la marina mercante nacional.

La que dictamina estima necesario establecer una reducción en el pago del derecho por la acreditación de la capacidad técnica para ejercer la actividad de agente de seguros o fianzas, cuando se solicite la presentación de una sola prueba del examen correspondiente, con el objeto de que se eviten erogaciones mayores a los contribuyentes que soliciten el servicio, considerando que la Ley Federal de Derechos vigente contempla el cobro del derecho por la presentación del examen de acreditación de la capacidad técnica para ejercer dichas actividades reflejando en una sola cuota el costo de varias pruebas y no una sola de ellas, tal como se prevé en las disposiciones sectoriales.

Esta Dictaminadora coincide con el Ejecutivo Federal en la necesidad de apoyar la economía de las familias en las que algún miembro se encuentre en tratamiento de rehabilitación con motivo de algún padecimiento, por lo que se estima acertada la derogación del derecho para obtener el permiso sanitario de importación de dispositivos médicos para uso personal, con el objeto de facilitar la obtención de materias primas y productos terminados de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, materiales quirúrgicos, de curación o productos higiénicos, producidos en el extranjero, siendo relevante mencionar que con esta propuesta se beneficiará a aquellas personas que no pueden adquirir en territorio nacional este tipo de aditamentos médicos necesarios para recuperar su salud en virtud de que no se comercializan en México.

De igual forma, la que dictamina está de acuerdo con el Ejecutivo Federal en derogar el pago de derechos por los servicios de expedición de certificados de licitud del agregado o variación del subtítulo, considerando que se ha promovido la eliminación definitiva del trámite en congruencia con el programa de simplificación.

Asimismo, esta Comisión estima pertinente derogar el derecho por el estudio y trámite de solicitudes de personas físicas y morales mexicanas, para invertir en empresas igualmente mexicanas que utilicen el sistema de intercambio de deuda pública por capital, tomando en cuenta que los Lineamientos Generales del Programa de Intercambio de Deuda Pública por Capital, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo de 1990, establecían que dicho programa concluiría 60 meses posteriores a la celebración de la última subasta por lo que en la actualidad el trámite y el derecho previsto en la Ley Federal de Derechos han quedado sin efectos.

Esta Dictaminadora considera procedente la derogación de los derechos por la reposición de la constancia de nacionalidad mexicana y cartas de naturalización, a fin de únicamente prever el pago de copias certificadas por las mismas. Lo anterior en congruencia con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Nacionalidad vigente.

En materia energética, la que dictamina estima conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal consistente en derogar diversos derechos a cargo de Petróleos Mexicanos por permisos de construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones, así como por la revisión y verificación de pruebas hidrostáticas y de hermeticidad de ductos y circuitos, en materia de refinación de petróleo, elaboración y procesamiento del gas y petroquímicos básicos, considerando que el Reglamento de Trabajos Petroleros -que constituía el fundamento jurídico para la prestación de dichos servicios- fue abrogado a través del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, por lo que los trámites respectivos han quedado sin efectos.

Esta Dictaminadora considera pertinente derogar el derecho de sanidad agropecuaria por el certificado fitosanitario o zoosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, toda vez que el artículo 90-F de la Ley Federal de Derechos contempla un derecho por la expedición de permisos de liberación de organismos genéticamente modificados bajo la modalidad experimental, programa piloto y comercial, en virtud de que se estima que esta medida brindará mayor certeza jurídica a los contribuyentes solicitantes de servicios relacionados con los organismos genéticamente modificados y disminuirá sus cargas tributarias.

Por otra parte, esta Comisión coincide con el Ejecutivo Federal en la derogación del derecho por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental, en virtud de que dicha medida obedece a la eliminación definitiva del trámite, generando en consecuencia la eliminación de las cargas administrativas y tributarias que enfrentan los solicitantes de los servicios que se proporcionan en esta materia.

En atención a que mediante el Acuerdo por el que se eliminan requisitos, se simplifican trámites y se dan a conocer formatos que aplica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las materias que se indican, publicado el 29 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se deroga el trámite denominado “Propuesta de condiciones particulares de manejo de residuos peligrosos”, la que dictamina estima procedente la derogación del derecho correspondiente, a efecto de otorgar seguridad jurídica a los solicitantes de dichos servicios.

Asimismo, esta Dictaminadora está de acuerdo con la propuesta de derogar el derecho por la expedición de cartas náuticas, digitales y electrónicas, considerando que con los avances tecnológicos e informáticos, actualmente es posible ofrecer a los particulares el acceso a dichas cartas sin que tengan que pagar un derecho por su obtención.

En materia de salud, la que dictamina considera procedente la derogación de los derechos relativos a los servicios de laboratorio que proporciona la Secretaría de Salud, observando que el costo por la prestación de este tipo de servicios se puede recuperar a través del cobro de productos.

Esta Dictaminadora coincide con el Ejecutivo Federal en la necesidad de que se lleven a cabo medidas en materia de simplificación orientadas a generar mayores beneficios para los agentes económicos en el intercambio de bienes y servicios a través de los registros públicos a cargo de las dependencias de la Administración Pública Federal.

Bajo este contexto, esta Comisión considera acertada la derogación de diversos derechos relacionados con servicios registrales, los cuales representan una carga fiscal para los particulares en el ejercicio de su actividad económica y, a la vez, coincide con el Ejecutivo Federal en que esta medida impactará positivamente en la conformación de bases de datos actualizadas y confiables, en virtud de que la eliminación del pago del derecho incentivará a que los particulares acudan a los registros públicos con el objeto de proporcionar la información respectiva, destacándose por parte de esta Dictaminadora que en sí la política fiscal en materia registral debe orientarse a no constituir un obstáculo en el desarrollo de las actividades económicas o administrativas buscando, en consecuencia, la promoción y el acercamiento de los agentes económicos con la finalidad de contar con un adecuado control administrativo, recaudatorio, económico y/o estadístico.

Derivado de lo anterior, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público expresa su anuencia respecto la derogación de los siguientes derechos en materia registral:

• Por la expedición de la constancia de registro a distribuidores de publicaciones editadas e impresas en el extranjero.

• Por el registro de agentes promotores o su revalidación en el Registro de Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro o de instituciones públicas que realicen funciones similares.

• Por la inscripción y su renovación, así como por la modificación de la denominación o razón social en el registro de bancos, entidades de financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de inversión del extranjero.

• Por los servicios relacionados con el ejercicio de la función de Corredor Público en el Registro Mercantil y de Correduría.

• Por la inscripción en el registro de peritos mineros.

• Por el estudio y trámite de actos, contratos o convenios sujetos a inscripción en el Registro Público de Minería.

• Por los servicios que proporciona el Registro Nacional de Inversión Extranjera por la inscripción, la resolución de consultas y el otorgamiento de prórrogas a plazos establecidos en materia registral.

• Por el estudio y trámite de la solicitud de inscripción en el Registro de Telecomunicaciones.

• Por la inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano.

• Por los servicios de registro que proporcionan los institutos nacionales de Antropología e Historia o de Bellas Artes y Literatura.

• Por los servicios de inscripción y cancelación de actos, así como de expedición de certificados de no propiedad federal en el Registro Público de la Propiedad Federal.

• Por los servicios de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua de la transmisión de los títulos de concesión, asignación o permiso y la inscripción de los cambios que se efectúen en dichos títulos.

Por otra parte, esta Dictaminadora considera acertado lo planteado por el Ejecutivo Federal respecto a especificar en el cuarto párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, que cuando el pago de derechos deba efectuarse en una fecha posterior al inicio de la prestación del servicio o del otorgamiento del uso, goce o explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, se dejará de prestar el servicio o se interrumpirá el uso, goce o explotación o aprovechamiento de los bienes de que se trate si no se efectúa el pago de la totalidad de la cuota en los plazos que correspondan.

En materia migratoria, esta Comisión estima conveniente que en el derecho correspondiente a la autorización en la que se otorga la calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros, se sustituya la denominación de “Visitante Hombre de Negocios” por la de “Visitante Persona de Negocios”, ya que dicha medida es congruente con el Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en el que se modifican dichas denominaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010.

Asimismo, la que dictamina estima apropiado exentar del pago de derechos por servicios migratorios a quienes se les otorgue la calidad migratoria de no inmigrante, bajo la característica de Visitante en su modalidad de Protección Internacional y Razones Humanitarias, a fin de dar debido cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado por México el 13 de diciembre de 2000 y ratificado por el Senado el 22 de octubre del 2002, el cual señala la obligación de adoptar medidas legislativas y otras apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas, permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.

La que dictamina considera acertado modificar el esquema de pago de derechos por inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Sociedades de Inversión, a efecto de establecer una cuota fija para el pago del derecho a su cargo, así como prever la opción de pagar dicho derecho en razón al resultado que se obtenga de una fórmula que tome en consideración su operatividad, la cual utilizaría como base de cálculo el monto menor entre la totalidad de compras y ventas de activos objeto de inversión, valuadas al precio al cual se hayan negociado.

Asimismo, esta Dictaminadora estima conveniente derogar el cobro de las cuotas por concepto de la inspección y vigilancia que llevaba a cabo la Comisión Nacional Bancaria respecto del Fondo de la Vivienda Militar, toda vez que mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado el 20 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se eliminaron las facultades que se le otorgaban a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar a dicho Fondo.

Por otra parte, esta Comisión coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal de adecuar las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Derechos para hacer referencia al estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, autorización para la constitución y operación de las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV, Organismos de Integración Financiera Rural y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, derivado de que a partir de la vigencia del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es quien autoriza la constitución y operación de dichas entidades financieras u organismos de integración.

Adicionalmente, la que dictamina considera necesario actualizar las disposiciones de la Ley Federal de Derechos con el objeto de prever el cobro de los derechos de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, derivado de las modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En ese mismo orden de ideas, esta Dictaminadora apoya la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de adecuar la Ley Federal de Derechos a efecto de que se contemple el pago por los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores y a las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo necesario adicionar un esquema de cobro similar al de las Sociedades de Inversión, el cual se basa en una cuota fija, y a su vez se otorgue una opción para que el citado Fondo pueda pagar la cuota que resulte de una fórmula que se especificaría en la Ley de la materia.

Esta Comisión considera adecuado incorporar una disposición transitoria que prevea que las instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, casas de bolsa y sociedades de inversión podrán optar por pagar la cuota que corresponda conforme a la Ley Federal de Derechos por concepto de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, la cuota que hubieran pagado durante el ejercicio fiscal de 2010, más un 10 por ciento.

Igualmente, la que dictamina considera apropiado reformar los derechos relativos a la aprobación de las Unidades de Verificación, Laboratorios de Pruebas u Organismos de Certificación y a la autorización para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos en las normas oficiales mexicanas, con el objeto de establecer, en términos genéricos, una sola cuota aplicable a todas las aprobaciones y otra cuota general para las autorizaciones que en esas materias otorga la Secretaría de Energía y no solamente la Dirección General de Gas L.P. adscrita a dicha dependencia, homologándose así el tratamiento para todos aquellos contribuyentes que solicitan los servicios antes mencionados.

En otro orden de ideas, observando que la Ley Federal de Derechos comprende el cobro por la expedición de la licencia de estaciones de radio a bordo de barcos y aviones, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima pertinente ubicar dicho derecho en el Título I de la Ley Federal de Derechos, relativo a los servicios que proporciona el Estado en funciones de derecho público y no en el Título II que corresponde a los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación como actualmente se contempla.

Es de especial interés para esta Dictaminadora que las aeronaves nacionales o extranjeras que presten servicios de búsqueda o salvamento, auxilio en zonas de desastre, combatan epidemias o plagas, así como cuando realicen vuelos de grupos de ayuda médica con fines no lucrativos, los de asistencia social, los de fumigación y los que atienden situaciones de emergencia, tanto nacionales como internacionales, o bien se encuentren destinadas a la salvaguarda de las instituciones, seguridad nacional y combate al narcotráfico, en misiones diplomáticas o que participen en festivales aéreos organizados por la autoridad aeronáutica, entre otras, no cubran el derecho relativo a la autorización de extensión de horario en los aeródromos civiles, a fin de facilitar la realización de dichas actividades, con lo cual se logrará obtener un tratamiento similar al que actualmente gozan por los derechos relativos a la extensión de horarios en aeropuertos que cobra el órgano desconcentrado denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Esta Comisión coincide con el Ejecutivo Federal en la necesidad de establecer distintas exenciones a efecto de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pague determinados derechos por servicios que ella misma proporciona correspondientes a: i) certificaciones de las ayudas a la navegación aérea; ii) la verificación menor a los Centros de Formación, Capacitación y Adiestramiento operados por la misma; iii) la expedición de capacidades y licencias a su personal técnico aeronáutico; iv) el permiso para sus talleres aeronáuticos, y v) los exámenes de conocimientos de aviación civil, permisos de formación o capacitación y obtención, convalidación y recuperación de licencias y certificados, solicitados por su personal con actividades en materia de seguridad nacional.

Esta Dictaminadora considera apropiado homologar las disposiciones de la Ley Federal de Derechos con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, por lo que estima adecuado actualizar el derecho por la autorización de importación de materiales peligrosos con el objeto de incluir a los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias o materiales tóxicos en el concepto de cobro del derecho respectivo, a efecto de que la autoridad pueda recuperar los costos que le implica prestar servicios antes mencionados.

En materia de salud, en atención a la competencia otorgada a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para autorizar el registro y expedir certificados de libre venta y exportación de plaguicidas y nutrientes vegetales, así de como otorgar permisos de importación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, la que dictamina estima procedente la derogación de los artículos 195-L-1, 195-L-2 y 195-L-3 previstos en la Sección Quinta, del Capítulo XIV, del Título I, de la Ley Federal de Derechos, con el objeto de reubicar su contenido en el artículo 195-A de la propia Ley correspondiente a las autorizaciones, permisos, solicitudes y registros en materia de riesgos sanitarios, con el objeto de otorgar certeza jurídica a los solicitantes de dichos servicios.

En esta misma materia, esta Dictaminadora coincide con el Ejecutivo Federal en la necesidad de actualizar el concepto del derecho por la expedición de la licencia sanitaria para establecimientos con disposición de órganos y tejidos, con el objeto de incluir la palabra “células” y de esta forma homologarlo con la denominación del trámite respectivo de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, en el cual se contempla el trámite denominado “Licencia Sanitaria para establecimientos de atención médica. Modalidad B, para establecimientos con disposición y/o bancos de órganos, tejidos y células”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009.

En ese orden de ideas, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público apoya la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de modificar los derechos relativos a la expedición de la licencia sanitaria para establecimientos de diagnóstico médico así como el correspondiente al permiso para el responsable de la operación y funcionamiento de los mismos, con el objeto de que se señale a los establecimientos de diagnóstico médico con “fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico” en sustitución de “rayos X” como se prevé en la actualidad, a efecto de homologar la terminología de la Ley General de Salud con las de la Ley Federal de Derechos.

En lo que respecta a las modificaciones de la Ley Federal de Derechos planteadas en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en materia hídrica esta Comisión estima procedente modificar la mecánica de pagos provisionales y la declaración anual de ajuste que actualmente contempla la Ley Federal de Derechos, por la de pagos trimestrales definitivos a afecto de agilizar y fortalecer el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Comisión Nacional del Agua y con la intención de simplificar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia hidráulica.

Igualmente, con el fin de fortalecer el ejercicio de las facultades de comprobación de la Comisión Nacional del Agua y efectuar una mejor fiscalización de los usuarios, la que dictamina coincide con el Ejecutivo Federal en la conveniencia de ampliar las facultades de comprobación de la citada Comisión para que cuente con los elementos suficientes y pertinentes cuando determine presuntivamente el uso, explotación o aprovechamiento de volúmenes de agua.

Finalmente, a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y a las autoridades competentes, esta Dictaminadora considera necesaria la inclusión de una fórmula que determine presuntivamente los volúmenes usados, explotados o aprovechados por los particulares considerando la densidad del agua, la constante gravitacional, las unidades de tiempo, la energía facturada en sus procesos, la profundidad del nivel de agua, así como la eficiencia del sistema motor-bomba, en virtud de que actualmente no obstante que existe una disposición que señala ciertos datos que pueden ser empleados para la determinación presuntiva del volumen de agua que se utiliza, no especifica claramente de qué forma se interrelacionan dichos datos para poder obtener presuntivamente el volumen de agua que se haya consumido.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración del Pleno el siguiente

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único.Se reforman los artículos 3o., cuarto párrafo; 4o., penúltimo párrafo; 8o., fracción III; 17; 19-H, en su encabezado; 29, fracciones XI y XII; 29-D, fracciones IX, X y XI, y último párrafo del artículo; 29-E, en su encabezado y fracción XVII; 29-I, primer párrafo y actual sexto párrafo; 41, último párrafo; 60; 61; 130; 159, fracción II, segundo párrafo; 191-A, fracciones I, III, en su encabezado e inciso b) y VI; 194-T, fracción VIII; 194-T-4; 195-A, fracciones IV, VII y X, inciso a); 195-C, fracción III, inciso a); 195-G, fracción III, inciso c); 195-K-9; 195-K-10, en su encabezado; 226, primer párrafo; 227; 228, fracciones II, III y VI, y 229, en su encabezado y fracción III; así como la denominación de la Sección Segunda del Capítulo VII del Título I; se adicionanlos artículos 3o., con un último párrafo; 18-A, con un último párrafo; 29-G, con un último párrafo; 29-I, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero a noveno párrafos, respectivamente; 30-A, con una fracción IX; 31-A, con una fracción IX; 131; 153, con un último párrafo; 154, fracción V, con un último párrafo; 155, fracción IV, con un último párrafo; 157, con un último párrafo; 161, con un último párrafo; 195-A, con una fracción XIII; 228, con las fracciones VII y VIII; 229, con un penúltimo y último párrafos, y 238-C, con un último párrafo, y se deroganlos artículos 14-A, último párrafo; 19, fracción VI; 19-1; 19-E, fracción VII; 19-H, fracciones I, III y V, y último párrafo; 26, fracciones I, inciso b), II, inciso c) y III, inciso b); 29-D, fracción XXI; 32; 33; 53-D; 53-E; 53-F; 53-I; 53-J; 61-A; 61-B; 61-C; 62; 64, fracción V; 65; 71; 77; 86-C, fracción III; 103; 135; 141-A, fracciones I y IV, incisos a), numeral 1 y b), numeral 1; 171-A, fracción I, incisos c) y d); 171-B; 171-C; 171-D; 171-E; 172-H; 179, fracción I; 185-A; 190-B, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XII; 191-E; 192-C, fracciones I y II; 194-H, fracción VII; 195-B; 195-L-1; 195-L-2; 195-L-3; 195-S; 195-Z; 198-B; 226, segundo párrafo; 240, fracción X, y 282, fracción IV, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

“Artículo 3o. . . .

Cuando el pago de derechos deba efectuarse en una fecha posterior al inicio de la prestación del servicio o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, por tratarse de servicios continuos o porque así se establezca, se dejará de prestar el servicio o se interrumpirá el uso, goce, explotación o aprovechamiento de los bienes, si no se efectúa el pago de la totalidad de la cuota en los plazos que correspondan.

. . .

Los beneficiarios de los destinos específicos a que se refiere esta Ley, estarán sujetos a lo previsto en el artículo 54, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4o. . . .

Cuando no se llenen los requisitos legales para la prestación de los servicios o para el otorgamiento del uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación, o se haya establecido alguna prohibición, el pago de los derechos correspondientes no implica necesariamente la prestación u otorgamiento de los mismos, en cuyo caso los derechos que se hayan pagado serán sin perjuicio de las multas que procedan.

. . .

Artículo 8o.. . .

III. Visitante Persona de Negocios o Visitante Consejero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $261.89

. . .

Artículo 14-A.. . .

(Se deroga último párrafo).

Artículo 17.No pagarán los derechos por los servicios a que esta Sección se refiere los extranjeros, cuando el tipo de trabajo o servicio a realizar tenga por remuneración el salario mínimo o ingresos de menor cuantía al mismo, o a quienes se les otorgue la calidad de No Inmigrante, bajo la característica de Visitante en la modalidad de Protección Internacional y Razones Humanitarias.

Artículo 18-A.. . .

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

Artículo 19.. . .

VI. (Se deroga).

Artículo 19-1.(Se deroga).

Artículo 19-E.. . .

VII. (Se deroga).

. . .

Artículo 19-H.Por el estudio, trámite y, en su caso, el otorgamiento de concesiones en territorio insular de jurisdicción federal, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. (Se deroga).

. . .

III. (Se deroga).

. . .

V. (Se deroga).

(Se deroga último párrafo).

Artículo 26.. . .

I. . .

b). (Se deroga).

II. . . .

c). (Se deroga).

III. . . .

b). (Se deroga).

Artículo 29.. . .

XI. Por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, autorización para la constitución y operación de las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $29,565.12

XII. Por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, autorización para la constitución y operación de sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y Organismos de Integración Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. . . . . . . . . . .$17,739.07

El derecho a que se refiere esta fracción se pagará también por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, autorización para realizar operaciones de ahorro y préstamo, de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

. . .

Artículo 29-D.. . .

IX. Cada Federación constituida en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular pagará una cuota de $2’500,000.00, o bien, podrá optar por pagar una cuota equivalente al resultado de la suma de las siguientes cantidades relativas a cada una de las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias u organismos de integración financiera rural, que supervise:

a). El resultado de multiplicar 0.10000 al millar, por el valor de sus pasivos totales;

b). El resultado de multiplicar 0.25000 al millar, por el valor de su cartera de crédito vencida, y

c). El resultado de multiplicar 0.00800 al millar, por el valor de su cartera de crédito total menos las reservas preventivas.

En caso de optar por pagar la cuota equivalente al resultado de la suma de las cantidades obtenidas de las operaciones contenidas en los incisos a), b) y c) anteriores, tal cuota en ningún caso podrá ser inferior a $20,000.00 por cada una de las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias u organismos de integración financiera rural que supervise la Federación de que se trate.

X. El Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores pagará una cuota de $15’000,000.00, o bien, podrá optar por pagar una cuota equivalente al resultado de la suma de las siguientes cantidades relativas a cada una de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que supervise:

a). El resultado de multiplicar 0.10000 al millar, por el valor de sus pasivos;

b). El resultado de multiplicar 0.25000 al millar, por el valor de su cartera de crédito vencida, y

c). El resultado de multiplicar 0.00800 al millar, por el valor de su cartera de crédito menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.

En caso de optar por pagar la cuota equivalente al resultado de la suma de las cantidades obtenidas de las operaciones contenidas en los incisos a), b) y c) anteriores, en ningún caso dicha cuota podrá ser inferior a $20,000.00 por cada sociedad que supervise el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

XI. Cada entidad que pertenezca al sector de Sociedades de Inversión, entendiéndose para estos efectos a las entidades que cuenten con autorización para constituirse y operar como tales en términos de la legislación aplicable, excluyendo a las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Ahorro para el Retiro, pagará una cuota de $1’080,000.00, o bien, podrá optar por pagar el equivalente al valor que resulte menor entre el total de las operaciones de venta de activos objeto de inversión que realice la Sociedad de Inversión y el total de las operaciones de compra de dichos activos, multiplicado por 0.0065 al millar.

La cuota que resulte de la aplicación de la opción prevista en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a ........................................................ $20,000.00.

Cuando las sociedades de inversión paguen derechos por inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, no se pagarán cuotas adicionales por inspección y vigilancia en el ejercicio fiscal correspondiente.

. . .

XXI. (Se deroga).

En la elaboración de los cálculos aritméticos a que se refieren las fracciones I a X y XII a XX del presente artículo, no se considerarán los resultados negativos que, en su caso, se obtengan durante el proceso de cómputo de la cuota, salvo lo dispuesto en el inciso b) de la fracción VI de este artículo.

Artículo 29-E.Las entidades, ya sean personas físicas o morales, o fondos de protección, que se indican a continuación, incluyendo a las filiales de entidades financieras del exterior de cualquier tipo, pagarán por los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las siguientes cuotas:

. . .

XVII. El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular pagará la cuota de:      $20,000.00

. . .

Artículo 29-G. . . .

Las Federaciones, así como el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores que conforme a lo previsto en el artículo 29-D, fracciones IX y X de esta Ley, respectivamente, hayan ejercido la opción establecida en las fracciones antes mencionadas, ajustarán la cuota respectiva en virtud de la incorporación de sociedades u organismos de integración que supervisen y cubrirán la diferencia que corresponda el día hábil siguiente a aquél en que dichas sociedades u organismos inscriban en el Registro Público de Comercio la autorización otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o queden sujetas a la supervisión de la Federación, según sea el caso. El referido ajuste se rea-lizará proporcionalmente sobre la cuota mínima a que se refiere el artículo 29-D, fracciones IX o X de este ordenamiento, según corresponda, a partir de esa fecha y hasta la conclusión del ejercicio fiscal.

Artículo 29-I.Para la determinación de los montos de los derechos a pagar correspondientes a los artículos 29-D fracciones I a VIII, XII a XVIII y XX, y 29-H de esta Ley o en caso de haberse ejercido la opción contenida en las fracciones IX y X del citado artículo 29-D, incluyendo en todos estos casos a las filiales de entidades financieras del exterior de cualquier tipo, deberá utilizarse el promedio mensual de los datos o cifras de las variables que según se trate apliquen, correspondientes al periodo comprendido entre los meses de agosto del ejercicio fiscal inmediato anterior del año en que se haga el cálculo y los once meses previos a éste. En su caso, se utilizará la información más reciente con la que cuente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para la determinación de los montos de los derechos a pagar correspondientes a la fracción XI del artículo 29-D de esta Ley, incluyendo a las filiales de entidades financieras del exterior de cualquier tipo, y en caso de que las Sociedades de Inversión hayan ejercido la opción establecida en dicha fracción, se deberá utilizar el total de las operaciones de venta de activos objeto de inversión que realice la Sociedad de Inversión, o el total de las operaciones de compra de dichos activos, según sea el caso, valuadas al precio al cual hayan sido negociadas, correspondientes al periodo comprendido entre los meses de agosto del ejercicio fiscal inmediato anterior del año en que se haga el cálculo y los once meses previos a éste. En su caso, se utilizará la información más reciente con la que cuente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

. . .

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer a las entidades de los sectores correspondientes, como facilidad administrativa, el resultado de las operaciones aritméticas previstas en el artículo 29-D de esta Ley según la información que le sea proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

. . .

Artículo 30-A.. . .

IX. Por la presentación de una sola prueba del examen de acreditación de la capacidad técnica, para ejercer la actividad de agente de seguros persona física o apoderado de agente de seguros persona moral $300.00

Artículo 31-A.. . .

IX. Por la presentación de una sola prueba del examen de acreditación de la capacidad técnica, para ejercer la actividad de agente de fianzas persona física o apoderado de agente de fianzas persona moral   $300.00

Artículo 32.(Se deroga).

Artículo 33.(Se deroga).

Artículo 41.. . .

Los plazos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el almacén reciba las mercancías.

Artículo 53-D.(Se deroga).

Artículo 53-E. (Se deroga).

Artículo 53-F. (Se deroga).

Artículo 53-I. (Se deroga).

Artículo 53-J. (Se deroga).

Artículo 60.Por el análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de aprobaciones que emita la Secretaría de Energía, como Unidades de Verificación, Laboratorios de Pruebas u Organismos de Certificación, para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, se pagarán derechos por cada solicitud, independientemente del número de aprobaciones emitidas, con la siguiente cuota:     $3,157.00

Artículo 61.Por el análisis de la solicitud y, en su caso, la autorización que emita la Secretaría de Energía, para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos en las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se pagarán derechos con la siguiente cuota:   $1,950.00

Artículo 61-A.(Se deroga).

Artículo 61-B.(Se deroga).

Artículo 61-C.(Se deroga).

Artículo 62.(Se deroga).

Artículo 64.. . .

V. (Se deroga).

Artículo 65.(Se deroga).

Artículo 71.(Se deroga).

Artículo 77.(Se deroga).

Sección SegundaSanidad Fitozoosanitaria

Artículo 86-C.. . .

III. (Se deroga).

Artículo 103.(Se deroga).

Artículo 130.Por el otorgamiento del permiso para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión, se pagará el 50% de los derechos establecidos en los artículos 124 y 125 de esta Ley, según corresponda.

Artículo 131.Por la expedición de licencias de estaciones de radio a bordo de barcos y aviones    $638.23

Artículo 135.(Se deroga).

Artículo 141-A.. . .

I. (Se deroga).

. . .

IV. . . .

a). . . .

1. (Se deroga).

. . .

b). . . .

1. (Se deroga).

. . .

Artículo 153.. . .

No se pagará el derecho a que se refiere la fracción VIII de este artículo, por las certificaciones solicitadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 154.. . .

V. . . .

No se pagarán los derechos a que se refiere esta fracción, por los vuelos que realicen las aeronaves nacionales o extranjeras con alguna de las finalidades siguientes:

a). Prestar servicios de búsqueda o salvamento, auxilio en zonas de desastre, combate de epidemias o plagas, así como los vuelos de grupos de ayuda médica con fines no lucrativos, los de asistencia social, los de fumigación y los que atienden situaciones de emergencia, tanto nacionales como internacionales.

b). La salvaguarda de las instituciones públicas, seguridad nacional y al combate al narcotráfico.

c). Ser utilizadas en misiones diplomáticas acreditadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre y cuando existan convenios de reciprocidad.

d). La verificación y certificación de radares y radioayudas a la navegación aérea propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

e). Participar en festivales aéreos organizados por la autoridad aeronáutica.

Artículo 155.. . .

IV. . . .

No se pagará el derecho a que se refiere esta fracción cuando se verifique a los Centros de Formación, Capacitación y Adiestramiento operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 157.. . .

No se pagará el derecho a que se refiere este artículo por la expedición de capacidades y licencias al personal técnico aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con actividades en materia de seguridad nacional.

Artículo 159.. . .

II. . .

No se pagará el derecho establecido en esta fracción cuando los permisos se otorguen para talleres aeronáuticos o centros de capacitación o adiestramiento que los concesionarios, permisionarios, autorizados u operadores de servicios establezcan con motivo de su propia operación o de la Ley Federal del Trabajo, así como aquellos que son parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

. . .

Artículo 161.. . .

No se pagarán los derechos a que se refiere este artículo cuando sean solicitados por el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con actividades en materia de seguridad nacional.

Artículo 171-A.. . .

I. . .

c). (Se deroga).

d). (Se deroga).

. . .

Artículo 171-B.(Se deroga).

Artículo 171-C.(Se deroga).

Artículo 171-D.(Se deroga).

Artículo 171-E.(Se deroga).

Artículo 172-H.(Se deroga).

Artículo 179.. . .

I. (Se deroga).

. . .

Artículo 185-A.(Se deroga).

Artículo 190-B.. . .

I. (Se deroga).

II. (Se deroga).

III. (Se deroga).

IV. (Se deroga).

V. (Se deroga).

VI. (Se deroga).

VII. (Se deroga).

VIII. (Se deroga).

. . .

XII. (Se deroga).

. . .

Artículo 191-A.. . .

Por el otorgamiento o autorización de sustitución de concesiones para la pesca comercial           $8,184.71

. . .

III. Por el otorgamiento de permiso para:

. . .

b). La recolección del medio natural de reproductores: $713.36

. . .

VI. Por el otorgamiento de permiso para acuacultura didáctica     $1,905.60

. . .

Artículo 191-E.(Se deroga).

Artículo 192-C.. . .

I. (Se deroga).

II. (Se deroga).

. . .

Artículo 194-H.. . .

VII. (Se deroga).

. . .

Artículo 194-T.. . .

VIII. Prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos      $4,631.08

. . .

Artículo 194-T-4.Por la recepción, análisis y, en su caso, autorización de la solicitud para importar plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias o materiales tóxicos o peligrosos, así como para exportar materiales peligrosos, se pagará la cuota de: ................................ $1,000.00

Artículo 195-A.. . .

IV. Por la solicitud y, en su caso, el registro de plaguicidas, según la categoría toxicológica que le corresponda, y nutrientes vegetales, se pagará el derecho de registro por cada producto, conforme a las siguientes cuotas:

a). Categoría toxicológica 1                    $53,217.22

b). Categoría toxicológica 2                    $44,347.68

c). Categoría toxicológica 3                    $31,168.68

d). Categoría toxicológica 4                    $22,469.49

e). Categoría toxicológica 5                    $15,713.00

f). Nutrientes vegetales               $4,990.89

. . .

VII. Por la solicitud y, en su caso, el otorgamiento de cada permiso para la importación de plaguicidas, según la categoría toxicológica que le corresponda, y de nutrientes vegetales y de sustancias tóxicas, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

a). Categoría toxicológica 1                        $19,956.46

b). Categoría toxicológica 2                        $10,136.11

c). Categoría toxicológica 3                        $4,363.62

d). Categoría toxicológica 4                        $1,685.21

e). Categoría toxicológica 5                        $1,207.00

f). Nutrientes vegetales                   $2,988.04

g). Sustancias tóxicas                                   $2,968.60

. . .

X. . . . .

a). Establecimientos con disposición de órganos, tejidos y células             $7,948.80

. . .

XIII. Por la expedición de cada certificado de plaguicidas o nutrientes vegetales, se pagará el derecho de certificados, para libre venta o para exportación conforme a la cuota de: $2,227.34

Artículo 195-B.(Se deroga).

Artículo 195-C.. . .

III. . . .

a). Constatación de destrucción.... $1,765.61

. . .

Artículo 195-G.. . .

III. . . .

c). Por cada solicitud del permiso sanitario de importación para donación            $212.70

. . .

Artículo 195-K-9.Por la solicitud y, en su caso, expedición de licencia sanitaria para establecimientos que utilicen fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, se pagarán derechos conforme a la cuota de: $4,576.06

Por la solicitud de modificación a las condiciones de la licencia sanitaria señalada en este artículo se pagará el 75% del derecho que corresponda.

Artículo 195-K-10.Por la expedición y modificación de permiso de responsable de la operación y funcionamiento de establecimientos que utilicen fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

. . .

Artículo 195-L-1.(Se deroga).

Artículo 195-L-2.(Se deroga).

Artículo 195-L-3.(Se deroga).

Artículo 195-S.(Se deroga).

Artículo 195-Z.(Se deroga).

Artículo 198-B.(Se deroga).

Artículo 226.El contribuyente calculará el derecho sobre agua por trimestre y efectuará su pago a más tardar el día 17 de los meses de enero, abril, julio y octubre, mediante declaración trimestral definitiva que presentará en las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. El pago se hará por el derecho que corresponda al agua que se haya usado, explotado o aprovechado durante los tres meses inmediatos anteriores, para lo cual el citado contribuyente efectuará la lectura del aparato de medición durante el último día hábil del trimestre de que se trate, y del resultado obtenido disminuirá la lectura efectuada el último día del trimestre anterior.

(Se deroga segundo párrafo).

. . .

Artículo 227.Cuando no se pueda medir el volumen de agua, como consecuencia del cambio, descompostura, alteración o desajuste del aparato de medición, por causas no imputables al contribuyente, el derecho sobre agua se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos extraídos en promedio durante los cuatro últimos trimestres.

Cuando no exista aparato de medición o éste no se hubiere reparado, repuesto o ajustado dentro de los tres meses siguientes a su descompostura, cambio, desajuste o alteración, el pago trimestral del derecho por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, se efectuará conforme a lo siguiente:

I. Para aquellos usuarios que cuenten con título de asignación, concesión, permiso o autorización, se aplicará el volumen correspondiente a la cuarta parte del volumen total que tengan asignado, concesionado, permisionado o autorizado.

II. Para aquellos usuarios que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales de hecho, se estará al procedimiento previsto en la fracción III del artículo 229 de esta Ley.

Artículo 228.. . .

II. No funcione el aparato de medición y tal circunstancia no se haya informado dentro del plazo que se establece en el artículo 225 de esta Ley o habiéndolo informado dicho aparato no se hubiera reparado dentro del trimestre siguiente.

III. Estén rotos los sellos o se haya alterado o desajustado el funcionamiento, del aparato de medición.

. . .

VI. Cuando no se lleven los registros de las lecturas del aparato de medición, se lleven incorrectamente o en contravención de lo dispuesto por el artículo 225 de la presente Ley, o bien, no se conserven en los términos de lo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

VII. Se lleven a cabo instalaciones hidráulicas o derivaciones de agua sin la autorización respectiva o cuando se realicen modificaciones o manipulaciones a las tuberías o ramales de distribución.

VIII. Cuando se detecte que se lleva a cabo el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales de hecho.

. . .

Artículo 229.Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, se calculará el derecho a que se refiere este Capítulo, considerando lo dispuesto en cualquiera de las siguientes fracciones:

. . .

III. Calculando la cantidad de agua que el contribuyente pudo obtener durante el trimestre para el cual se efectúe la determinación, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

VAEE=368.073413 X EF X eHa

Donde:

VAEE: Volumen de Agua Estimado Extraído (en metros cúbicos)

368.073413: Constante de relación de p (densidad del agua), g (constante gravitacional) y unidades t (unidades de tiempo)

EF: Energía Facturada (en kilowatts hora)

Ha: Profundidad del nivel de agua (en metros)

e: Eficiencia del sistema motor-bomba

El consumo de Energía Facturada correspondiente al trimestre a determinar presuntivamente que se tomará en cuenta para los efectos de esta fracción, será el que corresponda al promedio diario de consumo en kilowatts hora señalado en la factura de que se trate y se multiplicará por el número de días correspondientes a dicha factura que se encuentren comprendidos en el trimestre sujeto a la determinación debiéndose considerar cada una de las facturas que comprenda el citado trimestre. La suma de los resultados de las operaciones anteriores, será la que se utilice en la fórmula a que se refiere esta fracción, a fin de obtener el Volumen de Agua Estimado Extraído al trimestre.

Cuando no se cuente con la información del total de la Energía Facturada correspondiente al trimestre a determinar presuntivamente, se considerará cualquier promedio diario de consumo en kilowatts hora con el que se cuente, de preferencia el más reciente al trimestre a determinar; dicho promedio diario se multiplicará por el número de días que comprendan el trimestre a determinar, y el resultado obtenido será el dato que se utilice en la fórmula a que se refiere esta fracción, a fin de obtener el Volumen de Agua Estimado Extraído al trimestre.

. . .

En el caso de contribuyentes que cuenten con títulos de asignación, concesión, autorización o permisos, si el volumen señalado en los mismos resulta menor al volumen que se obtenga de la información y documentación con que cuenten la Comisión Nacional del Agua o el Servicio de Administración Tributaria, se deberá considerar este último.

Tratándose de contribuyentes que efectúen el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales de hecho, se deberá considerar el volumen que resulte mayor de aquellos con los que cuenten la Comisión Nacional del Agua o el Servicio de Administración Tributaria, en caso de contar con varios de ellos.

Artículo 238-C.. . .

Los residentes de la zona de influencia de las Áreas Naturales Protegidas que realicen algunas de las actividades a que se hace referencia en este precepto, que demuestren dicha calidad ante la autoridad competente, pagarán el 50% de la cuota establecida en el presente artículo.

Artículo 240.. . .

X. (Se deroga).

Artículo 282.. . .

IV. (Se deroga).

. . .”

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011.

Segundo.Durante el año de 2011, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

I. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales que se extraigan y utilicen en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 7 a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.

II. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales que se utilicen en los municipios de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán y Hueyapan de Ocampo del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 9 a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.

III. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 232, fracción IV de la Ley Federal de Derechos, las personas físicas y morales que usen, gocen o aprovechen los bienes nacionales comprendidos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Aguas Nacionales, que realicen actividades agrícolas o pecuarias pagarán el 30% de la cuota establecida en dicha fracción.

IV. No pagarán el derecho a que se refiere el artículo 8o., fracción I de la Ley Federal de Derechos, los turistas que visiten el país por vía terrestre, cuya estancia no exceda de siete días en el territorio nacional. Para el caso que se exceda dicho periodo, el derecho se pagará al momento de la salida del territorio nacional.

V. En relación al registro de título de técnico o profesional técnico, técnico superior universitario o profesional asociado, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

a). Por el registro de título de técnico o profesional técnico, expedidos por Instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación del tipo medio superior, así como la expedición de la respectiva cédula profesional, se pagará el 30% del monto a que se refieren las fracciones IV y IX del artículo 185 de la Ley Federal de Derechos.

b). Por el registro de título de técnico superior universitario o profesional asociado, expedido por Instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación de tipo superior, así como por la expedición de la respectiva cédula, se pagará el 50% del monto a que se refieren las fracciones IV y IX del artículo 185 de la Ley Federal de Derechos.

VI. Para los efectos de los derechos por los servicios que presta la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, de conformidad con las fracciones XII y XIV del artículo 186 de la Ley Federal de Derechos, se pagará el 50% del monto establecido en dichas fracciones.

VII. No se pagará el derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223, apartado B de la Ley Federal de Derechos, cuando el concesionario entregue agua para uso público urbano a municipios o a organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En este caso, el concesionario podrá descontar del pago del derecho que le corresponda por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223, apartado A de la referida Ley, el costo comprobado de instalación y operación de la infraestructura utilizada para la entrega de agua de uso público urbano que el contribuyente hubiera hecho en el ejercicio fiscal de 2011, sin que en ningún caso exceda del monto del derecho a pagar. Lo anterior, previa aprobación del programa que al efecto deberá ser presentado a la Comisión Nacional del Agua.

VIII. Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere la fracción XI del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos que hayan ejercido la opción contenida en dicha fracción, así como aquéllas a que se refieren las fracciones III, IV y V del citado artículo 29-D, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refieren dichas fracciones conforme a lo dispuesto en las mismas, podrán optar por pagar la cuota que, de conformidad con las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2010, les hubiere correspondido para dicho ejercicio fiscal y que hayan enterado, más el 10% de dicha cuota.

Tratándose de las entidades financieras a que se refiere la fracción XI del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos que hayan ejercido la opción contenida en dicha fracción, así como aquéllas a que se refieren las fracciones III, IV y V del citado artículo 29-D, que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2010, los contribuyentes podrán optar por pagar el derecho de inspección y vigilancia que les hubiere correspondido enterar en dicho ejercicio fiscal más el 10% de dicha cuota, en lugar de la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2011 conforme a las fracciones III, IV, V y XI del artículo 29-D de la citada Ley, según sea el caso.

Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos en los términos previstos en esta fracción y realicen el pago anual durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2011, no les será aplicable el descuento del 5% establecido en la fracción I del artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos.

Tercero.No pagarán los derechos por la expedición de autorización en la que se otorgue la calidad migratoria de inmigrante bajo las características previstas en el artículo 9o., fracción I de la Ley Federal de Derechos, los extranjeros sujetos a los beneficios del “Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales, los extranjeros de cualquier nacionalidad que se encuentren de manera irregular en territorio nacional y manifiesten su interés de residir en el mismo, puedan promover la obtención de su documentación migratoria en la calidad de inmigrante con las características de profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiares, artistas o deportistas o bien, en la característica de asimilado en los casos que de manera excepcional se establecen en el presente”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2008.

Cuarto.Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, durante el ejercicio fiscal de 2011, el pago del derecho por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales utilizadas en los municipios del territorio mexicano que a continuación se señalan, se efectuará de conformidad con las zonas de disponibilidad de agua como a continuación se indica:

ZONA 6.

Estado de Oaxaca: Excepto los municipios comprendidos en las zonas 4, 5, 7, 8 y 9.

ZONA 7.

Estado de Oaxaca: Abejones, Concepción Pápalo, Guelatao de Juárez, Natividad, Nuevo Zoquiapam, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan Atepec, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan del Estado, San Juan Evangelista Analco, San Juan Chicomezúchil, San Juan Quiotepec, San Juan Tepeuxila, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel del Río, San Miguel Huautla, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, Santa Ana Yareni, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa María Apazco, Santa María Ixcatlán, Santa María Jaltianguis, Santa María Pápalo, Santa María Texcatitlán, Santa María Yavesía, Santiago Apoala, Santiago Huauclilla, Santiago Nacaltepec, Santiago Tenango, Santiago Xiacuí, Santos Reyes Pápalo, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán del Valle y Valerio Trujano.

ZONA 8.

Estado de Oaxaca: Loma Bonita.

Estado de Puebla: Chalchicomula de Sesma y Esperanza.

Estado de Tabasco: Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso.

ZONA 9.

Todos los municipios del Estado de Chiapas.

Estado de Oaxaca: Acatlán de Pérez Figueroa, Asunción Cacalotepec, Ayotzintepec, Capulálpam de Méndez, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cosolopa, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Eloxochitlán de Flores Magón, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ixtlán de Juárez, Mazatlán Villa de Flores, Mixistlán de la Reforma, San Andrés Solaga, San Andrés Teotilalpam, San Andrés Yaá, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolomé Ayautla, San Bartolomé Zoogocho, San Cristóbal Lachirioag, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San Francisco Cajonos, San Francisco Chapulapa, San Francisco Huehuetlán, San Ildefonso Villa Alta, San Jerónimo Tecóatl, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Coatzospam, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocón, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Tabaá, San Juan Yae, San Juan Yatzona, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lucas Camotlán, San Lucas Ojitlán, San Lucas Zoquiápam, San Mateo Cajonos, San Mateo Yoloxochitlán, San Melchor Betaza, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Miguel Yotao, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro Ocotepec, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Cruz Acatepec, Santa María Alotepec, Santa María Chilchotla, Santa María Jacatepec, Santa María la Asunción, Santa María Temaxcalapa, Santa María Teopoxco, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Yalina, Santiago Atitlán, Santiago Camotlán, Santiago Choapam, Santiago Comaltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Lalopa, Santiago Laxopa, Santiago Texcalcingo, Santiago Yaveo, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Xagacía, Tamazulapam del Espíritu Santo, Tanetze de Zaragoza, Totontepec Villa de Morelos, Villa Díaz Ordaz, Villa Hidalgo y Villa Talea de Castro.

Estado de Puebla: Coyomeapan, Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, Zoquitlán.

Estado de Tabasco: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

Estado de Veracruz: Alvarado, Ángel R. Cabada, Catemaco, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, José Azueta, Lerdo de Tejada, Omealca, Saltabarranca, Tatahuicapan de Juárez, Tierra Blanca y Tlalixcoyan y los municipios que no estén comprendidos en las zonas 6, 7 y 8.

Quinto.A partir del 1 de enero de 2011, y para los efectos del derecho establecido en el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, el municipio de Marquelia del Estado de Guerrero, queda incluido en la Zona II a que se refiere el artículo 232-D de dicho ordenamiento, en sustitución del Municipio de Azoyu, del mismo Estado de Guerrero.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a   de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica abstención), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica abstención), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria. Pregunte ahora si se dispensa la segunda lectura, en votación económica, y si se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a votación y discusión en esta sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora secretaria. Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Está a discusión el dictamen en lo general, para lo cual se han inscrito los diputados Mario di Costanzo Armenta, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia, en contra. Y a favor el diputado Manuel Acosta Gutiérrez.

Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Vengo a hablar en contra de este dictamen porque forma parte de esta estrategia acordada en lo oscurito por el PRI y el PAN y algunos diputados del PRD. Debo rectificar que no son todos, que hay importantes diputados que representan al movimiento de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD.

Pero debo señalar también que estos incrementos que traen en muchos derechos, tarifas por las que cobra el Estado, son parte de esta estrategia perversa que es dañar a la economía de los mexicanos y con mentiras.

Yo respeto también al diputado Penchyna, pero tampoco le permito que venga a mentir aquí en tribuna. Hace un rato vino a dar una serie de argumentos. Señaló que la eficiencia presupuestaria generaría 16 mil millones de pesos. Yo lo invito a ver la versión estenográfica de lo que sucedió hace un rato. Con dificultad el representante de hacienda pudo aclarar, después de mucho, que eran sólo 4 mil millones.

Pero más que eso, yo me pregunto qué credibilidad van a tener legisladores de un grupo parlamentario que hace tres semanas tomó la tribuna para exigir que disminuyera el IVA y días después acuerda en el club de industriales que el IVA no va a bajar.

Es lamentable y es lamentable que vengan a hacer afirmaciones a esta tribuna y que bajando de ella van a rectificar. Por qué. Pues porque finalmente es el pueblo quien está pagando estos acuerdos, es el pueblo quien está enfrentando un mayor costo de la vida y es el pueblo el que sufre los acuerdos que hacen ustedes con un gobierno que cada día muestra más su decadencia.

El hecho de que estén platicando nuevamente y estén comentando qué van a hacer el fin de semana refleja el poco interés que tienen por el país. No les bastó con acordarlo en el club de industriales. No les bastó con haber destinado unas pocas horas de la Comisión de Hacienda para el análisis de todo el paquete económico. No les bastó violar el principio constitucional que habla de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el paquete económico.

Están ahorita celebrando después de haber asistido a la fiesta brindada por el gobernador de Chihuahua, aquí junto, con una carne asada. Es lo que les importa, compañeros. No les importa la gente y mucho menos les ha importado debatir.

Suben aquí a hablar de cifras alegres para que en una o dos semanas estén recriminando nuevamente al nefasto gobierno que tenemos, al usurpador gobierno, es más, el presidente de la Comisión de Hacienda creo que ya no está. Es decir, él vino, convocó unas horas, se va y lo vemos hasta el próximo año, probablemente el 14 o 15 de octubre.

Qué pena y qué lástima. Qué lástima porque la ciudadanía sí se está dando cuenta, al menos hoy, de lo que están haciendo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Declina el diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Buenas noches, presidente de la Mesa Directiva, diputado Ramírez Marín. Buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados.

Así como en materia de seguridad pública existe una estrategia consistente en la creación de un Estado policíaco con recorte de derechos fundamentales, con centralización del poder policíaco, en materia de economía y hacienda existe la propensión en este gobierno a generar, a crear condiciones para un Estado que ve solamente por los intereses de los empresarios, exclusivamente por los intereses de los empresarios.

Es muy interesante leer este tipo de dictámenes por el tipo de expresiones, por la manera de manejar el lenguaje, de manipularlo, de simularlo. Por ejemplo, se utiliza en los considerandos la expresión simplificación fiscal. Lo que quiere decir en los hechos es derogación de contribuciones, el no pago de contribuciones.

¿Todo con qué finalidad? Con la finalidad de favorecer empresas. No se favorece la derogación de contribuciones, del contribuyente ordinario, del ciudadano común y corriente. Les voy a decir lo que se va a votar aquí. Se va a votar una lista de derechos que van a ser derogados, es decir, una lista de contribuciones que se está proponiendo su derogación con lo que la hacienda pública recaudará menos recursos, y esta derogación de contribuciones pues tiende a favorecer a empresarios, a grandes comerciantes, pero no al ciudadano común.

De esta manera se propone, por ejemplo, la derogación de los siguientes derechos en materia registral:

Por la expedición de la Constancia de Registro de Distribuidores de Publicaciones Editadas e Impresas en el Extranjero. O sea, traer libros del extranjero y publicaciones en general no implica el pago de derechos y contribuciones.

También se derogan los derechos, el pago de contribuciones, por el Registro de Agentes Promotores o su revalidación en el Registro de Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro o de instituciones públicas que realicen funciones similares.

Se derogan los derechos por la inscripción y renovación, así como modificación de la denominación o razón social en el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero.

Todas esas empresas e instituciones no pagarán derechos por inscribir, renovar o modificar su denominación o razón social. También se derogan los servicios relacionados con el ejercicio de la función de corredor público en el Registro Mercantil y Correduría. Se derogan las contribuciones por la inscripción en el Registro de Peritos Mineros.

Se derogan las contribuciones por los servicios que proporciona el Registro Nacional de Inversión Extranjera por la inscripción, la resolución de consultas y el otorgamiento de prórrogas a plazos establecidos en materia registral. Por el estudio y trámite de la solicitud de inscripción en el Registro de Telecomunicaciones. Se derogan los derechos por la inscripción en el Registro Ferroviario Mexicano.

Se derogan los derechos por los servicios de inscripción y cancelación de actos, así como de expedición de certificados de no propiedad federal en el Registro Público de la Propiedad Federal; y

Se derogan los servicios de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, por la transmisión de títulos de concesión, asignación o permiso, y la inscripción de los cambios que se efectúen en dichos títulos.

Como podemos observar, en la mayoría de los casos se trata de derogación de contribuciones que favorecen a empresarios, que favorecen a entidades bancarias, a instituciones fiduciarias, etcétera.

Estamos utilizando eufemismos y así se habla de simplificación fiscal. No nos engañemos, no digamos mentiras. Estamos derogando el pago de contribuciones para favorecer a empresarios...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Por su atención, muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.

No tenemos más intervenciones en esta materia. Por tanto, tome la votación, señora secretaria, de que se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora secretaria. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Avelino Méndez, ¿qué artículo, si es tan amable?

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): El artículo 86 C.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El artículo 86C, ¿de qué ley? De la Ley de Derechos. Se reserva el artículo 86 C de la Ley de Derechos. ¿Es el que se refiere a la derogación de la fracción III?

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Así es.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Presidente, para reservarme el artículo 263.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El artículo 263 de la Ley de Derechos queda reservado, también. ¿Alguna otra reserva de la asamblea? ¿Diputado Zamora? No tiene ninguna reserva.

Abra la Secretaría, por favor, el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): El artículo 263 no se encuentra en el dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le suplico al diputado López Portillo que especifique el numeral que ha reservado.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Presidente, es el artículo 263. Hay iniciativa y por eso me lo estoy reservando. Hay materia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a revisarlo en este momento. Gracias, diputado.

Mantenga abierto por 2 minutos más el sistema electrónico, la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 433 votos en pro, 7 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 433 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos 86 C, fracción III, por el diputado Avelino Méndez Rangel y el 263 por el diputado Jorge López-Portillo Basave.

Tiene por tanto la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel, para presentar su proposición en relación con el artículo 86 C.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Con su permiso, señor presidente. El motivo de mi reserva es que en este proyecto de decreto se deroga el artículo 86 C, que se refiere a un certificado fitosanitario, zoosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética.

La propuesta que tengo es que se mantenga tal cual, que este artículo no se derogue y que siga apareciendo en esta ley, porque desde mi punto de vista parece que es continuar por el camino de allanar la entrada de estos organismos genéticamente modificados al sector productivo de este país.

Es evidente que para muchos de ustedes el tema no es muy común. Sin embargo, aquí esta Cámara ha hecho ya varios foros para hablar de este tema, y en esos foros se mantiene la posición muy fuerte de que debemos ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos con la introducción de estos organismos genéticamente modificados y en particular, con el tema del maíz.

Así que para mí resulta una sorpresa que por esta vía de querer aprobar la derogación de este artículo se continúe avanzando lentamente para que estos organismos, que representan riesgos para la agricultura, para la producción y para nosotros como consumidores, se sigan introduciendo y se les sigan quitando mínimos requisitos que se requieren para que los conceptos de inocuidad, es decir, que no nos causen daño, prevalezcan sobre el interés comercial.

Es de ahí mi propuesta de que este artículo 86 C, tal como está redactado en la actualidad y que está en la ley que se aprobó el año pasado, que es el artículo 86 C y lo leo, fracción III: por el certificado fitosanitario, zoosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, se pague un concepto realmente simbólico, pero que significa un trámite que deben cumplir todas las empresas para la introducción de estos organismos.

Insisto y aquí veo a varios compañeros que hemos estado en esos foros, que hay un gran debate sobre la introducción de estos organismos. Yo les pediría con todo respeto que se mantengan estos requisitos para mantener a nuestra población y a la producción agropecuaria con mayores índices de certeza de que estos organismos van a ser, si es que se aprueba su introducción, van a ser introducidos de manera absolutamente segura para todos los mexicanos. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Pregunte por favor la Secretaría a la asamblea si se admite la reserva hecha por el diputado Abelino Méndez Rangel.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha y se reserva para votación nominal en términos del dictamen al final de la  discusión en lo particular.

Continúe la Secretaría. Le pregunto al diputado López Portillo si se mantiene la reserva presentada. Se declina, por consiguiente ponga la Secretaría a votación en lo particular, hasta por 5 minutos, el artículo 86 C, reservado por el diputado don Abelino Méndez Rangel, en los términos del dictamen. No se admitió a discusión, entonces está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo 86 C.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Es en términos del dictamen, que se va a llevar a cabo esta votación.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 346 votos en pro, 90 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Castillo registra su voto.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): En contra de abrirles las puertas a las transnacionales como DuPont, Monsanto y Cargill, porque aquí se le ponen los impuestos a la gente y se beneficia a las empresas transnacionales. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registra su voto, diputada. Gracias, diputada. Diputado Villegas.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul). A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor el diputado Villegas. Gracias, secretaria, disculpe.

Allá atrás el diputado Leobardo Soto.

El diputado Leobardo Soto Martínez(desde la curul): A favor. Gracias, diputados. Gracias, diputada.

El diputado Armando Corona Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto González Morales(desde la curul). A favor.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira(desde la curul): A favor...

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron 351 votos a favor, 91 en contra, 1 abstención, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Con fundamento en lo que dispone el artículo vigésimo del acuerdo parlamentario relativo a la discusión de dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día en virtud de que está publicado en la Gaceta y distribuir entre los señores diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En tal virtud y como se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y distribuidos entre los diputados, consulte la Secretaría si se dispensa la primera lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la primera lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 27 de abril de 2010 por el Senador Ernesto Saro Boardman, en nombre propio y de diversos legisladores.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En la sesión del 30 de abril de 2010, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 27 de abril de 2010 por el Senador Ernesto Saro Boardman, en nombre propio y de diversos legisladores, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La Iniciativa presentada por el Senador Ernesto Saro Boardman, tiene por objeto incrementar las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los productos del tabaco y la cuota específica aplicable a cada cigarro enajenado o importado.

Los argumentos que sustentan la iniciativa, de acuerdo con su exposición de motivos, son los siguientes:

Se señala que de conformidad con investigaciones e informes de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es un problema de salud pública y la primera causa de muerte prevenible en el mundo. En México el creciente consumo de productos del tabaco es una de las principales amenazas para la salud de la población ya que provoca más de 60,000 muertes al año.

Que los costos anuales de atención médica por las enfermedades atribuibles al consumo activo de tabaco en México se estimaron para 2009 entre 23 mil millones de pesos (escenario conservador) y 43 mil millones de pesos (escenario alto). Estas estimaciones de costos corresponden al límite inferior de la estimación de costos de atención médica a nivel nacional pues no se toman en cuenta los costos por todas las enfermedades atribuibles al consumo activo de tabaco, ni las pérdidas sustanciales de productividad, las cuales deben ser siempre consideradas.

Que de acuerdo con estudios internacionales, los países en desarrollo destinan a la atención médica de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco entre el 6% y el 15% del gasto anual en salud. Tomando en cuenta estos datos se estima que la presión de gasto total anual del sistema de salud por la atención de las enfermedades asociadas al tabaco, asciende a cerca de 45 mil millones de pesos.

Que la recaudación derivada por impuestos al tabaco es deficitaria en relación con el gasto público que se destina a la atención médica directa por las enfermedades atribuibles a tabaco. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que en el año 2008, la recaudación por el impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los productos del tabaco fue de 25 mil millones de pesos, mientras que el gasto para atención a problemas de salud podría acercarse a los 45 mil millones de pesos, generándose una brecha de déficit del orden de los 20 mil millones de pesos.

Que para hacer frente a los retos generados por el crecimiento en el consumo de tabaco y prevenir mayores presiones que en el futuro pudieran comprometer la capacidad de atención del problema y con ello dificultar o hacer nugatorio el derecho a la salud consagrado en la Constitución, es un deber del propio Estado utilizar los recursos e instrumentos que tenga a su disposición para inhibir el crecimiento del tabaquismo, utilizando las políticas públicas que se requieran para influir en la disminución de la demanda del cigarro y otros productos del tabaco.

Que de acuerdo con criterios de organismos internacionales, particularmente de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la política fiscal es el instrumento más efectivo para, mediante el alza en los precios, disminuir la demanda de productos de tabaco, particularmente entre los jóvenes y las personas con menor capacidad económica.

Que los impuestos indirectos, que por definición tienen una función recaudatoria, también permiten cumplir una finalidad extrafiscal como lo es la de inhibir el consumo de ciertos productos que pueden generar un problema de salud pública, como lo es el tabaco.

Con base en lo anterior, en la iniciativa se propone aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios que se aplica a los productos del tabaco, dado que se constituye en el mecanismo idóneo para cumplir con los objetivos antes señalados; esto es, por una parte, incrementar la recaudación de ingresos tributarios para otorgar mayores recursos a la federación, las entidades federativas y los municipios (dado el carácter participable y de asignación directa que tiene el citado impuesto), y por la otra, evitar el consumo de productos que atentan contra la salud pública del país, de manera particular el tabaco.

En este sentido se propone:

1. Incrementar la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios a los cigarros para que sea del 180% y no del 160%, como sucede actualmente.

También se propone incrementar la tasa aplicable a la enajenación e importación de puros y otros tabacos labrados, así como en los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, en la misma proporción del incremento propuesto a la tasa de los cigarros.

En el caso de los puros y otros tabacos labrados, se establece una tasa del 180%, mientras que para el caso de los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano una tasa de 34.2%.

2. Que el monto de la cuota específica señalada en el artículo 2, fracción I, inciso C), segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se aumente para quedar en 0.40 pesos por cigarro enajenado o importado, así como que su entrada en vigor sea inmediata y no gradual como se encuentra actualmente establecido de conformidad con el Decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios publicado el 27 de noviembre de 2009. También se propone que esta cuota se actualice conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de que no pierda su valor por el transcurso del tiempo.

3. En las disposiciones transitorias de la iniciativa, se propone derogar el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009, con el propósito de dotar de vigencia inmediata a la nueva cuota específica cuyo incremento se propone establecer en el artículo 2, fracción I, inciso C), segundo párrafo de la mencionada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión comparte las razones expresadas en la iniciativa que se dictamina, en virtud de que resulta necesario contar con mayores recursos fiscales para hacer frente a los gastos que provocan las enfermedades originadas por el tabaquismo, considerando que éste representa uno de los mayores retos y problemas en materia de salud pública, entre otros gastos.

No obstante lo anterior, la que dictamina considera excesivo el incremento que se propone a las tasas aplicables a la enajenación e importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados, así como a la cuota específica aplicable a cada cigarro enajenado o importado, habida cuenta de que las tasas aplicables a estos productos se han venido incrementando significativamente a partir de 2007.

En efecto, mediante el Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, se incrementó la tasa del impuesto aplicable a la enajenación e importación de cigarros, pasando del 110 al 160%; por lo que hace a la enajenación de puros y otros tabacos labrados, la tasa aplicable pasó de 20.9 al 160%. Tratándose de la importación y comercialización de puros y tabacos hechos enteramente a mano, se estableció una tasa de 30.4%.

Mediante disposición transitoria del citado Decreto, se previó que el incremento a la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a la enajenación e importación de cigarros, puros y otros tabacos labrados, se realizaría de manera gradual, por lo que se estableció que para el ejercicio fiscal de 2007 la tasa sería del 140% y para 2008 la tasa sería del 150%, de forma tal que a partir del año 2009 se aplicaría la tasa del 160%.

Para el caso de los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, se estableció que para el ejercicio de 2007, la tasa sería de 26.6% y para 2008 la tasa sería de 28.5%, de forma tal que a partir de 2009 se aplicaría la tasa de 30.4%.

Adicionalmente al incremento de las tasas antes mencionadas, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009, se gravan los cigarros por unidad con una cuota de $0.10.

Mediante disposición transitoria se previó que esta nueva cuota se aplicaría de manera gradual, por lo que se estableció que para el ejercicio de 2010, la cuota sería de $0.04, para 2011 la cuota sería $0.06, para 2012 la cuota sería de $0.08, de forma tal que a partir de 2013 se aplicaría la cuota de $0.10.

Ahora bien, esta Dictaminadora considera que un incremento a las tasas aplicables a los productos del tabaco, como el que ahora se propone en la iniciativa, sumados a los que se han venido estableciendo en estos últimos años, pondría en riesgo el mercado de la industria tabacalera y fomentaría el comercio ilícito de estos productos, exponiendo no sólo la recaudación adicional que se espera obtener con esta reforma, sino también los recursos que actualmente se obtienen a través del impuesto especial sobre producción y servicios de tabacos labrados, derivado de que eventualmente parte del consumo de este producto se traslade del mercado formal al informal.

Así, ante este escenario la que dictamina considera que no sólo no se obtendrían mayores recursos para que el Estado pueda hacer frente a los gastos asociados a la atención de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, sino que además el problema del tabaquismo no se atenuaría, ya que el impuesto no podría influir en las decisiones de consumo de los fumadores al adquirir tabaco a menores precios en el mercado informal.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que el incremento de la carga fiscal que significa el componente ad valorem propiciaría que el consumo de cigarros migre de productos con un costo significativamente elevado a otros de menor precio, ya que la tasa ad valorem hace, por si sola, más atractivos los cigarros de bajo costo dado su menor precio de venta al público, al representar una menor carga fiscal, razón por la cual esta Comisión dictaminadora estima que ante el nivel actual de la tasa ad valorem sólo resulta conveniente incrementar la cuota específica.

Bajo ese contexto, esta Dictaminadora estima que, como se propone en la iniciativa, sólo se incremente la cuota específica señalada en el artículo 2, fracción I, inciso C), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pero no en $0.40 por cigarro enajenado o importado, sino en $0.35. También se está de acuerdo en que dicha cuota entre en vigor de forma inmediata a partir del 1 de enero de 2011, como se propone en la iniciativa, por lo que se hace necesario derogar el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.

Por lo expuesto anteriormente, se considera necesario establecer una regla transitoria que sea neutral en las condiciones contractuales celebradas en 2010. Dicha regla consiste en permitir que en las enajenaciones de los cigarros objeto del gravamen que se hayan celebrado en 2010, cuando la entrega se haya efectuado en dicho año, y el cobro se realice en los primeros 10 días de 2011, se aplique la cuota vigente en 2010.

No obstante lo anterior, esta Dictaminadora considera que es factible que, con la finalidad de sustraerse al pago del incremento de la cuota que se propone en el presente dictamen, las empresas que sean partes relacionadas lleven a cabo operaciones simuladas de entrega de los cigarros objeto del gravamen durante 2010. Por ello, la que dictamina considera necesario especificar que cuando dichas operaciones las realice un contribuyente con una empresa que sea parte relacionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no le será aplicable la regla en comento, habida cuenta de que no se trata de una operación con un tercero independiente que es el propósito de la norma en estudio.

Conforme a lo anterior, se estima que esta medida genere ingresos por un monto de 12,076 millones de pesos durante el ejercicio de 2011.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Único.Se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso C), segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 2o. . . .

I. . . .

C) . . .

Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.

. . .”

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Segundo.Se deroga el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.

Tercero.Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o. fracción I, inciso C), segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando la cuota que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dichos productos se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2011.

Se exceptúa del tratamiento establecido en la segunda parte del párrafo anterior respecto del cálculo del impuesto correspondiente a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a   de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón, David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica abstención), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica abstención), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica abstención), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica abstención), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica abstención), Luis Videgaray Caso, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica abstención).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es de primera lectura y pregunte la Secretaría si se le dispensa la segunda lectura y se pone a votación en esta sesión.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Está a discusión en lo general, para lo cual se han inscrito en contra el diputado Mario di Costanzo Armenta y el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Y a favor, los diputados Esthela Damián Peralta, Vidal Llerenas Morales y Gerardo Fernández Noroña.

Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, en contra del dictamen. Tiene la palabra, diputado, hasta por 5 minutos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Miren, compañeros, vengo a hablar en contra de este dictamen, por dos factores importantes.

El primero, es por lo desaseado del proceso parlamentario. Nuevamente en una sesión un día antes del plazo definido fue cuando se discutió este dictamen.

Por el otro lado, es de reconocer que hay argumentos a favor en materia de salud para agravar el consumo del tabaco. Pero también es cierto que hay argumentos de orden económico y de finanzas públicas que hacen ver que los IEPS, los impuestos especiales a la producción y servicios son un verdadero problema y son el escape de salida cuando no queremos gravar a quien debemos gravar.

El tema es que dadas las posturas tan diversas que hay sobre el tema y ante la ausencia de datos oficiales y contundentes y que la Comisión de Hacienda no se puso a analizar, a escuchar y a normar un criterio bajo datos objetivos, es que vengo a hacer una propuesta para que el incremento al tabaco sea, además del ya previsto y que es de dos pesos para este año, que el incremento adicional o el sobreprecio que se está poniendo sea de 17 centavos, es decir, el equivalente a 2.50 por cajetilla, en vez de 5 pesos.

Esto en tanto la Comisión de Hacienda en conjunción con la Comisión de Salud no trabajan una propuesta ni una resolución tomada bajo datos objetivos, lo vuelvo a reiterar.

No hay datos oficiales que nos permitan tomar una decisión que cumpla con el objetivo de inhibir el consumo de tabaco y sí estamos cayendo en el riesgo de que solamente las personas entre más ricas más vicios puedan tener. Tenemos que evitar caer en ese tipo de legislación.

También es falso que la recaudación generada por este impuesto va a ser destinada a programas de combate contra el tabaquismo por la sencilla razón de que no vienen estipuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lo más seguro es que estos recursos vayan a parar al Seguro Popular que ni es seguro ni es popular, que no sirvan para equipar hospitales en donde por ejemplo en el estado de Yucatán se mueren los niños porque no hay doctores en los hospitales o en Tezuitlán, Puebla.

Es decir, no es solamente darle dinero a una política de salud que ha fracasado sino decir cómo y en dónde y esos programas no vienen en el Presupuesto, amén de que una buena parte de esta recaudación también va a ir a parar a las entidades federativas.

Que no nos engañen que esta recaudación íntegra va a ir a programas de salud y mucho menos enfocados a combatir el tabaquismo.

Por eso era el planteamiento de que este incremento sea la mitad de como viene propuesto en el dictamen en tanto aquí en las comisiones no diseñamos una estrategia integral para combatir el tabaquismo, no nada más vía precio vamos a estar inhibiendo el consumo de lo que podamos considerar nocivo para la salud.

Yo les digo que entonces el próximo año estaremos gravando los nintendos porque los niños no hacen ejercicio por estar jugando al nintendo.

Necesitamos políticas integrales, políticas de prevención y no castigando vía precio al mercado, promoviendo el mercado negro, promoviendo la importación ilícita de cigarros, cigarros pirata. Recuerden que al SAT le pueden meter un elefante por las aduanas y no se da cuenta.

Les pido que iniciemos una política encaminada a evitar el consumo de tabaco, pero no solamente vía aumentando precios.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Di Costanzo. Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Esthela Damián Peralta:Gracias, diputado presidente. En primer lugar vengo a celebrar lo que varias bancadas con diferentes iniciativas vamos a aprobar en unos momentos.

Quisiera celebrar que hoy en México, en esta Cámara de Diputados hemos demostrado que por temas de salud pública no hay colores y no hay partidos.

Por supuesto que agradezco el respaldo de todos los compañeros diputados y de todas las fracciones que de manera integral estamos trabajando contra el tabaquismo. Solamente señalar algunos datos en materia de salud, y éste es un problema de salud.

En México, de acuerdo con la secretaría del ramo, el tabaquismo provoca más de 60 mil muertes al año. Esto significa 165 defunciones diarias. Según un estudio publicado en 2009, del Instituto Nacional de Salud Pública, los costos anuales para atender las enfermedades ocasionadas por el consumo de tabaco en México, tan sólo considerando cuatro enfermedades atribuibles, es de 43 mil millones de pesos. Estas estimaciones no toman en cuenta los costos por todas las enfermedades atribuibles al consumo activo del tabaco ni las pérdidas sustanciales de productividad.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 muestra que la edad promedio en que la población adolescente está iniciando su consumo es a los 13 años.

Por su parte, la Encuesta Tabaco y Juventud realizada en México muestra que entre el 20 y 31 por ciento de los estudiantes que nunca han fumado piensa que el siguiente año probará cigarrillos o productos de tabaco. En este sentido necesitamos generar políticas públicas que incidan sobre el consumo entre los jóvenes.

Ante ello, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial consideran que elevar los impuestos al tabaco es la medida más eficaz para disminuir el consumo entre niños y jóvenes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Con qué objeto, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Si me permite una pregunta la diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Le permite usted una pregunta al diputado Di Costanzo?

La diputada Esthela Damián Peralta:Al final, diputado, si me permite.

En México se asiste técnica y financieramente a los productores de tabaco para lograr una transición hacia otras alternativas productivas más rentables como hortalizas, frutales y granos.

También se promueven acciones para promover alternativas económicamente viables para los trabajadores, los productores y los pequeños vendedores de tabaco: facilitar el desarrollo, la transferencia y la adquisición de tecnología, conocimiento, aptitudes, capacidad y competencia técnica relacionados con el control del tabaco.

Actualmente, de acuerdo con la Sagarpa, en México se dedican a la producción del tabaco más de 3.5 mil productores a nivel nacional con un promedio de 2 hectáreas por productor.

La producción del tabaco ha venido disminuyendo desde el 2000 derivado de una menor superficie dedicada a su cultivo. Actualmente se producen 10 mil 626 toneladas en 5 mil 593 hectáreas, es decir, se ha reducido en un 76.4 por ciento la producción a nivel nacional en un lapso de nueve años.

Estamos, diputados, ante una coyuntura histórica en este recinto legislativo. Desde hace años hemos legislado en pro de políticas para abatir el tabaquismo, como la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, teníamos una deuda pendiente en términos de generar una política fiscal saludable, por lo cual no sólo se salvarán vidas sino que se recaudarán mayores ingresos para disminuir el déficit por la atención de enfermedades asociadas al consumo del tabaco.

Hoy debemos dejar claro que este órgano de representación popular no está sujeto a presiones de ningún tipo. Por ello, hemos construido esta opción favorable a los impuestos del tabaco.

Felicito que en este ánimo de desterrar un problema de salud pública coincidamos una mayoría de legisladores. Estamos en el camino correcto. Por eso las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática elegiremos la opción de salud, la opción de recaudación, la opción que permitirá salvar cientos de miles de vidas. Adelante, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La pregunta del diputado Di Costanzo. Diputado, ya la autorizó la diputada.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Preguntarle a la diputada cómo es posible que si en México la principal causa de muerte son las enfermedades relacionadas con la diabetes o la obesidad y 44 millones de mexicanos padecen de obesidad, cómo es posible que los gastos generados por 11 millones de fumadores, que no todos tienen problemas de tabaquismo, pueda originar un mayor gasto que lo que gasta la obesidad.

La aseveración y el señalamiento son para poner de muestra cómo hay  una diversidad de datos que a veces pueden sonar incongruentes y por eso la necesidad de trabajar en una propuesta objetiva. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada.

La diputada Esthela Damián Peralta:Diputado, yo solamente le quiero compartir mi preocupación en estos momentos, para un joven, un adolescente, es más fácil adquirir en el mercado un cigarrillo que un caramelo. Me parece que eso no lo podemos seguir permitiendo. Tenemos que prevenir las adicciones y una manera de prevenir es incrementar el precio al tabaco. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Esthela Damián Peralta. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias. Buenas noches.

Este tema es de esos temas políticamente correctos, que promueven lo que algunos teóricos de los sistemas parlamentarios denominan populismo legislativo y que algunos podríamos llamar también hipocresía legislativa. Porque es verdad lo que decía mi compañero Mario di Costanzo, los asuntos importantes y graves que tienen que ver con el ingreso y el presupuesto, pues son en México que las grandes empresas, las 422 grandes empresas no pagan los impuestos en proporción a sus beneficios ni a sus ganancias por la existencia de regímenes fiscales especiales.

Ese tipo de temas no los combatimos con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma decisión que la propuesta que se está haciendo aquí, que puede tener —y lo reconocemos— sus beneficios y sus ventajas, pero que también muestra claroscuros. Entre los claroscuros es que al mismo tiempo que se aumenta el impuesto del consumo al tabaco podemos estar dañando la industria nacional y la creación de empleos que tiene que ver con la producción nacional de tabaco en el país. Es decir, no tenemos todos los elementos objetivos.

No tenemos todos los elementos en la mano para determinar, como señala el Banco Mundial, que el incremento en el impuesto, en la contribución al tabaco, disminuirá el tabaquismo y contribuirá a contar con una población más saludable. Ésa es una hipótesis a investigar, no tenemos todos los elementos para afirmarla.

Además, cuando se alude al Banco Mundial, a los padres de la globalización, a los padres del neoliberalismo, pues yo de entrada tengo una reserva, una reserva ideológica y una reserva teórica, porque si lo promueve el Banco Mundial seguramente será para satisfacer determinados intereses que no siempre son los de las poblaciones ni los intereses generales de las sociedades nacionales.

Yo votaría a favor de la propuesta. Me voy a abstener. Yo votaría a favor, si como aquí se dijo en la tribuna, esta propuesta estuviese vinculada al presupuesto. Es decir, que se asegurara que los recursos que se obtuvieran por el aumento de contribuciones al tabaco se van a destinar a programas integrales de combate a la adicción por el tabaquismo.

Pero México es el único país de la OCDE que vive este divorcio absurdo constitucional y legal en donde aprobamos, por un lado, la Ley de Ingresos o los ingresos, por ambas cámaras, y el presupuesto no está en consonancia, el decreto de Presupuesto no está en consonancia y en congruencia con los ingresos aprobados.

Entonces, no tenemos la seguridad de que el aumento de estas contribuciones implicarán que ese dinero, que esos recursos se destinarán a un programa de combate integral a las adicciones. Se está confiando, exclusivamente, en el aumento en la tasa del impuesto para suponer que por ese simple hecho se disminuirá el consumo del tabaco.

Bueno, y si en esas estamos, ¿por qué no proponemos, también, la legalización de las drogas —sobre todo de la mariguana— y establecemos un impuesto alto al consumo de la mariguana y en fin, y así obtenemos más contribuciones y así reducimos el consumo de la mariguana en nuestro país?

Me parece que este tipo de argumentos son argumentos que no son objetivos ni son integrales y que sí responden a un populismo legislativo del que debemos hacernos cargo. Lo importante en materia de ingresos es obligar —y esto lo insisto— es obligar a las grandes empresas de este país a que paguen impuestos en proporción a sus ganancias y beneficios, y eso es lo que no hacemos, escogemos temas como este para quedar bien con la sociedad, pero no vamos a fondo en la solución de los problemas fiscales del país. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra en pro, el diputado Vidal Llerenas Morales.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Permiso, señor presidente.

Es interesante saber cómo en esta sesión el Partido del Trabajo se está transformando en el partido del tabaco. Eso es lo que hoy tenemos, un partido que se dedica a defender a la industria tabacalera de una manera impresionante.

Creo que la aprobación de este gravamen sí nos permite reflexionar en torno a los impuestos especiales y a la manera como sí pueden hacer una contribución, primero a un tema extra fiscal, es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene evidencia robusta en el sentido de que incrementar el precio del tabaco impide que los más jóvenes de la sociedad, los niños, los que están en la secundaria, en la preparatoria, tengan acceso al consumo del mismo.

Ahí podemos encontrar una alternativa importante en materia de salud pública para retrasar o impedir que los jóvenes puedan incurrir en esta conducta.

Y en segundo lugar, no es menor la contribución que podemos encontrar a las finanzas públicas en un impuesto de esta naturaleza.

Alrededor—-entiendo yo, con esta reforma— de 30 mil millones de pesos pueden ser recaudados gracias a los impuestos recientes al tabaco. Esto es cercano a 1 punto del IVA en la recaudación y realmente pueda ser una diferencia para financiar los sistemas de salud y en general al Estado.

De lo que la sociedad debe asegurarse es que las externalidades que se generan por un consumo como éste pueden internalizarse y entonces podamos pagar lo que ellas generan.

En este trabajo ha sido muy importante el apoyo de distintas organizaciones...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señor diputado. ¿Con qué objeto diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para rectificación de hechos. Es evidente que Vidal no maneja las cifras. Ahí se confundió...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay rectificación de hechos. Usted ya pasó, señor diputado. Pero anoto al diputado Fernández Noroña en contra.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Entendemos entonces que ha sido un trabajo importante desde hace un año en el que en esta Cámara votamos en contra de un cambio que hizo el Senado de la República para que los tabacos fueran gravados con mayor intensidad.

El trabajo de distintas organizaciones sociales y de distintos diputados y senadores de varias fuerzas políticas ha sido fundamental para lograr esto y lograrlo —hay que decirlo claramente— también a pesar de la industria, una industria que no quiere contribuir a la sociedad con lo que corresponde, con las externalidades negativas que genera.

Creo que éste es un momento importante y es una invitación también para reflexionar sobre nuevas alternativas que podemos encontrar en impuestos especiales que tendríamos que ver con cuidado como una alternativa para que el Estado tenga mayores recursos.

Por supuesto que el voto de la fracción parlamentaria del PRD será a favor de los incrementos al precio del tabaco y creo que debemos una felicitación amplia a la mayoría de las bancadas de esta Cámara. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas. Yo había decidido no hablar en este punto porque yo estoy de acuerdo en la decisión de aumentar el precio del tabaco.

Pero no estoy de acuerdo en la demagogia y en la simplonería del diputado Llerenas. Él votó a favor del IVA el año pasado, sólo por poner un ejemplo de su compromiso con el pueblo de México. Se dice de izquierda y vota a favor de aumentar 1 punto en el IVA. O se dice de izquierda y se alía con el PAN, se le olvida que se robaron la Presidencia, se le olvida que rematan el patrimonio nacional. Se le olvida que desmantelan la estructura del pueblo de México.

Es el tema, estamos hablando de la inconsecuencia de la gente que tiene aquí...

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí le permito, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Para alusiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Se anota usted para alusiones? Con mucho gusto.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Sí, por favor. Gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por defender el presupuesto —dice él— del gobierno del Distrito Federal, acabó entregando el alma en las votaciones, que son públicas.

Entonces, su chistecito ése, le exijo que se retracte de él. No discuto su derecho a la libre expresión, le exijo respeto en el debate, porque los compañeros del Partido del Trabajo hemos demostrado nuestro compromiso con el pueblo de México. Los compañeros del Partido del Trabajo hemos demostrado estar todo el tiempo peleando por los intereses de la gente. Los compañeros del Partido del Trabajo, todos, como muchos del PRD, estamos con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento.

Ay qué. Ustedes están con Calderón, que se robó la Presidencia. No creo que sea un motivo para enorgullecerse, de verdad que no lo es.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados, voy a agradecerles que permitan el desarrollo de la sesión. No se permiten diálogos desde la tribuna ni desde las curules. Continúe, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Ya les dije, compañeros diputados, que voy a votar a favor de este tema.

En lo que no estoy de acuerdo es en esta demagogia ramplona. En este —como dijo nuestro compañero diputado Jaime Cárdenas— populismo, y de políticamente correcto.

Venir a decir aquí que el Banco Mundial resulta que está muy preocupado por la salud de los mexicanos. Por favor, si nos ha empobrecido. Si todas sus políticas han puesto en la miseria a la mayoría de la población con los gobiernos neoliberales, que desde los últimos regímenes del PRI y luego los dos del PAN han instrumentado. Entonces, que me digan que el Banco Mundial está preocupado por la salud del pueblo de México, por favor.

Que digan que además así van a resolver el problema del tabaquismo, también es una demagogia.

Como aquí también lo planteó el diputado Jaime Cárdenas, esos recursos deberían destinarse efectivamente a salud, a educación, a cultura, a mejores condiciones de vida de la gente.

Aquí se piensa que con medidas coercitivas se cambia la terca realidad y esto no es así, de ninguna manera.

Por último quiero comentar que por su voto los conoceréis. Ahí están las votaciones del diputado y ahí están las nuestras. Ahí están las posiciones, están todas las versiones estenográficas sobre lo que defendemos, ahí están las suyas.

Simplemente su voto, porque estuvo ausente hace rato de la Comisión respectiva, por su voto ausente se perdió la posibilidad de retirar los impuestos a los pensionados, que es un abuso para gente que ha trabajado toda su vida y que todavía le cobran impuestos sobre sus raquíticas pensiones.

Es verdaderamente vergonzoso ese tipo de cosas y no que aquí vengan a plantearse muy comprometidos de los problemas de salud de la población.

En los hechos es donde se ve el compromiso, compañero diputado, en el trabajo, en la defensa de los intereses del pueblo de México, en la consecuencia, en demostrar que lo que se dice se hace y no criticar a los que votaron a favor del IVA el año pasado, habiendo votado por el IVA. Se necesita cara dura para hacer ese tipo de cosas.

Entonces francamente, diputado, usted está con un pie en el PRD y con otro pie no sé si en el PAN o en el PRI, que son los que votan a favor del IVA y de aumentar ese tipo de impuestos. Yo termino diciéndoles que no vamos a tolerarle ni al diputado ni a nadie más que esté insultando a nuestra bancada.

Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con su permiso, señor presidente.

En los registros de votaciones usted podrá ver que mi voto en la discusión de Ley del IVA del año pasado fue en contra de que se incrementara, y además yo no pertenezco a la Comisión de Hacienda, entonces yo no me pude haber ausentado para una determinada votación.

Me ausenté, pero no cuenta mi voto en la...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados.

El diputado Vidal Llerenas Morales:A mí lo que me guía, a diferencia del Partido del Trabajo o del tabaco, perdón, que tiene diputados que son promocionados por quien promueve el tabaco en correos electrónicos. A mí lo que me guía son las políticas públicas, es la convicción de que es necesario tomar medidas serias en este país para resolver problemas, y me parece que en el tema del tabaco sí es indispensable subir los precios, como es indispensable también que el Estado cuente con mayores recursos para tener con qué proveer servicios públicos.

Eso es a mí lo que me mueve y por eso estoy aquí en esta Cámara de Diputados. No estoy aquí en esta Cámara de Diputados para impedir el diálogo legislativo y para no dar soluciones, y simplemente tomar una posición de superioridad moral y de crítica a ultranza a cualquier... Para eso no estamos los diputados aquí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Diputado, si el diputado Vidal me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se la puede permitir, porque el diputado está contestando alusiones personales. No está haciendo ningún posicionamiento.

Las interpelaciones a los oradores son cuanto están presentando temas, no cuando están contestando alusiones personales. Continúe, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Sí. Es todo, es decir, nosotros estamos aquí para construir, para proponer algo y para buscar soluciones y eso es lo que nos motivó a proponer esta iniciativa y tuvimos el respaldo de prácticamente todas las fracciones políticas.

Hay algo muy extraño que hay alguien, como una fracción de iluminados en donde es como buscarle tres pies al gato, es decir buscar cosas donde no las hay. Lo que hay es la búsqueda de que paguen impuestos los que deben pagar impuestos, y que éstos se usen para dar servicios públicos. Nada más.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul). Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay rectificación de hechos, estamos fijando posiciones a favor y en contra. Tiene la palabra a favor el diputado Alberto Cinta.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. La verdad, me da mucho orgullo, como diputado del Partido Verde, el que hoy se vote esta iniciativa que realmente es muy importante para el país apoyar la salud. Es muy importante defender a nuestros jóvenes y sin lugar a dudas los IEPS, los impuestos que castigan los malos hábitos, son una práctica común en México y en todos los países desarrollados del mundo.

Me llama mucho la atención que no se entienda algo muy claro. Los IEPS tienen dos finalidades:

Primero. Disuadir una demanda por un producto que es nocivo para la salud.

Segundo. Generar ingresos para paliar las externalidades negativas que ese consumo dañino genera en la sociedad, la carga que genera al sistema de Salud y todos los efectos negativos que genera en los jóvenes y en los habitantes de este país.

Pero una cosa más allá de este debate, que yo creo que ya está absolutamente rebasado porque es un consenso en el mundo que hay IEPS a los cigarros, lo que me extraña mucho es que se argumente, para no votar a favor de este impuesto, que no se votaron otras leyes.

Que no se votó la ley equis o la ley ye. Me parece inconcebible que una ley que tiene todas las virtudes que tiene esta ley no se vote, en aras de que hay otras leyes que nos hubiera gustado que se voten y que no tienen nada que ver con ésta. Se me hace un argumento muy poco serio.

Yo creo que si vamos a hablar de políticas públicas, si vamos a hablar de diseño institucional tenemos que hacer un análisis costo-beneficio, un análisis serio y no estar chantajeando unas leyes por otras.

Ésta es una gran iniciativa. Estoy seguro que la va a aprobar una enorme mayoría de este Congreso. Creo que hoy tenemos que sentirnos orgullosos de la forma en como estamos defendiendo a los jóvenes de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Cinta.

Han hablado ya tres oradores a favor, tres oradores en contra. Vamos a abrir una segunda ronda de acuerdo con lo que establece el artículo 114, que pueden hablar hasta seis a favor y seis en contra. Pero como sólo se ha inscrito el diputado Mario di Costanzo a esta ronda, al terminar su intervención preguntaremos si está suficientemente discutido. Adelante, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Yo me pregunto con qué autoridad moral el diputado que me precedió habla de buenas costumbres, si el señor es dueño de bares, vende alcohol a los jóvenes —y cigarros. Yo no sé qué viene aquí a hablar de la salud, cuando usted tiene bares, diputado, y rara vez se para en una reunión de la Comisión de Hacienda. Pero también no le permito...

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Di Costanzo. Diputado Cinta.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (desde la curul): Para alusiones, señor presidente...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrado para alusiones.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): ...yo le tengo mucho respeto al diputado Di Costanzo —y lo sabe—, pero me parece...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:No sólo usted, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Las alusiones son al final de la intervención del diputado Di Costanzo. Al final de la intervención del diputado Di Costanzo. Continúe, diputado Di Costanzo.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Si me registra al final por alusiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está anotado, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Y no le permito tampoco al diputado Vidal que venga a insinuar a esta tribuna que el Partido del Trabajo está patrocinado por las cigarreras. Si tiene pruebas que las muestre.

Pero sí me llama la atención que si no se dice integrante de la Comisión de Hacienda, qué hacía hoy en la Comisión de Hacienda promoviendo esta iniciativa. Me llama la atención, porque desde mi punto de vista el que está patrocinado por los laboratorios que venden ansiolíticos para dejar de fumar es el diputado Vidal y su correspondiente amigo el diputado Ríos Piter.

Entonces, a mí me parece que precisamente parte del fondo de esta discusión era la presión que, por la buena y por la mala, han hecho cabilderos de ambas partes. Por eso yo solicitaba que tuviéramos más reuniones de análisis para contar con números objetivos, para contar con cifras objetivas y no andar cuestionando estas cifras a ver quién le mete más dinero a publicidad, para ver si es malo o no es malo.

Lo que nosotros proponíamos era precisamente un análisis objetivo, con cifras, y en tanto estábamos proponiendo que no se subiera y que no se incrementara el cigarro en 5 pesos sino en 2.50 hasta que analizáramos los efectos sobre la salud, las políticas y los efectos sobre el mercado y sobre las finanzas públicas, porque al final del día yo también le preguntaría al diputado Ríos Piter, cuántos recursos va a recibir el gobierno del Distrito Federal, que según dice es democrático y acaba de aparecer en los periódicos que están reprimiendo a la gente por la súper vía con granaderos, a ver diputado, ¿es también reflejo del pie que tiene en el PRD y el otro que tiene en el PAN? ¿Para quién trabaja, diputado Vidal? Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Diputado Cinta, quiere hacer la rectificación en la tribuna o desde su lugar?

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Desde mi lugar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Desde su lugar. Sonido en la curul del diputado Cinta.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, presidente. Dos puntos. Yo creo que es muy lamentable que en este Congreso se califiquen las posturas de política pública de la gente en función de su profesión, en función de su origen, en función de su ideología.

Yo creo que se tienen que analizar las políticas públicas como son, y que a mí me descalifiquen por defender una política que defiende a los jóvenes de este país por el negocio en el que yo estoy metido, porque trabajo y soy una persona de trabajo, se me hace verdaderamente lamentable.

Incluso puedo decir con orgullo que a pesar de que en efecto tengo negocios donde se vende tabaco, he sido con mi partido, el Partido Verde, promovente de un impuesto que grava al tabaco, y lo digo con mucho orgullo, porque tengo muy claro que una cosa es mi responsabilidad como parlamentario y otra cosa es mi papel como empresario en este país.

Y segundo, presidente, también se me hace muy lamentable que el diputado que sabe muy bien que la Comisión no se ha juntado en un año y de hecho en tribuna lo ha criticado, que la Comisión no ha sesionado en ocho meses, diga que yo no me paro en la Comisión. Pues no me paro ni yo ni nadie porque no ha sesionado.

Entonces no se vale manipular los datos y afectar la imagen de un compañero diputado así. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Ríos Piter. ¿Desde la tribuna o desde su lugar?

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Desde la tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Prefiere la tribuna el diputado Ríos Piter. Al terminar el diputado Ríos Piter preguntaremos si está suficientemente discutido.

El diputado Armando Ríos Piter:Gracias, presidente. Sin duda alguna la discusión sobre este impuesto nos permite ver que es posible llegar a acuerdos cuando las distintas fuerzas políticas tienen un objetivo común, en este caso pensar el tema de cómo podemos resolver un problema de salud pública.

No quiero caer, yo pedí la palabra para alusiones personales, pero me parece que caer en un desgaste que nos empiece a sacar de un tema de construcción de acuerdos y empezar en una discusión, diputado Di Costanzo, que me parece que no es la que merece ni la que requiere ahorita el debate, no nos vamos a meter en eso, lo digo a nombre personal y lo digo por mi grupo parlamentario y obviamente el respeto de los demás grupos, vamos a votar a favor de este impuesto y creo que esto nos permite ver que vamos a seguir avanzando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   En virtud de que se trata de un dictamen con artículo único y que evidentemente no hay más oradores inscritos, pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido y a continuación abra el sistema para la votación en lo general y en lo particular.

El diputado Mario Alberto di Costanzo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul):Presidente, es que hice una propuesta, de hecho el sentido de mi reserva era plantear una alternativa y que el incremento fuese de 17 centavos en lugar de 35 como viene en la ley, un punto medio, hasta que no nos pongamos de acuerdo con la objetividad de las cifras. Quisiera que se votara esa propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Efectivamente el diputado Di Costanzo en su intervención hizo una propuesta de modificación a este artículo único. Pegunte la Secretaría si se admite la propuesta del diputado Di Costanzo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aceptarse a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Di Costanzo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se desecha la propuesta del diputado Di Costanzo. Pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido, aunque sobra preguntarlo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora secretaria. Por tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Diputado presidente, se emitieron 430 votos en pro, 13 abstenciones y 11 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado en lo general y en lo particular 430 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la Comisión de Hacienda proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del acuerdo parlamentario que rige el orden del día, pregunte la Secretaría a la asamblea si en virtud de que está publicado en la Gaceta y se está distribuyendo es de aprobarse su incorporación al orden del día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se incorpora al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si queda en primera lectura en virtud de que ha sido publicado.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 14 de octubre de 2010.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 14 de octubre de 2010, para su estudio y dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México, tiene por objeto gravar con una tasa del 100% del impuesto especial sobre producción y servicios la enajenación e importación de bebidas energetizantes.

Los argumentos que sustentan la iniciativa, de acuerdo con su exposición de motivos, son los siguientes:

Que en los últimos diez años en nuestro país, se ha puesto en riesgo la salud de las personas a partir de una comercialización libre de las bebidas energetizantes, cuyos ingredientes principales son la cafeína, la taurina y/o vitaminas, que por sí mismas no causan daño en la salud.

Que el consumo de estas bebidas está relacionado con un problema de salud pública en los jóvenes: el consumo inmoderado de alcohol y la práctica dañina de adulterar para consumo las bebidas energetizantes con el objeto de rendir más, revitalizarse o recargarse de energía.

Estudios realizados por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han demostrado que las bebidas energetizantes están poco controladas, y no cuentan con el aval de las instituciones de salud que aseguren que su consumo no daña la salud.

Que de hecho algunos análisis han demostrado que cuando se mezcla las bebidas energetizantes con alcohol se afecta directamente al sistema cardiovascular y nervioso, por lo que se provoca en el individuo ansiedad, insomnio, taquicardias e incluso intoxicación por ingesta excesiva.

Que el crecimiento en ventas por unidades de bebidas energetizantes en 2005 fue del 100 por ciento, en 2006 del 106.5 por ciento y en 2007 del 113.8 por ciento. A su vez, de acuerdo con la exposición de alimentos y bebidas realizada en 2008 por "México Alimentaria", el volumen de las bebidas energetizantes consumidas en México ascendió a aproximadamente 60 millones de latas durante el 2007, siendo las principales marcas Red Bull, La Bomba, Boost y Gladiator. Lo anterior demuestra el rápido crecimiento que ha tenido el consumo de las bebidas energetizantes adicionadas con cafeína.

Que se pueden definir a la bebidas energetizantes como un líquido que contiene algún estimulante, vitaminas y minerales, que dejan la impresión en el individuo que las consume de haber obtenido un aumento en su energía en un corto tiempo derivado de su ingesta.

Además en la iniciativa se presenta un listado de algunas sustancias estimulantes y sus efectos.

Que entre los efectos en la salud que tienen las bebidas energizantes dependiendo de la susceptibilidad de cada persona, se encuentran: intoxicación, dolor de cabeza, agitación psicomotora, hipertensión arterial, taquicardias, hiperactividad, nerviosismo y vómito.

Que en la actualidad, no existe disposición legal en las leyes tributarias que establezcan un impuesto especifico para las bebidas gaseosas, isotónicas, fortificantes o energizantes, o bien, que establezcan la obligación para ninguno de los sujetos pasivos ni para cualquier otro agente económico de contribuir en función del daño a la salud que pueden traer a los jóvenes, por lo que su venta es irrestricta.

Con base en lo anterior en la iniciativa se propone como medida para prevenir y desincentivar su consumo, el gravar este tipo bebidas con la finalidad de proteger el derecho a la salud de los individuos, considerando que las contribuciones son un medio eficaz para disminuir el consumo de bebidas energizantes en los jóvenes.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión comparte las razones expresadas en la iniciativa que se dictamina, en virtud de que la comercialización libre de las bebidas energetizantes, cuyos ingredientes principales son la cafeína y la taurina, entre otras sustancias, ha puesto en riesgo la salud de las personas que las consumen. Lo anterior se agrava cuando entre los jóvenes se ha identificado que existe un consumo inmoderado de alcohol, aunado a la práctica dañina de adulterar las bebidas energetizantes, lo que constituye un problema de salud pública por los posibles efectos dañinos que provocan.

Esta dictaminadora comparte la definición propuesta en la iniciativa en estudio, por lo que sólo propone un cambio de redacción para darle mayor amplitud en la descripción de este tipo de bebidas y especificar que no quedan comprendidos en esa definición los refrescos ya que en esta caso no se trata de bebidas energetizantes, ni tampoco queda comprendido el café soluble.

Sin embargo, por lo que hace a la tasa propuesta del 100% se estima elevada, por lo que se propone una tasa moderada del 25% que se estima suficiente para obtener el fin extrafiscal buscado.

No obstante lo anterior, es necesario que adicionalmente a las propuestas de reformas planteadas en la iniciativa que se dictamina, cuyo propósito es delimitar los bienes cuya enajenación o importación se propone gravar, así como establecer su definición, se hace necesario modificar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de incluir los servicios de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los citados bienes, dentro del objeto del impuesto y los casos en que procederá la retención del mismo; regular la forma en que se efectuará el acreditamiento del impuesto; prever los supuestos de exención, y establecer diversas obligaciones a cargo de los contribuyentes que son necesarias para una adecuada fiscalización.

Asimismo, en relación con las obligaciones que se propone establecer a los contribuyentes en este caso y para un adecuado cumplimiento de las mismas, se plantea que a través de una disposición transitoria se prevea que las personas físicas y morales que hasta el 31 de diciembre de 2010 no hayan sido consideradas como contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la entrada en vigor de la medida que se propone tengan tal carácter, deban presentar dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto que se propone, un reporte que contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase de los bie-nes por los que a partir de la fecha mencionada son considerados como contribuyentes del impuesto de referencia.

De igual forma, tomando en cuenta que antes de la fecha de entrada en vigor del Decreto que se propone, pueden haberse realizado actividades cuyas contraprestaciones se cobren una vez que entre en vigor la medida propuesta, se plantea prever en una disposición transitoria que, tratándose de las enajenaciones de bebidas energetizantes y de concentrados, polvos y jarabes para preparar dichas bebidas que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Decreto que se propone, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada no estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, siempre que dichos productos se haya entregado antes de la citada fecha y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2011.

No obstante lo anterior, se estima que es factible que con la finalidad de evitar el pago del impuesto que se propone en la presente iniciativa, las empresas que sean partes relacionadas lleven a cabo operaciones simuladas de entrega de productos durante 2010. Por ello, se considera necesario especificar que cuando dichas operaciones las realice un contribuyente con una empresa que sea parte relacionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no le será aplicable la regla en comento, habida cuenta de que no se trata de una operación con un tercero independiente que es el propósito de la norma en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción II, inciso A); 4o., segundo y tercer párrafos; 5o.-A, primer párrafo; 8o., fracción I, inciso d), y 19, fracciones II, primer y tercer párrafos, VIII, primer párrafo, X, primer párrafo, XI y XIII, primer párrafo, y se adicionan los artículos 2o., fracción I, con el inciso F), y 3o., con la fracción XVII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 2o. ...

I. . . .

F) Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes ................................................................ 25%

II. . . .

A)Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C) y F) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

. . .

Artículo 3o.. . .

XVII. Bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada cien mililitros de producto y taurina, glucoronolactona o tiamina o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares.

Se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, aquéllos que por dilución permiten obtener bebidas energetizantes con las características señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 4o. . . .

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E) y F) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A) y F) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

. . .

Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

. . .

Artículo 8o. . . .

I. . . .

d)Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refiere el inciso F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

. . .

Artículo 19.. . .

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

. . .

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

. . .

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

. . .

X.Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

. . .

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

. . .

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

. . .”

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2011.

Segundo.Las personas físicas y morales que hasta el 31 de diciembre de 2010, no hayan sido considerados como contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto tengan tal carácter, deberán presentar mediante escrito libre ante las autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a la fecha indicada, un reporte que contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase de los bienes por los que a partir de la entrada en vigor de este Decreto son considerados como contribuyentes del impuesto de referencia.

Tercero. Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso F) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, no estarán afectas al pago del impuesto establecido en dicha disposición, siempre que dichos bienes se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2011.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a   de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica abstención), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Martín Rico Jiménez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretario. Pregunte usted si queda de segunda lectura y se somete a votación en esta sesión.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación en esta sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretario. Por tanto, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con una fe de erratas a la que por favor proceda usted a dar lectura, señor secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

En alcance al oficio de esta misma fecha por medio del cual se remitió el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a continuación se precisa la siguiente fe de erratas que habrá de conformar parte del dictamen en comento:

Se modifica el artículo 3o., fracción XVII:

Dice:

Artículo 3o. ...

XVII.Bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada cien mililitros de producto y taurina, glocoronolactona, tiamina y cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares.

Se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, aquellos que por dilución permiten obtener bebidas energetizantes con las características señaladas en el párrafo anterior.

Debe decir:

Artículo 3o. ...

XVII. bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada cien mililitros de producto y taurina, o glucoronolactona, o tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares.

Se consideran concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, aquellos que por dilución permiten obtener bebidas energetizantes con las características señaladas en el párrafo anterior.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba, Presidente; Armando Ríos Piter, Ovidio Cortázar Ramos, Luis Enrique Mercado Sánchez, Víctor Manuel Báez Ceja, Adriana Sarur Torre, Oscar González Yáñez, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, incorpórese al dictamen con la fe de erratas incluida y en esos términos estará a discusión.

Para la discusión en lo general se han inscrito los diputados Mario di Costanzo Armenta y Jaime Cárdenas Gracia. En contra, las diputadas Adriana Sarur Torre, Enoé Uranga Muñoz. Y a favor la diputada Leticia Quezada.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas. Una aclaración antes, desde su curul.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Una petición. Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento pido que la comisión dictaminadora explique los fundamentos del dictamen y que nos diga si fue cierto o no, como se nos ha enterado, que este punto corrió por todos los procedimientos parlamentarios en la comisión.

Porque tengo entendido, y lo dice el propio dictamen cuando vota una diputada, que este dictamen fue aprobado sin haberse incorporado al orden del día. Entonces, quiero saber si este dictamen, en la Comisión de Hacienda estuvo en el orden del día y si siguió todos los procedimientos parlamentarios correspondientes en la comisión de la materia.

Por tanto, solicito que la comisión dictaminadora explique si esto ocurrió así o fue de otra manera, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En los términos del artículo 108, la comisión deberá fundamentar el dictamen. Tiene la palabra la diputada; el diputado...

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Becerra Pocoroba. Desde su curul, diputado.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba(desde la curul): En el momento en que se inició la discusión de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se reservó la diputada Sarur el tratar este tema. Entonces entró como una reserva y fue tratada como reserva en lo particular, como algunos otros preceptos en leyes diferentes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, en contra del dictamen.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente.

Nuevamente para señalar que el incrementar los precios de los productos que se consideran nocivos o que pueden ser nocivos para la salud no es el mecanismo ideal para inhibir su consumo. Lo único que vamos a hacer es que aquellas personas cuyo nivel de ingreso les permite adquirir esos productos, los van a seguir adquiriendo. Y quienes no, pues obviamente, a lo mejor hasta los van a robar. Pero no podemos crear una sociedad donde el rico pueda darse hasta esos vicios o hasta esos lujos y el pobre por falta de poder adquisitivo no tenga acceso a ellos.

En el caso particular de estas bebidas nadie niega que son muy nocivas y sobre todo porque los jóvenes lo llegan a revolver con alcohol en los bares del señor Cinta, porque ahí se venden. Bueno, en los bares de todos, no nada más en los del señor Cinta. Pero sí es pertinente señalar que no es la manera de hacerlo.

Si nos parecen nocivos para la salud, prohibamos su venta, detengamos su entrada, su fabricación, pero no utilicemos estos mecanismos que son discriminatorios para una parte de la población. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra en pro, la diputada Adriana Sarur.

La diputada Adriana Sarur Torre:Es cuanto, señor presidente.

Quiero aclarar, que no es objeto de la Comisión de Hacienda prohibir o no la venta de un producto, pero sí es objeto gravarlo si se considera que daña a la salud de los mexicanos. Y reitero el compromiso del Partido Verde, siempre preocupado por la Juventud Mexicana, y por eso es la propuesta de gravar con el 25 por ciento de IEPS a las bebidas energéticas.

El consumo de estas bebidas en nuestro país se ha convertido en un problema de salud pública, especialmente el consumo de bebidas adicionadas con cafeína ha pasado de ser un consumo ocasional a un consumo cotidiano, sobre todo en los jóvenes, ya que les produce sensación de vigor.

El estudio Tendencias Nielsen, en México 2007, precisó que el crecimiento de ventas por unidades de bebidas energéticas en 2005 fue de 100 por ciento. En 2006, de 106.5 por ciento y en 2007, de 113.8 por ciento.

El Partido Verde reconoce que es alarmante el rápido crecimiento que ha tenido el consumo de las bebidas energéticas, especialmente en jóvenes. El excesivo consumo de las bebidas energéticas puede producir taquicardias, temblores, insomnio, náuseas, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas.

Desafortunadamente los consumidores no están completamente conscientes de los efectos nocivos que pueden traer estas bebidas en su organismo. Por ello el Partido Verde propone este impuesto, y reitera que este impuesto tratará de equilibrar la relación entre el espíritu de ganancia y el detrimento de la salud pública en lo colectivo.

Por eso buscamos proporcionar una herramienta al gobierno para garantizar el derecho a la salud como medio eficaz para disminuir el consumo de bebidas energizantes entre los jóvenes, y garantizar la existencia de recursos destinados a fortalecer los programas contra la prevención de adicciones que desarrolla este estado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Es muy interesante este debate, ahora que oía con mucha atención a la diputada Sarur, y que decía que el consumo de estos productos energizantes producen insomnio, taquicardia, alteración nerviosa, pensé que eran los mismos síntomas del enamoramiento. Cuando uno se enamora se produce insomnio, taquicardia y alteración nerviosa.

Este debate es semejante al que tuvimos en la ocasión anterior, en el punto anterior. No lo voy a repetir, simplemente voy a insistir en dos argumentos: uno de procedimiento y uno de fondo.

La tesis de los que sostienen y defienden este dictamen, es que aumentando contribuciones se inhibe el consumo de productos nocivos, que es mutatis mutandis la misma tesis del que sostiene que con más cárceles y sanciones se inhibe el crimen.

Por ejemplo, hay quien sostiene en Estados Unidos que con la pena de muerte se inhibe la delincuencia, y Estados Unidos tiene una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo en proporción a su población, a sus habitantes, aunque tienen prevista en muchos estados de la Unión Americana la pena de muerte. Esto desmiente esa tesis, como decía en el punto anterior, en el dictamen anterior mi compañero Mario di Costanzo, necesitamos información científica, confiable, verificable empíricamente, objetiva, para determinar que esto es cierto, que aumentando las contribuciones inhibimos el consumo de productos nocivos. Eso por lo que ve al fondo, y no tenemos esa información.

Por lo que ve al procedimiento, a mí me llamó mucho la atención el voto en contra en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, que dice que vota en contra porque este dictamen estuvo fuera del orden del día y, sin embargo, fue aprobado. Así lo señala ella de puño y letra, y firma en contra.

Yo creo que el pleno de la Cámara de Diputados no puede permitir procedimientos desaseados que violentan el procedimiento parlamentario en las comisiones y simplemente por ese hecho, por no haberse seguido el procedimiento parlamentario correcto, por no haberse inscrito este punto, este dictamen en el orden del día...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señor diputado. Diputada Scherman, al terminar el diputado Cárdenas. Sonido en la curul de la diputada Scherman.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Si es tan gentil de darme unos minutos para alusiones personales para aclarar lo que ha comentado el diputado Cárdenas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con gusto. El diputado Pablo Escudero también había solicitado la palabra desde su curul.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Sí, presidente, si el orador me permite una pregunta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí, con mucho gusto.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, preguntarle al orador si él conoce la jurisprudencia y si no, creo que la Secretaría Técnica la tiene a la mano, en la que habla de los trabajos preparativos dentro de las comisiones, suponiendo sin conceder que hubiera existido algún vicio de procedimiento, quedaría suplido por este pleno.

Preguntarle si conoce esa jurisprudencia y si no, si la Secretaría Técnica nos la podría mencionar. Muchas gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Desde luego, diputado Pablo Escudero, que el pleno puede subsanar deficiencias en las comisiones, pero me parece que aunque el pleno sea el máximo órgano representativo en esta Cámara de Diputados —el pleno—, no debemos estar tolerando deficiencias parlamentarias y deficiencias de procedimiento en las comisiones.

Por eso creo que es importante la aclaración o el punto de vista que escucharemos de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, para conocer si hubo o no un defecto en el procedimiento y en qué consistió éste, a pesar de que el pleno pueda juzgar cualquier deficiencia o nulidad o vicio que haya acontecido en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esperaré la explicación de la diputada Scherman Leaño para determinar el sentido de mi votación.

Anuncio que yo tengo dudas de que con más contribuciones evitaremos el consumo de productos nocivos, como ya lo dije, y estoy en espera de la explicación o del comentario de la diputada Scherman Leaño. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Para alusiones personales tiene la palabra la diputada María Esther Scherman.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño:Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeros, sólo les quiero comentar qué fue lo que sucedió en la Comisión.

Nosotros estuvimos casi 2 horas discutiendo el contenido del orden del día y de pronto nos surge una reserva de IEPS, presentada por nuestra compañera Sarur.

La argumentación que les di no fue un desacuerdo en el contenido, fue un desacuerdo en el método.

¿Qué se provocó? Que el diputado Mario di Costanzo hizo cuatro reservas más, que fueron rechazadas por el pleno.

Ésta fue aceptada por la mayoría.

El sentido de mi voto tiene que ver con la ruptura de algo que promovió que en una Comisión tan compleja, con temas tan difíciles, como los que hoy analizamos, se incorporasen cinco reservas más. Creo que no es nada grave.

Estoy de acuerdo con el contenido, lo reitero, pero no con lo que sucedió en cuanto al método. Eso es todo, gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Scherman. Tiene la palabra la diputada Enoé Uranga Muñoz, en pro del dictamen.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente. En esta ocasión no vengo a hablar de amor, vengo a hablar en el convencimiento de que una izquierda responsable, de que una izquierda que se plantea gobernar este país llegue a entender que cuando hace política social debe encontrar la manera de sacar el dinero que permita hacer esa política social. Algo tan elemental, tan sencillo como esto.

Este dictamen, que no va en la idea precisamente de inhibir el consumo de los productos sino de hacer responsable de pagar los daños que ocasionan esos productos a quien debe pagarlos, abre una ventana que para mí es fundamental. Se trata de la posibilidad por esta vía de empezar a gravar productos, que por sus características ya hacen injustificable el que no paguen impuestos.

No se trata de destacar los 100 millones que apenas implicará gravar a estas bebidas energizantes, este es un paso apenas. Se trata de establecer un antecedente que entra a un tema que de nueva cuenta quedó atrapado entre las 630 iniciativas que la Comisión de Hacienda desdeñó, con lo que se perdió la posibilidad de contar con una ley que saliera en forma imaginativa, con una visión mucho más integral para atender los serios problemas de recursos que tenemos.

Este dictamen tendrá que llevarnos a dar el paso por fin a entrar al tema de gravar los refrescos y la comida chatarra, y ésa es la expectativa que a mí me hace estar a favor de ella. La discusión ésta que de nueva cuenta quedó botada en la basura y que con ella en ese mismo lugar quedaron votados los 15 mil millones, 15 mil millones nada menos, que podría recaudarnos el impuesto a los refrescos y a la comida chatarra, que como ya se ha anotado, si tomamos en cuenta ya el 1 por ciento que podrá impactar respecto del IVA el tabaco, nada menos, es una vía importante de análisis.

Creo que el presidente de la Comisión de Hacienda fue incapaz de generar un espacio de amplia discusión que permitiera analizar todos estos temas, y que tenemos la posibilidad de defender este paso como un primer paso que permita entrarle, aunque no con la urgencia que la política integral requiere ya para atender este problema tan serio de la obesidad con la diabetes, con la obesidad infantil, con las muertes que trae, con los 60 millones que cuesta atender la solución en obesidad, que atienda además a una visión de política integral en salud, en educación, en cultura, que permita el que modifiquemos lo que hizo que estemos —y me incluyo— en los problemas de obesidad en este país.

Hoy es por irresponsabilidad o por falta de cálculo político que eludimos entrarle al tema de gravar refrescos y comida chatarra, eludimos este compromiso de ser impulsores de cambios de conducta que le urgen al país, pero al menos estamos abriendo esta ventana, al menos estamos con este dictamen dando un inicio hacia ese análisis, es un pasito en el camino correcto y por ello defendible, por ello reivindicable y por ello el grupo del PRD votará a favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Gerardo Verver y Vargas.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Buenos días a todas y a todos.

Las bebidas energizantes o las bebidas energéticas se inventaron en la década de los ochenta en  Europa, y el objetivo era aumentar la resistencia, mantenerse vivos, estar estimulados y estar muy despiertos. Cuando esas bebidas empiezan a tener éxito comenzaron a irse a todo el mundo. Ahorita están en 120 países y sus ventas se incrementan anualmente en un 100 por ciento. Perecía que eran bebidas bastante inofensivas e inocuas.

Aquí quiero reconocer el compromiso de la Comisión de Hacienda y de las diputadas y los diputados que la integran en tomar este tema para intentar de alguna manera limitar su uso de manera conveniente.

El problema de las bebidas es tanto su consumo. El problema de estas bebidas no radica tanto en su consumo eventual sino en su consumo excesivo. Y cuando se mezcla con alcohol, cuando lo toman menores de 18 años o lo toman mujeres embarazadas.

El comenzar a tocar este tema con un impuesto nos invita a que no solamente hagamos eso sino que le pongamos leyendas a las bebidas, que trabajemos en la limitación de su venta y que exista la responsabilidad de que existan sanciones para que no se vendan a menores de 18 años y no se venda a las personas para mezclarlas con alcohol.

Creo que esta decisión de la Comisión de Hacienda es una decisión valiosa que comienza a ponernos en la reflexión de hacer algo con este tipo de bebidas.

El PRD va apoyar esta propuesta, va a votar a favor ante este argumento. Se argumenta que los IEPS son impuestos que son inequitativos y no son progresivos. Aquí lo interesante es que el que más consuma más paga. Y lo más interesante es que los que tienen el consumo en abuso van a tener el riesgo de ello.

La posibilidad de que ayude es importante. Recordemos cuando comenzaron las anfetaminas en el principio del siglo XX. Los que las fabricaban se las daban para que la gente se sintiera muy contenta y muy feliz, y ahora las andamos persiguiendo.

Creo que es momento de hacer una reflexión para regular de manera responsable su consumo y creo que queda pendiente una iniciativa que ojalá pronto tengamos, para ponernos en la Comisión de Salud a la par de la Comisión de Hacienda.

Reconozco el esfuerzo, reconozco el trabajo y yo creo que debemos votar a favor ante su reflexión respetuosa. Muy amables y muchas gracias por permitirme hablar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Toda vez que no hay más oradores inscritos se considera suficientemente discutido. Y toda vez que esta Mesa Directiva no recibió ninguna reserva sobre este dictamen, ábrase el sistema de votación, hasta por 5 minutos, para proceder a la votación del dictamen en sus términos en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Informe la votación, señor secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Ciérrese el sistema de votación.

Diputado presidente, se emitieron 436 en pro, 10 abstenciones, 1 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hemos recibido de la Comisión de Hacienda proyecto de dictamen que adiciona el artículo 226Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como ha sido distribuido y está publicado en la Gaceta, pregunte la Secretaría si se integra al orden del día.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se incorpora al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estando publicado y distribuido, pregunte si se dispensa la primera lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la primera lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72, Apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable Cámara de Senadores remitió la Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la Senadora María Rojo e Incháustegui del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de de Hacienda y Crédito Público, de esta Cámara de Diputados, se abocaron al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros en pleno, presentan a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

El 14 de septiembre de 2010, la Senadora María Rojo e Incháustegui del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó a la Cámara de Senadores la Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa antes referida a la Cámara de Diputados.

El 21 de septiembre de 2010, la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa en comento y la mesa directiva de dicho órgano legislativo, la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó diversos trabajos, a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La Iniciativa que se dictamina fue presentada en los términos de lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La exposición de motivos de la Iniciativa de referencia, señala que los estímulos fiscales han tenido una eficacia diversa, tal es el caso del estímulo previsto por el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de fomentar a la producción cinematográfica nacional, el cual ha contribuido a un incremento considerable de producciones cinematográficas.

Así, la Iniciativa propone el establecimiento de un estímulo fiscal a efecto de fomentar a la producción teatral nacional, misma que al igual que la producción cinematográfica nacional resulta fundamental en la formación intelectual, afectiva y social de nuestro país.

En tal sentido, la Iniciativa plantea, dada la eficacia del estímulo previsto en materia cinematográfica por el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el estímulo fiscal a la producción teatral nacional sea similar a aquél, previendo que el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no exceda de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal, tomando en consideración el hecho de que la producción teatral nacional, a diferencia de la cinematográfica, requiere menos recursos, asimismo se propone como límite por contribuyente y proyecto de inversión el de 2 millones de pesos.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión coincide con el objetivo planteado por la Iniciativa sujeta a dictamen, en virtud de que el teatro mexicano, enfrenta en la actualidad una grave crisis de carácter económico debido, entre otros factores, a la insuficiencia de recursos financieros y a la falta de inversión productiva.

En tal sentido, la que dictamina considera necesario implementar una política fiscal, que permita la aplicación de medidas que fomenten la producción teatral nacional, a fin de coadyuvar a que los proyectos teatrales, obtengan recursos suficientes para financiarse, lográndose por consecuencia un fortalecimiento de dicho sector, con efectos positivos para el fomento de la cultura nacional.

Conforme a lo anterior, y a efecto de impulsar el desarrollo de la producción teatral nacional, es que esta dictaminadora considera adecuado el otorgamiento de un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que aporten recursos a la producción teatral nacional, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en dicha producción.

En tal sentido, se coincide con lo expuesto por la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, respecto a que el estímulo fiscal a la producción teatral nacional sea similar al previsto por el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de producción cinematográfica nacional, así como que el monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes no exceda de 50 millones de pesos por cada ejercicio ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción teatral nacional, bajo la consideración de que dicho sector requiere menos recursos que los requeridos para la producción cinematográfica nacional.

Adicionalmente, tomando en consideración que el estímulo fiscal para la producción teatral nacional prevé una mecánica similar a la prevista para la producción cinematográfica nacional, esta dictaminadora estima necesario establecer que el crédito fiscal a dicho sector se aplique, además de contra el impuesto sobre la renta del ejercicio como se propone, contra los pagos provisionales del mismo ejercicio que tenga a su cargo el contribuyente. Lo anterior, a efecto de incorporar dentro de la mecánica para el estímulo en materia teatral, lo dispuesto mediante el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007, en materia cinematográfica, relativo a que los contribuyentes que realicen inversiones en la producción cinematográfica nacional pueden aplicar dicho estímulo fiscal contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

Asimismo, del análisis efectuado por esta dictaminadora a la Iniciativa en análisis se observa que ésta no alude a lo preceptuado por el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a la posibilidad de que el contribuyente acredite la diferencia del crédito fiscal no acreditada en el ejercicio en el que aplicó el estímulo, contra el impuesto sobre la renta que tenga a su cargo en los 10 ejercicios fiscales siguientes, hasta agotarla. En tal sentido, a fin de homologar los mecanismos aplicables en ambos estímulos es que esta dictaminadora incorpora al estímulo fiscal a la producción teatral nacional dicho supuesto.

De igual manera, esta dictaminadora estima necesario modificar el texto propuesto en la Iniciativa en análisis, a efecto de que el comité interinstitucional se integre por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la consideración de que conforme a las disposiciones legales aplicables, correspondería a dichos órganos la integración del referido comité.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno el siguiente

Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 226 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

“Artículo 226 Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando el crédito a que se refiere el párrafo anterior sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción teatral nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente al montaje de obras dramáticas a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización teatral, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I.Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad.

II.El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción teatral nacional.

III.El Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo fiscal distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de dicho beneficio.

IV.Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo.”

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a   de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica), Martín Rico Jiménez, Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si la asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a votación en esta sesión.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo .

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Está a discusión en lo general y en lo particular y se han inscrito para hablar a favor los diputados Jaime Cárdenas, Leticia Quezada, Kenia López Rabadán, Armando Báez Pinal. En contra, el diputado Mario di Costanzo Armenta y el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Diputado Di Costanzo va usted a hacer uso de la palabra?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Sí, en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En contra.

El diputado Mario di Costanzo, tiene el uso de la palabra.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias presidente. Yo vengo a argumentar en contra de este dictamen. Si bien es cierto que es importante fomentar el empleo y es importante tratar de hacer desde aquí lo que no está haciendo el Ejecutivo federal, que es crecer y crear empleos, yo en la comisión argumenté que era necesario aprovechar esta buena disposición para aprobar leyes o artículos que tiendan a favorecer el empleo, que pudiera ser extensivo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, es el 226 de estímulos al teatro, es correcto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Perdóneme, perdóneme. Mire, lo que sucede es que estar dando estímulos a discreción, sin una lógica, sin un parámetro, no nos lleva a nada porque luego vamos llenando de...

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Di Costanzo. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Agustín Torres Ibarrola(desde la curul): Pregunte al orador si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El orador está empezando su tema pero usted le quiere hacer una pregunta. ¿Sí le acepta una pregunta?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Sí, claro que la acepto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta el orador.

El diputado Agustín Torres Ibarrola(desde la curul): Tengo aquí el dictamen de la Comisión y en las firmas de cada uno de los diputados aparece su firma a favor del dictamen, diputado Mario Alberto di Costanzo. Quisiera que nos explicara por qué razón fundamenta ahora en contra del mismo cuando lo firmó en la Comisión a favor.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Me habré equivocado de columna, pero dicen que es de sabios rectificar, diputado. Miren, a lo que voy es a lo siguiente, cuando empezamos a otorgar estímulos por otorgar estímulos, al rato no sabemos ni siquiera qué estamos dando, si además lo estamos valorando y no estamos midiendo esos estímulos.

Así pasó con el autotransporte, exactamente así pasó con el autotransporte y ahorita ya nadie puede quitar esos estímulos al autotransporte cuando no sabemos ni para qué son.

Creo nuevamente que no es con este tipo de políticas con lo que vamos a fomentar a las empresas, a las industrias.

Vuelvo a decir, si queremos hacer cosas buenas para este país tenemos que diseñar políticas integrales y no nada más porque hoy se nos ocurrió un estímulo ponerlo y mañana el otro. Por qué no le ponemos un estímulo mañana a lo que se nos ocurra el día de hoy, para fomentar una cosa u otra.

Y por eso vamos llenando de parches el régimen fiscal tributario en México y al rato son parches que no podemos quitar. Y precisamente, como estamos llenos de parches en el sistema tributario mexicano, es por lo que ahorita estamos batallando precisamente con la obtención de ingresos públicos.

Les reitero que no podemos estar dando estímulos cada día que se pidan, por muy buenos oficios o por muy buenas intenciones que tengamos.

No podemos seguir utilizando únicamente a la política de precios y a la política de estímulos fiscales, para estar fomentando algo que requiere de otro tipo de iniciativas, de políticas integrales que fomenten equis o ye sector en la economía.

Por eso estoy en contra. Estoy en contra de los parches al sistema fiscal mexicano. Estoy en contra de los IEPS, que vienen siendo parches a la recaudación porque este Congreso tuvo un año para hacer una reforma fiscal integral y se negó a hacerla. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, en pro.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el tema que nos coloca sobre esta tribuna el diputado Mario di Costanzo y el propio dictamen es un tema muy importante, es el tema de los gastos fiscales, lo que en el sistema fiscal comparado se conoce como tax expenditure, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por concepto de beneficios o estímulos fiscales que en algunos países llega a ser equivalente al 40 o al 50 por ciento de lo que el Estado recaudaría por entregar estos estímulos o beneficios fiscales.

Cuál es el problema que plantea Mario di Costanzo, y en eso coincido con él. El problema de estos estímulos fiscales es el problema de la cuantificación y la medición de cuántos estímulos y cuántos beneficios fiscales contienen nuestro sistema tributario.

No tenemos una cuantificación exacta. Esta Cámara de Diputados al inicio de la Legislatura creó una Comisión Especial de Gastos Fiscales que si no mal recuerdo preside el diputado Sebastián Lerdo de Tejada para reformar precisamente el sistema y el esquema de los gastos fiscales y de los estímulos fiscales en el país.

Como dice Mario y lo dice muy bien, aparentemente esta propuesta y este dictamen es muy positivo porque se trata de apoyar al teatro, las obras dramáticas. Aquí, sin embargo, habría que preguntar por qué nada más las obras dramáticas y no las comedias o no las tragedias. Pero en fin, ésa sería otra discusión.

La discusión fiscal que él plantea es una discusión fiscal seria y desde luego creo que lo que falta en este país es una reforma fiscal integral para que sepamos si este tipo de estímulos fiscales deben otorgarse vía el sistema tributario o vía el sistema presupuestal.

Ésta es una de las discusiones que se plantean en los sistemas fiscales comparados. ¿Cómo hay que entregar los beneficios, directamente a través del presupuesto o a través de los beneficios fiscales que establece la legislación tributaria?

Tal vez para efectos de cuantificación y medición sea mejor establecer estos apoyos en el Presupuesto y no en las leyes tributarias. Ahí tendría toda la razón mi compañero Mario di Costanzo.

En cuanto al dictamen concreto pues observamos que se plantea un estímulo fiscal de hasta el 10 por ciento del impuesto sobre la renta en el ejercicio inmediato anterior al de la aplicación. Se dice en la reforma que se propone que este beneficio no podrá exceder de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción teatral nacional.

Sin embargo, estamos abriendo y de nuevo coincido con Mario di Costanzo, pues un espacio, un hoyo negro al conceder estos estímulos fiscales sin tener mucha precisión y mucha claridad de cuánto el Estado mexicano, de cuánto los contribuyentes conceden, millones de pesos, por beneficios fiscales.

Sería importante conocer los resultados y los trabajos de la Comisión Especial de Gastos Fiscales que preside el diputado Lerdo de Tejada, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de beneficios fiscales, cuánto el Estado mexicano está dejando de recaudar por estos beneficios que a través de las leyes fiscales, como en el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estamos otorgando.

Por todo lo anterior y aunque me parece muy benigno el dictamen y me inscribí en pro del mismo, porque mi compañero —como se dijo aquí— Mario di Costanzo, aparece su firma a favor, yo me voy a abstener, porque sí es importante que hagamos esta reflexión y ojalá pronto conozcamos los resultados de la Comisión Especial de Gastos Fiscales que preside el diputado Lerdo de Tejada. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Leticia Quezada, en pro.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Buenas noches, diputados y diputadas, acudo a esta tribuna con muchísimo orgullo a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, quien presentó esta iniciativa en el Senado, la senadora María Rojo, junto con varios senadores más y obviamente se retomó en el Grupo Parlamentario del PRD y la hicimos nuestra.

También se sumaron, y damos el agradecimiento a la diputada Josefina Vázquez Mota, al diputado Francisco Rojas, y obviamente a nuestro coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, quienes mostraron gran sensibilidad en este tema cuando vinieron aquí los integrantes de la comunidad del teatro.

Esta iniciativa es noble y es de avanzada. Primero porque distinto a todo lo que se ha discutido aquí, a los intereses de los grandes consorcios, de los potentados y de funcionarios públicos con intereses particulares, esta iniciativa tiene que ver con la sensibilidad de la vida, tiene que ver con la cultura, con el arte, con cómo apoyar al teatro en esta época en la que también sufre los embates no sólo de una inexistente política cultural sino de la crisis económica que ya se ha enquistado en nuestro sistema económico y vida cotidiana. Esta iniciativa viste esta noche, viste el trabajo de la Cámara de Diputados, viste el trabajo de nosotros los parlamentarios.

Diputadas y diputados, el teatro es, sin duda, una de las artes más antiguas e influyentes de la vida de nuestra especie. En un escenario no importan las características de éste, se reta al espectador mediante la representación, se le provoca para que mediante un ejercicio definitivamente intelectual se enfrente mediante la acción de su realidad.

Históricamente el teatro ha pasado por grandes conflictos, a pesar de todos los actos que han afectado el desarrollo del teatro, su vida está tan profundamente vinculada al desa-rrollo y al proceso de liberación de las sociedades que siempre ha encontrado gente que se entrega con pasión a vivir una vocación que involucra a un gran equipo humano.

Es fundamental que se establezca un estímulo fiscal que permita revitalizar al teatro mexicano, actividad que como el cine y otras expresiones artísticas rebasan lo cultural e inciden en la vida económica del país.

Recuperemos con esta iniciativa el espíritu de Vasconcelos y de aquellos maestros que como verdaderos misioneros de la educación y la cultura se entregaron a la muy alta tarea de compartir su vida con la gente más necesitada de otras experiencias. Sí, de experiencias profundas que les permitan aspirar a la libertad.

Tengo la profunda convicción de que un estímulo fiscal como el que se propone tendrá grandes beneficios no sólo para la comunidad teatral. Nada más lejano de mi ánimo que beneficiar a un sector sino para el desarrollo de nuestra vida social, cultural y educativa.

Sé que con este estímulo se estará dando al medio para realizar acciones concretas orientadas a darle eficacia y garantizar el derecho constitucional de acceso a la cultura a todos los mexicanos. Dada la eficacia que ya se ha señalado en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como en el caso del cine que, a propósito, ya compite a nivel internacional.

Considero que el estímulo fiscal para el teatro que se propone puede ser muy similar en las reglas de operación. El monto total del estímulo que propuso la misma comunidad teatral es de 50 millones de pesos, se propone como límite por proyecto la cantidad de 2 millones de pesos.

Es incuestionable que un proyecto teatral requiere de recursos para su inicio, desarrollo y sobrevivencia. El teatro, sé que con este estímulo fiscal puede llegar a ser autosustentable en la medida que propicie la formación de un público ávido del teatro, de un público ávido de la cultura. Para que el teatro adquiera fortaleza y pueda aspirar a financiarse a sí mismo, se requiere de apoyos para ir donde está el público.

Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de 2009 publicada en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se ha señalado que el 60 por ciento de la población jamás ha acudido al teatro, y el 40 por ciento ha acudido solamente por tareas.

Por último, para romper —ya termino. Por último, para romper el proverbial centralismo que caracteriza nuestra vida nacional, el estímulo fiscal que se propone propiciará el desarrollo de proyectos en el resto de la república.

Hoy, diputadas y diputados, siéntanse orgullosos y orgullosas de comenzar a sembrar cultura en nuestro país. Orgullosos de incentivar el teatro y orgullosos por abrir brecha a generaciones que estoy segura, hoy la realidad irá cambiando. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Leticia Quezada Contreras. Tiene ahora la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, ya con la hora que es, ya estoy como Calderón, en realidad voy a hablar a favor. Es al revés, como todo con Calderón es al revés, porque lo que acaba de decir la compañera Quezada es absolutamente válido.

El problema ya lo planteó Jaime Cárdenas y lo planteó Mario di Costanzo, que es cómo se pervierten los estímulos fiscales y los regímenes especiales. Bajo ese eufemismo, muy grandes empresarios no pagan impuestos en este país. Femsa de Coca-Cola 1.5 por ciento. Maseca que tiene el monopolio... Aunque no les guste compañeros —salud allá atrás— aunque no les guste, ¿es así? Deberían hacer así, de que no paguen, y hacer una modificación al régimen tributario para que paguen 29 por ciento del impuesto del producto de la renta como lo pagamos cualquier hijo de vecina. Maseca, que tiene el monopolio de la masa de maíz no paga. Cemex, que tiene monopolio de cemento, no paga. Sólo por citarles algunos ejemplos, Telmex, que es de los que más paga, paga 6 por ciento.

Entonces el problema de estos llamados estímulos fiscales es ese eufemismo, y cómo se van pervirtiendo y cómo sirven para que el pueblo de México siga cargando este brutal esquema de injusticia que subsiste en el país, porque ahora que vino Cordero reconoció que 130 mil es el ingreso per cápita en este país. Sería como para que ganara 10 mil pesos mensuales cada uno de los mexicanos y se repartiera de manera equitativa, y resulta que aunque no le guste a Cordero tenemos 40 millones de pobres que ganan un dólar al día. Él dice que 6 millones, son muchísimos, pero son 40 en realidad.

Lo que quiero decir aquí finalmente es que hoy es otra vez un día triste para el pueblo de México. Hoy otra vez se han tomado decisiones contrarias al interés nacional. Hoy otra vez con mucha demagogia se habla aquí de la preocupación de los jóvenes y su salud y se condenan 7 y medio millones de jóvenes a que no tengan acceso a la educación. Hoy otra vez las cúpulas de los partidos están tomando decisiones que no tienen nada que ver con el beneficio del pueblo de México.

Y hoy nuevamente esta soberanía da la espalda a su responsabilidad, al artículo 51 que nos honra con la representación de la nación.

Somos representantes de la nación y acabamos de rehenes de unos cuantos. Acabamos de rehenes de una cúpula de intereses bastardos que lo único que les interesa es el poder por el poder y no el compromiso del servicio a favor del pueblo al cual representamos.

Es una pena, es una pena porque la política es una actividad humana que está encaminada al bien común y que debería ser reivindicada con nuestros actos y con nuestro dicho día con día. Y es una pena porque de aquí tendrían que salir grandes propuestas para la solución a los graves problemas nacionales que quien usurpa la Presidencia de la República no tiene ningún interés en resolver.

Yo termino diciendo, voy a votar a favor de esta iniciativa, pero está totalmente en contra de lo que ha decidido en esencia este Congreso. Es una pena, es una lástima que estemos perdiendo así tiempos muy importantes. Para cuando queramos enderezar el barco va a ser un poquito tarde.

El daño que se está haciendo al país nos va a llevar décadas volver a resolverlo y a superarlo y, reitero, es lamentable que aquí se vote en contra de la conciencia, en contra del compromiso, en contra de la consecuencia, en contra de los compromisos de campaña que muchos de ustedes hicieron con sus electores y que a la hora buena no han cumplido y que está claro que no cumplirán.

De verdad, reflexiónenlo, compañeros y compañeras, yo no quiero dejar de comentarlo, no porque sea ingenuo sino porque no sólo les estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a la gente que nos ve también y le estoy diciendo a esa gente que no espere nada bueno de aquí, que el cambio debe venir del pueblo organizado, de un profundo y poderoso movimiento popular que transforme de raíz todo, en materia económica, en materia política, en materia social.

No merecemos este gobierno, no merecemos estas representaciones, no merecemos estas decisiones, no merecemos esta miseria.

Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra para hablar en pro la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Kenia López Rabadán:Muchas gracias, diputado presidente.

Quisiera primero decir que es un honor estar en esta Cámara de Diputados cuando la cultura suma. Es sin lugar a dudas gratificante ver la hora en la que estamos discutiendo este tema y podemos coincidir. Ver cómo los temas culturales pueden generar, sin lugar a dudas, coincidencias, y hoy lo estamos viviendo aquí a propósito del teatro.

Diputadas y diputados, con su voto estarán apoyando a actores, a actrices, a directores, a dramaturgos, a escenógrafos, en fin, a todos esos hombres y mujeres que dedican a través del arte teatral su vida para hacernos conocer una realidad que en muchos de los casos se equipara con la vida cotidiana.

Hoy estamos aquí aprobando un estímulo fiscal, nada más y nada menos que eso, a través del impuesto sobre la renta estamos diciéndole a la cultura: los diputados nos podemos poner de acuerdo y estamos a favor de la cultura y estamos a favor del teatro.

Quienes han tenido la posibilidad de reconocer el trabajo que se ha hecho a través del artículo 226 del impuesto sobre la renta, en términos de cinematografía, nos ha quedado claro que aquella iniciativa que en su momento, en la LVII Legislatura presentara el hoy diputado Javier Corral y en aquella ocasión senador, ha dado frutos.

Hoy nos podemos dar cuenta de que hemos pasado de hacer 7 películas en un año a hacer 70. Eso es lo que genera un estímulo fiscal. Nos permite conocernos como país y hacer que nos conozcan más allá de nuestras fronteras. Nos permite reconocernos como mexicanos y construir nuestro presente y nuestro futuro a propósito de las artes.

Eso es lo que hoy Acción Nacional viene a avalar, que ese mismo escenario se viva en el teatro, que ese mismo escenario se viva con las compañeras y los compañeros que hacen de su vida una expresión teatral.

Quiero decirles que el Partido Acción Nacional, en términos de corresponsabilidad recibió, a petición por supuesto del coordinador Alejandro Encinas y por instrucción de la diputada Josefina Vázquez Mota, recibimos a quienes el pasado jueves acudieron a esta Cámara. Acudieron empresarios, acudieron artistas, acudieron un sinfín de personas que se dedican al teatro para decirles a los diputados de México: apóyennos.

Hoy lo estamos cumpliendo, lo está cumpliendo el PAN y lo están cumpliendo todos los demás grupos parlamentarios y no nos resta sino reconocer el esfuerzo de todas las bancadas. Muchísimas gracias y felicidades, por supuesto, por la votación de hoy.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Kenia López Rabadán. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI. Siendo el último orador inscrito, después de él habremos de preguntar a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal:Con su permiso, señor presidente. Para la bancada del PRI el apoyo a la cultura es fundamental y en las expresiones artísticas y culturales el teatro es crucial.

Ha sido el teatro desde la época helénica la raíz de todas las artes escénicas y canaliza en el disfrute y la reflexión que provoca el buen teatro el legítimo deseo de esparcimiento que tiene la ciudadanía.

Además, el buen teatro es un apoyo más para atraer turismo, el llamado turismo cultural, y centenares de actores y actrices tendrán empleos dignos en una de las actividades humanas más nobles de la creación artística.

Saludo a los grandes actores y actrices mexicanos en este país, de gran tradición artística que nos han prestigiado en toda América Latina y en el mundo entero.

Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados por su apoyo a la decisión que inicia el camino a una política de estímulos fiscales a favor de una estrategia cultural integral que beneficie a la sociedad en general, y especialmente a los jóvenes mexicanos. Este estímulo será exclusivamente por ahora para la producción de teatro independiente, y se convertirá en una importante fuente de trabajo además de los ya mencionados para músicos, escenógrafos, técnicos de sonido, bailarines, coreógrafos, etcétera.

Señoras diputadas y señores diputados, apoyar al teatro mexicano es combatir la violencia y fomentar la reinserción social. Como dicen mis compañeros que también tuvimos el gusto de recibirlos por instrucciones de la bancada priísta: menos balas y más teatro, menos balas y más cultura. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Armando de Jesús Báez Pinal. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se le pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretario.

Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular  del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Algún diputado por votar? Se va a cerrar el sistema electrónico. Ya son las dos de la mañana.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dé cuenta de la votación la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, tenemos 446 a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 446 votos el proyecto de decreto que adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Dé lectura la Secretaría a dos comunicaciones.

LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto informo a usted que la comisión que honro en presidir, solicita atentamente a la Mesa Directiva la declinación de su participación en el despacho de la iniciativa que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI y presentada en esta Cámara de Diputados el 30 de septiembre de 2010, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Esperando la favorable atención a la presente, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Presidencia de la Mesa Directiva;Secretaría Técnica;licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios.— Presente.

Por instrucciones del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva, anexo al presente escrito signado por el diputado Tereso Medina Ramírez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica que declina su participación en el despacho del siguiente asunto

Iniciativa que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI.

Lo anterior, para los efectos procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Alejandro Muñoz (rúbrica), secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto informo a usted que la comisión que me honro en presidir, solicita atentamente a la Mesa Directiva la declinación de su participación en el despacho de la iniciativa que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI y presentada en esta Cámara de Diputados el 30 de septiembre de 2010, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Esperando su favorable atención a la presente, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Uriel López Paredes (rúbrica), presidente.»

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria. En virtud de lo cual esta Presidencia recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en lo que dispone el artículo vigésimo del acuerdo parlamentario relativo a la discusión de dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria y se está distribuyendo entre las diputadas y los diputados.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se incorpora al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y distribuidos entre las diputadas y los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. se dispens la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72, Apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable Cámara de Senadores remitió la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, presentada por el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, se abocaron al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros en pleno, presentan a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

El 9 de septiembre de 2010, el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó a la Cámara de Senadores la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo.

El 28 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa antes referida a la Cámara de Diputados.

El 30 de septiembre de 2010, la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa en comento y la mesa directiva de dicho órgano legislativo la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó diversos trabajos, a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La Iniciativa que se dictamina fue presentada en los términos de lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La exposición de motivos de la Iniciativa de referencia señala que la economía mexicana actualmente enfrenta un bajo crecimiento económico, el cual se ha visto reflejado en el mercado laboral.

Adicionalmente, la exposición de motivos de la Iniciativa que se dictamina refiere que ante el bajo crecimiento económico la generación del empleo formal no ha sido satisfactoria, lo cual ha provocado un incremento en el número de trabajadores desempleados, subempleados, informales o que se ven obligados a emigrar a otros países.

En tal sentido, la exposición de motivos de la Iniciativa de referencia destaca que la baja creación de empleos formales ha afectado particularmente a los jóvenes, quienes representan el 53% de los trabajadores desocupados, el 49% de los eventos de pérdida de empleos y un tercio de los empleos informales. Asimismo, el mencionado documento dispone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reporta que la mitad de las solicitudes de trabajo provienen de este sector de la población, mientras las plazas disponibles para ellos tan sólo representan el 9.5%, lo cual ha generado que jóvenes de todos los niveles de instrucción se vean obligados a buscar mejores oportunidades en otros países.

Ante el panorama antes descrito, la exposición de motivos de la multicitada Iniciativa señala que se vuelve impostergable la creación de políticas públicas que fomenten la creación de empleos formales, que favorezcan a los millones de jóvenes que ingresan año con año al mercado laboral y que les presenten mejores alternativas que la migración y, en el peor de los casos, la delincuencia organizada les ofrecen.

Así, la exposición de motivos del documento que se dictamina destaca que se debe utilizar la política fiscal de forma inteligente, así como aplicar medidas que de manera inmediata permitan la generación del empleo, al ser éste el principal impulsor del combate a la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso y del aumento en la productividad de los sectores reales de la economía.

Conforme a lo antes expuesto, la Iniciativa sujeta a dictamen propone que la Ley que se pretende expedir tenga una vigencia de 3 años por su carácter emergente, ya que se intenta que la misma sea una respuesta oportuna ante la situación económica actual, marcada por la incertidumbre internacional, la debilidad del mercado interno y el aumento del desempleo y subempleo. Incluso, de acuerdo con lo expresado en la exposición de motivos de la citada Iniciativa, se establece en la propia Ley que la deducción adicional prevista por dicho ordenamiento para efectos del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU), se reduzca en un 25% en caso de que los nuevos empleos sean creados un año después de su entrada en vigor, con el objetivo de que el impulso en el primer año resulte significativo. En tal sentido, la Iniciativa que se dictamina determina que una vez transcurrido dicho plazo se regresaría al sistema actual, es decir, se continuarían aplicando las disposiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley de referencia.

Así y a efecto de apoyar a los patrones que contraten trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, la Ley cuya emisión se plantea, propone lo siguiente:

• El otorgamiento de una deducción adicional en el ISR y en el IETU, equivalente al 80% del resultado de disminuirle al salario base el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa correspondiente de tales contribuciones, según corresponda y dividirla entre esa misma tasa; pudiendo aplicar la mencionada deducción adicional en los pagos provisionales y del ejercicio de tales gravámenes que realice el contribuyente.

• Que el monto de la deducción sólo se aplique en el caso de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda a la ubicación geográfica en que se encuentre.

• La reducción del monto máximo de la deducción adicional en un 25% a partir del segundo año de vigencia de la Ley en mención.

• La necesidad de que cada puesto de nueva creación, debe ser ocupado como mínimo 18 meses continuos, a fin de evitar que sea utilizado con fines de elusión fiscal.

• La obligación para los patrones de informar en el mes de febrero respecto del número de puestos de nueva crea-ción y ocupados por trabajadores de nuevo empleo, correspondientes al año anterior.

Conforme a lo mencionado por la exposición de motivos de la Iniciativa sujeta a dictamen, se establece que la aplicación de la deducción adicional multicitada permitirá al contribuyente la obtención del beneficio fiscal de manera más expedita, ya que simplemente lo reportará en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

Asimismo, la Iniciativa en estudio prevé que los patrones deberán de cumplir ciertos requisitos para tener derecho a la deducción adicional de referencia, tales como la obligación de inscribir a los trabajadores de primer empleo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinar y enterar ante dicho organismo las cuotas obrero-patronales, no tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes y de cumplir con los requisitos de información necesarios.

Por otro lado, en la citada Iniciativa se prevén sanciones ante el incumplimiento de sus disposiciones que van desde multas equivalentes al 20%, 30%, 50% y 70%, según aplique, del monto de la deducción adicional, hasta la pérdida definitiva del derecho para aplicarla.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión estima que con la propuesta contenida en la Iniciativa que se dictamina se fomentará la creación de empleos formales, que favorezcan a los millones de jóvenes que ingresan año con año al mercado laboral y que les presenten mejores alternativas que la migración y, en el peor de los casos, la delincuencia organizada les ofrecen.

Adicionalmente, se coincide en que se debe utilizar una política fiscal inteligente, así como aplicar medidas que de manera inmediata permitan la generación del empleo, al ser éste el principal impulsor del combate a la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso y del aumento en la productividad de los sectores reales de la economía.

Asimismo, se coincide que el plazo de vigencia del beneficio fiscal propuesto en la Iniciativa en estudio se limite a 3 años, pues se trata de una medida que pretende resolver una situación transitoria de la economía. De igual forma, esta dictaminadora coincide con la propuesta relativa a que los puestos de nueva creación deban mantenerse ocupados como mínimo 18 meses continuos, a fin de evitar abusos.

Si bien la que dictamina considera adecuado que el estímulo fiscal que se otorgue a los patrones que contraten trabajadores de primer empleo sea una deducción adicional, se estima que dicha deducción únicamente debe aplicar para efectos del ISR, ya que establecerla para efectos del IETU no es la mejor alternativa por las distorsiones que provocaría en un impuesto mínimo de base amplia como lo es este último gravamen.

En efecto, es importante recordar que este Congreso de la Unión, dentro del proceso legislativo de discusión y aprobación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, reconoció la naturaleza de ese gravamen como un impuesto mínimo de base amplia, por lo que con el objeto de no distorsionar dicha naturaleza, es que no se permite la deducción de los pagos a los factores de la producción, como son los salarios; sin embargo, se permite que los contribuyentes apliquen un crédito contra el IETU por las erogaciones realizadas por concepto de salarios gravados y aportaciones de seguridad social.

Si bien las retribuciones a los factores de la producción, como son los salarios, quedan comprendidas en la base del IETU, determinada por el método de resta, jurídicamente no son objeto del mencionado impuesto y, por ende, tampoco pueden constituir un concepto deducible.

Además, el costo total (ISR e IETU) del equivalente anual uniforme ascendería a 35,085 millones de pesos (mdp), lo cual representa un elevado impacto a las finanzas públicas lo que daría lugar a que el Gobierno Federal contara con menores ingresos por concepto de dichos impuestos para atender otros sectores.

Por otra parte, esta dictaminadora considera adecuado también modificar el monto máximo de la deducción adicional en el ISR, para ajustar el impacto que la medida puede generar en las finanzas públicas y que el beneficio sea sustentable de acuerdo a la recaudación esperada para satisfacer el gasto público.

En efecto, la propuesta, en los términos planteados en la Iniciativa de referencia, prevé que el crecimiento en el empleo podría alcanzar el 5%, por lo que su costo es elevado, ya que con la deducción adicional el costo fiscal sería equivalente a 28,393 mdp anuales durante un periodo de 6 años, lo que representa un costo total de la Ley de Fomento al Primer Empleo, cuya emisión se propone en la Iniciativa, de 160,493 mdp a valor presente.

El costo total de la Iniciativa sujeta a dictamen no se distribuiría uniformemente, pues el primer año costaría 12,381 mdp en la medida en que se iría incrementando el empleo, pero para el segundo año el costo se incrementaría a 27,858 mdp, a pesar de la reducción del 25% de la deducción adicional en comento prevista en la propia Iniciativa, como resultado de que los trabajadores por los que se obtendría el beneficio fiscal se acumulan por el transcurso del tiempo. Por dos años más, es decir el tercero y cuarto año el costo alcanzaría su máximo de 46,430 mdp, y posteriormente empezaría a decrecer.

El costo antes mencionado sólo corresponde a la deducción adicional en el ISR; sin embargo la Iniciativa plantea otorgar también esta deducción en el IETU, lo cual elevaría el costo en un monto equivalente uniforme anual de 6,693 mdp durante la vigencia del beneficio fiscal en mención.

En tal sentido, si bien se comparte la intención de la Iniciativa respecto a fomentar el empleo formal en el país, esta Comisión considera necesario, a efecto de contrarrestar los efectos desfavorables antes mencionados, la modificación de la propuesta contenida en la Iniciativa en análisis a efecto de que el beneficio previsto para los patrones consista únicamente en una deducción adicional aplicable sólo en el ISR, tanto en los pagos provisionales como en el ejercicio fiscal de que se trate.

Adicional a lo anterior, esta Comisión ha analizado en forma detallada cada uno de los artículos que conforman la Iniciativa que se dictamina y considera conveniente que el mecanismo para fomentar el primer empleo sea a través de una deducción adicional que los patrones podrán aplicar contra el impuesto sobre la renta a su cargo en los términos expuestos con antelación.

Por otra parte, el Congreso de la Unión ha seguido, en materia de sistemática jurídica, la definición de que los beneficios fiscales se establezcan en las leyes que establecen las contribuciones, como se puede observar en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Por lo anterior esta Comisión considera que, atendiendo a la naturaleza del estímulo fiscal que se propone para fomentar el primer empleo, lo conveniente como sistemática jurídica es incluir este beneficio en el Título VII “DE LOS ESTÍMULOS FISCALES” de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin cambiar el alcance y contenido de las modificaciones realizadas a la iniciativa en estudio, y sólo hacer los ajustes técnicos necesarios para instrumentarlas como artículos de dicho Título.

Adicionalmente, tomando en cuenta que son varios los artículos que norman el estímulo fiscal para fomentar el primer empleo y que, como se ha expuesto, es conveniente que se incluyan en el citado Título VII, se estima conveniente proponer que se integren en un solo capítulo de dicho Título denominado Capítulo VIII “Del fomento al primer empleo”, que comprenderá los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 y 238, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para ello, también se considera adecuado que los otros estímulos fiscales que se contemplan actualmente en dicho título también se agrupen en capítulos, de forma tal que estén mejor organizados los diversos beneficios fiscales que integran el referido título.

De esta forma el Título VII de referencia se integrará por los siguientes capítulos: Capítulo I “De las cuentas personales para el ahorro” que comprende el actual artículo 218; Capítulo II “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo” que comprende los actuales artículos 220, 221 y 221-A; Capítulo III “De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad” que comprende el actual artículo 222; Capítulo IV “De los fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles”, que comprende los actuales artículos 223, 224 y 224-A; Capítulo V “De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios”, que comprende el actual artículo 225; Capítulo VI “Del estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional”, que comprende el actual artículo 226; Capítulo VII “De la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país”, que comprende los actuales artículos 227 y 228, y Capítulo VIII “Del fomento al primer empleo”, que comprende los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 y 238, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este orden de ideas, la que dictamina considera necesario modificar el contenido del artículo 5 de la Ley de Fomento al Primer Empleo, cuya emisión se propone para incluirlo en el artículo 230 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta y en el impuesto empresarial a tasa única, que resulte a su cargo en el ejercicio fiscal de que se trate, según corresponda.

La determinación de la deducción adicional se llevar á a cabo conforme a lo siguiente:

I.Para los efectos del impuesto sobre la renta: a. Al salario base a que se refiere el artículo 231 de esta la presente Ley multiplicado por el número de días laborados en el mes o en el año por cada trabajador de primer empleo, según corresponda,se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicha cantidad salario por la tasa establecida en el artículo 10 de la esta Leydel Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

II.b. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

III. El80% 40%del monto obtenido conformeal a la fraccióninciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el cálculo del pago provisional o del ejercicio, según corresponda.

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio y en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que en su caso correspondadel mismo determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.

La deducción adicional a que se refiere esteel presenteartículo no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo generalmensual vigente del áreaen la zona que corresponda a la ubicacióngeográfica en donde preste servicio el trabajador de que se trateen que se encuentre.

Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, y por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se refieren los capítulos II y III de Título IV de esta Ley.”

De manera adicional, esta dictaminadora considera de gran relevancia establecer mecanismos de vigilancia y control que permitan a la autoridad fiscal prevenir conductas tendientes a la evasión y elusión fiscal. En tal sentido, y si bien la Iniciativa propone en su artículo 9 ciertas obligaciones de información, la que dictamina estima conveniente reforzar dichas obligaciones, por lo que se modifica el contenido del artículo 9 de la Iniciativa, el cual se propone incluir en el artículo 236 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer la obligación en el sentido de que los patrones presenten ante el Servicio de Administración Tributaria un aviso en el que manifiesten que van a optar por aplicar la deducción adicional antes señalada, así como precisar el tipo de información que deberá proporcionarse y establecer la obligación de que dicha información se presente de manera mensual, a fin de que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Servicio de Administración Tributaria cuenten con los elementos necesarios para verificar la correcta y debida aplicación del beneficio que se otorga a los patrones.

Adicionalmente, es importante señalar que con el fin de simplificar la carga administrativa de los patrones que apliquen el beneficio fiscal multicitado, se propone que la información referida en el párrafo anterior se presente ante el Servicio de Administración Tributaria y que éste a su vez proporcione copia de la misma al Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual los patrones beneficiarios sólo tendrán que presentarla ante una sola autoridad.

En ese sentido, se prevé modificar el contenido del artículo 9 de la Ley que se pretende emitir, para realizar los ajustes antes señalados, e incluirlo en el artículo 236 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a lo siguiente:

En este mismo sentido, se propone la incorporación de un precepto transitorio a efecto de aclarar únicamente la manera en que deberá cumplirse con la obligación contenida en el artículo 236 que se plantea adicionar a la Ley del Impuesto sobre la Renta durante el primer mes de aplicación del beneficio fiscal mencionado, en los siguientes términos:

Esta Comisión considera adecuado el contenido de la propuesta establecida en el artículo 4 propuesto por la Iniciativa en el sentido de que para determinar el número base de los registros para calcular el incremento en el número de trabajadores asegurados, no se deben tomar en cuenta las bajas correspondientes a trabajadores pensionados o jubilados, ya que en este supuesto, la contratación que, en su caso, realicen los patrones no es para ocupar una plaza de nueva creación, que es lo que pretende fomentar la Iniciativa sujeta a dictamen, sino que es una simple sustitución laboral en una plaza existente. En este sentido, la que dictamina considera que para evitar planeaciones indebidas, dado que la Iniciativa de referencia ya es conocida por los contribuyentes, tampoco se deben tomar en cuenta en el número base de registros, las bajas que se den en los dos últimos meses del año 2010.

Así, el texto del artículo 4, antes mencionado, quedaría como artículo 232 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los siguientes términos:

Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en el artículo 230 de esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como aquellas bajas registradas de los últimos dos meses del año 2010.

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses continuos contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer empleo. Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales a que se refiere el artículo 230 de esta Ley otorga.”

Asimismo, esta dictaminadora coincide en la mayoría del contenido de los artículos 7, 11 y 12 propuestos en la Iniciativa; sin embargo, se considera necesario realizar algunos ajustes a los mismos, para precisar por una parte que a efecto de tener derecho a la deducción adicional de referencia, los patrones deberán cumplir con todas las obligaciones contenidas en dichos artículos, respecto de la totalidad de los trabajadores de primer empleo que se contraten, así como precisar que el incumplimiento de cualquier obligación traerá por consecuencia la pérdida del derecho a aplicar la deducción adicional por la contratación de trabajadores de primer empleo realizadas en ejercicios posteriores a aquél en el que ocurrió el incumplimiento, así como la obligación de pagar el impuesto sobre la renta que hubiera correspondido de no haber aplicado en el ejercicio la mencionada deducción, así mismo, se estima conveniente que el texto de los mencionados preceptos se incluyan como artículos 234, 237 y 238 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respectivamente.

En tal sentido, los artículos antes señalados quedarían conforme a lo siguiente:

Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 230 de la presente Ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los trabajadores de primer empleo que se contraten, con los requisitos siguientes:

Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo para ocuparlos.

Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero patronales causadas tanto por los trabajadores de primer empleo, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual a que se refiere el artículo 236 de esta Ley, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentradola Administración Local de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria que le corresponda en razón de su domicilio fiscal, el aviso correspondiente y anexos, que dicha autoridad dará a conocer mediante reglas de carácter general.

Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4232 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.

Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Constituyen infracciones a lo dispuesto en la presente Ley:

Por otro lado, es importante destacar que esta dictaminadora estima necesaria la eliminación del Capítulo III denominado “De las Infracciones y sanciones” previsto en la Iniciativa que se dictamina, habida cuenta de que el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, regula de manera específica las sanciones por la comisión de infracciones que originen la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, como lo sería tomar una deducción adicional respecto de la cual no se cumplieran los requisitos legales para aplicarla o bien se tomara en cantidad mayor a la que se tuviera derecho, y por lo que hace a los supuestos de reducción de multas por autocorrección después de iniciadas las facultades de comprobación, se regulan en el segundo y tercer párrafos del artículo 76 del citado Código, en relación con el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No obstante lo anterior, se considera adecuado mantener la sanción propuesta en la Iniciativa que se dictamina respecto a perder el derecho a aplicar la deducción adicional cuando se incumplan ciertos requisitos.

Por otro lado, a efecto de reflejar los ajustes que, en la mecánica se proponen, se considera conveniente una adecuación al contenido del artículo 3 propuesto en la Iniciativa sujeta a dictamen, mismo que se plantea incluir como artículo 231 de la Ley del impuesto sobre la Renta, así como la eliminación del texto del artículo 10 planteado en la propia Iniciativa, conforme a lo siguiente:

Para efectos de este Capítulola presente Ley se entenderá como:

Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.

Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.

Trabajador de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón.

Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de este artículo y en los términos de lo dispuesto en el artículo 232 de esta Ley.

Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor de l estímulo a que se refiere el artículo 230 de la presente Ley, y.

Salario base: el que en los términos de la Ley del Seguro Social se integra como salario base de cotización para la determinación de las cuotas de seguridad sociales el monto del pago hecho en efectivo por cuota diaria sin considerar gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Adicionalmente esta Comisión coincide con la propuesta de la Iniciativa en análisis en el sentido de disminuir en un 25% el monto máximo del beneficio fiscal que apliquen los patrones para los nuevos empleos que sean creados un año después de la entrada en vigor de la medida que se propone.

Finalmente, se debe ajustar el contenido de las disposiciones contenidas en la Iniciativa sujeta a dictamen, a fin de ajustar las referencias a los preceptos que se someten a consideración adicionar a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración del Pleno el siguiente

Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único. Se adicionan los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 y 238; así como los capítulos I “De las cuentas personales para el ahorro”, que comprende el actual artículo 218; II “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo”, que comprende los actuales artículos 220, 221 y 221-A; III “De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad”, que comprende el actual artículo 222; IV “De los fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles”, comprende los actuales artículos 223, 224 y 224-A; V “De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios”, comprende el actual artículo 225; VI “Del estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional”, que comprende el actual artículo 226; VII “De la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país”, que comprende los actuales artículos 227 y 228, y VIII “Del fomento al primer empleo”, comprende los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 y 238, al actual Título VII “De los estímulos fiscales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

“Capítulo I De las cuentas personales para el ahorro

(Comprende el artículo 218)

Capítulo II De la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo

(Comprende los artículos 220 al 221-A)

Capítulo III De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad

(Comprende el artículo 222)

Capítulo IV De los fideicomisos y sociedades mercantiles dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles

(Comprende los artículos 223 al 224-A)

Capítulo V De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios

(Comprende el artículo 225)

Capítulo VI Del estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional

(Comprende el artículo 226)

Capítulo VII De la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país

(Comprende los artículos 227 y 228)

Capítulo VIIIDel fomento al primer empleo

Artículo 229.Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional, así como fomentar el primer empleo.

Artículo 230. Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I.Al salario base a que se refiere el artículo 231 de esta Ley multiplicado por el número de días laborados en el mes o en el año por cada trabajador de primer empleo, según corresponda, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicha cantidad por la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

II.El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

III.El 40% del monto obtenido conforme a la fracción anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el cálculo del pago provisional o del ejercicio, según corresponda.

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio y en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.

IV.El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del ejercicio fiscal que corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los pagos provisionales o en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberla aplicado.

La deducción adicional a que se refiere este artículo no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo general vigente del área geográfica en donde preste servicio el trabajador de que se trate.

Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, y por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se refieren los capítulos II y III de Título IV de esta Ley.

Artículo 231. Para efectos de este Capítulo se entenderá como:

I.Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.

II.Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.

III.Trabajador de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón.

IV.Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de este artículo y en los términos de lo dispuesto en el artículo 232 de esta Ley.

V.Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor del estímulo a que se refiere el artículo 230 de la presente Ley.

VI.Salario base: el que en los términos de la Ley del Seguro Social se integra como salario base de cotización para la determinación de las cuotas de seguridad social.

Artículo 232.Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en el artículo 230 de esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como aquellas bajas registradas de los últimos dos meses del año 2010.

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses continuos contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer empleo. Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales a que se refiere el artículo 230 de esta Ley.

Artículo 233. La deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de esta Ley se aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate, así como en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional que se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo en los mismos términos y condiciones establecidos en el artículo 230 de esta Ley, pero considerando el salario base pagado a los trabajadores de primer empleo en el periodo al que corresponda el pago.

Tratándose de personas morales, el patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto de la deducción adicional que resulte para el mes de que se trate.

Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, no deberá considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcula el coeficiente.

Artículo 234.Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de la presente Ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los trabajadores de primer empleo que se contraten, con los requisitos siguientes:

I.Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo para ocuparlos.

III.Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV.Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero patronales causadas tanto por los trabajadores de primer empleo, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con las obligaciones de retención y entero a que se refiere el Capítulo I del Título IV de esta Ley.

V.No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

VI.Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual a que se refiere el artículo 236 de esta Ley, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.

VII.Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 232 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.

VIII.Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 235.El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al trabajador de primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación durante el periodo establecido en el segundo párrafo del artículo 232 de esta Ley.

Artículo 236.Los patrones que apliquen la deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de esta Ley, deberán presentar, ante el Servicio de Administración Tributaria, en el mes en el que inicien la aplicación de la deducción adicional, un aviso en el que manifiesten que optan por aplicar los beneficios establecidos en el artículo 230 de esta Ley. Asimismo, a más tardar el día 17 de cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información correspondiente al mes inmediato anterior:

I.Respecto de los patrones que apliquen la deducción adicional, lo siguiente:

a) El registro federal de contribuyentes.

b) Todos los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social asociados al registro federal de contribuyentes.

II.Respecto de los trabajadores de primer empleo contratados, lo siguiente, por cada trabajador:

a) El nombre completo.

b) El número de seguridad social.

c) La clave única de registro de población.

d) El registro federal de contribuyentes.

e) El monto del salario base de cotización con el que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

f) El monto de las cuotas de seguridad social pagadas.

III.El monto de la deducción adicional aplicada en el mes de que se trate.

IV.Respecto de los trabajadores de primer empleo que se hubieran sustituido en los términos del artículo 235 de esta Ley, lo siguiente:

a)El número de seguridad social del trabajador sustituido.

b)El número de seguridad social del trabajador sustituto, de quien deberá entregarse la información señalada en la fracción II de este artículo.

V. La demás información necesaria para verificar la correcta aplicación de la deducción adicional establecida en el artículo 230 de la presente Ley.

El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que presenten los patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 237.Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo para aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de esta Ley, perderán el derecho a aplicar dicha deducción adicional por la contratación de trabajadores de primer empleo que se realicen en ejercicios posteriores a aquél en el que se incurrió en incumplimiento.

Artículo 238.Con independencia de las sanciones que se apliquen a los patrones que de manera indebida efectúen la deducción adicional prevista en el artículo 230 de esta Ley, dichos patrones deberán pagar el impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de que se trate la deducción adicional a que se refiere el mencionado artículo 230, debidamente actualizado y con los recargos que correspondan, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, desde la fecha en la que se aplicó indebidamente la mencionada deducción adicional y hasta el día en el que se efectúe el pago.”

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Capítulo VIII “Del fomento al primer empleo” de la Ley del Impuesto sobre la Renta tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. No obstante lo anterior, quienes durante la vigencia del citado Capítulo VIII establezcan puestos de nueva creación para ser ocupados por trabajadores de primer empleo, conforme a las definiciones establecidas en el citado Capítulo, tendrán el beneficio a que se refiere el mismo respecto de dichos empleos hasta por el periodo de 36 meses, conforme a lo previsto por el artículo 232 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aún cuando el capítulo antes citado ya no se encuentre vigente.

Tercero.El monto máximo de la deducción adicional a que se refiere el artículo 230 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se disminuirá en un 25% a partir del segundo año de vigencia del presente Decreto.

Cuarto.Para los efectos del artículo 236 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información que deban presentar los patrones respecto de las contrataciones de trabajadores de primer empleo realizadas en el primer mes del primer año de vigencia del Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá efectuar el día 17 del mes inmediato posterior a dicho mes.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica abstención), Martín Rico Jiménez, Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica), Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación en esta sesión.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de esta sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, se dispensa la lectura. Por tanto, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se informa...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Cárdenas Gracia, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, para solicitar que me apunte, para razonar mi voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está usted anotado en la lista que se ha hecho llegar, pero... Sí, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí. Vamos a insistir en nuestro grupo parlamentario una adición al artículo 109, que me dicen que ya está. Vamos a insistir en ello, para favor de los pensionados, de los jubilados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sólo que de acuerdo con lo que tenemos aquí en poder de la Mesa Directiva, dicho artículo no está considerado en el dictamen, no está contenido en el dictamen que está sometido a la consideración de esta asamblea.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Lo habíamos hablado en la comisión y hace unos momentos ya lo platiqué con la Mesa Directiva y es una adición al dictamen que se está presentando, diputado Zambrano.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth(desde la curul): Presidente, entiendo que lo que está pretendiendo el Grupo Parlamentario del PT y en particular el diputado Di Costanzo, es reservarse para efectos de adición el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no fue objeto de dictaminación por parte de la Comisión de Hacienda. En consecuencia, no puede ser objeto ni de reserva ni de adición. En consecuencia, señor presidente, le pido que niegue usted la solicitud de discusión en lo particular de la reserva propuesta por el diputado Di Costanzo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado David Penchyna.

El diputado David Penchyna Grub(desde la curul): Declino, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Declina. Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, es una práctica parlamentaria hacer reservas para adicionar, dado que el tema del Impuesto sobre la Renta está abierto, estoy reservando en el dictamen para proponer una adición.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, en virtud de que la asamblea ha tenido conocimiento de las propuestas que aquí se han hecho de parte del diputado Di Costanzo... Sí, diputado De Alva Blanco.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco(desde la curul): Presidente, a nuestro grupo parlamentario le interesa también sobremanera este tema que implica una falta de productividad legislativa de las Comisiones de Hacienda y de Seguridad Social, que tuvieron ocho meses para poder dilucidar el tema.

Yo en todo caso sometería la solicitud atenta a usted de que pusiera a consideración del pleno, soberano en las decisiones, el si se somete a discusión o no.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Después del diputado Cárdenas Gracia, justamente es lo que iba a someter a la consideración, la consideración misma que usted ha hecho, diputado De Alva Blanco. Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Me dan voz un momentito, nada más para leer un artículo del Reglamento para el Gobierno Interior que es el 124, del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, que dice: en la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados.

Consideramos nosotros, con fundamento en este artículo 124del Reglamento para el gobierno interior, que sí es posible, sí es jurídicamente posible que se vote una adición respecto de un dictamen que se esté sometiendo a la consideración del pleno. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): En virtud de lo que usted comentó y si lo va a someter a votación, yo quisiera que se me permitiera explicarle a la asamblea de qué se trata lo que se va a someter a votación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth(desde la curul): Presidente, no ha lugar a discutir sobre un trámite que está perfectamente claro en el Reglamento. Sólo pueden ser objeto de modificación o reserva o adición en el pleno de la Cámara de Diputados aquellos artículos o proposiciones que hubiesen sido objeto de dictaminación.

Es justamente lo que dice el artículo 124 del Reglamento al que ha dado lectura el diputado Jaime Cárdenas. En consecuencia, señor presidente, le pido que aplique el Reglamento y niegue la reserva propuesta por el diputado Di Costanzo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A juicio de la Presidencia, permítame, diputado Di Costanzo, es mucho más democrático y atendible, con todo respeto lo digo, la propuesta que ha hecho el diputado De Alva Blanco y que ya se aplicó en un dictamen anterior.

Le voy a pedir a la Secretaría que someta a la consideración de la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada por el diputado Di Costanzo de una adición al dictamen de un artículo específico que él está planteando, como se ha escuchado aquí, para la discusión en lo particular.

Ya estamos votando. Yo les pido diputados, con todo respeto, que como ya lo han estado planteando también varios diputados, primero determinemos si aceptamos a discusión la propuesta de que se adicione un artículo específico para la discusión en lo particular del dictamen que ha sido sometido a la consideración de esta asamblea y luego entramos, en función de lo que decida la asamblea —y nos podemos ahorrar tiempo — a determinar lo conducente.

Con qué objeto, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, la moción de procedimiento es que esto constituiría un vicio del proceso legislativo, el cual podría ser atacado vía amparo.

Refiero lo que dice el 124. En la sesión en la que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley. Ese artículo ni es proposición ni es proyecto de ley en este caso concreto. Por tanto, no podemos sentar un precedente de un tema que no fue sujeto a discusión y que no es parte de un dictamen.

Por tanto, reiteramos la petición ya hecha por el diputado Gil Zuarth.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos(desde la curul): El presidente de la Mesa ya admitió la discusión del tema, la votación del punto.

Creo que lo correcto es que antes de que esa votación se dé se le permita al compañero Di Costanzo exponer lo que se está proponiendo.

Además, quiero decir que ha quedado claro en varios momentos aquí. En las iniciativas anteriores hubo al menos una que no pasó por ninguno de los procedimientos y la propia Esther Leaño lo dejó asentado por escrito en uno de los dictámenes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, vamos a desahogar la moción en los términos que dictó el presidente de la Mesa. Tome la votación, señora secretaria, de si se admite o no se admite. No va a haber más discusiones. Tome la votación, secretaria.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta en votación económica a la asamblea si se acepta la propuesta del diputado Mario di Costanzo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se rechaza la propuesta. Tiene la palabra, en contra, el diputado Mario di Costanzo Armenta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Miren, compañeros, yo vengo aquí a razonar mi voto. Es verdaderamente absurdo que pequemos de rectos cuando se está haciendo una propuesta para traerle justicia a miles de pensionados.

En febrero de este año la Secretaría de Hacienda empezó a descontar el impuesto sobre la renta a miles de pensionados. Lo que yo quería añadir a este dictamen era la posibilidad...

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Mario di Costanzo. ¿Con qué objeto diputado Mercado?

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Rectificación del tema. El tema no son las pensiones, es el estímulo al primer empleo. No estamos discutiendo pensiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos en un dictamen en lo general. El diputado está haciendo una exposición en lo general. Continúe, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Gracias, presidente.

De lo que se trataba era de adicionar este dictamen, la propuesta de modificar el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incrementar el monto de salarios mínimos en que estarían exentos los jubilados y los pensionados en el pago del impuesto sobre la renta.

Este es un dictamen —debo decirlo— y es una decisión que fue apoyada por más de 80 diputados cuando se presenta la iniciativa, que fue firmada por muchos integrantes de la Comisión de Hacienda y que el dictamen nada más no quiso subirse a votación.

La iniciativa, como les digo, plantea subir de 9 a 25 salarios mínimos los ingresos exentos para miles de jubilados que, finalmente tienen muchos gastos y muchas veces acuden a la seguridad social y no se tienen medicinas, no se tienen medicamentos y tienen que llevar a cabo estos gastos.

Es una demanda de la sociedad que muchos de nosotros tenemos perfectamente claro, muchos coinciden con esta propuesta y no es más que adicionar a este dictamen la posibilidad de incrementar los salarios mínimos para que los pensionados tengan un poco más de ingresos para poder subsistir.

No estamos hablando de exentar de pensiones a las jubilaciones jubilosas o de impuestos. Estamos hablando de hacerle justicia a quien ha trabajado toda su vida, y ahora Hacienda le descuenta impuestos. Creo que es un acto de solidaridad con miles y miles de pensionados que, además, no se les descontaban sus impuestos y a partir de febrero, imagínense, la Secretaría de Hacienda para resolver el problema fiscal del país les empieza a descontar a ellos, y 30 empresas a junio de 2010 tienen impuestos diferidos por 130 mil millones de pesos. Esto es una acción de conciencia y de respuesta, como les digo, a una demanda de muchísima gente.

Veinticinco salarios mínimos son 40 mil pesos, que no es una pensión jubilosa, que es una pensión que a muchos les puede permitir vivir holgadamente, pero —reitero— no son las pensiones de otros funcionarios que se van con jubilaciones mucho mayores. Se puede hacer. El mecanismo es simplemente adicionar un transitorio, es abrir este asunto.

La Comisión de Hacienda congeló este dictamen por más de 8 meses. La Secretaría de Hacienda se comprometió a hacer corridas financieras...

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado. Diputado Mercado, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Perdón que insista, pero se trata de hablar de generalidades sobre el tema que estamos tratando, no sobre generalidades de lo que se le ocurra al diputado. De generalidades sobre el tema del seguro del estímulo al primer empleo, no generalidades sobre lo que se ocurra al diputado, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Permita usted que la Mesa regule el debate. Continúe diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Estoy a favor del dictamen que se nos presenta y estaríamos más a favor si añadimos este dictamen, este artículo transitorio que ayudaría a miles y miles de jubilados. Está en nuestras manos.

Ya no se trata de ir contra grandes empresas. No se trata de otras cosas. No se trata de otros temas. Esto también puede generar consenso. Si dicen que la cultura puede generar consensos, la solidaridad con los jubilados también debe generar consensos.

Respetuosamente les pido su apoyo a esta propuesta para que ayudemos a muchas personas que tienen mucho tiempo esperando una respuesta del Congreso. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López.

El diputado Juan Carlos Natale López:Buenas madrugadas señoras diputadas y señores diputados. Con su permiso, señor presidente.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes de que no únicamente las políticas de ingreso, gasto y deuda son los únicos medios para poder potencializar el mercado productivo y el dinamismo de la economía.

Creemos, y hoy lo asumimos así, que la generación del empleo es la mejor forma de hacer crecer este país conjuntamente con la educación y la salud, y es que en las actuales condiciones en las que nos encontramos no podemos sujetarnos únicamente a políticas paliativas ni a reformas legislativas que no atacan de fondo nuestras problemáticas.

México aún sufre de hambre, de inseguridad y de crisis generalizada por cuestiones que viene arrastrando por negligencias, improvisaciones y desatinos del gobierno federal. La Ley de Fomento al Primer Empleo es una vertiente más de las que este Congreso deberá aprobar, de ser un programa gubernamental sin contenido, alcances ni metas, pasa a una ley con metodología, forma, pies y cabeza.

Es un logro que debemos destacar con toda la seriedad que amerita, ya que persigue objetivos precisos como el otorgar realmente estímulos y deducciones fiscales para crear nuevos puestos de trabajo.

Por esta simple razón debemos dar un voto de confianza a esta nueva ley, de la que estoy seguro nuestros jóvenes, ávidos de ser parte activa en el mercado productivo, serán quienes gocen de sus beneficios, descarrilando así parte de los vicios sociales que genera la delincuencia, la drogadicción y la desesperanza.

En el Partido Verde, en nuestras campañas electorales de los últimos años hemos apostado por dignificar nuestra sociedad y las futuras generaciones. Por ello, la aprobación de esta ley se enmarca en un compromiso social de nuestro partido, incidiendo en gran parte en las necesidades de nuestras cadenas productivas que requieren en primer término un estímulo real y, por el otro, emplear jóvenes en el mercado laboral.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México cumple una vez más su compromiso de campaña, al respaldar las ventajas de esta nueva ley que ha sido presentada oportunamente por el senador Manlio Fabio Beltrones y de la cual sus bondades son indiscutibles.

Y que quede constancia de que una vez más desde el Congreso le hacemos la chamba al gobierno federal en una función fundamental, como lo es el fomentar realmente el empleo y la inversión, por lo que exhorto a los integrantes de esta Cámara a seguir corrigiéndole la plana al Ejecutivo federal cuando así lo siga requiriendo.

Finalmente celebro, felicito y aplaudo a los diputados y las diputadas federales de México por facilitarles a los millones de jóvenes y personas desempleadas esta gran oportunidad para conseguirles un empleo en aras de mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, diputados. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Hernández Rodríguez, del PRD, a favor del dictamen.

El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRD considera que Felipe Calderón abandonó sin razón o justificación alguna, de cara a la nación, la reforma fiscal acorde a las actuales necesidades del país.

Considero que en un arrebato más que en una política pública criticó a los que más tienen y menos pagan. Hoy decidió mantener los privilegios fiscales de los que más ganan.

La Ley de Ingresos que está a discusión sigue lacerando a los que menos tienen y condena al país a no revertir de manera activa la crisis económica que padecemos.

El Ejecutivo federal ha dejado intocados a los regímenes especiales, privilegiando con ello a un grupo reducido de empresarios que no contribuyen a la superación de la crisis a través de una mayor generación de empleos, al contrario, les permite seguir siendo una carga para toda la sociedad, al presionar a la baja las finanzas públicas.

Felipe Calderón también ha abandonado la posibilidad de usar la reforma fiscal como un mecanismo distributivo del ingreso.

Los 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza seguirán esperando un nuevo gobierno que los considere en serio y se comprometa con ellos en un decidido combate a la marginación social y económica.

En el PRD no estamos convencidos de la existencia de una verdadera recuperación económica de largo aliento y sustentada en nuevos referentes que garanticen su consolidación. Al contrario, creemos que la economía mexicana de no realizar las reformas necesarias y mantener intocados los privilegios de siempre, queda de nueva cuenta a la deriva del derrotero de la economía norteamericana.

Toda la sociedad, compañeros diputados, ha padecido los efectos de la crisis y de la inactividad del Estado: trabajadores, campesinos, profesionistas, pequeños y medianos empresarios han visto caer sus niveles de vida de una manera abrupta y por el momento, irreversible.

Pero hay otros que ni siquiera han logrado insertarse a la economía formal a través del mercado de trabajo. Me refiero, en particular, a los jóvenes, a esa generación que algunos han llamado ninis, pero que considero que son jóvenes en busca de oportunidades y un lugar en la vida social y productiva del país, que les permita realizarse plenamente, ya que no hemos sido capaces de construirles mejores condiciones de educación y mucho menos las de un trabajo digno y bien remunerado.

Hoy estamos discutiendo la Ley del Fomento al Primer Empleo, que pretende corregir los errores de la política pública que le antecede, y apuesta porque un número importante de jóvenes tengan una verdadera oportunidad de emplearse a partir de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que les abran las puertas.

Como ustedes saben, compañeros diputados, la reforma plantea la ampliación de reducciones del ISR y del IETU a todo patrón que crea un nuevo empleo.

El periodo para esos beneficios se extiende a un máximo de 36 meses por cada empleo de nueva creación y el tope máximo será hasta 8 veces el salario mínimo.

Esta Ley del Primer Empleo pretende garantizar reglas sencillas sustituyendo las complejidades que en el programa impulsado por Felipe Calderón obstaculizó su viabilidad.

Esta propuesta de ley, sin duda, obra de buena fe y es apenas una de las múltiples políticas que se deben implementar para ofrecer a esos millones de jóvenes opciones que los alejen del abismo económico y social que hoy tienen ante sus pies y, de esta manera, ofrecerles la confianza necesaria para iniciar su vida productiva.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia por la aprobación de esta ley, no como la solución, pero sí como una de las medidas necesarias para generar opciones de empleo para los jóvenes, que considero nos ayudará a construir juntos, compañeros diputados, el México que tanto necesitamos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente.

Sin duda alguna, esta iniciativa de ley que el día de hoy estamos a punto de votar revierte yo creo que uno de los planteamientos o de las necesidades de mayor importancia en el país. Hablar del tema de empleo es hablar de una de las principales necesidades que aparecen y que surgen en prácticamente todas las encuestas que puedan hacerse en el territorio nacional.

Hoy el problema de la falta de crecimiento con ese 2 por ciento que hemos logrado sostener desafortunadamente en los últimos 10 años no permite que los jóvenes, que los hombres, que las mujeres se incorporen a eso tan preciado que es el empleo, y que para nosotros desde el Partido de la Revolución Democrática es precisamente una de las columnas torales de la discusión económica y de las columnas torales del planteamiento fiscal que viene hoy frente a nosotros.

Esta iniciativa sin duda alguna nos permite tener una convergencia de intereses, creo que eso es lo primero que hay que celebrar cuando hablamos de que las distintas fuerzas y los grupos parlamentarios estamos votando a favor, como lo haremos de hacer desde el PRD, y que estaremos precisamente poniendo sobre la mesa un tema fundamental que es el empleo.

Para nosotros esta iniciativa es un buen avance, pero nos parece que sería preocupante dejarlo solamente como una iniciativa, sin el acompañamiento integral que merece una verdadera política pública enfocada a garantizar el empleo en este país.

El hecho de que se plantee un incentivo para los nuevos empleados, como está propuesto, permite empezar a resolver que sea a través de algunos incentivos fiscales como podamos involucrar a la política pública en esa generación de empleo que es insuficiente. Pero si nosotros nos ponemos a ver el mercado laboral, hay que preguntarnos qué es lo que hay que hacer con los jóvenes, qué hay que hacer con esos jóvenes que tienen entre 15 y 18 años y que comprenden una muy buena parte del bono demográfico, y que hoy se nos está yendo entre las manos.

Solamente hay que recordar que el bono demográfico se estableció para el año 2000 al 2020, ya pasaron 10 años y prácticamente la mitad de ese bono demográfico lo hemos perdido, y cómo lo hemos perdido; lo hemos perdido porque la gente que está en edad de estudiar el bachillerato a duras penas el 50 por ciento está matriculado, y de ese 50 por ciento apenas la mitad logra terminar la preparatoria.

Un dato más escandaloso es cuando vemos que de los jóvenes que terminan la educación superior, solamente 30 por ciento logra encontrar empleo, la mayoría se van al subempleo, se van a la informalidad y hoy tenemos la escandalosa cifra de 12.8 millones, 12.8 millones de personas menores de 25 años que viven precisamente en la informalidad.

O lo peor, no tan solo que emigren, no tan solo que se vayan hacia los Estados Unidos a buscar mejor horizonte sino que —por darles un dato— de los 5 mil 500 homicidios que se han cometido en Ciudad Juárez, de las 5 mil 500 personas que son esa cifra de la ignominia, determinada precisamente por esta lucha contra el narcotráfico, de esos, el 30 por ciento tienen menos de 20 años.

Esta ley que estaremos a punto de votar y que votaremos a favor, consideramos que es un buen avance. Deberemos darle un especial seguimiento para no construir un nuevo gasto fiscal que se quede de manera perenne y que nadie lo pueda mover, como tantos gastos fiscales que hoy tenemos en la Ley de Ingresos. Habremos de darle un especial seguimiento.

Pero consideramos —y especialmente ése será el reto en la parte del Presupuesto de Egresos de la Federación— que es importante involucrar un programa de becas para jóvenes que estén en la parte de bachillerato.

Que en el seguimiento que le demos a este estímulo fiscal lo podemos mover no tan solo de la parte en la que hoy incentive la contratación, a mover a una parte en la que se dé capacitación y mejora en la inversión en el capital humano.

Por último, que esta iniciativa la podamos articular no solamente con el programa de becas sino con una nueva Ley de Banca de Desarrollo.

Yo espero que una vez que se reactivó la Comisión de Hacienda retomemos ese tema, porque si queremos pensar en el empleo tenemos que pensar en cómo las Pyme, en cómo toda la industria que hoy está apagada y que no encuentra incentivos para poder generar a través del crédito, a través del financiamiento posibilidades de expansión, podamos tener una visión integral.

El Partido de la Revolución Democrática encuentra en esta iniciativa, si bien todavía algunas cuestiones a las que habrá que darles seguimiento, un primer principio para un acuerdo político que nos ponga de acuerdo en lo fundamental que en este momento es para los jóvenes y para la sociedad mexicana el empleo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Ríos Piter. Tiene la palabra el diputado Gerardo de los Cobos, por el Partido Acción Nacional.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva:Con su permiso, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Yo creo que es indudable que este tema debe ser un acuerdo general de este Congreso por las bondades que tiene.

México tiene prácticamente —dentro de su gran problemática— dos asuntos que tenemos que abatir. La falta de oportunidades de nuevos empleos, buenos empleos —concretamente para nuestros jóvenes— y el asunto gravísimo de la economía informal. Si analizamos bien este aspecto que se presenta y se estudia el día de hoy, podríamos solucionar en buena medida éstos dos problemas.

Tenemos datos preocupantes. El desempleo entre los jóvenes de este país es del doble del promedio de la población. Es el nueve por ciento. Y el desempleo de las mujeres jóvenes es de 10 por ciento. Este asunto si sigue progresando realmente nos va a meter en el problema, como bien se dijo aquí hace rato, de no aprovechar el bono demográfico que hoy por hoy tenemos en estos años.

Es importante también que demos esas nuevas oportunidades, para que se den empleos formales en la economía formal, cumpliendo con todos los aspectos legales e ir abandonando el grave problema de la economía informal.

Éste es un buen avance. Se complementa, por ejemplo, con el programa Bécate, que se tiene dentro del ámbito laboral y es necesario combinar los esfuerzos entre estos empresarios o empleadores con esta generación que requiere esos trabajos.

Y también, por qué no decirlo, éste puede ser un buen ámbito para seguir en las coincidencias que hemos venido teniendo los compañeros y compañeras que tenemos que ver con los asuntos laborales y que seguramente será coronado con una reforma que, para el bien del país, nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas.

Vamos a apoyar esta propuesta, compañeros. Es una muy buena oportunidad para demostrarle a México que tenemos ganas de salir adelante. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para razonar su voto, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, desde luego que es una propuesta positiva, pero que como otras propuestas positivas no analiza el problema social de los jóvenes y del primer empleo con una visión integral.

Es decir, sería deseable que contásemos con una política jurídica y con políticas públicas integrales que atendiesen el problema del trabajo, del empleo, pero también de la educación, de la salud, de la cultura, del ocio de los jóvenes.

Esta propuesta, como la que anteriormente discutimos en el anterior dictamen, recurre a los estímulos, a los beneficios fiscales, a los gastos fiscales. Como ya mencionábamos en el anterior dictamen, en la discusión del anterior dictamen, el problema de los gastos fiscales en México, y en esto coincido con el diputado Ríos Piter, es que después los dejamos establecidos en las leyes tributarias, pero no les damos seguimiento, no los cuantificamos, no los medimos y constituyen enormes recursos que el Estado deja de recaudar con el paso de los años.

Es importante que en materia de gastos fiscales, de estímulos fiscales hagamos un ejercicio de racionalización, de planeación de la tributación en México. Nosotros consideramos, en nuestro grupo parlamentario, que este tipo de estímulos debieran entregarse no por la vía     —como lo mencioné también en el punto anterior—  tributaria sino sobre todo por la vía presupuestal, es decir, apoyos efectivos y directos, en este caso a los jóvenes o a los patrones para promover el primer empleo.

Ojalá que como esta propuesta en materia de estímulo al primer empleo, que beneficia a los jóvenes y también apoya con deducciones en el Impuesto sobre la Renta y en el IETU a los patrones, tuviésemos también una iniciativa para atender a trabajadores como los de Luz y Fuerza del Centro o a los trabajadores de Mexicana de Aviación, que mediante vías también de estímulos pudiesen mantener el empleo.

Si la idea de los promotores de esta iniciativa y de los que han apoyado este dictamen es estimular y promover el primer empleo, también debiésemos aprobar otro dictamen, otra reforma que mantuviese los empleos de compañeros que lo han perdido recientemente, como los trabajadores de Luz y Fuerza y los trabajadores de Mexicana de Aviación.

En ese sentido nosotros respaldaremos este dictamen a sabiendas de que es una medida parcial, de que no toma en cuenta la integralidad del problema de la juventud en México, pero que desde luego es un paso parcial importante para generar condiciones de oportunidad en millones de jóvenes que carecen de empleo, que carecen de educación universitaria y que no tienen esperanza.

Por todo lo anterior es que nuestro grupo parlamentario respaldará en sus términos este dictamen, compañeros diputados y compañeras diputadas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Alberto Cano Vélez y al concluir el diputado Cano Vélez preguntaremos si está suficientemente discutido.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Esta iniciativa, como ustedes saben, es una iniciativa que fue originada en la Cámara de Senadores, por el senador Beltrones, y que por ser una Cámara de origen la nuestra, fue remitida a esta Cámara de Diputados.

El día de hoy la hemos discutido ampliamente en la Comisión de Hacienda, misma que fue apoyada por unanimidad y como aquí se ha comentado por todos los compañeros diputados que me han antecedido en la palabra, se palpa perfectamente bien el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, lo cual en lo personal a mí me satisface.

¿Y por qué me satisface? Porque es una política pública claramente definida para poder apoyar justamente a una de las grandes tareas que tenemos nosotros los legisladores y el gobierno de la república para poder atender una de las tareas pendientes.

Esta tarea pendiente es la generación de empleos. Un país que no crece en forma suficiente, como nuestro país no lo ha hecho en los últimos años, desafortunadamente, ha hecho que crezcamos en promedio anual, en los  últimos 10 años al 1.5 por ciento. Mientras otros países crecen a tasas muy superiores nosotros lo hemos hecho en forma insuficiente.

Eso ha hecho justamente que la generación de empleo en nuestro país sea nuestra gran tarea pendiente.

Necesitamos generar un millón de empleos promedio por año, porque es justamente lo que se incorpora a la población económicamente activa en nuestro país.

En los últimos años hemos generado solamente 200 mil empleos formales promedio por año, registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, empleos formales tanto permanentes como eventuales.

¿Y qué pasa con las otras 800 mil personas que no se incorporan al mercado de trabajo? Cuatrocientos mil mexicanos promedio por año se han ido a Estados Unidos y los otros 400 mil son mexicanos que se van al desempleo, al subempleo, a la informalidad y desafortunadamente a la delincuencia.

Ésa es la tarea fundamental que necesitamos cumplir en nuestro país. La pobreza es originada justamente por la carencia de empleo formal, con seguridad social, con salarios dignos y remuneradores. Hoy por hoy nuestro país está adoleciendo de ello.

Por esto esta iniciativa que hoy veo con satisfacción está apoyada por todas las fuerzas políticas, hace que podamos tener, primero, una política que vaya alineada con lo que debe ser la política económica. En la medida en la que haya circunstancias de esta naturaleza, vamos a poder iniciar la formalización del empleo justamente para que tengan seguridad social.

En la medida en que exista mayor formalidad y que los mexicanos tengan seguridad social vamos a poder tener las políticas de combate a la pobreza como Oportunidades o como el Seguro Popular. Incentivar precisamente la informalidad, hace que las políticas de combate a la pobreza o la política de desarrollo social no vayan alineadas con la política económica.

Debemos ir a la búsqueda de instrumentos alineados para poder lograr que el Estado mexicano sea el que fomente, sea el promotor del desarrollo, de lo cual desafortunadamente nos hemos olvidado hoy por hoy.

El mundo ha cambiado y nosotros aquí en México debemos también cambiar a la velocidad que nos exige el crecimiento económico, el desarrollo que necesitamos los mexicanos.

Por eso, compañeros diputados, solicito, como lo he escuchado por todas las fuerzas políticas, un apoyo para esta iniciativa, que es justamente lo que requiere nuestro país para otorgarle el empleo a los mexicanos, particularmente a los jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo y que no tienen dónde trabajar, especialmente nuestros hijos que están saliendo de las universidades. Muchas gracias por su apoyo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. No habiéndose presentado reservas a este dictamen, háganse los avisos necesarios y ordene usted que se abra el sistema de votación para votarlo en lo general y en lo particular. Permítame. Diputado Di Costanzo. Desde su lugar.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Quiero hacer una reserva para adicionar un artículo quinto transitorio, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La asamblea le desechó esa reserva, diputado. Continúe, secretaria.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para su votación en lo general y en lo particular del presente proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? El tablero continúa abierto.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Le informo, diputado presidente, que se emitieron 453 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 453 votos el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Esta Presidencia recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2011.

Con fundamento en lo que dispone el artículo vigésimo del acuerdo parlamentario relativo a la discusión de dictámenes consulte a la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria y se está distribuyendo entre las diputadas y los señores diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se incorpora al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y distribuidos entre las señoras diputadas y los señores diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la primera lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de los artículos 74, fracción IV de dicho ordenamiento, 7o. de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal presentó ante esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

El 8 de septiembre de 2010, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

En esa misma fecha, la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Para lo anterior, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diferentes sectores interesados en la materia.

Esta Comisión tomó en consideración, para la elaboración del presente dictamen, los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, que presentó el Ejecutivo Federal, así como los planteamientos de diversos analistas e instituciones especializados relacionados con el escenario previsto para dicho ejercicio.

Descripción de la iniciativa

La propuesta del Ejecutivo Federal de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 estima obtener un total de 3,378,345.3 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestales, de los cuales 2,154,074.4 millones de pesos corresponden a ingresos del Gobierno Federal; 868,716.9 millones de pesos a ingresos de organismos y empresas, y 355,554 millones de pesos a ingresos derivados de financiamientos.

Asimismo, en la propuesta del Ejecutivo Federal se estima una recaudación federal participable por 1 billón 849 mil 36.3 millones de pesos.

En la iniciativa sujeta a dictamen se plantea mantener la facultad del Ejecutivo Federal para fijar los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, por razones de interés público a fin de evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final del mencionado energético.

Adicionalmente, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se propone que 74 mil 307.6 millones de pesos de la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, se destinen a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda destinar la recaudación de dicho derecho que se obtenga en exceso del monto antes señalado, a fin de compensar los ingresos del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal 2011 y cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de energía eléctrica, siempre y cuando haya una disminución de los ingresos totales recaudados respecto a los montos estimados, o derivado de la disminución de los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio de petróleo crudo.

La iniciativa que se dictamina plantea que durante el ejercicio fiscal de 2011 no se apliquen los límites para la acumulación de las reservas en los fondos de estabilización establecidos en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tal y como se efectuó durante el ejercicio fiscal de 2010.

La propuesta del Ejecutivo Federal incorpora una disposición en el artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados, ello a fin de continuar con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004.

De igual forma, la iniciativa que se dictamina propone que el producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales a que se refiere el artículo segundo transitorio, párrafo quinto del Decreto citado en el párrafo que antecede, se utilice para restituir los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados y los gastos de administración en que se incurra para atender la problemática social de los ahorradores mencionados.

El Ejecutivo Federal, en la iniciativa sujeta a dictamen, propone que los recursos que, durante el ejercicio fiscal de 2011, se destinen al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas puedan utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2009, se hayan instrumentado para potenciar los recursos que hayan recibido las entidades federativas con cargo a dicho fondo.

Aunado a lo anterior, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal plantea que hasta un veinticinco por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal plantea prever como parte de las medidas para fortalecer las finanzas públicas, que durante el siguiente ejercicio fiscal el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda transferir a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad el excedente de las reservas de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, de acuerdo con las estimaciones de suficiencia financiera de largo plazo de estos últimos seguros, así como posibilitar de nueva cuenta que el gasto que realice el citado organismo descentralizado con cargo a los recursos acumulados en las reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del Fondo para el cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Contractual y Legal deba ser registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa de referencia propone autorizar al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto interno hasta por 340 mil millones de pesos, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.

También en la iniciativa que se dictamina se propone mantener la flexibilidad para el manejo de la deuda pública, al permitirle al Ejecutivo Federal contratar obligaciones externas, con organismos financieros internacionales, con otras instituciones financieras y con los mercados de valores, o una combinación de ellos; o internas, por encima de los techos autorizados para cada tipo, pero manteniendo el endeudamiento global.

Asimismo, la iniciativa sujeta a dictamen plantea precisar que las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales expropiados de los ingenios azucareros, de conformidad con el “Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlista”, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, que se entreguen al Gobierno Federal, serán recibidas por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y estarán libres de gravamen mercantil, lo anterior, con la intención de fortalecer el mandato que se ha otorgado a esa dependencia para ejercer los derechos corporativos respecto de las acciones expropiadas de dichos ingenios azucareros, a efecto de que exista certeza jurídica en los esquemas de solución en que intervenga.

Sobre este mismo tema, el Ejecutivo Federal propone establecer que aún cuando el Gobierno Federal tenga la mayoría accionaria de las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, éstas no serán consideradas entidades paraestatales y, en consecuencia, quienes formen parte de su personal no tendrán el carácter de servidores públicos, salvo en los casos en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determine que el propósito es constituir de manera permanente una entidad paraestatal y, en su caso, emita la resolución correspondiente, con base en los dictámenes técnicos, jurídicos, económicos o financieros.

Por otra parte, el Ejecutivo Federal propone incorporar de nueva cuenta en la Ley cuya emisión se plantea, además de la autorización de un monto conjunto de déficit por intermediación financiera para la banca de desarrollo, la Financiera Rural, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la precisión de que para la integración de los requerimientos financieros del sector público se considerará como ganancia o pérdida por intermediación financiera a la diferencia en el capital contable entre el cierre del ejercicio fiscal anterior y el cierre del ejercicio fiscal de aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación, de las instituciones de banca de desarrollo, de la Financiera Rural y de los fondos de fomento que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el documento sujeto a dictamen se plantea autorizar al Distrito Federal para la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011.

Por otra parte, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal propone mantener en lo esencial el esquema aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, pero con la actualización de los montos correspondientes a los anticipos diarios y semanales a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, así como del impuesto a los rendimientos petroleros, en función del precio del barril de petróleo estimado para el ejercicio fiscal de 2011 de 63 dólares de los Estados Unidos de América y de la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2011 para los que se señala una estimación de 2.55 y 1.15 millones de barriles diarios en promedio, respectivamente.

Asimismo, en la iniciativa sujeta a dictamen el Ejecutivo Federal propone incorporar la disposición contenida en la fracción II del artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que establece el registro como inversión de los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos, antes considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, manteniendo con ello la solidez de las finanzas públicas.

Adicionalmente, en la iniciativa sujeta a dictamen se propone continuar con la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, por lo que se plantea que la tasa de recargos sea de 1 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades hasta de 12 meses; de 1.25 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, y de 1.50 por ciento mensual tratándose del pago a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como de pagos a plazo diferido.

En la iniciativa objeto de dictamen el Ejecutivo Federal plantea prever nuevamente que las mercancías o vehículos de procedencia extranjera embargados precautoriamente por las entidades federativas, que pasen a propiedad del Fisco Federal, en cumplimiento de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la Federación y las entidades federativas, no se transferirán al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de acuerdo a lo señalado por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Igualmente, en la mencionada iniciativa se plantea incluir una disposición en la que se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, sus organismos autónomos y los municipios, incluyendo también a los organismos descentralizados de las propias entidades federativas, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

Por otra parte, al igual que en ejercicios fiscales anteriores, en la iniciativa en estudio se incluye la disposición que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar o modificar los aprovechamientos.

Asimismo, en materia de destino de ingresos, en la propuesta que presenta el Ejecutivo Federal se plantea mantener la exclusión de destinar a gasto de inversión en infraestructura a los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por desincorporación de entidades paraestatales, conservando la posibilidad de destinar a dicho fin los ingresos excedentes por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos.

Adicionalmente, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal propone conservar la especificación de que la dependencia prestadora del servicio o del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos en los plazos que para esos efectos se fijen.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal propone mantener la obligación por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal de concentrar los ingresos que recauden; la obligación de las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de efectuar el registro de los ingresos que obtengan y de conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como la obligación de las entidades de control indirecto de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de incluirlos en los informes trimestrales y reflejarlos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Asimismo, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal propone incluir de nueva cuenta la posibilidad de sancionar la concentración extemporánea de los ingresos que recauden las dependencias o sus órganos administrativos desconcentrados, con una carga financiera por concepto de indemnización al Fisco Federal, la cual resultará de aplicar al importe no concentrado una tasa equivalente a 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario que dé a conocer diariamente el Banco de México.

Por otra parte, la iniciativa que se dictamina plantea conservar la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades; así como la disposición que precisa que tratándose de operaciones que le sean encomendadas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar además hasta un 5 por ciento por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.

Asimismo, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se propone conservar la disposición que permite al liquidador o responsable del proceso, utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador o responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la Tesorería de la Federación.

Adicionalmente, la iniciativa sujeta a dictamen plantea que los recursos que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades permanezcan afectos al mismo con la finalidad de hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, previa opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Sobre este mismo tema, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal plantea que, tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes correspondientes ingresen a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

En la iniciativa que se dictamina se propone continuar con la posibilidad de que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que hace referencia la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sean destinados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, exceptuando de este destino a los ingresos que se obtengan de las acciones que se lleven a cabo para cumplir con el mandato de resarcir a los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas de ahorro.

Por otro lado, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal propone conservar la disposición que faculta a las autoridades fiscales para la no determinación de sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal que fuera aplicable no excediera de 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2011.

Por otra parte, el Ejecutivo Federal, en la iniciativa sujeta a dictamen, propone dar continuidad a las medidas tendientes a incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes, para lo cual se prevé una disposición que permite la disminución de las multas impuestas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas de las obligaciones de pago, en función del momento en que el contribuyente efectúe la autocorrección, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Como en años anteriores, en la iniciativa sujeta a dictamen el Ejecutivo Federal plantea incluir diversos estímulos fiscales dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

• En materia del impuesto especial sobre producción y servicios, un estímulo fiscal para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, entre los que destacan los sectores agrícola, ganadero y pesquero, así como el de transporte público y privado de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto causado por la enajenación del propio diesel.

• El acreditamiento contra el impuesto sobre la renta de hasta el 50 por ciento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota de los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota.

En la iniciativa que se dictamina también se plantea dar continuidad a las exenciones siguientes:

• Del impuesto sobre automóviles nuevos que hubieren causado las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente automóviles eléctricos o híbridos.

• Del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural.

Por otra parte, el Ejecutivo Federal plantea incorporar un esquema de condonación total o parcial de recargos y multas por adeudos fiscales generados con el Instituto Mexicano del Seguro Social que tengan los patrones o demás sujetos obligados al 30 de junio de 2010, siempre que paguen el monto de dichos adeudos en una sola exhibición, para lo cual se establece, entre otras cosas, la obligación de presentar un escrito en el que se manifieste la intención de acogerse a los beneficios correspondientes a más tardar el 31 de marzo de 2011.

El Ejecutivo Federal, en la iniciativa que se dictamina, propone prorrogar al 1 de enero de 2012 la entrada en vigor del régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses, a fin de que las instituciones que componen el sistema financiero se encuentren en posibilidad de ajustar su operatividad al nuevo marco regulatorio y evitar posibles impactos a sus clientes. En consecuencia, el Ejecutivo Federal propone establecer en 0.60 por ciento la tasa de retención a que se refieren los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por otra parte, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal plantea permitir que durante el ejercicio fiscal de 2011 los intereses pagados a bancos extranjeros estén sujetos a una tasa del 4.9 por ciento, a fin de dar continuidad al tratamiento fiscal aplicable a los mismos, previsto en la disposición de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.

Por otro lado, en la iniciativa que se dictamina el Ejecutivo Federal propone establecer como plazo para la presentación de la información correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto empresarial a tasa única, el correspondiente a la presentación de la declaración del ejercicio, con el propósito de disminuir la carga administrativa para los contribuyentes.

Asimismo, el Ejecutivo Federal consideró pertinente reiterar, en la iniciativa sujeta a dictamen, la propuesta de incluir una disposición que señale que el crédito fiscal generado por el exceso de deducciones previsto en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, únicamente puede acreditarse contra el propio impuesto empresarial a tasa única en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarse, ello con la finalidad de reforzar el efecto de control y la naturaleza del impuesto mínimo que representa el impuesto empresarial a tasa única en el impuesto sobre la renta.

Por último, en la iniciativa sujeta a dictamen el Ejecutivo Federal plantea conservar las obligaciones en materia de presentación de estudios e informes.

Consideraciones de la comisión

Derivado del análisis de los supuestos del marco macroeconómico, así como de las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el paquete económico para 2011, esta Comisión coincide en la necesidad de establecer medidas que favorezcan el entorno económico del país y, por ende, reflejar lo conducente en la Ley que se propone en la iniciativa que se dictamina.

Por lo que se refiere al precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación, la que dictamina considera necesario modificar la estimación efectuada en su momento por el Ejecutivo Federal en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2011. Esto lo ha considerado esta dictaminadora en razón de la actualización de la información disponible a la fecha para calcular el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo conforme a la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que da como resultado que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo se modifique para pasar de 63 a 65.4 dólares de los Estados Unidos de América por barril, lo que implica un aumento de los ingresos petroleros en 11.9 miles de millones de pesos.

Adicionalmente, por lo que se refiere al tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América, la que dictamina estima conveniente establecer el promedio anual esperado para 2011 en 12.90 pesos por dólar tal y como lo estimó el Ejecutivo Federal en los Criterios Generales de Política Económica citados en el párrafo anterior, de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por otra parte, la que dictamina considera pertinente efectuar ajustes a las estimaciones de ingresos previstas en la carátula de ingresos, así como a los párrafos, sexto referente al monto de la Recaudación Federal Participable y octavo relativo al monto de los recursos que se generen del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización que habrá de destinarse a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

• Que la información económica que se ha generado a partir de que el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 sugiere que la recuperación económica continúa, incluso a un ritmo ligeramente mayor al previsto, lo que justifica modificar las previsiones de crecimiento económico de 4.5% a 4.8% para 2010 y de 3.8% a 3.9% para 2011;

• Que se exhortó al Gobierno Federal a que realice esfuerzos adicionales para mejorar la eficiencia en la recaudación, así como a llevar a cabo todas aquellas acciones oportunas que permitan consolidar el aumento de los ingresos provenientes de fuentes tributarias y otras no petroleras;

• Que con las expectativas y acciones a emprender, se considera oportuno incrementar la recaudación tributaria no petrolera en 6.5 miles de millones de pesos, así como los otros ingresos no tributarios no petroleros en 9.6 miles de millones de pesos, y

• Que derivado de la propuesta aprobada por esta Comisión de eliminar el esquema de transición previsto para el componente específico del impuesto especial sobre producción y servicios a los tabacos labrados, así como el incremento de la cuota aplicable a los mismos de 1.20 pesos a 7 pesos por cajetilla, se prevé obtener ingresos adicionales a los señalados en la iniciativa que se dictamina, por un monto equivalente a 12.1 mil millones de pesos durante dicho 2011.

• Que ante la necesidad de mantener un estímulo contracíclico adecuado, esta Comisión estima pertinente incrementar el déficit público en 28 mil millones de pesos, de manera similar a como se planteó el año pasado. Cabe precisar que a pesar de este aumento se mantiene la tendencia decreciente del déficit, que lleva al restablecimiento gradual del balance público, y la congruencia con la recuperación en la actividad económica que se ha venido observando, lo que responsablemente preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas.

• Que esta dictaminadora ha tenido a bien aprobar el impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas energetizantes, por lo que es necesario incluir el rubro correspondiente.

Como consecuencia de todo lo anterior, la carátula de ingresos, así como los párrafos sexto y octavo del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea quedarían en los siguientes términos:

Por otra parte, esta Comisión considera adecuado facultar al Ejecutivo Federal para que fije los precios máximos del gas licuado de petróleo por razones de interés público y para evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final de ese energético.

Adicionalmente, esta Dictaminadora considera procedente que se destine una parte de la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda destinar la recaudación de dicho derecho que se obtenga en exceso del monto propuesto para los efectos antes señalados, a fin de compensar los ingresos del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal 2011 y cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad, cuando haya una disminución de los ingresos totales recaudados respecto a los montos estimados, o derivado de la disminución de los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio de petróleo crudo.

Esta Comisión considera adecuada la previsión en el sentido de que durante el ejercicio fiscal de 2011 no se apliquen los límites para la acumulación de las reservas en los fondos de estabilización establecidos en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tal y como se efectuó durante el ejercicio fiscal de 2010.

En otro orden de ideas, la que dictamina coincide con el planteamiento del Ejecutivo Federal respecto de establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continúe con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados por la operación irregular de cajas de ahorro, ello para continuar con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004.

Por otro lado, la que dictamina está de acuerdo en que el producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales a que se refiere el artículo segundo transitorio, párrafo quinto del Decreto citado en el párrafo que antecede, se utilice para restituir los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados y los gastos de administración en que se incurra para atender la problemática social de los ahorradores mencionados.

Adicionalmente, esta Dictaminadora considera adecuado establecer en la Ley cuya emisión se plantea que los recursos que, durante el ejercicio fiscal de 2011, se destinen al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas puedan utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2009, se hayan instrumentado para potenciar los recursos que hayan recibido las entidades federativas con cargo a dicho fondo.

Esta Comisión coincide con el Ejecutivo Federal en la previsión relativa a que hasta un veinticinco por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

La que dictamina coincide con la necesidad planteada por el Ejecutivo Federal en la iniciativa que se dictamina, de prever medidas para fortalecer las finanzas públicas, por lo cual estima procedente posibilitar que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda transferir a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad el excedente de las reservas de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, de acuerdo con las estimaciones de suficiencia financiera de largo plazo de estos últimos seguros, así como posibilitar de nueva cuenta que el gasto que realice el referido organismo con cargo a los recursos acumulados en las reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del Fondo para el cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Contractual y Legal deba ser registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

La que dictamina estima pertinente autorizar al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales, manteniendo la flexibilidad con que cuenta el Ejecutivo Federal en el manejo de la deuda pública, al permitirle contratar obligaciones externas, con organismos financieros internacionales, con otras instituciones financieras y con los mercados de valores, o una combinación de ellos; o internas, por encima de los techos autorizados para el endeudamiento interno y externo, pero manteniendo el endeudamiento global.

Por otra parte, considerando el aumento en los ingresos derivados de financiamiento, el mayor déficit del Gobierno Federal pasaría de 311,792 millones de pesos a 347,127.6 millones de pesos, por lo que la que dictamina estima necesario autorizar al Ejecutivo Federal un endeudamiento neto interno mayor al previsto en la iniciativa que se dictamina por dicha diferencia de 35 mil millones de pesos, es decir, hasta por 375 mil millones de pesos, en lugar de 340 mil millones de pesos como lo propuso el Ejecutivo Federal. En consecuencia de lo anterior, el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley cuya emisión se plantea quedaría en los siguientes términos:

“Artículo 2o.Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por340 375 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2011 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

. . .”

De igual forma, esta Dictaminadora considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal consistente en incluir en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 la disposición que establece que la recepción por parte del Gobierno Federal de acciones, cupones, títulos representativos de capital o partes sociales de los ingenios azucareros expropiados de conformidad con el “Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública a favor de la Nación las acciones, cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlista”, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, serán recibidos por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y estarán libres de gravamen mercantil, lo anterior, con la intención de fortalecer el mandato que se ha otorgado a esa dependencia para ejercer los derechos corporativos respecto de las acciones expropiadas de dichos ingenios azucareros, a efecto de que exista certeza jurídica en los esquemas de solución en que intervenga.

Aunado a lo anterior, esta Comisión estima adecuado establecer que aún cuando el Gobierno Federal tenga la mayoría accionaria de las sociedades señaladas en el párrafo anterior, las acciones correspondientes no computen para considerar a sus emisoras como entidades paraestatales y, en consecuencia, quienes formen parte de su personal no serán considerados servidores públicos, salvo en los casos en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación determine que el propósito es constituir de manera permanente una entidad paraestatal y, en su caso, emita la resolución correspondiente, con base en los dictámenes técnicos, jurídicos, económicos o financieros.

De igual forma, la que dictamina coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal de incorporar de nueva cuenta, además de la autorización de un monto conjunto de déficit por intermediación financiera para la banca de desarrollo, a la Financiera Rural, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la precisión sobre cómo se integrará la intermediación financiera en los requerimientos financieros del sector público.

Esta Dictaminadora estima acertado incluir en la Ley cuya emisión se plantea la disposición que autoriza al Distrito Federal para la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011.

En cuanto a las disposiciones aplicables al régimen de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, esta Dictaminadora estima procedente el esquema propuesto por el Ejecutivo Federal, que incluye la actualización de los montos correspondientes a los pagos diarios y semanales a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos y del impuesto a los rendimientos petroleros, así como las cantidades propuestas por el Ejecutivo Federal, referentes a la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2011; sin embargo, derivado de la actualización del precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo establecido en 65.4 dólares por barril, resulta necesario ajustar los pagos diarios y semanales que Pemex-Exploración y Producción deberá realizar a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos. En consecuencia, el segundo párrafo de la fracción I del artículo 7o. de la Ley cuya emisión se plantea quedaría en los siguientes términos:

“Artículo 7o. . . .

I. Hidrocarburos

 . . .

A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por486 505millones110 478 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 3 mil412 548 millones121 66 mil pesos.

. . .”

Adicionalmente, esta Comisión coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal de incluir en la iniciativa que se dictamina, una disposición que establece el registro como inversión de los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos, antes considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, manteniendo con ello la solidez de las finanzas públicas.

Esta Dictaminadora considera procedente que se continúe con la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. En tal sentido se estima adecuado que la tasa de recargos en caso de prórroga para el pago de créditos fiscales sea de 1 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades hasta de 12 meses; de 1.25 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, y de 1.50 por ciento mensual cuando el pago sea a plazos en parcialidades superiores a 24 meses o tratándose de pagos a plazo diferido.

Por otro lado, esta Comisión considera conveniente prever nuevamente que en cumplimiento de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la Federación y las entidades federativas, las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las entidades federativas, que pasen a propiedad del Fisco Federal no se transfieran al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Igualmente, se coincide con la propuesta de incluir nuevamente una disposición en la que se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, sus organismos autónomos y los municipios, incluyendo también a los organismos descentralizados de las propias entidades federativas, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

En otro orden de ideas, esta Comisión considera procedente la disposición que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar o modificar los aprovechamientos.

Asimismo, la que dictamina considera conveniente establecer la posibilidad de destinar los ingresos por recuperaciones de capital de las instituciones de banca de desarrollo, a la capitalización de los bancos de desarrollo o al fomento de acciones que permitan cumplir con el mandato de dicha banca; así como el destino a gasto de inversión en infraestructura de los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, así como de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos.

Adicionalmente, esta Dictaminadora coincide en la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal de especificar que la dependencia prestadora del servicio o del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, debe aplicar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos en los plazos que para esos efectos se fijen.

Esta Comisión estima adecuado mantener la obligación de las dependencias de la Administración Pública Federal de concentrar los ingresos que recauden; la obligación de las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de efectuar el registro de los ingresos que obtengan y de conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como la obligación de las entidades de control indirecto de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de incluirlos en los informes trimestrales y reflejarlos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Asimismo, la que dictamina coincide en la propuesta del Ejecutivo Federal de prever en la Ley cuya emisión se plantea la posibilidad de sancionar la concentración extemporánea de los ingresos que recauden las dependencias o sus órganos administrativos desconcentrados, con una carga financiera por concepto de indemnización al Fisco Federal, la cual resultará de aplicar al importe no concentrado una tasa equivalente a 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario que dé a conocer diariamente el Banco de México.

Por otra parte, esta Dictaminadora considera conveniente que la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal señale la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades; así mismo se coincide con la disposición que precisa que tratándose de operaciones que le sean encomendadas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar además hasta un 5 por ciento por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.

Por otro lado, la que dictamina considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal de agilizar la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, mediante la incorporación de nueva cuenta de una disposición que permite al liquidador o responsable del proceso utilizar los recursos disponibles de los procesos de desincorporación, para el pago de los gastos y pasivos de los mencionados procesos.

Sobre este mismo tema, esta Comisión coincide con la propuesta de establecer nuevamente la afectación de los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades paraestatales al Fondo de Desincorporación de Entidades, a fin de hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, y que tratándose de los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades paraestatales constituidas o en que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, dichos remanentes ingresen a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Por otra parte, la que dictamina está de acuerdo con la iniciativa en estudio en el sentido de establecer nuevamente que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos a que hace referencia la fracción I del artículo 1 de Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público sean destinados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, con excepción del producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales que en términos del párrafo décimo séptimo del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, se utilizarán para restituir los recursos públicos destinados para el resarcimiento de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas de ahorro.

Esta Dictaminadora considera adecuada la disposición que faculta a las autoridades fiscales para la no determinación de sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal que fuera aplicable no excediera de 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2011.

De igual manera, esta Comisión considera acertada la disposición que propone el Ejecutivo Federal para incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes, consistente en permitir la disminución del monto de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Esta Dictaminadora estima convenientes los beneficios fiscales propuestos por el Ejecutivo Federal, a fin de fomentar actividades que son de interés general, ya que promueven el crecimiento económico del país y el empleo, apoyan e impulsan a las empresas de los sectores públicos y privados de la economía, con criterios de equidad social y productividad, con el consecuente beneficio de los diversos sectores de la población, en términos del artículo 25 constitucional.

Entre dichos beneficios destacan:

• El estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, entre los que se encuentran el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento de dicho impuesto causado por la enajenación del propio diesel.

• El estímulo fiscal para los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento contra el impuesto sobre la renta, de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del monto erogado por ese concepto.

• La exención del impuesto sobre automóviles nuevos que hubieren causado las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente, en términos de la legislación aduanera, automóviles eléctricos e híbridos nuevos.

• La exención del pago del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural, dada la importancia de los hidrocarburos para el desarrollo nacional.

Por otra parte, la que dictamina coincide con el planteamiento del Ejecutivo Federal de incorporar en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, un esquema de condonación total o parcial de recargos y multas por adeudos fiscales generados con el Instituto Mexicano del Seguro Social que tengan los patrones o demás sujetos obligados al 30 de junio de 2010, siempre que paguen el monto de dichos adeudos en una sola exhibición, para lo cual se establece, entre otras cosas, la obligación de presentar a más tardar el 31 de marzo de 2011 un escrito en el que se indique la intención de acogerse a los beneficios correspondientes.

En otro orden de ideas, la que dictamina coincide con el planteamiento del Ejecutivo Federal referente a prorrogar al 1 de enero de 2012 la entrada en vigor del régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses y, en consecuencia, establecer en 0.60 por ciento la tasa de retención a que se refieren los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

También se coincide con la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal respecto de permitir que durante el ejercicio fiscal de 2011 los intereses pagados a bancos extranjeros estén sujetos a una tasa del 4.9 por ciento.

En otro orden de ideas, la que dictamina coincide en la pertinencia de establecer como plazo para la presentación de la información correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto empresarial a tasa única, el plazo en el que debe presentarse la declaración anual de dicho impuesto; así como reiterar la disposición que señale que el crédito fiscal generado por el exceso de deducciones previsto en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, únicamente pueda acreditarse contra el propio impuesto empresarial a tasa única en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarse, considerando en ello el efecto de control y la naturaleza del impuesto mínimo que representa el impuesto empresarial a tasa única en el impuesto sobre la renta.

Esta Dictaminadora coincide con las obligaciones en materia de presentación de estudios e informes que se establecieron en la iniciativa sujeta a dictamen, sin embargo, a efecto de propiciar la transparencia y rendición de cuentas, así como de contar con elementos objetivos que permitan mejorar la toma de decisiones para la asignación de estímulos fiscales y aportar herramientas para la evaluación de los regímenes fiscales diferenciales, esta Comisión estima pertinente precisar la obligación, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de proporcionar los elementos metodológicos utilizados para la elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales. Como consecuencia de lo anterior, el artículo 27 de la Ley cuya emisión se plantea quedaría en los siguientes términos:

“Artículo 27. . . .

. . .

Dicho presupuesto deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2012desglosado por impuesto y por cada uno de los rubros de ingresos que la ley respectiva contemple. en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal;

II. La metodología utilizada para realizar la estimación;

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida;

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso, y

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a los gastos fiscales.

. . .”

Por último, del análisis de las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y considerando las nuevas condiciones de la economía mexicana, así como las proyecciones presentadas por el Ejecutivo Federal en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, la que dictamina estima pertinente prever que a partir del día siguiente al de la publicación de la Ley cuya emisión se plantea no podrá aplicarse la reducción a que se refiere el párrafo décimo cuarto del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, para lo cual se ajusta el transitorio primero y se agrega un tercero transitorio a la Ley cuya emisión se plantea, para quedar en los siguientes términos:

“Primero.La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2011, sin perjuicio de lo previsto por el transitorio tercero.”

“Tercero. A partir del día siguiente al de la publicación de esta Ley no deberá aplicarse la reducción a que se refiere el párrafo décimo cuarto del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.”

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración del Pleno la siguiente:

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011

Capítulo IDe los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o.En el ejercicio fiscal de 2011, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el 2011, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

Por razones de interés público y cuando se considere necesario evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final, el Ejecutivo Federal fijará los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin que se requiera trámite o requisito adicional alguno.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2011, se estima una recaudación federal participable por 1 billón 858 mil 410.1 millones de pesos.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio fiscal de 2011, en relación con las estimaciones que se señalan en este artículo.

Durante el ejercicio fiscal de 2011, de los recursos que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, 76 mil 461.2 millones de pesos se destinarán a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La aplicación de estos recursos se hará de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, en exceso del monto referido en el párrafo anterior antes de destinarlo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para compensar parcial o totalmente los ingresos del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2011, así como para cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

La compensación parcial o total de ingresos del Gobierno Federal a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando los ingresos totales, sin considerar los ingresos derivados del apartado C de este artículo, resulten inferiores a los valores estimados en el mismo debido a una disminución de los ingresos por la recaudación total de los impuestos a que se refiere el apartado A, fracción I de este precepto, o disminuyan los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio del petróleo crudo, respecto de los valores que sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo.

Los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos que resten después de aplicar lo dispuesto en los párrafos octavo, noveno y décimo de este artículo, se destinarán a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2011, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, establecido en la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 740.5 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Durante el ejercicio fiscal de 2011 no serán aplicables los límites para la acumulación de las reservas en los fondos de estabilización establecidos en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados en causas penales federales, referidos en el artículo segundo transitorio párrafo quinto, del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará para restituir los recursos públicos destinados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto, así como los gastos de administración en que se incurra para atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo citadas en dicho transitorio.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2011 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2009, se hayan instrumentado para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, hayan recibido las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá transferir a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad el excedente de las reservas de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo de acuerdo con las estimaciones de suficiencia financiera de largo plazo de estos últimos seguros. El gasto que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social con cargo a los recursos acumulados en las Reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, deberá ser registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 375 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2011 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

El Ejecutivo Federal queda autorizado, en caso de que así se requiera, para emitir en el mercado nacional, en el ejercicio fiscal de 2011, valores u otros instrumentos indizados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, siempre que el saldo total de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 10 por ciento del saldo promedio de la deuda pública interna registrada en dicho ejercicio y que, adicionalmente, estos valores o instrumentos sean emitidos a un plazo de vencimiento no menor a 365 días.

Las operaciones a las que se refieren el segundo y tercer párrafos de este artículo no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2011.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido. En el informe correspondiente se deberán especificar las características de las operaciones realizadas. En caso de que la fecha límite para informar al Congreso de la Unión sea un día inhábil la misma se recorrerá hasta el siguiente día hábil.

El Ejecutivo Federal también informará trimestralmente al Congreso de la Unión en lo referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2011, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo plazo otorgados.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en liquidación, para que en el mercado interno y por conducto de su liquidador, contrate créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago y, en general, a mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Las obligaciones asumidas conforme a esta autorización estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los términos previstos para los pasivos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo conforme a sus respectivas leyes orgánicas.

Con la finalidad de que el Gobierno Federal dé cumplimiento a lo previsto en los artículos 3, segundo párrafo y segundo transitorio del "Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan", publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, conforme a las disposiciones aplicables, establecerá el instrumento adecuado para tal efecto, el cual, sin perjuicio de los recursos que reciba para tal fin en términos de las disposiciones aplicables, se integrará por los que se enteren por parte del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero o de cualquier otro ente jurídico.

Las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales expropiados de las empresas enlistadas en el Decreto citado en el párrafo que antecede, que se entreguen al Gobierno Federal, serán recibidas por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, estarán libres de gravamen mercantil y no computarán para considerar a sus emisoras como entidades paraestatales, por lo que no estarán sujetas al régimen aplicable a las mismas, incluido su personal, siempre que el propósito no sea constituir en forma permanente una entidad paraestatal, lo cual será determinado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien emitirá la resolución correspondiente con base en los dictámenes técnicos, jurídicos, económicos o financieros que, en su caso, emita dicha dependencia o con la información con la que cuente el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la recepción de las acciones, cupones, títulos o partes sociales señalados en el presente párrafo.

Corresponderá directamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ejercer los derechos corporativos que deriven de la titularidad de las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales expropiados a que se refiere el párrafo que antecede, designar representantes para tal efecto y resolver las situaciones de hecho o de derecho que se presenten respecto de las mismas, así como comunicarle a la Tesorería de la Federación el destino que se les dará a efecto de que ésta, sin más trámite, realice la transmisión correspondiente.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Rural, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el crédito neto otorgado al sector privado y social más el déficit de operación de las instituciones de fomento, de 57,227.1 millones de pesos, de acuerdo con lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2011 y a los programas establecidos en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada trimestre se deberá informar al Congreso de la Unión sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas.

Para la integración de los requerimientos financieros del sector público que señala el artículo 28 de esta Ley, podrá considerarse como pérdida o ganancia por intermediación financiera, la diferencia en el capital contable entre el cierre del ejercicio fiscal de 2010 y el cierre del ejercicio fiscal de 2011, de las instituciones de banca de desarrollo, de la Financiera Rural, del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y de los fondos de fomento que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los montos establecidos en el artículo 1o., apartado C de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Artículo 3o.Se autoriza para el Distrito Federal la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda pública del Distrito Federal.

Los financiamientos a que se refiere este artículo se sujetarán a lo siguiente:

I.Los financiamientos deberán contratarse con apego a lo establecido en la Ley General de Deuda Pública, en este artículo y en las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán:

1.Producir directamente un incremento en los ingresos públicos.

2.Contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011.

3.Apegarse a las disposiciones legales aplicables.

4.Previamente a la contratación del financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los términos y condiciones que la misma determine para ese efecto.

III.Las operaciones de financiamiento deberán contratarse en las mejores condiciones que el mercado crediticio ofrezca, que redunden en un beneficio para las finanzas del Distrito Federal y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás entidades federativas y municipios.

IV.El monto de los desembolsos de los recursos derivados de financiamientos que integren el endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad correspondiente.

V.El Gobierno del Distrito Federal, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la deuda pública de la entidad y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características financieras de las operaciones realizadas.

VI.La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizará auditorías a los contratos y operaciones de financiamiento, a los actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

VII.El Jefe de Gobierno del Distrito Federal será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones de este artículo, así como de la Ley General de Deuda Pública y de las directrices de contratación que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a los ordenamientos citados se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales.

VIII.Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión conforme a la fracción V de este artículo, deberán contener un apartado específico de deuda pública, de acuerdo con lo siguiente:

1.Evolución de la deuda pública durante el periodo que se informe.

2.Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 siguientes ejercicios fiscales.

3.Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas.

4.Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de cada financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado.

5.Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor.

6.Servicio de la deuda.

7.Costo financiero de la deuda.

8.Canje o refinanciamiento.

9.Evolución por línea de crédito.

10.Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal.

IX.El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, remitirá al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de 2011, el programa de colocación de la deuda autorizada para el ejercicio fiscal de 2011.

Artículo 4o.En el ejercicio fiscal de 2011, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 162,142.4 millones de pesos, de los cuales 92,145.9 millones de pesos corresponden a inversión directa y 69,996.5 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 66,263.2 millones de pesos, de los que 30,526.6 millones de pesos corresponden a proyectos de inversión directa y 35,736.6 millones de pesos corresponden a proyectos de inversión condicionada.

Los proyectos de inversión financiada condicionada a que se hace referencia en este precepto y en el artículo 4o. de esta Ley, se ejercerán con apego a la estimación que realice la Secretaría de Energía sobre la evolución del margen operativo de reserva del Sistema Eléctrico Nacional. Dicho indicador en su magnitud y metodología deberá ser enviado para conocimiento del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Capítulo IIDe las Obligaciones de Petróleos Mexicanos

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, estarán a lo siguiente:

I. Hidrocarburos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 260 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar los anticipos que se señalan en el siguiente párrafo.

A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por 505 millones 478 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 3 mil 548 millones 66 mil pesos.

II. Enajenación de gasolinas y diesel

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas y diesel, enterarán diariamente, incluyendo días inhábiles, por conducto de Pemex-Refinación, anticipos a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que las tasas aplicables a la enajenación de dichos productos, determinadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la citada fracción, resulten positivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar el monto de estos anticipos, los cuales se podrán acreditar contra el pago mensual señalado en el artículo 2o.-A, fracción I, antes mencionado, correspondiente al mes por el que se efectuaron los mismos.

En caso que las tasas aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel, referidas en el párrafo anterior, resulten negativas, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no efectuarán los anticipos diarios mencionados en dicho párrafo.

El pago mensual del impuesto especial sobre producción y servicios deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago. Estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.

Cuando en un lugar o región del país se establezcan sobreprecios a los precios de la gasolina o del diesel, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre producción y servicios por dichos sobreprecios en la enajenación de estos combustibles. Los recursos obtenidos por los citados sobreprecios no se considerarán para el cálculo del impuesto a los rendimientos petroleros.

Cuando la determinación de la tasa aplicable, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resulte negativa, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán disminuir el monto que resulte de dicha tasa negativa del impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo o del impuesto al valor agregado, si el primero no fuera suficiente. En caso de que el primero y el segundo no fueran suficientes el monto correspondiente se podrá acreditar contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos que establece el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos o contra los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 255 de esta última ley.

Para el cálculo de las tasas a que se refiere la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no se considerará como parte del precio de venta al público a las cuotas establecidas en la fracción II del artículo antes citado.

Para el cálculo de la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolina o diesel en territorio nacional, a que se refiere el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de los factores a que se refiere la fracción I inciso c) de dicho artículo, se aplicará el factor de 0.9009 cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 11 por ciento y el factor de 0.8621 cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 16 por ciento.

III. Pagos del impuesto al valor agregado

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos del impuesto al valor agregado en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago.

Las declaraciones informativas del impuesto al valor agregado deberán ser presentadas en formato electrónico ante el Servicio de Administración Tributaria con la misma periodicidad que las declaraciones de pago de dicho impuesto.

IV. Determinación y pago de los impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados

Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación.

V. Impuesto a los rendimientos petroleros

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, a excepción de Pemex-Exploración y Producción, estarán a lo siguiente:

1.Cada organismo deberá calcular el impuesto a los rendimientos petroleros a que se refiere esta fracción aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 30 por ciento. El rendimiento neto a que se refiere este párrafo se determinará restando de la totalidad de los ingresos del ejercicio el total de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo. En ningún caso la pérdida neta de ejercicios anteriores se podrá disminuir del rendimiento neto del ejercicio.

2.A cuenta del impuesto a los rendimientos petroleros a que se refiere esta fracción, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por un total de 2 millones 57 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberán efectuar un pago por un total de 14 millones 436 mil pesos.

El impuesto se pagará mediante declaración que se presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2012 y contra el impuesto que resulte se acreditarán los anticipos diarios y semanales a que se refiere el párrafo anterior.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales.

VI. Importación de mercancías

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que realicen, y deberán pagarlas ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación.

VII. Otras obligaciones

Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley y en las demás leyes fiscales, excepto la de efectuar pagos diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de contribuciones y aprovechamientos que correspondan a sus organismos subsidiarios.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán las declaraciones, harán los pagos y cumplirán con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para modificar el monto de los pagos diarios y semanales establecidos en este artículo y, en su caso, para determinar la suspensión de dichos pagos, cuando existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios que así lo ameriten, así como para expedir las reglas específicas para la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos diarios y semanales establecidos en este artículo, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

Petróleos Mexicanos presentará al Servicio de Administración Tributaria en los meses de abril, julio y octubre de 2011 y enero de 2012, una declaración en la que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior.

Petróleos Mexicanos presentará al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2012, declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos subsidiarios.

Petróleos Mexicanos deberá presentar al Servicio de Administración Tributaria las declaraciones informativas a que se refieren los dos párrafos anteriores y las demás disposiciones fiscales, a través de los medios o formatos electrónicos que establezca dicho órgano desconcentrado, en los que se deberá incluir la información específica que en los mismos se indique respecto de las contribuciones, los productos y los aprovechamientos que esa entidad y sus organismos subsidiarios estén obligados a pagar.

Petróleos Mexicanos descontará de su facturación a las estaciones de servicio por concepto de mermas hasta el 0.74 por ciento del valor total de las enajenaciones de gasolina que realice a dichas estaciones de servicio.

En caso de que, antes del ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, Pemex-Exploración y Producción modifique las declaraciones de pago del derecho adicional a que se refiere el artículo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007 y entere diferencias a cargo por concepto de ese derecho, en relación con dichas diferencias no se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, a excepción de lo relativo a la actualización.

El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que se establecen en el presente artículo de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución conforme a la Ley del Banco de México y los concentrará en la Tesorería de la Federación.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del “Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 257, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos se establece que la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2011 será por una estimación máxima de 2.55 y 1.15 millones de barriles diarios en promedio, respectivamente.

Capítulo IIIDe las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o.En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I.Al 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II.Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1.Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1 por ciento mensual.

2.Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.25 por ciento mensual.

3.Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.5 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o.Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad del Fisco Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

A las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se hubieren adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2010 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2010. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2011 y el 30 por ciento para el año 2012.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que no hubieren celebrado el convenio a que se refiere el artículo tercero, fracción I del Decreto señalado en el párrafo anterior, tendrán hasta el 28 de febrero de 2011 para celebrarlo y cumplir con todos los requisitos contenidos en él, a fin de acogerse al mismo, en cuyo caso obtendrán los beneficios establecidos en el párrafo anterior.

Artículo 10.El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2011, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I.La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II.Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III.Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2011, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2011. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2011, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un aprovechamiento con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de recuperaciones de capital de las instituciones de banca de desarrollo, los recursos correspondientes se podrán destinar a la capitalización de los bancos de desarrollo o a fomentar acciones que permitan cumplir con el mandato de dicha banca, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el apartado A, fracción VI, numerales 11, 19, inciso d y 23, inciso d, del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2011, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2010, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES                           FACTOR    Enero                           1.0499          Febrero                                    1.0386          Marzo                          1.0326          Abril                            1.0253          Mayo                           1.0286          Junio                            1.0351          Julio                             1.0355          Agosto                                    1.0332          Septiembre                  1.0330          Octubre                                   1.0202            Noviembre                  1.0165          Diciembre                    1.0088

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2011 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2010, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2011.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, así como aquéllos a que se refiere la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y los accesorios de los aprovechamientos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para esos efectos se fijen, la dependencia prestadora del servicio o la que permita el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

Las dependencias de la Administración Pública Federal, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2011, los conceptos y montos de los ingresos que por aprovechamientos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe durante los primeros 15 días del mes de julio de 2011, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11.El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2011, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2011, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2011, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2011. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2011, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2010, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

           MES                           FACTOR

            Enero                           1.0499

            Febrero                                    1.0386

            Marzo                          1.0326

            Abril                            1.0253

            Mayo                           1.0286

            Junio                            1.0351

            Julio                             1.0355

            Agosto                                    1.0332

            Septiembre                  1.0330

            Octubre                                   1.0202

            Noviembre                  1.0165

Diciembre                    1.0088

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2011 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2010, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2011.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bie-nes, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, serán depositados, hasta por la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo, en un fondo que se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2011, los conceptos y montos de los ingresos que por productos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante los primeros 15 días del mes de julio de 2011 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12.Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece esta Ley deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación el día hábil siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

El incumplimiento en la concentración oportuna a que se refiere el párrafo anterior, generará a las citadas dependencias o a sus órganos administrativos desconcentrados, sin exceder sus presupuestos autorizados, la obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización al Fisco Federal. La tasa anual aplicable a dichas cargas financieras será 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de Internet durante el periodo que dure la falta de concentración. En el caso de que por cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa se utilizará la tasa de interés que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la misma.

El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a que se refiere el párrafo anterior entre 360 y multiplicando por el número de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el día en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no concentrado oportunamente.

No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo cuando las dependencias acrediten ante la Tesorería de la Federación la imposibilidad práctica del cumplimiento oportuno de la concentración, siempre que cuenten con la validación respectiva del órgano interno de control en la dependencia de que se trate.

Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos.

Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece esta Ley y se reflejen dentro de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades de control directo que los generen, para la realización del proyecto respectivo.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos remanentes a la extinción de un fideicomiso que se hayan generado con cargo al presupuesto de una dependencia deberán ser concentrados a la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se podrán destinar a la dependencia que aportó los recursos o a la dependencia o entidad que concuerden con los fines para los cuales se creó el fideicomiso, salvo aquéllos para los que en el contrato de fideicomiso esté previsto un destino distinto. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., apartado A, fracción VI, numeral 19, con excepción del inciso d, de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

Artículo 13.Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el octavo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 5 por ciento, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.

En los procesos de desincorporación de entidades, a través de su extinción o liquidación, cuyas operaciones se encuentren garantizadas por el Gobierno Federal, el liquidador designado o responsable del proceso respectivo podrá utilizar los recursos disponibles de los mandatos y demás figuras análogas encomendadas al mismo por el Gobierno Federal, para el pago de los gastos y pasivos de dichos procesos de desincorporación previa opinión favorable, en cada caso, de la coordinadora de sector, del mandante o de quien haya constituido la figura análoga y de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Para los efectos anteriores, se constituirán los instrumentos jurídicos correspondientes que aseguren la transparencia y control en el ejercicio de los recursos.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos deberán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanecerán afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo séptimo del artículo 1o. de la presente Ley.

Artículo 14.Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I.Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

II.Comisión Federal de Electricidad.

III.Instituto Mexicano del Seguro Social.

IV.Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15.Cuando con anterioridad al 1 de enero de 2011, una persona hubiere incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no le haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será determinada si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2011.

Durante el ejercicio fiscal de 2011, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Para los efectos del párrafo que antecede, cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere dicho párrafo, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16.Durante el ejercicio fiscal de 2011, se estará a lo siguiente:

A.En materia de estímulos fiscales:

I.Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diesel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

II.Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1.Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel en términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.

En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2.Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.

III.Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2011 y enero de 2012.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diesel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV.Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible.

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El comprobante que se expida deberá reunir los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del mes en que se adquiera el diesel, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del ejercicio en que se realicen los gastos, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. En el entendido de que quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV y V de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto le señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley. Tratándose de los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B.En materia de exenciones:

I.Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

II.Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

C.En materia de condonaciones, los patrones y demás sujetos obligados que espontáneamente regularicen sus adeudos fiscales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, generados hasta el 30 de junio de 2010, derivados de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, gastos realizados por dicho Instituto por inscripciones improcedentes y los que éste tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, podrán solicitar la condonación de recargos y multas impuestas en términos de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, siempre que paguen el monto total de tales adeudos en una sola exhibición, conforme a lo siguiente:

I.Deberán manifestar por escrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, a más tardar el 31 de marzo de 2011, su intención de acogerse a los beneficios señalados en el primer párrafo de este apartado, así como la fecha en que efectuarán el pago de sus adeudos, debiendo garantizar el interés fiscal.

II.El porcentaje de condonación será el siguiente:

1.Si el pago de los adeudos se efectúa entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011, la condonación de los recargos y multas será del 100 por ciento;

2.Si el pago de los adeudos se efectúa entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2011, la condonación de los recargos será del 80 por ciento y de multas será del 90 por ciento, y

3.Si el pago de los adeudos se efectúa entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2011, la condonación de los recargos será del 50 por ciento y de las multas será del 90 por ciento.

III.El Instituto Mexicano del Seguro social podrá requerir al patrón o sujeto obligado todos los datos, informes o documentos que resulten necesarios para determinar la procedencia de la condonación.

IV.La condonación de los recargos y multas procederá aun y cuando éstos deriven de:

1.Créditos fiscales que estén siendo pagados a plazo en los términos del artículo 40 C de la Ley del Seguro Social. En este caso, la condonación será sobre el saldo insoluto de los recargos y multas que se adeuden y el Instituto Mexicano del Seguro Social en ningún caso estará obligado a devolver cantidad alguna por concepto de recargos y multas ya pagadas.

2.Cuotas obrero patronales que estén siendo objeto de impugnación por parte del patrón o sujeto obligado, siempre que medie el desistimiento del mismo.

V.Sin perjuicio de la condonación total o parcial de recargos o multas que, en su caso, proceda en términos de esta fracción, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social podrá acordar que se autorice el pago a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, de las cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, los gastos realizados por dicho Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir el mismo de las personas no derechohabientes, respecto de las que se causaron los recargos y multas condonadas.

VI.En caso de que el patrón o sujeto obligado no cumpla con los requisitos de la solicitud de condonación a que se refiere el primer párrafo de este apartado y con lo dispuesto en la fracción III anterior, se le tendrá por de-sistido de la misma.

VII.No procederá la condonación total o parcial de recargos y multas, cuando el patrón o sujeto obligado se ubique en cualquiera de los supuestos siguientes:

1.La determinación de las cuotas obrero patronales respecto de las que se causaron los recargos y multas de que se trate derive de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones en términos de la Ley del Seguro Social, o

2.Exista sentencia ejecutoriada que derive de la comisión de delitos fiscales.

VIII. La solicitud de condonación a que se refiere el primer párrafo de este apartado no constituirá instancia y las resoluciones que dicte el Instituto Mexicano del Seguro Social al respecto no podrán ser impugnadas.

IX.Tratándose de recargos respecto de créditos fiscales relativos a cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no se otorgará condonación alguna.

El Consejo Técnico del Instituto podrá dictar los lineamientos de carácter general que estime necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informará trimestralmente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión del ejercicio de las facultades otorgadas en los términos de este apartado.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en los apartados A y B de este artículo.

Artículo 17.Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 18.Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades de control directo, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19.Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I.Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II.Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III.Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV.Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2011 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Artículo 20.Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21.Para los efectos de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única se estará a lo siguiente:

I.En materia de impuesto sobre la renta:

1.Las modificaciones a los artículos 50, 58, 58-A, 58-B, 59, 100, 103, 103-A, 104, 105, 151, 154 cuarto párrafo, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 171, 175 actual segundo párrafo, 195, 195-A y 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de intereses, realizadas mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, entrarán en vigor el 1 de enero de 2012.

Para los efectos de los artículos 58, 158, 159, 160 y 218 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención y acumulación de los intereses devengados antes del 1 de enero de 2012, se efectuarán conforme a las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2011. Durante el ejercicio fiscal de 2011 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 58 y 160 antes mencionados, será del 0.60 por ciento.

Las instituciones que componen el sistema financiero en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán retener y enterar el citado impuesto aplicando la tasa establecida en el párrafo anterior, sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, desde la fecha de inicio de la inversión o desde el día en el que el contribuyente hubiese cobrado por última vez intereses y hasta el 31 de diciembre de 2011. El entero se realizará de acuerdo al primer párrafo del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2011. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio, conforme al artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2011.

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsa de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los contribuyentes personas físicas acumularán, para los efectos del impuesto sobre la renta, los intereses devengados a su favor durante el ejercicio fiscal de 2011. En estos casos la retención se efectuará conforme al primer párrafo del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2011.

Para los efectos de los artículos 58, 159 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2012, las instituciones que componen el sistema financiero, así como las sociedades que paguen intereses, deberán considerar como saldo inicial al 1 de enero de 2012, el saldo que hubiese tenido la cuenta o activo financiero de que se trate, al 31 de diciembre de 2011.

Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2012.

Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2012, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán presentar la información a que se refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2013.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 176, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2011, en lugar de determinar el monto de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios conforme al procedimiento establecido en el citado precepto, dicho monto se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, por el periodo que corresponda.

2.Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2 del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2011, los intereses a que hace referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 por ciento, siempre que el beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan con los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.

II.En materia de impuesto empresarial a tasa única:

1.Para los efectos del artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los contribuyentes deberán presentar a las autoridades fiscales, en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración del ejercicio, la información correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio fiscal de 2011, en el formato que establezca para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. La información a que se refiere este inciso se deberá presentar incluso cuando en la declaración del ejercicio de 2011 no resulte impuesto a pagar.

2.Para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito.

Capítulo IVDe la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 22.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluirá en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a que se refiere el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información relativa a los requerimientos financieros y disponibilidades de la Administración Pública Centralizada, de los órganos autónomos, del sector público federal y del sector público federal consolidado, incluyendo a las entidades paraestatales contempladas en los Tomos V y VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como de las disponibilidades de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica.

En los informes a que se refiere el párrafo anterior se deberá incluir la información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada directa y condicionada establecidos en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; así como la información relativa al balance de cada uno de los organismos de control directo a que se refiere el apartado B del artículo 1o. de esta Ley.

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, en los informes a que se refiere el primer párrafo de este artículo se deberá incluir la información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan:

I.Avance en el padrón de contribuyentes.

II.Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales.

III.Avances contra el contrabando.

IV.Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales.

V.Plan de recaudación.

VI.Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas natural, en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos.

VII.Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios, conforme al artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas que consolidan fiscalmente, empresas con ingresos acumulables en el monto que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, primario y/o de servicios al que pertenezcan.

Artículo 23.En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones que apliquen, la información en materia de recaudación y endeudamiento que éstas requieran legalmente.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 24.Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2011.

Artículo 25. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 26. Los datos generales que a continuación se citan, de las personas morales y de las personas físicas que realicen actividades empresariales o profesionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Servicio de Administración Tributaria obtengan con motivo del ejercicio de sus atribuciones, podrán ser comunicados entre dichos entes con objeto de mantener sus bases de datos actualizadas:

I.Nombre, denominación o razón social.

II.Domicilio o domicilios donde se lleven a cabo actividades empresariales o profesionales.

III.Actividad preponderante y la clave que se utilice para su identificación.

La información obtenida conforme a este artículo no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establece el Código Fiscal de la Federación, pero será considerada confidencial para los efectos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La información estadística que se obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo podrá ser objeto de difusión pública.

Artículo 27.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores antes del 30 de junio de 2011, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá al menos, en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

Dicho presupuesto deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2012 en los siguientes términos:

I.El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal;

II.La metodología utilizada para realizar la estimación;

III.La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida;

IV.Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso, y

V.Los beneficios sociales y económicos asociados a los gastos fiscales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de 2011, a las instancias a que se refiere el primer párrafo de este artículo un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, en el que se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero y las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31, segundo párrafo y 114 de su Reglamento. Para la generación de este reporte, la información se obtendrá de la que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración informativa de las personas morales con fines no lucrativos a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010.

La información a que se refiere el párrafo anterior no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28.Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de abril de 2011, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.

Artículo 29.En el ejercicio fiscal de 2011, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I.Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II.Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III.Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV.Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años.

Artículo 30. Con la finalidad de transparentar el calendario mensual de ingresos que, en términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debe publicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación 15 días hábiles después de la publicación de esta Ley, dicha dependencia deberá entregar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo, la metodología y criterios adicionales que hubiese utilizado para dicha estimación, misma que deberá ser incluida en la citada publicación.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2011, sin perjuicio de lo previsto por el transitorio tercero.

Segundo.Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2010.

Tercero.A partir del día siguiente al de la publicación de esta Ley no deberá aplicarse la reducción a que se refiere el párrafo décimo cuarto del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica en contra), Armando Ríos Piter (rúbrica en contra), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Narro Céspedes (rúbrica en contra), Martín Rico Jiménez, Leticia Quezada Contreras (rúbrica en contra), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica en contra), Luis Videgaray Caso (rúbrica), Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación en esta sesión.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación en esta sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2011.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra. Este dictamen está a discusión en lo general.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Gracias, señor presidente.

Quiero expresar a ustedes algunas consideraciones por las cuales la bancada del PRD votará en contra de este dictamen.

En primer lugar, se impuso de nuevo a esta Cámara el interés de aquellos que dictan la política económica de este país. Es decir, de aquellos que mantienen los privilegios fiscales, los que mantienen un modelo económico de desa-rrollo que sólo ha traído más pobreza, más miseria, más dificultades al pueblo de México.

Por esta primera consideración, llamo a ustedes a reflexionar y pasar a la segunda reflexión. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha vuelto a imponer la simulación por encima del debate legislativo crítico, constructivo, fecundo. No, se prefirió el acuerdo cupular, el que se hace a espaldas del Legislativo y sólo se viene a legitimar hoy en esta larga noche, en una lógica legislativa sin sentido.

Pues se acepta votar lo que no se discutió en semanas. Es una vergüenza, y que se oiga clarito, que la Comisión de Hacienda tiene un año sin discutir la temática central y se reúne en un día del año para traernos, apenas hace tres minutos, un dictamen que nadie ha leído y que no lo van a votar a conciencia, se va a votar por consigna.

De nueva cuenta se impone esta lógica absurda de no discutir, de no analizar profundamente y de madrugada. De nuevo se impone este absurdo de estar aquí cuando tuvimos el tiempo suficiente. Hace un mes se entregó esta propuesta por el Ejecutivo y apenas ayer se reunió la Comisión de Hacienda. Es una pena que permitamos esto. Sin embargo, repito, se viene de nuevo a votar por consigna.

Por eso, la bancada del PRD les convoca, compañeras y compañeros, a que no mantengamos esta simulación, que vayamos al fondo, a una reforma fiscal que nos garantice ingresos suficientes para sacar a este país del atraso en que justamente estos acuerdos cupulares lo tienen sometido. Una nación que de nuevo va a pagar los impuestos puntualmente mientras evasores, grandes evasores no van a volver a pagar impuestos.

Y hoy, ustedes, diputadas y diputados, en esta noche van a votar de nuevo por consigna, por acuerdo lo que va a afectar al pueblo de México. Por eso el PRD llama a todos ustedes a reflexionar y a evitar seguir en esta simulación que tanto daño le está causando a nuestra patria.

No es posible, compañeras, si ustedes serenamente reflexionan al retirarse hoy de madrugada lo que hicieron otra vez esta noche: imponer un régimen fiscal contrario al interés de la mayoría de la población.

Por eso el PRD les convoca a que ya no sigamos simulando y vayamos al fondo de una reforma fiscal equitativa, justa. Que paguen los que tienen que pagar impuestos y que este pueblo se recupere y viva en bienestar. Con esta política fiscal sólo más de lo mismo, pagarán los mismos los impuestos y seguirán evadiéndolo los grandes evasores de este país. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Para razonar su voto, don Pedro Ávila Nevárez tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente.

Toda la vida he militado en el Partido Revolucionario Institucional. Toda la vida he militado en este partido que con Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y entregó la tierra a los campesinos de México. Toda la vida he militado en el partido que con Ruiz Cortines dio el voto a la mujer. Toda la vida he militado en el partido que con López Mateos nacionalizó la industria eléctrica e hizo los libros de texto gratuitos y dio a México la política internacional más limpia, más diáfana de México.

Toda la vida he militado en el partido que nos dio el ISSSTE y la seguridad social, que dejó y fundó las instituciones de México y que por 70 años fue el partido que luchó por el pueblo de México. Y toda la vida he dado yo mi apoyo a todo lo que mi partido ha dado.

Pero en esta ocasión y con mucho dolor y mucha tristeza mi voto va a ser en contra porque prometimos que íbamos a bajar el IVA y no lo bajamos de 16 a 15 por ciento, y el pueblo de México espera de nosotros que hagamos esto.

Por eso en esta ocasión, soy priista y seré priista hasta que me muera, pero no podemos traicionar al pueblo humilde, al pueblo que votó por nosotros, a ese pueblo que se pierde en la ignominia y nosotros dándole recursos y más recursos a los panistas, que están llevando a la patria a la quiebra y a la desesperación subiendo los impuestos en la gasolina, en el gas, en la electricidad, en la energía eléctrica.

Votemos y hagamos justicia al pueblo de México. Viva López Mateos. Viva Cárdenas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, don Pedro. Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes.

El diputado José Narro Céspedes:Con su permiso, presidente. Moderar la opulencia y la miseria. Necesitamos que la política fiscal tenga un papel distributivo, constructor de justicia y reactivador de la economía y del empleo.

Como dice la Constitución, que haya contribuciones de manera proporcional y equitativa, en el marco de lo que dispongan las leyes.

El debate no es o no son las 630 iniciativas presentadas, que no se han desahogado en la Comisión de Hacienda, porque tiene un año que no sesiona. No es la violación del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso, que señala que las comisiones ordinarias tienen que sesionar una vez al mes, que tiene que haber un plan de trabajo y que tiene que desahogarse la responsabilidad legislativa que tenemos.

Eso no es el debate en lo fundamental, aunque no es menos importante, porque las únicas iniciativas desahogadas son las del Ejecutivo, las de todos los demás grupos parlamentarios y diputados han sido prácticamente hechas a un lado.

El problema principal es el modelo, es el proyecto, ¿cuáles son los resultados? 2009 con una caída de 6.5 por ciento del producto interno bruto, con cerca de 500 mil mexicanos llevados a la calle, del desempleo. Con 800 mil mexicanos que cada año tienen que ingresar al mercado laboral sin ninguna alternativa.

En 2010, con un crecimiento de 4.5 por ciento y el año que entra con el 3.9 por ciento apenas estaremos resolviendo lo que perdimos en el 2009, apenas.

Tenemos que los únicos resultados con los que contamos este año han hecho mucho ruido con 634 mil empleos nuevos, pero cuántos empleos necesitábamos este año: 800 mil empleos. Ni siquiera hemos recuperado lo que hemos perdido.

Tenemos que lo único que crece en este país es el número de pobres. Tenemos 6 millones de mexicanos más en la pobreza. Tenemos 5 millones 636 mil mexicanos en el de-sempleo. Tenemos 12 millones de mexicanos en el subempleo. Tenemos 7 millones de mexicanos jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestro país.

Tenemos que por cada rico que entra a las páginas de Forbes,2 o 3 millones de mexicanos se van a la pobreza alimentaria. Esos son los resultados de esta política económica en la que nuestra fracción parlamentaria la ha vivido y no creemos. No hemos visto los resultados a favor del pueblo mexicano, en que eso nos lleve a crecimiento económico y empleo y a bienestar para nuestra gente.

Tenemos en materia fiscal un esquema de enormes privilegios a través de los regímenes especiales y de consolidación, verdaderos paraísos fiscales. Y por otro lado, un incremento a los impuestos al consumo, donde pagan más proporcionalmente los que menos tienen. Por eso propusimos y proponemos una verdadera reforma fiscal integral democrática y federalista, que nos ayude a generar y a llevar a nuestro país por el rumbo del crecimiento económico y del empleo.

No queremos una política social que se ha convertido en caridad pública, en distribución de miseria. No queremos este modelo porque lo hemos vivido por más de 20 años y no tenemos los resultados que tanto nos han dicho, que sigamos ajustándonos los cinturones, que sigamos impulsando una política económica que nos ha llevado al desastre y a la bancarrota.

Queremos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Narro Céspedes: Cerramos, presidente. Queremos nuestras dos refinerías. Necesitamos más infraestructura, necesitamos hacer realidad nuestro derecho a la salud, a la educación, a un campo digno y verde. Necesitamos crédito en el campo, por eso en lo general estamos en contra de esta Ley de Ingresos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado José Narro Céspedes: El año pasado se aprobó en similares condiciones esta ley...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado José Narro Céspedes:Estamos cerrando. Esto nos lleva a recordar la frase de Marx, quien corrigió a Hegel señalando que todos los grandes acontecimientos y personajes de la historia universal aparecen de algún modo dos veces —concluyendo—, la primera vez como tragedia y la segunda vez como farsa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado. Le suplico...

El diputado José Narro Céspedes:Por eso en lo general...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suplico a los señores diputados permitan concluir al orador.

El diputado José Narro Céspedes: ... nuestra fracción parlamentaria está en contra de esta Ley de Ingresos de la Federación. Muchas gracias y es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado Narro. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, en contra.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo va a votar en contra de este dictamen, porque ¿qué diferencia hay...

Presidente, le suplico que llame a la atención para poder hablar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Les suplico a los señores diputados guarden la debida compostura para que el orador concluya su intervención. Señores diputados, vamos a guardar el debido respeto. Estamos prácticamente terminando nuestra sesión del día de hoy, vale la pena que escuchemos a todos los oradores en su tiempo. Y suplico a los señores oradores ceñirse al tiempo reglamentario.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Presidente, gracias. ¿Qué diferencia hay, compañeros, entre aumentar el IVA, como lo hicieron el año pasado, y ahora incrementar el endeudamiento de la gente?

¿Qué diferencia hay entre incrementar el Impuesto sobre la Renta e incrementar ahora el precio del petróleo para tener un precio implícito de la gasolina mayor al del año pasado?

¿Qué diferencia hay entre elevar los costos de la energía eléctrica, de la luz y el gas y de la nada pensar que vamos a crecer más, como lo hicieron al modificar el marco macroeconómico para tener mayores ingresos para irnos por la puerta falsa?

Lo que siempre habían criticado de nuestras posturas, ahora el Grupo Parlamentario del PRI lo propone. Lo propone como la salida por la puerta falsa. Lo propone para no gravar a las grandes empresas. Y se hace una discusión, incluso fuera del recinto parlamentario, para obtener 55 mil millones de pesos.

Yo les pregunto, ¿por qué el déficit va de 0.3 a 0.5? ¿Por qué no 0.6 y rescatamos a Mexicana de Aviación? ¿Por qué no 0.7 y reconstruimos todas las zonas afectadas —porque es obligación del gobierno? ¿Por qué lo tenemos que hacer cargándole el IVA a toda la población?

No. No estamos asumiendo nuestro papel de representantes populares. No le estamos exigiendo al gobierno federal que cumpla con sus obligaciones. Mientras en Estados Unidos rescatan a la industria automotriz con miles y millones de dólares, aquí tímidamente nos rasgamos las vestiduras para mover una décima el déficit público y no nos importa dejar grandes huecos dentro de la Ley de Ingresos.

Ustedes saben que están votando un renglón que dice: otros de otros. Que vale 63 mil millones de pesos y que no sabemos a qué se refieren. Que ahorita en la reunión de la Comisión las personas de Hacienda no nos supieron decir o no nos quisieron decir de dónde vienen 63 mil millones de pesos, que es mucho más que lo que juntaron con estos sueños guajiros.

La economía mexicana no ha crecido. La estadounidense se está asentando y ustedes aumentan el crecimiento económico.

Volvemos a depender del precio del petróleo para no gravar a los grandes consorcios y volvemos a estimar un déficit, que ahora sí tímidamente lo movemos, pero qué culpa tienen los trabajadores de Mexicana, qué culpa tienen los habitantes de las zonas que han sido destruidas. Si vamos a subirlo subámoslo bien y no hagamos como que hacemos y no le carguemos la reconstrucción falsamente con el mito de que por eso no bajamos el IVA.

No es cierto. No lo estamos bajando por miedo, por eludir o por ayudarle al gobierno federal a eludir su responsabilidad de reconstruir lo que también ellos contribuyeron a crear con los subejercicios de la Comisión de Nacional del Agua y con todo lo que ya sabemos.

No es posible que nosotros vayamos a favor de una Ley de Ingresos timorata, de una Ley de Ingresos que vuelve a dejar intocables los paraísos fiscales. Todos hablamos aquí alguna vez del outsourcing, se presentó una iniciativa que ni siquiera fue considerada y saben qué, nos daba 50 mil millones de pesos.

No teníamos que mover el déficit, podíamos bajar el IVA. A eso le huyeron, ¿por qué? Vuelvo a decir: por acuerdos cupulares. No se vale. Había alternativas, lo que pasa es que esas alternativas pisaban los callos de los grandes capitales. Por eso vamos a votar en contra de esta Ley de Ingresos. Gracias, presidente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado Pérez Cuevas, desde su lugar si es tan amable.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Para efecto y en términos del artículo 123 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicitarle que toda vez de que sólo han hablado oradores en contra, el artículo citado habla de hasta tres oradores en contra. Han sido cuatro oradores en contra. Le pediríamos se aplique este artículo para efecto de que la asamblea determine si está suficientemente discutido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Nos disponemos a hacer eso, solamente le ubico. El diputado Pedro Ávila habló para posicionar su voto, pero efectivamente han trascurrido los oradores previstos, explicitados al inicio de esta asamblea.

Pregunte la secretaria a la asamblea si considera el asunto suficientemente discutido.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ramírez Puga.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul): Señor presidente, yo le recuerdo que le solicité con mucha anterioridad me inscribiera en la lista de oradores, incluso mucho antes de los que hablaron, pero me voy a permitir hacerlo desde aquí, desde mi curul...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde la curul): Para evitar perder más tiempo.

Soy un diputado del PRI, señor presidente de la Mesa Directiva, que estoy hablando a nombre propio, pero seguramente también a nombre de muchos compañeros, que sin decirlo piensan igual que yo.

Estoy seguro que muchos de nosotros votaremos no en conciencia de lo que creemos y con lo que nos comprometidos. Estoy seguro que votaremos porque así conviene a los intereses de muchas personas y de muchos estados.

Yo solamente quiero recalcar, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, que mi voto será en contra de este dictamen, porque considero que el PRI debe ser consecuente con lo que ofreció en su plenaria en Ixtapan de la Sal.

Respeto a todos y a todas mis compañeras del Partido Revolucionario Institucional que van a votar a favor, los respeto, les reitero mi estima y les dije en muchas ocasiones y en las plenarias que nos antecedieron que si este dictamen pasaba yo me iba a ir de la fracción parlamentaria.

Quiero decirles, porque también lo dije en la plenaria, que jamás iba a renunciar a mi militancia del PRI.

Según los estatutos de mi partido, el 63, dice que quien renuncie a la fracción parlamentaria renuncia de igual manera a su militancia. Me quedo en el PRI con la convicción de que voy a ser una voz siempre crítica de lo que haga mi partido, pero una voz que va a tratar siempre de sumar las voluntades para hacer del PRI un partido mejor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recogen sus expresiones, señor diputado. Consulte a la asamblea, señora diputada secretaria.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo de procedimiento, para comentarle que en otros dictámenes usted mismo planteó las dos rondas de tres personas en contra y en este caso no se está haciendo así.

Para no hacer más larga la asamblea, todo mundo está muy cansado, aunque pudimos haber sesionado el día de hoy en una hora razonable y que la prensa viera el debate y no que fuera de esta manera, porque además es incorrecto que estemos en la madrugada todo el tiempo discutiendo estos temas muy importantes.

Yo simplemente respaldaría las posturas no sólo de mis compañeros del PT sino del compañero diputado Ávila y del compañero diputado Héctor Pablo, que están planteando en esencia lo que muchos creemos aquí, que lo que se está decidiendo es incorrecto, que es contrario al interés nacional, que es contrario al pueblo de México y que es lamentable que la Cámara de Diputados siga tomando decisiones contrarias a la gente.

Mi voto será también en contra, ya argumenté en mis otras intervenciones con mucha puntualidad mis críticas al respecto y simplemente no quería dejar pasar esto, para que quede en el Diario de los Debates. Le agradezco, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Fernández Noroña. Las rondas se han abierto cuando hay oradores en otro sentido. Cuando solamente hay oradores en un sentido, lo expliqué desde el inicio de la asamblea, aplicando estrictamente el artículo 123, tres oradores y preguntaríamos si está suficientemente discutido.

Voy a preguntar si está suficientemente discutido y después les daré el uso de la palabra a los señores que la están solicitando desde su lugar. Diputada secretaria, tome la votación, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado. Abra el sistema de votación, ordénelo, señora secretaria. Perdón, los artículos reservados. En seguida les doy la palabra, diputados.

Para los efectos del 134 se pregunta a la asamblea si se van a reservar algunos otros artículos aparte de los que han hecho los señores Mario di Costanzo Armenta, que separa el artículo 1o., apartado A, fracción VI, numeral 23, inciso d) y el apartado B del artículo 1, fracción I, numeral 1 del inciso b). Y el diputado César Francisco Burelo Burelo ha apartado el artículo 5. Son las únicas reservas. Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Para reservar el artículo 2, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El artículo 2 reservado por el diputado García Granados. No hay ningún otro.

Señora secretaria, abra el sistema de votación.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Pues es una lástima y un baldón para esta Cámara de Diputados que hasta el día de hoy hayamos tenido la mayor parte de los diputados y hace un momento, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del próximo año.

Me parece que es una falta de respeto a todos nosotros que se nos pida entrar a una discusión y a una votación de un documento que apenas se nos acaba de entregar y, como aquí se dijo, todo es debido a una falta de cuidado, de atención, de respeto a la Constitución y la ley por parte del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, que no citó a sesiones de trabajo, a sesiones ordinarias para desahogar el paquete fiscal para el próximo año.

Eso es muy grave, señor presidente, y todavía es más grave que las decisiones que se están adoptando por esta Cámara no hayan sido tomadas en el recinto parlamentario sino que los gobernadores se hayan puesto de acuerdo con el titular del Ejecutivo, constituyendo ellos la auténtica Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados está perdiendo una de sus atribuciones fundamentales y hemos trasladado la capacidad de decisión a instancias que no son parte del Poder Legislativo. Todo eso desde luego es anticonstitucional.

Pero además los asuntos de fondo, como ya lo explicaban algunos oradores, como el tema de los regímenes fiscales especiales y consolidados que favorecen a las grandes empresas no se transforma.

Hay que decirle al pueblo de México que las grandes empresas de este país seguirán sin pagar impuestos en proporción a sus beneficios. Hay que decirle al  pueblo de México que el PRI se hizo para atrás, que había prometido bajar el IVA a 15 por ciento y se mantiene en el 16 por ciento. Hay que decirle al pueblo de México que durante el próximo año aumentarán los precios de la gasolina, del diesel y de la electricidad.

Hay que decirle al pueblo de México que se están aprobando proyectos totalmente incosteables y no rentables, como el de Chicontepec y hay que decirle al pueblo de México que esta Ley de Ingresos no ha sido suficientemente explicada y justificada por las autoridades hacendarias de este país, a los diputados y a la Cámara baja.

Todo lo anterior y muchas cosas más, como el tema de gastos fiscales, que aunque se incluyen algunas reglas de control de gastos fiscales en los artículos 25 y 27 de la Ley de Ingresos pues no son controles eficaces ni suficientes para conocer con claridad a qué grupos económicos está beneficiando el pueblo de México.

Es una paradoja que los impuestos que paga el pueblo de México sirvan para beneficiar a las grandes empresas. Los pobres costean la riqueza de los poderosos. Eso es totalmente injusto y está contenido en la Ley de Ingresos que se está votando. Son las manifestaciones, entre otras, que quería hacer, señor presidente, para que consten en actas y para que el pueblo de México sepa que este tipo de Ley de Ingresos, de dictamen, es impresentable y contraría el interés general porque va en contra de los más pobres de este país. Por su atención, gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recogen sus manifestaciones y se harán constar en el Diario de los Debates. Diputada Dina.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Manifiesto que mi voto ha sido en contra porque considero que el ambiente político ha sido enrarecido en el país. Muchos problemas estamos enfrentando esta vez, y desde hace muchos años. Sabemos que lo que se está votando aquí es bueno y se vota a favor, porque de dónde va a tener dinero el país y de dónde va a tener presupuesto si no se hace de esta forma.

Por otro lado, se dice que están haciendo algo en contra de México cuando sabemos que no es cierto. Todo está enrarecido y por esa razón yo me mantengo al margen. De quienes han votado a favor, yo respeto su derecho. Quienes han votando en contra, también, pero recuerden que tenemos una responsabilidad y sabemos lo que estamos haciendo y no es justo que le hagamos eso al pueblo.

No más mentiras al pueblo de México. Que se corrija todo lo que se tenga que corregir, pero tampoco digamos que quienes votaron a favor están en contra del pueblo de México. Quienes estén en contra es muy respetable su decisión. Pero repito que la situación está enrarecida. Ésa es la razón por la que decidí abstenerme, porque creo que las cosas no se están haciendo como se deben hacer ni como se deben decir. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Dina. Se recogen sus expresiones y también se hacen constar en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema de votación, diputado, sigue abierto.

¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Sí, adelante, diputada, sigue abierto.

(Votación)

Sí, adelante diputada, sigue abierto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciérrese el sistema de votación, señora diputada. Denos el cómputo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Un momento, compañeros, todavía hay diputados y diputadas que están votando. Sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, se emitieron 354 votos en pro, 4 abstenciones y 81 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados por 354 votos en lo general y en lo particular los artículos no impugnados.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: artículo 1o., apartado A, fracción VI, numeral 23, inciso d, y el artículo 1o., apartado B, fracción I, numeral 1, inciso b, por el diputado Mario di Costanzo Armenta. El artículo 2o., por el diputado Miguel García Granados y el artículo 5o. por el diputado César Francisco Burelo Burelo.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Mario di Costanzo para presentar seguidas sus dos proposiciones.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, compañeros.

Gracias, porque sus electores no les van a aplaudir así ahora que regresen a sus distritos con lo del IVA.

Miren, durante las comparecencias que hubo aquí en la Cámara, en especial la del director general de Pemex, ése que duerme donde los príncipes pasan su luna de miel, si algo quedó claro, más que sus excesos al viajar, fue que en México no existe un subsidio a la gasolina.  Él dijo que producir un litro de gasolina en el país nos costaba 7 pesos y con la información que nos dio la importación de gasolina nos cuesta 7.40 el litro. Y, sin embargo, nadie se pregunta, ¿por qué en la Ley de Ingresos que van a aprobar hay una recaudación del IEPS negativa? Es decir, como si estuvieran subsidiando la gasolina.

Yo lo digo porque si tanto les preocupan sus gobernadores, la recaudación de IEPS negativa les quita ingresos a sus gobernadores, porque reduce la recaudación federal participable. Entonces de nada les sirvió subir el precio del petróleo, compañeros sino nada más vivir, como diría el jefe de muchos, Carlos Salinas, de muchos de ustedes, ahí no es política-ficción, ahí es economía-ficción. Eso es lo que están haciendo.

Pero además, y ahí vienen mis señalamientos, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo cuarto transitorio establece la necesidad de que se cree un organismo para proveer la energía eléctrica en el centro del país, dado que se está violando. Yo lo que estoy proponiendo es que en el reglón de CFE, donde vienen los ingresos propios, se haga una apertura y decir cuántos de estos ingresos propios provienen de la parte del centro del país y cuántos del resto del país.

No se alteraría el total, es simplemente:

A ...

B. Centro del país

Para tener la desagregación. Esto nos va a servir más adelante con propósitos evaluatorios. Ésa es la primera reserva y lo que estoy solicitando. Y en la segunda, presidente, y compañeros. Para tener más claridad, porque se ve muy feo que aprobemos una Ley de Ingresos con un concepto llamado: otros de otros, por 63 mil 400 millones de pesos y no sepamos de qué es.

¿Qué estoy proponiendo? Que se abra este concepto, que se vea de qué se componen estos 63 mil 400 millones de pesos para que sepamos los legisladores de dónde vienen, qué ingresos son, a qué se refieren y cómo evaluarlos en un futuro.

Les comento, que no de manera oficial —ya saben que Hacienda nunca dice nada de manera oficial— pero por ahí oí comentar a los funcionarios, que son muchos, que estuvieron metidos coordinando la Comisión de Hacienda, son los nuevos presidentes de la Comisión. Los oí comentar que esa información sensible, imagínense: otros de otros, calificado como información sensible al Congreso.

Yo creo que esto no les mueve cifras a los de Hacienda. No perjudica a nadie, y va a dar más transparencia, claridad y una forma de evaluar mejor los ingresos. Ya tenemos una falta de transparencia absoluta en los ingresos tributarios. No sabemos en realidad quién, cómo y cuánto paga. No quisimos aumentar una décima más el déficit, para rescatar y salvar a Mexicana de Aviación.

Nada más les digo que nos va a costar más lo que vamos a perder en divisas por la pérdida de turismo, porque las naves mexicanas no van a traer turistas extranjeros, lo va a hacer American Airlines, por no querer mover una décima el déficit público. Nos va a costar más, ¿pero qué necesitamos? Mecanismos para evaluar el error que se está tomando aquí y el próximo año, en todo caso, subsanarlo.

Estamos pidiendo dos cuestiones que son de mera transparencia, que no se espanten los funcionarios de Hacienda —que ya se pararon— porque les estamos pidiendo nada más transparencia. Ya no les estamos pidiendo cuánto pagan de impuestos las grandes empresas. Ya sabemos que no pagan. Ellos nos lo dijeron.

Ahora les estamos pidiendo transparencia en los ingresos públicos. Son ingresos públicos y los legisladores necesitamos saber de dónde vienen, porque por eso vienen los problemas de fideicomisos, por eso vienen las cajas negras del gobierno. Qué tal si puede ser el doble de esos 63 millones.

Yo les preguntaría —y aquí acabamos de tener una discusión toda la noche y todo el día en la Comisión de Hacienda en vano— qué tal si ahí están los recursos para reconstruir los estados o para bajar el IVA o para tantas cosas de infraestructura que necesita este país, para rescatar a Mexicana de Aviación.

No podemos ser tan absurdos y no apoyar una decisión que es de mera transparencia y que va a servir para evaluar la Ley de Ingresos y los ingresos públicos en toda su totalidad el próximo año. Estamos hablando de una cantidad que es mayor al déficit público.

Imagínense, si aumentó el déficit en 28 mil millones, pero el endeudamiento aumenta en 35 mil millones y eso lo dice la Ley de Ingresos. No les cuadran las cifras. Y además de los 35 mil hay 27 mil millones de diferimientos de pago y hay 5 mil millones de endeudamiento externo. ¿A quién le estamos cargando esa deuda?

Movieron 2 décimas el déficit público y vean en todo lo que se está traduciendo y eso no lo teníamos claro hasta hace un rato y Hacienda no lo quiere informar. No les estamos moviendo cifras. Estamos pidiendo transparencia y claridad.

Eso no es secreto fiscal. Son ingresos que debe conocer a todo detalle el Congreso y no los estamos conociendo. No podemos dejar la Ley de Ingresos como está. Es una mera cuestión de transparencia que nos va a permitir rendirle cuentas a la gente y saber qué vamos a hacer el próximo año, que espero que la Ley de Ingresos no se acuerde en el club de industriales. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Ponga la Secretaría a votación si son de admitirse las reservas hechas por el diputado Di Costanzo, sucesivamente.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si son de admitirse las propuestas del diputado Mario di Costanzo Armenta. Primero el Apartado A, fracción VI, numeral 23, inciso d). Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa .

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha y se reserva para votación nominal en términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:El siguiente es el apartado B, fracción I, numeral 1, inciso b), del mismo diputado Mario di Costanzo. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

Se ha retirado la reserva del artículo 2o.

Tiene la palabra el diputado César Francisco Burelo Burelo, quien reservó el artículo 5o.

El diputado César Francisco Burelo Burelo:Buenas noches, compañeras y compañeros diputados, a estas horas de la madrugada también quiero dirigirme a las mexicanas y a los mexicanos, que muy probablemente estén pendientes del trabajo de sus legisladores, y a quienes no, para que lo vean de manera diferida.

Quiero llamar la atención de manera particular a los diputados integrantes de la Comisión Especial que Investiga la Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, a los diputados de la Comisión Especial de Cambio Climático y de manera muy particular, hago un llamado a mis compañeros diputados del estado de Tabasco.

Señoras diputadas y señores diputados, me permito llamar su atención sobre el hecho de que en este Congreso se ha privilegiado el esquema de productores privados en la generación de energía eléctrica, por la vía de la aprobación aquí, en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para este año, 2011, la intención no ha sido diferente y lo corroboramos con la siguiente referencia: el artículo 5o dice que se autoriza al Ejecutivo federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad por 66 mil 263.2 millones de pesos, de los que 30 mil 526 corresponden a proyectos de inversión directa y 35 mil 736 a proyectos de inversión condicionada.

En el anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos relativo a los proyectos de inversión financiada condicionada, es decir, por particulares, se indican los proyectos que se proponen autorizar. Son una planta de ciclo combinado norte-tres-Juárez por 13 mil 271 millones de pesos. Otra de ciclo combinado occidental-Bajío, por 6 mil 994 millones de pesos. Una central eoloeléctrica sureste-uno, por 7 mil 260 millones de pesos y una central eoloeléctrica sureste 2, por 8 mil 209 millones de pesos.

Es preciso aclarar que los proyectos de inversión condicionada corresponden a proyectos de productores externos privados de energía eléctrica, que venden su generación a la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que hacer la siguiente referencia.

Hoy temprano discutíamos justamente en este grupo de trabajo, que la información oficial da cuenta de que el sistema eléctrico nacional público presenta un excedente de 48 por ciento entre la capacidad instalada y la requerida, cuando el margen es de 27 por ciento, ello significa que tenemos una inversión ociosa.

Por otra parte, se tienen otros proyectos en proceso de licitación o construcción, otros ya autorizados pero no iniciados, por lo que no se justifica la autorización para nuevos proyectos.

La justificación de nuevos proyectos requeriría que la Secretaría de Energía informara sobre la evolución del margen de reserva, pero hasta este momento la secretaria de Energía no ha querido comparecer ante esta soberanía.

En el esquema de los productores externos privados se auspicia además el deterioro de la industria nacional, de fabricación de bienes de capital y materiales para el sector eléctrico, debido a que los productores externos por ser trasnacionales privilegian los bienes y servicios producidos en su país de origen, beneficiando obviamente a Néstor Moreno y a altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

Compañeras y compañeros, conviene tener presente que la inversión que efectúan los productores privados es restituida por la Comisión Federal de Electricidad mediante el pago de un cargo fijo, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparece como gasto corriente, porque con esa erogación no se adquieren activos fijos, los cuales siempre son propiedad de los privados. En el caso del PEF 2011 la cantidad prevista para el pago de ese cargo fijo es de 19 mil 374 millones de pesos.

En virtud de lo anteriormente expuesto se propone suprimir los proyectos que utilizan gas natural como energético y esquemas de inversión condicionada y cambiar el esquema de financiamiento de los proyectos eoloeléctricos previstos en el PEF, con una inversión...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado César Francisco Burelo Burelo: Por favor, un poquito de respeto, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado César Francisco Burelo Burelo:Con una inversión de 15 mil 469 millones de pesos, lo que requeriría una modificación al artículo 5 del proyecto de Ley de Ingresos para quedar como sigue:

Se autoriza al Ejecutivo federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos del artículo 18, hasta por un monto de 45 mil 96 millones de pesos, lo que nos daría un ahorro de 20 mil millones de pesos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado César Francisco Burelo Burelo: Estoy concluyendo, señor presidente.

Yo quisiera decirles, compañeras y compañeros diputados, sé que tienen mucha prisa...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado César Francisco Burelo Burelo: Sí, de eso se trata, señor presidente. Permítame por favor, si usted me habla no me deja terminar.

Yo les invito únicamente a que no suban aquí a la tribuna ni anden formando grupos que tienen únicamente un carácter y un fin meramente electoral. Respóndanle al pueblo de México resolviendo este asunto y no dándoles más a los productores independientes de energía. Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente, además quiero pedirle si se puede hacer la votación nominal.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El señor diputado, en términos del artículo 148, pide que esta votación sea nominal. Tal como lo establece este artículo y viniendo las firmas necesarias, pida que se hagan los avisos necesarios y que se ponga a votación nominal si se acepta o desecha la propuesta del señor diputado. Votar a favor, significa que se aprueba ponerla a discusión. Votar en contra, significa que se desecha.

Abra por 3 minutos el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos, para proceder a la votación de la propuesta del diputado César Francisco Burelo Burelo al artículo 5o.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Solamente nos falta votar unos cuantos cambios en comisiones y ya estamos listos. No se preocupen.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico para que voten, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El cómputo, señora diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aquí a su derecha.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:De viva voz.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Denos el registro, diputada.

Está el diputado Castilla, aquí al centro está Silvia Pérez.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): En contra.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): En contra.

El diputado Eduardo Ledesma Romo(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (desde la curul): En contra.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 67 votos en pro, 344 en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, no se admite la propuesta. Ábrase el sistema de votación y háganse los avisos necesarios para votar en lo particular los artículos que fueron reservados y que son el artículo 1, apartado A, fracción VI, numeral 23, inciso d). El artículo 1, apartado D, fracción I, numeral 1, inciso b); y el artículo 2o. y el artículo 5o. de la Ley de Ingresos.

Ábrase el sistema de votación para que sean votados en los términos del dictamen hasta por 5 minutos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos 1, 2o. y 5o., en términos del dictamen.

(Votación)

El diputado David Penchyna Grub (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Penchyna.

El diputado David Penchyna Grub(desde la curul): Nada más, presidente, para aclarar que el diputado García Granados declinó el artículo que había reservado, que era el artículo 2.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me queda muy claro, pero como fue reservado el artículo, tenemos que votarlo. Diputado Chuayffet.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor(desde la curul): Le pido nos aclare el sentido de la votación. Señaló usted que se sometía a votación las reservas que previamente habían sido desechadas en cuanto a trámite. Esto significa que votar en contra hace que esas reservas no se consideren en el decreto correspondiente ¿es así?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El sentido del voto es el siguiente, diputado: votar a favor significa votar por el dictamen en sus términos.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor(desde la curul): Gracias.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputado Rodríguez.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): En nombre de la bancada del Partido Acción Nacional para hacer del conocimiento de los mexicanos que en tiempo y forma legales tenemos Ley de Ingresos, pensando en la gente y nos congratulamos por eso y felicitamos a todas las bancadas por este esfuerzo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recogen las expresiones del diputado Rodríguez Regordosa en el acta de esta sesión.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dígame, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Nada más para decirle al diputado Regordosa que ya se contagió del síndrome de Calderón y ve las cosas al revés. Lo que aquí se decidió es contrario al interés nacional y él lo ve a favor, ciertamente sí fue en tiempo, en eso tiene absoluta razón. Pero lo otro, cualquier día si quiere se lo explico con detenimiento porque parece que a estas horas de la mañana ya no entiende lo que votó.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para que los señores legisladores lo tengan en cuenta, la próxima sesión será el día jueves, a partir de las 10 de la mañana. Es una sesión de dictámenes que seguramente terminará alrededor de las 4:30 o 5 de la tarde, para efecto de sus consideraciones.

Informábamos a la asamblea, al ver la retirada de los señores diputados, que la próxima sesión se va a convocar a las 10 del jueves, pero que tomáramos providencias porque va a ser una sesión de dictámenes. Luego entonces seguramente irá terminando alrededor de las 5 de la tarde.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el tablero electrónico.

Diputado presidente se emitieron 343 votos en pro, 10 abstenciones y 61 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de octubre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (4:21 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 21 de octubre de 2010, a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

Buenos días, señores diputados.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 16 horas 26 minutos con un receso de 5 horas 59 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 309 diputados • Diputado que se reincorpora: 1 • Puntos de acuerdo aprobados:  1 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2 • Oradores que participaron: 236 PRI                                              46PAN                                             59PRD                                     57PVEM                                          13PT                                                 49Convergencia                       7Nueva Alianza                               4Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación:             1 Se recibió o presentó: • 4 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunican cambios de integrantes en las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Especial Ciencia y Tecnología; de Economía; de Desarrollo Rural; de Juventud y Deporte; Especial de la Función Pública; de Juventud y Deporte; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Pública; y de Gobernación; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Michoacán; • 2 oficios del Congreso del estado de Zacatecas con el que transcribe acuerdo aprobado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se otorguen mayores recursos para diversos rubros; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 11 ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, respectivamente, y se informa que un ciudadano ha dejado de prestar servicios; • 1 iniciativa de senador PAN; • 1 iniciativa de senador PRD; • 4 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los siguientes proposiciones con punto de acuerdo con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011; • 2 temas en efemérides; • 16 iniciativas del PRI; • 1 iniciativa del PAN; • 4 iniciativas del PRD; • 3 iniciativas del PVEM; • 2 iniciativas del PT; • 3 iniciativas de Convergencia; • 77 proposiciones con puntos de acuerdo Dictámenes de primera lectura: • 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 Dictámenes aprobados: • 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011