SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Mesa Directiva el resultado del cómputo de asistencia de los diputados y las diputadas.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 266 diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:13 horas): Por tanto, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, ya que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de octubre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica del 193 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, que tendrá lugar el 27de Octubre a las 10:00 horas.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Guillermo Tamborrel Suárez, José Guadarrama Márquez, José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez y Francisco Arroyo Vieyra, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asigne presupuesto adicional para el mejoramiento integral en infraestructura para el desarrollo económico, educación, el campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el Estado de Durango y el Municipio de Durango, presentada por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, recursos suficientes al programa de reducción de la mortalidad materna, presentada por las senadores Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, recursos suficientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que realice una nueva encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, presentada por las senadores Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la ley, presentada por los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, rechace las propuestas de incremento al Impuesto Especial a los Tabacos Labrados para el Ejercicio Fiscal 2011 y los subsecuentes, presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los recursos necesarios para la prevención y control del virus del Papiloma Humano y el Cáncer Cérvico-Uterino.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prórroga en el apego de créditos a la vivienda para las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en los Estados de Jalisco, Nayarit y Veracruz.

Con el que remite los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al Primer Semestre de 2010.

Oficios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Dos, con los que remite contestaciones a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a intensificar las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México.

Oficio del gobierno del Estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la gestión de residuos sólidos en el Municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México.

Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la expedición de una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la situación de los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de septiembre de 2010, desagregada por tipo de fondo.

Iniciativa del Congreso del Estado de Campeche

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reforma los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Cuarto y Quinto al Decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal, continuar las mediciones y evaluaciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno.

De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer de manera conjunta ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, al Director General de Once TV México y al Director General del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal informar, a esta Soberanía las razones por las que no se ha remitido al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE como el uso de éstos.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2o., 5o., 29, 48 y 59 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley reglamentaria del Servicio Ferroviario.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 y adiciona el 57 Bis a la Ley de Vivienda.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto de la Fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Gobernación, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracción I bis y II bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Iniciativas

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 37 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Luis Videgaray Caso, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se destinen recursos para el financiamiento del proyecto del Estado de Sonora, denominado Sonora Si, Sistema Integral, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico y social de esa entidad, a cargo de la diputada Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se asignen recursos suficientes a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la energía, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Implantación del Plan Estratégico Turístico y Cultural de la Ruta Don Vasco, en las Regiones Lacustre y Meseta Purépecha del estado de Michoacán, a cargo de la diputada Laura Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización del acceso este del Boulevard Morelos, del municipio de Tecate, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y equipamiento de un hospital en San Quintín, Baja California a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y equipamiento de un hospital en San Felipe, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Centro de Convenciones Metropolitano de Tijuana-Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Centro de Diagnóstico para Adolescentes, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Centro de Servicios Periciales para la PGJ de Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución del Programa de pavimentación en colonias populares del municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización de la calzada Manuel Gómez Morín, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la calzada Río Santa Cruz, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación y modernización del Boulevard Lázaro Cárdenas poniente, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización del Boulevard Lázaro Cárdenas oriente, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y equipamiento de una planta TIF de carne de bovino y la sala de sacrificios de especies no bovinas, en el municipio de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de tres escuelas preparatorias, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Centro de Alto Rendimiento, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación y modernización de la calzada Independencia, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación del Boulevard García, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Boulevard Ferrocarril, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Boulevard Sánchez Taboada, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Boulevard Machado, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Boulevard Valle Redondo, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación y modernización del Boulevard Aeropuerto, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación y modernización del Acceso Poniente, en el municipio de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la Liga Escénico-Corredor 2000, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Programa Integral de Fortalecimiento de Sistemas Pluviales “Tijuana”, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el mejoramiento del Ex Convento de Santo Domingo y sus alrededores, que se encuentra en Oxolotán, municipio de Tacotalpa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de instalaciones educativas y de investigación agropecuaria para el Centro Regional de Las Huastecas y el Noreste de la Universidad Autónoma de Chapingo, en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Parque Deportivo en el Distrito XX, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a cargo del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

30. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de infraestructura deportiva, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación del Fondo de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para sustituir el Hospital Integral de Ahuacatlán, Puebla, y convertirlo en Hospital General, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para llevar a cabo la sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados, de Oriental, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para llevar a cabo la obra nueva del Hospital Integral de 12 camas, de Ahuazotepec, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, autorice al Poder Judicial Federal, los recursos que requiere para la administración de justicia federal, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el fomento y desarrollo del Sistema Nacional de Universidades en todo el país, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la investigación científica en nuestro país, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y equipamiento de dos nuevos hospitales que sustituyan a los existentes denominados “Eva Sámano de López Mateos” y “Dr. Miguel Silva”, ambos en la Ciudad de Morelia, Michoacán, a cargo de la diputada Laura Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la CONADE, a efecto de construir y rehabilitar diversos proyectos de infraestructura deportiva municipal en el estado de Yucatán, suscrito por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el desarrollo de infraestructura hospitalaria del Programa IMSS Oportunidades en el estado de Yucatán, suscrito por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para aumentar el número de proyectos de infraestructura carretera del estado de Yucatán, suscrito por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para aumentar el número de proyectos de cultura del estado de Yucatán, suscrito por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de dos celdas para la disposición de residuos sólidos urbanos en el Relleno Sanitario Regional, del municipio de Matamoros, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la segunda etapa del proyecto de construcción y equipamiento de la Unidad Deportiva de San Miguel de Hidalgo, municipio El Limón, Jalisco, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el fortalecimiento de las empresas del sector calzado en México, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para establecer fondos para el bachillerato de las universidades públicas, que les permita la contratación de plazas para profesores de tiempo completo y tiempo parcial, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Universidad de Sonora, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para iniciar obras de Infraestructura Deportiva en diversos municipios del estado de Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la instrumentación de las estrategias y acciones en beneficio de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la instrumentación de las estrategias y acciones dirigidas a la integración educativa de las niñas y niños con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón, ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, estado de Guanajuato, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de diversas obras vinculadas al manejo integral de residuos, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para atender los requerimientos de los trabajadores de la Delegación de Inspección y Vigilancia de la PROFEPA, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para apoyar a diversas universidades públicas y entidades administrativas de educación y cultura de nuestro país, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución de trabajos y obras referentes a mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos del Seguro Médico para una Nueva Generación, a efecto de apoyar y fomentar la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el impulso de las actividades dedicadas al desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Sonora, a los titulares de la ASF, de la Conagua, de la SHCP y de la PGR, realicen las actividades necesarias para impedir el inicio de la construcción del Acueducto Independencia, en dicha entidad. Asimismo, para que se envíe a esta Soberanía un informe detallado del proceso administrativo, documental y de licitación de dicho proyecto hidrológico, así como para que se dé cumplimiento a la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Octavo Federal, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, ejecute lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta Soberanía, instruya al Ceameg para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores, así como a su equipo técnico, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el subsector cultura del país, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y la ciudadanía, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Cultura. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que contemple el desarrollo del PIB-Agroalimentario del año inmediato anterior; la proporción de población rural objetivo con respecto a la población total del estado; reducción en el grado de marginación; el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente y se establezca como un criterio general obligatorio, para las reglas de operación que emita la SAGARPA para el ejercicio fiscal de 2011, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios del estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos que permitan la construcción de infraestructura que evite el ingreso de fauna natural a granjas acuícolas ubicadas en el estado de Sinaloa, y se exhorta a la SAGARPA, instrumente estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se sujeten los recursos de los programas de Diconsa, Liconsa y Programa Alimentario, a Reglas de Operación que se traduzcan en una transferencia neta al sector agroalimentario nacional, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Profeco, instrumenten medidas para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a consecuencia del alza de las gasolinas en nuestro país, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un fondo de infraestructura deportiva municipal, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la organización del 8° Parlamento de las niñas y niños de México 2011, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial para la Niñez. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, reelabore el instrumento mediante el cual se conformó el Padrón de Trabajadores de la Educación, publicado en julio del presente año, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la homologación salarial de los trabajadores del sistema de salud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la continuidad de la construcción de la UAM, unidad Cuajimalpa de Morelos, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que explique los criterios para establecer los límites máximos de acumulación del espectro y proporcione un análisis de la competitividad, a cargo del diputado Fidel Kuri Grajales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año “2011: Año Nacional de Donación y Transplantes de Órganos”, a cargo del diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua, y a la Profepa, coordinen acciones que cuiden la óptima calidad de las playas y mares, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, evite realizar recortes presupuestales a programas productivos considerados en el Programa Especial Concurrente del PEF 2011, a cargo del diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, fortalezcan las finanzas públicas del Distrito Federal, eficientando la recaudación de los impuestos y derechos por pago de servicios públicos, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos en inversión, infraestructura y servicios que permitan un Desarrollo Sustentable para abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Merino Loo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, vigilen el correcto funcionamiento de las Instituciones Públicas y Privadas encargadas del cuidado de las niñas y niños que por disposiciones jurídicas se encuentran separados de sus padres; asimismo, se exhorta a los Congresos Locales y a la ALDF, legislen en la materia, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal, capaciten a sus servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de género, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de PEMEX, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como reforzar la vigilancia, a fin de evitar sucesos semejantes, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de los Estados, implementen un Protocolo de Seguridad para Periodistas y a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, instauren un Protocolo de Investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, haga un extrañamiento al CEFP para que, en el ejercicio de sus funciones, se conduzca con imparcialidad, objetividad y rigor técnico, debido a que ha realizado, publicado y difundido estudios, análisis, conclusiones e interpretaciones que se apartan de la veracidad, generan desconfianza, incertidumbre y desorientan la labor legislativa, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

85. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SEGOB, declare zona de emergencia a diversos municipios del estado de Guerrero y se liberen recursos del FONDEN para resarcir los daños ocasionados a las vías de comunicación terrestre y viviendas de sus pobladores, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SRE se solicite a la Embajada de México en Estados Unidos, inicie las negociaciones correspondientes a efecto de establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del CONACYT respecto al rediseño de la normatividad que rige al Sistema Nacional de Investigadores, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Ejecutivo Federal para que a través de la SRE, fije la postura de México en pro de la defensa de los derechos humanos y solicite a su homólogo de la República Popular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, otorgue a las aerolíneas de bajo costo, horarios de despegue y aterrizaje (slots), que por ahora han quedado sin utilizarse con motivo de la suspensión indefinida de operaciones del nuevo grupo aeronáutico (Grupo Mexicana), apegándose a la normatividad en materia de seguridad, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, derogue los acuerdos publicados en el DOF, referentes a la aceptación de equivalencias de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y 019-SCFI-1998, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP ante esta Soberanía y presente un informe financiero del estado que guarda el ejercicio del gasto público y subejercicios; asimismo para que se reasignen subejercicios del gasto público federal al Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, lleven a cabo acciones efectivas en contra de la violencia generada en la zona y conduzcan a garantizar la seguridad e integridad física de los habitantes del municipio de San Juan Copala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos suficientes para el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Excitativa

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, a solicitud de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre la discriminación que sufren mexicanos que vuelan hacia los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios referentes a la recategorización de México para ocupar el espacio aéreo por parte de la FFA, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del 36 aniversario de la creación del estado libre y soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del aniversario del 2 de octubre “Día de la matanza de Tlatelolco”, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 12 de octubre de 1492, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, a cargo de los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

5. Con motivo del 24 de octubre, Conmemoración del Día de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

6. Con motivo de la conmemoración del natalicio de Francisco I. Madero, el 30 de octubre de 1873, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

7. Con motivo del 17 de octubre, Día Mundial de la Pobreza, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte si se dispensa la lectura del acta, una vez que ha sido publicada en la Gaceta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 309 diputadas y diputados, a las 11 horas con 55 minutos del martes 19 de octubre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura del orden del día y enseguida al acta correspondiente a la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera. Desde sus respectivas curules intervinieron los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en dos ocasiones, en la primera propone inclusión de un tema en el orden del día, y en la segunda en relación con el capítulo de la agenda política; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, realizó comentarios en relación al orden del día, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones respectivamente a las intervenciones y somete a consideración de la asamblea la propuesta del diputado Fernández Noroña, que en votación económica se desechó.

Se dio cuenta oficio del diputado Julio Saldaña Morán, por el que comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 26 de octubre del año en curso. De enterado, comuníquese.

Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes de mesa directiva de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de la Comisión Especial Ciencia y Tecnología; de Economía; de Desarrollo; de Juventud y Deporte; Especial de la Función Pública. En votación económica se aprobaron, comuníquense.

Se dio cuenta con oficios de los Congresos de los estados de:

• Michoacán, con el que remite, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Zacatecas, dos, en los que transcribe acuerdos aprobados, por los que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se asignen recursos especiales al Fondo de Apoyo a Migrantes y se otorgue un trato justo y equitativo al estado de Zacatecas. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos:

• Jorge Ulises Bautista Magallón, Christian Alfredo Álvarez Maciel y Leonardo Guzmán Maltos, en las Embajadas de Estados Unidos de América y del Estado de los Emiratos Árabes en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

• Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinoza Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrián Sánchez Rosaldo, Roberto Alonso Picos Rubio, Eva Jenny Arias Moreno, Miguel Olguín Antonio y David James García Sotello, en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México y en los Consulados de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; e informa que el ciudadano Jorge Fernando Garza Morales, dejó de prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Las solicitudes de permisos se turnaron a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere al ciudadano que dejó de prestar servicios, se remitió a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con los que se remiten

a) Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

b) Solicitud del senador Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 15 de septiembre de 2009. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

c) Proposiciones con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados:

• Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere un aumento en el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Pesca, presentada por los senadores Lázara Nelly González Aguilar, Alberto Cárdenas Jiménez, Javier Castelo Parada y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Partido Acción Nacional.

• Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asigne recursos para realizar hasta su conclusión el proyecto ejecutivo de la tercera etapa del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte, presentada por el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido del Trabajo.

• Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asigne mayores recursos al programa alimentario, al Programa de Abasto Rural a cargo de Sistema de Distribución Conasupo, Sociedad Anónima de Capital Variable y al Programa de Abasto de Leche a cargo de Leche Industrializada, Conasupo, Sociedad Anónima de Capital Variable presentada por los senadores Jesús Dueñas Llerenas, Javier Castelo Parada, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Lázara Nelly González Aguilar y Alberto Cárdenas Jiménez, del Partido Acción Nacional.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 considere un incremento sustancial a los institutos tecnológicos de todo el país, presentada por los senadores Francisco Herrera León, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ramiro Hernández García, Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Alfonso Elías Serrano, Gerardo Montenegro Ibarra, Raúl José Mejía González y Francisco Alcibíades García Lizardi, de los Partidos Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática y de Convergencia, respectivamente.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Se refieren al tema del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, las diputadas: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza; María Guadalupe García Almanza, de Convergencia;

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Elena García Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional y Elvia Hernández García, del Partido Revolucionario Institucional; Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, ambas por la Comisión Especial para la Familia. Desde su curul, realizó comentarios la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con el cambio de integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte, de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se refirieron al tema del 57 aniversario del establecimiento del Sufragio Femenino en México, las diputadas: Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Norma Leticia Orozco Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Partido Acción Nacional y Rosario Ortiz Yeladaqui, del Partido Revolucionario Institucional.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Ricardo Ahued Bardahuil, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Guadalupe García Almanza, de Convergencia, que reforma los artículos 474 de la Ley General de Salud y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia.

• Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo 277 de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Héctor Franco López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Laura Arizmendi Campos, de Convergencia, que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Francisco Javier Martín Gil Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo 15 al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Carlos Manuel Joaquín González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, para que proporcione a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior, de Reconocimientos de Plantilla de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, así como la partida de resarcimiento de 2008. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se ajuste a la Ley Orgánica de la Administración Pública, y a la Secretaría de Energía a conducir la política energética del país para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía.

• Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al sector salud, aliente a la población para la prevención oportuna del cáncer de mama. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía y de Energía, acredite organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/ SCFI-2008 de todas aquellas lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía, y de Energía.

• Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, realicen las gestiones necesarias a fin de proponer al pleno de esta soberanía modificaciones al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a efecto de incorporar el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, sus funciones y tareas. Se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que modifique las Reglas de Operación del Programa Rescate de Espacios Públicos y a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para dicho programa. Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del hospital general de zona, en Saltillo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que modifique o adecúe las reglas o criterios del “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior”, para que a los estados con bajo desarrollo económico, se les exente de sus aportaciones de coinversión. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• María Dolores Del Río Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, elabore un convenio de colaboración que permita destinar recursos para un apoyar a los usuarios domésticos de energía eléctrica de los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía, para que en el proceso de renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se contemple la equidad de género. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos suficientes para el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, con el propósito de ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas.

• Víctor Félix Flores Morales, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera.

• José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la educación media superior.

• Silvia Puppo Gastélum, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para realizar obras de construcción, rehabilitación y remodelación de infraestructura del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial de Baja California Sur.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Secretaría de Educación Pública, etiquetando una partida para la creación de nuevas plazas de maestros dedicados a impartir la materia de educación física.

• Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Cancerología.

• Silvia Puppo Gastélum, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los proyectos de infraestructura carretera de Baja California Sur.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el desarrollo carretero en Coahuila, Durango y Sinaloa.

• Silvia Puppo Gastélum, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera, salud y cultura de Baja California Sur.

• Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para diversos puentes en Coahuila.

• Silvia Puppo Gastélum, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el sector salud en Baja California Sur.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la zona metropolitana de Piedras Negras-Nava.

• Ovidio Cortazar Ramos, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la Universidad Autónoma de Chiapas.

• Silvia Puppo Gastélum, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto Pabellón Cultural de la República, que se construye en Baja California Sur.

• Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

• Ovidio Cortazar Ramos, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

• Silvia Puppo Gastélum, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto Par Vial de Cabo San Lucas, que se construye en Los Cabos, Baja California Sur.

• Luis Antonio Martínez Armengol, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para solucionar la problemática en Minatitlán, Veracruz.

• Ovidio Cortazar Ramos, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la Universidad Intercultural de Chiapas.

• Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se establezca el Fondo de la Huasteca.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la remodelación del auditorio municipal de Tampico, Tamaulipas.

• Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para un programa de apoyo para la adquisición y compra de tierras para los pueblos y comunidades indígenas del país.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la preparación de los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incorpore un anexo con los recursos que ejercerán las dependencias o entidades de la administración pública federal para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del plantel José Revueltas Sánchez, ubicado en la delegación Venustiano Carranza.

• Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para impulsar el Programa Integral de Desarrollo Regional de las Mixtecas.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa Hábitat.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción y modernización de carreteras, carreteras alimentadoras estatales, conservación de carreteras federales y estatales, construcción de puentes de infraestructura vial y caminos saca cosechas a través del programa de empleo temporal, para Zacatecas.

• Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destine un porcentaje del presupuesto del Programa Oportunidades para el Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria.

• Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la creación de un Fondo de Rescate a Pequeños Ahorradores del estado de Oaxaca, en apoyo a los ahorradores defraudados.

• Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere una partida para la capacitación, innovación y extensionismo rural de los recursos destinados al campo.

• María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los institutos tecnológicos federales y descentralizados.

• Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un centro de acopio maicero de Loma Bonita.

• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para proyectos demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios del país.

• Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el cultivo, industrializado y comercialización de piña MD 2.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de Matamoros, Tamaulipas.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos, propuestas de financiamiento, programas, obras y proyectos para el estado de Zacatecas.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para fortalecer la actividad que desarrollan los grupos de protección a migrantes (Grupos Beta).

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el ramo 12, Salud.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para dotar de drenaje sanitario y de agua potable a las colonias del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

• Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para incrementar el subsidio que el gobierno federal otorga durante la temporada de verano, a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica en beneficio de los usuarios del municipio de San Luis Río Colorado y el Noroeste de Sonora.

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la instalación y mejoramiento de laboratorios de genética en las entidades federativas.

• Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para construir la infraestructura necesaria, a fin de proteger la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, de los retenes ubicados en el acceso de la entrada Oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del golfo de Santa Clara, Sonora.

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los programas y acciones que contribuyen a la prevención, atención y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Agustín Torres Ibarrola y Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incluya un anexo adicional en el cual se desglosen las asignaciones y modificaciones presupuestales a programas y acciones que tengan por objeto el rescate y conservación de cuencas, ríos, lagos y lagunas del país.

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para la contratación de los activadores físicos y entrenadores deportivos, que se requieren a efecto de cumplir con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la aplicación de los programas que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del gobierno del Distrito Federal.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales a la Secretaría de Salud, destinados a la prevención y atención del VIH-sida.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el fomento y desarrollo del sistema nacional de universidades tecnológicas del país.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la creación de un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto de unidades médicas para la detección y atención oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, en el estado de Coahuila.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para  la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres en el Distrito Federal.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la prevención y atención del cáncer de mama.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se consideren mayores recursos para la prevención y atención del cáncer cervicouterino.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere una partida destinada al fortalecimiento del hospital materno-infantil de Magdalena Contreras.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En votación económica se autorizó la inclusión en el orden del día de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Poder Judicial Federal, a revisar y resolver en estricto cumplimiento del derecho, el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez.

• Relativo a la liberación de los cincos cubanos que fueron injustamente encarcelados en Estados Unidos de América desde hace más de 12 años.

En sendas votaciones económicas se aprueban los acuerdos, comuníquense.

• Desde sus respectivas curules realizaron comentarios en relación con el voto de la mujer los diputados: Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, que expide la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco años o más, residentes en los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Se turnó a la Comisión de Derecho Humanos.

• Héctor Franco López, en nombre propio y de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo 139 del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley que crea un Organismo Descentralizado que se denominará Organismo Rector para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas de México. Se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 36, 42 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turnó a la Comisión de  la Función Pública.

Se recibió del diputado Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Herón Escobar García, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 3o. y 159 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Crédito Público.

• Rodrigo Pérez-Alonso González, en nombre propio y de integrantes de la Comisión Especial de acceso digital, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Se turnó a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En votación económica se autorizó la modificación del orden del día para la inclusión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Canek Vázquez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública, y de Gobernación. En votación económica se aprobaron, comuníquese.

Se concedió el uso de la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

• María Felicitas Parra Becerra, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los gobiernos de entidades federativas, para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y en cumplimiento del pari passu, respectivamente, faciliten el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de Marina y a la Procuraduría General de la República, para que fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el subsidio para la seguridad pública municipal. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación, que realice una auditoría especial en el Banco de México, para conocer las causas del comportamiento de las diferentes variables incluidas en el balance general de la institución, así como los factores que explican los resultados de su operación. Se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, ejerza la facultad de atracción y realice las acciones de investigación pertinentes, a efecto de esclarecer el secuestro de las personas de Michoacán, que se encontraban de vacaciones en Guerrero. Se turnó a la Comisión de  Justicia.

• Margarita Liborio Arrazola, en nombre propio y de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la atención, prevención y tratamiento del cáncer de mama en el país. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José M. Torres Robledo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los medios diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de Estados Unidos de América, a fin de que en respeto a las leyes de su país, y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las niñas, niños y jóvenes indocumentados que viven en ese país. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que declare el 16 de octubre como Día Nacional Contra la Obesidad. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

A las 17 horas con 14 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 453 diputadas y diputados, se declara un

Receso

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

A las 21 horas con 13 minutos se reanudó la sesión.

Desde su curul, realizó comentarios la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

La Presidencia informó a la asamblea de la recepción de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

• Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos de México.

• De Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

• De Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

• De Hacienda y Crédito Público, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

• De Hacienda y Crédito Público, que adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• De Hacienda y Crédito Público, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• De Hacienda y Crédito Público, de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios  intervinieron los diputados: Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Jiménez León, de Convergencia; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Gerardo Cuadra García, del Partido Acción Nacional y David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad desde su curul, realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

En sendas votaciones económicas se autorizó la inclusión en el orden del día, se dispensó la primera y segunda Lectura y se pusieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

• Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos de México. Realizaron comentarios en contra los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, Mario Alberto di Costanzo Armenta y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

En votación económica se consideró suficientemente discutido en lo general. Se reservaron los artículos: 254; 257 Bis, fracción IV, 258 Bis, fracción III, 258 Quáter, fracción III, 258 Quáter, adición de un párrafo sexto; adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio y adición de un artículo quinto transitorio del proyecto de decreto.

Se aprobaron en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto por 403 votos; 32 en contra y 6 abstenciones. Se concedió el uso de la palabra a los diputados: Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el artículo 254, aceptó interpelación de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, que en votación económica se desecha la propuesta de adición y modificación; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, con relación a los artículos: 257 Bis, fracción IV, 258 Bis, fracción III, que en sendas votaciones económicas se desecha la propuesta de adición y modificación a los artículos; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, con relación a los artículos: 258 Quáter, fracción III, 258 Quáter, adición de un párrafo sexto; adición de un tercer párrafo en el artículo segundo transitorio, en sendas votaciones económicas se desecharon las propuestas de modificación y adición de los artículos; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, con relación a un artículo quinto transitorio, que se desecha por 356 votos en contra; 80 en pro y 3 abstenciones. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en términos del dictamen por 343 votos; 74 en contra y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• De Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Intervienen en contra del dictamen los diputados: Mario Alberto Di Costanzo Armenta y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido. Se reservan los artículos: ochenta y seis C y el doscientos sesenta y tres, de la Ley de Derechos. Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto por cuatrocientos treinta y tres votos; siete en contra y nueve abstenciones. Se concede el uso de la palabra al diputado Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, en relación al artículo ochenta y seis C, que en votación económica se desecha la propuesta de modificación. El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, retira su reserva del artículo doscientos sesenta y tres de la Ley Federal de Derechos. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en términos del dictamen por trescientos cincuenta y uno votos; noventa y uno en contra y una abstención. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

• De Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Intervienen en contra del dictamen los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, en dos ocasiones, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; e intervienen en pro del dictamen los diputados: Esthela Damián Peralta; y Vidal Llerenas Morales, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México. Para responder alusiones personales los diputados: Vidal Llerenas Morales; desde su curul, el diputado Albero Emiliano Cinta Martínez, y Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas se desechó la propuesta de modificación del diputado Di Costanzo Armenta y se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 430 votos; 11 en contra y 13 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• De Hacienda y Crédito Público, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La Secretaría dio lectura a la fe de erratas enviada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que se integró al dictamen. Desde su curul realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El presidente realizó aclaraciones. Desde su curul, fundamentó el dictamen el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Partido Acción Nacional. Intervienieron en contra del dictamen los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo, este último aceptó interpelación del diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; e intervienen en pro del dictamen los diputados: Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Enoé Margarita Uranga Muñoz y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, ambos del Partido de la Revolución Democrática. Para responder alusiones personales la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional. Se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 436 votos; uno en contra y 10 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• De Hacienda y Crédito Público, que adiciona el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Intervienieron en contra del dictamen los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, quien aceptó interpelación del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; e intervinieron en pro del dictamen los diputados: José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional y Armando Jesús Báez Pinal, del Partido Revolucionario Institucional. Se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 446 votos, uno en contra y cinco abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por los que se informó la declinación de su participación en el despacho de la iniciativa que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, suscrita por diversos senadores del Partido Revolucionario Institucional.

• De Hacienda y Crédito Público, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en tres ocasiones, y Mario Alberto di Costanzo Armenta, en tres ocasiones, ambos del Partido del Trabajo; Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

El presidente realizó aclaraciones y sometió a consideración de la asamblea la propuesta de modificación y adición de un artículo por el diputado Di Costanzo Armenta, que en votación económica se desechó. Intervinieron en contra del dictamen el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; e intervinieron en pro del dictamen los diputados: Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México; Héctor Hugo Hernández Rodríguez y Armando Ríos Piter, ambos del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo de los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional y Jesús Alberto Cano Vélez, del Partido Revolucionario Institucional; para razonar el sentido de su voto el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Se consideró suficientemente discutido.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 453 votos y cinco abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• De Hacienda y Crédito Público, de Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Intervinieron en contra del dictamen los diputados: Víctor Manuel Castro Cosío y José Narro Céspedes, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; para razonar el sentido de sus votos los diputados: Pedro Ávila Nevárez y desde su curul, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules realizaron moción de procedimiento los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones. Se consideró suficientemente discutido. Se reservaron los artículos 1o., Apartado A, fracción VI, numeral 23 inciso d); primero, Apartado B, fracción I, numeral 1, inciso b); artículo 2o. y 5o., de la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Se aprobaron en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto por 354 votos; 81 en contra y cuatro abstenciones. Se concedió el uso de la palabra a los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, con relación a los artículos 1o., Apartado A, fracción VI, numeral 23, inciso d) y 1o. Apartado B, fracción I, numeral uno inciso b), que en sendas votaciones económicas se desecharon las propuestas de modificación; Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, retiró su reserva del artículo 2o.; y César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática, con relación al artículo 5o., que en votación económica se dese-chó la propuesta de modificación por 344 votos en contra; 67 en pro y 11 abstenciones. Se aprobaron en lo general y en lo particular los artículos 1o., 2o. y 5o., en términos del dictamen por 343 votos; 61 en contra y 10 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

Desde sus respectivas curules, realizaron moción de procedimiento los diputados: David Penchyna Grub y Emilio Chuayffet Chemor, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y realizaron comentarios los diputados: Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 4 horas con 21 minutos del miércoles 20 de octubre de 2010 y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 21 de octubre de 2010, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ponga a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera, en el apartado de comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 193 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González para el próximo miércoles 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para asistir en representación de esta Cámara se designará a los señores diputados. De acuerdo con los grupos parlamentarios y se les notificará oportunamente.

Continúe, secretaria.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Agundis Arias, Javier Orozco Gómez, Ludivina Menchaca Castellanos y Jorge Legorreta Ordorica presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principales problemas que han afectado los ecosistemas marino-costeros del país es el crecimiento descontrolado de desarrollos inmobiliarios al margen de la zona federal marítimo terrestre, los cuales no cuentan, en la mayor parte de los casos, con un programa integral de conservación y manejo que permita la continuidad de los procesos ecológicos de ecosistemas frágiles como los humedales, matorrales costeros y zonas de anidación de aves playeras y tortugas marinas.

En la actualidad grandes porciones de zona federal marítimo terrestre (ZFMT) han sido concesionadas a desarrolladores, hoteleros, restaurantes y empresas de acuacultura con objeto de generar “uso preferente” de  playas y algunos humedales, muchos de las cuales son ecosistemas prioritarios para gran número de especies. Estas empresas cuentan con los recursos económicos que permiten cubrir los altos costos que significan el pago de derechos por la concesión.

Por lo anterior, en 1996 se presentó una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Derechos con objeto de que organizaciones civiles sin fines de lucro que tuvieran concesiones de zona federal y zona federal marítimo terrestre con el objeto de conservar y restaurar ecosistemas les fuera aplicada una exención para el pago de derechos por considerar la conservación del medio ambiente causa de utilidad pública.

La propuesta fue integrada en la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos; sin embargo, su redacción no fue muy afortunada y ha dejado en grave riesgo el ejercicio de acciones ciudadanas que han venido realizándose con mucho esfuerzo en el norte del país.

El texto actual:

“Para los efectos de los artículos 232 y 232-C, se estará a lo siguiente:

I. (...)

IV. No pagarán las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítima terrestre o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a conservar y restaurar el medio ambiente a través de la reforestación con especies nativas o la cobertura vegetal como manglares, vegetación de marismas, bosques de coníferas, selvas, arbustos y matorrales xerófilos inundables, pantanos salobres, riparios, mesófilos y vegetación hidrófila.”

En el texto de referencia se confunden una serie de conceptos de naturaleza distinta que desafortunadamente fueron ligados y han dado fundamento al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a negar las exenciones de pago de derechos a un gran número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) preocupadas por la degradación de las costas y humedales del país.

En primer lugar se confunden los conceptos de conservación y restauración, ya que la última parte del párrafo en comento se refiere a que estás acciones deberán darse “a través de la reforestación con especies nativas o la cobertura vegetal como manglares, vegetación de marismas”, las cuales únicamente se refieren a actividades de restauración y no de conservación o preservación.

Conservar o preservar implica la realización de un conjunto de medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat (fracción XXIV del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, LGEEPA). En otras palabras, conservar implica el manejo de hábitat naturales y no la reforestación, la cual es un componente de la restauración de ecosistemas, tal y como lo establece la fracción XXXIII del mismo artículo de la LGEEPA y que se refiere a la restauración como el “conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales”.

Asimismo, es igual de grave la unión conceptual de lo que significa una zona federal y una zona federal marítimo terrestre, ya que las condiciones naturales de esta última impiden que se realicen acciones de reforestación, toda vez que se encuentra formada, en la mayor parte de los casos, por dunas de arena y matorrales costeros y no por  manglares, vegetación de marismas, bosques de coníferas, selvas, arbustos y matorrales xerófilos inundables, pantanos salobres, riparios, mesófilos y vegetación hidrófila,  los cuales son propios de la vegetación del margen de ríos y de otros cuerpos de agua insulares que constituyen la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua.

El SAT ha negado la exención del pago del derecho de concesiones de ZFMT a más de 22 solicitudes efectuadas por organizaciones de la sociedad civil en los estados de Baja California Sur y Baja California, argumentando que al no realizar acciones de reforestación no se encuentran en el supuesto que establece la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos.

Es importante mencionar que México cuenta con un vigoroso y creciente número de personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el bienestar social, cuyas acciones deben ser fomentadas por el estado, reconociendo la experiencia y capacidad filantrópica que dichas organizaciones han adquirido durante años de trabajo.

En este sentido, debemos fortalecer el papel de las personas físicas y las organizaciones de la sociedad civil en el bienestar colectivo mediante incentivos fiscales que permitan expandir la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos proveen, tales como la captura de carbono, la recarga del acuífero, la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la belleza paisajística.

Mediante la presente iniciativa se busca impulsar las actividades de conservación, protección o restauración de la zona federal marítima terrestre o cualquier otro depósito de aguas marítimas, que sean promovidas por personas físicas u organizaciones de la sociedad civil; asimismo, se busca el mantenimiento de la morfología costera del país, fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas costeros y su productividad.

En este sentido y por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos, a efecto de que se integre a la discusión actual del paquete presupuestal para 2011, aclarándose el problema conceptual y que se permita que opere la exención del pago de derechos para las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro, que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítima terrestre o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, en los términos en los que fue originalmente planteada la reforma referida en la presente iniciativa.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Articulo 233. Para los efectos de los artículos 232 y 232-C, se estará a lo siguiente:

I. (...)

IV. No pagarán las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítima terrestre o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a conservar o restaurar el medio ambiente, en términos de lo que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

V. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadores: Arturo Escobar y Vega, coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Guillermo Tamborrel Suárez, José Guadarrama Márquez, José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez y el suscrito, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, legisladores a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, con la siguiente

Exposición de Motivos

Las regiones y comunidades mineras han contribuido por siglos al desarrollo de México. Los minerales extraídos de sus entrañas, han impulsado e impulsan nuestra riqueza, nuestro comercio, el crecimiento y mejoramiento urbano y el avance de la industria.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la minería aportó en el segundo trimestre de 2010 el 9.3 por ciento del producto interno bruto nacional. En julio de este año, la producción de oro se incrementó 45.7 por ciento, respecto al mismo mes de 2009, al obtener 5 mil 850 kilogramos, y la de plata alcanzó 289 mil 541 kilogramos, con una variación anual de 11.7 por ciento.

Incluso, algunas entidades federativas ocupan los primeros lugares mundiales en producción de algunos metales. Tal es el caso de Zacatecas, que está a punto de recuperar, para México, el primer lugar mundial en producción de plata al superar a Perú. Esto no es casualidad, en Zacatecas se encuentra la mina más grande de plata del mundo, “Fresnillo”, con reservas probadas para 100 años de producción de acuerdo con información de la Cámara Minera de México.

Nuestro país también es un importante productor de oro. Durante julio de 2010 Sonora aportó el 29.8 por ciento del total nacional, Zacatecas el 18.6 por ciento, Chihuahua el 18.3 por ciento, Durango el 12.6 por ciento y Guerrero el 10.9 por ciento; en tanto que Guanajuato, estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y otras entidades produjeron en forma conjunta 9.8 por ciento.

Lamentablemente, las regiones, municipios y comunidades mineras han sufrido, también por siglos, un trato injusto. A pesar de que sus tierras son ricas en minerales, se encuentran entre las más pobres del país y la mayoría de sus habitantes padecen los índices de desarrollo humano más bajos, incluso comparables con las regiones más atrasadas del mundo.

Basta decir que Zacatecas se encuentra entre las 10 entidades con mayor porcentaje de pobreza alimentaria, pues 20.9 por ciento de sus habitantes no ganan lo suficiente para comer. Dicho porcentaje se encuentra por encima de la media nacional que es de 18 por ciento. De igual forma, el 53.6 por ciento de los zacatecanos sufren pobreza patrimonial, es decir no ganan lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria y realizar gastos básicos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación aunque la totalidad de los ingresos familiares fueran utilizados exclusivamente para ello.

Durango y Guerrero que, como hemos visto, ocupan los primeros lugares nacionales en producción de oro, son al mismo tiempo las entidades federativas más pobres del país, junto con Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Lo peor es que nuestro modelo actual de exploración y explotación minera tampoco reporta beneficios a México. Gran parte de nuestra riqueza mineral es aprovechada por empresas trasnacionales, principalmente canadienses y estadounidenses, que se han fortalecido gracias a las minas mexicanas. Las empresas mineras canadienses, por ejemplo, representan en promedio 76 por ciento de la minería en México, de acuerdo con cifras calculadas por vía de denuncios mineros y exploración. Pero no sólo eso, también concentran los proyectos más rentables: la minera canadiense Goldcorp Inc concentra una tercera parte de la producción total de oro en México. Es importante recordar que Los Filos, una mina de Goldcorp Inc, ubicada en Guerrero inició operaciones en 2008 y produjo 239 mil onzas de oro el año pasado y se espera que cierre 2010 con 300 mil onzas. Mientras tanto se calcula que Peñasquito, otra mina de la empresa, ubicada en Zacatecas produzca este año 170 mil onzas de oro y que en 2011 alcance una producción anual promedio de 500 mil onzas de oro.

La realidad es que hasta la fecha no existe un andamiaje legal que permita a nuestro país un aprovechamiento racional de su riqueza minera. Tampoco existen mecanismos que reintegren a las regiones, municipios y comunidades mineras parte de lo mucho que aportan.

Cuando las actividades extractivas y de procesamiento de las empresas terminan, es común que los pueblos mineros se encuentren sumidos en una situación de profunda miseria y abandono. De pronto, se ven sin recursos para atender los problemas de deforestación, sobreexplotación de mantos acuíferos, manejo de desechos de tierra y mineral pulverizado y rehabilitación de caminos y equipamiento urbano, que deja tras de sí la industria minera. No debemos olvidar, por ejemplo, que los procesos productivos de minerales como el oro, la plata o el cobre pueden consumir  más de 30 mil toneladas de agua por 100 mil toneladas de material extraído.

Sin duda esta situación debe cambiar radicalmente. Como hemos señalado en otras ocasiones, la explotación minera tiene ya más de 500 años en México y es hora de que redunde en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se realizan estas actividades. Por ello, hemos presentado diversas iniciativas y propuestas en esta materia.

Las propuestas contenidas en esta iniciativa van en ese sentido y aportan elementos novedosos. Ante todo, buscan construir una política del Estado mexicano que garantice el aprovechamiento racional y justo de los recursos mineros, así como el desarrollo sustentable de las entidades federativas, municipios y comunidades que tienen yacimientos.

Es importante señalar que el tipo de mecanismos retributivos que proponemos ya se dan a través de la Ley de Coordinación Fiscal para los Estados productores de petróleo, particularmente en el caso de aquellos que tienen en su territorio puentes internacionales y con administraciones portuarias.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman los artículos 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 262. Están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece este capítulo las personas que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera, las personas físicas o morales, titulares de concesiones y asignaciones otorgadas por el Estado para la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetas a las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento.

Artículo 263. El objeto del derecho sobre minería, es la producción u obtención por cualquier medio de las sustancias o minerales a que hace mención el artículo precedente.

Artículo 264. La base del derecho sobre minería se determinará por cada sujeto obligado en forma mensual.

Para calcular el pago de este derecho, se tomará en cuenta el volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos, de cada mes calendario, al precio de realización.

A los montos anteriores así determinados, se aplicará la tasa señalada en el artículo 265 de esta ley.

Los titulares de concesiones y asignaciones  mineras que al amparo de dichas concesiones  y asignaciones exploten sales y los subproductos que se obtengan de salinas formadas por aguas provenientes de mares actuales, superficiales o subterráneos, de modo natural o artificial, estarán a lo dispuesto en el artículo 265.

Artículo 265. El derecho sobre minería se calculará aplicando a los valores que se obtengan por el volumen de ventas totales de los recursos descritos en el artículo anterior, la tasa que corresponda según la vigencia de las concesiones o asignaciones de que se trate, de conformidad con lo siguiente:

I. Durante el primer y segundo año de vigencia 0.22%

II. Durante el tercero y cuarto año de vigencia 0.34%

III. Durante el quinto y sexto año de vigencia 0.71%

IV. Durante el séptimo y octavo año de vigencia   1.42%

V. Durante el noveno y décimo año de vigencia    2.84%

VI. A partir del décimo primer año de vigencia 5%

Artículo 266. Los contribuyentes efectuarán el pago de este derecho mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

Artículo 267. Si un contribuyente tuviera varios centros o unidades de producción de sustancias o minerales, presentará por todos ellos una sola declaración de pago en las oficinas autorizadas correspondientes a su domicilio fiscal.

Artículo 268. Los contribuyentes del derecho sobre minería, están obligados a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la declaración de pago, la siguiente información:

I. Nombre y domicilio fiscal del contribuyente;

II. Periodo de producción afecto al pago del derecho sobre minería;

III. Tipo de sustancias o minerales extraídos y, en el caso de instalaciones de beneficio, productos o subproductos obtenidos;

IV. Entidad federativa y municipio origen de la producción;

V. Volumen, precio unitario y valor total de la producción, base para el pago del derecho sobre minería.

Esta información también se entregará a las autoridades  fiscales  de las entidades federativas correspondientes.

Artículo 269. La cancelación de una concesión o asignación minera por incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta Ley  o por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Artículo 270. Los Estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se adiciona un artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4-C. El Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros estará conformado con el 80 por ciento del importe obtenido por el derecho sobre minería, en términos de lo previsto en el artículo 265 de la Ley Federal de Derechos.

El fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre las entidades federativas mineras, en proporción directa al volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos, producidos en su territorio, de acuerdo a la formula siguiente:

En donde FMIN se refiere al Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros.

VVMi es el volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos en la entidad federativa.

 VVM es la sumatoria del volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos de cada una de las entidades federativas con producción minera.

Los municipios donde se asienten los terrenos sujetos a concesiones o asignaciones mineras recibirán cuando menos el 80 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas.

Las entidades federativas y los Municipios deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe trimestral detallado sobre la aplicación y avance de gestión del ejercicio de los recursos establecidos en este artículo a más tardar 15 días naturales después de terminado el trimestre.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 19  días del mes de octubre de 2010.— Senadores: Tomás Torres Mercado (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), José Guadarrama Márquez (rúbrica), José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asigne presupuesto adicional para el mejoramiento integral en infraestructura para el de-sarrollo económico, educación, el campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el estado de Durango y el municipio de Durango.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición que presenta el senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asigne presupuesto adicional superior al 2010 para el desarrollo integral en infraestructura para el desarrollo económico y el empleo, educación, el campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el estado de Durango y el municipio de Durango

Consideraciones

El estado de Durango es, entre las entidades de la región norte del país, de los que se encuentran con mayores rezagos de todo tipo, económico, social, educativo, en salud y en comunicaciones, a pesar de que tiene un enorme potencial de desarrollo ya que cuenta con innumerables y muy diversos recursos naturales, pues posee una extensión territorial que lo ubica en el cuarto lugar a nivel nacional.

En combinación con su agreste orografía, cuenta con siete regiones hidrológicas que conforman una fuente hidráulica primordial para ampliar actividades agropecuarias, agroindustriales y forestales, así como la posibilidad de promover la acuacultura; existen yacimientos de minerales diversos como oro y plata; así como de fierro, mercurio y mármol. Produce 2 millones de hectáreas bajo manejo forestal, contribuye con más de la cuarta parte de la producción maderera nacional; entre muchos otros recursos; sin dejar de mencionar que gracias a su riqueza en sus paisajes, durante muchos años Durango ha sido escenario de muchas cintas cinematográficas a nivel nacional e internacional.

A pesar de lo anterior, al medir el nivel de vida de los duranguenses; los resultados no corresponden al potencial que su extensión y sus recursos naturales; le ocurre lo mismo que a otros estados de la federación que cuentan también con tantos recursos naturales, ya que el ochenta por ciento de sus 39 municipios han observado un decremento en su población; tiene el cuarto lugar en pobreza patrimonial y registra salarios de los más bajos en el país, sin dejar de lado el grave problema de migración interna y externa, en donde ocupa ya el quinto lugar como estado expulsor, así como el aislamiento de sus pobladores y mercados y la falta de infraestructura que detone el desarrollo industrial y comercial; la inseguridad de los últimos anos agudizada en esta entidad; por mencionar solamente algunos de los problemas más fuertes. Es, de las entidades “norteñas”, una de las más pobres; cabe mencionar que en Durango se encuentra la zona indígena más pobre; por tamaño, es la economía numero 23 y la 18 en competitividad, lo que ha provocado que muchos duranguenses emigren año con año, es decir, por la falta de oportunidades para mejorar el bienestar de las familias.

Debido a su extenso territorio, Durango presenta un déficit importante en comunicaciones terrestres, pues ocupa el lugar 27 en carreteras pavimentadas, con lo que se ubica como una de las entidades más aisladas del país, hay que destacar que de sus 6009 localidades, en 83 por ciento habitan menos de cien personas.

Mejorar y modernizar las comunicaciones en general, sobre todo terrestres, se ha convertido en el parteaguas que hace la diferencia entre estar cerca del desarrollo o mantenerse en el olvido; esto es, han adquirido un papel fundamental para el impulso económico, político y cultural de los pueblos. Es claro que las comunidades alejadas e incomunicadas están condenadas a permanecer en el abandono total, ya que viven en la pobreza y en la marginación, pero sobre todo en el aislamiento. Un país bien comunicado brinda a sus habitantes la posibilidad de ampliar sus capacidades productivas, sociales, educativas y culturales, ya que permite la movilidad de personas, de los bienes y de los servicios con mayor fluidez.

No olvidar que Durango y su capital, por su ubicación geográfica, se encuentran en zonas de paso en la comunicación del centro con el norte y el noroeste del país, debido a ello se hace aún más necesario aumentar y modernizar las vías de comunicación.

La educación es una materia que debe estar entre las prioridades de todos los pueblos y una buena educación pasa por incrementar la inversión en todos sus niveles, desde el maternal hasta el superior y posgrado, y en todas las actividades profesionales, sobre todo de aquellas que apoyan directamente a la producción tanto nacional como local. A la fecha, Durango es uno de los estados con un analfabetismo muy alto: 6.3 por ciento, dando por resultado un nivel muy bajo en productividad de su mano de obra y compromete a sus jóvenes y adolescentes a optar por la vida fácil de la delincuencia.

La seguridad pública se ha convertido en foco de atención en los últimos años, Durango no escapa a ello, dado el elevado índice de criminalidad se hace necesario proveer de mayores recursos financieros.

El estado de Durango al igual que muchas otras entidades del país, año con año se ven en la necesidad de solicitar mayores recursos debido a que los porcentajes del presupuesto asignado no le permiten alcanzar un desarrollo integral y equilibrado, lo cual a todas luces es preocupante, por lo que es urgente detonar el desarrollo y la inversión, porque sin presupuesto o con presupuesto limitado difícilmente se logrará que el bienestar de sus habitantes se vea mejorado.

Los planteamientos generales del gobierno del estado pretenden, entre otras cosas, que se fortalezca la seguridad, al solicitar que se incremente el Fondo de Aportaciones Federales para Seguridad Publica; que se establezcan blindajes para que los recursos públicos se protejan de intereses partidarios y estableciendo candados para impedir su uso con fines electorales.

Existen obras de gran importancia, proyectadas, presupuestadas y en ejecución para el siguiente Ejercicio Fiscal y de no contar con el presupuesto necesario serán detenidas, atrasando aún más el desarrollo sustentable de Durango.

No podemos omitir que es finalmente a través de los estados y municipios que la gente encuentra el beneficio más evidente y cercano, por eso debemos privilegiar hoy los presupuestos a las entidades en aras de fortalecimiento del federalismo nacional.

No contar con los recursos económicos suficientes limita la acción gubernamental y por tanto el beneficio social, que es lo que tanto se ha buscado en los últimos sexenios.

Por su parte, la capital. Durango que es uno de los municipios más extensos del país con 8 por ciento de la superficie del estado, concentra a la tercera parte de la población duranguense Ahora bien, en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio del año 2011, el Ejecutivo federal ha establecido como línea de acción, entre otras, la de continuar con la construcción de obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo regional, al crecimiento de la economía y a la generación de empleos, aunque todavía de manera insuficiente.

Necesitamos un presupuesto que detone un avance acelerado de las obras públicas que actualmente se despliegan y en las que se tienen proyectadas para el 2011, pero además que sea suficiente para el desarrollo de la infraestructura carretera, hidráulica, productiva, de salud, educativa, deportiva, cultural, turística, desarrollo social, seguridad pública, medio ambiente y modernización ferroviaria, por mencionar algunos, que se tiene contemplada.

En tal virtud, debemos pugnar por lograr un incremento al presupuesto de Durango para el año entrante evitando así el retroceso en el desarrollo del estado y no aceptar que los beneficios, planes y programas de desarrollo sigan esperando. De ahí que invocamos a la unidad y sensibilidad de los legisladores federales de cada uno de los grupos parlamentarios, que integran el Congreso para llegar a un reajuste del presupuesto para que se supere el presupuesto de este año y se siga adelante en la programación del desarrollo local.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asigne presupuesto adicional superior al 2010 para el desarrollo integral en infraestructura para el desarrollo económico y el empleo, educación, campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el estado Durango y el municipio de Durango.

Salón de sesiones, a 19 de octubre de 2010.— Senadores: Alejandro González Yáñez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Rosario Ibarra de la Garza (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos de 2011.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Las suscritas, Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, senadoras de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) plantea el reto de mejorar la salud materna. Esto pasa en primer lugar por reducir la tasa de mortalidad materna y aumentar el porcentaje de partos asistidos por personal sanitario especializado.

Es decir, el quinto de los ocho objetivos que componen los OMD busca reducir en 75 por ciento dicha tasa de mortalidad para 2015.

La Declaración del Milenio en 2000 representó un hito en cuanto a cooperación internacional, pues inspiró objetivos de desarrollo que han mejorado las vidas de cientos de millones de personas en todo el mundo. Los Objetivos representan las necesidades humanas y los derechos básicos de que todos los individuos del planeta deberían disfrutar.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad maternacomo “la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días después de la terminación del embarazo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o fortuitas”. La tasa de mortalidad materna equivale al número de muertes maternas por cada 100 mil nacimientos.

De acuerdo con el informe 2010 de Naciones Unidas respecto a los OMD, las principales causas de mortalidad materna en las regiones en vías de desarrollo son hemorragia e hipertensión, que en conjunto son responsables de la mitad de las muertes de embarazadas y de madres primerizas. Las causas indirectas, como malaria, VIH/sida y enfermedades cardiacas, corresponden a 18 por ciento de las muertes maternas. Otras causas directas, como obstrucciones en el parto, complicaciones por anestesia, cesárea y embarazo, representan 11 por ciento de las muertes en el embarazo o el parto.

Además, continúa, la mayoría de esas muertes es evitable. Las hemorragias, por ejemplo, responsables de más de un tercio de las muertes maternas, pueden evitarse o controlarse a través de diversas intervenciones administradas por un profesional de la salud bien capacitado y con equipos y suministros adecuados.

El Programa de Acción Especifico 2007-2012 Arranque Parejo en la Vida, menciona que en México la mortalidad materna ha descendido paulatinamente desde hace varias décadas. Entre 1955 y 2006 se registró una reducción en la razón de mortalidad materna de 70.6 por ciento: se pasó de 204.4 a 60.0 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, es probable que el descenso de la mortalidad materna en ese periodo haya sido mayor, pues durante ese lapso, pero sobre todo durante los últimos años, se han hecho esfuerzos inéditos por mejorar la calidad del dato, lo que incide en la aparente desaceleración del ritmo de descenso a partir de 1990.

La disminución de la mortalidad materna se ha dado a un ritmo más lento que el requerido para alcanzar esa meta, al registrar, por ejemplo, durante el primer cuatrienio del siglo XXI un descenso promedio anual de la razón de mortalidad materna ligeramente menor de 4 por ciento, cuando se requiere al menos una disminución sostenida de 5 por ciento anual, en promedio, en ese indicador. Ante este escenario, resulta imperioso redoblar esfuerzos y dar un renovado impulso al fortalecimiento de los servicios, mejorando su organización, cobertura y calidad, a fin de avanzar más rápidamente en el logro de las metas, satisfacer de manera más equitativa las necesidades de salud materno-infantil de la población de México y reducir las disparidades sociales que persisten en la materia.

Sin embargo, debe mencionarse que mucha de la prevención y, por tanto, de la reducción de estas cifras depende directamente de la cobertura y calidad de los servicios de salud.

Ahora bien, en el marco del Día Internacional de la Salud de la Mujer, en mayo de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó la Estrategia Nacional para Disminuir la Mortalidad Materna, cuyo objetivo es brindar atención universal en complicaciones del embarazo y promover una cultura de prevención de riesgos y de autocuidado de la salud entre las embarazadas.

Ese día, los titulares de la Secretaria de Salud, del IMSS y del ISSSTE firmaron un convenio interinstitucional para la atención universal de las urgencias obstétricas.

Se han realizado avances significativos en la disminución de la mortalidad materna. No obstante, en zonas de mayor marginación, rurales e indígenas es difícil el acceso de los servicios de salud y, por tanto, las cifras de mortalidad materna son mayores.

Ante ello, es necesario contar con un presupuesto adecuado que permita ampliar la cobertura de los servicios de salud a cien por ciento para que las mujeres no sigan falleciendo por causas que se pueden prevenir, por lo que se solicita aumentar el monto actual asignado al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Senadoras: Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo, Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.— Presente

Las suscritas, Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lazara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, senadoras de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que para que realice una nueva encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una de las maneras de erradicar la violencia de género es tener un panorama real de la situación que prevalece en los hogares en México, y precisamente es a través de la Encuesta que se nos proporciona datos y cifras oficiales que permiten que visibilizar los diferentes tipos de violencia.

Los antecedentes de la Endireh se remontan a los primeros intentos para dar un panorama real sobre la violencia hacia las mujeres con la creación de la Comisión Jurídica de la Mujer en 1946.

A iniciativa de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, manifestó la necesidad de realizar un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Ante ello, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática formuló un proyecto para generar estadísticas sobre las formas de violencia contra las mujeres, que contribuya en la elaboración de dicho diagnóstico. A este esfuerzo, se sumaron la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País de la Procuraduría General de la República; el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, quienes comparten la necesidad de continuar generando información primaria acerca de la violencia contra las mujeres.

El entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática fue el encargado del diseño y ejecución de la encuesta, se dio a la tarea de investigar, revisar y analizar los ejercicios desarrollados tanto en el ámbito nacional como en el internacional relacionado con la temática. Así se revisaron principalmente: la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar de 1999, ésta fue la primera encuesta sobre el tema realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el área metropolitana de la ciudad de México.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 es la primera encuesta nacional en hogares sobre violencia de pareja contra las mujeres que se levanta en México y en América Latina. Con ella se buscó generar información que permitiera conocer las diferentes facetas de la violencia hacia las mujeres, así como los diferentes factores que la originan.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares tuvo por objetivo principal generar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer la existencia de la violencia familiar en México, en particular la violencia hacia las mujeres por parte de la pareja.

La Encuesta fue levantada en 11 estados de la República Mexicana mediante la aplicación de un cuestionario a 34 mil 184 mujeres mayores de 15 años de edad que vivían en ese momento con su pareja.

Entre los principales resultados encontramos las siguientes prevalencias de violencia hacia ellas por parte de su pareja, ejercida en los 12 meses anteriores a la encuesta:

• De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 44 por ciento reportó algún incidente de violencia emocional, física o sexual.

• De este 44 por ciento más de la mitad padece al menos dos tipos de violencia distintos, uno de los cuales es la violencia psicológica.

• El 35.4 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional.

• El 27.3 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia económica.

• El 9.3 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia física.

• El 7.8 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia sexual.

Para la encuesta del 2006 se agregaron más variantes como son: familia de origen, relación con los hijos, relación actual, división de trabajo, decisiones, aportes para la manutención del hogar, libertad personal, opinión sobre los roles femenino y masculinos, última relación: para mujeres separadas, divorciadas o viudas, violencia ejercida por el ex-esposo o pareja: a lo largo de su vida conyugal después de la separación y acceso a servicios que tienen como objetivo dar un panorama más preciso de la violencia que sufren las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares es una herramienta vital para entender el fenómeno de la violencia contra la mujer, ya que al proporcionar datos y cifras oficiales, nos crea herramientas para poder comprender la situación de la mujer en la actualidad y así poder actuar de acuerdo a las necesidades y expectativas.

En 2006, la encuesta fue levantada en los 32 estados de la República Mexicana mediante la aplicación de un cuestionario cuidadosamente elaborado por personas expertas a 133 mil 398 mujeres en 128 mil viviendas del país. Entre los principales resultados a nivel nacional, encontramos los siguientes:

Del total de mujeres de 15 años y más de edad:

• El 43.2 por ciento sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja.

Sufrieron:

• Violencia emocional: el 37.5 por ciento.

• Violencia económica: el 23.4 por ciento.

• Violencia física: el 19.2 por ciento.

• Violencia sexual: el 9 por ciento.

Hablando de violencia hacia las mujeres de 15 años y más en otros ámbitos fuera de la relación de pareja en algún momento de su vida:

• El 39.7 por ciento de ellas tuvieron incidentes de violencia comunitaria (violencia ejercida sobre las mujeres en espacios públicos o privados a lo largo de su vida).

• El 15.9 por ciento , tuvieron incidentes de violencia familiar (casos en que la mujer ha sido agredida o maltratada por algún familiar consanguíneo o algún otro pariente –suegros, cuñados(as), padrinos etcétera–, excluyendo el maltrato por parte de la pareja).

• El 5.8 por ciento, tuvieron incidentes de violencia patrimonial (despojo o robo, que se ha ejercido sobre las mujeres, de algún bien o propiedad por parte de algún familiar u otra persona o si la han forzado u obligado a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona).

• El 15.6 por ciento, tuvieron incidentes de violencia escolar (es la que han sufrido las mujeres durante su vida de estudiante por parte de algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar).

• El 29.9 por ciento, tuvieron incidentes de violencia laboral.

Como se observa los datos son sumamente valiosos porque permite visibilizar como se había mencionado la dimensión del fenómeno, por lo que el contar con cifras actualizadas es imprescindible para el trabajo legislativo que se desarrolla así como para la creación y el fortalecimiento de políticas públicas, sin embargo sabemos que para ello se necesitan recursos, por lo que se está requiriendo que en estos momentos donde la colegisladora está analizando el proyecto de presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 se tome en cuenta esta solicitud y se asignen los recursos suficientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva Encuesta Nacional sobre la Dinámica sobre las Relaciones en los Hogares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que destine los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares a fin de contar con estadísticas oficiales sobre el tema.

Senadoras: Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María Serrano Serrano (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la ley.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la h. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la ley

Los suscritos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la Ley, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proceso de creación de la Agencia Espacial Mexicana ha sido largo, pues la idea de que México contará con una Agencia de este tipo surgió en el año 2005, proyecto que se concretó cuando en el Diario Oficial de la Federación, fue publicada la Ley que le dio origen.

La Agencia Espacial Mexicana, a grandes rasgos, ha tenido el siguiente proceso:

1. En sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2005 en la Cámara de Diputados, el diputado Moisés Jiménez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana; la cual fue turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

2. La citada iniciativa fue dictaminada y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2006.

3. En esa fecha, la colegisladora envió al Senado de la República el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose el 27 de abril de 2006 a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.

4. En sesión ordinaria del martes 4 de noviembre de 2008, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad 85 votos a favor, el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. El cual, al sufrir cambios sustantivos, fue remitido a la Cámara de Diputados, según lo dispuesto en la inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En esa misma fecha, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

6. El 21 de abril de 2010, la Cámara de Diputados aprobó por 280 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

7. Por fin, el 30 de julio del 2010, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

8. El 7 de septiembre de este año, y dando cumplimiento con el artículo segundo transitorio de la ley, se instaló la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, presidida por el secretario de Comunicaciones y Transportes.

Con la creación de la Agencia Espacial Mexicana, nuestro país dio el primer paso para integrarse a la comunidad espacial Internacional, estableciendo las condiciones necesarias para contar, en el corto plazo, con investigaciones, tecnologías y recursos humanos especializados en la materia, lo que nos permitirá crecer como país.

No obstante que México cuenta con importantes centros de investigación y de educación superior que forman especialistas en astronomía, astrofísica e ingeniería espacial, entre otras ramas del conocimiento científico, la conformación de la Agencia Espacial Mexicana busca rescatar al país del rezago de más de 40 años en que actualmente se encuentra.

Un acontecimiento tan importante como éste, obliga a nuestro país a dedicarle un lugar prioritario a la educación, a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación, condiciones indispensables para garantizar la viabilidad futura de nuestro país como una nación desarrollada, libre y soberana.

Los indicadores a nivel mundial nos muestran que la inversión en investigación espacial crea una cascada de oportunidades en todos niveles y que es un detonador económico que no sólo estimula el crecimiento, sino además la productividad, la competitividad y el ingreso per cápita, lo cual redunda en la creación de empleos de alto valor agregado y, por ende, en mayor bienestar para la sociedad.

De acuerdo a un estudio de la NASA, por cada dólar invertido en proyectos espaciales, se obtienen siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas.

Por su parte, en China se ha comprobado que por cada dólar que se invierte en el terreno espacial, le economía recibe un impulso por un monto entre 8 y 14 dólares. Además, cerca de mil 800 tecnologías espaciales han sido aplicadas en diferentes ramas de su economía nacional y el 80 por ciento de los más de mil 100 nuevos materiales desarrollados dominados en los últimos años fueron, logrados bajo el impulso de la tecnología espacial.

El panorama para México es diferente, pues aquí gastamos más del 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) en dependencia tecnológica, y alrededor del 1 por ciento del PIB en dependencia en el área espacial, por lo que nos hemos convertido en consumidores de tecnología espacial, en vez de desarrolladores.

La Agencia Espacial Mexicana se crea como un organismo público descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es la encargada de diseñar y ejecutar la política espacial de México, promoviendo el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en áreas como la educación, la industria, la ciencia y la tecnología. También se encargará de invertir en infraestructura para el futuro, para lo cual trabajará por medio de programas de colaboración con otras naciones.

Dentro de sus funciones principales se encuentran el impulso de estudios e investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y la vinculación con la industria nacional y las instituciones educativas del país, así como la creación de empleos calificados en la materia.

Lógicamente, para la puesta en marcha de la Agencia Espacial Mexicana se requiere de los recursos económicos suficientes, pues de esta forma será más fácil su funcionamiento.

En el artículo 17, fracción II, de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, se establece que el patrimonio con el que contará este organismo para su funcionamiento, se integrará con la cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, entregado en el pasado mes de septiembre por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, no se estableció ningún monto para la puesta en marcha y funcionamiento de la agencia.

Por lo anterior, creemos que sería oportuno y responsable asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, los recursos financieros suficientes para que esta agencia pueda operar y dar cumplimiento a su objeto, funciones y atribuciones que le confiere la ley.

Además, consideramos que esta solicitud es pertinente, ya que el 7 de septiembre de este año, en su sesión de instalación, la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana determinó que, en cumplimiento con el artículo tercero transitorio de la ley, en los próximos ciento ochenta días, organizará foros de consulta y mesas permanentes de trabajo, en los que participen expertos en la materia, para discutir y formular las líneas generales de la política espacial de México.

Hoy más que nunca, es necesario emprender acciones que fomenten las actividades científicas y tecnológicas en el país. La inversión económica para el óptimo funcionamiento de la Agencia Espacial Mexicana es mínima en contraste con los resultados y beneficios que su puesta en marcha traerá, por lo que se requieren de pocos recursos para un máximo desarrollo.

Por lo tanto, es pertinente que la Cámara de Diputados le asigne los recursos económicos suficientes a la novel agencia, pues estamos convencidos que de esta manera contribuiremos a que nuestra Agencia Espacial Mexicana comience de forma positiva el largo camino que le espera en el desarrollo aeroespacial nacional.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana, organismo público descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidos en la ley publicada el 30 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2010.— Senadores: Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche, Adriana González Carrillo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

IMPUESTO ESPECIAL A LOS TABACOS LABRADOS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a rechazar las propuestas de incremento al impuesto especial a los tabacos labrados para el Ejercicio Fiscal de 2011 y los subsecuentes.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Francisco Javier Castellón Fonseca, legislador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 277 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados a rechazar las propuestas de incremento al impuesto especial a los tabacos labrados para el ejercicio fiscal de 2011 y los subsecuentes, al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

La industria del tabaco en México genera 5,000 empleos directos adicionales a los 20,000 empleos que genera de forma directa en el campo mexicano, de manera indirecta genera 25,000 empleos principalmente en el traslado venta y distribución de sus productos.

La industria del tabaco es también la que por los últimos 15 años ha sido víctima de incrementos de impuestos, que al día de hoy representan el equivalente a 63 por ciento del precio de venta.

También es la industria del tabaco quien representa la principal fuente de recaudación por concepto de impuestos especiales, con el que cuenta hoy el gobierno federal, incluso por encima de las gasolinas.

Para este año 2010, la recaudación proveniente de la industria tabacalera es de $23,450 millones de pesos y según estima la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representará para el 2011 la cifra record de recaudación de $29,956.2 millones, es decir 28 por ciento más que la cifra alcanzada el año inmediato anterior, y contempla el incremento de impuestos ya evaluado, establecido y aprobado el mes de noviembre de 2009 por los diputados y senadores de esta legislatura.

Ahora bien, en el marco de los trabajos legislativos de análisis y aprobación de diversas iniciativas presentadas por compañeros senadores de diferentes partidos políticos de esta LXI Legislatura, se propone que el monto de la cuota específica a los cigarros enajenados o importados, así como a los tabacos labrados distintos a aquéllos cuyo monto de la cuota se establece conforme al peso de los mismos, fijada en el decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicado el 27 de noviembre de 2009, se aumente en 0.40 pesos por cigarro enajenado o importado, es decir, 10 pesos por cajetilla de 20 cigarros, así como que su entrada en vigor sea inmediata y no gradual como se encuentra actualmente establecido; por ello es que solicito no aprobar la propuesta de mis compañeros legisladores de incrementar el IEPS a los tabacos labrados, toda vez que la industria tabacalera representa una de las fuentes de empleo y derrama económica más importantes para el campo mexicano y que actualmente con la aplicación de estas medidas corre el riesgo de desaparecer.

Hoy en día México cuenta una producción de 12 mil 400 toneladas que representa sólo el 0.26 por ciento de la producción mundial.

La generación de miles de empleos directos e indirectos, entre agricultores y jornaleros, con su consecuente derrama económica, principalmente en los estados de Nayarit, Veracruz, Chiapas y Tabasco donde se concentra la cosecha de más de 7 mil hectáreas de cultivo de este producto, son el sustento de más de 4, 000 productores y sus familias, y de 16, 000 jornaleros agrícolas del campo mexicano.

Los estados como el estado de México, Jalisco y Nuevo León, participan en el procesamiento de la planta del tabaco, mediante empresas establecidas para producir y comercializar este producto. Tan sólo en el estado de Nayarit genera 82 por ciento de la producción total del país y las principales zonas productoras son la región de la costa norte, Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Blas y Compostela.

Datos de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), señalan que del 2001 al 2008 se ha reducido su superficie de siembra en el estado de Nayarit en 73 por ciento al pasar de 15.9 a 4.3 miles de hectáreas, y el volumen de producción se ha reducido en 76.5 por ciento al pasar de 34.4 a 8.1 miles de toneladas.

Por otro lado, los principales municipios productores en el estado de Veracruz son San Andrés Tuxtla y Catemaco, en ellos se cultivan las variedades Negro San Andrés, Sumatra y Habano, los cuales se destinan para la producción de puros. La mayoría de la producción de esta región se destina a la exportación al mercado de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España.

Actualmente, la industria tabacalera mexicana incluye tres actividades económicas:

• El beneficio del tabaco, que comprende actividades como secado, fermentación y añejamiento de las hojas;

• La producción manufacturera de cigarros; y

• La producción manufacturera de puros, que se clasifican como actividades distintas.

De las tres actividades señaladas, la fabricación de cigarros es la que mayor porcentaje aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de esta industria con alrededor de 90 por ciento del valor agregado, en segundo lugar está el beneficio de tabaco con una participación del 4 por ciento; le sigue, de manera marginal, la fabricación de puros, la cual aporta únicamente el 0.7 por ciento al valor agregado de la industria. Finalmente las tres actividades en conjunto y con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aportan al PIB total el 0.2 por ciento en 2008, cayendo del 1.1 por ciento que aportaba en los años noventa.

Por otro lado, los cigarros en México están entre los más caros de Latinoamérica. Hoy 13 de cada 20 cigarros de una cajetilla son impuestos. Tan sólo en los últimos tres años esta tasa ha tenido un aumento de más de 50 por ciento y con el aumento que pretenden en este paquete económico implicaría un aumento nominal de la tasa de más de 170 puntos porcentuales, lo que equivale a un incremento en la tasa efectiva de cerca de 12 puntos porcentuales adicionales (de 63 por ciento a 74.4 por ciento).

En conclusión, el incremento de impuestos al tabaco es regresivo, y el consumidor será el más afectado ya que encontrará en el mercado informal una alternativa para poder comprar cigarros a un menor precio. Por lo anterior, se estaría aumentando la posibilidad de que el comercio informal ya existente en México, se inunde con cigarros que pudieran ser robados, de contrabando o peor aún de fabricación fuera de los controles sanitarios y de calidad que el mismo gobierno federal determina.

Finalmente, queremos insistir a los legisladores promoventes, a que reconsideren las consecuencias que puede traer los constantes incrementos de impuestos al tabaco, antes de hacerlos efectivos; en virtud de mantener sano el comportamiento del mercado legal, formal y principalmente mantener la plantilla laboral de los productores de tabaco a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión dictaminadora de Hacienda y Crédito Público, a rechazar las propuestas de incremento al Impuesto Especial a los tabacos labrados para el ejercicio fiscal de 2011 y años subsecuentes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días de octubre de 2010.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y CANCER CERVICO UTERINO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-509 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1338/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de vinculación de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los recursos necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado el 23 de septiembre pasado, relativo a los recursos para la prevención y control del Virus del Papiloma Humano y el Cáncer Cérvico Uterino, en el PEF 2011, presentado el 10 de marzo de los corrientes por el diputado Alejandro Carabias Icaza del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del Virus del Papiloma Humano y el cáncer cérvico-uterino.

Al respecto, me permito acompañar oficio 3365 suscrito por el maestro Edgar González Contreras, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien remite los comentarios del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva respecto al punto de acuerdo en cuestión.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 8 de octubre de 2010.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente

En atención a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/1241/2010 mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo presentado por el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM, en donde se solicita lo siguiente:

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del Virus del Papiloma Humano y el cáncer cérvico-uterino” (sic).

Al respecto, me permito adjuntar el oficio número CNEGSR 304/6088/10 suscrito por la Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, mediante el cuál proporciona la opinión técnica al punto de acuerdo de referencia.

Sin otro particular.

Atentamente

México,  DF, 7 de octubre de 2010.— Edgar Manuel González Contreras (rúbrica), coordinador de Asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Edgar Manuel González Contreras, coordinador de Asesores del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

En respuesta a su oficio 3190 de fecha 28 de septiembre, en el que nos informa el punto de acuerdo presentado por el diputado Alejandro Carabias Icaza,del Grupo Parlamentario del PVEM en donde se solicita:

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen recursos suficientes y necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino.”

En este sentido, coincidimos con el diputado Carabias sobre la necesidad de que se asignen recursos suficientes para enfrentar a uno de los dos cánceres más frecuentes en mujeres mexicanas. No obstante, hay que destacar que en el Programa Presupuestario para el Ejercicio Fisca1 2011, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su Programa Presupuestario P017 Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, del monto total asignado de $376.9 millones de pesos, está destinando el 50.3% exclusivamente al programa de cáncer cérvico-uterino, con lo que esperamos cubrir la mitad de las necesidades de pruebas de detección del VPH por captura de híbridos para el 2011 y la vacuna profiláctica de la infección del VPH para todas las niñas de 9 años de los 294 municipios más marginados del país.

Es deseable que las entidades federativas responsables de otorgar los servicios de salud, igualmente destinen los recursos suficientes para la atención de esta prioridad en salud pública a través de su presupuesto Ramo 33, para alcanzar la meta de disminución de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino.

Atentamente

México, DF, 6 de octubre de 2010.— Doctora Patricia Uribe Zúñiga (rubrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

ESTADOS DE JALISCO, NAYARIT Y VERACRUZ

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-1830, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CCI/167/2010, suscrito por la licenciada Rosalía Ramos Troconis, gerente senior consultiva y de Proyectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la prórroga en el pago de créditos a la vivienda para las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en Jalisco, Nayarit y Veracruz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2971/ 10, por el que se nos informa del acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, el 21 de septiembre del año en curso, por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a la Sociedad Hipotecaría Federal y a los organismos estatales de vivienda a que, en su respectivo ámbito de competencia, otorguen una prórroga en el pago de créditos a la vivienda a las personas que están siendo afectadas por las inundaciones ocurridas en de Jalisco, Nayarit y Veracruz, hasta en tanto se restablezcan las condiciones sociales y económicas de las zonas afectadas. Las prórrogas que se exhorta a otorgar no deberán generar intereses, por lo que las mensualidades y el monto de la deuda deberán permanecer en las condiciones previas a la afectación por las inundaciones ocurridas”.

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

Para hacer frente a situaciones de urgencia como la ocurrida en distintos estados de la república por las intensas lluvias ocurridas en días pasados, desde noviembre de 2007, a través de las resoluciones números RCA-2064-11/07 y RCA-2934-05/10, emitidas por el Consejo de Administración, se concedió un voto de confianza al director general del Infonavit, contador público Víctor Manuel Borrás Setién, otorgándole amplias facultades para que, en eventos en que por diversas causas se altere el normal desarrollo de las actividades productivas de alguna zona geográfica del país, el instituto pueda responder de inmediato para atender a las comunidades y a los acreditados que resulten afectados por dichos eventos extraordinarios que causen daños en su persona, familia o patrimonio, poniendo en marcha las medidas de apoyo necesarias.

En ejercicio de las facultades conferidas y con la finalidad de brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores domiciliados en los municipios declarados en estado de emergencia por la Secretaría de Gobernación, se emitieron las siguientes medidas de apoyo:

Apoyos a trabajadores por algún siniestro

1. Trabajadores con relación laboral formal: para el pago de las amortizaciones, los trabajadores acreditados cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias contarán con una prórroga especial de cuatro meses para el pago del crédito sin capitalización de intereses. Transcurrido ese periodo, los acreditados deberán reanudar el pago normal de sus aportaciones y entero de las amortizaciones.

2. Trabajadores que laboran por su cuenta: podrán realizar un pago mensual de al menos 100 pesos durante los siguientes tres meses. Al término del plazo, los acreditados deberían reanudar el pago normal del crédito.

Para recibir estos apoyos, los trabajadores deberán acudir a la delegación regional del Infonavit que les corresponda y solicitar su adhesión a las presentes medidas de apoyo, ya que dichos beneficios sólo se otorgarán a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente. Una vez concluido el periodo del apoyo, si el acreditado no puede honrar sus compromisos de pago, podrá acudir también a la delegación que le corresponda para conocer las opciones de solución que ofrece Infonavit.

Las medidas de apoyo mencionadas aplican para los municipios declarados en estado de emergencia por la Secretaría de Gobernación.

Apoyos para las empresas afectadas por algún siniestro

1. No se iniciarán acciones fiscales y se suspenderán las ya emprendidas contra las empresas deudoras, prorrogando hasta el 17 de noviembre de 2010 su inicio o su continuación.

2. En la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución se suspenderán todas las intervenciones de caja y de las cuentas de cheques de las empresas deudoras, prorrogando hasta el 17 de noviembre de 2010 el inicio o continuación de éstas.

3. El pago del cuarto y quinto bimestres de 2010, las empresas podrán realizarlo

a) En una sola exhibición. Se otorgará una prórroga para que puedan cubrir

El cuarto bimestre de 2010, a más tardar el 17 de noviembre del 2010; y

El quinto bimestre de 2010, a más tardar el 17 de enero de 2011, simultáneamente con el pago que hagan del sexto bimestre de 2010.

b) Hasta en seis parcialidades mensuales, sin recargos por prórroga, y sin la exhibición de la garantía. La solicitud de pago en parcialidades deberá presentarse para cada bimestre a más tardar en la fecha límite de pago que se establece en el inciso anterior, sujetándose a lo establecido en las reglas para autorización de pago extemporáneo en todo lo que resulte aplicable.

4. El monto de los recargos generados por el pago extemporáneo del cuarto y quinto bimestres de 2010 se devolverá a los patrones afectados que así lo soliciten ante la delegación regional del Infonavit que les corresponda, para lo cual bastarán la solicitud respectiva y el acreditamiento del pago de éstos.

5. Se condona el 100 por ciento de las multas que se generen por el pago extemporáneo de los bimestres señalados en el punto anterior.

6. La devolución de los recargos y la condonación de la multa sólo procederán en los casos en que las aportaciones y amortizaciones relativas al cuarto y quinto bimestres del presente año sean cubiertas o convenidas a más tardar el 17 de noviembre de 2010 y 17 de enero de 2011, respectivamente.

7. Durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2010, los empresarios no estarán obligados a retener y enterar las amortizaciones de crédito de los trabajadores que se hallen en el supuesto descrito, sin que por ello incurran en responsabilidad solidaria.

Las medidas de apoyo mencionadas aplican para los municipios declarados en estado de emergencia por la Secretaría de Gobernación.

Seguro de daños por desastres naturales

Independientemente de lo anterior, todas las viviendas que cuentan con un crédito vigente del Infonavit están amparadas con seguro de daños. Para presentar su reporte, los trabajadores únicamente requieren su número de crédito.

Los acreditados cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias pueden reportar los daños sufridos en el patrimonio directamente en las oficinas y centros de servicio del instituto. Los acreditados que lo deseen podrán levantar los reportes en Infonatel, al número lada sin costo 01 800 008 3900.

Conforme a la póliza contratada con Seguros Atlas, el pago a los acreditados se hará a través del instituto que, con la aseguradora, determinará el monto final por indemnizar por el daño causado a las viviendas por las lluvias e inundaciones.

La póliza de seguro no cubre los daños que hayan sufrido los contenidos de los inmuebles, como muebles, equipos electrónicos, ropa o equipos electrodomésticos.

El seguro no es aplicable para las viviendas que ya fueron liquidadas. En caso de que el acreditado presente atrasos en el pago del préstamo, puede solicitar la indemnización una vez que se ponga al corriente en el pago del crédito o firme un convenio de regularización.

Garantía Infonavit

Además de los apoyos descritos en los apartados anteriores, hay las siguientes opciones que forman parte de la Garantía Infonavit:

1. Si la empresa requiere entrar en paro técnico por disminuir las ventas, se puede considerar un descuento de mensualidad a los acreditados durante el periodo del paro técnico.

2. Si después del apoyo de tres meses otorgados a los acreditados la situación sigue siendo vulnerable, se puede realizar un estudio socioeconómico y se determinará el apoyo correspondiente para cada caso.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2010.— Licenciada Rosalía Ramos Troconis (rúbrica), gerente Senior Consultiva Institucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SPEDT/200.479.10, el licenciado Carlos Petersen y vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2010.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el1 de octubre de 2007, remito copia simple y archivo electrónico en unidad de disco compacto, los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, que corresponden al primer semestre de 2010.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de octubre de 2010.— Licenciado Carlos Petersen y vom Bauer (rúbrica), subsecretario de Planeación Energética y Desa-rrollo Tecnológico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Carlos Federico Petersen y vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico.— Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, me permito enviarle, en copia simple y archivo electrónico, los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2010, entregados por dicho organismo descentralizado el 31 de agosto de 2010 a esta dependencia. Lo anterior, con el objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo noveno transitorio del decreto indicado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2010.— Mario Gabriel Budebo (rúbrica), subsecretario de Hidrocarburos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo.— Ciudad México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio CA/361/20120, mediante el cual José Muñoz Vega, coordinador de asesores de la jefa delegacional en Iztapalapa, da respuesta al punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.

Lo anterior, en relación con el oficio DGPL 61-11-2-492, en donde se comunicó por parte del presidente y secretario de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo, en sesión celebrada el 20 de abril del presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de octubre de 2010.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad México.— Capital en Movimiento.

Licenciado Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa delegacional en Iztapalapa, le envío la respuesta a los siguientes puntos de acuerdo aprobados por la Asamblea del Distrito Federal, que competen a los órganos políticos administrativos y que han sido turnados a esta delegación, así como las respuestas que se les ha dado a cada uno de ellos; número de oficio CMEG/CG/023/ 2009, SCMEG/CGPS/251/2009, SCMEG/CGPS/252/ 2009, SG/CED/0601/2010, SG/CED/1233/2010 Y SG/ CED/1328/2010.

Se anexan respuestas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Iztapalapa, DF, a 27 de septiembre de 2010.— José Muñoz Vega (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo.— Ciudad México.— Capital en Movimiento.

Punto de Acuerdo

Oficio: SG/CED/0601/2010

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.

Observaciones:

La Coordinación de Desarrollo Sustentable con el área de Protección Civil de la delegación Iztapalapa, realizó una campaña de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en materia de no arrojar basura a la vía pública, emitiendo consideraciones generales sobre los problemas que trae como consecuencia; como lo son las inundaciones además los vehículos de protección civil portan lonas con la información mencionada.

«Escudo.— Ciudad México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades .municipales, adjunto oficio GDF/SOS/DGSU/1325/2010, mediante el cual el Director General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, da respuesta al Punto de Acuerdo, por el que se exhorta intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México.

Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.61-11-2-492, en donde se comunicó por parte del presidente de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre del 2010.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad México.— Capital en Movimiento.

Licenciado Luis Villanueva Herrera, asesor Jurídico del Secretario de Gobierno.

En atención al oficio número SG/LVH/338/2010 de fecha 23 de abril del año en curso, donde se hace del conocimiento que fue aprobado un punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal a intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México, me permito informarle que se han realizado las siguientes acciones:

• Se ha incrementado la supervisión operativa para la detección oportuna de baches en la red vial primaria, además de poner a disposición de la ciudadanía el Centro de Atención de Emergencias (CAE), para recibir todas las quejas y denuncias al respecto, teniendo un tiempo máximo de respuesta de 72 horas.

• La Secretaría de Obras adquirió, en este año, 3 trenes de pavimentación para estar en posibilidad de sustituir en un menor tiempo la carpeta asfáltica en la red vial primaria, lo cual además de optimizar recursos, garantiza uno reducción importante en el bacheo al tener carpeta asfáltica con mayor y mejor vida útil.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 26 de agosto de 2010.— Ingeniero Antonio Álvarez Palacio (rúbrica), director General de Servicios Urbanos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo.— Gobierno del estado de México.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de La LXI Legislatura del honorable Congreso de La Unión.

Me refiero a su oficio número (D.G.P.L. 61 II 6 058), de fecha 5 de octubre del presente año, enviado al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México y remitido a esta Dirección General, el día de la fecha, mediante el que solicita respetuosamente a esta secretaría atienda las disposiciones jurídicas y normas técnicas aplicables (particularmente la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT), en el análisis de las solicitudes de autorizaciones y licencias otorgadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos.

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 3, fracción III, 7, 8, fracción IV, y 11, fracciones VII y X, del Reglamento Interior de esta secretaría, esta dirección general, siempre respetuosa de los lineamientos técnicos y jurídicos aplicables, en el ámbito de su competencia, observa, aplica y hace cumplir la normatividad aplicable a este tipo de proyectos y en general a la totalidad de las obras y actividades, industriales, comerciales y de servicios, de competencia de esta autoridad local. Específicamente en el caso de aquellos que incluyen la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de aplicar los requisitos y especificaciones establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT -2003, en las resoluciones correspondientes, se establecen condicionantes tendentes a la preservación de los elementos del medio ambiente (agua, suelo, aire y vegetación), tanto en las etapas de selección y preparación del sitio, construcción y habilitación del proyecto, pero sobre todo para el control y monitoreo de las actividades durante la etapa de operación de éste.

En relación con el proyecto de construcción de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en San Miguel de las Peñas, municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, al que hace referencia el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito informar a usted que el subsuelo en el predio de referencia, de acuerdo con los estudios de campo preliminares, está compuesto por materiales piroclásticlos de permeabilidades medias a bajas, lo cual evita que dicho sitio funcione como zona de recarga al acuífero, de acuerdo a los estudios realizados no fue identificado ningún manto acuífero a una profundidad de más de 120 metros; asimismo, es de resaltar que el proyecto incluye un sistema de impermeabilización de desplante de las celdas de confinamiento de residuos, lo cual aunado a las características naturales del subsuelo, reducen significativamente el riesgo de contaminación de aguas subterráneas. Por otro lado, para el análisis de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental y –en uso de las atribuciones de esta Dirección General– se aplicó la normatividad correspondiente, incluyendo la Norma Oficial Mexicana NOM-083­SEMARNAT- 2003, asimismo, se solicitaron opiniones técnicas del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del estado de México (Ifomegem) y del honorable ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, para el desarrollo del proyecto, con la finalidad de contar con puntos de vista objetivos y multidisciplinarios.

En virtud de que la actual administración del honorable ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, estado de México, mostró reservas respecto de la realización del proyecto en cuestión, como se deriva del contenido de los oficios PRE/ TEP/361/010 de fecha 1 de junio de 2010 y PRE/TEP/ 533/2009 de fecha 22 de septiembre de 2010, de los que se anexan copias, por lo que por el momento la Dirección General negó la autorización para el establecimiento del proyecto en el territorio municipal, hasta que la autoridad municipal determine en términos de sus atribuciones constitucionales lo procedente, para tal efecto esta dirección general emitió la resolución número 212130000/DGOIAlRESOU244/10, de fecha 20 de septiembre del presente año, negando el proyecto antes mencionado.

Es importante destacar que si en un futuro el proyecto cuenta con autorización de otras dependencias, en su oportunidad, podrá ser autorizado.

Atentamente

Tlalnepantla de Baz, estado de México, a 12 de octubre de 2010.— Licenciado Carlos Sánchez Gasca (rúbrica), director general.»

«Escudo.— Gobierno del estado de México.

Licenciado Carlos Sánchez Gasca, director General de Ordenamiento e Impacto ambiental.— Presente.

Ingeniero Amado Islas Espejel, en su carácter de presidente municipal constitucional de Tepetlaoxtoc, estado de México. Administración 2009-2012, por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en nuestra entidad le informo lo siguiente: Que por medio del presente escrito, y en relación a su oficio número 212130000/DGOIA/ OF/707/10 de fecha 5 de abril del presente año y el cual fue recibido en la presidencia municipal el lunes 31 de mayo, relativo a la construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, fue presentado ante esa dirección por la empresa CEM Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV; me permito informarle que la certificación en copie simple que usted exhibe en el oficio enviado y que dicha copia corresponde al cabildo número 117 del día, en la cual cita su visto en donde certifica el secretario del honorable ayuntamiento, profesor Zacarías Ramírez Ramírez que por unanimidad del cabildo se determinó emitir opinión favorable para realizar por parte de la Empresa CEM Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV, para realizar los estudios y trámites correspondientes, que se llevarán a cabo en el predio denominado “San Miguel de las Peñas” o “Tecuitlapilco” anterior a esta existe una certificación por el profesor Zacarias Ramírez Ramírez, secretario del honorable ayuntamiento de la sesión ordinaria de cabildo, número 22, de Tepetlaoxtoc, estado de México, celebrada el 19 de julio de 2007 y en el desahogo del punto número 4 que es “vedar permisos para rellenos sanitarios en el territorio así como fraccionamientos y fabricas contaminantes”. Acuerda el cabildo que se prohíben estrictamente los permisos para rellenos sanitarios, fraccionamientos y fabricas contaminantes en el territorio de Tepetlaoxtoc, aprobándose por unanimidad dicha certificación fue emitida a los treinta días de julio de 2007. Por lo que me permito enviarle copia simple de dicho documento.

De igual manera me permito informarle a usted que con fecha 10 de mayo se remitió contestación de solicitud al ingeniero Carlos Olimon Hank, recibiendo el documento el señor Eleazar Sánchez Juárez. Anexo copia simple de oficio de contestación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Tepetlaoxtoc, México, a 1 de junio de 2010.— Ingeniero Amado Islas Espejel (rúbrica), presidente Municipal Constitucional.»

«Escudo.— Gobierno del estado de México.

Licenciado Carlos Sánchez Gasca, director General de Ordenamiento e Impacto Ambiental.— Presente.

Ingeniero Amado Islas Espejel, en mi carácter de presidente municipal constitucional de Tepetlaoxtoc, estado de México, administración 2009-2012, por medio del presente escrito y con fundamento en artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en la entidad le informo lo siguiente:

Se ha tenido a bien sostener pláticas con la empresa CEM Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV, en relación con un proyecto a realizarse en el predio ubicado en el paraje “San Miguel” o “Tecuitlapilco” con una superficie de 324 mil 307.92 metros cuadrados, ubicado en San Bernardo Tlalmimilolpan, comunidad perteneciente al municipio de Tepetlaoxtoc. En dicha plática la empresa a exhibido las autorizaciones otorgadas por la administración pública municipal 2006-2009, y así según consta en el libro de actas con Sesión de cabildo número 16 y certifica el entonces secretario del honorable ayuntamiento profesor Zacarías Ramírez Ramírez. En este tenor se destaca que el pleno determino emitir su opinión favorable para que la multicitada empresa realizara estudios y trámites correspondientes. Por tal motivo y considerando la importancia de resolver la problemática de la generación de basura con un manejo y operación responsable en el manejo integral de residuos sólidos urbanos, nos hemos permitido hacer el análisis y recomendaciones pertinentes al proyecto para que eventualmente se logre una participación conjunta de las instituciones educativas y de renombre, con conocimiento en la materia.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de usted.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Tepetlaoxtoc, México, a 22 de septiembre de 2010.— Ingeniero Amado Islas Espejel (rúbrica), presidente Municipal Constitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Honorable Congreso del estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.

Diputado Armando Monroy Estrada, diputado Carlos Samuel Moreno Terán, Vicepresidente y Secretario de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relacionado con el exhorto hecho a los Congresos Locales de los Estados para que tengan a bien expedir la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas, le comunicamos que el Estado de Nuevo León, expidió la ley citada mediante el decreto número 87 de fecha 1 de julio del presente.

Asimismo, acompañamos la presente con copia simple del Periódico Oficial número 103 de fecha 30 de julio del presente donde aparece publicada la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la Trata de Personas en el estado de Nuevo León, para su conocimiento.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 11 de octubre de 2010.— Diputada Martha de los Santos González (rúbrica), secretaria; diputado Enrique Guadalupe Pérez Villa (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

ESTADO DE DURANGO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Durango.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva; diputada María Dolores del Río Sánchez, Secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes

En respuesta a su oficio número DGPL 61-II-2-680, de fecha 7 de los corrientes, me permito anexar al presente el informe solicitado relativo a la situación de los derechos humanos en los centros penitenciarios de este estado.

Sin otro particular y esperando reciban de conformidad lo anterior, me es grato quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Victoria de Durango, Durango, a 13 de octubre de 2010.— Doctor Carlos García Carranza (rúbrica), presidente.»

«Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Durango.

«Informe de Supervisión

Los centros de internamiento fueron creados no sólo para separar a aquellos que hicieron daño a la sociedad, sino para buscar al mismo tiempo su readaptación, pero también tiene como objetivo natural la seguridad pública de la sociedad.

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al estado y a la Federación organizar el sistema penal sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios de readaptación social de las personas que han cometido un delito.

Así la readaptación social se inscribe como uno de los fines esenciales de la pena de prisión, buscando ajustar la conducta del delincuente a la norma social prevaleciente, que el infractor de la norma penal vuelve a observar el comportamiento que siguen los integrantes de la sociedad a la que pertenece.

En la actualidad, ya no se habla de readaptación, dichos centros se han denominado de reinserción social, cuyo objetivo es que las personas que han delinquido inicien o retomen actividades de estudio, trabajo, recreación, construcción de redes familiares y otras para su desarrollo personal y social, en condiciones de seguridad y pleno respeto a sus derechos.

Dentro del Sistema Penal Mexicano, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, reformada el 17 de junio de 2009 y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2007, se señala a ésta como la encargada de administrar el Sistema Penitenciario Federal; asimismo, se creó la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de mayo de 1971, siendo la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de enero de 2009, cuya función es organizar el Sistema Penitenciario en la República Mexicana.

En el ámbito local, la Ley de Seguridad Pública para el estado de Durango, publicada su última reforma en el periódico oficial del Estado el 10 de diciembre de 2009, señala que la reinserción social de los sentenciados, como función pública de carácter prioritario y permanente, corresponde al Estado; de igual forma, dispone que a la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le corresponde organizar, supervisar y administrar los establecimientos penitenciarios en el Estado, lo que está debidamente reglamentado en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Durango, reformada el 10 de diciembre de 2009.

Sin embargo, el funcionamiento de los centros penitenciarios del Estado, dista mucho de cumplir con las normas mínimas para los cuales fueron creados, ya que no garantizan la seguridad física, la estabilidad emocional, ni preveen procesos reeducativos efectivos, resultando en una profundización de la crisis de violencia y delincuencia, y no en una reinserción social efectiva.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de derechos Humanos de Durango, en el sentido de supervisar que las personas que se encuentren privadas de su libertad en los diversos establecimientos de reclusión o detención, cuenten con las prerrogativas constitucionales y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, personal de este organismo ha realizado visitas a los diferentes centros de reinserción social, cárceles distritales y municipales; así mismo, año con año ha participado en el Programa Nacional de Supervisión Penitenciaria; este programa se basa principalmente en siete derechos fundamentales que tienen los internos, los cuales son:

• Derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos

• Derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura en prisión

• Derechos humanos que garantiza su integridad física y moral

• Derechos humanos que garantiza el desarrollo de actividades productivas y educativas

• Derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno

• Derechos Humanos que garantizan el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones

• Derechos humanos de grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias.

Éstos derechos deben ser respetados por todos los servidores de la administración pública de Durango, en especial por los custodios, el personal administrativo, técnico, médico y profesional del sistema penitenciario. Durante las supervisiones que ha realizado este organismo a los diversos centros de readaptación y reinserción social del Estado, obteniendo como resultados los siguientes:

Centro de Readaptación Social No. 1 de Durango

El día 31 de mayo del año en curso se realizó la supervisión al Cereso N° 1, de Durango, Durango, el Cereso N° 1 de Durango, Durango, cuenta con una capacidad de 1,854 personas, y en momento de la visita se encuentran con 1,683 personas.

Centro de Readaptación Social No. 2 de Gómez Palacio, Durango

El día 17 de mayo del 2010, se llevó a cabo la supervisión del Cereso No. 2 Gómez Palacio, Durango, cuenta con una capacidad de 1200 personas, teniendo al momento de la visita con 921 personas, contando con 34 mujeres y el resto hombres.

Centro de Readaptación Social No. 3 en Guadalupe Victoria, Durango

El día 19 de mayo del presente año se llevó a cabo la supervisión al Cereso No. 3 de Guadalupe Victoria, Durango. Cuenta con una capacidad de 480 personas, teniendo al momento de la visita con 258 personas.

Centro Distrital de Readaptación Social en Santiago Papasquiaro, Durango

El día 5 de mayo del año en curso, se llevó a cabo al Supervisión la CEDIRESO del Santiago Papasquiaro, Durango, cuenta con la capacidad de 140 personas, teniendo al momento de la visita con 39 personas.

Centro Distrital de Readaptación Social el Salto Pueblo Nuevo, Durango

El día 30 de abril 2010, se llevó a cabo la revisión del CEDIRESO del Salto Pueblo Nuevo, Durango, cuenta con una capacidad de 88 personas, teniendo al momento de la visita con 44 personas.

En virtud de que no obstante los señalamientos realizados por esta Comisión, por las irregularidades que se presentan en dichos Centros de Readaptación, ha emitido las recomendaciones correspondientes; sin embargo, pese a los señalamientos y medidas precautorias solicitadas por este organismo, se continúan transgrediendo dichos derechos, como ocurrió el día 06 de los corrientes, en los hechos en los que perdieron la vida otros dos internos del Centro de Reinserción Social Número Uno del Estado.

En razón de lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, es competente para conocer de las violaciones señaladas y emitió una Recomendación General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 1, 2, 10, fracciones IV, VI,  X y correlativos de su Ley Orgánica, en relación con el artículo 12 y 120 de su Reglamento Interno, dentro del mismo marco jurídico de los derechos humanos y por la importancia de promover su observancia, en consideración a los más altos estándares de protección, es necesario señalar también los siguientes instrumentos jurídicos vinculantes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Conjunto de Principios para la Protección de Todas la Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, ha tomado en cuenta las siguientes:

Observaciones

Del análisis de los graves problemas que se ha venido suscitando en los Centro de Reinserción Social Números Uno y Dos del Estado, así como en algunas Cárceles Distritales y Municipales en las que han perdido la vida varios internos, este organismo ha advertido:

La falta de una infraestructura apropiada para ubicar a los internos de acuerdo a su situación jurídica

La clasificación de la población penitenciaria en un centro de reclusión, es un instrumento estratégico para determinar el tratamiento que se debe procurar a cada recluso para lograr su reinserción social; permite ubicar a los internos en áreas de alojamiento y convivencia separadas y diferenciadas, de modo que se les garantice una estancia digna y segura, lo que contribuye a una mejor observancia de sus derechos humanos, además de ayudar a mantener el orden y la disciplina, ya que permite a las autoridades tener mejor control y vigilancia sobre los internos que representan un riesgo para la población interna, y con ello reducir la posibilidad de conflictos entre la misma.

En este tenor, el numeral 67 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, señala que la clasificación tiene como finalidad separar a los internos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre sus compañeros de detención, y agruparlos a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

Así  mismo, el artículo 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, señala que los internos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los mismos, según sexo y edad, antecedentes, motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles, y que los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de quienes ya sentenciados están cumpliendo la pena de prisión impuesta por autoridad competente.

De conformidad con la legislación local, deberán estar separados los procesados y sentenciados; los procesados o sentenciados por delitos dolosos, de los procesados o sentenciados por delitos culposos; los sentenciados por delitos del fuero federal, con los sentenciados por delitos del fuero común, además se establece que los jóvenes que no hayan cumplido los veintiún años, deberán cumplir su condena en establecimientos distintos destinados a los adultos, o en departamentos separados.

Armonización de Disposiciones en la Materia

Uno de los aspectos más deficientes dentro del sistema penitenciario de nuestro Estado, es lo relativo a las disposiciones que deben regir dentro de los Centros de Reinserción Social, Cárceles Distritales y Municipales que lo componen.

La Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Durango, legislación aplicable a la vida que deben de llevar los Centros de Reinserción Social del Estado, dispone en su artículo 2, las finalidades de dicha norma, entre las cuales se encuentran las siguientes:

“IV. El establecimiento de las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los centros existentes;

V. Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del tratamiento derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género. Para tal efecto, los reglamentos deberán estar acordes con los protocolos internacionales y con perspectiva de género; y...”.

Ahora bien , la Dirección General de Ejecución del Penas y Medidas de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Durango, es el área encargada directa de atender todo lo relacionado con el sistema penitenciario local, tal y como lo establece el artículo 16 del citado ordenamiento legal, que a la letra dice:

“Artículo 16.- Facultades de  la Dirección.

La Dirección, dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, será el órgano del Poder Ejecutivo, al que corresponde:

III.- Dentro del sistema:

b) Organizar, supervisar y administrar los establecimientos penitenciarios en el Estado; expedir la normatividad y demás lineamientos de orden interno por las que habrán de regirse, así como vigilar su estricto cumplimiento;

d) Proponer los reglamentos interiores de los establecimientos penitenciarios, con estricto apego al principio de no discriminación por género y vigilar su exacta aplicación;

e) Aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y otras, garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libres de estereotipos de género;...”

Cabe mencionar que esta misma disposición, menciona en su Título Sexto “Del Sistema Penitenciario”, Capítulo I “De la Organización y Funcionamiento de los Establecimientos Penitenciarios”, lo relativo a la clasificación de los establecimientos, los establecimientos de alta y media seguridad, el internamiento de jóvenes, la prohibición de reclusión, la áreas penitenciarias, los establecimientos especiales de rehabilitación, el cumplimiento de penas privativas de libertad, el personal administrativo, los centros de reinserción social y de los menores infractores, lo cual a grandes rasgos denota el interés por alcanzar a reglamentar los componentes directos del sistema penitenciario.

Derivado de lo anterior, esta Comisión dentro de su programa de Supervisión Penitenciaria que año con año realiza los diferentes centros de reinserción social, así como cárceles distritales y municipales, ha observado que en cuanto a las disposiciones que rigen a estos centros, no existen las disposiciones aplicables a los mismos, ya que el  Reglamento Interno de del Centro de Reinserción Social Número Uno de la ciudad de Durango, es en el que se rige el Centro de Reinserción Social Número Dos de la ciudad de Gómez Palacio, el Centro de Reinserción Social Número Tres de Guadalupe Victoria Durango, (en transición para Cefereso Número Siete) el centro Distrital de Reinserción Social de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, y el Centro Distrital de Reinserción Social Santiago Papasquiaro, Durango.

Lo anterior evidencia parte de las deficiencias que deben atenderse para el buen funcionamiento de los centros de internamiento aludidos y que a su vez pudiera corregirse esta situación y prevenir situaciones o problemáticas que atañen a la vida interna de los mismos.

Aunado a lo anterior, en ma5eria de cárceles distritales, se observó por parte de este organismo estatal, que las ubicadas en los municipios de Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Cuencamé, Durango, además de tener diversas irregularidades estructurales, no cuentan con reglamentación interna, esto para el funcionamiento además de que en los bandos municipales de policía y Gobierno de los anteriores municipios, no disponen nada al respecto.

Cabe destacar que en el Bando de Policía y Gobierno de la ciudad de Durango, en su artículo 6 señala la observancia a las disposiciones contenidas en la declaración universal de los derechos humanos por parte de la administración municipal, lo cual es un buen ejemplo para la elaboración de reglamentos para el funcionamiento de las cárceles municipales de nuestro estado.

Además, la observancia de los instrumentos internacionales, le dan mayor certeza y profesionalismo al desarrollo de las actividades de los centros de internamiento.

En conclusión, las disposiciones que debieran regir la materia penitenciaria no existen en nuestro Estado, siendo esto una parte importante en la prevención de acontecimientos que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas que encuentran recluidas en los diversos centros de reclusión.

Por consiguiente, y a pesar que el Gobierno del estado ha intentado implementar mecanismos que contrarresten estos fenómenos, no se ha implementado verdaderas políticas públicas  que articulen el buen funcionamiento del sistema penitenciario en el estado de Durango.

El hacinamiento producido por la sobrepoblación a partir del año 2006, principalmente en el Centro de Reinserción Social Número Uno

La sobrepoblación afecta la calidad de vida de los internos, impiden que tengan acceso a la oportunidades de trabajo, capacitación para el mismo y educación, así como para obtención  de los demás servicios, como atención médica, psicológica y de trabajo social, necesarios para su reinserción social, además de ser incompatible con el respeto a la dignidad humana.

En este contexto, las condiciones de sobrepoblación ocasionan que en celdas diseñadas para albergar por ejemplo, a seis internos, duerman hasta diez personas, con las molestias propias de la insuficiencia de espacio, ventilación y servicios sanitarios.

Al respecto, esta comisión ha enfatizado que la saturación de internos, produce conflictos que pueden derivar en hechos violentos y poner en riego la integridad física de los mismos, del personal que presta sus servicios en los establecimientos penitenciarios, e incluso de los visitantes.

Sobre el particular, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, específicamente el principio XVII, párrafo segundo, señala que “La ocupación de establecimientos por encima del número  de plazas establecido deberá ser considerada como una pena o trato cruel, inhumano o degradante.”Por lo tanto, este organismo considera la importancia de la crea creación de más centros penitenciarios, o la ampliación de los existentes, a efecto de evitar que se continúen transgrediendo los derechos humanos de los internos.

La existencia de privilegios para algunos de los internos

Algunos internos gozan de privilegios y tratos especiales, tales como el acceso a estancias amplias, la posesión de teléfonos celulares, televisiones, aires acondicionados entre otros; es importante resaltar que en algunas de las celdas se han detectado diversos aparatos electrónicos muy costosos como lo son; televisores, estéreos y dvd’s.

El respeto al principio de trato igualitario, implica que el régimen  penitenciario deba ser el mismo  para todos los reclusos, sin diferenciaciones de trato, ni discriminación por razones económicas ni de otro tipo.

En estos casos, se vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe toda clase de discriminación que atente contra la dignidad  humana.

La formación de grupos, y  con ello el autogobierno, lo que ha dado lugar a hechos de sangre y corrupción de algunos funcionarios y servidores públicos

La sobrepoblación en los centros penitenciarios altera el funcionamiento de las cárceles, lo que dificulta mantener el orden y propicia el autogobierno, entendido como la ausencia de autoridad, debido a que grupos de internos ejercen control sobre un amplio sector de la población, mediante la cual, además de imponer métodos informales de control, efectúan actividades ilícitas intramuros. Como resultado del autogobierno, aumenta la violencia al interior de los centros y el tráfico de sustancias prohibidas.

Es preciso hacer mención que en la última supervisión que realizó personal de esta comisión, en el área de sentenciados del Centro de Reinserción Social número Dos, se percibía un olor peculiar de mariguana, cuando se hizo saber a los autoridades y custodios, dijeron que desconocían de dónde provenía dicho olor

Cabe señalar, que el problema del autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, recluidos en centros estatales y municipales, quienes en repetidas ocasiones controlan a la población penitenciaria, sometiéndola a un régimen personal de favores y privilegios, generalmente mediante el pago de cuotas, situación que es tolerada por algunas autoridades.

Sobre el particular, el artículo 10, último párrafo, de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de Sentenciados, señala que ningún interno podrá de-sempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo alguno.

La falta de capacitación y profesionalismo del personal de seguridad y vigilancia

El personal de seguridad y vigilancia además de ser insuficiente para el número de internos asignados, no ha recibido la suficiente capacitación sobre temas como el uso racional de la fuerza, manejo de conflictos, derechos humanos, técnicas y tácticas penitenciarias, así como para el uso de las herramientas necesarias para el desempeño de su función, que se señalan en los diversos reglamentos que rigen el funcionamiento de los reclusorios.

Lo anterior deriva de los diversos hechos violentos que se han suscitado, en los que lamentablemente varios internos han perdido la vida.

La falta políticas públicas para la administración y control de los centros de reclusión

La política criminal en el país está enfocada en hacer más severa la pena de prisión, a partir de la cual se pretende resolver el problema de la delincuencia; sin embargo, existe una falsa suposición respecto de la relación delito-prisión, pues hasta el momento no se ha verificado que la sola privación de la libertad reduzca la reincidencia o el delito, por el contrario, derivado de los defectos del sistema, en repetidas ocasiones el sujeto al cumplir la totalidad de la pena impuesta, se reincorpora a la sociedad para volver a delinquir.

Las normas que rigen a los establecimientos penitenciarios, no siempre están estructuradas a partir de los principios contenidos en la Constitución Política y en los diversos instrumentos internacionales aplicables, situación que ha derivado en la falta de uniformidad respecto a los criterios que rigen el funcionamiento de los establecimientos, así como en violaciones alas derechos fundamentales de los internos.

Entre las consecuencias que ocasiona esta situación, se encuentra la discrecionalidad respecto a la forma en que, las autoridades penitenciarias ejercen sus facultades, lo que coloca a los internos en un estado de incertidumbre jurídica, e incide en la presencia de otras irregularidades al interior de los establecimientos, como por ejemplo, el abuso en la aplicación de sanciones disciplinarias.

La carencia de instalaciones adecuadas y equipo necesario para garantizar una estancia digna y segura en prisión

Con motivo de las visitas realizadas por personal de este organismo a los diferentes centros de reclusión del Estado, se detectaron diversas irregularidades, ya que en muchos casos no cumplen con los estándares para garantizar a los internos una estancia digna y segura en prisión, pues la mayoría de las instalaciones de las cárceles distritales y municipales, no reúnen las condiciones de habitabilidad como lo son, espacios reducidos, no cuentan con servicios sanitarios y de drenaje adecuados, ni con la luz mínima que permita una vigilancia; se encuentran muy separados del personal de vigilancia y custodia; existen fallas en el suministro de agua corriente para el aseo personal; no hay espacio para la reclusión de mujeres; en los dormitorios no existen suficientes planchas para dormir y las existentes se encuentran deterioradas; no cuentan con gavetas para guardar sus objetos personales; falta de higiene; la iluminación artificial es insuficiente; la mayor parte de las estructuras hidráulicas sanitarias y de drenaje requieren reparaciones, y existen fallas en el suministro de agua.

Los internos tienen derecho al trabajo, sin embargo, las cárceles distritales no cuentan con equipo ni material para realizar alguna actividad laboral, y en los Ceresos donde si hay talleres, los mismos son insuficientes para atender a todos los internos, además de que no se encuentran debidamente equipados; por lo que el Estado deberá buscar los mecanismos correspondientes para proporcionar atados los internos un espacio para que desarrollen actividades productivas en las que además de que les ayude en su reinserción social, puedan obtener un ingreso para sí mismos y su familia.

Por otro lado, en algunos casos no se les proporciona la atención médica especializada ni el medicamento requerido, o su traslado al Centro de Salud u Hospital.

Asimismo, se han recibido quejas de que no se informa a los internos sobre su situación jurídica en el sentido del cómputo del tiempo para obtener beneficios de libertad anticipada, o del tiempo requerido para cumplir su sentencia; ni se informa a sus familiares cuando son trasladados a otro centro de reclusión.

La incapacidad del estado para controlar los centros

Personal de este organismo ha observado y señalado que los sistemas de comunicación no funcionan correctamente; que no existe un debido control en el aseguramiento de los objetos que se utilizan para la elaboración de los alimentos, así como de los instrumentos de trabajo, mismos que han sido utilizados para la comisión de brutales delitos. De igual forma, se tiene conocimiento de la existencia de celulares y armas de fuego, sin qUe se hayan tomado las medidas necesarias para evitar su introducción.

Por otro lado, se ha advertido que al momento de practicar las revisiones a los familiares del sexo femenino de los internos, en la mayoría de los casos, éstas son indignas, pues no son tratadas con el debido respeto a la intimidad de su cuerpo, lesionando gravemente su dignidad, y se ha solicitado que dichas revisiones deberán efectuarse mediante instrumentos detectores de metales y sustancias, lo cual resultaría compatible con el respeto a los derechos humanos y las normas de seguridad.

Por otra parte, llama la atención de este organismo, que no se ha implementado un programa eficaz para el tratamiento de personas con adicción a las drogas, con lo que en gran medida se erradicaría el tráfico de éstas, por lo que deberán buscarse los mecanismos necesarios para lograr el apoyo de otras instituciones especializadas en la materia, a efecto de que se les proporcione el tratamiento adecuado.

Educación pública insuficiente

Otro de los temas torales y de mayor importancia dentro del sistema penitenciario en nuestro país y con gran relevancia en nuestro Estado, es la educación. Este derecho como tantos más, han sido minimizados por los centros penitenciarios, aún y cando se sabe que bajo un mayor nivel de educación, más fácil será la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad.

Este organismo ha detectado que sólo un 18% de los internos en el estado de Durango, cursan algún grado de educación básica, sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por con el artículo 60 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado de Durango, que a la letra dice, “La educación que se imparta en los centros de readaptación se ajustará a las formas de pedagogía aplicables a los adultos privados de la libertad. En cualquier caso, la de carácter local estará a cargo de personal docente autorizado. Se impartirá obligatoriamente educación primaria a los internos que no la hayan concluido. Asimismo, se establecerán las condiciones para que en la medida de lo posible, los internos que lo requieran complementar sus estudios, desde educación medía básica hasta medía superior, artes y oficios.”

En principio, los internos deben tener la posibilidad de acceder a cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional; sin embargo, la institución penitenciaria deberá ofrecerles cuando menos, aquellos que constitucionalmente son obligatorios, es decir, la educación primaria y secundaria.

En caso de que se tenga concluido estos niveles, se debe proporcionar información sobre la posibilidad de continuar con sus estudios en los sistemas de preparatoria o de universidad abierta.

En las cárceles distritales que no proporcionan el servicio de educación, deberán establecer contacto con el Instituto de Educación para los Adultos, mismo que ha servido de gran apoyo a la población de los Centros de Reinserción Social.

Asimismo, es necesario recalcar que es el propio Gobierno del Estado, quien deberá propiciar el funcionamiento de instituciones educativas, sociales y culturales de asistencia social, que coadyuven con una verdadera reinserción de los internos, así como para dar cumplimiento al articulo 3 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad del Estado de Durango, que establece: “El sistema de ejecución de penas se organizará sobre la base del trabajo; capacitación para el mismo y educación , como medios para la readaptación social del delincuente.”

Por otro lado, ha de señalarse, que personal de este organismo ha dado constancia de la falta de adecuación de las instalaciones para llevar a cabo este fin, ya que en la mayoría de los centros penitenciarios, no se cuenta con la ventilación e iluminación adecuada, aunado a que son pocas aulas en proporción al número de internos que requieren este servicio.

Por lo anterior, es necesario que se brinde mayor atención para que lo que se encuentra en letra muerta en la reglamentación, verdaderamente se haga realidad, con el objeto de que la sociedad tenga lo que con justificación exige, que los delincuentes que ingresan a los Centros de Reinserción Social, verdaderamente puedan salir y se reintegren a sus familias y la propia sociedad, dejando atrás la personalidad y mentalidad criminal con la que ingresaron.

Atentamente

Doctor Carlos García Carranza (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente De La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2010, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2009.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de octubre de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para volverle a solicitar que le pregunte a la Junta de Coordinación Política si algún día se va a dignar presentar mi propuesta de que se declare interlocutor no válido al secretario del Trabajo del gobierno usurpador, Lozano, que todo indica ya no vendrá nunca más, pero no se ha dado el trámite a mi solicitud presentada formalmente.

Finalmente, quisiera también que constara en actas que parece que a este pleno le está contagiando su conducta el diputado César Nava, porque veo quórum pero veo una ausencia notable aquí en el pleno.

Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado, señor diputado. Los exhortos que hemos hecho por esta vía a la Junta para que resuelva el asunto señalado por el diputado Fernández Noroña serán por escrito en esta ocasión.

Continúe la Secretaría.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo.— Poder Legislativo.— LX Legislatura.— Campeche.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, en sesión efectuada el día de hoy, expidió un acuerdo que a la letra dice

“ Único. Remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una promoción del diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara, mediante la cual plantea reformar diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este resolutivo.

Transitorio. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado”

Asimismo, se remite copia de la propuesta origen de este acuerdo, para los efectos legales conducentes.

Atentamente

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Campeche, 12 de octubre de 2010.— Diputada Gloria del C. Gutiérrez Ocampo (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— LX Legislatura.— Campeche.

Honorable Congreso del Estado de Campeche.— Presente.

Vista la documentación que integra el expediente número 135/LX/04/10, formado con motivo de una iniciativa presentada por el diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Promoción que se resuelve de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. Que el diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara presentó un memorial mediante el cual solicita al Congreso del estado de Campeche acordar el envío al Congreso de la Unión, de su propuesta para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. Que a esa promoción se le dio lectura en sesión del día 21 de septiembre de 2010, acordando agendarla para su estudio y dictamen.

Tercero. Que esta diputación permanente tomó conocimiento de los argumentos expuestos por el legislador promovente, en sesión de dictamen celebrada al efecto, acordando suscribir el presente resolutivo.

Cuarto. Que en ese estado, este órgano colegiado dictamina al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del estado.

II. Que la autoría de la solicitud recae en un diputado local, quien tiene atribuciones para hacerla, como así se reconoce, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado.

III. Que con fundamento en lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, esta diputación permanente es competente para dictaminar lo conducente.

IV. Que la solicitud que nos ocupa tiene como objetivo inmediato instar al Congreso del estado para que a su vez remita al Congreso de la Unión, una propuesta para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

V. Consecuente con lo anterior, este órgano resolutor estima procedente pronunciarse a favor del envío al Poder Legislativo Federal de la propuesta de que se trata, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales la sujete a trámite y resuelva lo que corresponda, si a bien lo tiene.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la diputación permanente nos permitimos someter al pleno legislativo, el siguiente resolutivo.

Único. La LX Legislatura del estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una promoción del diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara, mediante la cual plantea reformar diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con el proyecto que como anexo único forma parte de este dictamen. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este resolutivo.

Así lo dictaminan los diputados miembros de la diputación permanente, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil diez.— Diputado Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), presidente; diputada María Asunción Caballero May, vicepresidenta;diputada Ana Martha Escalante Castillo (rúbrica), primer secretaria; diputado Enrique Ku Herrera (rúbrica), segundo secretario; diputado Carlos Alberto Arjona Gutiérrez (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— LX Legislatura.— Campeche.

Secretarios del honorable del Congreso del Estado.— Presentes.

El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del estado de Campeche y con fundamento en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, someto a su consideración la expedición de un punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

El artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a las legislaturas de los estados que integran el pacto federal, a iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, al establecer

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

III. A las legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

Que basándose en lo anterior, el que suscribe esta propuesta, somete a la consideración de esta soberanía la aprobación de un punto de acuerdo cuyo propósito sería ejercer la facultad antes señalada y presentar ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme al siguiente proyecto de iniciativa.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— LX Legislatura.— Campeche.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.— Presentes.

La LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, mediante acuerdo número __ , de fecha__, publicado en el Periódico Oficial del propio estado el día __, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ese honorable Congreso General, la presente iniciativa de decreto, para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La transición mexicana a la democracia fue producto de un proceso de reformas, con la participación de todos los partidos políticos y el gobierno federal. Este proceso significó innumerables modificaciones a nuestra Constitución Política y a las leyes secundarias en materia electoral, así como otras que tienen una vinculación directa con los procesos comiciales.

Antes de la transición el partido hegemónico del gobierno decidía todo, las reglas de competencia que no eran otras más que las dictadas por el Ejecutivo federal, el registro de los partidos, el padrón de electores, la organización de todo el proceso electoral, el financiamiento de los partidos, sin transparencia ni rendición de cuentas. Desde la Secretaría de Gobernación se determinaba quiénes y en qué condiciones participaban en las contiendas electorales.

La participación de la sociedad y la de los partidos de oposición fueron decisivas para que, por la vía pacífica e institucional, las condiciones y reglas electorales se modificaran. En un primer momento con la reforma política de 1977-78, que le permitía a la oposición política el ejercicio de una mayor autonomía y posicionamiento en la sociedad.

Fue una década después, en 1987, cuando la ley estableció por primera vez el financiamiento público de carácter pecuniario para todos los partidos políticos, a partir de una ecuación elemental, según los votos obtenidos en la elección federal anterior y el número de representantes logrados en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, con la reforma constitucional y de la ley lectoral en 1990, el financiamiento público se determinó a partir de varias conceptos: por actividades generales a los partidos y por ser instituciones de interés público, y por actividades específicas, de acuerdo a la ecuación votos-escaños. En lo ulterior, en 1993, se añadió un nuevo concepto de financiamiento, que otorgaba a partidos con nuevo registro.

Además de ello, se tipificó que los poderes federales, de las entidades federativas y municipales no debían financiar campañas, salvo lo estrictamente establecido en la ley. De igual forma se prohibieron aportaciones de entidades públicas, de extranjeros, de empresas mercantiles y ministros de culto. Asimismo, las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos. Las aportaciones anónimas no debían rebasar el 10 por ciento del financiamiento público; y las aportaciones individuales y de personas morales, únicamente serían del 1 y 5 por ciento, respectivamente.

Finalmente, con la reforma de 1996 se pactaron nuevas condiciones de competencia que significaron, entre otras decisiones, las siguientes: el financiamiento público será predominante al privado, topes de gastos de campaña, mayor fiscalización a los partidos políticos y las sanciones correspondientes; una nueva fórmula para que los partidos puedan acceder a los medios de comunicación; buscando con todo ello una mayor equidad en la contienda electoral. Y con la última reforma constitucional, la del año 2007, se inaugura un sistema de financiamiento para los partidos políticos que significa un sustancial ahorro, garantizando una mayor libertad y equidad en la competencia, buscando una mayor independencia en relación al gran capital, alejando a los partidos de la llamada economía criminal, así como disminuyendo los actos de corrupción.

Exposición de Motivos

Sin embargo, para seguir perfeccionando nuestro actual sistema de partidos es pertinente avanzar en nuevas iniciativas de reformas que recobren, con mayor relevancia, la credibilidad de la política y de los partidos políticos. Nuestro actual sistema de financiamiento a los partidos políticos sigue siendo paternalista, donde las dirigencias partidistas se de-sentienden de la necesidad de hacer política con menores recursos, y que los recursos públicos se orienten más al ejercicio de una actividad directamente relacionada con la consolidación de los valores democráticos y una cultura cívica. Tenemos que hacer política con menores recursos del erario público y debemos ser más eficientes en las actividades partidistas.

En la sociedad mexicana existe el reclamo de que los partidos políticos deben estar más al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades. En estos tiempos de crisis el reclamo es aún mayor. Las dirigencias partidistas debemos ser sensibles a estas demandas legítimas de la sociedad. Las partidas asignadas para el próximo año, aunque en términos porcentuales son menores en relación al año anterior, siguen siendo muy altas a los ojos de la sociedad.

En comparación con otros países de Latinoamérica, el costo del voto en México sigue siendo muy alto. En Brasil cuesta 4 pesos, en Argentina 5, en Ecuador 14, en Colombia 25, en Panamá 68, en República Dominicana 89, y en México 224 pesos. Los datos son evidentes. Habría que hacer un estudio por entidad federativa para confirmar esa tendencia que, sin duda, reflejaría el obsoleto sistema de financiamiento de los partidos políticos.

A nivel federal el presupuesto destinado a los partidos políticos equivale a que con el total de estos recursos se podría destinar a 500 mil familias más en el Programa Oportunidades, a 600 mil familias en el Seguro Popular de Salud; significa casi todo el presupuesto para todas las actividades culturales; es igual al presupuesto de operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala que surte el agua del DF y valle de México (Conagua). También equivale al presupuesto de la Secretaría de Turismo; es casi el doble de los recursos para reconstrucción de carreteras federales, entre otros equivalentes.

En consecuencia y congruencia con este reclamo social y con la necesidad de hacer más austera nuestra actividad política en tiempos de crisis, se presenta el presente proyecto de reformas que va orientado a que el financiamiento público de los partidos políticos disminuya en un 50 por ciento, a partir de las actuales disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El presente proyecto de decreto tiene el objetivo de impulsar, ante el Congreso Federal y de conformidad con la facultad que nos otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma el artículo 41 Fracción II en su inciso a) y c) párrafo segundo, artículo 116 fracción IV inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su fracción I inciso a) numeral 1, la fracción I inciso C numeral 4.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los establecido en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto

Por el que se reforma la fracción II en su inciso a) y c) del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su fracción I inciso A numeral 1, la fracción I inciso e numeral 4.

Artículo Primero. Se reforma la fracción II en su inciso a) y c) del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 41. ...

...

I. ...

II. ...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b). ...

c). ...

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 116. ...

I. ...

a). ...

b). ...

III. ...

IV. ...

a)..., al f)...

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h). ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Artículo 78. ...

I. ...

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

II. ...

...

2. ... al 3. ...

4. ...

a). ...

I. ...

II. ...

b). ...

c). ...

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

II. a la V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local que proceda.

Señoras y señores diputados, en atención a lo antes expresado y fundado, a continuación se somete a consideración de esa soberanía, para su análisis y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de

Acuerdo

La LX Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda

Primero. En ejercicio de la facultad que a esta legislatura del estado confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que se establecen en el proyecto que se contiene en la propuesta que se resuelve, promuévase una iniciativa de decreto para reformar el artículo 41 fracción II en su inciso a, inciso c párrafo segundo, artículo 116 fracción IV inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su fracción I inciso a numeral 1, la fracción II inciso c numeral 4.

Segundo. Se autoriza a los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva en turno de este congreso para suscribir y remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la indicada iniciativa de decreto.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

San Francisco de Campeche, Campeche, 8 de abril de 2010.— Diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Para ilustrar a la asamblea, habrán visto que el día de hoy se omitió la lectura en el pleno de todo el espacio de comunicaciones. En lo sucesivo haremos lo consecuente con efecto de que pueden verificarse todas las comunicaciones a través de la Gaceta y podamos eficientar el tiempo de desarrollo de la sesión.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único.Se reforma la fracción IX y se adicionan una nueva fracción X y una nueva fracción XI al artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a VII. ...

VIII.Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño;

IX. Remitir a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción V del artículo 4;

X. Difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, ‘el seguimiento a las acciones de los programas y sus correspondientes propuestas previstos en el artículo 15 de la presente Ley; y

XI. Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforman los artículos 51, párrafo segundo; 55, fracción IV; 65, primer párrafo; 66, fracciones III, VIII Y IX Y 67, párrafo primero; se adicionan los artículos 55, con un nuevo tercer párrafo; 65, con un nuevo párrafo segundo; y 66 con dos nuevas fracciones X y XI; todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue

Artículo 51. ....

Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 55. ....

I. a III. ....

IV.Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, al menos lo siguiente

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente ley y su reglamento;

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas podrán tratarse, y el quórum para sesionar;

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos;

d) El reconocimiento de las facultades de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) en materia de procesos electorales y evaluación de resultados de las asociaciones deportivas nacionales, previstas en los artículos 66 fracción III y demás de la presente ley;

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados;

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y

g) El reconocimiento de evaluar y supervisar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como los resultados de los programas operados con los mencionados recursos, conforme lo disponen la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

V. a VII. ....

....

Las asociaciones deportivas nacionales que cumplan, además de lo establecido en el artículo 53, con todos los supuestos previstos en el presente artículo, con excepción de lo estipulado por la fracción V, gozarán entre tanto de su reconocimiento como entes de promoción deportiva, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley.

Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este título que reciba recursos del erario público, deberá presentar a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) un informe sobre la aplicación de los mismos.

De igual forma, deberán rendir a la Conade y a la Codeme un informe anual sobre las actividades realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo del programa de trabajo para el siguiente ejercicio.

Artículo 66. ....

...

I. a II. ....

III. Vigilar y asegurar que la elección de los integrantes de los órganos directivos de sus asociados se realice con estricto apego a los estatutos sociales correspondientes, a la presente ley y a las demás disposiciones aplicables;

IV. a VII. ....

VIII. Promover la práctica deportiva organizadamente a través de las asociaciones deportivas nacionales;

IX. Establecer las reglas bajo las cuales deberán sus asociados llevar a cabo sus actividades;

X. Evaluar el informe anual y programa de actividades de las asociaciones deportivas nacionales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 65 de la presente ley, y

XI. Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

Artículo 67. El consejo directivo de la Codeme integrará un órgano colegiado que tendrá como objeto vigilar, promover y garantizar que antes, durante y después de realizados los procesos internos de elección de los órganos directivos de sus asociados, se cumplan los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades; así como de evaluar el informe anual y programa de actividades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 65 de la presente ley.

....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las reformas correspondientes al reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de ajustarlo a los términos del presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Adrián Rivera Pérez, secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Continúe, por favor, señora secretaria.

Nuestro robot se atoró y no ha traído las hojas del guión. Gracias.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES - LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura. En virtud de que todos ellos han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, y de Sociedades Cooperativas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan la fracción VI del artículo 1, el capítulo VII y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada por el diputado Luis Felipe Eguía Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en fecha 6 de abril de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6. incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 6 de abril de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.El legislador propone en resumen lo siguiente:

• Derogar las referencias que existen en la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las sociedades cooperativas, a fin de que estas no sean ya consideradas como una sociedad mercantil.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 1, el Capítulo VII y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Segunda.Como se desprende del capítulo de antecedentes, la iniciativa que nos ocupa pretende eliminar la referencia a las Sociedades Cooperativas que aparece en la Ley General de Sociedades Mercantiles con la principal finalidad de que aquellas no sean consideradas como una sociedad mercantil, pues al así considerarlas, según la exposición de motivos, genera que se grave tributariamente el capital de este tipo de sociedades, y por otra parte, al no considerar al acto cooperativo como uno distinto del acto de comercio, genera que el tratamiento fiscal sea el mismo que el de cualquier acto comercial con interés de lucro, lo que en palabras del diputado proponente no permite liberar las potencialidades económicas, asociativas y culturales de ese tipo de sociedades, impidiéndoles inclusive “cumplir con su misión emancipadora de vastos sectores de la población que, con su trabajo honesto y mancomunado... desean contribuir al desarrollo social y económico de México”.

Ahora bien, los diputados que integran esta Comisión de Economía, consideran que las finalidades que se persiguen en la iniciativa de mérito, no se consiguen por el hecho de derogar las referencias que se hacen de las Sociedades Cooperativas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues el tratamiento fiscal a que este tipo de sociedades están sujetas radica no en razón de su consideración como sociedades mercantiles ni de la naturaleza jurídica de las relaciones internas entre los cooperativistas y la cooperativa, sino de las actividades económicamente lícitas a las que se dedican los esfuerzos de sus socios, y en los hechos este tipo de sociedades viene gozando de un tratamiento fiscal preferencial diferente al que es aplicable a las empresas del régimen genera.

No obstante lo anterior, debe decirse que la generación de un derecho cooperativo como rama específica de los entes jurídicos ficticios reconocidos en nuestro sistema jurídico, es un lineamiento constitucional que fue fijado en la Carta Magna el 15 de agosto de 2007, por lo que en congruencia con el avance legislativo que marcó el Constituyente permanente en esa ocasión, es que a fin de lograr el objetivo de dicha reforma constitucional es que se debe de dictaminar en sentido positivo la iniciativa que nos ocupa.

En efecto, según se desprende de la Gaceta, número 52, del Senado de la República, de fecha 6 de febrero de 2007, las consideraciones que tanto la Cámara colegisladora como esta Cámara de Diputados utilizaron para aprobar la reforma constitucional mediante la cual se adicionó la fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución, para efecto de establecer que el Congreso tiene facultades para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de sociedades cooperativas, establecían:

• Que a fin de dar autonomía al Derecho Cooperativo era necesario otorgar de manera expresa en la Constitución la facultad al Congreso de legislar en esa materia.

• Que la ley de cooperativas es una especial puesto que deriva de una general que es la Ley General de Sociedades Mercantiles; por lo que para determinar la autonomía del Derecho Cooperativo es necesario que este se funde en una ley general.

• Que era necesario clarificar las competencias en cuanto a la regulación y fomento del sector cooperativo, por lo que mediante una reforma constitucional se podría establecer que al Congreso de la Unión le correspondería expedir la normatividad de este tipo de sociedades y que estas leyes establecerían la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, en materia de fomento y desarrollo de las cooperativas.

De lo anterior, se aprecia que la intención del Constituyente permanente fue la de dar autonomía al Derecho Cooperativo y en ese sentido decidió elevar a rango constitucional la facultad del Congreso de legislar en esa materia, reconociendo con ello la necesidad de que las cooperativas cuenten con un marco jurídico que reconozca la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades que a diferencia de las sociedades mercantiles, tienen por finalidad el satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

En este sentido, siendo que la Ley General de Sociedades Mercantiles regula un cierto tipo de sociedades que el Constituyente permanente decidió diferenciar de las sociedades cooperativas, entonces es correcto derogar las referencias que dicha ley hace respecto de las cooperativas y con ello mostrar de manera expresa la intención del legislador de que se genere un derecho compuesto de principios, reglas y costumbres propio de las sociedades cooperativas.

Asimismo, se considera que para lograr lo anterior, no solo es necesario la derogación de los dispositivos que menciona la iniciativa que nos ocupa, sino también la referencia que aparece en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece que la legislación supletoria a dicho cuerpo normativo es la Ley General de Sociedades Mercantiles; por lo que en este sentido esta Comisión de Economía, a fin de que la reforma propuesta cumpla cabalmente con su cometido, considera apropiado ampliar la iniciativa a efecto de derogar el segundo párrafo mencionado.

Tercera. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Artículo Primero.Se deroga la fracción VI del artículo 1o. y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1.Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I. a V. ...

VI. (Se deroga).

...

CAPITULO VIIDe la sociedad cooperativa

Artículo 212. (Se deroga).

Artículo Segundo. Se deroga el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 10.Las sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Las sociedades cooperativas de consumo son enunciadas en las fracciones VII y VIII del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), donde a éstas así como a los organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, respectivamente, se les considera como personas morales con fines no lucrativos y en ese tenor deben cumplir sus obligaciones fiscales observando las disposiciones contenidas en el Título III “Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos”. Asimismo, de conformidad con el inciso e) de la fracción II del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), este tipo de sociedades se encuentran exentas de este impuesto.

Las sociedades cooperativas de producción de bienes y/o servicios, por disposición del artículo 85-A, tienen su regulación en el Título II de la Ley del ISR, es decir, el régimen general de ley de las personas morales; no obstante, en dicho dispositivo se establece un régimen opcional para el cálculo del impuesto de este tipo de sociedades, siendo aplicable lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV que se refiere a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

Para los efectos del IETU, de conformidad con los artículos 8 y 10 de esta ley, las sociedades cooperativas de producción al ser causantes de este gravamen también tienen derecho al acreditamiento del ISR; de tal suerte que pueden considerar como ISR efectivamente pagado los pagos del ISR que efectúan por utilidades gravables entregadas a sus socios y que serán acreditables contra el IETU que se determine.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.»

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 7 de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 7 de septiembre de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 25 de noviembre de 2008, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 22 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones, la iniciativa referida por 79 votos a favor y 10 en contra, enviándose la minuta a esta Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo.

3. En fecha 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió enviar a esta Comisión de Economía para su estudio y dictaminación correspondiente, la minuta de referencia.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

Segunda.Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“...Las comisiones desean expresar de manera previa al análisis pormenorizado de esta iniciativa, su convicción de que las reformas que permitan incrementar la competitividad, en este caso las vinculadas con la agilización de los trámites para abrir y operar negocios, un mejor y más económico acceso a los servicios de fedación pública y la vigencia del Estado de Derecho, deben ser impulsadas en el Poder Legislativo, cuidando que las mismas sean siempre coherentes con el conjunto del sistema jurídico vigente en México.

En esta virtud, a continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la presente iniciativa.

Primero.Cambio de denominación de la Ley

La iniciativa contempla modificar la denominación de la Ley Federal de Correduría Pública por Ley General de Correduría Pública y Fedación Federal.

Al respecto, en cuanto a la denominación “Ley General” en diversas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha considerado que las “Leyes Generales” son aquellas cuyo objeto es la distribución de competencias en materias concurrentes, es decir aquellas en las que los Estados y la Federación acuden al ejercicio de una misma atribución y, no se estima que la correduría pública sea una facultad concurrente, toda vez que su materia, en el orden mercantil corresponde a las atribuciones del Poder Legislativo Federal, contenidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto una de las tesis referidas, establece:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII, y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero, y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero, y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Por otra parte, no existe una atribución expresa para que el Congreso de la Unión legisle sobre la fedación pública en sentido amplio y para todo el país, como lo ha estimado también la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2002 en la cual asienta: “que del examen de las facultades expresamente otorgadas al Congreso de la Unión en la Constitución se desprende que no se contempla la función notarial, de ahí, que conforme al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 es inconcuso que corresponda a las entidades federativas esta atribución.”

Este razonamiento es congruente con el contenido del artículo 121 de la propia Constitución, que señala la obligación de los estados de la Federación de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registrales y procedimentales de los otros Estados, lo que implica, en base a la distribución de atribuciones contenida en la Constitución, que estas facultades están reservados a la legislación estatal.

En este sentido, el Constituyente Permanente ratificó esta distribución de atribuciones de la fe pública entre la Federación y las entidades federativas, al expedir en 1996 la reforma al artículo 122 constitucional y señalar expresamente en la Base Primera, fracción V, inciso h) del mismo la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para normar lo relativo al notariado.

En este orden de ideas y dado lo previsto en el artículo 124 constitucional, que expresa que las facultades no expresamente concedidas por la Carta Magna a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, no se considera procedente ni necesario el cambio de denominación a “Ley General” ni el relativo a “Fedación Federal” por ser las atribuciones de fe pública concedidas de manera diversa a los Poderes Legislativos de la Federación y a las entidades federativas, en la materia mercantil para el primero y en el resto de las materias para éstos últimos.

Segundo. Propuesta de reformas al artículo 1

La iniciativa contempla ajustar la redacción del actual artículo 1, adicionando que el objeto de la ley es regular la función del corredor público “y a la correduría pública en general” así como agregar que la observancia de la ley debe ser “general” en toda la República.

Al respecto, estas comisiones consideran innecesarias estas adiciones, pues no implican modificaciones en  el contenido, significado y alcance del actual artículo 1, que ya indica la materia y el ámbito de aplicación de este cuerpo normativo.

Tercero. Reformas al artículo 2

Tiene el propósito de sustituir en el primer y segundo párrafo, la denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía.

Estas comisiones consideran procedente la referida propuesta.

Cuarto. Reformas al artículo 3

En el artículo 3 la iniciativa propone adicionar la fracción I de las atribuciones de la Secretaría de Economía para quedar de la siguiente manera (se destacan las modificaciones propuestas con negritas):

“I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como fedatarios públicos, y como auxiliares de la administración de justicia,cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;”

Sobre el particular, se considera procedente precisar la actual atribución de la Secretaría de Economía para asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos como fedatarios públicos, siendo que esta es una actividad importante que realizan cotidianamente.

Por otra parte, en lo referente en su carácter de auxiliares en la administración de justicia, no se considera procedente su inserción en este artículo, pues el mismo no es el que precisa facultades de los corredores y, adicionalmente, tampoco se considera necesario aclarar que los mismos son auxiliares en la administración de justicia, siendo que su participación en actos jurídicos en su carácter de fedatarios públicos es suficiente para que los documentos que emite sean reconocidos por su carácter público por las autoridades competentes, tales como pueden ser documentales públicas o pruebas periciales.

Estas facultades están ya inscritas en el marco de atribuciones de los corredores y en los distintos cuerpos normativos de carácter procedimental, por lo que no se considera necesaria esta adición.

Quinto. Reforma y adición al artículo 4

La iniciativa propone adicionar dos párrafos (segundo y tercero) al artículo 4, para quedar como sigue:

“Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.

Serán plaza de libre ejercicio para los corredores aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza su jurisdicción.

Cuando los corredores públicos actúen como fedatarios en plaza distinta a la suya, de conformidad con el párrafo anterior, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos en que otorguen su fe pública.”

Al respecto, estas comisiones consideran que las propuestas generarían confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones,  pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia el propio encabezado del artículo 4°.

Conforme al artículo 5º, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción.

No obstante lo anterior, estas comisiones toman en consideración el comentario del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, AC, en relación a que “lo que se pretendió con esta reforma es dar certeza a las actuaciones que los corredores públicos, en su carácter de fedatarios habilitados por la Federación, realicen en zonas de la jurisdicción exclusiva de la Federación. Al momento solo puedan dar fe en dichas zonas, y respecto de las materias de su competencia, el Ministerio Público Federal”.

Por lo anterior estas comisiones consideran pertinente adicionar un segundo párrafo al artículo 4º para prever la posibilidad anotada, delimitando de manera expresa la materia a la que se refiere la presente Ley, para quedar como sigue:

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Sexto. Reforma al artículo 5

La iniciativa propone la reforma del artículo 5 para quedar como sigue:

“Artículo 5. Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva. Cuando actúen como fedatarios lo podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, o en los lugares o territorios de la jurisdicción o competencia Federal a que se refiere el artículo 4° de esta ley, aunque los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar.

El corredor sólo podrá cambiar de plaza previa autorización de la Secretaría.”

Sobre el particular, estas comisiones consideran que por las mismas razones que se estimaron en el análisis de la propuesta de adición al artículo 4° es innecesaria la adición propuesta para este artículo.

Por lo que hace a derogar el segundo párrafo que contempla la posibilidad de que el corredor pueda cambiar de plaza, previa autorización de la Secretaría (que en el proyecto de decreto contenido en la iniciativa no aparece)  tampoco se considera conveniente pues dejaría un vacío legal y la imposibilidad de regular la asignación de las plazas a los corredores por parte de la Secretaría de Economía.

Séptimo. Reformas al artículo 6, fracciones V, VI, VII y último párrafo

La iniciativa propone reformar este artículo que establece las atribuciones del corredor público, en sus fracciones V, VI, VII y último párrafo del artículo, para quedar como sigue:

“Artículo 6. Al corredor público corresponde:

I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;

II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;

III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;

IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;

V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos contemplados en la legislación federal expedida por el Congreso de la Unión, así como para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos que le autoricen las leyes locales; cuando el acto jurídico de que se trate implique la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, éste se formalizará mediante póliza;

VI. Actuar como fedatario público para hacer constar hechos jurídicos en general;

VII. El cotejo y certificación de las copias de documentos que haya tenido a la vista independientemente de su naturaleza; y

VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

Las funciones que se establecen en las fracciones I, II, III, y IV, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, y no se consideran exclusivas de los corredores públicos.”

Sobre el particular, conviene destacar que las fracciones referidas fueron reformadas en el año 2006 por el legislador federal con el propósito de definir con claridad y dar plena certidumbre y fundamento a las facultades de los corredores públicos generando claridad y eficacia en su actuación, buscando con ello actualizar su campo de acción.

Respecto a la modificación propuesta a la fracción V del artículo 6, en el sentido de permitir a los corredores públicos intervenir en todas las materias legisladas por el Congreso de la Unión, estas comisiones consideran que tal reforma podría interpretarse de forma errónea y generar la intervención de los corredores en materias ajenas a lo mercantil, que es la esencia sobre la cual está fundamentada la facultad del legislador federal en la materia.

Habría que advertir además que los corredores que actualmente se encuentran habilitados han demostrado alta capacidad de conocimientos en materia mercantil por el procedimiento de selección que llevan a cabo, pero no han aprobado rigurosos exámenes en otras materias, lo que también podría resultar inconveniente, dejando a salvo las consideraciones sobre la constitucionalidad de la propuesta.

Por lo que hace a la posibilidad de intervenir en los actos jurídicos que les autoricen las leyes locales, no se encuentra en el marco jurídico regulatorio actual ninguna imposibilidad de que, siendo autorizados por legislaciones locales, intervengan conforme al imperio de las mismas, por lo que no se considera necesaria dicha adición en el texto de esta ley federal.

Adicionalmente la propuesta de redacción de la fracción V, elimina la excepción que tienen los corredores públicos para intervenir en cuestiones vinculadas con bienes inmuebles. Estas comisiones consideran, como ha sido debatido y ratificado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la materia inmobiliaria corresponde al ámbito civil y en consecuencia está reservado a la potestad legislativa de las entidades federativas de la unión, según lo prevé expresamente el artículo 121 constitucional en su fracción II: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;”.

Por lo anterior, al no existir disposición expresa que permita al legislador federal normar esta actividad, de aprobarse esta propuesta se estima que podría interpretarse como afectada de inconstitucionalidad, lo que también implicaría un retroceso en la regulación de los servicios que presta el Corredor Público, en perjuicio de la sociedad que requiere de los mismos.

Estas comisiones no omiten la reflexión sobre la naturaleza mercantil que en ocasiones conllevan las transacciones  que pueden tener efecto sobre bienes inmuebles, sin embargo estas no son suficiente argumento para considerar aprobar una legislación que pudiere interpretarse contraria al texto constitucional y que en consecuencia afectaría seriamente la seguridad y certeza jurídica a que los ciudadanos tienen derecho y cuya promoción es obligación indubitable de los legisladores federales y de cualquier servidor público.

En este sentido, conforme a los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, las convenciones mercantiles son fundamentalmente de carácter consensual, no requieren para su validez de formalidades determinadas, pero remite a la ley civil cuando tales convenciones requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.

Asimismo,  la Ley General de Bienes Nacionales, al regular los bienes inmuebles de naturaleza federal a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política establece que en cuanto a la formalización de los actos adquisitivos y traslativos de dominio, se deberán satisfacer los requisitos que establezcan las leyes locales para su validez.

Sobre este mismo aspecto, se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Tesis jurisprudencial 105/2005

“PROTECCION AL CONSUMIDOR, EL ARTICULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES” (JURISPRUDENCIA). Si bien es cierto que el citado dispositivo impide que surta efectos en contra del consumidor un contrato relacionado con viviendas destinadas a casa habitación o de tiempo compartido, cuando el proveedor no lo registró previamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, también lo es que ello no pugna con la facultad exclusiva de los estados y del Distrito Federal para legislar en materia contractual civil y de bienes inmuebles. Ello es así, porque el artículo ochenta y siete de la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene una regulación específica de la materia mercantil y de protección al consumidor, ambas de carácter federal, referida a los acuerdos de voluntades entre proveedores y consumidores sobre la venta de los inmuebles indicados y, en ese orden, no es posible contrastarlo con el diverso ciento veintiuno, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ambos aluden a cuestiones diversas; por un lado, la norma federal sobre la materia de protección al consumidor regula una obligación a cargo de comerciantes y, por otro, la norma sobre la materia de bienes inmuebles dispone que éstos se rigen por la ley del lugar donde se encuentran. Además, tampoco se vulnera la facultad de legislar en la materia contractual civil de las entidades federativas y del Distrito Federal, pues el citado artículo ochenta no rige tal materia, sino que se limita a imponer obligaciones a quien tiene el carácter de proveedor, esto es, alguien con la calidad de comerciante y que, por ello, está sujeto a las normas federales, tanto en materia de comercio como de protección al consumidor”.

Estas comisiones estiman y tienen a la vista la reiterada argumentación e iniciativas que sobre el particular se han hecho valer por diversos actores, abogados y corredores públicos sobre la necesidad de reformar la normatividad para permitir la intervención de estos últimos en los actos jurídicos vinculados a inmuebles y en el otorgamiento de poderes vinculados al contrato de mandato.

También han analizado los criterios que los tribunales han seguido al resolver controversias que involucran esta  intervención, como las siguientes:

Tesis aislada 2706/1996

“FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA ESTABLECER LA FORMA PARA LA GARANTIA HIPOTECARIA CORREDORES PUBLICOS. FALTA DE LEGITIMACION PARA IMPUGNAR EL ARTICULO 468 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL. La reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, relativa a su numeral 468, dispone que la norma va dirigida a todos aquellos que constituyan, amplíen, dividan, registren o cancelen una hipoteca, así como los requisitos que éstos deban cumplir para tramitar la vía especial hipotecaria; es decir, el ordenamiento establece legítimamente el derecho a personas físicas y morales que se ubiquen en la constitución o tramitación de hipotecas, para ejercer la acción de amparo; por ello, es incuestionable que los quejosos carecen de legitimación para impugnar la reforma al artículo en cuestión, en su calidad de corredores públicos, al reclamar dicho precepto en su carácter de auto aplicativo y derivar la inconstitucionalidad del hecho de que con su sola vigencia se limita o restringe el ejercicio profesional de los corredores públicos y que, en términos de la fracción V del artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública, no les afecta su interés jurídico, porque no son sujetos de la norma ni les restringe el ejercicio de fedatarios públicos en actos y hechos mercantiles.”

Tesis jurisprudencial 64/2009

“INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- LA POLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PUBLICO EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACION DEBIENES INMUEBLES, POR SI SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO.Acorde con el artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública, los actos jurídicos, convenios o contratos mercantiles en los que puede intervenir el corredor público como fedatario se hacen constar en un instrumento denominado póliza. Por otro lado, los artículos sexto, fracción quinta, y vente, fracción once, de dicha Ley, y el numeral cincuenta y tres, fracción primera, de su Reglamento prohíben al corredor público actuar como fedatario en actos jurídicos no mercantiles, en tratándose de inmuebles, así como dar fe de hechos que no se consideren de naturaleza mercantil. Así, resulta evidente que los corredores públicos están impedidos para dar fe de la enajenación de inmuebles aportados para el pago de acciones del capital de una sociedad mercantil y, por tanto, al expedir una póliza tocante a esa operación se excederían en la esfera competencial de sus atribuciones. En ese sentido, se concluye que la póliza expedida por un corredor público en la que consta el pago de acciones de capital social de una empresa con aportaciones de bienes inmuebles, por sí sola es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el amparo solicitado contra el embargo de tales inmuebles, ya que no es apta para demostrar su titularidad. En efecto, conforme a los artículos ciento veintinueve y doscientos dos del Código Federal de Procedimientos Civiles la indicada póliza, en lo relativo a la referida enajenación, no puede considerarse un documento público que haga prueba plena, sino que sólo constituye un documento privado que no prueba fehacientemente los hechos declarados en él, según los artículos ciento treinta y tres y doscientos tres del citado Código, en tanto que la circunstancia de haberlo expedido quien carecía de facultades legales para ello imposibilita determinar irrefutablemente si la reclamación constitucional se deriva de actos anteriores o posteriores a la ejecución del embargo.”

Del mismo modo, las comisiones han analizado la reflexión contenida en la iniciativa sobre la estructura constitucional mexicana y la interpretación del artículo 121, en el sentido de que las leyes federales pueden aplicarse en las entidades federativas en las materias atribuidas por la Constitución a los Poderes Federales, sin embargo, en las resoluciones jurisdiccionales que se han analizado y citado antes, relacionadas  con el tema que nos ocupa, la Suprema Corte ha concluido que la regulación de la materia inmobiliaria se encuentra reservada a los estados, comprendida en la materia civil local.

Teniendo a la vista estos antecedentes, estas comisiones consideran que la interpretación referida por el senador promovente no sería convalidada por los tribunales de suscitarse controversias como las que ya se han dado en este tenor, exponiendo así a los particulares a que los actos jurídicos que se pudieren derivar de aprobarse esta propuesta sean controvertidos ante los tribunales y calificados de inválidos por ser contrarios a la Constitución o bien, provocar el inicio de controversias constitucionales por parte de las entidades federativas, que podrían devenir también en incertidumbre jurídica para los ciudadanos, con los altos costos que implicarían para ellos y para el Estado.

Al mismo tiempo, estas comisiones reiteran que han analizado el significado que una propuesta de esta naturaleza puede tener para mejorar la competitividad en el ámbito de la fedación pública y para propiciar un mejor desarrollo económico, sin embargo, este propósito no puede materializarse en una acción legislativa que pudiera ser calificada como contraria a la Constitución.

Por ello, estiman que para darle plena solidez jurídica y coherencia con el sistema jurídico mexicano y evitar las posibles controversias anotadas, estas reformas deberían ser propuestas al Constituyente Permanente y no al legislador ordinario.

Por otro lado, la reforma a la fracción VI tiene propósito de que el corredor público pueda hacer constar hechos jurídicos en general, suprimiendo las limitaciones al ámbito mercantil que actualmente señala tal fracción:

“VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;”

En este sentido, operan las mismas argumentaciones que se han hecho previamente, relativas a ampliar el ámbito de facultades del corredor público más allá de la materia mercantil, y se considera que la fedación debe de circunscribirse única y exclusivamente para los efectos y la materia consignada en la presente ley, acorde a las atribuciones del legislador federal,  por lo que en todo caso, se sugiere su modificación para quedar: “Actuar como fedatario público para hacer constar cualquier hecho jurídico o relacionado con los efectos y la materia consignada en la presente ley”.

Al respecto, se cita enseguida una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada con este tema, destacándose lo conducente, y que en su momento fue considerada por esta soberanía al aprobar las reformas a la Ley Federal de Correduría Pública de 2006, por establecer que los corredores públicos no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, por ser actos jurídicos de naturaleza civil, la cual corresponde legislar de forma exclusiva a las legislaturas locales:

Tesis jurisprudencial 113/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“CORREDORES PÚBLICOS. ESTÁN FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÉN INVESTIDOS (REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE AQUELLAS.Conforme a los artículos 6°, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Correduría Pública y 54 de su Reglamento,así como en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades, en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos, y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, si se toma en cuenta que la representación orgánica comprende actos como el nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles (Consejo de Administración, Administradores o Gerentes), por ser éstos quienes en términos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles representan orgánicamente a la empresa, es indudable que los corredores públicos están autorizados para certificar tales actos; sin embargo, no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, los cuales son actos jurídicos de índole civil regulados por la legislación común, pues el mandato es un contrato previsto en los Códigos Civiles de todas las entidades federativas del país y que implica un acto de representación voluntaria, en tanto que encuentre su fuente en la voluntad de las partes y se confiere precisamente a través del otorgamiento de un poder; de ahí que las pólizas y actas expedidas por los corredores públicos en que hagan constar la designación y facultades de representación de las sociedades mercantiles (representación orgánica), deberán admitirse para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre y cuando dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales y se trate de actos exclusivamente de carácter mercantil.”

Por otra parte, en lo relativo a la reforma a la fracción VII, promueve que el corredor público  pueda fungir como prestador de servicios de certificación de cualquier tipo, independientemente de su naturaleza, fuera de las limitaciones que señala la referida fracción en su texto vigente:

“VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y...”

Sobre el particular, estas comisiones consideran que ampliar la facultad de certificación fuera de los supuestos que actualmente prevé la propia fracción podría igualmente devenir en controversias sobre la validez de los mismos, bajo los argumentos previamente anotados y de conformidad a la interpretación que el máximo tribunal ha hecho en las resoluciones antes citadas.

Por lo que se refiere a la reforma del último párrafo al artículo 6º, estas comisiones no consideran conveniente dichas modificación, pues es importante prever tal y como lo hace el texto vigente, que todas las funciones contempladas en este artículo no son exclusivas de los corredores públicos,  y tal  como se plantea en la redacción propuesta que las fracciones I, II, III y IV “no se consideran exclusivas de los corredores públicos”, dejaría fuera las fracciones V, VI, VII y VIII, lo que podría interpretarse a “contrario sensu” como facultades exclusivas de los mismos.

Octavo. Adición al artículo 7

Mediante una adición al artículo 7, se pretende incluir que la sanción por infracción a este precepto será sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta y que en caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 7. Sólo podrán ostentarse como corredores las personas habilitadas por la Secretaría, en los términos de esta ley. La infracción a este precepto será sancionada con una multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, monto que podrá imponerse diariamente mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte y sin perjuicio  de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta.  En caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal.

Al respecto, estas comisiones consideran que no es necesaria dicha adición pues en la parte final del artículo vigente se prevé que las sanciones administrativas previstas en el mismo son “sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte” lo que se entiende aplicable a cualquier persona y en los tipos penales que consignen los ordenamientos tanto federal como los de la entidad federativa donde se pudiere realizar esa conducta.

Noveno. Reformas al artículo 16

Respecto a la reforma del artículo 16 de la iniciativa pretende realizar las siguientes adiciones:

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Cabe señalar que si bien no existe  inconveniente en rea-lizar esta reforma y adición, la Secretaría de Economía expresó en su opinión su pretensión de buscar la regulación de ese libro especial en forma electrónica para facilitar la vigilancia y control de los mismos, garantizar la eficacia de los servicios y poner a la vanguardia a la correduría pública.

Por lo antes expuesto, estas comisiones consideran agregar un tercer párrafo a la propuesta que permita a la Secretaría en comento realizar de mejor manera las funciones descritas y que facilite el control y revisión de los registros correspondientes, en el siguiente tenor:

“Además de los libros descritos, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características que se determinen en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.”

Décimo. Reformas al artículo 18

Por su parte, la propuesta de reforma al artículo 18 propone la siguiente redacción:

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

Al respecto, se advierte que se suprime la naturaleza mercantil de los actos jurídicos en los que interviene el corredor, ampliando las definiciones correspondientes a cualquier ámbito, al respecto, estas comisiones consideran convenientes los cambios previstos para hacerlos acordes a la fracción VIII del artículo 6º vigente de la ley, pero agregando la frase “en los que estén autorizados a intervenir.” para limitar las actuaciones a las materias previstas en las leyes federales, garantizando así la legalidad de los mismos.

Undécimo. Modificaciones al artículo 19

La iniciativa prevé realizar reformas al artículo 19 para quedar como sigue:

Artículo 19. Las pólizas y actas a que se refiere el artículo anterior deberán:

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas en cuyo caso el corredor no incurrirá en responsabilidad cuando las partes le declaren que conocen y entienden el contenido del documento.

VI. a XIII. ...

Se considera procedente la modificación al primer párrafo de la fracción V del artículo 19, para suprimir la referencia de que los documentos presentados en idioma extranjero también deban elaborarse en español y permitir las excepciones referidas a términos de ciencia y arte, así como nombres y marcas, ajustándose a la realidad comercial actual.

Sin embargo, respecto al supuesto considerado en el segundo párrafo que se propone adicionar a dicha fracción, en el sentido de no requerir traducción cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos, aspecto que se considera modificar para garantizar la plena seguridad jurídica de las partes y del propio corredor,  agregando al final del mismo la frase “siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.”

Duodécimo. Modificaciones al artículo 20

En relación a las modificaciones a la fracción V del artículo 20, que señala las prohibiciones a los corredores públicos, no se estima conveniente establecer al corredor público la prohibición de ser notario, en virtud de que hay leyes locales que no consideran incompatibilidad entre ambas funciones y pueden existir licenciados en derecho que ejercen la fe pública como notarios y como corredores públicos, habiendo acreditado los requisitos y capacidades correspondientes, es decir, se estima que no hay contraposición  entre la naturaleza de la función del notario y del corredor.

Por otra parte, la reforma propuesta a la fracción XI, no se considera adecuada porque implica otorgarles a los corredores públicos facultades para actuar como fedatarios en todas las materias, excepto en lo que expresamente les esté prohibido, siendo el caso que por su naturaleza sólo deben actuar en aquellas materias y casos que las leyes les permiten.

En relación con la fracción XII, estas comisiones no consideran conveniente derogarla toda vez que la misma permite afianzar la seguridad jurídica de todos los actos en los que los mismos intervienen.

Décima Tercera. Modificaciones al artículo 21

No es procedente la propuesta incluida en la iniciativa para suprimir la fracción XII contenida en la hipótesis prevista por el artículo 21, fracción II, por ser las consideraciones vertidas en el duodécimo punto de este dictamen.

Décima Cuarta. Adición de un artículo 24

La iniciativa propone la adición de un artículo 24 para incluir tipos penales vinculados con la función de los corredores públicos, a saber:

Artículo 24. Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, y multa de entre 500 a 10,500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra:

I. A toda aquella persona que a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para el otorgamiento de un instrumento u otro documento expedido en ejercicio de sus funciones.

II. A toda aquella persona que sin motivo fundado niegue la validez o fuerza probatoria de los instrumentos públicos otorgados ante corredor público; la sanción se duplicará en caso de que el infractor o su representante tenga título de licenciado en derecho o abogado.

III. Al solicitante de un avalúo que, a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para la formación del documento;

IV. A todo aquel que produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su validez.

Al respecto, cabe señalar que la conducta de falsificación de documentos, sean estos públicos o privados, se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en su artículo 243:

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de tres a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa.

Por su parte, la fracción VI pretende tipificar la conducta de producir instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su eficacia, se considera que estas conductas son cuestiones de incumplimiento de formalidades por lo que se sugiere que la sanción para estas debe ser de tipo administrativa y no de carácter penal.

Actualmente, la actuación de fedatarios públicos se encuentra tipificada en el Código Penal Federal es la de que: “el notario o cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funcionesexpida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”, la cual será acreedora a una pena similar a la prevista en el artículo 243.

Por otra parte, no sería congruente con el contenido del artículo 6°, ya que las facultades en fe pública previstas en dicho artículo “no son exclusivas de los corredores públicos”. Además, se generaría un “conflicto de normas” porque existen ordenamientos federales y locales que facultan a otros fedatarios a intervenir en materias en que actúan corredores públicos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran no procedente la adición del referido artículo.

Décima Quinta. Adición de un artículo 25

Mediante una adición de un artículo 25, la iniciativa incluye la obligación a las autoridades de prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones:

Artículo 25. Las autoridades deberán prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones.

Al respecto, estas comisiones consideran innecesaria esta adición, pues diversas autoridades locales y federales tienen entre sus atribuciones, en el ámbito de la colaboración, prestar el auxilio que requieran los servidores y fedatarios públicos para garantizar el debido ejercicio de sus funciones.

Décima Sexta. Artículos Transitorios

Estas comisiones estiman que los artículos tercero y cuarto transitorios de la iniciativa no son necesarios de incluir en el decreto, en virtud de las modificaciones a la misma que estás comisiones se han permitido realizar.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública.

Artículo Único:Se reforman los artículos 2; 3, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 4°, un tercer párrafo al artículo 16, y dos párrafos a la fracción V del artículo 19 todos de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

Articulo 2. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.

Artículo 3. ...

I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;

II. a VI. ...

Artículo 4. ...

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley les autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, fuera de su plaza, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

Artículo 19....

I.a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.

VI. a XIII. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.

Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 2009.

Tercera.En misma fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó propuestas de modificación a los artículos 4 y 18 del proyecto, las cuales fueron aprobadas por 84 votos y 2 en contra; el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados.

RESERVA QUE FORMULAN LOS SEÑORES SENADORES... INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO... AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL PROYECTO DE DECRETO PO R EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, QUE PASO A PRIMERA LECTURA EL PASADO JUEVES 22 DE LOS CORRIENTES EN LO REFERENTE AL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 18 DE LA LEY QUE SE PRETENDE REFORMAR.

Artículo 4

Texto actual:

Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.

Texto del dictamen:

Artículo 4 ...

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, solo en las materias en que la ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Al respecto, los suscritos consideran que la propuesta generaría confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones, pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia al propio encabezado del artículo 4°.

Conforme al artículo 5°, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción. Por lo anterior, al no contribuir a dar claridad y mejorar esta normatividad, se considera desechar esta propuesta.

La Ley Federal de Correduría Pública, busca proporcionar seguridad jurídica a los solicitantes de los servicios del Corredor Público, sin embargo, a lo largo de poco más de 16 años de vigencia, la realidad nos demuestra que la falta de claridad en algunos de sus preceptos, ha generado confusión y dudas al respecto de su exacta aplicación, lo que ha traído como consecuencia inseguridad jurídica para los usuarios de los servicios de dicho fedatario, la segunda parte que se pretende añadir al artículo 4°, generaría nuevamente dudas e incertidumbre sobre la actuación de los corredores, entre otras razones por lo impreciso de la formula “en aquellos lugares en donde la Federación ejerza jurisdicción de manera exclusiva”. Por lo que al ser contraria a la ratio de la ley y de las reformas a la misma de 23 de mayo del 2006, no compartimos la conveniencia de la aprobación de este numeral en lo particular.

En resumen proponemos que no se adicione el segundo párrafo del artículo 4°.

Artículo 18

Texto actual:

Artículo 18.Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que este autorizado a invertir como fedatario

Acta es la redacción escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

El corredor podrá expedir copias certificadas de las pólizas y actas en que haya intervenido, siempre que obren en su archivo y en el libro de registro correspondiente.

Texto del dictamen:

Artículo 18.Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplaresque expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantilrespectivos.

En relación con el numeral arriba transcrito se pretende básicamente modificar el concepto de póliza y acta. En el texto actual de la ley se limita y precisa claramente que los actas jurídicos que el corredor hace constar en una póliza y por su parte los hechos que son materia de un acta necesariamente deben ser de naturaleza MERCANTIL, lo anterior acorde a los límites esenciales de las facultades de los corredores. Resulta contradictorio y confuso que en la parte final del texto del artículo en el dictamen si se conserve la referencia a los actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

No encontramos justificación alguna para que en lo referente a las definiciones de póliza y acta se pretenda suprimir la naturaleza mercantilque define y limita los actos y hechos en ellas contenidos, y únicamente se mencione la formula “En los que esté autorizado a intervenir como fedatario”,  para referirse a los actos y hechos. Como se desprende de la lectura del dictamen elaborado por las comisiones, la actuación de los corredores está limitada en todo caso a la materia mercantil por lo que la reforma propuesta resulta inútil y por tanto innecesaria, ya que los actos y hechos en los que los corredores públicos están autorizados para intervenir como fedatarios son limitativamente y sin excepción de los mercantiles.

Consideramos que la propuesta de reforma al artículo 18 como aparece en el dictamen de las comisiones esta descontextualizado, es preciso tener presente que el texto propuesto por la iniciativa y el que se presenta en el dictamen para dicho artículo en particular son muy similares, sin embargo hay que tener presente que la iniciativa tal y como fue presentada a las comisiones para su estudio tuvo la pretensión de ampliar considerablemente el ámbito de las facultades de los Corredores Públicos cuando actúan como fedatarios, pretensión que con fundamento en los argumentos de carácter constitucional que fueron valorados por las comisiones de estudio determinaron categóricamente improcedente, de tal forma que el ámbito de actuación de los corredores seguirá restringido y circunscrito al ámbito mercantil  por lo que no hay otro tipo de casos en que esté autorizado para actuar como fedatario por lo que la reforma al artículo 18 de aprobarse en los términos propuestos sería contraria al sentido general del dictamen.

En resumen proponemos que NO se modifiquen los conceptos de póliza y acta del texto actual de la Ley (primer y segundo párrafos del artículo 18 de la ley)

Cuarta.Que los diputados que integran esta Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores.

Asimismo, consideran atinadas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar modificaciones a la iniciativa original, así como los argumentos que se apuntan en el dictamen en comento, por lo que los hace suyos para los efectos del presente dictamen.

Quinta.No obstante lo anterior, y partiendo de que la iniciativa plantea actualizar el artículo 2 de la Ley Federal de Correduría Pública, en el sentido de cambiar la referencia que se hace a la “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial”, por el vigente que es el de “Secretaría de Economía”, los diputados integrantes de la Comisión de Economía consideran que se debe actualizar de igual manera la fracción I del artículo 10 de la ley de referencia para quedar de la siguiente manera:

Artículo 10. ... I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;...

Sexta.En virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, con la modificación apuntada, para que en los términos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remita a la Cámara de origen para su discusión correspondiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública

Artículo Único.Se reforman los artículos 2º., 3o, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 19 de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 2.La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.

Artículo 3. ...

I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;

II. a VI. ...

Artículo 10....

I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;

II. y III. ...

...

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 18....

...

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

...

A rtículo 19. ...

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente.

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo;

VI. a XIII. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DE AMPARO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de febrero de 2010, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0262, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la Iniciativa

Expone el autor que el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que para que surta efecto la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en que el quejoso señale como acto reclamado el cobro de contribuciones y aprovechamientos por parte de la autoridad fiscal, éste debe realizar un depósito del total efectivo de la cantidad que importe el crédito fiscal relativo.

Añadiendo que para el otorgamiento de la suspensión en esta materia, además de satisfacer los requisitos a que alude el artículo 124 de la Ley de Amparo, el quejoso debe exhibir indefectiblemente el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo.

Por otra parte, manifiesta que el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, así como a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

Puntualizando que en contra del referido acto de embargo, dictado en un procedimiento administrativo de ejecución, procede, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías ante el juez de distrito, quien podrá discrecionalmente, conforme al artículo 124 de la ley en cita, otorgar la suspensión del acto reclamado.

Como anteriormente quedó anotado, para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, el artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la suspensión del acto reclamado podrá concederse previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, y que el precepto en comento prevé que el depósito debe cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal.

Señala que con las anteriores explicaciones para concluir que si el artículo 135 de la Ley de Amparo exige al contribuyente a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda; entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces un mismo crédito fiscal.

Al respecto, fundamenta su proposición en la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, con rubro GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.

Concluyendo que dicha jurisprudencia establece que si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta Comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones.

Primera. La suspensión en el juicio de Amparo es una medida cautelar que tiene por objeto mantener incólume o viva la materia u objeto sobre el que versa la controversia del juicio de garantías, en tanto se resuelve en definitiva el juicio.

En razón de ésta, las autoridades responsables se ven obligadas a detener su actuar durante el tiempo en que está en trámite el juicio de Amparo, evitando con ello, que se consume el acto que de ellas se reclama y daños o perjuicios de difícil reparación.

La Constitución Política de México señala en las fracciones IV, X y XI del artículo 107 expresamente lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

IV.En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;

Por su parte, la Ley de Amparo, establece que la suspensión procede en los juicios de Amparo Indirecto y Directo de la siguiente manera:

Ley de Amparo

Artículo 122. En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo.

Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y

g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Artículo 170. En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley.

Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.

Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles.

Segunda. La propuesta en estudio, propone adicionar un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, a efecto de que los jueces de Amparo otorguen, en su caso, la suspensión del acto reclamado sin que se les solicite a los quejosos exhibir el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo, cuando estos hayan garantizado el crédito fiscal a través del embargo practicado por la autoridad hacendaria.

Dicho precepto en la actualidad señala, lo siguiente:

Ley de Amparo

Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los depósitos.

Al respecto, esta Comisión coincide con la propuesta realizada por el diputado autor de la iniciativa, toda vez que, resulta un exceso que el quejoso tenga que garantizar, para que surta efectos la suspensión de los actos solicitada, el interés fiscal en tratándose de juicios de Amparo en contra del cobro de contribuciones y aprovechamientos, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar al quejoso a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

En ese sentido, resulta innecesario, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que, a través del embargo trabado por la autoridad hacendaria ya se garantizó el interés fiscal. En el entendido de que dicha concesión de la suspensión siempre será a juicio del juez de amparo, quien decidirá que con dicho embargo administrativo se garantiza el interés fiscal del crédito exigible, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo.

Dicho precepto establece lo siguiente:

Código Fiscal de la Federación

Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:

I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.

II. Prenda o hipoteca.

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.

IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

V. Embargo en la vía administrativa.

VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.

En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.

Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este artículo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció, emitiendo por contradicción de tesis la jurisprudencia número 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, misma que fundamenta la iniciativa a estudio:

Registro No. 166151

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Octubre de 2009

Página: 73

Tesis: 2a./J. 167/2009

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.El citado precepto establece que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, que surtirá efectos previo depósito del total de la cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o del Municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Sin embargo, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado es innecesario que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible esté suficientemente garantizado, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo. Lo anterior es así, ya que inobservar el referido embargo conllevaría al extremo de que la quejosa contribuyente tuviera que garantizar dos veces un mismo crédito fiscal, lo que sería contrario al principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.

Contradicción de tesis 266/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

De la jurisprudencia anterior, se advierte con meridiana claridad que, si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible, como el propio iniciante refiere, lo anterior toda vez que de lo contrario se estaría rompiendo con el principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.

En ese sentido, cuando el Amparo se solicite en contra del cobro de contribuciones y aprovechamientos, en caso de que el quejoso solicite la suspensión de dichos actos de autoridad, se deberá satisfacer los requisitos que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo y, en su caso, el requisito del artículo 135 de la misma ley, pero con la excepción de que no será necesario garantizar el crédito fiscal exigible, cuando la autoridad fiscal haya embargado bienes del contribuyente en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, y dichos bienes embargados son suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

Si se realizó embargo por las autoridades fiscales, y los bienes embargados son suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el embargo sea firme.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Retiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo(rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fueron turnados para su estudio y dictamen:

I. El expediente No. 4155, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada durante la LX Legislatura por la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, el día 21 de mayo de 2008.

II. El expediente No. 5756, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada durante la LX Legislatura por los diputados Elizabeth Morales García, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo y Jorge Luis de la Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Alma Hilda Medina Macías, Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, Alma Xóchil Cardona Benavidez, Carlos Alberto Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ricardo Franco Cazarez y Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, y Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 26 de marzo de 2009.

Asimismo, la Comisión de Juventud y Deporte recibió de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de la LX Legislatura, opinión de impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, citada en el párrafo anterior, mediante la cual señala que dicha iniciativa no implica impacto presupuestario.

III. El expediente No. 817, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el día 3 de diciembre de 2009.

IV. El expediente No. 1547, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 4 de marzo de 2010.

V. El expediente No. 1728, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 25 de marzo de 2010.

VI. El expediente No. 2421, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 26 de mayo de 2010.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción I, la diputada expone que la razón de ser de los organismos gubernamentales que sectorizan su intervención hacia los ciudadanos, como las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños, sería el esquema de ideal aplicación para el caso de las y los jóvenes, con una actuación que exprese un compromiso de mucho mayor impacto socio económico.

Por lo que la estructura del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) tendría que pensar su vinculación con otras instancias de la administración pública federal, para así conformar actividades coordinadas y que repartan responsabilidades a favor del desarrollo social, con un enfoque distinto para todos los diferentes subgrupos de la población juvenil.

En este sentido, el Instituto Mexicano de la Juventud debe dirigir esfuerzos más amplios, para enriquecerse de los aportes que las organizaciones de la sociedad civil general para la población joven cada vez más diversificada, indica la legisladora.

La diputada promovente señala que la experiencia internacional ha tenido éxito en la implementación de la Perspectiva de no discriminación, entendida ésta como un enfoque o dirección de las políticas públicas que contempla un parámetro de inclusión a partir del carácter integral e indivisible de los derechos humanos.

Por ello, mediante la iniciativa que presenta, pretende incorporar una visión garantizadora de tal instrumentalización institucional (la perspectiva de no discriminación), mediante la adición del presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) al grupo de funcionarios de la administración pública federal que conforman la Junta Directiva del referido Instituto.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción II, los legisladores destacan que, como una respuesta a las necesidades de la dinámica social de la época, en los años noventa surge la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, vigente a la fecha, la cual respondió positivamente a dichas exigencias; sin embargo, durante los años subsecuentes hubo cambios sociales importantes y la población juvenil se incrementó de manera relevante, al grado de alcanzar aproximadamente 27.2 millones de jóvenes, entre los 103 millones 263 mil 388 habitantes del territorio nacional.

Lamentablemente, destacan los diputados promoventes, estos cambios han llevado a los jóvenes a enfrentar serios problemas que impiden su desarrollo pleno e interrelación social. La persistencia de situaciones sociales adversas para el desarrollo de las y los jóvenes, como pobreza, desi-gualdad, desempleo, violencia, falta de valoración de sus aportes, discriminación, entre otros problemas, impactan a nuestra sociedad, lo que hace indispensable redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo y la inclusión de la juventud mexicana.

Para contrarrestar estos fenómenos sociales es indispensable actualizar la legislación en materia de Juventud, indican los promoventes, dotando al Estado mexicano de las herramientas jurídicas e institucionales necesarias, tales como fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud para que lidere la formulación, protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes en toda la República Mexicana.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción III, la diputada expone que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle.

En este sentido señala que, dada su importancia, el Instituto Mexicano de la Juventud debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la no discriminación, si en verdad se quiere que tenga una incidencia positiva en la calidad de vida de los jóvenes mexicanos. Por ello se considera como elemental que dentro de la ley que lo rige se haga especial énfasis en la no discriminación, por lo que propone incorporar con claridad a la Ley de la materia que los jóvenes serán objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Asimismo, considera que debe quedar plasmado en la ley que el Instituto tiene por objeto, además de los citados en la ley, el de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes, y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada.

También argumenta la necesidad de orientar las políticas, programas y acciones en ámbitos estratégicos con el fin de informar y desarrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos.

En el mismo sentido expone que, dada la relación hombres-mujeres que guarda la población mexicana que se encuentra entre los 12 y 29 años, el evidente impacto de la discriminación sobre ellos, y el significado negativo respecto del disfrute de sus derechos fundamentales, es necesario que formen parte de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud un representante del Instituto Nacional de las Mujeres y otro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De esta manera se agregarían experiencias positivas, ampliamente probadas y profesionales, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones que caracteriza a instituciones como el Instituto.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción IV, el legislador señala que, ante las grandes dificultades para incorporar a la juventud mexicana al desarrollo económico nacional, una primera acción legislativa que se hace indispensable respecto a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es modificar las disposiciones legales relativas a la integración de su órgano de dirección, a fin de incorporar en él a tres integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se garanticen dos aspectos básicos:

1. Mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional de juventud, así como de los programas especiales a cargo del Instituto.

2. Contribuir al mejor, eficiente e imparcial funcionamiento del Instituto en la prestación de sus servicios y aplicación de sus programas a fin de que se cumpla el objeto para el cual fue creado.

Asimismo indica el diputado, con el afán de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y fortalecer el sistema de rendición de cuentas, se propone establecer como facultad del director del Instituto presentar a la Cámara de Diputados un informe anual de actividades.

La razón que motiva esta propuesta para el promovente es dar cumplimiento cabal y urgente a objetivos y acciones pendientes en este rubro, y asegurar que dicha institución responda a los intereses de todos los jóvenes, sin distingo, conforme al orden jurídico establecido.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción V, el diputado promovente expone que se reporta la población de jóvenes mexicanos más grande que jamás se ha visto en la historia, lo que representa un rango de oportunidad para cambiar al país de verdad.

Asimismo señala que lamentablemente hay datos que nos muestran una realidad decepcionante tales como por ejemplo: de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nunca antes tantos jóvenes emigraron del país en busca de una vida mejor, de los cuales siete de cada 10 inmigrantes tienen entre 15 y 24 años; según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 100 por ciento de los egresados a nivel nacional, únicamente 30 por ciento encuentra empleo en el primer año, y de éstos, sólo 30 por ciento labora en la actividad en la cual ha sido formado con sus estudios.

Ahora bien, agrega el legislador, al hacer una revisión de las funciones que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Juventud, en relación con las oportunidades laborales para los jóvenes, se detectó que su participación es únicamente informativa y en algunos casos de vinculación con programas también de carácter informativo, como el Servicio Nacional de Empleo por Teléfono.

En este contexto, propone dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de atribuciones para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y, decididamente, aprovechar al máximo el capital humano juvenil, hasta ahora desperdiciado.

La principal meta, agrega el diputado, es lograr por un lado el desarrollo de los jóvenes de México en el aspecto profesional y económico, y por el otro, fomentar una cultura empresarial que impulse el desarrollo económico por su elemento poblacional más importante: los jóvenes.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción VI, el legislador promovente destaca que la importancia de las y los jóvenes en México es enorme, no sólo por el número que representan respecto a la población total, sino porque se erigen como los conductores del progreso en todos los ámbitos de la vida nacional, motivo por el cual han sido apoyados a fin de aprovechar su potencial en la construcción de un mejor país.

Asimismo, refiere que en 1999 fue creado el Instituto Mexicano de la Juventud, encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud para incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.

Sobre el particular indica que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud nace como respuesta a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la juventud y dé marco y fundamento a la actuación del gobierno para poner en marcha una política que construya oportunidades verdaderas para los jóvenes.

En este sentido, agrega el diputado, este instrumento jurídico ha dotado al Instituto Mexicano de la Juventud de amplias atribuciones que han contribuido a cumplir su labor.

No obstante los logros obtenidos y la gran labor que ha venido realizando el Instituto, estos no han sido suficientes, comenta el promovente, toda vez que en nuestro país las y los jóvenes han llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que se ha estado experimentando, por lo que los requerimientos por parte de este sector de la población han sido aún más evidentes, debido a la situación de rezago que enfrentan en los distintos ámbitos así como los obstáculos para participar plenamente en las decisiones nacionales.

Por todo lo anterior, el promovente justifica la necesidad de fortalecer al Instituto para continuar cumpliendo eficazmente con su intención, para lo cual propone:

a. Definir los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, como la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo.

b. Establecer los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos.

c. Fortalecer las atribuciones del Instituto otorgándole la atribución de elaborar el “Programa Nacional de Juventud”, estableciendo los criterios para su integración, diseño, contenido y evaluación de los resultados en el cumplimiento de sus objetivos y estrategias.

d. Fortalecer la política pública en materia de juventud mediante la creación de un “Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud”, encargado de garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su instrumentación y ejecución.

e. Crear un “Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud”, encargado de recabar la información más importante en materia de juventud, y establecer los mecanismos para generar las bases de datos con dicha información.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de todas y cada una de las iniciativas de referencia, tomando como eje rector la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, última iniciativa presentada en esta legislatura, con un contenido en lo sustantivo abundante y valioso para fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, misma que facilitó alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

El término joven corresponde a una etapa en la vida del ser humano que hace referencia a un parámetro cronológico comprendido dentro de los primeros años de vida, aunque los rangos que tal etapa incluye son variables; así, tanto la Organización de la Naciones Unidas como la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes identifican como joven a las personas que quedan comprendidas dentro del rango de los 15 y 24 años de edad. Para nuestra legislación vigente en materia de juventud son jóvenes las personas cuyo rango de edad se encuentra entre los 12 y los 29 años.

Actualmente en México, de los 107 millones de personas que componen la población total, 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33 por ciento del total de la población mexicana es de jóvenes.

Desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa.

Las cifras estadísticas revelan la situación en la que se encuentran:

En educación y empleo, 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan. De éstos, algunos son migrantes (2 millones), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón) como el empleo informal con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas, otros más están en los reclusorios (119 mil), y el resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.

De los jóvenes con empleo, la última encuesta sobre juventud arrojó que el 61.43 por ciento de las y los jóvenes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Por lo que hace a la cobertura educativa sólo en el nivel medio superior, origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, así por ejemplo, para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresará el 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla.

Respecto a la salud, el 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud, y adicionalmente el 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que como una respuesta concreta a la creciente demanda para regular, coordinar, promover y operar programas y estrategias de atención a la juventud, a principios del año 1999 se crea el Instituto Mexicano de la Juventud, como un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, también es verdad que la situación presente revela la necesidad de fortalecer a dicho Instituto, ya que ha sido rebasado en sus acciones para hacer frente a las necesidades de los jóvenes.

Por todo ello, las propuestas en estudio constituyen una fuente valiosa de aportación para fortalecer al Instituto, por lo que este órgano legislativo ha tenido a bien considerar el contenido de cada una de ellas, en los términos siguientes:

Sobre la propuesta citada en la fracción I:

Esta Comisión es consciente de la problemática que representa para los jóvenes la discriminación por parte de las autoridades o de otros grupos sociales, por el solo hecho de expresarse mediante diferentes gestos, movimientos, tatuajes, formas de vestir y expresiones artísticas como lo es la música.

De igual forma, este órgano legislativo coincide con la legisladora, sobre la necesidad de impulsar desde el Instituto una perspectiva de inclusión y no discriminación hacia los jóvenes en el quehacer de promover la integración de los jóvenes a la sociedad, por lo que se considera fundamental incluir su propuesta en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Sin embargo, respecto a la propuesta para el artículo 8, en el sentido de incluir al presidente de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, esta Comisión llama la atención que esta modificación contravendría a la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 18, pues se superaría el límite legal establecido de miembros propietarios y de sus respectivos suplentes, y siendo el Instituto un organismo descentralizado de la administración pública federal, este debe cumplir con lo establecido en dicha ley. Por lo tanto este órgano legislativo considera conveniente invitar de manera permanente a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud a un representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el cual, si bien no tendrá voto, enriquecerá con su opinión la visión de inclusión y no discriminación en las políticas dirigidas a los jóvenes.

Sobre la propuesta citada en la fracción II:

La Comisión de Juventud y Deporte coincide con los legisladores promoventes en el sentido de que, aunque en la ley vigente ya se contempla el Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas, hace falta dar una visión más clara del mismo, por lo que resulta conveniente cambiar su nombre al de Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, y precisar su objeto, que será dar seguimiento a los programas tanto del instituto como de las demás secretarías y entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de Juventud y presentar sus resultados y opiniones al director general del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas que tenga a bien hacer.

Asimismo, es importante dotar al Instituto de atribuciones para promover la no discriminación o exclusión social de las y los jóvenes, y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intergeneracional, sin exceder sus atribuciones en el ámbito de juventud, por lo que la propuesta sin duda alguna contribuirá al cumplimiento de dicho fin.

La armonización de diversas disposiciones con los ordenamientos vigentes es básica para brindar certeza jurídica, por lo que la propuesta se recoge en lo que da mayor claridad.

Sobre la propuesta citada en la fracción III:

Este órgano legislativo comparte la visión de la legisladora promovente respecto a que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle.

Por ello también coincide en que el Instituto Mexicano de la Juventud debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la inclusión y a la no discriminación, para generar una verdadera participación e integración de los jóvenes a la sociedad. En este sentido considera viable y de impacto positivo incorporar con claridad a la ley de la materia que los jóvenes serán objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, como lo cita expresamente nuestra Constitución, y que además generará una perspectiva de cohesión social.

De la misma manera comparte la propuesta en el sentido de armonizar distintos artículos de la Ley de la materia para fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada.

Este órgano dictaminador sostiene que toda política pública debe estar orientada correctamente para cumplir con el objetivo como el caso de las políticas de juventud, la cuales, en coincidencia con la promovente, deben estar orientadas en ámbitos estratégicos con el fin de informar y desa-rrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes, así como para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos. La indicación en la Ley de orientar las políticas públicas y difundirlas entre los jóvenes para conocer sus derechos y sus obligaciones, viene a dar mayor seguridad social.

Por último, en cuanto a la propuesta de fortalecer a la Junta Directiva del Instituto en la toma de sus decisiones, con una visión más clara sobre la equidad de género y la no discriminación, tomando en cuenta que son dos de los grandes problemas que se viven entre los jóvenes, esta comisión considera valiosa y de impacto positivo la propuesta de invitar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud tanto a representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y de cualquier otra institución de la cual el Consejo considere primordial conoces su opinión para el mejor despacho de sus responsabilidades, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones del Instituto.

Sobre la propuesta citada en la fracción IV:

Este órgano legislativo es consciente de que a lo largo de los años se han presentado grandes dificultades para incorporar a la juventud mexicana al desarrollo económico nacional, y aun más durante los últimos años durante los cuales la población juvenil se incrementó de manera histórica hasta alcanzar su mayor número, 35 millones de jóvenes de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población al 2010, la cual seguirá creciendo durante la próxima década. En este sentido, reconoce que es urgente implementar acciones para impulsar el desarrollo de los jóvenes. Así las cosas, la Comisión de Juventud y Deporte reconoce el empeño del diputado promovente por aportar a este fin, particularmente destaca la propuesta que plantea para incorporar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud a tres integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se garanticen dos aspectos básicos:

1. Mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional de juventud, así como de los programas especiales a cargo del Instituto.

2. Contribuir al mejor, eficiente e imparcial funcionamiento del Instituto en la prestación de sus servicios y aplicación de sus programas a fin de que se cumpla el objeto para el cual fue creado.

Sin embargo, atendiendo al principio de autonomía de poderes, resulta improcedente dicha propuesta. Lo anterior resulta contundente al revisar la disposición del artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual prohíbe expresamente incluir a legisladores de la Cámara de Diputados en la Junta Directiva de los organismos paraestatales, y siendo el Instituto Mexicano de la Juventud un organismo paraestatal, no se pueden incluir legisladores de la Cámara de Diputados como miembros de su Junta Directiva.

En cuanto a la propuesta de establecer como obligación del director del Instituto presentar a la Cámara de Diputados un informe anual de actividades, en el afán de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y fortalecer el sistema de rendición de cuentas, este órgano legislativo encuentra innecesaria la propuesta en virtud de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 69 ya se establece la obligación del Presidente de la República de presentar anualmente un informe de labores del estado que guarda la administración pública del país, y se faculta a la Cámara de Diputados para ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar, entre otros, a los directores de las entidades paraestatales, siendo el Instituto Mexicano de la Juventud uno de ellos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Asimismo, el artículo 93, faculta a la Cámara de Diputados para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal.

Además, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente ya contempla en el artículo 8, fracción VII, la obligación del director del Instituto el publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto.

Sobre la propuesta citada en la fracción V:

La Comisión de Juventud y Deporte coincide con el diputado promovente respecto a la oportunidad que se presenta para nuestro país al contar con 35 millones de jóvenes, el mayor número en su historia, y que seguirá aumentando durante la próxima década. También concuerda con la difícil realidad en la que se encuentran estos jóvenes, con escasas oportunidades para estudiar y para encontrar empleo, por citar algunos ejemplos.

Bajo este panorama, la propuesta del legislador, en el sentido de dar mayores atribuciones al Instituto Mexicano de la Juventud, para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y, decididamente, aprovechar al máximo el capital humano juvenil, resulta de la mayor relevancia como una manera vinculante del Estado hacia los jóvenes, que les otorgará mayores oportunidades de insertarse al campo laboral.

Por lo anterior, esta Comisión considera viable y valiosa la propuesta del diputado para trabajar en el desarrollo de los jóvenes.

Sobre la propuesta citada en la fracción VI:

La Comisión de Juventud y Deporte concuerda con la exposición de motivos expuesta por el diputado promovente la cual refiere sobre la oportunidad de desarrollo que representa para nuestra nación el contar con un verdadero bono demográfico constituido por 35 millones de jóvenes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, al 2010, y de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, particularmente al Instituto Mexicano de la Juventud, para atender eficazmente las necesidades de esos jóvenes, de los cuales, muchos se encuentran en situaciones de rezago.

Asimismo, coincide en que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud surge en el año de 1999 y viene a dar respuesta a las necesidades de las y los jóvenes de la época. Sin embargo, con el paso de los años la población juvenil fue creciendo considerablemente y es así como llegamos al 2010 con una población que asciende a 35 millones de jóvenes, y con una Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sin actualizarse. Es decir, urge contar con una ley que incorpore las disposiciones jurídicas que otorguen al Instituto la fuerza para atender las necesidades de los jóvenes.

En este orden, al revisar las propuestas específicas del diputado esta comisión tuvo a bien hacer las siguientes reflexiones:

Sobre la propuesta de establecer en la ley los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, como la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo, la propuesta se considera viable y necesaria, máxime porque la visión que esta Comisión ha venido proyectando en su trabajo es precisamente el de la transversalidad en las políticas a favor de los jóvenes, las cuales deberán implementarse por el organismo rector en la materia, con la finalidad de permear a lo largo de las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus competencias. En cuanto a la propuesta de incorporar a la ley los principios de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres, esta comisión resalta que dichos principios ya están contemplados dentro del texto constitucional, sin embargo, debido a la cultura discriminatoria que aún se percibe en nuestra sociedad, resulta necesario incorporarlos al ordenamiento jurídico en estudio como criterios rectores de la conducción de las políticas de juventud, a fin de generar el impacto que se persigue. Finalmente, el principio del fomento al federalismo debe estar presente en la ley, para orientar el ejercicio de las políticas públicas de juventud en las que las instituciones competentes de los diferentes órdenes de gobierno deben trabajar.

Respecto a la sugerencia de establecer los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos; este órgano legislativo considera que, primero; es necesario orientar las políticas de juventud tendientes al desarrollo de los jóvenes tomando en cuenta sus necesidades por lo que, la incorporación de los criterios que orientarían la ley resulta de suma funcionalidad, y segundo; los lineamientos que propone el diputado promovente se apegan a las necesidades que presentan los jóvenes de nuestro país, resultando viable su incorporación a la ley.

En cuanto a la iniciativa para que el Instituto Mexicano de la Juventud sea quien elabore el Programa Nacional de Juventud, la comisión dictaminadora la considera como necesaria ya que, si bien, actualmente es el propio Instituto quien se encarga de elaborar el documento tomando en cuenta el Plan Nacional de de Desarrollo, resulta fundamental establecer en la ley la atribución específica de que sea el Instituto quien tenga la obligación de elaborarlo, pues es el órgano rector de las políticas públicas de juventud en todo el país, es quien conoce las circunstancias en las que se encuentran los jóvenes en todo el país, y es quien jurídicamente debe establecer las metas, los compromisos y los mecanismos para su cumplimiento y evaluación.

Por lo que se refiere a la creación de un “Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud”, encargado de garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su instrumentación y ejecución, para fortalecer la política pública en materia de juventud, esta Comisión de Juventud y Deporte aplaude la propuesta ya que comparte la idea de que es necesario crear este tipo de organismos que verdaderamente fortalecen las instituciones, pero también es de resaltarse que cualquier organismo de esta naturaleza deberá estar integrado por los actores idóneos en el tema, a fin de garantizar que realmente aportarán con su trabajo en el fortalecimiento de las políticas de la institución a la cual pertenecen. Asimismo, deberán tener objetivos y atribuciones específicas que orienten su trabajo y permitan alcanzar los objetivos por los que fueron creados.

El objeto del órgano que se propone es garantizar la correcta aplicación de las políticas, sin embargo, los integrantes que se consideran son los mismos titulares de las secretarías que conforman la Junta Directiva del Instituto, por lo cual resulta innecesaria la creación de este nuevo órgano. Asimismo, resultaría difícil de alcanzar el objetivo que se persigue al ser juez y parte las autoridades que presiden dicho órgano. En todo caso bastaría con darle mayores atribuciones a la Junta Directiva del Instituto. La propuesta no contiene atribuciones para el órgano que se propone, lo cual hace incierto el objetivo que se plantea para el mismo, máxime porque se deja en manos de la propia Junta Directiva la aprobación de sus atribuciones a través del Estatuto de Gobierno. Tampoco prevé quien presidirá el organismo, lo que es fundamental para su correcto funcionamiento. Tampoco se toma en cuenta el impacto presupuestal de la propuesta. Por lo anterior, se sugiere replantear la propuesta a partir de considerar su integración con actores ajenos a los miembros de la Junta Directiva del Instituto, que trabajen con los jóvenes; y desarrollar las atribuciones y funcionamiento que orientarán el trabajo del organismo.

Por lo anterior, atendiendo a la intención de la propuesta del legislador promovente, esta comisión le encuentra mayor viabilidad a través de enriquecer las atribuciones de la Junta Directiva, otorgándole la atribución para aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud. De esta forma la Junta Directiva tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento de la política nacional de juventud y con ello, la integralidad, la transversalidad, la mejor calidad de vida de los jóvenes, y todas las consideraciones previstas para la definición de la política nacional de juventud.

Sobre la propuesta para crear el “Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud”, para encargarse de recabar la información más importante en materia de juventud, y establecer los mecanismos para generar las bases de datos con dicha información, este órgano dictaminador igualmente reconoce al diputado promovente su esfuerzo para fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, asimismo, considera novedosa la propuesta y especialmente importante ya que tiene la convicción que, de esta manera, realmente se fortalece a las instituciones en pro de la sociedad. Lamentablemente, para el caso específico la comisión encuentra la propuesta con las siguientes deficiencias que la hacen inviable: no señala quienes serán las fuentes que alimentarán el sistema, por ejemplo, las secretarías que deberán segmentar la información relativa a la juventud; no se desarrollan sus atribuciones ni la manera de funcionar; no es clara la propuesta cuando se refiere que “permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las aspiraciones, intereses y prioridades, así como la realidad de los jóvenes ...”. Establece el sistema de difusión, pero no señala obligación alguna para difundir la información; no considera el impacto presupuestal. En resumen, la propuesta como está planteada difícilmente tendría un impacto positivo en el desarrollo de los jóvenes. Por ello, se sugiere replantearla desarrollándola a partir de establecer con claridad su integración, objetivo, funcionamiento, atribuciones, etcétera, para que de esa manera se cuente con organismos e instituciones fuertes y productivos. Ahora bien, rescatando la parte sustantiva de la propuesta del legislador, esta comisión incorpora al proyecto la facultad del Instituto para celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud. De esta manera el Instituto estará en posibilidades de allegarse de toda la información sobre juventud.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, actual fracción V; 4, actuales fracciones I, II, y X; 5, fracción III; 8, párrafo segundo; 9, fracción II; 13; 14; 15; y se modifica la denominación del Capítulo IV, para quedar como “Del Régimen Laboral y Seguridad Social” y se adicionan los artículos 3, con una fracción I recorriéndose en su orden las demás fracciones; 3 Bis; 4, con las fracciones I, V, X, y XII, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 4 Bis; 9, con una nueva fracción II, recorriéndose en su orden las demás fracciones y 15 Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desa-rrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 3....

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. a V. ...

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VII. ...

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes;

II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos;

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para hacerlos exigibles;

V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad de las políticas públicas, y fomentar el federalismo institucional de las dependencias responsables en la materia de juventud.

Las políticas públicas con criterio de integralidad se refieren a la ejecución de programas y acciones que procuran cubrir las necesidades básicas de los jóvenes, y promueven su desarrollo personal, social y económico.

La transversalidad de las políticas públicas, es la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, en el ámbito de su competencia;

VI. Prever una asignación y distribución presupuestal suficiente que permita cumplir con la política nacional de juventud.

El presupuesto tendrá un enfoque de juventud que implica programar un gasto público que tenga como objetivos: satisfacer las necesidades básicas de la juventud; promover su reconocimiento social, y potencializar a los jóvenes como agentes estratégicos para el desarrollo del país.

Para la institucionalización del presupuesto con enfoque de juventud, se identificarán los recursos destinados para cumplir los fines señalados en el párrafo anterior, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con la normatividad aplicable, y

VII. Considerar a la familia, como institución social básica transmisora de los valores culturales de la sociedad, en la que los jóvenes representan el elemento más importante de enlace intergeneracional.

Artículo 4....

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación;

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;

III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte;

IV. y V. ...

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud;

VII. a XI. ...

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud, y

XVI. ...

Artículo 4 Bis. El Programa al que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberá ser diseñado desde una perspectiva que promueva la participación de las instituciones gubernamentales y académicas, organizaciones de la sociedad civil, principalmente de los jóvenes, y demás sectores involucrados con la juventud, además de lo que prevé la Ley de Planeación.

El Programa Nacional de Juventud será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la programación de las acciones de los estados y los municipios en la materia.

Artículo 5. ...

I. y II. ...

III. Los subsidios, aportaciones federales, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.

Artículo 8. ...

I. y II. ...

La Junta Directiva podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

...

Artículo 9. ...

I. ...

II. Aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud;

III. Autorizar los presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;

IV. a XV. ...

Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control que formará parte de su estructura. El titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en las disposiciones legales aplicables.

El Instituto proporcionará al titular del Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus facultades.

Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, y ejercerán las facultades que les confiere el artículo 60 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 15. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud es un órgano que tendrá por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a los jóvenes tanto del Instituto como de las demás Secretarías y Entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas correspondientes.

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta de Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas.

Los cargos de consejero son honoríficos y se desempeñarán por un período de dos años. El Consejo ciudadano se renovará por mitad cada año.

Los demás requisitos para la integración y renovación del Consejo ciudadano, así como las atribuciones y funcionamiento de éste, se establecerán en el Estatuto Orgánico del Instituto y la convocatoria pública correspondiente aprobada por la Junta de Directiva.

Capítulo IVDel Régimen Laboral y Seguridad Social

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las nuevas atribuciones que en virtud de este decreto se otorgan al Instituto Mexicano de la Juventud serán atendidas con los recursos humanos, financieros y materiales con los que hasta la entrada en vigor del presente decreto cuenta dicho Instituto.

Tercero. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud deberá quedar constituido en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud se harán dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos descentralizados.

Notas:

1 Estimaciones para el 2010 del Conapo.

2 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

3 INEGI, conteo 2005.

4 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

5 SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

6 Encuesta Nacional de Juventud 2005.

7 Encuesta Nacional de Salud 2006

8 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre de dos mil diez.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.»

Es de primera lectura.

LEY DE VIVIENDA - LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 57, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. El antecedente histórico de la minuta de referencia, es el siguiente:

• Con fecha 20 de noviembre de 2007, el senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los senadores integrantes de la Comisión de Vivienda, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan al artículo 19, fracción II, un párrafo, se adiciona la fracción XXIV y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 22 la fracción I, y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 29 la fracción V y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 33 la fracción I y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 34, fracción I, un párrafo de la Ley de Vivienda.

• Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

• Elaborado el dictamen en comisiones unidas, fue presentado ante el pleno de la Cámara de Senadores a primera lectura el 14 de octubre de 2008, y aprobado por 97 votos por esa Cámara el 16 de octubre del mismo año.

• Se integró la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil, y con fecha 19 de octubre de 2008 se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

Segundo. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 21 de octubre de 2008, los Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la minuta que remitió la colegisladora.

Tercero. El Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

Cuarto. La minuta que origina el presente dictamen tiene como objeto:

• Contar con políticas públicas, que permitan prever las contingencias en desastres naturales y antropogénicos, y actuar con programas permanentes en materia de vivienda, reubicación de asentamientos humanos y de auxilio a la población.

• Propone que la Ley de Vivienda, deba estar vinculada con la Ley General de Protección Civil, con lo que se busca que la dependencia encargada de coordinar la Política Nacional de Vivienda, cuente con instrumentos de control y previsión de desastres en el diseño de las políticas públicas de vivienda y asentamientos humanos.

• Propone una adición a la Ley General de Protección Civil la cual tiene por objeto que la materia de prevención de desastres se convierta en una constante para la planeación y ordenación del territorio, y para la creación de nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos humanos tanto rurales como urbanos.

III. Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Vivienda con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la minuta de referencia.

Segunda. Que el dictamen favorable a la iniciativa referida, realizado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, establece como fundamento de su posición lo siguiente:

“... C. Estas dictaminadoras coinciden parcialmente en el planteamiento original de la iniciativa, puesto que derivado de una análisis jurídico, concluimos por una parte, desechar la adición al artículo 22 y 33 de la Ley de Vivienda, puesto que resulta improcedente la participación del titular de la Segob en un órgano interno de la Conavi, por abocarse solo a cuestiones de carácter administrativo. En el mismo sentido, también, consideramos improcedente la adición propuesta del artículo 33, lo que estrictamente, hace innecesaria la participación del titular de la Segob, lo que se puede subsanar proponiendo una adición a la Ley General de Protección Civil, como lo plantearemos más adelante.

...

D. Por otra parte, estas dictaminadoras aceptan reformar con modificaciones los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda; replanteando la redacción de los mismos, pero conservando el espíritu originalmente planteado, de acuerdo a la técnica legislativa, puesto que el asunto materia de la iniciativa, debe partir de la premisa, que el ordenamiento y la planeación de las ciudades, de la infraestructura, la vivienda y los asentamientos humanos deben ser una prioridad para evitar que los fenómenos meteorológicos y los desastres naturales se puedan prever o disminuir su impacto económico y social, y por tanto se requiere adicionar una fracción VIII y recorrer las subsecuentes, al artículo 16 de la Ley General de Protección Civil.

Por lo anterior estas dictaminadoras, estiman procedente la adición de la fracción VIII y recorrer las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil,

...

De esta manera, la creación de nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos humanos rurales y urbanos, se convierten en una gran oportunidad para que la planeación y ordenación del territorio sea una constante en materia de prevención de desastres de cualquier naturaleza.

E. Si bien es cierto que las materias de planeación, protección civil, vivienda y gestión del desarrollo urbano, son atribuciones legales de los gobiernos municipales y estatales, se requiere de un marco institucional federal fuerte, con elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y eficazmente a los gobiernos locales. ...

Se requiere una política de planeación, infraestructura, desarrollo urbano y vivienda, eficaz que dé certidumbre a todos los sectores sociales, que favorezca una estructuración urbana más equitativa y eficiente, que promueva la consolidación de ciudades densas y compactas, con criterios de prevención de riesgos y desastres naturales, con una mezcla adecuada de usos del suelo, la operación eficiente de transportes públicos y la adecuada dotación de suelo, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos. Asimismo, es necesario que contribuya a la sustentabilidad, ...

F. En particular, esta política de protección civil y planeación urbana-rural debe asegurar que los conjuntos habitacionales que se realicen estén vinculados al tejido urbano, cuenten con equipamientos, transporte público y una relación efectiva con los centros de trabajo; debiendo también impulsar la identificación de zonas de alto riesgo, recuperación, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos urbanos; todo ello, para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

...

En ánimo de instrumentar políticas, estrategias y proyectos que tengan como elemental variable la planeación y la prevención en caso de desastres naturales, para implantar medidas para evaluar pérdidas humanas y materiales, después de ocurrido un fenómeno natural o antropogénico.

G. Estas comisiones que dictaminan estiman mencionar que es necesario atender las necesidades de una emergencia derivadas de la ocurrencia de un fenómeno natural o antropogénico, es decir, poder estimar qué recursos deberán ser destinados a la zona afectada; y mejorar la calidad en la contratación de seguros de la infraestructura pública, tal como escuelas, hospitales, viviendas, vías de comunicación, entre otros temas concurrentes.

H.Por tanto, estas comisiones que dictaminan consideran que resulta jurídicamente viable y conveniente alinear los contenidos sustantivos de la Ley de Vivienda con los de la Ley General de Protección Civil, no obstante que los de carácter adjetivo no sean convenientes de incorporarse; lo anterior para evitar la vulnerabilidad de la población generada por los asentamientos irregulares y por la falta de políticas públicas que prevean que en la construcción de nuevos desarrollo habitacionales, la ordenación territorial sea congruente con las medidas preventivas establecidas en la legislación en materia de protección civil.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, someten a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 19, fracción II, un párrafo, se adiciona la fracción XXIV y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 29 la fracción V, se reforma al artículo 34, fracción I, un párrafo de la Ley de Vivienda; y se adiciona al artículo 16 la fracción VIII y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.”

Tercera. Que esta comisión, estima legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar las modificaciones a la iniciativa original y que se plantean en la minuta de referencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto y para los efectos del apartado A del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 34 la Ley de Vivienda; y 16 de la Ley General de Protección Civil

Primero. Se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29 y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como siguen:

Artículo 19. Corresponde a la Comisión:

I. ...

II. Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, y el desarrollo sustentable;

III. a XXII. ...

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la Política Nacional de Vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos, y

XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. a IV. ...

V. Proponer medidas para planear y ordenar la actividad habitacional, bajo lineamientos orientados a la prevención de desastres naturales y antropogénicos, en los términos del Programa Nacional de Protección Civil;

VI. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la administración pública federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los diversos sectores productivos del país;

VII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y acciones de vivienda;

VIII. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y

IX. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación.

Artículo 34. Para cumplir con su objeto, la Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:

I. Vincular las acciones de fomento al crecimiento económico, de desarrollo social, desarrollo urbano, desarrollo rural, ordenación del territorio, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, mejoramiento ambiental y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, con la Política Nacional de Vivienda;

II. a VIII. ...

Segundo. Se adiciona la fracción VIII y se recorren las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 16. El Consejo Nacional es un órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:

I. a VII. ..

VIII. Promover ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de Protección Civil en la Política Nacional de Vivienda;

IX. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional, y

X.Las demás atribuciones afines a éstas que le encomiende el titular del Ejecutivo federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, el 5 de octubre de 2010.

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica) secretarios; Laura Arizmendi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 30 de octubre de 2008.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 30 de octubre de 2008, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 9 de febrero de 2006, los diputados Manuel López Villarreal y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Economía.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 23 de marzo de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modificó la iniciativa de referencia por 322 votos a favor y 1 abstención.

3. En fecha 28 de marzo de 2006, el Senado de la República recibió la minuta correspondiente, turnándose para su dictaminación a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.

4. En fecha 14 de octubre de 2008, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 79 votos el dictamen de las comisiones dictaminadoras que modificó la minuta de origen, enviándose en esa misma fecha a esta Cámara de Diputados a efecto de continuar con el trámite legislativo.

5. El pleno de la Cámara de Diputados, en fecha 30 de octubre de 2008, resolvió turnar para su estudio a esta Comisión de Economía la minuta de referencia.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segunda.Que la minuta de referencia en resumen propone lo siguiente:

• Adicionar un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para establecer que el presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Tercera.Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la minuta enviada por la colegisladora al señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son muy importantes en la creación de empleo y en el impulso al crecimiento económico.

Aunado a lo anterior, estas comisiones reconocen que incrementar la competitividad de nuestro país es una necesidad impostergable. Las empresas micro, pequeñas y medianas, requieren de programas y fondos de fomento y apoyo por parte de los gobiernos para establecerse, crecer y desarrollarse en condiciones favorables para su competitividad.

Los mecanismos de apoyo a las mismas son sin duda un estimulo para la capacidad de emprender que nuestros connacionales han demostrado tener.

Los beneficios económicos y en la creación de empleos que aportan no pueden menospreciarse: más 7 de cada 10 empleos formales en México son generados por micro, pequeñas y medianas empresas, que generan además más del 52 por ciento del PIB nacional (Datos de la Secretaría de Economía y del Inegi en: Resumen ejecutivo Fondo Pyme 2007 www.fondopyme.gob.mx).

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras consideramos que el Presupuesto de Egresos de la Federación es un valioso instrumento de política económica que busca asignar de manera eficiente y equitativa el gasto público para impulsar y fomentar el crecimiento económico, el desarrollo social y una mejor distribución del ingreso, por lo que tiene un impacto de gran alcance para la sociedad.

De igual forma, reconocemos que el presupuesto para el desarrollo y crecimiento de las Mipymes es, más que un gasto, una importante inversión para el país. Toda vez que estos recursos fomentan la inversión productiva en la creación de empresas y de empleos y, por lo tanto, el fomento a su establecimiento y desarrollo es una responsabilidad inexcusable de los poderes públicos, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, que deben convertirse en los principales promotores de la actividad de este sector, aportando asesoría, capacitación, orientación, y recursos económicos en condiciones competitivas para impulsar la generación, viabilidad y desarrollo de las Mipimes (sic) mexicanas.

Estas comisiones dictaminadoras, no omiten mencionar que es de vital importancia articular una estrategia con visión de largo plazo, ya que los cambios que se pueden dar en cada ejercicio de gobierno en el enfoque, contenido e instrumentos de la política hacia Mipymes poco favorecen el avance y modernización de las empresas de menor tamaño. Además consideramos que lo deseable sería incrementar sustancialmente los fondos de apoyo a este sector.

Por ello, garantizar que los recursos que se destinan a estas actividades de fomento, al menos no disminuyan, es una forma de asegurar una atención mínima a este sector a la vista de su aporte a la economía nacional y el empleo. Cualquier esfuerzo que se haga para apoyarlas es absolutamente justificado.

Por otra parte, consideramos pertinente la inclusión de esta previsión en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ya que es el instrumento normativo idóneo para plantearla, de conformidad con el objeto de la misma, establecido en su artículo 1:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

Estos recursos estarán destinados a programas de apoyo que coordina la Secretaría de Economía, que es la responsable de coordinar las acciones previstas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes.

Finalmente, cabe destacar que en los últimos años el Presupuesto Federal ha destinado cantidades para el apoyo y fomento a Mipymes menores al 0.2 por ciento del monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la medida propuesta no compromete de manera relevante la asignación del gasto público federal, ni resta flexibilidad en su integración a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo a la vista de los beneficios que estos fondos pueden acarrear a la economía nacional.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, se considera procedente aprobar la propuesta contenida en la minuta en estudio, para que el Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no pueda ser inferior, en términos reales, al presupuestos autorizado en el ejercicio fiscal anterior; por lo que estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2....

...

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Transitorios

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Cuarta.Es importante mencionar los cambios que sufrió la iniciativa original a lo largo del trámite legislativo, a fin de ubicar el tema materia del presente dictamen:

1. La iniciativa original proponía como redacción de la reforma el término “El presupuesto de egresos de la Federación”.

2. El dictamen de la Comisión de Economía de la LX Legislatura, que fue el aprobado por esta Cámara de Diputados, modificó la iniciativa original y utilizó el término “El presupuesto federal”.

3. El dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, modificó la minuta proveniente de esta Cámara y retomó el término de la iniciativa original, es decir, la frase “El presupuesto de egresos de la Federación”.

Aclarado lo anterior y de conformidad con el apartado E del artículo 72 constitucional, la discusión en esta Cámara de origen sólo puede versar sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones realizadas por la Cámara revisora, por lo que lo procedente es analizar si el término “El presupuesto de egresos de la Federación”, es uno que tiene una connotación más apropiada al de “El presupuesto federal”.

Cabe decir, que ni en el dictamen aprobado por esta Cámara de origen, ni el aprobado por la Cámara revisora, hacen referencia o justificación alguna a la modificación del término referido.

En este sentido, los diputados que integran esta Comisión de Economía de la LXI Legislatura, estiman que existe afinidad en la definición que al término presupuesto de egresos de la federación da la minuta que se dictamina, y el que a ese mismo término expresa la Constitución Política Mexicana

Asimismo, el término presupuesto de egresos de la federación es uno que tiene concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el mismo es mencionado literalmente en los artículos 74 fracción IV, 100, 116 y 122, no así el de presupuesto federal, al cual la Carta Magna no hace referencia alguna.

En ese sentido, siendo la Constitución el documento de máxima jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico, resulta evidente que el término presupuesto de egresos de la federaciónes uno que es más apropiado que el que originalmente utilizó esta Cámara de Diputados, de ahí que lo correcto sea aceptar la modificación proveniente del Senado.

Quinta.Que en virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y remitir en su momento al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Único.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2....

...

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de junio de 2010.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica en contra), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica en abstención), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica en contra), Sergio Gama Dufour (rúbrica en contra), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por los diputados Enoé Margarita Uranga Muñoz del Partido de la Revolución Democrática y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Seguridad Social corresponde dictaminar la iniciativa en comento.

En cumplimiento del turno realizado por la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social, emite el siguiente:

Antecedentes

I. Con fecha nueve de marzo de dos mil diez la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Seguridad Social para su estudio y elaboración de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por los diputados Enoé Margarita Uranga Muñoz y Rubén Ignacio Moreira Valdez, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente. Esta comisión es competente para examinar el contenido de la citada iniciativa, en los términos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior de esta H. Cámara de Diputados.

II. Del análisis de la exposición de motivos de la citada iniciativa se desprende que busca la igualdad en los derechos de Seguridad Social de las familias derivadas de las Sociedades de Convivencia del Distrito Federal y Pactos Civiles de Solidaridad del estado de Coahuila, con los hogares de matrimonios heterosexuales la cual significa un avance innegable en la cultura de la no discriminación por motivos de preferencia sexual que es fundamental continuar fortaleciendo.

Contenido de la Iniciativa

Los proponentes de la iniciativa, consideran que el derecho a la no discriminación es transversal a los derechos humanos sustantivos; uno de los cuales es el de la seguridad social, por lo cual, es indispensable que a las diversas instituciones distintas al matrimonio heterosexual que nos hemos dado para reconocer jurídicamente, les sean garantizados sus derechos a la seguridad social. La legislación debe reconocer en forma efectiva, el derecho que los diversos estados de la república dan a las instituciones civiles para atender a nuestra realidad y a la mejor convivencia ciudadana tal y como corresponde a la federación.

El avance mejora la formación y comportamiento tolerante de nuestra sociedad hacia quienes son diferentes y favorece la cohesión social al combatir expresiones de intolerancia y de exclusión social hacia estas familias, cuando éstas tienen las mismas necesidades de seguridad social.

Los autores refieren que los trabajadores asegurados, unidos civilmente a través de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, Pactos Civiles de Solidaridad, cumplen con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida que quienes han contraído matrimonio heterosexual, o viven en concubinato, pero no reciben el mismo trato legal, ni la misma contraprestación o beneficio para sus familiares, lo cual se traduce en una desigualdad de derechos.

La iniciativa tiene la intención de eliminar la discriminación que aún enfrentan quienes han suscrito algunas de las figuras jurídicas vigentes tanto en el Estado de Coahuila como en el Distrito Federal, ya sea como Pacto de Solidaridad o como Sociedad de Convivencia, para acceder al derecho a la seguridad social que el Estado mexicano proporciona a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, toda vez que tales figuras dan reconocimiento a familias de estas entidades que no se conforman bajo patrones tradicionales.

Consideraciones

El sistema de seguridad social en nuestro país ha tenido como una de sus finalidades la protección del individuo y su familia.

El concepto de familia actualmente ha cambiado, y como consecuencia de esos cambios se han reformado las legislaciones en el Distrito Federal y Coahuila reconociendo los derechos derivados de estos cambios y otorgando protección legal a estas nuevas figuras entre las que se incluye a la familia homoparental.

La regulación legislativa de la familia corresponde a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, situación por la cual en las referidas entidades federativas se llevaron a cabo tales modificaciones a la forma en que el Estado concibe a la familia.

Siendo así que si la Ley del Seguro Social tiene como uno de sus objetivos la protección social de la familia, no existe razón alguna por la que se deba negar la protección familiar a las parejas unidas bajo las figuras de sociedades de convivencia o matrimonio de personas del mismo sexo, para el caso del Distrito Federal; o pactos civiles de solidaridad, para el caso de Coahuila y en su caso, para el resto de los estados que integran la Federación y que en su momento consideren realizar cambios legislativos para el reconocimiento de familias homoparentales.

El marco constitucional ampara la naturaleza del pacto federal sobre el cual se funda el Estado mexicano; se considera que para la mayoría de los diputados del estado de Coahuila de Zaragoza y del Distrito Federal, es indispensable que a los instrumentos que se han dado legalmente para reconocer jurídicamente la realidad de los hogares distintos al matrimonio heterosexual, les sean garantizados plenamente sus derechos a la seguridad social inscritos en el ámbito federal de cuyo contrato político son parte.

En ese sentido, la iniciativa no solamente pretende que los actos jurídicos bilaterales existentes en el país accedan a la seguridad social sin discriminación, también incita a que el H. Congreso de la Unión reconozca y respete en forma efectiva y no limite el derecho que los diversos estados de la República tienen para darse las instituciones civiles que requieren para atender sus evidentes realidades familiares y a la mejor convivencia de su ciudadanos tal y como corresponde a la federación.

Siendo así que para el caso de algunas otras formas de familia, el Consejo Nacional de Población ha afirmado que los cambios demográficos de finales del siglo XX “contribuyeron a la configuración de nuevos contextos familiares en el país...propiciando nuevos arreglos residenciales e inéditas formas de organización de la vida en familia...Todo parece indicar que la disminución de hogares de parejas con hijos, el aumento de los hogares monoparentales, los de parejas sin hijos y los hogares unipersonales serán los ejes que marcarán el rumbo de los arreglos residenciales en México.”

La Ley del Seguro Social vigente, establece quienes son los beneficiarios y en qué modalidades son únicamente las beneficiarias, por el hecho de ser mujeres y en casi todos los casos por ser cónyuge o concubina.

La conclusión inevitable es en el sentido de que las familias son una institución social dinámica en permanente transformación, cuyos cambios requieren ser reconocidos y protegidos por el derecho. Sin duda, entre estas formas familiares se encuentran las homoparentales, aquellas integradas por parejas formadas por personas del mismo sexo con hijos. Esto es así, porque hay que convenir que las familias son fundamentalmente, un espacio de vinculación de afectos, un espacio en que los seres humanos transmiten su experiencia vital, pero, esencialmente, comparten sus sentimientos y anhelos.

El actual artículo 5-A de la Ley del Seguro Social tal y como se encuentra redactado, da pie a interpretar que dicha Ley protege los derechos de los matrimonios homoparentales, sociedades de convivencia y pactos civiles de solidaridad, no obstante tal circunstancia, la redacción actual de la Ley del Seguro Social genera confusión en su interpretación al realizar distinciones entre géneros al otorgar derechos que dependen de esta circunstancia.

El Congreso de la Unión carece de competencia para definir las modalidades de integrar una familia, de acuerdo con el artículo 73 constitucional, ya que como se ha mencionado con antelación, esta materia es competencia de las legislaturas locales; sin embargo, resulta imperativo que la federación realice los cambios legislativos correspondientes para dar cobertura de Seguridad Social a los distintos tipos de familias que se reconozcan en los entes políticos que integran la federación.

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la seguridad social es la protección de la familia; por lo que en una interpretación armónica de la Ley del Seguro Social con los conceptos de familia de los estados de la federación y el Distrito Federal, no existe razón para dejar sin seguridad social a este tipo de uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país.

El reconocimiento legal de estas nuevas instituciones, es mediante un acto jurídico sancionado por la ley, considerando que el acto jurídico se define como: “Es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos sancionados por la Ley y que precisa de elementos esenciales sin los cuales no puede existir como son: a) La voluntad y b) Un objeto posible. En tal sentido, tanto los Pactos Civiles de Solidaridad como las Sociedades de Convivencia comprendidas y reconocidas por una legislación local, son actos jurídicos bilaterales, puesto que se celebran voluntariamente (de común acuerdo) entre dos personas con el objeto de establecer un hogar común, con la voluntad de permanencia y la ayuda mutua, por esos actos se derivan obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes.

Puesto que, estos actos jurídicos bilaterales, en la práctica son también un tipo de uniones, en éste caso de carácter civil, el vocablo “Unión Civil” servirá para ser considerada en la parte de definiciones tanto de la Ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social, como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando se hable del Pacto Civil de Solidaridad o de la Sociedad de Convivencia o de alguna otra unión civil.

Las figuras jurídicas que reconocen la composición real de los hogares mexicanos se colocan a la vanguardia al responder a las nuevas necesidades de organización familiar que caracteriza a las sociedades actuales y en ampliar el deber del Estado para con ellas. De ahí que la reforma que se plantea apela a que el Federalismo no se reduce a una noción formal y puramente jurídica, sino que se refleja como una expresión viva, cotidiana y profunda del acontecer social y político, del cual la diversidad de hogares no ha sido cabalmente abarcada y muestra rezagos frente a una realidad que exige su entero reconocimiento para hacer efectivos los derechos fundamentales que se sustentan en la Carta Magna, tal como ha sido el caso de los estados donde ya se han registrado, con apego al federalismo que configura a la nación.

Esta Comisión de Seguridad Social también acepta que las reformas aquí propuestas se corresponden con la mundialización, en la cual está inmerso el país, pues las normas jurídicas están evolucionando vertiginosamente. Así, en general, los países que encabezan la lista de desarrollo humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), han reconocido la Seguridad Social y de hecho la igualdad de derechos respecto del resto de la población, para parejas del mismo sexo.

Existen algunos de estos países que han dado pasos similares atendiendo a sus propios esquemas jurídicos. Por ejemplo, vale la pena señalar las diferencias sustantivas que tenemos con Canadá, país que articula y organiza su sistema en materia de seguridad social a partir de un criterio de acceso ciudadano efectivo y no discriminatorio a estos derechos.

Esta Comisión admite que uno de los factores que contribuyen a explicar la desigualdad que actualmente caracteriza al sistema de seguridad social en el país, radica en que éste está basado en un modelo de familia tradicionalmente heteronormativa, que actualmente está rebasado ante el avance visible de una realidad social más compleja y diversa. Lo anterior se confirma con la irrupción constitucional del Derecho a la no Discriminación, que trastoca y otorga una nueva dimensión al campo de los derechos humanos, en particular al derecho a la seguridad social.

La reforma que se propone encuentra sustento en el Derecho a la no Discriminación que está contemplada en nuestro marco constitucional, en donde las preferencias sexuales quedaron prohibidas expresamente en nuestro Estado. Continuar con la actual legislación generaría el incumplimiento de este principio constitucional de no Discriminación. Esta Soberanía considera indebido desconocer los derechos de Seguridad Social a las familias homoparentales.

En respeto a los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de ordenamiento jurídico de mayor nivel, establece esta serie de derechos en su artículo 1 señalando que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Este sentido, se confirma en el artículo 4º, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la Ley Reglamentaria de este artículo 1º, y donde explícitamente se señala que se trata de las preferencias sexuales como motivo de discriminación. De tal forma que la Carta Magna aclara que la discriminación en cualquiera de sus formas es inconstitucional porque atenta contra la dignidad de las personas y con ello perjudica la cohesión social. Por su parte, la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 señala que:

XXIX. “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

En su apartado B, que corresponde a los trabajadores del Estado, este mismo artículo 123, ubica en su fracción XI, las bases mínimas de la seguridad social, las cuales son similares en cuanto que protege de accidentes y enfermedades y cubre aspectos en la maternidad, asistencia médica y medicinas, incluyendo a los familiares de los trabajadores y otros beneficios sociales como vivienda, tiendas económicas y centros vacacionales.

El impacto de esta práctica discriminatoria sitúa en desventaja y en extrema vulnerabilidad económica y social a quienes no son derechohabientes de dicho sistema, ya que se abandona al individuo y a su familia en el cuidado de su estado de salud, se restringen sus oportunidades para mejorar sus ingresos, se le niega el acceso a servicios sociales y culturales y se le rechaza de cualquier previsión para la vejez.

Además, como es bien sabido, el Derecho a la no Discriminación no se constriñe únicamente al marco constitucional, dado que es norma constante en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a cuyos tratados y declaraciones se ha obligado dar cumplimiento el Estado mexicano. El Derecho a la Seguridad Social, por lo tanto, es un compromiso internacional que no puede ser negado por motivo de discriminación, y sus componentes son sin duda, necesarios para edificar el proyecto de vida personal y familiar de toda persona, sea cual sea su orientación o preferencia sexual, ya que están expuestas por igual y a lo largo de su vida a los riesgos y a las contingencias de la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

El reconocimiento a la realidad universal de una diversidad familiar se vislumbra en la observación general No. 19 referente al artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, relativo al derecho a la seguridad social, entre otras cosas manifiesta que no hay un concepto único de familia y que más allá de esto:

Cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a un grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23. Por consiguiente en sus informes, los Estados Partes deberían exponer la interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de su alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos...En vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio.

En esta misma ruta de reconocimiento de la existencia de muchos tipos de familias, se han pronunciado las Conferencias Internacionales del Cairo y Beijing. De hecho, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, México convino reconocer como deber y compromiso, “elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a las familias, que contribuya a su estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de formas”.

La Seguridad Social es asimismo definida por la Organización Internacional del Trabajo como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no darse, ocasionan una desigualdad de derechos traducible en la práctica como desigualdad de oportunidades y de trato respecto al resto de las familias, convirtiéndose en los hechos, en una especie de castigo o sanción para quienes no cumplan con los postulados hegemónicos ni se adscriban o ajusten al modelo único. Esto contradice a la realidad y niega a la diversidad como un valor ético que se debe promover.

Al respecto cabe señalar que el Estado mexicano debe atender, como todos los demás Estados Parte de la comunidad internacional las estipulaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que para este efecto implica al artículo 22 siguiente:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Del mismo modo, se encuentra el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que garantiza el Derecho a la constitución y a la protección familiar:

Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, el cual es el documento que contiene los principios legales para la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género, establece en su numeral 13-A que los Estados: “Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte”.

Es importante resaltar que los hogares juegan un papel mediador entre la sociedad en su conjunto y cada persona portadora de derechos y es en este espacio doméstico en donde se posibilitan los vínculos económicos más estrechos para la satisfacción de las necesidades básicas así como para la reproducción cultural y normativa. El reconocimiento jurídico de los cambios en los arreglos que subsisten en su seno permite por lo tanto, mejorar la calidad.

Cabe recordar que el quehacer legislativo debe atender a las demandas sociales, así como resolver y prever las problemáticas que al conglomerado social puedan presentarse. En síntesis, no puede desconocer el esfuerzo de dos entidades integrantes del Pacto federal que han decidido hacerse cargo de la realidad social que se les impone, como es la existencia de familias distintas a la tradicional y a la necesidad de dar seguridad social a quienes aportan y por ende, tienen legítimo derecho a ella y que no reciben sus beneficios por un vacío en la norma; pero más importante aún, debe ser garante del respeto a la norma y a la no conculcación de la misma como podría ser la discriminación a un importante y productivo sector social sino se reforman los ordenamientos materia del presente dictamen.

La legislación federal no debe obstaculizar los derechos sociales reconocidos en estas dos entidades integrantes del Pacto federal, antes al contrario, debe servir de marco propicio a la armonización legislativa de los derechos humanos. La reforma propuesta busca respetar e impulsar la autonomía de los procesos legislativos innovadores y creativos, que consoliden la voluntad política de enfrentar las nuevas demandas y realidades sociales, a partir de valorar los importantes avances en las legislaciones locales, concretamente de Coahuila y el Distrito Federal, que admiten ya en sus ordenamientos una realidad constatable como lo son las familias diversas entre personas del mismo género.

El avance referido en ambas entidades para reconocer distintas modalidades de arreglos familiares es civilizatorio por varias razones. En primer lugar, fortalece el marco de laicidad al permitir el respeto a la libertad de las personas para decidir el proyecto de vida que desean tener.

Un Estado constitucional del siglo XXI, no puede ni avalar, permitir o perpetuar las prácticas de intolerancia, exclusión y discriminación, dado que la recomposición del tejido social debe ser su prioridad a través de acciones que favorezcan una reforma social apegada a sus deberes en derechos humanos. La omisión legislativa en este terreno, no se corresponde con una actitud para con los nuevos retos que la sociedad reclama.

La propuesta asume que las sociedades son cambiantes y evolucionan, requiriendo reformas que favorezcan la cohesión social, al combatir expresiones de exclusión hacia estas familias, siendo que tienen las mismas necesidades de seguridad social que las familias enmarcadas en esquemas tradicionales. De manera que el hecho de representar proyectos de vida diferentes no puede ser motivo para no acceder al derecho a la seguridad social.

Además, constituye un paso más contundente para lograr hacer de la diversidad un valor amplio y profundamente incluyente. Esto contribuye al diálogo entre distintos que es premisa fundamental de cualquier democracia.

Por último, pero no menos importante, responde al Principio de Igualdad que asiste a todas las personas en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos y al progreso que amerita la ratificación de los tratados e instrumentos jurídicos en la materia. Esta iniciativa por ende, atiende todas las dimensiones de este Principio, al perseguir la igualdad de derechos y con ello la igualdad de trato y de oportunidades para todos los arreglos familiares bajo los cuales las personas se desarrollan.

Bajo esta mirada resulta relevante el reciente pronunciamiento realizado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien dentro de sus observaciones finales al V Informe que el Estado mexicano presentó ante dicha instancia, incluyó la recomendación de que el Gobierno mexicano debe reconocer los derechos LGBTI, ya que se trata de uno de los grandes pendientes.

No es despreciable el hecho tampoco de que el mismo gobierno federal en su reciente participación en la sesión 54° de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, incluyó en su informe, como ejemplo de avance en materia de derechos humanos, la aprobación de la Ley de Sociedad en Convivencia del Distrito Federal, de manera tal que no resulta comprensible que se niegue al interior lo que se presume hacia fuera del país de lo alcanzado por este gobierno local.

Para cualquier entidad que genere los cambios legislativos similares a los de Coahuila y el Distrito Federal, resultaría injustificado, el trato discriminatorio de negar la protección y beneficios derivados de la seguridad social a las parejas unidos por pactos de civiles, concubinatos, sociedades de convivencia o matrimonios homparentales en los cuales haya un miembro con derechos de la seguridad social que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Cabe destacar que tal segregación es todavía más violatoria de estos derechos, en tanto que el trabajador o trabajadora asegurados o unidas civilmente, cumple con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida que quienes han contraído matrimonio, o viven en concubinato, pero no recibe ni el mismo trato legal, ni la misma contraprestación o beneficio para sus familiares que éstos últimos.

La ley legitima prácticas discriminatorias que deben ser erradicadas, de manera que se evite cualquier interpretación que valide el acceso al derecho de seguridad social exclusiva y excluyentemente por un patrón heteronormativo, donde las parejas del mismo sexo o arreglos familiares que no pasan por relaciones sexoafectivas nada más pierdan su derechos a los servicios o beneficios de la seguridad social. Las Sociedades de Convivencia establecidas en el Distrito Federal incluso permiten por ejemplo, dar cobertura jurídica a quienes celebren dicha unión civil sin que necesariamente tengan que ser homosexuales.

Vale la pena traer al análisis, la opinión de otro especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ha efectuado todo un replanteamiento de definiciones como la del matrimonio, ante la necesidad que existe ante numerosos modelos de familia que no pasan por la unión previa y formal como la que implica el matrimonio tradicional. Jorge Adame en su disertación aristotélica, ética y jurídica llega al resultado de demostrar la inviabilidad de que este tipo de definiciones, como la de matrimonio, le competan o sean decisión que le corresponde tomar al legislador y de hecho propone la incursión en nuevos caminos para rehacer este concepto.

Este investigador señala, como bien lo ratifica Nuria González, que:

...en lugar del precepto de la Constitución mexicana que dice que el matrimonio tiene la validez y los efectos que determinen las leyes, convendría reconocer este otro principio: “que la unión entre personas tendrá la validez y efecto que determinan los propios contrayentes”...Y según sea la unión que quieran, así será la justicia natural de su amistad y la justicia que el ordenamiento jurídico deberá reconocer a esa unión.

Ambos especialistas en ciencias jurídicas coinciden en expresar que:

...no corresponde a la legislación pública (provenga del legislador nacional o de órganos supranacionales) establecer una sola forma de unión entre varón y mujer, sino reconocer las diversas posibilidades de unión, y dejar que sean los propios contrayentes quienes decidan el tipo de unión que quieran hacer y los efectos de esa unión.

De esta forma refuerzan el sentido democrático, igualitario y libertario de un Estado respetuoso de las decisiones del individuo, ya que en su análisis, más que el acto ceremonial en sí, colocan el énfasis de estas adecuaciones jurídicas a la garantía de derechos como el de la seguridad social.

Es por eso que se propone corregir mediante esta reforma y adiciones a las definiciones de ambos ordenamientos legales objeto de esta iniciativa, un carácter hermenéutico más amplio que obligue al Estado mexicano a incorporar al trabajador o a la trabajadora y a quienes legalmente decidan compartir su proyecto de vida al disfrute de los mismos derechos, independientemente de sus preferencias sexuales o afectivas.

En lo tocante al impacto presupuestal que puede significar esta reforma, se considera que no existe detrimento en las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la cuota obrero-patronal que se aporta a tales instituciones abarca per se la posibilidad de que el afiliado o afiliada tenga una pareja y en su caso, hasta descendientes o ascendientes como beneficiarios de los servicios de salud y seguridad social; es decir, que los afiliados homosexuales no pagan una cuota distinta a la que pagaría cualquier otro derechohabiente heterosexual.

Se deduce que no existe mayor costo de lo que está considerado, derivado de que al fijar las cuotas obrero-patronales, éstas son calculadas teniendo como base el salario que percibe el cotizante y por lo tanto, se le considera por cuestión generalizada como una persona heterosexual que posiblemente tendrá o tiene un concubinato o un matrimonio; luego entonces, si a un derechohabiente que aporta su cuota para la cobertura de seguridad social de su pareja, no existe argumento financiero para afirmar que si es del mismo sexo que el aportarnte, resulta en un gasto no considerado, máxime que al afiliar a los trabajadores sus preferencias sexuales no inciden en la cuota que habrán de pagar el patrón y trabajador.

De lo anterior, resultaría en un argumento falaz el considerar que una persona por el hecho de tener una pareja de sexo distinto le resulta más barata la cobertura social, y una persona con una pareja de su mismo sexo, resultaría en una cobertura más onerosa.

Así, estos derechohabientes no disponen de los mismos servicios y contraprestaciones que sí reciben los trabajadores casados en matrimonio heterosexual o en concubinato y, en cambio, los institutos administradores de la seguridad social sí perciben los mismos beneficios financieros, ahí sí, sin hacer distingo alguno entre las y los trabajadores casados o no, reafirmando un trato injusto por discriminación, contrario a los principios de solidaridad social que deben regirlos.

También es importante señalar que la iniciativa refiere el cálculo elaborado por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social ante el previsible desafío que representará para su operación la necesaria aceptación de este tipo de reconocimientos civiles, y que se presentó en el documento denominado Evaluación de los Riesgos Considerados en el Programa de Administración de Riesgos Institucionales de 2008.

Entre los supuestos que el Instituto Mexicano del Seguro Social consideró para hacer efectivo el reconocimiento a figuras como las de Sociedad de Convivencia y los Pactos de Solidaridad, están que se infiere que cerca del 2.3 por ciento de los asegurados trabajadores del IMSS son homosexuales, con tasas de 2.8 hombres y 1.4 mujeres por cada 100 personas de cada sexo, respectivamente.

En términos generales, la estimación repercute en dos tipos de seguros del instituto: el derecho a las pensiones de viudez de los seguros de Riesgo en el Trabajo (SRT) y de Invalidez y Viudez (SIV). Dicha magnitud se haría extensiva bajo el supuesto (en el caso más extremo) de que el 59 por ciento tendría una pareja estable, quisiera formalizarla y compartiera el mismo hogar.

Esta Comisión de Seguridad Social hace hincapié en la improcedencia del cálculo que refiere la iniciativa, dado que es evidente que, a partir de los datos duros del registro efectivo de estas uniones del año pasado que encontró en su investigación legislativa, las proyecciones del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto del número de uniones en Sociedad de Convivencia o Pactos de Solidaridad por año son a todas luces exageradas.

La evidencia echa abajo la estimación del IMSS, que con supuestos tan frágiles y exagerados establece que el impacto de la reforma sobre el Seguro de Retiro del Trabajo y del Seguro de Invalidez y Viudez, llegaría en 2010 a un total de 123, 436 asegurados homosexuales. Como se puede observar existe una diferencia sustantiva entre lo que la realidad señala con lo que el IMSS estima y por lo tanto, esta Comisión considera que en ningún momento las reformas ponen en riesgo financiero a dicho instituto y por similitud, tampoco al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado.

Las personas que decidieron cobijarse en relaciones jurídicamente reconocidas como el Pacto de Solidaridad, la Sociedad de Convivencia o bien matrimonio entre personas del mismo género, constituyen verdaderas familias y que corresponde al Estado su reconocimiento y tutela legal, pues la discriminación impide que sus derechos laborales sean ejercidos cuando se les niega el acceso a la seguridad social a sus compañeras o compañeros civiles, conviviente o cualquier otra categoría derivada de las uniones civiles. La presente iniciativa tiene por objeto corregir esta práctica y reconocer textualmente, en las leyes respectivas, tales derechos.

El reconocimiento a la diversidad familiar de estas dos entidades y las que en el futuro realicen los cambios legislativos para reconocer los tipos de familia homoparentales, legitima a las y los interesados que han cumplido sus requisitos de ley para reclamar las prestaciones correspondientes a modalidades de seguridad social como pensiones, disposiciones testamentarias especiales o beneficios o provechos por prestaciones sociales. Una especialista, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de hecho integra a estas dos figuras dentro de sus análisis de las nuevas estructuras familiares, señalando las peculiaridades de cada una de ellas como son el hecho de que una se inscribe en el registro civil y la otra no.

Esta Comisión apunta que un aspecto sobre el cual avanza el dictamen, a partir de la intención de garantizar el derecho a la Seguridad Social a los matrimonios y uniones civiles ya referidas, es el que tiene que ver con el tiempo para que el concepto de permanencia de las relaciones de concubinato se acorte de cinco a dos años. El criterio que aplican las legislaciones del orden civil para presumir cierta estabilidad o voluntad de permanencia y ayuda mutua en una relación conyugal distinta al matrimonio, como es el caso del concubinato, es un periodo de dos años. La ley se ha dado éste mínimo de tiempo de vida en común como referencia para establecer meritorio para la pareja o contraparte el reclamo de derechos fundados en dicha convivencia, tales como son las obligaciones alimentarias o sucesorias.

Pero además, si tanto la legislación del derecho civil como la de seguridad social comparten la finalidad de ordenar los términos en que se respaldan los derechos adquiridos por cada integrante de la pareja cuando se forma un hogar para la ayuda mutua, no existe motivo fundado que justifique la persistencia de dos temporalidades tan disímbolas como la de dos y cinco años. Si el matrimonio surte efectos inmediatos y en los hechos su duración puede ser menor a la que prevalece en uniones distintas a él, es de revisar jurídicamente estos criterios escasamente verificables.

En tal virtud, la iniciativa propone que, toda vez que lo que se protege es la permanencia de las relaciones afectivas y los derechos interpersonales que genera, éste supuesto requerido para reconocer el concubinato se puede confirmar transcurridos los dos primeros años, lo cual se retoma en varios de los artículos que se piensa reformar tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En este sentido, este dictamen considera la intención de la iniciativa presentada por la diputada Uranga y por el diputado Moreira, en lo que se refiere a la temporalidad exigida para establecer supuestos de estabilidad en la relación que motiva la unión civil, en primer lugar, porque ya ha sido reconocido y aprobado por dos entidades del Pacto federal y en segundo lugar porque es un término que más se apega al requisito que se pide a las familias fundadas bajo modelos más tradicionales.

Es importante señalar que la reforma tiene como finalidad la de ampliar el abanico de beneficiarios, a partir de la admisión del hecho de que también se cumple con el requisito de cotización a los institutos en comento. Debido a ello, esta Comisión decide apegarse a lo que jurídicamente ya está determinado y definido en las legislaciones de Coahuila y del Distrito Federal.

En la perspectiva de que en el futuro, otras entidades que conforman el pacto federal pueden realizar reformas en el mismo sentido que las ya efectuadas en el estado de Coahuila y en el Distrito Federal y en sintonía con el avance de los derechos humanos a nivel mundial, la inscripción de una definición genérica que pueda delimitar a este tipo de figuras novedosas dentro del derecho familiar a través de un término como el de Unión Civil, y debiéndose entender ahora al matrimonio en un sentido más amplio, en el cual se encuentre contemplado cuando los cónyuges son del mismo género, tal como se pretende al introducir dicho concepto en el artículo 5-A, fracción XX de la Ley del Seguro Social y en el artículo 6, fracción XXX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta pertinente en opinión de esta comisión dictaminadora.

Como Unión Civil se comprende a todo acto jurídico bilateral que, de inicio involucra una manifestación voluntaria de compartir un proyecto de vida entre personas del mismo o distinto sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena para decidir establecer un hogar con voluntad de permanencia y ayuda mutua, a partir del cual se derivan obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes.

La igualdad de derechos que debe corresponder en el ejercicio del derecho a la seguridad social, queda reflejado en la homologación de los mismos efectuada en la modificación a la mayoría de los artículos, donde se incorpora la leyenda “a quien haya suscrito una unión civil”, con lo cual se alcanza a dar la misma cobertura que la alcanzada por las figuras del matrimonio y del concubinato.

Asimismo, con la finalidad de hacer más acorde la iniciativa que se dictamina, esta comisión considera que debe ser modificado también el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de igualar los derechos de los beneficiarios de los seguros que refiere tal cuerpo normativo, sean amparados sin distinción de género, ya que si el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere la igualdad ante la ley, no tiene razón de ser una norma que discrimine por cuestiones de género, máxime en los casos en que las uniones civiles o matrimonio puedan ser entre personas del mismo sexo.

Por lo expuesto se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 5-A, fracción XII; 64, párrafo tercero, fracción II; 65; 66, párrafos tercero y cuarto; 69; 84, fracciones I, II, III y IV; 130, párrafo primero; 137; 138, párrafo primero, fracción I, III y IV; 165, párrafos primero y segundo; 166, párrafo primero y se adicionan los artículos 5 A, con una fracción XX; 140, con un párrafo segundo a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5-A. ...

I. a XI. ...

XII. Beneficiarios: la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada y a falta de éstos, quienes hayan suscrito una unión civil o matrimonio con el asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada, cualquiera que fuere su sexo, a la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes de la o el asegurado ó de la o el pensionado señalados en la ley;

XIII. a XVII. ...

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal;

XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho período por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo;

XX. Unión civil: es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera.

Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombre y mujer.

Artículo 64. ...

...

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

I. ...

II. A la viuda o viudo de la o el asegurado, a quienes hayan suscrito una unión civil con la o él asegurado a la concubina o concubinario que le sobreviva y que hubiera dependido económicamente de la o el asegurado, se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. a VI. ...

...

...

...

Artículo 65.Sólo a falta de la o el cónyuge o de quien suscribió una unión civil tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien la o el asegurado vivió como si fueran matrimonio durante los dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien procreo o registró hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio o de haber suscrito una unión civil durante el concubinato. Si al morir la o el asegurado tenía varias o varios concubinos ninguno de ellos gozará la pensión.

Artículo 66....

...

A falta de viuda o viudo, o de quien haya suscrito una unión civil, huérfanos, concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.

Tratándose de la viuda o del viudo, o de quien haya suscrito una unión civil y que sobreviva, o de la concubina o concubinario, la pensión se pagará mientras éstos no contraigan matrimonio o suscriban una unión civil o vivan en concubinato. Al contraer matrimonio o al suscribir alguna unión civil, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue.

Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado o asegurada por riesgo de trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.

Respecto de quienes hayan suscrito una unión civil las revisiones e incrementos a que se refiere el presente artículo seguirán los mismos criterios que los seguidos para determinar las pensiones de viudez.

Artículo 84. ...

I. El asegurado o asegurada;

II. El pensionado o pensionada por:

a) a d) ...

III. La o el cónyuge del asegurado o asegurada o, a falta de éstos, quienes hayan suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada, o a la concubina o el concubinario con quien ha hecho vida marital durante los dos años anteriores a la enfermedad, con quien haya procreado o registrado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio, unión civil o concubinato. Si la o el asegurado tiene varias o varios concubinos ninguno de ellos tendrá derecho a la protección;

IV. La esposa o esposo del pensionado o pensionada en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa o esposo, quienes hayan suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada, o a la concubina o el concubinario si reúnen los requisitos de la fracción III;

V. a IX. ...

...

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrán derecho a recibir la pensión quien hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado o la o el pensionado y que le sobreviva, o en su caso, y a falta de los anteriores, la o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por invalidez, que haya vivido durante al menos los dos años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o la persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinos, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

...

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, o quienes hayan suscrito una unión civil y que le sobreviva, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente de la o el asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado o asegurada estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado o pensionada por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Para la o el cónyuge, o para quienes hayan suscrito una unión civil o, a falta de éstos, hubiere mantenido relación de concubinato, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. ...

III. Si el pensionado o pensionada no tuviera cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con éstos o no mantuviere relación de concubinato, ni tuviera hijos menores de dieciséis años, se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres de la o el pensionado si dependieran económicamente de él o de ella.

IV. Si el pensionado o pensionada no estuviera casado civilmente, o no tuviera suscrita una unión civil o no mantuviere relación de concubinato, ni tuviera hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él o ella, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y

V. ...

...

...

...

...

Artículo 140. ...

Igual derecho que las viudas o viudos pensionados, le corresponderá a quienes hayan suscrito una unión civil y que le sobrevivan.

Artículo 165. La o el asegurado tiene derecho a retirar, como ayuda para gastos de matrimonio o unión civil, y proveniente de la cuota social aportada por el Gobierno Federal en su cuenta individual, una cantidad equivalente a treinta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, conforme a los siguientes requisitos:

I. a III. ...

Este derecho se ejercerá por una sola vez y el asegurado o asegurada no tendrá derecho por posteriores matrimonios o uniones civiles.

Artículo 166. El asegurado o asegurada que deje de pertenecer al régimen obligatorio conservará sus derechos a la ayuda para gastos de matrimonio o de unión civil, si los firma dentro de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de su baja.

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso a); 39, párrafo primero; 40 párrafo primero; 41, párrafo primero y fracción I; 70; 129, párrafo primero; 131, fracciones I, II, párrafo primero y III; 133, párrafo segundo y tercero; 135, párrafo primero y fracción II; 136 y se adiciona los artículos 6, con una fracción XXX; 129, con un segundo párrafo a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a XI. ...

XII. Familiares Derechohabientes a:

a) La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con la o el trabajador o pensionado, o a falta de éstos la concubina o concubinario que haya vivido como si fuera su cónyuge durante los dos años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio o de unión civil. Si la o el trabajador o la o el pensionado, tiene varias concubinas o concubinos, ninguno de éstos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

b) a d) ...

...

XIII. a XXVII. ...

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley;

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año;

XXX. Unión civil, es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua por el que se deriven obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de los estados, en los pactos civiles de solidaridad y las sociedades de convivencia.

Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombre y mujer.

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge, o la mujer con quien la o el trabajador o la o el pensionado haya suscrito una unión civil o, en su caso, la concubina, así como la hija de la o el trabajador o de la o el pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. a III. ...

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge, o la mujer con quien la o el trabajador o la o el pensionado haya suscrito una unión civil o la hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los de la o el trabajador o la o el pensionado del que se deriven estas prestaciones.

...

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes de la trabajadora o del trabajador o de la pensionada o del pensionado que en seguida se enumeran:

I. La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con la o el trabajador o pensionado, o a falta de éstos la concubina o concubinario que haya vivido como si fuera su cónyuge durante los dos años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio o de unión civil. Si la o el trabajador o la o el pensionado, tiene varias concubinas o concubinos, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la prestación;

II. a V. ...

...

Artículo 70.Para la división de la pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares de la o el trabajador, así como en cuanto a la asignación de la pensión para el viudo o viuda, o para quien haya suscrito una unión civil y que sobreviva, o en su caso para el concubinario o concubina, hijo ascendiente, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte, del seguro de invalidez y vida.

Artículo 129. La muerte de la o el trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta ley.

Respecto de las pensiones de viudez a que se refiere el presente artículo estas consideraran tanto a la viuda o viudo como a quienes hubieran suscrito una unión civil con la o el trabajador.

...

...

...

Artículo 131....

I. La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil que le sobrevivan, sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

II. A falta de cónyuge, o de quienes hayan suscrito una unión civil que le sobrevivan, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos, o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la o el concubinario hubieren tenido hijos con la o el trabajador o con la o el pensionado o vivido en su compañía durante los dos años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio o de unión civil durante el concubinato. Si al morir la o el Trabajador o la o el pensionado tuviere varias o varios concubinos, ninguno tendrá derecho a pensión.

...

III. A falta de cónyuge, o de quienes hayan suscrito una unión civil que le sobrevivan, o de hijos, o en su caso de concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente de la o el trabajador o de la o el pensionado.

IV. y V. ...

Artículo 133. ...

En caso de que dos o más interesados reclamen derecho a Pensión como cónyuges o con quienes hayan suscrito una unión civil la o el trabajador o la o el pensionado, exhibiendo su respectiva documentación se suspenderá el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los hijos, reservándose una parte de la cuota a quien acredite su derecho en la calidad que lo reclame.

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite de la o el trabajador o de la o el pensionado, o como quien suscribiera una unión civil con la o el trabajador o con la o el pensionado reclame un beneficio que ya se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará el anteriormente otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio o de la unión civil, según el caso, que sirvió de base para la concesión de la Pensión. Si el segundo solicitante reúne los requisitos que esta Ley establece, se le concederá Pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en el Instituto, sin que tenga derecho a reclamar al Instituto las cantidades cobradas por el primer beneficiario.

Artículo 135. Los derechos a percibir pensión se pierden para los familiares derechohabientes de la o el trabajador o de la o el pensionado por alguna de las siguientes causas:

I. ...

II. Porque la o el pensionado contraigan matrimonio, suscriban una unión civil o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio, suscribir una unión civil o vivir en concubinato, la o el derechohabiente recibirá como única y última prestación el importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando.

La divorciada o divorciado, o las o los legalmente separados de alguna unión civil, no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge o de quien hubiese suscrito una unión civil, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no exista viuda o viudo o sobreviviente de alguna unión civil, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada o divorciado, o los legalmente separados de alguna unión civil disfrutasen de la Pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevo matrimonio o suscriban otra unión civil o si viviesen en concubinato, y

III. ...

Artículo 136.No tendrá derecho a Pensión la o el cónyuge, o quienes hayan suscrito unión civil que sobrevivan, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte de la o el trabajador o de la o el pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio o de haber suscrito una unión civil.

II. Cuando hubiese contraído matrimonio o suscrito una unión civil con la o el Trabajador después de haber cumplido éstos los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio o unión civil, y

III. Cuando al contraer matrimonio, o suscribir una unión civil la o el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio o la unión civil.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir la o el trabajador o la o el pensionado, la o el cónyuge o quien haya suscrito una unión civil y le sobreviva compruebe tener hijos con ella o él.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consejo Nacional de Población; 2006

2 Manuel Bejarano Sánchez: Obligaciones Civiles, 3era. Edición, Ed. Textos Jurídicos.

3 Idem, pág.72.

4 González Martín, Nuria, Un acercamiento a las nuevas estructuras, El Derecho de Familia en un Mundo Globalizado, pág. 64, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, Ed. Porrúa, México, 2007.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Uriel López Paredes (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica en contra), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica en contra), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Elvia Hernández García (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica en abstención), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica en contra), María Elena Pérez de Tejada, José Gerardo de los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica en contra), Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica en contra), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica en abstención).»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII, de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fueron turnadas, para estudio y análisis, dos iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada Iniciativa, presentando a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 8 de diciembre de 2009, el diputado federal Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

2. En sesión de la Cámara de Diputados del 2 de marzo del 2010, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, en nombre propio y del diputado Alejandro Bahena Flores, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desa-rrollo tecnológico en la educación básica.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las iniciativas en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente.

4. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis conjunto de las iniciativas por abordar el mismo tema.

II. Descripción de las iniciativas

A. Iniciativa del diputado Tamez Guerra

En la iniciativa en análisis, el promovente afirma que la ciencia, la tecnología y la innovación deben formar parte esencial de la educación en nuestro país, para lo cual es necesario que los tres órdenes de gobierno diseñen y desarrollen estrategias comunes. De esta manera –señala- se creará una verdadera cultura científica nacional y se logrará que México pase de ser un consumidor de ciencia y tecnología a un productor de ambas.

El diputado Tamez destaca que no es posible continuar ignorando los resultados de pruebas internacionales como PISA, que indican que los jóvenes mexicanos de 15 años no cuentan con las habilidades intelectuales para resolver problemas elementales ni los conocimientos básicos para acceder a estudios superiores. Nuestro país se distingue “por ocupar el último lugar no sólo en ciencias, sino también en las competencias lectoras y de matemáticas de las 30 naciones de la OCDE”.

Ante la situación descrita, el promovente considera necesario que la sociedad mexicana avance hacia el logro de los siguientes objetivos:

1. Conocer desde temprana edad, lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación.

2. Capacitar a las maestras y maestros en el manejo de materiales y experimentos sencillos.

3. Fomentar entre estudiantes, desde los niveles de educación básica, el interés por carreras orientadas a las ciencias exactas y naturales consideradas como necesarias para la competitividad, el crecimiento económico y el avance social.

En este marco, la iniciativa se propone establecer las bases legales para el efectivo fomento de actividades de divulgación de la ciencia y la innovación tecnológica en el sistema educativo nacional, definiendo funciones específicas para las autoridades educativas de los diferentes niveles y normando la participación de los padres de familia y los medios masivos de comunicación. También se busca que el Ejecutivo federal apoye con recursos específicos los programas de fomento educativo para la investigación y divulgación científica e innovación tecnológica que impulsen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Las reformas a la Ley General de Educación se formulan en los siguientes términos:

Artículo 33. ...

I. a IX. ...

X.Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza, al fomento de la investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica;

XI. a XIV. ...

XV. Implantarán programas destinados a fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de alumnos y maestros, considerando la participación de padres en el proceso de fomento y divulgación de la ciencia.

...

Artículo 34. ...

El Ejecutivo federal apoyará con recursos específicos los programas de fomento educativo para la investigación y divulgación científica e innovación tecnológica que impulsen los gobiernos de los de las entidades federativas y de los municipios.

...

Artículo 67.Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto

I. y II. ...

III. Participar en los programas de investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica que implanten las autoridades educativas escolares;

IV. a VI. ...

...

Artículo 74.Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8o., y de forma específica a la difusión de experiencias educativas en la investigación y difusión de la ciencia e innovación tecnológica.

B. Iniciativa de los diputados Reynoso Femat y Bahena Flores

Sobre el mismo tema que la iniciativa descrita en el punto anterior, los diputados Reynoso y Bahena destacan que la difusión científica “permite que las personas estén informadas sobre los resultados de la ciencia, sus aplicaciones y los beneficios que ambas actividades aportan a sus vidas; además, contribuyen a consolidar la cultura del conocimiento”; agregan que, en este proceso, es de primordial importancia hacer accesible el conocimiento para el grueso de la población, lo cual implica un esfuerzo de divulgación.

En su opinión, “la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, debe complementar la labor didáctica que favorece la apropiación de conocimiento por parte del individuo en el proceso educativo, es este sentido debe estar vinculada con la labor cotidiana del sistema educativo nacional, en la medida en que habilita a los ciudadanos a ser actores del conocimiento. Asimismo, permite complementar los diferentes planes y programas de estudio, incorporen de forma rápida y sencilla los nuevos conocimientos que son comunicados a través de la divulgación; y dota, tanto a alumnos como a maestros, de las herramientas necesarias para mantenerse actualizados y ser competitivos”.

Los promoventes señalan que en nuestro país no se ha otorgado la importancia debida a la enseñanza de las ciencias en la educación básica, ni a acciones de divulgación de la ciencia que permitan adquirir actitudes, valores y formas de pensar basadas en la búsqueda de la verdad, y que ofrezcan elementos para aprender, entender, cuestionar y resolver creativamente los problemas.

Con base en los argumentos expuestos, se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Fomentar las acciones, programas y políticas de divulgación científica, tecnológica e innovación en educación básica y media superior.

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VII. Coordinar con la secretaría las acciones, programas y políticas en materia de divulgación científica, tecnológica e innovación que habrán de incluirse en el proceso educativo para la educación básica y media superior; y

VIII.Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística y su divulgación;

VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y alentara su divulgación;

IX. a XIII. ...

...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, las iniciativas objeto del presente dictamen se refieren a un problema fundamental para el crecimiento económico y social de nuestro país, como es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en particular lo concerniente a su fomento y divulgación. Se parte del principio de que el avance científico y tecnológico es uno de los factores que benefician la competitividad y el crecimiento económico de un país, lo cual repercute “en la generación de empleos, incrementos de la productividad, el uso eficiente de los recursos materiales, y en suma mejorar el bienestar y nivel de vida de la población”.

En coincidencia con el diputado Tamez, los miembros de la comisión reconocen que en nuestro país aun son insuficientes los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación, y que lo mismo sucede con las actividades de divulgación científica y tecnológica. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2009), el gasto federal en ciencia y tecnología respecto al PIB –si bien muestra una tendencia a la alza considerando los últimos 10 años– entre 2003 y 2007 pasó de 0.43 a 0.36 por ciento. En lo que se refiere al sector educativo, el informe citado señala que “en 2007 el sector educativo tuvo una inversión en ciencia y tecnología de 12 mil 93 millones de pesos, cifra que representó el 34.2 por ciento del total, dos puntos porcentuales menos con relación al año previo”. Cabe destacar que este presupuesto considera estrictamente instituciones de educación superior y centros de investigación.

Por otra parte, al igual que los diputados Reynoso y Bahena, los integrantes de esta comisión reconocen la importancia de involucrar a los niños, desde temprana edad, en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, pues de esa manera se despierta su interés y creatividad, además de propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales que son la base para el aprendizaje permanente. Al respecto, Howard Gardner (2000) señala lo siguiente:

Muy pocos estudiantes serán científicos y la mayor parte de ellos sólo necesitará una aritmética elemental en su vida laboral y cotidiana. Sin embargo, privar a los estudiantes de los métodos de pensamiento de la ciencia y de la matemática equivaldría a condenarlos a la ignorancia del mundo en el que viven. Una exposición adecuada a estas disciplinas cumpliría, entre otros, tres objetivos muy importantes: en primer lugar, haría que los estudiantes pudieran tener una noción de las fuerzas que gobiernan al mundo físico y natural (en vez de aceptar, por ejemplo, las explicaciones astrológicas); en segundo lugar, conocerían el tipo de pensamiento que ha producido la imagen actual del mundo y que producirá revisiones válidas de esta imagen en el futuro (en vez de aceptar, por ejemplo, el pensamiento mágico); y, en tercer lugar, serían conscientes de que el lenguaje matemático permite expresar estas verdades para que todo el mundo las pueda confirmar por su cuenta (en vez de recurrir a argumentos basados en un lenguaje impreciso, en unas imágenes equívocas o en la mera autoridad).

Se considera de suma importancia que el Estado fomente la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los niveles educativos, puesto que sólo de esa manera se creará una cultura científica que favorezca el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en sus niveles más avanzados.

IV. Consideraciones particulares

En las consideraciones generales, la dictaminadora expresa su coincidencia con el sentido general de las dos Iniciativas en análisis y con el propósito de incorporar en la Ley General de Educación disposiciones de carácter más específico que las que ya contiene respecto a la difusión y divulgación de la ciencia en los tres niveles de la educación básica; sin embargo, se juzga necesario formular una serie de ajustes a los proyectos de decreto, en atención a las siguientes observaciones:

A. Iniciativa del diputado Tamez Guerra

Artículo 33

Respecto a la propuesta de reforma al artículo 33 de la Ley General de Educación, es necesario señalar que éste se ubica dentro del “Capítulo III. De la equidad en la educación”, que se refiere de manera específica a las actividades que las autoridades educativas –en el ámbito de sus respectivas competencias- llevarán a cabo a fin de “establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”, dirigidas preferentemente “a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja” (artículo 32). Por esta razón es que en el artículo 33 se enlistan, por ejemplo, acciones que promuevan el arraigo de los maestros que trabajan en comunidades rurales, o la creación de internados y albergues; más aún, en el artículo 34 se establece la obligación del Ejecutivo federal de llevar a cabo programas compensatorios dirigidos a las entidades con mayores rezagos educativos. En este marco, el contenido de la reforma a la fracción X y la adición de una fracción XV del artículo 33 no se consideran objeto del citado artículo.

Es importante destacar que en la exposición de motivos de la Iniciativa no se justifica la propuesta de considerar tales programas de divulgación de la ciencia y la tecnología como acciones que promueven la equidad educativa ni mucho menos como programas compensatorios.

Sin embargo, la incorporación del contenido de la propuesta de reforma se considera viable en la sección 1 del capítulo II de la Ley General de Educación, dedicado a “la distribución de la función social educativa”. El artículo 14 de la Ley –incluido en la Sección referida- se refiere a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas de nivel federal y local, por lo que parece más conveniente ubicar el contenido de la propuesta de reforma en la fracción VIII de este artículo, tal como se propone a continuación:

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica, y fomentar acciones de divulgación dirigidas a maestros y alumnos, considerando la participación de los padres de familia y otorgando estímulos a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a estas actividades;

Artículo 34

La propuesta de reforma al artículo 34, además de que presenta el mismo problema señalado en el punto anterior en cuanto a la estructura de la Ley –es decir, no se justifica su inclusión en el Capítulo dedicado a la Equidad en la Educación- no se considera viable en virtud de que invade la materia específica de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT), reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso contradice disposiciones previstas en ésta. La LCT tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

Artículo 1. ...

I. Regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país;

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, o que lleven a cabo actividades de este tipo;

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formulación de profesionales en estas áreas”.

El artículo 12 de la LCT establece una serie de principios que rigen el apoyo del gobierno federal para fomentar, de-sarrollar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; entre estos principios se encuentra la divulgación de la ciencia y la tecnología (fracción XII); la promoción y fortalecimiento de centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación para niños y jóvenes (fracción XVIII); así como el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas desde los primeros ciclos educativos (Fracción XIX).

De acuerdo con la propuesta de reforma, el Ejecutivo federal apoyaría con recursos específicos programas de divulgación científica y tecnológica impulsados por las entidades federativas y los municipios, pero no se definen criterios para la regulación de tales apoyos, es decir, para determinar el tipo de proyectos que se apoyarían y los mecanismos para su seguimiento y evaluación.

Este tipo de previsiones sí están en la LCT. Entre otras disposiciones, se establece que las secretarías de estado tienen la facultad para celebrar convenios con el Conacyt, cuyo propósito sea determinar el establecimiento de fondos sectoriales del Conacyt que se destinen, entre otros, a la divulgación científica, tecnológica e innovación. Dichos fondos son manejados por medio de fideicomisos en los que concurren el Conacyt, las entidades federativas y/o los municipios; los recursos federales –no regularizables– se asignan por concurso y son sometidos a evaluación técnica y científica, buscando en todo momento la transparencia. Un ejemplo de este tipo de fideicomisos es el Programa de Fomento a la Investigación Educativa, desarrollado por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.

Asimismo, el artículo 33 de la citada Ley establece que tanto la SEP como el Conacyt podrán realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios, “a efecto de establecer programas y apoyos específicos de carácter regional, estatal y municipal para impulsar el desarrollo y descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de investigación”.

En síntesis, los miembros de esta comisión consideran improcedente la reforma propuesta al artículo 34 de la Ley General de Educación, toda vez que el financiamiento de acciones de divulgación de la ciencia y la tecnología requiere establecer criterios que aseguren el uso adecuado de los recursos públicos. Tales criterios están establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología para todas las actividades relacionadas con ese campo, por lo cual cualquier tipo de apoyo a acciones de divulgación debe sujetarse a lo establecido en dicho instrumento jurídico.

Artículo 67

En lo concerniente a la propuesta de reforma al artículo 67 de la Ley General de Educación, es conveniente hacer notar que contradice el penúltimo párrafo del mismo artículo, que establece lo siguiente:

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

Adicionalmente, el artículo 66 señala como obligaciones de los padres “apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos”, y colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.” En consecuencia, se considera que no es necesario enlistar todas las actividades en las que los padres deben participar.

Artículo 74

La propuesta de reforma al artículo 74 se considera redundante y por tanto no procedente, en virtud de que una de las finalidades previstas en el artículo 7o. –a las que se hace referencia en el artículo que se pretende reformar- es justamente “fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas” (fracción VII).

B. Iniciativa de los diputados Reynoso Femat y Bahena Flores

Artículo 9o.

La propuesta de reforma al artículo 9o. parece pertinente, toda vez que incorpora la divulgación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como una de las obligaciones del Estado, que puede realizarse directamente, a través de sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o por cualquier otro medio. Cabe aclarar que se considera necesario realizar una precisión en la redacción del texto, en los siguientes términos:

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación,apoyará la investigación científica , el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por acciones de fomento, “la promoción, normalmente mediante incentivos económicos y fiscales, para que los particulares realicen actividades consideradas de utilidad general”; en atención a tal definición, los miembros de esta Comisión consideran que la propuesta de reforma limita injustificadamente la participación de las entidades federativas y los municipios en el fomento de acciones de divulgación científica, tecnológica y de innovación, lo cual no parece pertinente para el desarrollo de este campo en nuestro país, ni está acorde con los principios generales del esquema de federalización educativa aplicado actualmente en México.

Adicionalmente, la propuesta contradice lo establecido en el artículo 33 de la LCT respecto a que tanto la SEP como el Conacyt podrán realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios, “a efecto de establecer programas y apoyos específicos de carácter regional, estatal y municipal para impulsar el desarrollo y descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de investigación”.

Con base en las consideraciones anteriores, es más pertinente mantener la promoción de acciones de fomento como una atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales, tal como se propone párrafos antes en la reforma al artículo 14.

Artículo 13

En opinión de los miembros de esta comisión, aunque la propuesta de reforma al artículo 13 es acorde con lo establecido de manera general en la LCT, resulta innecesaria al incorporar la promoción de acciones de fomento como una atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales.

Artículo 14

Las propuestas de reforma a este artículo se consideran innecesarias, toda vez el asunto se da por atendido al incorporar la propuesta del diputado Tamez.

Para concluir, en opinión de los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las propuestas de reforma que se derivan del presente dictamen se encuentran en armonía con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, respecto de las obligaciones de los distintos órdenes de gobierno respecto al fomento de acciones de divulgación de la científica, la tecnología y la innovación.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea acordar que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas propuestas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 9o y 14 de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación

Artículo Único.Se reforman los artículos 9o, y 14, fracción VIII, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación,apoyará la investigación científica, el desa-rrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14....

I. a VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica, y fomentar acciones de divulgación dirigidas a maestros y alumnos, considerando la participación de los padres de familia y otorgando estímulos a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a estas actividades;

IX. a XIII. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conacyt (2009). Informe general del estado de la ciencia y la tecnología México 2008. México, Conacyt.

2 Se refiere al gasto que las dependencias y entidades de la administración pública federal destinan a investigación y desarrollo experimental; servicios científicos y tecnológicos; y educación de posgrado.

3 Gardner, Howard (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían comprender. Barcelona, Paidós (Transiciones, 21), páginas 171-172.

4 Aunque existen diferentes enfoques para entender lo que es la divulgación de la ciencia y la tecnología, “existe consenso en cuanto a que además de transmitir cierta información, también es  importante ayudar al público a comprender cómo se hace la ciencia, cuya aplicación nos lleva a la tecnología. La práctica del proceso que emplean los científicos, la búsqueda de la objetividad, la capacidad de hacer modelos de la realidad, la verificación experimental y la aceptación de que un error implica un cambio de modelo”. Tagüeña, Julia, et al. (2006). La divulgación de la ciencia en México en el contexto de la América Latina. México, primer Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, DGDC/UNAM.

Salón de sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de octubre de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baiyle Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud, se reforman los artículos primero y tercero transitorios y se adicionan el cuarto y quinto al decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud le fue turnada por el pleno de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos transitorios primero, tercero, cuarto y quinto del decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, presentada por los diputados Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 63, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del pleno de esta soberanía, el presente dictamen con proyecto de decreto con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 12 de febrero de 2009, fue presentada la iniciativa que reforma los artículos primero, y tercero a quinto transitorios del decreto de reforma del artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005; a cargo de los diputados Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. Con esta misma fecha la iniciativa fue turnada para análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

III. Con fecha 30 de abril del año en curso, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, emitieron el dictamen correspondiente, publicado en la Gaceta Parlamentaria, quedando de primera lectura en la Mesa Directiva.

IV. Los integrantes de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura realizaron un nuevo estudio del dictamen antes mencionado y  realizaron modificaciones, quedando aprobado por el pleno de la comisión con fecha 28 de abril de 2010.

Consideraciones

1. La Iniciativa objeto del presente dictamen, propone reformar los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del decreto de reformas al artículo 376 de La Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005.

2. En su exposición de motivos, los promoventes manifiestan que con fecha 24 de febrero del 2005 fue publicado el decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, estableciendo que los registros sanitarios tendrían una vigencia de cinco años renovables a juicio de la Secretaría de Salud.

3. En enero de 2008, fueron publicados parcialmente en el Diario Oficial de la Federación, los reglamentos a través de la modificación de tres artículos del Reglamento de Insumos para Salud, quedando pendiente de publicarse los lineamientos, pruebas y formatos para la renovación de los registros sanitarios. Aunado a lo anterior, no se establecen plazos ni programaciones para la renovación de dichos registros.

4. Los promoventes también establecen en su iniciativa, que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), agregó el requisito de visita in situ, que por su impacto regulatorio y de costos económicos de cumplimiento, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) no ha aprobado hasta el día de hoy. No obstante lo anterior, actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Salud de esta Cámara, una minuta de iniciativa de visitas in situ.

5. Actualmente existen 10 mil registros sanitarios –sin considerar más de 35 mil de otros Insumos para la Salud con lo cual el universo de registros podría ser de 45 mil– de los cuales mil 500 son considerados como innovadores y 8 mil 500 genéricos; que para su renovación necesitan los estudios de bioequivalencia e intercambiabilidad, que deberían llevarse a cabo en 5 años y que sin la reforma a los transitorios que esta iniciativa propone, quedarían constreñidos a realizarse en un año.

6. Con el fin de que sea posible alcanzar la cobertura de los estudios para 10 mil registros y dotar a la industria farmacéutica de certidumbre jurídica, evitar un impacto económico negativo que se reflejaría en un encarecimiento de los medicamentos y toda vez que la regulación específica para la renovación de los registros sanitarios no ha sido publicada, esta comisión coincide con los promoventes en la idea de ampliar el plazo establecido en los artículos transitorios que se citaron con antelación.

Por lo anterior, la Comisión de Salud considera pertinente aprobar la iniciativa propuesta por los promoventes, en virtud de dotar al decreto vigente de legalidad y de seguridad jurídica para con los particulares obligados por la reforma del artículo 376, otorgando certidumbre jurídica y subsanando la laguna legislativa que ha originado el retraso del reglamento.

En orden de las consideraciones expuestas, esta comisión dictaminadora ha considerado que la iniciativa objeto del presente dictamen es socialmente necesaria, viable jurídicamente y administrativamente instrumentable.

Sin embargo, en ánimo de dotar de mayores elementos de certidumbre a la población usuaria de medicamentos y demás insumos para la salud, esta Comisión consideró pertinente, realizar las siguientes:

Modificaciones de la comisión dictaminadora

En virtud de la preocupación de la población de contar con medicamentos e insumos de salud que respondan a los más altos criterios de calidad y al mismo tiempo tener la certeza de que el consumo de los mismos cumple con las normas de seguridad aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, se consideró pertinente que el artículo cuarto transitorio, propuesto en la iniciativa original, debía ser materia de la ley, por lo que se adicionó con modificaciones, como un  nuevo párrafo tercero al artículo 376 de la Ley General de Salud, pasando el texto vigente del actual, a ser el párrafo cuarto del mismo artículo. Quedando de la siguiente manera:

Artículo 376. ...

...

La renovación del registro se otorgará únicamente cuando la secretaría haya constatado la calidad, seguridad y eficacia terapéutica de los medicamentos y demás insumos para la salud, en caso contrario los registros otorgados se entenderán como revocados para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado, esta comisión somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, pasando el actual a ser cuarto al artículo 376 de la Ley General de Salud, y se reforman los artículos transitorios primero y tercero y se adicionan los artículos cuarto y quinto del “Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero, pasando el actual a ser cuarto al artículo 376 de la Ley General de Salud, y se reforman los artículos Transitorios Primero y Tercero y se adicionan los artículos Cuarto y Quinto del “Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005”, para quedar como sigue:

Artículo 376. ...

...

La renovación del registro se otorgará únicamente cuando la Secretaría haya constatado la calidad, seguridad y eficacia terapéutica de los medicamentos y demás insumos para la salud, en caso contrario los registros otorgados se entenderán como revocados para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y su aplicación se proveerá en la vía administrativa mediante la emisión de las disposiciones reglamentarias y administrativas para la renovación del registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Segundo. ...

Tercero. Los titulares de los registros sanitarios de medicamentos y demás Insumos para la Salud otorgados por tiempo indeterminado deberán someterlos a revisión para obtener la renovación del registro a partir de la publicación del presente decreto y hasta el 24 de febrero del 2011, debiendo la autoridad cumplir con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones reglamentarias, circulares, formatos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, y demás disposiciones para la renovación de los Registros Sanitarios.

Cuarto. Los titulares de los registros sanitarios tendrán la obligación de presentar en un plazo de 12 meses a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias y administrativas, a las que se refieren los artículos primero y tercero transitorios, para la renovación del registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud en el Diario Oficial de la Federación, un programa que detalle la secuencia y calendarización en que realizarán la actualización de los registros.

Quinto. El Ejecutivo federal deberá expedir el reglamento para la renovación de los registros sanitarios en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán, presidente; Antonio Benítez Lucho (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), José Encarnación Uribe Pozos, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Oralia López Hernández, Fernando Morales Martínez (rúbrica), Ana Elia Paredes Arciga, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley de Seguridad Social.

Como se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a preguntarle al pleno si se dispensa la segunda lectura y se pone a votación en estos momentos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a votación en este momento. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Social de esta honorable Cámara de Diputados dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 5, 6, 12, 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

De la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desabasto de medicamentos.

Antecedentes

1. El día veinte de abril de 2010 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el diputado Pablo Escudero Morales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desabasto de medicamentos.

2. Con fecha veinte de abril de 2010 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Social.

3. La iniciativa de reforma propone implementar la utilización de vales de medicina, que habrán de ser otorgados a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el caso en el que estos se enfrenten al problema de desabasto de las medicinas requeridas para sus tratamientos en las farmacias del instituto. Dichos vales de medicina, podrán ser intercambiados en farmacias particulares para que los beneficiarios puedan adquirir los medicamentos que consiguen en el Seguro Social.

4. El promovente considera que las necesidades de abasto pueden derivar de diversos motivos, no imputables al IMSS, tales como el incumplimiento de los oferentes o la dilación en la ejecución del contrato de compra, por lo que el problema de desabasto en esa institución se presenta en detrimento del derechohabiente.

5. Considera también, que se debe seguir trabajando, para que el sector salud en su totalidad, cuente con los insumos médicos necesarios, que permitan una adecuada cobertura de la población derechohabiente y que ésta vea reflejada en la oportunidad del surtimiento de recetas médicas, en correlación directa a su cuota de seguridad social.

Consideraciones

Primera. En la iniciativa de me rito se pretende reformar y adicionar un párrafo tercero al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes.

La asistencia farmacéutica a que se refiere el primer párrafo de este artículo proveerá a los derechohabientes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del Instituto. Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farmacias del Instituto. En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del Instituto no cuenten con el abasto suficiente para el surtimiento de las recetas, se procederá al surtimiento de las mismas en los términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Consejo Técnico.

Al respecto, se advierte que el objeto de la reforma es otorgar facultades al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para emitir las disposiciones de carácter general, que tendrán por finalidad asegurar a los derechohabientes la obtención de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del instituto, mediante la implementación de vales de medicina.

Segunda. Ahora bien, es importante señalar en relación con la iniciativa de mérito, que en la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social, se reconoce la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar tratamientos, atención humana y técnica a los pacientes que lo requieran para recuperar la salud, incluyendo el acceso a los medicamentos y agentes terapéuticos necesarios para dar atención al padecimiento, enfermedad o eventualidad médica a la que se enfrenten, en cumplimiento de las contraprestaciones que cubre el derechohabiente en forma de cuotas o aportaciones al instituto.

Tercera. En este sentido, la iniciativa propone materializar el derecho que tienen los pacientes a tener acceso real y plausible al medicamento o agente terapéutico requerido y recetado por su médico, el cual debería ser adquirido en las farmacias del IMSS de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social en el primer párrafo del mismo artículo 91. Es importante destacar que en la actualidad el IMSS cuenta con cerca de mil trescientas farmacias en todo el país.

Cuarta. Es ampliamente conocido por la población que las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social se enfrentan a un problema de desabasto de medicamentos generalizado, que si bien es cierto en últimas fechas se ha logrado paliar dicho rezago, el mismo sigue vigente por el aumento de enfermedades y padecimientos crónicos y degenerativos, como es el caso del aumento de enfermos de diabetes derivados de los malos hábitos alimenticios, quienes demandan antihipoglucemiantes, o el aumento de los casos de cáncer por la gran cantidad de agentes cancerígenos que se encuentran en las ciudades y países industrializados quienes requieren de neoplasias y medicamentos inmunosupresores, así como el aumento del consumo de medicamentos antihipertensivos entre la población derechohabiente, también se encuentran entre los medicamentos con mas demanda los antirretrovirales para pacientes que viven con VIH, por lo que muchas de las veces es materialmente imposible que en las farmacias del instituto se cuente con la cantidad y gran diversidad de medicamentos demandados por la población beneficiada. Además se debe considerar que, por su especialización, los medicamentos de más alto precio se ubican en los segundos o terceros niveles de atención conocidos como Centros Médicos Nacionales o Unidades Medicas de Alta Especialidad, en donde uno solo de estos medicamentos llega a costar en la calle hasta setenta y ocho mil pesos, por lo que para un derechohabiente, el no conseguirlo en la farmacia de la institución, significa un grave problema a su economía personal y familiar.

Quinta. Para el iniciante, lo importante es que el paciente tenga el medicamento que requiere, de manera independiente a si lo consigue en las farmacias del IMSS o en farmacias particulares, pudiendo decirse que no hay medicamento más caro que el que no se consigue. En la actualidad el instituto ha mejorado en el rubro del abasto con la incorporación de un equipo en logística, distribución y en pronósticos de consumo, lo que le ha permitido tener una planeación más efectiva y obtención de los medicamentos para evitar problemas de desabasto.

Sexta. actualmente el instituto, con el fin de optimizar sus recursos en beneficio de los derechohabientes, realiza licitaciones a nivel central en la Ciudad de México, generando un contrato único, el cual es administrado y procesado en las oficinas centrales, dando como resultado una mayor participación de la proveeduría, ofertando mejores precios favoreciendo así una mejor y mayor contratación sin detrimento de la calidad de los productos, con el consecuente ahorro para el instituto, generando recursos para apoyar la iniciativa de vales de medicina.

Séptima. En la actualidad, el problema a que se enfrenta un derechohabiente al no obtener su medicamento en las farmacias del instituto, lo tiene que resolver dirigiéndose a la administración de la unidad médica a que pertenece, la cual en la práctica solo toma en consideración la solicitud y registra la falta del medicamento, para incluirlo en la siguiente requisición. Lo anterior conlleva a que el paciente, durante todo este proceso y el tiempo que se tarde en conseguir el medicamento, padece y ve minada su salud por interrumpir el tratamiento, derivando en complicaciones e incluso su muerte.

Octava. Se observa que la propuesta del legislador se apega a estricto derecho, ya que en la redacción del artículo 264 de la Ley del Seguro Social se otorgan facultades de administración al Consejo Técnico; éste es el órgano idóneo para determinar las políticas a aplicar de conformidad con su marco jurídico y, por consecuencia, la emisión de las disposiciones de carácter general que dan sustento a los vales de medicina.

Novena. Asimismo, esta comisión de Seguridad Social considera que la propuesta atiende a la realidad fáctica, ya que el problema del desabasto de las farmacias del instituto es un hecho conocido, por lo tanto la implementación de vales de medicina es una necesidad para salvaguardar la salud de aquellos derechohabientes que no puedan conseguir sus medicamentos en la institución y a quienes el IMSS les daría un vale que podría ser canjeado en farmacias privadas.

Décima. Es claro que la implementación de la propuesta, no generara un detrimento económico a la economía nacional, ya que en la actualidad más del 95% de los medicamentos recetados son completamente abastecidos en las farmacias del IMSS y sólo un 5% representa los medicamentos que no se pueden conseguir en ellas, de conformidad a lo publicado en el portal electrónico de la institución.

Décima Primera. Los integrantes de esta comisión consideramos que la aplicación y uso de los vales de medicina permitirá los pacientes contar con una herramienta eficaz, que de manera fáctica los acercará con la garantía constitucional de acceso a la salud contemplada en el párrafo tercero del artículo cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social presentan al pleno de esta soberanía, para su aprobación, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desabasto de medicamentos, presentada por el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que la Comisión de Seguridad Social, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desabasto de medicamentos

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes.

La asistencia farmacéutica a que se refiere el primer párrafo de este artículo, proveerá a los derechohabientes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del Instituto. Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farmacias del Instituto. En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del Instituto no cuenten con el abasto suficiente para el surtimiento de las recetas, se procederá al surtimiento de las mismas en los términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Consejo Técnico.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Uriel López Paredes, Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Valdemar Gutiérrez Fragoso, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Herón Agustín Escobar García, Isaías González Cuevas (rúbrica), Clara Gómez Caro, Elvia Hernández García (rúbrica), Francisco Hernández Juárez, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hacemos un espacio para esperar al diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Es que justo me estaba explicando el diputado Escudero su legítima preocupación sobre el tema que ellos han presentado, pero antes de que dispensen la lectura yo quisiera, diputado presidente, que nos explicaran por qué si este tema no estaba en la agenda de la sesión anterior ha saltado a todo mundo y entra en este momento.

Que también nos explicaran por qué el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Social no signa el dictamen. Es más, yo creo que él debería presentar esta iniciativa una vez que se hayan dispensado las lecturas.

Yo soy inclusive miembro de la Comisión de Seguridad Social y no se me citó para esta... Al margen de no se me citó para esta parte, entonces sí quisiera que nos explicaran esta situación, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Bueno, lo primero que ocurre es que cuando este dictamen se produce en la Comisión usted todavía era secretario de la Mesa Directiva, seguramente por eso. Este dictamen se tuvo en primera lectura en la sesión del 29 de abril del periodo pasado de sesiones, estuvo prácticamente a punto de ser votado y fue retirado del orden del día en la sesión del 29 de abril. Eso explica por qué está en primer lugar.

Por otra parte, en términos de la normatividad aplicable la Mesa Directiva recibe el dictamen y lo pone a discusión. Los sucesos alrededor de cómo se produce el dictamen rebasan a la Mesa Directiva, que lo único que hace es verificar si efectivamente dicho dictamen cuenta con la mayoría de votos reflejados en las firmas de los señores integrantes de la comisión, para que pueda ser sujeto a dictamen por el pleno, en el entendido de que el pleno, que es la autoridad máxima de la sesión, puede tomar la decisión que considere más apropiada al respecto. En estos momentos es al pleno al que le toca determinar si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación en este mismo momento.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Me parece satisfactoria la explicación de por qué entra en este momento, pero sí quisiera, no sé si está el diputado Uriel López, que preside la Comisión de Seguridad Social, que en su oportunidad nos explicara, porque no es común que el presidente de la comisión, nada menos que de la que se va a presentar el dictamen, no sólo no lo firme porque podría haber votado en contra o lo que sea, pero no está su firma, si él va a presentar el proyecto además y que nos explique esto que usted también comenta, que no sabe cómo se dio el proceso de aprobación final de este dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como lo señala el Reglamento, al poner a discusión el dictamen cualquier individuo de la Cámara puede pedirle a la comisión respectiva que fundamente dicho dictamen. Pero primero tiene que tomar la decisión la Cámara de que efectivamente se ponga a discusión el dictamen.

Continúe la Secretaría con el trámite para preguntar si se acepta.

El diputado Malco Ramírez Martínez(desde la curul): Señor presidente, es acerca de una duda en el dictamen a discusión, porque si bien el diputado Fernández Noroña está muy preocupado siempre porque haya quórum en el pleno, yo le preguntaría —porque hasta ahorita sé que es integrante de la Comisión de Seguridad Social—, porque yo soy integrante y nunca lo he visto que sesione con nosotros, por eso obviamente ignora todo el procedimiento de este punto de acuerdo. Creo que no supo cuándo se voto o si no se voto. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a agradecerles a los señores diputados que evitemos los diálogos. No son alusiones, diputado, porque está hablando desde su curul. Las alusiones son desde la tribuna, pero si va usted a hacer alguna moción, ¿en qué sentido su moción?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Nada más insistir en que ha quedado claro el procedimiento inicial de por qué se presenta en este momento y es correcto. En su momento pediré que la comisión lo fundamente, a ver si el diputado que está tan preocupado de verme lo fundamenta. Me daría mucho gusto porque le voy a debatir en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suplico a los señores diputados ahorrémonos los diálogos que están prohibidos, por otra parte, en el Reglamento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, está a discusión el dictamen.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Para proponer una modificación, si me permite subir a la tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto. Registro primero la intervención del diputado Fernández Noroña, seguramente para pedir que la comisión fundamente el dictamen.

Se pregunta a la asamblea si algún miembro de la comisión quiere fundamentar el dictamen. Le recuerdo a la asamblea que la comisión tiene que fundamentar el dictamen si algún miembro de la Cámara solicita que así lo haga.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Además de agradecerle de que, efectivamente, he pedido esto que se fundamente, yo quisiera pedirle al diputado que me crea omnipresente, si no quiere él ir a fundamentar el dictamen ya que tanto lo defiende, él que está tan claro de cómo fue el procedimiento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El artículo 108 del Reglamento dice lo siguiente: siempre que al principio de la discusión lo pida algún individuo de la Cámara, la comisión dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aún, si fuera necesario, leer las constancias. Acto continuo se seguirá el debate.

Pregunto nuevamente a la comisión, ¿quién por parte de la comisión fundamentará el dictamen?

Se inscribe en contra la diputada Teresa Incháustegui, el diputado Fernández Noroña en contra, Quezada, Cárdenas, Balfre Vargas y Emilio Serrano en contra. Leticia Quezada. Jaime Cárdenas.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por la comisión, ¿diputada, para fundamentar el dictamen por la comisión? Tiene usted la palabra.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra hasta por 5 minutos, la diputada Norma Leticia Orozco, para fundamentar el dictamen, por la comisión.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Incháustegui, ¿con qué objeto?

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Sí, señor presidente. No procede este dictamen porque para empezar la comisión no sesionó. No está aprobado por la comisión, siguiendo porque tampoco nosotros tenemos el dictamen. No tiene las firmas, entonces no procede de entrada la dictaminación de este punto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. El dictamen cuenta con las firmas suficientes para ser sometido a discusión por el pleno, cosa que el pleno ya autorizó, de lo contrario usted tendría que presentar por escrito una moción suspensiva y proceder en los términos del Reglamento. Adelante, diputada.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres:Gracias, señor presidente. Compañeros, voy a leer el dictamen que ha sido dado por la Comisión de Seguridad Social:

De la iniciativa con proyecto de decreto...

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Incháustegui, ¿con qué objeto?

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Presento la moción suspensiva de manera verbal y ahorita le hacemos llegar por escrito el documento debido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos en la fundamentación del dictamen, una vez que concluya la diputada desahogaremos la moción suspensiva.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dígame, diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Queremos escuchar efectivamente la fundamentación del dictamen, no el dictamen. El dictamen ya lo leímos. O sea, no es la lectura el dictamen, compañera, lo que queremos escuchar, queremos la fundamentación.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres: Precisamente ya fue fundamentado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, señor presidente. Hace un rato se pidió que se fundamentara y que se motivara la discusión que vamos a tener acá. Ahora sube una integrante de la comisión a fundamentar y a motivar respecto del documento que se trabajó en la comisión.

Me resulta absurdo ahorita que diga que no lea el documento. El documento es la base, la documentación y la motivación.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado. La Mesa Directiva irá resolviendo lo procedente. Continúe, diputada, con su fundamentación del dictamen.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres:El dictamen. La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley de Seguridad Social con la finalidad de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desabasto de medicamentos.

Antecedentes. El día 20 de abril del 2010 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley de Seguridad Social con la finalidad de otorgar vales de medicina a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desabastecimiento de medicamentos.

Con fecha 20 de abril del 2010 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Social.

La iniciativa de reforma propone implementar la autorización de vales de medicina que habrán de ser otorgados a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso en que éstos se enfrenten al problema de de-sabasto de las medicinas requeridas para sus tratamientos en las farmacias del Instituto. Dichos vales de medicina podrán ser intercambiados en farmacias particulares para que los beneficiarios puedan adquirir los medicamentos que no consiguen en el Seguro Social.

El promovente considera que las necesidades de abasto pueden derivar de diversos motivos no imputables al Instituto Mexicano del Seguro Social, tales como el incumplimiento de los oferentes o la dilación en la ejecución del contrato de compra, por lo que el problema de desabasto en esa institución se presenta en detrimento del derechohabiente.

Considera también que se debe seguir trabajando para que el sector salud en su totalidad cuente con los insumos médicos necesarios que permitan una adecuada cobertura de la población derechohabiente y que ésta se vea reflejada en la oportunidad del surtimiento de recetas médicas, en correlación directa a su cuota de seguridad social. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora diputada.

Voy a explicar a la asamblea, si lo tienen a bien, el procedimiento de la moción suspensiva. El artículo 109 establece que la moción suspensiva es una de las razones por las que se puede suspender la discusión y votación de un dictamen.

El proceso para desahogarla está marcado por el artículo 110. Es muy sencillo: oímos a quien presenta la moción suspensiva, a favor de la moción. Inmediatamente oímos a alguien en contra de la moción suspensiva, y la asamblea resuelve si la admite o no la admite.

Por consiguiente, tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui para presentar moción suspensiva respecto del dictamen a discusión.

Adelante, diputado. Sonido en la curul de la diputada Incháustegui.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Gracias, presidente.

Para proceder a decidir si procede la suspensión, primero tendríamos que tener el dictamen original, porque no lo tenemos, no disponemos de él, entonces sí tendríamos que conocerlo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Quezada, ¿con qué objeto, aparte del micrófono?

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Presidente, nos llama la atención que comentaba usted que estaban todas las firmas en el dictamen y no viene la firma del diputado Uriel López Paredes, que es el presidente de nuestro grupo parlamentario.

Quisiéramos solicitarle que en la moción suspensiva, si pudiéramos pasarla para un poco más tarde, porque precisamente ahorita estábamos viendo, revisando con los diferentes compañeros de los diferentes grupos parlamentarios, en la moción dé tiempo para poderlo procesar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Impedir un poco la discusión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien. Le pregunto a los sustentantes del dictamen si estarían de acuerdo en que esta Mesa dictara un receso de hasta 15 minutos, para evitarnos el desahogo de una moción suspensiva. Me gustaría escuchar a los señores vicecoordinadores de los grupos parlamentarios.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente.

A mí me gustaría, ver la posibilidad de pasar a la tribuna a presentar esta modificación y que la escuchen. Al mismo tiempo yo les puedo entregar una copia en propia mano, que también tengo que decir que fue entregada al grupo parlamentario con anterioridad, en donde ya encontramos los consensos de diferentes grupos parlamentarios.

Creo que esto despejaría las dudas, yo podría pasar a presentarla y entregar una copia al mismo tiempo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con el profundísimo respeto que le tengo a los esfuerzos que usted sin duda ha hecho, yo recomiendo que no sea en el pleno donde se haga esta labor de consenso, por tanto, escucho al diputado Rodríguez Regordosa.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): Presidente, para comentar que nosotros hemos parlamentado con el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Estamos de acuerdo en la modificación, no en los términos que viene en Gaceta sino los que estarían proponiendo como una corrección a la redacción y nos parece que es correcto que se abra un receso para que se complete este proceso de negociación.

RECESO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:43 horas): Se declara un receso por 15 minutos.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada (a las 12:09 horas): Se reanuda la sesión.

Por acuerdo tomado con los distintos grupos parlamentarios, pasamos a dictámenes a discusión. En este capítulo nos conduciremos con los puntos de acuerdo.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdón, hay una aclaración. Se va a dar lectura a los encabezados con los resolutivos. Perdón, continúe, secretaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se autoriza.

En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar las mediciones y evaluaciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar las mediciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno, presentado por la diputada Norma Sánchez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 25 de agosto de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 25 de agosto de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.La legisladora propone lo siguiente:

“En el contexto de la globalización de nuestros días, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales.

El desarrollo de la competitividad nacional es de suma importancia para mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo este contexto, debemos reconocer que nuestro país ha perdido varias posiciones en los índices de competitividad a nivel internacional.

De acuerdo con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 60 y sólo ocupa posiciones competitivas en los rubros de estabilidad macroeconómica en el lugar 48, en educación superior y capacitación en el lugar 24, y en tamaño de mercado en el lugar 11.

Analistas internacionales han establecido una relación directamente proporcional entre la calidad del marco regulatorio y el crecimiento económico, por lo que se estima que un incremento del 10 por ciento en la calidad del marco regulatorio, asumiendo que otros factores no cambien, puede tener un efecto positivo de 0.5 por ciento en el crecimiento del PIB.

El gobierno federal ha realizado esfuerzos importantes para incrementar la competitividad del país, no obstante ello, es necesario profundizar en dichas políticas para colocar a nuestras empresas en posición de competir con éxito en el mercado internacional, sobre todo en sectores vulnerables a la competencia.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha venido impulsando la instalación de sistemas de apertura de empresas, como un programa de coordinación, entre los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mediante el cual se pretende simplificar los trámites para la apertura de empresas, disminuyendo los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

De acuerdo con el último estudio nacional 2010 del Banco Mundial, México todavía se encuentra en el lugar 51 a nivel mundial en facilidad para hacer negocios, por lo que a continuación se presenta la tabla elaborada por dicha institución1:

Economy Ease of Doing

Business Rank

Singapore 1

New Zealand 2

Hong Kong, China 3

United States 4

United Kingdom 5

Denmark 6

Ireland 7

Canada 8

Australia 9

...

Korea, Rep. 19

...

Malaysia 23

...

France 31

Macedonia, FYR 32

United Arab Emirates 33

South Africa 34

Puerto Rico 35

St. Lucia 36

Colombia 37.

...

Taiwan, China 46

Hungary 47

Portugal 48

Chile 49

Antigua and Barbuda 50

México 51

Tonga 52

...

El Salvador 84

Pakistan 85

...

Vietnam 93

...

Marshall Islands 98

Como parte de estos esfuerzos, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (conocida como Cofemer) ha organizado diversas reuniones denominadas Reuniones Nacionales de Mejora Regulatoria, con la participación de los gobiernos estatales y municipales. En dichos foros se han presentado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa y se han compartido las experiencias exitosas, contado con la participación de las organizaciones del sector privado.

Como parte de la evaluación del desempeño de dicho programa, la Cofemer con el apoyo del Banco Mundial ha venido realizando el estudio Doing Business, a nivel subnacional, en dicho estudio se pretende evaluar y comparar los esfuerzos que los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, han realizado para simplificar y mejorar la regulación en México.

Además en dicho estudio se ha efectuado una análisis del clima general de negocios en las ciudades mexicanas seleccionadas, en donde se han considerado y evaluado los aspectos relativos a los tiempos para obtener el registro de una propiedad, el cumplimiento de un contrato, la apertura de una empresa, así como el procedimiento para obtener la licencia de construcción.

El referido estudio, por su carácter nacional e internacional, permite tener un marco de comparación y evaluación de desempeño de los programas de mejora regulatoria a nivel federal, estatal y municipal con otras regiones del mundo.

En ese sentido, nos parece necesario fortalecer su aplicación, logrando que el estudio de Doing Business, a nivel subnacional, se practique anualmente con la finalidad de tener una evaluación objetiva de los avances en el procesos de simplificación de impacto en la actividad económica, con la finalidad de que los ciudadanos e instituciones de gobierno conozcan con certeza los avances que el tema de simplificación administrativa tiene en México.

En virtud de lo anterior, propongo que esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites Federales, Estatales y Municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México”.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Norma Sánchez Romero.

Segunda.Que con base en los antecedentes indicados por la diputada Norma Sánchez Romero, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera.Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán pasadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictaminación.

Cuarta.Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo...”

Quinta.Que el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que corresponde a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; y tiene entre otras atribuciones las siguientes:

• Revisarel marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al titular del Ejecutivo federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.

• Dictaminarlos anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes.

• Llevarel Registro Federal de Trámites y Servicios.

• Opinarsobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal.

• Brindarasesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto.

• Celebraracuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria, en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados.

• Expedir,publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria.

• Las demás que establecen esta ley y otras disposiciones.

Sexta.Que el artículo 9 de la referida ley establece que las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desa-rrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable, asimismo los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley.

Séptima.Que tal y como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2010 en su eje “Economía Competitiva y Generadora de Empleos”, una economía nacional más competitiva brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar económico; asimismo establece que uno de los objetivos de esta administración, es que solo subsistan los trámites estrictamente necesarios y que estos se realicen en el menor tiempo posible y de manera más ágil en beneficio de la actividad económica del país.

Asimismo, el Ejecutivo federal ha implementado la operación de “Tala Regulatoria” para la reducción de trámites y términos para simplificar los procesos administrativos de los diferentes sectores en las dependencias del gobierno.

Octava.Que de acuerdo al Programa Sectorial de Economía 2007-2012 “Impulso de la Competitividad, el Desarrollo Empresarial y el Fomento a la Generación de Empleos”, la Secretaría de Economía ha tenido a bien expedir dicho programa por ser la institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.

Debe decirse, que este programa sectorial ha contemplado en el ámbito de “Competitividad”, diez retos y prioridades para impulsar a México como un país con una economía altamente competitiva a nivel internacional, entre los que destacan:

• Consolidar un Sistema Nacional de Apertura Rápida de Empresas, que propicie la reducción de trámites y agilice los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.

• Contar con un sistema para incrementar la competitividad de la economía mexicana, logrando una mejoría de México en relación a los indicadores internacionales. El sistema incluye: el Gabinete de Competitividad del Gobierno Federal, los Comités Técnicos de Competitividad del Senado y la Cámara de Diputados, los Comités de Competitividad en las entidades federativas y un Consejo de Competitividad con la participación de los diversos agentes económicos.

• Promover reformas que detonen la atracción de inversiones, mediante instrumentos modernos de promoción y una regulación más eficiente de la actividad económica; facilitación del comercio exterior, la aplicación de nuevas tendencias para la elaboración de normas y el fortalecimiento del registro federal de trámites y servicios; entre otros.

Novena.Que de acuerdo con los datos proporcionados por la proponente, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, posiciona a México en el lugar 60 lo que evidencia que es necesario fortalecer a nivel federal, estatal y municipal el marco regulatorio para ganar mejores posiciones de competitividad a nivel mundial.

Décima.Que para impulsar el desarrollo de la competitividad nacional, la Cofemer ha llevado a cabo diversas reuniones denominadas “Reuniones Nacionales de Mejora Regulatoria” con la participación de los gobiernos estatales y municipales, en las cuales se han mostrado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa, con las que se pretende tener un marco de comparación y evaluación de desempeño de los programas de mejora regulatoria.

En este sentido, resulta conveniente seguir evaluando las ventajas y desventajas del marco regulatorio a nivel nacional, por lo que la Cofemer con el apoyo del Banco Mundial ha realizado el estudio “Doing Business” a nivel subnacional que ha contribuido no solo a evaluar de forma objetiva los avances en los procesos de simplificación de impacto en la actividad económica, sino también a construir, mejorar y actualizar los procesos.

Décima Primera.Que tal y como lo menciona la diputada Sánchez Romero, el desarrollo de la competitividad del país requiere una política que sea capaz de mejorar el marco regulatorio a nivel nacional que simplifique los trámites para la apertura y operación de empresas en México, por lo que derivado de los resultados del estudio “Doing Business” es que se considera viable que dicha evaluación se lleve a cabo anualmente, para que a partir de los resultados se instrumenten estrategias encaminadas a seguir optimizando la simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales, y con ello procurar el máximo beneficio para la sociedad.

Décima Segunda.Que en virtud de lo antes expuesto y en concordancia con los fundamentos que refiere la proponente y dispositivos jurídicos apuntados, y toda vez que la Secretaría de Economía conjuntamente con la Cofemer son las dependencias encargadas de crear, elaborar y aplicar programas que permitan la mejora regulatoria a nivel a nacional, y a su vez éstas generen beneficios para la sociedad, lo que invariablemente situará a México como un país altamente competitivo, es que los diputados que integran esta Comisión de Economía consideran acertado exhortar a las referidas instituciones a fin de que de continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México, llevando a cabo anualmente el estudio “Doing Business”.

Décima Tercera.Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Economía dictaminan positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:

La honorable Cámara de Diputados acuerda:

Único.Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal, para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México, llevando a cabo anualmente el estudio “Doing Business”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ONCE TV

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer de manera conjunta ante ese órgano legislativo a los directores generales de Once TV México y del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, durante la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el cual se cita a comparecer de manera conjunta ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a los ciudadanos Fernando Sariñana Márquez, director general de Once TV México, y Alejandro Ordoño Pérez, director general del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen y aclaren diversas cuestiones respecto a los términos de colaboración actuales y futuros entre ambas instituciones, presentada por el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los integrantes de la comisión dictaminadora, con fundamento en los numerales 1° y 3° del artículo 39, en los artículos 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, en los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la citada proposición con punto de acuerdo, desarrollará su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de Antecedentes se dará constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del citado instrumento legislativo y, en su caso, de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

En el capítulo de Consideraciones, la comisión dictaminadora expresará los argumentos de valoración respecto del asunto en manos y los motivos que sustentan la decisión de respaldo o desecha sobre la cuestión bajo análisis.

Antecedentes

Con fecha 31 de marzo de 2010, fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Organismo Público de Medios Audiovisuales (en lo sucesivo “OPMA”), con el objetivo de generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales, por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la administración pública federal, en términos de la normatividad aplicable, así como la prestación del servicio de radiodifusión que constituyan una actividad de interés público.

Del artículo cuarto del referido decreto se desprende que el organismo tendrá las siguientes funciones: a) Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, por sí mismo o a través de terceros; b) Resguardar los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la administración pública federal con las que coadyuve; c) Instalar y operar estaciones de radiodifusión, en términos de las disposiciones aplicables; y, d) Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto.

Con fecha 12 de julio de 2010, fue signado un convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (en lo sucesivo “IPN”), con la participación de la estación de televisión XEIPN Canal 11 del Distrito Federal (en lo sucesivo “Canal 11”), y el OPMA, mediante el cual se establecieron “las bases y condiciones que regirán las relaciones entre el OPMA y el IPN a través de Canal 11, así como los criterios de colaboración y cooperación entre ambas partes, a fin de que el OPMA, en las frecuencias de televisión permisionadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones... retransmita de manera íntegra y sin interrupciones la señal de Canal 11 en horario real”.

En sesión celebrada el 14 de julio de 2010 por la Comisión Permanente del  Congreso de la Unión, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la citada proposición con punto de acuerdo.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante oficio folio CP2R1A.-1566, turnó la citada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Con fecha 16 de julio de 2010, el ciudadano Héctor Villarreal Ordóñez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, remitió al presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados copia simple del referido convenio de colaboración celebrado entre el IPN, Canal 11 y el OPMA.

Consideraciones

El espíritu motivador detrás del legislador promovente de la citada proposición con punto de acuerdo es meramente hacer valer la transparencia en el ejercicio del oficio público y la rendición de cuentas en la función gubernamental, los cuales son dos elementos indispensables en las administraciones públicas democráticas, mismos que deben prevalecer en todos y cada uno de los actos ejecutivos, junto con la debida motivación de los mismos.

Tal y como se desprende del instrumento legislativo de origen, con fecha 27 de abril de 2010, el ciudadano Fernando Gomez-Mont Urueta, entonces secretario de Gobernación, expresó ante esta comisión dictaminadora que el OPMA “no tiene por objeto la censura o la manipulación de contenidos específicos”, y que, “en las democracias más consolidadas, en las economías de mercado más competitivas, encontramos que el gobierno participa activamente en la producción y la trasmisión de programas de radio y televisión”.

El citado funcionario también manifestó que, “México ya cuenta en la actualidad con una importante red de emisoras públicas en el ámbito federal, en ellas incluye el Canal 11”, además de que, “uno de los primeros objetivos del organismo promotor de medios audiovisuales es precisamente el de generar sinergias, articular, apoyar y potenciar la labor de estos medios de comunicación”.

Continuó expresando que la intención del OPMA respecto a Canal 11, “no es coartar su autonomía, no se pretende en ningún caso remplazar sus estructuras de gobierno, mucho menos su línea editorial. Por el contrario, consideramos que la calidad y la diversidad de los medios públicos ameritan una plataforma más ambiciosa para su difusión”.

Adicionalmente puntualizó que, “se han iniciado los trabajos encaminados a la integración de los expedientes que respaldarán las solicitudes de frecuencia ante la Cofetel, en los próximos días, con el objetivo de ampliar la operación de estaciones de televisión en 13 plazas”, y que, “esto permitirá la firma de convenios de colaboración, sin demérito de la libertad de producción y programación”.

Al ser cuestionado sobre si el OPMA constituiría una cadena de televisión oficial, el ciudadano secretario de Gobernación respondió enfática y categóricamente que, “no existe un solo antecedente a este momento que pueda llevarlos a ustedes a afirmar que el propósito del gobierno es generar una televisión oficial”.

Posteriormente, con fecha 12 de julio de 2010, y con motivo del quincuagésimo primero aniversario de Canal 11, el presidente Felipe Calderón anunció la ampliación en la cobertura de su señal mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicha cadena y el OPMA, un convenio cuya naturaleza y contenido no fue desglosado públicamente.

En efecto, el presidente de la República expresó que tal ampliación de cobertura “es parte de un amplio proyecto de fortalecimiento de la televisión pública en nuestro país... Anticipo que hemos ya iniciado la construcción de infraestructura de transmisiones en ciudades como Monterrey, Durango, Mérida, Oaxaca, con lo cual en los próximos meses, seguramente este mismo año, la señal de Canal 11, de Once TV México llegará a prácticamente la mitad de los mexicanos, y seguiremos avanzando hasta que llegue a todos los mexicanos en todo el país”.

A su vez manifestó que dicha ampliación de cobertura “es posible, entre otras cosas, a través del convenio de colaboración entre Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, con lo cual también inicia operaciones este organismo descentralizado, que así cumple con uno de sus primeros y más importantes objetivos, que es contribuir a la ampliación de la oferta de comunicación de servicio público, no sólo del gobierno federal, sino del Estado mexicano... Es el primer paso hacia una cadena de televisión pública que llegue a todo el país”.

El presidente agregó que el objetivo de esta nueva concepción de televisión pública es que se “promueva el debate democrático de las ideas. Una televisión que aliente a la reflexión serena, profunda y madura de los retos y problemas que tiene el país. Una televisión que impulse el desarrollo humano, la cohesión social y la construcción de una ciudadanía más responsable. Una televisión que responda a las exigencias de un país en continua transformación y de una sociedad ávida de información. Estos son los atributos que harán de Once TV una opción diferente y de calidad en el espectro televisivo nacional”.

Lo anterior constituye una afirmación expresa de que el propósito detrás de la sinergia entre Canal 11 y el OPMA es crear una cadena nacional de televisión oficial cuyo contenido primario será de índole predominantemente político, amén de contravenir directamente la afirmación del secretario de Gobernación respecto a que “no se coartará la autonomía o la línea editorial de las programaciones de Canal 11”, soslayando con ello a la opinión programática de la comunidad politécnica.

En términos de ley, lo anterior constituye una aparente violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual claramente estipula que será la Secretaría de Educación Pública la institución encargada de la coordinación de los medios públicos del gobierno federal, más aun de los orientados a fines educativos, los cuales han sido el propósito preternatural de Canal 11 desde su fundación.

Lo anterior es indicio del hecho que la administración del presidente Felipe Calderón se encuentra instrumentando la sectorización de los medios de servicio público en la Secretaría de Gobernación, y no en la Secretaría de Educación Pública como lo marca la ley. Lo preocupante es que con ello se alterna dramáticamente la visión contextual de estas herramientas de difusión mediática, pasando de una óptica social a una mayormente política, la cual, en adición al robustecimiento de la infraestructura y su consecuente ampliación de cobertura, constituirá una plataforma de acción político-electoral con miras hacia la sucesión presidencial del 2012, disfrazada bajo la noble máscara de un canal cultural nacional.

Los anteriores argumentos que el legislador promovente vertió en el citado instrumento legislativo, constituyen hechos fácticos que no pueden dejarse pasar sin exigir la debida transparencia y la minuciosa rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos a cargo de ambas instituciones.

Más aun, cuando de una lectura del convenio de colaboración entre ambas entidades se desprenden, entre otras cuestiones:

- Que de conformidad con el inciso 3 de la cláusula segunda, el IPN se obliga a “asegurar que la programación que entregue a el OPMA cumpla, en tiempo y forma, con las disposiciones aplicables”, sin hacer mérito respecto a cuáles disposiciones se refiere, desprendiéndose a su vez, por medio de la inferencia, que el gobierno federal carece de objetivo, meta o finalidad clara y definida respecto a la instrumentación de estas políticas mediáticas, ya que a contrario de lo previsto en el acuerdo que creó el OPMA, en el cual se estableció que dicha entidad realizará, promoverá y coordinará la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, ahora resulta que será Canal 11 quien le entregará contenidos de su propia producción a este para fines de su retransmisión.

- Que de conformidad con el inciso 5 de la misma cláusula, el IPN se obliga a “realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento del presente convenio”, sin delimitar a qué actos se refiere.

- Que de conformidad con la cláusula sexta, ambas entidades acordaron constituir un comité técnico, para fines de coadyuvar a la “instrumentación técnica y evaluación de las actividades”, sin definir los perfiles profesionales que deberán revestir sus integrantes.

- Que de conformidad con la cláusula octava, se estipuló que “los trabajos que se deriven de la ejecución del presente convenio que sean susceptibles de protección intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo de protección”, sin que en cualquier otra parte del convenio se establezca que el OPMA desarrollará y producirá materiales (contenidos) para transmitirse.

Debido a las anteriores salvedades que carecen de definición jurídica clara y precisa, en conjunto con la sectorización ejecutiva de los medios públicos en la Secretaría de Gobernación, y los posibles propósitos inherentes a ella, debe citarse a comparecer a los directores generales de ambas instituciones a fin de que puedan dar luz al respecto a esta soberanía, en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben subrayar cualquier ejercicio público-administrativo.

En suma, ni del decreto por el cual se creó el OPMA, ni de las palabras vertidas por el secretario de Gobernación durante su comparecencia de mérito ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y mucho menos del contenido vinculante establecido en el convenio de referencia, se desprende con claridad, precisión o transparencia la naturaleza y la utilidad del OPMA, pues todo lo actuado hasta la fecha han sido hechos y aspectos que sin mayor complicación y con plena viabilidad jurídica el propio Canal 11 podría haber llevado a cabo por su mera cuenta.

Es decir, ante esta comisión dictaminadora surge la preocupación de que, con los elementos fácticos e informativos con los que se cuenta hasta ahora, el gobierno federal está duplicando esfuerzos y gastos, por un lado, al crear y operar un organismo que hoy tenemos el conocimiento que ya es titular de diversos permisos de canales de televisión, pero en la práctica no transmite nada; y, por otro, al obligar a Canal 11 a llevar a cabo sus planes de expansión, sin permisionarle o concederle mayor espectro bajo su titularidad, sino mediante la infraestructura de un tercero, y todo para que se sigan transmitiendo exactamente los mismos contenidos programáticos de Canal 11.

Bajo este orden de ideas, vale la pena preguntarse nuevamente, ¿hubiese sido mejor que Canal 11 haya obtenido directamente los permisos correspondientes para ampliar su cobertura televisiva en las nuevas zonas? En virtud de ello, resulta imperioso que el gobierno federal rinda mejores cuentas a este Poder Legislativo, bajo la tesitura de un pleno respecto a la división de poderes, respecto al correcto y eficaz uso de los recursos presupuestales aprobados por esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, con las atribuciones que le otorga la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los incisos e) y f) del numeral G del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el cual se cita a comparecer de manera conjunta ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a los ciudadanos Fernando Sariñana Márquez, director general de Once TV México, y Alejandro Ordoño Pérez, director general del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen y aclaren diversas cuestiones respecto a los términos de colaboración actuales y futuros entre ambas instituciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados: Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), presidente; Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), secretarios; José Manuel Aguero Tovar (rúbrica), Roberto Armando Albores Gleason, Javier Corral Jurado, Carlos Flores Rico (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Sergio Mancilla Zayas, Daniela Nadal Riquelme, Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan Huerta Montero, Guillermo José Zavaleta Rojas, José Manuel Hinojosa Pérez, Maricarmen Valls Esponda (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Está a discusión el punto de acuerdo.  En virtud de que hasta este momento no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en su conjunto.

CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía por qué no se ha remitido al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

Honorable Asamblea

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. 2368, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir para ratificación del Senado la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes a fin de reconocer a éstos como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades, presentado por los diputados Francisco Ramos Montaño y Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 29 de abril de 2010.

Los legisladores promoventes refieren que nuestro país requiere seguir impulsando el ámbito jurídico de las y los jóvenes para su reconocimiento como sujetos de derechos.

Como contexto general señalan que en el ámbito internacional existen diversos programas, tratados y acuerdos aprobados y celebrados por la Organización de las Naciones Unidas y distintas naciones tendientes a resolver los problemas de la juventud y aumentar su oportunidad de participación en la sociedad, citando como ejemplos el Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 en adelante, la Declaración de Lisboa de 1998, así como las conclusiones y el Plan de Acción aprobado en el Foro Mundial de Juventud del Sistema Nacional de Naciones Unidas, celebrado en Braga, Portugal en 1998.

En este contexto, los promoventes refieren que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, es un tratado internacional de derechos humanos, firmado por diversos países de Iberoamérica entre ellos México, el 11 de octubre del 2005 en la ciudad de Badajoz, España, de carácter vinculante, que establece el compromiso de los Estados a implementar nacionalmente los derechos consagrados en la misma.

Asimismo, resaltan que es el primer documento de carácter internacional que dará un soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos, para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la promoción y el fortalecimiento de las potencialidades de la juventud de la región.

Al respecto, apuntan que los jóvenes requieren de una atención específica para desarrollar su identidad y personalidad, su seguridad, adquisición de conocimientos y su proyecto de futuro, en virtud de los factores físicos psicológicos y sociales. Y es que existen múltiples carencias en diferentes aspectos del desarrollo de su vida: carencias en educación formal, en la formación y capacitación profesional, en el empleo y contrato legal, en el ingreso de su trabajo, de vivienda, de gozar de las garantías efectivas de tutela judicial, de información, de participación en la vida social, económica, política, cultural y del medio ambiente, agregan los legisladores promoventes.

En este sentido, expresan que se necesita seguir impulsando las condiciones reales y jurídicas, que garanticen el de-sarrollo de la vida de los jóvenes y ofrezcan la satisfacción de sus necesidades de una vida adulta productiva plena.

La ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, impulsará el marco y desarrollo jurídico, las políticas y las acciones de las y los jóvenes, porque son personas capaces de ejercer con responsabilidad sus derechos y libertades, son actores importantes del desarrollo de la nación, de cada comunidad de nuestro país, destacan los legisladores.

Finalmente concluyen señalando que México suscribió dicha convención pero aún falta la ratificación por parte del Senado de la República, según lo establecen los artículos 133 y 76 de nuestra Constitución, por lo cual proponen exhortar al Ejecutivo federal a remitir al Senado de la República, para su ratificación, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con el espíritu de reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

Este órgano legislativo coincide con los legisladores promoventes en el sentido de que nuestro país requiere seguir impulsando el ámbito jurídico de las y los jóvenes para su reconocimiento efectivo como sujetos de derechos, ya que lamentablemente la historia de nuestros jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tiene en un estado de rezago social que día con día se incrementa.

El ejemplo más palpable son las cifras que dan cuenta de su situación actual en nuestro país: 8 millones de jóvenes padecen los efectos del desempleo y la falta de educación; algunos han optado por migrar, otros tratan de insertarse a la sociedad mediante el subempleo, con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, de seguridad laboral, etcétera, otros más se encuentran en los reclusorios y el resto, cerca de 4 millones totalmente expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.

En materia de educación, la escasa cobertura, tan sólo en el nivel medio superior, origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, así por ejemplo, para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresará el 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla. Respecto a la salud, el 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud, y adicionalmente el 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud. En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

Indudablemente, los 35 millones de jóvenes mexicanos requieren de una atención específica ya que atraviesan por un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro; y de manera general se requiere para lograr su desarrollo integral dentro de la sociedad y más allá, para desarrollar su potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad.

Sensibles de la situación generalizada en distintas regiones del mundo, desde el ámbito jurídico internacional, distintas naciones han celebrado diversos instrumentos tendientes a impulsar y apoyar acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso social, con avances muy importantes a favor de la juventud, entre los instrumentos jurídicos se destacan: El Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 en adelante, aprobado por la Resolución número 50/81 de las Asamblea General de las Naciones Unidas; la Declaración de Lisboa, aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, la cual constituye un marco para la cooperación internacional en el dominio de las políticas de juventud; así como las conclusiones del Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones Unidas, celebrado en Braga, Portugal, en 1998, así como el Plan de Acción aprobado en dicho evento; y desde luego los trabajos de la Organización Iberoamericana de Juventud incluyendo la propia Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes firmada por los países miembros, entre ellos México.

Precisamente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada por México el 11 de octubre de 2005, en la ciudad de Badajoz, España, constituye un instrumento sustentado en la necesidad de que los jóvenes cuenten con el compromiso de las naciones y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro de los pueblos, además de reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades consagrados en la Convención.

Sin embargo, esta Convención no ha sido ratificada por el Senado de la República, requisito constitucional previsto en el artículo 76, fracción I, así como en la propia Convención, para darle vigencia plena y el carácter vinculante dentro de nuestro país y entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 133 constitucional y la propia Convención.

Conocedor de la trascendencia de este instrumento jurídico entre la juventud mexicana y de los avances que representa para el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y del impulso para su desarrollo, este órgano legislativo coincide con los legisladores promoventes en la necesidad de ratificar la Convención lo más pronto posible.

El propio Senado de la República ha ratificado su compromiso con los derechos de la juventud comprometiéndose a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance, y a principios de 2007 exhortó al Ejecutivo federal a remitirles la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con la finalidad de ratificarla.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente:

Dictamen

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, consciente de que las y los jóvenes representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad, ratifica su compromiso con la juventud mexicana y se compromete a llevar a cabo las acciones que estén dentro del ámbito de su competencia tendientes a garantizar su desarrollo integral.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que explique a esta soberanía las razones por las que no se ha remitido a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por nuestra nación y demás países miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud, el 11 de octubre de 2005, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1 Encuesta Nacional de Salud 2006

2 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

3 Estimaciones de Conapo al 2010.

4 Sesión del 27 de febrero de 2007.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre de dos mil diez.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en su conjunto.

PRUEBA ENLACE

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE y el uso de éstos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al secretario de Educación Pública (SEP) a redefinir tanto la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) como el uso de éstos, presentada el 8 de abril de 2010 por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 60, 61 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos les fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1858 que contienen la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al titular de la SEP a redefinir tanto la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 8 de abril de 2010.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.

II. Descripción de la proposición

En la proposición presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, manifiesta preocupación por la manera en que se han utilizado los resultados de la prueba ENLACE, la cual se ha considerado un “instrumento de premiación y castigo”, en lugar de ser utilizada como diagnóstico sobre el bajo rendimiento escolar y un “insumo” para diseñar políticas públicas a favor de la mejora educativa.

Asimismo, la proponente alude que las pruebas censales y estandarizadas, cuentan con un “débil sustento respecto a su efectividad”, no obstante, señala que la prueba ENLACE puede perfeccionarse en las evaluaciones subsecuentes y “evitar un tratamiento homogéneo a todas las instituciones educativas, puesto que cada una se encuentra un contexto (...) distinto”.

Por tanto, la diputada solicita al pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo:

Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE a celebrarse el presente año, así como el uso que se le da a la información derivada de la implantación de este instrumento, a fin de evitar que se distorsione el objetivo que debe perseguir.

III. Consideraciones de la comisión

1. Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de la evaluación educativa, ya que mediante ella se puede obtener “información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”. La evaluación como tal, es comparativa y deductiva, pues a través de ella se transmite una opinión sobre algo que tiene una forma determinada o que satisface ciertos criterios o normas previamente definidas. Además de ser “sistemática y permanente”. La evaluación del sistema educativo mexicano le corresponde a la Secretaría, y “sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes”.

La evaluación educativa ha fungido como un instrumento para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se requiere “impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo”; así como “realizar evaluaciones que empleen instrumentos y metodologías que permitan hacer mediciones válidas y confiables de la calidad del sistema educativo mexicano”.

2. En México se aplican diversos instrumentos para evaluar los actores involucrados en el sistema educativo. Una de las evaluaciones que se aplican a los alumnos de nivel básico y media superior de escuelas públicas y privadas del país, es la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), comúnmente denominada, prueba ENLACE.

Durante los cinco años que se ha aplicado, se estima que la prueba ENLACE ha tenido un costo de 415 millones de pesos. El contenido de los instrumentos utilizados ha sido seriamente cuestionado por especialistas, debido a que básicamente promueven la memorización y no la comprensión y el razonamiento (Fuentes, 2007); también se han documentado múltiples irregularidades durante su aplicación (maestros que “ensayan” con sus alumnos o que solicitan a los más atrasados no asistir a la escuela durante los días de aplicación, etcétera).

3. Pese a los cuestionamientos a ENLACE cada vez son más las acciones o programas que se relacionan con sus resultados, como el caso del Programa de Estímulos de la Calidad Docente, mediante el que se otorgan estímulos económicos a los maestros de las escuelas cuyos alumnos obtienen los puntajes más altos.

Los miembros de la comisión coinciden con los especialistas que señalan la necesidad de redefinir el Programa de Estímulos, básicamente por tres cuestiones:

a) La evaluación de la calidad docente no debe basarse en un “solo factor: el aprovechamiento de los alumnos”; una evaluación más integral debe ser multifactorial, es decir, no sólo considerar la aplicación de exámenes a gran escala sobre el desempeño de los alumnos, sino que los profesores puedan demostrar, por ejemplo, sus habilidades en el manejo de situaciones didácticas y en la conducción de grupos en los que predomina la diversidad.

b) El Programa de Estímulos plantea el reto de identificar con precisión cuáles son los aprendizajes que un profesor logra en un ciclo escolar (“valor agregado” respecto a los grados previos), y cuál es producto del trabajo de los profesores anteriores. Por tanto, se tiene que “rastrear la trayectoria de los maestros para detectar el o los grupos que cada uno tuvo a su cargo el año anterior”; y “si esos grupos se encontraban en condiciones socioeconómicas distintas”.

c) El Programa de Estímulos puede convertir al examen en contenido, es decir, que los maestros se dediquen a preparar a sus alumnos para que lo aprueben y para que obtengan buenos resultados, y dejar de lado el desarrollo de habilidades y competencias básicas.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo por los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE a celebrarse el presente año, así como el uso que se le da a la información derivada de la implantación de este instrumento, a fin de evitar que se distorsione el objetivo que debe perseguir.

Notas:

1 Tenbrink, Terry D. (2009) Evaluación. Guía Práctica para profesores.Madrid: Narcea. Consultado el 14 de junio de 2010 desde http://books.google.com.mx/books?id=CJyeZusF6YIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq= tenbrink+concepto+de+evaluaci%C3%B3n&source=bl&ots=QyrxnIKCIi&sig=saDHawOULcrOioF-wrEFu5vk7N8&hl= es&ei=CqoWTITYLpO6NqHlic0L&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q=proceso%20de%20obtener&f=false

2 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión (1993) Ley General de Educación. Página 10. Extraído el 30 de mayo de 2010, desde http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf

3 Ídem.

4 Ídem. Pág. 183.

5 Secretaría de Educación Pública (2007) Programa Sectorial de Educación. Página 57. Extraído el 18 de mayo de 2010 desde http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial

6 Docentes, alumnos de los diferentes niveles educativos, directivos, etcétera.

7 Secretaría de Educación Pública (2009) Estímulos a la calidad docente.Extraído el 15 de junio de 2010 desde http://estimulosalianza.sep.gob.mx/wb/sep1/

8 Flores Crespo Pedro y Carlos Muñoz Izquierdo (2010) ¿Le importan realmente los maestros a la SEP?Extraído el 15 de junio de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/

9 Flores Crespo Pedro y Carlos Muñoz Izquierdo (2010) ¿Le importan realmente los Maestros a la SEP? Extraído el 15 de junio de 2010 desde http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/13MIL150410

10 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica),Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte las Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continuamos con el capítulo de dictámenes  negativos. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados y resolutivos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados y resolutivos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados y a los resolutivos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 5o., 29, 48 y 59 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de la Reforma Agraria de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión le fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto citada al rubro del presente dictamen.

Esta comisión dictamina con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2 fracción XXXII y 3; 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y somete a la consideración de esta asamblea.

Con base en los antecedentes mencionados y de conformidad con lo que establece el artículo 94 párrafo cuarto, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitimos los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 16 de julio de 2008, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, recibió del diputado José Luis Espinosa Piña, a nombre propio y de los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, María Elena de las Nieves No-riega Blanco Vigil, Felipe Díaz Garibay y Martha Angélica Romo Jiménez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria en materia de protección a monumentos y zonas arqueológicos.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados; acuerdo que nos fue comunicado mediante oficio No. CP2R2A-1463.

Tercero. Mediante oficio Of/CRA/438/08 de fecha 26 de agosto de 2008, se dio cuenta de esta iniciativa a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, para conocimiento y estudio, solicitándoles sus opiniones y propuestas.

Cuarto. Con fundamento en lo establecido en el artículo 45, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitiera su opinión a la presente iniciativa; misma que fue recibida el 10 de noviembre de 2008.

Quinto. El legislador en su “Iniciativa con proyecto de decreto” propone que se reformen los artículos 2, 5, 29, 48 y 59 de la Ley Agraria, con el propósito de proteger y preservar el patrimonio arqueológico que se encuentra ubicado dentro de tierras ejidales o comunales; en concordancia con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, 5, 29, 48 y 59 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano, el equilibrio ecológico y la protección al patrimonio arqueológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y demás leyes aplicables.

Artículo 5. Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y culturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico y el patrimonio arqueológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversión para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 29. ...

Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques, selvas tropicales o zonas arqueológicas. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiera excedentes de tierra o se tratará de bosques, selvas tropicales o zonas arqueológicas pasarán a propiedad de la nación.

Artículo 48. Quien hubiera poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario que no sean destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques, selvas o zonas arqueológicas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe o de diez años si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

...

...

Artículo 59. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques, selvas tropicales o zonas arqueológicas.

Sexto. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de octubre de 2009, dio cuenta del expediente que contenía el Acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre del año en curso, y en cumplimiento del punto tercero del mismo, se remitió a la Comisión de Reforma Agraria copia de dictamen positivo con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.

Consideraciones

Primera. En estricto derecho, mientras no concluya la disolución del ejido, quién cuenta por disposición constitucional de personalidad y patrimonio propios, éste ejido tiene pleno dominio sobre las tierras que integran su patrimonio, sin embargo, al tenor del artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en caso de existir una zona arqueológica, tenga o no carácter ejidal el terreno, la ley es limitativa al establecer que de oficio o a petición de parte, se hará la declaratoria correspondiente, misma que expedirá o revocará, el presidente de la República o en su caso el secretario de Educación Pública.

Segunda.Por otro lado y a mayor abundamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, la Ley de Expropiaciones y , la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son coincidentes al señalar:

a) Que sólo procede la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización (artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 10 de la Ley de Expropiación, y 93, fracción VII, y 94 de la Ley Agraria).

b) Que es causa de utilidad pública la conservación de las zonas arqueológicas (artículo 1°, fracción IV, de la Ley de Expropiación; artículo 93, fracción VIII, de la Ley Agraria, y 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos).

Tercera.El pretender que en la Ley Agraria, previo a la disolución del ejido, se haga la exclusión de las zonas arqueológicas, jurídicamente:

1. Se daría un trato desigual a la propiedad ejidal, en relación con el que se le da a la propiedad privada lo cual debe protegerse y velarse ya que las condiciones sociales y económicas son distintas, no resulta en el mismo sentido que una propiedad privada sea susceptible de expropiarse en conciencia y conocimiento de los particulares, que en el caso de ejidatarios que en su inmensa mayoría se encuentran en condiciones de desamparo jurídico.

2. Por otro lado, se dejaría de observar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiaciones, de la Ley Agraria y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al desprenderse del análisis a sus contenidos, la existencia de la expropiación como el procedimiento administrativo, en virtud del cual, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, puede privarse al gobernado de la propiedad de sus tierras.

Cuarta.Además de los preceptos antes analizados se desprende que dicha iniciativa generaría un impacto (incremento) en el gasto, ya que en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que cuando se proponga un argumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, y esto contra viene al plan de austeridad propuesto por el Ejecutivo para enfrentar la fuerte crisis que enfrentó nuestro país el año anterior.

Lo anterior, puesto que dichas modificaciones implican mayores gastos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.

Con base en el análisis de la iniciativa de referencia y en las consideraciones anteriores, la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 2°, 5°, 29, 48 y 59 de la Ley Agraria, presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña, a nombre propio, y de los diputados Ramón Ignacio Lemus, María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 16 de julio de 2008.

Segundo.Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de mayo de 2010.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Óscar García Barrón, presidente (rúbrica); María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Felícitas Parra Becerra, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo, Domingo Rodríguez Martell, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, con número de oficio CP2R1A.-915. que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Comisión Permanente, celebrada el día 16 de junio de 2010, el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Con fecha 17 de junio de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la iniciativa:

1. En México, el ferrocarril representó una alternativa de comunicación por décadas. En la primera mitad del siglo XIX funcionó el primer tramo que fue de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe inaugurado por el presidente don Ignacio Comonfort.

El Presidente Lerdo y, aún más, su sucesor Porfirio Díaz alentaron el desarrollo ferroviario con concesiones generosas que incluían subvenciones públicas para la construcción de las líneas. Al comenzar la presidencia de Díaz existían un total de 416 millas de ferrovía en servicio en México. Al final de su mandato en 1910, México contaba con más de 15 mil 360 millas de ferrovía en servicio, en su mayoría construidas por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses.

2. El legislador indica que: México cuenta con 26 mil 690 kilómetros en vías férreas, de las cuales 9 mil kilómetros son de vías en desuso con enormes potencialidades para el desarrollo del turismo y traslado de los mexicanos.

A su vez, indica que la iniciativa radica en ser un proyecto emblemático para el desarrollo del país, por lo que es necesario utilizar las normas legales en materia de ferrocarriles concluyendo con un marco ágil y flexible que brinde un desarrollo promisorio del sistema ferroviario.

3. La exposición de motivos establece que los ferrocarriles en la modalidad de servicio para pasajeros son de suma importancia en el mundo, ya que ofrecen comodidad tanto o mejor como los otros servicios por carretera o aéreo.

Hay proyectos para fabricar trenes con capacidad para más de mil 700 pasajeros, modificando el ancho de la vía.

4. Concluye el legislador la exposición de motivos considerando que el Congreso impulse obras dignas para nuestro país y rehabilitar gradualmente el transporte ferroviario de pasajeros.

Consideraciones

1. Que la modificación propuesta pretende estimular el servicio ferroviario de pasajeros, que actualmente contempla la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (Ley), cuyo objeto es precisamente regular, el servicio público de transporte ferroviario.

Considera que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo, teniendo la obligación de proteger en todo momento la seguridad y la soberanía de la nación y promover el desarrollo de dicho servicio en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte.

El servicio público de transporte ferroviario de carga, es aquél que se presenta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros. El servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, se define como aquel que se presta en vías férreas, destinado al traslado de personas.

Del artículo anterior transcrito, es importante destacar que tal regulación da lugar a tres posibilidades, que puede desa-rrollar el servicio público de transporte ferroviario:

a) Puede ser de pasajeros.

b) Puede ser de carga

c) Puede ser de pasajeros y de carga.

2. Que la iniciativa en comento plantea modificar la palabra podrá –que denota la posibilidad de hacer algo–, por la palabra deberá –que expresa una obligación–, por lo que en principio pretende asegurar el fomento del transporte de pasajeros y del mixto.

No obstante en el segundo párrafo contradice este propósito al dar al concesionario la libertad de fijar libremente el porcentaje de carga y pasajeros del servicio que presta, con lo cual resta ímpetu a la reforma del verbo podrá por deberá.

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece que para prestar el servicio público de transporte ferroviario, ya sea en su modalidad de carga, de pasajeros, o mixto, el particular obligatoriamente requiere obtener una concesión del Estado, de conformidad con lo siguiente:

• Las concesiones se otorgarán mediante licitación pública y únicamente se podrán entregar a personas morales mexicanas.

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

• Las bases de la licitación incluirán, entre otros rubros, las especificaciones y características del servicio público de transporte ferroviario de la concesión (que puede ser de carga, de pasajeros o mixto).

• Los interesados deberán demostrar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera (según la convocatoria en la que tengan interés en participar, la cual puede ser para prestar el servicio de carga o de pasajeros o mixto).

• La SCT emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas. La evaluación de las proposiciones se hará con base en los criterios contenidos en las bases referidas anteriormente.

• La SCT, en su caso, otorgará la concesión y el título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

• El título de concesión deberá contener, entre otros elementos, las características y especificaciones del servicio público de transporte ferroviario que, en su caso, se concesiona.

• Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario, deberán contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten y el personal capacitado para proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad.

De lo anterior, se deriva que la modificación propuesta afectaría la garantía constitucional de irretroactividad de la ley de los actuales concesionarios del servicio público de transporte ferroviario, cuya concesión puede ser para carga o para pasajeros exclusivamente.

El párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Al respecto, la Suprema Corte de justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emitió una tesis de Jurisprudencia en la que cita que el órgano legislativo no debe expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, según se advierte a continuación:

GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE. Conforme al criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la interpretación del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, al constreñir al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente, pues la intención del Constituyente en dicho precepto, fue prever de manera absoluta, que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo, sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la ley por las autoridades, o a si la ley por sí misma lo produce desde el momento de su promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo proceda contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos.

Amparo en revisión 1362/28. Robles Carlos. 17 de mayo de 1929. Cinco votos. Ponente: Alberto Vázquez del Mercado. Secretario: H. Guerra.

Amparo en revisión 270/2000. The American British Cowdray Medical Center, I.A.P. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

Amparo en revisión 1933/99. Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P. y coags. 9 de agosto de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.

Amparo en revisión 1797/99. Educadores Integrales, I.A.P. y coags. 31 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Ariel Oliva Pérez.

Amparo en revisión 914/2002. Caja Independencia, S.C.L., Sociedad Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo, de R.L. de C.V. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

Tesis de jurisprudencia 50/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil tres.

3. Que el artículo primero transitorio de la propuesta objeto de este análisis establece lo siguiente:

“El porcentaje del servicio ferroviario destinado a pasajeros y al destinado a carga lo fijará libremente el concesionario, procurando el aumento gradual del servicio destinado a pasajeros”.

La redacción del párrafo debiera dar margen para que un concesionario, acatando los términos de su concesión, no prestara más servicio que los que la misma concesión señala, pues de conformidad con la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, los actuales concesionarios del servicio de transporte ferroviario:

• Concursaron en una convocatoria emitida por la SCT para prestar el servicio público de transporte ferroviario, en alguna de las modalidades que prevé la ley para pasajeros, carga o mixtos.

• Los interesados demostraron su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera para prestar el servicio de transporte ferroviario en la modalidad respectiva.

• La SCT otorgó la concesión y el título respectivo y lo publicó en el DOF. Dicho título contiene, entre otros elementos, las características y especificaciones del servicio público de transporte ferroviario que se concesionó.

• Los concesionarios que prestan el servicio público de transporte ferroviario, se comprometieron a contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que prestan y el personal capacitado para manejarlo y proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad.

Por lo anterior, la reforma propuesta obliga a un concesionario, cuya concesión no lo autoriza, a prestar un servicio para el cual no concursó.

El proceso de otorgamiento de concesiones llevado a cabo por parte de la SCT, consistió en otorgar principalmente dichos títulos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga, por lo que en la mayoría de las concesiones únicamente se establece la prestación de ese servicio y con la reforma que se propone en el presente proyecto legislativo, se obligaría a todos los concesionarios a prestar ambos servicios, lo que iría en contravención del objeto de algunas de las concesiones otorgadas por el gobierno federal, por lo cual se tendrían que modificar las mismas, previo acuerdo de esta Secretaría con los concesionarios, aunado a que implicaría mayor inversión por parte de estos o, en su caso, la aplicación de recursos públicos para la adecuación de la infraestructura ferroviaria y obras complementarias.

Asimismo, generaría mayores costos de operación como son: contratación de seguros, contratación de tripulaciones, mantenimiento, seguridad, contratación de personal administrativo, lo que aunado a la baja demanda de este servicio, podría generar un déficit en la operación, obligando a los concesionarios a repercutir los nuevos costos en las tarifas por el servicio de carga, o en su caso, el gobierno federal tendría que otorgar subsidios a dichas empresas, haciendo ineficiente y poco competitivo al sistema de transporte ferroviario.

Por otro lado, la orografía del país ha determinado la existencia de importantes pendientes y curvaturas que obligan al ferrocarril a ocupar más fuerza motriz, así como a realizar su recorrido utilizando mayor tiempo que otros medios de transporte, lo que disminuye la posibilidad de rentabilidad en el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 16 de junio de 2010.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, artículo 2, fracción V.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica en abstención), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica en contra), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez, Sergio Lobato García (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid, Mary Telma Guajardo Villarreal, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal

Honorable Asamblea

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 61-II-8-422 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 28 de abril de 2010, la diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con fecha 28 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la iniciativa:

1. El autotransporte federal de pasajeros es el servicio destinado a la transportación de personas que se presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios para la llegada y la salida de vehículos, en lugares autorizados para el ascenso y el descenso de pasajeros, en terminales registradas y autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), según las clases de servicio y las características de las poblaciones.

2. Las opciones de movilidad se han diversificado, la explosión demográfica hace que las opciones de transporte de pasajeros tengan que ser cada vez mayores; y las condiciones económicas actuales obligan al usuario a buscar opciones a las que puedan tener acceso sin lastimar en gran medida su ingreso.

Las zonas urbanas del territorio nacional han sido invadidas por redes de autotransportes que operan sin regulación de la autoridad, pero pululan por las necesidades de transportarse con rapidez, en camionetas que dan mayor movilidad, con horarios continuos, a bajo precio, pero a veces son vehículos desecho de las restricciones vehiculares impuestas en las grandes ciudades, como el Distrito Federal, o chatarra importada de manera ilegal de Estados Unidos de América: vehículos chocolate y sin seguro de viajero. Es por ello, pertinente suponer que quienes prestan el servicio sólo buscan ejercer su derecho al trabajo digno y socialmente útil, como garantiza el artículo 123 de la Constitución Política; y en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 5o. de la Carta Magna, que menciona que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

3. De lo anterior, aunque las gestiones son continuas, no han encontrado disposición de la autoridad para reglamentar su servicio, a fin de que sean sometidos a una regulación, por lo cual no hay garantía de que se cumplirá el contrato de prestación de servicio que celebran con el usuario y, peor aún, la garantía de seguridad para los pasajeros y los conductores no existe.

4. Ante esta situación, es pertinente que los vehículos tipo Van o Suburban, a los que llamaremos vehículos utilitarios, sean incorporados a la normatividad para que puedan prestar el servicio de autotransporte federal de pasajeros con toda la garantía de que en caso de accidente cuenten con el resarcimiento del daño, que proporcione al usuario condiciones de regularidad, uniformidad y continuidad, con sujeción a horarios, dispuestos en el artículo 23 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, los cuales deberán ser fabricados ex profeso para el transporte de personas, no mayor de 15 pasajeros, con antigüedad máxima de 5 años a partir de su fabricación, sujetos en todas sus condiciones al marco legal vigente.

Los vehículos utilitarios tendrán las siguientes características: motor delantero de 6 u 8 cilindros, de 2 ejes y 4 llantas, de 4 o 5 puertas, las posteriores abatibles o corredizas, además de la posterior para el compartimiento de carga, con tracción en el eje delantero o trasero y capacidad máxima de 15 personas.

Consideraciones

1. El autotransporte federal de pasaje es aquel servicio de transporte por autobús interurbano que se ofrece de forma regular, entre dos o más poblaciones, sujeto a rutas y horarios fijos, con un sistema logístico de corridas e itinerarios diseñados para que las empresas y sus autobuses satisfagan los niveles de demanda de transporte, así como las necesidades de desplazamiento del pasajero.

2. En la prestación de servicios de autotransporte federal de pasaje, la tecnología de los autobuses está orientada hacia la comodidad y seguridad de los pasajeros que hacen uso de ellos. De esta situación se puede definir al autobús interurbano o intercitadino, como el vehículo automotor de grandes dimensiones, diseñado para el adecuado transporte de personas entre dos o más poblaciones, con características especiales, que hacen cómodo y ameno el viaje a los pasajeros, entre las que se pueden mencionar la amplitud de espacio y asientos reclinables, estructuras auxiliares de transporte para equipaje y carga ligera, así como servicios complementarios a bordo.

3. Ahora bien, esta comisión dictaminadora considera fundamental el hecho de que un pasajero, al decidirse por una oferta y en consecuencia adquirir en ese momento un boleto de autobús, adquiere el derecho al disfrute del beneficio de transporte, entre los que se distinguen, la seguridad y la comodidad.

Asimismo, es fundamental recordar que en las empresas de autotransporte se venden servicios, es decir, aspectos intangibles que adquieren importancia cuando los elementos materiales del mismo funcionan adecuadamente y con oportunidad, pero que sólo adquieren su verdadero valor cuando las personas responsables de operarlos los utilizan adecuadamente, dándoles un uso correcto para el cual fueron creados.

4. Dar un servicio consiste en cubrir las necesidades del cliente satisfactoriamente tal como él lo requiere; no se trata de cualquier servicio, sino del mejor. De lo anterior, se desprende que la definición de servicio, es el siguiente: “conjunto de actividades identificadas por separado, esencialmente intangibles, que brindan la satisfacción de necesidades y deseos, pero que no están necesariamente unidas a la venta de un producto o bien.”

5. En la presente iniciativa se propone incorporar a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el servicio de autotransporte de pasajeros a través de los vehículos denominados como utilitarios, los cuales consisten en aquellos vehículos con motor delantero de seis u ocho cilindros, de dos ejes y cuatro llantas, de cuatro o cinco puertas, las posteriores abatibles o corredizas; además de otra posterior para el compartimiento de carga, con tracción en el eje delantero o trasero y capacidad máxima de 15 personas.

De la iniciativa se desprende que dichos vehículos, la mayoría de las veces son vehículos desecho de las restricciones vehiculares impuestas en las grandes ciudades como el Distrito Federal, o chatarra importada de manera ilegal de los Estados Unidos de Norteamérica; los vehículos llamados “chocolate” y sin seguro de viajero.

6. Actualmente la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal prevé que se requiere de permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. Asimismo, la ley referida prevé en su artículo 35, la obligación de cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas de los vehículos destinados al transporte de pasajeros obteniendo la constancia por parte de dicha dependencia.

7. Por lo anterior, al pretender la legisladora incorporar o en su caso legalizar este servicio a través de los denominados vehículos utilitarios, se estarían contraviniendo diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, toda vez que la prestación del mismo, en estos momentos es llevado a cabo por los vehículos citados en la iniciativa, los cuales evidentemente no cumplen con las condiciones físicas y mecánicas previstas en la Norma Oficial Mexicana respectiva, así como en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente.

8. De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes considera inviable la presente iniciativa, toda vez que en la misma se propone otorgar un servicio, en el cual no se garantiza al usuario, los principios de seguridad, certeza y comodidad, toda vez que las características del medio de transporte en comento, no cumple con las condiciones físicas y mecánicas para que en consecuencia reciba la constancia de aprobación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de abril de 2010.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 BARONA MAYORGA, Leonardo. “Autotransporte Federal de Pasaje, Operación y Estructura”, Ed. Trillas, México, 2006, pág. 19.

2 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid, Mary Telma Guajardo Villarreal, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Están a discusión los puntos de acuerdo antes señalados.

Sonido a la curul del diputado Cárdenas, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente.

Respecto de esta iniciativa de la diputada Sofía Castro, me llama mucho la atención que haya sido desechada, porque según entiendo la iniciativa de la diputada pretendía ampliar la gama de vehículos que pueden prestar servicio a pasajeros, y también esa iniciativa tenía por propósito garantizar derechos a los propios pasajeros, obligando a las empresas a contar con un seguro para casos de accidente, a fin de indemnizar a las víctimas.

Entonces me parece que no están muy bien razonados en el dictamen los motivos por los que no se quiere ampliar la protección a los pasajeros y las razones por las que se impide que cierto tipo de vehículos utilitarios puedan ser incorporados al servicio público de pasajeros, presidente.

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El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cárdenas, esto es una disposición de la propia comisión. El pleno solamente con su voto será determinante al respecto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En ese sentido, presidente, solicitaría con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior, que algún miembro de la comisión explique los fundamentos de este desechamiento de una iniciativa que a mí en lo particular me parece importante.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Se encuentra algún integrante de la Comisión para poder seguir adelante con el tema? Es la Comisión de Transporte.

No habiendo un integrante de la Comisión de Transporte, porque no se manifiesta, consulte la Secretaría al pleno si se retira este dictamen del orden del día.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se retira este dictamen. Los diputados que estén a favor de que se retire, favor de levantar su mano. Los diputados que estén en contra de que se retire favor de hacerlo en votación económica.

Mayoría en contra de que se retire.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Entonces se mantiene en el orden del día.

La diputada Sofía Castro Ríos(desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Sofía Castro. Sonido en su curul, por favor.

La diputada Sofía Castro Ríos(desde la curul): Señor presidente, solicito que el turno que se ha venido discutiendo en el tema de la Comisión de Transportes —en razón de un planteamiento que ya se argumentó, se acreditó que asiste la razón— solicito se someta a votación para su aprobación.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ya se sometió a votación. Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.

LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 24 de febrero de 2009, los Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentó el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Reformar el artículo 71 de la Ley de Vivienda, para establecer que en la realización de proyectos de construcción de viviendas habitacionales, se dé prioridad a la utilización de materiales ecológicos y medidas ahorradoras de energía.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Vivienda con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

Segunda.Que la Ley de Vivienda tiene por objetivo establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Tercera.Que dentro de los principios de la Ley de Vivienda, se encuentra el propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.

Cuarta. Que la Comisión Nacional sobre el Medio Ambiente y del Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas vinculó el desarrollo y el medio ambiente en un solo concepto: desarrollo sustentable.

Quinta. Que a partir de 1992 se han realizado trabajos que se orientaron a modificar las actividades humanas con el fin de minimizar el deterioro ambiental y garantizar la sustentabilidad en los procesos de desarrollo.

Sexta. Que el desarrollo sostenible o sustentable se define como aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Séptima.Que la misión de la Secretaría de Desarrollo Social es la de formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. Lograr la superación de la pobreza mediante el desa-rrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos.

Octava.Que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) desarrolla actualmente un Código de Edificación de Vivienda como un modelo normativo que promoverá que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda y que definan responsabilidades generales, para cada etapa del proceso de producción de vivienda.

Novena. Que ese código permitirá precisar los mínimos a cumplir en materia de proyecto arquitectónico, urbano, estructural y de instalación, y fomentará la calidad, pues es claro que sin la existencia de un marco normativo adecuada a la realidad actual, no se pueden garantizar viviendas de calidad, seguras y confortables bajo principios sustentables.

Décima. Que para colaborar con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Infonavit diseño un crédito denominado “Hipoteca Verde”, que otorga un monto adicional para que el derechohabiente pueda comprar una vivienda ecológica y así obtener una mayor calidad de vida, generando ahorros en su gasto familiar mensual derivados las ecotecnologías que disminuyen los consumos de energía eléctrica, agua y gas; contribuyendo al uso eficiente y racional de los recursos naturales, y al cuidado del medio ambiente.

Décima Primera. Que el objetivo de la “Hipoteca Verde” es promover que las viviendas adquiridas con crédito del Infonavit, se incorporen tecnologías que se traduzcan en menor consumo de energía y agua. La Hipoteca verde reconoce estos ahorros, otorgándole al trabajador un préstamo adicional para financiar la adquisición e instalación de calentadores solares de agua, focos fluorescentes ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua, aislamientos térmicos en techos y aires acondicionados de alta eficiencia o, en su caso, adquieran una vivienda con diseño bioclimático.

Décima Segunda.Que la Ley de Vivienda  privilegia el uso de materiales que eviten el deterioro del medio ambiente, al establecer en su artículo 83: “Comisión promoverá el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que propicien ahorro de energía, uso eficiente de agua, un ambiente más confortable y saludable dentro de la vivienda de acuerdo con las características climáticas de la región.”

Décima Tercera. Que los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda, de la LXI Legislatura, concluyen  que ya existen acciones que se están realizando  para favorecer al medio ambiente al implementar el uso de nuevos materiales ecológicos y el fomento a la creación de un mayor número de proyectos de construcción de viviendas ecológicas con medidas ahorradoras de energía  en el sector de la construcción, asimismo reconocen que la Ley de Vivienda contempla el fomento en la utilización de materiales ecológicos y medidas ahorradoras de energía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Vivienda presenta el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, presentada por el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 24 de febrero de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2010.

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica en contra), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica) secretarios; Laura Arizmendi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Están a discusión los puntos de acuerdo antes señalados. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Jaime Cárdenas, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, le prometo que es la última —en este turno, en este momento—, que le hago respecto de esta propuesta de reforma al artículo 71 de la Ley de Vivienda, porque de nuevo entiendo que la Comisión de Vivienda desecha iniciativas sobre temas fundamentales, como la anterior de Transportes.

Esto tiene que ver con la hipoteca verde, es decir, promover que las viviendas adquiridas con crédito del Infonavit, en esas viviendas se incorporen tecnologías que se traduzcan en menor consumo de energía y agua. A todas luces el propósito de la iniciativa es loable y ventajoso para la sociedad, para el sustento ecológico de este país y para evitar el cambio climático.

Yo creo que sería importante también, con fundamento en el artículo 198, que algún miembro de la Comisión de Vivienda, con fundamento en este artículo del Reglamento Interior —el 108— explique las razones y los motivos de desechamiento de la iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Algún diputado de la Comisión de Vivienda desea intervenir en este punto para poder fundamentar el dictamen, en razón del planteamiento del diputado Cárdenas?

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se retira este punto o proseguimos con él.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los diputados y las diputadas que estén a favor de que se retire este punto, favor de levantar su mano. Los diputados y las diputadas que están a favor de que se quede este dictamen favor de levantar su mano.

Mayoría por que se quede.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría.

LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 y adiciona el 57 Bis a la Ley de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa que reforma el artículo 57 y adiciona el 57-Bis a la Ley de Vivienda, que en ejercicio de sus facultades constitucionales presentó el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 3, y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2007, los Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentó el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

Tercero.El legislador propone reformar el artículo 57 y adicionar el artículo 57-Bis de la Ley de Vivienda, con el propósito de limitar las tasas que cobran las sociedades hipotecarias de objeto limitado (Sofoles) para la adquisición de vivienda y para que estas intermediarios financieros  no estén exentos del pago de derechos por licencias, permisos e impuesto sobre la adquisición de inmuebles y el Registro Público de la Propiedad.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Vivienda con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda.Que la iniciativa aborda cuestiones ya previstas en la Ley de Vivienda y pretende regular aspectos que rebasan la materia de este ordenamiento y son materia de otras leyes, como: la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,  la Ley del Mercado de Valores, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras disposiciones jurídicas.

Tercera.Que la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley de Vivienda, es una regulación concerniente a la Ley de Instituciones de Crédito y otros ordenamientos jurídicos en materia financiera y crediticia.

Cuarta. Que los organismos nacionales de vivienda otorgan los créditos a tasas preferenciales, pero con márgenes que les permitan cubrir sus costos y mínimos de riesgos, y que además en los casos del Infonavit y el Fovissste, dichas tasas preferenciales no pongan en riesgo el patrimonio de sus derechohabientes.

Quinta. Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los organismos de vivienda sean sujetos de la fiscalización superior en los términos de la ley en la materia es innecesario, toda vez que dichos organismos por recibir y manejar recursos públicos federales son entidades fiscalizadas tal y como lo prevé la  fracción X, del artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sexta. Que el Infonavit no es una entidad sujeta de fiscalización, debido a que no recibe ni maneja recursos federales, sin embargo en la ley del instituto se precisan los mecanismos para la aplicación y aprobación de auditorías a sus resultados financieros y planes de labores.

Séptima. Que la reforma al artículo 57 de la Ley de Vivienda, tampoco resulta  procedente, pues el objeto de la Ley de Vivienda no es ni se relaciona con la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que la supervisión y regulación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado y de Objeto Múltiple ya está prevista en la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores.

Octava. Que obligar a los intermediarios financieros, bancos y Sofoles a pagar los derechos por licencias, permisos de factibilidad e impuesto sobre la adquisición de inmuebles es inviable ya que los intermediarios financieros no construyen viviendas, sólo otorgan crédito.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Vivienda presenta el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 y adiciona el 57 Bis de la Ley de Vivienda, presentada por el diputado a la LX Legislatura Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2010.

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica en contra), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica) secretarios; Laura Arizmendi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 4 de agosto de 2008, los Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentó la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

Tercero. La legisladora propone lo siguiente:

• Establecer que en la política nacional de vivienda, se promueva la creación de programas, mecanismos e instrumentos de apoyo para la adquisición, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para las mujeres tanto en zonas urbanas como en rurales.

• Que se creen proyectos para adquisición, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda dirigidos a mujeres, tanto en zonas urbanas como rurales.

• Que la Política Nacional de Vivienda, promueva la creación de proyectos dirigidos a mujeres, así como el fomento a la creación de cooperativas femeninas para la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda en zonas urbanas y rurales.

• Que en el Programa Nacional de Vivienda se definan programas, mecanismos e instrumentos para el referido fin.

• Que la Comisión Nacional de Vivienda tenga atribuciones para fomentar la creación de cooperativas formadas por mujeres para el propósito mencionado.

• Que se otorgue al Consejo Nacional de Vivienda la función de proponer al Ejecutivo federal programas y mecanismos de apoyo dirigidos a mujeres con el mismo objetivo.

Consideraciones

Primera. Con base a los antecedentes indicados, esta comisión con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa en referencia.

Segunda. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Vivienda, que señala los principios con los que deberán aplicarse la presente ley, destacando el de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil, pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.

Como es de observarse la Ley de Vivienda pretende regular la mayor amplitud de obtención de vivienda digna, sin tomar en cuenta los motivos prohibidos que describe el artículo 3° en cita, razón por lo que la propuesta de la diputada, al pretender que se reconozca un trato especial o diferenciado a las mujeres, desacata la prohibición de no discriminar a que alude el tercer párrafo del artículo 1° constitucional y que reitera el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación.

Por otra parte, lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Vivienda, en concordancia  con el 4º constitucional, dispone que el objeto de la Ley de Vivienda es que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, y considerando que dentro de la familia se comprende a la mujer y al hombre por igual, lo que se hace innecesario establecer en esta materia disposiciones con perspectiva de género que apliquen sólo a alguno de los integrantes de la familia.

Por consecuencia, esa distinción explícita lesiona el principio de igualdad que reconoce el primer párrafo del numeral primero de la propia carta fundamental, especialmente porque entre otros, los artículos 1°, 3°, 4°, fracciones VIII y IX, 6°, fracción I, 19, fracciones VII y VIII, de la Ley de Vivienda, destacan el propósito de satisfacer las necesidades habitacionales de bajos ingresos, como promover las oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

Tercera. Que la Ley de Vivienda, prevé en sus artículos 6, fracción I, y 87 los supuestos en los que se busca beneficiar principalmente a los grupos vulnerables, en los que se encuentra al sector femenino, por lo  que se considera que la intención de la legisladora se encuentra cubierta por el marco de referencia.

Cuarta. Que respecto a la identificación de los mecanismos jurídico-institucionales que promueven la equidad de género en México se seleccionaron mecanismos internacionales y nacionales, entre los que destacan los que han derivado del sistema de las Naciones Unidas y los de ámbito nacional iniciando por nuestra Constitución Política hasta leyes e instituciones más concretas que han sido diseñadas para favorecer a las mujeres.

En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada el 2 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, establece en su objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, en base a los principios de igualdad, de no discriminación, de equidad y todos aquellos contenidos en nuestra Carta Magna.

Quinta. Que el 12 de enero de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres que se constituye formalmente el 8 de marzo del mismo año en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, lo cual es prueba fehaciente de que existen mecanismos que buscan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como combatir la discriminación en contra de las mujeres en nuestro país.

Sexta. Que teniendo en cuenta el contenido de la iniciativa, es importante recordar el concepto de Ley en sentido estrictamente material conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que la define como la norma jurídica general y abstracta, sin importar el órgano que la expide ni su modo de creación; la característica “general” se refiere a que en el supuesto jurídico de la norma legal no se determina individualmente el sujeto a quien se le imputarán las consecuencias jurídicas que esa norma establece y que dichas consecuencias se deberán aplicar a cualquier persona que actualice los supuestos previstos. En relación a la abstracción, la ley regula por igual a todos los casos que impliquen la realización de su supuesto normativo sin excluir individualmente a ninguno.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Vivienda de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de octubre de 2010.

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica) secretarios; Laura Arizmendi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En virtud de que se no ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

Le damos la más cordial bienvenida al personal docente, padres de familia y estudiantes de la primaria Profesor Caritino Maldonado, del estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín.

Continúe la Secretaría.

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL - LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el primero del artículo 8 y los artículos 18 y 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de la Función Pública en la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma, los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXX, en relación con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 3, y el artículo 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 56, 60, 65, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con proyecto de decreto. Y al efecto expone los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha cuatro de febrero de dos mil nueve, la diputada Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno del Congreso de la Unión la iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones unidas de la Función Pública, y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, asignándole el número de expediente 5439.

3. una vez recibida y previo estudio de la misma, se preparó el siguiente proyecto de dictamen:

Contenido de la iniciativa

I. La iniciativa que se dictamina propone establecer el 15 de febrero del año siguiente del ejercicio auditado como fecha de entrega de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados.

II. También se propone una prórroga de hasta15 días contados a partir de la nueva fecha de entrega.

III. Asimismo, en la iniciativa se propone que la Cuenta Pública deberá ser aprobada a más tardar el 30 de septiembre del año de la presentación.

IV. Se plantea también, establecer el 15 de junio la entrega del informe del resultado de la revisión de ésta cuenta por parte de la Auditoría Superior de la Federación a dicha Cámara.

V. La diputada Guillermina López Balbuena expresa en su exposición de motivos lo siguiente:

“Es de todos sabido que dentro del ámbito legislativo el órgano de control es la Auditoría Superior de la Federación, que desempeña la función de observar los programas y su ejecución se ajusten a los términos y montos aprobados, así como en el desempeño, eficiencia, eficacia y economía con base en indicadores aprobados en el presupuesto. Es de reconocer que este organismo ha cumplido en presentar en tiempo y forma los resultados de las cuentas públicas revisadas.

”El propósito de la presente iniciativa es recorrer la fecha de presentación de la Cuenta Pública y que esta sea a mas tardar el 15 de Febrero del año siguiente del ejercicio correspondiente, y que la fecha de aprobación por parte del pleno de esta honorable Cámara del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública sea a más tardar el 30 de septiembre del mismo año de su presentación. Con ello daremos un paso importante para la consolidación de la democracia en el aspecto de rendición y transparencia, otorgando gobernabilidad para determinar y calificar la gestión pública, coadyuvando al mejoramiento del quehacer gubernamental.”

La iniciante continúa:

“La Cuenta Pública está sustentada en la base técnica del sistema integral de contabilidad gubernamental, basado en normas, procedimientos y metodologías, a través de las cuales se registran las operaciones que realizan los organismos de la administración pública otorgando ante ello, un alto grado de confiabilidad; permitiendo además generar información que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y el destino del gasto. Es decir, integra los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y demás información que muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda pública estatal, y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, así como el resultado de las operaciones de los poderes públicos del Estado, además de la situación de la deuda pública.”

Considerando

1. Conforme a la publicación de La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de fecha 29 de mayo del año dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación por promulgación del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa y con estricto apego a sus facultades constitucionales, misma que entro en vigor al día siguiente de su publicación de manera sincrónica para toda la república, por tratarse de un ordenamiento federal, siendo lo anterior el día 30 de mayo del año 2009 para dar cumplimiento del decreto de aprobación expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dejó a la presente iniciativa sin materia.

2. la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación referida abrogó de manera automática la anterior Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual era uno de los ordenamientos legales que afectaría la presente iniciativa en estudio, lo anterior da lugar a que la iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se quedara sin materia.

Por las razones y argumentación anteriormente citadas, esta Comisión de la Función Pública emite la siguiente

Conclusión

En virtud de lo establecido en los considerandos primero y segundo de este dictamen, esta comisión dictamina y resuelve en sentido negativo la Iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, por carecer de materia y someten a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual tiene el número de expediente 5439, presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Roberto Gil Zuarth, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), secretarios; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Esthela Damián Peralta, Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Miguel Ángel García Granados, César Daniel González Madruga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Eviel Pérez Magaña, Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Guillermo José Zavaleta Rojas.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL - LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, y de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social y la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se adicionan el inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Honorable asamblea:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, y de Gobernación en la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estas comisiones unidas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXX, en relación con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 56, 60, 65, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con proyecto de decreto, y al efecto expone los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha cuatro de febrero de dos mil nueve, la diputada Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno del Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, y de Gobernación de la Cámara de Diputados, asignándole el número de expediente 5450.

3. una vez recibida y previo estudio de la misma, se preparó el siguiente proyecto de dictamen:

Contenido de la iniciativa

I. La iniciativa que se dictamina propone establecer que la fiscalización superior de la Federación deberá realizar auditorías de desempeño de manera trimestral durante el ejercicio fiscal en curso de los programas con carácter social, para evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el Presupuesto.

II. También se propone verificar el desempeño del cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto y la legalidad en el uso de los recursos públicos; informando de los resultados, observaciones y recomendaciones a la Cámara de Diputados a más tardar a los 30 días posteriores de iniciada la auditoría.

III. La diputada Guillermina López Balbuena expresa en su exposición de motivos lo siguiente:

“Evaluar permite tener resultados para la planificación y la reorientación continua de las políticas, programas, proyectos y acciones. Mi propuesta busca que se mida realmente los avances de acuerdo a los objetivos, permitiendo con ello detectar que pasa durante el proceso, es decir, la evaluación no debe hacerse al final, deben utilizarse indicadores susceptibles de ser revisados en cualquier momento; permitiendo detectar problemas, para determinar las acciones más apropiadas para resolverlos y continuar la consecución de los objetivos planteados.”

”Conocer los procesos, resultados e impactos de las políticas de desarrollo social constituye un elemento fundamental para mejorar la toma de decisiones y obtener mayor eficacia en las políticas diseñadas, contar con mejor implantación de sus estrategias y eficiencia de la asignación de recursos. Como legisladores debemos alcanzar dicho objetivo, esto implica realizar una evaluación integral, valida y confiable, de las políticas aplicadas, y esta, a su vez, disponer de recursos financieros suficientes y de recursos humanos capacitados.”

La proponente continúa:

“Con nuestra propuesta se asumirán objetivos vinculados a la transferencia de recursos para paliar la situación actual de los pobres en relación con la satisfacción de sus necesidades elementales más inmediatas; por medio de la inversión en capital humano y social. Ya que al fiscalizar los recursos destinados a los programas, a través de auditorías de desempeño, constituirá una forma particular de hacer investigación cuyo objetivo puede circunscribirse solo a conocer y explicar una realidad pero que, su principal función será aportar elementos a un proceso de toma de decisiones que permita mejorar los efectos de la actividad evaluada.”

”Al implementarse las auditorías de desempeño, se lograran los siguientes resultados, considerar lo sucedido durante la etapa de implementación, en relación con los factores organizacionales, sociales y técnicos que afectan al programa, así como a los aparatos organizacionales vinculados, sus normas, reglas y actores participantes, identificar el grupo-objetivo, funcionarios encargados y las omisiones presentadas.”

Considerando

1. Conforme a la publicación de La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de fecha 29 de mayo del año dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación por promulgación del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y con estricto apego a sus facultades constitucionales, misma que entro en vigor al día siguiente de su publicación de manera sincrónica para toda la república, por tratarse de un ordenamiento federal, siendo lo anterior el día 30 de mayo del año 2009 para dar cumplimiento al decreto de aprobación expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dejó a la presente iniciativa sin materia.

2. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación referida abrogó de manera automática la anterior Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual era uno de los ordenamientos legales que afectaría la presente iniciativa en estudio, lo anterior da lugar a que la Iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se quedara sin materia.

Por las razones y argumentación anteriormente citadas, esta Comisión de la Función Pública emite la siguiente:

Conclusión

En virtud de lo establecido en los considerandos primero y segundo de este dictamen, estas comisiones dictaminan y resuelven en sentido negativo la Iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desa-rrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por carecer de materia y someten a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha el decreto de la iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el artículo 28 de la Ley General de Desa-rrollo Social, la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un segundo párrafo a los artículos 72 y 78, respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social, y las fracciones I Bis y II Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual tiene el número de expediente 5450, presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia, secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), secretarios; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Esthela Damián Peralta, Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Miguel Ángel García Granados, César Daniel González Madruga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Guillermo José Zavaleta Rojas.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

LEY DE AVIACION CIVIL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes perteneciente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación, presentada por la diputada Ana Esthela Durán Rico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2010.

Esta comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción XXXVIII, y numeral 3; los artículos 44, 45, numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 10 de diciembre de 2009, la diputada Ana Esthela Durán Rico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un tercer párrafo al artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Segundo. Con fecha 10 de diciembre de 2009 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente:

II. Contenido de la Iniciativa

1. En la exposición de motivos la legisladora señala que: “la sobreventa de boletos es una práctica recurrente que se realiza en nuestro país bajo el amparo de la tolerancia legal. Esta anuencia otorgada por el marco jurídico refleja una nula inhibición por parte de las aerolíneas concesionarias que brindan el servicio de transporte a pasajeros, en virtud de que actualmente el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil contempla como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación de vuelos por causas imputables a los concesionarios aéreos”.

2. Por otra parte, la iniciativa en comento establece que las aerolíneas que sobrevenden los boletos obtienen una ganancia extra, sin considerar el grave perjuicio que se le ocasiona al usuario trastocando cuestiones de carácter financiero, de salud, familiares, profesionales, laborales o compromisos para concretar negocios, cuando se le informa al comprador del boleto sobrevendido que hay sobrecupo del vuelo.

3. En el proyecto legislativo, manifiesta la legisladora que la sobreventa debe ser considerada como un vicio de mala fe contractual y es en virtud de que muchos usuarios han sido testigos y afectados del inconveniente que representan estos actos, quienes además de resentir las consecuencias de no arribar a su destino en el día y la hora programada, se enfrentan con una serie de trámites engorrosos para el reclamo de los derechos que les concede la ley además de la necesidad de efectuar pagos extras en otras aerolíneas con la finalidad de garantizar su traslado como estaba programado.

4. Se concluye la exposición de motivos indicando que el objeto de la iniciativa es incluir en la Ley de Aviación Civil la prohibición de la sobreventa de boletos de avión a pasajero, salvaguardando los derechos de las personas que se ven afectadas por la cancelación de un vuelo por causas imputables a las aerolíneas, proponiendo modificar el primer párrafo del artículo 52 de dicho ordenamiento, a efecto de acotar el supuesto legal a que las aerolíneas tienen obligación de resarcir los daños originados por la cancelación ajena a la voluntad de los usuarios cuando así lo soliciten. Asimismo, para no dejar abierta la posibilidad de que las aerolíneas sigan sobrevendiendo boletos, se crea el tercer párrafo en el que se prohíbe la expedición de boletos que impliquen un sobrecupo en la aeronave.

Por lo expuesto esta Comisión de Transportes hace las siguientes:

III. Consideraciones

1. De acuerdo con el contenido de la exposición de motivos al establecer que la sobreventa de boletos de avión es una práctica que se realiza en nuestro país bajo el amparo de la tolerancia legal, cabe recordar que anteriormente las aerolíneas efectuaban al pasajero diversos cargos de cancelación de las reservaciones que se realizaban con ciertas horas de anticipación a la salida del vuelo correspondiente y podían llegar hasta un 50 por ciento del costo del boleto; sin embargo, esto provocaba que las líneas aéreas se veían imposibilitadas en la mayoría de los casos de vender los asientos que, de esta manera, eran cancelados y con lo que se tenía un alto índice de asientos vacíos en los vuelos, aún en temporadas y rutas de alta densidad de tráfico, afectando los intereses de otros pasajeros que no habían podido encontrar un asiento. De igual manera, para tales efectos, las mismas condiciones de transporte de ese entonces exigían al pasajero que reconfirmara su reservación con al menos 24 horas de anticipación, ya que de otra manera, la misma quedaba cancelada.

A finales de los 80 y principios de la década de los 90, las aerolíneas a nivel mundial decidieron eliminar los cargos de cancelación, por lo que se tuvo la necesidad de crear medidas para sostener las operaciones dentro de parámetros económicamente viables, como parte de una actividad que generalmente tiene pocos márgenes de utilidad. Una de estas medidas es la venta en exceso de la capacidad de asientos de una aeronave, ante el problema del incremento en el número de pasajeros que no se presentan a abordar su vuelo reservado.

2. La iniciativa establece en la exposición de motivos, que “las aerolíneas que sobrevenden boletos obtienen una ganancia extra” y “ganancias cuantiosas a costa de perjudicar a los usuarios”, sin embargo, la aerolínea al incurrir en dicha eventualidad debe reintegrar al pasajero el precio íntegro del boleto, además de incurrir en otros gastos destinados a apoyarlo para trasladarlo a su destino y, además pagar una indemnización del 25 por ciento del precio del boleto, lo cual elimina la posibilidad de lucro por parte de la empresa.

La línea aérea no sobrevende vuelos como una rutina dolosa o como “un vicio de mala fe contractual” en perjuicio de su propio cliente; esta medida comercial tiene su principal fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que no se presentan a documentar y abordar su vuelo en la fecha consignada en la reservación. Ello origina una seria afectación, en primer lugar, a la prestación del servicio público de manera eficiente, ya que las reservaciones existentes de pasajeros que no se presentan, impiden la venta de boletos a otras personas que si desean efectuar el vuelo y hacer uso del servicio, además del asiento vacío que esto representa.

Adicionalmente, esta es una práctica comercial generalizada en todos los países del mundo por lo que en caso de efectuarse en nuestro país alguna limitación al respecto, se generaría un conflicto en la comercialización de la mayoría de las empresas extranjeras, ya que sus legislaciones locales sí lo permitirían.

3. Por otra parte, el espíritu de la actual Ley de Aviación Civil lejos de pretender inhibir la sobreventa de boletos, reconoce esta práctica internacional y adoptó en el artículo 52 una serie de medidas que debe tomar la aerolínea en caso de que eventualmente no exista la posibilidad de que algún pasajero pueda abordar, proporcionado las siguientes opciones:

“Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje”.

4. Actualmente, las líneas aéreas cuentan con sistemas electrónicos e informáticos muy avanzados para fijar los parámetros de sobreventa de manera realista, lo que origina que la presencia de pasajeros en exceso de la capacidad de la aeronave es muy ocasional, presentándose este problema más por necesidades de cancelación de un vuelo saturado que por sobreventa de boletos. En todos estos casos, las líneas aéreas deben hacer frente a su responsabilidad en los términos que marca la ley.

Esta situación está ampliamente documentada y legislada en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia, por lo que pretender prohibir esta actividad, sería volver a prácticas nocivas para el transporte aéreo y los pasajeros, afectando la eficiencia en la prestación del servicio público.

A su vez, la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), de la cual México es parte, en su Séptima Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/7) ha recomendado a sus Estados miembros adoptar un régimen de atención al pasajero cuando se le deniegue el embarque, por razones que no le son imputables, teniendo reserva confirmada. (Véase anexo I).

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, presentada por la diputada Ana Estela Durán Rico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 10 de diciembre de 2009.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Análisis por parte de la Cámara Nacional de Aerotransporte, dirigido al licenciado Héctor González Weeks, director general de Aeronáutica Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fecha 18 de diciembre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2010.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica en contra), José Ramón Martel López, Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica en contra), Oscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid, Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada:   En virtud de que no se ha registrado orador alguno...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, sonido en la curul del diputado Cárdenas, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, voy a insistirle, contrario a lo que le acabo de decir, porque este desechamiento, este dictamen que el año pasado ya se intentó desechar, tiene que ver con la sobreventa de boletos por las compañías aéreas. Me había opuesto a que se desechara, entonces como otra vez se presenta, aprovechando que casi no hay quórum, se presenta y entonces quiero discutir este dictamen porque me parece que estamos vulnerando los derechos de los consumidores de las líneas aéreas, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se retira el dictamen del orden del día o se sostiene.

Para hablar en contra, el diputado Cárdenas tiene el uso de la palabra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Buenos días compañeras diputadas, compañeros diputados. Hace unos meses también se intentó desechar esta iniciativa, que es muy importante y benéfica para los consumidores de las líneas aéreas.

Es una propuesta al artículo 52 de la Ley de Aviación Civil a fin de restringir, de limitar la sobreventa de boletos, porque la promotora de la iniciativa sostiene lo siguiente, y leo textual:

La sobreventa de boletos es una práctica recurrente que se realiza en nuestro país bajo el amparo de la tolerancia legal. Esta anuencia otorgada por el marco jurídico refleja una nula inhibición por parte de las aerolíneas concesionarias que brindan el servicio de transporte a pasajeros en virtud de que actualmente el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil contempla como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación de vuelos por causas imputables a los concesionarios aéreos.

En pocas palabras, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, lo que pretende la diputada promotora de esta iniciativa es que sancione, que se indemnice a las personas que sean afectadas por la sobreventa de vuelos, que es una práctica común en el país, que afecta los derechos de miles de consumidores de líneas aéreas.

Cuando acuden a tomar un vuelo, simplemente la línea aérea les dice: hay sobreventa de vuelo, tiene que esperar usted otro vuelo, y no hay ningún tipo de indemnización o de reparación del daño suficiente.

La iniciativa que aquí se propone insiste en que exista no solamente la posibilidad de volar en otro vuelo de esa compañía sino que además exista indemnización y reparación del daño.

Creo que en este momento, en donde una línea aérea tan importante como Mexicana no tiene vuelos en territorio nacional y donde las tarifas de la otra línea aérea importante del país, que es Aeroméxico, son cada vez más costosas y como existe una fuerte demanda de compra de boletos de avión, sería fundamental que se garantizaran plenamente los derechos de los consumidores de las líneas aéreas y se penalizara a las compañías concesionarias por sobrevender vuelos o por afectar de otra manera a los consumidores de estos medios de comunicación como es, por ejemplo, fijar límites al peso de las maletas que llevan los pasajeros de las líneas aéreas.

Me parece que las bondades de la iniciativa son muy importantes y que es incorrecto que esta Cámara de Diputados deseche la iniciativa de la diputada Ana Estela Durán Rico. Que mantengamos el análisis de la iniciativa, es más, que sea perfeccionada la iniciativa para garantizar los derechos de los consumidores, pero que no sea retirada o de-sechada. Estamos contribuyendo a garantizar los derechos de las empresas concesionarias, pero no los derechos de los ciudadanos.

Una vez más, insisto, compañeros: no votemos por el de-sechamiento de esta iniciativa...

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdone un momentito, diputado. Sonido a la curul del diputado García Granados, por favor.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Para efecto de que me dé oportunidad, presidente, de subir a razonar mi voto en contra.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, señor. Continúe diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Fíjense, por ejemplo, lo que dice el considerando de la Comisión: que las líneas aéreas no sobrevenden vuelos como una rutina dolosa o como un vicio de mala fe contractual.

A mí me ha tocado —me imagino que a muchos de ustedes, a miles, tal vez a millones de mexicanos que a veces accedemos a las líneas aéreas— que cuando llegamos a abordar nuestro vuelo nos dice la compañía que se ha sobrevendido el vuelo y que tenemos que esperar otro. No tenemos compensación económica alguna ni indemnización. Y además, todavía nos restringen, por ejemplo, respecto del uso de maletas que podemos llevar o del peso de las maletas.

Creo que debemos preocuparnos por los derechos de los consumidores. Insisto, compañeros: espero que voten en contra de este dictamen porque están lesionando los derechos de los consumidores mexicanos si votan a favor del dictamen.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, con el objeto de razonar su voto.

El diputado Miguel Ángel García Granados:Gracias, presidente. En primer lugar quiero decir, compañeros diputados, que resulta muy lamentable que ningún miembro de la comisión suba a razonar el sentido del dictamen que están presentando a esta soberanía.

No se hizo así en las anteriores llamadas que se le hicieron a distintas comisiones, lo cual deja entrever, seguramente, que estamos en el seno de las comisiones resolviendo sin tener conocimiento pleno de lo que estamos aprobando.

Vengo a razonar mi voto en contra de este dictamen, fundamentalmente porque creo que todos, todos los mexicanos estamos sufriendo los excesos de las líneas aéreas en sobreventa de boletos, pese a que en los considerandos de este dictamen se diga actualmente que las líneas aéreas cuentan con sistemas electrónicos e informáticos muy avanzados para fijar los parámetros de sobreventa de manera realista, lo cual origina —según dice el considerando de este dictamen—— que la presencia de pasajeros en exceso, de la capacidad de la aeronave, es muy ocasional. Creo que esto es una gran mentira.

La gran mayoría de los mexicanos han visto con desagrado cómo la sobreventa de boletos se da y cómo se quedan varados sin poder llegar a su destino.

Y por otro lado, creo que Ana Estela Durán en su iniciativa fue tajante cuando dijo que, efectivamente, la sobreventa debe ser considera como un vicio de mala fe contractual y es en virtud de ello que muchos usuarios han sido testigos y afectados del inconveniente que representan estos actos.

El objeto de la iniciativa presentada por Ana Estela Rico es incluir en la Ley de Aviación Civil la prohibición de la sobreventa de boletos de avión a pasajeros, salvaguardando los derechos de las personas que se ven afectadas por la cancelación de un vuelo, por causas imputables a las aerolíneas. No es válido pues señalar, en los considerandos o en las consideraciones de este dictamen, que esta medida comercial tiene su principal fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que no se presentan a documentar y a abordar su vuelo en la fecha consignada en la reservación. Eso es totalmente falso. En la práctica hemos visto cómo las aerolíneas realizan sobreventa de boletos.

En ese sentido, quiero convocar a que dejando de lado las cuestiones de votaciones por consigna rescatemos nuestra libertad y votemos con conciencia. Muchos reclamos recibiremos los que somos diputados de esta Legislatura cuando regresemos a nuestros distritos, respecto de las decisiones, a veces absurdas, que se han venido tomando y sin tomar conciencia realmente de lo que queremos.

Ésta debe ser una asamblea de deliberación de los grandes problemas nacionales, en la cual se den cita 500 conciencias y que no solamente estén definiendo el sentido del voto de todos y cada uno de nosotros, tres o cuatro personas.

Hoy los convoco nuevamente, compañeros diputados, a que con conciencia desechemos aquello que consideremos que esté mal. Este dictamen debe ser rechazado, debe ser devuelto para una nueva consideración y si es sometido a consideración para su voto, desde hoy manifiesto mi voto en contra. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. A favor de los dictámenes, son negativos. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Miguel Ángel García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera precisar. Hubo dos solicitudes de que este dictamen, el último que se leyó, el del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, se reservara o se retirara.

Sin embargo, está usted poniendo a consideración ya todos los dictámenes que contienen sentido negativo. Yo quisiera, en todo caso, que se hiciera una precisión. Primero que se vote si se va a separar o retirar este dictamen para un nuevo estudio, el último, el del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil y después someta a consideración los demás dictámenes que han sido ya aprobados por la gran mayoría.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En ése dictamen ya consultamos a la asamblea y se tomó la determinación de retirarlo, diputado. Perdón, perdón, ¿fue en sentido afirmativo? Se queda en el orden del día. Pero ya se tomo la votación correspondiente al respecto.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, diputado Martel... Perdón, perdón, está en uso de la palabra el diputado Miguel Ángel.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): En ese sentido, entonces, presidente, solicito respetuosamente que se vote en dos tiempos: los dictámenes anteriores totalmente independientes de éste que ha sido objetado, a efecto de ver cuál es la definición de esta soberanía.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados, salvo el que se refiere al artículo 52 de la Ley de Aviación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados exceptuando el que se refiere al artículo 52 de la Ley de Aviación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría con el punto de acuerdo reservado y que se refiere al artículo 52 de la Ley de Aviación.

Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo relativo al artículo 52 de la Ley de Aviación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul del diputado Pablo Rodríguez, por favor.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Presidente, para precisar.

¿Esto quiere decir que el voto a favor es para que el dictamen se quede en los términos que está, que es negativo, verdad?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Afirmativo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén a favor del dictamen sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No se aprueba y por tanto, se devuelve a la comisión.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día son iniciativas de sólo turno a comisión. En consecuencia, esta Presidencia recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:  «Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el 74, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Las migraciones son un hecho natural que ocurren con base en las necesidades de las poblaciones humanas, las que se encuentran en constante movimiento en aras de satisfacer sus requerimientos de subsistencia.

El Banco Mundial reconoce que la migración internacional se debe a la necesidad que tienen las personas de mejores condiciones de vida, aunque ello implique el abandono geográfico del país de origen. Los inmigrantes logran con ello incrementos salariales, los países de destino se beneficiaron de aumento en la oferta de mano de obra, y los países de origen vieron disminuir las presiones en el sector laboral.

Nuestro país ha presentado desde sus orígenes un fenómeno migratorio complejo. Somos una nación expulsora de migrantes, principalmente hacia los Estados Unidos de América, a la vez que somos receptores de migrantes centro y sudamericanos, algunos de manera permanente y otros en tránsito hacia nuestro vecino del norte. Finalmente, contamos también con una compleja migración interna, del sur hacia el norte y del campo hacia las ciudades.

En el caso de la migración de México a Estados Unidos, estamos ante un fenómeno económico y humano, con todo lo que tiene de tragedia y complementariedad de beneficios y perjuicios para ambas sociedades, de mitos y prejuicios culturales. Las de estos dos países son economías que de facto funcionan de manera compenetrada y cuya oferta o demanda de empleo conoce sinergias inocultables, históricas y estructurales.

De conformidad con estimaciones de Conapo, cerca de 12 millones de mexicanos residen actualmente en los Estados Unidos, de los cuáles cerca del 53 por ciento, es decir, alrededor de 7 millones, cruzan la frontera de manera irregular, lo que los pone en una posición de vulnerabilidad frente a las detenciones arbitrarias, vejaciones y maltratos.

Asimismo, quedan fuera de esta cifra los migrantes centro y sudamericanos en tránsito hacia el norte, y cuya cantidad es difícilmente cuantificable, pero muy voluminosa como lo puede advertir cualquier persona que visite la frontera sur.

El fenómeno migratorio ha ido evolucionado con el paso de los años, y recientemente se ha vuelto mucho más complejo debido a la influencia que el cáncer de la delincuencia organizada ha dejado sentir en todos los sectores de la sociedad.

Ya no solamente se debe de lidiar con traficantes inescrupulosos que ponen en peligro la vida de los migrantes al exponerlos a condiciones inhumanas de viaje, sino que se debe temer la intervención de grupos de delincuentes que roban, secuestran, extorsionan, asesinan y trafican con migrantes inocentes cuyo único delito es buscar mejores condiciones de vida para sí y sus familias.

Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración en los años recientes han cometido una sucesión de omisiones y errores que hacen urgente la intervención del Poder Legislativo como un auténtico contrapeso respecto del Ejecutivo federal.

En su 4º informe de labores, el secretario de Gobernación manifiesta haber apoyado a 1.8 millones de mexicanos que retornaron al país durante el periodo mediante el programa Paisano. Asimismo, manifiesta que por conducto de los Grupos de Protección a Migrantes (Grupos Beta) se brindó orientación a 216,705 migrantes, localizó a 170, brindó asistencia social a 201,424 y asistencia jurídica a 287 personas, independientemente de su nacionalidad.

Finalmente, se manifiesta haber asistido a 469,369 mexicanos que fueron repatriados por los Estados Unidos, mediante la ampliación de la cobertura del Programa de Repatriación Humana. Sin embargo, no obstante estas cifras, en realidad no se han definido políticas públicas que se traduzcan en una protección efectiva a los migrantes.

Cabe recordar que la Secretaría de Gobernación es, de conformidad con el artículo 4º de la Ley General de Población, la encargada de definir las normas y políticas públicas en la materia, así como de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias federales que intervengan de acuerdo a su competencia.

Sin embargo, es evidente la franca descoordinación que existe no sólo entre las distintas dependencias, sino incluso al interior de ellas mismas.

El Instituto Nacional de Migración, como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene a su cargo la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.

Sin embargo, los funcionarios que encabezan ese instituto se han mostrado débiles y carentes de argumentos para negociar con los Estados Unidos de América una reforma migratoria que satisfaga las necesidades de ambos países en la materia: la protección de los derechos de los mexicanos por nuestra parte, y las garantías de seguridad que resultan primordiales para ellos.

Las autoridades fueron incapaces de responder de manera firme y enérgica ante la aprobación de medidas antiinmigrantes francamente violatorias de los derechos humanos en el estado de Arizona, que ha llevado a la criminalización de los migrantes.

Finalmente, los hechos recientemente acontecidos en Tamaulipas en que 72 migrantes centro y sudamericanos perdieron la vida, tras haber sido interceptados por un grupo de la delincuencia organizada, ha llamado poderosamente nuestra atención para exigirnos redoblar los esfuerzos tendientes a proteger la integridad física de estos migrantes, a la vez que nos ha mostrado la ineficacia de las autoridades federales para atender esta problemática.

Esta soberanía debe actuar de manera responsable frente a la ciudadanía, y vigilar de manera cercana la actuación del Ejecutivo, en ejercicio de la función de control en la que reside la esencia de los parlamentos.

Los desaciertos, la falta de conocimiento  de la problemática que aqueja al fenómeno migratorio, la descoordinación y la ineficacia de las políticas diseñadas en la materia, nos obligan a intervenir de manera urgente en favor de los migrantes, adecuando las normas, instituciones, programas y apoyos destinados para su atención.

Durante la presente administración, el titular del Ejecutivo federal de manera reiterada ha hecho mal uso de la facultad potestativa que tiene para nombrar a sus colaboradores en las distintas dependencias de la administración pública federal, atendiendo a compromisos y compadrazgos en vez de elegir los perfiles adecuados para cada responsabilidad.

Sin embargo, aquella dependencia que se encarga de diseñar y aplicar las políticas públicas en materia de migración, debido al enorme peso social que sobre ella recae, no puede estar sujeta a consideraciones de índole político.

Por tal motivo es que consideramos que el nombramiento de su titular debe recaer en la Cámara de Diputados por el voto de dos terceras partes de sus miembros, de entre la terna que proponga el Ejecutivo federal.

De esta manera esta soberanía se encargará de realizar un análisis detallado y transparente de las cualidades de cada uno de los aspirantes, al tiempo que el Ejecutivo federal conserva la posibilidad de designar a los integrantes de dicha terna, en un claro ejercicio republicano de balance de poderes.

Para ello, se propone modificar el artículo 74, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar a la Cámara de Diputados la facultad para designar al titular del Instituto Nacional de Migración de entre la terna que le proponga el Ejecutivo federal, con una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, lo que implica la construcción de un gran consenso al interior de la Cámara de Diputados entre las diferentes fuerzas políticas aquí representadas.

Asimismo, a efecto de no retrasar la atención de los asuntos en materia migratoria, en caso de que la Cámara de Diputados se encuentre en receso, se propone que el ejercicio de esta facultad recaiga en la Comisión Permanente, con los mismos requisitos.

En virtud de lo anterior se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 74, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma del artículo 74, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I. y II. ...

III. Designar al titular del Instituto Nacional de Migración de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente conforme a las mismas reglas;

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “Políticas de Desarrollo Regional”, compilador  José Luis Calva. Título del artículo “Migración Internacional y Desarrollo”. Autores Rodolfo García Zamora y otros. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2007. Pág. 80

2 “Políticas de Desarrollo Regional”, compilador  José Luis Calva. Título del artículo “Migración, desarrollo y regiones”. Autor Gustavo López Castro. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2007. Pág. 102

3 www.conapo.gob.mx

4 Secretaría de Gobernación, 4º Informe de Labores. Pág.98.

5 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Art. 55

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicional el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hay casos en que los contribuyentes no acreditan totalmente el impuesto al valor agregado que les fue trasladado en la adquisición de bienes o de servicios o por recibir el uso o goce de bienes, o bien, cuando pagan en exceso el impuesto al valor agregado determinado en el mes que corresponda.

En tales casos, la autoridad considera que esos pagos en exceso son efectuados indebidamente y entonces el contribuyente tiene que realizar una solicitud de devolución del importe pagado en exceso.

Por lo anterior y a fin de evitar al contribuyente trámites engorrosos y a la autoridad disminuir su carga administrativa y, sobre todo, la devolución de un dinero que ya recibió como contribución, se propone adicionar con un párrafo en el siguiente artículo.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se adiciona un tercer párrafo al artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera:

Articulo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución, deberá ser sobre el total del saldo a favor. En caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente.

Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.

El impuesto al valor agregado pagado en la adquisición bienes o de servicios o por el uso o goce temporal de bienes no acreditado en el mes podrá ser acreditado en los meses siguientes. De la misma manera, cuando se hagan pagos en exceso del impuesto al valor agregado determinado, el importe pagado en exceso podrá acreditarse en los meses siguientes hasta agotarlo.

Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios a que se refiere el inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de esta ley, cuando en su declaración mensual resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de Administración Tributaria la inversión realizada o, en su caso, el pago de los derechos realizado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil once.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y conforme a lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. En México hay gran diversidad de cultos religiosos; las leyes establecen los lineamientos que deben cubrir para que así se les considere y se les registre, con lo cual se mantiene un orden jurídico apropiado.

2. Desde la Ley Juárez, el poder del Estado se separó del clero, por lo que en las leyes también están las reglas para mantener el Estado laico. Una de éstas es el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el cual dicta que ningún ministro de culto podrá asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguno.

3. La misma ley establece, en el artículo 12, que las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación sobre los mexicanos a que haya conferido el carácter de ministro de culto. De no hacerlo, se tendrá como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación funciones de dirección, representación u organización. Pese a lo que dicta la ley, hay quienes, ejerciendo el ministerio, niegan ser ministros para participar en las contiendas electorales, argumentando que su ocupación principal es de quehaceres completamente distintos.

4. Como mexicanos responsables y cuidadosos de la ley, debemos evitar que haya lagunas que permitan la participación de ministros de culto en los ámbitos políticos, ya que pueden fácilmente manipular a los votantes por medio de sus creencias religiosas.

5. Entonces, debe establecerse en la ley que también serán considerados como tales los que realicen las actividades propias de un ministro de culto en una asociación religiosa.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 12. Para los efectos de esta ley, se consideran ministros de culto todas las personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrá como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación funciones de dirección, representación u organización y a quienes realicen actividades propias de un ministro de culto.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:  «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; también se adicionan el artículo 12 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 83 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece como un eje de política pública la rendición de cuentas y la transparencia, estableciéndolos como los dos componentes esenciales en los que se fundamenta la acción de un gobierno democrático, ya que es por medio de la rendición de cuentas que el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas y por medio de la transparencia que se abre la información al escrutinio público para que pueda ser revisada, analizada y, en su caso, utilizada como mecanismo para sancionar a los gobiernos.

Es por esto que un gobierno que desea llamarse democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

En esta perspectiva, el acceso a la información pública contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.

Con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002, pudimos contar con un marco legal para el acceso a la información del gobierno federal. Con esto  se cubrió un profundo vacío legal e institucional, ya que ahora cualquier persona puede solicitar información a su gobierno. Asimismo, se asegura la transparencia y la rendición de cuentas, porque se obliga a contar con procedimientos en materia de acceso a la información; se garantiza la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados; y se establece la obligación de contar con archivos bien ordenados.

Los avances en estas materias, aunque en algunos casos limitados, también se han dado en el ámbito estatal, ya que actualmente todas las entidades federativas cuentan con una ley de acceso. No obstante, es indispensable establecer criterios homogéneos para evitar las asimetrías en la obligación de todos los niveles de gobierno en la información del origen y destino de los recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios que tienen su origen en la legislación federal.

Es por esto que dentro del Plan Nacional de Desarrollo en la política pública de “democracia efectiva y política exterior responsable” se establece como objetivo número 5, promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno. Para lograr esto se tiene previsto implantar, entre otras, la siguiente estrategia: “Estrategia 5.1.  Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de los recursos federales”.

Con esta estrategia se busca crear los mecanismos y propiciar las reformas legales necesarias, para que tanto las administraciones estatales como las municipales estén obligadas a explicar puntualmente cómo invierten los recursos que reciben de la federación y cuál es su impacto en términos económicos y sociales.

Asimismo, es importante considerar que en las últimas dos administraciones federales se ha fortalecido el sistema nacional de coordinación fiscal, mediante el cual se ha generado el incremento de las transferencias de recursos públicos federales a todas la entidades federativas y el Distrito Federal, toda vez que en los dictámenes de los proyectos de Presupuestos de Egresos correspondientes se ha logrado distribuir el total de los impuestos federales –y de los otros ingresos que establece la Ley de Coordinación Fiscal–, de una forma equitativa y democrática. También se han fortalecido los diversos fondos a través de los cuales los estados, municipios y el Distrito Federal reciben aportaciones federales con los que realizan importantes acciones de gobierno.

Como evidencia de esto, baste mencionar que de 2006 a 2009, de acuerdo con los reportes de la Cuenta Pública federal enviados a esta Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las transferencias a los estados, municipios y el Distrito Federal pasaron de 716 mil 89 millones de pesos a 929 mil 167.8 millones de pesos, lo que representó un 29.7 por ciento de incremento, aun considerando que 2009 fue un año económicamente muy difícil y que en 2008 ya se había alcanzado un importe de 984 mil 59.8 millones de pesos.

De igual manera, el porcentaje de estas transferencias –que engloban las participaciones y las aportaciones federales– ha representado un crecimiento de más de 40 por ciento promedio del gasto federal autorizado por esta Cámara de Diputados en el periodo 2006-2009.

Es importante tener presente que las participaciones y aportaciones federales provienen de los impuestos y contribuciones que están determinados en la Ley de Ingresos de la Federación y que en la Ley de Coordinación Fiscal se establecen los mecanismos y fórmulas para su distribución, por lo que su destino tiene que estar dirigido a la atención de las necesidades de la población de menores oportunidades y a las funciones de gobierno.

Por esta razón, la implantación de mecanismos de fiscalización y transparencia de las transferencias de los recursos presupuestales que hace la federación hacia las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, requiere de reformas y adiciones tanto a la Ley de Coordinación Fiscal, como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se rindan cuentas a la población de las acciones se están realizando en su beneficio.

En este sentido, la presente iniciativa establece un marco legislativo más claro y detallado del proceso de fiscalización de dichos recursos en relación con el cumplimiento de metas y programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con lo que se obtendrían los siguientes beneficios:

1. Disminuir la discrecionalidad en el uso de las transferencias a nivel estatal mediante mecanismos de fiscalización y evaluación de metas y funcionalidad del gasto, similares a los que está sujeto el gobierno federal.

2. Homologar la función de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y la Secretaría de la Función Pública, en el sentido de consolidación de la información y revisión de la integración de ésta, para efectos de su reporte en la Cuenta Pública, ya que en muchos casos se establecen observaciones en las Cuentas Públicas federales que no pueden ser solventadas por estas instancias u otras dependencias o entidades de la administración pública federal.

3. Aclarar y definir que independientemente de la facultad de fiscalización que tiene el Poder Legislativo Local u Órgano de Control Interno estatal, se incluya la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En los últimos años, ha cobrado relevancia el fortalecimiento de las atribuciones y facultades del órgano superior de fiscalización de la federación y, en consecuencia, se le ha otorgado mayor autonomía y funcionalidad a fin de tener una herramienta de revisión y rendición de cuentas eficiente, eficaz y oportuna. Sin embargo, se requiere seguir apoyando la intervención de las autoridades fiscalizadoras en el uso del gasto público, toda vez que las necesidades de la población son muchas y los recursos presupuestales insuficientes. Por ello, se debe fomentar una cultura de rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan tener la certeza de que los recursos públicos federales son utilizados de manera oportuna, con apego a la ley, y bajo los criterios de honradez, economía, calidad, eficiencia y eficacia en todos los niveles de gobierno.

Finalmente, se considera necesario generar una equidad en la aplicación del marco de fiscalización, toda vez que existen recursos presupuestales (como las participaciones federales) que están considerados en el decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal y que no pueden ser revisados y auditados por la instancia que por ley tiene la responsabilidad y la atribución de analizar los resultados, metas, programas y aplicación del gasto federal.

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, esta iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y de Coordinación Fiscal, en materia de fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos federales que son transferidos a las entidades federativas, municipios y a las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 85 y 106; y se adicionan el artículo 83 Bis y un último párrafo a la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 83 Bis. Los recursos públicos federales, como participaciones y aportaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, tampoco pierden el carácter de federal, por lo que su fiscalización podrá ser realizada por la Auditoría de conformidad con sus facultades y atribuciones, por lo que podrá solicitar información, documentación y cualquier otro tipo de elemento que considere necesario para realizar sus funciones de vigilancia y fiscalización conforme su marco legal vigente, por lo que en el caso de que sean programas en los que las entidades federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal aporten recursos propios, estos últimos no podrán ser revisados ni observados por parte de la Auditoría.

Artículo 85. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas, como participaciones o aportaciones contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:

I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión similares a los establecidos por el gobierno federal, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientescon la finalidad de poder consolidar la información en la Cuenta Pública Federal; y

II. ...

...

La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo federal entregue los citados informes. Por lo que podrá solicitar también información sobre dudas o aclaraciones que sean necesarios para la consolidación de la información y sobre el uso de todos los recursos públicos federales.

...

No obstante todo lo anterior, la Auditoría podrá solicitar en cualquier momento la información necesaria para realizar sus funciones y atribuciones de fiscalización, únicamente por lo que se refiere a los recursos públicos federales transferidos.

Artículo 106. Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales,incluyendo en su caso a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la ley citada en el párrafo anterior, se pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. En el caso de las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, únicamente aplicará cuando se ejerzan recursos públicos federales.

Los ejecutores de gasto de recursos públicos federales, incluyendo en su caso las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

...

Artículo Tercero. Se reforman las fracciones II, III y V del artículo 49; y  se adiciona el artículo 12 bis de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue.

Artículo 12 Bis. Como parte del sistema nacional de coordinación fiscal, las participaciones federales establecidas en esta ley estarán sujetas a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, con base en sus atribuciones y facultades establecidas en su marco legal vigente

Artículo 49. ...

...

El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican.

I. ...

II. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales, sin perjuicio que de manera directa lo pueda realizar la Auditoría Superior de la Federación, conforme lo establece su marco legal vigente.

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos fondos;

III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta ley. De igual manera, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar la parte de las Cuentas Públicas referidas en esta fracción, solamente en lo que a los recursos públicos federales se refiere.

IV. ...

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores similares a los establecidos por el gobierno federal, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente ley, con la finalidad de poder consolidar la información en la Cuenta Pública federal. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del artículo 48 de la presente ley.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos del inicio del ejercicio de las atribuciones de revisión de la Auditoría Superior de la Federación, se determina que serán a partir de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2010.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Función Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Debido a que las necesidades nacionales superan los recursos con que cuenta el gobierno para hacer frente a las mismas, se deben encontrar mecanismos que brinden mayor certidumbre al ejercer los recursos públicos. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos clave de un buen gobierno, por lo que es necesario seguir impulsando acciones que fortalezcan estos dos aspectos en el ejercicio de los recursos.

Los recursos transferidos por las dependencias y entidades a las entidades federativas no pierden su carácter federal, motivo por el cual los gobiernos locales deben cumplir con las obligaciones previstas en las leyes aplicables para ejercer dichos recursos. Asimismo, el gobierno federal es responsable de que los subsidios se ejerzan de forma oportuna y para los objetivos previamente acordados.

En tal virtud y en ánimo de fortalecer una efectiva rendición de cuentas y observancia de la legalidad por parte de todos los órdenes de gobierno, se propone que en caso de que las dependencias y entidades detecten que los recursos permanecen ociosos; que las entidades federativas, municipios o, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal no han cumplido las obligaciones que les corresponden después de otorgados; o bien, que fueron desviados para propósitos distintos a los autorizados; suspenderán de inmediato la ministración de subsidios y transferencias y, en su caso, ejercerán las acciones correspondientes para que dichos recursos sean reintegrados al erario federal. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que lleven a cabo las instancias de fiscalización en el ámbito de su competencia.

La asignación de recursos federales a las entidades federativas resulta viable siempre y cuando se destinen a los fines y objetivos previamente convenidos. Por ende, la federación no puede asumir una posición indiferente al percatarse de que los recursos que asigna no son utilizados para los propósitos acordados o autorizados.

Es necesario recordar que la federación cumple en tiempo y forma con sus compromisos adquiridos, sin embargo, los gobiernos locales no cumplen, en la mayoría de los casos, con la misma puntualidad, lo cual genera que los recursos federales queden depositados en las tesorerías estatales de forma ociosa, generando un retraso al desarrollo y avance de la nación.

Por lo que respecta a las cuentas específicas, en ellas no se podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras. Además, las entidades federativas deberán mantener registros específicos de cada fondo, contar con la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, abstenerse de transferir recursos entre los fondos, entre otras obligaciones.

También se incluyen una serie de medidas que fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas, lo que permite contar con elementos mucho más claros y contundentes respecto el destino y objetivos alcanzados derivados del ejercicio de los recursos públicos federales. La inclusión de información favorece a crear un ambiente de certidumbre, en la que los actores involucrados conocen las reglas a las que están sujetos para ejercer debidamente los recursos que reciben de la federación.

Por ello, estas reglas permitirán conocer de forma clara el número de personal comisionado, funciones específicas, fecha de inicio y conclusión, en tratándose de los fondos.

De igual forma, se robustece el sistema de información a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al establecer que la información que envíen las entidades sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales transferidos, deberá contener como mínimo: el grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas, los recursos aplicados conforme a las reglas de operación, así como los proyectos y metas de los recursos aplicados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 10; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 74, pasando el actual tercero a ser cuarto párrafo; un último párrafo al artículo 82; un artículo 82 A; un último párrafo al artículo 83; y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 85, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto párrafos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. a IV. ...

V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el gobierno federal, por conducto de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones subsecuentes y ejercerá las acciones correspondientes para que dichos recursos sean reintegrados al erario federal.

Artículo 74. ...

...

En caso de que las dependencias y entidades detecten que los recursos permanecen ociosos; que las entidades federativas, municipios o, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal no han cumplido las obligaciones que les correspondan después de otorgados; o bien, que fueron desviados para propósitos distintos a los autorizados; suspenderán de inmediato la ministración de subsidios y transferencias y, en su caso, ejercerán las acciones correspondientes para que dichos recursos sean reintegrados al erario federal; sin perjuicio de las acciones que lleven a cabo las instancias de fiscalización en el ámbito de su competencia.

...

Artículo 82. ...

...

I. al XII. ...

En caso de no observarse lo dispuesto en el presente artículo, las dependencias y entidades podrán suspender o cancelar la ministración de recursos públicos federales a las entidades federativas, informando de inmediato a la Secretaría, a la Función Pública y a la Auditoría.

Artículo 82 A. Las cuentas específicas a que se refiere el artículo 82, fracción IX de esta Ley, no podrán incorporarse remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Asimismo, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, deberán observar lo siguiente:

a) Mantener registros específicos, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

b) Abstenerse de transferir recursos hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y

c) El registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas se deberá realizar conforme a la normativa aplicable.

Artículo 83. ...

...

Los recursos transferidos a las entidades federativas en el marco de los convenios de coordinación en materia de reasignación y, en su caso, los rendimientos financieros generados, que por cualquier motivo no hayan sido devengados al 31 de diciembre, deberán ser reintegrados a la Tesorería dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal.

Artículo 85. ...

I. y II. ...

Dicha información deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas;

b) Recursos aplicados conforme a reglas de operación, y

c) Proyectos y metas de los recursos aplicados.

...

...

...

Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 48 con un tercer párrafo, pasando el tercer y cuarto a ser cuarto y quinto párrafos; y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

...

Por lo que hace a los fondos a que se refiere el artículo 25, fracciones I, II y VI de esta Ley, dicha información también deberá contener, además de la que dispongan otras disposiciones legales aplicables, lo siguiente:

I. El número total del personal comisionado, nombres, tipos o código de plaza, funciones específicas, fecha de inicio y conclusión de la comisión;

II. Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, y

III. Monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo de que se trate.

...

...

Artículo 52. Los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este capítulo, así como sus rendimientos financieros, se manejarán exclusivamente en una cuenta específica, para lo cual no podrán incorporarse remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Asimismo, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, deberán observar lo siguiente:

a) Mantener registros específicos de cada fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

b) Abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

c) El registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos de los Fondos se deberá realizar conforme a la normativa aplicable, y

d) Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV de esta Ley y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por concepto de aportaciones federales, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Por lo que se refiere al artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán iniciar los programas tendentes para que las tesorerías locales realicen los pagos relacionados con recursos federales directamente en forma electrónica, mediante abono en las cuentas bancarias de los beneficiarios a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que adiciona el artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Rafael Pacchiano Alamán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Gupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Exposición de Motivos

Los ecosistemas mexicanos son una gran riqueza biológica y uno de los mecanismos más importantes para lograr su preservación y conservación es el establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

En términos del artículo 77 Bis a de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la certificación voluntaria de predios permite a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales, públicas y privadas, y demás personas interesadas, solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente un reconocimiento en el que conste que sus predios serán destinados a acciones de preservación de ecosistemas y su biodiversidad y serán reconocidas como Áreas Naturales Protegidas (ANP). Entre los requisitos, se señala que el promovente deberá definir la estrategia de manejo – asesorado técnicamente por la secretaría– por un plazo no menor de quince años.

Esta reciente adición a la LGEEPA ha logrado un buen efecto pues por un lado ha demostrado ser muy eficaz para la autoridad –ya que su constitución no representa una erogación económica significativa– y por otro, hace a la ciudadanía partícipe de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas dando impulso a los lazos de cooperación entre el estado y la sociedad mediante la coordinación de las acciones de preservación y en su caso de restauración del equilibrio ecológico.

Además prevé que si en el área se realiza un aprovechamiento sustentable de los recursos que allí se ubican, la secretaría expedirá un sello de sustentabilidad que dará un valor agregado a los productos resultado de dichos aprovechamientos, como sucede por ejemplo con las maderas certificadas.

En particular, la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es aún incipiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reporta 193 áreas certificadas con un total de 245 194.11 hectáreas de las que 46 pertenecen a particulares, 5 a empresas y la mayoría corresponden a áreas de conservación ecológica de las comunidades o parques municipales y estatales.

En ese mismo sentido, a pesar del esfuerzo realizado por el Ejecutivo federal, hasta la fecha han resultado insuficientes las aportaciones fiscales que se canalizan al sector medio ambiente por medio de la Conanp para dar viabilidad económica a la implementación de las estrategias de manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, toda vez que el acceso a diferentes instrumentos económicos, todavía presenta muchas deficiencias.

Hasta ahora no ha sido posible que las áreas certificadas que se destinan a la conservación tengan otra motivación que “... el sentimiento de buena voluntad, el interés por conservar los ecosistemas y dejando de lado la obtención de beneficios económicos por realizar una labor loable y noble como es la de cuidar y mantener los recursos naturales, ya que Conanp no ofrece incentivos económicos ....”

Con esta iniciativa se pretende valorar el potencial de estas áreas ante las significativas oportunidades de actuar ahora para reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) al año 2030 a través de políticas que tomen en cuenta los derechos de propiedad de las comunidades donde se localizan las zonas con mayor potencial de mitigación.

De acuerdo con el Informe Stern las políticas de adaptación son cruciales para atender los inevitables impactos por el cambio climático y sugiere que la apuesta debe ser a que las personas reaccionen a los cambios en el mercado de los servicios ambientales. En este caso, los gobiernos tienen el rol de proveer un marco normativo que guíe la adaptación efectiva de individuos y empresas en el mediano plazo y que contribuya en el largo plazo a la protección de bienes públicos, recursos naturales y costas.

La necesidad de actuar ahora es inminente, por lo que la presente iniciativa tiene el propósito de establecer un estímulo fiscal para promover la inversión de personas físicas o morales en las estrategias de manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación a través de un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). De esta manera, los contribuyentes podrán apoyar directamente a la conservación del área de su elección destinando el 10 por ciento de su ISR.

Con esta iniciativa, los propietarios u otros actores que propongan la certificación de un área con características de biodiversidad, podrán no sólo participar en la conservación de bosques, selvas, manglares, desiertos y la vida silvestre, sino que podrán recibir ayuda económica directa para la realización de las acciones previstas en la estrategia de manejo.

Uno de los principales beneficios de este modelo de inversión –supervisado y evaluado por un comité interinstitucional– será que el contribuyente tendrá certeza del destino de su aportación y verá en el mediano plazo los resultados. Si este tipo de cooperación logra una amplia participación, los nuevos beneficios de los servicios ambientales serán para todos los ciudadanos y en consecuencia se estará creando el valor de la protección de esos servicios ambientales. Este modelo dará paso a la acción colectiva de los contribuyentes, con el objetivo de proteger y conservar bosques, selvas, manglares, desiertos y la vida silvestre que son bienes privados pero que al mismo tiempo son bienes públicos.

No debemos olvidar que las personas actúan con base en valores; en la actualidad, el cambio climático nos está poniendo ante el dilema de cooperar para que el futuro sea mejor o dejar la responsabilidad en manos del gobierno, que requiere de largas y complicadas negociaciones para la aplicación de sus programas, con un costo administrativo mucho más elevado. El modelo propuesto en esta iniciativa innovará en el sentido de simplificar el procedimiento de acceso a recursos para la implementación de un programa diseñado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y creará el valor de la cooperación para la protección de los recursos naturales.

Otra de las fortalezas de la propuesta, es que dado su carácter urgente en el contexto de los efectos del cambio climático, todos los interesados podrán tomar parte en acciones de mitigación para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones: los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de jóvenes, podrán promover ante Semarnat el establecimiento de áreas destinadas voluntariamente a la conservación en terrenos de su propiedad o mediante convenio con terceros, que con la ayuda económica de los contribuyentes y la asistencia técnica de Semarnat, se podrá establecer la estrategia de manejo y su implementación en un plazo de quince años.

En ese sentido, las 1089 organizaciones de la sociedad civil registradas en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que tienen como fin la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario tendrán la ocasión de impulsar proyectos desde sus comunidades para el rescate de áreas que tienen características físicas y biológicas que merecen ser reconocidas por sus servicios ambientales. Es preciso reconocer que dichas organizaciones tienen muchas dificultades para lograr ser donatarias autorizadas y sus acciones son principalmente financiadas por las cuotas de sus integrantes. El Informe Anual de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2009, reporta que de las 3625 acciones realizadas, Semarnat promovió 396.

Esta propuesta resulta viable si tomamos como antecedente el decreto por el que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005 por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas y morales con independencia de la actividad que desempeñen, que lleven a cabo proyectos de inversión en la producción de películas nacionales, conocido como Proyecto Eficine 226, que ha dado resultados tangibles y visibles en la producción cinematográfica nacional.

El éxito de Eficine 226 se debe a la buena reglamentación y constante operación del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional. En correspondencia, esta iniciativa prevé la creación de un Comité Interinstitucional formado por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno del Instituto Nacional de Ecología, uno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad para la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión y la autorización de los montos a los contribuyentes aportantes que no podrán exceder los 20 millones de pesos. El criterio aplicado para determinar dicha cantidad se basa en que el costo estimado anual para el diseño e implementación de un programa de manejo de un área de valor ambiental de aproximadamente 200 hectáreas en una zona urbana es de alrededor de 50 millones de pesos. Si consideramos que áreas de esas dimensiones estarán incluidas en los programas institucionales de la Conanp, concluimos que áreas menores a cien hectáreas podría ser un criterio directriz para las reglas que el comité determine.

El Informe Stern refiere en sus conclusiones que el costo de estabilizar el clima es significativo pero manejable; posponerlo podría ser peligroso y mucho más costoso. En el rango de opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) el actuar para reducir la deforestación es un elemento clave, ya que la pérdida de bosques naturales alrededor del mundo contribuye más a las emisiones globales por año que el 14 por ciento que genera el sector transporte. El establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación es una estrategia que dará viabilidad a la preservación de áreas de bosque natural.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el artículo 229 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona un artículo 229 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la forma siguiente

Artículo 229. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las inversiones en territorio nacional destinadas específicamente a la ejecución de las estrategias de manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, a través de un proceso en el que se conjugan la elaboración de los proyectos, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su ejecución.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente

I. Se creará un comité interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno del Instituto Nacional de Ecología, uno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad.

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1000 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyectos de inversión para el manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

III. El comité interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el comité interinstitucional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Notas:

1. http://www.conanp.gob.mx/listado_areas.html al 24 de agosto de 2010

2. http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/areas_certi.php al 24 de agosto de 2010

3. STERN REVIEW. Economics of Climate Change.  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm treasury.gov.uk/stern_review_report.htm

4. Artículo 5 fracción XII Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Rafael Pacchiano Alamán, Alberto Emiliano Cinta Martínez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Juan José Guerra Abud (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se encuentran en calidad de visitantes distinguidos en esta sala alumnos de la Preparatoria y de la Universidad del Valle de México, Campus Roma. Sean todos ustedes bienvenidos.

También se encuentran con nosotros en calidad de visitantes distinguidos y les damos la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez y el diputado Humberto Lepe.

Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a nuestros visitantes distinguidos, que en su calidad de presidentes municipales electos del estado de Chiapas se encuentran aquí, en esta honorable asamblea.

Contamos con la presencia distinguida de personal y alumnos del Instituto Universitario Franco-Inglés de México, de la Facultad de Derecho, invitados por el diputado Alfredo Lugo Oñate.

Asimismo, se encuentran con nosotros alumnos y personal docente de la Universidad Tecnológica Milenio, Facultad de Derecho, de Matamoros, Tamaulipas, invitados por nuestro compañero diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día son proposiciones de sólo turno a comisión. Dé lectura la Secretaría a los encabezados.

La Secretaria María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos al financiamiento del proyecto denominado Sonora Sí, Sistema Integral, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico y social de esa entidad, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales del Estado de Sonora a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Sonora Sí es un proyecto que impulsa el gobierno del estado de Sonora, cuyo principal objetivo es redistribuir el agua con la que cuenta el Estado de Sonora en los municipios que hoy no tienen, entre ellos, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme, entre otras localidades de la entidad.

El agua es un patrimonio común fundamental para la vida, el bienestar, el crecimiento y desarrollo de los estados, pero no debemos olvidar que es un elemento finito y vulnerable al que hay que cuidar para poder garantizar el abastecimiento de la población.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ley reglamentaria, la Ley de Aguas Nacionales, consagran al estado la propiedad originaria de tierras yaguas a favor de la nación, así como de las aguas que son de su propiedad respecto de las cuales le corresponde su regulación y administración, en donde precisan el vital líquido como de utilidad pública y para consumo humano de manera prioritaria.

En este tenor, el proyecto Sonora Sí, determina una serie de obras de infraestructura hidráulica y desarrollo regional.

Con el programa se da solución a los problemas sustantivos del estado de Sonora en torno al recurso hídrico, el importe de las inversiones asciende a poco más de 10 mil millones de pesos para ejecutarse en la presente administración; como principales acciones destacan las siguientes:

En el renglón de abastecimiento de agua potable se tiene contemplado construir obras importantes para dar solución a esta problemática de las ciudades de Hermosillo, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Cananea, Nacozari, Puerto Peñasco y Guaymas-San Carlos-Empalme. Y bajo este mismo concepto se tiene programado mejorar las eficiencias de los sistemas de distribución de las ciudades de Nogales, Cananea y Guaymas, mediante acciones de macro y micromedición, sectores hidrométricos y rehabilitación de infraestructura.

En materia de tratamiento de aguas residuales se tienen proyectos importantes para la construcción de plantas tratado ras en las ciudades de Hermosillo, Nogales, Navojoa, Puerto Peñasco, Empalme, Guaymas, Caborca, de las cuales ya están en construcción o licitación, Hermosillo, Nogales, Navojoa y Guaymas.

Para el control de inundaciones está proyectada la construcción de importantes presas como son: Pilares en la cuenca del río Mayo, Las Palmas en la cuenca del arroyo Cocoraque, adecuación al bordo Ortiz en la cuenca del río Mátape, Centenario en Nacozari, Sinoquipe en la cuenca del río Sonora y Las Chivas en la cuenca del río San Miguel.

Agua para uso agrícola, en Distritos de Riego y Unidades de Riego del estado de Sonora se tiene proyectado el mejoramiento de los sistemas de distribución de agua para un uso eficiente del agua, destacan los Valles del Mayo y del Yaqui y las Unidades de Riego de la zona serrana. Y la ampliación de la frontera agrícola en la zona de El Fuerte-Mayo en el sur del estado.

En cuanto a recarga de acuíferos se tiene previsto efectuar la recarga de aguas residuales tratadas en el acuífero de La Costa de Hermosillo, Los Alisos en Nogales y Valle del Mayo.

En el programa Sonora Sí, queremos que sea un tema que une a los sonorenses, es una gran apuesta por darle viabilidad al estado en materia económica. Sonora es hoy un estado que cuenta con buenos niveles de seguridad pública y varios elementos que le permiten que los inversionistas lo volteen a ver, sin embargo el agua siempre ha sido un tema que ha detenido esas inversiones, debemos hacer todo lo necesario para que las regiones en este país crezcan.

Por lo antes mencionado, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien turnar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen y en su caso, aprobación, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos necesarios para el financiamiento del proyecto del estado de Sonora, denominado Sonora Sí, Sistema Integral, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico y social de Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: María Dolores del Río Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen recursos suficientes a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Baltazar Martínez Montemayor, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El diseño y ejecución de la política energética en México es una tarea de alta responsabilidad y ética pública. Es evidente que su desarrollo y perfeccionamiento trasciende las posibilidades de una sola administración y de una única generación de ciudadanos. En este sentido, es comprensible entender porque siempre las decisiones más difíciles para la sociedad y el gobierno estriban en las de carácter generacional, por la sencilla razón de que las decisiones que tome una sola de ellas, tendrán efectos persistentes y determinantes en los niveles de bienestar de otras por venir.

A este respecto, las decisiones que esta generación tome con respecto en materia energética impactará la manera en que otras generaciones hagan uso de sus posibilidades energéticas.

La energía de un país representa su propia pervivencia. Sin energía no puede generarse producción pública ni privada; tampoco recaudación tributaria ni gasto público. En este sentido, componentes tan relevantes para el desarrollo nacional como el gasto social, seguridad pública o infraestructura quedan sujetos, en principio, al acervo y uso de las fuentes energéticas disponibles. La energía es el primer detonador de toda la cadena productiva nacional y de ella, a su vez, depende la remuneración de los factores con lo que se genera el ingreso y las rentas nacionales.

Por tanto, desde una perspectiva amplia, queda claro que el marco de estabilidad política, social y económico del país, dependerá de la suficiencia de generación, administración, así como del desarrollo de las fuentes energéticas.

Actualmente, el impacto de la política energética en México afecta ámbitos sensibles como el de las finanzas públicas, seguridad pública, combate a la pobreza y, por supuesto, el relativo al crecimiento económico. Por poner un ejemplo, en el tema de las finanzas públicas, las decisiones que se tomen con respecto al uso de los insumos energéticos a través de los ingresos petroleros, incide directamente en el 35 por ciento del presupuesto federal mexicano. El uso racional de esa fuente de petróleo puede determinar la sustentabilidad financiera del país en el futuro inmediato.

Una de las principales fuentes energéticas en México es la petrolera, cuya temporalidad en sus reservas se ha estimado en 9.9 años, en tanto que la relación para las reservas probables y posibles es de 19.9 y 30 años, respectivamente. Esta situación, a la luz de las necesidades crecientes del país, puede comenzar a ser restrictiva. Por tanto, es necesario emprender acciones para que la utilización de los energéticos comience a ser administrada con criterios de eficiencia y sustentabilidad.

Se estima que existen amplias áreas de oportunidad para la mejora en el uso del consumo energético. Por ejemplo, en el país, el consumo final de energía representa aproximadamente el 56 por ciento del consumo energético nacional y dentro de este, casi el 90 por ciento se concentra en sectores como el de transporte, industrial, residencial y domestico. Es decir, emprendiendo medidas sencillas y bien conducidas, tanto de naturalezas normativas como operativas, enfocadas a la mejora en equipo de transporte, al equipo agrícola y doméstico, pueden redundar en beneficios sociales importantes, para los mexicanos de hoy y del mañana. Esto es: para los mexicanos que hoy tenemos voz y voto y para los mexicanos del mañana, que confían en nuestra capacidad para tomar decisiones equilibradas.

Es evidente que los elementos mencionados revelan el alto grado de trascendencia de la política energética para el país. Por ello, cualquier estrategia comprendida en la política energética mexicana debe contemplar una serie de reformas que respalden una firme convicción: necesitamos administrar la energía del país para apoyar la recuperación de la economía con una renovación profunda: valorar el uso eficiente de la energía como un factor productivo y de impulso al crecimiento, pero mejorando al mismo tiempo su competitividad. Esta debe ser la visión, una visión que por su importancia y magnitud trasciende las posibilidades de una sola generación y las de un solo Gobierno y, consecuentemente, las de una sola Legislatura. Pero es, precisamente por esta razón que se debe emprender una política energética de Estado que trascienda ciclos administrativos. En suma se requiere una propuesta con visión de Estado, centrada, objetiva y reflexiva; fundamentada en el fortalecimiento de las instituciones.

El Poder Legislativo así lo ha entendido. En descargo de esta idea se puede mencionar que la actual Ley del Aprovechamiento Sustentable de la Energía tiene sello de origen parlamentario. Nació por el respaldo decisivo del Senado de la República, lo que la configura como una propuesta de origen democrático, pues fue impulsada por el Congreso, institución de representatividad política que recogió y recuperó las preocupaciones de varios sectores políticos y sociales.

Derivado de esta ley, el Poder Ejecutivo elaboró un Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012.

Este programa identifica áreas de oportunidad, donde se estima se logrará implementar una serie de mecanismos que generarán ahorros sustanciales de consumo energético en el mediano y largo plazo.

i) Incremento al rendimiento del parque vehicular nacional.

ii) Incremento a la eficiencia del parque de focos para iluminación.

iii) Incremento a la eficiencia del parque de equipos del hogar e inmuebles.

iv) Incremento a la capacidad de cogeneración.

v) Reducir el consumo energético por acondicionamiento de ambiente en edificaciones.

vi) Incremento a la eficiencia de motores industriales de mayor consumo.

vii) Incremento a la eficiencia en los sistemas de bombeo de agua.

De las que derivan 26 líneas de acción, las cuales se han diseñado para generar reducciones y abatimientos en el ritmo de crecimiento del consumo energético del país, en las últimas décadas.

No obstante, ponderar y valorar las bondades del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase) solamente desde la perspectiva del ahorro podría ser una visión limitada. Desde mi perspectiva, el Pronase es un componente coadyuvante al ahorro energético pero preponderantemente debe ser visto como un factor generador de crecimiento económico. En este sentido, es donde se justifica plenamente, la asignación de recursos públicos adicionales. En la medida en que se propicia más crecimiento, los beneficios de este programa se pueden considerar extensivos a otros sectores y a otros tiempos, lo que necesariamente se traduce en un elevado beneficio social para el país.

Un factor adicional de los beneficios del fortalecimiento del Pronase reside en el hecho de que beneficia directamente a las familias mexicanas en su disponibilidad del gasto monetario. Al reducirse los costos de los energéticos, el gasto familiar en ellos disminuye y se generan remanentes que pueden destinarse al gasto en educación, salud y alimentos. La ventaja de este efecto es que las medidas públicas que inciden en el campo de decisión familiar y no se generan intermediarios, ni privados ni públicos. Los beneficios son percibidos de manera inmediata por todos los integrantes de la familia.

El Pronase genera beneficios tangibles y microeconómicos, pero simultáneamente en el agregado, la suma de los beneficios familiares propicia un mayor y mejor crecimiento económico nacional. En este contexto, la inversión de recursos en el Pronase destaca como una medida de impacto positivo en momentos recesivos en el ámbito nacional e internacional.

El fortalecimiento del Pronase es una acción de gobierno benéfica para el gobierno, la sociedad, y las familias.

En términos de la organización de la administración pública, el Pronase cuenta con la Secretaría de Energía como entidad responsable y en estricto sentido, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) funge como unidad responsable. No obstante, a la luz de los beneficios probables que genera este programa, el presupuesto asignado revela una elevada restricción.

La Conuee, creada por mandato de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, sustituyó a la extinta Conae en 2008. La comisión, actualmente opera con un presupuesto limitado pero con mayores funciones y desafíos. Nuevas funciones, retos y responsabilidades pero con iguales recursos se traduce en procesos probablemente menos eficientes. Esta es una posibilidad, que en el contexto de la política energética en México no debe permitirse; no se pueden regatear recursos a programas de aprovechamiento sustentable de la energía con tan elevados impactos sociales y generacionales.

El paquete que envía el poder Ejecutivo al Legislativo indica que a los temas de eficiencia energética se le recortarán su presupuesto, lo que llevará al escenario indeseable de enfrentar los retos energéticos desde una posición presupuestal débil. Estos temas y obligaciones derivados de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y del Programa Publicado por Ejecutivo en noviembre de 2009, deben por el contrario, enfrentarse desde una posición fortalecida. Los recursos son claramente insuficientes y en el mejor de los casos, la asignación propuesta representa sólo un esfuerzo marginal y débil, ante los retos que presenta la sociedad mexicana.

El problema que enfrentamos como sociedad y como comunidad internacional no tiene precedentes. Lo que hagamos o dejemos de hacer con el uso de nuestras fuentes energéticas es una decisión que difícilmente encuentra similitudes en otros campos. Cualquier error o dilación tendrá costos monetarios y, a través de la explotación irracional y los desequilibrios ambientales, mayores costos humanos. No podemos ser una sociedad que no apoye el cambio tecnológico, ni respalde la sustentación energética, cuando estamos consientes de sus beneficios actuales y futuros así como de su relaciones estrecha con el ya trastocado equilibrio en los ecosistemas.

Por lo tanto, esta soberanía debe considerar necesario y urgente asignar mayores recursos a los temas relativos a la eficiencia energética, respaldando el buen desempeño de las tareas mandatadas en la ley y también por el compromiso moral que nos debemos como sociedad y a otros pueblos y a otras generaciones.

Es importante reforzar presupuestalmente a la Conuee para implementar 26 líneas de acción identificadas en el Pronase y que son trascedentes para mejorar los usos de las fuentes energéticas con criterios de eficiencia y que destacan por tener impactos sectoriales. Entre ellas se encuentran:

1. La promoción de mejores prácticas de uso de vehículos.

2. La emoción de estándares de eficiencia mecánicos y ambientales para autorizar la circulación de vehículos usados importados.

3. La publicación de normas de eficiencia para vehículos ligeros y medianos nuevos así como para pesados.

4. Aplicación de lineamientos de eficiencia en el parque vehicular de la administración pública.

5. Aceleración en la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público.

6. Promoción del uso de focos de alta eficiencia en alumbrado público y doméstico.

7. Actualización de normas de estándares de eficiencia de refrigeradores y calentadores de agua.

8. Promoción de uso de calentadores de agua.

9. Fomento a la ampliación de la cobertura de hipotecas verdes en donde se hacen exigibles estándares de eficiencia energética de uso domestico en el diseño, construcción y equipamiento de nuevas viviendas.

10. En el ámbito de las empresas y particularmente en el tema de motores industriales se busca fomentar la sustitución de motores trifásicos ineficientes.

11. El establecimiento de un programa de apoyo para la rehabilitación del sistema de bombeo municipal y agropecuario.

12. El desarrollo y reforzamiento del programa de certificación de procesos, productos y servicios.

13. La supervisión y ejecución de procesos voluntarios que desarrollen particulares para mejorar la eficiencia energética.

Los recursos presupuestarios asignados a estos temas beneficiarán a sectores y al esquema federalista. El Pronase es notoriamente generoso con el sector agropecuario y con los gobiernos municipales por las acciones contempladas en la rehabilitación de sistemas de bombeo de agua.

Cuando apoyemos este punto de acuerdo, solicitando una mayor asignación presupuestal, estaremos seguros de comenzar a generar un ahorro en el largo plazo para que la demanda de energía disminuya en un 18 por ciento. Esto se traducirá en un consumo evitado de 4017 TWh, lo que equivaldrá a ahorrar casi tres años del consumo final de todo el país.

Por todas estas consideraciones expuestas, los invito a que se sumen a este punto de acuerdo para destinar mayores recursos al aprovechamiento sustentable de la energía. De lo contrario y una vez más, los esfuerzos por unirnos a la comunidad internacional en su lucha por el cambio climático podrían ser calificados de débiles, marginales e inconsecuentes.

No puede haber otro reto más importante para esta sociedad, para esta generación y para esta legislatura. Asumámoslo, reconozcámoslo: necesitamos invertir en nuestra sustentabilidad, de eso depende la viabilidad de la nación. A partir de ahí podremos encarar otros retos. Es evidente que si no logramos desarrollar un acervo energético fortalecido y eficiente, todo lo demás podrá ser calificado como vano y superfluo. Es una cuestión de congruencia. No estoy muy seguro que podamos hablar de prioridades en el tema energético sino más bien de pervivencia social. Ese es el tamaño del reto que enfrentamos y no podemos evadir. Mañana puede ser demasiado tarde.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Asignar recursos presupuestarios por un mil millones de pesos a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en el ejercicio fiscal 2011 a fin de solventar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Segundo. Se turna el presente punto de acuerdo, para su atención, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Energía.

Notas:

1 SHCP. Presentación: dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros. http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_presentaciones/5_presentacion_aww _excedentes_petroleros_290708.pdf

2 Poder Ejecutivo federal. Decreto de Pronase. Diario Oficial de la Federación. 27 de noviembre de 2009.

Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para establecer el plan estratégico turístico y cultural de la ruta Don Vasco, en las regiones lacustre y meseta purépecha de Michoacán, a cargo de la diputada Laura Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Laura Margarita Suárez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En 1531 llega a México Don Vasco de Quiroga, un humanista profundamente influido por los ideales de la Reforma que defienden Erasmo de Rotterdam, Francisco de Vitoria y, sobre todo, Tomás Moro, cuya obra Utopía será fundamental para comprender el proyecto social que guiaría Don Vasco en Michoacán.

A sus 60 años de edad, Don Vasco emprende una ambiciosa empresa que, durante los siguientes 30, le llevaría a cambiar el mapa social, cultural y económico de Michoacán.

Siendo nombrado obispo de Michoacán, desarrolla un modelo de poblados de indios o pueblos hospital, una fórmula para mitigar la miseria de los naturales, organizarlos y dignificar su condición humana, que además de atender enfermos y menesterosos son la base de una nueva organización social.

En 1533 funda su segundo pueblo hospital en Santa Fe de la Laguna. Traslada la sede del obispado de Tzintzuntzan a Pátzcuaro, y en 1540 fundó el Colegio de San Nicolás Obispo, una de las primeras instituciones de estudios superiores en el Continente Americano.

La fructífera labor social de Quiroga le permitió fundar cerca de 200 pueblos-hospital. Introduce técnicas productivas de Europa, que se complementan con el conocimiento de los artesanos locales. A cada poblado se le asigna un oficio, a fin de promover una economía de mercado basada en la especialización productiva y el comercio.

De esta manera es posible encontrar en la región alfareros, laqueros, colcheros, músicos, sombrereros, obrajeros, cobreros, herreros, curtidores y carpinteros, así como cultivadores de variadas especies frutales.

Su influencia es omnipresente y su mensaje de justicia social continúa vigente, ya que su obra está viva casi 500 años después. En cada una de las comunidades que cuidó han florecido las artesanías y las artes. En las localidades tienen lugar manifestaciones religiosas únicas, y algunos hospitales que fundó siguen siendo el punto de reunión de las comunidades, con sus capillas adjuntas y sus cielos bellamente decorados. Por todo esto, los michoacanos aún lo recuerdan bajo el cariñoso apelativo de “Tata”, asignándole la figura de padre protector.

Atendiendo a este gran legado del oriundo de Madrigal de las Altas Torres, tanto el gobierno del estado de Michoacán como el Ejecutivo federal, a través de su Secretaría de Turismo el primero y del Fonatur el segundo, se han dado a la tarea de diseñar un Plan Estratégico Turístico y Cultural, que permita rescatar el gran legado histórico pero sobre todo, cultural de la región en la cual Don Vasco de Quiroga tuvo su mayor influencia.

Durante muchos años, esta región localizada en el corazón del estado de Michoacán vio limitado su desarrollo pese a su gran riqueza en tradiciones, artesanías y costumbres. Sin duda lo intrincado de su geografía, aunado al escaso desa-rrollo de sus vías de comunicación, colaboró al retraso económico y de oportunidades a los pueblos otrora impulsados por Don Vasco.

Hoy día la visita a esta zona michoacana es más ágil y sencilla. Las vías de comunicación han mejorado lo que posibilita traslados de máximo dos horas desde la capital Morelia hasta el punto más alejado de la Meseta Purhépecha.

Esta zona michoacana, por sí misma, es hogar del 88 por ciento de los indígenas del Estado, por lo que presenta gran homogeneidad cultural. Sin embargo, a la par y por desgracia, también presenta elevados niveles de pobreza, escasez de oportunidades económicas y bajos índices de desarrollo, que provocan marginalidad y emigración de mano de obra a los Estados Unidos de América, con la consecuente fractura social.

El proyecto estratégico turístico y cultural de la Ruta Don Vasco presenta por lo tanto un alto grado de innovación desde su concepción, ya que se ha desarrollado para atacar un nuevo pero creciente perfil turístico a nivel mundial: el turista cultural.

Estos visitantes se preocupan por las cualidades culturales, etnográficas y ambientales de los destinos. Buscan la autenticidad en su experiencia, están dispuestos a incurrir en más gasto por una experiencia única, aunque a la vez exigen valor por su dinero.

La Ruta Don Vasco está diseñada para ofrecer satisfacción global a estos nuevos grupos de viajeros, sin dejar de lado al turista tradicional que ya visita las ciudades de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, que hasta ahora son los destinos michoacanos con mayor afluencia turística.

El plan incluye desarrollar infraestructura y servicios que permitan el enriquecimiento cultural del visitante, la exploración y las vivencias auténticas, un sinnúmero de experiencias en tramos cercanos que impulsen el turismo interior e incluso ofrecería alternativas de personalización.

Por supuesto que este proyecto se fundamentará en la estructura turística existente. Sin embargo, también presenta importantes retos al generar nuevos polos que al día de hoy cuentan con infraestructura incipiente para los visitantes y los turistas, aunque en eso radica precisamente uno de los grandes potenciales y bondades del proyecto.

Como una forma de ejemplificar esta situación, tomando como un ejemplo la oferta alojativa en 2008, Morelia, Pátzcuaro y Uruapan contaba con 3754, 994 y 1707 habitaciones disponibles.

En contraste, todas las poblaciones en conjunto de la Meseta Purépecha y de la región lacustre que comprende los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, suman apenas 453 cuartos en unidades hoteleras que están principalmente catalogadas como de dos y tres estrellas y que tienen 13 habitaciones en promedio aproximadamente, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Turismo.

El desarrollo de la Ruta Don Vasco abarcaría 122 localidades y más de 22 municipios michoacanos, que plasman en su arquitectura y sus tradiciones el paso de Vasco de Quiroga por sus tierras. Se estima que el total de visitantes a la ruta sería de 4.3 millones de turistas anuales, de los cuales una cuarta parte correspondería a visitantes extranjeros.

Por supuesto que este proyecto tiene un carácter aglutinante e integral. Dentro de las diversas acciones a llevar a cabo, encontramos la capacitación turística como un eje toral del desarrollo propuesto. 150 nuevas señales turísticas, el establecimiento de 7 módulos específicos de información, la construcción de paraderos turísticos, un importante centro de interpretación, museos, cocinas tradicionales, una vía verde sobre el antiguo ferrocarril Ajuno-Caltzonzin, la calzada de las Yácatas y la habilitación del ex Convento Franciscano Tzintzuntzan, la implementación de sellos y distintivos de calidad Don Vasco, entre muchas otras actividades de habilitación, mantenimiento y mejoramiento de accesos, carreteras y espacios públicos.

Para ello, el Plan Integral y Estratégico de la Ruta Don Vasco aglutinará los esfuerzos de 10 dependencias estatales y 10 federales. Por supuesto que está contemplada la participación vital de entidades como las Secretarías de Turismo estatal y federal, el Conaculta, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El monto a invertir en el proyecto, de acuerdo a las estimaciones actuales, es de 192 millones de pesos, importe considerado como razonable si se toma en cuenta el alcance, los beneficios y sobre todo, el tipo de población que se beneficiaría del mismo.

Esta interesante mezcla de esfuerzo transversal, asegura una sustentabilidad cultural, natural y económica del plan. Más allá del obvio valor ético, esta condición se constituye como un valor deseable y necesario para el mercado a alcanzar. También constituye al desarrollo endógeno como uno de sus principales pilares, con la posibilidad de integrar proyectos y capitales externos a las localidades y comunidades de la zona.

Hoy, localidades como Pátzcuaro, Quiroga, Zirahuén y Santa Clara del Cobre presentan ya importantes avances en materia turística. Este proyecto incorporaría a localidades con gran potencial turístico, como Tupátaro, Cuanajo, Tócuaro, Erongarícuaro, Santa Fe de la Laguna e Ihuatzio y decenas de pequeñas comunidades que conservan sus hábitos, tradiciones y costumbres centenarias, haciendo de ellas su principal fortaleza y palanca de impulso a la Ruta Don Vasco.

Apelo a la sensibilidad cultural y social de los integrantes de las comisiones aludidas, para que en un ejercicio de reciprocidad correspondan al gran esfuerzo y solidaridad que Don Vasco de Quiroga demostró con los habitantes michoacanos de su época. En nuestras manos está el ayudarles a alcanzar la utopía que el oriundo de Madrigal de las Altas Torres plasmó de su puño y letra al hablar del desarrollo del pueblo purépecha.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Turismo, de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011, una partida por 192 millones de pesos que se destinen a la implantación del Plan Estratégico Turístico y Cultural de la Ruta Don Vasco, en las regiones lacustre y Meseta Purépecha del estado de Michoacán.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de octubre de 2010.— Diputados: Laura Margarita Suárez González, Julio Castellanos Ramírez, José Manuel Hinojosa Pérez, Alfonso de Jesús Martínez Alcázar, Benigno Quezada Naranjo, Ricardo Sánchez Gálvez, Agustín Torres Ibarrola, Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Uriel López Paredes (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar el acceso este del bulevar Morelos, en Tecate, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las carreteras representan el medio más adecuado para resolver los problemas de comunicación, y por ello deben seguir siendo un eficaz instrumento para consolidar el desa-rrollo alcanzado, y para abrir nuevas y prometedoras perspectivas a nivel regional, pues con la modernización de la red, se establecen las bases físicas para el ordenamiento del territorio nacional, y se propicia la corrección de las tendencias hacia un desarrollo urbano irregular y caótico.

La modernización de la red resuelve la problemática al respecto, y se sintetiza en el hecho de que la red básica presenta características de diseño, de geometría y de utilización que en parte no responden ya a las necesidades del momento, y mucho menos a las que habrán de presentarse en los años por venir.

Los diferentes factores que inciden en la utilización y la necesidad de modernización de nuestra red carretera son el crecimiento demográfico y del número de vehículos que circulan por calles y caminos del país, así como el incremento de los niveles de producción y de ingreso. Estos factores han evidenciado las limitaciones de un sistema carretero que juega un papel muy destacado en el desplazamiento de personas y el traslado de bienes.

Como consecuencia de la creciente actividad que todos los sectores productivos del país requieren, debemos establecer el compromiso de hacer que la construcción, modernización y conservación de la red carretera y de caminos rurales no se detenga, por el contrario, tenemos que asignar mayores recursos para que se continúen los programas carreteros que se encuentran en marcha.

Es el momento de apoyar la modernización de carreteras y caminos dentro de la política de inversiones públicas; el mantenimiento del sistema carretero dentro de un adecuado nivel de servicio, canalizando mayores recursos para su conservación; así como apoyar firme y decididamente a los gobiernos de los estados para la ejecución de los programas de carreteras estatales, caminos vecinales, caminos rurales y aeropistas.

Para el municipio de Tecate, contar con los recursos suficientes para la construcción, modernización, rehabilitación y ampliación del sistema carretero significa desarrollo en diversos ámbitos, tanto el económico, turístico, social, y cultural, por su situación geográfica y los enormes recursos naturales con que cuenta.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de una partida de 122.800 millones de pesos, para la modernización del acceso este del boulevard Morelos del municipio de Tecate, en el estado de Baja California, del kilómetro 126+760 al 130+560.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y equipar un hospital en San Quintín, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El panorama de la salud en México se ha vuelto más complejo. Tras más de medio siglo de avances, nuestro país enfrenta hoy una serie de cambios que se ven influenciados por diversas transiciones, las cuales apuntan hacia un importante incremento en la demanda de servicios de salud.

Dentro de estos cambios, destacan el acelerado proceso de urbanización, el rápido envejecimiento de la población y el cambio en el perfil de las enfermedades, que ahora se caracteriza por un creciente predominio de los padecimientos crónicos y las lesiones, sin una franca resolución de las enfermedades propias de las sociedades rurales y poco desa-rrolladas, como enfermedades transmisibles y padecimientos ligados a la nutrición y a la reproducción.

En los últimos 60 años, el sistema nacional de salud ha superado un sinnúmero de problemas y ha sido factor fundamental en el aumento de la esperanza de vida, en la reducción de la mortalidad infantil y en el control de muchas enfermedades infecciosas, a través de la regulación, el fomento sanitario y la asistencia social, procurando su correspondencia con otros sectores.

Hoy, sin embargo, el sistema encara desafíos de una naturaleza distinta a los problemas del pasado, y para superarlos se requiere de una infraestructura hospitalaria acorde a los tiempos y necesidades actuales.

Nadie duda que hoy, exista un vínculo profundo entre economía y salud. Además de ser un componente vital de bie-nestar social, la salud constituye un factor creciente de la economía. La demanda por servicios aumenta rápidamente y seguirá haciéndolo como resultado de los rápidos cambios demográficos, epidemiológicos, económicos, sociales, políticos y culturales. Los recursos destinados a la atención médica también están creciendo, por lo que es necesario hacer un esfuerzo social para asegurar su óptimo aprovechamiento.

Por su parte, la acelerada urbanización ha producido un incremento sorprendente en el número de lesiones y en el peso provocado por las adicciones y los problemas de salud mental. Este nuevo perfil exige a los servicios de las ciudades una planta de recursos humanos con habilidades diferentes a las del pasado y recursos materiales también distintos y, sobre todo, crecientes.

Una de las variables fundamentales para comprender las capacidades que tiene el sistema de salud para responder a las demandas de atención, es la referente a los niveles de gasto. Sin soslayar las carencias, que aún son muchas, se puede afirmar que el gasto en salud ha aumentado de manera significativa en los últimos años.

La inversión en salud debe ser una acción estratégica dentro de la política social de los gobiernos, por ser un medio y un fin del desarrollo. Velar por la salud es un imperativo ético, constitucional y político que apela al compromiso del Estado moderno para asegurar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Ante este panorama, es de vital importancia contar con hospitales que cubran las necesidades de la población bajacaliforniana, además de contar con equipo nuevo y moderno.

El hospital que se propone construir y equipar, cubre las necesidades de atención de 75 mil personas, y podrá otorgar servicios médicos de urgencias y especialidades básicas para la población sin seguridad social.

Será un hospital de 20 camas que constará de quirófano, sala de partos, área de expulsión, sala de recuperación, urgencia, banco de sangre, así como núcleos de especialidad y básicos.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 40 millones de pesos, con el fin de construir y equipar un hospital de 20 camas en San Quintin, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y equipar un hospital en San Felipe, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El panorama de la salud en México se ha vuelto más complejo. Tras más de medio siglo de avances, nuestro país enfrenta hoy una serie de cambios que se ven influenciados por diversas transiciones, las cuales apuntan hacia un importante incremento en la demanda de servicios de salud.

Dentro de estos cambios, destacan el acelerado proceso de urbanización, el rápido envejecimiento de la población y el cambio en el perfil de las enfermedades, que ahora se caracteriza por un creciente predominio de los padecimientos crónicos y las lesiones, sin una franca resolución de las enfermedades propias de las sociedades rurales y poco desa-rrolladas, como enfermedades transmisibles y padecimientos ligados a la nutrición y a la reproducción.

En los últimos 60 años, el sistema nacional de salud ha superado un sinnúmero de problemas y ha sido factor fundamental en el aumento de la esperanza de vida, en la reducción de la mortalidad infantil y en el control de muchas enfermedades infecciosas, a través de la regulación, el fomento sanitario y la asistencia social, procurando su correspondencia con otros sectores.

Hoy, sin embargo, el sistema encara desafíos de una naturaleza distinta a los problemas del pasado, y para superarlos se requiere de una infraestructura hospitalaria acorde a los tiempos y necesidades actuales.

Nadie duda que hoy, exista un vínculo profundo entre economía y salud. Además de ser un componente vital de bie-nestar social, la salud constituye un factor creciente de la economía. La demanda por servicios aumenta rápidamente y seguirá haciéndolo como resultado de los rápidos cambios demográficos, epidemiológicos, económicos, sociales, políticos y culturales. Los recursos destinados a la atención médica también están creciendo, por lo que es necesario hacer un esfuerzo social para asegurar su óptimo aprovechamiento.

Por su parte, la acelerada urbanización ha producido un incremento sorprendente en el número de lesiones y en el peso provocado por las adicciones y los problemas de salud mental. Este nuevo perfil exige a los servicios de las ciudades una planta de recursos humanos con habilidades diferentes a las del pasado y recursos materiales también distintos y, sobre todo, crecientes.

Una de las variables fundamentales para comprender las capacidades que tiene el sistema de salud para responder a las demandas de atención, es la referente a los niveles de gasto. Sin soslayar las carencias, que aún son muchas, se puede afirmar que el gasto en salud ha aumentado de manera significativa en los últimos años.

La inversión en salud debe ser una acción estratégica dentro de la política social de los gobiernos, por ser un medio y un fin del desarrollo. Velar por la salud es un imperativo ético, constitucional y político que apela al compromiso del Estado moderno para asegurar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Ante este panorama, es de vital importancia contar con hospitales que cubran las necesidades de la población bajacaliforniana, además de contar con equipo nuevo y moderno.

El hospital que se propone construir y equipar, cubre las necesidades de atención de 16 mil personas aproximadamente, y podrá otorgar servicios médicos de urgencias y especialidades básicas para la población sin seguridad social.

Será un hospital de 20 camas que constará de quirófano, sala de partos, área de expulsión, sala de recuperación, urgencia, banco de sangre, así como núcleos de especialidad y básicos.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 40 millones de pesos, con el fin de construir y equipar un hospital de 20 camas en San Felipe, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un centro de convenciones metropolitano de Tijuana-Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la circunstancia actual de nuestra economía, el turismo es una de las apuestas más importantes y de corto plazo, que permite generar empleos, impulsa el desarrollo regional y fortalece la balanza de pagos.

El turismo es parte primordial de la economía y la sociedad de cualquier país. Pero en el caso de México, el turismo es considerado dentro de la estrategia del desarrollo nacional, como un factor motriz de primera importancia, especialmente significativo para la generación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo social en general y el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestro pueblo, sin olvidar que es también una manifestación del derecho al descanso y la recreación.

Para el fomento de la actividad turística, debemos establecer la infraestructura básica de comunicaciones, de servicios públicos, de regulación gubernamental indispensable, de promoción de algunas inversiones, de desarrollo de nuevos polos turísticos.

Es preciso trabajar y fortalecer los servicios turísticos, ya que la ineficiencia de éstos disminuye la capacidad productiva y por ende, inciden directamente en la calidad de vida de la población.

En el caso particular de Baja California, está ubicada en un punto estratégico dentro del territorio mexicano, ya que se encuentra en medio del mar de Cortés o golfo de California y del océano Pacífico, contando con importantes recursos marinos y turísticos.

Infortunadamente, no se ha aprovechado al máximo la cercanía que tenemos con Estados Unidos para que visiten nuestras zonas turísticas, y la derrama de recursos económicos contribuyan a diversificar nuestras fuentes de ingresos y fortalecer las actividades turísticas, rama importante en México.

Es por ello que la obra que se pretende realizar tiene la intención de dotar a la población del estado, de un centro de convenciones que traerá grandes beneficios para la comunidad y beneficiará alrededor de dos millones de personas.

Dotar a la zona metropolitana de Tijuana-Rosarito con un centro de convenciones moderno y funcional le permitirá alojar eventos de tipo local, regional, así como internacional, promoviendo el desarrollo económico en gran parte de la entidad.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 100 millones de pesos, para la construcción del Centro de Convenciones Metropolitano Tijuana-Playas de Rosarito, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la construcción de un centro de diagnóstico para adolescentes en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El clima de inseguridad y de agresión contra la población y las autoridades en México ha puesto a la sociedad en un estado de indefensión y nerviosismo por la superioridad que ha demostrado el crimen organizado ante los cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, y por la impunidad para que operan libremente los criminales.

Una de las funciones primordiales de la federación, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, es la seguridad pública, garantía indispensable para el sano desarrollo económico y social de la comunidad.

La seguridad pública se sustenta en cuatro pilares: prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia y readaptación social.

Este último punto y no más importante que los otros, se ha ido agravando en Baja California, al no cumplir con sus responsabilidades los gobiernos de la federación y de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la readaptación social del delincuente, sustentada en el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

Además, el constante crecimiento de la población penitenciaria es uno de los principales problemas que tienen que enfrentar las autoridades estatales y municipales, al no poder cumplir con la readaptación social.

El proyecto es prioritario, la construcción del Centro de Diagnóstico para Adolescentes, en el municipio de Tijuana, el cual requiere una inversión de 100 millones de pesos, tiene la finalidad de abatir la sobrepoblación del 111 por ciento, y separar a los jóvenes en proceso de diagnóstico, de los sujetos a una medida de tratamiento.

Por estos motivos, es necesario contar con el presupuesto sugerido para que el sistema penitenciario bajacaliforniano cumpla con los fines que señala la ley, dignificando así las condiciones de infraestructura y sanidad, terminando con el hacinamiento en el que se encuentran los internos y poder favorecer su desarrollo y reinserción social.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 100 millones de pesos, para la construcción del Centro de Diagnóstico para Adolescentes en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un centro de servicios periciales de la PGJE de Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El clima de inseguridad y de agresión contra la población y las autoridades en México ha puesto a la sociedad en un estado de indefensión y nerviosismo por la superioridad que ha demostrado el crimen organizado ante los cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, y por la impunidad para que operan libremente los criminales.

Una de las funciones primordiales de la federación, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, es la seguridad pública, garantía indispensable para el sano desarrollo económico y social de la comunidad.

La seguridad pública se sustenta en cuatro pilares: prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia y readaptación social.

Dentro de la procuración de justicia, existen elementos primordiales que acompañarán y apoyarán dentro de la investigación, mismos que darán certeza en sus dictámenes y ahorraran sustancialmente tiempo y recursos que podrán ser destinados y aprovechados en oras áreas sustantivas.

El Centro de Servicios Periciales dará certidumbre y certeza dentro de los procesos de investigación de la procuraduría General de Justicia, ya que contarán con las más modernas herramientas de apoyo y darán resultados con una alta precisión científica y documental.

En estos tiempos que vivimos, en donde el crimen cuenta con las más modernas armas, equipos de comunicación, y recursos ilimitados; es de vital importancia que exista un cuerpo de investigación e inteligencia que puedan contrarrestar de manera efectiva y contundente el avasallante paso de la criminalidad.

El proyecto es de suma importancia y relevancia, por lo que será habilitado con los servicios de laboratorios, avalúos, balística, criminalística, documentoscopia, identificación, informática, comunicación, tránsito y medicina forense con obras exteriores.

Por estos motivos, es necesario contar con el presupuesto sugerido para que el sistema de procuración de justicia bajacaliforniano cuente con esta herramienta prescindible en los tiempos modernos, y cumpla con los fines que señala la ley, dignificando el sistema judicial estatal.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 70 millones de pesos, para la construcción del Centrode Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar el programa de pavimentación en colonias populares de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento demográfico que hay en la ciudad de Mexicali, al igual que otras ciudades fronterizas, representa un índice mayor que la media nacional, todo esto debido a la migración de mano de obra de otras ciudades en busca de empleos en empresas maquiladoras, además de los inmigrantes que buscan la posibilidad de entrar al mercado laboral estadounidense y se quedan a radicar en esta ciudad. El crecimiento ha provocado entre otras cosas la creación de nuevas colonias y fraccionamientos con servicios básicos como el agua potable y energía eléctrica, al ir avanzando y al constituirse como una comunidad productiva del municipio, surge la exigencia de la población de que se le garantice la mejora de servicios, que se traduce en elevar la calidad de vida.

Las colonias donde se pretende realizar dicha inversión se encuentran en el norponiente de la ciudad de Mexicali estas son de carácter popular y son consideradas de marginación social; todas ellas tienen vialidades de terracería y se encuentran dentro de un terreno con suelo arcilloso, el cual en lluvias hace imposible el acceso.

Las vialidades cuentan ya con servicios de agua potable, red de drenaje sanitario y drenaje pluvial, al construirse no sólo se da servicio a los habitantes de las colonias, además favorecen el acceso a los centros educativos ubicados en esa zona, así mismo se facilita el acceso a los cuerpos de seguridad y emergencias para los casos en los que se le requiera.

La inversión mencionada es un proyecto que contempla la construcción de guarniciones, banquetas y señalamiento vial, siempre pensando en dar un mejor servicio y una mejora de imagen urbana ya que tales colonias se consideran dentro del primer cuadro de la ciudad; en el proyecto de inversión son 16 colonias las que se pavimentarán, trayendo beneficios a más de 48,711 habitantes.

El proyecto que se pretende realizar comprende los siguientes aspectos:

• Pavimentación integral y mejoramiento continuo de la calidad del aire.

• Disminución del rezago de pavimentación.

• Disminución de contaminantes y efectos en la salud.

• Mejoramiento del nivel y calidad de vida de los habitantes.

• Mejoramiento de hogares y la imagen urbana.

• Facilidad de acceso a servicios públicos y a sus predios.

• Facilidad de acceso a los cuerpos de seguridad y emergencias.

• Amento de plusvalía de los predios y status familiar.

• Mayor Seguridad Pública ante la marginación.

Puntos de Acuerdo

Primero.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 78.37 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la pavimentación de las colonias populares Lucerna, Licenciado Carlos Salinas de Gortari y Aztecas, en el municipio de Mexicali, Baja California.

Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 73.88 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la pavimentación de las colonias populares Luis Donaldo Colosio, Misión San Antonio, Mayos y Ladrilleros Santa Isabel; en el municipio de Mexicali en el Estado de Baja California.

Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 79.11 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la pavimentación de las colonias populares Cachanilla, Vicente Guerrero, Felipe Ángeles, Lucio Blanco y Joaquín Murrieta; en el municipio de Mexicali, Baja California.

Cuarto.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 79.04 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la pavimentación de las colonias populares Voluntad, Valle del Álamo y El Porvenir; en el municipio de Mexicali, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar la calzada Manuel Gómez Morín, en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Para el municipio de Mexicali contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desa-rrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la modernización de la calzada Manuel Gómez Morín en el tramo comprendido entre la carretera a San Felipe y la calzada Cetys es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la remodelación de ésta calzada generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

La calzada Manuel Gómez Morín es una de las principales ejes viales de la ciudad con flujo norte-sur, por sus características de ubicación, sentido y el alto índice de crecimiento del parque vehicular en la ciudad, es considerado como la principal vía para los vehículos de carga y pasajeros, originando una congestión en la operación vehicular que obligan a circular a velocidades menores de las deseadas que traen como consecuencia un aumento en el costo generalizado de viaje.

Tomando en cuenta la problemática anterior, el ayuntamiento de Mexicali se ha propuesto como solución, la modernización de esta Calzada, con tres carriles de circulación, acotamiento y banquetas por sentido y una longitud aproximada de 6.06 kilómetros, teniendo como beneficiados a 50,000 habitantes del municipio.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 273.85 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la modernización de la calzada Manuel Gómez Morín en el tramo comprendido entre la carreta a San Felipe y la calzada Cetys, en el municipio de Mexicali, Baja California,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la calzada Río Santa Cruz, en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Para el municipio de Mexicali contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desa-rrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción de la calzada Río Santa Cruz entre la calzada Manuel Gómez Morín y el bulevar Lázaro Cárdenas, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de ésta calzada,  generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Estudios de ingeniería de transito, respecto al origen y destino de los vehículos, nos indican que al construirse esta vialidad, un alto porcentaje de automovilistas serán inducidos a tomarla y con ello lograr la despresurización del bulevar Lázaro Cárdenas y la calzada Manuel Gómez Morín, los cuales en la actualidad están sobresaturados, este nuevo eje vial que tiene flujo oriente-poniente, por sus características de ubicación, sentido y el alto índice de crecimiento del parque vehicular en la ciudad operara como el principal eje vial para los habitantes de este amplio sector

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 47.50 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la calzada Río Santa Cruz, en el municipio de Mexicali, Baja California,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar y modernizar el bulevar Lázaro Cárdenas Poniente, en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Para el municipio de Mexicali contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desa-rrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la ampliación y modernización del bulevar Lázaro Cárdenas Poniente entre la calle Río Danubio y carretera Santa Isabel-Progreso, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la ampliación y remodelación de éste Bulevar, generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del Estado.

El bulevar Lázaro Cárdenas es el principal eje vial de la ciudad con flujo oriente-poniente, por sus características de ubicación, sentido y el alto índice de crecimiento del parque vehicular en la ciudad, es considerado como la principal vía para los vehículos de carga y pasajeros, originando una congestión en la operación vehicular que obligan a circular a velocidades menores de las deseadas que traen como consecuencia un aumento en el costo generalizado de viaje.

Tomando en cuenta la problemática anterior, el ayuntamiento de Mexicali se ha propuesto como solución la ampliación y modernización del este bulevar, con tres carriles de circulación, acotamiento y banquetas por sentido y una longitud aproximada de 5.12 kilómetros, teniendo como beneficiados a 30,000 habitantes del municipio.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 95.20 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la ampliación y modernización del bulevar Lázaro Cárdenas Poniente, en el tramo comprendido entre la calle Río Danubio y la carreta estatal Progreso-Santa Isabel, en el municipio de Mexicali, Baja California,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con  punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar el bulevar Lázaro Cárdenas Oriente, en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Para el municipio de Mexicali contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desa-rrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la modernización del bulevar Lázaro Cárdenas Oriente, comprendido entre Periférico Oriente y el acceso a la central de abastos, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la remodelación de este bulevar, generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

El bulevar Lázaro Cárdenas es el principal eje vial de la ciudad con flujo oriente-poniente, por sus características de ubicación, sentido y el alto índice de crecimiento del parque vehicular en la ciudad, es considerado como la principal vía para los vehículos de carga y pasajeros, originando una congestión en la operación vehicular que obligan a circular a velocidades menores de las deseadas que traen como consecuencia un aumento en el costo generalizado de viaje.

Tomando en cuenta la problemática anterior, el ayuntamiento de Mexicali se ha propuesto como solución, la modernización del este bulevar, con tres carriles de circulación, acotamiento y banquetas por sentido y una longitud aproximada de 1.80 kilómetros, teniendo como beneficiados a 72 mil habitantes del municipio.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 30.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la modernización del bulevar Lázaro Cárdenas Oriente, en el tramo comprendido entre Periférico Oriente y el acceso a la central de abastos, en el municipio de Mexicali, Baja California,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y equipar una planta TIF de carne de bovino y la sala de sacrificios de especies no bovinas en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En marzo de 2008 la Unión Ganadera Regional, con el apoyo del ayuntamiento de Ensenada, del gobierno del estado y la Sagarpa, propuso un proyecto para la instalación de un rastro municipal y planta de carne tipo inspección federal, que sustituiría al actual rastro municipal de Ensenada y daría servicio a la demanda de matanza de las ciudades de Tecate, Rosarito, Tijuana y las poblaciones rurales de la zona costa del estado, resolviendo el tan añejo problema de salud pública que existe en esta materia en dicha región, además de que representa una pérdida promedio de 4 millones de pesos anuales para la administración municipal de Ensenada, con un servicio limitado y por demás deficiente.

La Unión Ganadera Regional, en representación de los ganaderos del estado, propuso un nuevo proyecto, con las siguientes metas:

1. Eliminar el problema sanitario para la ciudad.

2. Solventar la ilegalidad del servicio de matanza en toda la zona de Ensenada, hasta el sur del estado, además de Rosarito y Tecate.

3. Mejorar las condiciones socio económicas del productor social, que actualmente es presa de todos conocido de intermediarios y condicionado a un mercado muy informal.

4. Eliminar el problema financiero para la administración de Ensenada.

Con este proyecto se beneficiarían de modo directo 3,800 productores tipo criador de las especies bovinas, ovinos, caprinos y porcinos, además del servicio de matanza a las vacas de desecho de la cuenca lechera de Rosarito-Tijuana-Tecate, con una zona de influencia que va desde la ciudad de Tijuana hasta el sur del estado, atendiendo las ciudades de Ensenada, Tecate, Rosarito y el resto de las zonas rurales que actualmente practican la matanza clandestina.

Para este proyecto sectorial de impacto regional para Baja California se requieren 34’761,060 pesos, con lo que se completaría lo relativo a la infraestructura y el equipamiento.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 34.76 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de una planta tipo inspección federal de carne de bovino y sala de sacrificio de especies no bovinas en el municipio de Ensenada, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir tres preparatorias en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La niñez y la juventud son el mayor capital de nuestra sociedad, toda la atención que brindemos al enriquecimiento del ser humano en estas etapas de su vida, no sólo es una obligación primordial, sino una gran satisfacción para los que participamos en ello y una esperanza para México.

La falta de escuelas preparatorias o vocacionales es, probablemente, el aspecto más vulnerable de todo el sistema educativo nacional. Actualmente tenemos 35 mil escuelas secundarias, pero únicamente 12 mil escuelas de educación media superior. De tener 5.9 millones de estudiantes de secundaria, nuestra capacidad para recibir a alumnos al siguiente nivel, pasa a 3.6 millones.

Todos los diagnósticos coinciden en que la actual generación de jóvenes vive en la total falta de oportunidades al encontrarse a los 16 años fuera de la escuela porque no hay cupo para ellos y fuera del mercado de trabajo porque ni siquiera son mayores de edad. Esta franja de edad es la más vulnerable a las tentaciones del dinero fácil que ofrece el crimen organizado.

En el municipio de Tijuana es prioridad, la construcción de tres escuelas preparatorias, ya que con esto se beneficiara a cientos de jóvenes que esperan la oportunidad de tener una educación media superior y así poder concluir una carrera universitaria.

La inversión que hoy requiere nuestro país, no es materia de seguridad, si no en educación para que nuestros jóvenes no caigan en manos de la delincuencia, el presupuesto del gobierno federal para este 2011 debe verse reflejado en construcción de escuelas preparatorias y así combatir el grave problema de los llamados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que se estima superan los 7 millones. Estos jóvenes son expulsados del sistema educativo cuando salen de las secundarias y no encuentran cupo en la educación media superior.

Puntos de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 13.50 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de tres escuelas preparatorias en el municipio de Tijuana, Baja California,

Segundo. Se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un centro de alto rendimiento en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para el municipio de Mexicali es de gran importancia que los deportistas mexicalenses que practican o desarrollan alguna actividad deportiva tengan la oportunidad de hacerlo en instalaciones de más alto nivel y así elevar la calidad de los deportistas quienes en un corto plazo se integraran al programa de talentos y de alto rendimiento.

Con esto no sólo se logrará tener la formación de atletas de alto rendimiento sino que también se tendrá bien atendida la juventud con este tipo de alternativas ocupacionales beneficiando así a las familias mexicalenses, propiciando que puedan tener actividades sanas, y alejando a la juventud de influencias negativas, que pudieran generarse dentro del ámbito social.

El centro de alto rendimiento pretende ubicarse en un predio localizado en la calzada Independencia Río Nuevo, en una superficie de 12,000 metros cuadrados complementando parte del Centro de Desarrollo Humano Río Nuevo.

El inmueble tiene una capacidad para 2,804 espectadores, beneficiando así localidades que agrupan importantes núcleos habitacionales, como el puerto de San Felipe y las delegaciones de Algodones, Ciudad Morelos, Benito Juárez y Guadalupe Victoria.

Mexicali cuenta con una población joven muy numerosa, distribuida proporcionalmente en ambos sexos; su población urbana ocupa el mayor porcentaje de la población total del Estado.

El número de habitantes beneficiados con este proyecto de alcance regional será de 980,000 sin sumar la que corresponde a San Luis Río Colorado, Sonora, que por encontrarse a 55 kilómetros de distancia prácticamente comparte el equipamiento que existe en Mexicali.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 50.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del Centro de Alto Rendimiento en el municipio de Mexicali, Baja California,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar y modernizar la calzada Independencia, en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en proyectos que apoyen la modernización y mejora de ciudades importantes y de gran desarrollo como lo es la ciudad de Mexicali es sin duda una inversión a favor del país.

El proyecto de modernización y ampliación de la calzada Independencia del bulevar Venustiano Carranza a la calle Novena, un tramo de 1.3 km, ampliando a dos carriles, que se presenta a consideración es de alto impacto y es en beneficio de los habitantes de la ciudad, así como para personas que se trasladen dentro de ella.

En virtud de que tal calzada se encuentra en la zona central noroeste y es de mucha circulación de vehículos de la ciudad de Mexicali, los niveles de tránsito se han ido incrementando, por lo que se ha hecho necesario ampliar sus carriles para así dar un mejor nivel de servicio y comunicación con la vialidad actual.

La calzada Independencia, con dicha inversión, será una importante vía de comunicación y desfogue de vehículos provenientes de la zona centro de Mexicali, debido a que existe una gran expansión de unidades habitacionales, instituciones educativas, así como centros laborales que se han desarrollado en esa zona.

Un punto importante que cabe mencionar es que en dicha vía han proliferado una gran cantidad de tiraderos de escombro y basura, que contaminan al ambiente, los cuales se eliminarán al ampliarse dicha vialidad y permitirá mejor acceso a los cuerpos de seguridad a la zona.

La inversión que implica el proyecto de modernización y ampliación es de 22.4 millones de pesos y tiene como propósito crear una vialidad Este-Oeste que permita reducir los aforos del Bulevar Lázaro Cárdenas, cuya capacidad ha sido rebasada en más de un 300% y así poder reducir al máximo la congestión vehicular que ahí se presenta.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 22.4 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la ampliación y modernización de la calzada Independencia; en el municipio de Mexicali, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar el bulevar García, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la ampliación del bulevar García es, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 218.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la ampliación del bulevar García, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el bulevar Ferrocarril, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del bulevar Ferrocarril es, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 171.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del bulevar Ferrocarril, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el bulevar Sánchez Taboada, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del bulevar Sánchez Taboada, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 713.40 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del bulevar Sánchez Taboada, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el bulevar Machado, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del bulevar Machado, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 572.57 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del bulevar Machado, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el bulevar Valle Redondo, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del bulevar Valle Redondo es, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 1.13 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del bulevar Valle Redondo, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar y modernizar el bulevar Aeropuerto, en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en proyectos que apoyen la modernización y mejora de ciudades importantes y de gran desarrollo como lo es la ciudad de Mexicali es sin duda una inversión a favor del país.

El proyecto de modernización y ampliación del bulevar Aeropuerto a cuatro carriles comprendido entre el puente Abasolo hasta la sección actual que se presenta a consideración es de alto impacto y es en beneficio de los habitantes de la ciudad, así como para personas que se trasladen de otras ciudades.

En virtud de que tal bulevar se encuentra en un punto clave, que es la salida de la ciudad de Mexicali, los niveles de tránsito se han ido incrementando, por lo que se ha hecho necesario ampliar sus carriles para así dar un mejor nivel de servicio y comunicación con la vialidad actual.

El bulevar Aeropuerto con dicha inversión será una importante vía de comunicación y desfogue de vehículos provenientes de la zona centro y noroeste del Valle de Mexicali, así como para vehículos provenientes o en dirección al aeropuerto. Un punto importante que cabe mencionar es que dicho bulevar se encuentra colindando con terreno baldíos, construcciones habitacionales y comerciales en ambos lados.

El proyecto de inversión permitirá además, que dicha vía de comunicación sea más eficiente para conectar al poblado Abasolo, a la salida de la ciudad y a la carretera Mexicali-Aeropuerto, asimismo conectará con las colonias aledañas existentes y algunas otras en desarrollo.

La inversión que implica el proyecto de modernización y ampliación es de 23.1 millones de pesos y tiene como propósito dignificar el acceso nororiente de la ciudad, reducir al máximo la congestión vehicular y con ellos disminuir los costos generalizados de viaje.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 23.1 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la ampliación y modernización del bulevar Aeropuerto, en el municipio de Mexicali, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar y modernizar el acceso poniente de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Para el municipio de Mexicali contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desa-rrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la ampliación y modernización del acceso poniente de la ciudad de Mexicali, entre la carreta Mexicali-Tijuana y la glorieta a Francisco Zarco es, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la ampliación y remodelación de este acceso, generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del Estado.

El acceso poniente se encuentra en un punto clave como lo es la salida de la ciudad de Mexicali, lo que ha generado un incremento en los volúmenes de transito, por lo que el nivel de servicio actual se verá afectado.

Es por esto que el ayuntamiento ha tomado la decisión de ampliar y modernizar dicho acceso para que los habitantes de este municipio no se vean gravemente afectados.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 26.25 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la ampliación y modernización del acceso poniente, entre la carretera Mexicali-Tijuana y la glorieta a Francisco Zarco, en el municipio de Mexicali, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la liga Escénica-Corredor 2000, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural.

El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción de la Liga Escénica-Corredor 2000, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de ésta liga escénica generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 1.192.85 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la Liga Escénico-Corredor 2000, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Programa Integral de Fortalecimiento de Sistemas Pluviales Tijuana, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La existencia del agua en la tierra es vital sin duda para la conservación de vida, a su vez cuando hay un exceso de ésta es indispensable realizar acciones preventivas para evitar que este tipo de sucesos naturales tengan el impacto  más agresivo. Nace de la propia sociedad la exigencia de la necesidad de que el estado  procure agua en beneficio de sus habitantes e invierta mayor presupuesto para su recolección así como para su traslado; la exigencia que hay, de abastecimiento de agua es cada vez mayor, es por esto indispensable crear nuevos mecanismos de abastecimiento y encauzamiento de este preciado líquido.

Los desastres naturales que se han registrado y que han afectado en las últimas fechas a diversos estados de la república como resultado de las lluvias atípicas, han dejado miles de damnificados y regiones totalmente devastadas e inhabitables. Estos antecedentes deben ser tomados en cuenta para la prevención y la  inversión en proyectos de sistemas pluviales para evitar futuras inundaciones y el mal aprovechamiento de las aguas pluviales.

Al invertir en proyectos que traerán beneficio a la comunidad en temas relacionados con el agua es pensar a futuro en el beneficio de su población, al aprobar presupuesto para infraestructura en materia de encauzamiento de  agua,  no sólo se realiza una inversión a corto plazo, sino que se verá reflejado el beneficio en el aprovechamiento en futuras generaciones, y asimismo solucionaremos la grave problemática que es la escasez del agua.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 320.99 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca El Florido, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 207.37 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca El Sainz, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 112.45 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Sánchez Taboada, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Cuarto. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 18.54 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Camino Verde, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Quinto. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 86.05 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca La Pechuga, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Sexto. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 24.25 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Agua Caliente, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Séptimo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 69.71 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Aguaje de la Tuna, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Octavo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 44.82 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Pastaje-Aviación, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Noveno. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 84.55 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Los Laureles, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Décimo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 44.19 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la subcuenca Emiliano Zapata, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Undécimo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 2.81 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para el Plan Integral de Drenaje Pluvial Zona Sureste, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Duodécimo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 900 mil pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para el proyecto ejecutivo de solución pluvial de la avenida Internacional, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para mejorar el ex convento de Santo Domingo y sus alrededores, en Oxolotán, de Tacotalpa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado por Tabasco; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

1. Oxolotán es un vocablo que se traduce como “lugar de los jaguares”, localidad que se encuentra enclavada en la Sierra de Tacotalpa, Tabasco, forma parte del Área Natural Protegida en la modalidad de “Parque estatal de la Sierra” declarada por el Congreso local el 10 de diciembre de 1987.

2. Este pueblo cuenta con un museo que fue inaugurado en diciembre de 1988, en el que se muestra una serie de fotografías del convento antes de su restauración; óleos sobre tela de los siglos XVII y XIX con representaciones sacras. Esculturas de San Mateo, San Lucas y San Juan, realizadas en madera estofada, tallada y pintada del siglo XVIII.

3. Este ex convento del siglo XVI es el edificio más antiguo del estado, construido con piedra de bola del río de la Sierra, en medio de un pequeño valle, ahí se evidencia la expansión dominica durante el siglo XVI; en la capilla anexa al templo hay una pila bautismal monolítica y algunas campanas originales que destacan por su talla, decorado y antigüedad.

4. En el movimiento anticlerical (1928-1936) impulsado por el gobernador Tomas Garrido Canabal, en Tacotalpa se destruyeron imágenes y templos entre ellos el convento de Santo Domingo, causando la destrucción en gran parte de su edificación.

5. Los pobladores de Oxolotán viven con lo que producen en el campo, la actividad pesquera se explota únicamente para el autoconsumo, ya que no existe infraestructura que permita el aprovechamiento de este potencial, no existen fuentes de empleo, por ello para que se genere desarrollo económico en la zona, es necesario realizar el mejoramiento urbano para atraer al turismo.

6. Es deber del gobierno federal en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conservar y restaurar el patrimonio cultural arqueológico e histórico de nuestro país, en el cual se encuentran incluidos el museo y el ex convento de Oxolotán en Tacotalpa, Tabasco.

7. Sustento esta petición en los artículos 18, 36 y 44 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Cultura, asignen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, una partida presupuestal para realizar el mejoramiento del ex convento de Santo Domingo y sus alrededores que se encuentra en Oxolotán, municipio de Tacotalpa, Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la construcción de instalaciones educativas y de investigación agropecuaria para el Centro Regional de las Huastecas y el Noreste de la Universidad Autónoma Chapingo en Ébano, San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Delia Guerrero Coronada, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58-60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para construir instalaciones educativas y de investigación agropecuaria para el Centro Regional de las Huastecas y el Noreste de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach) en Ébano, San Luis Potosí, en el siguiente contexto:

Consideraciones

La Uach es una institución mexicana federal, de carácter público, que tiene como misión impartir educación de nivel medio superior y superior; desarrollar investigación científica y tecnológica ligada a la docencia.

Busca preservar, difundir y acrecentar la cultura; pugnar por transferir oportunamente al sector rural las innovaciones científicas y tecnológicas; y busca procurar una adecuada planificación de la agricultura y de los servicios que ésta requiere, para formar profesionales, docentes, investigadores y técnicos altamente capacitados, con juicio crítico, nacionalista, democrático y humanístico.

La Uach busca responder a un aprovechamiento racional, económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales, a elevar la calidad de vida en los aspectos económico y cultural, especialmente de la población rural, y contribuir así, al desarrollo nacional soberano y sustentable.

A partir de lo anterior, el interés de los estudiantes del país por ingresar en Chapingo se mantiene, lo que indica un enorme potencial para el crecimiento institucional, sobre todo en los estados del país con mayores carencias.

A partir de 2008 y de acuerdo con el informe de actividades 2010 del rector de la Uach, el nuevo ingreso fue seleccionado con criterios que pusieron menos énfasis en la calificación, y más en el tipo y origen del estudiante. Para 2010 tuvieron mayor participación las entidades federativas, las regiones más pobres del país y los estudiantes de origen indígena.

Derivado de las políticas que la institución ha implantado en los últimos años, actualmente se cuenta con 25 por ciento de estudiantes indígenas, lo cual es no sólo es un acto de justicia social sino una contribución a preservar la cultura y los idiomas nativos.

Se ha implantado un sistema de tutorías, con el propósito de incrementar la eficiencia terminal en los tres niveles educativos, que cuenta con el reglamento correspondiente, aprobado por el consejo universitario.

En cuanto a la matrícula de posgrado, la universidad creció 13 por ciento en 2010, por lo que este nivel educativo, presentó la tasa de crecimiento más alta en los últimos cuatro años, debido principalmente a la calidad de sus programas.

El posgrado es reconocido por el Conacyt, pues sus 18 programas están en el padrón nacional de posgrados de calidad, estatus que se logró en 2008 y que se conserva. En 2010 se creó el doctorado en innovación ganadera y la maestría en ciencias y profesionalización en estrategia agroempresarial.

En diciembre de 2009, la Secretaría de Educación Pública otorgó a la Uach por segundo año consecutivo un reconocimiento por su calidad educativa, pues 96 por ciento de la matrícula cursa programas acreditados.

El Plan de Desarrollo Institucional de la Uach plantea un crecimiento hacia las Huastecas y noroeste del país.

El equipo de trabajo se dio a la tarea de realizar los diagnósticos tanto geográfico, socioeconómico, de sistema producto y educativo de diversas opciones, dando como resultado que se justifica plenamente que la construcción del nuevo proyecto tenga como sede Ébano, San Luis Potosí.

Es un proyecto de nueva creación, cuanta con un predio de 40 hectáreas, comprado por el gobierno de San Luis Potosí en Ébano y donado a la Uach.

El proyecto comprende un edificio con seis aulas, cuatro laboratorios y un taller de productos cárnicos en dos plantas cada una con total de 724 metros cuadrados de construcción y un costo estimado de 11 millones 241 mil pesos.

También comprende un edificio administrativo y de formación cultural, que incluye oficinas, cubículos de profesores, áreas de trabajo de estudiantes, sala de exposiciones, cafetería, salas de talleres culturales, con una superficie de 724 metros cuadrados y un costo aproximado de 11 millones 241 mil pesos.

Adicionalmente, el proyecto considera un edificio para centro de medios con instalaciones de telecomunicaciones, estacionamientos, andadores e instalaciones diversas con un costo aproximado de 27 millones 852 mil pesos.

Por lo anterior, el costo estimado de la infraestructura es de 50 millones 332 mil pesos que, con el equipamiento de las instalaciones, totaliza una inversión estimada de 77 millones 332 mil pesos.

En 2011 se plantea construir el conjunto de los tres edificios así como las obras exteriores y en el aspecto académico se iniciarán los programas docentes, de investigación, servicio y vinculación.

En una primera etapa, los beneficios esperados estriban en ofrecer espacio educativo para una población de 550 alumnos de San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, considerando tres grupos de nivel propedéutico, dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado, y en una segunda etapa la oferta educativa puede duplicarse.

Se esperaría beneficiar de forma directa a mil productores y sus organizaciones mediante capacitación y proyectos de asesoría técnica. Se beneficiaria a productores y sistema producto de las Huastecas y Tamaulipas mediante la gestión de innovaciones en maíz, sorgo, oleaginosas, hortalizas, ganadería bovina, caña de azúcar, agrocombustibles, cítricos, café y vainilla, entre otros.

Y también se beneficiarían organizaciones de productores y municipios mediante asesoría en planificación y gestión del desarrollo rural, comercialización de productos, restauración del ambiente, agricultura orgánica acuacultura y turismo sustentable.

Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para construir instalaciones educativas y de investigación agropecuaria para el Centro Regional de las Huastecas y el Noreste de la Universidad Autónoma Chapingo en Ébano, San Luis Potosí.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna al a Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se encuentra en el salón de sesiones la excelentísima señora Manuela Vulpe, embajadora de Rumania en México, quien ha asistido al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Rumania. La Cámara de Diputados le da a usted la más cordial bienvenida, señora embajadora y hacemos votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambas naciones. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con unto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un parque deportivo en el distrito XX de Nezahualcóyotl, México, a cargo del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Corresponde a la Conade y a las autoridades educativas federales, estatales y locales fomentar y promover la práctica de actividades físicas y deportivas, de conformidad con las Leyes Generales de Cultura Física y Deporte, y de Educación.

2. Para ello es preciso que en coordinación con dichos entes de gobierno se coadyuve para que con recursos públicos se construyan las instalaciones que permitan atender las necesidades para el desarrollo del deporte.

3. Derivado de lo anterior, y porque se carece de infraestructura que permita la práctica de las citadas actividades, se agravan los problemas sociales y de salud, como la delincuencia, las adicciones, la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas en la población en general.

4. Es necesario dotar al distrito XX de Nezahualcóyotl, México, de instalaciones para la práctica del deporte, con la construcción de un parque deportivo que beneficiaría a una población aproximada de 80 mil habitantes y mejoraría su calidad de vida, pues en el lugar se carece de la infraestructura mencionada. El parque estaría en avenida Las Torres, entre las Calles 15 y 21, de la colonia Campestre Guadalupana.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen 30 millones de pesos para construir un parque deportivo en el distrito XX de Nezahualcóyotl, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura deportiva en Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sergio Mancilla Zayas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 recursos para proyectos de infraestructura deportiva por la cantidad de 40 millones de pesos, a fin de que sean destinados para la creación de una unidad deportiva en el parque “La Hormiga”, situado en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, estado de México.

Exposición de Motivos

De acuerdo con los resultados definitivos al segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, que llevó a cabo el Ine-gi, el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, cuenta con una población de 821 mil 442 habitantes, lo que equivale aproximadamente a 6 por ciento de la población de la zona metropolitana del valle de México.

Naucalpan de Juárez cuenta con una población de 198 mil 283 jóvenes de entre 18 y 30 años, donde muchos han quedado sin la posibilidad de acceder a las instalaciones deportivas, en virtud de la escasez de éstas y las pésimas condiciones de la mayoría de dichos espacios, provocando en diversos casos que los jóvenes se involucren en actividades nocivas.

Atento a lo anterior, y con la finalidad de impulsar a los jóvenes de Naucalpan para que accedan a espacios y áreas deportivas dignas, se propone que se tenga a bien incluir dentro del fondo indicado al municipio de referencia, para que sea considerado dentro del programa de apoyo para infraestructura deportiva, de acuerdo al presupuesto que habrá de destinarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Cabe señalar que el municipio de Naucalpan se ha destacado por dar a nuestro país diversos atletas de alto rendimiento que en varias disciplinas han logrado resultados importantes, resaltando así México a nivel internacional.

Es importante indicar que en las comunidades que se verían favorecidas directamente con este proyecto no cuentan con ningún espacio de esta naturaleza, y se tendría como población beneficiada a un número aproximado de 65 mil habitantes.

Por lo expuesto, se somete a su consideración lo relativo a los recursos que puedan destinarse en el Presupuesto de Egresos de 2011 para la creación de la unidad deportiva de referencia.

Puntos de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2011 recursos para proyectos de infraestructura deportiva por la cantidad de 40 millones de pesos, a fin de que sean destinados para la creación de una unidad deportiva en el parque “La Hormiga”, situado en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Sergio Mancilla Zayas (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear el fondo de accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Yolanda de la Torre Valdez, Claudia Edith Anaya Mota, Yolanda de Carmen Montalvo López, Caritina Saénz Vargas, Mario di Costanzo Armenta, Cora Cecilia Pinedo Alonso, María Teresa Ochoa Mejía, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD, del PAN, del PVEM, del PT, de Nueva Alianza y de Convergencia, respectivamente; en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Con el objeto de cumplir con la obligación de accesibilidad que, como Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México contrajo al firmar, ratificarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2008, se propone la creación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público.

El fondo permitirá se cumpla la disposición de la Convención en materia de accesibilidad, que establece, cito:

“ Artículo 9o. Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;”

Lo anterior, significa que como Estado parte estamos comprometidos con todos y cada uno de los países que lo han suscrito, así como ante la Organización de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que desde el año 2000, México propuso al mundo la creación de un instrumento de alcances internacionales que protegiera los derechos humanos de las personas con discapacidad y propuso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es decir, somos ante el mundo los iniciadores de la nueva filosofía de abordar la discapacidad; dando un salto cualitativo de objetos de asistencia social, a sujetos de derechos sociales y a la fase de sujetos políticos activos de su propio desarrollo con base en la participación política directa e indirecta por medio de sus representantes. Dimos al mundo un ejemplo de compromiso con las personas con discapacidad.

Segunda.Por otro lado, la Ley General de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, en su artículo 17, fracción III, señala:

“Artículo 17. Las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, las siguientes:

III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus unidades especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las personas con discapacidad;”

Tercera.La iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 prevé el enfoque transversal de discapacidad en el análisis de la evaluación del desempeño en el artículo 29. Además de presupuestar los programas contenidos en el Anexo 28 del PEF 2010 en las correspondientes partidas de la iniciativa del PEF 2011. Como lo podemos comprobar en el siguiente cuadro:

Sin embargo, el gobierno federal no ha definido una política pública, ni acciones específicas en materia de transporte público; así mismo en el PPEF 2011 el Ejecutivo Federal no considero ningún monto en esta materia.

En materia de transporte, la iniciativa del PPEF 2011 prevé que la Dirección General de Autotransporte Federal ejerza 131 millones a través de “Desarrollo tecnológico en materia de transporte”, asignando 109 al Instituto Mexicano del Transporte y 21 millones a proyectos de Infraestructura social de ciencia y tecnología. Lo cual es significativamente insuficiente para cumplir con la disposición de la Convención durante este año.

Cuarta.De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, la flota vehicular cuenta con una edad promedio de vida de 13.3 años en el periodo 2000-2006, sin embargo, la antigüedad de las unidades se mantiene por arriba de los estándares internacionales que es de 12.8 años en promedio. Cabe destacar, que frente a la inminente internacionalización de los servicios del autotransporte, es necesaria la modernización del marco jurídico y de la gestión administrativa de las empresas del autotransporte; las cuales requieren financiamientos, nuevas relaciones contractuales, equipamiento moderno y mejores sistemas administrativos y tecnológicos para incrementar su competitividad.

El programa sostiene, en su objetivo 2.2.5, Mantener actualizado el marco jurídico y regulatorio para brindar certidumbre a prestadores de servicios, usuarios e inversionistas. Y pretende alcanzar la Disminución de la competencia desleal, incremento en la calidad de los servicios y fortalecimiento de los niveles de seguridad de usuarios y conductores.

Para tal fin, propone consolidar la armonización de normas y especificaciones técnicas de los vehículos, y la homologación de los esquemas de supervisión y control, tanto con las entidades federativas y los municipios, como con los países de Norte y Centroamérica, de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales, con el propósito de mejorar la calidad del servicio, evitar la competencia desleal y fortalecer los niveles de seguridad de usuarios y conductores.

Sin duda, con el fondo que proponemos se avanzará en dos aspectos del programa, referente a las personas con discapacidad: servicios de calidad y condiciones de seguridad.

Quinta. Uno de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 es asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios y servicios públicos, así como al transporte, sistemas y tecnologías de información y comunicación. Para tal fin ha diseñado la estrategia 2.2 que consiste en celebrar convenios con los concesionarios y permisionarios del transporte en todas sus modalidades (terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario) para que los servicios de comunicación y de transporte público sean accesibles para las personas con discapacidad.

El programa señala que el acceso al transporte es uno de los principales retos en materia de accesibilidad y diseño universal que enfrenta el país, Para enfrentar estos rezagos se plantean las siguientes líneas de acción:

• Concertar la adaptación progresiva de servicios de comunicación accesibles para las personas con discapacidad.

• Concertar servicios de transporte público accesibles en todas sus modalidades para que las personas con discapacidad puedan transitar y viajar, en condiciones de seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad.

• Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas concesionarias de las diversas modalidades de servicio de transporte público y de medios de comunicación que faciliten el acceso integral a sus servicios por personas con discapacidad.

• Desarrollar guías y estándares de diseño universal para el transporte en todas sus modalidades, así como políticas y procedimientos para una adecuada prestación de los servicios.

Lo anterior justifica plenamente la creación del Fondo, ya que es un objetivo estratégico de un programa nacional del gobierno federal.

Sexta.La adaptación del transporte público para las personas con discapacidad no sólo está sustentada en instrumentos internacionales, leyes federales y locales, sino que también es una meta del programa federal en materia de transporte; y aún más importante, para las y los integrantes de esta Comisión, siendo una demanda prioritaria de la sociedad civil organizada.

El sábado 27 de marzo de 2010 el diario La Jornada de Jalisco informó: “Demandan a Emilio González transporte público adaptado para discapacitados”. La nota reseñó que la asociación civil Red Ciudadana demandó al gobernador Emilio González Márquez la adaptación de unidades del transporte público con rampas para personas discapacitadas en todo el estado y no sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara; recordó que en la administración se logró un acuerdo para que el 10 por ciento de las unidades del transporte público urbano fueran adaptadas para garantizar el acceso a cualquier persona con discapacidad y adultos mayores. También, se señalo en la nota que para la gente pequeña ha sido difícil el acceso al transporte público, ya que los peldaños de las unidades son muy altos y en ocasiones deben subir de rodillas, y que no se les ha considerado entre las personas con discapacidad a pesar de tener serias limitantes para abordar el transporte público.

Otro caso fue el reportado por un diario local de Monterrey, al informar que “Exige mejor atención a discapacitados en el transporte”. Para buscar erradicar la mala atención que sufren las personas con discapacidad en el transporte público, lo que ha generado muertes por la imprudencia de los operadores del servicio, el Diputado Víctor Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte Público de Nuevo León.

La reforma sugiere garantizar el uso del transporte con seguridad por parte de las personas con discapacidad, así como la incorporación de medidas y acciones tendientes a mejorar el servicio por parte de personas con capacidades diferentes. En otra urbe como Puebla, Milenio Diario Informó que “Propone DIF habilitar unidades especiales para discapacitado”.

El director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia señalo que los concesionarios del transporte público deben adaptar de 1 a 3 unidades en cada una de las 300 rutas del servicio público que circulan en Puebla con la finalidad de dar cobertura de cien por ciento a personas con discapacidad y de la tercera edad; y aseveró que sería socialmente viable que el transporte público incluyera en su modernización unidades especiales que permitan a los discapacitados, no sólo ir a hospitales y centros de rehabilitación, sino también a lugares de espectáculos, cultura, centros comerciales.

Hemos citado solo tres casos: Jalisco, Monterrey y Puebla, como una muestra de la demanda de la población con discapacidad en todas las entidades federativas y municipios del país, por contar con un transporte accesible, digno y seguro que los equipare en oportunidades y permita su plena inclusión social.

Séptima. La fuente de financiamiento del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público derivará del sustancial incremento que se plantea en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 a la Comisión Federal de Electricidad el cual asciende a más de 32 mil millones de pesos.

Este fondo se destinará para que las entidades federativas, adquieran unidades nuevas con estándares internacionales de accesibilidad o bien adecuen las unidades de transporte público, de acuerdo a sus propias necesidades y de conformidad con su normatividad interna en materia de transporte público y con ello se inicie en este país el proceso de garantizar a las personas con discapacidad su derecho al transporte, que además, multiplica las oportunidades de las personas de acercarse a los servicios de salud, educación, empleo, deporte, cultura, recreación y así mismo podrán llegar a las oficinas gubernamentales para el cumplimiento de sus obligaciones en el pago de luz, agua, predial, impuestos y servicios privados de telefonía, bancarios, comerciales, etc.

Como hemos expuesto, se requiere de un transporte público al que las personas con discapacidad puedan acceder con facilidad y seguridad a fin de que otros derechos como el de la educación, la salud, el trabajo, el deporte, la recreación, la capacitación y muchos otros que se proporcionan en instituciones públicas y privadas puedan ser utilizados por todos ellos, y con esto, integrarse a la vida social y productiva de la nación en condiciones de menor desventaja.

La inversión está plenamente justificada, ya que se beneficiaría al diez por ciento de los mexicanos con discapacidad, a 7 millones de adultos mayores y a otros grupos sociales marginados del desarrollo social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben, diputadas y diputados sometemos a la consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público. El fondo se constituirá con mil millones de pesos los cuales estarán asignados en el Anexo 12, Rrmo 23, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Segundo. El fondo se distribuirá con base en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Entidades Federativas, de acuerdo con la siguiente fórmula:

a) Se resta el IDH de cada entidad federativa al valor máximo que es 1 a ésta operación se le denomina inversa.

b) Se realiza la sumatoria al resultado que se obtenga del inciso a),

Donde: i es igual a cada entidad federativa.

c) Se divide la inversa individual de i entre el total de las inversas, que es el resultado del inciso b), con lo cual obtenemos el coeficiente con el que se distribuirá el Fondo.

El coeficiente es el porcentaje que se otorgará a la entidad, respecto del total del fondo de 1,000 millones de pesos.

En razón de lo anterior, las asignaciones a las entidades federativas serán las siguientes: Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público:

Tercero.Las entidades federativas aplicarán los recursos asignados para la compra de unidades nuevas con estándares internacionales de accesibilidad o bien para la adecuación y equipamiento de las unidades de transporte público, de acuerdo a sus propias necesidades y de conformidad con su normatividad interna en materia de transporte público.

Cuarto. La Entidades Federativas entregaran el informe y comprobación del gasto devengado por este concepto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y enviarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el informe general de aplicación.

Quinto.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la entrega de los recursos subrogados por este concepto a las entidades federativas.

Nota:

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 http://www.cofetel.gob.mx/work/models/Cofetel_2008/Resource/11134/programasecto rial20072012.pdf

3 http://www.lajornadajalisco.com.mx/2010/03/27/index.php?section=politica&article=008n2pol

4 http://www.masnoticias.net/notab.pl?id=33827&web=MNOTICIAS

5 http://www.mpuebla.com/nota.php?id=16963

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Yolanda de la Torre Valdez, Claudia Edith Anaya Mota,  Mario Alberto di Costanzo Armenta, Cora Pinedo Alonso, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y  Cuenta Pública.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul de la diputada Claudia Anaya, por favor.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle que se registre en el Diario de los Debates y en los demás registros de esta Cámara, que este punto de acuerdo que acaba de leer la secretaria, el punto de acuerdo por el que se crea el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Transporte Público, es un punto de acuerdo presentado por diputados de los partidos del PRD, PAN, PT, Verde Ecologista, Convergencia, Nueva Alianza y el PRI, y diputados de todos estos grupos parlamentarios, que además de que lo presentamos, lo estamos respaldando. Pedirle que se registre, por favor, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, diputada. Tomamos nota de lo planteado por usted. Tome nota la Secretaría de lo anteriormente expuesto por la diputada y por favor corríjanse los registros parlamentarios. Adelante.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para convertir en hospital general el integral de Ahuacatlán, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Salud a fin de que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la sustitución del hospital integral de Ahuacatlán, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

Para el gobierno actual en Puebla, la salud ha sido una prioridad. Sólo en este año, en materia de salud, el gobierno estatal incorporó al seguro popular a 592 mil familias poblanas, alcanzando una cobertura del 95.7 por ciento de las localidades de alta y muy alta marginación del estado.

Además amplió la infraestructura hospitalaria, construyó la última etapa del hospital general de Cuetzalán del Progreso y la segunda del hospital de Izúcar de Matamoros. Se concluyeron cuatro centros de salud ubicados en diferentes municipios. En materia de medicina preventiva, se concretaron acciones para reducir tasas de mortalidad en diabetes mellitus 4.4 por ciento y la de enfermedades del corazón 5 por ciento, con respecto al año anterior.

Para atender la salud de los menores de 5 años, se aplicó la vacunación universal, prevención y control de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, logrando disminuir en 4 por ciento, la tasa de mortalidad.

Para los priistas la salud de los mexicanos siempre ha sido una prioridad, la consideramos un tema de interés público y de atención prioritaria, por ello es menester para nosotros garantizar que las mujeres y hombres poblanos puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos.

El actual gobierno y los diputados hemos sido sensibles a las demandas de la ciudadanía, como es el caso del municipio de Ahuacatlán, Puebla que se encuentra ubicado en la Sierra Norte del estado, donde habitan 14 mil 915 personas de los cuales 7 mil 220 son hombres y 7 mil 695 son mujeres, el 46.3 por ciento son menores de 19 años y de 20 a 64 años el 40.3 por ciento, el porcentaje restante son personas adultas mayores.

En este municipio se cuenta actualmente con un hospital integral de 12 camas, sin embargo la infraestructura del hospital ya no es suficiente para las necesidades actuales de la población usuaria de los servicios médicos. En la actualidad se tiene ya una gran demanda de atención en cirugía general, traumatología, ginecología, pediatría y geriatría.

Los hospitales integrales son unidades que resuelven las necesidades más frecuentes de servicios de salud de la población que habita en comunidades enclavadas en zonas geográficas de difícil acceso, apoyan a otras unidades medicas ubicadas en centros de población rural dispersa, facilitan el acceso a servicios de salud ambulatoria de corta estancia, atención de parto, disminución del riesgo del puerperio y asistencia al traumatizado de accidentes y violencias. Sin embargo por el crecimiento demográfico y por las características de la región un hospital de estas características ya es limitado. Al ser las instalaciones insuficientes y no estar actualizadas, se pone en riesgo la salud de los habitantes de la región.

Sustituir el actual hospital de 12 camas, para convertirlo en un hospital general, requiere de una inversión de 98 millones de pesos. Esta inversión beneficiará a las y los habitantes de la región de la Sierra Norte, donde podrán ser atendidas hasta 47 mil personas. Además de generar 178 empleos adicionales.

Por lo anterior, desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria, se vuelve de vital importancia para los legisladores poblanos, ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los indirectos que un hospital de este tipo genera.

Sabemos que la situación que se vive en México es complicada especialmente en lo que se refiere a seguridad y economía, sin embargo sabemos que una prioridad debe ser la salud y el bienestar de la ciudadanía. La mejor inversión que se puede realizar en un país es en la salud de sus habitantes.

Especial reflexión nos merece el reporte Health Data 2008, que se realiza entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el cual establece que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento de su producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9 por ciento.

Este es un tema que debe ponernos a reflexionar sobre lo que no estamos haciendo bien y debemos re direccionar las políticas públicas federales, encaminarlas hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

El gobierno federal atiende temas urgentes, sin embargo se olvida de los importantes. Contar con un sistema de salud sólido, funcional y eficaz le permitirá a los mexicanos elevar su calidad de vida incluso beneficiará su economía al sortearles los servicios de salud privados y evitando también que se vea detenida su vida productiva.

Los legisladores poblanos tenemos como prioridad la salud de la ciudadanía poblana, por ello participaremos activamente en el cabildeo de presupuesto para los proyectos prioritarios del estado, desde una perspectiva republicana y democrática.

Por lo expuesto, fundado y en cumplimiento a lo que establece el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del PEF de 2011, publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, para que se etiqueten recursos por noventa y ocho millones de pesos, en el ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos para la Federación 2011, a fin de sustituir el Hospital Integral de Ahuacatlán, Puebla, y convertirlo en Hospital General.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.—Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para sustituir el centro de salud con servicios ampliados de Oriental, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el cual solicita a la Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la construcción del centro de salud con servicios ampliados en municipio de Oriental, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

El virus de la influenza tipo A evidenció un sistema de salud débil. La falta de inversión en infraestructura y la creciente privatización de los servicios han dejado al país vulnerable.

En entrevista para el periódico El Universal, en mayo de 2009, Maki Esther Ortiz, subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, reconoció que la emergencia sanitaria permitió “detectar los rezagos en infraestructura de salud”; obligó a las autoridades a realizar, a marchas forzadas, un inventario del equipo médico disponible; y en menos de tres días, debieron establecer lineamientos dirigidos al personal de salud para contener la transmisión de la influenza y tratar al paciente en forma homogénea en el primero, segundo y tercer niveles de atención”.

Además, consideró necesaria “la integración funcional del sector” para mantener “una comunicación que permita que todos estemos conectados en tiempo real”, y que “se requiere de un padrón único de beneficiarios, de un expediente electrónico y de guías clínicas que homogeneícen todo el sistema nacional de salud”.

Por otro lado, el rezago en la infraestructura puede medirse, entre otros parámetros, por el número de camas hospitalarias: México cuenta con 0.8 camas por cada mil habitantes, cuando el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 4 por cada mil habitantes.

Por su parte, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos encontró que países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Belice tienen más de 10 camas de hospital por cada 10 mil habitantes. En Brasil, por ejemplo, hay 26, mientras que en México sólo existen 10.

A nivel nacional, de acuerdo con Incide Social, por cada 2 mil habitantes hay 3 médicos, 1 consultorio y 4 enfermeras, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 2 y 3 médicos por cada mil habitantes.

Sin embargo, con todos los datos mencionados, no se le da la prioridad necesaria al tema de la salud, ya que a nivel nacional, la federación etiquetó en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, 5 mil 341 millones de pesos en el rubro de salud, a repartirse entre los 32 estados de la república –que no abarcan la construcción de obras–, es decir, 167 millones a cada estado en promedio aproximadamente. Debemos revertir esas inercias, en las que se ha sumido nuestro país, para reposicionarlo como en años anteriores en lo que a salud se refiere.

El gobierno del estado de Puebla presentó en tiempo y forma 13 proyectos de infraestructura hospitalaria, entre construcción, ampliación y modernización de hospitales y serán impulsados por las y los diputados poblanos para ser considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011.

Haciendo uso de las facultades que nos otorga la Carta Magna, me permito someter a consideración de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública el presente punto de acuerdo, a fin de poder considerar recursos adicionales etiquetados para la construcción del centro de salud con servicios ampliados con su pertinente sustento.

Más allá de colores partidistas, los legisladores debemos considerar la salud de los mexicanos como prioridad. Debemos garantizar que las mujeres y hombres de todo el país puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos.

Los legisladores tenemos la posibilidad de lograr esas metas, dirigiendo los presupuestos federales hacia las necesidades más sentidas de la ciudadanía, y colocarnos en los niveles que plantean los organismos internacionales.

Oriental es un municipio del estado de Puebla que se encuentra situado en la región de Valle Serdán. Dada su ubicación geográfica, el gobierno actual considera prioritario construir un centro de salud con servicios ampliados.

En términos generales, un centro de salud con servicios ampliados cuenta con consultorios, hospitalización, quirófano, sala de expulsión, consultorio de odontología, sala de espera, farmacia, área de curaciones, medicina preventiva y tradicional, residencia médica, sala de usos múltiples, sanitarios, laboratorio y atención de urgencias.

Esta unidad médica está diseñada para ofrecer atención primaria a la salud integral con alta capacidad resolutiva. Adicionalmente a los servicios de consulta externa del centro de salud, se brindarán los servicios de especialidades que demanda la población.

El centro de salud estará integrado por áreas administrativas, apoyo técnico, consulta externa, servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento integrado, urgencias, servicios generales y cuarto de máquinas.

Se generarán 102 empleos directos y se beneficiará a 45 mil personas, con una inversión de 56 millones de pesos.

Desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria se vuelve de vital importancia para nosotros los legisladores poblanos. Ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los empleos indirectos que un hospital de este tipo genera.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos establece que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento de su producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9 por ciento. Este estudio nos obliga a realizar acciones para mejorar nuestro sistema de salud, encaminarlo hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos por 56 millones de pesos en el Ramo 12, “Salud”, del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, a fin de llevar a cabo la construcción del centro de salud con servicios ampliados en el municipio de Oriental, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo la obra nueva del hospital integral de 12 camas de Ahuazotepec, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Malco Ramírez Martínez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud que consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la obra nueva del hospital de Ahuazotepec, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

El gobierno federal no consideró 13 proyectos de infraestructura hospitalaria que la administración estatal presentó para incluir en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de 2011. Uno de ellos es el que me permito exponer en el presente punto de acuerdo.

En el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, la federación etiquetó 5 mil 341 millones de pesos en el rubro de salud, por repartir entre los 32 estados de la república –que no abarcan la construcción de obras–; es decir, 167 millones a cada uno en promedio aproximadamente.

En Puebla, el gobierno estatal presentó en tiempo y forma 13 proyectos de infraestructura hospitalaria, entre construcción, ampliación y modernización de hospitales, así como la adquisición de ambulancias. Sin embargo, no fueron considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, enviado por el Ejecutivo.

El equilibrio de poderes que establece el sistema democrático del país, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a los diputados federales para discutir, en su caso, modificar y aprobar el PEF año con año.

En ese uso de nuestras facultades, me permito someter a consideración de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública el presente punto de acuerdo, a fin de poder considerar recursos adicionales etiquetados para la obra nueva del hospital integral de 12 camas en Ahuazotepec, con su pertinente sustento.

Más allá de colores partidistas, los legisladores debemos considerar la salud de los mexicanos como una prioridad y un tema de interés público de atención prioritaria.

Debemos garantizar que las mujeres y los hombres de todo el país puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos. Como legisladores, tenemos la posibilidad de lograr esas metas, dirigiendo los presupuestos federales hacia las necesidades más sentidas de la ciudadanía.

El gobierno estatal y los legisladores, atentos a las demandas de la ciudadanía, proponemos presupuestos para inversión en infraestructura, como en este caso.

Ahuazotepec, Puebla, se encuentra en la Sierra Norte, donde habitan 10 mil 366 personas. De ellas, 48.3 por ciento es hombre y 51.7 mujer, 4 mil 304 son menores de 19 años y 894 son personas adultas mayores.

El municipio cuenta actualmente con un hospital comunitario, que fue construido como centro de salud con servicios de urgencias y aunque luego se fueron adecuando algunas áreas, la infraestructura actual no se adecua a las necesidades de los usuarios, por lo que la estructura no es funcional para los pacientes y el personal de la unidad médica. Ahora se requiere un centro hospitalario más grande.

Los hospitales integrales son unidades que resuelven las necesidades mas frecuentes de servicios de salud de la población que habita en comunidades enclavadas en zonas geográficas de difícil acceso, apoyan otras unidades médicas situadas en centros de población rural dispersa, facilitan el acceso a servicios de salud ambulatoria de corta estancia, atención de parto, disminución del riesgo del puerperio y asistencia al traumatizado de accidentes y violencias.

Para sustituir el actual hospital comunitario por uno integral de 12 camas se requiere una inversión de 98 millones de pesos. Esta inversión beneficiará a los habitantes de la región de la Sierra Norte, beneficiando a 573 personas, además de generar 178 empleos adicionales.

Por lo anterior, desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria se vuelve de vital importancia para nosotros, los legisladores poblanos, ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los empleos indirectos que un hospital de este tipo genera.

Estudios de organismos serios como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos colocan en posiciones francamente vergonzosas. Por ejemplo, el que señala que la oferta de hospitales en México es la más baja entre los países de la OCDE, con sólo una cama para atender casos agudos por cada mil habitantes, en comparación con un promedio de la organización de casi cuatro.

El estudio del organismo revela que México ocupa el segundo sitio más bajo entre las naciones integrantes, después de Turquía, en cuanto al número de médicos por cada mil habitantes, pues mientras en el país hay 1.5, el promedio del resto es de 2.9.

En el análisis Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud, señala que el personal de enfermería también es reducido en México en relación con otros países de la organización.

Mientras en México hay 2.2 empleados de enfermería por cada mil habitantes, en promedio, en el resto de los países miembros se reportan 8.

Añade que en México se observa una distribución desigual de recursos humanos por región, por institución y entre renglones especializados, ya que en las zonas rurales tiende a observarse carencia de personal médico.

Por otra parte, la organización destaca que el sector de hospitales en México es heterogéneo, en función de la calidad, de su distribución geográfica y del tipo de instalaciones.

La OCDE refiere que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento de su producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9. El estudio nos obliga a realizar acciones para mejorar el sistema de salud, encaminarlo hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

Por lo expuesto y fundado, y en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del PEF de 2011, publicado en la Gaceta Parlamentaria número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos por 98 millones de pesos, en el ramo 12, “Salud”, del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, a fin de llevar a cabo la obra nueva del hospital integral de 12 camas de Ahuazotepec, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a autorizar al Poder Judicial federal los recursos requeridos para la administración de justicia federal, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

La solicitud de Presupuesto comprende los recursos públicos para que los órganos del Poder Judicial federal puedan dar cabal cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades constitucionales.

Desde 2006, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha reforzado las estrategias para el constante mejoramiento de la impartición de justicia en todas sus vertientes. El enfoque de equidad de género en la elaboración de las sentencias, así como la promoción y el cuidado de una ética judicial que caracterice a los juzgadores federales.

Durante el ejercicio de 2010 tomó decisiones relativas a mantener los salarios de los mandos medios y superiores sin aumento y así continuará.

Destinó importantes recursos a las transmisiones en vivo de las sesiones del pleno del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral y programas con temáticas de actualidad en materia de justicia a través del Canal Judicial.

Concretó el observatorio ciudadano de la justicia, donde la sociedad civil observa, obtiene y entrega un conocimiento serio, objetivo y transparente de la actividad jurisdiccional.

Consideraciones

Cada año, desde 2006, el Poder Judicial de la Federación ha recibido partidas que no le permiten su crecimientoy la consolidación de la impartición de justicia en el país.

El Congreso mexicano le dio al Poder Judicial federal nuevas y trascendentes actividades. Este año se cumplen fechas fatales, de acuerdo con lo ordenado por este Congreso. Tendrá que nombrar jueces de instrucción, por mandato constitucional debe modernizar el sistema de impartición de justicia, está obligado a atender la reforma penal con juicios orales y modernizar los órganos de justicia.

Se tienen que establecer juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, requiere crear 58 nuevos juzgados de distrito, 12 colegiados de circuito, un tribunal unitario y dos tribunales unitarios auxiliares, sólo para atender asuntos pendientes de resolución y la creciente demanda de los servicios de impartición de justicia, así como atender 6 elecciones para gobernador, se elegirán 116 diputados de Congresos locales, 222 ayuntamientos, en total 344 cargos de elección popular, además se inicia, en octubre de 2011, el año electoral para elegir 500 diputados federales, 128 senadores y presidente de la República.

La defensoría de oficio cuenta con un indicador de eficiencia que señala que de cada cuatro asuntos gana tres y que tiene defensores de oficios para casi todas las lenguas indígenas del país.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles tiene una función de interés para un país que debe atender una crisis mundial y local.

Es la única institución que cumplió en tiempo y forma todos los compromisos signados en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El PJF es la institución más altamente calificada por los ciudadanos, junto con el Ejército y los medios de comunicación.

Las obligaciones constituciones y legales que enfrentará el Poder Judicial de la Federación en 2011 se las puso el Congreso mexicano, se le debe autorizar al Poder Judicial el presupuesto solicitado.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los disputados que suscriben solicitan a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Los diputados que suscriben exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que se le autorice al Poder Judicial federal el presupuesto que requiere para la administración de justicia federal; cabe destacar que el Poder Judicial Federal solicita un incremento de 3.5 por ciento, con relación a 2010, de 40,108,600 a 41,522,800 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Alba Leonila Méndez Herrera, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Marcos Pérez Esquer, Julio Castellanos Ramírez, Pablo Rodríguez Regordosa, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Javier Corral Jurado, Narcedalia Ramírez Pineda, Margarita Gallegos Soto, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Reyes Tamez Guerra,  Elsa María Martínez Peña,  Gerardo Del Mazo Morales, David Penchyna Grub, Felipe Solís Acero, César Augusto Santiago Ramírez, Retana Benjamín Clariond Reyes, Silvio Lagos Galindo, David Hernández Pérez, José Trinidad Padilla López, Ana Estela Durán Rico, José Francisco Yunes Zorrilla, Antonio Benítez Lucho, Fidel Kuri Grajales, Alma Carolina Viggiano Austria, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, Pedro Ávila Nevárez, Ariel Gómez León, Rosalina Mazari Espín, Francisco Saracho Navarro, Vidal Llerenas Morales, Juventino Víctor Castro y Castro, Ramón Jiménez López, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Emilio Serrano Jiménez, Samuel Herrera Chávez, José Narro Céspedes, Agustín Guerrero Castillo, Francisco Hernández Juárez, José Luis Jaime Correa, José de Jesús Zambrano Grijalva, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Rodolfo Lara Lagunas, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Francisco Herrera Jiménez, Patricio Chirinos del Ángel, José Tomás Carrillo Sánchez, Nely Edith Miranda Herrera, Víctor Félix Flores Morales, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Omar Fayad Meneses, Marcos Carlos Cruz Martínez, Adán Augusto López Hernández, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Leticia Quezada Contreras, Rafael Rodríguez González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, David Ricardo Sánchez Guevara, Pedro Jiménez León, Jaime Álvarez Cisneros, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Laura Arizmendi Campos, Laura Piña Olmedo, Víctor Hugo Cirigo Vásquez, Lizbeth García Coronado, Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Julio César Godoy Toscano, Filemón Navarro Aguilar, Genaro Mejía de la Merced, Víctor Manuel Báez Ceja, Enoé Margarita Uranga Muñoz, O. Magdalena Torres Abarca, Carlos Torres Piña, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Luis Hernández Cruz, Silvia Puppo Gastélum, María Guadalupe García Almanza, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ricardo Ahued Bardahuil, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Felipe Cervera Hernández, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Joel González Díaz, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Janet Graciela González Tostado, María del Rosario Brindis Álvarez, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Víctor Humberto Benítez Treviño, Óscar González Yáñez, Armando Ríos Piter, Bélgica Nabil, Alejandro Encinas Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el fomento y desarrollo del sistema nacional de universidades, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo:

Considerandos

En palabras del doctor Francisco Bolívar Zapata “La grandeza del país y la equidad en la nación, se acrecentará en la medida en que las decisiones que se tomen, por los ciudadanos y gobernantes estén imbuidas por el conocimiento científico y alentada por la crítica profunda. La universidad tiene la obligación de formar las nuevas generaciones, proporcionando el andamiaje intelectual imprescindible, que permitía que las aspiraciones de justicia y libertad tengan soportes sólidos y perspectivas de mayor alcance”.

Siguiendo la misma tesitura compañeros legisladores, los convoco a que tomemos conciencia del impacto que conlleva incrementar el presupuesto a nuestras universidades públicas, ya que es ahí en donde se gestan nuestras nuevas generaciones, los que serán nuestros gobernantes, lideres, médicos, arquitectos, abogados, entre otros.

Las universidades públicas en nuestro país son espacios primordiales y vitales para México. La universidad es el espacio para la formación de las nuevas generaciones, esta actividad debe darse en el proceso de abrir nuevos espacios a través de incentivación del presupuesto que le inyectemos al sector educativo en este rubro de universidades. La universidad pública y autónoma es también un espacio laico, de libertad, cuestionamiento y disentimiento, fundamental para el crecimiento de la nación.

En su seno deben debatirse de manera crítica, plural, intensa y comprometida, pero simultáneamente, con respeto y tolerancia, las diversas opiniones y posiciones. Es un crisol de donde debe emerger, a través de la investigación, el análisis y el consenso, mejores alternativas para la solución de problemas importantes en la nación.

La educación, y en particular la superior, como he señalado, representa la única alternativa para pensar en un país más soberano. Sin educación no hay nación con porvenir. Es en este sentido que las universidades públicas autónomas, con sus tres funciones sustantivas y su capacidad de crítica constructiva, son fundamentales para lograr el propósito de una educación superior pertinente para los mexicanos y, por ello, esenciales y estratégicas para el desarrollo de un país más justo.

Hoy, el mundo es un espacio interconectado de flujos y de relaciones, en donde los efectos y las causas se comprimen en una nueva noción del tiempo, resultante de una nueva dimensión social que es la de la globalidad.

Como resultado de este nuevo marco de relaciones, es posible vislumbrar en el horizonte cercano una era de posibilidades sin paralelo para la sociedad humana, y también para la vida del planeta, y es por ello que, ante el impresionante avance del conocimiento que se multiplica logarítmicamente, y del proceso de globalización ambos promotores de este cambio debemos estar conscientes del nuevo marco para plantear las estrategias adecuadas que nos permitan reforzar la cultura de la sociedad mexicana y preparar a nuestra nación para enfrentar, y también para disfrutar, este futuro cercano en muchos aspectos y espacios inimaginables.

Compañeros legisladores, los exhorto a que se incremente el presupuesto para las universidades públicas en nuestro país, apostemos por nuestros jóvenes, apostemos por el futuro de México

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 se asignen recursos suficientes para el fomento y desarrollo de sistema nacional de universidades en todo el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Cecilia Soledad Arévalo Sosa, María Sandra Ugalde Basaldúa, Ma. de Lourdes Reynoso Femat, Ivideliza Reyes Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la investigación científica, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo:

Considerandos

Octavio Paz expresó enorme cautela respecto a la ciencia moderna; no es un simple entusiasta y no duda en expresar su opinión crítica, sobre todo acerca de lo que denominó “la barbarie tecnológica”. Llama nuestra atención especialmente sobre la posible deshumanización a que la ciencia puede contribuir.

Al respecto escribió: “Nuestra tradición había creído que cada hombre y cada mujer eran un ser único, irrepetible; los modernos los vemos como órganos, funciones y procesos”. Según Paz, la ciencia nos ha dejado sin el concepto de alma, reduciéndola a una mera función del organismo, a un proceso físico-químico, abriendo así la puerta a lo que llamó homicidios de Estado. “El alma fue el fundamento de la naturaleza sagrada de cada persona”. La desaparición del alma en la ciencia moderna conlleva, según Octavio Paz, a una “paulatina, pero irreversible desvalorización de la persona”.

También es necesario reconocer que el planeta y el país contemplan escenarios harto difíciles y complejos, donde muchas de las grandes problemáticas globales y nacionales se multiplican y representan retos extraordinarios, algunos de ellos verdaderamente urgentes. El narcotráfico, la migración, la pobreza, el cambio climático, la contaminación de los ecosistemas son sólo algunos ejemplos.

Así, el grado de articulación del mundo contemporáneo plantea un doble compromiso en el ejercicio de la investigación científica y del conocimiento: delimitar los ámbitos locales, regionales y nacionales de estos problemas, sabiendo de antemano que éstos son parcialmente aislables para su conocimiento y estudio, pero que ya no son más problemas circunscribibles a sus propias y particulares lógicas y fronteras, sino que ahora expresan una multiplicidad de acontecimientos y vínculos permanentemente en redefinición por la condición cambiante de la sociedad global y del planeta.

No hay entonces realmente alternativa y estrategia más congruente y adecuada que reconocer estos grandes problemas como nuestros retos y verdaderos enemigos, y utilizarlos para sumar los esfuerzos e inteligencia nacionales y globales para combatirlos y generar fuente de trabajo. El caso del calentamiento del planeta es un buen ejemplo de la generación de una conciencia social global.

Hay que buscar también que esta conciencia de grupo y compromiso propicie un acercamiento en la nación que facilite resolver los problemas locales, directamente en los municipios.

La ciencia es un constituyente fundamental de la cultura de los pueblos. Gracias al conocimiento generado y acumulado a través de la investigación científica, la humanidad ha avanzado en gran manera, en particular en estos últimos años, en comprender el universo, la naturaleza, la vida misma, y muchos de los problemas sociales.

La comunidad científica nacional ha hecho contribuciones importantes en diferentes áreas del conocimiento; se ha ido involucrando cada vez más intensamente en la formación de recursos humanos, y más recientemente, participa en la solución de problemas importantes del país. Sin embargo, estamos conscientes de que México ha hecho un trabajo relativamente reducido en estos procesos de la generación de conocimiento, y de su utilización para resolver problemas importantes, por falta de recursos económicos.

Los científicos mexicanos tienen claro que en el país, hoy, hay muchas demandas juntas que atender, y que los recursos son limitados, como parte de una estrategia vital para una nación soberana, que tiene que haber un esfuerzo más importante y concertado de parte de todos, y no solamente de tipo económico, para lograr que la ciencia en México pueda participar en la solución de los problemas, y así incorporarse como parte viva y muy necesaria de la cultura de la nación.

He señalado que sin investigación científica, humanística, social y tecnológica no puede haber educación pública superior de calidad. Quiero insistir en que la investigación cumple un papel estratégico en la educación superior de la sociedad contemporánea.

Con la investigación se crea y se promueve la cultura de la innovación y la transmisión de conocimiento de frontera a las nuevas generaciones. Con la investigación se preserva y acrecienta el patrimonio cultural, se fortalece la identidad nacional, y se generan soluciones novedosas a problemas importantes del país. Una reducción del presupuesto de las universidades públicas obligaría a disminuir el ritmo de trabajo, y representa obstáculos claros al mantenimiento adecuado de del patrimonio, y al buen funcionamiento de las universidades.

Compañeros legisladores: tenemos la obligación de fortalecer este sector en el país para incrementar la investigación científica y que dé soluciones a los ciudadanos. Por ello pido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incremente el presupuesto para esta área en concreto.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incremente el presupuesto para la investigación científica en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Cecilia Soledad Arévalo Sosa, María Sandra Ugalde Basaldúa, Ma. de Lourdes Reynoso Femat, Ivideliza Reyes Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a sujetar –en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011– los recursos de los programas de Diconsa, de Liconsa y Alimentario a reglas de operación que se traduzcan en transferencia neta al sector agroalimentario, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Dentro del ramo 20, asignado a la Secretaría de Desarrollo Social, encontramos en la vertiente social ocho programas de gran impacto presupuestal:

1. Atención a la población

2. 70 años y más

3. Programa para el desarrollo de zonas prioritarias

4. Jornaleros agrícolas

5. Vivienda rural

6. Programa alimentario

7. Programa de abasto rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.

8. Oportunidades.

El programa de abasto rural, corre a cargo de Diconsa S.A, empresa con participación estatal sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como misión abastecer de los productos básicos a las zonas más alejadas del país a precios competitivos que permitan que las poblaciones más marginadas adquieran los bienes de consumo a precios lo suficientemente accesibles en comparación al resto de los consumidores.

Sus sistemas de compras aunque transparentes, no han logrado desarrollar agentes económicos que fortalezcan las economías regionales, ya que generalmente se compra a nivel central sin que haya una participación puntual de las economías locales.

Para lograr este objetivo la Secretaría de Desarrollo Social a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa S.A deberá instrumentar un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la propia secretaría determine, para que de esta forma permita el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la Institución.

Mediante este programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública, los productores nacionales o regionales garantizarán el abasto en tiempo, volumen, precio y condiciones adecuadas para la eficiente instrumentación y ejecución de los programas de Sedesol.

Aunque el programa de abasto rural no genera agentes económicos y es meramente asistencialista, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se le asignó un monto de $1, 806.5 millones de pesos, y en la Propuesta de Presupuesto enviada por el Ejecutivo en fechas recientes se le asigna un monto de $1, 996 millones, lo que representa un incremento de 6.2 por ciento.

Por su parte el programa de abasto social de leche inició en 1944 con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública “Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. de C.V. (Nadyrsa). Por disposición del gobierno federal en 1961 se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A.; en 1963 esta empresa cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, S.A. Posteriormente, en 1972, se modificó su razón social para quedar como Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V.

A partir de 1994, el programa se resectorizó, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Desarrollo Social. Ese cambio determinó su desincorporación como filial del sistema Conasupo, y por tanto, la sustitución de su razón social a la actual Liconsa, S.A. de C.V.

A la fecha Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que trabaja para mejorar los niveles de nutrición de millones de mexicanos, mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza patrimonial, con leche a precio subsidiado, fundamentalmente para niños de hasta 12 años.

En cuanto hace al programa alimentario tiene el propósito de impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las familias de los hogares rurales en situación de pobreza, incrementando la ingesta diaria de alimentos mediante el otorgamiento de apoyos en especie o en efectivo sin costo alguno a los hogares beneficiarios

Los apoyos otorgados consisten en una dotación mensual de productos alimenticios con un valor equivalente a 150 pesos o apoyos en efectivo que consideran la entrega mensual de 150 pesos, que deberán ser utilizados para la adquisición de productos alimenticios.

Asimismo, el programa considera, en coordinación con otras dependencias y entidades del gobierno federal, los siguientes apoyos complementarios:

• Apoyo en salud.

• Apoyo para la educación nutricional y para la salud.

• Apoyo para obras de piso firme y letrinización.

La población objetivo son los hogares en condiciones de pobreza de acuerdo con los criterios establecidos por la Sedesol, que se encuentren en localidades rurales marginadas de hasta 2 mil 500 habitantes ubicadas en los 31 estados de la república mexicana y que no reciban apoyos de otros programas alimentarios del gobierno federal.

El programa alimentario para zonas marginadas representó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2009 un monto de 948.6 millones de pesos, en el PEF de 2010 de 3,224,3 millones de pesos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignaron 4, 207.7 millones de pesos lo que representa un incremento de 25.5 por ciento.

Analizando con detenimiento el impacto de los programas de Liconsa y el programa alimentario para zonas marginadas, se concluye que no contribuyen en nada a generar riqueza para el sector que más lo necesita, el rural.

Si no somos capaces de lograr transferencias netas de ingresos hacia la sociedad rural, nunca alcanzaremos por la vía de transferencias asistenciales, sociedades igualitarias y la inclusión al desarrollo económico de todos los mexicanos. Es por esto que deberá ser prioritario que los presupuestos generen riqueza al mismo tiempo que procuran igualdad.

Estos programas actualmente se abastecen de productos importados, muchos recursos se emplean en la logística y transporte de bienes de consumo por la falta del desarrollo de proveedores locales, el nuevo programa nacional alimentario seguramente transferirá recursos, que no necesariamente se utilizarán en la alimentación y que serán una vez más recursos que no se incorporarán a la economía nacional, ni a la formalidad fiscal.

Los recursos que se inviertan en beneficio de los excluidos, deberán de ser en su economía y en la producción nacional lo que traerá consigo, no sólo la recuperación fiscal, sino también la mejora social vía salarios, contribuciones laborales y ahorros.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se sujeten a reglas de operación los programas de Diconsa, Liconsa y el programa alimentario a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se abastezcan con productos nacionales y de preferencia de proveedores locales, y los recursos asignados a dichos programas se traduzcan en una transferencia neta al sector agroalimentario nacional.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa S.A a que instrumente un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la propia secretaría determine, para que de esta forma permita el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales que garanticen el abasto de los productos, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la institución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputado Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y equipar dos hospitales que sustituyan el Eva Sámano de López Mateos y Doctor Miguel Silva, en Morelia, Michoacán, a cargo de la diputada Laura Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Laura Margarita Suárez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El hospital infantil Eva Sámano de López Mateos y el hospital civil Doctor Miguel Silva, de la ciudad de Morelia, Michoacán, son dos instituciones con amplio reconocimiento entre la ciudadanía, no solamente de aquella que radica en la capital del estado, sino de las michoacanas y michoacanos que a todo lo largo y ancho de la entidad han sido testigos de su noble y comprometida labor.

El hospital infantil comenzó sus labores el 1 de mayo de 1964, bajo el encargo del entonces gobernador don Agustín Arriaga Rivera. Es destacable la intensa labor de su esposa, la señora Guadalupe Díez, cuyo compromiso hacia la niñez michoacana está ampliamente documentado. Hoy, a 46 años de distancia, y miles y miles de niños que han encontrado cura a sus enfermedades y padecimientos.

Hoy este hospital está catalogado como de segundo nivel y brinda los servicios de consulta externa y hospitalización, abarcando 18 subespecialidades de pediatría. Proporciona servicios de medicina preventiva, hidratación oral y terapia intensiva, además de que cuenta con áreas especializadas en servicios auxiliares de diagnóstico como: laboratorio clínico, departamento de rayos X y un laboratorio de investigación de parasitología y microbiología.

En la actualidad este hospital atiende a cerca de 50,000 pequeños pacientes diariamente, provenientes de toda la geografía michoacana e inclusive allende sus fronteras, ya que la calidad y compromiso de sus galenos, son referente para quienes quieren encontrar alivio a las alteraciones en la salud de sus hijas y sus hijos. Se estima que el 20 por ciento de sus pacientes, proceden de entidades federativas distintas a Michoacán, siendo relevante recalcar que es el único hospital en su tipo existente en nuestro Estado y en la región, por lo que concentra los casos que por su gravedad y delicadeza no pueden ser resueltos en sus lugares de origen.

En los últimos años, este hospital ha realizado más de 2,000 cirugías anualmente. Su reconocimiento entre los especialistas médicos y la ciudadanía, ha permitido la constitución y funcionamiento de un patronato, mismo que propone y lleva a cabo diferentes acciones orientadas a mejorar al hospital y a su entorno.

Esta colaboración hospital-ciudadanos, ha permitido que diversos programas como los de estudios de electroencefalografía, alimentación parenteral, apoyo a pacientes diabéticos con insulinas y medicamentos y el que permite operar la Clínica de Detección y Tratamiento de Alergias, sean hoy una realidad y un éxito permanente.

Sin embargo, la vida útil de los edificios que lo albergan ha sobrepasado su vida útil, lo que pone en riesgo a los centenares de personas, entre pacientes y personal médico, que diariamente se dan cita en sus instalaciones, las cuales, por cierto, están enclavadas en uno de los principales pulmones morelianos, el Bosque Cuauhtémoc, que imposibilita la adaptación o acondicionamiento de nuevos espacios.

Aunado a ello, su capacidad de apenas 120 camas entre censables y no censables, con capacidad limitada o nula para incrementar su número, hace que los servicios que presta sean proporcionados bajo condiciones apenas suficientes, si se toman como referencia las recomendaciones de organismos internacionales de salud.

El caso del hospital civil Doctor Miguel Silva no es muy distinto. Construido en 1957, está catalogado como una unidad de segundo nivel de atención. Con apenas 219 camas censables y otras 72 no censables, ofrece al usuario 36 especialidades médicas.

La gran relevancia de este hospital, es que brinda atención especializada a la población que no cuenta con seguridad social, ejerciendo acciones de promoción para la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación.

El hospital general ofrece servicios de diagnóstico, tratamiento y de especialidades. Cuenta con consulta externa y hospitalización con laboratorio clínico y de patología, urgencias y trasfusión sanguínea las 24 horas de los 365 días del año. Adicionalmente, es una entidad que colabora y es reconocida por su aportación a la formación de los nuevos galenos que estudian en las facultades de Medicina tanto de Michoacán como de otras entidades federativas cercanas.

Anualmente, este nosocomio ofrece un promedio de 100 mil consultas y en sus instalaciones se realizan aproximadamente 6 mil cirugías. A su vez se realizan más de medio millón de estudios variados, a los que hay que agregar 30 mil de rayos X y 5 mil más entre electrocardiogramas, electroencefalogramas y ultrasonidos.

Entre otros, ofrece a los pacientes los servicios de clínica de hígado, clínica de dolor, terapia intensiva, audiología, unidad de hemodiálisis, resonancia magnética, unidad de rehabilitación y unidad de hemodinamia. En estos sociales servicios anualmente se realizan aproximadamente mil resonancias magnéticas, así como más de 2 mil sesiones de hemodiálisis y otras 20 mil adicionales de rehabilitación.

Al igual que en el caso del hospital infantil, el Doctor Miguel Silva está en riesgo permanente de colapso debido a sus 53 años de existencia. Recientes estudios han mostrado la vulnerabilidad de su estructura, que si bien no está en evidente contingencia a simple vista, la fatiga de sus materiales podría conducir a una tragedia de magnitudes inconmensurables, más allá de la indudable necesidad de ampliar y mejorar los servicios que presta.

Ante los datos y hechos presentados en esta alta tribuna nacional, se hace evidente la relevancia y las aportaciones de ambas instituciones de salud a las michoacanas y los michoacanos.

Es imperativo, en concordancia con la cantidad, procedencia y necesidades de los pacientes que hacen uso de sus servicios. Si esta soberanía así lo determina, estaríamos asegurando que la intensa labor desplegada por personal médico, voluntarios y ciudadanos que están relacionados con estas nobles instituciones, tenga la continuidad que su esfuerzo merece.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011, una partida por 1,500 millones de pesos que se destinen a la construcción y equipamiento de dos nuevos hospitales que sustituyan a los existentes denominados Eva Sámano de López Mateos, y Doctor Miguel Silva, ambos en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Laura Margarita Suárez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que la Conade construya y rehabilite diversos proyectos de infraestructura deportiva municipal en Yucatán, suscrita por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputados a la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011 a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con el propósito de que sean asignados recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de diversos proyectos de infraestructura deportiva municipal en el estado de Yucatán, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La práctica de actividades físicas y deportivas ha representado grandes avances benéficos para la sociedad, ya que afianza y fomenta las habilidades e identidades individuales y sociales al permitirles a los practicantes mejores oportunidades para controlar su carácter y dotarles de las herramientas necesarias para coadyuvar a su convivencia y armoniosa interacción con sus semejantes y su entorno; de esta manera la práctica de algún deporte representa un método efectivo para impulsar la calidad de vida de los ciudadanos al atraer beneficios a su salud física y psicológica, además de proveer los elementos necesarios para impulsar conductas sociales benéficas e integradoras.

El estado de Yucatán, de acuerdo al Conteo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizado en el año 2005, tiene 1,818,948 habitantes (que representan el 1.8 por ciento del total del país), que habitan en 106 municipios que conforman dicha entidad; al respecto cabe destacar que el 83 por ciento de dicha población se encuentra en asentamientos urbanos y el restante 17 por ciento en asentamientos rurales; así los asentamientos urbanos agrupan la mayor cantidad de ciudadanos que demandan el aseguramiento de las condiciones mínimas de acceso a los servicios de salud, educación, agua, electricidad y esparcimiento.

Ante la amplia gama de necesidades expresadas por los habitantes, el Estado debe brindar los apoyos sociales e institucionales suficientes a fin de implementar políticas públicas destinadas a fortalecer el integro desarrollo físico, social, cultural, educativo, psicológico y deportivo de los individuos; propiciando el perfeccionamiento de las habilidades y capacidades individuales para en conjunto, maximizar el desarrollo productivo de la región.

Al respecto, cabe destacar que una eficaz forma de propiciar el desarrollo físico y psicológico de los individuos es a través del esparcimiento y la práctica constante de disciplinas deportivas que fomenten la cohesión social y el sano aprovechamiento del tiempo libre, inhibiendo así el consumo de drogas y la práctica de conductas antisociales y fomentando al mismo tiempo la unión familiar y cohesión social; en este orden de ideas resulta indispensable el contar con espacios seguros, cómodos y específicos para la práctica de dichas actividades físicas, máxime tratándose de entidades federativas como Yucatán en donde el número de habitantes entre los 12 y 29 años de edad es sumamente amplio. De acuerdo a datos del mismo INEGI, la entidad antes citada cuenta con 615991 personas entre dicho rango de edad, mismos que requieren políticas que respondan a sus necesidades y mejoren su calidad de vida.

Es cierto que las acciones emprendidas para mejorar el nivel de vida la juventud deben contemplar la creación y rehabilitación de los espacios suficientes que les permitan fortalecer sus capacidades promoviendo el pleno acceso a la práctica del deporte, actividades culturales y artísticas, sin embargo, resulta innegable que el contar con dichos espacios no redunda únicamente en beneficios para dicho sector poblacional, sino que, en general permite a los habitantes prevenir enfermedades, mejorar su calidad de vida y fomenta valores de integración y colaboración; erigiéndose como herramienta de los gobiernos para convertir al deporte en un eje de desarrollo humano que propicia la disminución de las desigualdades y la discriminación; asimismo, el contar con la infraestructura deportiva suficiente favorecerá estilos de vida saludables que permitirán disminuir la demanda de servicios de salud ocasionados por el tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, sobrepeso y diabetes entre otras enfermedades que podrían disminuir.

Por lo expuesto y a fin de atender las demandas sociales en materia de infraestructura deportiva del estado de Yucatán, consideramos de suma importancia la aprobación e inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, de 46 proyectos de rehabilitación y construcción de diversas instalaciones especializadas para la práctica de actividades físicas y deportivas en 27 municipios de la entidad por un total de $109,008,843.19 integrados por:

Municipio: Abala.

Obra:Construcción de dos campos de futbol 7 con pasto sintético, dos canchas de usos múltiples, iluminación y gradas.

Presupuesto: $5,734,592.55.

Municipio: Akil.

Obra:Construcción de dos campos de futbol 7 con pasto sintético, dos canchas de usos múltiples, gradas, iluminación y áreas de estacionamiento.

Presupuesto: $6,743,335.37.

Municipio: Cansahcab.

Obra:Rehabilitación de cancha de beisbol con terracería iluminación, gradas de 15 x 5, techada, zacate indio y malla ciclónica.

Presupuesto: $2,228,971.19.

Municipio: Celestún.

Obra:Construcción de un campo de futbol 7 con pasto sintético, dos canchas de usos múltiples, iluminación y gradas.

Presupuesto: $4,290,476.07.

Obra:Reconstrucción del campo de beisbol, baños, casetas de jugadores, construcción de gradas techadas, pasto y cercado con malla ciclónica.

Presupuesto: $1,812,265.27.

Obra:Reconstrucción de campo de futbol, baños, guarniciones, banquetas, iluminación, construcción de gradas techadas, pasto, porterías, cercado con malla ciclónica.

Presupuesto: $1,849,072.07.

Obra:Rehabilitación de cancha de usos múltiples, construcción de gradas, construcción de baños, iluminación, malla ciclónica.

Presupuesto: $648,409.09.

Municipio: Cenotillo.

Obra:Construcción de Cancha de Futbol 7, gradas e iluminación.

Presupuesto: $1,441,194.77.

Municipio: Chicxulub.

Obra:Rehabilitación de cancha de basquetbol, construcción de gradas y techumbre metálica.

Presupuesto: $1,952,309.02.

Municipio: Conkal.

Obra:Rehabilitación de campo de futbol, gradas e iluminación. Incluyendo área nueva de acondicionamiento físico.

Presupuesto: $1,636,876.48.

Municipio: Dzan.

Obra:Construcción de cancha de fubtol soccer infantil de 60 x 40, incluye gradas y baños.

Presupuesto: $1,403,711.79.

Obra:Construcción de dos campos de futbol 7 con pasto sintético.

Presupuesto: $3,576,636.97.

Municipio: Dzemul.

Obra:Cancha de Futbol 7 con gradas.

Presupuesto: $1,569,421.13.

Municipio: Dzitas.

Obra:Rehabilitación de cancha para usos múltiples.

Presupuesto: $1,189,520.42.

Municipio: Halacho.

Obra:Rehabilitación de Campo de beisbol municipal: construcción de gradas techadas, iluminación, sistema de riego, renivelación de campo y resiembra de césped en la calle 18 x 33 y 35.

Presupuesto: $2,564,951.19.

Obra:Construcción de campo de beisbol con gradas techadas, con estructura metálica, iluminación, pozo y sistema de riego en la calle 4 x 9.

Presupuesto: $4,172,138.05.

Obra:Construcción de cancha de usos múltiples con iluminación, gradas y baños en la calle 18 x 33 y 35.

Presupuesto: $1,022,032.09.

Obra:Rehabilitación de campo de futbol municipal: construcción de gradas techadas, construcción de pista de atletismo, renivelación de campo y resiembra de césped, iluminación, construcción de sistema de riego en la calle 18 x 33 y 35.

Presupuesto: $2,910,696.66.

Municipio: Hoctún.

Obra:Rehabilitación de campo de futbol y construcción de gradas, baños y vestidores.

Presupuesto: $1,267,792.60.

Municipio: Kanasin.

Obra:Construcción de campo de futbol.

Presupuesto: $2,114,228.72.

Municipio: Mama.

Obra:Rehabilitación de campo de beisbol. Construcción de gradas, baños y barda.

Presupuesto: $1,580,440.71.

Municipio: Mani.

Obra:Rehabilitación de cancha de usos múltiples.

Presupuesto: $1,622,136.38.

Obra:Construcción de cancha de usos múltiples municipal.

Presupuesto: $646,096.80.

Municipio: Mayapán.

Obra:Rehabilitación de campo de futbol y construcción de gradas, baños y vestidores.

Presupuesto: $2,232,592.18.

Municipio: Motul.

Obra:Construcción de Cancha de futbol soccer infantil de 64 x 50, incluye: iluminación, gradas y baños.

Presupuesto: $1,876,406.66.

Obra:Rehabilitación de unidad deportiva “Felipe Carrillo Puerto” en el campo de futbol soccer, baños de multigimnasio y gradas, barda y malla ciclónica.

Presupuesto: 2,439,337.01.

Municipio: Opichen.

Obra:Construcción de cancha de usos múltiples cubierta con estructura metálica, iluminación y gradas en Parque Principal.

Presupuesto: $ 3,558,574.89.

Municipio: Peto.

Obra:Construcción de cancha de usos múltiples con andador, baños, gradas y cerca de malla.

Presupuesto: 2,753,404.72.

Presupuesto: 2,660,261.58.

Municipio: Sudzal.

Obra:Construcción de Campo de Futbol 7.

Presupuesto: $ 1,430,272.80.

Municipio: Teabo.

Obra:Suministro y tendido de tierra vegetal y pasto. Construcción de gradas, sombreadores, pistas y estacionamiento.

Presupuesto: $ 2,509,235.78.

Municipio: Tekal de Venegas.

Obra:Rehabilitación de campo de beisbol, construcción de gradas, vestidores, baños y mantenimiento de gradas ya existentes.

Presupuesto: $ 1,758,674.35.

Municipio: Ekit.

Obra:Construcción de campo de futbol 7.

Presupuesto: $ 1,506,987.71.

Municipio: Tetiz.

Obra:Construcción de cancha de usos múltiples y gradas.

Presupuesto: $ 1,433,360.85.

Municipio: Tinum.

Obra:Construcción de cancha de futbol rápido, gradas dobles e iluminación.

Presupuesto: $ 599,236.02.

Obra:Construcción de cancha de futbol rápido, gradas dobles e iluminación.

Presupuesto: $ 649,138.73.

Municipio: Tizimín.

Obra:Construcción de campo de futbol 7.

Presupuesto: $ 1,632,566.74.

Municipio: Tizimín - Popolnáh.

Obra:Construcción de cancha tipo A-7, sistema de riego, área de gimnasio al aire libre, iluminación, gradas y baños.

Presupuesto: 2,510,378.31.

Municipio: Tizimín - El Cuyo.

Obra:Construcción de cancha tipo A-7, sistema de riego, área de gimnasio al aire libre, iluminación, gradas y baños.

Presupuesto: 2,510,378.31.

Obra:Construcción de Unidad Deportiva.

Presupuesto: 7,550,706.11.

Obra:Construcción de Polifuncional para tenis de mesa, box y luchas asociadas.

Presupuesto: 5,031,253.60.

Obra:Construcción de Campo de Futbol con gradas.

Presupuesto: 1,818,715.54.

Obra:Construcción de Polifuncional y Gimnasio al aire libre.

Presupuesto: 3,660,834.91.

Obra:Construcción de campo de futbol 7, cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre.

Presupuesto: 2,166,799.38.

Municipio: Tunkas.

Obra:Construcción de cancha de usos múltiples y gradas.

Presupuesto: $ 1,242,590.20.

Obra:Construcción de campo de béisbol en San Antonio Chuc.

Presupuesto: 1,499,831.42.

La importancia que conceden el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la república.

Por ello, debemos impulsar la práctica de actividades físicas y deportivas en la sociedad mexicana mediante la creación de espacios seguros y adecuados que permitan el desa-rrollo integral de los individuos e inhiban las conductas antisociales y vicios que afectan el desarrollo productivo y económico de nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el ejercicio fiscal 2011, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con el propósito de que sean asignados recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de diversos proyectos de infraestructura deportiva municipal en el estado de Yucatán.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para aumentar el número de proyectos de infraestructura carretera de Yucatán, suscrita por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruíz diputados en la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento sustancial para el Ejercicio Presupuestal 2011 a la Partida Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros, con el propósito de aumentar el número de proyectos de infraestructura carretera contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para el estado de Yucatán, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Yucatán cuenta con una superficie terrestre de 43.379 km2, con una población de 1’945,840 habitantes y su economía se encuentra basada en el turismo, la actividad agropecuaria, la pesca y el comercio; de acuerdo a los datos establecidos en el Anuario Estadístico del Estado, editado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2000, su red carretera federal de cuota se encuentra conformada por 154.5km, mientras que su red carretera de libre tránsito está conformada por:

Troncal federal: 1,412.1

Alimentadora estatal: 3,339.8

Camino rural pavimentado: 1,243.1

Camino rural de terracería: 3,629.6

Camino rural revestido: 2,641.4

Sin embargo, no es suficiente el centrarnos en las cifras de carreteras ya existentes, pues si bien hay tramos que ya cuentan con dichas vías de comunicación, varias de estas carreteras y sobre modo caminos rurales necesitan reparaciones urgentes para poder cumplir con su función inicial; asimismo, se requiere la habilitación de nuevos tramos carreteros y caminos rurales que permitan a los habitantes desplazarse con facilidad entre las localidades del estado, a fin de garantizarles el acceso a los servicios básicos de salud y educación, así como fomentar el comercio y explotar responsablemente los atractivos turísticos con que cuenta la entidad.

Cabe resaltar que la falta de vías de comunicación ha acarreado retrasos educativos para aquellos jóvenes y niños que no asisten a la escuela debido a las grandes distancias que deben recorrer y al tiempo que emplearían en dichos recorridos; de igual manera destaca la escasez de tratamientos médicos efectivos que reciben los habitantes en función de las grandes distancias y erogaciones que deben realizar para acceder a consultas y tratamientos en los centros de salud que en la mayoría de los casos se encuentran muy alejados de las comisarías y localidades que integran los municipios de Yucatán; así, las problemáticas en las vías de comunicación han redundado en un aumento de la brecha de desigualdad entre los pobladores.

Con la construcción, modernización y conservación de carreteras y caminos rurales no sólo se beneficiará a los habitantes del estado, sino que también se maximizará la operación marítima comercial y turística que a través de los puertos existentes a lo largo de la entidad refiere la importación y exportación de mercancías e insumos fundamentales para la industria nacional, los cuales no podrían llegar a su destino si no existiera la infraestructura necesaria, asimismo y tomando en consideración que el turismo es una actividad básica dentro de la economía de este estado, la creación y rehabilitación de las vías de comunicación permitirá el flujo constante de personas que arriban a los centros turísticos situados en la entidad, sobre todo porque recientemente Yucatán ha quedado vinculado e integrado al destino internacional del Caribe maya en la costa oriental de la península; razón por la cual resulta de vital importancia contar con carreteras seguras que permitan a los turistas trasladarse de un punto turístico a otro con rapidez, comodidad y seguridad; propiciando el deseo de posteriores visitas e inclusive promoción en sus lugares de origen, generando derramas económicas de gran trascendencia para la economía local.

En estas condiciones y en espera de lograr una disminución de la desigualdad especialmente en materia de oportunidades de trabajo, salarios, educación, salud y transporte en general existente entre los habitantes del estado de Yucatán, es que solicitamos sea considerado un incremento dentro de la partida antes mencionada para la construcción, modernización, ampliación y rehabilitación de 17 proyectos de infraestructura carretera que beneficiarán directamente a un total de 830,000 personas, habitantes de Mérida, Tizimín, Chocholá, Kopoma, Maxcanu, Tetiz, Hunucma, Kinchil, Teabo, Tzucacab, Tinum, Kaua, Cuncunul, Valladolid, Kantunil, Yaxcaba, Oxcutzcab, Akil, Chemax, Homún, Hocabá, Chicxulub Pueblo, Tekax, Cenotillo, Chikindzonot, Río Lagartos, Espita, Conkal, Progreso, Tunkas, Sudzal, Motul y Peto con un importe total de los 18 proyectos por $1,940,400,000.00 (mil novecientos cuarenta millones cuatrocientos mil pesos 00/mn), correspondientes a:

Compañeros Legisladores, la importancia que concede el estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la república; por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Transporte de la Cámara de Diputados, a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el Ejercicio Fiscal de 2011, a la Partida Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros, con el propósito de aumentar el número de proyectos de infraestructura carretera contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para el estado de Yucatán.

Notas:

1. Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos del año 2008.

2. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con  punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para aumentar el número de proyectos culturales en Yucatán, suscrita por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputado en la  LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal de 2011 a la partida destinada al sector cultural, con el propósito de aumentar el número de proyectos de cultura contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para Yucatán, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra considerado como uno de los países con mayor diversidad cultural en virtud a los pueblos indígenas que habitan y han habitado a lo largo del territorio nacional, que han dejado su legado a través del tiempo, traducido en costumbres que a la fecha se conservan en diversas regiones y que forman parte de nuestra identidad nacional.

Es así que, aunado a la conmemoración de los festejos que han tenido lugar durante el presente año, conviene resaltar también esta riqueza cultural e histórica con la que cuenta nuestro país, pues ésta es una de las mejores muestras de la conciencia y de los valores de nuestra sociedad.

Sin embargo, no es suficiente con resaltarla o enorgullecernos de ella, sino que debemos darnos a la tarea de crear y fortalecer instituciones y espacios que propicien un acceso fácil a la cultura, contribuyan a la conservación de las tradiciones, fomenten el gusto por el arte y coadyuven al descubrimiento de vocaciones artísticas; así en dichos espacios no sólo se promoverá la cultura, sino que también se  promoverá y favorecerá el desarrollo y el bienestar humano entre niños, jóvenes y adultos, dando a su vez como resultado mejores niveles de vida y el respeto a las costumbres y tradiciones de cada comunidad.

En este orden de ideas, el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 tiene como principales objetivos los siguientes:

• Promoción de la igualdad en el acceso y disfrute de la cultura.

• Ofrecimiento de espacios, bienes y servicios culturales.

• Contribución a la cultura del desarrollo y bienestar social.

• Ampliar la contribución de la cultura al desarrollo y bienestar social.

Ahora bien, enfocándonos en Yucatán, en primera instancia resulta importante mencionar que aproximadamente un tercio de la población aún habla la lengua maya, razón por la cual se debe realizar un esfuerzo para procurar la conservación tanto de esta lengua como de las tradiciones heredadas por este pueblo; tradiciones que podemos observar en varios aspectos de la vida cotidiana dentro del estado.

Por otra parte, y de conformidad con datos obtenidos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes actualizados hasta el año 2007, esta península cuenta con un total de 56 casas y centros de cultura a lo largo de todo el estado, lo cual resulta equivalente a un total de 33 mil 109 personas por cada uno de éstos. Asimismo, cifras actualizadas al año 2006 indican que existen 159 bibliotecas públicas en operación, que equivale a 11 mil 661 personas por cada biblioteca.

Analizando estas cifras podemos observar que en Yucatán no existen instituciones suficientes para la promoción y acceso a la cultura, factor que repercute tanto en el desarrollo de la sociedad, como en la conservación de la identidad nacional tan característica de la región yucateca, que día a día lucha por la preservación de sus tradiciones a la par del de-sarrollo económico y social de sus habitantes.

Es por esto que, dado que el rubro de cultura necesita mayor promoción, no sólo en esta entidad federativa, sino a lo largo del territorio nacional, consideramos de vital importancia el autorizar un incremento en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2011 con el propósito de realizar la construcción de casas de cultura en diversos municipios pertenecientes a este estado, que proporcionen nuevos espacios dentro de los cuales los habitantes de sus municipios puedan llevar a cabo actividades recreativas y de esparcimiento que además de promover las tradiciones y potencializar las habilidades artísticas de los ciudadanos, los impulsen a una mejor utilización del tiempo libre y los alejen de actividades perjudiciales tanto para la comunidad como para el propio individuo.

Finalmente, debemos recordar que cuando los habitantes de una nación tienen un mayor grado de cultura, adquieren también tienen una mayor conciencia para actuar en pro de su propio desarrollo y del mismo país; existe entre ellos una mayor capacidad de tomar decisiones inteligentes e independientes que coadyuven al estado a cumplir con objetivos benéficos tanto para los individuos, como para las familias y el país en su totalidad.

La importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la República.

Por ello, debemos impulsar mejoras tales como la construcción de dos casas de cultura en los municipios de Dzemul y Peto, Yucatán, con un costo aproximado de 4 millones 764.22 mil pesos 22 centavos, con lo cual se verían beneficiados 30 mil 662 habitantes de dichos municipios; que tendrán acceso a clases de pintura y dibujo, artes plásticas, actividades de acondicionamiento físico, música, danza contemporánea y talleres literarios entre otros.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Cultura de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el ejercicio fiscal 2011, a la partida destinada al sector cultural, con el propósito de aumentar el número de proyectos de cultura contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para Yucatán.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir dos celdas de disposición de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario regional de Matamoros, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se autoricen recursos suficientes para la construcción de dos celdas para la disposición de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario regional ubicado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como bien es sabido, el crecimiento del número de habitantes en las diversas zonas tanto rurales como urbanas, requieren de un mayor incremento en la prestación de los servicios, y de mejoras en sus infraestructuras para poder brindar a las sociedades los elementos mínimos para su desarrollo y crecimiento.

Si bien, las localidades que más se han visto afectadas por la falta de inversión son aquellas que se ubican o se encuentran más alejadas del centro de la capital del país, donde a simple vista puede observarse ese cambio que en ocasiones es tan repentino, la infraestructura por un lado, comienza a tener menor mejora, en ocasiones contando sólo con caminos de terracería, lo cual provoca que el desa-rrollo de esas regiones se vea limitado a los pocos accesos a los que se tengan disponibles, o en ocasiones los nulos, porque no llegan a tener alguno que fomente el intercambio de personas y productos.

Otro factor negativo, lo puede representar el hecho de que posteriormente se tenga que destinar mayores recursos para acciones o campañas de salud, para dar solución a los resultados de no haber previsto, o planteado con anticipación la dotación de estos dos servicios básicos que requiere la población para el desarrollo y crecimiento de sus comunidades, así como para su vida diaria.

De igual modo, las localidades, pueden enfrentar problemas de salud pública, sino se les dota o garantiza que contarán con un adecuado servicio de disposición de residuos sólidos, el cual representa un elemento esencial en la vida diaria de los habitantes, ya que de no contar con dicho servicio, estaríamos exponiendo irremediablemente a los pobladores de las localidades a focos rojos de infección, tal y como se prevé que suceda a corto plazo en el municipio de Matamoros, en Tamaulipas, en virtud de que la celda principal del relleno sanitario se encuentra actualmente a su límite máximo recibiendo diariamente la cantidad de 600 toneladas de residuos sólidos provenientes de las ciudades de Matamoros y Valle Hermoso en Tamaulipas.

El sistema de relleno sanitario, es el método empleado para la correcta disposición de los residuos sólidos, por lo que como toda obra de ingeniería, este tipo de métodos tienen que ser planeados y diseñados previamente para asegurar su correcta construcción y operación.

La construcción de dos celdas más dentro del relleno sanitario del municipio de Matamoros, Tamaulipas, representa una obra de infraestructura de mayor importancia dentro del proceso de gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Esta obra pretende que se evite la contaminación de cuerpos de agua, en virtud de que se llevarán a cabo el control de lixiviados generados por efectos de las aguas pluviales que penetren en las celdas como en los mismos que se generan como parte del proceso de descomposición de los residuos.

Asimismo, por el tipo de manejo y control sobre el acceso de los residuos al sitio y las actividades diarias de distribución, compactación y relleno de las celdas, se evitará la dispersión de residuos dentro del área del proyecto como en los terrenos aledaños.

Este tipo de actividades, generan el proceso de descomposición y la liberación consecuente de gas metano, por lo que se tiene previsto también la construcción de un sistema de captación del mismo a través de pozos de venteo para las primeras etapas del proyecto, con la posibilidad de realizar las adecuaciones necesarias a la infraestructura para la utilización del gas como combustible alterno.

Cabe recordar que el estado de Tamaulipas es uno de varios estados que se han visto gravemente afectados por los fenómenos meteorológicos de este 2010, y que la no inversión en las diversas localidades, y en especial en el municipio de Matamoros, puede agravar la situación por la que atraviesa su población.

Ahora bien, para poder brindar el servicio antes planteado, es necesaria la construcción de las referidas celdas dentro del relleno sanitario regional de Matamoros, Tamaulipas, para lo cual el ayuntamiento de dicho municipio cuenta con un proyecto ejecutivo que prevé como monto estimado de la inversión la cantidad de 16,143,471.90 de pesos (dieciséis millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y un pesos m.n. 90/100 ), obra que permitirá garantizar a la población de aquellas localidades un adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y en consecuencia, una notable mejora en su salud y un mejor nivel de vida.

Es de este modo que a través de la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en las adecuaciones al PEF de 2011, la asignación de los recursos necesarios para la construcción de dos celdas más dentro del relleno sanitario regional en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de que se garantice el derecho a la salud y se eleve por tanto el nivel de vida de aquellos habitantes, en términos de lo dispuesto por nuestra Constitución Política

Es por lo anteriormente planteado, que someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se considere la asignación de recursos suficientes, para la construcción de dos celdas para la disposición de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario regional ubicado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la segunda etapa del proyecto de construcción y equipamiento de la unidad deportiva de San Miguel de Hidalgo, en El Limón, Jalisco, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como  de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

“El deporte no sólo enseña valores importantes como el trabajo de equipo, la justicia y la comunicación, sino también la interdependencia”. (Ann M. Veneman).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “una dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida”.

Pese a lo anterior, existe un amplio sector de la población que no tiene acceso a una alimentación de calidad ni realiza actividad física, representando un problema de salud, pues se estima que a nivel mundial la inactividad física es la causa de 1.9 millones de muertes anuales, de ahí la necesidad de establecer, fortalecer y aplicar políticas encaminadas a fomentar el deporte.

Los beneficios del deporte no se limitan al ámbito de la salud, sino que tienen un amplio impacto social, pues como lo menciona la UNICEF “El deporte proporciona un foro para aprender habilidades tales como la disciplina, la confianza y el liderazgo y enseña principios básicos como la tolerancia, la cooperación y el respeto... enseña el valor del esfuerzo y a cómo manejar tanto las victorias como las derrotas”.

El deporte representa un medio para la movilidad social, especialmente para los jóvenes, una fuente de empleo y un detonador del desarrollo local. Asimismo, es una alternativa real ante acciones perjudiciales como la drogadicción u otras actividades ilícitas.

Así pues, el deporte es reconocido como una valiosa herramienta para prevenir problemas sociales, construir la paz y promover la integración social. En este tenor, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, estamos obligados a diseñar, apoyar y darle continuidad a las políticas públicas de fomento al deporte con acciones como la difusión de los beneficios y la generación de capacidades e infraestructura que permita a todos nuestros ciudadanos tener acceso a éste.

Es por esto que hoy vengo ante esta soberanía a solicitar su apoyo para fortalecer el área deportiva de la comunidad de San Miguel de Hidalgo, Municipio El Limón, Jalisco, en especial para continuar con la segunda etapa de la construcción de su unidad deportiva.

Así pues, actualmente se cuenta con la primera fase de construcción de las instalaciones, pero aun no se encuentra en condiciones que permita a la población, especialmente a los estudiantes de nivel educativo básico, medio y medio superior, practicar el atletismo y otras actividades deportivas sin poner en riesgo su integridad física.

Entre las obras y acciones que se buscan realizar en la Segunda Etapa de esta unidad deportiva se encuentran la construcción del muro perimetral; instalaciones eléctricas; la continuación de la cancha de usos múltiples; la red de riego e iluminación; empastado de la cancha; construcción de la fosa para salto de altura y longitud; señalética y pista de atletismo, por mencionar algunos.

Es importante mencionar que esta unidad deportiva fue diseñada para solventar la necesidad de espacios deportivos en las instituciones educativas de la comunidad, del municipio y de la Región, ya que no existen instalaciones adecuadas, obstaculizando la impartición de programas de educación física. Asimismo, para beneficiar a la población en general.

Esta unidad deportiva beneficiaría directamente a los 5 mil 400 habitantes del municipio de El Limón, así como a la población de los municipios de El Grullo, Ejutla y Tonaya, sumando más de 30 mil habitantes que podrían ser beneficiados con estas obras, ya que su ubicación geográfica y la escasa infraestructura en la materia facilita el acceso.

Debemos resaltar que además de los beneficios por contar con esta unidad deportiva al fomentar el deporte y con ello la salud y el bienestar social, la realización de estas obras representa una fuente de empleo temporal para la comunidad que se caracteriza por dedicarse fundamentalmente a actividades del sector primario, con una baja remuneración.

Con base en lo anterior, exhorto a esta soberanía para que durante el proceso de análisis y discusión del Paquete Económico para 2011 se asignen y etiqueten un millón de pesos para la realización de la segunda etapa del proyecto de construcción y equipamiento de la unidad deportiva de San Miguel de Hidalgo, pues estoy seguro que con esta obra incentivaremos el deporte, brindaremos más oportunidades a nuestros ciudadanos y reduciremos la posibilidad de que nuestros jóvenes caigan en manos de actividades ilícitas como el narcotráfico.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se destine un millón de pesos para la segunda etapa del proyecto de construcción y equipamiento de la unidad deportiva de San Miguel de Hidalgo, municipio El Limón, Jalisco.

Notas:

1 OMS (2010). Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud.

2 UNICEF (2003). Deporte para el Desarrollo y la Paz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para fortalecer las empresas del calzado en México, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Norma Sánchez Romero, de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2011 se aumenten en, por lo menos, 25 por ciento los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, y asimismo se destinen mayores recursos para  el fortalecimiento de las empresas del sector calzado en México, con base en las siguientes

Consideraciones

En México, más de 99 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar los retos que plantean la globalización y la competitividad mundial.

Adicionalmente, las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen, en forma importante, con los siguientes aspectos de la economía nacional:

• Generan alrededor de 50 por ciento de la producción y 72 por cientodel empleo nacional.

• Contribuyen de manera relevante en el desarrollo regional.

• Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que presentan economías de escala.

Actualmente, el gobierno federal centra su política de desa-rrollo empresarial en la atención a cinco segmentos: emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas, empresas gacela y empresas tractoras.

Dentro de esta estrategia, el Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) es el fondo más importante que apoya las iniciativas productivas de los emprendedores y de las empresas que tienen como propósito mejorar su productividad y competitividad y contribuir a la generación de más y mejores empleos formales y al mejoramiento de los ya existentes.

Hasta 2009, la población objetivo ascendía a poco más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), y generaban el 72.1 por ciento del empleo. De acuerdo con los resultados del Censo Económico de 2009, hoy existen 5 millones 144 mil 56 unidades económicas en el país, de las cuales 99.8 por ciento, 5 millones 133 mil 768, son Mipyme, que generan 78.5 por ciento del empleo.

Considerando lo anterior, el número de Mipyme se incrementó en más de 25 por ciento (1 millón adicional) en tanto que el presupuesto del Fondo Pyme se incrementó solamente 2 por ciento en términos reales en el último año; por lo que se requiere contar con más recursos para atender las necesidades específicas de las Mipyme para apoyar su de-sarrollo y consolidación.

El monto asignado ha resultado insuficiente para atender las necesidades de las Mipyme y de los nuevos emprendedores del país:

• En el periodo 2007-2009 no se contó con recursos para apoyar 3 mil 929 solicitudes por un monto de 7 mil 501 millones de pesos, con lo que se dejaron de atender a más de 450 mil Mipyme, y dejándose de generar cerca de 80 mil empleos y de mejorar más de 580 mil fuentes de trabajo, de acuerdo con datos aportados por la para la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía.

• Para 2010 se tienen en evaluación 764 solicitudes de apoyo por un monto de 3 mil 822 millones de pesos, cuando la disponibilidad presupuestal actual del Fondo PYME es de únicamente 547 millones de pesos para lo que resta del año.

Para estar en condiciones de atender los requerimientos de las Mipyme y los emprendedores del país de manera adecuada se requiere un incremento significativo en el presupuesto asignado al Fondo Pyme, toda vez que los resultados obtenidos han permitido articular un conjunto de apoyos en materia de acceso al financiamiento, y desarrollo empresarial –capacitación y consultoría, innovación y desarrollo tecnológico, gestión y comercialización–, que han contribuido a impulsar los segmentos de nuevos emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas empresas, empresas gacela y empresas tractoras.

Para 2010 se estima atender alrededor de 200 mil empresas que contribuirán a la generación de 40 mil nuevos empleos y el fortalecimiento de 90 mil fuentes de trabajo.

En lo que se refiere al sistema nacional de garantías se estima que 79 mil 214 empresas accedan al financiamiento del sistema financiero nacional con una derrama crediticia de 66 mil 734 millones de pesos, contribuyendo a la generación de 39 mil 607 empleos y a la conservación de 1 millón 204 mil 47 fuentes de trabajo.*

Para consolidar la política de desarrollo empresarial en 2011 se requiere contar con recursos de por lo menos 12 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil 100 se utilizarán para el sistema nacional de garantías México Emprende y 2 mil 400 millones de pesos se destinarán para apoyar proyectos estatales. Los 5 mil 500 millones restantes se aplicarán para fortalecer el esquema de desarrollo empresarial México Emprende.*

El Fondo Pyme desempeña un papel fundamental en el de-sarrollo económico del país. En la medida que cuente con mayores recursos, las Mipyme podrán acceder a los recursos que le permitan ser más productivas y competitivas, contribuyendo a la generación de más y mejores empleos.

De acuerdo con lo anterior, es justificado y razonable exhortar a las comisiones referidas para que en el ámbito de su competencia sea considerada una ampliación del presupuesto otorgado al Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, con la finalidad de seguir alentado el desarrollo de México y la creación de empleos .

Asimismo, recientemente la Secretaría de Economía del gobierno federal, para impulsar el desarrollo y la competitividad de las Mipyme del sector cuero calzado, lazó el programa Mi Zapatería, con la finalidad de colaborar en el fortalecimiento competitivo del sector.

Atendiendo a los propios datos aportados por el Inegi, el total de empresas micro dentro del sector cuero calzado es el siguiente:

La distribución de las empresas que integran el sector cuero calzado se concentra principalmente en la zona centro del país, de acuerdo con lo que se muestra en la siguiente tabla:

La industria del calzado en México genera 297 mil empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional, conjuntamente con la cadena industrial, por lo que programas de fomento económico como el Fondo Mipyme vienen a reforzar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y con ello se fortalecerá el crecimiento económico.

En cuanto a calzado producido, se estima la fabricación de 160 millones de pares, y de esos, 10 millones se van a exportación (80 por ciento a Estados Unidos de América, 10 por ciento a Canadá y el otro 10 por ciento a otros países, como Japón, Alemania, España e Italia), cifra que rebasa los 266 millones de dólares; principalmente se exporta bota vaquera, zapato de vestir e infantil.

La Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía señaló que del Programa Nacional de Microempresas se desprende Mi Zapatería, que consiste en crear y difundir metodologías para el desarrollo empresarial y sistemas especializados para la administración efectiva de zapaterías.

Asimismo, la misma dependencia informó, por otro lado, que con una inversión de 17 millones de pesos, arrancará el programa en mil zapaterías de Jalisco, Guanajuato y valle de México, para que en su etapa posterior alcance a cubrir toda la República Mexicana.

De acuerdo a cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2009 existen 44 mil 580 zapaterías distribuidas en todo el país.

Los estados en donde se concentran la mayoría de los empresarios de este sector son el estado de México, el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Michoacán. Actualmente existen más de 4 mil empresas fabricantes del calzado nacional produciendo 244 millones de pares anuales con una participación de 87 por ciento del mercado nacional.

Las zapaterías son un negocio familiar que emplea en promedio entre 2 y 5 personas, representando un sector destacado dentro de las microempresas del país, por lo que solicitamos que, por lo menos, se incremente 25 por ciento del presupuesto asignado a este programa, en congruencia con el crecimiento de las Mipyme, de acuerdo con los datos del Inegi.

En virtud de lo anterior, respetuosamente propongo se exhortea las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.Por lo expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2011 se aumenten en, por lo menos, 25 por ciento los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía y, asimismo, se destinen mayores recursos para  el fortalecimiento de las empresas del sector calzado en México.

Nota:

* Dato aportado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,  a 21 de octubre de 2010.— Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al establecimiento de fondos para bachillerato de las universidades públicas que les permitan abrir plazas de profesores de tiempo completo y parcial, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jaime Oliva Ramírez diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se destinen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con objeto de que se establezcan fondos para el bachillerato de las universidades públicas, que les permita la contratación de plazas para profesores de tiempo completo y tiempo parcial que formen parte del presupuesto regularizable de las universidades, y el diseño de programas de fortalecimiento análogos a los existentes para la educación superior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los jóvenes son un componente fundamental de las sociedades, pues se erigen como los conductores del progreso en todos sus ámbitos, motivo por el cual deben ser apoyados a fin de aprovechar su potencial en la construcción de un país mejor.

En México, este grupo ha llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que experimenta el país. Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística Inegi, se estima que nuestro país tiene 106.7 millones de habitantes; de los cuales el 27.3 por ciento (29.1 millones) son jóvenes de 15 a 29 años; 14.4 millones son hombres y 14.7 millones mujeres. De acuerdo con las proyecciones que se han realizado de este grupo, se estima que la población joven llegará a 29.3 millones en este 2010 y seguirá aumentando hasta el año 2015 cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones.

Esta dinámica demográfica sin duda marca las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la juventud mexicana; particularmente en materia de salud, trabajo, y educación.

Respecto al tema de la educación de los jóvenes, sabemos que sin duda alguna ésta contribuye a la construcción de un mejor proyecto de vida debido a que permite poseer independencia respecto a sus familias, facilita el acceso al mercado de trabajo y disminuye las acciones de riesgo, entre otras cosas; como resultado de una mejor toma de decisiones.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 muestra que de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, sólo 34 asisten a la escuela. En promedio, la población joven tiene 9.6 años de estudio, es decir, cuenta con la educación básica terminada. Sin embargo, de cada 100 jóvenes, sólo, 27 tienen al menos un grado en estudios medios superiores y sólo 15 aprobaron algún grado de estudios superiores.

Asimismo el problema de deserción escolar está presente entre la juventud mexicana y se da a una temprana edad. La Encuesta Nacional de Juventud 2005 deja ver que la edad promedio a la que los jóvenes dejan la escuela es a los 16 años, lo que significa que en esta etapa los jóvenes apenas han completado la educación básica.

Las cifras anteriores muestran la necesidad de garantizar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y profesional, con acciones que mejoren la cobertura y la calidad de la educación. De ahí la importancia de fortalecer la educación media superior en nuestro país y particularmente los bachilleratos universitarios.

En nuestro país existen alrededor de 55 universidades públicas estatales e instituciones afines, en los cuales se atiende una matricula de alrededor de 885 mil alumnos. Sin embargo existen aun disparidades importantes en materia de financiamiento en educación superior por subsistema. Mientras que el costo promedio por alumno en universidades federales es de 83,100 pesos, en las universidades públicas estatales y públicas estatales de apoyo solidario es de 46 mil pesos y en las universidades interculturales de 37 mil 500.

Desde el ámbito federal se ha hecho un esfuerzo importante para apoyar su tarea educativa con recursos federales mediante diversos fondos, entre ellos, el Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario, el Fondo para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales y el Fondo de inversión de las Universidades Públicas Estatales, con Evaluación y Acreditación. Además, del Fondo para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; el Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales por debajo de la media nacional en subsidio por alumno; el Fondo para el Reconocimiento de la Plantilla de las Universidades Públicas Estatales; y el Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales.

Desafortunadamente, dichos recursos están enfocados particularmente a la educación superior, descuidándose, desde hace décadas, el bachillerato universitario que es el nivel con más carencias del sistema universitario.

No obstante, el bachillerato de las universidades públicas destaca por su calidad y resultados en los exámenes nacionales (Enlace, Exani II), sin embargo, desde hace décadas no hay la autorización de nuevas plazas para profesores de tiempo completo y tiempo parcial en este nivel de estudios, por lo que las jubilaciones del personal académico ponen en una situación crítica a las universidades para la atención de este subsistema.

Los bachilleratos universitarios apoyan la capacitación de profesores de otras instituciones de educación media superior, sin embargo, en pocas ocasiones son beneficiarios de los escasos programas que existen para el fortalecimiento de este nivel con apoyos adecuados, los bachilleratos universitarios representan una opción real de crecimiento con calidad para la educación del nivel medio superior. A diferencia del nivel superior, en el que existen programas bien estructurados y probados para su fortalecimiento, el bachillerato de las universidades públicas se encuentra en una especie de “limbo” presupuestal y programático.

Por todo lo anterior, consideramos que impulsar al sector educativo es fundamental para el desarrollo nacional, pero lo es sobre todo el impulso al bachillerato universitario, que le permita ampliar su cobertura y la calidad de la educación que imparten.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se destinen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con objeto de que se establezcan fondos para el bachillerato de las universidades públicas, que les permita la contratación de plazas para profesores de tiempo completo y tiempo parcial que formen parte del presupuesto regularizable de las universidades, y el diseño de programas de fortalecimiento análogos a los existentes para la educación superior.

Nota:

1 Inegi, 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Jaime Oliva Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad de Sonora, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD y del PVEM

Los diputados federales originarios del estado de Sonora, pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, PRD y PVEM, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La Universidad de Sonora es considerada como una de las más importantes del país y su reconocimiento deriva de la calidad y compromiso de sus académicos y personal operativo, en tal sentido la institución destina el 94 por ciento al pago de docentes, investigadores y personal de apoyo.

2. En la gran mayoría de las Universidades Públicas la proporción del subsidio que otorga el Gobierno Federal es superior al que otorgan las entidades federativas. En promedio 80 por ciento es de origen federal y 20 por ciento de origen estatal. Sin embargo en un número reducido de ellas, la proporción del subsidio que otorgan los estados es mayor que la de origen federal como lo es el caso de la Universidad de Sonora.

3. Para atender dicha situación la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2008 el Fondo de Resarcimiento de Recursos Federales por Aportaciones Estatales Superiores al 50 por ciento, por un monto de 91 millones de pesos distribuidos entre las tres universidades con esa disparidad: Universidad de Sonora, Universidad de Guadalajara y Universidad Veracruzana. De ese fondo, a la Unison se le asignaron $13,453,424.00.

4. En el PEF de 2009, además de regularizar la cantidad anterior, la Cámara aprobó un apoyo adicional por el mismo concepto por $ 12,563,055.00. En el PEF de 2010 sólo se regularizaron dichas cantidades pero no hubo un apoyo adicional.

5. Así, para el ejercicio fiscal de 2010 el subsidio ordinario de la Universidad de Sonora, incluyendo ampliaciones para las revisiones salarial y contractual, fue el siguiente:

Subsidio federal: $ 652,916,069.20 (48.6%)

Subsidio estatal: $ 690,353,701.00 (51.4%)

6. Los recursos ordinarios etiquetados por la federación para el programa de Estímulos al Desempeño del personal Docente, prácticamente no han tenido incrementos en los últimos años.

7. Contrario a lo anterior, y como está ampliamente demostrado, las diversas universidades sí han mostrado avances sustanciales en su desempeño.

El resultado de la mayor actividad de los académicos se ha reflejado en mayores puntuaciones y un desplazamiento hacia arriba en los niveles asignados.

8. Como resultado de lo anterior, en los últimos años, los recursos ordinarios otorgados a las instituciones han sido insuficientes para cubrir a todos los aspirantes que han cumplido con los requisitos. Esta situación había sido subsanada, al menos en parte, en los dos años anteriores con los recursos de los fondos extraordinarios que para tal efecto aprobó la honorable Cámara de Diputados.

9. Sin embargo, para el 2010 la Cámara de Diputados asignó sólo 100 millones de pesos para dicho programa, en lugar de los 350 millones de pesos que se aprobaron para 2009. Esa reducción del 71 por ciento a dicho fondo ha puesto en problemas a las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Sonora en la convocatoria 2010 se tuvo en total de 516 aspirantes que cubrieron todos los requisitos y los recursos asignados a dicho programa sólo alcanzaron para cubrir el importe requerido para 337 de ellos, quedando fuera un total de 179 académicos, con un déficit de alrededor de 11 millones de pesos.

10. A pesar de ello, año con año la Unisón crece en infraestructura y a la fecha cuenta con cinco campus en las ciudades de Hermosillo, Caborca, Navojoa, Nogales y Santa Ana. Sin embargo, ante la insuficiencia de las asignaciones federales, la Universidad de Sonora no ha podido llegar a otras ciudades que requieren justificadamente una extensión de la universidad en su localidad como lo es la creación de la Unidad Académica de Ciencias de la salud de la Universidad de Sonora, en el Campus de Cajeme.

11. En Sonora se identifica un panorama epidemiológico que responde a la teoría de la transición, en la cual, los cambios en el proceso salud-enfermedad dependen sustancialmente de la dinámica demográfica, económica y social en la que algunos determinantes directos son: el crecimiento demográfico, la migración, la heterogeneidad industrial y la urbanización.

12. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sonora cuenta para la atención a la salud con 18,036 trabajadores, tanto del sector público como del privado. De ellos, el 91.9 por ciento laboran en el sector público y el 8.1 por ciento ejercen la medicina privada. Del total de trabajadores de este sector el 33.4 por ciento corresponde al personal de enfermería; que suman un total de 5,522 enfermeras, de las cuales 4,973 brindan cuidado directo al paciente con un indicador de 2.1 enfermera por cada 1000 habitantes. Con relación al personal médico, laboran 3,859 para un 23.2 por ciento; de ellos, 3,500 están en contacto directo con el paciente, lo que resulta en un indicador de 1.4 médicos por cada 1000 habitantes. El resto del recurso humano en este sector lo integra el personal administrativo con un 24 por ciento y el personal de apoyo técnico como los químicos clínicos, representan un 20.4 por ciento.

13. La Universidad de Sonora (Unison), como propulsora del cambio y desarrollo de la región noroeste del país debe asegurarse de que sus planes y programas de estudio sean compatibles con las demandas sociales, económicas, políticas y culturales de la misma, sin olvidar su misión y objetivos de origen.

14. Es bajo el contexto anterior que la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional Centro y atendiendo en lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, en materia de actualización de la oferta académica, propone la creación de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Sonora, Campus Cajeme.

15. La Universidad de Sonora propone la creación de la Unidad Académica en Ciencias de la Salud: Campus Cajeme, como una acción educativa tendiente a la formación de recursos humanos capacitados para la atención, prevención e intervención en los problemas de salud de la región.

16. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, este proyecto se contextualiza en el Eje 3: Igualdad de Oportunidades.

Este eje considera que para “mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, la política social debe estar en estrecha relación con la política económica. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece” (PND 2007-2012).

17. De igual manera el proyecto se vincula con el objetivo Elevar la calidad educativa,la cual comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Estos criterios son útiles para comprobar los avances de un sistema educa­tivo, pero deben verse también a la luz del desarrollo de los alumnos, de los requeri­mientos de la sociedad y de las demandas del entorno internacional.

La Unidad Académica de Ciencias de la Salud se ubicará en Ciudad Obregón en una superficie de 25 hectáreas localizada en calle 10 y 400. Además de los recursos humanos, el proyecto contempla 3,650 metros cuadrados para construcción de instalaciones, área administrativa, aulas para docencia, auditorio, anfiteatro, laboratorio, servicios generales, biblioteca, consulta virtual, aula magna y estacionamiento.

Se estima una inversión inicial de 70, 000,000.00 para construcción y equipamiento.

Por su parte la Universidad de Sonora aporta al proyecto los siguientes recursos:

20, 000, 000.00 de inversión inicial para el proyecto

Proyecto ejecutivo y maestro

Terreno de 25 hectáreas con valor de $100,000,000.00

Por lo anterior expuesto y fundado, presentamos a consideración de esta soberanía, para que sea turnada a las comisiones correspondientes para su dictaminen y aprobación, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el apoyo para que se otorgue un aumento en el subsidio federal, adicional al que ya está contemplada en la propuesta del Ejecutivo, con sus respectivas modificaciones propuestas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por un monto que permita un presupuesto más acorde a la realidad y necesidades de la Universidad de Sonora.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del presupuesto para el 2011, considere un aumento de recursos para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública a otorgar más recursos para llevar a cabo proyectos especiales que aseguren el crecimiento y desarrollo óptimo de la Universidad de Sonora, así como lo es la prioridad del proyecto de apoyo para la construcción del campus Cajeme.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: María Dolores del Río Sánchez, Marcos Pérez Esquer, Carlos Samuel Moreno Terán, José Luis Marcos León Perea (rúbricas),.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para iniciar obras de infraestructura deportiva en diversos municipios de Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Ignacio Seara Sierra, diputado a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Juventud y Deporte, a fin de que consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para iniciar las obras de infraestructura deportiva en diversos municipios del estado de Campeche, con base en los siguientes

Considerandos

El deporte representa un fundamento y condición importante en la salud de toda sociedad que no solo se enfoca en el desarrollo físico, sino también impacta en el desarrollo intelectual y socio-afectivo, asumiendo igualmente una gran repercusión sobre todas las dimensiones o problemáticas del ser humano como la prevención de la obesidad o sobre peso, drogadicción entre otras.

Una de de las enfermedades que más afecta a los Mexicanos de manera silenciosa y paulatina es la obesidad, siendo ésta una de las más graves en el mundo, debido a que no existen programas y medios exitosos de prevención que garanticen los resultados más óptimos.

México, en la actualidad, ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad en población adulta, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con un 30 por ciento de la población con obesidad y 70 por ciento con sobrepeso, refiriendo que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso y una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.

En materia de adicciones, la cual se considera una gran complicación en el campo de la salud pública, los jóvenes adquieren con gran facilidad diversos hábitos insanos como el tabaquismo, alcoholismo, drogadicción entre otros que requieren de acciones amplias y coordinadas en las que deben de estar incluidos los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.

Por tanto, todos los esfuerzos a favor de la salud son primordiales para el tratamiento de estos inconvenientes, además el objetivo final es alcanzar la calidad de vida que requiere nuestra sociedad, por hacer que la población participe activamente modificando sus comportamientos insanos, eliminando factores de riesgo y procurando alternativas preventivas, como la realización de prácticas deportivas de forma habitual.

Así las cosas, los legisladores de Acción Nacional consideramos importante el promover la educación física y el deporte como una de las soluciones más eficaces contra éstos hábitos para combatir la obesidad, drogadicción, entre otras conductas tipificadas en la sociedad mediante todo tipo de campañas que permitan la promoción de la salud en todos los niveles educativos, promover subsidios, adecuar reglamentos gubernamentales pero principalmente permitir el crecimiento de la infraestructura deportiva acrecentando el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los proyectos que se encuentren debidamente justificados e integrados para este fin.

Para el año 2011, diversos municipios en Campeche, comprometidos con la salud social, han encaminado sus esfuerzos por adecuar algunos terrenos o zonas ejidales legalmente inscritas en propiedad por compra venta o donación, para erigir en ellas centros deportivos que permitan no solo el combate a la obesidad y sobre peso, también el mejoramiento del tejido social y la prevención a la violencia y drogadicción existente.

Así las cosas, el municipio de Candelaria solicita el apoyo para 14 programas o proyectos de canchas deportivas techadas en la localidad de Cuauhtémoc, Paraíso Nuevo, Venustiano Carranza, El Pedregal, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, San Juan Arroyo las Golondrinas, Pablo García, Colonia San Isidro, Colonia San Martín, Plaza Central, solicitando una inversión federal para cada uno de estos proyectos de $ 1,867,912.43 dando un total de $ 20,547.036.73, del mismo modo propone un Centro Municipal de Desarrollo de Talentos Deportivos solicitando del PEF de 2011 la cantidad de $ 12,000,000.00.

El municipio de Hopelchén requiere sustento para el programa o proyecto de construcción del campo de futbol con pista de atletismo en la comunidad de Dzibalchén por un monto de $6,436,874.86.

El municipio de Carmen pide asistencia para la construcción de un Centro Municipal de Desarrollo de Talentos Deportivos en la comunidad de Sabancuy por un monto de $ 12,000.000.00.

En síntesis, hay que reconocer que los beneficios de la actividad física y deportiva son innumerables y puesto que no existe una actividad física ideal, si se requiere de las instalaciones y espacios adecuadas para permitir a la persona humana la posibilidad de poder mantener un buen estado de salud, por tanto debemos impulsar mejoras presupuestales sustanciales en beneficio de una sociedad más saludable, así las cosas el Partido Acción Nacional presenta el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Juventud y Deporte, a fin de que consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para iniciar las obras de infraestructura deportiva en diversos municipios del estado de Campeche.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para establecer estrategias y acciones en beneficio de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren los recursos necesarios para la instrumentación de las estrategias y acciones en beneficio de las personas con discapacidad, para el ejercicio presupuestal de 2011, en el ramo 12 Salud, bajo las siguientes

Consideraciones

No sólo a nivel nacional sino internacional un importante sector de la población presenta alguna limitación física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal que limita su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, a este sector se le denomina personas con discapacidad.

En este sentido, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, “alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 650 millones de personas. Por su parte, el Banco Mundial señala que aproximadamente entre el 10 por ciento y 12 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad y que el 25 por ciento de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad.”

En lo que respecta a nuestro país, no se conoce la verdadera dimensión de la población que presenta alguna discapacidad, no obstante el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 señala algunos datos interesantes entre los que destacan, que “la discapacidad motriz es la más frecuente en la población mexicana, ya que está presente en el 45.3 por ciento de las personas con discapacidad. En segundo lugar se encuentra la discapacidad de tipo visual (26 por ciento), que incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual. En tercer lugar figura la discapacidad mental (16.1 por ciento), en cuarto la auditiva (15.7 por ciento) y en quinto, la discapacidad del lenguaje (4.9 por ciento).”

Desafortunadamente este sector de la sociedad ha enfrentado por mucho tiempo una situación desfavorable ya que han visto limitadas sus oportunidades de participación en los diferentes ámbitos de la vida social, principalmente en materia de salud, educación, empleo, deporte y cultura, por mencionar algunos.

En este sentido, el gobierno a fin de lograr la integración y el bienestar social que les corresponde a las personas con discapacidad como un importante sector de la población, ha impulsado una serie de acciones tanto legislativas como de política pública.

Por lo que resulta de gran relevancia la creación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo principal objetivo es garantizar una serie de derechos y a su vez permitir la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

Esta ley, a su vez atribuye al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad el establecimiento de una política de Estado en materia de discapacidad, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados del mismo ordenamiento.

Asimismo, por disposición de la ley el consejo tiene la atribución de elaborar y coordinar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para el Desa-rrollo de las Personas con Discapacidad (Pronaddis), el cual contiene una serie de objetivos,  estrategias, líneas de acción y metas específicos en materia de educación, salud, trabajo, asistencia social, accesibilidad, pobreza, deporte y cultura, por mencionar algunos, enfocadas por un lado a lograr el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, y por el otro a sensibilizar a la población en general y lograr un cambio de cultura hacia la inclusión social de las personas con discapacidad.

Igualmente la misión de dicho programa se encuentra sustentada en el imperativo de conducir la operación de las estrategias en las instituciones del sector público en los tres órdenes de gobierno, para contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias, con absoluto respeto a sus derechos y libertades fundamentales.

Específicamente en materia de salud, el Pronaddis incluye una serie de acciones concretas para otorgar atención integral a la salud de las personas con discapacidad a fin de lograr su habilitación y rehabilitación, y de esta manera contribuir a que vivan de forma independiente para facilitar su participación en todos los aspectos de la vida.

Es así que el Pronaddis, en su labor por lograr el objetivo de prevenir la discapacidad en todos los grupos de edad y contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel de salud, se ha planteado algunas estrategias, entre las que destacan: promover una mayor coordinación entre las instituciones del sector salud para impulsar y fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención de la discapacidad para la población en general del país; impulsar en las instituciones del Sector Salud programas y acciones para la detección temprana y atención oportuna de defectos al nacimiento; fortalecer la infraestructura física en los tres niveles de atención para brindar tratamiento y atención especializada a la persona con discapacidad; y mejorar la calidad y calidez de los servicios de atención integral, habilitación y rehabilitación que se proporcionan a las personas con discapacidad.

Debemos estar concientes de que si bien se han alcanzado logros importantes en este tema, lamentablemente todavía no existen las condiciones suficientes, idóneas e indispensables para alcanzar la plena integración social de todas las personas con discapacidad a las tareas del desarrollo nacional.

Por lo que debemos destinar mayores recursos a fin de hacer posible la instrumentación de las estrategias y acciones establecidas en el Pronaddis.

En Acción Nacional estamos convencidos de que la salud es una de las condiciones necesarias para facilitar el desa-rrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, por lo que proponemos que se asignen los siguientes montos para: el Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico en salud 47 millones de pesos; para el Programa de rehabilitación psicosocial 40 millones de pesos; para el Programa de atención a personas con discapacidad intelectual 60 millones de pesos; para el Programa de tamiz auditivo neonatal 12.5 millones de pesos; para el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad 120 millones de pesos; para Accesibilidad hospitalaria 96 millones de pesos; y para Rehabilitación y Habilitación 350 millones de pesos, lo que en su conjunto suman 725.5 millones de pesos.

Sin duda estos recursos contribuirán a instrumentar parte de las acciones y estrategias en materia de salud planteadas por el Pronaddis en beneficio de las personas con discapacidad, no debemos olvidar que para lograr una verdadera igualdad de oportunidades para este sector vulnerable de la sociedad, debemos invertir a fin de brindarles atención  oportuna y adecuada para asegurar su rehabilitación y habilitación.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se consideren los montos señalados para la instrumentación de las estrategias y acciones en beneficio de las personas con discapacidad, para el ejercicio presupuestal 2011, en el Ramo 12 Salud.

Notas:

1 Pronaddis 2009-2012.

2 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes octubre de 2010.— Diputados: Gloria Trinidad Lunas, Ivideliza Reyes Hernández, Ma. de Lourdes Reynoso Femat, María Sandra Ugalde Basaldúa, María Dolores del Río Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, María Joann Novoa Mossberger, Gloria Romero León (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para sus efectos, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Ivideliza Reyes Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí. Perdón. Sonido en la curul de la diputada Ivideliza Reyes.

La diputada Ivideliza Reyes Hernández(desde la curul): Sí, presidente. Gracias.

Con la finalidad de preguntarle a la diputada Gloria Luna, si me permite unirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada proponente ha manifestado su voluntad o más bien no ha manifestado objeción y para todos aquellos diputados que deseen sumarse al punto de acuerdo propuesto por la diputada, están a la disposición de ustedes en la mesa de la Secretaría los documentos.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para establecer estrategias y acciones dirigidas a la integración educativa de los niños con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren los recursos necesarios para la instrumentación de las estrategias y acciones dirigidas a la integración educativa de las niñas y niños con discapacidad, para el ejercicio presupuestal de 2011, en el Ramo 11 Educación, bajo las siguientes

Consideraciones

En México, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en el año 2000 vivían 1.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales 52.6 por ciento eran hombres y 47.4 por ciento mujeres. Generalmente en los distintos grupos de edad existe un mayor porcentaje de hombres con discapacidad en relación con las mujeres, excepto en la población de 60 años y más.

Nuestro país ha venido emprendiendo diversas acciones de políticas públicas y legislativas a favor de este grupo vulnerable. En este sentido, se ha avanzado en la atención de diversas demandas; se dio un gran paso con la publicación y entrada en vigor de la Ley General de las Personas con Discapacidad el 10 de junio de 2005. Además se aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

No obstante los avances, también es cierto que falta mucho por hacer y que debemos continuar con el establecimiento de las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, a todos los ámbitos de la vida nacional, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades.

En la mayoría de los casos, este grupo de población tiene limitaciones para acceder en igualdad de condiciones que otras personas, a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la información, a la vida política, así como a otros derechos básicos.

En materia educativa, de acuerdo a los resultados mostrados por el censo del 2000, mientras que el 91.3 por ciento de la población general de 6 a 14 años asistía a la escuela en ese momento, este porcentaje sólo ascendía a 62.6 por ciento en el caso de los niños y niñas con discapacidad de ese mismo rango de edad, lo que muestra los rezagos en materia educativa en este grupo de la población.

Conforme aumenta la edad, las oportunidades de la población con discapacidad para tener acceso a los servicios educativos disminuyen significativamente. En el grupo de 15 a 19 años de edad, sólo el 30.1 por ciento manifestó asistir a la escuela en el 2000 y este indicador fue de sólo 10.5 por ciento en el grupo de 20 a 24 años de edad. De acuerdo con ese censo del 2000, el 35.5 por ciento de las personas con discapacidad manifestó no tener escolaridad alguna y el 27.8 por ciento, que tenía primaria incompleta. El porcentaje de mujeres sin instrucción fue superior en 8.1 por ciento al de hombres.

El promedio de escolaridad es otro indicador importante para evaluar las facilidades de acceso a la educación. Mientras que en la población general este indicador fue de 7.5 años formales de estudio aprobados, en la población con discapacidad únicamente ascendió a 3.8 años, con casi un año de diferencia entre hombres (4.2) y entre mujeres (3.4).

En este contexto, cabe mencionar que a partir de 1993, y como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y la reforma al artículo tercero constitucional, ya se estaba impulsando un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación especial que transformó las concepciones acerca de su función, reestructuró los servicios existentes y promovió la integración educativa.

En el marco de la política educativa desprendida de este acuerdo se reconoce a la población que presenta alguna discapacidad como uno de los principales grupos en situación de vulnerabilidad respecto a su acceso, permanencia y egreso del Sistema Educativo Nacional.

Mediante los servicios de educación especial se brinda atención a los estudiantes de todas las edades que tienen necesidades educativas especiales, con prioridad a los alumnos con discapacidad, dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y facilitar su integración educativa, social y laboral. Actualmente la educación especial comprende los siguientes tipos de servicios: Centros de Atención Múltiple (CAM), Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), Centros de Apoyo para la Educación Preescolar (CAPEP), Unidades de Orientación al Público (UOP) y los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE).

En ese sentido, es importante resaltar que en la Ley General de Educación, la educación especial está reconocida como un servicio educativo comprendido dentro del Sistema Educativo Nacional, definiéndose con precisión su ámbito de acción en el artículo 41, el cual establece que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Especifica que tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Además, menciona que para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Por otro lado, prevé que la educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

De ahí que el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, incluya cono uno de sus objetivos, elevar  la  calidad de  la  educación  y ampliar  las oportunidades de acceso, permanencia,  egreso  y  logro  educativo  para la  población  con discapacidad,  en los diferentes tipos,  niveles  y  modalidades  del Sistema  Educativo Nacional.

Una de las estrategias definida para conseguirlo es promoviendo  una cultura  de inclusión  en todo el  Sistema  Educativo  Nacional  que  favorezca  la  integración  de los  alumnos con discapacidad  a  los  servicios regulares  de  educación  básica,  y apoyar  la continuidad  de  sus  estudios hacia  niveles  educativos  posteriores.  Otras de estas estrategias es reforzar  la  formación  permanente  de  los  docentes, directivos, asesores técnicos  y  personal  administrativo  que  atienden  a  la población con discapacidad.

De estas estrategias se desprenden retos importantes. Por ejemplo, uno de ellos para el sistema  educativo  mexicano  es  incrementar el número de  escuelas inclusivas  que den respuesta  a  las  necesidades  de  una  población escolar diversa, considerando que  una escuela  inclusiva  es  aquélla  que ofrece una atención educativa  adecuada a  todos  sus alumnos,  sin  importar sus características físicas o  intelectuales,  ni  su situación  cultural, religiosa,  económica,  étnica  o lingüística.

Otra  de  las  acciones  necesarias  para  acompañar  el  proceso  de atención educativa  de  los  alumnos  y  alumnas  que  presentan  alguna discapacidad  es,  sin duda,  la  profesionalización  docente  en  el tema.

En Acción Nacional sabemos que el primer paso para abrir mayores posibilidades de desarrollo de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales, es promover su inserción en las aulas regulares. Y que se debe apoyar el personal docente de la escuela regular para atender adecuadamente a estos niños y niñas.

En ese sentido, la presente proposición con punto de acuerdo busca contribuir con esa integración educativa de las niñas y los niños con alguna discapacidad. Es necesario incrementar el número de escuelas de educación regular que integran alumnos con discapacidad, para lo cual se requieren 380 millones de pesos. Además, se requieren 30 millones de pesos para capacitar a los docentes de educación especial y regular para la atención de alumnos con discapacidad, esto dentro del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. Dichos requerimientos hacen un total de 410 millones de pesos.

No olvidemos que la inserción de las niñas y los niños debe conducir, como resultado de la reflexión, la programación y la intervención pedagógica sistematizada, a su integración; además de inscribir al alumno en la escuela regular es necesario ofrecerle, de acuerdo con sus necesidades particulares, las condiciones y el apoyo que precise para que desarrolle plenamente sus posibilidades. Sólo de este modo la inserción se convierte en integración.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a fin de que se consideren los montos señalados para la instrumentación de las estrategias y acciones dirigidas a la integración educativa de las niñas y niños con discapacidad, para el ejercicio presupuestal 2011, en el Ramo 11 Educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Gloria Trinidad Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura de la escuela preparatoria regional de San Francisco del Rincón, Guanajuato, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo

Considerandos

La Escuela Preparatoria Regional del Rincón surge a través de la iniciativa de gobierno del estado, preocupado por fortalecer el proyecto educativo de los municipios de la zona metropolitana, así que en el mes de octubre del 2004 se consolida el inicio de este propósito. El compromiso es ofrecer un espacio educativo que ofreciera educación media superior propedéutica y sobre todo ofrecer educación que garantice una calidad de vida desde el ámbito personal, familiar y social a través de una formación integral de los alumnos.

El crecimiento de la demanda educativa como de infraestructura que se ha registrado a partir de su creación, se denota el empeño y el esfuerzo que han realizado las diversas autoridades por dar respuesta a la demanda educativa, no sólo del municipio de San Francisco del Rincón, y dos municipios conurbados que son Purísima del Rincón y Manuel Doblado donde también se atiende la demanda educativa de ellos; para el ciclo escolar 2007-2008 la preparatoria regional impartió sus servicios en la secundaria general número 1 “J:Jesús Mayagoitia Jaime” con el mínimo de aulas; por lo que fue necesario rentar los espacios de biblioteca, laboratorio de computación y bodega; además se impartieron las actividades deportivas y artísticas en espacios prestados por el municipio de San Francisco del Rincón.

La primera generación inicia en el 2004 con una población de 153 alumnos, en el ciclo escolar 2006-2007 se cuenta con una matrícula de primer semestre de 246 alumnos, lo cual demuestra un incremento significativo de 62 por ciento; por lo que la población atendida fue de 512 alumnos; en tan sólo tres años de brindar este servicio educativo; aún sin contar con instalaciones propias. La primera generación cuenta con 101 alumnos; representando 66 por ciento de eficiencia terminal, rebasando 60 por ciento la nacional.

Este año inició la etapa de consolidación de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón; al contar con el terreno propio donado por el municipio de San Francisco del Rincón; de 4 hectáreas con un costo de $11, 200,000.- (once millones doscientos mil pesos 00/100mn) Iniciando la construcción del módulo educativo número 1; con 14 aulas, 1 centro de cómputo, 1 sala audiovisual con capacidad de 120 personas, biblioteca y espacios provisionales para el área administrativa y académica.

A partir del 2008 se cuenta con instalaciones propias que requieren de espacios educativos y recreativos adecuados y pertinentes para el desarrollo de las actividades académicas y deportivas. La matrícula inicial en el 2004 fue de 153 alumnos y actualmente se cuenta con 926 alumnos, lo que representa un incremento del 60.5 por ciento en la atención a la demanda, la meta planteada a través del Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación es atender en la Escuela Preparatoria Regional del Rincón a más de 1200 alumnos para el año 2011.

La preparatoria regional, al contar con instalaciones propias y un segundo módulo educativo que consta de 10 aulas, 1 centro de cómputo, taller de dibujo y laboratorio; permitió ampliar el servicio educativo a 781 alumnos en el presente ciclo escolar; lo que representó una absorción de 19.7 por ciento con una matrícula de nuevo ingreso de 388 alumnos siendo un incremento de 24.22 por ciento en relación al clico escolar 2008-2009.

En lo que va de este año, se recibió el tercer módulo educativo el cual consta de 16 aulas, rampa de acceso, lo cual permitió ampliar el servicio educativo a 926 alumnos; y una matrícula de nuevo ingreso de 440 alumnos, representando un incremento de 18.5 por ciento.

Desafortunadamente la infraestructura es poca y en algunos casos inexistente, como se describe a continuación, ya que las condiciones actuales de infraestructura de la institución son tres módulos educativos que constan de 25 aulas de clase, para una capacidad de 37 a 38 alumnos por aula, área de biblioteca, sala audiovisual con capacidad de 110 personas, dos centros de cómputo, 1 laboratorio de química y física, y espacios provisionales para el personal administrativo, y esos espacios serán utilizados para nuevas aulas, cancha de usos múltiples y un espacio de estacionamiento provisional.

El plan de infraestructura que requiere la preparatoria, de acuerdo a la demanda actual y futura, se explica de la siguiente manera

1. Construcción del módulo administrativo. Contar con los espacios adecuados para la atención, sin invadir espacios educativos diseñados para la pertinencia de los servicios educativos. Costo aproximado de 15 millones.

2. Contar con el área de estacionamiento para personal docente. Beneficiará a la comunidad educativa que cuenta con 926 alumnos, 57 docentes y 30 administrativas, además de la comunidad que acceda a las instalaciones por diversos asuntos. Costo aproximado$ 5, 000,000.

3. Plaza Cívica. Beneficiará a la comunidad educativa que cuenta con 926 alumnos, 57 docentes y 30 administrativas, además de la comunidad que ingresa a las instalaciones por diversos asuntos. Costo aproximado $8, 000,000

Con el propósito de fortalecer el proyecto educativo que se ha planteado trabajar en los diferentes proyectos estratégicos

1. Incrementar y fortalecer la cobertura educativa, a través de la absorción, por lo que se requiere contar con espacios suficientes y pertinentes para el adecuado desa-rrollo de las actividades académicas y recreativas. Por lo que se requiere lo antes mencionado.

2. Gestión Educativa Estratégica, a través de la planeación estratégica se fortalece el proyecto educativo, además de ser un requisito indispensable para lograr las metas de gobierno.

3. Incrementar la efectividad y calidad educativa, a través del plan de capacitación docente y administrativo con base en requerimientos institucionales. Además de incrementar el número de capacitados en el desarrollo en competencias para el nivel medio superior.

El Desarrollo Institucional no tendría sentido, al no establecer metas claras que determinen aquello que se quiere lograr en un periodo preestablecido; por ello, se ha cuidado en su formulación, que sean realistas, cuantificables y congruentes con los proyectos que se han considerado como estratégicos. Se muestra en el esquema el trabajo multidisciplinario en el que se basa el quehacer de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón.

Compañeros, los procesos educativos buscan conformar un criterio de identidad nacional. En ese sentido, la educación es un vehículo mediante el cual se transmite una forma de vivir la sociedad, la identidad y en general todos los elementos culturales que conforman un proyecto nacional. Como tal vehículo se encuentra sometido al juego de fuerzas que le imprime direcciones antagónicas y en el que es necesario que como representantes del pueblo apoyemos a nuestros estados y en general al sistema educativo nacional, a los municipios y a nuestras comunidades que no piden que trabajemos por ellos; no hay que olvidar que la educación es el bastión que fortalece a nuestro país.

Compañeros legisladores, los exhorto a que se incremente el presupuesto para la Escuela Preparatoria Regional del Rincón para que pueda atender la demanda educativa que presenta la región, apostemos y apoyemos a nuestros jóvenes con respuestas claras y concretas, apostemos por el futuro de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, se considere presupuesto para la “Escuela Preparatoria Regional de Rincón”, en el municipio de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato, a fin de dotarla con infraestructura suficiente para que atienda la demanda educativa de la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para sus efectos túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir obras vinculadas al manejo integral de residuos, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Agustín Torres Ibarrola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia ambiental es el enorme volumen de desechos que se generan pues, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estima que diariamente se producen alrededor de 100 mil toneladas y es que, en promedio, cada mexicano genera 980 gramos de residuos sólidos urbanos por día.

Sin embargo, durante el 2006 la disposición final de los residuos sólidos urbanos fue en un 55 por ciento en rellenos sanitarios, 10 por ciento en rellenos de tierras controlados y un 32 por ciento se depositó en sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto).

El bajo porcentaje de reciclaje, además de la falta de observación de las normas para la disposición final de los residuos, pueden generar graves problemas en la salud y bie-nestar de la población, ya que los efectos negativos de los desechos están vinculados con enfermedades como la fiebre tifoidea, la salmonelosis, el cólera y la amebiasis. Asimismo, generan significativos contaminantes y gases de efecto invernadero, que contaminan los suelos, aire y los cuerpos de agua, favorecen la proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades.

En este sentido, es importante recalcar la necesidad de contar con sitios para el depósito o disposición final de los residuos. En particular, los rellenos sanitarios permiten evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.

Así pues, desde la recepción, esparcimiento, acomodo y compactación de residuos, su cobertura con tierra u otro material, el control de gases y lixiviados, las acciones para evitar la proliferación de animales de propagación de enfermedades, control de olores y reforestación de la zona, son consideradas en el diseño y operación de los rellenos sanitarios.

El gobierno federal ha realizado un gran esfuerzo para impulsar proyectos estatales, municipales e intermunicipales para el manejo integral de residuos, esto en el marco del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012.

Así, tenemos que entre 2008 y 2010 se habrán canalizado recursos por 817.6 millones pesos para realización de 225 proyectos vinculados a la prevención y gestión de residuos, de los cuales 80 proyectos son para la construcción de rellenos sanitarios.

Pese a esto, aun existe un gran número de municipios que no cuentan con rellenos sanitarios, tal como lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de que “Se tiene registrado que 130 municipios depositan en rellenos sanitarios, lo que significa que sumando las 16 delegaciones del Distrito Federal, se cuenta con disposición adecuada en 263 municipios y delegaciones”. En otras palabras los residuos de 2, 176 municipios no tienen un tratamiento adecuado, es decir el 89.2 por ciento de los municipios del país.

Con base en lo anterior, es necesario que este Poder Legislativo contribuya a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos a través de la asignación de recursos presupuestales para la construcción de rellenos sanitarios, así como para aquellas obras que permitan el tratamiento integral de los residuos.

Por eso recurro a esta Soberanía para solicitar que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se incrementen los recursos para la construcción de centros intermunicipales para el tratamiento integral de residuos sólidos, rellenos sanitarios y para la elaboración de planes de manejo y gestión de residuos sólidos urbanos en toda la república.

En particular, el estado de Michoacán, de donde soy originario, tiene una gran necesidad de cuidar sus recursos naturales y mantener un ambiente saludable. Se estima que en todos los municipios con más de 2,500 habitantes en el estado se generan 2,920 toneladas diarias de desechos de los cuales aproximadamente el16 por ciento no se recolecta. De éstas, sólo el 4.5 por ciento se gestionan de conformidad con la normatividad vigente. El otro 95 por ciento continúa contribuyendo a contaminar los cursos de aguas subterráneas y superficiales, a producir gases de efecto invernadero y generar todos los efectos negativos de un mal control de los residuos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se incrementen los recursos destinados a la construcción de centros intermunicipales para el tratamiento integral de residuos sólidos, rellenos sanitarios y para la elaboración de planes de manejo y gestión de residuos sólidos urbanos en toda la República.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a asignar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, recursos para las siguientes acciones y obras, en el Estado de Michoacán:

a) 12 millones de pesos para la construcción del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Cotija, Michoacán.

b) 5 millones 550 mil pesos para la construcción del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Huandacareo-Morelos en el municipio de Huandacareo, Michoacán.

c) 12 millones 162 mil 214 pesos para la construcción de la segunda etapa del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos en el municipio de La Piedad, Michoacán.

d) 40 millones de pesos para la construcción de un relleno sanitario en el municipio de Uruapan, Michoacán.

e) 43 millones 221 mil 960 pesos para el Plan de Manejo y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Zamora, Michoacán.

Notas:

1 El porcentaje total de disposición final no llega al 100 por ciento debido a que una porción de los RSU es reciclada.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Rellenos sanitarios y de tierra controlados por entidad federativa, 2006. Consultado en línea, disponible en www.inegi.org.mx

Dado en Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: De igual manera se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con  punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para atender los requerimientos de los trabajadores de la Delegación de Inspección y Vigilancia de la Profepa, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Indira Vizcaíno Silva, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones

Exposición de Motivos

A nivel mundial los riesgos de trabajo, constituyen para la salud de los trabajadores, uno de los problemas actuales de mayor significancia. En estos últimos años en nuestro país, los porcentajes de accidentes y los riesgos de trabajo han ocupado un lugar relevante, en comparación con otros países de nuestro continente; constituyéndose en un problema de salud pública que se debe tomar con la debida seriedad y por ende ser atendido de la manera más adecuada, dadas las implicaciones que éste conlleva tanto para la salud de los trabajadores, como para la productividad nacional y de la sociedad mexicana en su conjunto.

La Organización Internacional del Trabajo, dio a conocer un reporte en el que indica que cada año, 2 millones de personas pierden la vida en accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, 270 millones de personas se lastiman por accidentes de trabajo y 160 millones padecen enfermedades relacionadas con el trabajo. En países desa-rrollados, el índice de muertes por accidentes de trabajo, es cinco veces mayor respecto a los países en vías de desarrollo.

Aun existiendo en nuestro país, la legislación de protección a los trabajadores, como lo es particularmente la Ley Federal del Trabajo, dado que los elementos de las relaciones obrero-patronales tienen su finalidad en la equidad de ambas; existen casos en los cuales las relaciones laborales son inadecuadas, es decir, se incumple con las prerrogativas y prestaciones a las que los trabajadores tienen derecho.

Un ejemplo de ello es el caso de los trabajadores de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes de manera anómala, se encuentran excluidos del beneficio y compensación del denominado bono de riesgo, que si bien es cierto, si aplicáramos los conceptos de justicia social, equidad y transparencia, dichos trabajadores se verían favorecidos hasta por el 30 por ciento del pago extraordinario por riesgo.

Erróneamente, los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a nivel nacional, son considerados administrativamente como personal de enlace, de manera continua ellos realizan acciones de campo, en materia de protección a los recursos naturales y al medio ambiente, lo cual genera un riesgo constante de la integridad física y de salud de este personal.

Pero no solamente el riesgo es uno, existen múltiples factores de riesgo e inseguridad como los que a diario realizan como son: traslados por carretera y brechas, participando en trabajos en materia forestal, protección a la tortuga marina, cacería, fauna, silvestre, contingencias ambientales, derrames de sustancias químicas, entre otras; por lo que evidentemente existe un riesgo continuo hacia el personal operativo de inspección y vigilancia.

La problemática es añeja, el trato y consideración hacia estos trabajadores, ha sido por demás discriminatoria y violatoria de sus derechos laborales fundamentales, al no ser considerados para el pago por riesgo en el Presupuesto de Egresos de la Federación desde el Ejercicio Fiscal de 2005 a la fecha, no obstante que en las diferentes publicaciones y aprobaciones del PEF de las fechas señaladas, se ha publicado que:

• “En aquellos puestos de personal civil de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse un pago por riesgo de hasta 30 por ciento sobre la percepción ordinaria bruta mensual, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita la Función Pública, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario, observando lo dispuesto en el artículo 41 de este decreto”.Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, (DOF, 20 de diciembre de 2004, párrafo quinto, artículo 40).

• “En aquellos puestos de personal civil de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse un pago por riesgo de hasta 30 por ciento sobre la percepción ordinaria bruta mensual, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita la Función Pública, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario”.Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. (DOF, 22 de diciembre de 2005, párrafo tercero, artículo 40).

• “Los límites de percepción ordinaria neta mensual, por concepto de sueldos y salarios, autorizados para los servidores públicos de mando y personal de enlace de las dependencias y entidades, se detallan el anexo 15 de este decreto. Los montos presentados en el anexo 15 de este decreto, no consideran incrementos salariales para el presente ejercicio fiscal ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal. En aquellos puestos de personal civil de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo, hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual a que se refiere este artículo, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública, la cual evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo, y en su caso, autorizará el pago previo dictamen favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito presupuestario. Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones de los puestos conforme a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública, sujetándose a los límites máximos establecidos en el anexo 15 del presente Decreto, previo dictamen presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito público. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el presupuesto correspondiente”.Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007. (DOF, 23 de diciembre de 2007, artículo 20).

• “En aquellos puestos de personal civil de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo, hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual a que se refiere este artículo, en los términos y disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública, la cual evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago previo dictamen favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito presupuestario”.Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. (DOF, 13 de diciembre de 2007, párrafo tercero, artículo 19).

“Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se detallan en el Anexo 16 de este Decreto y en el tomo VIII de este Presupuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los tabuladores de remuneraciones para la Administración Pública Federal se presenta en el Anexo 16.1 de este Decreto, conforme a lo siguiente: b) Los montos máximos de percepciones extraordinarias que perciban los servidores públicos de la Administración Pública Federal que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas, se detallan en el Anexo 16.1.2. de este Decreto. En aquellos puestos de personal civil y militar de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Lo anterior, conforme a los límites establecidos en el Anexo 16.1.2. de este Decreto y a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública, la cual evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito presupuestario”.Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. (DOF, 7 de Diciembre de 2009, Artículo 22).

Por si fuera poco, adicionalmente en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, publicado cada año, contempla el otorgamiento del Bono de riesgo pero sólo al personal de mando, excluyendo a los de enlace, reiterándose al igual que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, las mismas irregularidades de exclusión para estos trabajadores.

Si nos circunscribimos a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en el artículo 123 Del Trabajo y de la Previsión Social, nos daremos cuenta que como lo señala en su fracción VII: “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”, deducimos la reciprocidad entre el salario y el servicio prestado, lo cual no existe en la estructura presupuestaria del sector del medio ambiente, un ejemplo de ello es la falta de pago del mencionado Bono de Riesgo y la falta de homologación de los salarios comparativamente entre trabajadores de la Profepa, Semarnat y la Conagua.

Por lo que es necesario se modifiquen estos esquemas evitando que este problema sobrepase la posibilidad de poner una solución adecuada a tiempo, relevando al patrón del incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades al respecto; dado que ellas se encuentran enmarcadas en las fracciones XIV y XV del Artículo 123 Constitucional y que a la letra dicen:.

• XIV. “Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario”.

• XV. “El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso”.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, incluya la partida presupuestal que contenga los recursos necesarios para atender los requerimientos de la delegación de los trabajadores de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en lo concerniente al pago del bono de riesgo al que tienen derecho.

Segundo.Que sea modificado a favor de los trabajadores de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el concepto de pago de riesgo tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos,para que se evite el sesgo en la aplicación del concepto de Pago de Riesgo, a favor del personal de enlace de la Profepa.

Tercero.Que se adecúe y se revise a fondo, la Estructura Presupuestaria del Sector de Medio Ambiente, dadas las irregularidades que existen al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido a la omisión del pago del bono de riesgo y a la homologación de los salarios comparativamente entre trabajadores de la Profepa, Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que desde hace aproximadamente diez años, los trabajadores de la Profepa, en el área de inspección y vigilancia, no han sido considerados para la obtención de incremento salarial alguno.

Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apoyar diversas universidades públicas y entidades administrativas de educación y cultura, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

La búsqueda de mejores niveles en calidad de vida y justicia social, exige un crecimiento económico estable; sin embargo, no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas favorables a ciertos entes, como ha sido el caso de nuestro país. Si bien la política social cumple un papel fundamental en nuestro país, en la actualidad no es capaz por sí sola de corregir tendencias adversas generadas desde el ámbito económico, como lo es pobreza, analfabetismo y últimamente el fenómeno de los ya famosos ninis.

El considerar que cuando se cuenta con la estructura social que permita la movilidad social y un contexto económico favorable, la educación constituye un factor fundamental para reducir las desigualdades sociales. De esta manera la política educativa puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo económico y social cuando forma parte de una política integral de desarrollo.

Si se parte de una consideración integral de desarrollo, la educación se convierte en el eje fundamental de esta dinámica, pues la educación conduce a la creatividad individual y mejora la participación en la vida social, económica, cultural y política de la sociedad, por lo que es necesario en el proceso de diseño de políticas públicas. La educación es un derecho humano básico; como derecho y bien público permite el ejercicio de garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política.

El sistema de educación y formación de México tiene grandes retos, es prioritario que se destinen los recursos que los rezagos actuales en este sector requieren. Pese a que en los últimos años el gobierno ha destinado un porcentaje mayor del gasto para la educación, este incremento no ha propiciado los estándares deseados.

Los niveles requeridos para el gasto en educación según los estándares internacionales y la propia Ley de Educación de México debe de ubicarse al menos en el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos 5 años el país en promedio ha gastado anualmente un equivalente al 4 por ciento de este indicador.

La política de inversión en educación debe tener en cuenta las exigencias y problemática actuales. El último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arroja una serie de datos comparados sobre educación, con los cuales se puede comprender que existen insuficiencias importantes que es necesario atender.

En el país hay 4 millones 100 mil niños sin acceder a la educación básica (14.4 por ciento de la población en edad escolar), en lo que respecta a la educación media superior, la deficiencia es aún más aguda, actualmente el sistema educativo atiende tan solo al 55.7 por ciento de la población en edad de cursar este nivel, algo también muy lamentable es la bajísima cobertura en educación superior, que apenas alcanza el 23.7 por ciento.

En lo referente al nivel de escolaridad, el 28.5 por ciento de la población de 15 años y más no cuenta con instrucción o con primaria incompleta, el 24.4 por ciento terminó la primaria y cuenta con secundaria incompleta, el 19.3 por ciento culminó la secundaria, el 16.8 por ciento cursó la educación media superior, y únicamente el 11 por ciento de esta población ha cursado la educación superior.

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el índice de alfabetización de 1990 a 2003, se ha incrementado notoriamente de 87.4 a 91.7 por ciento, sin embargo, hay marcados contrastes entre las entidades federativas, así tenemos a Oaxaca, Guerrero y Chiapas con los niveles más altos de analfabetismo.

México ha aumentado su gasto total en un promedio por estudiante aproximadamente en un 20 por ciento, sin embargo esto no ha sido la proporción que se necesita, en el país el gasto por alumno en primaria (1,467 dólares) no representa ni la cuarta parte del promedio de la OCDE, el indicador en secundaria es de un tercio del promedio (2,368 dólares) y en el nivel superior es un poco más de la mitad del promedio (6,074 dólares).

El sistema de educación tiene que centrar sus estrategias, en la aplicación de la Ley General de Educación específicamente en destinar el 8 por ciento del PIB en el gasto educativo, y con esto contribuir a:

• La obligatoriedad del artículo 3 constitucional;

• Construir, rehabilitar y mantener más aulas y espacios educativos; y,

• Hacer permanentes y mejores los programas de formación y actualización profesional.

El activo más valioso que posee un país no son sus riquezas naturales sino sus recursos humanos y por ello toda persona debe recibir educación y formación para ir tan lejos como sus capacidades personales se lo permitan. La sociedad tiene que ofrecer la posibilidad de formación humana durante toda la vida, no basta que un niño reciba educación sólo cuando es pequeño, la educación debe ser durante toda la vida, sin restricción alguna.

Consideraciones

Es por estas necesidades que presento las siguientes consideraciones a fin de que se tomen en cuenta para que se retomen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en este PEF de 2011.

Las necesidades son las siguientes

Respaldar el acuerdo institucional realizado entre autoridades, sindicatos académicos y administrativos y del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Universidad Autónoma de Chapingo se propone una ampliación de 1,249 500,000.00 de pesos (un mil doscientos cuarenta y nueve millones, quinientos mil pesos m.n.) que se asignará de la siguiente manera

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se solicita una ampliación en su presupuesto por la cantidad de 230 000,000.00 de pesos (doscientos treinta millones de pesos) distribuido en los siguientes rubros

Para la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) solicita una ampliación presupuestal por una cantidad de 1, 405 000,000.00 de pesos (un mil cuatrocientos cinco millones de pesos m.n.) para aplicarse en los siguientes rubros.

Para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) incremento de 317 520 690.00 de pesos (trescientos diecisiete millones quinientos veinte mil seiscientos noventa pesos con cuatro centavos m.n.) a distribuir en los siguientes rubros

Para el Centro Nacional de las Artes (CENART) una partida para la equiparación salarial al catalogo de puestos, el monto solicitado es de 12 303,762.00 de pesos (doce millones trescientos tres mil setecientos sesenta y dos pesos con setenta y dos centavos m.n.)

Para el personal de Bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios de Iztapalapa se solicita una ampliación de 13 503,268.61 de pesos (trece millones quinientos tres mil doscientos sesenta y ocho pesos con sesenta y un centavos m.n. a distribuir en los siguientes rubros.

Para los Trabajadores de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) solicitan equiparación salarial con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura una cantidad de 58 000,000.00 de pesos (cincuenta y ocho millones de pesos m.n.)

Para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS DF) solicitan una cantidad de 1,065 000,000.00 de pesos (un mil sesenta y cinco millones m.n.) a distribuir en los siguientes rubros

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que incluya en el presupuesto de egresos del año 2011, recursos económicos suficientes para apoyar a diferentes universidades públicas (Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Zacatecas) y entidades administrativas de educación y cultura de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para sus efectos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar trabajos dirigidos a mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en Juchitán, Guerrero, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Guerrero es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, conforma las 32 entidades federativas de México. Tiene una superficie territorial de 64.281 kilómetros cuadrados, en la cual viven poco más de tres millones de personas.

El estado de Guerrero está dividido en 7 regiones que concentran 81 municipios; estas regiones se distinguen por diversos rasgos económicos, sociales, culturales y geográficos, y son las siguientes:

Acapulco, compuesta sólo por el municipio homónimo, que fue separado de la Costa Chica debido al desarrollo que tenía, a diferencia del resto de la región;

Costa Grande, compuesta por ocho municipios;

Centro, compuesta por trece municipios;

La Montaña, compuesta por diecinueve municipios;

Norte, compuesta por dieciséis municipios;

Tierra Caliente, compuesta por nueve municipios; y

Costa Chica, compuesta por quince municipios, entre los que se encuentra Juchitán.

Juchitán es uno de los últimos municipios creados en el estado de Guerrero y uno de los 81 municipios de éste. Se localiza al sureste del estado. Forma parte de la región geoeconómica y cultural de la Costa Chica; en dicha entidad y su cabecera es la población del mismo nombre. Limita al norte con los municipios de Marquelia y Azoyú, al sur con Azoyú y Cuajinicuilapa, al este con Azoyú y al oeste con Marquelia.

Juchitán se creó a partir del decreto número 206, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el viernes 5 de marzo de 2004, al segregarse del municipio de Azoyú. Por ello adquiere la denominación de municipio de reciente creación en Guerrero.

De acuerdo con los resultados del segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio tenía hasta ese año un total de 6 mil 240 habitantes; de ellos, 3 mil 16 eran hombres y 3 mil 224 mujeres.

El municipio de Juchitán está integrado por 21 localidades; de ellas, sólo la cabecera municipal supera los 2 mil 500 habitantes. Las principales localidades y su población son las siguientes:

Total del municipio: 6.240

Juchitán: 2.944

Agua Zarca: 992

Carrizalillo: 584

El Aguacate: 297

San José El Capulín: 210

Este es uno de los municipios que ha tenido severos problemas por carecer de infraestructura básica, primordialmente en las localidades de El Aguacate, Carrizalillo, Barrio Nuevo, Los Pelillos y Llanos del Coco; por lo que se busca dotarle de mejores servicios en busca de una mayor calidad de vida para sus habitantes, sobre todo porque su índice y grado de marginación como municipio,según el índice nacional de marginación, es 1.23679: muy alto;clasificación que lo sitúa como el municipio numero 33 en el contexto estatal y en el lugar 290 en el ámbito nacional respecto a los 2 mil 445 municipios que existen en el país.

Por ello, hacemos manifiesto que el presupuesto estimado para realizar los trabajos de obras de agua potable, drenaje, sistema de saneamiento y construcción de baños ecológicos biogestor es el siguiente:

Cabe hacer mención que el techo financiero asignado a ramo 33 para este municipio es muy poco para la ejecución de trabajos y prestación de servicios; lo que se traduce en falta de caudal económico por lo que no se alcanzan a cubrir las necesidades prioritarias existentes en las comunidades pertenecientes a esta jurisdicción.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, LXI Legislatura, honorable Cámara de Diputados, integrantes de distintos grupos parlamentarios, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.A través del gobierno del estado de Guerrero se asigne el presupuesto necesario y que requiere el honorable ayuntamiento municipal constitucional de Juchitán, Guerrero, para que sea utilizado de manera precisa en la ejecución de trabajos y obras referentes a mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, en las localidades de El Aguacate, Carrizalillo, Barrio Nuevo, Los Pelillos y Llanos del Coco, en busca de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y de Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos del Seguro Médico para una Nueva Generación a apoyar y fomentar la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política, en el capítulo de garantías individuales, artículo 4o. Más aún: se especifica que los niños “tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

Lograr el desarrollo integral de los niños implica que tengan igualdad de oportunidades desde el nacimiento para que puedan desarrollar todo su potencial desde los primeros años de vida, por lo que propiciar un correcto desarrollo psicomotor se vuelve relevante.

La estimulación temprana es el conjunto de acciones que se realizan desde la gestación del niño y a lo largo de los primeros años de vida, por los padres o los encargados de su cuidado, con el propósito de exponerlos a experiencias que favorezcan el desarrollo psicomotor.

Los estímulos externos bien dirigidos son de gran importancia para potenciar el crecimiento y desarrollo del menor. A su vez, la vigilancia del crecimiento y desarrollo permite la detección oportuna de las desviaciones en este proceso.

Entre las actividades consideradas en los programas de salud del niño de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentra la vigilancia del crecimiento y desarrollo, vinculada al fomento de la estimulación temprana, para el grupo de menores de dos años de edad.

Un elemento innovador en este programa es dirigir acciones a todo el grupo poblacional menor de dos años, con intervenciones diferenciadas hacia las niñas y los niños con factores de riesgo para el desarrollo, pues la mayoría de experiencias referidas a estimulación temprana se han orientado principalmente a niños con alteraciones en el desarrollo. Sin embrago, hoy se toma en cuenta que un niño sano puede ser afectado por la pobreza, el rezago cultural y educativo y la incertidumbre de la madre hacia la crianza, favoreciendo enfermedades, desnutrición y, por tanto, retraso en el desarrollo.

En el siglo XX, el médico inglés William Little describió la parálisis cerebral como una consecuencia del daño cerebral adquirido al nacer; poco después descubrió que la causa era asfixia perinatal. Sigmund Freud demostró que las primeras experiencias y relaciones afectivas dejan permanente influencia en el ser humano. Jean Piaget demostró que el de-sarrollo psíquico del niño empieza el primer día de vida, la inteligencia progresa dinámicamente en relación con el ambiente y los estímulos, factores que favorecen o limitan la calidad de vida.

Diversas investigaciones en el campo de las ciencias en los ámbitos nacional e internacional han demostrado la importancia de la atención temprana en las capacidades del ser humano para lograr un mayor y mejor desenvolvimiento de las potencialidades desde la niñez. Por eso, los periodos de gran vulnerabilidad “críticos” son determinantes para el funcionamiento adecuado de los sistemas sensoriales, así como para la ejecución de patrones de conducta compleja, de manera que la alteración de una o varias modalidades sensoriales (por ejemplo, visión, audición, tacto, propiocepción) o de la experiencia social en esta etapa de la vida, puede ocasionar alteraciones funcionales irreversibles.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las muertes neonatales representan actualmente alrededor de 40 por ciento de las defunciones de niños menores de cinco años en el mundo y más de la mitad de la mortalidad de lactantes.

En el país, pese a que las muertes por asfixia del recién nacido proporcionalmente son pocas respecto a la mortalidad infantil general (2.3 por ciento), la mayoría puede ser prevenible. Sin embargo, es necesaria también mayor inversión en unidades de cuidados intensivos para tratar a los menores en condiciones de salud graves. Un gran reto será proporcionar equidad a la población asegurando que nacer en algún estado de la república no signifique un riesgo extra al basal. Hoy tenemos condiciones para favorecer el desarrollo psicomotor de los niños.

La estimulación temprana permite el desarrollo de la coordinación motora, empezando por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando con la madurez del tono muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los músculos. Al mismo tiempo, ayudará a desa-rrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria del cuerpo.

Otro de los beneficios que se obtienen a través de la estimulación temprana es el desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. Se favorece el desarrollo de las funciones mentales superiores, como la memoria, la imaginación, la atención y el desarrollo del lenguaje. A nivel adaptativo, desarrolla en los niños confianza, seguridad y autonomía.

El gobierno federal instauró el Seguro Médico para una Nueva Generación como un seguro de gastos médicos voluntario para los nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 y sus familias que no estén afiliados a ninguna institución de seguridad social. Entre sus objetivos se encuentran reducir la carga de enfermedad y discapacidad en los recién nacidos y contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables durante los primeros años de vida (http://www.saludzac.gob.mx/seguro/smng.htm).

Si se quiere cumplir tales objetivos, es necesario que en el Seguro Médico para una Nueva Generación se fomente entre las familias la estimulación temprana.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar o destinar recursos específicos en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para fomentar la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor adecuado en el rubro del Seguro Médico para una Nueva Generación en los menores de dos años de edad.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el dictamen del Presupuesto de Egreso de la Federación de 2011 recursos para aumentar la capacidad de unidades de cuidados intensivos neonatales en las diferentes instituciones de salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para sus efectos.

ARTICULO 35 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió solicitud de excitativa de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, a solicitud de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, solicito respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva para que en uso de sus atribuciones excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación para que emitan dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Gobernación a nombre de la Cámara para que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segundo. Es el caso, que el 15 de octubre del año 2009, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó, para los efectos legales correspondientes, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura.

Tercero. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa en comento a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Gobernación.

Cuarto. Que la situación que guarda la iniciativa es que se encuentra en análisis y pendiente de dictaminación.

Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión:

Único. En los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación para que emitan dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por la suscrita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para que emitan el dictamen correspondiente.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia?

Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 448 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Informo a la asamblea que se encuentran de visita en este recinto alumnos y personal docente de la escuela secundaria técnica No. 115, Tenochtitlán, de Ixtapaluca, estado de México, invitados por nuestro compañero diputado Armando Corona Rivera.

También se encuentran entre nosotros, en su calidad de visitantes distinguidos, alumnos y personal de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la licenciatura en derecho, todos son invitados del diputado Héctor Guevara Ramírez. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Reanudamos con la parte de dictámenes. Nos quedamos en la presentación de una moción suspensiva por parte de la diputada Incháustegui respecto del dictamen a discusión.

Les pregunto a los diputados del PRD si vamos a proceder con la moción suspensiva. Me comentan que no se procederá.

Reanudamos la sesión. Estamos con el dictamen a discusión en lo general y en lo particular para adicionar un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social.

Se han inscrito en contra los diputados Gerardo Fernández Noroña, Teresa Incháustegui Romero, Emilio Serrano Jiménez, Leticia Quezada Contreras y Balfre Vargas Cortez.

A favor, el diputado Pablo Escudero Morales y el diputado Julián Velázquez y Llorente.

Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña para posicionar en contra.

Se inscriben a favor la diputada Janet González y el diputado Malco. Gracias.

Diputado Fernández Noroña, hasta por 5 minutos, si es tan amable.

El diputado Guerra Abud en pro. El diputado Verver y Vargas en contra. Les recuerdo que son hasta seis oradores en contra y seis oradores a favor. Diputado Cárdenas y diputado Muñoz Ledo en contra.

Adelante, señor diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias. Compañeros diputados, compañeras diputadas.

Esta iniciativa que se va a votar ya había sido presentada y fue retirada para tratar de lograr resolver preocupaciones de compañeros legisladores y compañeras legisladoras en torno al tema.

La preocupación es legítima. Hay un desabasto que el Seguro Social reconoce de 3 por ciento en el medicamento —creo que es mucho mayor— y ese desabasto regularmente tiene que ver además con medicamento que es caro, para enfermedades crónico degenerativas y cosas de esa naturaleza. Así es que la preocupación es legítima.

La salida no la compartimos. Darle un vale a la gente para que vaya por el medicamento es fortalecer el proceso de desmantelamiento y de privatización de la seguridad social. Es una medida que está atacando uno de los efectos más claros de la problemática del Seguro Social: el desa-basto del medicamento, pero no el único.

Yo les puedo decir con autoridad, porque les recuerdo que yo renuncié al seguro médico privado, que este año he sido atendido dos veces en el Seguro Social, muy bien atendido por el profesionalismo de los médicos, de las enfermeras, del personal de la institución.

Pero las estructuras, los edificios se están cayendo. La gente está haciendo el trabajo con las uñas. El número de derechohabientes que piden atención en segundo y tercer nivel y que están esperando su turno es altísimo.

Lo que hay es un problema muy serio del funcionamiento de la seguridad social porque se ha venido ahogando, porque las prioridades de estos gobiernos de derecha han sido la militarización del país y no la salud, la educación, el empleo y las mejores condiciones de vida de la gente.

Por todas estas razones, instrumentos muy importantes de redistribución de la riqueza como son las instituciones de seguridad social se han venido desmantelando. Su servicio está cada vez en mayores dificultades.

Este tema de los vales les va a abrir un boquete adicional porque van a acabar comprando medicinas a precio de mercado. Los vales no van a generar que el medicamento, caro de por sí, que es el que no se está abasteciendo, se compre de mayoría y a precio que tiene preferencial una institución como es el Seguro Social sino que va a acabar en negocios de los que siempre están negociando con las necesidades del pueblo de México.

Y, queriendo resolver un problema —si es ésta la preocupación aquí planteada por esta iniciativa—, lo único que harían sería ponerle un parche y abrirle una sangría económica mucho mayor al Seguro Social.

Reitero, no hay duda de que se comparte la indignación de que los mexicanos y las mexicanas asegurados en el Seguro Social no estén recibiendo el medicamento y deben recibirlo.

El vale no es la solución al problema del desabasto, el Seguro Social durante décadas funcionó sin problemas de abasto. La pregunta es: ¿por qué ahora tiene un problema de abasto? ¿Un vale resuelve el problema de abasto? Es ése en realidad el problema, que no se les ha ocurrido a las autoridades la manera de resolver esto que aparece como un problema de abastecimiento.

No, no es un problema de abastecimiento, es un problema de la crisis que están viviendo las instituciones de seguridad social, particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que no se están atendiendo bien.

Es un problema de financiamiento, es un problema de recursos insuficientes, es un problema de corrupción, es un problema de negligencia, es un problema de abandono, es un problema que tiene una raíz muy profunda y que no se resuelve con un parche.

Me temo que se está haciendo demagogia de algunos con el tema. Porque, además, muchos ni siquiera conocen esta institución. Por supuesto que no se atenderían ni amarrados en ella. Por eso tienen su seguro privado, para recibir atención diferente.

Tendrían mucha autoridad si fueran al Seguro Social a recibir el servicio. Tendrían mucha autoridad si conocieran lo que padece ahí la gente verdaderamente. Tendrían mucha autoridad si vieran a los trabajadores y vieran cuál es la situación de dificultades con que se atiente permanentemente la demanda, pero no se tiene autoridad cuando no se es parte de la institución.

Hay quien ha trabajado ahí, la conoce, la ama, tiene compromiso con ella y por estas razones debería plantearse una situación diferente, de fondo, verdadera, comprometida. No es este parche del vale, no es con ofertas electorales como vamos a resolver los verdaderos problemas que tiene la seguridad social en el país.

Por estas razones yo manifiesto no sólo mi desacuerdo sino mi determinación de votar en contra de esta iniciativa.

Por su atención, muchas gracias compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Fernández. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Pablo Escudero Morales.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, presidente.

Yo voy a proponer una modificación, pero antes de eso quisiera comentarle a mi amigo el diputado Noroña, como decimos hace un rato, que yo sí conozco a la institución, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuve el privilegio —y lo digo así—, el privilegio de haber trabajado más de 5 años en el Instituto, de conocerlo bien, de haberme atendido ahí, una gran institución, grandes médicos. Lo que no comparto es si ésta es la solución o no.

Yo creo que a un problema definido, concreto, sí es la solución, pero también le tomo la palabra al diputado Noroña para después de este gran paso que vamos a dar, ponernos a trabajar en una iniciativa completa y que empiece a buscar la solución integral de todos los problemas que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. No reconocerlo sería no reconocer la realidad de una gran institución.

Dicho lo anterior, presidente, quisiera proponer la siguiente modificación como debe decir:

La asistencia farmacéutica a que se refiere el primer párrafo de este artículo, proveerá a los derechohabientes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del Instituto. Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farmacias del Instituto. En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del Instituto no cuenten con el abasto suficiente para el surtimiento de las recetas, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Instituto, se procederá al surtimiento de las mismas utilizando cualquier medio de cambio electrónico o convencional como vales, bonos, tarjetas o algún otro mecanismo oficial que se entregara al asegurado para garantizar su derecho a los medicamentos y agentes terapéuticos, en los términos de las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y en los años subsiguientes, conforme a lo establecido por el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social incluirá en su informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, el estado que guarda el abastecimiento de medicamentos en las farmacias y hospitales del Instituto, aportando elementos de juicio para conocer si la estrategia institucional es suficiente para cubrir la demanda de medicamentos a nivel nacional.

Tercero. En un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de presente decreto, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá publicar las disposiciones de carácter general a que hace mención el párrafo tercero del artículo 91 de la Ley del Seguro Social.

Es cuanto, señor presidente y estoy entregando por escrito esta modificación. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

El diputado Pablo Escudero Morales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulo ante este Pleno reserva al dictamen con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de otorgar vales de medicinas a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para el caso de desa-basto de medicamentos, que presenta la Comisión de Seguridad Social, para quedar como sigue:

Artículo 91. ...

...

La asistencia farmacéutica a que se refiere el primer párrafo de este artículo, proveerá a los derechohabientes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del Instituto. Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farmacias del Instituto. En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del Instituto no cuenten con el abasto suficiente para el surtimiento de las recetas, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Instituto,se procederá al surtimiento de las mismas utilizando cualquier medio de cambio electrónico o convencional como vales, bonos, tarjetas o algún otro mecanismo oficial que se entregará al asegurado para garantizar su derecho a los medicamentos y agentes terapéuticos, en los términos de las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Transitorios

Primero. ...

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y en los años subsiguientes, conforme a lo establecido por el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social incluirá en su informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, el estado que guarda el abastecimiento de medicamentos en las farmacias y hospitales del Instituto, aportando elementos de juicio para conocer si la estrategia institucional es suficiente para cubrir la demanda de medicamentos a nivel nacional.

Tercero. En un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de presente decreto, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá publicar las disposiciones de carácter general a que hace mención el párrafo tercero del artículo 91 de la Ley del Seguro Social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, para alusiones.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias. Compañeros, compañeras, muy puntual, no espero gastar los 5 minutos de mi tiempo por la alusión.

Solamente compartir que acepto la invitación del diputado Escudero. Aquí estamos haciendo un compromiso público de trabajar alguna iniciativa para fortalecer verdaderamente la seguridad social. Creo que atraviesa por uno de los momentos más críticos y graves de la historia del país. Me parece que si se comparte la preocupación, alguna cosa buena tiene que salir de esta Cámara, porque salen puras cosas del redemonio para el interés nacional. La verdad sea dicha.

Ahora que se volvió a reconciliar la cúpula del PRI con la cúpula del PAN, que se agarre el pueblo de México, porque puras fregaderas van a salir de aquí.

Ahí vienen ya con la Ley Federal del Trabajo. Ahí vienen con la Ley de Asociaciones Públicas Privadas. Ahí vienen a seguir con el desmantelamiento del Petróleo. La privatización de la industria eléctrica. Caray, que terrible la situación que estamos viviendo.

Lo comentamos fuera de tribuna y creo que es un buen elemento. Finalmente quiero plantear que el diputado Escudero comentó aquí que él pensaba que sí era una solución y pensé que le iba a dar tiempo para explicarnos por qué sí es una solución, porque no lo es. Es un parche la iniciativa. Decía mi abuela que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Me parece que cualquier procedimiento que abra a la iniciativa privada el abastecimiento, imagínense, con este gobierno usurpador que todo negocia, que de todo saca comisiones. Es el antirrey Midas Calderón, lo que toca lo hace pomada.

Cualquier iniciativa por buena que fuera, la convierte en una perversión. Tiene una capacidad para pervertir las cosas impresionante Calderón. Si no, que se lo pregunten a los chuchos en el PRD. Ya estaban medio maleadones, pero ahora que los tocó Calderón está fatal el asunto.

Yo termino planteando que este parche no resuelve. Va a abrir un mayor problema de recursos en el Seguro Social que pone el negocio del abastecimiento del medicamento en manos privadas y al rato los pobres derechohabientes van a andar con vales por todos lados, porque se va a seguir agudizando el problema de abastecimiento del medicamento.

Con toda lealtad hemos planteado aquí nuestras preocupaciones, nuestros puntos de vista. Es un debate en donde al final esta soberanía tiene la decisión, que ya con el restablecimiento de la cúpula del PRI y el PAN, ya sabemos cuál es, pero nuestro derecho a manifestar nuestra divergencia sobre ello está en pie. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Gerardo Verver y Vargas.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante que sigue siendo la salud. Pero aquí en vez de prevenirla se trata de curarla. Y para curarla son indispensables los médicos y las medicinas para que esto suceda.

En nuestro país, las instituciones de salud y en el caso concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha caracterizado para obtener un promedio de 40 millones de mexicanos.

En su atención, la atención médica ambulatoria, o sea, de las personas que van, consultan y se van a la casa es el 80 por ciento de las personas que deciden irse a atender médicamente. El abasto de medicamentos que dice tener el Instituto Mexicano del Seguro Social lo manifiesta en un 95 por ciento. Aquí estoy totalmente de acuerdo, diputado Pablo Escudero, que debemos revisar cuidadosamente el funcionamiento del IMSS, y de ahí parto.

Este año la asamblea anunció que tuvo que utilizar sus reservas económicas para poder seguir prestando servicios. En ese sentido, toda ley que tiene un impacto económico es fundamental revisarla con cuidado y con lupa.

Voy a ponerles un ejemplo concreto. Ustedes conocen el paracetamol gotas. Ése medicamento a costos gubernamentales en una licitación seria y transparente —que ojalá sean todas así— anda costando aproximadamente 90 centavos. Vamos a la farmacia cuesta 6 pesos, eso indica que esta ley tiene un impacto económico definitivo por la falta de eficiencia y eficacia que tienen algunas instituciones de salud en el surtimiento de los medicamentos, de tal manera que tendríamos que incrementar el presupuesto.

Cuando se dicta una ley se recomienda que lleve el remedio y el trapito. Si tiene impacto económico cuánto va a costar y de dónde va a salir el dinero. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene recursos para operar y todo el dinero que se supone que iba a comenzar a utilizar de sus reservas a partir del 2017 lo tuvo que comenzar a usar desde ahorita, aquí lo interesante es de dónde va a salir ese recurso.

Creo y estoy muy seriamente comprometido a que es un modelo interesante de transferir la riqueza del instituto a otros grupos de nuestro país.

Creo que es una manera muy sincera y muy legítima de utilizar algo muy sensible que es la necesidad del surtimiento del medicamento para fines económico-comerciales. Lo tengo que señalar ahí.

La transparencia en las licitaciones en todas las instituciones que compran medicamentos es fundamental. Creo que tenemos que trabajar en eso, en la reestructura fundamental de ello. Por eso haciendo esta reflexión, en el PRD llegamos a la conclusión de que hacer estas decisiones lleva dos vertientes, una vertiente económica y una vertiente social.

La vertiente social de llevar los medicamentos a todas y a todos es legítima, y por qué a las instituciones que tienen ese tipo de estructura no las comprometemos a que lo hagan y lo hagan bien.

La vertiente económica significa: qué monto implica esto ante estas circunstancias.

Esto hace la reflexión del partido para decidir en una situación legítima, y quiero decir legítima de que la gente tenga médicos y medicinas, que la manera de arreglar la ineficacia y la ineficiencia no signifiquen privatizar la distribución de los medicamentos en nuestro país para ponernos en contexto.

La medicina, la industria quimicofarmacéutica se ha convertido en la segunda industria más importante del mundo, que genera dividendos su fabricación y su distribución.

Simplemente enciendan la tele en la mañana y se van a dar cuenta cuántos han volteado a ver su cara ahí, para hacer negocio con esto, y creo que México lo que necesita es salud.

El ejemplo es bueno, reconozco el esfuerzo del partido que toma la decisión de hacerlo, pero creo que tenemos que buscar una solución que no impacte en las economías de nuestro país y que haga más eficientes y eficaces los recursos ante la incapacidad que tienen algunas personas que creo que pensando en buena fe así o pensando de otra fe, la necesidad que tienen otros, de aumentar sus ingresos.

Ojalá y lo reflexionen. El PRD votará en contra ante esta circunstancia. Y estamos abiertos a revisar esta situación, porque creo que la seguridad social debe revisarse y adecuarse a los tiempos modernos. Gracias.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Verver por su intervención. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, para hablar en pro del dictamen, el diputado Julián Velázquez y Llorente, del Partido Acción Nacional.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Con su venia, señor presidente. Desde luego que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un producto acabado de la seguridad para la redistribución de la riqueza social que es la salud, en gran mayoría de mexicanos que forman la clase trabajadora.

Sin embargo, en efecto, hay quejas que son reiteradas de los usuarios y específicamente se refieren a la carencia de medicamentos.

Es decir, de nada sirve que se atienda oportunamente a los derechohabientes, que se les haga un excelente diagnóstico y ahí quiero decir que hay excelentes médicos, excelentes enfermeras y no porque sea un jubilado del Seguro Social. Trabajé en el Seguro Social 30 años atendiendo niños y hay muchos mexicanos beneficiados por esta institución.

Tenemos que cerrar el círculo virtuoso de la consulta médica que derive en una identificación oportuna de los síntomas y signos para establecer un diagnóstico precoz y por ende un tratamiento oportuno, lo cual implica un proceso con el uso orientado de los auxiliares de diagnóstico y finalmente el empleo de medicamentos oportunos, específicos, es decir, un buen tratamiento.

Parece que todo va bien y no habría ningún problema que cuando no se tiene el medicamento se expidiera un vale para que le sea surtido este medicamento ya sea —y aquí yo agregaría esto— en una institución gubernamental o pudiera ser también en el sector privado, pero previo acuerdo del costo de esos medicamentos.

Desde luego se corren riesgos como es el de inflar importantemente los costos en la compra de medicamentos —ya lo mencionaba el doctor Verver, quien me antecedió en el uso de la palabra—, y en esto habrá que tener especial cuidado en las reglas de operación para impedir este tipo de lucro.

Es frecuente que falten los medicamentos, especialmente los más usados, en el síndrome metabólico, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, y habría que exhortar a las dependencias que atienden a los pacientes a que, con el conocimiento epidemiológico que tienen y la demanda de los servicios realicen, como es obligación administrativa, un ejercicio de planeación integral que debe formar parte de su trabajo cotidiano, de tal forma que estos vales fueran los menos, fueran la excepción y no fueran la regla.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul del diputado Gerardo Verver, por favor.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Al diputado, respetuosamente, que, si terminando su intervención pueda yo intervenir por alusiones, si fuera usted tan amable.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se registra su solicitud. La diputada Claudia Anaya desea hacer uso de la palabra.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Solicitarle al diputado, respetuosamente, si me acepta una pregunta.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Con todo gusto, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Con el objetivo de razonar mi voto, porque yo voto según me dicta mi conciencia y no como me ordenan, que creo que no es algo que puedan decir todos aquí, quisiera que me explicara si no es más viable, más sano para la finanza pública del país y también para la atención del derechohabiente, que ahora que estamos construyendo la ley de egresos se amplíe el presupuesto del Seguro Social y sobre todo se fortalezca el rubro de medicamentos y atenciones, que buscar esta otra alternativa que me parece que sí pudiera provocar sobre todo desvíos, desfalcos y cuestiones de transparencia. Gracias.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:No entendí bien su pregunta. ¿Qué es exactamente lo que pregunta?

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Que si no es mejor ampliar el presupuesto del Seguro Social, fortalecer el ramo de medicinas, medicamentos, que permitir esta otra compra externa como fuera del trámite normal, el curso normal que debe llevar un medicamento.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Ésta pudiera ser una alternativa, en efecto. Aquí en mi participación estoy haciendo un planteamiento de facturación cruzada entre instituciones. Si me permite continuar.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe el orador, por favor.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Dice: si bien se ha avanzado cuantitativamente en la búsqueda de la cobertura universal de salud, ahora hay que...

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Velázquez, perdón por interrumpir. La diputada Laura Itzel. Sonido a la curul de la diputada Laura Itzel. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Preguntar si me permite el orador formularle una pregunta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Velázquez y Llorente, la diputada Laura Itzel solicita hacerle una pregunta. ¿Está usted en disponibilidad de responderle?

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Con todo gusto, diputada.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Muchas gracias. La pregunta tiene que ver directamente con el dictamen, donde en el punto 6 se señala que debido al contrato único que se establece para la compra de medicamentos, en la actualidad se obtienen ahorros, y que de esos ahorros es de los que se va a comprar el medicamento ahora a las farmacias privadas, a través de los vales.

Quiero preguntarle dos cosas. La primera: si sabe cuál es el impacto que va a tener económicamente la compra de estos vales, ¿a cuánto asciende, para poder tomar una determinación de esta naturaleza?

En segundo lugar, preguntarle si no considera usted que es una contradicción el hecho de que en el mismo punto del dictamen se está planteando que haya ahorros producto de la compra de medicamentos y que con este ahorro se va a comprar a la industria privada, a través de los vales. ¿No sería mejor que con estos ahorros que obtiene el Instituto Mexicano del Seguro Social se compren más medicamentos por mayoreo, tomando en consideración estos contratos únicos? En lugar del menudeo que se pudiera estar considerando dentro de las compras, a partir de los vales.

Lo que quiero que me conteste es si no es una contradicción que teniendo ahorros, en lugar de que estos ahorros sirvan para mejorar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los cuales estaría la compra de la medicina, ¿por qué se está planteando que sea a través de los privados?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Eventualmente suena como una contradicción. Lo que tengo conocimiento, en relación a qué es lo que pasa en la operación cotidiana de las instituciones es, que aunque se tengan mecanismos de planeación bien elaborados de la potencial demanda que se tiene por determinados padecimientos, los procesos administrativos para las licitaciones generan atraso en el abasto.

Porque, a pesar, por ejemplo, de que en la mayor parte de los estados de la república se menciona un abasto mayor a 85 por ciento, muchas veces en oportunidad para lo que en ese momento requiere el paciente no se tiene el medicamento.

Entonces aquí es una de las propuestas que haré en mi presentación, se puede someter a un proceso de intercambio entre las instituciones públicas que hagan facturación cruzada de los medicamentos que, en un momento dado, por atrasos administrativos pudieran no tenerse y que se requieran para la atención de los pacientes.

—Si me permiten, sigo con mi presentación.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Hay que avanzar, desde luego, y se requiere la mejora de la calidad y la oportunidad de la atención, dándole a los pacientes la seguridad de que el acto médico per se debe otorgar, culminando desde luego, con el aporte de medicamentos al paciente.

Le parece a mi grupo, a nuestro grupo parlamentario, que esta respuesta que se le dé a los derechohabientes y sus familiares es un paso, es un paso desde luego importante para poder así culminar el acto médico de atención primaria o secundaria en el área hospitalaria, en las especialidades básicas o de alta especialidad.

Entonces valdría la pena mencionar que ojalá no solamente fueran medicamentos sino atención interinstitucional que se sustente administrativamente con ese proceso que menciono de facturación cruzada, para lograr con ello esta cobertura universal que tanto se ha planteado y que sería un acto de justicia para el pueblo de México.

Sin duda es un adelanto esta modificación, que atiende el respeto a la dignidad de las personas y la oportunidad en el manejo médico y creo que estamos cumpliendo los legisladores con proponer modificaciones que sirvan a todos los mexicanos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado ha concluido su tiempo. Lo que pasa es que el diputado Gerardo Verver y Vargas solicitó el uso de la palabra, y se le va a conceder por 5 minutos en la tribuna, por alusiones.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Gerardo Verver y Vargas, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, para intervenir por alusiones.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Agradezco al presidente, y me congratulo de tener la fortuna de tener un diputado como Julián aquí, porque él fue secretario de Salud en su estado. Es bien interesante porque nos da un panorama de lo que se está viviendo.

Les quiero decir que la intervención de él lo único que me permite es hacer otra reflexión dentro del marco de estas circunstancias.

Cuando se habla de medicinas y de medicamentos en las unidades médicas, se habla de circunstancias muy especiales. Las personas, y ahora con esto de que ya nos recogen la receta, estoy de acuerdo que se surtan los medicamentos si no es con receta médica, pero que nos regresen la receta, nos la sellen. Luego cómo sabemos cómo nos la vamos a tomar.

Creo que ahorita los medicamentos están siendo un punto interesante, atractivo, para los señores que se dedican a grandes proyectos empresariales.

Quiero comentarles que cuando surgió el seguro popular, en nuestro país surgieron infinidad de compañías que se dedicaron a tratar de comercializar medicamentos del seguro popular. Llegaban con los secretarios de salud y les deban las soluciones mágicas a esto. Algunos que no sabían vender medicina llegaban: dame 150 pesos por familia y te garantizo las medicinas. El monto para el estado donde yo vivía era aproximadamente de 180 millones de pesos que le íbamos a dar una persona para que nos garantizara el abasto donde fuera.

Llega otra empresa y nos diseña hasta un lugar muy bonito, muy ad hoc, dónde dar los medicamentos, un diseño ex profeso y termina siendo que era una empresa que se dedica a lavar dinero de otro lado.

Todo esto que les platico es lo atractivo y lo interesante que son los medicamentos, y específicamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el principal expendedor de recetas, producto de consultas médicas en nuestro país.

Yo creo y estoy de acuerdo en que debemos revisar muy seriamente esto a nivel de la institución. Revisar las condiciones de compra, revisar las condiciones de adquisición, de distribución y abasto, pero el tercerizarlo en circunstancias, se habla de circunstancias extraordinarias.

En circunstancias extraordinarias el Instituto ya tiene convenios con farmacias para compra de medicinas. Ellos ya saben comprarlas, las están comprando. Les podemos preguntar, y vean la cantidad de medicamentos que se compran. Creo que tercerizar esto y entrar en esta dinámica puede ser un costo financiero muy severo a las arcas de la institución.

Propongo, de verdad, aprovechando la exposición de Julián, de su reflexión y la mía, que lo que necesitamos es transformar verdaderamente la salud, porque aquí la atención médica en las unidades médicas tiene que ser con seguridad, calidad y trato digno, y el trato digno significa que donde fuiste, salgas con tu receta, tu atención médica y tus medicamentos. Creo que eso es fundamental que suceda en nuestro país.

Y revisar muy seriamente, con mano firme esto. El costo, calcúlenlo: un peso un paracetamol. Seis pesos, en el mercado. Estamos hablando de 600 por ciento más. Van a decir, el costo y la distribución, el costo de movimiento. Alguien que era de Baja California dice: me cuesta más caro llevarlo allá. ¿Y por qué entonces el otro Baja California nos argumentaba lo mismo?

Creo que puede ser una alternativa muy seria, el comenzar con este procedimiento. Y creo que nos tenemos que sentar acompañando al Ejecutivo a que resuelva el problema de la universalidad de los servicios de salud y que de verdad se haga una solución seria.

No están por encima de los intereses del país los intereses de personas en el poder, lo intereses de personas en el negocio. Muy amable, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado.

Informamos a esta honorable asamblea que se encuentran entre nosotros de visita en esta Cámara, funcionarios de las empresas Melco de México del Grupo Mitsubishi Corporation, invitados por un servidor. Les damos la más cordial bienvenida.

Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, para pronunciarse en contra.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con su venia, diputado presidente.

Según como lo dijo el diputado Escudero: son muy buenas intenciones. Ojalá y un día tuviéramos un servicio médico de calidad, suficiente y eficiente no solamente en el Seguro Social, en el ISSSTE y en otras instituciones.

Que lo mejor sería que tuviéramos un sistema único de salud en el país para que no hubiera diferencia de trato en las clases sociales.

Sin embargo, creo que es importante que analicemos que el director general del Seguro Social, el 27 de septiembre en la glosa del informe nos presenta datos muy importantes: 145.4 millones de recetas que han sido surtidas por el Seguro Social.

En el documento que nos presenta nos dice que el 3 por ciento no son surtidas por el Seguro Social. Esto representa —y hay que ser claros— un negocio de 313 millones 539 mil 600 pesos. Buen negocio. Es en lo que hay que profundizar.

Yo recuerdo cuando los bancos se iban a privatizar se decía que se robaban el dinero los gerentes, muy mal servicio en los bancos nacionales. Y cuando se privatizaron la gente dijo: “que se lo roben unos a que se lo roben otros, nos da lo mismo”.

Cuando Teléfonos de México tenía un pésimo servicio cuando era del gobierno, se dijo: “se va mejorar cuando se privatice”. Se privatizó Teléfonos de México. Lo mismo sucedió con Ferrocarriles Nacionales, el transporte del pueblo que ahora ya no existe. Se privatizó. Aeronaves de México también se privatizó.

Cuando se quiere privatizar algo se dice que no sirve lo que el gobierno está dando y en este caso se señala que el Seguro Social no está cumpliendo con su encomienda.

Le quiero decir, diputado Escobedo, que desde un principio en su exposición de motivos hubo un error. Dice que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI de Seguridad Social. No es de la Ley Reglamentaria, no es el apartado B, es el apartado A.

Recuerde que el apartado B es para los trabajadores al servicio del Estado y el Seguro Social se rige por el apartado A.

Yo veo en esto un gran negocio. En la LIX Legislatura hubo una intentona de que el Seguro Social, a través de la Cámara fuera la autorización, le comprara los medicamentos a Farmacias Similares. No se logró. Ésta es otra intentona.

Efectivamente, hay millones de recetas que no se surten por el Seguro Social. Pero, ¿por qué en lugar de privatizar, dar un servicio tercerizado, no obligamos al Seguro Social a que deje de hacer tranzas en adquisiciones? Porque nada más compran muchos, muchos medicamentos que no son surtidos, porque hay demasía, y dejan de comprar otros que son precisamente el 3 por ciento que hace falta.

Ahí está el negocio, en adquisiciones del Seguro Social. Creo que aquí nos debemos pronunciar, en esta Cámara, para obligar al Seguro Social a que compre las medicinas que hacen falta y deje de comprar las que no se requieren. Hace falta mejorar la calidad del servicio. Y nosotros, diputadas, diputados, no nos prestemos a un negocio más de la iniciativa privada a través del sector público. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Serrano. Para hablar en pro del presente dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Janet González Tostado, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Janet Graciela González Tostado:Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Su servidora, soy secretaria de la Comisión de Seguridad Social.

Éste tema ha sido muy discutido en la mesa con todos las diputadas y los diputados que pertenecemos a esta gran Comisión, y creo que es un tema muy difícil para todos nosotros. Pero todos sabemos que el Seguro Social tiene un gran desabasto y no es de ahora, ya tiene tiempo que está sucediendo esto.

He escuchado los comentarios de todos los diputados que me han antecedido, todos tienen mucha razón en lo que están comentando. Pero quiero comentarles que esta iniciativa de ley creo que va a dar resultado a la situación que se está viviendo en este momento. Yo estoy segura que no puede ser para siempre.

Por ese motivo tenemos que apostarle más, tenemos que ponerle más recursos a este rubro que estamos discutiendo. Creo que los mexicanos tienen derecho cuando llegan al Seguro Social, llegan con una enfermedad y les dan solamente dos medicamentos.

No es justo, no puede haber solución a una enfermedad cuando solamente te entregan uno o dos de los medicamentos que tú necesitas para realmente sanarte.

Hemos escuchado a muchos, muchos derechohabientes que se quejan porque no pueden aliviarse con solamente un medicamento. Sabemos que existe... Dicen que un 3 por ciento de desabasto. Yo estoy de acuerdo que es más y que no puede ser para siempre, pero que tenemos que dar una solución.

El PRI es un partido que tiene de verdad toda la responsabilidad, que cuando nosotros aprobamos algo es con profundo sentimiento, con toda la razón para atender la necesidad de todos los mexicanos. Nosotros no venimos a levantar la mano. Creemos que esto va a dar solución para que los derechohabientes tengan todos sus medicamentos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Un momentito, diputada, por favor. Sonido en la curul del diputado García Granados, por favor. Diputado García Granados, ¿con qué objeto?

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Para ver si me permite formularle una pregunta la diputada.

La diputada Janet Graciela González Tostado:Claro que sí, diputado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias.

Diputada, siendo miembro de la Comisión y secretaria de la Comisión, ¿puede explicarme por qué razón no aparece su firma en el dictamen?

La diputada Janet Graciela González Tostado:Diputado, quiero comentarle que yo he estado en todas. Puede usted checar mis asistencias, puede checar que he sido una diputada constante, que no he sido faltista en mi Comisión, que trabajo en tres comisiones y me gusta responder a ellas.

No está mi firma, pero defiendo lo que yo he aprobado. Por ese motivo estoy aquí. No soy una diputada que discute y que jamás asiste a sus comisiones. Estoy aquí porque yo sí asisto a mis comisiones cuando he sido convocada. Pueden checar mis asistencias, y por ese motivo vengo a defender este proyecto, que espero que sea momentáneo y que no sea para siempre.

Creo que el Seguro Social viene y nació con el Partido Revolucionario Institucional, y su finalidad es que todos los mexicanos tengamos seguridad social, que todos tengamos salud. Ésta es la finalidad, es la que tenemos que seguir y por tal motivo estoy a favor de que estos vales sean solamente para surtir aquellos casos donde el Consejo Técnico del Seguro Social tiene toda la responsabilidad de analizar, de checar que el cuadro básico se cumpla y que realmente los medicamentos lleguen oportunamente a nuestros derechohabientes. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada.

Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, para pronunciarse en contra del presente dictamen.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes diputadas, diputados.

Primero quisiera dejar con mucha claridad, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que compartimos la preocupación de la falta de medicamentos, sobre todo para los ciudadanos, para la gente. Es una preocupación correcta.

El resultado de esta preocupación que hoy nos lleva a votar o que por supuesto que nosotros votaremos en contra en esta iniciativa a modo, de una ley sumamente personalizada, porque es el resultado —lo que tenemos ahorita— de la pésima política social y la pésima política económica del gobierno en turno y aparte del legado que nos han dejado. Lo que se está sacando ahorita está cosechando la corrupción que existe.

¿El problema de fondo cuál es? La falta de medicamentos que es un problema grave por la corrupción que está profundamente enquistada en el sector salud. Ése es el problema de fondo. ¿Por qué no revisamos? ¿Por qué no vemos, como lo han dicho varios diputados que me han antecedido, revisar a fondo cuál es el problema que existe en el sector salud y no sacamos una ley a modo, una ley que se le da a un partido político en compensación a una serie de acuerdos que se están revisando?

El problema aquí es que tiene que ser una política universal. El Estado mexicano compra el 80 por ciento de los medicamentos a través del IMSS y del ISSSTE que siempre es mucho más económico, mucho más barato a mayoreo.

¿Qué va a ocasionar la venta de medicamentos a un costo mayor? De 60 centavos a 6 pesos, es decir, más del 600 por ciento se incrementará el costo de los medicamentos. Ésta no va a ser ahorita la solución, va a ser el inicio de un grave problema que se va a ir enquistando de nueva cuenta en el país.

El resultado de todo esto es que es el debilitamiento del Estado. Estamos ante un Estado que no es capaz de afrontar estos problemas y estamos ante una serie de cuestionamientos hacia los diputados federales, porque no podemos ver con claridad este problema.

¿Por qué no mejor le apostamos a entregar mayor presupuesto y hacer en realidad una política social de fondo, de que esta política sea universal para todos los ciudadanos y dejamos de lado estar viendo o estar sacando negocios o de estar pactando o de estar pagando esta ley por una serie de acuerdos que están detrás?

Somos responsables, por eso mayor presupuesto. No podemos estar dando mejoralitos ante un problema grave y real por el cual están pasando la mayoría de las mexicanas y los mexicanos.

Con esto lo único que vamos a lograr es que la corrupción va a ser mucho más fuerte. Tenemos que entender que no es el Seguro Social el que está fallando, es el Estado. Aquí quiero ser muy enfática: el Estado no es capaz de atender esta situación tan grave en el país.

Lo que vemos es que no hay voluntad política para sacar consensos y para sacar leyes que beneficien y que vayan encaminadas hacia los cientos de mexicanos y mexicanas.

Quisiera también aquí denunciar que por supuesto que el grupo parlamentario no irá a favor y también que el dictamen no va acompañado por ninguna de las firmas del Grupo Parlamentario del PRD ni por el presidente ni por los integrantes.

El PRD no va a ser cómplice de esta serie de negocios, no va a ser cómplice de esta situación que el día de hoy se va a votar, que es solamente el pago de un negocio por alianzas. Estoy segura que se están reflejando aquí.

Denunciar una vez más, el Estado no es capaz de darle a los ciudadanos, a sus habitantes una mejor seguridad social. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada Quezada. Para manifestarse en pro del presente dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Malco Ramírez Martínez. Es del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Malco Ramírez Martínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, buenas tardes. Vengo a manifestarme en pro de dicho dictamen y aclarar una situación que le comentaron a mi compañera la diputada González Tostado Janet, la cual votó a favor durante la Comisión.

No se vale venir a decir mentiras de que no estuvo en esa sesión. Claro que sí. Además, destacar que los diputados del PRI, en especial la diputada Janet y un servidor prácticamente tenemos el 100 por ciento de asistencia en dicha Comisión, lo que muchas fracciones no pueden sustentarlo en los hechos.

¿Y por qué hablarlo a favor? Primera, porque si queremos creer en lo que nos comenta el encargado del IMSS a nivel nacional, Karam, donde reconoce que existe un desabasto únicamente de 3 por ciento de medicamentos, aunque dijo que es menor a otros países en donde tienen una carencia de 5 por ciento de medicinas.

Si es así y nos está diciendo verdades, no tenemos por qué preocuparnos, porque serán muy pocos medicamentos que tengan que dar vales para que la ciudadanía los pueda adquirir. Porque además, hay que reconocer que los trabajadores no tienen por qué, aparte de esperar en algunos casos 3 horas para una consulta, algunas veces difiere la cirugía varios meses, algunas veces también tienen que comprar más de la mitad del medicamento, entonces sí se tiene que preocupar el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque si lo que dice son mentiras y no cubren el 96.5 por ciento que asegura el IMSS, y cuando realmente a lo mejor su cobertura es de 80 por ciento, 89 por ciento o como en enero de 86.7 por ciento, entonces sí se tendrá que preocupar.

Es muy importante que nosotros apoyemos realmente a los trabajadores para sus beneficiarios. No tenemos por qué seguir sacrificando que las familias que dependen únicamente muchas veces del salario mínimo, ese salario raquítico vayan y lo paguen en la compra de medicamentos.

Creo que hoy tenemos que apostar los legisladores para que esta gente exija lo que por ley le corresponde, satisfacer con medicamentos, con una atención adecuada y oportuna y con un trato digno, a lo que estamos pagando, porque no les estamos reglando nada. Ellos cubren su aportación tripartita y es muy importante que así sean remunerados en ese sentido.

También quiero señalar algo muy importante: solamente a través del Consejo Técnico se van a validar estos vales.

Aquí nosotros tenemos que ponerle un plus para que esas claves de medicamentos sean incrementadas y que esos medicamentos que son los menos, que son de muy alto costo y que muchas veces por su escaso o nulo movimiento, están caducados en las farmacias del Seguro Social.

Con esto vamos a garantizar que esos medicamentos de costo más elevado y que no tienen un manejo adecuado o un almacenaje en temperatura adecuada, no los expongamos a que se caduquen en nuestras farmacias del IMSS. Esto va a permitir que únicamente salgan los que tienen que realmente darse a la ciudadanía y no exponer más recurso que se siga caducando, porque muchas veces algunos malos funcionarios lo que dicen es que si me licitas mil o un millón de estos productos, te los dejo a tal precio. Ahí sí estamos exponiendo que ese presupuesto vaya a ser mal utilizado y en el peor de los casos se caduque en dichos almacenes.

Agradezco que estos productos realmente puedan otorgarse a la ciudadanía y que no malgastemos los recursos públicos.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, permítame un momentito, por favor. Sonido en la curul de la diputada Anaya.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Preguntarle al diputado si me acepta una pregunta.

El diputado Malco Ramírez Martínez:Adelante, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): A ver, diputado, ya que está hablando de presupuesto, ¿cuánto dinero se gastaría en el 2011 con estos vales?

El diputado Malco Ramírez Martínez:Aquí primero tenemos que hacer un balance de cuánto estaríamos hablando de escasez de estos productos. Por eso comenté e inicié mi participación de que si efectivamente como dice Karam, que tenemos el abasto aproximado de 96.5 por ciento, que yo en lo personal no le creo, tendríamos que preocuparnos, porque entonces tendríamos que saber cuántas de las claves de estos medicamentos necesitaríamos para el ejercicio 2011 y entonces tendríamos ya un presupuesto que tendríamos que tener una comunicación con la comisión para saber cuánto tendríamos que destinar en 2011.

Esta medida y esta pregunta que usted hace es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros exigirle al Instituto Mexicano del Seguro Social que nos hable con la verdad para saber cuál es su carencia en claves y que no las vamos a exponer, como lo dije hace un momento, son medicamentos que caducan muchas veces y que son de alto costo, podemos enviarlos a un cuadro mínimo para que esos sean surtidos con vales y no vamos a exponer que ninguno se caduque, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Sí, diputado, pero en cuanto...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, considere que eso ya es diálogo.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Nada más voy a preguntar, porque no me contestó lo que yo quería saber.

La pregunta es: ¿no tenemos el estimado de cuánto se gastaría por vales en un año, pero ya estamos planteando votarlo a favor?

El diputado Malco Ramírez Martínez:Sí, efectivamente, como usted dice. No hay un estimado porque esas necesidades tendrían que salir obligadamente de las claves que no van a surtir.

Podemos iniciar con una bolsa, que es lo que va a garantizar que el usuario salga con la satisfacción de 100 por ciento porque, como lo comenté, si bien no es una obligación del usuario el que compre su medicamento, sí es un derecho que se le dé el 100 por ciento de sus necesidades, de acuerdo a un padecimiento, cualquiera que éste sea, diputada.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe, diputado, agotando su tiempo de intervención.

El diputado Malco Ramírez Martínez:Por eso, compañeras diputadas y diputados, yo los invito a que este dictamen sea aprobado, que le demos el apoyo a la ciudadanía, a los que menos tienen. Hoy es un buen día para apoyar al que menos tiene, al que no tiene recursos para comprar medicamentos caros, al que no tiene recursos incluso para comprar a veces hasta el material de curación que le van a poner a su paciente.

Hoy es un buen día para apoyar realmente a los que no tienen recursos y que pasemos a la historia porque en este día iniciamos una gran construcción para fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sobre todo a la ciudadanía y a los habitantes, que su única esperanza es el IMSS. Recuerden que si tuvieran recursos no irían al Seguro Social, irían a un medio particular.

Gracias y espero que apoyen este punto y que lo votemos a favor. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Balfre Vargas. En sustitución hablará el diputado Hernández Juárez. No, queda el diputado Balfre Vargas.

El diputado Balfre Vargas Cortez:Diputadas y diputados, siempre hemos estado a favor de legislar por la mayoría de los mexicanos. Por supuesto que cuidar la seguridad social de los que menos tienen ha sido de interés para nosotros, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo.

Lo que nos llama mucho la atención es que, ante cualquier situación que tengamos supuestamente para beneficiar a los que menos tienen, todo se quiere privatizar. Y aquí vemos que para un fin lícito se utilizan los mecanismos incorrectos para beneficiar a los intereses privados.

Nosotros, como fracción parlamentaria estamos analizando cuáles pueden ser las propuestas más correctas que puedan tener los derechohabientes en este caso.

Miren ustedes, ¿por qué el Seguro Social, por qué las instituciones encargadas de vigilar, cuidar y aplicar la salud de los mexicanos tienen solamente un cuadro básico de medicinas? ¿Acaso la enfermedad distingue para aplicarse a unos sí y a otros no? Nosotros tenemos que ver que el presupuesto que se destina para estas instituciones se aplique en todos los términos. No es posible que tengamos dos contratos en este momento.

Ahora, en este momento tenemos un contrato en donde se compran medicinas que cubren un cuadro básico y ahora estamos generando otro tipo de contrato para beneficiar a empresas privadas con otras medicinas a través de vales. Este es un tipo de corrupción que se viene generando en todos los niveles. Corrupción que no se ha tocado aquí. Corrupción que se da en todos los niveles y corrupción que seguramente al aplicar esta nueva ley que se propone, pues va a seguir incrementando la corrupción.

¿Por qué entonces nosotros no proponemos que el Estado realmente se haga cargo de la salud? ¿Por qué no proponemos que realmente haya un presupuesto y que a través de la institución se pueda atender a todo derechohabiente?

Seguramente, diputadas y diputados, al aplicar esta ley vamos a tener un gran peregrinar de los derechohabientes buscando a ver quién le puede surtir la receta. Es falso que lo privado funcione bien. Ahí tenemos la experiencia de Pensionissste, de las Afore. Muchos trabajadores tienen un gran peregrinar para que les devuelvan lo que por derecho les corresponde.

Muchos están totalmente en contra de estas aplicaciones que se privatizaron cuando el gobierno, el Estado pudo haberse hecho cargo y seguir administrándolas. Pues eso es lo que queremos. ¿Por qué todo se tiene que privatizar? ¿Acaso hay intereses? ¿A quién beneficia? A quien debemos buscar que beneficien las leyes es a los propios trabajadores.

Por eso nosotros tenemos que impulsar lo que dice el párrafo tercero del artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Nosotros tenemos que proponer los presupuestos que beneficien realmente a la gente y tenemos que buscar que la medicina preventiva sea eso, precisamente, que apliquemos recursos en donde sea preventiva y que el recurso pueda disminuir la pobreza.

Miren ustedes...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado Vargas.

El diputado Balfre Vargas Cortez:... los que más se enferman —termino— son los pobres. Donde tenemos que destinar recursos es a la canasta básica, a generar empleos, a que el trabajador pueda tener alimento para que pueda tener una mejor salud, ahí es donde tenemos que destinar respuesta, presupuesto. Muchas gracias, diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra sucesivamente a los oradores en contra, puesto que queda un orador a favor. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui.

Diputado Narro, al término de esta lista preguntaré si se encuentra suficientemente discutido, toda vez que ya estamos excedidos en dos, el número de oradores. Usted, en lugar de tres. Teresa Incháustegui.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros, diputados.

Nosotros estamos a favor, sí, de garantizar el derecho a la salud de todas y de todos los mexicanos, y estamos comprometidas y comprometidos a reforzar ese derecho. Lástima que aquí se votan presupuestos que no alcanzan para esas necesidades.

Es cierto que hay un problema de desabasto, sobre todo, como ya se ha dicho reiteradamente aquí, en el 3 por ciento de los medicamentos, pero también hay una percepción de desabasto porque hay corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, que crea este desabasto y construye un mercado negro de medicamentos. Entonces la gente llega y  no hay el medicamento y lo tiene que comprar en el mercado negro.

El problema no se resuelve con esta medida, porque es cierto que se le va a dar a la gente su voucher para que vaya a la farmacia, pero estamos con eso creando un incentivo, un agujerito que se va a volver un boquete en las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque por ahí se van a ir y por ahí también se va a ir el Consejo Técnico, que así como en ABC y en las guarderías no hizo lo que tenía que hacer, tampoco lo va a hacer aquí.

Hay un cálculo optimista en pensar que este Consejo Técnico ahora sí va a preservar el valor fundamental del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a crear ese desa-basto artificial, se van a ir los recursos y vamos a darle la puntilla a una institución que fue el orgullo de la Revolución Mexicana, que es el último escalón que le queda a la población de este país para protegerse frente a las enfermedades, frente a las desgracias, en este proceso de privatización de los derechos sociales y que a largo plazo va a terminar con ella.

El efecto político, pues el efecto económico es crear todavía este mayor hoyo en las finanzas, y el efecto político —no nos hagamos— es darle un nuevo golpe a la única estructura de protección que todavía queda, a pesar de todo lo que se ha hecho por ella.

En ese sentido, yo creo que no son válidos estos argumentos falaces que nos vienen a decir que están defendiendo un derecho. Si se trata de defender derechos, creamos las garantías financieras para que todos tengan acceso a los derechos que la Constitución consagra.

En ese sentido, yo sí quiero decirles que no hay que hacerse de la vista gorda. Aquí se está pensando en hacer un negocio a pesar de que el país no se está recuperando de nada. A pesar de que la población y las familias cada día se truenan los dedos para ver cómo pasan el día.

No nos hagamos, con esta ley se está dando la puntilla más a una institución que es el resguardo de lo que fue la Revolución Mexicana. Yo le pregunto a los del PRI, si ésta es la manera de festejar los 100 años de una Revolución que puso por delante los derechos sociales de este país. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Incháustegui. Tiene la palabra el diputado don Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario, bueno, algunos diputados de nuestro grupo parlamentario, hicimos un compromiso con Pablo Escudero, con el diputado Pablo Escudero, en el sentido de que esta discusión fuese jurídica, y vamos a dar razones jurídicas de por qué este dictamen es ilegal y anticonstitucional.

Comienzo en por qué es ilegal. Es ilegal porque está incumpliendo el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ése artículo establece que las comisiones del Congreso al elaborar los dictámenes deben realizar una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

Desconozco si se ha solicitado, si se ha realizado esta valoración del impacto presupuestario. El dictamen no dice nada al respecto. Supongo que no se ha realizado y como se dijo ya aquí en tribuna, esto implica violar el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Pero no solamente se viola el artículo 18 de esta ley, se viola también la Constitución. El artículo 73, fracción XXIX, inciso e) de nuestra Constitución, establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de abasto, de abasto sobre aquellos bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios, como son las medicinas que expenden o entregan las farmacias del Seguro Social, es una atribución del Congreso de la Unión.

¿Qué está haciendo este dictamen, esta propuesta de reforma al artículo 91? Le da facultades al Consejo Técnico del Seguro Social para que emita disposiciones de carácter general.

Eso es anticonstitucional. Está delegando el Congreso de la Unión en el Consejo Técnico del Seguro Social una facultad que solamente le corresponde al legislador. El único que puede legislar, normar en materia de abasto sobre bie-nes y productos socialmente necesarios es el Congreso de la Unión.

Pero no solamente viola este artículo 73, fracción XXIX-E de la Constitución, también viola el artículo 28, párrafo tercero. ¿Por qué viola el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución? Porque este precepto constitucional establece que las leyes fijarán bases para evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza en los precios.

La ley debe proteger a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Es decir, el espíritu de la Constitución, el espíritu del párrafo tercero del artículo 28 es que en el abasto de productos y servicios socialmente necesarios no haya intermediación y mucho menos intermediación privada.

Aquí, como ya se dijo, se está violentando el carácter social de la Constitución. Se está privatizando la entrega de medicinas. Se está favoreciendo la realización de negocios. Se está afectando el núcleo básico de la Constitución.

Este dictamen constituye un fraude a la Constitución porque viola el artículo 73, fracción XXIX-E; y el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución. También implica un fraude a la ley porque no se ha cumplido con el estudio de impacto presupuestario al que ordena el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Creo que hay razones jurídicas, no invoqué razones ideológicas sino razones estrictamente constitucionales y legales para demostrar que este dictamen es anticonstitucional y es ilegal y debemos votarlo en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Jaime Cárdenas Gracia. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo... Diputada Clara Gómez Caro.

La diputada Clara Gómez Caro(desde la curul): Quiero, con su permiso y con el permiso de mis compañeros, hacer un comentario sobre este tema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Es sobre su voto, diputada? ¿Va usted a razonar su voto?

La diputada Clara Gómez Caro(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le suplicaría que lo hiciéramos al momento de la votación, si es tan amable.

La diputada Clara Gómez Caro(desde la curul): Si no voy a poder hablar, porque en varias ocasiones he pedido que quiero hacer uso de la voz, desde aquí quisiera que no me quitaran el micrófono y hacer nada más dos comentarios.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Clara Gómez Caro(desde la curul): En abril que subieron este punto de acuerdo, todavía no lo discutíamos en la Comisión de Seguridad Social. Soy integrante de la Comisión de Seguridad Social y se subió sin el voto de la mayoría, no estaba aceptado.

Ésa fue una violación y hoy nuevamente se vuelve a subir en los mismos términos. No lo hemos discutido y en aquél entonces dijimos que eso era para que nos dieran más información, para valorar lo que se estaba presentando y estamos en las mismas condiciones.

Yo nada más quiero que quede claro que, ¿entonces, los diputados qué estamos haciendo aquí si no somos tomados en cuenta ni siquiera dentro de las comisiones? No estoy de acuerdo en que se haya subido sin haber sido discutido dentro de la Comisión de Seguridad Social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Piña, ¿es en el mismo sentido?

La diputada Laura Piña Olmedo(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le suplico que lo haga al momento de la votación, si es tan amable. Entiendo que están razonando su voto, es totalmente admisible, pero hagámoslo en el momento procesal oportuno, al momento de la votación. Permítame desahogar la lista de oradores. Gracias, diputada.

Diputado Caro, desde su curul. ¿Es en el mismo sentido?

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): No.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Presidente, es para hacer una moción. Me parece muy grave que estemos discutiendo un tema que tiene una implicación presupuestaria tan importante sin que se haya hecho el estudio de impacto presupuestal.

Yo le quiero preguntar a usted, señor presidente, si nos pueden dar la certeza de que eso haya sucedido. Porque, mire, para saber las calidades de los diputados y todo. Muchos tenemos iniciativas que están detenidas por ese asunto y aquí parece que podemos correr el riesgo de olímpicamente darle trámite a un asunto que omitió esa parte tan delicada del proceso. Para mí, que simpatizo con el contenido, me parecería un asunto sumamente grave e inadmisible.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputado. Diputada Leticia Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Sí, señor presidente. Igual que los compañeros que me acaban de anteceder, quisiera decir que se está evidenciando que ésta es una cuestión completamente dirigida de lo que se pretende votar.

Pero, al igual que los diputados que me acaban de anteceder, quisiera también denunciar por esta vía que tampoco se tomó opinión de la Comisión de Salud, siendo un tema de salud pública a nivel nacional y que no fuimos tomados en cuenta los diputados que integramos la Comisión de Salud, y mucho menos los de Presupuesto.

Esto deja ver, por supuesto, a todas luces y es muy evidente que ya es una cuestión dirigida. Es un acuerdo que se tiene de quererlo llevar de nueva cuenta, como en el mes de abril, otra vez a fuerza a la máxima tribuna y que se vote sin el consenso de las diferentes comisiones tan importantes, como son la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Salud.

Realmente es un desaseo parlamentario el que estamos revisando desde que tampoco vienen todas las firmas de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. La diputada Piña, desde su curul.

La diputada Laura Piña Olmedo(desde la curul): Diputado presidente, de igual manera para que se haga la denuncia de que tampoco fue pasado por las Comisiones de Salud. Que se revisen las versiones estenográficas de las reuniones que tuvieron públicas para poder poner este punto aquí, porque la verdad no podemos permitir que a la gente que menos tiene más la vayamos a lastimar.

No se puede que cada uno de nuestros diputados no tomen en cuenta que la salud es prioritaria, y que estamos aquí para defender a los ciudadanos. Yo sí le pediría que los compañeros que están subiendo esta iniciativa que la quiten, que la cambien y que se revise en las comisiones que tiene que ser revisada. No podemos lastimar a los ciudadanos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Narro, ¿con qué objeto?

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Es una moción presidente, de procedimiento, dado que en primer lugar estábamos pidiendo la palabra hace rato y usted nos la estaba negando sin saber el motivo por el cual la estábamos pidiendo.

En segundo lugar. Entendemos que el procedimiento está viciado tanto en la misma Comisión de Seguridad Social como el hecho de que un tema tan importante que tiene que ver con la salud y con la cuestión presupuestal, no se haya consultado a las otras comisiones.

Entendemos entonces que usted, que debe salvaguardar la legalidad del procedimiento, este tema no es tema ni materia de este pleno, porque no cumplió con el procedimiento adecuado, por lo que planteamos desechar este planteamiento, esta iniciativa y pasar al tema siguiente. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, empiezo respondiendo estas afirmaciones con usted. Precisamente al principio de esta discusión tal y como señala el Reglamento, se pudo haber presentado una moción suspensiva, una de las únicas razones por las que se puede suspender una votación. No se hizo.

Respecto de las comisiones. Este dictamen pertenece al periodo de sesiones anterior. A lo largo de todo ese tiempo ni la Comisión de Presupuesto ni la Comisión de Salud lo solicitaron. Entonces el procedimiento para efecto de la Mesa Directiva está ajustado al Reglamento y lo vamos a continuar desahogando.

¿Con qué objeto, diputada Incháustegui?

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Él lo aceptó, ¿por qué lo quita?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdone usted, yo reanudé la sesión y lo primero que pregunté fue si se mantenía la moción suspensiva, y me afirmaron que no. Continúe el orador si va a hacer uso de la palabra. Continúe, diputado Muñoz Ledo.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Cómo es posible, si ya habíamos pedido la moción desde antes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La moción suspensiva se presenta al inicio de la discusión, no al término. Lo lamento, diputados.

Continúe, diputado Muñoz Ledo. El artículo 109 es estrictamente claro, al inicio de la discusión. Les suplico consulten la versión estenográfica mientras el orador continúa. Continúe el orador, o decline el orador. Señor Muñoz Ledo, ¿va usted a hacer uso de la palabra o va a declinar?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : En contra del pueblo es difícil hacer uso de la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces por favor decline, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : No, no. Perdón, usted dé turno a eso como considere.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdone usted, señor diputado, la Mesa Directiva es la que rige el debate. Le suplico que determine si va a hacer uso de la palabra o no.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Compañeros, ¿les podría pedir un favor? Si me permite el presidente dejarme hablar —soy el último— y damos el debate sobre el turno, ¿les parece bien?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : Yo me voy a referir al punto desde aquí. ¿Me harían ese favor? Gracias, muchachos.

Compañeras y compañeros. Con su venia, señor presidente. La opinión mayoritaria vertida aquí sobre este engendro legal, es contundente y sin apelación. Se trata de un intento más de privatización de los servicios públicos y de demolición del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Respondo al diputado Escudero. También trabajé en el Seguro Social, fui el secretario general del instituto cuando se planteó la socialización de la medicina pública. Voy a tres puntos fundamentales.

Los seguros comprendidos en la ley son obligatorios y, por tanto, son de prestación directa. Los tres originales son: enfermedades generales y maternidad. Enfermedades y riesgos profesionales, e invalidez, vejez, cesantía y muerte. En 73 se añadió el seguro de guarderías, cuya prestación es legalmente directa.

Por eso han sido dos graves ataques a la naturaleza del Seguro Social. Primero la construcción de las Afore, porque el Seguro Social era el responsable de otorgar las prensiones y el fondo de las mismas servía para el mantenimiento y construcción de los hospitales. La capacidad de expansión del Instituto se acabó con la creación de las Afore.

Segundo. Es otra reforma en los hechos criminal el haber subrogado las guarderías. La guardería no es un beneficio social, es un seguro obligatorio que tiene que ser prestado de modo directo. Punto número dos.

El Seguro Social se planteó en los años sesenta y setenta socializar la medicina pública. Los genéricos no los inventó el doctor Simi, los genéricos los inventó el Seguro Social. Hubo un tiempo en que, en botellas verdes con el escudo del Seguro, se daban las más importantes medicinas.

En ese mismo tiempo se creó el primer instituto de América Latina: el Centro de Estudios para Medicinas Alternativas y se le entregó al Cinvestav, Centro de Investigación del Politécnico, la facultad de analizar y dictaminar sobre las medicinas comerciales.

Compañeras y compañeros, alguien ignora aquí que la medicina...

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Serrano?

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Si me permite, señor presidente a través de usted, le consulte al orador si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo, el diputado Serrano quiere hacerle una pregunta.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Con mucho gusto, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado Muñoz Ledo, le pregunto ¿hasta dónde puede correr un riesgo nacional el país? Usted que conoce el Seguro Social, que conoce las necesidades de la gente, ¿hasta dónde es un riesgo nacional, de seguridad nacional, el que existan las Afore privadas? Porque son miles y miles de millones de pesos que manejan por las cuentas individuales de los trabajadores y los únicos que pierden son los trabajadores y los que ganan son los privados, principalmente bancos extranjeros. El día que se le pegue la gana a los bancos irse con el dinero de las Afore sería un riesgo nacional para el país. Una pregunta.

Y la otra. ¿Hasta dónde se corre el riesgo de que esta tercerización de medicamentos, eludiendo su responsabilidad el Seguro Social, signifique un retroceso en la salud de los derechohabientes del Seguro Social?

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si me permite, señor presidente, respondo con brevedad.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Las Afores, más que un riesgo de seguridad nacional son una bofetada a la seguridad social. Puntualizo. La Ley de 1958 autorizó por primera vez, en el mundo, a un seguro público para no tener reservas actuariales depositadas en instituciones financieras, que en realidad era parte de la masa de la Tesorería de la Federación, administrada por la Secretaría de Hacienda.

La ley del 58 fue el grito de independencia del instituto respecto de Hacienda. Oh paradoja. El director del Instituto, ese año, se llamaba Antonio Ortiz Mena, que luego fue 12 años secretario de Hacienda. Oh paradojas de la política.

Con esos fondos empezó la gran expansión del Seguro Social. Lo autorizó en vez de tenerlo guardado no en los bancos sino en Tesorería, invertirlo en construcción de hospitales, de modo que la garantía de las pensiones fuese una garantía inmobiliaria.

Validos de esa ley, las autoridades del Instituto empezaron a comprar terrenos en el país. De ahí viene el Centro Vacacional de Oaxtepec y de ahí vienen los terrenos de la Magdalena de las Salinas, que eran del Instituto.

Si el Instituto hubiera seguido por esa línea hubiera comprado gran parte de las playas de México que no hubieran ido a parar a manos de los narcotraficantes y hubiera regulado los bienes inmuebles en el país, con un sentido de Estado.

Ahora bien, el Instituto desde el momento en que se le quitan las Afore no tiene dinero para construcción y mantenimiento de hospitales que no le es reemplazado por la vía fiscal. Es un segundo Fobaproa. Voy a la medicina.

A través del Fobaproa se comprometió dinero de los contribuyentes para pagar el rescate bancario, pero como no tenían los bancos seguridades para dar créditos, primero fueron los avales de la Secretaría de Hacienda, que fueron a pasar también, con base en el IPAB, a ser pagados por los contribuyentes y a través de las Afore se les dio dinero de corto plazo.

A la banca se le dio un rescate por todo lo que había dilapidado y se le dieron los fondos de medio plazo. Claro que ya ha bajado, claro que habían bajado los fondos de las pensiones, ya había sido denunciado y claro que pueden caer en un estado fraudulento.

Respecto de las medicinas, si me permite para no quitar mucho tiempo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame. Termine su respuesta el diputado Muñoz Ledo, pero el diputado Mario di Costanzo tenía la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Porfirio Muñoz Ledo:¿Cuál es la otra, Serrano? ¿Cuál es la otra, diputado Serrano?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, diputado Muñoz Ledo, la Mesa Directiva está coordinando el debate. Diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Yo sólo pedir en alguna ronda, si todavía hay tiempo, poder subir a hablar en contra del dictamen, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es lo que preguntaremos en su momento, diputado. Muchas gracias. Diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Respondo con mucho gusto, gracias. Gracias, señor presidente por darme la palabra. El tema del desabasto es un pretexto tonto. El problema del desabasto disimula tres fenómenos: la falta de capacidad financiera del Instituto para adquirir el suficiente en número de medicinas.

Segundo. Una pésima administración que no permite distribuir en todos los locales las medicinas que necesitan y

Tercero. Debo decirlo con todo respeto por el gremio médico, que por razones entendibles no se ha logrado establecer un sistema de auditoria médica.

Por desgracia el mal asalariado médico del Instituto tiene poco tiempo para atender colas inmensas de gente a la que no le puede dar la atención que quisiera y de alguna manera los compensa dándoles una lista inmensa de medicamentos que llevan a sus casas, si los encuentran, con la esperanza de sanarse.

Cuando le decía que hubo un intento de socialización de la medicina, es que, y quiero recordarlo, cuando la Segunda Guerra Mundial, el más importante productor y distribuidor de medicinas del mundo, la casa Bayer, alemana, fue incautada por la Comisión de Bienes, propiedad del enemigo, porque estábamos en guerra contra Alemania y fue una industria nacional.

Y ahí surgió en el Instituto la idea de hacer una industria nacional de medicamentos. Existieron los genéricos del Seguro Social que luego desaparecieron.

Termino si quiere, mi exposición, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:¿Cuál era su otra inquietud? Si me lo permite el presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, no, señor Muñoz Ledo, no se lo permito. El diputado le planteó dos preguntas, ahora me tiene que preguntar si usted acepta nuevamente una pregunta.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Siguiendo las indicaciones de su señoría...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Serrano, el que contesta es el que decide si contestó o no. Entonces ¿tiene usted otra pregunta para hacer?

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Es la misma pregunta que no me contestó el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): La tercerización de los medicamentos del Seguro Social afecta a los derechohabientes, porque ésta seria una privatización. Nosotros estamos de acuerdo en que todos deben ser surtidos a través de sus recetas de los medicamentos que requieren, pero esa tercerización que se pretende con esta iniciativa ¿afecta o no afecta?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:En primer lugar lo afecta por tres razones: primero, porque nadie garantiza...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Muñoz Ledo. Diputado Martel, desde su curul ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado José Ramón Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Diputado Muñoz Ledo, si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí se la admite.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Creo que quienes hemos sido derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social entendemos perfectamente lo que significa como instrumento redistributivo del ingreso. En eso espero que no tengamos ninguna diferencia de opinión.

Creo también firmemente que al tener médicos diagnosticando, pero sin medicinas para abastecer y curar, no se está cumpliendo con una de las partes fundamentales de atención que el Instituto tiene.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Su pregunta, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo, nuevamente le llamo a permitir que sea esta Mesa la que conduzca el debate, respetuosamente, señor diputado. Muchas gracias.

Haga su pregunta, diputado Martel, por favor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Nosotros, diputado Muñoz Ledo, pensamos que para abastecer medicinas debe ser el Consejo Técnico, si no las tiene el Instituto, el que debe generar mecanismos para poder atender a diagnósticos, pero con lo que los cura, que serían las medicinas.

¿Usted tiene a este respecto algo en contra de que acompañando a los diagnósticos también tengamos abasto de medicinas suficientes para los derechohabientes? Es cuanto, señor diputado, porque nosotros pensamos que un buen diagnóstico debe ser acompañado con medicina y abasto de ellas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Muñoz Ledo. Hay tres manos levantadas: de la diputada Laura Itzel Castillo, que fue la primera que lo hizo. ¿Con qué objeto?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Le quería hacer una pregunta al diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Permitiría usted que conteste las primeras que le han hecho? Y después con mucho gusto le pregunto al diputado.

Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Pedirle, diputado presidente, que a usted le toca la conducción de esta asamblea, que no permita subterfugios, porque el diputado Martel no pregunta.

Además ahora resulta que él cree que en estas cosas mágicas las medicinas curan. No, las medicinas no curan, son problemas de salud mucho más complejos y si quiere pedir la palabra para el debate, que la pida, y seguimos debatiendo, pero que no plantee cosas que no tienen sustento y menos diciendo que está preguntando.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Muñoz Ledo. Respóndale al diputado Martel, si es tan amable.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Me falta una pregunta del diputado Serrano que con todo gusto respondo, y la del diputado Martel, si me lo permite.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para ordenar el debate, el diputado Muñoz ledo está respondiendo primero la pregunta que le hizo el diputado Serrano, quien ya la formuló, y la que le hizo el diputado Martel, quien también ya la formuló.

Al terminar le preguntaré al diputado Muñoz Ledo si acepta otras preguntas, diputado Narro. Adelante, diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Sí, cómo no, diputado Narro.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conteste usted las preguntas de Serrano y Martel, diputado Muñoz Ledo, si así lo decide usted.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de l Vega:Y después las de Narro, que siempre trae bombas de tiempo.

Mire, claro que es nocivo para el derechohabiente, es nocivo para las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es nocivo para la extensión de la salud pública en México. Para el derechohabiente, porque va a estar condenado a la medicina comercial y no le garantizará nadie que pueda tener el abasto.

Para el Seguro Social es una enorme trampa privatizadora porque aunque con el neoliberalismo acabó de producir medicinas genéricas el Instituto, siguió comprando a granel, en el sentido de, en bloque. Las medicinas aunque sean privadas, o de laboratorios privados, es obvio que el Instituto las compra a un precio que es mucho más alto.

Si le da un vale al derechohabiente le está dando un vale por el valor de la medicina en el mercado. Éste es un crimen contra el Seguro Social; es una complicidad con los fabricantes y distribuidores de medicinas.

En tercer lugar, como dijo el diputado Fernández Noroña, el tema de la salud no sólo es la medicina. Ésa es una fantasía que nos han vendido en gran parte los grandes negocios comerciales. Hay medicina alternativa, hay campañas de salud pública.

Señor diputado Martel. El tema de la prestación de los servicios médicos en el IMSS es un tema de un diseño completo. No son cosas fáciles. No ha logrado la seguridad social mexicana ni la medicina pública, sin los grandes hospitales especializados, tener médicos verdaderamente de tiempo completo, por el régimen de salarios. ¿Me entiende usted? Entonces, los médicos tienen que ser de tiempo parcial. Por tanto, tienen muy poco tiempo habida cuenta del número grande de derechohabientes para atender.

Segundo. En ningún momento se ha acabado de resolver el problema del médico familiar. El médico familiar no es el médico del hospital ni el médico de la clínica sino alguien que atiende de modo permanente. El tiempo parcial de los médicos y su excesiva especialización tiene que ver con este asunto.

También el sistema de formación por especialidades porque no se ha desarrollado suficientemente el concepto de médico general. Entonces, no es la medicina, es todo un diseño que implica la salud preventiva.

Con mucho gusto estaría dispuesto a contestar las preguntas de doña Laura Itzel y del diputado Narro.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Castillo, acepta su pregunta el diputado Muñoz Ledo, y acepta también la pregunta del diputado Narro al terminar la pregunta de la diputada Castillo. Diputada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): La pregunta es: ¿sabe usted quiénes son los propietarios de las farmacias El Fénix, y de igual manera quiénes son los propietarios de las farmacias del doctor Simi, y quiénes son los que se van a favorecer directamente con esta propuesta que hoy se está sometiendo a votación?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Los nombres de los propietarios, el dueño de una de ellas es el doctor Simi, licenciado González Torres, quien fue candidato a la Presidencia de la República.

Aquí, si me permite, señora diputada, el problema es central. Este país necesita que ya no se siga hablando de medicina del Seguro Social, de medicina del sector salud y del Seguro Popular. Si estamos por derechos sociales, universales, no selectivos, si ha quebrado el sistema del Seguro Social que estuvo previsto para una etapa de crecimiento económico continuo, con aumento en empleo formal y con aumento de los salarios, que es la fuente de financiamiento y ésta ya no existe, el Seguro Social como sistema de cotización está tronado. Entonces, tiene que ser cubierto con el fisco.

Si va a ser cubierto por el fisco, con aportaciones laborales y empresariales, lo que se quiera, todo el sistema de salud tiene que ser financiado por el fisco federal y estatal e incluso municipal. Entonces el proyecto que hay hace 20 años es hacer un solo gran sistema de salud, que no sea de compartimentos estancos, donde se sumen todos los hospitales, los hospitales que tienen gremios, que sirven a gremios particulares, los del Seguro Social, los del ISSSTE, los del sistema de salud y los del Seguro Popular. Se necesita el mismo nivel de calidad médica para todos y la integración vertical y horizontal del sistema clínico y hospitalario del país, de modo que los mexicanos puedan tener acceso de, de veras, a un sistema de salud.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Narro.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Gracias, presidente.

Diputado Muñoz Ledo, recordando lo que dijo el secretario de Salud, de que él estaba por la universalización de un solo sistema de salud. Muchos entenderíamos que lo que está proponiendo el secretario de Salud en el fondo es llevar a la quiebra al Seguro Social mediante este mecanismo y darle a todos los mexicanos un Seguro Popular para darles únicamente tratamiento para las diarreas y las gripas.

En el fondo lo que pensamos nosotros es que es lo que se está buscando y es lo que le quiero preguntar, si no es lo que se está buscando, ¿es llevar a la quiebra al Seguro Social? Una institución noble y de un gran valor para todos los mexicanos, para al final a través de un sistema de cupones llevar a la privatización real el sistema de salud nacional. Terminar de desmantelar nuestras instituciones sociales, que tanto tiempo y tanto esfuerzo le han costado a los mexicanos, para al final seguir en este modelo neoliberal privatizando el conjunto de la vida nacional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Muy estimado diputado, no puede ningún secretario de Salud pretender la quiebra del Instituto Mexicano del Seguro Social porque ya está quebrado, no sé si me explique.

El problema hay que plantearlo al revés, no abaratar el costo de la seguridad pública como se hace de la salud pública con el famoso Seguro Popular sino a partir de las grandes instituciones ya existentes que comprenden los grandes hospitales especializados que tiene este país y que le ha dado fama regional y mundial. Emparejar para arriba, no para abajo.

Un sistema de salud como el que nosotros hemos concebido es un sistema que mantiene en la cabeza las instituciones. Por ejemplo, el Seguro Social del campo fue un compromiso que se adquirió con los trabajadores y con los empresarios, lo sabe muy bien el diputado Francisco Hernández Juárez, que fue parte de este proceso. Como bajaron las cuotas de los particulares, el gobierno se comprometió a dar más dinero, pero a utilizar también las instalaciones del Seguro Social para extenderlas al campo; fue el famoso convenio IMSS-Coplamar.

Se trata, como usted lo ve bien, de aprovechar las instituciones de primer nivel, de construir los hospitales que se necesitan en el país y de apoyarse en lo más alto de la medicina para apoyar a lo más pobre de la población. Es una extensión de las grandes instituciones y no una pauperización de las existentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado Muñoz Ledo, de acuerdo a su tiempo. Gracias.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Con mucho gusto, simplemente dos palabras porque ya prácticamente todo se dijo.

Ésta es una vía privatizadora por lo siguiente: si usted empieza a dar vales para medicinas, luego va a dar vales para médicos. Este planteamiento ya fue hecho por la derecha en muchas ocasiones, ir a lo que llaman el sistema británico, sin entender que Gran Bretaña tiene un sistema universal de salud que nosotros no tenemos, y que el 90 por ciento de los derechohabientes empleados de fábricas y de servicios, los atiende el servicio universal.

Al rato va a haber vales de salud. No hay médicos. Vete con el médico de la esquina y aquí tienes un vale para que te vayas con el médico que quieras. Y éste es el camino para privatizar todas las instituciones.

Cuántas veces la derecha no ha hablado del seguro educativo, del vale educativo, que el gobierno le da el dinero al padre de familia, para que se vaya a una escuela privada y demoler el sistema de la educación pública nacional. Por eso es privatizador.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, diputado Rios Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para hacerle una pregunta al diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Con mucho gusto, diputado Ríos Piter.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También el diputado Hernández Juárez, va a hacer una pregunta.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:¿Quién más?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si le parece oímos las dos.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Para hacer una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Narro también le quiere hacer una pregunta. Oiremos las tres. Diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, me consta que usted conoce el esquema de seguridad social en este país. A mí el modelo como está planteado en la iniciativa que se expone aquí, me genera algunas dudas que yo quisiera que usted me ayudara a percibir o a clarificar.

Primero que nada parecería ser que en la ausencia de provisión de medicamentos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente estamos hablando de un 3 por ciento que según las cifras oficiales no se abastece. Sin embargo, en la percepción ciudadana, que es lo que realmente motiva a esta iniciativa, hay la impresión de que no se abastecen muchas más medicinas en el país.

Desde mi punto de vista esto tiene que ver no con la capacidad presupuestal del Instituto sino con el circuito de corrupción que existe, precisamente desde la parte de adquisiciones hasta la parte de provisión, ya sea en masa, en la primera parte, o en el hormigueo del cual forma parte una gran cantidad de intereses en todo el territorio nacional.

La primera pregunta es...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su pregunta, señor diputado.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): ¿Si usted está de acuerdo, precisamente con la búsqueda de solucionar este problema de falta de abasto, tiene que ver con que solucionemos el problema de corrupción y no el problema de impacto fiscal? Ésa es la primera pregunta, para que usted me oriente.

La segunda es: tiene que ver con, ¿si va a ser más barato? Porque no tenemos el dato de cuánto va a implicar presupuestalmente, pero más o menos nuestra aproximación es que esto va a implicar para el Presupuesto de Egresos de la Federación casi 4 mil millones de pesos el próximo año.

La pregunta es si va a ser más barato para el Estado mexicano pagar por la vía privada que pagar por la vía de la compra consolidada de la cual es dueño hoy el Estado mexicano. Recordemos que el IMSS y el ISSSTE compran casi el 80 por ciento del total de las medicinas. Es la segunda pregunta.

La tercera tiene que ver con que —usted conociendo el espacio de construcción de las instituciones de este ya bastante fallido Estado mexicano— si no estaríamos erosionando una de las últimas instituciones del estado de bienestar que le quedan a este país.

Es cuanto y gracias por la atención a la pregunta.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Muchas gracias...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado Muñoz Ledo. Diputado Hernández Juárez, formule su pregunta.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): Nada más quiero que me dé oportunidad de pasar a la tribuna por alusiones, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Después de que preguntemos. En respuestas a preguntas no hay alusiones, diputado Hernández Juárez.

¿Diputado Narro, iba a hacer usted alguna pregunta?

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Preguntarle al diputado Muñoz Ledo que si con esta propuesta que se está planteando de los vales, no se está buscando en el fondo un esquema de privatización de la seguridad social, a la que tienen derecho y tenemos derecho los mexicanos de acuerdo a la ley y a la Constitución.

Y si no, lo que se está proponiendo es en el marco de estas iniciativas, con esta tendencia y esta política neoliberal que es de esta ley, que aprobaron ya en el Senado, de la asociación pública-privada, en el fondo están buscando terminar de privatizar nuestras instituciones de salud; únicamente que el Estado mexicano como parte de su responsabilidad, ¿qué es lo que plantean las asociaciones públicas privadas? Precisamente que haya una asociación pública-privada...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su pregunta, diputado.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Estoy tratando de explicar mi pregunta, señor presidente.

Y en este sentido, le pregunto: ¿No estarán buscando en el fondo terminar de entregar nuestras instituciones públicas que han tenido una gran función social de contención social en nuestro país a la iniciativa privada, buscando mercantilizar al final todos los aspectos de la vida nacional y en el fondo no garantizar con esto realmente el derecho a la salud de los mexicanos y no fundamentalmente seguir fortaleciendo la corrupción y en negocio para unos cuantos? Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes de que conteste el diputado Muñoz Ledo, le informo a la asamblea que en términos de los artículos 20, 21 y 23 y en uso las facultades de esta Presidencia, no se van a admitir más preguntas al orador, que le queda 1 minuto con 14 segundos para terminar. Continúe, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:¿Me permite contestar las dos ya formuladas?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:La esencia de la pregunta que me formula el diputado Ríos Piter es la clave del problema. El principal cáncer de este país es la corrupción.

La corrupción en su modalidad de asociación pública-privada y la corrupción en lo que hace a la captura de la autoridad por las autoridades, que debiera regular y por lo que hace al llamado conflicto de intereses.

Puede usted estar cierto, aunque no me alcanzaría el tiempo para dar los nombres, que los jefes de compras —salvo muy contadas excepciones— de ese tipo de instituciones, son enlaces entre la autoridad pública y los intereses privados. Esa corrupción es la que ha dado al traste con la seguridad pública de este país y puede acabar con la seguridad social.

En cuanto a la pregunta del diputado Narro, creo haberla dicho ya en tribuna pero voy a ser más específico. Diputado Narro, desde que yo era joven funcionario de Educación, antes de estar en el Seguro, llegaron los documentos del Banco Mundial que recomendaban los vales para la prestación de servicios públicos. Ésa fue la razón por la que se hizo la reforma a la Ley del IMSS de 58, porque había un modelo que afortunadamente no prosperó. Un modelo de asociaciones médicas privadas.

El dilema era: en México, por una audacia institucional, entra en vigor el Seguro Social en todo el país sin que haya un solo hospital del Seguro. El primero fue La Raza, en el año 49. Entonces, ¿cómo le hacía para dar los servicios si no tenía hospitales? Se tuvo que reformar la ley para que todos los fondos que entraban se dedicaran a las pensiones.

Eso reventó en su germen un modelo que hay que recordar ahora de asociaciones médicas privadas, que el Seguro fuera fomentando entre los médicos, que se hicieran grupos y ahí dieran los servicios.

Entonces, ya tenemos 50 años de crecimiento del más grande sistema hospitalario de América Latina, que es el del IMSS.  No podemos desmantelarlo bajo ninguna manera.

Y debemos estar atentos con las leyes que vienen para que no vengan las viejas monsergas, las viejas cantaletas, las viejas sugerencias del Fondo Monetario Internacional, que es dar puerta para que todos los servicios públicos vayan cayendo uno a uno.  Un vale para medicinas, un vale para médicos, un vale para educación y un vale para lo que ustedes ya saben. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Ah, perdón. Antes de terminar, porque estuve fuera de tiempo, quisiera que el diputado Hernández Juárez —a quien aludí, ya estoy en mi tiempo de orador y tengo un minuto— pudiese contestar. Ya en tiempo, no de respuesta sino de orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia es la que interpreta las normas del debate.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Y sé que lo hace usted muy bien, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y la alusión, señor orador, es para contrarios, no para correligionarios. Muchas gracias, diputado, ha concluido. Muchas gracias.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Haga usted uso de su tiempo, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Tiene usted toda la potestad, que yo he luchado por ella, la potestad del presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y la república se lo agradece.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Pero no la de sustituir al reloj. Entonces, aprovecharé este momento para decir que parte de este problema es la relación obrero-patronal. En la medida en que cada vez es más débil la fuerza, la economía política de los sindicatos y en la medida en que hay mayor entendimiento por los contratos de protección entre empresa y sindicatos, esas fuerzas que son las que equilibran, el Consejo del Seguro Social se convierte también en fuente de contubernio. Aprovecho este minuto para volver aludir abiertamente al diputado Hernández Juárez.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado. Ha concluido el tiempo del diputado Muñoz Ledo.

Pregunto a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. El asunto está suficientemente discutido. Ábrase el sistema de votación y procédase con los tiempos necesarios.

Recuerdo a los señores diputados que... Señores diputados, de ahí la importancia de apegarnos al Reglamento. Si la diputada Incháustegui... Permitan ustedes a la Secretaría leer la versión estenográfica y déjenme desahogar el trámite. Espero que confíen en su presidente.

Diputada, por favor. Permitan a la Secretaría nada más dar lectura a la versión estenográfica y en seguida desahogaré el trámite.

Diputada Dolores del Río, si es tan amable, en el micrófono, diputada. Pase usted para que haya una señal clara de que los diputados hacen una protesta en los términos y no impiden el desarrollo de la sesión. Por favor, diputada Del Río.

Detenga un momento el tablero electrónico. Por favor dé usted trámite. Dé usted trámite.

Momento, ya está dictado el trámite, que se detenga. Continúe, diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:El presidente Jorge Carlos Ramírez Marín: Reanudamos con la parte de dictámenes. Nos quedamos en la presentación de la moción suspensiva por parte de la diputada Incháustegui respecto del dictamen a discusión.

Le pregunto a los diputados del PRD si vamos a proceder con la moción suspensiva. Me comentan que no se procederá.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ése fue el trámite dictado.

Lea ahora usted el artículo 110. La diputada Incháustegui ni siquiera estaba en el salón. Lea usted el artículo 110. Detenga el sistema electrónico, ya lo había pedido. Voy a detenerlo para que desahoguemos el trámite. Lea usted el artículo 110.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y, algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente.

En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro, tres en contra. Pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Les solicito a los señores diputados que ocupan la tribuna se sirvan presentar su moción suspensiva desde su lugar, si son tan ambles. Suplico a los señores diputados que ocupan el espacio de los secretarios sean tan amables de desocuparlo para que pueda desahogarse el trámite.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Incháustegui.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Señor presidente, solicito, de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110, la moción suspensiva por la falta adecuada al seguimiento de los procedimientos legislativos, al no haberse presentado a la Comisión este dictamen y al haberse hecho con firmas afuera, como ya la diputada del PRI lo hizo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, pase usted a la tribuna a sustentar su moción suspensiva y la asamblea tomará la decisión respectiva.

Les suplico a los señores diputados sean tan amables de desalojar la tribuna, a fin de que sustente la señora diputada su moción suspensiva.

Antes que nada, pregunto a los señores diputados si su intención es desahogar el trámite o su intención es impedirlo.

Diputada Incháustegui, tiene el uso de la palabra.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Nos ganarán en votación, pero no en conciencia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Eso lo decide la asamblea, señores diputados. La asamblea decidirá el trámite.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Muchas gracias, señor presidente. Voy a razonar. La petición de la suspensión es porque este dictamen está violando claramente los artículos 109 y 110. La petición es que regrese a la Comisión, porque además tampoco se está considerando el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública. Este dictamen tiene un grave impacto, un fuerte impacto y tampoco se está considerando. Entonces, la petición es que regrese a la Comisión y que ahí, de nuevo, se discuta. Ésa es la propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se dese-cha la moción suspensiva. Consulte Secretaría.

Consulte la Secretaría si se admite o se desecha la moción suspensiva.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aceptarse la moción suspensiva presentada por la diputada Incháustegui. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Es mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es la mayoría por la negativa. No se acepta la moción suspensiva.

Consulte nuevamente, diputada. Consulte nuevamente, diputada. Esta Presidencia ya dictó el trámite, la moción suspensiva es desechada.

Pregunte a la asamblea si se admite la modificación presentada por el diputado Pablo Escudero.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones que propuso el diputado Pablo Escudero. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados, nuevamente los llamo al orden. Hemos respetado estrictamente el procedimiento.

Adelante, secretaria. Es un solo artículo, se discute en lo general y en lo particular, diputados. Es una sola modificación.

Señores diputados, nuevamente los llamo al orden a fin de que desahoguen los trámites y nos apeguemos al Reglamento y a la legalidad. La violentación de las normas no sirve. La violentación de las normas es una muestra de intolerancia.

Esta Presidencia ha obsequiado todos los trámites necesarios. Estamos votando la modificación propuesta por el diputado Escudero.

Diputados, no se puede legislar a contentillo. La Presidencia ya dictó el trámite. La Presidencia ya dictó el trámite.

Voy a solicitar la votación. La solicitud de votación nominal es al respecto de si se acepta o no la modificación propuesta por el diputado Pablo Escudero. Ábrase el tablero para los efectos correspondientes.

La moción suspensiva fue derrotada. El tablero está abierto para si se acepta o no la votación. Estoy otorgando la votación nominal para determinar si se acepta o no la propuesta de modificación presentada por el diputado Pablo Escudero.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Desde su lugar el diputado Carlos Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, para efectos de que no hubiese confusión, le pediría que lean la propuesta que hizo el diputado Escudero, porque hay confusión en las bancadas. sólo que se lea textualmente la propuesta de modificación.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lea la Secretaría la propuesta de modificación.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Es que es fundamental que se lea.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya se leyó.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Se leyó, se leyó ¿por qué estás cambiando los procedimientos de procedibilidad? Hay que ver el artículo 110.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con gusto, diputado, una vez desahogada la solicitud. Con gusto, diputado, una vez desahogada esta propuesta. Una vez que concluya esta lectura, desahogo el trámite que usted me solicita.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:El diputado Pablo Escudero Morales: “con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulo ante este pleno reserva al dictamen con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de otorgar vales de medicina a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el caso de desabasto de medicamentos que presenta la Comisión de Seguridad Social, para quedar como sigue:

Artículo 91: La asistencia farmacéutica a que se refiere el primer párrafo de este artículo, proveerá a los derechohabientes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del Instituto.

Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farmacias del Instituto. En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del Instituto no cuenten con el abasto suficiente para el surtimiento de las recetas, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Instituto, se procederá al surtimiento de las mismas utilizando cualquier medio de cambio electrónico o convencional como: vales, bonos, tarjetas o algún otro mecanismo oficial que se entregará al asegurado para garantizar su derecho a los medicamentos y agentes terapéuticos en los términos de las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida el consejo técnico.

Transitorio. Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y en los años subsiguientes, conforme a lo establecido por el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social incluirá en su informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, el estado que guarda el abastecimiento de medicamentos en las farmacias y hospitales del Instituto, aportando elementos de juicio para conocer si la estrategia institucional es suficiente para cubrir la demanda de medicamentos a nivel nacional.

Tercero. En un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente  decreto, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá publicar las disposiciones de carácter general a que hace mención el párrafo tercero de artículo 91 de la Ley del Seguro Social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de octubre del año 2010. Firma el diputado Pablo Escudero Morales”. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Nuevamente se hacen las porquerías...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame señor Serrano. Diputado Pérez Cuevas, desde su lugar.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo para puntualizar dos aspectos que al menos creemos deben quedar perfectamente claros.

Uno es que tal surtimiento procederá sólo sujeto a la disponibilidad presupuestaria y será en los términos de las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.

Por tanto, sólo para efectos de clarificación, es un tema que bajo el proceso que corresponderá al Instituto, tendrá que sesionar su Consejo Técnico y que tendrá que estar sujeto bajo las reglas presupuestarias en su momento. Sólo para dejar la puntualización, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, Víctor Báez. Diputado Mendoza.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Hago alusión al artículo 110 del Reglamento de este Congreso, que me voy a permitir leer. Dice: En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito de oír a su autor si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiera —no escuché en ningún momento que preguntaran si es que había un impugnador; me parece que la manera fast track, rápida, con prisa como se está haciendo degrada a este Congreso— se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra.

Pero si no se ha llenado el requisito elemental de cumplir con el artículo, me parece grave ni siquiera concebir la segunda parte que le leído de este artículo. Por eso creo que de origen el proceder de esa manera tan acelerada y de- sahogar de una manera que no me parece digna de este Congreso la moción que ha presentado mi compañera la diputada Incháustegui es motivo no sólo de indignación sino es motivo de que este Congreso hoy esté rompiendo la legalidad.

Te pido, diputado presidente, te pido por favor que en su caso se pueda atender y se pueda registrar en el Diario de los Debates mi intervención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. No existió ningún impugnador porque esta Mesa no registró ni la primera vez que fue presentada ni la siguiente. Diputado Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Sí, diputado presidente. Complementando lo que acaba de argumentar el diputado Eduardo Mendoza, decirle a usted que en consideración del suscrito, como presidente de comisión, también creo que está violando las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, en particular los artículos 38, 39, 40 y 41.

Si hoy pasa este dictamen con todas las violaciones aquí planteadas por los compañeros de la bancada del PRD, entonces estamos expuestos a que cualquier dictamen, de cualquier comisión sufra este tipo de intervenciones indebidas, y de violaciones, y poder subirlos al pleno como se le dé la gana a la Mesa Directiva.

Por ello reitero esta violación y le estamos solicitando de manera formal que retire del orden del día la discusión de este dictamen, acompañado ya de la moción suspensiva y de la fundamentación que acaba de argumentar el diputado Mendoza.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Este dictamen surtió primera lectura el 29 de abril, señor diputado. Todos esos trámites que usted me dice ya habían corrido. Diputado Báez.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja(desde la curul): Gracias, presidente. Solicito a la Mesa Directiva que tenga la sensibilidad de atender esta demanda de los diputados. Aquí hay una aberración de procedimiento. Efectivamente, fue presentada el día 20, y aquí en tribuna, el 29 la propuesta se llevó a cabo por parte del diputado Escudero, en su intervención en tribuna, la que presenta como iniciativa, y en consecuencia el dictamen no fue discutido en comisión, por tanto, es sujeto de objeción.

Acabamos de autorizar una Ley de Ingresos, presidente, que tuvo opacidad y que fue hecha al vapor. Creo que es importante, presidente —¿me escucha, presidente?— creo que es importante que podamos tener la sensibilidad de que se respete la solicitud que hacíamos una gran cantidad de diputados, que se transparente el procedimiento y que se apegue a la ley.

Lo único que pedimos es eso. Que haya transparencia, que los mexicanos se den cuenta de que podemos tener debate y que podemos llevar el procedimiento adecuado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

Diputada Paredes, desde su lugar.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Nada más para dejar constancia no sólo del respeto al presidente por el manejo de la sesión sino precisar que si ha habido violaciones al trámite no corresponden precisamente a quien está en su lugar, conduciendo una sesión, reponiendo un procedimiento y dando tiempo suficiente para que se ejerza la voluntad de los diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Paredes.

Permítanme, señores diputados, dictar los trámites necesarios.

En primer lugar, desalojen la tribuna, si son tan amables. Diputados, si son tan amables, desalojen la tribuna.

Señores diputados, desalojen la tribuna y permitan a esta Presidencia dictar los trámites respectivos.

No voy a conceder el uso de la palabra, porque al haberse reunido únicamente 162 votos, más 9, más 5 en una votación, esta Presidencia declara que no hay quórum y se suspende la sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se levanta la sesión (15:49 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 26 de octubre a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. La sesión se reanudará en donde terminó la presente.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 4 horas 36 minutos • Receso de 26 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 266 diputados • Asistencia al cierre de registro: 448 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Oradores que participaron: 130 PRI                                  48PAN                                 31PRD                                 31PVEM                      4PT                           14Diputados del PAN, PRI, PRD y PVEM                    1Diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM y PT                       1 Se recibió o presentó: • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa; • 4 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los siguientes acuerdos con relación en otorgar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2011; • 1 proposición con punto de acuerdo de senador del PRD; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que envía contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos; • 2 oficios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal con los que envía contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del gobierno del estado de México con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Congreso del estado de Nuevo León con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Comisión estatal de Derechos Humanos Durango con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a septiembre de 2010, desagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento • 1 iniciativa de senador del PVEM; • 1 iniciativa de senadores del PRI, PAN y PRD; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Campeche; • 2 minutas con proyecto de decreto; • Discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social; • 1 dictamen de la Comisión de Transporte con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil (no es aprobado y se devuelve a la Comisión de Transporte) • 3 iniciativas del PRI; • 2 iniciativa del PAN; • 1 iniciativa del PRI y PVEM; • 59 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 excitativa a comisiones Dictámenes de primera lectura: • 1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley General de Sociedades Cooperativas; • 1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública; • 1 de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; • 1 de la Comisión de Vivienda con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda, y 16 de la Ley General de Protección Civil; 1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; • 1 de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación; • 1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reforma los artículos primero y tercero transitorios, y quinto al decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005 Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Economía con puntos de acuerdo relativos a proposición por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal, continuar las mediciones y evaluaciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno; • 1 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con puntos de acuerdo relativos a proposición por el que se cita a comparecer de manera conjunta ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, al Director General de Once TV México y al Director General del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales; • 1 de la Comisión de Juventud y Deporte con puntos de acuerdo relativos a proposición por los que se exhorta al Ejecutivo federal informar, a esta Soberanía las razones por las que no se ha remitido al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo relativos a proposiciónpor el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a redefinir tanto la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba Enlace como el uso de éstos; • 1 de la Comisión de Reforma Agraria con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma artículos 2o., 5o., 29, 48 y 59 de la Ley Agraria; • 1 de la Comisión de Transporte con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; • 1 de la Comisión de Transporte con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; • 1 de la Comisión de Vivienda con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda; • 1 de la Comisión de Vivienda con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 y adiciona el 57-Bis de la Ley de Vivienda; • 1 de la Comisión de Vivienda con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda; • 1 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74, y los párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el primer párrafo del artículo 8, el artículo 18 y el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; • 1 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Gobernación, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social; la fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se adiciona un inciso g) a la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; un segundo párrafo a los artículos 72 y 78 respectivamente, de la Ley General de Desarrollo Social y las fracciones I Bis y II Bis; al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal