SUMARIO

---

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 288 diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del orden del día, ya que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 28 de octubre de 2010.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Junta de Coordinación Política, por el que comunica que autorizó la adición de dos municipios al Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco. (Votación)

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativa del Congreso del Estado de Michoacán

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Oficios del Gobierno del Estado de Chihuahua

Dos, con los que remite contestaciones de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Chihuahua, a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, relativos a la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en campos agrícolas; y al caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar.

Oficios del Gobierno del Estado de México

Tres, con los que remite contestaciones del Secretario General de Gobierno del Estado de México, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción; a la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país; y en materia de seguridad y justicia.

Oficio del Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación del Secretario de Gobierno, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México.

Oficio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Con el que remite contestación de la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Oficio del Gobierno del Estado de Morelos

Con el que remite contestación del director General Sistema DIF Morelos, a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Día de la Familia.

Oficio del Gobierno del Estado de Puebla

Con el que remite contestación del Gobernador del Estado de Puebla, a punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

Oficios de la Procuraduría General de Justicia de los estados de Querétaro y de Sinaloa

Con los que remiten contestaciones de los procuradores Generales de Justicia, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de seguridad y justicia.

De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí

Con el que remite contestación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, en materia de seguridad y justicia.

Oficio del Congreso del Estado de Tamaulipas

Con el que remite contestación del Secretario General del Congreso del Estado de Tamaulipas, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las legislaturas locales expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de septiembre de 2010, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Con el que remite el Informe sobre la Situación Financiera Patrimonial y Operativa del Instituto al cierre de 2009 y el Informe de Sustentabilidad “Calidad de Vida y Valor Patrimonial 2009”

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Anaid de la Fuente Martínez, Ricardo Eduardo Domínguez Medrano y José Manuel González Torres, puedan prestar servicios en la Embajada de la República Federativa del Brasil en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que informa que la Ciudadana Elizabeth Nora Echavarri Villanueva, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Tres, con los que remite contestaciones del director general del Fondo de Desastres Naturales y del Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la liberación de recursos para solucionar la situación que se presenta en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Tamaulipas, y otros municipios afectados por los desastres naturales recientemente ocurridos; y a la declaratoria de desastre, para los 166 municipios del Estado del Oaxaca afectados por las lluvias.

Con el que remite contestación del Secretario General del Consejo Nacional de Población, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los estudios técnicos para considerar a Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana.

Con el que comunica que el general Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, ha designado al ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, como subsecretario de Defensa Nacional.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite contestación del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de seguridad y justicia.

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto, que reforma los transitorios segundo y cuarto y se adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo aprobado, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados crear un fondo para apoyar los programas de reconversión productiva integral e incentivar el comercio del tabaco que se produce en el país. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se incrementen los recursos del Fondo Metropolitano, presentado por senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados aumente el presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda, presentado por los senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado “Reactivación Puerto Frontera, Tabasco”, presentado por el senador Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se contemple el subsidio en precios de diesel marino y gasolina ribereña, presentado por la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asigne presupuesto adicional superior al del 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, presentado por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Ejercicio Fiscal 2011, no se permita la generación de nuevas plazas con elevado rango y onerosos sueldos en la administración pública federal, presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche, presentado por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares, presentado por la senadora María del Socorro García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila, presentado por los Senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se consideren recursos suficientes para sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama, presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud de los senadores Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa a los Cien Años de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de Decreto, que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4°, 6° y 22 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 111 y 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 464 Ter y 469 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 17 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 37 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por las diputadas Gabriela Cuevas Barron y Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y que contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública, consulte al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a lo señalado por la Conago, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, en materia de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Justicia, Seguridad pública y Participación Ciudadana.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, evite realizar recortes presupuestales a programas productivos considerados en el Programa Especial Concurrente del PEF 2011, a cargo del diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un Programa de Apoyo Monetario para las familias de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, extienda los beneficios fiscales otorgados a los patrones y trabajadores eventuales del campo, a cargo del diputado Oscar Javier Lara Aréchiga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SHCP destine durante los últimos tres meses del año, los recursos reportados como subejercicios no reasignados por parte de la SCT, al apoyo de los gobiernos estatales para la reconstrucción de caminos y carreteras estatales; asimismo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación y asignación del Fondo Nacional de Apoyo para la Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras Estatales, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos suficientes para reconstruir los puentes vehiculares de El Llano, Municipio de San Blas y San Francisco de Bahía de Banderas, Nayarit, así como el camino de la localidad de Sayulita – Punta de Mita, a cargo de la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la educación superior de calidad que permita asignar fondos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación del Puerto de Seybaplaya, Campeche, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la reconstrucción, rehabilitación, dotación de mobiliario y equipamiento para espacios educativos, parcial o totalmente destruidos por los recientes fenómenos climatológicos en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Centro Cultural Plurifuncional, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a cargo del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la 1ª etapa de la Casa de la Cultura, cabecera municipal de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud del Barrio de Santiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Colector Poniente en Barrio Santiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del puente vehicular El Tecolote, en la cabecera municipal de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Sistema de Agua Potable en Ejidos de Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de gradas, cancha deportiva, pista de trote y gimnasio en el Deportivo 18 de Marzo del Barrio de Santiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la 1ª etapa del Andador Regional y puentes en el camellón central de la Carretera Federal Lechería-Los Reyes, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización en el entronque con la Carretera Federal Texcoco-Lechería, en el Km. 30.10 del Barrio de Santiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización en el entronque con la Carretera Federal Texcoco-Lechería, en el Km. 30.60 del Barrio Santiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la perforación y equipamiento del Pozo Municipal de Agua Potable en Ejidos de Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la elaboración de la 1ª etapa del Proyecto Integral para la solución del problema de drenaje y obra en Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la reconstrucción en el entronque con la Carretera Federal Texcoco-Lechería, Km. 29.50, en Pascual Luna, Centro del municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, en el municipio de Tezoyuca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución de obras de pavimentación asfáltica, infraestructura urbana e hidráulica en el camino a Ocopulco, San Mateo Chipiltepec, del municipio de Acolman, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución de obras de pavimentación asfáltica, infraestructura urbana e hidráulica en la calle Tepexpan, en el municipio de Acolman, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución de obras de pavimentación asfáltica, infraestructura urbana e hidráulica en la calle Las Torres, en el municipio de Acolman, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución de obras de pavimentación asfáltica, infraestructura urbana e hidráulica en el Boulevard Tepexpan, en el municipio de Acolman, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el saneamiento integral de las presas San Joaquín y Tecamachalco, situadas entre el Distrito Federal y el Estado de México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable del municipio de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una cancha de futbol de pasto sintético y pista de tartán, en el municipio de Acajete, estado de Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para atender la rehabilitación de la Casa de Cultura “Ex-Colecturía del Diezmo”, en el municipio de Tepeaca de Negrete, estado de Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Conaliteg, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la sustitución del Hospital General del municipio de Tlatlauquitepec, estado de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la sustitución del Hospital General de Tecamachalco, estado de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la sustitución del Hospital Comunitario de Pahuatlán, estado de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la conclusión del Hospital General de San Pedro Cholula, estado de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la puesta en marcha de proyectos de inversión agrícola y ganadera, los cuales presentan una distribución regional equilibrada entre las entidades del Sur Sureste del país, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Proyecto Estratégico “Apoyo a la Reconversión Productiva y Consolidación del Cultivo de Camarón en Oaxaca”, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y adquisición de equipo y mobiliario de una Universidad Tecnológica en el municipio de San Carlos Yautepec, estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un puente de concreto abajo del vertedor de la Presa Benito Juárez y la modernización de los caminos que llegan a la misma, ubicada en el municipio de Jalapa del Marquez, estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el incremento salarial del personal operativo y de enlace del INEGI, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se ratifica el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en materia de la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la educación inicial, educación especial, preescolar, primaria y secundaria en Poza Rica, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, destine recursos del Fonden, en apoyo a las mujeres veracruzanas afectadas por los estragos climatológicos provocados por el huracán Karl. Asimismo, se exhorta a la Sedesol y a la SCT, el incluirlas dentro de sus programas de empleo temporal, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación de un Centro de Reinserción Social en el Estado de México, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, impulse un Programa emergente de subsidio de diesel para el transporte colectivo denominado “Peseras” de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Programa de Prevención y Atención del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los médicos que participan en la certificación del programa IMSS-Oportunidades en las zonas rurales de alta marginación y difícil acceso, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa Rescate de Espacios Públicos, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la implementación de los proyectos solicitados por el Gobierno del estado de Nuevo León, en materia de seguridad pública, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la compra, instalación, pruebas y operación de una nueva caldera que modernice y termine completamente la contaminación ambiental que produce el Ingenio Azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el rescate del andador de la cabecera municipal de San Joaquín a la Virgen de los Herrera, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un auditorio en la comunidad de San Miguel, municipio de Tolimán, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una cancha pública de futbol rápido, en San Antonio de la Cal, municipio de Tolimán, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras en el Centro Cultural “La Casa del Faldón”, en el municipio de Querétaro, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de módulos de vigilancia e información en las comunidades de Los Herreras, Apartadero y en el Parque Nacional Campo Alegre, municipio de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de drenaje integral en diversas comunidades del municipio de Tolimán, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización y rehabilitación de un tramo de la Carretera Estatal Galeras-Tequisquiapan, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el rescate del Mirador San Antonio, municipio de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de muros de contención en los caminos a las comunidades de Nuevo San Joaquín, San Francisco Gatos, La Zarza y Somerial, municipio de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras en el Museo de la Ciudad en Santiago de Querétaro, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Paseo Pirineos, en el municipio de Querétaro, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras y drenaje en la comunidad de San José Carrizal, municipio de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización de caminos rurales en el municipio de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el rescate y reconstrucción del Teatro de la Ciudad, en Santiago de Querétaro, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la cimentación, techado, alumbrado, gradas, área de sanitarios y cafetería para canchas públicas de basquetbol, en la cabecera municipal de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la cimentación y techado de canchas de usos múltiples en las comunidades de La Soledad, Santa María de Álamos, La Zarza y Somerial, San José Catiteo y El Durazno, municipio de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, instrumente dentro de su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, un fondo para la Atención y Prevención de Desastres Naturales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se establezca un fondo para la prevención de desastres en Tabasco y Chiapas, que permita financiar estudios, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, dirigidas a la reducción de los riesgos de desastres, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la SEDENA, para crear 18 Unidades de Reacción Especializadas del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicana, para hacerle frente al combate a la delincuencia organizada, suscrito por los diputados Adriana Fuentes Cortés y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, fortalezca las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca, evite cancelar plazas de sus investigadores que queden vacantes, producto del retiro laboral, e incluya a las Universidades y Centros de Investigación o Instituciones Académicas en la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere un monto mayor o igual al aprobado para 2010, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de distintos caminos y tramos carreteros en diversas localidades del municipio de Xicoténcatl, estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación asfáltica en diversas localidades del municipio de Nuevo Morelos, estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el reencarpetamiento y bacheo de avenidas en diversas localidades el municipio de Tampico, estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Mercado Municipal de Tampico, estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de distintos caminos y tramos carreteros en diversas localidades del municipio de Aldama estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de estructuras de puentes peatonales sobre el Río Guayalejo en los Ejidos Brownsville, Emiliano Zapata, Alianza Agraria y La Presa del municipio de Xicoténcatl, estado de Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un muelle turístico y de recreo dentro del municipio de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se reactive el Programa Zonas de la Frontera Norte y se le asignen recursos para su operación, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación, remodelación y mejora de los mercados públicos en los municipios de Campeche y Candelaria, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere la disminución presupuestal a caminos rurales y carreteras alimentadoras, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de diversas obras vinculadas a la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de La Piedad, Michoacán, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos al Programa de Apoyo y Subsidio para la Adquisición de Vivienda, denominado “Esta es tu Casa”, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se reintegre y actualice el monto de recursos asignados en 2010, al subsidio para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña, cuyo objetivo es coadyuvar a la competitividad de la industria pesquera nacional, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para atender las necesidades de equipamiento del nuevo Hospital del Niño y el Adolescente, en el estado de Morelos, a cargo del diputado Jesús Giles Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para atender la rehabilitación y modernización de la Carretera Federal 15 tramo carretero Estación Don–Nogales, estado de Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la SEP, a efecto de que lleve a cabo la homologación de prestaciones para los trabajadores de la sección 6 del SNTE y se realice el pago de las cantidades adeudadas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que en colaboración con el Inmujeres, desarrollen una estructura programática que permita desagregar las categorías y elementos necesarios a fin de visibilizar de manera clara la información presupuestaria para el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres, en el PEF 2011, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de tres guarderías de alta marginación en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la reposición de drenaje sanitario en el poblado de El Barretal, así como la construcción de una unidad deportiva y de usos múltiples del municipio de Padilla, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el DIF, a fin de que realice acciones de coadyuvanza en el cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo al interés superior de la infancia, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un campo de futbol con pista atlética, para la comunidad de Dzibalchén, municipio de Hopelchén, Campeche, a cargo de la diputada Yolanda Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos, para la formación continua y profesionalización de maestros de educación básica en servicio, a cargo de la diputada Yolanda Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación, a base de concreto hidráulico, en varias localidades del municipio Antiguo Morelos, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la SEMARNAT y la SRE, para que puedan cumplir los compromisos internacionales que se suscriban en la 16ª Conferencia sobre Cambio Climático, a cargo de la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la Universidad Tecnológica para el municipio de Candelaria, Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el IFAI, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Organismo Social Arte en el Parque, A.C., de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Fondo Regional correspondiente al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, con el propósito de incrementar la asignación presupuestal del subfondo regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento del Hospital General Regional de Iztapalapa así como para la ampliación, remodelación y equipamiento de diversos Centros de Salud, considerados en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal 2007-2012, suscrito por los diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la estación Axomulco de la Línea 12 Bicentenario del Metro en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, suscrito por los diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y funcionamiento de la carretera Zirándaro-Aratichanguio, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos adicionales al Programa Hábitat, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos adicionales para el Gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el municipio de Guadalupe, Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se consideren recursos para los proyectos, programas y propuestas que presentan los Presidentes Municipales de Loreto, Villa García, Trancoso y Pinos, estado de Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para 51 proyectos de infraestructura carretera en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para 14 proyectos de infraestructura deportiva en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para 15 proyectos de infraestructura cultural en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para conformar el Sistema Nacional de Becas, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un puente a desnivel en Zamora, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la Plaza Artesanal de la Esfera, en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Malecón del Bicentenario de la Independencia, consistente en museo, estacionamiento, restaurant y embarcadero, en Petatan, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la segunda etapa de la Casa de la Cultura del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un relleno sanitario para tratar la basura que se genera en el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para pavimentar con concreto hidráulico diversas calles de Cojumatlán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Puerto de León, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Petatan, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de El Nogal, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Rincón de María, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una fábrica de harina de pescado en la localidad de Petatan, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Chapingo, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Centro Nacional de las Artes y para la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para las Instituciones de Educación Superior, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para financiar el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal - El Corralito, del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se establezca un fondo para el pago de los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para adicionar un párrafo al artículo 20 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, a efecto de que en las campañas y programas del Gobierno Federal, sea incluido en un recuadro, un intérprete de lengua de señas mexicanas, o en su defecto, el sistema de subtítulos o close caption, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos adicionales para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la Cuarta Zona Metropolitana del país, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para los Programas Federales destinados al Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, principalmente al Programa Para el Desarrollo de la Industria del Software, a cargo del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para fortalecer el equipamiento de escuelas, con el fin de resarcir las carencias en los centros educativos, contribuir a la calidad educativa y abonar el camino para alcanzar el objetivo de asignar el ocho por ciento del PIB que debe destinarse a educación, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para impulsar la calidad de los maestros del nivel básico de educación, en específico al rubro de formación, capacitación y actualización docente, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP, consideren la propuesta de exentar el cobro de derechos de peaje, al servicio de transporte escolar, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se instrumenten las medidas necesarias para que se autorice y se asigne el 1% del PIB a ciencia y tecnología, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se instrumenten las medidas necesarias para que se autorice y se asigne el 8% del PIB a educación, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el impulso de las actividades dedicadas al desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Sonora, a los titulares de la ASF, de la CONAGUA, de la SHCP y de la PGR, realicen las actividades necesarias para impedir el inicio de la construcción del Acueducto Independencia, en dicha entidad. Asimismo, para que se envíe a esta Soberanía un informe detallado del proceso administrativo, documental y de licitación de dicho proyecto hidrológico, así como para que se dé cumplimiento a la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Octavo Federal, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta Soberanía, instruya al Ceameg para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores, así como a su equipo técnico, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el subsector cultura del país, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y la ciudadanía, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Cultura. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que contemple el desarrollo del PIB-Agroalimentario del año inmediato anterior; la proporción de población rural objetivo con respecto a la población total del estado; reducción en el grado de marginación; el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente y se establezca como un criterio general obligatorio, para las reglas de operación que emita la Sagarpa para el ejercicio fiscal de 2011, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios del estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos que permitan la construcción de infraestructura que evite el ingreso de fauna natural a granjas acuícolas ubicadas en el estado de Sinaloa, y se exhorta a la Sagarpa, instrumente estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el desarrollo de infraestructura hospitalaria del Programa IMSS Oportunidades en el estado de Yucatán, suscrito por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Profeco, instrumenten medidas para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a consecuencia del alza de las gasolinas en nuestro país, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un fondo de infraestructura deportiva municipal, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la organización del 8° Parlamento de las niñas y niños de México 2011, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial para la Niñez. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, reelabore el instrumento mediante el cual se conformó el Padrón de Trabajadores de la Educación, publicado en julio del presente año, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la homologación salarial de los trabajadores del sistema de salud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la continuidad de la construcción de la UAM, unidad Cuajimalpa de Morelos, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que explique los criterios para establecer los límites máximos de acumulación del espectro y proporcione un análisis de la competitividad, a cargo del diputado Fidel Kuri Grajales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, declare el año “2011: Año Nacional de Donación y Transplantes de Órganos”, a cargo del diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua, y a la Profepa, coordinen acciones que cuiden la óptima calidad de las playas y mares, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, destine un fondo de emergencia con apoyos directos para apoyar a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero, de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, fortalezcan las finanzas públicas del Distrito Federal, eficientando la recaudación de los impuestos y derechos por pago de servicios públicos, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos en inversión, infraestructura y servicios que permitan un Desarrollo Sustentable para abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Merino Loo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, vigilen el correcto funcionamiento de las Instituciones Públicas y Privadas encargadas del cuidado de las niñas y niños que por disposiciones jurídicas se encuentran separados de sus padres; asimismo, se exhorta a los Congresos Locales y a la ALDF, legislen en la materia, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal, capaciten a sus servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de género, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de PEMEX, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como reforzar la vigilancia, a fin de evitar sucesos semejantes, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de los Estados, implementen un Protocolo de Seguridad para Periodistas y a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, instauren un Protocolo de Investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, haga un extrañamiento al CEFP para que, en el ejercicio de sus funciones, se conduzca con imparcialidad, objetividad y rigor técnico, debido a que ha realizado, publicado y difundido estudios, análisis, conclusiones e interpretaciones que se apartan de la veracidad, generan desconfianza, incertidumbre y deso-rientan la labor legislativa, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Segob, declare zona de emergencia a diversos municipios del estado de Guerrero y se liberen recursos del Fonden para resarcir los daños ocasionados a las vías de comunicación terrestre y viviendas de sus pobladores, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE se solicite a la Embajada de México en Estados Unidos, inicie las negociaciones correspondientes a efecto de establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del CONACYT respecto al rediseño de la normatividad que rige al Sistema Nacional de Investigadores, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Ejecutivo federal para que a través de la SRE, fije la postura de México en pro de la defensa de los derechos humanos y solicite a su homólogo de la República Popular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, otorgue a las aerolíneas de bajo costo, horarios de despegue y aterrizaje (slots), que por ahora han quedado sin utilizarse con motivo de la suspensión indefinida de operaciones del nuevo grupo aeronáutico (Grupo Mexicana), apegándose a la normatividad en materia de seguridad, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, derogue los acuerdos publicados en el DOF, referentes a la aceptación de equivalencias de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y 019-SCFI-1998, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP ante esta Soberanía y presente un informe financiero del estado que guarda el ejercicio del gasto público y subejercicios; asimismo para que se reasignen subejercicios del gasto público federal al Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, lleven a cabo acciones efectivas en contra de la violencia generada en la zona y conduzcan a garantizar la seguridad e integridad física de los habitantes del municipio de San Juan Copala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos suficientes para el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y de la SEMARNAT, se empleen recursos de los subejercicios del PEF 2010, para la implementación del Proyecto Rehabilitación y recuperación de playas en franja costera de Chuburna Puerto – Yucalpetec, en el municipio de Progreso, Yucatán, suscrito por los diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Gerardo del Mazo Morales del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre la discriminación que sufren mexicanos que vuelan hacia los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios referentes a la recategorización de México para ocupar el espacio aéreo por parte de la FFA, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del 36 Aniversario de la creación del estado libre y soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Aniversario del 2 de octubre “Día de la matanza de Tlatelolco”, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 12 de octubre de 1492, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, a cargo de los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 24 de octubre, Conmemoración del Día de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo de la conmemoración del natalicio de Francisco I. Madero, el 30 de octubre de 1873, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con motivo del 17 de octubre, Día Mundial de la Pobreza, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta, considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiséis de octubre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 406 diputadas y diputados, a las 12 horas con 39 minutos del martes 26 de octubre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Desde su curul realizó comentarios el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Social, que adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social. El Presidente informó a la asamblea que se recibieron comunicaciones con moción de orden de los diputados Laura Itzel Castillo Juárez y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo; Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática; a quienes se les concedió el uso de la palabra desde sus respectivas curules para exponerlas. Realizó comentarios desde su curul, el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente hizo aclaraciones.

A las 13 horas, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 448 diputadas y diputados.

El Presidente instruyó a la a la Secretaría poner a votación la propuesta de modificación del diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México y solicitó que se abriera el tablero electrónico para su votación. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones, Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, este último solicitó a la Presidencia se leyera la modificación propuesta y el presidente obsequió dicha solicitud; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones. Se admitió a discusión la propuesta de modificación al artículo 91 de la Ley del Seguro Social por 302 votos; 83 en contra y 16 abstenciones. Intervinieron en contra del dictamen los diputados: Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Intervienen en pro de la modificación los diputados Emilio Serrano Jiménez y en contra Guadalupe Acosta Naranjo, ambos del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus respectivas curules los diputados Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, para responder alusiones personales; Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, y Mario Alberto di Costanzo Armenta, para moción de procedimiento. El Presidente hizo las aclaraciones respectivas. En su oportunidad, solicitó la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, la lectura de los apartados del acta del día 28 de abril de 2010, de la Comisión de Seguridad Social y el presidente obsequia dicha petición.

En sendas votaciones económicas se consideró suficientemente discutido y se aceptó la propuesta de modificación. Se aprobó en lo general y en lo particular con la propuesta de modificación el proyecto de decreto por 302 votos; 95 en contra y 23 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; José Ramón Martel López, Partido Revolucionario Institucional; Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Serrano Jiménez y Eduardo Mendoza Arellano; del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hizo aclaraciones.

En sendas votaciones económicas se dispensó la lectura y se sometieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones.

• De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez. Se puso a discusión en lo general el dictamen.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Para fijar posición de sus respectivos grupos parlamentarios intervinieron los diputados: Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México; Ramón Jiménez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

María Yolanda Valencia Vales, del Partido Acción Nacional y Cristabell Zamora Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. Intervienen en pro del dictamen los diputados: Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática y Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad desde su curul, realizaron comentarios la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz y el diputado Ariel Gómez León, ambos del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido. El presidente informó que se habían reservado para la discusión en lo particular los artículos 2, 3, 6, 8, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51 y 52, el Título de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la denominación del Título Tercero del Título Cuarto, capítulo segundo, y la adición de un artículo transitorio, así como los artículos 52 y 118 de la Ley General de Población. Se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 287 votos y una abstención. Se concedió el uso de la palabra en relación con los artículos reservados al diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; intervinieron en pro de las propuestas de modificación el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En sendas votaciones económicas se consideraron suficientemente discutidos los artículos reservados y no se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Muñoz Ledo.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Se aprobaron en lo particular los artículos reservados en términos del dictamen por 262 votos; 23 en contra y 5 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios en relación con el al dictamen los diputados Porfirio Muñoz Ledo y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo.

• De Desarrollo Rural, que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En la discusión en lo general y en lo particular interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 267 votos y 7 en contra. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realizó comentarios la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación. De enterado, comuníquense.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 16 horas con 56 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 28 de octubre de 2010, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Ponga a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se presunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, los cuales que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Economía

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.

Educación Pública y Servicios Educativos

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación periódica o permanente de profesionales de atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias del estado.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se propone la creación del programa emergente Canasta Básica Escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas.

Recursos Hidráulicos

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a asignar recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas en cuanto a la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer a través de la Comisión Nacional del Agua, en las reglas de operación del ejercicio 2010, un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Seguridad Pública

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua.

Trabajo y Previsión Social

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una disposición que otorgue mayores recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un incremento salarial de al menos 6.5% para el 2010; y al pleno de esta Cámara de Diputados, constituir un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea esta soberanía la que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el Presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistir de presentar ante el Poder Legislativo la denominada “iniciativa Lozano” de reformas a la Ley Federal del Trabajo, o su equivalente, y al contrario, inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que lleve a la tutela de los derechos históricos de ésta.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Economía, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción coordinada para emitir una norma oficial mexicana dirigida a incrementar y fortalecer la actividad turística en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue turnado para estudio y dictamen el “punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, con objeto de incrementar y fortalecer la actividad turística en México”, presentado por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 4 de marzo de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 4 de marzo de 2010, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Turismo”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

El tiempo compartido como actividad se ha venido desa-rrollando durante varios años; esta actividad es inminentemente turística, y se encuentra regulada y sancionada por la Secretaría de Economía, por lo que estamos convencidos de que en esta regulación debe existir una coordinación entre las Secretarías de Turismo, y de Economía, toda vez que reconocemos que la Secretaría de Economía ha llevado a cabo esfuerzos importantes para regular la actividad, pero que sin duda la mejor forma de hacerlo es con la colaboración de la secretaría coordinadora de sector.

En la actualidad, esta actividad representa cerca de 39 por ciento de la oferta de hospedaje de calidad turística del país, con 409 proyectos, lo que equivale a cerca de 24 por ciento de la oferta en Latinoamérica y el Caribe; es decir, cerca de 46 mil 549 unidades construidas o 100 mil cuartos hoteleros, generando más de 6 millones de turistas, niveles de ocupación de 80 por ciento al año, y ventas del orden de 3 mil 44 millones de dólares.

La Ley Federal de Turismo, en el capítulo VI, artículo 66, señala que corresponde a la Secretaría de Turismo verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de turismo, verificando a los prestadores de servicios turísticos, razón que no ha sido aplicada para los tiempos compartidos.

En tanto, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal considera en el artículo 42, sección X, que corresponde a la Secretaría de Turismo regular, orientar y estimular las medidas de protección del turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con las autoridades estatales y municipales; y en el artículo 34, sección II, que corresponde a la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios.

Considerandos

La norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Economía 029-SCFI-1998 establece únicamente la relación comercial que se genera, sin especificar que dicha actividad es puramente turística, por lo cual resulta conveniente resaltar la importancia de la regulación de los tiempos compartidos para el fortalecimiento y el desarrollo del turismo en México.

La elaboración de la Norma Oficial Mexicana 029-SCFI-2009, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido”, consideró algunos temas innovadores que a experiencia de las localidades es de difícil aplicación, por los antecedentes ocurridos en materia turística y que de acuerdo con dicha experiencia las legislaturas locales han venido haciendo lo propio para poder dar certeza y certidumbre jurídica a los contratos y a la figura de “tiempo compartido”.

En la elaboración de cada una de estas normas jurídicas, entendemos, ha tenido una importante colaboración la Secretaría de Turismo federal, generando con ello mayor satisfacción tanto en los empresarios como en los turistas, haciendo crecer en una forma exponencial y ordenada esta actividad.

En virtud de lo señalado, se presenta este punto de acuerdo para que esta actividad siga siendo un ámbito de competencia concurrente entre las Secretarías de Economía, y de Turismo federales.

En mi calidad de presidente de la Comisión de Turismo presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción conjunta a fin de emitir la norma oficial mexicana “para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido”, con objeto de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Arturo Vega.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Francisco Arturo Vega, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán turnadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictaminen.

Cuarta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 73, fracción XXIX-K, la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

Quinta. Que las normas oficiales mexicanas (NOM), conforme a las fracciones III, XII y XVIII del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tienen como finalidad establecer

• Las características o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;

• La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, los envases, el embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario; y

• Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto en los artículos 45 a 47.

Sexta. Que la fracción II del artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia expedir NOM en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor.

Séptima. Que el artículo 64 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la prestación del servicio de tiempo compartido consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas el uso, el goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte de éste, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de éstos.

El artículo 65 de la misma ley sólo establece que la venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la procuraduría y cuando especifique

• Nombre y domicilio del proveedor;

• Lugar donde se prestará el servicio;

• Determinación clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendrán los compradores, incluyendo periodos de uso y goce;

• El costo de los gastos de mantenimiento para el primer año y la manera en que se determinarán los cambios en este costo en periodos subsecuentes;

• Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen costos adicionales para realizar tales intercambios; y

• Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del consumidor.

De ahí que se pueda afirmar que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene una regulación escueta respecto a esta figura, pues sólo dos dispositivos se refieren a esta materia.

Octava. Que el 9 de diciembre de 1998 se expidió la NOM-029-SCFI-1998, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo compartido (cancela la NOM-029-SCFI-1993)”, la cual estuvo dirigida a todas las personas que en el país se dedicaban directa o indirectamente a la comercialización, operación y prestación de este tipo de servicios, y su principal aportación fue establecer la existencia de una relación comercial al prestar el servicio de tiempo compartido.

Debe decirse que a la fecha de expedición de esta NOM, la Ley Federal de Protección al Consumidor no contenía la regulación de este tipo de servicios que actualmente se refleja en los artículos 64 y 65 de ese cuerpo normativo y que fueron citados líneas arriba.

Novena. Que en fecha 17 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido” misma que cancela la referida en el considerando próximo anterior, cuyo objetivo establece los requisitos de información comercial y elementos normativos a que deben sujetarse los proveedores del servicio de tiempo compartido, con objeto de lograr la protección del consumidor.

Décima. Que en fecha 15 de julio de 2010 se publicaron en el DOF modificaciones de la NOM referida en el punto anterior a efecto de abarcar mayores temas respecto de los tiempos compartidos.

Debe mencionarse que tanto la publicación de la NOM-029 de fecha 17 de mayo de 2010 como su modificación mencionada en el párrafo anterior tienen un lapso de entrada en vigor de 60 días, por lo que a la fecha de la aprobación del presente dictamen por el pleno de la Comisión de Economía no han entrado en vigor.

Undécima. El 29 de julio de 2010 se publicó para consulta pública una propuesta de modificación de la NOM de referencia, la cual pretende eximir al consumidor de algún cobro adicional en caso de que fuesen insuficientes la cuotas pactadas en el contrato de tiempo compartido, acentuando que será responsabilidad del proveedor cubrir dichas diferencias si las hubiere.

Duodécima. De lo anterior se desprende que ya se encuentra publicada en el DOF la NOM para regular la prestación del servicio de tiempo compartido, con lo que se cumple la preocupación del diputado proponente.

De ahí que los integrantes de la Comisión de Economía consideren que toda vez que la materia del punto de acuerdo que se dictamina ya fue atendida, lo correcto sea declararla sin materia y, por tanto, desecharla.

Decimotercera. Que en fecha 21 de septiembre de 2010, la Comisión de Economía recibió de la de Turismo la opinión respecto al punto de acuerdo que se dictamina, la cual en su parte considerativa coincide con lo plasmado en el presente dictamen.

En efecto, la opinión de referencia resuelve lo siguiente:

... Consideraciones

1. La norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Economía 029-SCFI-1998 establece únicamente la relación comercial que se genera, sin especificar que dicha actividad es puramente turística, por lo cual resulta conveniente resaltar la importancia de la regulación de los tiempos compartidos para el fortalecimiento y el desarrollo del turismo en México.

2. La supracitada norma oficial mexicana ha sido sustituida por la NOM-029-SCFI-2010, publicada el 17 de mayo del 2010, por lo que la NOM, 029-SCFI-1998 queda sin efectos.

Conclusiones

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados considera que el punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Manuel Joaquín González queda sin materia, para efectos del dictamen correspondiente; por lo que se propone desechar la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que en fecha 17 de mayo de 2010 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la presentación del servicio de tiempo compartido”, la cual, con sus modificaciones, actualiza el marco aplicable a ese tipo de servicios...

Lo anterior se hace constar para los efectos del artículo 43 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados.

Decimocuarta. En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía

Acuerda

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, con objeto de incrementar y fortalecer la actividad turística en el país, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 4 de marzo de 2010.

Segundo.Archívese el expediente como asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias del estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias del estado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 61, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 10 de noviembre de 2009, la diputada aludida presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias de la entidad.

En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a esta comisión para estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición

En su exposición de motivos, la diputada manifiesta que las familias mexicanas enfrentan complicados problemas sociales que se traducen en una descomposición social que afecta a la familia como institución y el comportamiento del individuo como tal.

Señala que estos problemas se presentan en todo el país, pero especialmente en Jalisco, donde factores como la pobreza y la desintegración familiar favorecen y exponen a que “en seis de cada diez familias jaliscienses habite la violencia intrafamiliar reproduciéndose de generación en generación”; además, incide en otro tipo de problemas, como son la deserción escolar y la delincuencia juvenil.

Ante tal situación, la proponente expresa que “se necesita cada vez más de personal profesionalmente competente para responder de manera oportuna y acertada a sus demandas educativas y sociales, ya que la situación social en la que se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes los expone a situaciones de depresión grave, de trastornos del estado de ánimo, de periodos prolongados de ansiedad, impulsividad y sensación de desesperanza”.

Por ello, argumenta como urgente la intervención de la autoridad educativa en los centros escolares para atender el problema. Por tanto, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita al titular de la secretaría de Educación de Jalisco que se asigne el envío, periódico o permanente, o ambos, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco.

III. Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta comisión dictaminadora comparten con la promovente la preocupación de que los problemas sociales relacionados con la violencia intrafamiliar han alterando el núcleo de las familias mexicanas y, por consiguiente, al conjunto de la sociedad. Asimismo, la consideran una problemática no resuelta, por lo tal, reconocen que las labores de atención y prevención son fundamentales para combatirla y erradicarla.

Al respecto, es fundamental señalar que en el país desde hace aproximadamente tres décadas comenzó a reconocerse la violencia intrafamiliar como una problemática social, la cual ha sido objeto de estudio, análisis y de intervención para su prevención y atención. Sin embargo, es hasta ahora que se le concibe como un problema de interés público y con ello la importancia de la intervención del Estado mediante políticas públicas para su atención.

Las causas de violencia intrafamiliar son múltiples y diversas, no obstante las que más inciden en su generación y reproducción son con el objetivo de ejercer un control en las relaciones, como factor de dominación y desigualdad, los modelos autoritarios de educación, la red social de violencia, así como otros factores conexos como el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos y las crisis familiares, el estrés, la pobreza, el desempleo, las condiciones de dependencia, los limitantes de acceso a los espacios de procuración de justicia, la desvinculación con el medio social, la existencia de vínculos efectivos con el agresor, factores psicológicos, entre otros. Por lo general, estos nunca se presentan de manera aislada, de ahí la complejidad del problema.

También produce otros efectos sociales, como son la drogadicción, la delincuencia, el pandillerismo, niños en la calle, la prostitución, efectos psicológicos y psiquiátricosen las victimas , incluso casos de homicidios y suicidios.

Como puede apreciarse, la violencia en la familia es un tema complejo donde confluyen aspectos relacionados con la economía, la antropología, la historia, la psicología, entre otras, la cual no se resuelve mediante intervenciones centradas en los efectos, con programas de prevención aislados o de tipo meramente asistencial, tampoco con la intervención exclusiva sobre la familia, o en los centros escolares como lo expresa el proponente. Su atención requiere de equipos interdisciplinarios que a través de sus diferentes visiones permitan, en su conjunto, establecer acciones integrales y conformar redes de prevención interinstitucionales e intersectoriales, para que desde el interior de las familias se promueva la cultura del respeto y de la equidad.

De igual manera, se necesita “modificar y crear nuevos patrones socioculturales de conducta” con la intención de transformar el espacio psíquico en el que los niños crecen y los adultos contribuyen a generar y mantener. Ello requiere la construcción de formas organizativas aptas para dar respuestas integrales que involucren campos diferenciados: el asistencial, el educativo, el jurídico, el cultural, etcétera.

En este sentido, en Jalisco existe una diversidad de organismos que se encargan de brindar atención y prevención de violencia intrafamiliar, entre ellos, se destaca el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. También, existen más de 25 organismos de la sociedad civil dedicados a la prevención, investigación, atención psicológica, jurídica, médica y académica para apoyar a las víctimas de violencia intrafamiliar.

En cuanto a las disposiciones establecidas al respecto en el marco jurídico, sobresalen la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco y su Reglamento; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA-1999, “Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familia”.

De manera específica, la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco, en el artículo 9o., fracciones II y III, considera la participación de la Secretaría de Educación para:

II. Fomentar la capacitación sobre la detección y prevención de la violencia intrafamiliar al personal docente en todos los niveles de educación que le competan; y

III. Diseñar y operar en los planteles educativos programas de detección y canalización de víctimas de violencia intrafamiliar a las unidades de atención respectivos; así como la creación de grupos de atención de violencia intrafamiliar, integrados por padres de familia, personal docente y alumnado.

Igualmente, el artículo 10 de la misma Ley, establece las acciones que le corresponden a la Secretaría de Salud en materia de prevención:

Artículo 10. Le corresponde a la Secretaría de Salud, además del despacho de los asuntos precisados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las siguientes:

I. Diseñar y poner en práctica programas de capacitación, detección, prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia intrafamiliar;

III. Por conducto de trabajadoras sociales y médicos, canalizar los asuntos de violencia intrafamiliar a las autoridades correspondientes;

IV. Fomentar campañas públicas tendientes a sensibilizar y concientizar a la población sobre las formas en que se expresa, se previene o combate la violencia intrafamiliar;

Por lo tanto, esta comisión considera que la inquietud de la proponente ya está siendo atendida tanto por instituciones que tienen ese objetivo como por el marco legal existente.

En cuanto a la asignación de personal especializado en orientación psicoeducativa y psicosocial a los planteles educativos, la Coordinación de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Jalisco registró la existencia de 7 mil 834 escuelas durante el ciclo escolar 2009-2010, de las cuales 5 mil 923 corresponden al nivel de primaria y mil 911 al de secundaria, contando con una matrícula total de 1 millón 347 mil 860 alumnos. Esta es la población que tendría que atenderse de acuerdo con la propuesta de la diputada Guillén.

Al respecto, conforme a datos proporcionados por la Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría de Educación de Jalisco, actualmente 27 por ciento de secundarias (513) cuenta con al menos un médico escolar, orientador vocacional o  trabajador social. En términos generales, únicamente 7 por ciento del total de planteles de primaria y secundaria cuenta con al menos un especialista, lo cual significa que 93 por ciento restante requeriría contratarlo.

Con base en esta información –sin considerar aspectos como los días que se destinarían a la atención de los alumnos, las horas de trabajo, la forma de contrato del personal, entre otros–, a continuación se presentan dos escenarios posibles para el cálculo del número de especialistas que se requerirán para cumplir con propósito expuesto.

Escenarios posibles

Escenario 1:Un especialista por cada 2 planteles.

Requerimiento de especialistas: 3 mil 660

Promedio de alumnos a atender: 368

Escenario 2:Un especialista por cada 3 planteles.

Requerimiento de especialistas: 2 mil 440

Promedio de alumnos a atender: 552

Escenario 1.Considerando un especialista por cada dos planteles educativos. En este escenario se requerirían 3 mil 660 donde cada uno atendería, en promedio, 368 alumnos.

Escenario 2.Considerando un especialista por cada tres planteles educativos. En este escenario se requerirían 2 mil 440 donde cada uno atendería, en promedio, 552 alumnos.

Con base en las consideraciones presentadas, la propuesta resulta difícil de atender, entre otras razones, por el considerable impacto presupuestal que representaría para el gobierno de Jalisco la contratación de la inmensa cantidad de especialistas que se requerirían para cumplir con el propósito expuesto. Por lo tal, esta comisión dictaminadora considera que la propuesta no es viable.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Se considera violencia intrafamiliar a la acción u omisión intencional que ponga en peligro o afecte la integridad física, psicológica o sexual, que se ejerce en contra de algún miembro de la familia, por otro integrante de la misma, independientemente de que pudiere constituir delito. Ésta puede presentarse de diversas maneras, como son física, psicológica, sexual y económica. Es decir, incluye todos los tipos de maltrato y agresiones a miembros de la familia.

Compilado teórico sobre  violencia intrafamiliar. Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, Jalisco. Consultado en: ttp://www.google.com.mx/search?hl=es&q=compilado+violencia+intrafamilair+ce pavi+jalisco&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

2 Estudio de la dinámica familiar en Jalisco. Sistema DIF Jalisco.

3 Acciones para erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres.

4 Instituciones estatales contra la violencia. Disponible en: http://www.contralaviolencia.org/institucion/institucion3.htm

5 Estadística educativa 2009. Secretaría de Educación de Jalisco. Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baiyle Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica).»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Pública, concerniente a la proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del programa emergente “canasta básica escolar”, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Publica federal a crear el programa urgente de canasta básica escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas.

Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Pública, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 61 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

I. En sesión de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 8 de septiembre de 2009, las diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Obdulia Magdalena Torres Abarca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo para proponer la creación del programa emergente “canasta básica escolar”, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnará la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Educación Pública, Servicios Educativos, y de Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición

a) Las promoventes refieren que la educación pública no sólo constituye un mandato constitucional, sino que además es el más eficiente instrumento del Estado para salvaguardar su identidad política y defender sus valores nacionales.

b) De igual modo manifiesta que todos los países que han logrado salir del subdesarrollo económico, político y social tienen como común denominador el hecho de haber aplicado el máximo esfuerzo y sacrificio para dotar a la educación pública de los máximos recursos disponibles, para que fuera esta la detonante de su desarrollo.

c) Señalan las proponentes que la crisis económica ha provocado en las familias mexicanas tengan mayores dificultades para sufragar los gastos educativos de sus hijos, ya que las condiciones de pobreza han provocado que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas o quienes ya han ingresado tengan que desertar por las dificultades económicas para mantenerlos en las instituciones educativas. Es por ello que las diputadas proponen crear el programa emergente canasta básica escolar consistente en la dotación de desayuno, útiles, uniformes escolares y bono de gratuidad en el transporte público y, en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.

d) Las diputadas, reconociendo el hecho de que cualquier política pública requiere de recursos y en particular el programa que plantean, proponen utilizar los recursos ociosos, es decir, no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pues de acuerdo con el anexo XVII, “Formato único sobre aplicaciones de recursos federales del informe trimestral”, las entidades federativas reportaron que noejercieron recursos por 3 mil 588.3 millones de pesos, es decir, 86.5 por ciento del presupuesto aprobado. Incluso, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, México, Nayarit y Oaxaca no ejercieron un solo peso de los recursos ministrados.

e) Asimismo, las diputadas refieren que la Secretaría de Educación Pública, en el ramo 11, en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009, esa dependencia es una de las que mayores subejercicios registra por un monto de más de 97 millones de pesos.

d) Por lo anterior, las diputadas solicitan que los recursos no ejercidos del FASP y de la Secretaría de Educación Pública sean reasignados para la creación del programa emergente canasta básica escolar.

III. Consideraciones

Primera. En los términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice: “Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria”.

Según lo expuesto anteriormente, las reasignaciones se realizarían a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, el programa denominado canasta básica escolar no fue creado, ya que según el artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en las fracciones I, II y III, se mencionan los tiempos para el registro de los programas presupuestales mencionando como fecha límite el mes de junio (2009 en este caso).

Segunda.Es importante considerar que el artículo 21 constitucional, claramente señala que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”, por tanto, resultaría inconstitucional el traslado de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a la creación de un programa emergente de canasta básica escolar, pues la Constitución no nos dice que permite a una ley secundaria regular el tema objeto del presente dictamen.

Tercera. Aunado a lo anterior, el artículo 9, fracción VII, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 indica claramente que es el Consejo Nacional de Seguridad Publica quien aprobará durante el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la Seguridad Publica a que se refiere el artículo 21 Constitucional, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuarta.Por otro lado, el artículo 14, fracción VII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica establece como una de las atribuciones del Consejo Nacional vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Quinta. De igual modo el artículo39, apartado B, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica establece que la concurrencia de facultades entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

B. Corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias

XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración.

Sexta.Asimismo, de gran trascendencia resulta el artículo 142 de la ley en comento, debido a que establece quelos fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública, previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto, por lo que los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la citada ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Séptima.Por otro lado, es importante destacar que el artículo 144 de la ley en comento señala queel pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

IV.Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;

Octava. Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal advierte en el artículo 25 respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Novena. Por otro lado, el artículo 49, también de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de esta ley. Dichas aportaciones y sus accesorios en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta ley.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Seguridad Pública somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para crear el programa emergente “canasta básica escolar” con los recursos no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en virtud de que se considera improcedente.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baiyle Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Bea-triz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos les fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competente para analizar y dictaminar la citada proposición con punto de acuerdo, y procede en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de noviembre de 2009, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

Segundo. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos”.

Recibido el asunto, esta comisión dictaminadora, procedió al estudio del siguiente

Contenido de la Proposición

El diputado proponente plantea la necesidad de solventar financieramente la ejecución de obras hidráulicas en el cauce del río Querétaro, en diversos tramos de una zona que comunica los municipios de Querétaro y El Marqués, así como los asentamientos de Santa María Magdalena, El Arenal y Las Adjuntas, cuyo proyecto prevé el revestimiento de 41,180 metros cuadrados del cauce, así como la adecuación y/o reconstrucción de puentes vehiculares y peatonales, con una inversión total proyectada de 166.6 millones de pesos.

Ante esa necesidad, el proponente plantea el siguiente punto de acuerdo

“ Único. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.”

Una vez analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es la que encabeza el turno de la proposición con punto de acuerdo; en consecuencia, es la encargada de generar el proyecto de dictamen correspondiente, para su discusión y, en su caso, aprobación por las comisiones dictaminadoras.

Observamos que el proyecto a que alude el proponente, además de que no corresponde sólo a obras hidráulicas, sino que comprende también la adecuación y reconstrucción de puentes vehiculares y peatonales, no fue presentado ante la Comisión de Recursos Hidráulicos ni ante la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Cabe aclarar que un proyecto sólo puede ser objeto de asignación presupuestaria, cuando cuenta con estudio de factibilidad y es validado por la autoridad del agua, así como inscrito en la Cartera de Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en el caso que nos ocupa, debe tratarse de un proyecto presentado por el gobierno local o su representante, y referido a obras de infraestructura hidráulica o hidroagrícola.

En las consideraciones del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala:

Que en el marco del examen y la discusión del proyecto de presupuesto, la comisión sostuvo reuniones de trabajo con los gobernadores constitucionales de 27 entidades federativas, incluido el gobernador del estado de Querétaro, quien al presentar sus propuestas para su posible inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, no incluyó el proyecto aludido por el proponente.

Que la comisión de presupuesto recibió 718 proposiciones con punto de acuerdo que, en materia de recursos públicos, planteaban cambios o adiciones al proyecto del Ejecutivo, de las cuales, 662 fueron presentadas en la Cámara de Diputados, incluida la que ahora se dictamina, y 56 en el Senado de la República, y

Que a través de la votación del dictamen con Proyecto de Presupuesto de 2010, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dictaminó a su vez la procedencia o no de los puntos de acuerdo señalados, en función de su inclusión en el cuerpo del proyecto final de presupuesto que se sometiera a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

En este orden, y derivado de que al proyecto referido no se le asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, consideramos que la proposición con punto de acuerdo que se atiende con el presente dictamen, ha quedado sin materia.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión de Recursos Hidráulicos, reconoce que la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, el 15 de octubre de 2009, ha quedado sin materia en virtud de haber sido atendida mediante el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2010.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Ninfa Clara Salinas Sada, Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer –a través de la Conagua– en las reglas de operación del Ejercicio de 2010 un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fueron turnados para su estudio y dictamen, los resolutivos primero y segundo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a establecer en las reglas de operación para el ejercicio de 2010, un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competente para analizar y dictaminar sobre los resolutivos primero y segundo de la citada proposición con punto de acuerdo, y procede en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de septiembre de 2009, la diputada Leticia Robles Colín, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para el ejercicio de 2010, un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Segundo. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnense los resolutivos primero y segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos y el resolutivo tercero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública”.

Recibido el asunto, esta comisión dictaminadora, procedió al estudio del siguiente

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetúa el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas.

Con base en esta idea central, y apoyada en diversos razonamientos colaterales, la proponente plantea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores o gobiernos locales en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el marco de discusión del paquete económico de 2010, integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales en los distintos programas de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que deberá ser observado y atendido en las reglas de operación que en la materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo.

Una vez analizado el contenido de los resolutivos primero y segundo de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

Consideraciones

Coincidimos con la diputada Leticia Robles Colín, en cuanto al reconocimiento de la necesidad de reducir los montos porcentuales de participación máxima de los usuarios hidroagrícolas y de las autoridades y organismos operadores del servicio público de agua potable y saneamiento, en los esquemas de pari-passu previstos en las reglas de operación para los programas correspondientes, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo estimamos que los porcentajes deben ser consensuados entre los legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios que conforman la Cámara de Diputados, pues esta comisión dictaminadora no cuenta con los elementos que le permitan calificar la viabilidad objetiva de los porcentajes propuestos.

Asimismo, consideramos que a la propuesta de porcentajes máximos de participación, una vez consensuados, deberemos darles eficacia de ley, mediante la modificación de los artículos 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, fracción II y 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente, observamos que la proposición deviene sin materia, pues no es viable la conformidad planteada entre lo previsto en el resolutivo tercero, y lo propuesto en los resolutivos primero y segundo del punto de acuerdo que nos ocupa, en virtud de que la Comisión de Presupuesto, a través de la votación del dictamen con proyecto de Presupuesto 2010, dictaminó la procedencia o no de las 718 proposiciones con punto de acuerdo que le fueron turnadas, incluida la que es objeto de este dictamen, las cuales en materia presupuestaria, planteaban cambios o adiciones al proyecto del Ejecutivo, y que se atendieron y dictaminaron en función de su inclusión o no en el cuerpo del Proyecto de Presupuesto que se sometió a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, consideramos que la proposición con punto de acuerdo ha sido atendida con la intervención de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el proceso de dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto 2010, y de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en los términos de las consideraciones anteriores.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión de Recursos Hidráulicos, reconoce que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Leticia Robles Colín, el 8 de septiembre de 2009, ha quedado sin materia, en virtud de haber sido atendida mediante el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2010.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Ninfa Clara Salinas Sada, Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, tocante a la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en Chihuahua

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada el 28 de abril de 2010, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en Chihuahua.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 28 de abril de 2010, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua.

II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.

III. El 11 de agosto de 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, el dictamen fue aprobado en sentido negativo por 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El proponente manifiesta que la inseguridad y la violencia en México son el pan de cada día, pues las cifras en la materia señalan que en el país durante enero del presente año se registraron casi mil asesinatos, dando un total de casi 18 mil personas muertas en lo que va de la presente administración. Además, con la cifra en 2009, de 8 mil 281 muertes relacionadas con el crimen organizado, se dio un incremento de 147 por ciento, lo que da un promedio de casi 23 homicidios al día.

2. Precisa que con el asesinato múltiple ocurrido la madrugada del domingo 31 de enero de 2010, cerró la estadística del primer mes del año con más de 300 ejecuciones, 230 en la ciudad fronteriza, colocando nuevamente a Chihuahua en el primer lugar mundial en violencia.

3. El proponente comenta con relación al clima de violencia, que de los 2 mil 635 asesinatos de 2009 y los que van en 2010, la mayoría de ellos se han dado por ejecuciones de personas desarmadas y sin enfrentamientos, no obstante que el último día de marzo de 2008 se inauguró el operativo conjunto Chihuahua (renombrado “Operación Coordinada Chihuahua”), pues los niveles de inseguridad no ceden.

4. Por último, el diputado expresa que una de las formas en que la Cámara de Diputados puede y debe contribuir al restablecimiento del orden y tranquilidad social de esa entidad, instaurando y agilizando los mecanismos para atender, recibir y desahogar los reclamos, quejas y denuncias de los ciudadanos de Chihuahua ante las circunstancias de riesgo y peligro latente de vejación de sus derechos humanos con motivo del estado de excepción que de facto ahí se ha formado, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas acuerda enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de los órganos, instancias y autoridades encargados de garantizar la protección y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías estatal y federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. La Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo.

2. En primer lugar, las proposiciones con punto de acuerdo, como señalan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Reglamento), y el artículo décimo segundo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado el 27 de septiembre de 2006 y adiciones de fecha 24 de abril de 2007 (en lo sucesivo acuerdo), son precisamente propuestas de legisladores “en asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que el pleno de cualquiera de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, emita algún pronunciamiento, exhorto o recomendación”.

”Las proposiciones con punto de acuerdo podrán ser de tres tipos:

”De exhorto. Por medio del cual se solicita respetuosamente de una autoridad administrativa, en el ámbito de colaboración entre poderes, la realización o cesación en la ejecución de determinados actos; el cumplimiento concreto de obligaciones o, en general, la ejecución o suspensión de ciertas acciones, en beneficio de una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general.

”De pronunciamiento. Se solicita la declaración expresa de la Cámara o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento con relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, con relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general.

”De recomendación. Se refiere a la sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los poderes, a órganos de la administración pública federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los estados, para que realicen algún acto, gestión, cumplan alguna obligación, resolución o acuerdo, en asuntos de interés general (José G. Sandoval Ulloa. Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, página 38).

3. Por tanto, la presente proposición con punto de acuerdo no se sitúa en ninguna tipo de proposiciones que la regulación del gobierno interior del Congreso establece; luego entonces, no es materia de una proposición con punto de acuerdosolicitar a la Cámara de Diputados que a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas acuerde enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de las órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como lo son las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías estatal y federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, en razón de que las proposiciones con punto de acuerdo no versan sobre iniciativas de ley o de decretos (artículo 58 del Reglamento) o sobre asuntos que entrañen una gestión, pues éstos deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas (párrafo segundo del artículo décimo segundo del acuerdo):

Artículo 58 del Reglamento. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y las razones de su proposición o proyecto;

II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición;

III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a que corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.

Artículo 60 del Reglamento. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución.

Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones II, III y IV del inciso B) del artículo 37 de la Constitución General, la comisión legislativa correspondiente podrá formular dictamen resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de decreto tantos artículos como permisos se concedan, sin perjuicio de que, puestos a discusión, si un legislador así lo solicita, cualquier artículo será reservado.

Artículo décimo segundo del acuerdo. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

No se considerará materia para una proposición con punto de acuerdo la que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. De igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental ni la petición para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo federal. Tales trámites deberán hacerse con base en lo preceptuado en el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior.

4. El Comité de Información, Gestoría y Quejas es creado con la finalidad de conocer y dar atención a las peticiones que formulen los ciudadanos ante la Cámara de Diputados; al mismo tiempo, propicia el diálogo entre la ciudadanía y las diversas instancias del Estado mexicano.

Lo anterior, con el compromiso de que las acciones entre los diferentes órganos de gobierno y los ciudadanos se realicen con equidad, legalidad y transparencia, buscando además la agilización de trámites entre las dependencias gubernamentales y las personas que acuden como peticionarios ante este comité.

Es importante definir los alcances del Comité de Información, Gestoría y Quejas para efectos de su ejercicio, así como de sus tres principales funciones: la orientación informativa, la gestión a solicitud de los ciudadanos y la recepción de quejas.

5. Por lo anterior y en concordancia con lo establecido en el artículo 46, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el Comité de Información, Gestoría y Quejas es el órgano donde se orienta a los ciudadanos que así lo soliciten. De esa forma, las acciones tomadas por esta instancia parlamentaria tienen como propósito brindar apoyo al peticionario.

El comité es formado mediante acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de lo dispuesto en el artículo 46, numeral 2, del mismo ordenamiento, el cual determina:

Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas. Dicho acuerdo fue tomado por la Junta de Coordinación Política, el 18 de diciembre de 2006, votado el 19 de diciembre del mismo año y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 15 de enero de 2007.

6. En razón de lo expuesto, se puede concluir que el objetivo generaldel Comité de Información, Gestoría y Quejas consiste en conocer y atender las peticiones que formule la ciudadanía a la Cámara de Diputados o a cualquiera de sus órganos, y sus objetivos específicosson propiciar el diálogo ante las diversas instancias del Estado mexicano involucradas; responder ante el derecho de los ciudadanos de obtener contestación, por parte de este comité como autoridad solicitada, en una forma responsable, eficiente y transparente, en beneficio de la ciudadanía; consolidar un esquema de información y gestión que dote de certidumbre al quejoso o solicitante, que demande la participación del comité; promover los principios de responsabilidad y corresponsabilidad, entre las autoridades correspondientes y el comité, con la finalidad de promover una política de atención acorde con los requerimientos de la sociedad.

A su vez, es menester señalar las principales vertientes estratégicas del Comité de Información, Gestoría y Quejas:

• Generar la firma de convenios de colaboración, con las secretarías de Estado, así como con todas y cada una de las entidades federativas a efecto de dar mayor eficiencia en las actividades que realice el comité con cada una de ellas. Esto, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, no dejando de lado los convenios marco ya firmados.

• Realizar jornadas legislativas de gestión y atención ciudadana, en el país, proponiendo visitas a cada uno de los estados.

• Promover de forma eficaz el sitio en Internet, por medio del cual se den a conocer a la ciudadanía las actividades que realice este comité y se pueda hacer por este medio cualquier petición, para que de la misma forma se pueda dar seguimiento a los trámites iniciados.

• Crear enlaces de comunicación directa con los titulares de las secretarías de Estado, a efecto de generar su colaboración y se cumplan con mayor eficacia los fines del comité.

7. En cuanto a la solicitud del proponente para que la Cámara de Diputados, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acuerde enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de los órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, la comisión considera que si bien no es materia de una proposición con punto de acuerdo la propuesta aquí presentada,está de acuerdo en que se sugiera al Comité de Información, Gestoría y Quejas que analice seriamente la posibilidad de enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, a efecto de propiciar la actuación pronta y expedita de las órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

8. Esta comisión considera inviable aprobar el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acuerde enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con el objeto señalado, en razón de que no es materia de una proposición con punto de acuerdo lo que el proponente solicita.No obstante, la comisión considera necesaria y oportuna la propuesta en comento, y sugiere que sea presentada directamente al Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua, presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de abril de 2010. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica en abstención), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica en contra), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado.»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una disposición que otorgue mayores recursos  para el pago de jubilaciones y pensiones a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para la emisión del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como en artículos 60, 87, 88, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social elaboraron este dictamen, de acuerdo a los siguientes antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones, conclusiones y acuerdos.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2009, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incluya una disposición  para que se otorguen mayores recursos para el pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

2. En la misma fecha y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

3. Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social tuvieron reuniones, recabaron la información necesaria y analizaron la proposición con punto de acuerdo a ellas turnada, a efecto de elaborar el dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La autora de la proposición con punto de acuerdo señala que el objetivo de la seguridad social es el de ofrecer protección a los trabajadores que están o lleguen a la imposibilidad de obtener un ingreso que les permita satisfacer sus propias necesidades y las de su familia.

Menciona la promovente que tanto el IMSS como el ISSSTE nacen como una necesidad para asegurar a los trabajadores de la iniciativa privada y a los trabajadores al servicio del Estado, los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades, garantizando el acceso a los servicios de salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar  individual y colectivo.

También menciona que los institutos de seguridad social otorgan pensiones por jubilación, edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, por riesgo de trabajo y gastos de funeral en caso de muerte del asegurado o el pensionado o jubilado.

Para los efectos de las prestaciones que señala la promovente en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el decreto de Presupuesto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para el pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, para que haya un pago  justo y oportuno, dada la vulnerabilidad de este segmento de la población no solo por las condiciones propias de la edad, sino que limitan sustancialmente su capacidad económica para contribuir al sostenimiento de sus familias.

La proposición con punto de acuerdo está redactada en los siguientes términos: “Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del ISSSTE e IMSS, indexando a estas prestaciones  la inflación anual esperada para el ejercicio 2009 más dos puntos porcentuales, con la finalidad de que las mismas sean más decorosas para la manutención y la calidad de  vida de los derechohabientes”.

Consideraciones de las comisiones que dictaminan

Las comisiones que dictaminan coinciden con la autora de la proposición con punto de acuerdo, en cuanto a la necesidad de que la seguridad social cumpla a cabalidad con los derechos que las leyes  determinan, lo que no será posible con la proposición con punto de acuerdo que se analiza, toda vez que las leyes de seguridad social son muy precisas en señalar las cuotas y aportaciones para el financiamiento de los ramos de seguro que contienen.

Sobre el particular, hay que referir que cada uno de los ramos de seguro que contienen dichas leyes, se regulan por los ingresos en ellas señalados, tienen un mecanismo de financiamiento que ellas contienen, provenientes de las aportaciones obrero patronales y del Estado, por lo que no se tienen  recursos adicionales que permitan que se utilicen recursos fiscales que sean suficientes para el pago de las pensiones, lo que se puede lograr con una propuesta de ley que contenga los mecanismos necesarios para ese propósito.

Igualmente, señalan que al utilizar fondos fiscales para el pago de las pensiones de los jubilados y pensionados de los institutos de seguridad social, se están tomando recursos de quienes no tienen acceso a las prestaciones de seguridad social, por lo que se convierten en inequitativas.

Por otra parte, la propuesta de inclusión de recursos adicionales para el pago de pensiones y jubilaciones de los institutos de seguridad social en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, presentada antes de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados, no fue incluida en el mismo, por lo que se encuentra desfasada con los tiempos legislativos.

Conclusiones

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben este dictamen, concluyen que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que se ha analizado, y someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa al pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del ISSSTE y el IMSS, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de noviembre de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social, a 28 de julio de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en contra), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en abstención), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Uriel López Paredes (rúbrica), presidente; Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), secretarios; Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica en contra), Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal, Germán Contreras García, Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Herón Agustín Escobar García (rúbrica), María Guadalupe García Almanza.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, respecto a la proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un incremento salarial para 2010 de al menos 6.5 por ciento; y al pleno de ésta Cámara de Diputados, a constituir un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que ésta fije los incrementos de los salarios mínimos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el día 18 de noviembre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que fije un incremento salarial para el 2010 de al menos 6.5%; igualmente se exhorte al pleno de esta Cámara de Diputados, para que constituya un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea la propia Cámara de Diputados la que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 18 de noviembre de 2009, el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Ramón Jiménez López. En este sentido, esta comisión dictaminadora considera, como efectivamente lo señala el diputado promovente, el salario mínimo general vigente no es suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores, el mismo se está quedando a la zaga de la inflación, requiriéndose elevarlo a uno o dos puntos porcentuales para que recupere la pérdida acumulada, que desde 1982 al 2009 ha alcanzado el 82.17 por ciento, procurando situar dicho salario al menos en 6.5 por ciento, lo es también que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 23 de diciembre de 2009 fijó el correspondiente salario mínimo de las tres áreas geográficas para el año de 2010, por conducto de su honorable consejo de representantes de 4.85 por ciento, mismo que tuvo efectos jurídicos mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero del año en curso.

Es necesario señalar también que en relación al exhorto para que esta Cámara de Diputados constituya un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea éste cuerpo colegiado el que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos, cabe mencionar, que el Congreso federal carece de facultades para exhortar o solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, que fije para determinado año el respectivo salario mínimo general, porque si ejerciera tal acción violentaría lo establecido en la fracción VIII, del artículo 557, de la Ley Federal del Trabajo, que determina que

El “Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes ...

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales;...”;

así como también lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 570 de la citada ley que establece

“Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.”

El Congreso federal, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente puede solicitar información a los organismos públicos descentralizados y crear comisiones para investigarlos, pero no puede solicitarles que ejerzan una función o actividad determinada, porque para ello existen entes públicos y sociales que pueden llevarlo a efecto.

En ese sentido, únicamente el secretario del Trabajo y Previsión Social y los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones, éstos cumpliendo determinados requisitos, podrán solicitar la revisión de los salarios mínimos en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen, de conformidad al mismo artículo 570 del código laboral mencionado. Como se puede desprender de ello, solamente se refiere a la solicitud de revisión de los salarios mínimos, ni siquiera aborda la solicitud para su fijación.

Por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas esta comisión dictamina los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que fije un incremento salarial para el 2010 de al menos 6.5 por ciento; igualmente se exhorte al pleno de esta Cámara de Diputados, para que constituya un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea la propia Cámara de Diputados la que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos, presentada por el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, el 18 de noviembre 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez, presidente (rúbrica); Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo De los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica en abstención), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felicitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en contra), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social

Honorable Asamblea

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada, el martes 9 de febrero de 2010, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 9 de febrero de 2010, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes consideraciones

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. El argumento toral del punto de acuerdo en cita, se refiere a que por una parte, ante la situación actual de pérdida creciente de empleos, la disminución en la inscripción de trabajadores al seguro social y la ausencia del compromiso para generar empleo fijo y mejor remunerado por parte del presidente de la República; y por la otra, ante el conflictivo proceso de desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y la asunción de las funciones de la Comisión Federal de Electricidad, es preciso solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social ante los diputados federales para que explique e informe acerca de lo que está aconteciendo en estas materias.

Efectivamente, como lo determina bien el diputado promovente, ante la situación crítica en materia laboral, social y económica que padece nuestro país, sería preciso y necesario solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social ante esta representación nacional; sin embargo, ya no es procedente dicha solicitud, toda vez que el pleno de la Cámara de Diputados acordó el 14 de septiembre del año en curso, celebrar en el seno de sus comisiones, las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal, a efecto de realizar el análisis del IV Informe de Gobierno del presidente de la República; en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; acuerdo que fue sometido a su consideración por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, el cual establece el calendario en el que se desahogarán las comparecencias correspondientes.

Por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas, esta comisión emite el siguiente

Dictamen

Primero. Se desecha y resulta ser improcedente la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 29 del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en abstención), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo, Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistir de presentar ante el Poder Legislativo la denominada “iniciativa Lozano” de reformas a la Ley Federal del Trabajo, o su equivalente, y al contrario, inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que lleve a la tutela de los derechos históricos de ésta

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada, el 6 de octubre de 2009, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a desistir de presentar ante el Legislativo Federal la conocida como “iniciativa Lozano de reformas a la Ley Federal del Trabajo”, o equivalente, y contrariamente inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora que conlleve la tutela de los derechos históricos de ésta, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 6 de octubre de 2009, el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3.-La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Emilio Serrano Jiménez al rubro en cita, la cual se presentó al pleno de la Cámara el día 6 de octubre del año 2009.

Fundamentalmente, el diputado promovente argumenta que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo elaborada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, es absolutamente pro patronal y desmanteladora de los derechos de los trabajadores, en la que primero se habla de “productividad y sólo después, de manera vaga, de “previsión social”.

En términos generales, hace destacar las diversas agresiones a los derechos de los trabajadores que se plasman en la propuesta legislativa, como lo son el pago de salarios caídos, los que se reducen a un periodo de seis meses más, en su caso, intereses, con lo que prácticamente desaparece la estabilidad laboral y la protección frente al despido; la consagración del arbitraje obligatorio de las huelgas; la consagración de manera expresa del pago por hora; la obligación de las labores conexas y complementarias de parte de los trabajadores; la constitución de los sindicatos como asociaciones de interés público, es decir, en interés del Estado; el sometimiento de la huelga a precalificación y requisitos que la hacen imposible; la supresión de la pena de prisión para los subcontratistas fraudulentos.

Evidentemente, y como manifiesta el diputado promovente, existen propuestas que vulneran y restringen los derechos de los trabajadores; sin embargo, los argumentos esgrimidos por el legislador resultan ser improcedentes por lo siguiente

En primer término, el exhorto que se pretende realizar al Ejecutivo federal para el efecto de que éste se desista de presentar la iniciativa que contiene reforma y modificaciones a la Ley Federal del Trabajo es improcedente e inviable, debido a que el Poder Legislativo federal no debe ni puede exhortar ni solicitar al otro Poder de la Federación, al Poder Ejecutivo, que desista o renuncie a una facultad que la Constitución le confiere al presidente de la república; la cual es irrenunciable y en cualquier momento debe y puede ejercer, como dispone específicamente la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

”I. Al Presidente de la República;”

Ningún otro poder estatal puede ni debe interferir en el ejercicio de dicha facultad constitucional expresa, ya que se vulneraría el principio de división de poderes establecido claramente en el artículo 49 del código fundamental antes señalado, que a la letra dice:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

”No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

Por otra parte, es necesario señalar que, de igual manera, no es procedente la proposición con punto de acuerdo en tratamiento, toda vez que prácticamente se ha quedado sin materia, porque la iniciativa de reforma laboral ya fue presentada por el Poder Ejecutivo federal por conducto de los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de marzo de 2010, por lo que es imposible jurídica y materialmente evitar la entrega del documento legislativo, que con antelación fue entregado y presentado a la soberanía del Congreso de la Unión.

Se debe destacar que, independientemente de los proyectos de reforma laboral presentados hasta la fecha al pleno de la Cámara de Diputados, éstos no limitan el derecho constitucional del Ejecutivo, diputados federales y congresos locales para iniciar modificaciones a la ley. De igual forma, los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social son, en este momento, los más interesados y comprometidos para que en el ejercicio de sus atribuciones analicen y resuelvan un proyecto de reforma laboral que tutele los derechos de los trabajadores y permita el desarrollo de la productividad y la competitividad.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emite su dictamen conforme a lo siguiente

Primero. Se desecha y resulta improcedente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que desista de presentar ante el Legislativo federal la conocida como “iniciativa Lozano de reformas a la Ley Federal del Trabajo” o equivalente; y, contrariamente, inicie al efecto un amplio, democrático y efectivo proceso de discusión con la participación de los factores de la producción, que busque como esencia la tutela de los derechos históricos de la clase trabajadora. La equidad y la paz social así lo exigen.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 29 del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en contra), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en contra), Porfirio Muñoz Ledo.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, acerca de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada el 13 de noviembre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y que permita proveer de educación obligatoria a los hijos, respetando en todo momento la dignidad de los trabajadores, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, presenta el dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

1.El 13 de noviembre de 2009, la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita, para su consideración.

2.En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para el correspondiente dictamen.

3.La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Leticia Calzada Contreras. La comisión dictaminadora considera que, como efectivamente señala la diputada promovente, el salario mínimo general vigente no es suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural ni para proveer la educación obligatoria de los hijos, ante el embate del aumento constante del costo de la canasta alimenticia básica. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el 23 de diciembre de 2009, fijó el correspondiente salario mínimo de las tres áreas geográficas para 2010, por conducto del Consejo de Representantes, de 4.85 por ciento, que tuvo efectos jurídicos mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero del año en curso.

El Congreso federal carece de facultades para solicitar la revisión de los salarios mínimos pues, conforme a la fracción VIII del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, es una atribución exclusiva de los integrantes del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En consecuencia, el exhorto materia del presente dictamen sólo puede ser tomado como una petición que no tiene carácter vinculatorio, motivado por el interés de la promovente en mejorar la condición de los asalariados.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 570 de la citada ley:

Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

El Congreso federal, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente puede solicitar información a los organismos públicos descentralizados y crear comisiones para investigarlos, pero no puede solicitarles que ejerzan una función o actividad determinada, pues para ello hay entes públicos y sociales que pueden llevarlo a efecto.

En ese sentido, únicamente el secretario del Trabajo y Previsión Social y los sindicatos, las federaciones y las confederaciones de trabajadores o de los patrones, éstos cumpliendo determinados requisitos, podrán solicitar la revisión de los salarios mínimos en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que haya circunstancias económicas que lo justifiquen, de conformidad con el mismo artículo 570 del código laboral mencionado.

Como se desprende de ello, solamente se refiere a la solicitud de revisión de los salarios mínimos, sin abordar siquiera la solicitud para su fijación.

Por las consideraciones vertidas, esta comisión formula los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de los trabajadores, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 24 de noviembre de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martell López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en abstención), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica en abstención), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en abstención), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

SEGURIDAD PUBLICA

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Perdón por hacerlo en este momento procesal del debate parlamentario, presidente. Pero creo que esta Cámara aún no se ha pronunciado sobre los hechos lamentables que han ocurrido en distintos lugares del país: en Ciudad Juárez, en Tijuana y ahora en Nayarit, en donde ya sea en centros de rehabilitación o en otros centros de trabajo como el que ocurrió en Nayarit, pues no existe la suficiente vigilancia y protección por parte de la Policía federal, de policías estatales y municipales para salvaguardar los derechos a la rehabilitación de todos los jóvenes que desean apartarse del camino de las adicciones.

Yo creo que sí es bien importante que esta Cámara de los Diputados y el gobierno, desde luego, federal, pues diseñen tanto reformas legales como políticas públicas, presidente, porque hemos estado observando —los ciudadanos de este país— que es un blanco de los grupos del crimen organizado afectar a todos estos centros de rehabilitación de jóvenes o centros de trabajo, cuando estos jóvenes lo que pretenden es tener una vida diferente y salir del camino de las drogas y de las adicciones.

Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que en el orden del día no esté contemplado, ya sea en la agenda política o en otro momento del debate parlamentario, este punto. Se requiere hacer un exhorto muy firme a la Secretaría de Seguridad Pública, y también a las policías estatales y municipales para que salvaguarden los derechos de miles de jóvenes que buscan rehabilitarse y evitar, y salir del camino de las adicciones, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sin duda todas sus afirmaciones son absolutamente veraces, señor diputado, y serán consignadas en el Diario de los Debates. Pero le informo que la Mesa Directiva el día de hoy tomó el acuerdo de hacer un firme pronunciamiento al respecto, lo cual haremos inmediatamente antes de iniciar con el capítulo de iniciativas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, diputado. Continúe secretario.

MONEDA CONMEMORATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.

a) Valor nominal: Diez pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.

e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de plata pura.

f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

g) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.

h) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1g. (Un gramo), ambas en más o en menos.

i) Canto: Estriado continuo.

j) Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. El marco liso.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a su contribución al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana a cien años de su fundación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Universidad Nacional Autónoma de México enviará al Banco de México el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente decreto, a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que la Universidad Nacional Autónoma de México no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el artículo único de este decreto podrá comenzar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Universidad Nacional Autónoma de México en los términos del artículo único, así como del segundo transitorio de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 21 de octubre de 2010. — Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleomino Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el encabezado del artículo 258 Ter, y se adicionan los artículos 254 Quáter, 257 Bis, con una fracción IV; 258 Bis, con una fracción III; 258 Ter, con las fracciones VI y VII; 258 Quáter y 258 Quintus, relativos al capítulo XII, “Hidrocarburos”, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 254 Quáter. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa del 0.03 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.

A cuenta de este derecho, se harán pagos mensuales provisionales dentro de los siete días hábiles después de terminado el mes de calendario correspondiente.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho, a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda.

Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el órgano de gobierno de la comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.

Con la aplicación de estos derechos quedarán cubiertos los pagos por los servicios de supervisión y regulación a que se refiere el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El último día hábil del mes marzo de cada año la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregará a las Cámaras del Congreso de la Unión un reporte anual del cumplimiento de las actividades y metas programadas.

Artículo 257 Bis. ...

IV. Los campos marginales a que se refiere el artículo 258 Bis de esta Ley, únicamente respecto de la producción incremental anual que se obtenga una vez alcanzada la producción base anual. A la producción base anual se aplicarán los derechos previstos en los artículos 254 a 257 de esta ley.

...

Artículo 258 Bis. ...

III. Campos marginales, aquellos campos de extracción de petróleo crudo o gas natural que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acorde con lo establecido en el artículo 258 Quáter de esta Ley.

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus, 257 Octavus y 258 Quáter de esta ley, se considerará

...

VI. Como producción base anual de un campo marginal, la que se obtenga conforme a la siguiente fórmula:

Donde:

pba ;es la producción base anual del campo marginal.

pce : es el volumen de petróleo crudo equivalente extraído durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes en que se presente la propuesta de incorporación a que se refiere al artículo 258 Quáter de esta ley, incluyendo el consumo de dicho producto efectuado por Pemex Exploración y Producción.

reservas 1P: es el monto de reservas probadas (1P) que Pemex Exploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación en los que participe.

Perfil 1P : es el perfil de extracción de petróleo crudo equivalente correspondiente a las reservas probadas (1P) que Pemex Exploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

t : es el ejercicio fiscal que corresponda de manera que cuando t=1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora el campo al inventario de campos marginales.

VII. Como producción incremental anual de un campo marginal, la que se obtenga de la siguiente fórmula:

Donde:

piaes la producción incremental del campo marginal en el periodo que corresponda.

pbaes la producción base anual del campo marginal.

prodes el volumen efectivamente obtenido de petróleo crudo equivalente del campo marginal, incluyendo el consumo que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción en el ejercicio fiscal que corresponda.

t:es el ejercicio fiscal que corresponda, de manera que cuando t= 1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora al campo al inventario de campos marginales.

Artículo 258 Quáter. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el inventario de campos marginales.

A más tardar el 31 de agosto de cada año, en su caso, Pemex Exploración y Producción presentará a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, una propuesta de modificación al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.

Pemex Exploración y Producción, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, deberá anexar a la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, un estudio que contenga para cada campo que proponga incorporar al inventario correspondiente, lo siguiente:

I. En caso de que el campo no esté activo, una estimación de los costos de exploración, desarrollo y producción, así como de los montos de las reservas probadas (lP) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;

II. En caso de que el campo propuesto esté activo, una relación de los costos de producción y desarrollo, así como de los montos de las reservas probadas (lP) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;

III. Una estimación de la rentabilidad esperada de la explotación del campo, en el que se incluya, al menos, un análisis que demuestre que la explotación del campo de que se trate:

a) Sea económicamente rentable, antes de aplicar lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de esta ley;

b) No sea rentable para Pemex Exploración y Producción una vez aplicado lo dispuesto en los artículos 254 a 257de esta Ley; y

e) Sea rentable para Pemex Exploración y Producción en caso de que se aplique el régimen previsto en esta ley para los campos incluidos en el inventario de campos marginales.

IV. El perfil de producción de hidrocarburos que corresponda a las reservas probadas (lP), de acuerdo con el proceso de certificación de reservas de Pemex Exploración y Producción ante los mercados reconocidos a que se refiere al artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habiendo analizado qué campos se deben incluir, mantener o eliminar, a más tardar el 30 de noviembre de cada año autorizará, en su caso, las modificaciones al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.

Pemex Exploración y Producción deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cierre o abandono de un campo incluido en el inventario de campos marginales a más tardar a los 15 días naturales posteriores al cierre o abandono, a efecto de que la citada secretaría elimine el campo de que se trate del inventario de campos marginales autorizado para el ejercicio en curso.

Para emitir las opiniones a que se refiere este artículo la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir los criterios generales y lineamientos a los que deberá sujetarse Pemex Exploración y Producción para elaborar los estudios y la propuesta de modificación al inventario de campos marginales a que se refiere este artículo.

Artículo 258 Quintus. Para los efectos de este capítulo, Pemex Exploración y Producción deberá contar con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia. La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011, salvo la reforma a los artículos 254 Quáter y 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2012.

Segundo. Para los efectos del artículo 258 Quater de la Ley Federal de Derechos, el inventario de campos marginales para 2011 se integrará con lo siguiente:

I. Los campos abandonados y en proceso de abandono incluidos en el inventario a que se refiere el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del título segundo, capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007; y

II. Los siguientes campos:

a) Área de Magallanes Cinco Presidentes:

1. Blasillo;

2. Cinco Presidentes;

3. La Venta;

4. Magallanes;

5. Ogarrio;

6. Otates;

7. Rodador;

8. San Alfonso; y

9. San Ramón.

b) Área de Arenque:

1. Arenque;

2. Atún;

3. Bagre;

4. Carpa;

5. Escualo;

6. Isla de Lobos;

7. Jurel;

8. Lobina;

9. Marsopa;

10. Mejillón;

11. Morsa;

12. Náyade; y

13. Tiburón.

c) Área de Altamira:

1. Altamira;

2. Barcodón;

3. Cacalilao;

4. Corcovado;

5. Ébano;

6. Limón;

7. Pánuco;

8. Salinas;

9. Tamaulipas Constituciones; y

10. Topila.

A más tardar el 28 de febrero de 2011, Pemex Exploración y Producción, previa opinión de la Secretaría de Energía, deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que delimite la ubicación de los campos a que se refiere este artículo. Para emitir la referida opinión la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Tercero. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá emitir los lineamientos para la medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural a más tardar el 30 de junio de 2011.

Cuarto. Se deroga el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos, y se derogan y reforman diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del título segundo, capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

Quinto. El primer reporte anual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para cumplir con lo establecido en el artículo 254 Quáter de la Ley Federal de Derechos, se entregará en marzo de 2012.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senadores: Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente; Renán Cleominio Zoreda Novelo, secretario (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Único. Se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo:

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Título PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional, y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Esta ley tiene por objeto dotar al Poder Ejecutivo federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y programas de cooperación internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países, así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como el fortalecimiento de la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del estado de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley establecen los lineamientos jurídicos para

I. El cumplimiento de los objetivos consignados en el Programa de Cooperación Internacional para el Desa-rrollo.

II. La administración, cuantificación y fiscalización de los recursos públicos humanos, materiales y presupuestales asignados en forma directa o transferidos a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el exclusivo cumplimiento de las tareas de coordinación, seguimiento y evaluación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los ámbitos nacional, binacional, regional y multilateral, en sus diferentes vertientes.

III. La administración, cuantificación y fiscalización de los recursos que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo reciba de otras fuentes, nacionales e internacionales, mediante procedimientos que garanticen plena transparencia.

IV. El cabal cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales vigentes y futuros en materia de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano

Artículo 3. Son sujetos de la presente ley las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Amexcid: La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

II. Cooperación horizontal: La cooperación para el desa-rrollo económico y social en la que los recursos del oferente son complementados con recursos de contraparte aportados por el receptor.

III. Cooperación internacional: La cooperación internacional para el desarrollo definida en los términos y para los efectos del artículo 1 de la presente ley.

IV. Cooperación triangular: Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral o multilateral, para concurrir, conjuntamente, en acciones en favor de una tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo relativo.

V. Cooperación vertical: La cooperación que se otorga a países en vías de desarrollo sin aporte de recursos de contraparte.

VI. Cooperante: La persona moral mexicana del sector público que reúna las capacidades técnicas e institucionales para participar en la ejecución de las actividades de oferta o de demanda de cooperación internacional.

VII. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo de la Amexcid.

VIII. Consejos técnicos: Los consejos técnicos para la atención de temas específicos de la cooperación internacional que pueden ser propuestos por el Consejo Consultivo.

IX. Demanda de cooperación: Las acciones de cooperación internacional que México requiera para fortalecer sus capacidades educativas, científicas, técnicas y tecnológicas para su proceso de desarrollo.

X. Director ejecutivo: El director ejecutivo de la Amexcid.

XI. Oferta de cooperación: Las acciones de cooperación internacional que las instituciones mexicanas pueden realizar en apoyo de terceros países, en las modalidades de cooperación vertical, horizontal y triangular.

XII. Programa: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

XIII. Registro nacional: Registro nacional de instituciones y expertos participantes y de acciones de cooperación internacional.

XIV. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores.

XV. Tratados internacionales: Los instrumentos de derecho internacional público a que se refiere la fracción I del artículo 2 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Artículo 5. La autoridad competente para la aplicación e interpretación de la presente ley será la secretaría.

Título SegundoDe los Instrumentos para la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 6. Son instrumentos para la cooperación internacional los siguientes:

a) La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y

b) El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Capítulo IIDe la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 7. Se crea la Amexcid como un órgano desconcentrado de la secretaría, en los términos de su reglamento interior, con atribuciones específicas para resolver sobre las materias que se señalan en la presente ley y las demás disposiciones relativas.

Artículo 8. La Amexcid contará con autonomía técnica y de gestión, en los términos de esta ley y de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la secretaría, y dispondrá de los recursos materiales y humanos aprobados en términos de las disposiciones aplicables, así como de los recursos financieros conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Artículo 9. La Amexcid tendrá la estructura administrativa y operativa que prevea el Reglamento Interior de la secretaría.

Artículo 10. La Amexcid tendrá las siguientes atribuciones:

I. Concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la administración pública federal;

II. Coadyuvar con la secretaría en la elaboración del Programa de Cooperación Internacional para el Desa-rrollo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, el cual deberá ser presentado al Consejo Consultivo para sus observaciones y recomendaciones;

III. Asesorar a la secretaría, en el ámbito de su competencia, sobre los tratados internacionales y convenios interinstitucionales que suscriba en materia de cooperación internacional;

IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las políticas y acciones de cooperación internacional de conformidad con los lineamientos del programa;

V. Establecer, bajo criterios objetivos y transparentes, la calificación de cooperante y precisar los alcances de su misión, en los acuerdos internacionales que se suscriban en la materia, tanto para los nacionales mexicanos que participen en acciones de cooperación internacional en terceros países como de extranjeros que lo hagan en México, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales;

VI. Celebrar, con la participación de las instancias competentes de la secretaría, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, de municipios, universidades e instituciones de educación superior e investigación, pertenecientes al sector público, para la realización de acciones de cooperación internacional;

VII. Celebrar, con la participación de las instancias competentes de la secretaría, convenios de colaboración con agencias de cooperación internacional de otras naciones para realizar acciones conjuntas en terceros países con menor desarrollo relativo, con arreglo al artículo 8 de esta ley;

VIII. Administrar, como parte de sus funciones, el registro nacional y el Sistema Nacional de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo;

IX. Promover, con la participación de las instancias competentes de la secretaría, la constitución de un fondo para el financiamiento de las acciones de cooperación internacional y de los programas específicos consignados en acuerdos y convenios, conforme a lo dispuesto en el capítulo I del título cuarto de esta ley;

X. Ejercer las funciones generales asignadas en el Reglamento Interior de la secretaría y en acuerdos reglamentarios que de él deriven; y

XI. Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. Es obligación expresa de la Amexcid identificar opciones de cooperación internacional y, en su caso, elaborar las evaluaciones previas a la ejecución de los proyectos que se deriven de ellas, en coordinación con las instancias e instituciones involucradas, a fin de contar con referentes claros para la formulación de evaluaciones de los resultados e impactos al término de su ejecución, cuya elaboración será igualmente obligación expresa de la propia Amexcid.

Artículo 12. La Amexcid, con apoyo en los datos del registro nacional, deberá desarrollar una metodología para contabilizar el total de los recursos humanos, financieros y técnicos que el conjunto de los cooperantes mexicanos destinen a este propósito.

Artículo 13. Es responsabilidad de la Amexcid que su personal se mantenga actualizado en relación con las mejores prácticas en materia de cooperación internacional, desarrolladas, adoptadas y aplicadas por agencias de cooperación de terceros países y por organismos multilaterales especializados.

Capítulo IIIDe las Autoridades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 14. La dirección y administración de la Amexcid corresponden al director ejecutivo.

La Dirección Ejecutiva contará con la estructura orgánica y administrativa que se establezca en el Reglamento Interior de la secretaría.

Capítulo IVDel Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 15. El Consejo Consultivo de la Amexcid se constituye con el propósito de contribuir a la formulación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o su equivalente, y de la política pública en esta materia, cuya definición es responsabilidad de la secretaría. El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de cada una las secretarías y entidades que se mencionan a continuación, quienes tendrán derecho a voz y voto:

a) Secretaría de Gobernación;

b) Secretaría de Relaciones Exteriores;

c) Secretaría de la Defensa Nacional;

d) Secretaría de Marina;

e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

f) Secretaría de Desarrollo Social;

g) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

h) Secretaría de Energía;

i) Secretaría de Economía;

j) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

k) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

l) Secretaría de la Función Pública;

m) Secretaría de Educación Pública;

n) Secretaría de Salud;

ñ) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

o) Secretaría de la Reforma Agraria;

p) Secretaría de Turismo;

q) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

r) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y

s) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Presidencia del Consejo Consultivo estará a cargo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los integrantes propietarios del Consejo Consultivo deberán contar con sus respectivos suplentes, los cuales habrán de tener el nivel jerárquico inmediato inferior y contarán con las mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de éstos.

El consejo podrá solicitar a su presidente invitar a representantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de los sectores privado, social y académico, quienes participarán con derecho a voz.

Los cargos en el Consejo Consultivo serán de carácter honorífico.

Artículo 16. Corresponde al Consejo Consultivo de la Amexcid

I. Conocer el programa y, en su caso, hacer recomendaciones a la secretaría para su correcta integración;

II. Formular recomendaciones sobre proyectos y programas específicos de cooperación internacional y líneas generales de acción de la Amexcid;

III. Conocer de las evaluaciones anuales sobre los resultados de las acciones de cooperación y asistencia internacional realizadas o coordinadas por la Amexcid y emitir opinión sobre las mismas; y

IV. Sesionar ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando se considere que existen asuntos de especial interés o trascendencia en las materias de su competencia.

El presidente del Consejo Consultivo podrá convocar a reuniones de los consejos técnicos que se constituyan a propuesta del director ejecutivo para que opinen o participen en la elaboración y evaluación de acciones específicas de cooperación internacional en temas especializados.

Artículo 17. Los acuerdos en el seno del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría simple; en caso de empate, el presidente del mismo tendrá voto de calidad.

Capítulo VDel Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 18. Al frente de la Amexcid habrá un director ejecutivo, quien será propuesto por el titular de la secretaría y designado por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Artículo 19. El director ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico y administrativo que deban regir en las áreas administrativas con que cuente la Amexcid;

II. Acordar y suscribir los convenios y contratos relativos a la Amexcid, de conformidad con las disposiciones y lineamientos que fijen las unidades administrativas centrales de la secretaría;

III. Administrar los recursos humanos, así como los financieros y materiales que se asignen a la Amexcid para el desarrollo de sus actividades;

IV. Coordinar con el conjunto de instituciones cooperantes las acciones necesarias para la elaboración del programa y presentar la propuesta al Consejo Consultivo;

V. Realizar las acciones que se requieran para el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas establecidos en el programa y coordinar su ejecución, de conformidad con las políticas, lineamientos y procedimientos emitidos por la secretaría, tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Consultivo;

VI. Plantear al Consejo Consultivo la constitución de consejos técnicos para el tratamiento de temas específicos de cooperación internacional, con la participación de los especialistas de las dependencias y entidades consignadas en el artículo 3;

VII. Elaborar el anteproyecto del programa de presupuesto anual de la Amexcid, sometiéndolo a la consideración de la secretaría y, una vez aprobado, conducir su correcta y oportuna ejecución;

VIII. Proponer los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público, relativos a la Amexcid, previo dictamen de la Oficialía Mayor de la secretaría, los cuales deberán ser expedidos por el titular de la secretaría;

IX. Proponer al titular de la secretaría la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos;

X. Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño y establecimiento de los mecanismos de coordinación y concertación que se establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales;

XI. Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas de la secretaría para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia;

XII. Proporcionar la información, los datos, criterios de calificación o de la cooperación técnica que le sea requerida oficialmente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XIII. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales y administrativas en todos los asuntos cuya atención le corresponda;

XIV. Cumplir las normas de control y fiscalización que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

XV. Presentar al Consejo Consultivo el informe semestral del desempeño de las actividades de la Amexcid, incluido el ejercicio del presupuesto y los estados financieros correspondientes, las metas propuestas y los compromisos asumidos, sin perjuicio de hacer lo propio con la secretaría;

XVI. Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo con derecho a voz, pero sin voto;

XVII. Desempeñar el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Consultivo; y

XVIII. Las demás que le confieran la presente ley, el Reglamento Interior de la secretaría, así como otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. Para ser director ejecutivo de la Amexcid se requiere

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con experiencia en la materia objeto de la Amexcid;

III. Haber desempeñado cargos afines a la cooperación internacional para el desarrollo cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencias en materia administrativa, académica o científica;

IV. Tener cumplidos treinta años de edad al día de su designación; y

V. Gozar de buena reputación.

Artículo 21. El director ejecutivo de la Amexcid no podrá desempeñar, durante el ejercicio de su encargo, ningún otro empleo, cargo o comisión distintos que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico.

Capítulo VIDel Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 22. Las políticas y mecanismos de ejecución de la cooperación internacional estarán establecidos en el programa correspondiente.

Artículo 23. El programa es la base para la planeación y ejecución de las acciones de cooperación internacional, así como de las estrategias de recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera.

Artículo 24. El programa deberá contemplar los siguientes aspectos:

I. La política general de cooperación internacional consistente en el conjunto de acciones de transferencia de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras, de terceros países y de organizaciones internacionales a México, y de México a terceros países, con el propósito fundamental de fortalecer en ambos casos las capacidades nacionales para el desarrollo;

II. La identificación de las áreas geográficas que resulten prioritarias para el interés de México en materia de oferta de cooperación internacional, en primer término Centroamérica y el resto de los países de América Latina y el Caribe;

III. La identificación de los contenidos prioritarios de la cooperación internacional, entre los cuales deberán figurar de manera obligada investigación científica y tecnológica en todos los ámbitos de interés nacional, salud, educación, protección del medio ambiente y prevención de desastres, bajo los principios señalados en el último párrafo del artículo primero de esta ley;

IV. Los medios y estrategias contemplados para el cumplimiento de los objetivos del programa; y

V. Las políticas que regirán la coordinación y concertación del Ejecutivo federal con las dependencias y entidades enunciadas en el artículo 3 de este ordenamiento, en materia de cooperación internacional.

Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el programa deberá

I. Estimular la participación de las dependencias y entidades del sector público, así como de los centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico, y de los organismos culturales, también pertenecientes al sector público, en las acciones de cooperación internacional;

II. Establecer los lineamientos para garantizar el apoyo a la cooperación internacional de México por parte de las representaciones diplomáticas y consulares del gobierno federal en el exterior;

III. Impulsar la concertación de convenios, acuerdos marco y otros instrumentos jurídicos de cooperación internacional;

IV. Promover la diversidad cultural y la proyección de México en el exterior como un Estado pluriétnico y multicultural;

V. Privilegiar la demanda de cooperación internacional para fortalecer la formación de recursos humanos en las áreas de mayor importancia estratégica para el desarrollo nacional;

VI. Promover el fortalecimiento institucional para la cooperación internacional, con especial énfasis en la formación de recursos humanos especializados en la gestión de la oferta mexicana en la materia;

VII. Propiciar la celebración de acuerdos internacionales para la realización de proyectos de cooperación internacional de gran impacto y largo alcance, participando de manera activa en los organismos de cooperación internacional de distinta índole de los que México forme parte;

VIII. Incorporar lo dispuesto en las leyes mexicanas en lo relativo a la prestación de ayuda humanitaria en casos de desastres; y

IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, así como con los otros acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.

Artículo 26. El programa deberá ser evaluado anualmente por la secretaría, sin perjuicio de las facultades que en materia de evaluación correspondan a otras instancias, y podrá ser revisado cada dos años para ajustarlo tanto a las modificaciones que se produzcan en los ámbitos específicos de su aplicación como a los avances y limitaciones que se observen en su ejecución.

Título TerceroDel Registro de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Capítulo IDel Registro Nacional de la Cooperación Internacional

Artículo 27. Se crea el registro nacional, como una función de la Amexcid, que estará bajo su responsabilidad directa, sujeto a las disposiciones que al efecto prevea el Reglamento Interior de la secretaría.

Artículo 28. En el registro nacional se inscribirán

I. La relación de las dependencias y entidades de la administración pública federal participantes en las acciones de cooperación internacional;

II. Los acuerdos y convenios en materia de cooperación internacional suscritos por el gobierno mexicano con otros gobiernos y entidades multilaterales;

III. Los proyectos y acciones de cooperación internacional en los cuales participen como receptores o donantes las dependencias e instancias consignadas en el artículo 3, y en cuya promoción, acuerdo y ejecución participen la secretaría o la Amexcid;

IV. Las ofertas de cooperación internacional en materias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras presentadas a México por instituciones y gobiernos extranjeros y por organizaciones multilaterales;

V. Las demandas de cooperación internacional en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera planteadas a México por terceros países;

VI. Los sujetos enunciados en el artículo 3 que hubieren recibido de la Amexcid la calificación de cooperantes;

VII. Los acuerdos de cooperación internacional que celebren, tanto en calidad de oferentes como de demandantes, las dependencias y entidades consignadas en el artículo 3 y los centros de investigación pertenecientes al sector público;

VIII. Los informes de los cooperantes mexicanos y extranjeros al término de sus misiones de cooperación internacional;

IX. Los tratados internacionales y las disposiciones jurídicas referidas directa o indirectamente a la cooperación internacional para el desarrollo;

X. Los montos de las asignaciones presupuestales federales al Fondo Nacional para la Cooperación Internacional, así como los fideicomisos creados para el financiamiento de proyectos específicos;

XI. Las evaluaciones de los resultados finales de las acciones de cooperación internacional coordinadas por la Amexcid; y

XII. Los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, las donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, que se deriven de los esquemas de cooperación internacional de los que forme parte el Estado mexicano.

Capítulo IIDel Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 29. Con base en la información inscrita en el registro nacional, la Amexcid creará, organizará, administrará y mantendrá actualizado, como una de sus funciones, el Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, estableciendo un banco de información que permita identificar la concurrencia y, en su caso, la duplicidad de esfuerzos, así como las posibles iniciativas contradictorias de cooperación internacional que impulsen las dependencias e instancias de la administración pública federal.

La información inscrita en el registro nacional será pública y estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 30. Toda persona tendrá derecho a que la Amexcid ponga a su disposición la información puntual que solicite sobre la cooperación internacional para el desarrollo, en los términos previstos en las leyes.

Artículo 31. La Amexcid, bajo la coordinación de la secretaría, diseñará y pondrá en práctica una política de divulgación de los resultados y beneficios de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, precisándose las gestiones del Estado mexicano en carácter de receptor y de oferente de dicha cooperación.

Artículo 32. Las dependencias y entidades de la administración pública federal otorgantes o beneficiarias de las acciones de cooperación internacional estarán obligadas a colaborar con la Amexcid en la organización y actualización del sistema de información, mediante la presentación anual de informes sobre los acuerdos interinstitucionales que celebren en materia de cooperación internacional para el de-sarrollo.

Título CuartoDel Financiamiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 33. Las acciones de cooperación internacional se financiarán con asignaciones presupuestales federales aprobadas por la Cámara de Diputados, así como con aportaciones financieras y en especie de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, y con aportaciones financieras y en especie de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Capítulo IDel Fondo Nacional y otros Fondos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 34. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo se integrará con las asignaciones presupuestales federales para programas de cooperación internacional, en el marco del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por las aportaciones enunciadas en el artículo 33 de este ordenamiento.

Artículo 35. Los recursos del fondo tendrán como destino la consecución de los objetivos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, para sufragar entre otros, los siguientes costos:

I. Capacitación de personas para que actúen en acciones de cooperación internacional;

II. Movilización a terceros países de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Adquisición de materiales didácticos para respaldar las acciones de cooperación internacional;

IV. Donación de equipos y materiales a países con menor grado de desarrollo relativo para la aplicación de los conocimientos transferidos; y

V. Asunción de los costos de estancia en México de cooperantes extranjeros cuando así lo estipulen los convenios internacionales respectivos.

Artículo 36. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional podrá ser receptor de recursos externos destinados a proyectos específicos de cooperación internacional para el desarrollo y, en su caso, efectuará la transferencia de los mismos a las dependencias y entidades de la administración pública federal responsables de su ejecución, con arreglo a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en la materia.

Artículo 37. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional se administrará mediante un fideicomiso constituido conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerando que la cooperación internacional constituye una prioridad estratégica tanto para el desarrollo como para la política exterior de México.

Artículo 38. El Comité Técnico y de Administración del fideicomiso estará integrado por representantes de la secretaría, de la Amexcid y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 39. La Amexcid podrá promover la constitución de fondos de cooperación internacional para la ejecución de acciones específicas. Los recursos de estos fondos se administrarán mediante fideicomisos especiales, constituidos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los Comités Técnico y de Administración de estos fideicomisos se integrarán con funcionarios de la secretaría, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las dependencias y entidades de la administración pública federal que participen en los proyectos a los cuales se asignarán los fondos.

Artículo 40. Los bienes donados a favor de las entidades federativas y los municipios invariablemente se incorporarán al patrimonio del estado o de los municipios.

Artículo 41. La Amexcid, por conducto de la secretaría, presentará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública un informe anual sobre los recursos financieros recibidos y aplicados directamente por la propia agencia.

Artículo 42. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública intervendrán, en el marco de sus respectivas competencias, para evaluar y fiscalizar la gestión de los flujos financieros realizados directamente por la Amexcid y por los fideicomisos creados en los términos establecidos en esta ley.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor a los diez días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo a que se refiere la presente ley deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor, mediante la reasignación de los recursos de todo tipo que se destinan actualmente a las tareas de cooperación internacional en la estructura y presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Tercero. El programa a que se refiere la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo deberá ser integrado dentro de los 120 días que sigan a la constitución de la Amexcid.

Artículo Cuarto. El registro nacional deberá ser instituido, como una función de la Amexcid, dentro de los 240 días siguientes a la constitución del órgano desconcentrado.

Artículo Quinto. El Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo a que se refiere la presente ley deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a la constitución de la Amexcid, integrando como recursos semilla los que ya forman parte del presupuesto, tales como el Fondo Mexicano para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe, el Programa de Acciones Estratégicas de México con el Caribe, el Programa de Cooperación entre México e Iberoamérica y el Fondo 22 México/OEA, así como los recursos de contraparte de los proyectos de cooperación acordados con la Unión Europea y varios países pertenecientes a la OCDE.

Artículo Sexto. La Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 100 días siguientes a la aprobación de la ley en la materia, propondrá al Ejecutivo federal la adecuación del Reglamento Interior que la rige, a fin de incluir la Amexcid como órgano desconcentrado y señalar las atribuciones que esta ley le confiere.

Artículo Séptimo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez promulgada la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, destinará a la Amexcid recursos presupuestales que le hayan sido asignados en el ejercicio fiscal en curso, a fin de iniciar sus trabajos en el tiempo señalado en este capítulo.

Artículo Octavo. El personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en aplicación de esta ley, pase a la Amexcid, incluido el perteneciente al Servicio Exterior Mexicano, en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la administración pública federal.

Artículo Noveno. Si alguna unidad administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasa a formar parte de la Amexcid, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, archivo y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La minuta del Senado que reforma el artículo 72 de la Ley de Derechos también se turna a la Comisión de Energía. Son Comisiones Unidas de Hacienda y de Energía.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Turismo

Baja: Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (integrante).

Alta: Diputado Fidel Kuri Grajales (integrante).

Grupo de Amistad México-Estados Unidos

Baja: Diputado Alfredo Villegas Arreola.

Alta: Diputado Aarón Irízar López.

Grupo de Amistad México-Irán

Baja: Diputado Aarón Irízar López

Alta: Diputado Alfredo Villegas Arreola

Lo anterior, para los efectos a que hay a lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Jesús María Rodríguez Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Fernando Morales Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Georgina Trujillo Zentella cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada María Elena Perla López Loyo cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Paula Angélica Hernández Olmos cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada María Elena Perla López Loyo cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión Especial del Café

Baja: Diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (integrante).

Alta: Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez (integrante).

Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas

Baja: Diputado Camilo Ramírez Puente (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 25 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Derechos Humanos

Baja: Diputado Julio César Godoy Toscano (integrante).

Alta: Diputado Martín García Avilés (integrante).

Comisión Jurisdiccional

Baja: Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (secretario).

Alta: Diputado Juventino Víctor Castro y Castro (secretario).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Hago referencia al oficio del diputado David Hernández Pérez, presidente del grupo plural de trabajo, grupo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, mediante el cual informa que en reunión de trabajo, se acordó solicitar la ampliación de las acciones y actividades de dicho grupo, agregando dos municipios (Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán; así como del ayuntamiento de Cabo Corrientes, que continúan siendo focos de inestabilidad que requieren de inmediata atención.

Al respecto, me permito comunicarle que en reunión de trabajo celebrada el día de la fecha, éste órgano de gobierno acordó autorizar la adición de dos municipios al nombre del grupo de trabajo antes mencionado, para queda como sigue:

“Grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, y de los ayuntamientos de Tomatlán y Cabo Corrientes, Jalisco”.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Programa de Trabajo

El pasado 7 de septiembre, en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó el punto de acuerdo que presentaron los diputados David Hernández Pérez, Salvador Caro Cabrera y Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, con el fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los ejecutivos federal y estatal de Jalisco y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, con el fin de evitar la inestabilidad social en la región, así como la integración de un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto.

A esta iniciativa, se sumaron los legisladores José Luis Íñiguez Gámez y Juan Enrique Ibarra Pedroza, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PT, respectivamente.

Esta propuesta fue aprobada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, acordando que la integración del grupo de trabajo será de seis legisladores de los diferentes grupos parlamentarios.

Debido a que en la costa de Jalisco se han suscitado problemas similares referentes a la tenencia de la tierra, el grupo de trabajo propone incorporar los temas de los ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán, así como del ayuntamiento de Cabo Corrientes, que continúan siendo focos de inestabilidad que requieren inmediata atención.

Las principales actividades que desarrollará el grupo de trabajo incluyen reuniones con funcionarios federales, estatales y municipales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de Jalisco, titulares de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, con ejidatarios, grupos indígenas, propietarios y demás involucrados en los problemas de los municipios de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, Jalisco, así como con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos de América y Alemania en México, las cuales ha solicitado información sobre la afectación a sus ciudadanos.

Antecedentes del predio El Divisadero y de la zona federal de la bahía de Tenacatita

• Existen documentos que datan de 1972 y que son parte de la resolución presidencial de fecha 29 agosto de ese año, cuando se le otorgó al ejido del Rebalse de Apazulco, hoy Lázaro Cárdenas, la primera ejecución en su favor, lo que derivó en que se llevará a cabo la ampliación del mismo para ocupar el predio denominado El Divisadero de Tenacatita, en más de 50 hectáreas.

• Esta ampliación de terreno fue comprobada por la Secretaría de la Reforma Agraria, que revisó la “carpeta básica”, para verificar que no existieran problemas de colindancias del plano definitivo con la resolución presidencial y con el proyecto.

• Antes de 1970, Rodolfo Paz Vizcaíno, habitante del municipio de San Gabriel, poseía un terreno en la zona, el cual fue comprado en ese año por Financiera Industrial de Jalisco (Banca Cremi). En 1973, los ejidatarios entablaron un juicio contra la financiera, toda vez que nunca fueron delimitadas las colindancias.

• Con la resolución presidencial de 1972, la señora Paz Gortazar de González Gallo, inconforme con la afectación, promovió el juicio de amparo número 1596/772 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, que culminó con la resolución definitiva pronunciada el 18 de agosto de 1977 por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión número 756/77, que resolvió que “el predio rústico denominado El Divisadero de Tenacatita, que formó parte de la antigua finca rústica conocida con el nombre de Apazulco, en el municipio de La Huerta, Jalisco, con superficie de 42 hectáreas, no fue materia de dotación agraria a favor de comunidad agraria alguna”, por lo que le concedió la protección constitucional y en cumplimiento de la sentencia de amparo, la Secretaría de la Reforma Agraria le restituyó –en el año 1979– la posesión del predio.

• En 1991, la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, adquirió 42 hectáreas bajo la escritura 20 mil 147, de fecha 14 de diciembre de 1991, delimitándose medidas y colindancias, a pesar de que los ejidos argumentaban estar “legitimizados” y el juicio en contra de la Financiera Industrial de Jalisco no estaba resuelto.

• En 1992, se le otorgó una concesión de la zona federal a la inmobiliaria para preservación y ornato de la zona, no obstante que el ejido ya había solicitado la concesión con anterioridad.

• El 7 de mayo de 1992, la SCJN rechazó un recurso de queja promovido por el ejido para revocar la sentencia emitida en 1980, que ratifica la de 1977; el 18 de enero de 1993, la misma Suprema Corte resolvió negativamente otro recurso de queja promovido por el comisariado ejidal para contravenir el veredicto.

• En 1996, el ejido solicitó un amparo contra esta resolución, pero le fue negado nuevamente.

• El 8 de febrero de 2000, el juez de Primera Instancia de Cihuatlán giró los oficios correspondientes para solicitar el auxilio de la fuerza pública en el proceso de de-salojo, mismo que intentó realizarse el 25 de febrero del mismo año. Sin embargo, éste no pudo realizarse debido a que el presidente municipal de La Huerta se negó a apoyar la diligencia.

• El miércoles 4 y jueves 5 de agosto, fue ejecutada una orden de desalojo dictada por el juez de Autlán, Jalisco, del predio El Divisadero de Tenacatita y de la Playa de Tenacatita, municipio de La Huerta, destruyéndose con maquinaria pesada pequeños hoteles, restaurantes, tiendas. Los daños provocaron el cierre de seis hoteles, la crisis de dos cooperativas de pesca y de servicios turísticos, la destrucción de restaurantes y de fondas familiares y, sobre todo, la afectación de los habitantes del ejido de El Rebalsito.

Además, se cerró una de las playas públicas más importantes del Estado de Jalisco, que es generadora de 700 empleos directos y el sostén para 200 familias de la zona.

Los pobladores desalojados han demostrado ser dueños mediante título de propiedad expedido por instrucciones del presidente Vicente Fox en 2006, así como con certificados de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Autlán, Jalisco, en donde se reconoce título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional.

Es el tercer desalojo que se intenta desde 1993; es la única vez que se ha logrado desalojar a la totalidad de los habitantes.

A pesar de ello, la inmobiliaria no ha pagado desde 1999 los derechos por el otorgamiento de la concesión, y la última liquidación la efectuó por concesión para uso y aprovechamiento de agricultura en la misma zona y el pago del adeudo de los cuatro años anteriores, por lo que no realizó los pagos en tiempo y forma y el motivo de concesión fue cambiado.

Habitantes de esa zona por el contrario, han cumplido con sus respectivos pagos.

• El 2 de septiembre de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Coste ros, la resolución administrativa mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m² de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en El Divisadero de Tenacatita.

Asimismo, a través de este resolutivo, se apercibió a la inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada y de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.

• El 23 de septiembre de 2010, la dirección en jefe del Registro Agrario Nacional, informó que en relación con la acción de ampliación del ejido “El Rebalse de Apazulco”, municipio de La Huerta, concretamente al plano definitivo en la que se representará la exclusión de una superficie de 42 00-00 hectáreas, concedida en el amparo que promovió la presunta afectada, no se localizó en sus archivos documento alguno que sirviese de base para la ubicación física de las hectáreas mencionadas, por lo que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico Operativo, los antecedentes que se tuvieran sobre la zona descrita.

El 14 de septiembre pasado, se entregó una carpeta del ejido “El Rebalse de Apazulco” a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como el plano definitivo de la ampliación, acta de posesión y deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido; acta de posesión de las 42.00.00 hectáreas para cumplimentar el juicio de amparo, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las diversas versiones técnicas sobre la ubicación de las hectáreas citadas.

El Registro Agrario Nacional agregó que hasta la fecha, no se tiene respuesta de la Reforma Agraria en el sentido de que sólo obran planos proyecto de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie en conflicto.

Diagnóstico

•Este problema ha sido originado por las autoridades federales, al duplicar trámites y sin tomar en cuenta la situación de las personas que ya tienen concesiones.

• Los títulos de propiedad de terrenos locales expedidos durante el sexenio del presidente Vicente Fox, son un sustento jurídico para los poseedores, quienes tienen todo derecho de oponerse a los desalojos.

• Estos títulos se emitieron con base en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos (Procede), encabezado por la Procuraduría Agraria y el Inegi, que derivaron de un procedimiento legal de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona.

• Sumado a lo anterior, al momento del desalojo y en la delimitación del terreno para evitar que los ejidatarios entraran por la fuerza, la inmobiliaria destruyó algunos metros cuadrados de mangle al instalar profundamente en él una malla ciclónica con cadenas y pasador, daño que fue comprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Jalisco, quien determinó que los efectos fueron mínimos, por lo que no hubo sanción a la empresa responsable y únicamente se le ordenó la entrega de un informe de las actividades que desarrollarían, así como el estudio de impacto ambiental autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente Federal.

• Con esta determinación de desalojo, se violó además el derecho de acceso a las playas que impiden policías estatales, problema que ha ido creciendo; las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, se encuentran estudiando actos y omisiones de los niveles de gobierno.

• Incluso, la Comisión Nacional abrió un expediente sobre presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos.

• La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó información al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, Jalisco, y explicara si solicitó que  permanecieran los elementos de seguridad en el bloqueo de la carretera y acceso a las playas, contestando negativamente.

• La intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha circunscrito a realizar las gestiones para que se reabra el acceso a las playas.

• Contrario a lo anterior, el gobernador de la entidad señaló que la decisión de no permitir la entrada corresponde a la orden del juez, y no al gobierno del Estado, y él solamente se limita a garantizar el estado de derecho, cuestión que ya fue desmentida por el propio juez.

• Después del violento desalojo, se estableció una mesa de diálogo y entendimiento entre representantes del ejido El Rebalsito con el secretario general de Gobierno, refrendando éste el compromiso de “salvaguarda del estado de derecho y a petición de un juez, en virtud de una sentencia.”

• Sin embargo, el gobierno del estado se ha negado a aceptar cualquier demanda, incluyendo la negativa de abrir una mesa de diálogo para cotejar documentos de propiedad, de mover a la policía estatal de la playa y de liberar la carretera bloqueada.

• En esta problemática, también se ha involucrado la Embajada de Alemania en México, cuya representación diplomática ha solicitado información ante diferentes instancias públicas de las denuncias de ciudadanos alemanes que fueron afectados por el lanzamiento, ya que argumentan, son compradores de buena fe y “poseen escrituras validadas por dos presidentes de la República Vicente Fox y Felipe Calderón”.

Líneas de acción

• Evitar se generen actos de violencia y violaciones de derechos humanos. Es evidente el conflicto de intereses y la duplicidad de propietarios, por lo que es importante participar de manera inmediata en la solución del problema y así, dejar un antecedente para futuros inconvenientes similares.

• La .presunta intención del desalojo sin ningún tipo de negociación, es convertir esa zona en un desarrollo turístico con dos marinas, villas unifamiliares y hoteles, un campo de golf y la construcción de un aeropuerto entre los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, por lo que es necesario impulsar a la brevedad posible el establecimiento de una mesa de diálogo con todos los involucrados, con el fin de evitar se generen mayores problemas.

• Solicitar la participación de ambientalistas oficiales e independientes para que emitan sus opiniones respecto a los presuntos problemas causados a los mangles, así como la posible afectación, en caso de la construcción del proyecto turístico, a las reservas ecológicas de mangle más importantes del litoral costero que forma parte del corredor del jaguar.

Antecedentes de los ejidos de Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán

• El 20 de agosto de 2007, funcionarios del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, en compañía de elementos antimotines de las policías estatal y federal preventiva, se presentaron en el poblado Campo Acosta en el kilómetro 105 de la carretera federal 200 que corre entre Puerto Vallarta y Melaque, del municipio de Tomatlán, para ejecutar la sentencia dictada en el juicio agrario 362/02 de restitución de tierras -gran parte de ellas situadas en las playas de Peñitas-, promovido por la comunidad indígena de Tomatlán, debido a que unos 200 ejidatarios se oponían a entregar mil 200 hectáreas a la comunidad indígena que a su vez, presuntamente vendió al menos dos terceras partes del predio playero a la empresa Sierra Vallarta, vinculada al ex presidente Vicente Fox Quesada y al empresario sinaloense Ernesto Coppel.

• Además de ser desalojados, algunos campesinos fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal y posteriormente, a la de Puerto Vallarta, quienes fueron liberados con el pago de una caución de tres mil pesos por cada uno.

• El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, manifestó que en el desalojo y detención “hubo excesos” de la policía estatal.

• En la Recomendación 33/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acreditó negligencia en agravio de una paciente por parte del Centro de Salud de San Martín de Bolaños, cuando acudió a recibir atención porque había sido herida en el abdomen por arma de fuego. No obstante la gravedad del caso, luego de revisarla, se le suministró medicamento, se tuvo en observación una hora y se le envió a su domicilio. Con la gravedad, se tramitó tardíamente su traslado urgente a un hospital de Tlaltenango, Zacatecas, a donde no pudieron llegar y pidieron atención en el centro de salud de Villa Guerrero, donde la mujer falleció.

• Este conflicto data desde los años 60, entre la comunidad indígena de Tomatlán y el poblado de Campo Acosta. En el transcurso de ese tiempo, se han desarrollado diversos juicios ante distintas instancias judiciales, sin llegar hasta el momento a resolverse de fondo, ya que es un tema muy complejo.

• Este problema creció porque, además del enfrentamiento entre ambas comunidades agrarias, apareció un tercer actor, una empresa inmobiliaria denominada “Sierra Vallarta”, que se adjudicó la propiedad de los terrenos de más de 100 comuneros, que afectó sus propiedades, ganado, embarcaciones.

• En cuanto al ejido de Chalacatepec, el director de Proyectos de la empresa Rasaland y responsable de las negociaciones con los ejidatarios, aseguró que éstos fueron bien remunerados por la cesión de derechos posesorios de las tierras; reconoció que hubo quienes recibieron 150 mil pesos por hectárea, así como otros llegaron a cobrar hasta 700 mil pesos por hectárea.

• La empresa Rasaland y pensiones del estado, pretenden desarrollar el complejo turístico.

• Isaías Rivera Rodríguez, ex procurador agrario, explicó que después de que diversos pequeños propietarios promovieron el juicio de amparo 2130/65 contra el decreto presidencial que otorgaba la tierra a los ejidatarios, el 23 de julio de 1971 se dictó sentencia definitiva “protegiendo a Carlos Jimeno Serrano y otros”, determinando que los planos conforme a los que se ejecutó la resolución presidencial no eran correctos porque en ellos se incluía los predios Param y Xola (donde se ubicaría el complejo turístico).

• Con esa resolución, ambos predios se excluyeron de la dotación de tierra y el régimen de la propiedad cambió a ser privado; aunque esta sentencia se tuvo por ejecutada en favor de los propietarios en 1985, según lo establece un acuerdo firmado el 23 de mayo de ese año por el Juez Segundo de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, la posesión del predio la conservaron los ejidatarios debido a que la ejecución de la restitución se hizo “de gabinete”.

• Es en este punto donde entró la empresa Rasaland, que tras adquirir la propiedad a un precio no revelado, procedió a negociar con los ejidatarios para ofrecer “convenios indemnizatorios” por la posesión de la tierra para así, consolidar el derecho a la propiedad.

• En enero pasado, el gobierno del estado anunció la compra de terrenos en la playa de Chalacatepec para desarrollar el “Nuevo Cancún”, a pesar del conflicto agrario que no ha sido resuelto. El ejido tiene un decreto presidencial y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su favor.

• Este proyecto es presuntamente catalogado como un negocio inmobiliario de “complicidad de intereses públicos y privados”, ya que se comprometen recursos estatales para infraestructura carretera y aeroportuaria, y los fondos de los pensionados del gobierno de Jalisco para adquirir reservas territoriales bajo la figura jurídica de un fideicomiso como socios minoritarios, con riesgos de mercado.

• El fondo de retiro de 115 mil burócratas de la entidad, que asciende a unos 89 millones de dólares, podría incrementa el grado de peligro, debido a que los recursos se encuentran en manos de Goldman Sachs,firma financiera acusada de fraude por las propias autoridades estadunidenses.

Líneas de acción

• Conocer la opinión de la sociedad civil y los sectores productivos, incluyendo a los ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos, Chalacatepec y de otros ejidos de la zona, para participar en la solución de los graves problemas sociales, territoriales y económicos que padecen.

• Evitar el despojo de tierras a campesinos de las localidades.

• Consultar a especialistas para garantizar que cualquier obra que se pretenda realizar, garantice el respeto y cuidado del medio ambiente, así como la inclusión e integración social.

• Vigilar que no se utilicen recursos públicos para beneficio de particulares.

• Evitar la privatización de playas donde anidan las tortugas marinas.

• Cuidar que no se cometa un fraude a las pensiones del estado.

Antecedentes del municipio de Cabo Corrientes

• El municipio de Cabo Corrientes atraviesa por una transformación en el ámbito de la tenencia de la tierra, y por la creciente presión de desarrolladores y corredores de bienes raíces.

• De sur a norte, se encuentran los ejidos La Boquita, Vistahermosa e Ipala, donde las transmisiones de parcelas han sido a nivel interno.

• En Villa del Mar y López Mateos, la corredora Goldenha adquirido decenas de derechos ejidales y las ventas a diversos desarrolladores van aumentando. Sólo en unas cuantas caletas se tiene acceso, ya que predomina el mar abierto.

• En Villa del Mar ha habido un intenso tráfico de propiedades, desde lotes frente al mar hasta parcelas completas.

• Elejido distribuyó parcelas a lo largo de litoral a todos sus ejidatarios para que tuvieran frente de playa.

• En el ejido Aquiles Serdán, se acordó por asamblea la venta de todas sus tierras, caminando en el mismo sentido los ejidos Morelos y Naranjitos.

• Habitantes del poblado de Aquiles Serdán, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, intentaron ser desalojados el 18 y 25 de junio pasado por elementos de seguridad estatales y personas ajenas y desconocidas, cuando irrumpieron armados para ejecutar la orden de desalojo, que presuntamente nunca presentaron, emitida por un juez federal de Monterrey, acompañados por el ejecutor del juzgado tercero civil de Puerto Vallarta.

• Los afectados, conforman aproximadamente 65 familias que se encuentran asentados en 208 hectáreas, en el predio de Tecolotán, en zona de playa.

• Durante un tercer desalojo el 5 de julio, los pobladores de Cabo Corrientes argumentaron tener más de 30 años con la posesión de sus tierras, además de que existe un juicio agrario por la titularidad de las tierras del ejido de Aquiles Serdán.

Líneas de acción

• Conocer la opinión de los pobladores de los ejidos que conforman el municipio y de los sectores productivos y desarrolladores, así como de otros sectores para participar en la solución de una posible problemática.

• Evitar el despojo de tierras y propiedades hasta que no se agoten todos los recursos legales y políticos.

• Evitar la privatización de playas donde anidan las tortugas marinas.

• Ofrecer la asesoría legal a los ejidatarios para que en caso de vender sus tierras, se apeguen a Derecho.

Reuniones

Funcionarios federales, magistrados y diplomáticos

• La primera reunión que se propone realizar, es con los secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para que participen como mediadoras en las reuniones.

• Con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer su opinión referente a la duplicidad de títulos de propiedad.

• Con el secretario o subsecretario de la Reforma Agraria, con el fin de conocer la posición sobre las “carpetas básicas” que verificaron los planos definitivos antes de las resoluciones presidenciales.

• Reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las dependencias y entidades que pudieran tener competencia, con el fin de realizar un diagnóstico de la conflictividad agraria en la zona, incluyendo la problemática de mérito, y  se implementen acciones de política pública que prevengan y, en su caso, solucionen  pacíficamente los conflictos por tierras.

• Reunión con el secretario o subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para conocer sus opiniones sobre la afectación al área de mangles y el impacto que podría generar la construcción de los proyectos turísticos.

• Reunión con el titular del Registro Agrario Nacional, para solicitar información sobre la situación legal de las áreas referidas.

• Reunión con los titulares de la Procuraduría Agraria (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares Urbanos –Procede–) y del Inegi, quienes verificaron los títulos que se emitieron en el gobierno de Vicente Fox, mediante un procedimiento legal de medición de linderos y confirmación de la legítima propiedad del núcleo agrario sobre la zona.

• Reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que informe sobre el expediente que abrió de las presuntas violaciones a las garantías jurídicas de ciudadanos, como consecuencia del desalojo.

• Reunión con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos de América y de Alemania en México, para que sus ciudadanos participen en las mesas de diálogo, ostentando los títulos de propiedad que poseen.

Funcionarios y actores locales

• Reunión con el gobernador o secretario de Gobierno del estado, para plantear la instalación inmediata de una mesa de trabajo que coadyuve en la solución del problema y en la liberación de los accesos públicos y vías de comunicación.

• Reunión con magistrados del Poder Judicial de Jalisco, con el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cihuatlán, y con el Juez de Autlán, para conocer su opinión sobre la problemática jurídica que existe en el municipio de La Huerta.

• Reunión con el director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Autlán, para conocer los certificados que reconocen los títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional.

• Reunión con el procurador federal de Protección al Ambiente en Jalisco, con el fin de que informe sobre los daños causados al manglar que, argumentó, fueron muy mínimos, y sobre la resolución administrativa que emitió la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.

• Reunión con el presidente de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, institución que ha intervenido activamente en el conflicto para conocer y garantizar no se violen los derechos de los desalojados y de la sociedad del municipio, al cerrar accesos públicos y carreteras.

• Reunión con .ejidatarios, propietarios y representantes de Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, principales actores en esta problemática y quienes tendrán que participar, a través de representantes, en todas las mesas de trabajo con las autoridades que intervendrán en la solución.

• Reunión con el titular del Instituto de Pensiones de Jalisco, para conocer la participación de esa dependencia en los proyectos de Tomatlán.

• Reunión con los presidentes municipales de Tomatlán y Cabo Corrientes, para coadyuvar en la pronta solución de los conflictos.

• Encuentro con la sociedad civil, con los sectores productivos, con grupos indígenas, ejidatarios de Campo Acosta, José María Morelos, Chalacatepec, de Cabo Corrientes, de otros ejidos de la zona afectados; con representantes de Rasaland.

Resolutivos planteados en el punto de acuerdo

Primero.Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisaderode Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita,municipio de La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través del Registro Agrario Nacional, se realice nuevamente una valoración que contribuya a encontrar una solución entre todos los involucrados.

Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se informe a esta soberanía sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica.

Cuarto. Que se exhorte al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos referentes al retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al desbloqueo de la carretera y al libre acceso a las playas, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una pronta opinión sobre el conflicto suscitado por el desalojo en mención.

Quinto.Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integre un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe a esta soberanía del estado que guarda el problema. Este grupo presentará programa de trabajo y tendrá vigencia hasta la conclusión del problema.

Integrantes, diputados:David Hernández Pérez, Presidente, PRI; Salvador Caro Cabrera, integrante, PRI; Rafael Yerena Zambrano, integrante, PRI; Juan José Cuevas García, integrante, PAN; Carlos Luis Meillón Johnston Johnston, integrante, PAN; Indira Vizcaíno Silva, integrante, PRD; Norma Leticia Orozco Torres, integrante, PVEM; Juan Enrique Ibarra Pedroza, integrante, PT; Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante, NA; Falta por nombrar, integrante, Convergencia.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presente

En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto nos permitimos remitir a usted, acuerdo número 331, que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al cambio de formato de Informe de Gobierno federal, lo anterior para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente. Se anexa dictamen.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de octubre de 2010.— La Mesa Directiva del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, diputados: Iván Madero Naranjo (rúbrica), presidente, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), primer secretario; Epigmenio Jiménez Rojas (rúbrica), segundo secretario; Arturo Guzmán Ábrego (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo 331

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 62 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, esta Septuagésima Primera Legislatura se permite someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto, que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes

Artículo Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto normativo que en seguida se inserta

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso asistirá el presidente de la República acompañado de su gabinete ampliado, y ahí presentará, en una ceremonia de simpleza republicana y de trabajos de colaboración entre poderes, un informe por escrito a la representación popular y a la representación de entidades federativas, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, como aporte a los trabajos legislativos, pronunciando un mensaje para presentar su informe de no más de quince minutos.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto legislativo.

Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo, que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 14 catorce días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Iván Madero Naranjo (rúbrica), presidente, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), primer secretario; Epigmenio Jiménez Rojas (rúbrica), segundo secretario; Arturo Guzmán Ábrego (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Honorable Asamblea:

Samuel Arturo Navarro Sánchez, José Antonio Salas Valencia, Gabriela Desireé Molina Aguilar, Jaime Rodríguez López y Luis Manuel Antúnez Oviedo, diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio del derecho establecido en el artículo 71 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración del pleno, propuesta de acuerdo que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Antecedente

Único. Que en sesión de pleno de la Septuagésima Primera Legislatura de fecha 13 de noviembre de 2009, se turnó iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Wilfrido Lázaro Medina a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para estudio y análisis correspondiente.

Del estudio y análisis realizado, se arribó a las siguientes

Consideraciones

Que el Congreso del Estado es competente para iniciar leyes o decretos, ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Que la Comisión de Puntos Constitucionales, es competente para conocer y dictaminar sobre los reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo establecido por el artículo 62 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.

Que la iniciativa de decreto de mérito sustentó su exposición de motivos, sustancialmente en lo siguiente

“Que el texto vigente del artículo 69 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el siguiente, cito:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. Fin de la cita.

Que con ese texto del artículo constitucional transcrito anteriormente, el Congreso Constituyente Permanente consideró en el año 2008 que debería suprimirse la expresión conceptual (cito): «... asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito...» (cierro la cita), para el efecto de que el titular del Poder Ejecutivo federal no tuviera la obligación expresa de acudir de manera personal, concurrir irremisiblemente en persona a tal apertura a presentar ese informe; que por sexenios, históricamente, tuvo razón de ser esa obligada presencia del presidente de México, puesto que, entre otros motivos, ante los embates de fuerzas del exterior, que llegaron a invadir territorio nacional para imponer un emperador, o cercenar más de la mitad de nuestro territorio patrio, se requería un Ejecutivo fortalecido internamente y respetado en el campo de la diplomacia;

que la asistencia del Ejecutivo a rendir personalmente un informe del estado que guarda la administración pública del país ante el honorable Congreso de la Unión, llegó a distorsionarse, es verdad, con el tiempo, convirtiendo a la simple apertura de sesiones ordinarias de ese cuerpo colegiado y a la rendición del informe administrativo, en el día del presidente, en donde, con el acarreo de gente que iba con la consigna de aplaudir, de portar mantas de agradecimiento, de arroja aplausos, serpentinas y confeti por toneladas, para después concentrarse a lanzar vivas al presidente, es verdad, agradecimientos porriles y a formar en filas interminables para saludarlo de mano, se afectó incluso la estructura republicana de la nación.

Que ante esa deformación oficial nació una deformación opositora, contraria a la anterior, pero igual de bárbara y primitiva, en donde desde la llegada del presidente al recinto legislativo se le organizaba, con acarreados abucheos y silbidos, también; y una vez, dentro del recinto se le interrumpía en su discurso; los parlamentarios rompían las reglas de sus reglamentos para sesiones, tomaban la tribuna, coreaban consignas en contra del presidente, llegando a portar máscaras de cerdos, enfrentándose con el mismo personal de seguridad;

que entre todas esas circunstancias, y otras más, innecesarias para ser señaladas aquí, se orilló al Congreso Constituyente Permanente a aprobar el actual texto del artículo 69 de la Constitución Federal, en donde se da margen legal para que el presidente de la República en turno se presente o no; de manera personal, a entregar dicho informe, o pueda enviarlo con alguien y así cumplir con la norma constitucional;

Que aplicado, ahora, dicho artículo 69 de nuestra Carta Magna, el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio un giro de interpretación -desde nuestra óptica- inexacto a ese precepto, que afecta a la vida del país y a la relación entre los Poderes de la Unión, al hacer el Ejecutivo federal su propia ceremonia de informe, y ya no ante el honorable Congreso de la Unión, sino ante sí mismo, ante su espejo, ante sus colaboradores, partidarios, familiares, amigos y/o compañeros de partido político, gastando el dinero de los mexicanos en pagos millonarios a medios masivos de comunicación para que transmitan a todo lujo, color y horarios triple AAA, su informe al pueblo, cuando somos, por disposición constitucional, una república representativa, faltándole al respeto así al Poder Legislativo federal, en vía de regreso, como una venganza absurda.

Que los tres Poderes de la Unión se merecen, y se deben, respeto entre sí, y tienen, la obligación jurídica de ejercer sus atribuciones con la atención considerada a sus encargos Y personas, por lo que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos debe personalmente presentarse a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión, y presentar ahí un informe por escrito en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, dando un mensaje que no rebase treinta minutos; asistiendo con los miembros del gabinete ampliado, con más de dos centenares de invitados, incluyendo a su familia; siendo una auténtica reunión republicana, eminentemente de trabajo eficaz para que el Poder Ejecutivo traslade información de la administración pública que se sirva y oriente a los legisladores para la discusión y aprobación de normas jurídicas que auxilien al desarrollo de México, siendo esta ceremonia el inicio eficaz y práctico de tales labores, un día de trabajo más; sin que haya convocatorias ni organización de vallas o concentraciones populares por fuera del recinto parlamentario; ni banquetes ni ceremonias posteriores de saludos; que las transmisiones de esta ceremonia se realicen como las informaciones normales de trabajo, sin que ocasionen gastos al erario, ocupando los tiempos oficiales correspondientes; que se apliquen sanciones severas a quienes siendo parte de los Poderes de la Unión falten al respeto entre poderes y/o incumplan con las reglas de orden que encausan las conductas parlamentarias.

Que la iniciativa de mérito, en esencia, pretende que el Ejecutivo federal vuelva a presentarse personalmente al Congreso de la Unión, a rendir el informe del estado que guarda la administración pública federal.

Que está Comisión de Puntos Constitucionales coincide con el iniciador y hace suyos los planteamientos hechos en la exposición de motivos, en virtud de que en un acto republicano de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos federales, el presidente de la República debe rendir el informe del estado que guarda la administración pública en el recinto legislativo y ante el poder al que por mandato constitucional le corresponde aprobar el Presupuesto de Egresos y dictaminar la Cuenta Pública Federal.

Que en este sentido, el nuevo orden político constitucional nos demanda potenciar el desarrollo jurídico de la Constitución, no sólo en su concepción propia de “norma jurídica”, sino sobre todo en su armonización con los diversos mecanismos de control constitucional. Una Constitución auténticamente normativa es aquella que genera un sistema que delimita y equilibra efectivamente la acción del poder.

Que en el devenir histórico de la rendición de cuentas del Ejecutivo federal, no debe perderse la seriedad y solemnidad que el acto requiere, toda vez que, es el más alto cargo de elección popular y representa al Poder Ejecutivo federal, por tanto en la respetuosa relación de Poderes del Estado Mexicano; el equilibrio: contrapeso y toma de decisiones conjuntas debe prevalecer, por tanto y en esa lógica el presidente de la República debe rendir personalmente ante el Congreso de la Unión el informe de que guarda la administración pública federal.

Que los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de está Septuagésima Primera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, consideramos que debe ser interés de los Poderes del Estado, informar de cara a la nación el estado que guarda la administración pública federal, dando certeza legal y transparencia al manejo del erario público, lo que permita un diálogo franco y respetuoso entre poderes, para el debido y cabal cumplimiento de lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que con la presente iniciativa de reforma constitucional pretendemos adecuar el marco jurídico constitucional en materia de la presentación del informe del estado que guarda la administración pública federal, considerando que el titular del Ejecutivo federal debe rendir dicho informe en la máxima tribuna de la nación que es el Congreso de la Unión.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 44 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y el artículo 62 fracción 1, 122, 123, 124, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Septuagésima Primera Legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta de

Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 62 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, esta Septuagésima Primera Legislatura se permite someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto, que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes

Artículo Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto normativo que en seguida se inserta.

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso asistirá el presidente de la República acompañado de su gabinete ampliado, y ahí presentará, en una ceremonia de simpleza republicana y de trabajos de colaboración entre poderes, un informe por escrito a la representación popular y a la representación de entidades federativas en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, como, aporte a los trabajos legislativos, pronunciando un mensaje para presentar su informe de no más de quince minutos.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto legislativo.

Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo, que contiene iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo a 5 de octubre de 2010.— Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Samuel Arturo Navarro Sánchez (rúbrica), presidente; José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Jaime Rodríguez López (rúbrica), Gabriela Desireé Molinar Aguilar (rúbrica), Luis Manuel Antúnez Oviedo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

JOSEFINA REYES SALAZAR

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, en relación a su oficio de número de identificación DGPL 61-II—483, mediante el cual informa de la aprobación del punto de acuerdo en el cual se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a que realice las investigaciones necesarias, a efecto de determinar la procedencia de ejercer la facultad de atracción en el caso del asesinato de Josefina Reyes Salazar; le comento lo siguiente:

Le comunico que el punto de acuerdo en cuestión es ya del conocimiento de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, MDP Patricia González Rodríguez, por tratarse de un asunto relativo al ámbito de su competencia.

En ese sentido, me permito informarle que gobierno del estado de Chihuahua en coordinación con la Secretaría de Gobernación federal, atendió los casos referidos en el cuerpo del documento, tanto del licenciado Gustavo de la Rosa Hickerson, como de la ciudadana Cipriana Jurado Herrera, emprendiendo una serie de acciones y medidas para garantizar su seguridad y protección y manteniendo constante comunicación con ambos. Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterándole la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente,

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 9 de septiembre de 2010.— Licenciado Sergio Granados Pineda (rúbrica), secretario general de gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente para su conocimiento.

DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES JORNALEROS AGRICOLAS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente del Congreso de la Unión.— Presente.

Con relación a su atento oficio DGPL 61-II-2-628 de fecha 28 de septiembre del presente año, por medio del cual da conocer el punto acuerdo, que exhorta a que se salvaguarde la protección integral de las niñas, niños y adolescentes de los campos agrícolas y se atienda las causas estructurales que originan el fenómeno migratorio temporal de la población indígena campesina y se garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los mismos, al particular me permito informar a usted lo siguiente:

Que en su respectivo momento, dicho asunto fue despachado mediante volante en turno 430/10 turnado para su atención al entonces director de Trabajo y Previsión Social, por tal motivo con fecha octubre 6 del presente año, el actual y nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Fidel Pérez Romero, en oficio STPS 001/2010, nos está informando que atenderá cabalmente la recomendación en comento, en los términos indicados en el punto de acuerdo emitido por los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de ese Congreso de la Unión.

Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, 11 de octubre de 2010.— Licenciada Graciela Ortíz González (rúbrica), secretaria general de gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su conocimiento.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— Gobierno del estado de México.

Diputado Federal Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México y en relación a su atento oficio número D.G.P.L.61-II-7-527, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país; y se exhorta a los gobiernos estatales para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

Me permito hacer de su conocimiento que se ha instruido a la Agencia de Seguridad Estatal y en particular a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, para verificar el cumplimiento del peso y dimensiones del transporte de carga que circule por las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, en los términos que establecen los reglamentos de tránsito de la entidad y el metropolitano.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 19 de octubre de 2010.— Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), secretario general de gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Transportes para su conocimiento.

NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN LOS CENTROS DE RECLUSION

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— Gobierno del estado de México.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, y con relación a su oficio DGPL 61-11-2-630, mediante el cual informa el siguiente punto de acuerdo:

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional; a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se hace un llamado público a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional y local, a que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país y que se reconstituyan sus derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que contemplan los párrafos sexto y séptimo del artículo cuarto de la Carta Magna.

Al respecto, hago de su conocimiento que se encuentran 45 menores de dos años de edad con sus madres en nueve centros preventivos y de readaptación social del Estado de México, los cuales reciben atención médica especializada para su cuidado y vacunación. Las 26 niñas y 19 niños nacieron en hospitales del sector salud con la finalidad de no estereotiparlos.

Las diferentes áreas técnicas con que cuenta el sistema penitenciario, contribuyen en la atención de las niñas y los niños y realizar actividades recibir donaciones de ropa, pañales, leche y alimentación.

Se ha considerado, que si bien los menores requieren de un cuidado maternal, hasta cierta edad, también se tiene el peligro de que puedan sufrir alguna agresión, pues en los centros de reclusión se encuentran mujeres homicidas, infanticidas, que pudieran causar un daño irreparable en su persona y entre la población, toda vez que éstos pueden originar riñas entre las mismas internas.

Psicológicamente se estima que los menores sólo pueden permanecer con sus madres hasta la edad de tres años, y una vez cumplidos requieren cuidados más especializados; asimismo, graban imágenes en su cerebro, que les causan daños en su infancia, por lo que al cumplir esta edad, el personal de trabajo social penitenciario realiza el trámite con familiares de la mujer recluida, para que reciban al menor en custodia, siempre bajo la supervisión jurídica de los sistemas DIF municipales. En el caso de que la mujer no cuente con familiares que se hagan responsables del menor, se otorga la tutela temporal al DIF estatal, para que se encargue del cuidado del infante hasta el momento que la mujer obtenga su libertad.

De lo antes señalado, se puede decir que los 45 menores que viven con sus madres en los centros preventivos y de readaptación social, cuentan con la atención técnica y médica necesaria.

Sin embargo, es importante señalar que el problema de hacinamiento que se registra en los Reclusorios del Estado de México, complica la asignación de espacios para el libre esparcimiento de las niñas y los niños. Aunado a lo anterior, se han tenido que sacrificar áreas para recibir y ubicar a las personas de nuevo ingreso a las instituciones penitenciarias.

Sin más por el momento, le reiteramos nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México; octubre 14 de 2010.— Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), secretario general de gobierno del Estado de México.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública para su conocimiento.

SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención al oficio número DGPL61-11-5-845, mediante el cual comunica que, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010, esa soberanía popular aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a que realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, en materia de seguridad y justicia, de fecha 18 de junio de 2008; por indicación del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, y con fundamento en lo establecido por los artículos 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; respetuosamente, me permito dar respuesta en los términos siguientes:

El Gobierno del Estado de México, es consciente de la gran relevancia y trascendencia que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reviste para el marco jurídico nacional, en virtud de sentar las bases de los novedosos sistemas procesal penal acusatorio y de reinserción, adoptados por el Estado mexicano, adicionalmente a las disposiciones en materia de seguridad pública.

En ese sentido, comunico a esa soberanía popular, por su gentil conducto, que en el estado de México se han expedido diversos decretos en aras de armonizar el marco jurídico de actuación de los entes públicos estatales, con la reforma constitucional de mérito; tales reformas incluyen entre otras, sendas adecuaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.

Ahora bien, de modo concreto, respecto al artículo séptimo transitorio de la multicitada reforma a la carta fundamental, cuyo contenido es materia del punto de acuerdo que nos ocupa; me permito manifestar que el licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, ha preparado una iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, congruente con las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de enero de 2009; dicha iniciativa de decreto, habrá de ser sometida a la consideración de la honorable LVII Legislatura del estado de México, para su eventual aprobación.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, 6 de octubre de 2010.— Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), secretario general de gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, y en alcance al oficio SG/009400/2010 de fecha 7 de octubre, adjunto oficio DGSU/7493/10, mediante el cual el Ing. Alfonso Hernández López, director general de Servicios Urbanos en la delegación Iztapalapa, da respuesta al punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de creación de conciencia ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.

Lo anterior, en relación con el oficio DGPL 61-II-2-492, en donde se comunicó por parte del presidente y Secretario de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del Punto de Acuerdo, en Sesión celebrada el 20 de abril del presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Licenciado Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención al oficio número SG/CED/0601/2010 de fecha 22 de abril por medio del cual solicita a la jefa delegacional, licenciada Clara Marina Brugada Molina, la respuesta sobre las acciones para dar cumplimiento a dos puntos de acuerdo emitidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que en el caso de la delegación Iztapalapa, corresponden los que a continuación se indican:

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública:

• Se elaboró manta con el objetivo de conducir la campaña de concientización ciudadana para evitar que arrojen residuos sólidos en la calle y evitar inundaciones.

Cuarto.Se exhorta respetuosamente a los titulares de los 16 órganos políticos administrativos en el Distrito Federal a que realicen labores de bacheo y desazolve en sus territorios, a fin de evitar encharcamientos y posibles inundaciones en la siguiente temporada de lluvias;

• De enero a mayo se realizó un programa emergente para atender lo efectos de las lluvias y en puntos de mayor incidencia de encharcamientos y posibles inundaciones tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Anexo a la presente copia de la manta de campaña de concientización difundida en ésta delegación.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente

Iztapalapa, DF, a 13 de octubre de 2010.— Ingeniero Alfonso Hernández López (rúbrica), director general de Servicios Urbanos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se remite a la Comisión del Distrito Federal para su conocimiento.

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio número D.G.P.L.61-II-3-678, mediante el cual informa sobre la aprobación de los puntos de acuerdo relacionados con la aceptación y cumplimiento del jefe de la delegación de Cuauhtémoc de la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como las acciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha realizado en materia de erradicación de la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas, le señalo lo siguiente:

La procuraduría, consciente de las graves consecuencias que trae aparejada la trata de personas, ha realizado una serie de acciones encaminadas a prevenir y combatir este delito, así como brindar atención a las víctimas y posibles víctimas de éste, las cuales se describen a continuación:

• Diligencias ministeriales in situ. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través de la Fiscalía de Investigación para Delitos Sexuales y de la Fiscalía Especial para la Investigación de Secuestros, ha realizado diversos operativos para rescatar a víctimas o posibles víctimas de este delito.

A partir del año 2008 a la fecha, en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, se han iniciado y determinado 18 averiguaciones previas por los delitos de lenocinio, trata de personas, delincuencia organizada y corrupción de menores. Asimismo, 98 personas han sido arraigadas y 101 consignadas. Se han rescatado un total de 113.

El monto incautado hasta el momento por trata con fines sexuales, es de más de $250,000.00 pesos.

Respecto a la trata de personas con fines de explotación laboral, se han consignado a 19 probables responsables y rescatado a 104 víctimas.

• Juicios tramitados ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por

Extinción de Dominio. A partir de la publicación de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal se han tramitado 11 juicios por el delito de trata de personas y se han dictado 4 sentencias a favor y 1 en contra, asegurándose 12 inmuebles.

• Sentencias. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha dictado 3 sentencias condenatorias por los delitos de lenocinio, trata de personas y corrupción de menores.

• Línea de atención a víctimas de trata de personas y página de Internet.

Con la publicación del acuerdo A/001/009, se estableció el número telefónico 53468800 y una liga en Internet, ambas a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad para brindar información sobre la prevención y atención del delito de la trata, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, y funge como un vínculo entre la ciudadanía y la procuraduría para la realización de denuncias anónimas.

• Capacitación. Con el objetivo de sensibilizar, concientizar y profesionalizar al personal de la procuraduría en materia de trata de personas, se han implementado una serie de talleres y diplomados por parte del Instituto de Formación Profesional, con especial énfasis en la identificación y atención de víctimas de este delito.

Asimismo, en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas en México (PROTEJA), e Inmujeres-DF, se han instrumentado diversos cursos en la materia.

• Comisión Interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil. Con el propósito de dar cabal cumplimiento a la normatividad en la materia, se instaló un órgano colegiado integrado por diversas instituciones de la administración pública del gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial del Distrito Federal, instancias académicas; expertas y expertos académicos y organizaciones de la sociedad civil.

• Programa para Erradicar la Trata de Personas en el Distrito Federal. Como resultado de los trabajos realizados en la comisión interinstitucional, se elaboró este documento el cual plantea la ejecución de políticas públicas en materia de prevención, atención y justicia.

• Coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil. Se han establecido mecanismos de coordinación y colaboración con instancias del gobierno federal y con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema para proporcionar atención a las víctimas de trata de personas. Está en proceso de firma un convenio de colaboración con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra) con la organización civil Camino a Casa y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, con el propósito de que las víctimas y posibles víctimas de este delito sean canalizadas a refugios de alta seguridad y reciban la atención necesaria.

Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal para capacitar a servidores públicos en la inducción y prevención del delito de trata de personas en el Distrito Federal.

• Agencia especializada en materia de trata de personas. Está en proceso de creación una agencia especializada encargada de iniciar y determinar las averiguaciones previas relacionadas con el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.

• Acuerdo A/016/2010 por el que se emite el protocolo de actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la realización de diligencias ministeriales in situ, para el rescate, protección y atención a posibles víctimas del delito de trata de personas. En colaboración con diversas áreas de la procuraduría, se elaboró este instrumento que establece los lineamientos que regirán, con estricto apego a la normatividad internacional y resguardando los derechos humanos de las personas involucradas, cada una de las actuaciones de los servidores públicos que participen en las diligencias.

Modelo de Intervención. Teniendo como ejes rectores la perspectiva de género y de derechos humanos, el Sistema de Auxilio a Víctimas orienta y atiende a través de las áreas de trabajo social, psicología, médica y jurídica a las víctimas de trata de personas en sus diversas modalidades.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, 22 de octubre de 2010.— Licenciada Dilcya S. García Espinoza de los Monteros (rúbrica), subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.

DIA DE LA FAMILIA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo— Gobierno del Estado de Morelos.— 2006-2012.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente; diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretaria de la Cámara de Diputados.— Presentes

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que el ingeniero Óscar Sergio Hernández Benítez, secretario de Gobierno, por instrucciones del ciudadano Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional de Morelos, ha turnado a este Sistema DIF Morelos su oficio número DGPL 61-II-3-641, de fecha 28 de septiembre del presente año, referente a difundir y promover al primer domingo de marzo de cada año como Día de la Familia, por lo cual me permito acusar de recibo e informarles que se darán las instrucciones necesarias al área competente de este sistema para cumplir en tiempo y forma lo mencionado.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 15 de octubre de 2010.— Licenciado Rafael Martínez Flores (rúbrica), director general del Sistema DIF Morelos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Gobierno del Estado de Puebla.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención de su oficio número DGPL 61-II-7-527, de fecha 28 de septiembre del presente año, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 79, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, hago de su conocimiento lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, se toma nota del punto de acuerdo, aprobado en sesión celebrada el 28 de septiembre del presente año, en virtud del cual la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a dicha soberanía sobre la ubicación, el funcionamiento y la supervisión de los puntos de verificación existentes en el país; y se exhorta a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumplan los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Asimismo, me permito manifestar a esa soberanía que en el marco de las disposiciones legales aplicables, se brindará la atención pertinente a través de las dependencias competentes.

Sin otro particular, me permito reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Puebla de Zaragoza, a 13 de octubre de 2010.— Licenciado Mario Marín Torres (rúbrica), gobernador constitucional de Puebla.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Transportes para su conocimiento.

SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo del Estado de Querétaro.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, vicepresidente de Mesa Directiva de la LXI Legislatura Federal.— Presente.

En atención al similar número DGPL-61-1!-5-845, a través del cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 23 de septiembre de 2010, por instrucciones del licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, le comunico lo siguiente:

Que esta institución se da por enterada del exhorto que realiza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que las entidades federativas que aún no hayan adecuado su marco legal en materia de seguridad pública realicen las reformas necesarias para cumplir con el mandato derivado de la reforma constitucional realizada el18 de junio de 2008.

Al respecto, me permito comentarle que el pasado 24 de junio de 2010, el mandatario estatal instaló la comisión para la implantación de la reforma penal y la modernización de la justicia del estado de Querétaro, la cual quedó integrada con representantes de los tres poderes del estado y de la sociedad civil, fungiendo como secretario técnico de ésta el secretario de gobierno, licenciado Jorge García Quiroz. A este órgano le corresponderá dirigir las actividades inherentes a la inclusión, colaboración, difusión, análisis e implementación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad.

Finalmente le comunico que hemos tomado nota de su exhortación, que tomaron en cuenta en lo concerniente al cumplimiento de las funciones encomendadas a esta institución a mi cargo.

Sin otro particular quedo de usted

Atentamente

“Querétaro cerca de todos”

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2010.— Licenciado Arsenio Durán Becerra (rúbrica), procurador general de Justicia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo del Estado de Sinaloa.

LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención del oficio número DGPL 61-II-5-845, de fecha 23 de septiembre del año en curso, relativo al expediente número 1797, mediante el cual se informa al licenciado Jesús Alberto Aguilar Padilla, gobernador constitucional de Sinaloa, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo por el cual se exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública a realizar las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad y de justicia de fecha 18 de junio de 2008, respetuosamente me permito expresar lo siguiente:

El 14 de octubre de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el decreto número 392 del Congreso local, por el que se expidió la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa; con lo cual esta entidad federativa da cabal cumplimiento a lo señalado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2010.— Licenciado Alfredo Higuera Bernal (rúbrica), procurador general de Justicia del Estado.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo.— San Luis Potosí.— Un gobierno para todos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva y firmante, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, y toda vez que nos fue turnado mediante volante número SP/V2301/10, signado por el licenciado Gabriel Alejandro Guerra Turribiates, director general ejecutivo de Gobierno del estado, el acuerdo en el cual se exhorta a las entidades federativas que no hubieren a la fecha adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a fin de que se realicen las reformas necesarias para dar cumplimiento a dicho acuerdo.

De lo anterior me permito informarle que con fecha 24 de junio de 2009, se publicó el decreto 718 en cual reforma, adiciona y deroga diversos artículos a la Ley Orgánica de la Administración Pública y se da paso a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí; asimismo con fecha 22 de diciembre de 2009, mediante el decreto 025 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Seguridad Pública, vigente al día siguiente de su publicación; actualmente se encuentra en espera de publicación el Reglamento Interno del Secretaría de Seguridad Pública del estado y se está trabajando en las diversas reformas a la reglamentación en materia de seguridad pública para el estado.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Atentamente

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 7 de octubre de 2010.— El Secretario de Seguridad Pública maestro Enrique Francisco Galindo Cevallos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.

TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF

Con fundamento en el artículo 60, párrafo 4, inciso d), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, me permito comunicarle que en la sesión del pleno legislativo celebrada en esta propia fecha, se recibió su oficio número D.G.P.L.61-II-3-663, fechado el 5 de octubre del actual, por el que remite acuerdo mediante el cual se exhorta a las legislaturas locales, para que se expida una ley para prevenir y sancionar la trata de personas o, en su caso, se armonice el marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Al respecto, por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, se acusa recibo del oficio referido, asimismo se comunica que, mediante el decreto LX-1134 de fecha 13 de octubre del actual esta legislatura expidió un ordenamiento local en la materia, anexando al presente copia del decreto relativo.

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 de octubre de 2010.— Licenciado Ernesto Meléndez Cantú (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

La Sexagésima Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción I de la Constitución Política Local; 119 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente:

Decreto No. LX-1134

Mediante el cual se expide la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas; se reforma el párrafo segundo del artículo 171 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; y, se reforman el párrafo cuarto del artículo 109 y el párrafo primero del artículo 109 Bis, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas.

Artículo Primero.Se expide la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo IDel Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la prevención y sanción del delito de trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas del mismo, a fin de garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas. Esta ley se aplicará en el territorio del Estado de Tamaulipas y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2.Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tienen la obligación de actuar con diligencia para perseguir y sancionar el delito de trata de personas, realizando las investigaciones y acciones necesarias para sancionar a los responsables, brindar atención y protección a las víctimas y prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de programas permanentes.

Artículo 3.El delito de trata de personas se investigará y perseguirá de oficio.

Artículo 4.En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas.

Capítulo IIDel Delito de Trata de Personas

Artículo 5. Comete el delito de trata de personas quien reclute, promueva, ofrezca, facilite, traslade, entregue o reciba a una o varias personas a través del engaño, la violencia física o moral, privación de la libertad, el abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral o de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, para la extracción de órganos, tejidos o sus componentes.

Artículo 6.Al responsable del delito de trata de personas, además del decomiso de todos los bienes producto de las conductas antes descritas, se le impondrán las siguientes penas:

I. De seis a doce años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos días de salario mínimo; y

II. De nueve a dieciocho años de prisión y multa de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de salario mínimo, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Artículo 7.Las penas que resulten de las fracciones I y II del artículo anterior, se incrementarán hasta en una mitad:

I. Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiere ostentado sin tenerla. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;

II. Cuando el sujeto activo del delito se aproveche de la condición de vulnerabilidad derivada de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria o extrema necesidad de la víctima, o cuando ésta sea persona mayor de sesenta años de edad, cuando se trate de persona indígena o migrante; y

III. Cuando el sujeto activo del delito sea cónyuge de la víctima, tenga parentesco civil, por afinidad o consanguinidad con la víctima hasta el cuarto grado; habite en el mismo domicilio que la víctima; sea tutor o curador de la víctima; sea ministro de culto religioso o se aproveche de una posición de autoridad por virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique subordinación.

En los casos señalados en este inciso el juez podrá, atendiendo a las circunstancias del hecho, decretar además la pérdida del derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima, así como la pérdida de la patria potestad.

Cuando en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicarán las reglas del concurso establecidas en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

Artículo 8.Al que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión del delito de trata de personas, se le impondrá la pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Las mismas penas se impondrán a quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para denunciar el delito de trata de personas de cuya comisión tenga conocimiento.

Artículo 9. El consentimiento de la víctima a cualquier forma de explotación no constituye causal excluyente del delito.

La tentativa del delito de trata de personas se sancionará con pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.

Artículo 10.Cuando una persona sea sentenciada como penalmente responsable de la comisión del delito, el juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño; ésta incluirá:

I. Los costos del tratamiento médico;

II. Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;

III. Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, gastos de alimentación, vivienda provisional y cuidado de personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, así como, quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, o para resistirlo o que sean personas indígenas;

IV. Los ingresos perdidos;

V. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

VI. La indemnización por daño moral; y

VII. El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido generada por la comisión del delito.

Artículo 11.Para todos los efectos legales y por afectar de manera importante los valores fundamentales de la sociedad, el delito de trata de personas se considera delito grave. La tentativa punible de éste ilícito también se considera grave.

Título Segundo De la Comisión Interinstitucional

Capítulo I De su Denominación y Objeto

Artículo 12.El Ejecutivo del Estado establecerá una comisión que tendrá el carácter de permanente, la cual se denominará Comisión Interinstitucional para el Combate de la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas.

Artículo 13.La Comisión Interinstitucional tendrá por objeto coordinar las acciones de los órganos que la integran para elaborar y poner en práctica el Programa Estatal, el cual deberá incluir políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendientes a la prevención y el combate del Estado frente a este delito.

Capítulo II Estructura de la Comisión

Artículo 14.La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias:

I. Secretaría General de Gobierno;

II. Secretaría de Seguridad Pública;

III. Secretaría de Salud;

IV. Secretaría de Desarrollo Social;

V. Secretaría de Educación Pública;

VI. Secretaría de Turismo;

VII. Procuraduría General de Justicia del Estado;

VIII. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y

IX. Instituto de la Mujer Tamaulipeca.

Por cada miembro propietario de la Comisión Interinstitucional habrá un suplente designado por escrito por el titular, quien en su caso deberá tener por lo menos el nivel de director de área o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades que los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la comisión cuando el propietario respectivo no concurra.

Artículo 15.Podrán participar en las reuniones de la Comisión Interinstitucional, con derecho a voz pero sin voto:

I. Un representante del Congreso del Estado;

II. Un representante del Poder Judicial del Estado, designado para tal efecto por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

III. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado;

IV. Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil; y

V. Tres expertos académicos vinculados con la trata de personas.

Los integrantes de la Comisión Interinstitucional podrán invitar a las personas, instituciones, organismos, dependencias o entidades estatales o municipales que por su experiencia, conocimientos o atribuciones, se vinculen con la materia de trata de personas, previa aprobación de sus integrantes.

Artículo 16.La Comisión Interinstitucional será presidida por el Procurador General de Justicia del Estado, y el Secretario Técnico responsable será el Primer Subprocurador de dicha dependencia.

Capítulo III De las Sesiones

Artículo 17. La Comisión Interinstitucional sesionará ordinariamente de manera bimestral a convocatoria de su Presidente, y de manera extraordinaria cada vez que lo solicite el Presidente o las dos terceras partes de los miembros de la comisión.

La Comisión Interinstitucional sesionará con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes.

Los acuerdos que se suscriban en las sesiones serán validos cuando estén de acuerdo con ellos la mayoría de sus integrantes, quedando obligados los demás a cumplirlos.

Artículo 18. La Comisión Interinstitucional podrá crear Comisiones Especiales para la atención o seguimiento de asuntos que así lo requieran.

Capítulo IVDe las Atribuciones

Artículo 19.La Comisión Interinstitucional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas;

II. Desarrollar campañas de prevención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales;

III. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales, así como con los municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito de trata de personas, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, apoyarlos en el regreso a su lugar dé residencia, así como para prevenir este delito y sancionar a quienes intervengan o participen en él;

IV. Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación;

V. Capacitar a los servidores públicos y la sociedad en general en materia de derechos humanos, promoviendo de manera particular el interés superior de los menores y la eliminación de la violencia contra las mujeres y niños, así como el conocimiento de los conceptos fundamentales e implicaciones de la trata de personas y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia;

VI. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de la trata de personas;

VII. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas, las diversas modalidades de sometimiento en la comisión de este delito: así como los mecanismos para prevenir la comisión del delito;

VIII. Informar y advertir al personal de hoteles, servicios de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención de este delito;

IX. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte acerca de las medidas necesarias para asegurar, en especial, la protección de las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, así como de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad que viajen a través del territorio del Estado,

X. Recopilar, con la ayuda de la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de utilizarse en la toma de decisiones y para elaborar los contenidos de los programas en la materia. Dicha información deberá contener:

a) El número de detenciones, procesos judiciales, número de sentencias condenatorias en el que estén involucrados traficantes y tratantes de personas y de quienes cometen delitos relacionados con la trata de personas en las diferentes modalidades; y

b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad y modalidad de victimización y, en su caso, calidad migratoria;

XI. Elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados obtenidos en el Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, el cual será remitido al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado;

XII. Coordinarse con la comisión que se instale a nivel federal;

XIII. Integrar conforme a las atribuciones de sus miembros a las comisiones especiales,

XIV. Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; y

XV. Las demás que se establezcan en esta ley o en el Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas.

Artículo 20. El Presidente tendrá las siguientes facultades:

I. Presidir las sesiones;

II. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones;

III. Representar a la Comisión;

IV. Suscribir conjuntamente con el Secretario Técnico las minutas de trabajo de la Comisión;

V. Solicitar al Secretario Técnico un informe sobre el seguimiento de los acuerdos que tome la comisión; y

VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimento de las atribuciones de la comisión.

Artículo 21.El Secretario Técnico tendrá a su cargo las siguientes facultades:

I. Apoyar al Presidente en la organización y logística de las sesiones de la comisión;

II. Recibir las propuestas de temas que le envíen los integrantes de la comisión para la conformación del orden del día;

III. Someter a consideración del Presidente el orden del día para las sesiones;

IV. Remitir las convocatorias de la sesión a los integrantes de la comisión, adjuntando el orden del día y la documentación correspondiente de los temas a tratar;

V. Pasar lista de asistencia a los integrantes de la comisión y determinar la existencia del quórum para sesionar;

VI. Efectuar el conteo de las votaciones durante las sesiones de la comisión;

VII. Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Presidente, las minutas correspondientes a las sesiones de la comisión;

VIII. Dar el seguimiento de los acuerdos que se adopten en las sesiones de la comisión;

IX. Solicitar a los integrantes de la comisión la información necesaria y su documentación soporte para la integración de las propuestas, los programas e informes correspondientes;

X. Elaborar el proyecto del programa de trabajo anual de la comisión;

XI. Elaborar el proyecto del informe anual de resultados de las evaluaciones que realice la Comisión del Desa-rrollo del Programa Estatal; y

XII. Las demás que le instruya el Presidente.

Titulo TerceroDe la política en materia de prevencióny protección de víctimas

Capítulo IDe la prevención

Artículo 22.La Comisión Interinstitucional fomentará las acciones tendientes a fortalecer la participación ciudadana, la responsabilidad social, la cultura de la denuncia y la prevención social del delito, para lo cual deberá:

I. Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente a los derechos de las víctimas de trata de personas;

II. Proponer la adopción de medidas legislativas, educativas, sociales, culturales y de cualquier otra índole para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación relacionada con la trata de personas;

III. Elaborar estrategias y programas para evitar la comisión del delito de trata de personas, señalando las repercusiones que el delito conlleva;

IV. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las víctimas;

V. Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de personas;

VI. Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad. a fin de reducir los factores de vulnerabilidad de las personas;

VII. Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la lucha contra este delito; y

VIII. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de trata de personas.

Artículo 23. Las políticas públicas, los programas y demás acciones que se adopten de conformidad con el presente capítulo incluirán, cuando proceda, la cooperación de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.

Artículo 24. La Comisión Interinstitucional propondrá la adopción de medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, a fin de erradicar los factores de vulnerabilidad ante el delito de trata de personas, tales como la pobreza y la falta de oportunidades equitativas.

Artículo 25.La Comisión Interinstitucional fomentará el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas de capacitación y formación de servidores públicos conforme a las siguientes reglas:

I. Proporcionar la capacitación y formación continua a los servidores públicos, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas. Estas actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los miembros de las instituciones del gobierno del estado vinculadas a la seguridad pública, procuración y administración de justicia;

II. La capacitación y formación antes señaladas incluirán los tratados internacionales suscritos y ratificados por México en materia de derechos humanos y trata de personas, así como la legislación nacional, estatal e internacional referente a la atención y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas, de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad; y

III. La capacitación y formación tendrán como principio rector el respeto a los derechos fundamentales de la víctima, el ofendido y el victimario.

Capítulo IIDe la protección de las víctimas

Artículo 26.Las autoridades estatales realizarán las acciones necesarias para identificar a las posibles víctimas y víctimas del delito de trata de personas, y adoptarán las siguientes medidas de atención y protección:

Proporcionarán orientación jurídica, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas del delito de trata de personas. En el caso de que las víctimas pertenezcan a alguna etnia o comunidad indígena o hablen un dialecto o idioma diferente al castellano se designará a un traductor, quien le asistirá en todo momento:

I. Garantizarán asistencia material, médica y psicológica, en todo momento a las víctimas del delito, la cual según sea el caso, deberá ser en su lengua o idioma;

II. Fomentarán oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito;

III. Desarrollarán y ejecutarán planes y programas de asistencia, incluyendo la construcción de albergues específica mente creados para las víctimas de trata de personas, donde se les brinden las condiciones para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica y psicológica, alimentación y cuidados, atendiendo a las necesidades particulares de las víctimas;

IV. Asegurarán que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario, y que la víctima pueda salir del lugar si así lo desea;

V. Garantizarán que la víctima pueda razonablemente comunicarse en todo momento con cualquier persona;

VI. Brindarán orientación jurídica migratoria a las víctimas del delito que así lo requieran, facilitarán la comunicación con su representante consular y, en su caso, cooperarán en la repatriación de la víctima, otorgándole plena seguridad de sus derechos fundamentales;

VII. Garantizarán que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en centros preventivos o penitenciarios, ni en lugares habilitados para tal efecto;

VIII. Proporcionarán protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos; y

IX. Proporcionarán asesoría jurídica respecto de los derechos y procedimientos legales a seguir; asimismo, brindarán asistencia jurídica durante todo el proceso legal, en especial para exigir la reparación del daño sufrido.

Artículo 27. Los órganos de procuración y administración de justicia estarán obligados a proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones.

Artículo 28.La Comisión Interinstitucional propondrá la adopción de medidas para lograr la recuperación física, psicológica y social de las víctimas del delito de trata de personas; al efecto, podrá promover la participación de organizaciones no gubernamentales y demás actores de la sociedad civil.

Artículo 29.Las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán de manera efectiva la seguridad física de las víctimas del delito de trata de personas que se encuentren en territorio estatal.

Titulo Cuarto Del programa estatal para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y proteger a sus víctimas

Capítulo I Contenido del programa

Artículo 30.El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de prevención, persecución del delito, así como protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas

Artículo 31. La Comisión, en el diseño del Programa Estatal, deberá incluir los siguientes aspectos:

I. Un diagnóstico de la situación que prevalezca en la materia, así como la identificación de la problemática a superar;

II. Los objetivos generales y específicos del programa;

III. Las estrategias y líneas de acción del programa;

IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace con instancias similares que atiendan a víctimas y que aborden la prevención;

V. Elaboración de estrategias sobre la participación activa y propositiva de la población;

VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil organizada;

VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y atención a víctimas;

VIII. Promover la cultura de prevención de la trata de personas y la protección a las víctimas;

IX. Generar alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del programa; y

X. Establecer metodología de evaluación y seguimiento de las actividades que deriven de este programa, fijando indicadores para evaluar los resultados.

Capítulo IIDe la Participación Social

Artículo 32. La Comisión Interinstitucional promoverá que se imparta a la población y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, capacitación en la prevención de la trata de personas. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos, así como fomentar la colaboración con organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil.

Artículo 33. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, vinculadas a la prevención, persecución del delito de trata, así como de protección y asistencia a las víctimas cooperarán entre sí, intercambiando información, a fin de fortalecer las acciones encaminadas a prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, y asistir a las víctimas de este delito.

Artículo 34.Las autoridades estatales y la comisión interinstitucional promoverán la participación ciudadana, a fin de que la población y la sociedad civil organizada:

I. Colaboren en la prevención del delito de trata de personas;

II. Participen en las campañas y en las acciones derivadas del programa estatal a que se refiere esta ley;

III. Colaboraren con las instituciones a fin de detectar a las víctimas del delito de trata de personas, así como denunciar a los posibles autores del delito;

IV. Denuncien cualquier hecho que resulte violatorio de lo establecido en esta ley;

V. Den parte al Ministerio Público de cualquier indicio de que una persona sea víctima del delito de trata de personas; y

VI. Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo investigaciones y estadísticas en la materia.

Artículo 35. Con la participación ciudadana se podrán constituir fondos de financiamiento, en los que concurran las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación, que estarán destinados para el desarrollo de proyectos en la materia.

Capítulo IIIDe los Recursos

Artículo 36.Las dependencias y entidades que constituyan la Comisión Interinstitucional, deberán incluir en sus presupuestos de egresos los rubros destinados a las acciones contra la trata de personas contempladas en el programa estatal. Esta obligación también comprenderá a las demás dependencias, instituciones y entidades que no siendo parte de la comisión, deban colaborar en las acciones de prevención del delito de trata y atención a victimas.

Artículo 37. Para financiar las acciones del Programa Estatal, el Estado podrá recibir y administrar los recursos que provengan de donaciones que realicen empresarios u organismos internacionales o de la sociedad civil, a través de la Secretaría de Hacienda.

Transitorios

Artículo Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado.

Artículo Segundo.La Comisión Interinstitucional, así como sus subcomisiones, deberán instalarse en los primeros sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo Tercero.El titular del Poder Ejecutivo estatal contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley para expedir el reglamento de la misma.

Artículo Cuarto.La Comisión Interinstitucional, una vez instalada, contará con un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley para elaborar el Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas.

Artículo Quinto.Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Segundo.Se reforma el párrafo segundo del artículo 171-Bis del Código de Penal para el estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:

Artículo 171-Bis....

Evasión de presos, previsto en el artículo 158 en los casos a que se refiere la segunda parte del artículo 159 y el artículo 160; corrupción de menores e incapaces, previsto en el artículo 192 y 193 segundo párrafo; pornografía infantil, previsto en el artículo 194-Bis; prostitución sexual de menores, previsto en el artículo. 194-Ter; lenocinio, previsto por el artículo 199; homicidio calificado, previsto en los artículos 329 y 335; secuestro, previsto por el artículo 391; robo, previsto en el artículo 405 y 407 fracciones I, IX, X, XII, XIII, XIV, XV y XVI; robo de semovientes, previsto en los artículos 410 y 411; y, operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 443-Bis; así también el delito de trata de personas, previsto en el artículo 5 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el estado de Tamaulipas.

Artículo Tercero.Se reforman el párrafo cuarto del artículo 109 y el párrafo primero del artículo 109-Bis, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:

Articulo 109.Habrá ...

a). al c). ...

El Ministerio ...

La orden ...

Para todos los efectos legales, y por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves, los siguientes: Atentados a la soberanía del Estado previsto por el artículo 143; evasión de presos previsto por el artículo 158 en los casos a que se refiere la segunda parte del artículo 159 y el artículo 160; delincuencia organizada, prevista en el artículo 171-Bis; ataques a los medios de transporte previsto por el artículo 174; corrupción de menores e incapaces y pornografía infantil previstos por los artículos 192, en los casos del artículo 193 segundo párrafo, 194-Bis fracciones III y V, 194-Ter fracciones I, II y III, 195; tortura previsto por el artículo 213; cohecho previsto por el artículo 216 en relación con el artículo 217 fracción II; enriquecimiento ilícito previsto por el artículo 230 en relación con el 231 fracción III; vio1ación previsto en los artículos 273, 274, 275, 276 y 277; asalto previsto en el artículo 313 en relación con el 314 y 315; tráfico de menores e incapacitados previsto por el artículo 318-Bis; lesiones previsto por el artículo 319 en relación con el 322 fracción III; homicidio culposo previsto por el artículo 318; homicidio previsto por el artículo 329 con relación al 333, 335, 336, 337, 349; 350 en relación con el 351; 352 en relación con el 353, 354 y 355; secuestro en los casos de los artículos 391 y 391-Bis; robo previsto por el artículo 399 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 405, 406, 407 fracciones 1, VIII, IX Y X, 409 exceptuando de éste los casos en que por el valor de lo robado se esté en la hipótesis del artículo 402 fracción I; 410 exceptuando de éste el caso previsto en su última parte cuando el monto de lo robado no exceda del señalado por el artículo 402 fracción I, 411; extorsión previsto por el artículo 426; despojo de cosas inmuebles o de aguas previsto por el artículo 427 cuando se realice en la circunstancia prevista en la fracción IV; daño en propiedad en los casos previstos por el artículo 435; y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto por el artículo 443-Bis, todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; así también el delito de trata de personas, previsto en el artículo 5 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas.

La tentativa ...

Artículo 109 Bis.En los casos de delito flagrante y en los urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en los casos de delincuencia organizada, que serán aquellos en los que tres o más personas se organizan bajo reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento o reiterado o con fines predominantemente lucrativos alguno de los delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas: Atentados a la soberanía del Estado previsto por el artículo 143; evasión de presos en los casos previstos por el artículo 160; ataque a los medios de transporte previsto por el artículo 174; violación previsto en los Artículos 273, 274, 275, 276 y 277; asalto previsto en los artículos 313, 314 y 315; homicidio previsto por el artículo 329 en relación con los artículos 333, 336 y 337; secuestro previsto por el artículo 391; robo calificado previsto por el artículo 399 en relación con los artículos 402 fracciones II y III, 405, 406, 407, 409, 410 y 411; extorsión previsión por el artículo 426; y daño en propiedad previsto por el artículo 433 en los casos a que se refiere el artículo 435; así también el delito de trata de personas, previsto en el artículo 5 de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas.

Si para integrar ...

El juez que...

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado.

Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2010.— Diputados: Jesús Eugenio Zermeño González, Presidente; Norma Alicia Dueñas Pérez y Gelacio Márquez Segura, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en septiembre de 2010 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2010.— En suplencia por ausencia del Administrador Central de Destino de Bienes, con fundamento en los artículos 2o., penúltimo párrafo, 8o., cuarto párrafo, 28, numeral 9, inciso a), y 29, apartado G del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, expedido por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre del mismo año, modificado por Decreto publicado en dicho órgano informativo el 29 de abril de 2010, firma el Administrador de destinos de bienes “1”, Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía para su conocimiento.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23, fracción IX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, envío a usted un disco compacto que contiene el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del instituto al cierre de 2009, mismo que fue aprobado por la asamblea general del instituto en su 98a. sesión ordinaria celebrada el 23 de abril del año en curso.

Asimismo, se incluye un disco compacto con el informe de sustentabilidad “Calidad de vida y valor patrimonial 2009”, en el que se detallan los avances de la estrategia de sustentabilidad del Infonavit en los ejes vivienda, entorno y comunidad, entre otros aspectos.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2010.— Víctor Manuel Borrás Setién (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se remite a la Comisión de Vivienda para su conocimiento.

VOLUMEN II

ESTADOS DE VERACRUZ, OAXACA, NUEVO LEON, TABASCO, COAHUILA, TAMAULIPAS, CAMPECHE Y QUERETARO

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1865, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1588 /2010, suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, así como los anexos que en el mismo se mencionan, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los estados de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila Tamaulipas, Campeche y Querétaro, afectados por los desastres naturales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/2978/10, de fecha 23 de septiembre de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual se informa que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-1865 los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2010, y cuyo resolutivo primero se reproduce a continuación:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público se agilice la entrega de recursos que permitan solucionar la difícil situación que se presenta en los Estados de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Tamaulipas, y otros municipios afectados de Campeche y Querétaro, por los desastres naturales recientemente ocurridos.”

Sobre el particular se comunica que aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de dos puntos resolutivos, en el presente oficio solamente nos pronunciaremos respecto del antes transcrito, por ser el único que guarda  relación con la esfera de competencia de la Segob y, por ende, de esta unidad administrativa.

Asimismo y toda vez que el asunto que nos ocupa fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el día 27 de septiembre de 2010 para efectos de su atención correspondiente, me permito solicitar atentamente a usted que sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de 9iputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para dar atención a la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores en las entidades federativas a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa:

De manera previa, estimamos oportuno formular las consideraciones siguientes:

• Coincidentes con el espíritu solidario que impulsa el punto de acuerdo de mérito, y sabedores de que el mismo obedece al válido afán de que se responda de forma más expedita a las necesidades de la población que ha sufrido los embates de un fenómeno perturbador de origen natural, sugerimos atentamente valorar que la autorización de recursos para la atención de desastres naturales implica, entre otros aspectos, la toma de decisiones de orden presupuestal, financiero y administrativo por parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno involucrados en la atención de desastres, que requieren para su adopción de un estudio necesario previo y estar sustentadas en elementos objetivos y en los análisis que formulen las instancias especializadas en el comportamiento, atipicidad y severidad, etcétera de los fenómenos naturales perturbadores.

Así también, consideramos que la autorización de recursos para hacer frente a la ocurrencia de desastres naturales conlleva la ejecución de diversas labores que son realizadas por instancias de orden federal y/o local diversas a la Segob, y que en no pocas ocasiones requieren de un tiempo considerable para ser llevadas a cabo. Sin embargo, podemos afirmar que en la implementación del Fonden, no implica de ninguna manera la falta de atención de la emergencia y/o desastre de que se trate, desde el momento de su ocurrencia.

Ahora bien, con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de la información que suministraremos líneas adelante, estimamos oportuno realizar las precisiones siguientes, relativas a las características generales del Fonden, a los instrumentos que opera y al procedimiento de acceso a los mismos.

Comenzaremos por decir que el objeto del Fonden es apoyar tanto a los estados de la República Mexicana, como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los daños que produzca un fenómeno perturbador de origen natural. Para el cumplimiento de dicho objeto, se cuenta con los siguientes instrumentos:

a) El Fondo Revolvente Fonden, que se aplica para la adquisición de suministros de auxilio para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores. Entre esos suministros se incluye al agua, alimentos, etc. El marco jurídico aplicable a este instrumento es el “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden” a los (Lineamientos), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

Cabe señalar que a esta DGF sólo le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento para acceder a ellos. No tiene a su cargo la entrega de los suministros a los estados, municipios u órganos político-administrativos, o a la población en general, ya que es la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, quien los adquiere y entrega a los estados para que sean las autoridades estatales quienes los distribuyan.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales), a través del cual se invierte capital, destinado a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y el sector vivienda en los estados, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, afectados por un fenómeno natural perturbador. El marco normativo que regula al instrumento en mención es el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales” (ROF) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.

En atención a las disposiciones contenidas en las ROF, los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, en ningún caso se entregan de manera directa a la población en general, toda vez que los mismos son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden federal al Fideicomiso Fonden Estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello, y en el entendido de que el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutaras estatales, previo a la presentación de entre otros aspectos, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Cabe igualmente señalar que en la implementación del Fonden Reconstrucción, la participación de la Segob, por conducto de la DGF, se limita a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

Para la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la Declaratoria de Emergencia.

Asimismo, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF disponen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para e1lo, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre natural, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.

Visto lo anterior, y considerando que en el punto resolutivo primero del punto de acuerdo que nos ocupa no se establece un período de tiempo específico con base en el cual pudiéramos proporcionar la información con la que se cuenta, adjuntamos al presente oficio un disco compacto en el que se informa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre las acciones efectuadas en el marco del Fonden, a través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, para dar atención diversos fenómenos naturales perturbadores de orden hidrometeorológico ocurridos en las Entidades Federativas de mérito, desde junio del año en curso al día de la fecha, y respecto de los cuales, según se ha visto, se solicitó el apoyo de este programa federal.

Ello, haciendo hincapié en que la información que ponemos a su disposición, se encuentra actualizada al 11 de octubre de 2010 y (considerando que algunas declaratorias que referiremos se encuentran en proceso de atención al día de la fecha), aún podría sufrir modificaciones por la dinámica propia de dichos instrumentos del Fonden.

Sin más por el momento, y esperando que la información suministrada en el ámbito de nuestras atribuciones sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Los fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las ROF).

3 Aquellos entes Facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para el caso de los fenómenos geológicos.

Atentamente

México, DF, a 11 de octubre de 2010.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADOS DE VERACRUZ, OAXACA, NUEVO LEON, TABASCO, COAHUILA, TAMAULIPAS, CAMPECHE Y QUERETARO

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1865 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 001008 suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al impuesto sobre la renta para personas físicas y morales y el impuesto especial a tasa única durante el último cuatrimestre del año.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/2977/10 de fecha 23 de septiembre de 2010, mediante el cual remite el punto de acuerdo suscrito por el pleno del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 21 de septiembre de 2010, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo decretar “la condonación del impuesto sobre la renta para personas físicas y morales y el impuesto especial a tasa única durante el último cuatrimestre del año, a todos los contribuyentes establecidos o que se establezcan en las zonas declaradas de emergencia, para ayudar a la recuperación económica y del empleo”.

Sobre el particular, le comento que el 24 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en el estado de Veracruz, consistentes en eximirlos de la obligación de efectuar pagos provisionales de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única durante el periodo de septiembre a noviembre de 2010, así como autorizar la deducción inmediata y hasta por el 100 por ciento de las inversiones que se realicen en las zonas afectadas en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2010, entre otros beneficios.

Asimismo, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha estado pendiente de la situación de emergencia de los estados afectados por las lluvias e inundaciones. En caso de que la evaluación de los daños causados por las lluvias determine que se pone en riesgo la actividad económica de los contribuyentes ubicados en las regiones afectadas, se podrán emitir el decreto correspondiente de beneficios fiscales, en complemento a la ayuda financiera y material que los diferentes órdenes de gobierno han venido haciendo llegar a los damnificados por dichos eventos.

Por otra parte, no es procedente otorgar la exención del ISR y del IETU a los contribuyentes ubicados en las zonas declaradas de emergencia de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Tamaulipas, en virtud de que fiscalmente no se puede adoptar como norma general para conceder beneficios fiscales, la declaratoria de emergencia.

Lo anterior, se debe a que la naturaleza y objetivos de la declaratoria de emergencia tienen que ver con cada uno de los programas del gobierno federal que operan con recursos del Fonden y que han sido establecidos para afrontar los desastres naturales, en especial para atender las necesidades urgentes de la población en materia de salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal, programas de empleo temporal, así como para la reconstrucción y reparación de la infraestructura y viviendas dañadas, entre otros.

En cambio los decretos de beneficios fiscales cuyo fundamento jurídico es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad establecer medidas tributarias que eviten poner en riesgo la planta productiva y laboral de alguna región del país por catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Es importante precisar que de forma excepcional en los últimos dos decreto de beneficios fiscales se incluyeron los municipios con declaratoria de desastre natural, Sin embargo, por un principio general de política tributaria siempre se ha delimitado rigurosamente el área geográfica afectada por el fenómeno meteorológico de que se trate, a efecto de que los beneficios fiscales se circunscriban exclusivamente a los contribuyentes cuya actividad productiva resultó severamente dañada y, de esta manera, evitar que sean aprovechados por quienes tuvieron poco o nulo daño.

Finalmente, es importante mencionar que los daños reportados en la mayoría de los municipios declarados en emergencia se concentran en viviendas, carreteras e infraestructura urbana como hospitales, escuelas y dependencias de gobierno, así como en las zonas rurales y montañosas, por lo que ha sido prioritario poner en marcha los programas destinados a atender las necesidades básicas de la población en materia de albergue, comida, vestido, salud, entre otras y al mismo tiempo aplicar programas de reconstrucción de la infraestructura urbana, carretera, eléctrica y de telecomunicaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1887, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGF/1590/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Tapete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastres para los 166 municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—  Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3005/10, de fecha 24 de septiembre de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF), el 1 de octubre del presente año, por medio del cual se informa que mediante oficio número D.G.P.L.61-II—9-1887, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a esta Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:

Único.La Cámara de Diputados solicita emitir la declaratoria de desastre, por tanto, la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), para atender a los 166 municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias.

Sobre el particular, comunicamos que esta unidad administrativa dará atención al referido punto de acuerdo, en el ámbito de competencia de la Segob, solicitando atentamente a usted que sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, para dar atención a la ocurrencia de lluvias en el estado de Oaxaca, y que se relacionan con el punto de acuerdo que nos ocupa.

Para tales efectos, consideramos oportuno formular las siguientes precisiones:

• Las declaratorias de desastre natural que emite la Segob tienen como finalidad el poder acceder a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento financiero del Fonden que denominamos Fonden Reconstrucción,a través del cual (según se detallará líneas adelante) se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno perturbador de origen natural.

• En ese sentido, precisamos que dichas declaratorias no tienen alcances tales como para activar o facilitar el acceso a los recursos que se otorgan en el marco de programas que resultan ajenos a la competencia de la Segob, como es el caso del hoy Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC,anteriormente denominado Fondo para atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, FAPRACC), que se encuentra a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en términos del “acuerdo por el que se establecen las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (en lo sucesivo el Acuerdo).

En ese orden de ideas, y de conformidad con los artículos 16, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 90 de la Ley de Planeación; 7, 8, 32, fracciones IX y X, 60, 61, 65, 89, 124 y 129 de la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable; 8, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación y 19 del Acuerdo, la Sagarpa cuenta con atribuciones para emitir declaratorias de contingencia climatológica para efectos del acceso a los recursos con cargo al PACC.

No omitimos señalar que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 35, 36 y 37 del “acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de Desastres Naturales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009, en lo sucesivo las ROF, el programa Fonden únicamente podrá ser fuente de financiamiento para el programa PACC, cuando los recursos correspondientes a éste se encuentren ejercidos en su totalidad o resulten insuficientes. De ser el caso, una vez autorizados los recursos respectivos: la aplicación de los mismos se hará conforme a lo establecido en el Acuerdo aludido.

En tal virtud, sugerimos que, de estimarlo conducente, aquellos aspectos del punto de acuerdo que se atiende y que se encuentren relacionados con el PACC sean puestos a consideración de la Sagarpa, a efecto de que dicha dependencia informe, en el ámbito de su competencia, sobre las acciones que, de ser el caso, se hayan realizado o pudieran ser efectuadas en torno al asunto que nos ocupa, o en su defecto sea el conducto para orientar acerca de los requisitos, formalidades y procedimientos a realizarse en el marco del dicho programa, en aras de lograr atemperar los daños causados por la ocurrencia de los fenómenos naturales ocurridos.

Visto lo anterior, y considerando que esta unidad administrativa carece de atribuciones para conocer, disponer o concentrar la información relativa a los recursos que, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, pudieron haber erogado otras dependencias o entidades (ya sea federales o locales), para la atención del punto de acuerdo de mérito, comunicamos que la DGF únicamente se encuentra en posibilidad de suministrar la información con la que cuenta en el marco de la implantación del programa Fonden.

En ese orden de ideas, y para efectos de un mejor entendimiento de la información que suministraremos líneas adelante, estimamos oportuno realizar las precisiones siguientes, relativas a las características generales del Fonden, a los instrumentos que opera y al procedimiento de acceso a éstos:

• Comenzaremos por decir que en términos de lo dispuesto por el numeral 1 de las ROF, el Fonden se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia. Para la realización de ese objeto, cuenta con los instrumentos siguientes:

a) El Fondo Revolvente Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia, y con ello que esta DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio (insumos) para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (según el numeral 3, fracción I, de las ROF, y los artículos 1 y 3 del “acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden” (en lo sucesivo los Lineamientos).

En el marco del Fondo Revolvente Fonden se generan declaratorias de emergencia para efectos del acceso a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo a este instrumento, que están entendidas como el acto mediante el cual la Segob reconoce que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno perturbador de origen natural, que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir aún ante la presencia de una declaratoria de desastre natural (artículo 7 de los Lineamientos).

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también es cierto que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los Lineamientos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, “Provisiones salariales y económicas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del programa Fonden o del Fideicomiso), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos, así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Por virtud de este instrumento en el marco de las ROF la Segob, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) emite declaratorias de desastre natural, entendidas como el documento mediante el cual esta dependencia del gobierno federal declara formalmente en zona de desastre natural a los municipios de las entidades federativas, u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en los que se hayan corroborado afectaciones por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, y con ello que se pueda tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a través del instrumento Fonden Reconstrucción.

No se omite señalar que, en atención a las disposiciones contenidas en las ROF, los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, en ningún caso se entregan de manera directa a la población en general, toda vez que éstos son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello, y en el entendido de que el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras estatales, previo a la presentación de entre otros aspectos, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Cabe igualmente señalar que, atentos a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la implantación del Fonden Reconstrucción la participación de la Segob, por conducto de la DGF, se limita a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Ahora bien, informamos que para efectos de la emisión de una declaratoria de desastre natural, o bien una declaratoria de emergencia, y por ende, para la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, o suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, es necesario cumplir previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto, diremos que para la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia dirigida a la CGPC de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso, por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

Por su parte, para la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar, en términos del numeral 9 de las ROF, una solicitud de declaratoria de desastre natural, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal correspondiente, dirigida a la CGPC de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.

Visto lo anterior, procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para atender la ocurrencia de lluvias en el estado de Oaxaca durante el presente ejercicio fiscal de 2010, y respecto de las cuales, habiendo mediado las solicitudes correspondientes, se han emitido las declaratorias de desastre natural respectivas, haciendo hincapié en que la información que ponemos a la disposición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se encuentra actualizada al 12 de octubre de 2010 y aún podrá sufrir una constante actualización por virtud de la dinámica propia del programa Fonden:

Fonden Reconstrucción, estado de Oaxaca

Ocurrencia de lluvia severa el 8 de julio de 2010, en 10 municipios del estado de Oaxaca

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF de fecha 27 de julio del año en curso, la “declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa el 8 de julio de 2010, en 10 municipios del estado de Oaxaca”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de San Jerónimo Tlatochahuaya, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Papalutla, Santa María Guelacé, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera y San Juan Guelavía.

• Con fecha 21 de julio de 2010, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, para los 10 municipios del estado de Oaxaca aludidos.

• Por su parte, con fecha 6 de agosto de 2010, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED.

• El 31 de agosto de 2010, el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden federal autorizó las siguientes cantidades definitivas para los sectores que se indican:

Ocurrencia de lluvias severas los días 21, 22 y 23 de agosto de 2010, en 75 municipios del estado de Oaxaca

• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF de fecha 14 de septiembre del año en curso, la “declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 21, 22 y 23 de agosto de 2010, en 75 municipios del estado de Oaxaca”.

• Con fecha 8 de septiembre del 2010, se llevó a cabo la sesión de instalación del CED, para los 75 municipios del estado de Oaxaca señalados. En dicha sesión se acordó como fecha de entrega de resultados el 6 de octubre de 2010.

• Con fecha 6 de octubre de 2010 se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, en la que se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector:

Ocurrencia de lluvias severas los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 34 municipios del estado de Oaxaca

• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 12 de octubre del año en curso, la “declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 34 municipios del estado de Oaxaca.

• Con fechas 30 de septiembre y 4 de octubre el gobierno del Estado de Oaxaca, presentó ante la comisión Nacional del Agua, Conagua, una solicitud de corroboración para 198 municipios por la ocurrencia de lluvia severa e inundación los días 25, 26 y 27 de septiembre provocados por Matthew.

• El 5 de octubre la Conagua emitió un primer dictamen parcial, corroborando 34 municipios, por lo que el 6 de octubre se instaló el CED y en dicha instalación se acordó como fecha para la sesión de entrega de resultados el 3 de noviembre de 2010, por lo que habrá que esperar a esa fecha para conocer los montos preliminares con los que se atenderá a dicha entidad federativa.

Ocurrencia de lluvias severas los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 26 municipios del estado de Oaxaca.

• El 8 de octubre la Conagua emitió un segundo dictamen parcial, corroborando 26 municipios más, por lo que el 11 de octubre se instaló el Comité de Evaluación de Daños y se señaló como fecha para la sesión de entrega de resultados el 5 de noviembre de 2010, por lo que habrá que esperar a esa fecha para conocer los montos preliminares con los que se atenderá a dicha entidad federativa.

Corroboración pendiente

Al día de la fecha la Conagua se encuentra realizando los estudios correspondientes respecto del resto de los 198 municipios solicitados.

Visto lo anterior, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención a los fenómenos naturales perturbadores de referencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 27 de las ROF, dichos recursos se encontrarán disponibles para ser transferidos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, una vez que se reciba por parte de cada una de las entidades federativas el aviso de depósito de la parte correspondiente a su coparticipación.

Asimismo, atentos al numeral 44 de las ROF, el Comité Técnico del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Así también, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha Entidad Federativa y que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

4 Los Fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las Entidades Federativas para atender un Desastre Natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas Entidades Federativas (numeral 44 de las ROF).

5 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurren.cia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres para el caso de los fenómenos geológicos.

6 De conformidad con el numeral 13 de las ROF, para efectos de la exclusiva evaluación y cuantificación de los daños en los sectores que sean materia de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, se instala a nivel estatal un comité de evaluación de daños, que funciona a través de subcomités que se agrupan, según su respectivo ámbito de competencia, para dar atención a los daños ocasionados en el sector o los sectores que hubieren resultado afectados.

7 Procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Abejones, Ayotzintepec, Chiquihuitlán de Benito Juárez. Concepción Pápalo,  Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Ixtlán de Juárez , Juchitán de Zaragoza, Loma Bonita, Natividad, Nuevo Zoquiapam, Salina Cruz, San Andrés Teotilálpam, San Bartolomé Zoogocho, San Blas Atempa, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San Francisco Chapulapa, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Atepec, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Chicomezúchil, San Juan Coatzospam, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocón, San Juan de los Cues, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Quiotepec, San Juan Tabaá, San Juan Tepeuxila, San Juan Yaeé, San Lucas Ojitlán, San Martín Toxpalan, San Mateo del Mar, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatlán, San Miguel del Río, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Pedro Huamelula, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Catarina lxtepeji, Santa María Ixcatlán, Santa María Jacatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Pápalo, Santa María TIahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Camotlán, Santiago Choapam, Santiago Jocotepec, Santiago Lalopa, Santiago Nacaltepec, Santiago Xiacuí, Santiago Yaveo, Santo Domingo Tehuantepec, Tanetze de Zaragoza, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Flores Magón, Valerio Trujano y Villa Talea de Castro.

8 Procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Matías Romero, San Antonio Nanahuatipam, San Bartolomé Ayautla, San Cristóbal Lachirioag, San Dionisio del Mar, San Ildefonso Villa Alta, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista TIacoauintepec, San Juan Evangelista Analco, San Juan Yauona, San Miguel Chimalapa, San Miguel Yotao, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa Ana Yareni, Santa María Chimalapa, Santa María Ixcatlán, Santa María Petapa, Santa María Tecomavaca, Santa María Temaxcalapa, Santa María Tepantlali, Santa María Texcatitlán, Santiago Comaltepec, Santiago Nacaltepec, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Roayaga, Tamazulapam del Espíritu Santo, Teotitlán de Flores Magón, Totontepec Villa de Morelos, Unión Hidalgo y Villa Hidalgo.

Sin otro particular, y esperando que la información proporcionada sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Atentamente

México, DF, a 12 de octubre de 2010.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director General.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE GUANAJUATO

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio número DGPL-61-II-2-649, en el que comunica a esta Secretaría General, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que “Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población como integrantes del Grupo Interinstitucional que realiza la delimitación de las zonas metropolitanas, a llevar a cabo los estudios técnicos necesarios que permitan considerar a Irapuato y Salamanca, Guanajuato como zona metropolitana, para los efectos a que haya lugar, me permito externarle lo siguiente.

El Grupo Interinstitucional formado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica, así como a aquéllos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.

Para ello define un conjunto de criterios, cuya evaluación tiene como únicos insumos de información válidos, la cartografía urbana y los resultados definitivos de los Censos y Conteos de Población y Vivienda que produce el Inegi, además de los instrumentos de planeación y política urbana que aporta la Sedesol.

En el caso de los municipios de Irapuato y Salamanca, la cartografía urbana del II Conteo de Población y Vivienda 2005 no muestra la presencia de una conurbación física entre sus ciudades principales, por lo que para determinar su eventual consideración como municipios de una misma zona metropolitana se procedió a medir la distancia, integración funcional y carácter urbano de ambos, a la luz de los siguientes criterios:

Criterio:Distancia. La distancia entre las ciudades principales de ambos municipios no debe ser mayor de10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril.

Situación:La distancia más corta entre las ciudades de Irapuato y Salamanca es de 11.3 kilómetros.

Criterio:Integración funcional. Al menos 15 por ciento de la población ocupada que reside en un municipio trabaja en el otro, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el primero reside en el segundo.

Situación:Sólo 1.1 por ciento de la población ocupada que reside en Irapuato, trabaja en Salamanca; y únicamente 2.7 por ciento de la de Salamanca trabaja en Irapuato.

Asimismo, sólo 1.2por ciento de la población que trabaja en Irapuato, reside en Salamanca; y 2.6 por ciento de la de Salamanca reside en Irapuato.

Criterio:Carácter urbano. Su proporción de población ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios es mayor o igual a 75 por ciento, y su densidad media urbana es de por lo menos 20 habitantes por hectárea.

Situación:Ambos municipios presentan altas proporciones de población ocupada en los sectores secundario y terciario: Irapuato 90.7 por ciento y Salamanca 85.4 por ciento, así como densidades urbanas elevadas: 107 y 75 habitantes por hectárea, respectivamente.

Cabe señalar que para incorporar a un municipio como parte de una zona metropolitana debe cumplir con cada una de las condiciones anteriores, o bien estar incluido en la declaratoria o programa de ordenación de la zona conurbada o zona metropolitana correspondiente, caso en el que tampoco se encuentran ambos municipios de acuerdo con la información que en su momento aportó la Sedesol.

En virtud de lo anterior, los municipios de Irapuato y Salamanca no son considerados como una zona metropolitana.

El cuadro siguiente muestra el valor de los indicadores analizados por esta Secretaría General para emitir la presente opinión.

Asimismo le informo que durante el 2011, el Grupo Interinstitucional actualizará nuevamente la delimitación de las zonas metropolitanas con base en la cartografía urbana y los resultados definitivos del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 y la revisión de los instrumentos de planeación urbana vigentes.

Aprovecho la ocasión para extenderle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2010.— Maestro Félix Vélez Fernández Varela (rúbrica), secretario general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que. mediante oficio número 80306, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, comunica la designación del general de división diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa como Subsecretario de la Defensa Nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Defensa Nacional para su conocimiento.

SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que se recibieron oficios en respuesta a acuerdos de la Comisión Permanente, presentados por diputados, que se anexan.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»

«Escudo.— Guanajuato.— Gobierno del estado.— Contigo vamos.

Senador Francisco Arroyo Vieyra, Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio número DGPL-61- II-5-845, de fecha 23 de septiembre del presente año, a través del cual comunica la aprobación del siguiente punto de acuerdo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas que a la fecha no hubieren adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a que realicen las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, en materia de seguridad y justicia, de fecha 18 de junio de 2008;con base a lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

En Guanajuato nos hemos preocupado por armonizar nuestra legislación a la realidad social y los imperativos constitucionales, pues sabemos que esto fortalece el ejercicio democrático, por ende, nuestro Plan de Gobierno 2006-2012 asume este imperativo y en su objetivo general 5.9 señala el compromiso de: Contar con un marco jurídico actual y pertinente en el estado de Guanajuato, lo que se patentiza en el objetivo particular 5.9.1, el cual plantea la necesidad de: Actualizar el marco normativo vigente a efecto de hacerla congruente con la realidad social del estado.

Esto conlleva la preocupación por realizar a la brevedad la reforma constitucional local en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual se cristalizó a través del Decreto Legislativo número 53, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 33, Segunda Parte, de fecha 26 de febrero de 2010.

Posteriormente, se expidió la Ley de Seguridad Pública de Guanajuato, contenida en el Decreto Legislativo número 268, publicada en el Periódico Oficial de la Federación número 154, Segunda Parte, de fecha 25 de septiembre de 2009.

Además de lo anterior, en Guanajuato se expidió la Ley de Proceso Penal para el estado de Guanajuato a través del Decreto Legislativo número 80, de la LXI Legislatura, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 141, Tercera Parte, de fecha 3 de septiembre de 2010, instrumento donde se regulan las atribuciones de los policías en el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Es así que Guanajuato atendió ya el mandato del dispositivo transitorio objeto del punto de acuerdo.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de octubre de 2008.— Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), secretario de gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-01633/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios a gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Ricardo Eduardo Domínguez Medrano.

Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: José Manuel González Torres.

Puesto: Técnico en radio y telefonía.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Anaid de la Fuente Martínez.

Puesto: Auxiliar técnico.

Lugar de Trabajo: Embajada de la República Federativa del Brasil en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1604/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión la cancelación del permiso que fue concedido a la persona que se cita para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Elizabeth Nora Echavarri Villanueva.

Puesto: Agente de compras.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio a que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación.En lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y la de Senadores para su conocimiento.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito Ericel Gómez Nucamendi, senador de la República a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley de Coordinación Fiscal constituye la regulación de las relaciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, y establece las disposiciones sobre cómo transferir los recursos de la Federación a las entidades federativas y municipios.

Sin embargo, este ordenamiento y el propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal presentan limitaciones de carácter estructural para las entidades federativas y los municipios.

La configuración actual de la fórmula de distribución de las participaciones federales, no presenta incentivos adecuados para generar mayor responsabilidad fiscal entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que ha provocado que el esquema de responsabilidades compartidas no sea lo suficientemente efectivo para la distribución de los recursos y la fiscalización de los mismos.

Por tanto, la iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía tiene el propósito de atender aspectos fundamentales, como son la distribución y la recaudación, para lo cual se plantea:

1. Tomar en consideración en el rendimiento de las contribuciones a los municipios en donde el petróleo es extraído, y

2. Fortalecer las funciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales destinados a las entidades federativas.

De ahí que propongamos reformas a la fracción II del artículo 2-A y las fracciones II y III del artículo 49 de la Ley de Coordinación fiscal en los siguientes términos:

Reforma a la fracción II del artículo 2-A

De acuerdo con la organización de Pemex, la producción de hidrocarburos en México se encuentra dividida en cuatro diferentes zonas del país: Región Sur; Región Norte; Región Marina Noroeste y Región Marina Suroeste; siendo en estas dos últimas de las que se extrae el 80 por ciento del petróleo del país, lo cual convierte al Golfo de México en la zona más importante en explotación petrolera.

La explotación del petróleo y las ganancias que se generan por su extracción y refinación, ciertamente es generadora de empleos, sin embargo también provoca diversas afectaciones en las comunidades donde se realiza el procesamiento de estos hidrocarburos.

De acuerdo al Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, las principales entidades federativas donde se llevan a cabo la explotación de petróleo son las de Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas,Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

En diversos municipios de estas entidades se puede observar un sinnúmero de efectos negativos para la población y el medio ambiente a lo que se agrega la falta de recursos económicos de las autoridades municipales para enfrentar las necesidades de la población que es afectada. Cabe señalar que 112 municipios del país son reconocidos por Pemex con el carácter de “municipios petroleros”.

Actualmente la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 2-A que en el rendimiento de las contribuciones se participará directamente el 0.136 por ciento de la recaudación federal a municipios “...colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten”.

Señala además que se participará de manera general con el 3.17 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dicho productos.

Esto significa que prevalece un esquema en cual se excluye de manera particular a aquellos municipios o regiones donde el petróleo es extraído, lo cual genera una inequidad incomprensible, ya que existen lugares que son afectados de manera directa con las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, que enfrentan problemas y costos económicos como son la contaminación de suelos y mantos acuíferos; derrames en ríos, litorales y esteros; la elevación del costo de la vida; afectaciones a las actividades económicas e inutilización de las tierras para la actividad agrícola por encontrarse éstas destinadas a la extracción del petróleo.

Lo anterior es así, debido a que los ingresos petroleros al ser federales no puede existir una contribución estatal o municipal. De ahí que los municipios donde se lleva a cabo la explotación del crudo y gas no recibían participación alguna, ya que la reforma fiscal de 2008, y la cual se encuentra vigente, estableció en la Ley de Coordinación Fiscal un Fondo denominado “de Extracción de Hidrocarburos” que se distribuye a los estados petroleros con base en la última información del Inegi, y se calcula a partir de la recaudación del derecho ordinario sobre hidrocarburos, por esta razón los municipios denominados petroleros se encuentran excluidos de estos derechos, por lo que la distribución del derecho adicional sobre la extracción de petróleo se hace de manera general.

De ahí que el impacto ecológico, económico y social que genera Pemex en aquellos lugares donde se encuentran sus instalaciones nos convoca a generar las acciones legislativas tendientes a garantizar en estas regiones un desarrollo sustentable y equilibrado.

Si bien es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal prevé la asignación directa de recursos a los municipios por los cuales se exportan los hidrocarburos, también lo es que no se toman en consideración a aquellos en cuyo territorio se realiza la extracción de los mismos, ni aquellos en los cuales éstos se transforman.

Por tanto, a efecto de garantizar una distribución equitativa para aquellos municipios donde el petróleo es extraído y garantizar que puedan acceder al porcentaje del 3.17 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo que señala la propia Ley de Coordinación Fiscal, proponemos reformar la fracción II del artículo 2-A, con la finalidad de que estos municipios cuenten con recursos suficientes para enfrentar los impactos generados de manera directa por la paraestatal.

Reforma a las fracciones II y III del artículo 49

Actualmente los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que el 39.5 por ciento del gasto programable se destina a las entidades federativas, sin embargo, estas aportaciones y participaciones carecen de una efectiva transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de estos recursos.

En mucho de los casos se llega al extremo de municipios que no concluyen al 100 por ciento sus obras, o de entidades federativas que no transparentan los recursos entregados por la Federación, como son los destinados para seguridad pública, salud o educación por mencionar algunos.

Muchas de estas anomalías tienen como causa los deficientes sistemas de control interno, deficiente fiscalización interna y los lineamientos que emite la propia Secretaría de Hacienda y el hecho de que en muchas entidades federativas y municipios no se han consolidado los sistemas de control. La fiscalización se limita a una glosa de cuentas y en muchos municipios ni siquiera existe, lo cual genera opacidad y corrupción.

Por tanto, el destino de las transferencias federales a las entidades no es transparente, porque los gobiernos locales no reportan suficientemente la información y no hay certeza sobre el impacto en el desarrollo de las entidades, por lo que es necesario avanzar en un sistema de colaboración compartido entre los distintos niveles de gobierno. Es importante que en una democracia exista la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, pues son factores fundamentales para su consolidación.

De ahí que propongamos reformas a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para que en el caso de las aportaciones federales que reciban y sean administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, puedan hacer del conocimiento de la población los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios a través de los órganos de difusión oficiales, así como de la página web del gobierno que corresponda y de los medios de comunicación de mayor difusión.

Por lo que respecta a la fracción III del propio artículo 49, proponemos en el caso de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, el Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales o los municipios, corresponderá su fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, la cual establecerá los mecanismos de coordinación con los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren en correcta fiscalización de estos recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 2-A y las fracciones II y III del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:

I. ...

II. 3.17 por ciento del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, a los municipios donde se realizan la extracción o refinación de los mismos, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.

...

III. ...

Artículo 49. ...

...

...

I. ...

II. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales, por lo que deberán ser públicos y del conocimiento de la población. Al efecto deberán publicar en sus órganos de difusión oficial, página de internet y medios de comunicación de mayor difusión, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

...

III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en esta ley, en el caso de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, el Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales o los municipios, corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización, la cual establecerá los mecanismos de coordinación con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren en su correcta fiscalización.

IV. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de julio de 2010 y las participaciones del fondo de fiscalización del segundo trimestre del 2010. Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2010.

Dado en la sede del Senado de la República, a los 21 días del mes de octubre del año 2010.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los transitorios segundo y cuarto y se adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia.

COMERCIO DEL TABACO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que por medio de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía se imponga un arancel a la importación del tabaco a fin de proteger la salud de los mexicanos.

Segundo.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación cumpla cabalmente con lo estipulado por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en lo relativo a la importancia de la asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la transición económica a los cultivadores y trabajadores cuyos medios de vida queden gravemente afectados como consecuencia de los programas de control del tabaco.

Tercero.Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear un fondo que como mínimo esté provisto con 500 millones de pesos, a fin de apoyar los programas de reconversión productiva integral e incentivar el comercio del tabaco que se produce en el país.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna el tercer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ramiro Hernández García, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Yeidckol Polevnsky Gurwitz presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos del Fondo Metropolitano y los destinados a las zonas metropolitanas de Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Ramiro Hernández García, y María de los Ángeles Moreno Uriegas y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someten la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, más de la mitad de la población habita en zonas metropolitanas, las cuales tienen que coordinar esfuerzos a fin de establecer una planeación común para resolver problemas en materia de asentamientos humanos, infraestructura y desarrollo urbano, agua potable, transporte público y seguridad pública, entre otros. Los problemas en dichas zonas se han ido agudizando y haciendo cada vez más complejos como producto de esta conurbación.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, en el país hay 56 zonas metropolitanas y 60 conurbaciones; de éstas, 14 cuentan con un promedio de 750 mil habitantes, 32 entre 100 mil y 500 mil habitantes y 9 tienen una población mayor de 1 millón.

Lo anterior nos da un aproximado de 58 millones de habitantes, lo que representa 53 por ciento de la población total del país. Las 56 zonas metropolitanas están integradas por más de 300 municipios, que a su vez están en 29 de las 32 entidades del país. 3 de cada 4 de estos asentamientos son precarios, lo que conlleva a que cada 7 de 10 habitantes sean marginados.

Este hecho ha seguido generando graves problemas, incongruencias, contradicciones y dificultades en leyes, reglamentos, decretos, programas y actos administrativos relacionados con desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

En diciembre de 2005 se aprobó incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo Metropolitano, en el ramo 23, integrado por mil millones de pesos, que se ejercieron en 2006. El propósito de dicho fondo era el desarrollo de las áreas conurbadas de la Ciudad de México, otorgando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración de los recursos, con la corresponsabilidad de las autoridades del estado de México y el Distrito Federal.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incrementó el monto de recursos para el Fondo de Desa-rrollo Metropolitano: se alcanzaron 3 mil 300 millones de pesos. En ese año solicité la inclusión de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey para acceder a los recursos de dicho fondo, lo cual en efecto ocurrió, y a partir de ese momento se destinaron a la zona metropolitana de Guadalajara 150 millones de pesos, igual que la cantidad de recursos para la zona metropolitana de Monterrey.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinaron 5 mil 550 millones de pesos al Fondo de Desa-rrollo Metropolitano. En ese entonces, el Ejecutivo federal planteó su reducción a 3 mil 500 millones, por lo que en noviembre de 2009 solicité, con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores, que no disminuyera el monto de recursos e incluso que se ampliase, dadas las crecientes necesidades de las 56 zonas metropolitanas de México.

En 2010, al Fondo de Desarrollo Metropolitano se destinaron 7 mil 455 millones de pesos. Para 2011, el Ejecutivo federal envió una propuesta de 3 mil millones, prácticamente 60 por ciento menos que el año pasado. En México hay 56 zonas metropolitanas, donde viven más de 59 millones de habitantes. Por lo mismo, en vez de una disminución de recursos, es necesario fortalecer o al menos mantener el monto del año pasado, toda vez que cada año integran nuevas zonas metropolitanas para ser consideradas para acceder a dicho fondo.

Para 2009, a Jalisco correspondieron mil 100 millones de pesos del Fondo Metropolitano; y para 2010 hubo un reducción a 970 millones de pesos, de los cuales a la zona metropolitana de Guadalajara corresponden 920 millones y a Puerto Vallarta 50. De efectuarse un recorte a ese fondo en el Presupuesto de Egresos de 2011, por tercer año consecutivo disminuirían los recursos destinados a las zonas metropolitanas de Jalisco, que actualmente son Guadalajara y Puerto Vallarta.

Es necesario avanzar en la legislación en materia de zonas metropolitanas y dar mayor importancia a las zonas conurbadas a fin de que superen problemas y rezagos sociales tan propios de ellas.

Al respecto, quisiera mencionar que ya se trabaja con la colegisladora en una norma que dé sustentabilidad jurídica a la problemática metropolitana.

Por lo anterior hago esta solicitud para que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones correspondientes, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 aumente las partidas presupuestarias del Fondo Metropolitano.

En razón de lo expuesto, estamos convencidos de la necesidad de someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos del Fondo Metropolitano y los destinados a las zonas metropolitanas de Jalisco.

Dado el 21 de octubre de 2010, en el salón de plenos del Senado de la República. Xicoténcatl 9, colonia Centro, México, DF.— Senadores: Ramiro Hernández García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rubén Fernando Velázquez López, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramón Galindo Noriega, Ernesto Saro Boardman y Carlos Aceves del Olmo presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a autorizar un aumento en el presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rubén Fernando Velázquez López, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Ramón Galindo Noriega, Ernesto Saro Boardman y Carlos Aceves del Olmo, senadores en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala como uno de sus objetivos nacionales reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren sustancialmente su calidad de vida y tengan garantizados salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como dice nuestra Constitución, surgió el Programa Nacional de Vivienda 2008-2012, a fin de que todos los conciudadanos puedan acceder a un desarrollo habitacional sustentable.

En tal sentido, el decreto que creó el Programa Nacional de Vivienda ha señalado a la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi) como uno de los órganos encargados del cumplimiento del programa y para ello lo ha facultado para elaborar sus respectivos programas anuales y la integración de sus anteproyectos de presupuesto para que los objetivos que se han planteado puedan, efectivamente, ser cumplidos.

De tal suerte, para que las metas del programa entre otras funciones que debe realizar, a cabalidad, la Conavi, es necesario que cuente con el presupuesto adecuado. A este respecto, la vivienda forma el espacio en que la familia encuentra estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial y sentido de pertenencia por lo que constituye uno de los indicadores básicos de desarrollo humano, que para México se ha vuelto un verdadero desafío en aras de satisfacer la demanda de los ciudadanos.

No obstante, además del reto que tiene la Conavi para darle seguimiento al programa debe ser congruente con la necesidad, por un lado, de focalizar los apoyos gubernamentales a favor de los ciudadanos que cuentan con menos ingresos y, por otro, que el crecimiento urbano no sea desordenado y origine conflictos de sustentabilidad.

Entonces, como se mencionó, para que la Conavi consiga alcance sus objetivos debe tener los recursos suficientes y un ejemplo del cómo se están manejando sus finanzas es que para el 30 de septiembre de 2010 (que representa 75 por ciento del año) este organismo ya había ejercido 77 por ciento del presupuesto asignado para el programa Esta es tu Casa, para lo cual destinó a 159 mil 705 acciones de vivienda para apoyar la compra de una casa, un lote con servicios o para la construcción o mejoramiento de una vivienda. Ello nos da certeza tal de cómo y para qué se usan los recursos y también que serán utilizados en su totalidad para fomentar la vivienda.

Sin embargo, resultará sumamente difícil que dicho organismo descentralizado este en posibilidad de cumplir sus metas para el próximo ejercicio fiscal, si como lo propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto de esta institución será reducido en cerca de12 por ciento respecto de 2010, periodo durante el cual le fueron asignados 5 mil 976 millones 897 mil 758 pesos, cantidad superior a los 5 mil 297 millones 812 mil 33 pesos que está planteando la dependencia encargada de las finanzas públicas federales.

No creemos que sea a través de la reducción del presupuesto como logren solucionarse las graves carencias de vivienda que viene sufriendo nuestro país de manera ancestral, sino por medio de herramientas que permitan que dichos recursos sean ejercidos de manera responsable y transparente, en beneficio del mayor número de mexicanos posible.

Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a autorizar un aumento en el presupuesto de la Conavi, a efecto de que cumpla cabalmente con las acciones que tiene encomendadas en materia de vivienda.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2010.— Senadores: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rubén Fernando Velázquez López, Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Ernesto Saro Boardman (rúbrica), Carlos Aceves del Olmo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a considerar el presupuesto necesario a fin de implementar las acciones propuestas en el estudio presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, relativo a la construcción de una nueva red de diques, canales y presas que eviten el riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco, así como el incremento presupuestal necesario a fin de llevar a cabo la continuación del proyecto denominado “Reactivación Puerto Frontera”, en Tabasco.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Francisco Herrera León, senador de la República en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Es conocido que año con año los habitantes del sureste vivimos con la convicción de que nuestras vidas y propiedades corren peligro ante el amenazador incremento de las inundaciones y las lluvias extremas, las que también afectan gravemente la economía regional y nacional.

Si bien es cierto en Tabasco se han realizando algunos esfuerzos como el de la implementación del Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), cuyo principal objetivo fue controlar el escurrimiento de los ríos Carrizal y Grijalva “para salvaguardar y garantizar protección a la población de la ciudad de Villahermosa y su zona conurbana con el municipio de Nacajuca, su patrimonio e infraestructura existente, así como la zona agrícola y ganadera”, este no cumplió su cometido.

Asimismo, las acciones del Plan Hídrico Integral Tabasco (PHIT) han resultado insuficientes a medida que pasa el tiempo y las obras no se concluyen. Así, lo planeado queda desfasado de la realidad presente y de las proyecciones futuras de sufrir mayores inundaciones como consecuencia del cambio climático.

Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un estudio en el que se detallan las causas del desastre ocurrido en Tabasco en el otoño de 2007, catástrofe que provocó que se anegara el 70 por ciento del territorio tabasqueño. Concluyó la UNAM que estas causas son principalmente de carácter humano: apertura de vialidades en los diques que debían proteger la ciudad de Villahermosa, así como retrasos burocráticos en la construcción de obras contempladas en el PICI de 2003, entre otras.

También señala el estudio que, de no emprenderse acciones urgentes, Villahermosa corre el riesgo de quedar nuevamente sumergida bajo las aguas del río Grijalva como consecuencia de los escurrimientos de las lluvias provenientes de los Altos de Chiapas, a pesar de que el propio escurrimiento del Grijalva está prácticamente controlado antes de entrar en la zona de la llanura.

En este sentido, la UNAM recomienda emprender cuanto antes y durante los próximos tres años un programa de mega obras de casi 5 mil millones de pesos, con miras a reducir el peligro de que Villahermosa quede bajo el agua en futuras inundaciones. La idea del estudio es desviar los flujos excesivos de agua, producto de lluvias atípicas y temporales hacia un sistema de seis lagunas como los Zapotes, El Vigía, San Julián, Playa la Poza, Sabana Nueva, San Román y El Pajaral hasta desembocar en los pantanos de Centla. Por ello, la viabilidad de esta propuesta obliga a incluirla, de manera urgente, en los programas de trabajo institucionales y dotarla de los recursos presupuestales necesarios para su implementación.

Por otra parte, consideramos que las obras de infraestructura constituyen un fuerte pilar para el desarrollo económico regional. Hacemos esta referencia ya que en enero de 2006 iniciaron las obras del proyecto “Construcción de Escolleras y del Dragado del Canal de Acceso del Puerto de Frontera, Tabasco”, las cuales consisten en el dragado del canal lateral y la construcción de dos mil 500 metros de escolleras de este puerto.

El objetivo social del proyecto es fortalecer y mejorar la vinculación entre el gobierno, la iniciativa privada y los productores del estado para mejorar el aprovechamiento de los recursos. Los objetivos económicos revisten particular importancia, ya que con ellos se estarían generando empleos en la construcción de las obras a personas de la región; se promovería el intercambio comercial con otros países; se ahorraría en los costos de transporte de bienes, servicios y personal para las plataformas petroleras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras empresas que lo requieran, entre otros; y, finalmente, sus objetivos ambientales minimizarían los impactos adversos al medio ambiente con el uso del canal existente construido décadas atrás para la entrada de la navegación, y, además, se respetaría la vegetación existente a ambas márgenes del canal de acceso al puerto de Frontera.

Sin duda, el proyecto detonaría el desarrollo económico de la región al ser un punto estratégico autosuficiente, autofinanciable y generador de empleos. Sin embargo, en marzo de 2006 se suspendieron las obras debido a la falta de presupuesto. Esta situación ha inhibido la de por sí maltrecha economía de Tabasco por lo que es urgente dar continuidad y concluir el proyecto.

Compañeros legisladores, es de particular importancia la adaptación del sector hídrico a los efectos del cambio climático, ya que el agua es el principal medio a través del cual éste impactaría a la población.

Este proceso de adaptación debe incluir políticas públicas eficaces que trasciendan en la protección de la vida y del patrimonio de los gobernados. Los efectos del cambio climático como las inundaciones, también nos urgen a implementar medidas presupuestales que atiendan y prevengan estas catástrofes.

De igual manera, estas medidas deben ir acompañadas de proyectos de desarrollo que detonen la economía regional y atenúen los efectos negativos dejados por los fenómenos naturales.

Para el caso particular de Tabasco, es necesario dar continuidad al proyecto “Reactivación del puerto de Frontera”, toda vez que sin duda estas obras generaron las oportunidades de desarrollo que demandan los habitantes de la región sureste de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y la de Transportes de la Cámara de Diputados, para que se considere el presupuesto necesario para el ejercicio presupuestal 2011 a fin de implementar las acciones propuestas en el estudio presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), relativo a la construcción de una nueva red de diques, canales y presas que eviten el riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco, así como el incremento presupuestal necesario a fin de llevar a cabo la continuación del proyecto denominado “Reactivación del puerto de Frontera, Tabasco”.

Cámara de Senadores, a 21 de octubre de 2010.— Senador Francisco Herrera León (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a mantener y considerar el apoyo energético a las actividades primarias que incluyen subsidio en precios en diesel marino y gasolina ribereña en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Margarita Villaescusa Rojo, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La industria pesquera en el país representa alrededor de 500 mil empleos directos y 3 millones 500 mil indirectos, además de que constituye una fuente generadora de divisas y alimentos para el país entre las diferentes pesquerías como el atún, calamar, camarón, y tilapia, entre otras.

A pesar de las carencias que afectan a este sector, el vigor de la pesca mexicana se refleja en el hecho de que, por ejemplo, en Mazatlán se encuentra la planta procesadora de atún y las flotas atunera y camaronera más importante de Latinoamérica, así como también muchas congeladoras con gran potencial de desarrollo en la generación de valores agregados a partir de los recursos pesqueros existentes.

Ahora bien, la flota pesquera mexicana se ha encontrado activa gracias a los apoyos ofrecidos por el gobierno federal a través de la Sagarpa, entre ellos el subsidio otorgado al diesel marino, que, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, estaría en riesgo de desaparecer.

Por su carácter estratégico, el diesel es el principal insumo de la industria pesquera y significa aproximadamente 50 por ciento del costo de operación de fas flotas. Asimismo, el diesel marino es vital para la operación de las granjas, por la labor permanente de bombeo en la oxigenación de los estanques debido a la falta de infraestructura eléctrica.

De igual forma, el diesel marino es el único apoyo que reciben la pesca y acuacultura contra los muchos programas que benefician a las otras actividades del sector primario: agricultura y ganadería en México y el mundo; por lo que es indispensable para la viabilidad de dicha actividad, contar con un precio que conforme a la estructura de costos, permita operar de manera competitiva y, asimismo, poder estar en condiciones de competir con flotas de otros países que concurren con sus productos en los mismos mercados.

Fue por ello que, ante el incremento de los precios y la necesidad de tener un precio competitivo, durante la administración pasada se determinó que el precio de este combustible sería de 3.50 pesos, vigente desde el 3 de marzo de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2006.

Empero, desde el inicio del presente gobierno, no se mantuvo el precio determinado y en vez de ello se aprobó un apoyo de 2.00 pesos por litro.

Para el 2009 la situación empeoró dramáticamente, ya que ese año inició con un paro técnico de las embarcaciones de la flota pesquera nacional, debido a su incapacidad para operar con el precio del diesel marino, entonces de 6.71 pesos, impactado por el deslizamiento de 5 centavos semanales, 20 centavos mensuales, del precio del diesel.

Actualmente, la industria paga 6.88 pesos por litro, es decir, 3.38 pesos más por litro, incremento que casi duplica el total del precio de 3.50 pesos, el cual se pagó hasta el 30 de noviembre de 2006. De cancelarse el apoyo, la industria tendrá que pagar a partir de enero de 2011 8.88 pesos por litro, impactado además por el deslizamiento del precio en el curso del año.

De conformidad con lo anterior, y frente a la posibilidad de no contar con el apoyo otorgado hasta ahora al diesel marino, la industria pesquera se encuentra en riesgo de paralizar las flotas y cerrar granjas, por lo que es indispensable que permanezca el apoyo en el Presupuesto, mientras no se den otras medidas que permitan recuperar las pesquerías y operar rentable y competitivamente a la industria pesquera nacional. Es por ello que a través del presente nos unimos a los diferentes puntos de acuerdo formulados recientemente por compañeros legisladores de todas las fuerzas políticas, a fin de pedir respetuosamente a la Presidencia de la República el mantenimiento de los subsidios otorgados al diesel marino, ello con la finalidad de hacer realidad el compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal el 21 de febrero de 2007 en Mazatlán, Sinaloa, en el sentido de impulsar una política de largo aliento para el desarrollo integral de la pesca, la cual incluiría como uno de sus ejes de acción el continuar con el apoyo de energéticos a los pescadores del país.

Creemos que la lucha de los pescadores por conseguir una reducción en los precios del combustible es legítima y por tanto debe apoyárseles, toda vez que la recuperación económica de que se jacta el gobierno aún no se refleja en los bolsillos de los mexicanos.

Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a efecto de que se mantenga y siga considerando el subsidio en los precios del diesel marino y la gasolina ribereña en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de octubre de 2010.— Senadora Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se asignen recursos adicionales a los de 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sometemos a consideración de la Cámara de Diputados este punto de acuerdo con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se asignen recursos adicionales a los de 2010 para apoyar el desa-rrollo integral del estado de Zacatecas, al tenor de los siguientes

Consideraciones

El estado de Zacatecas ocupa el octavo sitio en cuanto a su extensión territorial, con el 3.0 por ciento; por su población se ubica en el lugar veinticinco con un millón cuatrocientos mil habitantes, y un crecimiento anual ínfimo de 0.2 por ciento –se calcula que otra cantidad igual de zacatecanos viven fuera de su territorio, principalmente en Estados Unidos– y por su contribución a la producción nacional llega al lugar veintiocho con el 0.8 por ciento.

La accidentada orografía que tiene Zacatecas da como resultado que muchos de sus habitantes se encuentren dispersos en grandes áreas poco comunicadas. En sus 58 municipios tiene más de 6 mil comunidades con menos de 200 habitantes. Además, no debemos olvidar que la mitad de su territorio es semidesértico, lo que provoca que se reduzca la extensión dedicada a la producción agropecuaria.

Mientras que a nivel nacional la población urbana tiene una participación del 75 por ciento y la población que habita en el medio rural es del 25 por ciento; en Zacatecas el 60 por ciento corresponde a la población rural y sólo dos quintas partes se integran por población urbana. Esto está aparejado con el hecho de que la densidad demográfica es muy baja en el estado (18 habitantes por kilómetro cuadrado, en contraste con el nacional que es de 53 habitantes por kilómetro cuadrado).

A lo anterior debemos añadir que la estructura de la producción del estado de Zacatecas está distorsionado, ya que una parte importante de su producción se ubica en actividades primarias 22.4 por ciento (agropecuarias con 13 por ciento, minería 9.6 por ciento); industria manufacturera únicamente 5.5 por ciento, mientras que actividades terciarias ocupan el 28.7 por ciento (15.6 comercio, restaurantes y hoteles y 13.1 servicios financieros) lo que refleja ínfimas condiciones de vida de sus habitantes, que los ubica en condiciones muy altas de atraso.

Hay que destacar que a pesar de que la agricultura es de temporal, Zacatecas destaca a nivel nacional en la producción de maíz, avena, trigo, frijol, chile, sorgo, nopal y durazno.

En la minería destaca a nivel internacional en la producción de plata y en Latinoamérica en la producción de zinc.

Es importante mencionar que resulta imperativo incrementar cada año el presupuesto con el objetivo de crear las condiciones suficientes para detonar actividades agroindustriales y de manufacturas, es decir, fortalecer la industria manufacturera, mejorar y ampliar las vías de comunicación terrestre ya que éstas han adquirido gran relevancia para el desarrollo de los pueblos.

Cada vez más resulta obvio que la incomunicación mantiene a las poblaciones alejadas de todo tipo de actividades: productivas¡ educativas¡ culturales¡ de atención a la salud y por tanto a vivir permanentemente en la pobreza y en la marginación¡ pero sobre todo en el aislamiento constante.

Un país bien comunicado brinda a sus habitantes la posibilidad de ampliar sus capacidades productivas, sociales, educativas y culturales, ya que permite la movilidad de personas, de los bienes y de los servicios.

Además se debe considerar que en la actualidad el transporte de personas como el de mercancías es más barato por la vía terrestre, amén que por la ruta aérea es oneroso y con destinos muy selectos y el ferroviario es prácticamente inexistente.

La reducida comunicación terrestre dada por la falta de vías de comunicación o por el deterioro de las ya existentes, va acorde con los niveles de algunos de los principales indicadores socio demográficos. Si se desea revertir esta situación, se deben modernizar las carreteras para disminuir los riesgos de accidentes, permitir el desplazamiento vehicular más ágil, con la finalidad de aminorar los costos de operación así como los tiempos en los recorridos, manera directa beneficiará a mucho más usuarios de otras regiones de la República, contribuyendo también en la integración de corredores regionales que desarrollen y dinamicen el comercio, la industria y los servicios de todo tipo.

Por lo que toca al nivel de alimentación, el 21 por ciento de los habitantes padece pobreza alimentaria, lo que significa que no reciben las remuneraciones suficientes para comer adecuadamente; no tienen acceso a los servicios básicos, ubicando a la mitad de la población también en pobreza patrimonial.

También es prioritario no abandonar la inversión en educación en todos los niveles, la atención a la salud, pero sobre todo mejorar la seguridad pública. La creación y el fomento de actividades económicas permitirán que esta entidad del centro norte del país no siga destacando como la principal expulsora de mano de obra, fundamentalmente hacia el vecino del norte.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asigne presupuesto adicional superior al 2010 para apoyar el desarrollo integral del estado de Zacatecas.

Dado en el salón de plenos del Senado de la República, a los 21 días del mes de octubre de 2010. — Senadores: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Rosario Ibarra de la Garza, Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hoy en día nuestro país libra una dura batalla, por demás dolorosa, contra el cáncer infantil. Desgraciadamente en México ésta es la segunda causa de mortandad en niños, sólo después de los accidentes, inclusive la Organización Mundial de la Salud proyecta que para este año será la primera causa. Diversas organizaciones, como la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, AC, estiman que anualmente mil 500 niños y adolescentes mueren por cáncer en México.

Según información del Hospital Infantil de México, cada año se suman en nuestro país poco más de 7 mil casos de cáncer en niños. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social detallan que los padecimientos cancerígenos más frecuentes entre la población infantil son: leucemia, con casi la mitad de los casos, tumores cerebrales, con un 18 a 20 por ciento de prevalencia y cáncer de ganglios linfáticos o linfomas con un 15 a 18 por ciento. Cabe destacar que varios expertos coinciden en que la mayoría de estos males se desarrolla por condiciones multifactoriales y los menos se deben a causas hereditarias y genéticas.

El panorama no es esperanzador ya que a finales del año pasado sólo se contaba con 100 oncólogo-pediatras en todo el país y 20 hospitales con esa especialidad, pero de tercer nivel de atención nada más hay dos en Monterrey, dos en Guadalajara y seis en el DF. Es una realidad, hoy en día existen muy pocos centros especializados.

Necesitamos enfrentar de lleno este problema, debe de ser un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, a efecto de instrumentar acciones preventivas, pues solo previniendo podremos avanzar. Es sumamente necesario garantizar el diagnóstico oportuno y la atención integral de los menores de 18 años que padecen la enfermedad. También debemos buscar reducir el impacto social y económico que ocasiona a las familias.

Según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, actualmente el cáncer en niños y adolescentes representa que, del 65 al 90 por ciento de las familias sin seguridad social, no cuente con recursos económicos para su atención y entonces enfrentan gastos extraordinarios, sufren la pérdida de sus ahorros, se endeudan, sacrifican el consumo de otros bienes básicos, abandonan la educación o pierden sus viviendas. Pero peor aún, muchos de ellos llegan al abandono del tratamiento por falta de recursos.

El gobierno federal se ha comprometido con la salud de los mexicanos y es una realidad que sí existe apoyo para niños con cáncer en instituciones, fundaciones y en el propio Seguro Popular, donde hay que destacar que también se atiende a mujeres con cáncer de mama o cervicouterino. El comisionado nacional de Protección Social en Salud destacó que en el año 2009, el Seguro Popular financió mil 600 tratamientos de cáncer en niños menores de 18 años. Con este aseguramiento se ha logrado reducir la tasa del abandono del tratamiento de 30 a menos de 7 porciento. Asimismo, a partir del 2008, el gobierno federal puso en marcha el programa “Todos los niños, todos los cánceres”, que garantiza la atención diagnóstica y de tratamiento de los menores de 18 años con esta enfermedad. El año pasado se lograron avances importantes como el financiamiento de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para lo cual se destinaron más de 300 millones de pesos, además de fortalecer la Red de Unidades Médicas Especializadas.

Sin embargo es también evidente que aún hay mucho por hacer, el Seguro Popular manifiesta problemas de desabasto de medicamentos sumamente graves y la mortalidad sigue siendo muy alta en nuestro país. Los recursos son, a todas luces, insuficientes la sociedad ha sido parte importante y debe reconocérsele, en combatir el cáncer infantil. Diversas organizaciones de la sociedad se dan diario a la tarea de atender a niños que padecen este mal, sin embargo batallan día a día para conseguir recursos y la mayoría de las veces no pueden atender al número de niños que quisieran. Organizaciones importantes como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP (Amanc) se enfrentan a diversos problemas como medicamentos costosos, el problema para realizar los traslados, situaciones de desintegración familiar, entre muchos otros. Viven también el dolor de estos niños y niñas, y el de sus familias, que están obligadas a hacer del hospital su segundo hogar, con visitas de cuatro horas, cuatro o cinco días a la semana, durante 30 o 36 meses que dura el tratamiento.

Teniendo en cuenta que el cáncer es la segunda causa de muerte en niños en nuestro país, diversos expertos, inclusive la Secretaría de Salud, aseguran que el 70 por ciento de los casos con un tratamiento adecuado se puede curar. Por eso es necesario que en estos momentos que se discute el Presupuesto de Egresos del próximo año se tomen en cuenta los programas de salud que existen para prevenir, diagnosticar y combatir el cáncer infantil, es necesario que se destine un mayor número de recursos para el año 2011, que permita avances sustanciales y que salven cada vez más vidas. Asimismo es vital que exista claridad en cuanto a los criterios que serán establecidos para destinar recursos a programas y campañas de prevención y detección de cáncer en los niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se fortalezcan los recursos destinados a los diversos programas de salud que atienden a niñas y niños con cáncer en México, debido a su magnitud e impacto como una causa de mortalidad infantil.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 26 de octubre de 2010.— Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre el aumento de plazas y de sueldos para la alta burocracia.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Consideraciones

Como ya es de conocimiento público, el gobierno del señor Felipe Calderón pretende para el 2011 “engordar” a la alta burocracia, aunque ello implique aniquilar a los pequeños y medianos trabajadores de la administración pública federal.

Baste decir que desea elevar a rango de secretaría de Estado a la Consejería Jurídica de la Presidencia, con lo cual serían ya 19 secretarías; asimismo, en el proyecto de egresos para 2011 que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, considera 68 carteras de subsecretarios, pero habrá 353 plazas “homólogas” a ese cargo; respecto a direcciones generales, actualmente hay 28 mil funcionarios con esa plaza, pero para el próximo año los directores generales adjuntos serán mil 381, destacando el aumento de las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente, la primera pasará de 128 a 144 y la segunda de 101 a 124.

En pocas palabras se trata de “despilfarrar” dinero en puestos y condecoraciones innecesarias, y digo innecesarias porque muchas de estas áreas de trabajo no laboran, de lo contrario la situación de este país sería diferente.

Sin embargo, esto no es nuevo. Cuando la Auditoría Superior de la Federación analizó los ingresos del gobierno de Vicente Fox y los dos primeros años de Calderón, dijo de manera fulminante e irrefutable que se habían recabado un billón 281 mil 902.7 millones de pesos gracias a los excedentes obtenidos por los altos precios del petróleo, sobre todo durante la gestión de Fox.

¿Dónde terminó ese dinero? En el caño de la corrupción y en el mejor de los casos para engordar a una ineficiente burocracia blanquiazul. De acuerdo con estudios del Senado la alta burocracia ha aumentado casi 20 por ciento durante la última década. Y alrededor de 71.8 por ciento de esos ingresos petroleros se destinaron a incrementos presupuestales para el gasto corriente de dependencias federales y estatales. En 2001 el número de plazas de alto perfil era sólo de 554 mil 197 puestos. En 2010 la cifra llegó a 660 mil 848, es decir, 106 mil 651 más creadas entre las gestiones de Vicente Fox y de Calderón.

Eso es lo cuestionable de este gobierno; que utilice un doble discurso y que muestre una doble careta, al mismo tiempo que denote su indolencia ante la difícil situación que tiene el pueblo de México: desempleo, carestía, pobreza, marginación social y educativa, y un enorme gasto policial y militar para sostener una fallida estrategia de combate al narcotráfico y a otras expresiones del crimen organizado en aras de lo cual se sacrifican numerosos recursos que podrían ir destinados a la satisfacción de las necesidades sociales básicas de la nación. Es decir, tenemos gobierno rico y pueblo pobre.

Aun cuando este gobierno federal ha celebrado a su manera con “bombo y platillo” los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, la realidad y los hechos terminan por imponerse y evidenciar la ignorancia de este gobierno por el verdadero sentido de ambos acontecimientos históricos.

Baste decir que el cura Miguel Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810, se lanzó a la guerra apoyado por una tropa de militares criollos, indígenas y campesinos, bajo el grito de: “¡Viva la Virgen de Guadalupe, muerte al mal gobierno, abajo los gachupines!”,y que finalmente ello derivaría en una verdadera guerra independentista en busca de crear un Estado soberano e independiente capaz de minimizar las determinaciones del exterior y las profundas desigualdades sociales existentes.

Casi un siglo después, la Revolución de 1910 posibilitó la creación de un Estado nacional que aún tiene –ya que es el que está vigente– la tarea fundamental de preservar la soberanía nacional y la gobernabilidad política democrática, pero propiciando el desarrollo económico y la equidad social, ya que por mandato constitucional (ver artículo 3) y por el origen mismo de las fuerzas que triunfaron en la Revolución, es su razón de ser.

Resulta lamentable que no se entiendan estos preceptos fundamentales por parte de quienes dirigen la hacienda pública nacional.

Lejos de ser el “presidente del empleo” para todos los mexicanos, el señor Calderón se ha empeñado en pasar a las páginas de la historia como el presidente del empleo para los cuates, los compadres, la familia y todo aquel que es cómplice de su cofradía para medio gobernar, en cambio, es el presidente del desempleo para los millones de mexicanos de a pie, que urgen por un puesto laboral, dado las difíciles circunstancias por las que atraviesa el país.

Ello fue el incentivo para que hace más de un año, con motivo de la grave crisis económica que azotaba al país, planteáramos la Ley de Austeridad Republicana, y ello también ha sido el impulso para que de nueva cuenta hace un mes la propusiéramos.

El objetivo con tal medida es sencillo: si se quiere edificar una sociedad más igualitaria y justa requerirnos de una legislación que obligue a los poderes de la Unión a sujetarse a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal,

Esta iniciativa implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con el servicio público, porque éste es eso; trabajadores y servidores del pueblo. Resulta inaceptable el marcado contraste entre las retribuciones de los servidores de la alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población a la que supuestamente sirven.

El país necesita funcionarios con vocación de servicio público, porque éste es una distinción en sí mismo y no la alta remuneración que aleja y confronta a los trabajadores del gobierno con los del pueblo al que supuestamente sirven.

México es aún un país de privilegios para unos cuantos y de enormes carencias para millones. Nosotros querernos cambiar esta circunstancia porque somos conscientes de que no alcanzaremos la democracia, el Estado de derecho o, la seguridad pública, mientras no moderemos la indigencia y la opulencia.

La propuesta ya está sobre la mesa, sólo falta voluntad política, congruencia y verdadera vocación de servicio con la sociedad de ciertas fuerzas políticas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta soberanía exhorte de manera respetuosa, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura para que no permitan la generación de nuevas plazas con elevado rango y onerosos sueldos en la administración pública federal para el ejercicio fiscal de 2011.

Notas:

1 “Los Pinos pide más para alta burocracia”, El Universal, lunes 18 de octubre de 2010.

2 “Burocracia que engorda”, editorial de El Universal,17 de mayo de 2010; http://www.eluniversal.com.mx/ editoriales/48362.html

Dado en el salón legislativo de Xicoténcatl, a los dieciocho días del mes de octubre del 2010.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), diputado César Barrera (p.a. rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche debido a la caída del 18 por ciento de sus ingresos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita senadora Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes

Consideraciones

El 29 de octubre del 2009 se presentó ante el pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. A través de ella se propone aumentar el porcentaje del derecho ordinario sobre hidrocarburos para el Fondo de Extracción de los mismos a 0.80 por ciento, en consideración a que los estados petroleros como Campeche han sufrido por la volatilidad de los precios petroleros; además de la caída en la producción de hidrocarburos, por el agotamiento de las reservas; aunado a que las fórmulas autorizadas en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que entraron en vigor en el 2008, han provocado que los ingresos caigan en un 18 por ciento para Campeche.

Si agregamos, que la parte del golfo donde se asienta el estado es una zona en la cual los fenómenos naturales año con año son más devastadores por el cambio climático, provoca que una parte importante del presupuesto estatal se destine para la reparación de los daños.

Desde que se presentó la iniciativa al momento actual, Campeche sigue siendo uno de los estados con menos recursos recibidos; con la caída de la producción petrolera y de los precios del petróleo, el producto interno bruto del estado es menor cada vez.

No obstante, así como se estableció en esa iniciativa; Campeche resulta triplemente afectado: por el cambio de fórmulas en el Fondo General; por la nueva distribución del Fondo de extracción de hidrocarburos y por los desastres naturales; razones que han incidido para que no se hayan recuperado en este año los ingresos estatales.

Y si a esto le sumamos un factor que no se considerará y que es de suma importancia en las fórmulas para la distribución de las participaciones federales; como son la baja densidad y la alta dispersión poblacional; ha hecho que la administración pública en Campeche, encarezca la construcción de la infraestructura, como carreteras, escuelas, agua potable, luz eléctrica; es decir, de todos los servicios públicos a los que constitucionalmente todo campechano tiene derecho, teniendo que hacerse esfuerzos adicionales en nuestra entidad, la cual no cuenta con ningún rubro en presupuesto compensatorio, condenándose así a ser muy lento el avance en el Estado.

La situación económica de la entidad es cada vez más vulnerable; los programas sociales que tiene el gobierno estatal están amenazados con suspenderse, por falta de fondos en perjuicio de la población de escasos recursos.

Por ello, en vísperas de que se apruebe el presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, presentamos el siguiente exhorto para que la colegisladora determine una partida especial de recursos para el estado de Campeche como lo fue en el ejercicio fiscal del año 2005, aprobado solidariamente por la mayoría de los partidos políticos que hicieron un reconocimiento a la entidad por la situación económica que padece y aun que es la entidad de la cual se extrae por más de 30 años petróleo en su sonda marítima y tiene los más grandes yacimientos que han hecho posible los años gloriosos de producción en nuestro país, enriqueciendo el presupuesto para toda la nación.

No tenemos hasta el día de hoy una ley, una formula y una política federal real, sin doble lenguaje que le haga justicia al estado que sigue siendo el primero en la extracción del crudo en el país y 40 por ciento del gas natural, recibiendo también los altos impactos demográficos, ambientales y sociales como la delincuencia, drogadicción, el alcoholismo y la prostitución que trae consigo la industria petrolera.

Nuestro Campeche ha visto el nacimiento del pozo más grande de petróleo en el mundo: Cantarell, en el año de 1979, que causó grandes esperanzas no sólo en su gobierno, sino en su población en general, donde esta última ha creído que la federación y Petróleos Mexicanos darán un trato justo.

Sin embargo, tristemente han pasado años de su explotación y también su mejor producción estando hoy en día en declive; aunque de pie la esperanza de los campechanos porque sabernos que los Estados de la republica representados en la Cámara de Diputados, históricamente han dado a Campeche un trato justo y equitativo por todo lo que el estado aporta a la nación y por ser afectado en su fuente de ingresos mayor, como lo fue gloriosamente la pesca que hoy sólo es un recuerdo y representa un problema social.

En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter de manera urgente a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación establezca una partida extra de recursos para el estado de Campeche, por la situación económica que padece el estado dada la caída del 18 por ciento de sus ingresos.

Senadora Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares con respecto a los del presente ejercicio fiscal 2010.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto por el artículo 276 del Reglamento para el Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde la perspectiva del ámbito internacional, el derecho a la vivienda es concebido como un derecho básico del ser humano, al considerarse que una vivienda inadecuada e insegura amenaza, sin duda alguna, la calidad de vida de los individuos. De ahí que no resulte extraño que en nuestro país el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4º constitucional, tenga como objetivo principal que los mexicanos podamos disfrutar de una vivienda digna, que nos ayude a la supervivencia segura, autónoma e independiente, que nos brinde la protección necesaria ante las eventualidades climáticas, de los desastres naturales y, en última instancia, que nos provea de los servicios mínimos para el buen desarrollo humano.

Así las cosas, conscientes de la capital importancia que tiene la vivienda digna para el desarrollo humano de cualquier nación, consideramos oportuno y conveniente exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora, a efecto de que establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, que los recursos públicos asignados a la Conavi y al Fideicomiso Fonhapo se ejerzan en las entidades federativas bajo un esquema que privilegie a aquellas que registren mayores niveles de densidad, así como de pobreza y marginación.

Actualmente, la propuesta del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2011 prevé un presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Social de 4,467 millones de pesos, bajo un esquema que promueve un ejercicio centralizado de funciones que constitucionalmente le corresponden a los estados y municipios; entre los que destaca urbanización y rescate de espacios públicos, modernización de registros públicos, regularización de la propiedad y prevención de riesgos.

Así las cosas, se requiere de una política de estado en materia de vivienda que realmente atienda las necesidades particulares de las distintas regiones del país, por lo que se propone que la Cámara de Diputados asigne directamente a los estados de la república, a través de la Conavi y del fideicomiso Fonhapo, los recursos públicos que impulsen decididamente la vivienda en nuestro país, tomando como referencia los indicadores de densidad demográfica, pobreza y marginación, garantizándose así un uso racional de los recursos mismos, pero sobretodo evitando el desvío de los mismos para otros fines absolutamente distintos para los que fueron asignados.

Asimismo, sería conducente incrementar los recursos de la Conavi que actualmente ejerce, de 5,173 millones de pesos a 7 mil millones; mientras que en el caso de Fonhapo, se agregarían 2 mil millones de pesos a la propuesta original de 2,040,067,992, para ser ejercidos con toda transparencia, directamente por los organismos estatales de vivienda, lo cual permitirá una importante corrección que dará elementos para atender a la población de menores ingresos que no tiene acceso a los servicios de previsión social.

El derecho a la vivienda digna presupone unas circunstancias que permitan a la persona acceder a una habitación que se encuentre acorde con su valor como ser humano y que le permita desarrollarse en un ambiente de comodidad y bienestar; pero aunado a ello se requiere una política de estado en esa materia, con un presupuesto perfectamente acabado, y unas directrices claras y eficientes para su ejecución.

De ahí que tengamos la firme convicción de que dicha política de estado debe de tratar igual a los estados iguales, pero también de manera desigual a los desiguales; razón por la cual resulta realmente importante impulsar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de fomentar la construcción de viviendas dignas, es decir, de las que cumplan y contengan los servicios esenciales para un buen desarrollo y satisfacción del individuo, en aquellas zonas del país que registren mayor atraso y desigualdad social, así como mayor crecimiento demográfico nacional.

En suma, asumimos que en nuestra condición de legisladores tenemos el poder de otorgar a todos los habitantes de nuestro país una vivienda decente, pero lo más importante avanzar en la universalización del derecho a la vivienda en todo México.

Por ello, señoras y señores legisladores, de nueva cuenta desde esta tribuna queremos refrendar nuestro compromiso por fortalecer los derechos de nuestro pueblo, lo cual requiere el compromiso firme y decidido de todos y cada uno de nosotros.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 276 del Reglamento para del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, a que establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento en los recursos asignados a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares con respecto a los del presente ejercicio fiscal 2010, mismo que deberán invertirse en las entidades federativas tomando en consideración tanto la densidad demográfica como los niveles de pobreza y marginación de las mismas.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de octubre de 2010.— Senadores: María del Socorro García Quiroz, Rosalinda López Hernández, Norma Esparza Herrera, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Javier Orozco Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila para un subtramo de 19 kilómetros. Asimismo, se destinen y etiqueten recursos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas, conforme al proyecto ejecutivo existente.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadores Antonio Mejía Haro y Ramiro Hernández García, integrantes de la LXI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila para un subtramo de 19 kilómetros (del km 255+000 al km 274+000). Asimismo, se destinen y etiqueten recursos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas conforme al proyecto ejecutivo existente, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en infraestructura carretera resulta necesaria para detonar el desarrollo económico del país, ya que es la columna vertebral del transporte de carga doméstica nacional, por lo que su construcción y mantenimiento es estratégico. El no invertir en este rubro conduce a la disminución de las inversiones nacionales y extranjeras, además de que provoca desigualdad entre regiones y estados del país.

Es por ello que resulta indispensable generar las condiciones para la atracción de capitales por medio de la construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura carretera, para elevar el nivel de competitividad de nuestras economías regionales. Es decir mientras más facilidades e infraestructura brinden los estados, más empresas invertirán, generando desarrollo y empleos que disminuyan el éxodo de mexicanos que se van en busca de oportunidades al país vecino del norte.

De acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno, en el año 2008, la longitud de la red carretera nacional alcanzaba una extensión de 366 mil kilómetros, de los cuales el 36.3 por ciento correspondía a vías pavimentadas, 41.3 por ciento a vías revestidas y el resto a caminos de terracería y brechas mejoradas. Como referencia la red carretera en nuestro país en el 2007 fue de 3.4 kilómetros por cada un mil habitantes, cifra que es considerada baja al compararla con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, quien tiene un promedio de 21.7 kilómetros de red carretera por cada un mil habitantes y donde la mayor parte de su carga doméstica se mueve vía ferrocarril, los datos anteriores reflejan la necesidad de contar con más y mejor infraestructura carretera.

Sin embargo, la ubicación de la red carretera sigue siendo centralizada, pues una elevada proporción de sus carreteras confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesitan de una mayor conexión para poder impulsar sus economías y su desarrollo.

Asimismo, para lograr el desarrollo del campo es necesario contar con infraestructura carretera de calidad, ya que el evidente mal estado en las que se encuentran frena la creación de polos de desarrollo y aleja a regiones rurales del comercio tanto interno como externo, condenándolas a la subsistencia por las condiciones precarias en que se encuentran.

De acuerdo al Inegi, la longitud de la red carretera en Zacatecas en el 2008 fue de 11,841.2 kilómetros, lo que equivale a que tiene 46.25 por ciento de caminos rurales, 28.80 por ciento de carreteras alimentadoras estatales, 14.01 por ceinto troncal federal y 10.92 por ciento de brechas mejoradas.

También, habrá que reconocer que en los últimos años Zacatecas ha crecido de manera muy significativa en infraestructura carretera, esto debido al esfuerzo conjunto de los gobiernos federal y estatal y a la participación activa de los diputados y senadores de la República de la entidad y de estados circunvecinos. Es así que está por concluirse la autopista Zacatecas-San Luis Potosí (ya terminada en el tramo del estado de Zacatecas), se lleva un gran avance en la autopista Zacatecas-Saltillo, de igual manera en la autopista Zacatecas-Malpaso-Jerez, y se avanza en la modernización de la carretera Las Palmas, Fresnillo-Durango, entre otras.

Una de las regiones del estado de Zacatecas más olvidadas en la construcción y modernización de infraestructura carretera es la de los cañones de Juchipila y Tlaltenango, donde por cierto tiene un gran potencial productivo agropecuario y forestal, porque es donde se registran los más altos niveles de precipitaciones, tiene el mejor clima para la producción agrícola a cielo abierto o bajo ambiente controlado, cuenta con un gran número de presas y pequeñas presas, pero sobre todo su gente se destaca por ser trabajadora y emprendedora, lo cual se ve limitado por la carencia de infraestructura carretera moderna.

Bajo un enfoque de desarrollo regional existe un gran interés de los estados de Zacatecas, Jalisco y Coahuila de entroncar la autopista Zacatecas-Saltillo con la autopista a construirse de Zacatecas a Guadalajara vía Juchipila, lo cual acortaría distancias y disminuiría tiempos de traslado de Guadalajara y Zacatecas hacia Saltillo, Monterrey y la frontera con Estados Unidos y se entroncaría además a otros ejes carreteros importantes, lo que favorecería el comercio nacional y extranjero, y el desarrollo de estas regiones.

Hay que mencionar que el proyecto de la autopista Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila ya comenzó tanto de la parte de Zacatecas como de la de Jalisco. A la fecha los avances son los siguientes: por parte de Jalisco se lleva construido del km 0+000 al km 13+100 que es el subtramo correspondiente del periférico norte de Guadalajara a la comunidad San Isidro por el mirador Doctor Atlas; mientras que por el lado de Zacatecas, actualmente se tiene modernizado del km 290 al 278+000 y se encuentra en proceso de construcción del km 274+000 al km 278+000, los cuales se concluirán al 31 de diciembre del presente año.

Además se cuenta con proyecto ejecutivo, registro ante SHCP, exención de impacto ambiental y derecho de vía de otros 19 km, para su ampliación de 7 a corona de 12 metros, subtramo correspondiente del km 255+000 al km 274+000, con un costo aproximado a los 200 millones de pesos.

Por lo que el objetivo de este punto de acuerdo es solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados se destinen 200 millones de pesos para la ampliación de 7 a corona de 12 metros para este subtramo de 19 kilómetros, correspondientes del km 255+000 al km 274+000, de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila.

De igual manera se destinen y etiqueten recursos económicos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas conforme al proyecto ejecutivo existente.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se destinen y etiqueten recursos para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía Juchipila para un subtramo de 19 kilómetros (del km 255+000 al km 274+000). Asimismo, se destinen y etiqueten recursos para la continuación del lado de Jalisco de esta autopista Guadalajara-Zacatecas conforme al proyecto ejecutivo existente.

Dado en la Cámara de Senadores, a los 26 días del mes de octubre de 2010.— Senadores: Antonio Mejía Haro (rúbrica), Ramiro Hernández García.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a contemplar los recursos suficientes y etiquetados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, que permitan sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama a partir de una mayor cobertura de detección temprana.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Apenas el 19 de octubre pasado, celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama. Quizá para muchos esta celebración pasó inadvertida o, simple y sencillamente, nunca han mostrado sensibilidad sobre la problemática que enfrentan cientos de miles de mujeres en nuestro país.

Esto ocurre solamente, cuando se experimenta el padecimiento del cáncer de mama de manera personal o a través de un familiar.

De acuerdo a información proporcionada por el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la tasa de mortalidad por cáncer de mama para finalizar este año será de 17.3 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más edad, que es superior en 2.4 por ciento a la tasa de 16.9 en 2009, y resulta mayor en 3.6 por ciento respecto a la tasa del año 2008.

El incremento sostenido obedece a la asociación de esta neoplasia con el envejecimiento de las poblaciones. México no es la excepción, el envejecimiento de la población ya es una realidad y, cada vez con mayor insistencia, se tendrán que hacer esfuerzos mejor encaminados para la detección del cáncer mamario.

Los países desarrollados han podido revertir la tendencia mundial del incremento sostenido gracias a una buena cobertura para la detección. En México se espera que la detección temprana pueda darse en un 21.6 por ciento a final de esta administración. Esto nos habla de que solo una de cada cinco mujeres tendrá la posibilidad de ser detectada a través de los estudios que realiza el sector salud en el país.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impactar la mortalidad por cáncer de mama se requieren coberturas mayores al 70 por ciento. Este programa en nuestro país es de reciente creación pero es necesario incrementar la infraestructura, los recursos humanos y la capacitación para enfrentar el problema creciente de esta enfermedad.

La protección de la salud es garantía constitucional y condición básica para que toda persona desarrolle sus capacidades.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional a partir de 2006 el cáncer de mama ocupa el primer lugar de causa de muerte por cáncer en las mujeres.

Al año en nuestro país, la tasa de mortalidad por cáncer de mama está cercana a los 5 mil decesos de mujeres de entre los 25 años y más.

Si pensamos en el impacto que esto trae en el núcleo familiar y a nivel social, podremos ver que el costo de las defunciones por esta causa, va más allá de las simples estadísticas.

La probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida, es de una por cada ocho mujeres. Aun cuando es más común la enfermedad en mujeres mayores de 50 años, se puede presentar en mujeres de cualquier edad y de cualquier raza.

Debe destacarse que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 40 por ciento de todos los casos de cáncer son curables si se detectan a tiempo, y entre los de mayor factibilidad de ser diagnosticados de manera temprana, se encuentra el cáncer de mama.

Creemos que tanto el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, como aquellas dependencias de salud de las entidades federativas, deben brindar una mejor atención en la detección temprana del cáncer de mama a través de la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios y la realización de las demás acciones que tengan como características: la calidad y calidez.

La detección temprana puede cambiar el destino de una mujer y su familia. Sin embargo, la detección debe ir acompañada de una serie de acciones por parte de las autoridades de salud para encaminar a la mujer en el proceso de curación.

La diferencia entre detectar un cáncer de mama en etapa temprana y otra en etapa tardía puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. La mejor forma de atacar los efectos mortales de esta neoplasia es concientizando a la población sobre los factores de riesgo y proporcionarle al mismo tiempo, servicios de salud preventivos y de diagnostico oportuno, al tiempo de dar un seguimiento puntal de las pacientes detectadas con cáncer mamario.

Hasta el mes de agosto se contaban en el país con 578 mastógrafos para la detección y diagnóstico. Sin embargo, debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que el Sistema Nacional de Salud realiza en esta materia, la insuficiencia de recursos humanos en radiología e imagenología han provocado que la interpretación de los estudios no se realice en tiempo y forma en beneficio de las pacientes.

Cuando esto ocurre, la paciente pierde la gran oportunidad de tener un diagnóstico temprano que le permita contar con las condiciones físicas y de salud necesarias para revertir el problema.

La salud debe ser considerada un tema de prioridad nacional y un elemento fundamental para lograr equidad, reducir la pobreza e incrementar la calidad de vida los ciudadanos. Esta visión puede por sí misma, brindarnos otras oportunidades como nación.

Es un buen momento para trabajar en las estrategias y mecanismos viables que nos permitan la configuración de un plan extensivo que incluya un paquete básico de servicios de salud para la prevención de enfermedades, con la oportunidad que tenemos de hacerlo antes de que nos alcance el fenómeno del envejecimiento de la población. El cáncer de mama es un ejemplo en el que debemos ocuparnos.

Requerimos acelerar el desarrollo de infraestructura en hospitales, clínicas, casas de salud, unidades móviles, capacitación actualizada para médicos, enfermeras y promotores de salud, entre otros, a fin de lograr programas efectivos para la orientación, prevención, detección temprana y atención integral en la rehabilitación de las enfermedades.

Es una realidad que se requieren mayores recursos financieros para lograr verdaderos cambios estructurales y eficientes programas operativos en materia de salud. De ahí el interés de promover los proyectos de las Unidades Médicas Especializadas en Mama (Unemes).

Es por todo ello, que es necesario redoblar esfuerzos y dotar de equipamiento y personal capacitado a los centros oncológicos del país para la realización e interpretación de mastografías, con el propósito de apoyar los trabajos que el gobierno federal y los de las entidades federativas realizan en esta materia.

Es importante reconocer las carencias para saber hacia donde encaminar los esfuerzos en materia de salud pública, así como dotar de recursos a los diferentes programas para atender el cáncer de mama con el objetivo de encontrar un mejor desempeño y mayor eficacia de los mismos.

No podemos seguir malgastando los recursos del Seguro Popular y permitir que sigan siendo las entidades federativas las que con criterios parciales y poco estandarizados, subroguen los servicios de mastografía e interpretación a particulares, elevando el costo por estudio y brindando, en muchos de los casos, una atención que solo responde a intereses económicos y que nada tienen que ver con los servicios de calidad y calidez que deberían caracterizar este tipo de servicios, pero sobre todo, responder a una obligación del Estado mexicano.

Como vemos, es necesario darle un mejor uso a esos recursos para permitir la construcción de un mayor número de Unemes en la República mexicana, con el equipamiento y contratación de personal capacitado para su correcto funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, y a la honorable Cámara de Diputados, por medio de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se contemplen los recursos suficientes y etiquetados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de año 2011, que permitan sustentar un programa de salud pública que ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido del cáncer de mama a partir de una mayor cobertura de detección temprana, al tiempo de sentar las bases en infraestructura, recursos humanos y capacitación, con la construcción y operación de un mayor número de Unidades Médicas Especializadas en Mama (Unemes).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días de octubre de 2010.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Programación y Presupuesto.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa para que se dictamine el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 15 de octubre de 2009.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud, la cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, Francisco Agundis Arias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 214, numeral III, 216 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva enviar excitativa a la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se proceda a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 15 de octubre de 2009, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante el pleno de la LXI Legislatura del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter a la Ley de Coordinación Fiscal.

2. La iniciativa en cuestión tiene como finalidad la creación de un fondo de aportaciones para el medio ambiente, cuyo objetivo fundamental es la distribución de recursos para la atención del cambio climático. En la iniciativa se propone que el fondo se constituya con cargo a recursos federales, determinados en forma anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que sea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que cada ejercicio fiscal formule una propuesta a la Secretaría de Hacienda para la integración de recursos a este fondo.

3. Los recursos de este fondo se propone que se destinen para conducir políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección a la capa de ozono; diseñar e implementar un programa de modelación de clima y el sistema de información climática; realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y enfrentarlos; normalizar el ahorro y eficiencia de energía en instalaciones estatales y municipales; generar capacidades para contabilizar las emisiones de gases con efecto invernadero; implementar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos Mexicanos, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos tendentes al mismo objetivo; e impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de interés nacional en relación con el cambio climático y difundir sus resultados.

4. La iniciativa propone que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue a las entidades el fondo de aportaciones para el medio ambiente de los estados y del Distrito Federal con base en los criterios que la Semarnat determine, utilizando para la distribución de los recursos criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de contaminación atmosférica de cada entidad y los desastres naturales asociados al cambio climático.

Finalmente, propone que los estados y el Distrito Federal deberán reportar trimestralmente a la Semarnat el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia.

6. La iniciativa antes señalada fue turnada a la honorable Cámara de Diputados sin que a la fecha haya sido dictaminada.

Consideraciones

1. Como sabemos, durante los últimos años nuestro país ha sido víctima de graves desastres naturales provocados por el cambio climático. Recientemente, hemos podido constatar las grandes pérdidas humanas, materiales y ecológicas que provocaron las fuertes inundaciones del estado de Veracruz.

Al respecto el secretario de Hacienda, licenciado Ernesto Cordero, ha señalado la necesidad de “diseñar una política pública para sacar recursos para atender las consecuencias de desastres naturales, que más frecuentes van a ser en el país”.

De manera que la propia autoridad ha considerado la conformación de un fondo específico para la atención del cambio climático.

2. Desafortunadamente, el país se enfrenta a una situación de escasez de recursos, pero igual de desafortunado y crítico es el hecho de que el cuidado del medio ambiente no puede esperar más.

El cambio climático que hoy experimenta el mundo no es un asunto coyuntural, es una situación grave y las repercusiones que sufre nuestro país debido a ello son severas.

Si no se da atención a este problema las pérdidas humanas, ecológicas y económicas por los desastres naturales que se desprenden de este hecho seguirán en aumento, provocando que seamos un país no sólo con escasos recursos naturales, sino un país aún más empobrecido.

3. El cambio climático es un problema que no ha pasado inadvertido en el país, el 31 de mayo de 2005 se constituyó, por decreto presidencial, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como un órgano federal responsable de formular políticas públicas y estrategias transversales de prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, es la encargada de promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los demás instrumentos derivados de ella, particularmente el Protocolo de Kioto.

Pese a ello, los recursos y estrategias específicas para dar atención al cambio climático siguen sin presentarse.

Adicionalmente, México ha propuesto la creación de un fondo mundial contra el cambio climático: “el Fondo Verde”. Este fondo busca convertirse en un mecanismo financiero que movilice y concentre los distintos esfuerzos de inversión para la atención del cambio climático.

Su objetivo es ampliar la escala global de mitigación de gases de efecto invernadero al estimular la participación de países tanto desarrollados como en desarrollo.

Si bien la presencia y preocupación por el cambio climático de México a nivel mundial ha sido importante, no deja de ser lamentable que las políticas al interior del país sean escasas y sin una concatenación a las tendencias internacionales. Es decir, nuestro gobierno no hace extensiva su propuesta internacional a los mexicanos, pues no existe ningún Fondo Verde que permita una derrama de recursos para el cambio climático entre los estados y municipios de la nación.

4. Por todo esto, consideramos urgente que bajo el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, la Cámara de Diputados considere la dictaminación de esta iniciativa con la finalidad de que se conforme por ley un fondo de aportaciones para el medio ambiente, y año con año existan recursos suficientes para mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ecológica.

Señor presidente; por lo expuesto, el que suscribe, solicita de la manera más atenta de trámite a la siguiente:

Excitativa

Único. El Senado de la República excita a la honorable Cámara de Diputados, a presentar dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adicionan los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter a la Ley de Coordinación Fiscal.

Atentamente

Senador Francisco Agundis Arias (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, solicitud de excitativa para que se dictamine el proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado el 28 de abril de 2010.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Francisco Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, Senadores de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, solicitamos que en uso de la facultad que le confieren tanto el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como los artículos 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicite excitativa, en nombre de esta Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, para que se presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada a esta soberanía el 28 de abril de 2010, por los senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, que fue turnada desde aquella fecha a la Cámara de Diputados, bajo las siguientes

Consideraciones

Durante la sesión del 28 de abril de 2010 el senador Eloy Cantú Segovia, presentó en nombre de un grupo de senadores de diversos grupos parlamentarios, en uso de nuestra facultad constitucional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Según consta en el diario de los debates de la Cámara de Diputados, durante la sesión del 29 de abril de 2010, la mesa directiva de los diputados, dio cuenta del oficio mediante el cual esta Cámara de Senadores le remitió la iniciativa en comento, dictando turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, desde aquel momento la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados no se había reunido con sus pares, para desahogar la carga de trabajo a la que se ven sometidos los diputados en los meses en que se aprueba el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación, pero es precisamente durante ese lapso en que es conveniente analizar las propuestas que se hacen en una y otra Cámara para ejercer cabalmente la función presupuestaria del Poder Legislativo de la Unión.

Ya van a ser más de medio año desde que se presentó y turnó la iniciativa, desde entonces la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ha sesionado en una ocasión y evidentemente se ha excedido varias veces los plazos legales previstos en los reglamentos. Si bien el nuevo Reglamento del Senado de la República, establece un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno el citado reglamento regula los procedimientos legislativos del Senado de la República. Sin embargo, se establecen también plazos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece al respecto:

Artículo 21. Son obligaciones del presidente:

...

XVI. Excitar a cualquiera de las Comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión; y

...

Artículo 87. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Ha transcurrido casi medio año de la presentación de la iniciativa, y sigue sin existir viabilidad en el país, es decir, se sigue sin fomentar la competitividad. La propuesta de iniciativa pretende atizar la realización de inversiones en materia de investigación y desarrollo tecnológico que promueva la innovación en nuestros procesos productivos en general.

Hoy en día, nuestro país ha recurrido a la importación de tecnología sobre el desarrollo de la capacidad de innovación doméstica, siendo el segundo país con menor proporción de gasto del PIS en cuestiones de investigación y desa-rrollo tecnológico entre los países miembros de la OCDE.

Si bien existen estímulos directos para fomentar estas actividades, el año pasado se derogó el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el que se establecían estímulos fiscales a las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico, es decir, estímulos indirectos que son los que fomentan la realización voluntaria de estas actividades por parte de los propios contribuyentes.

Cabe destacar que 23 de 30 países miembros de la OCDE cuentan con un programa de estímulos fiscales. Este organismo recomienda los esquemas que incluyen estímulos mixtos, es decir, tanto el subsidio directo a las actividades como los estímulos fiscales que son indirectos, ya que fomentan el interés del sector privado en la innovación y generación de nuevos procesos y productos, lo cual resulta en la creación de nuevos y mejores empleos.

Asimismo, la Ley de Ciencia y Tecnología en el artículo 12, fracción VII, establece los principios que regirán el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, entre éstos, promover mediante la creación de incentivos fiscales y de otros mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones crecientes para la innovación y el desarrollo tecnológicos.

Por lo anterior, la iniciativa propone restablecer el estímulo fiscal a los contribuyentes de hasta el 30 por ciento de la inversión y gastos realizados en proyectos de desarrollo tecnológico para nuevos productos, materiales, procesos y servicios, aplicable al impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal que corresponda dicha inversión y gastos.

Al restablecer este estímulo fiscal se fomentará la innovación y el desarrollo de productos, materiales y procesos de producción que favorecerán la competitividad de nuestro país.

Por las anteriores consideraciones, y con fundamento tanto en el inciso g), numeral 1, del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como los artículos 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicitamos al presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Senadores, tenga a bien solicitar la excitativa a la Cámara de Diputados, a fin de que se presente dictamen en términos de ley.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 26 de octubre de 2010.— Senadores: Francisco Javier Castellón Fonseca, Eloy Cantú Segovia (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández,diputado federal de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa de ley que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Los impuestos que se generan de la percepción de salarios, merman de manera significativa la economía de los trabajadores, sin embargo estamos conscientes de lo importante que son para el ejercicio fiscal. Por tanto es fundamental que las dos partes, recaudador y contribuyente, se encuentren en situaciones equitativas y justas.

2. En el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se enumeran distintas situaciones en las cuales el contribuyente está exento del pago de dicho impuesto. En este artículo en la fracción  XI se especifica que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, y establece que estará exento en este concepto hasta por un monto elevado a 30 días de salario mínimo, sin embargo, al hacerlo en base al salario mínimo, la cantidad de impuesto exento es pequeña, y recordemos que las prestaciones se pagan con base en el salario diario, así que se presenta una desigualdad que perjudica las prestaciones del trabajador.

Por tanto, la exención del impuesto sobre la renta de las prestaciones debe ser calculada bajo el mismo criterio, es decir, que estará exento hasta por 30 días de salario diario.

3. Es preponderante homologar estos criterios para lograr congruencia en la recaudación y hacerla más justa y transparente para ambas partes. Ya que resulta obvio que si una prestación, como el aguinaldo, por ejemplo, se exenta parcialmente en base al salario mínimo general de la región geográfica, este beneficio fiscal para el trabajador es muy escueto siendo que no está calculado bajo criterios que logren concordancia entre  la exención y las prestaciones.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se modifica el artículo 109 fracción XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I .a X . ...

XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario diario del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días del salario diario del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de 1 salario diario del trabajador por cada domingo que se labore.

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado. Sonido en la curul del diputado José del Pilar Córdova Hernández.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández(desde la curul): Señor presidente, se turne también a la Comisión del Trabajo para su opinión correspondiente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como ha solicitado el diputado, se turna también a la Comisión del Trabajo. Por tanto, esta iniciativa del diputado Córdova Hernández queda turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo.

Le pregunto al diputado, ¿va usted a exponer la iniciativa que sigue o todas son de sólo turno?

El diputado José del Pilar Córdova Hernández(desde la curul): Sólo turno.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del propio diputado José del Pilar Córdova Hernández, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en  la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa de ley que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. La educación juega un papel importante en el desarrollo de un pueblo, ya que el crecimiento intelectual del ser humano es preponderante en el avance de las distintas áreas que impulsan la prosperidad de una nación. Por ello es vital que como autoridades legislativas, comprometidas con nuestro país, actualicemos y nos ocupemos más de los temas concernientes a la educación.

2. En los últimos años ha sido motivo de estudio el cómo afectan los programas con contenido inapropiado a la mente en desarrollo de los menores, arrojando en los resultados, que son ya del conocimiento general, que existen programas que promueven la violencia, discriminación, odio y desprecio.

En la Carta Magna y en la Ley General de Educación se establecen fines específicos sobre la forma en la que debe estar orientada la educación para construir un país democrático, sin discriminación y que fomente armónicamente el desarrollo de todas facultades del ser humano.

De igual forma el artículo tercero constitucional, fracción segunda, inciso B, cita de la siguiente  manera respecto a la educación:

Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

3. A pesar de que en el artículo 74 de la Ley General de Educación se establece la obligación de los medios de comunicación de contribuir al logro de las finalidades previstas para la impartición de la educación,  la realidad es muy distinta, ya que actualmente, se transmiten programas que propician la violencia, la discriminación, el odio racial, la pornografía, entre otros, que van en contra de los ideales educativos de nuestra nación.

4. Es primordial proteger a los menores de las emisiones televisivas y cualquier otra publicación con escenas de violencia, sexo explícito, odio y racismo, con la mira de defender los valores humanísticos, formativos y educativos de contenidos dañinos u ofensivos.

Por ello es de suma importancia que una autoridad tenga la competencia de vigilar y vetar los programas que se contrapongan a los fines de la educación establecidos en nuestras leyes.

5. El artículo 11 de la Ley General de Educación establece que la máxima autoridad educativa federal es la Secretaria de Educación, por ello es quien debe vigilar y regular que  los programas y publicaciones no interfieran en los objetivos de la educación en México.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIV al artículo 12, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Vigilar el cumplimiento del artículo 74, pudiendo vetar programas y publicaciones, cuyo contenido se contraponga o interfiera con los fines establecidos en la presente ley.

Único.El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Alejandro del Mazo Maza, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 6o., y 22 de la Ley de Vivienda

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Iniciativa que reforma los artículos 4o., 6o. y 22 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, en tenor de las siguientes

Consideraciones

Para un país en proceso de cambio cuyo objetivo es lograr un desarrollo humano integral, equitativo y sustentable, las cifras anuales de pérdidas provocadas por el embate de los fenómenos naturales constituyen una condición inaceptable. Sin duda alguna se ha avanzado, sin embargo, son aún insuficientes los logros y es necesario, invertir mayores esfuerzos y recursos para transitar de un esquema reactivo a uno preventivo. Por ello es indispensable establecer estrategias, políticas y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir el efecto de los fenómenos perturbadores con la coparticipación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, sectores sociales y privados.

Este cambio de estrategia debe lograr que la sociedad sea capaz de afrontar los peligros naturales y generados por el hombre asegurando al mismo tiempo que el desarrollo no incremente su vulnerabilidad y por ende el riesgo. Sólo así se podrá garantizar un país menos vulnerable y una población más preparada y segura.

Un requisito esencial para la puesta en práctica de las acciones de protección civil, políticas de prevención y mitigación del impacto de los desastres, es contar con un diagnóstico de riesgos, es decir, conocer las características de los eventos que pueden tener consecuencias desastrosas y determinar la forma en que estos eventos inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno. Una manera efectiva para integrar esta información y hacerla disponible a un amplio número de usuarios, es a través de un Atlas. La cartografía digital y los sistemas informáticos modernos ofrecen una herramienta de gran utilidad para la representación de peligros y riesgos a diferentes escalas y detalles, así como la generación de diferentes escenarios a través de modelos y simulaciones.

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil en su artículo 12, fracción XVII, es atribución de la Secretaría de Gobernación desarrollar y actualizar el atlas nacional de riesgos. Para tal efecto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), como apoyo técnico del Sistema Nacional de Protección Civil, se ha dado a la tarea de emprender el desarrollo del mismo.

El reto que se ha establecido es la integración de un sistema de información sobre el riesgo de desastres detallado a nivel municipal y de comunidades en zonas de riesgo. La integración de este atlas nacional de riesgos (ANR), demandará un enorme esfuerzo de investigación, recopilación de datos, trabajo de campo, y sobre todo de coordinación multiinstitucional, siendo indispensable la participación de los tres niveles de gobierno, las autoridades de Protección Civil, organizaciones públicas y privadas, así como la población en general.

El ANR será consistente con los atlas estatales y municipales de riesgos y cuenta con diagnósticos a nivel local, partiendo de criterios homogéneos y siguiendo una metodología común. Es por esta razón que el Cenapred ha encaminado sus esfuerzos para proponer lineamientos generales y criterios uniformes para identificar y cuantificar los peligros, establecer las funciones de vulnerabilidad y estimar el grado de exposición.

Los antecedentes del atlas nacional de riesgos se remontan a 1991, cuando la Secretaría de Gobernación publicó una primer versión general del Atlas Nacional de Riesgos y más recientemente el Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en la República Mexicana elaborado por el Cenapred en 2001. En los últimos años, varias entidades federativas han elaborado sus respectivos atlas y otras se encuentran desarrollándolos.

Las herramientas actuales para el manejo de información, así como los avances logrados en la identificación del peligro y el desarrollo de modelos para su representación, han permitido cambiar el enfoque tradicional de un Atlas de Riesgos, de ser una colección de mapas, a un sistema integral de información que permita evaluar el riesgo de desastres a diferentes niveles y escalas, que permita la realización de simulaciones y escenarios, y muy importante, que pueda ser actualizado fácilmente y se mantenga vigente.

México se encuentra situado en una región afectada por diversos fenómenos naturales y generados por el hombre, que anualmente causan daños, pérdidas económicas y lamentablemente pérdida de vidas humanas. El país se encuentra situado en una zona de alta actividad sísmica y volcánica provocada por el movimiento de 5 placas tectónicas. Es por ello que dos terceras partes del territorio se encuentran en zonas de alto y muy alto peligro sísmico. Asimismo el gran número de volcanes que existen, 14 de ellos se les consideran activos ya que han tenido actividad eruptiva en tiempos históricos.

La ubicación del país y sus características geográficas favorecen también la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, como los 25 huracanes que en promedio se generan anualmente afectando principalmente las zonas costeras en ambos litorales. Asociadas a estos fenómenos también se presentan lluvias torrenciales que provocan inundaciones y deslaves. Por el contrario, algunas regiones del país se ven afectadas por escasez de agua durante tiempos prolongados dando lugar a sequías. Algunas otras regiones se ven afectadas por sistemas invernales. Adicionalmente existen fenómenos como los incendios forestales, marea roja, y las actividades humanas relacionadas con la industria y el manejo de materiales peligrosos, que igualmente afectan año con año al país.

Por sus efectos, los desastres pueden tener importantes consecuencias en el ámbito económico y social, en el de-sarrollo de una región e inclusive llegar a comprometer la seguridad nacional. Por tanto, su impacto puede incidir significativamente en el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Así, en las últimas dos décadas (1980-1999), los efectos causados por los desastres en México significaron, en promedio anual, pérdidas de 500 vidas humanas y daños materiales por 700 millones de dólares.

El riesgo depende de las condiciones específicas de un sitio en estudio, según su ubicación, y de los fenómenos que pueden manifestarse con mayor o menor intensidad. Asimismo, las condiciones de vulnerabilidad de los sistemas expuestos de una región condicionan los niveles de riesgo a que está sometida. Por ello el primer paso para la construcción de un atlas de riesgos es la identificación de los fenómenos que han afectado y por lo tanto podrán afectar un área geográfica.

En México, el Sistema Nacional de Protección Civil reconoce, de acuerdo con su origen, los siguientes agentes perturbadores:

• Fenómenos geológicos;

• Fenómenos hidrometeorológicos;

• Fenómenos físico-químicos;

• Fenómenos sanitario-ambientales;

• Fenómenos socio-organizativos.

Fenómenos geológicos.

Los fenómenos geológicos son aquellos eventos producidos por las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre, dando como resultado, sismos, erupciones volcánicas, maremotos (tsunamis), inestabilidad de laderas, deslizamientos y colapso de suelo, así como hundimientos y agrietamientos locales y regionales.

En el siglo pasado ocurrieron 71 grandes sismos, que en la mayoría de los casos produjeron daños y víctimas.

La tercera parte de la población vive en zonas de muy alto y alto peligro sísmico, incluyendo los estados de mayor índice de marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas).

Con respecto al peligro volcánico, la tasa de erupción media durante los últimos 500 años ha sido de 15 erupciones por siglo.

La inestabilidad de laderas naturales y la ocurrencia de flujos de lodo y escombros, hundimiento regional y local pueden afectar prácticamente todo el territorio nacional.

Las condiciones en las laderas se agravan por la deforestación, intemperismo, erosión y por la alteración de las condiciones de drenaje y de equilibrio originales.  El riesgo y consecuencias se ven incrementadas por la presencia de asentamientos humanos irregulares.

Los daños generados por fenómenos geológicos en el periodo de 1980-1999 ascendieron a 4 mil 560 millones de dólares y 6 mil 97 muertos.

Fenómenos hidrometeorológicos.

Los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos eventos producidos por las acciones atmosféricas dando como resultado, ciclones tropicales, inundaciones, nevadas, granizadas, sequías, lluvias torrenciales con sus consecuentes inundaciones y deslaves, temperaturas extremas, tormentas eléctricas, mareas de tempestad e inversiones térmicas.

Las fuertes precipitaciones pluviales pueden generar intensas corrientes de agua en ríos y flujos con sedimentos en las laderas de las montañas que han destruido infraestructura económica y social como viviendas, hospitales, escuelas y vías de transporte.

Las granizadas producen afectaciones en las zonas de cultivo, obstrucciones del drenaje y daños a estructuras en las zonas urbanas.

Las sequías provocan fuertes pérdidas económicas a la ganadería y la agricultura por periodos de meses o años.

Fenómenos físico-químicos

En este grupo se incluyen los incendios, explosiones, envenenamientos por fugas de sustancias peligrosas y daños causados por radiaciones.

El manejo de sustancias químicas peligrosas, se presentan con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y económico es elevado. La principal herramienta para combatir estos accidentes es la prevención y el primer paso es la adecuada identificación de los peligros asociados al almacenamiento, transporte y distribución de las sustancias y materiales peligrosos.

En las últimas décadas, en México ha habido un proceso de aumento de la población en zonas urbanas con muy poca planeación, respeto a las regulaciones sobre uso de suelo o zonas de reserva ecológica, y menos hacia las zonas vulnerables a ciertos fenómenos naturales y antropogénicos.

La actividad productiva en las diferentes instalaciones industriales generalmente implica el manejo y almacenamiento de sustancias químicas, así como su transporte por las vías de comunicación o mediante tuberías. Muchas de estas sustancias son peligrosas debido a sus propiedades de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, reactividad y corrosividad.

Dichas sustancias son clasificadas como peligrosas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para los centros de trabajo de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo al Reglamento para el Transporte Terrestre de Sustancias y Materiales Peligrosos y la NOM-002-SCT-2003 Listado de sustancias y materiales más usualmente transportados; y por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de acuerdo al Primero y segundo listados de actividades altamente riesgosas, y en el caso de los residuos peligrosos la NOM-052-ECOL-1993 Características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

Los accidentes relacionados con sustancias químicas pueden presentarse por diversas causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundación, erupción volcánica, etc.), fallas operativas en los procesos industriales, fallas mecánicas, errores humanos y causas premeditadas.

En el manejo y transporte de sustancias químicas pueden presentarse como consecuencia de un accidente, los siguientes eventos:

• Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas.

• Liberación de líquidos o sólidos peligrosos.

• Incendios o explosiones.

De manera general los accidentes pueden provocar daños al ambiente, a las propiedades y a la salud de los trabajadores o a las personas que habitan en los alrededores de las industrias, de las vías de comunicación o de los ductos.

Los accidentes con sustancias químicas pueden tener efectos negativos sobre:

• La salud de la población a corto y a largo plazo, por ejemplo: irritación de ojos y piel, tracto respiratorio, nausea, vómito, daño renal, hepático, gastrointestinal, respiratorio o neurológico.

• El ambiente: contaminación del suelo, aire y agua (superficial y subterránea).

• Las construcciones: daño a maquinaria y equipos, instrumentos, instalaciones industriales, casas y comercios.

• La economía: suspensión de actividades productivas, pérdida de empleos, gastos de reconstrucción de viviendas y servicios públicos, así como gastos de auxilio a la población afectada.

Fenómenos sanitario-ambientales

Son todos aquellos que afectan a la salud de una masa poblacional, como son el caso de las epidemias como el cólera, sarampión o SIDA, de plagas como las cucarachas, ratas, abejas africanizadas, etc. En este grupo se destaca la basura, la cual además de alimentar a las plagas, se convierte en focos de infección, en este grupo también pertenecen las lluvias acidas.

Agente perturbador de origen sanitario: calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.

Fenómenos socio-organizativos

Son todos aquellos derivados de grandes concentraciones de personas. Este puede ser considerado como el más dañino para la población, y a su vez es el más ignorado. Algunas de sus manifestaciones son: suicidios, violaciones, alcoholismo y drogadicción. También aquí se encuentran las marchas, mítines, manifestaciones, eventos deportivos y musicales, terrorismo, amenazas de bomba, golpes de estado, guerras civiles, accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, la interrupción o desperfectos en el suministro y operación de servicios públicos y sistemas vitales.

Antecedentes

La falta de leyes que limiten el uso de zonas de riesgo a propiciado que empresas constructoras como, el consorcio ARA, realizara la edificación de 13 mil viviendas sobre terrenos de la ex empresa de Sosa Texcoco. Estos terrenos se encuentran contaminados con residuos alcalinos, corrosivos y tóxicos, los cuales se dispersan por causa del viento.

En esta zona el subsuelo se encuentra contaminado principalmente por sodio, el cual es altamente corrosivo para las construcciones, este elemento al combinarse con agua se convierte en sosa cáustica, la cual quema, y al contacto con el cuerpo humano es sumamente agresiva, provocando problemas respiratorios y de presión arterial. Además el  subsuelo de la Sosa Texcoco está formado por arcillas expansivas, las cuales contienen calcio, magnesio y potasio. Por tanto este tipo de terrenos no son aptos para la construcción, y por muy resistentes que sean los materiales utilizados, las estructuras presentaran agrietamientos y hundimientos diferenciales.

De acuerdo con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), son 10 mil las familias que viven en una situación crítica de riesgo y deben desocupar o rehabilitar esas casas de inmediato.

Para clasificar las zonas vulnerables y así determinar las acciones para atender a la población, el INVI estableció una división de los riesgos. El primero lo conforman los hidrometeorológicos, que son escurrimientos en cauces de río y taludes en barrancas por las lluvias. En donde dos mil familias se deben atender urgentemente.

El segundo grupo es geológico, donde se reúnen las grietas, hundimientos en el suelo (minas) y las cavernas. En este grupo se tienen censadas entre 5 y 6 mil familias. Un tercero son los riesgos estructurales, donde los inmuebles tienen deficiencias en su construcción. Se tienen contabilizados 6 mil 627 casos.

En Iztapalapa es donde las viviendas presentan los tres problemas, mientras que Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tláhuac presentan riesgos estructurales y geológicos.

Tan sólo en Miguel Hidalgo se tienen contabilizadas 25 mil personas que habitan sobre minas. En el caso de las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Xochimilco, los problemas de la viviendas son causados por los riesgos de los tipos hidrometereológico y geológico.

En Álvaro Obregón, 60 por ciento de su población está en riesgo, ya sea por habitar en la ladera de una barranca, en el cauce de un río, sobre una mina o encima de una caverna.

Las lluvias y ríos son los principales factores de vulnerabilidad para las viviendas ubicadas en las demarcaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, el riesgo de tipo estructural es decir, “de inmuebles dañados” está presente en las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco y Coyoacán.

En la barranca Santa Rita, tan sólo del lado de la delegación Cuajimalpa, se tienen contabilizadas en total 64 viviendas irregulares. La mayoría está asentada sobre un cóncavo de la tierra, de manera similar en la colonia Alfafar, de Álvaro Obregón, las autoridades detectaron una larga mina que pasaba debajo de las casas.

Mientras que en los departamentos de la Unidad Habitacional La Concordia Zaragoza, en Iztapalapa, las grietas en el subsuelo han provocado que los edificios se hundan y ponga en peligro la estructura del inmueble.

Las personas que habitan en zonas de riesgo no lo hacen porque sea su decisión, sino porque es una alternativa extrema a la falta de oportunidades para obtener una mejor vivienda. También se debe a una incapacidad de los gobiernos para atender la demanda de vivienda, planeación urbana y del territorio.

Este crecimiento se da por irresponsabilidad e intolerancia de las autoridades, que lo permiten sin hacer algo para evitarlo. Pero también, es porque las personas que se aventuran a vivir en esas zonas de riesgo carecen de una cultura de protección civil al igual que las autoridades.

Las zonas de mayor riesgo incluyen, entre otras, las orillas de los ríos y las laderas de las montañas. Estas últimas cada vez están más expuestas a derrumbes y deslaves por causa de la deforestación.

Los más expuestos a los desastres son los más pobres, que se ven obligados a asentarse en estas zonas. No en balde el último Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, publicado por Naciones Unidas y el Banco Mundial, destaca que las comunidades más desfavorecidas sufren una parte desproporcionada de las pérdidas.

“Este primer Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas no se limita a revisar y analizar de manera exhaustiva las amenazas naturales que acechan a la humanidad, sino que también aporta pruebas nuevas y llamativas sobre cómo, dónde y por qué está aumentando el riesgo de desastres a nivel mundial. Ese riesgo se concentra sobre todo en los países de renta media y baja, y afecta más a las personas que viven en zonas rurales pobres y en barrios marginales. Pero tampoco los países ricos quedan incólumes, como desgraciadamente dejaron patente, a principios de este año, los incendios que asolaron Australia. El riesgo de desastres afecta a todas y cada una de las personas del planeta: hombres, mujeres y niños.

Los estudios detallados de esta evaluación global piden urgentemente un cambio radical en las prácticas aplicadas al desarrollo, con un nuevo e importante enfoque hacia la dirección y planificación para casos de desastre.

Cuando fenómenos como las inundaciones, las sequías, las tormentas, los terremotos y los incendios coinciden con “motores de riesgo” como el aumento de la urbanización, una gobernanza urbana deficiente, unos medios de vida rurales vulnerables y la degradación de los ecosistemas, pueden provocar sufrimiento humano a escala masiva y pérdidas económicas incalculables.”

Los hogares pobres también suelen tener una menor capacidad de respuesta, puesto que carecen de capacidad para movilizar o acceder a los activos necesarios para mitigar las pérdidas y difícilmente cuentan con una cobertura mediante seguros o sistemas de protección social.

Actualmente se tiende a priorizar la respuesta a las emergencias más que la reducción de riesgos. No se invierte lo suficiente en temas como el ordenamiento territorial o el manejo de los ecosistemas.

En el informe de Naciones Unidas, destaca el ejemplo de países de escasos recursos como Cuba y Bangladesh, que han logrado reducir dramáticamente el número de muertos por desastres naturales gracias al buen funcionamiento de estos dispositivos y otros esfuerzos en materia de prevención.

Los costos que se relacionan con las manifestaciones de riesgo extensivo son importantes. El atributo más fiable en las bases de datos sobre desastres es el de destrucción y daños causados en el sector de la vivienda. En México, los informes de pérdidas por desastres documentaron 316 mil 928 viviendas destruidas y 471 mil 708 hogares dañados en manifestaciones de riesgos intensivos entre 1980 y 2006, y 29.510 hogares destruidos y 1 millón 468 mil 509 hogares dañados en relación con manifestaciones de riesgos extensivos. El costo de cada vivienda destruida en México ha sido estimado en 16 mil 800 dólares 8 y el de una vivienda dañada en un 20 por ciento de ese valor.

Sobre la base de estos valores, el costo de viviendas destruidas y dañadas entre 1980 y 2007 como consecuencia de riesgos intensivos fue de 6 mil 909 millones de dólares, en comparación con los 5 mil 429 millones de dólares que costaron los riesgos extensivos.

Dicho de otro modo, las pérdidas relacionadas con riesgos extensivos representaron aproximadamente el 44 por ciento del total de pérdidas económicas del sector de la vivienda.

Si se aplica la misma metodología a toda la muestra, la destrucción y los daños provocados por riesgos extensivos representarían aproximadamente el 34 por ciento del valor de las pérdidas económicas en el sector de la vivienda.

Las pérdidas en otros sectores, como educación, sanidad y transportes, así como de personas afectadas, están relacionadas también con riesgos extensivos: el 57 por ciento de los daños en escuelas, el 65 por ciento de los de hospitales, el 89 por ciento de los de carreteras dañadas o destruidas, y el 79 por ciento de las personas afectadas.

Esta reforma a la Ley de Vivienda pretende evitar y mitigar el uso de zonas de riesgo para proyectos de vivienda, que pongan en peligro a la población, además de identificar los tipos de fenómenos que afectan dichas zonas. A través de esta reforma debemos de empezar a transitar sobre un esquema preventivo en cuanto a desastres, para así evitar pérdidas humanas y materiales. En este año pudimos observar claramente los efectos devastadores del huracán “Alex”, desafortunadamente no podemos evitar este tipo de fenómenos, pero si tenemos la capacidad de poder prevenir e informar a la población sobre las zonas más expuestas a este tipo de efectos climáticos, además de estar mejor preparados ante dichos fenómenos.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea los siguientes:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Vivienda

Artículo Primero. Se recorre la fracción VIII para convertirse en la IX y así sucesivamente, para adicionar una nueva fracción VIII y XIV del artículo 4 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 4.Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Peligro:Como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado.

IX. a XIII. ...

XIV. Zona de riesgo:aquella en donde la presencia de un agente perturbador, fenómeno natural o generado por el hombre, que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable tales como asentamientos humanos, infraestructura, plantas productivas y todo aquello que establezca esta ley, en un grado tal, que constituye un desastre.

Dichos fenómenos se clasifican, de acuerdo con su origen en: Fenómenos geológicos, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos físico-químicos, fenómenos sanitario-ambientales y fenómenos socio-organizativos.

Artículo Segundo. Se adiciona una nueva fracción X del artículo 6 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 6. La política nacional de vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a IX. ...

X. Promover medidas e información que mitiguen y eviten el uso de zonas de riesgo para proyectos de vivienda, que pongan en peligro a la población.

Artículo Tercero. Se recorre la fracción VIII y así sucesivamente, para adicionar una nueva fracción VIII del artículo 22 de la Ley de Vivienda, quedando de la siguiente forma:

Artículo 22. La Junta de Gobierno de la Comisión estará integrada por:

I. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

III. El titular de la Secretaría de Energía;

IV. El titular de la Secretaría de Economía;

V. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VI. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VII.El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria;

VIII. El titular de la Dirección General de Protección Civil y

IX. El director general de la comisión, quien fungirá como secretario técnico, que tendrá voz pero no voto;

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de octubre del año 2010.— Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Vivienda.

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del PAN, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Iniciativa que reforma los artículos 5o., 111 y 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de impulsar el transporte público sustentable mediante incentivos económicos a los estados y al Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un fenómeno con implicaciones locales y nacionales que necesitan ser atendidas y previstas, ya que en la última década los fenómenos meteorológicos han causado estragos en diversas regiones. Particularmente en México, los huracanes Gilberto, Stan y Alex, por mencionar algunos, han impactado las costas de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, dejando a su paso daños incuantificables.

Pero esto no sólo es un asunto local, pues a escala mundial hemos visto desastres ocasionados por tsunamis en Indonesia y lluvias torrenciales en Perú y Chile. De hecho, durante el siglo XX el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros, y se prevé que el nivel medio aumente de 9 a 88 centímetros para 2100, lo que puede causar inundaciones en las zonas de tierras bajas.

También hemos visto cómo la extensión del hielo del Mar Ártico ha disminuido entre 10 y 15 por ciento, mientras que el hielo ha adelgazado 40 por ciento durante fines del verano y principios del otoño. Asimismo, ha habido un aumento de 0.6 ± 0.2º C en la temperatura media mundial desde fines del siglo XIX (1998 fue el año más caluroso) y se considera que aumentará de nuevo entre 1.4 y 5.8oC para 2100 (aun cuando el aumento sea el mínimo, resultará mayor que en cualquier siglo de los últimos 10 mil años).

Una de las causas principales de este fenómeno es la generación de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales son emitidos por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el cambio de uso de suelo.

El dióxido de carbono (CO2), producido por la quema de combustibles fósiles, es considerado el GEI más importante debido a su larga vida en la atmósfera (entre 5 y 200 años) y al significativo incremento de su concentración atmosférica. En nuestro país, cerca de tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2 de los últimos años se han generado por la quema de combustibles fósiles, lo que representa 20 por ciento de las emisiones de GEI.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, en el periodo comprendido entre 1998 y 2000 el transporte pasó de consumir 39.95 por ciento de los energéticos a 42.04 y tan sólo en las zonas metropolitanas de Guadalajara, valle de México y Monterrey se concentra aproximadamente 34 por ciento de las emisiones del sector transporte.

Este problema se puede dimensionar si se toma en cuenta que actualmente en México existen cerca de 28 millones de habitantes que viven en áreas urbanas con problemas de calidad del aire, situación que se debe en gran medida a la combustión de diesel y gasolina en vehículos.

Se estima que hoy existe una flota vehicular por arriba de 25 millones de vehículos automotores, los cuales consumen más de 660 mil barriles por día de gasolina y 245 mil de diesel. A ello se agrega que en los próximos 15 años la flota vehicular en el país prácticamente se duplicará y, en consecuencia, se incrementarán de manera irremediable las emisiones de contaminantes a la atmósfera por el sector automotriz, según cifras del Instituto Nacional de Ecología.

Pero el cambio climático no es un problema exclusivamente ambiental: afecta la economía, el comercio y la seguridad. En consecuencia, tendrá mayor relevancia creciente en las consideraciones de las políticas públicas mundiales, nacionales y regionales.

Así, el gobierno del presidente Calderón ha establecido el desarrollo sustentable como una de las cinco prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se establece que “uno de los principales retos que enfrenta México es incluir el ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social”.

En consecuencia, en el PND se plantea como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero, con base en dos estrategias fundamentales:

Objetivo 10. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estrategia 10.1.

A su vez, es indispensable integrar políticas de promoción de transporte público bajo en emisiones, establecer incentivos fiscales para promover energéticos sustentables, realizar una valoración económica de los beneficios de este tipo de energías y, finalmente, fomentar la investigación en tecnologías de menor intensidad energética.

Estrategia 10. 3.

Se necesita establecer en todo el país programas periódicos y sistemáticos de inspección y mantenimiento vehicular, así como sistemas eficientes de transporte público e impulsar el transporte ferroviario.

Para cumplir esas metas, es indispensable que tanto desde el gobierno federal como desde los estatales y los municipales se transite por la senda de la sustentabilidad ambiental y que los sectores productivos y la población en general adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales, así como las nuevas tecnologías orientadas a disminuir las emisiones contaminantes de los vehículos.

Una de las estrategias por seguir por los tres órdenes de gobierno para prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera y, por tanto, asegurar una adecuada calidad del aire deberá consistir en el diseño e implantación de una política integral de transporte sustentable así como mejorar la modernización del transporte público urbano para optimizar la movilidad en todas las ciudades del país.

Aunque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de crear un inventario de fuentes de contaminación y programas de mejoramiento de la calidad del aire (Proaires), las únicas zonas que cuentan con estos programas son las que mayores índices de contaminación reflejan en sus inventarios de emisiones: las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara, Monterrey, valle de Toluca y Puebla, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali. Aunado a ello, solamente en 16 entidades federativas se han establecido programas de verificación vehicular para certificar que los vehículos no rebasen los límites máximos permisibles de emisión establecidos en las normas aplicables.

A lo anterior se agregan dos hechos: no hay disposiciones legales que obliguen a una actualización constante de los Proaires para guiar la toma de decisiones de los gobiernos; y estos programas no aportan un beneficio completo si no van acompañados de mecanismos que restrinjan la circulación de los automotores con mayores emisiones contaminantes.

Ante este escenario, y tomando en cuenta la expansión de asentamientos humanos, es indispensable que se diseñen acciones de prevención que permitan un menor efecto ambiental para la atmósfera pero, sobre todo, que dichas políticas sean actualizadas cada determinado tiempo con base en los resultados que arrojen los inventarios de emisiones contaminantes.

Para lograr este objetivo, el transporte público juega un papel fundamental y prioritario, ya que una red de transporte que sea capaz de integrar eficiencia para movilizar a los usuarios a sus destinos, y sustentabilidad, para cuidar el ambiente, sin duda generará mejores condiciones de vida en las ciudades.

Hoy más que nunca necesitamos políticas eficaces que contribuyan al mejoramiento del ambiente, pues no podemos permitir que el aire que respiramos se siga contaminando. Debemos impulsar desde la Cámara de Diputados medidas que restrinjan el uso del automóvil, así como el diseño de políticas públicas que incentiven el transporte público sustentable a través de incentivos económicos a los estados y al Distrito Federal, contribuyendo así a generar un mejor ambiente en beneficio de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de impulsar el transporte público sustentable mediante incentivos económicos a los estados y al Distrito Federal

Único.Se reforman las fracciones XIII del artículo 5, X del artículo 111, y V, VII y XI del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a XII. ...

XIII. El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios; apoyar mediante incentivos económicos a los estados y el Distrito Federal en la implementación de sistemas de transporte público sustentable,así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;

XIV. a XXI. ...

Artículo 111. ...

I. a IX. ...

X. Definir y homologar losniveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire;

XI. a XIV. ...

Artículo 112. ...

I. a IV. ...

V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación , aplicando medidas que incluyan la restricción de la misma cuando rebasen los niveles óptimos y máximos permisibles.

VI. ...

VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación , además de diseñar e implantar sistemas de transporte sustentable;

XI. Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire, que deberán ser actualizados cada cuatro años con base en los resultados que arrojen los inventarios de fuentes de contaminación;y

XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 464 Ter y 469 de la Ley General de Salud

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Iniciativa que reforma los artículos 464 Ter y 469 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción IV al artículo 464 Ter y se reforma el 469 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a la salud es uno de los derechos humanos “más violados” en nuestro país, pese a que el Estado mexicano ha firmado y ratificado todos los tratados y convenciones internacionales en esta materia.

Existe una preocupación extendida acerca de la calidad y oportunidad de los servicios de salud en México y los temas de calidad de la atención y satisfacción de los pacientes. Estas dificultades no se relacionan simplemente con la calidad de los servicios per se —como los casos en los que los pacientes reciben malos tratos o se presentan casos de negligencia o errores médicos— sino también con el hecho de que los hospitales y clínicas niegan la atención a menudo, carecen del personal calificado y el material necesario para prestar los servicios y tratar a sus pacientes con eficacia.

De conformidad con la ley reglamentaria del derecho constitucional a la salud, el artículo 2º determina que su protección, tiene entre otras las siguientes finalidades:

• El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

La Ley General de Salud, en el título tercero “De la Prestación de los Servicios de Salud”, determina que los servicios de salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

El mismo ordenamiento en sus artículos 27 y 28 determina que en la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de cobertura y habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General, los cuales se ajustarán las instituciones públicas del sistema nacional de salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

El artículo 29 responsabiliza a la Secretaría de Salud como la instancia que determina la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, además de garantizar su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes; y el artículo 30 del mismo modo, establece que la Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecúen a lo establecido en el artículo anterior.

Por otro lado el capítulo IX, “De los Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios”, en el artículo 77 Bis 37 reconoce los derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, como el de recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud y también el derecho de presentar quejas ante los regímenes de protección social en salud o ante los servicios estatales de salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas, entre otros.

Sin embargo, pese a la regulación internacional y local en materia de abastecimiento de medicamentos y de prestación de servicios de salud, la realidad de millones de mexicanas y mexicanos es la ausencia permanente de medicamentos para los pacientes en los diferentes niveles de atención que ha llegado al grado de poner en riesgo la vida de éstos, sin que por ello pueda exigirse la penalización y castigo de los responsables de estas omisiones.

Desde 2003, enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud, se han quejado públicamente de la falta de medicamentos y materiales de curación básicos como el Paracetamol para curar la fiebre, gasas y tela adhesiva. De acuerdo con Cimacnoticias (Comunicación e Información de la Mujer, AC, “Periodismo con perspectiva de género”), es común ver a las enfermeras portando gafetes con la insignia “hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, la falta de medicamentos no es nuestra responsabilidad”.

En el sector público, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) representan, respectivamente, cerca de 80.3 y 14.2 por ciento de la adquisición pública de fármacos, mientras que los sistemas federal y estatales que atienden a la población abierta, sólo representan 5.4 por ciento. Este dese-quilibrio entre la seguridad social y los Sistemas Estatales de Salud (Sesa) se refleja en serios problemas de oferta de medicamentos en los Sesa. La diferencia en precios entre el sector público y el privado se debe a varios factores, que van desde una relativa falta de productos innovadores y de marca en las compras del sector público, a la falta de márgenes de mayoreo y menudeo.

El IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, entre otros, enfrentan una aguda escasez de material de curación y medicamentos, provocando que, en el mejor de los casos,  miles de pacientes se vean obligados a desembolsar fuertes sumas de dinero para cumplir con sus tratamientos, la situación se ha tornado alarmante, más aun cuando personal de las farmacias de esas instituciones de salud, recomiendan a los derechohabientes “aguantar el tiempo que sea necesario”, hasta que tengan en existencia el fármaco.

Pacientes con problemas de hipertensión y  padecimientos cardiacos entre otros, denuncian la complicación de sus males ante la falta de los medicamentos de control que están obligadas a abastecer las unidades de salud públicas. Esta situación no es aceptable ya que se trata de medicamentos de control, por lo que la vida de los pacientes está en riesgo.

Existen casos en que las personas han acudido en más de cuatro ocasiones a solicitar medicamento, sin embargo éste les es negado y hay que tomar en cuenta que estamos hablando de tratamientos prolongados que si son suspendidos pueden ocasionar problemas graves.

Si bien es cierto que el IMSS actualmente cubre el abasto de medicamentos en 97 por ciento, las instituciones públicas de salud pierden alrededor de 30 por ciento de los recursos destinados a la compra de medicamentos por el mal manejo administrativo, el cual es causante de que los productos caduquen en los almacenes y de los robos “hormiga” según datos de la empresa de distribución Maypo.

Éstas y otras deficiencias forman parte del añejo problema de desabasto de medicamentos en las instituciones, principalmente de seguridad social, las que de manera reiterada enfrentan quejas de sus derechohabientes e incluso de los pacientes hospitalizados.

A nivel nacional, todas las unidades médicas del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud enfrentan 30 por ciento de desabasto en medicinas, reveló un diagnóstico elaborado por un grupo de expertos integrados por autoridades de las instituciones del sector salud y empresarios.

En los resultados del estudio, se identificaron como los principales puntos de desabasto y de claves médicas en el país a los siguientes elementos:

• Inventarios deficientes;

• Falta de sistemas de información;

• Desórdenes en la distribución;

• Compras innecesarias;

• Problemas con las prescripciones médicas,

• Escasez de recursos; y

• Corrupción.

De los medicamentos que mayor demanda tienen, y que no hay en los almacenes, son los que sirven para controlar la diabetes, los antihipertensivos y los relacionados con la pobreza.

La mayor parte de los pacientes desconoce que la Secretaría de Salud debe proporcionar los medicamentos sin costo alguno. Pero no sólo eso, ya que ante el desabasto de medicinas tienen que ir a buscarlos a farmacias que se encuentran alejadas de los hospitales.

Las autoridades de salud en nuestro país en la mayoría de los casos han minimizado el hecho que los medicamentos con frecuencia forman parte de la primera intervención en respuesta a una enfermedad. Los productos farmacéuticos son fundamentales en el tratamiento de muchas enfermedades, por consiguiente, una falta de medicamentos puede paralizar los sistemas de salud.

Una de las estrategias utilizadas para disminuir esa inequidad ha sido la busca de una mejora de la calidad de los servicios, a partir de una definición del concepto de calidad, orientada a lograr tanto la satisfacción del usuario externo (población), como la motivación del usuario interno (trabajador del sector salud).

Además debe reconocerse, que más allá de su utilidad terapéutica, los medicamentos son elementos tangibles en lo que es principalmente un sector de servicio. En consecuencia, la disponibilidad de medicamentos a menudo sirve como un indicador para medir la eficacia y la equidad de los sistemas de salud y por tanto tomar decisiones y asumir las responsabilidades administrativas y penales como consecuencia de la omisión administrativa por la falta de medicamentos necesarios que correspondan en los servicios de salud.

En Nueva Alianza, estamos convencidos que la política social en materia de salud, debe orientarse a crear las condiciones para que las personas puedan salir adelante, para que su salud no se vea deteriorada e inclusive se ponga en peligro por la falta de medicamentos.

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, con la finalidad de responsabilizar penalmente la conducta derivada de la inexistencia de medicamentos en las unidades de salud y que por este hecho se pongan en riesgo la salud y la vida de los pacientes, le será impuesta al o a los responsables, una pena de tres a quince años de prisión sin derecho a libertad bajo caución.

Si la conducta afecta a menores, incapaces, ancianos, sujetos privados de la libertad, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

Se propone reformar el artículo 469 de la citada ley reglamentaria, para aumentar la penalidad de dieciocho meses a nueve años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por tres años al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es hora de saldar esta deuda y de superar los atrasos acumulados por décadas y sólo se puede hacer si verdaderamente se penalizan las conductas de funcionarios públicos responsables de la adquisición de medicamentos oportunamente y así  avanzar hacia una mejor calidad de vida.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter y se reforma el 469 de la Ley General de Salud

Primero. Se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter. ...

I a III. ...

IV. A quien se encuentre responsable de la inexistencia de medicamentos en las unidades de salud que pongan en riesgo la salud y la vida de los pacientes, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión sin derecho a libertad bajo caución y si la conducta afecta a menores, incapaces, ancianos, sujetos privados de la libertad, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

...

Segundo. Se reforma el artículo 469 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 469.Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de dieciocho meses a nueve años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por tres años.

...

Artículos Transitorios

Artículo Uno.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Dos. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo las adecuaciones necesarias al reglamento interior.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de transparentar los procedimientos de contratación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las contrataciones gubernamentales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y de obra pública, constituyen uno de los rubros de mayor importancia en la agenda de la administración pública federal. Basta decir que representan, en promedio, el 22 por ciento del presupuesto de egresos anual, por lo que es fácil apreciar el impacto económico que la contratación pública genera en la actividad económica del país. De hecho, el cliente más grande de México es el Gobierno Federal, el cual compró, por ejemplo, alrededor de 38 mil 482 millones de pesos durante el año 2007 a través del procedimiento de adjudicación directa.

Por esta razón, se ha hecho necesaria una gestión eficiente, eficaz, transparente y honesta de los recursos económicos destinados a este rubro a fin de disminuir la percepción negativa que tienen los ciudadanos sobre la imagen poco transparente de su manejo. Por ello, en mayo de 2009 se publicó una reforma integral a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASP) y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOP), pues se reconoció que las contrataciones se estaban realizando mediante esfuerzos desarticulados y sin seguir una estrategia homogénea en términos de lo dispuesto por el artículo 134 constitucional.

Una de las razones que motivó dicha reforma fue la agilización en la adjudicación de los contratos, debido a que las leyes se habían diseñado bajo la directriz dominante del “control administrativo”, entendido éste como el cumplimiento puntilloso de normas y formalidades, en vez de orientarse principalmente a la obtención de resultados a través de las mejores condiciones de contratación a favor del Estado.

Asimismo, el ejecutivo federal esgrimió en su iniciativa de reforma que el exceso de normatividad interna y de requisitos en las bases de licitación permitía las duplicidades, ambigüedades y carencias normativas que favorecían la discrecionalidad de los funcionarios, lo cual, aunado a otras situaciones provocó “una valoración negativa de la sociedad sobre la corrupción en las contrataciones”.

Pese a los esfuerzos hasta ahora realizados, permanece la idea generalizada de que existen todavía actos de corrupción a lo largo de los procedimientos de contratación, pues se ha observado que la falta de claridad en los requisitos legales para llevar a cabo las adjudicaciones ha inducido a comportamientos alejados de las normas. Esto se puede observar en los programas anuales de adquisiciones y de obras públicas, ya que no siempre se soportan en información oportuna, comparable y de calidad.

Si bien la legislación vigente ha cerrado espacios de discrecionalidad que antes aprovechaban los funcionarios para cobrar “sobreprecios” a los proveedores y ha permitido combatir las asimetrías de información que beneficiaban a algunos empresarios privilegiados (quienes podían conocer las bases de licitación antes del proceso y por ello estaban en posibilidades de preparar mejor sus propuestas técnicas/económicas), también es cierto que no se han transparentado debidamente los procedimientos que se llevan a cabo por excepción a la licitación pública.

Las dependencias y entidades continúan oscureciendo el flujo de información, actuando en contra de la eficacia y la eficiencia del sistema en su conjunto. La poca transparencia en la materia provoca que los costos de transacción tanto para el Estado como para los particulares sean especialmente altos. Esto desincentiva la participación de los particulares en las ventas al Estado y, por tanto, disminuye la competencia, lo que a su vez genera el acaparamiento del mercado por unos cuantos proveedores y puede conllevar la captura estatal, afectando directamente los precios y demás características de carácter comercial.

Estos altos costos de transacción repercuten en mayor medida en las pequeñas industrias, las cuales no tienen el capital suficiente para participar en los procesos de licitación y, por tanto, no cuentan con los incentivos necesarios para elevar su producción y, de este modo, reactivar su ciclo económico de manera positiva. Esto genera un problema si se toma en cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) han sido identificadas como uno de los sectores prioritarios en función de su importancia para la economía, ya que constituyen el 99% de las unidades productivas del país, además de que contribuyen a generar más del 70 por ciento de los empleos a nivel nacional.

Aunque la reforma de 2009 tuvo como uno de sus propósitos la creación de un sistema centralizado de información (CompraNet) que proveyera datos sobre proveedores, contratistas, precios, cumplimiento de contratos, calidad de los bienes y servicios recibidos, obras ejecutadas, entre otros datos; dicho sistema no incluye información sobre los estudios de mercado que están obligados a realizar las dependencias y entidades para que otras puedan verificar si en dicho sistema existen elementos que les permitan conocer a los proveedores a los que pudieran acceder, así como tampoco sobre las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por adjudicar directamente los contratos o mediante la invitación a cuando menos tres personas.

De esta manera, ni la invitación a cuando menos tres personas ni la adjudicación directa siguen reglas de selección eficientes. Por el contrario, las dependencias y entidades hacen uso de su discrecionalidad para llevar a cabo ambos procedimientos, generando explicaciones y justificaciones posteriores a las decisiones tomadas. Por ello, es imprescindible supervisar que la celebración de estos procedimientos esté debidamente justificada no sólo en términos jurídicos (pues cabe la posibilidad de fundar y motivar debidamente estos procedimientos, pero sin cumplir a cabalidad con los objetivos que se propone la política de contrataciones), sino con base en argumentos técnicos y económicos que sustenten la decisión.

Como puede observarse, todavía existen espacios de libertad que no están regulados por la normatividad vigente y que son susceptibles de utilizarse de manera discrecional por los funcionarios de las dependencias y entidades, lo que puede propiciar que los procedimientos de contratación no sean estrictamente imparciales y que favorezcan a participantes que no garantizan las mejores condiciones para el Estado.

En adición a lo anterior, se pueden mencionar las siguientes deficiencias que propician una falta de transparencia y rendición de cuentas en materia de contrataciones públicas:

• No existen indicadores que permitan realizar una evaluación adecuada de las contrataciones a fin de verificar que los recursos se ejercen de manera planeada y ordenada, obteniendo en beneficio del Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, optimización y uso sustentable de los recursos, eficiencia energética, uso responsable del agua y protección al medio ambiente. Por el contrario, los procedimientos de información y verificación que prevé la ley están centrados en auditar el cumplimiento de la normatividad y no en garantizar que se hayan adquirido los bienes o servicios que más convengan a los intereses del Estado.

• Como consecuencia del énfasis en el cumplimiento de las disposiciones legales, las dependencias y entidades carecen de un sistema adecuado de información que les permita generar registros históricos de las contrataciones que han realizado o de las investigaciones de mercado que han efectuado, con el propósito de que dicho registro sea útil para la toma de decisiones tanto interna como para que, al compartirse, también lo sea para otras dependencias y entidades.

• Los responsables de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inclusión en la página de CompraNet no están sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento.

• Por lo general, no se pueden aplicar sanciones a los funcionarios que incumplen con lo dispuesto en la LAASP y en la LOP, debido a que no se especifican los responsables  de llevar a cabo cada una de las etapas de los procedimientos de contratación.

Tomando en cuenta los avances que se han logrado en la materia, pero también los retos que enfrenta el Estado para agilizar y transparentar sus contrataciones, se propone fortalecer la transparencia como uno de los principios que deben regir la disposición de los recursos públicos y así satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Con estas reformas no sólo se permitirá hacer evaluaciones a los procedimientos, sino también a la política pública de contrataciones, pues se pretende dar herramientas a los auditores y contralores para realizar una efectiva evaluación a posteriori en dos vertientes: a) una evaluación que permita  fincar responsabilidades y sanciones específicamente a aquellos servidores públicos que incumplan con las disposiciones legales aplicables, y b) una evaluación que se centre en los resultados obtenidos más que en el cumplimiento estricto de la norma.

De esta manera, la transparencia es entendida como una herramienta de fiscalización ciudadana con la que es posible evaluar el desempeño de los servidores públicos, cuya importancia radica en que permite acotar la arbitrariedad que podrían ejercer los funcionarios al efectuar contrataciones.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, esta iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de transparentar los procedimientos de contratación

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, fracción II; 6, 21, párrafo segundo; 41, penúltimo párrafo; y 50 en su último párrafo. Se adicionan los artículos 1 con un penúltimo párrafo; 21 con los párrafos segundo y cuarto; 22 con un último párrafo; 41 con un segundo párrafo; 56 con los incisos i), j) y k); 57 con un último párrafo; y el artículo 59 Bis, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1....

I. a VI. ...

...............

Los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública privilegiarán la transparencia de los procedimientos de contratación, desde su inicio hasta su conclusión.

...

Artículo 2. ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado ; los estudios de factibilidad para el arrendamiento financiero de bienes muebles; las investigaciones de mercado; las justificaciones técnicas que autorizan la excepción a la licitación pública; las observaciones, recomendaciones, dictámenes y análisis realizados por los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios en ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 22 de esta ley; el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría de la Función Pública sobre los procedimientos de contratación; y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

III. a XII. ...

Artículo 6. Las dependencias y entidades diseñarán indicadores de resultados con el propósito de verificar que se cumplan las condiciones de contratación establecidas por el artículo 134 constitucional. Además, establecerán criterios específicos para determinar que las contrataciones aseguran las mejores condiciones de compra para el Estado.

Artículo 22....

I. a VII. ...

.........

Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, los nombres de los integrantes de su Comité.

I. a XX. ...

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la contratación. Estos documentos se publicarán en CompraNet dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del titular del área responsable.

La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, IX primer párrafo, XI, XII y XX será responsabilidad del área usuaria o requirente. Para la procedencia de los supuestos contenidos en las fracciones I, III, VI, VII, VIII, X, XIV y XV, se requerirá la opinión previa de la Secretaría de la Función Pública. Esta opinión se emitirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud de la dependencia o entidad.

...

Artículo 56...

..

I. a III. ...

...

a) a f) ...

g)El registro de proveedores sancionados ;

h) ...

i) Las justificaciones de los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas;

j) Los nombres de los funcionarios responsables de cada uno de los procedimientos de contratación; y

k) Los indicadores diseñados por las dependencias y entidades para verificar el cumplimiento de las condiciones de contratación establecidas en el artículo 134 constitucional.

..

..

Los resultados de las verificaciones, visitas e inspecciones mencionadas en los párrafos anteriores, se publicarán en CompraNet.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 2, fracción II; 7, 22, párrafo segundo; 41, párrafo segundo; y 75 en su último párrafo. Se ADICIONAN los artículos 1 con un penúltimo párrafo; 22 con un último párrafo; 25 con un último párrafo; 74 con los incisos i), j) y k); 75 con un último párrafo; y el artículo 77 Bis, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 1....

I. a VI. ...

...

...

...

...

...

...

Los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública privilegiarán la transparencia de los procedimientos de contratación, desde su inicio hasta su conclusión.

...

Artículo 2. ...

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado ; los estudios, planes y proyectos con que cuenten las dependencias y entidades para la realización de obras públicas; las justificaciones técnicas que autorizan la excepción a la licitación pública; las observaciones, recomendaciones, dictámenes y análisis realizados por los comités de obras públicas en ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 25 de esta ley; el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría de la Función Pública sobre los procedimientos de contratación; y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

...

III. a XII. ...

Artículo 7. Las dependencias y entidades diseñarán indicadores de resultados con el propósito de verificar que se cumplan las condiciones de contratación establecidas por el artículo 134 constitucional. Además, establecerán criterios específicos para determinar que las contrataciones aseguran las mejores condiciones para el Estado.

Artículo 22....

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet , haciendo públicas las razones que motivaron dichas adecuaciones. Las dependencias y entidades elaborarán sus programas anuales con base en un diseño estándar que emitirá la Secretaría de la Función Pública a fin de garantizar información oportuna, comparable y de calidad.

Además de contribuir a la programación, planeación y presupuestación, CompraNet también tiene como propósito colaborar en la evaluación de las contrataciones públicas. Por ello, las dependencias y entidades generarán archivos en los que se conserven sus experiencias de contratación, de modo que sean accesibles para las demás entidades y dependencias interesadas en contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Artículo 25....

I. a VII. ...

...

...

Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, los nombres de los integrantes de su comité.

Artículo 41....

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos . Estos documentos se publicarán en CompraNet dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del titular del área responsable.

...

...

...

Artículo 74....

...

...

I. a III. ...

...

a) a f) ...

g)El registro de contratistas sancionados ;

h) ...

i) Las justificaciones de los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas;

j) Los nombres de los funcionarios responsables de cada uno de los procedimientos de contratación; y

k) Los indicadores diseñados por las dependencias y entidades para verificar el cumplimiento de las condiciones de contratación establecidas en el artículo 134 constitucional.

...

...

Artículo 75....

...

Los resultados de las verificaciones, visitas e inspecciones mencionadas en los párrafos anteriores, se publicarán en CompraNet.

Artículo 76....

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen , el cual se publicará en CompraNet.

Artículo 77 Bis. Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos no entregar a la Secretaría de la Función Pública la información que se debe difundir en CompraNet, así como usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con independencia de las del orden civil o penal que procedan.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto.

Segundo.Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente decreto se realizan a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Tercero.El programa estándar a que se refieren el segundo párrafo del artículo 21de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados.

Cuarto.Para efectos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., y 17 de la Ley General de Salud

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 17 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge A. Kahwagi Macari, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 17 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo económico depende de tres condiciones: a) un arreglo institucional que provea incentivos económicos para la asignación eficiente de recursos y defina y proteja los derechos de propiedad de la sociedad; b) un entorno macroeconómico estable para la toma de decisiones y la planeación de largo plazo, y c) una continua acumulación de capital humano.

El goce de una buena salud es un elemento central para la acumulación del capital humano porque determina el tiempo que una persona podrá dedicar a las actividades productivas durante su vida. La garantía de protección a la salud mediante un sistema de salud con cobertura universal y de alta calidad es fundamental para mejorar o restablecer el bienestar de las personas tras episodios de enfermedad y dar así continuidad a sus actividades económicas.

En México, el marco institucional vigente no ofrece incentivos para la acumulación del capital humano en salud y, por ende, limita el desarrollo potencial del país

La población mexicana se caracteriza por una inequidad considerable en el estado de salud y en el acceso a los servicios médicos, en especial entre la población pobre y de las zonas rurales. Esto refleja condiciones de salud deficientes y uno de los desafíos que el sector deberá enfrentar en las próximas décadas es la reducción de la iniquidad en lo que se refiere al acceso a los servicios sanitarios y cobertura de salud.

Todos los seres humanos hemos estado enfermos en alguna ocasión y sabemos que podemos estarlo nuevamente. Esta certeza nos hace valorar la salud como una de las necesidades más fundamentales del ser humano, junto con  el alimento y la vivienda.

El derecho a la salud ha sido consagrado en nuestro país y en muchos otros, como un derecho fundamental de la población. Garantizarlo es una compleja tarea en la que intervienen diversos actores, entre ellos el gobierno, los profesionales de la salud, el paciente mismo y la cadena farmacéutica.

Es imposible pensar que exista un solo responsable que garantice la salud de la población y por lo tanto, se requiere de la acción coordinada de todos los actores que intervienen.

La salud pública es reflejo de la igualdad social y por lo tanto, el Estado debe asegurar a todos el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total, sin embargo,  la realidad nos muestra un sector salud con graves problemas en la atención y en el  abasto de medicamentos. La disponibilidad de medicamentos a menudo sirve como un indicador para medir la eficacia y la equidad de los sistemas de salud.

La gratuidad de los servicios de seguridad social, en este caso de salud, se vuelve con frecuencia una falacia ante las deficiencias estructurales y procedimentales que registra la atención cotidiana de esas instituciones, ya que los derechohabientes deben cubrir con sus propios recursos el precio de los medicamentos que requieren.

Pacientes con problemas de diabetes, padecimientos cardiacos, de hipertensión y con VIH entre otros, denuncian la complicación de sus males ante la falta de los medicamentos de control, que están obligadas a abastecer las unidades de salud públicas.

Esta situación es inaceptable ya que estamos hablando de tratamientos prolongados, que al ser interrumpidos o suspendidos,  pone en grave riesgo la salud y en ocasiones la vida de los pacientes.

La administración pública tiene que contar con las herramientas para frenar el encarecimiento  que se genera en el sector público de la salud con la prescripción de medicamentos patentados, en muchos casos importados y de muy alto costo.

Gran número de medicamentos genéricos han acreditado su bioequivalencia y bioseguridad, demostrando su efectividad, además que son mucho más accesibles en precio que los medicamentos patentados.

El artículo 28 de nuestra Constitución establece, de manera textual, que las leyes fijarán las bases para que se señalen los precios máximos a los artículos, materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o consumo popular; de manera que resulta importante que en la Ley General de Salud se establezcan algunas disposiciones que aseguren el acceso a medicamentos equivalentes e insumos necesarios para conservar la salud de la población en general, especialmente la de los sectores más desprotegidos.

Desde una visión comprometida con la estabilidad social y ante los presentes argumentos, se elabora el siguiente planteamiento; El desabasto de ciertos productos puede traducirse en una situación de emergencia nacional y el caso de los medicamentos es uno de esos supuestos. El problema a resolver busca fortalecer las competencias del sector salud a efecto de obligar a sus responsables a:

1. Intervenir ante las instancias gubernamentales que inciden en la fijación de los precios de los medicamentos para garantizar su acceso a la población en general.

2. Llevar a cabo acciones para enfrentar el desabasto de medicamentos.

3. Impulsar la inclusión de medicamentos genéricos en el cuadro básico.

4. Autorizar la explotación de patentes de medicamentos genéricos para garantizar su abasto al público en general y a precios accesibles.

5. Promover la utilización de los medicamentos genéricos en el sector salud.

6. Incluir en la dotación de medicamentos genéricos a las clínicas y centros psiquiátricos del país.

7. Establecer mecanismos de supervisión efectiva sobre la distribución de medicamentos al público en general, y

8. Garantizar que la venta al público de medicamentos patentados y genéricos se verifique a través de la expedición de prescripción médica por profesionales autorizados.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforman los artículos 6 y 17 de la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 6 de la ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 6. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

Fracciones I a VIII ...

Fracción IX. Fomentar la utilización de medicamentos genéricos intercambiables por parte de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IX, recorriendo la subsecuente, al artículo 17 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General:

Fracciones I a VIII ...

Fracción IX. Promover y fomentar compras de medicamentos genéricos intercambiables por parte de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, asegurando con ello a los usuarios del servicio y al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 28 de octubre de 2010.— Diputado Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes de conceder la palabra al primer orador en el turno de presentación de iniciativas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados condena enérgicamente los hechos de violencia acontecidos durante los últimos días en los estados de: Baja California, Chihuahua, Nayarit y Distrito Federal, en los que han perdido la vida jóvenes, niños, hombres y mujeres inocentes.

La Cámara de Diputados se solidariza con las víctimas y con sus familias y exhorta a las autoridades competentes a trabajar en el pronto esclarecimiento de estos hechos atroces que lastiman a la sociedad mexicana.

Estos hechos deben ser motivo para reflexionar para los señores legisladores, en la necesidad de perfeccionar y mejorar el marco jurídico que permita hacer frente de manera contundente al crimen organizado como condición esencial de una vida civilizada y justa en nuestra patria.

Solicitamos a los señores legisladores ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas de estos atroces acontecimientos. Muchas gracias.

Diputada, con qué objeto.

La diputada María Felicitas Parra Becerra(desde la curul): Presidente, únicamente para unirme a las palabras que acaba usted de externar en el sentido de los jóvenes que fueron lamentablemente masacrados. Mis más sentidas condolencias para los estados de la república, para las familias que sufren hoy esta pena y de manera muy especial para las familias de mi estado, Nayarit. Muchas gracias.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Margarita Liborio Arrazola, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Salud.

La diputada Margarita Liborio Arrazola:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 29, 30 y 225 de la Ley General de Salud, con el objetivo de incluir en los empaques de los medicamentos y medicinas señalamientos con lenguaje braille, con el objeto de lograr una mejor identificación de este tipo de productos por parte de las personas con discapacidad visual, en virtud de la siguiente exposición de motivos.

La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo existen más de 600 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Entre las principales afectaciones se pueden mencionar la discapacidad visual, mental, motriz, auditiva o de lenguaje. Alrededor de 80 por ciento de estas personas con capacidades diferentes habitan en países pobres, sin acceso a servicios médicos o de rehabilitación.

En el caso particular de México, alrededor de 10 millones de personas tienen alguna discapacidad, siendo la ceguera la segunda discapacidad que mayor inhabilitación presenta. La ceguera o debilidad visual afecta a cerca de 500 personas. El 17.2 por ciento de quienes padecen discapacidad visual en México son menores de 30 años. El 33 por ciento, entre 30 y 59 años de edad, en tanto que el 48 por ciento son mayores de 60 años.

De acuerdo con el INEGI el 58.4 por ciento de esta población con discapacidad no cuenta con acceso a servicios de salud. A lo anterior debemos sumar la dificultad que conlleva la insuficiente atención a las personas con discapacidad visual.

El mismo Instituto hace referencia a que el 45.3 por ciento de esta población tiene discapacidad motriz, el 26 por ciento visual, 16.1 por ciento mental, el 15 por ciento auditiva, el 4.9 por ciento de lenguaje. De ellos, el 52.6 son varones y 47.4 por ciento son mujeres. De todos éstos el 72.6 por ciento habitan en las ciudades, en la zona urbana, y el 27.4 por ciento en zonas rurales.

En este contexto, el nivel de incidencias se incrementa al relacionar los factores ceguera o debilidad visual y su salud, principalmente en el aspecto relacionado con el manejo, uso y aplicación de medicamentos.

Por eso, la mayoría de medicamentos elaborados por el sistema nacional de salud y los laboratorios establecidos en México no cuentan con elementos que favorezcan y permitan una mejor identificación de las medicinas y los medicamentos. Lo anterior acrecienta la desventaja y la vulnerabilidad en que ya se encuentran miles de personas con discapacidad visual.

En la propuesta que ahora presento, el papel que juegan los laboratorios será fundamental para lograr mejorar la calidad de vida de los débiles visuales. De igual forma, representa una gran oportunidad para coadyuvar a construir una nación más equitativa y justa.

Las diputadas y los diputados del PRI asumimos el compromiso que conlleva tener la representación de la población mexicana y presentar este proyecto de decreto es una muestra clara de que defenderemos los derechos de los grupos vulnerables, con capacidades diferentes, de aquellos en situación de marginación y de pobreza.

Desde esta tribuna hago una cordial invitación a todas las fuerzas políticas aquí representadas para que sumemos voluntades y esfuerzos en aras de lograr concretar un marco normativo idóneo para que las personas con discapacidad visual puedan contar con la certeza en materia de salud, la cual les dará la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

En razón de lo anterior pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Único. Se modifican los artículos 29, 30 y 225 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 29. Del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y los insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

De igual forma, en el empaque y/o envase del medicamento, mediante marcas en relieve que deberán incluir el nombre del mismo, la sustancia activa en lenguaje braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan una fácil identificación del medicamento.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes con la vigilancia en los establecimientos del sector público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para la elaboración...

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, su tiempo se agotó.

La diputada Margarita Liborio Arrazola:...a fin de que se adecúen a lo establecido en el artículo anterior, cuidando que en los establecimientos se expendan medicamentos y exista una formación o personal necesario para que interprete el lenguaje braille.

En el 225 el nombre del medicamento y de la sustancia activa que deberá incluir el lenguaje braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan facilitar la identificación de los medicamentos.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada...

La diputada Margarita Liborio Arrazola:... en plazo no mayor de 90 días naturales deberá realizar las adecuaciones necesarias en el reglamento correspondiente, a fin de dar cumplimiento al presente decreto.

Señor presidente, en virtud de que le hice algunos ajustes a la presente iniciativa, le pido se publique en la Gaceta Parlamentaria y se inserte en el Diario de los Debates tal y como le he dado lectura.

Es cuanto, señor presidente, e invito a todos los compañeros de los diferentes partidos políticos con esa sensibilidad a que hagan alarde de lo que vienen a hacer aquí a este Parlamento. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Margarita Liborio Arrazola, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos 29 de la Ley General de Salud a fin de incluir en los empaques de los medicamentos y medicinas señalamientos de tipo braille, con el objeto de lograr una mejor identificación de este tipo de productos por parte de las personas con discapacidad visual, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el mundo existen más de 600 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo, entre las principales afectaciones se pueden mencionar la discapacidad visual, mental, motriz, auditiva o de lenguaje.

Alrededor del 80 por ciento de las personas con capacidades diferentes habita en países pobres sin acceso a servicios médicos o de rehabilitación y, pese a la existencia de normas jurídicas internacionales que prohíben cualquier forma de discriminación o exclusión, la mayoría carece de formación educativa y laboral debido a las escasas oportunidades de desarrollo para este sector de la población.

En el caso particular de México, alrededor de diez millones de personas tienen alguna discapacidad, siendo la ceguera la segunda discapacidad que mayor inhabilitación presenta. La ceguera o debilidad visual afecta a cerca de 500 mil personas, es decir, medio millón de habitantes deben enfrentarse a la cotidianeidad de la actividad humana.

Cabe señalar y reconocer que si bien la población más afectada son los adultos mayores, el 17.2 por ciento de quienes padecen discapacidad visual en México son menores de 30 años; 33 por ciento tiene entre 30 y 59 años de edad, en tanto que 48.8 por ciento es mayor de 60 años.

Entre las causas que ocasionan la discapacidad visual, en el primer lugar se ubica el efecto de la edad avanzada y enfermedades, con el 33 por ciento de los casos, por su parte, el 12.4 por ciento es ocasionada por accidentes y  sólo el 11.2 se relaciona con males congénitos.

Durante los últimos veinte años se han incrementado los esfuerzos y las acciones institucionales, gubernamentales y legislativas que se logren concretar en Políticas Públicas que atiendan de manera objetiva e integral a las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de los avances, aún quedan vacios que se requiere cubrir.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) menciona que el 58.4 por ciento de la población con discapacidad no cuenta con acceso a los servicios de salud. A lo anterior, debemos aunar la dificultad que conlleva la insuficiente atención a las personas con discapacidad visual.

El mismo instituto hace referencia a que el 45.3 por ciento de esta población tiene discapacidad motriz, 26 por ciento visual; 16.1 mental; 15.7 auditiva; y 4.9 por ciento del lenguaje. De ellos 52.6 por ciento son hombres y 47.4 por ciento mujeres. 72.6 por ciento, habitan en zonas urbanas, mientras que 27.4 por ciento en zonas rurales.

Como ya hemos mencionado, los obstáculos que deben enfrentar las personas con discapacidad visual son de una mayor incidencia y los riesgos que enfrentan se incrementan ante la complejidad de no poder ver, observar, mirar.

En este contexto, el nivel de incidencia se incrementa al relacionar los factores, ceguera o debilidad visual y su salud, principalmente en el aspecto relacionado con el manejo, uso y aplicación de las medicinas y medicamentos que requieren para cumplir con un tratamiento específico.

La mayoría de medicamentos elaborados por el sistema nacional de salud y los laboratorios establecidos en México, no cuentan con elementos que favorezcan y permitan una mejor identificación de las medicinas y los medicamentos, ante lo cual, deben confiar en la buena fe y voluntad de las personas que proporcionan dicho producto.

Lo anterior acrecienta la desventaja y la vulnerabilidad en que ya se encuentran miles de personas con discapacidad visual. Asimismo, es un acto que se puede considerar como discriminatorio y que obstaculiza el desarrollo pleno de este grupo social.

Es necesario realizar las adecuaciones normativas necesarias que permitan avanzar en la construcción de un mejor marco normativo a favor de los habitantes con discapacidad visual, en aras de armonizar las leyes a los acuerdos internacionales signados por nuestro país y que nos ubican como una de las naciones más comprometidas con lograr el objetivo de tener una sociedad más justa, respetuosa e incluyente.

Lograremos tener un mejor entorno a favor de las personas con capacidades diferentes, siempre y cuando existan los acuerdos políticos necesarios, y la colaboración estrecha de los sectores público y privado.

En la propuesta que ahora presento, el papel que juegan los laboratorios será fundamental para lograr mejorar la calidad de vida de los débiles visuales. De igual forma, representa una gran oportunidad para coadyuvar a construir una nación más equitativa y justa.

El Grupo Parlamentario del PRI en esta LXI Legislatura, consciente de la necesidad imperiosa de realizar ajustes estructurales al marco normativo nacional, se ha dado a la tarea de integrar una agenda legislativa con un alto índice de carácter social.

Las diputadas y los diputados del PRI asumimos el compromiso que conlleva tener la representación de la población mexicana, y el presente proyecto de decreto es una muestra clara de que defenderemos los derechos de los grupos vulnerables, con capacidades diferentes, de aquellos en situación de marginación y de pobreza.

Desde esta tribuna hago una cordial invitación a todas las fuerzas políticas aquí representadas para que sumemos voluntades y esfuerzos en aras de lograr concretar un marco normativo idóneo para que las personas con discapacidad visual puedan contar con la certeza en materia de salud, la cual les dará la oportunidad mejorar su calidad de vida.

No debemos olvidar que las personas con discapacidad, en las actuales circunstancias, están preocupadas por mantener su salud, ya que de caer en un cuadro de enfermedad, su posibilidad de salir adelante se reduce de manera por demás alarmante, deben enfrentarse a la disyuntiva de atender su enfermedad o satisfacer su demanda de alimentación y vivienda.

En razón de lo anteriormente señalado, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifican los artículos 29, 30 y 225 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 29. Del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

De igual forma, en el empaque y/o envase del medicamento, mediante marcas en relieve, se deberá incluir el nombre del mismo la sustancia activa en lenguaje braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan una fácil identificación del medicamento.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado  dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecuen a lo establecido  en el artículo anterior, cuidando que en los establecimientos que expenden medicamentos, exista información o personal necesario para la interpretación del lenguaje Braille.

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

El nombre del medicamento y de la sustancia activa se deberá incluir en lenguaje Braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan una fácil identificación del medicamento.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en  el diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 90 días naturales, deberá realizar las adecuaciones necesarias el reglamento correspondiente, a fin de dar cumplimiento al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2010.— Gastón Luken Garza, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, José Antonio Yglesias Arreola, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Sergio Lobato García, Hernán de Jesús Orantes López, Daniela Nadal Riquelme, Héctor Fernández Aguirre, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ana Estela Durán Rico, Olivia Guillén Padilla, José Luis Marcos León Perea, Florentina Rosario Morales, Silvia Puppo Gastélum, Hilda Ceballos Llerenas, Juan José Guerra Abud, Silvia Esther Pérez Ceballos, Sami David David, María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Ivideliza Reyes Hernández, Juan José Cuevas García, Carlos Cruz Mendoza, María Joann Novoa Mossberger, Gumercindo Castellanos Flores, Onésimo Mariscales Degadillo, Martín Enrique Castillo Ruz, Martha Elena García Gómez, Malco Ramírez Martínez, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Felipe Cervera Hernández, Norma Sánchez Romero, Esteban Albarrán Mendoza, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Jorge Arana Arana, José Ignacio Seara Sierra, Domingo Rodríguez Martell, David Hernández Vallin, Uriel López Paredes, Ariel Gómez León, Janet Graciela González Tostado, Luis Hernández Cruz, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, José Manuel Marroquín Toledo, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Tomasa Vives Preciado, Teresa del Carmen Inchaústegui Romero, María Antonieta Pérez Reyes, Susana Hurtado Vallejo, Laura Piña Olmedo, Rubén Arellano Rodríguez, Norma Leticia Orozco Torres, José M. Torres Robledo, María del Pilar Torre Canales, Reyes S. Tamez Guerra, Nancy González Ulloa, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Tomás Gutiérrez Ramírez, J. Guadalupe Vera Hernández, Laura Arizmendi Campos, Rosario Ortiz Yeladaqui, Sabino Bautista Concepción. (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada. Tal como lo solicita la diputada Margarita Liborio, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado. Sonido en la curul del diputado Mario di Costanzo. Dígame, diputado.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(desde la curul): Gracias, diputado.

Simplemente, mire, estaba en la Comisión de Hacienda y únicamente para, en este momento, hacerle llegar a la Mesa Directiva una petición para que se someta a un acuerdo ante este pleno, para la destitución del diputado Rubí Salazar, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y como presidente de la Comisión de Seguimiento del caso Mexicana de Aviación, en virtud de las diversas y muchas irregularidades en las que incurrió durante la comparecencia de Molinar Horcasitas. En donde, inclusive, la diputada Sofía Castro fue empujada por personal a cargo de este personaje.

Simplemente entregarle esta carta y pedirle que se dé el turno correspondiente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Mario di Costanzo, se han recogido sus expresiones. Por parte de esta Mesa, le comentamos que no es el momento procesal oportuno. Sin embargo, le solicitamos que presente su propuesta en los términos reglamentarios y a la mesa correspondiente, y con todo gusto.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra, el diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El diputado Gustavo González Hernández:Gracias, señor presidente y con su permiso.

Tal como lo dice la Presidencia, la presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Lo que pretende en la parte del artículo, es incluir un capítulo primero que se denomine: De la utilización reciclaje y valoración de los residuos por envase.

En el fondo, después de todo este articulado pretendo, con esta iniciativa, dos cosas: en primer lugar —y lo menciono en uno de los artículos— que exista un plan integral o que se denomine programa Nacional para la Prevención y Gestión de Envases y sus Residuos. Por otro lado, que todos y cada uno de los artículos y productos que estén envasados o empaquetados tengan una especie de etiqueta ecológica o leyenda ecológica.

¿De dónde surge esta idea? Cuando daba clases en la Universidad de Guadalajara, dentro de lo que daba de clases de técnica legislativa ponía como ejemplo un reglamento del municipio de Zapopan, donde establecía una serie de normas dirigidas al ciudadano de cómo tenía que separar la basura, si es plástico PET,  si es plástico de polietileno, etcétera.

Yo considero que el enfoque de política pública de darle estas normas al ciudadano, tiene que ser completado con la obligación del que produce, del productor, de poner la etiqueta ecológica en cada uno de los envases.

Y si ese envase de plástico, por ejemplo, contiene agua, que diga qué tipo de plástico es y cómo se le deberá tratar para la separación de la basura y sea más efectiva la política pública de separación que darle normas al ciudadano, que estoy seguro, que por eficacia normativa ni todos las conocen, las normas, ni todos las leen bien o no las comprenden porque el lenguaje que a veces se utiliza en ese tipo de reglamentos es un lenguaje muy técnico.

Es por eso que yo pretendo con esta iniciativa que es muy sencilla, que se le dé un mejor tratamiento al tema de la contaminación por parte de los envasados, sobre todo los de plástico, y que el ciudadano al ver la etiqueta ecológica, la leyenda ecológica, pueda constantemente estar separando este tipo de desperdicios.

Espero que los del Partido Verde se unan a esta propuesta porque tienen que ver con muchos de los temas que ellos traen en su agenda legislativa, y que previamente lo comenté con varios compañeros.

Asimismo, le solicito a la Presidencia que incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates para efecto de la lectura de todo el articulado que estoy proponiendo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que esto suscribe, diputado Gustavo González Hernández, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me presento ante esta soberanía a presentar iniciativa de decreto con el objeto de reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En el ámbito internacional, especialmente en los países considerados como desarrollados, la protección al medio ambiente, a través de la realización de acciones en pro de la prevención de la contaminación y el mejoramiento de sitios contaminados, ha sido un tema abordado desde hace varios años, específicamente lo relacionado con el uso, manejo, utilización, reciclaje y valoración de residuos originados por envases.

En cuanto a la legislación internacional en materia ambiental, uno de los países que mayor atención ha prestado a la protección y preservación del medio ambiente a través de acciones orientadas a prevenir y reducir el impacto negativo que ejercen sobre el medio ambiente los envases y la gestión de los residuos de éstos es España, a través de la aplicación de la Ley de Envases y Residuos de Envases, en el año de 1997. En ella, se encuentra el diseño y aplicación del Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados que contiene determinaciones específicas sobre la gestión de envases y sus residuos, asimismo considera la creación de un “Sistema Integrado de gestión de Residuos de Envases y Envases Usados”, con medidas específicas para la recolección periódica de envases usados y los residuos de éstos. Por lo que se refiere a las disposiciones de mayor relevancia, la legislación española establece medidas de carácter económico, financiero o fiscal aplicables a todos los envases y sus residuos, el establecimiento de plazos determinados para el cumplimiento de objetivos relacionados con la reducción, reciclado y valorización, el pago de una cuota por cada envase objeto de transacción por primera vez, saldada por parte de envasadores y comerciantes, y la distinción de envases por medio de una leyenda o símbolo, aprobado por la autoridad ambiental, en el cual se especifica si los envases son reusables o recuperables para ser posteriormente reciclados, prohibiendo así la leyenda no retornable en envases.

En Alemania, por otro lado, existe un Reglamento para Evitar Desechos Originados por los Envases, el cual prohíbe la venta de envases no reutilizables o reciclables e impone un depósito a todos los envases de bebidas. Asimismo, el reglamento establece la obligación de que todos los envases comercializados porten un punto verde, el cual permite identificar si los envases son objeto de reutilización o reciclaje.

Por su parte, en Japón existe una Ley sobre Disposición de la Basura y Limpieza Pública, destinada a proteger y mejorar el ambiente y la salud pública a través de un sistema adecuado de disposición de los desechos sólidos; considerando los materiales y sistemas de envasado. Así las empresas y comercios son los responsables de la disposición final de los desechos que generan. Para los envases que son comercializados es obligatorio que porten una etiqueta denominada “Eco Mark”, la cual contribuye a evaluar la credibilidad ambiental de los productos, reduciendo al máximo la contaminación durante su utilización o etapa de desecho.

Con el objeto de recuperar materiales reciclables como papel, vidrio, latas metálicas, plásticos, etcétera, en Canadá se comenzó a operar el “Programa de Recolección Selectiva Domiciliar”, el cual coadyuvó en el fortalecimiento de acciones en pro del ambiente tales como la prohibición de materiales específicos en la fabricación de envases, el establecimiento de incentivos para el uso de envases retornables, entre otros. La legislación canadiense establece la utilización de una etiqueta ecológica en productos, el objetivo consiste en promover las acciones de reciclaje.

En el caso de Estados Unidos, en el marco normativo federal existen disposiciones específicas orientadas a incrementar los niveles de reciclaje, promover el uso de plásticos degradables así como prohibir la comercialización de algunos tipos de envases que causan dificultades de reciclaje o de disposición final. Por lo que se refiere al manejo responsable de envases, la legislación contempla la operación de un sistema de codificación para botellas de plástico, con el fin de simplificar la identificación de los materiales con los que se fabrican envases auxiliando así a las empresas recicladoras en la selección de plásticos según su fabricación. Este sistema es voluntario por parte de los fabricantes y consiste en la aplicación de un código impreso en la base del contenedor de plástico. Los productos que son comercializados deben portar un etiquetado ecológico, el cual permite especificar las características ambientales de los productos evitando vaguedades, generalidades o ambigüedades.

En Latinoamérica, recientemente el tema del reciclaje de envases y el aprovechamiento de materiales de éstos, se ha convertido en un asunto a atender por parte de los congresos nacionales. De esta manera, en países como Uruguay, Argentina y Honduras han sido aprobadas diversas leyes ambientales con el objeto de promover la reutilización, el reciclado y valorización de residuos de envases.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la “Ley de Uso de Envases no Retornables”, vigente en Uruguay, aplicable a todos los envases excepto los de uso industrial y agropecuario. A fin de promover la reutilización, el reciclado y demás formas de valorización de los residuos de envases, se crea un registro de fabricantes, importadores o vendedores de envases, mismo que concluye con un certificado de inscripción para quienes realizan un plan de gestión de residuos, con objetivos de reducción, retornabilidad, reciclado y valoración, en los porcentajes y plazos determinados. En consecuencia, la autoridad ambiental otorga un símbolo de acreditación para aquellos envases y productos que acrediten un plan de gestión de residuos.

A través de la Ley del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados, en Argentina se realizan acciones orientadas a la prevención y la reducción del impacto sobre el medio ambiente de los envases y sus residuos a lo largo de todo su ciclo de vida. Con disposiciones aplicables para todos los envases comercializados en el territorio nacional, consistentes en la integración de un Sistema Integrado de Gestión de Envases y Residuos de Envases, la utilización de materiales biodegradables, el pago de cuotas por cada envase no biodegradable, así como la operación de un Programa Integrado de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados, en el que participan las provincias y los ayuntamientos. Asímismo, existe un sistema de marcado y sistema de identificación, consistente en una marca en el envase o en la etiqueta, respecto a su condición de reutilizable o reciclado, así como las direcciones donde se debe remitir para dicho proceso. Finalmente, la ley prohíbe la comercialización de envases etiquetados o marcados con la leyenda de no retornables u otra de contenido similar.

En la actualidad, la legislación vigente en Honduras carece de ley específica alguna que contribuya a la preservación del medio ambiente a través de acciones relacionadas con el reciclaje, la reutilización y la valoración de envases y sus residuos. En este escenario, recientemente fue presentada ante el congreso nacional la iniciativa legislativa de crear la Ley para el Manejo y Reciclaje de los Desechos Sólidos, la cual tiene como finalidad ejercer un mayor control sanitario y ambiental en el manejo de la basura, eliminación de los vertederos a cielo abierto, la reducción de los volúmenes de basura a depositarse en los rellenos sanitarios, incrementando el reciclaje y el aprovechamiento para producir composta y abono. Además, plantea la separación o clasificación obligada de la basura (orgánica e inorgánica) en los sitios de origen; un enfoque crítico al problema del plástico, la responsabilidad de las empresas que generan desechos de plástico obligándolas a reciclar, a recuperar envases o a entregar recipientes o contenedores en relación a los volúmenes de producción o uso de este material.

El reciclaje en México

En nuestro país, el marco normativo federal en materia ambiental se encuentra determinado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de las normas oficiales mexicanas expedidas por la autoridad ambiental, que en este caso es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contiene lineamientos generales destinados a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección al ambiente, los cuales determinan los principios básicos de la política ambiental, misma que tendrá como objetivo esencial la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos contiene los lineamientos generales que coadyuvarán a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, así como los principios que integran la política ambiental, mismos que consisten en la valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Sin embargo, no obstante el objeto esencial de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de garantizar el derecho a un medio ambiente y la procuración de un desarrollo sustentable, a través de la prevención de la contaminación provocada por la generación de residuos sólidos urbanos y los considerados de manejo especial, por lo que se refiere a la gestión integral de residuos tanto de manejo especial como los del tipo urbano, la ley adolece de disposiciones específicas que coadyuven a un proceso eficiente de reciclaje de residuos que contribuya a minimizar el deterioro ambiental y, al mismo tiempo, que contribuya a la reutilización de diversos materiales y su posterior aprovechamiento.

El reciclaje en las entidades federativas

Por lo que se refiere al tema del reciclaje en el ámbito de la legislación estatal se encuentra que, en primera instancia, el asunto del reciclaje de residuos y su valorización no ha cobrado mucha importancia en las agendas legislativas locales. Hasta hace pocos años, las acciones gubernamentales locales han consistido únicamente en la ejecución de diversos programas piloto orientados a los generadores de grandes cantidades de residuos, programas que han sido ejecutados mayoritariamente por los gobiernos municipales, así como acciones legislativas en pro de la obligatoriedad en la separación de residuos. Sin embargo, dichos programas no han demostrado lograr avances significativos para intentar solucionar el crecimiento constante del problema que se origina con la generación de residuos, o bien que sirvan de referencia para su implementación en otras entidades. En este escenario se encuentran los estados de Baja California, Colima, Jalisco y Querétaro.

En fechas recientes, el tema del manejo de residuos ha comenzado a cobrar atención en los gobiernos locales del Distrito Federal, Tabasco y Aguascalientes, los cuales han emprendido una serie de acciones, mismas que se encuentran determinadas con la responsabilidad para la población en general de la generación de residuos, la separación, la reducción, evitar su generación, fomentar su utilización y reciclaje. Asimismo, la legislación local en materia ambiental presta especial atención a los generadores de residuos sólidos en alto volumen, los cuales deben realizar planes de manejo de residuos específicos para minimizar la generación de residuos sólidos, el manejo responsable y la orientación para los consumidores. Este es el caso particular del Distrito Federal.

Por lo que respecta al estado de Tabasco, en la LIX Legislatura (2007-2010) se presentó una iniciativa de ley con el objeto de crear la Ley para el Consumo Responsable en el estado de Tabasco. En el documento se encuentran propuestas interesantes relacionadas con el uso y consumo de envases, pilas, bolsas de plástico, insumos electrónicos, artículos desechables, aire acondicionado, etcétera. En lo que se refiere a la regulación del uso y consumo sustentable de envases así como propiciar su reutilización, reciclado y el manejo, reducción y eliminación final de los residuos generados por éstos, la propuesta de ley contiene disposiciones relativas a requisitos que deben observar los fabricantes de envases en cuanto a materiales utilizados para su fabricación, la obligatoriedad de advertir al público sobre el contenido de sustancias nocivas para la salud humana o animal en envases. No obstante a lo loable de esta propuesta, la misma no fue dictaminada por el pleno de la LIX Legislatura, y corresponderá a la actual legislatura su aprobación o rechazo.

Otro ejemplo de acciones legislativas locales en pro del medio ambiente es el caso de Aguascalientes. En esta entidad, el pasado 4 de marzo de 2010 se presentó una iniciativa de ley con el objeto de crear la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes del Estado de Aguascalientes, en la cual se aborda enfáticamente el tema del reciclaje a partir del empadronamiento de empresas altamente contaminantes y las sanciones económicas altas para aquellos que incumplan sus disposiciones.

Propuesta de iniciativa de reforma

En el marco de la tendencia internacional en pro de la protección y preservación del medio ambiente, en los últimos años los diputados y senadores del Congreso de la Unión, han presentado una serie de propuestas de reforma el marco normativo vigente con el objetivo esencial de fomentar el reciclaje de envases y sus residuos. Sin embargo, no obstante la preocupación de los legisladores federales, la legislación ambiental mexicana no presentó modificación sustancial alguna que permitiera establecer los lineamientos esenciales que coadyuven a la protección ambiental, especialmente en lo relacionado con la reducción de residuos, el reciclaje de envases y la promoción de su reutilización.

Así las cosas, las propuestas de reforma al marco legislativo ambiental federal presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, han pretendido, en diversos momentos, la modificación de varios artículos de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos para fomentar la participación de todos los sectores sociales y económicos en la devolución, recolección y recuperación de residuos de envases y envases usados, estableciendo así la obligación para fabricantes de envases de utilizar material reciclable. Asimismo, fue presentada la propuesta de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el objeto de establecer un impuesto por cada envase que no cumpla con la cuota de reciclamiento establecida, logrando así la generación de recursos económicos para solventar el daño ambiental causado por el desecho de envases.

El Partido Acción Nacional, al interior de la Cámara de Senadores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente, cuyo objetivo consistía en involucrar al sector privado en las tareas de protección al ambiente, obligando a todos los productores a utilizar cuando menos un 30 por ciento de plástico reciclado en la fabricación de sus productos.

Sin embargo, no obstante a la diversidad de las propuestas de reforma que van desde la creación de un nuevo impuesto para los fabricantes de envases, pasando por el fomento de la participación de todos los sectores sociales en el manejo de envases y los residuos de éstos, hasta la obligatoriedad para los fabricantes de envases de utilizar material reciclable y cumplir metas de reciclamiento, hasta el día de hoy, ninguna de las propuestas de reforma señaladas con anterioridad han sido discutidas en el pleno, resultando entonces que pese a la trascendencia de cada una de las reformas en materia de mejoramiento y preservación del medio ambiente, nuestra legislación vigente carece de disposiciones especificas que contribuyan al establecimiento de una política ambiental especifica con acciones objetivas e incluyentes que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a prevenir la contaminación.

En el marco de este escenario actual, determinado por nuestra legislación vigente se encuentra el momento propicio para presentar una nueva iniciativa de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que contribuya a fomentar una cultural del reciclaje, incrementar los niveles de reciclaje, promover el uso de plásticos degradables, disminuir la contaminación ambiental, incrementar los niveles de reciclaje, promover el uso de plásticos degradables y en el largo plazo, prohibir la comercialización de algunos tipos de envases que causan dificultades de reciclaje o de disposición final.

En ese tenor, las reformas que propongo en la presente iniciativa de reforma se pueden resumir en lo siguiente:

1. Adición de un capítulo segundo del título sexto de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en la que se especifiquen las características generales que deberán observar los productores de envases a efecto de promover su reutilización y reciclaje.

2. Diseño y aplicación de un Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Envases y sus Residuos

a) Sistema de codificación para botellas de plástico. Identificación de los materiales con los que se fabrican envases auxiliando así a las empresas recicladoras en la selección de plásticos según su fabricación.

Este sistema es voluntario por parte de los fabricantes y consiste en la aplicación de un código impreso en la base del contenedor de plástico.

Los productos que son comercializados deben portar un etiquetado ecológico, el cual permite especificar las características ambientales de los productos evitando vaguedades, generalidades o ambigüedades.

b) Plazos determinados para el cumplimiento de objetivos relacionados con la reducción, reciclado y valorización.

3. Distinción de envases por medio de una leyenda o símbolo, aprobado por la autoridad ambiental, en el cual se especifican las características ambientales de los productos y facilitar así la identificación envases son reusables o recuperables para ser posteriormente reciclados.

a) Aplicable a todos los envases, excepto los de uso industrial y agropecuario.

4. Padrón de fabricantes, importadores o vendedores de envases, mismo que concluye con un certificado de inscripción para quienes utilizan materiales biodegradables y realizan un plan de gestión de residuos, con objetivos de reducción, retornabilidad, reciclado y valoración, en los porcentajes y plazos determinados.

Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto

Por el que se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo Primero. Se reforma la denominación del capítulo único del título sexto, de la Prevención y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, por Capítulo Primero, y se adicionan el artículo 28 con una fracción IV; un capítulo segundo al título sexto, denominado De la Utilización, Reciclaje y Valoración de Residuos Originados por Envases que contiene los artículos 100 Bis, 100 Ter, 100 Quáter y 100 Quinquies, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 28.Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. a III. (...)

IV. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de envases.

Título sextoDe la Prevención y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial Capítulo Primero

Artículos 95 al 100...

Capítulo SegundoDe la Utilización, Reciclaje y Valoración de Residuos Originados por Envase

Artículo 100 Bis. La secretaría diseñará, ejecutará y vigilará la aplicación de un Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Envases y sus Residuos que, entre otros, tendrá como objetivos:

I. Prevenir y reducir el impacto en el medio ambiente por la producción, comercialización, utilización y disposición final de los envases;

II. Generar un sistema voluntario de codificación para identificar los materiales con los que se fabrican los envases a fin de facilitar el reciclaje de los mismos;

III. Favorecer el aprovechamiento de estos materiales en otros procesos, aplicando el principio de responsabilidad compartida;

IV. Incentivar la generación de infraestructura ambiental adecuada para la recolección, el reuso, reciclaje o tratamiento de estos materiales;

V. Lograr la participación activa de las dependencias y entidades de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal a fin de reducir la generación de residuos;

VI. Promover que el sector productivo produzca y emplee envases con diseño ambiental.

Artículo 100 Ter. La secretaría elaborará las normas oficiales mexicanas para minimizar la generación de residuos de envases, así como para favorecer el reciclado y reutilización de éstos.

Asimismo, elaborará un padrón de productores, exportadores, importadores, distribuidores y comercializadores de envases y certificará a quienes en el desarrollo de sus actividades, utilicen el porcentaje mínimo de material biodegradable que para tal efecto deberán emplear los envases que se utilicen en el territorio nacional, según lo establezca la norma oficial correspondiente.

Artículo 100 Quáter. Los planes de manejo de envases que realicen los productores, importadores, exportadores y distribuidores de envases deberán establecer, entre otros, los porcentajes y plazos determinados para la consecución de objetivos relacionados con la reducción de volúmenes, estrategias de retornabilidad, reciclado, valoración de envases y los residuos que éstos generen.

Artículo 100 Quinquies. Todos los envases deberán portar una etiqueta ecológica a fin de que se identifiquen sus características ambientales y permita clasificar aquéllos envases que sean reciclables o reutilizables.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los envases de uso agropecuario, industrial y aquéllos que por sus características, peligrosidad o efecto en la salud determine la secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Las etiquetas ecológicas a que se refiere este artículo serán diseñadas y difundidas por la secretaría, quien especificará las características ambientales de los envases para una fácil identificación.

Artículos Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación del presente decreto, elaborará y publicará el Programa Nacional de Residuos de Envases.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo no mayor a un año a partir de la publicación del presente decreto, elaborará y publicará las Normas Oficiales Mexicanas para minimizar la generación de residuos de envases.

Asimismo, determinará y difundirá el contenido mínimo de material biodegradable que deberán contener los envases que se utilicen en territorio nacional.

Cuarto. En un plazo no mayor a un año a partir de la publicación del presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales diseñará y difundirá las características de las marcas o identificaciones de los envases.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Economía diseñará una estrategia de información y sensibilización de los consumidores sobre las ventajas de optar por productos con envases que tengan las mejores características ambientales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: Gustavo González Hernández, Gastón Luken Garza, José Ignacio Seara Sierra, Juan José Cuevas García, Ivideliza Reyes Hernández, María Joann Novoa Mossberger, Rubén Arellano Rodríguez, Gumercindo Castellanos Flores, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, José M. Torres Robledo, Janet Graciela González Tostado, Filemón Navarro Aguilar, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Ramón Merino Loo, José Manuel Marroquín Toledo, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Martín Enrique Castillo Ruz, Sergio Lobato García, Norma Sánchez Romero, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Tomás Gutiérrez Ramírez, J. Guadalupe Vera Hernández, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Tomasa Vives Preciado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Laura Piña Olmedo, Susana Hurtado Vallejo, Rubén Arellano Rodríguez, Norma Leticia Orozco Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Tal como lo solicita el diputado Gustavo González, el texto íntegro de su intervención será insertado en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta asamblea da la más cordial bienvenida a los colonos del municipio de Tlanepantla, estado de México, que hoy nos visitan y son invitados de un servidor, Amador Monroy.

También contamos con la cordial y amable visita de invitados del municipio de Ecatepec, estado de México. Ellos han sido convocados por el diputado Martín Vázquez Pérez. Bienvenidos.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

El diputado Martín Rico Jiménez:Con su permiso, señor presidente.

Honorable asamblea, hoy día sufrimos las consecuencias de un crecimiento acelerado y desordenado de los centros urbanos y rurales de población, lo que implica la necesidad de regular el desarrollo de ciudades y metrópolis, su dotación de servicios, la infraestructura básica, el equipamiento urbano y el espacio público, así como impulsar una cultura de prevención de desastres, considerando en todo momento la demanda de una vivienda digna y sustentable.

Es oportuno reconocer que existen contradicciones y dificultades en las leyes, reglamentos, programas y actos administrativos relacionados en materia de protección civil, vivienda y ordenamiento territorial, lo que se transmite en una falta de claridad en los objetivos de la política de prevención y atención de desastres en relación con la realidad que viven los habitantes de nuestro país.

Queda claramente ejemplificado en los desastres causados por fenómenos de origen natural que han sufrido estados como Baja California, Michoacán, el estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y, recientemente, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde lamentablemente se perdieron miles de vidas humanas y miles de familias vieron afectadas sus viviendas, sus bie-nes, su modo de vida y la forma de generar ingresos.

Es conveniente destacar que no hay un diagnóstico suficiente sobre la problemática que vive el país en la materia y tampoco existe una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno, motivo por el cual se realizó una revisión exhaustiva al marco normativo nacional en el tema, resultando que existen instrumentos programáticos que definitivamente han superado a la legislación actual.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los retos territoriales urbanos que enfrenta nuestro país son impostergables, ya que inciden en el bienestar social, la calidad de vida, el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y en la seguridad de la población. Enfrentarlos requiere del diseño de leyes adecuadas, de políticas públicas aceptadas, socialmente justas, económicamente eficientes y ambientalmente sustentables, así como de una ejecución y seguimiento efectivo en procesos debidamente coordinados y concertados con los tres órdenes de gobierno.

Como legisladores es nuestro deber facilitar a los actores involucrados una legislación clara, vigente y efectiva en lo relativo a los instrumentos financieros de prevención y atención de desastres naturales, con el propósito fundamental de resguardar la vida de las personas.

Es en este sentido que los invito a tomar conciencia para impulsar una educación hacia la prevención y la protección civil, más que una educación de compensación de daños, considerando que los recursos para el rubro de compensación de daños nunca son suficientes cuando los desastres causados por fenómenos de origen natural son altamente perjudiciales para la población. Lo que trae como consecuencia que frecuentemente las víctimas del daño nunca son compensadas en su totalidad.

Son estas reflexiones las que motivan nuestra propuesta, para adecuar el marco jurídico en materia de protección civil, con el objeto de fortalecer los instrumentos financieros de naturaleza preventiva que permitan destinar mayores recursos para la reubicación de viviendas, primordialmente las que se encuentran instaladas en zonas denominadas de alto riesgo, consideradas y definidas en los atlas nacional y estatales de riesgo.

Y que no estén infringiendo la ley para que sean trasladadas a lugares seguros, cumpliendo con las normas jurídicas y con la finalidad fundamental de salvaguardar las vidas de las personas y sus bienes.

Es en este sentido que proponemos el presente proyecto de reformas a la Ley General de Protección Civil, con el objeto de dar sustento presupuestal para que las dependencias y entidades del gobierno federal puedan solicitar la reasignación de los Fondos de Prevención de Desastres, tanto para la reubicación de vivienda como para otros rubros que son de vital importancia para la población.

Señores legisladores, los invito a sumarse a este proyecto, el cual permite con acciones concretas reasignar recursos para la reubicación de viviendas que se encuentran en riesgo, resguardando fundamentalmente la vida de las personas y sus bienes.

Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa y solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Les pediría, diputadas y diputados, aquellos que se quieran sumar a que podamos tener mejores instrumentos para poder reubicar de una manera más rápida y expedita a estas familias, a estas viviendas que están en zonas de riesgo que se sumen a esta iniciativa. Por su atención gracias compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Martín Rico Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy día sufrimos las consecuencias de un crecimiento acelerado y desordenado de los centros urbanos y rurales de población, lo que implica la necesidad de regular el desarrollo de ciudades y metrópolis, su dotación de servicios, la infraestructura básica, el equipamiento urbano y el espacio público y recreativo, así como impulsar una cultura de prevención y/o respuesta inmediata a desastres, apoyados en la legislación de protección civil, considerando en todo momento tener presente la demanda de una vivienda digna y sustentable.

Es oportuno reconocer que existen contradicciones y dificultades en las leyes, reglamentos, decretos, programas y actos administrativos relacionados en materia de protección civil, vivienda y ordenación del territorio, lo que se transmite en una falta de claridad en los objetivos de la política de prevención y atención de desastres en relación con la realidad que viven los habitantes de nuestro país, quedando ejemplificado en los recientes desastres causados por fenómenos o calamidades de origen natural y/o antropogénico que han sufrido estados como Michoacán, estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y, recientemente, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, donde lamentablemente se perdieron vidas humanas y miles de familias vieron afectadas sus viviendas, sus bienes, su modo de vida y la forma de generar ingresos.

Es conveniente destacar que no hay un diagnóstico suficiente acerca de la problemática que vive el país en la materia; y tampoco existe una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno, ni entre el poder público y sociedad en general para entender y atender el alto compromiso que significa la administración de un centro de población en materia de protección civil y en prevención y atención de desastres.

Motivo por el cual, se realizó una revisión exhaustiva al marco normativo nacional en la materia, resultando que existen instrumentos jurídicos que definitivamente han superado a la legislación actual, como algunos ejemplos citamos los siguientes.

El Plan Nacional de Desarrollo señala la obligación de la federación de garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés. Dispone de la obligación de prevenir y atender los riesgos naturales, donde pretende sensibilizar a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios para la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y en el marco normativo de los municipios.

Este instrumento en una de sus estrategias, señala que se deben orientar a hacer de la prevención de desastres y el manejo integral de riesgos, una política de desarrollo sustentable a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los sectores público, social y privado, y a fortalecer prácticas de cooperación entre la federación, estados y sociedad civil, que permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales, lo que implica diseñar e implementar nuevos programas estratégicos, dirigidos a mitigar la exposición de la población frente a amenazas de origen natural y antropogénico. Propone fortalecer los instrumentos jurídicos para dotar de mayores atribuciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de evitar la concentración y proliferación de asentamientos humanos en zonas de riesgo y reducir el riesgo de la población más vulnerable.

Por su parte, la Ley General de Planeación en su artículo 32, establece la obligatoriedad que deben observar las dependencias y las entidades de la administración pública federal del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de éste se deriven. Por lo anterior, es relevante atender lo previsto en los programas nacionales vigentes de protección civil y de vivienda.

En el caso del Programa Nacional de Protección Civil 2008–2012, señala que la propuesta de protección civil se describe como “una política pública de concertación y coordinación que trasciende en una cultura preventiva y de autoproducción que hace transversal el enfoque del manejo integral de riesgos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado a fin de optimizar y transparentar el uso de recursos fiscales”; subraya que en nuestro país la vulnerabilidad de la población a climas extremos es grande y por lo tanto se deben diseñar estrategias preventivas y analizar la atención de los desastres desde la perspectiva de las poblaciones vulnerables.

Dicho instrumento programático describe que la tendencia hacia la transversalización del manejo integral de riesgos en la administración pública promete ser la estrategia más favorable para consolidar esta perspectiva, potenciando los recursos de otras instancias y políticas públicas de manera concurrente, delimitando los alcances y responsabilidades de los actores convocados y multiplicando el esquema hacia las entidades federativas y los municipios, logrando la reducción de riesgos y con ello un gran ahorro en recursos financieros, humanos y materiales; para lo cual se requiere de la actualización de las legislaciones aplicables que tenga como finalidad armonizar la actuación de los integrantes del sistema nacional dentro de un marco jurídico ágil, sencillo y adecuado para los tres órdenes de gobierno.

Uno de los ejes de la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil, es su fortalecimiento con la incorporación de nuevos componentes, tales como una estructuración del sistema basada en la previsión, prevención y mitigación de riesgos y el perfeccionamiento y actualización constante del marco normativo.

Diversos objetivos y metas señaladas en el programa nacional, buscan impulsar la actualización de las políticas de gobierno, su normatividad, y el manejo de fondos públicos, así como esquemas de transferencia de riesgos que fortalezcan las acciones del sistema; así mismo promueven la actualización y la homologación del marco legislativo que da soporte a las tareas y trabajos de protección civil en los tres órdenes de gobierno; fortalecen los instrumentos financieros de la protección civil y desarrollan nuevos esquemas de financiamiento y de transferencia de riesgos que garanticen la disponibilidad de recursos para la prevención, atención y recuperación de desastres. También proponen modificaciones al marco normativo de los instrumentos financieros de prevención y atención de desastres causados por fenómenos o calamidades de origen natural con el propósito de ampliar los conceptos y previsiones en materia de prevención, mitigación y reducción de riesgos.

Por otra parte, el Programa Nacional de Vivienda: hacia un desarrollo habitacional sustentable 2008 – 2012, en materia de prevención a fenómenos naturales establece que uno de los retos fundamentales para el desarrollo habitacional en el presente y futuro inmediato, es abrir el acceso al financiamiento para la vivienda a las familias de menores ingresos y evitar que la producción social de la vivienda crezca de manera desordenada y sin parámetros de sustentabilidad.

Este documento señala la obligación de apoyar a la población con necesidades de vivienda en casos de fenómenos naturales que originen desastres, y/o a la población que su residencia se encuentre ubicada en zonas de alto riesgo, a través de las siguientes líneas de acción:

1) Desarrollar y aplicar con las instituciones competentes una metodología de reacción ante fenómenos naturales que propician desastres;

2) Armonizar los distintos programas federales que otorgan apoyos a la población afectada por desastres naturales para garantizar la complementariedad y efectividad de acción conjunta; y

3) Desarrollar el diagnóstico – inventario de las acciones de vivienda en zonas de alto riesgo, identificar opciones y costos de solución, y apoyar las acciones de reubicación de los diferentes órdenes de gobierno, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Compañeras y compañeros diputados, los retos territoriales y urbanos que enfrenta el país en este momento son impostergables, ya que inciden en el bienestar social, la calidad de vida, el desarrollo económico, la competitividad, la sustentabilidad ambiental y en la seguridad de la población.

Enfrentarlos requiere de la definición de estrategias y diseños tanto de leyes adecuadas, como de políticas públicas acertadas, socialmente justas, económicamente eficientes y ambientalmente sustentables, así como de una instrumentación, ejecución y seguimiento efectivo, en procesos debidamente coordinados y concertados en los tres órdenes de gobierno.

Como legisladores, es nuestro deber facilitar a los distintos actores involucrados, de una legislación clara, vigente y efectiva en lo relativo a los instrumentos financieros de prevención y atención de desastres naturales, con el propósito de resguardar la vida de las personas, y ampliar los conceptos y previsiones en materia de prevención, mitigación y reducción de riesgos.

En este sentido los invitamos a tomar conciencia para impulsar una educación encaminada hacia la prevención y en la protección civil, más que en una educación de compensación de daños. Debemos considerar que los recursos para el rubro de compensación de daños nunca son suficientes cuando los desastres causados por fenómenos o calamidades de origen natural o antropogénico son altamente perjudiciales para la población, lo que trae como consecuencia que frecuentemente las víctimas del daño nunca son compensadas en su totalidad.

Son estas reflexiones las que motivan nuestra propuesta para adecuar el marco jurídico en materia de protección civil y prevención de desastres, concretamente en el tema de vivienda, con el objeto de fortalecer los instrumentos financieros de naturaleza preventiva que permitan destinar mayores recursos, entre otros para la reubicación de viviendas, primordialmente las que se encuentran instaladas en zonas denominadas de alto riesgo (consideradas y definidas en los Atlas Nacional y estatales de riesgo), y que no estén infringiendo la ley, para que sean trasladadas a lugares seguros, cumpliendo con las normas jurídicas federales, estatales y municipales, y con la finalidad fundamental de salvaguardar las vidas de las personas y sus bienes, así como generar un marco de políticas adecuadas para una correcta planeación urbana dotadas de infraestructura que cubra las necesidades de las personas.

Cabe considerar, que esta propuesta no sustituye la responsabilidad que corresponde a las entidades federativas y a los municipios, para prever en sus respectivos ámbitos de competencia y presupuestos, los recursos destinados a la realización de acciones preventivas.

Considerando que la legislación actual en materia de protección civil y prevención de desastres, contempla tanto el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), como el Fideicomiso de Prevención de Desastres Naturales (Fipreden), dichos instrumentos están incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 dentro del ramo 23, y que a través de estos, proporcionan recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal y a las entidades federativas, para la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, evitando y disminuyendo los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales, sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

En este sentido, proponemos el presente proyecto de reformas y adiciones a la Ley General de Protección Civil, con el objeto dar sustento presupuestal para que las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus atribuciones, puedan solicitar la reasignación de los fondos de prevención de desastres, para la operación de instrumentos financieros de naturaleza preventiva tanto para la reubicación de vivienda como para otros rubros que son de vital importancia para la población; considerando que en sus reglas de operación se sumen recursos proporcionablemente equitativos de las entidades federativas, quedando dichos instrumentos a cargo de la Secretaría de Gobernación quien coordinará a las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes en cada tema.

Por último, consideramos de vital importancia que el operador de la política nacional de vivienda, forme parte del Consejo Nacional de Protección Civil con el objeto de generar las líneas de acción que orientarán la política hacia una atención y prevención de desastres en el tema de vivienda.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.

Artículo Único. Se reforman los artículos 5; la fracción XIII del artículo 12; fracción VII del artículo 16, y el 17; se adiciona la fracción IV del artículo 20 y se recorren las subsecuentes; se reforman los artículos 28, párrafo primero; 30, fracción III; y se adiciona el artículo 41; todos de la Ley General de Protección Civil.

Artículo 5o. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las dependencias y entidades del gobierno federal, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la población que colabora con las dependencias del Ejecutivo federal, se podrán sumar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Artículo 12.La coordinación ejecutiva del sistema nacional recaerá en la Secretaría de Gobernación, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil

I. a XII. ...

XIII. Solicitar recursos del Fondo de Desastres Naturales para la prevención y atención de desastres; y reasignarlos a las entidades o dependencias del gobierno federal para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones que les corresponda;

XIV a XIX...

Artículo 16.El consejo nacional es un órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:

I. a VI. ...

VII. Gestionar ante las autoridades correspondientes la incorporación de la materia de protección civil en el sistema educativo nacional, y en los programas sectoriales, nacionales, institucionales, regionales y especiales que deriven del Plan Nacional de Desarrollo.

VIII. a IX. ...

Artículo 17.El consejo nacional estará integrado por el presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; por el director general de la Comisión Nacional de Vivienda; por los gobernadores de los estados y del jefe de gobierno del Distrito Federal. Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los secretarios un subsecretario; para los gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal, el secretario general de gobierno. En el caso del secretario de Gobernación, lo suplirá el coordinador general de Protección Civil.

Artículo20.Corresponde al secretario ejecutivo:

I. a III. ...

IV. Llevar a cabo la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus atribuciones en el caso de prevención y atención de desastres;

V. a  VII...

Artículo 28. Se podrán elaborar programas especiales de protección civil en coordinación con las dependencias y entidades del gobierno federal en el ámbito de sus atribuciones cuando:

I. a II...

Artículo 30.Le competerá a la federación, sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales les corresponda realizar a las entidades federativas y municipios, lo siguiente:

I...

II...

III. Destinar por medio de la Secretaría de Gobernación, dependencias o entidades de la administración pública federal, recursos de los Fondos de Desastres autorizados para la atención o prevención de emergencias y desastres, para la realización de acciones reactivas y preventivas y en ámbito de sus atribuciones, ante circunstancias que valorarán los órganos administrativos correspondientes que se deriven de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 de este ordenamiento; y

IV....

Artículo 41.Las dependencias o entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus atribuciones podrán participar en las siguientes medidas preventivas y de seguridad:

I. Identificar y proponer la reubicación de personas que habiten viviendas que se encuentren en lugares o zonas de alto riesgo, para que sean trasladadas a zonas seguras que cumplan con las normas aplicables;

II. Acciones preventivas y de difusión a la población para que evite instalar sus viviendas en zonas de alto riesgo;

III. Las demás que en materia de protección civil se requieran para evitar que se generen riesgos a la vivienda de la población.

Asimismo, las dependencias o entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus atribuciones podrá proponer a la Secretaría de Gobernación sobre la ejecución de alguna o algunas de las medidas preventivas y de seguridad para el reguardo de las viviendas de la población.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo.Se abrogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero.El Ejecutivo federal deberá, en un plazo no mayor a 90 días naturales, realizar las adecuaciones necesarias a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputados: Martín Rico Jiménez, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, José Ignacio Seara Sierra, Norma Leticia Salazar Vázquez, María Yolanda Valencia Vales, Gabriela Cuevas Barrón, María del Pilar Torre Canales, Daniela Nadal Riquelme, Gloria Romero León, Juan José Cuevas García, Ivideliza Reyes Hernández, María Joann Novoa Mossberger, Marta Elena García Gómez, Martín Enrique Castillo Ruiz, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Malco Ramírez Martínez, Sergio Lobato García, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Norma Sánchez Romero, Gastón Luken Garza, Leandro Rafael García Bringas, Alfredo Francisco Lugo Oñate, David Hernández Vallín, Filemón Navarro Aguilar, Luis Hernández Cruz, Janet Graciela González Tostado, María Marcela Torres Peimbert, Ramón Merino Loo, Laura Viviana Agundiz Pérez, José Manuel Marroquín Toledo, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, María Antonieta Pérez Reyes, Laura Piña Olmedo, Susana Hurtado Vallejo, Norma Leticia Orozco Torres, Rubén Arellano Rodríguez, José M. Torres Robledo, Domingo Rodríguez Martell, Sergio Tolento Hernández, Pedro Peralta Rivas, Uriel López Paredes, Rigoberto Salgado Vázquez, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Tomás Gutiérrez Ramírez, J. Guadalupe Vera Hernández, Laura Arizmendi Campos, Rosario Ortiz Yeladaqui, Sabino Bautista Concepción, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Tomasa Vives Preciado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Martín Rico, el diputado David Hernández solicita adherirse a su iniciativa.

El diputado Martín Rico Jiménez:Con mucho gusto, le agradezco.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Si no tiene inconveniente.

El diputado Martín Rico Jiménez:Ninguno, señor presidente y agradezco esta inclusión.

El diputado Gastón Luken Garza(desde la curul): También quiero adherirme.

El diputado Martín Rico Jiménez:Gracias, diputado Gastón.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En el mismo sentido se han manifestado otros compañeros diputados. Creo que si no hay ningún inconveniente, el documento está a su disposición para adherirse en la mesa de esta Secretaría.

El diputado Martín Rico Jiménez:Gracias, presidente. Gracias, diputados que se están adhiriendo a esta propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita el diputado Martín Rico, el texto íntegro de su intervención se integra al Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.

Nos visita el presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, Rafael Flores Mendoza y los regidores de las fracciones de las distintas regiones del ayuntamiento de Guadalupe, invitados todos ellos por el diputado Samuel  Herrera Chávez y los demás integrantes de la legislatura, de Zacatecas.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que presento hoy tiene el propósito de precisar cuál debe ser el límite de deducción de inversiones.

Como saben, para la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Esto implica que las inversiones no están destinadas a las ventas o prestaciones de servicios sino que sirven a los propósitos y objetivos sociales de la unidad económica y que la misma usa o conserva durante un determinado tiempo, ya sea corto, largo o de mediano plazo, ya que le sirven para realizar sus objetivos.

Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta reconoce la deducción de inversiones mediante el método de la línea recta, lo que permite deducir en un cierto periodo la totalidad de la operación realizada, dependiendo de la tasa de depreciación aplicable a la inversión de que se trata.

La aplicación de porcentajes fijos presupone una cierta vida útil, debiendo realizarse en función de los meses completos de uso que hayan tenido los bienes en el ejercicio. Sin embargo, para que se cumpla lo que hoy está escrito en ley no debe dar lugar a malas interpretaciones o permitir supuestas aclaraciones a texto de ley, como sucede actualmente.

Por esa razón, es necesario precisar en el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las deducciones de las inversiones sólo se podrán aplicar hasta llegar al límite del monto original de la inversión. De esa manera se evita una interpretación de deducción anual que pudiera extenderse hasta el infinito aplicando los porcentajes autorizados cada año.

Es necesario aclarar que esta precisión ya se expresa así en el artículo 174 de la misma ley para personas físicas, por lo que es necesario armonizar los diferentes textos para evitar abusos en los límites de las deducciones que la autoridad tendría que desahogar en tribunales fiscales, sin la seguridad de ganarlos.

El artículo 174 de la mencionada ley en su primer párrafo señala que las inversiones cuya deducción autoriza este título, excepto las reguladas por el capítulo segundo, sección primera y segunda del mismo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el monto de las mismas y hasta llegar a este límite de los siguientes por cientos.

La simple precisión del tope de las deducciones hasta el límite de inversión cobra una gran importancia, ya que la falta de aclaración en la redacción da lugar a la denominada elusión fiscal con el consiguiente daño al erario público de nuestra nación.

Es por eso que propongo agregar esa precisión en el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que quede de la siguiente manera:

Artículo 37. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los por cientos máximos autorizados por esta ley sobre el monto original de la inversión y hasta llegar a este límite.

Con eso se ayuda a mejorar la relación entre la autoridad y el contribuyente. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el contenido del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

Para la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran inversiones: “los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos”. Esto implica que las inversiones no están destinadas a las ventas o prestación de servicios, sino que sirven a los propósitos y objetivos sociales de la unidad económica, y que la misma usa o conserva durante un determinado tiempo, ya sea corto, largo o mediano plazo, ya que le sirven para realizar sus objetivos.

La Ley del Impuesto sobre la Renta, reconoce la deducción de inversiones, mediante el método de línea recta, lo que permite deducir, en un cierto periodo, la totalidad de la erogación realizada, dependiendo la tasa de depreciación aplicable a la inversión de que se trate. La aplicación de porcentajes fijos presupone una cierta vida útil, debiendo realizarse en función de los meses completos de uso que hayan tenido los bienes en el ejercicio.

Sin embargo, para que se cumpla lo que está escrito en ley no debe dar lugar a malas interpretaciones o permitir supuestas aclaraciones a texto de ley, por lo que es necesario precisar en el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que las deducciones de las inversiones, sólo se realizaran hasta llegar al límite del monto original de la inversión a fin de no permitir una interpretación de deducción anual hasta el infinito, aplicando los porcentajes autorizados cada año. Se debe aclarar que esta precisión sí se hace en el artículo 174 de la misma ley para personas físicas, por lo que sus interpretaciones armónicas pero diferentes, pueden dar lugar a abusos en el límite de las deducciones que la autoridad tendría que desahogar en tribunales fiscales, sin la seguridad de ganarlos.

El artículo 174 de la mencionada ley en su primer párrafo, señala que “las inversiones cuya deducción autoriza este título, excepto las reguladas por el capítulo II, secciones I o II del mismo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el monto de las mismas y hasta llegar a este límite, de los siguientes por cientos:”.

La simple diferencia de topar la deducción en inversiones hasta el límite de la inversión no es menor cosa, ya que la falta de aclaración en la redacción da lugar a la denominada elusión fiscal con el consiguiente daño al erario público del país.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 37. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta ley, sobre el monto original de la inversión y hasta llegar a este límite, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.— Diputados: Víctor Manuel Báez Ceja, Adán Augusto López Hernández, Ariel Gómez León (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Dígame, diputado Fernández Noroña. Sonido a la curul del diputado Noroña, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Dos cosas, diputado presidente.

Una. Volver a insistir en qué paso con mi solicitud de que se declare interlocutor no válido al secretario del gobierno usurpador Lozano. Cada sesión vuelvo a insistir que he pedido que se ponga a consideración del pleno. La Junta de Coordinación Política hace que la virgen le habla y la virgen no existe. Están las cosas en el peor de los terrenos. Volvería a insistir en este tema.

Y segundo. Si me lo permite, muy puntual, aprovechando que hoy sí vino César Nava, que nos explique cómo compra departamentos de 15 millones de pesos con el sueldo que tiene. Sería bueno.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se toma en consideración su intervención. Le comentamos que la Mesa Directiva ya hizo la excitativa correspondiente en relación al tema que usted plantea acerca del secretario del Trabajo Lozano.

Le damos la más cordial bienvenida a este salón de sesiones al honorable señor Oleksandr Horín, viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, quien es acompañado por el excelentísimo señor Oleksii Branashko, embajador de Ucrania en nuestro país. Se reunieron esta mañana con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad México-Ucrania de esta soberanía.

Así, hacemos votos para que su estancia en México sea de beneficio para ambas naciones.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de  la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social.

La diputada Janet Graciela González Tostado:Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las diputadas y los diputados del PRI estamos comprometidos en lograr que el Estado realice todas las acciones necesarias para alcanzar la justicia social. Esto debe ser una tarea primordial de cualquier gobierno.

A la Revolución de 1910 debemos no sólo la afirmación de nuestras libertades y garantías individuales sino los derechos sociales fundamentales de los mexicanos, así como las instituciones del Estado responsables de garantizar esos derechos.

La presente iniciativa tiene como objetivo alcanzar niveles similares a países, cuyos sistemas de seguridad social les permiten acceder a préstamos personales a todos los jubilados y pensionados de sus países, como es el caso de Brasil.

La reducción del ingreso de los hogares mexicanos como consecuencia de la crisis económica, la contracción del empleo, han impactado en gran medida en los hogares de jubilados y pensionados, y esto ha aumentado los costos de crédito para toda la población y en especial para los adultos mayores, además, de que no son sujetos al derecho del crédito, siendo esto discriminatorio. El crédito en nuestro país se ha visto con una tendencia a la baja en su crecimiento. El Banco de México en sus informes trimestrales ha señalado que al primer trimestre del 2009 el crédito se redujo en un 12.5 por ciento y representó el 4.2 del PIB.

La mayor parte del crédito total se otorga a través de tarjetas de crédito bancarias. Cabe señalar que los jubilados y pensionados de este país no acceden a este tipo de servicios financieros, porque las instituciones bancarias no los consideran por su edad e ingresos como sujetos a crédito, es decir, son sectores de la población considerados de mayor riesgo.

Cuando por el contrario, son personas que han entregado su vida al trabajo y por ello se encuentran pensionados y jubilados. Son personas responsables que aún pueden ser un activo para nuestro país.

Una de las prioridades para el PRI es generar acciones de gobierno que ayuden a elevar la calidad de vida, por lo que consideramos que esta iniciativa de reforma ayude en gran medida a que se reactive la economía, que se acceda al crédito de forma sencilla para personas que no son susceptibles a él, como se encuentra la ley actualmente, y esto es útil incluso para emprender algún negocio familiar o para satisfacer una necesidad.

La democracia tiene historia en México, plasmada en la Constitución de 1857, por lo que no puede distinguirse a los derechohabientes del ISSSTE y los del Seguro  Social con derechos diferentes sobre el acceso a las prestaciones económicas y sociales.

El ISSSTE cuenta con una partida especial de recursos económicos para el otorgamiento de préstamos personales para trabajadores en activo, como pensionados y jubilados.

En el caso del IMSS los trabajadores cuentan con el Fonacot para poder acceder a crédito. Sin embargo, los pensionados del IMSS no cuenta con este servicio en el goce de su pensión, situación que la iniciativa busca regular para generar beneficios iguales a pensionados de diferentes instituciones de seguridad social.

México se convirtió en la OCDE en el país con la más baja inversión pública en su sistema de pensiones. El gasto del gobierno mexicano en pensiones fue equivalente a 1.3 por ciento del producto interno bruto, unos 150 millones de pesos al año, mientras el promedio para 30 naciones que pertenecen a la OCDE fue, en el mismo periodo, de 7.2 por ciento.

La aprobación de esta iniciativa generará hasta mil 600 millones de pesos en recaudación en cuatro años por concepto de IVA e ISR, así como la promoción en 5 mil nuevos empleos al año.

Es obligación del Estado propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad como los adultos mayores.

Con esta iniciativa se avanza en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables. Se aprovecha la capacidad económica de crédito de los adultos mayores, generando oportunidades que les permitan desarrollarse en actividades productivas.

La aprobación de la presente reforma traería la reactivación económica a través de microcréditos, a personas que no son actualmente susceptibles a él, quedando como garantía justamente su pensión, por lo cual serían créditos totalmente recuperables, además de ser otorgados a personas que dieron su vida productiva a nuestro país.

Adicional a lo anterior, las instituciones como el IMSS y el ISSSTE se verán beneficiadas, toda vez que tendrán la posibilidad de aumentar sus recursos con las comisiones por las operaciones crediticias que realicen, bajo la regulación de la presente iniciativa de reforma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Primero. Se reforman los artículos 4, 51, 157, 158, 163, 164, 165, 166 y se adiciona un artículo 162 Bis, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Transitorios...

Por obviedad del tiempo, solicito sea totalmente incluido el texto completo en el Diario de los Debates.

Agradezco a los diputados de mi Comisión que se han sumado y a los diputados también del Verde, a mis compañeros les agradezco porque se sumen a esta iniciativa que realmente lo único que busca es apoyar a aquellas persona que han dado su vida por nuestro país, a aquellas personas que no deben ser vulnerables sino que tenemos que apoyar a nuestros pensionados y jubilados. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Janet Graciela González Tostado, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley del Seguro Social y del ISSSTE, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las y los diputados del PRI, estamos comprometidos en lograr que el Estado sea activo y realice todas las acciones necesarias para alcanzar la justicia social. Esta debe ser una tarea primordial de cualquier gobierno, como lo reclamó la Revolución Mexicana con cuyas principales propuestas siguen vigentes y continúan siendo un clamor diario en este centenario de su inicio.

A la Revolución de 1910 debemos no sólo la afirmación de nuestras libertades y garantías individuales, sino los derechos sociales fundamentales de los mexicanos, así como las instituciones del Estado responsables de garantizar esos derechos.

Al igual que la gran mayoría de los mexicanos, en el Partido Revolucionario Institucional, sentimos una profunda deuda con esas instituciones, pues ellas se encargaron de igualar las oportunidades de salud, educación y formación para que millones de mexicanos pudieran mejorar su calidad de vida.

En eso precisamente consiste la tarea del desarrollo nacional, de ninguna manera el desarrollo se limita al progreso material, sino que abarca el disfrute de todas las libertades esenciales del ser humano; como la educación, alimentación, trabajo, la libertad para participar en los intercambios económicos, para opinar, para intervenir en las decisiones y los asuntos públicos.

Sin duda las libertades deben de ir acompañadas de las capacidades económicas de los individuos. En los últimos 10 años, los graves problemas que afrontamos por la crisis económica y el colapso del crédito en los mercados financieros de las economías avanzadas minaron rápidamente las perspectivas de crecimiento y frenaron la actividad económica en nuestro país.

Las pérdidas en la riqueza de los hogares redujeron su consumo y la producción de bienes y servicios, lo que propició la contracción de la actividad económica, el deterioro del empleo y el consumo de las familias mexicanas.

La presente iniciativa tiene como objetivo alcanzar niveles similares a países cuyos sistemas de seguridad social les permiten acceder a préstamos personales a todos los jubilados y pensionados de sus países, como es el caso de Brasil. La reducción del ingreso de los hogares, como consecuencia de la crisis económica, la contracción del empleo y la reducción de las remesas familiares, han impactado en mayor medida en los hogares de jubilados y pensionados de las instituciones de seguridad social de nuestro país, y esto ha aumentado los costos de crédito para toda la población y en especial para los adultos mayores que no son observados como sujetos al derecho del crédito reflejando, en parte, una mayor prima de riesgo y con un deterioro de la cartera de créditos otorgados. Siendo esto último a todas luces totalmente discriminatorio.

El crédito en nuestro país se ha visto con una tendencia a la baja en su crecimiento. El Banco de México en sus informes trimestrales ha señalado que al primer trimestre del 2009, el crédito se redujo en términos reales anuales en 12.5 por ciento y representó 4.2 por ciento del PIB.

La mayor parte del crédito total al consumo se otorga a través de tarjetas de crédito bancarias –56 por ciento al primer trimestre del 2009. Cabe señalar que los jubilados y pensionados de este país no acceden a este tipo de servicios financieros por que las instituciones bancarias no los consideran por su edad, ingresos, ni capacidad económica como sujetos a crédito, es decir, son sectores de la población considerados de mayor riesgo y para los cuales no existe capacidad crediticia. Cuando por el contrario, son personas que han entregado su vida al trabajo y por ello se encuentran pensionados y jubilados, son personas responsables que aún pueden ser un activo para el país.

Una de las prioridades para el PRI es generar acciones de gobierno que ayuden a elevar la calidad de vida de las y los mexicanos, por lo que consideramos que esta iniciativa de reforma ayuda en gran medida a que se reactive la economía, que se acceda al crédito de forma sencilla para personas que no son susceptibles a él, como se encuentra le ley actualmente y que puede series útil incluso para emprender algún negocio familiar o para satisfacer una necesidad o solventar una emergencia.

Asimismo, hay que mencionar que en meses recientes se ha reducido el número de tarjetas de crédito vigentes, a partir de junio del 2008, se han observado cancelaciones netas de éstas. La banca múltiple es el principal intermediario financiero que otorga crédito al consumo. Al primer trimestre del 2009, su cartera total de crédito al consumo tuvo una participación de 89.5 por ciento en este mercado.

El saldo del crédito al consumo disminuyó en términos reales en 5.3 por ciento en 2008 con respecto al año anterior y en 20.4 por ciento en mayo de 2009 con respecto al mismo periodo del 2008. El segmento más afectado es el de tarjeta de crédito, con una caída real del 24.5 por ciento respecto al mismo mes de 2008, mientras que en el crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero se tiene una contracción del 17.9 por ciento en términos reales para el mismo periodo.

Asimismo, aunque los índices de morosidad han aumentando en los tres segmentos principales de crédito (consumo, vivienda y comercial o empresas), en parte como una consecuencia natural de la crisis, éstos se encuentran a niveles mínimos en comparación con los alcanzados en la crisis de 1992.

En los últimos años, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los rezagos económicos y sociales a la velocidad deseada. Ante esta situación es necesario generar nuevas condiciones para lograr que el producto y el empleo tengan un crecimiento mayor al observado durante las últimas dos décadas.

La apertura a las corrientes mundiales de comercio e inversión, han apoyado el crecimiento de la economía y esto a su vez ha sido un medio muy importante, más no el único, para enfrentar el reto fundamental del desarrollo del país: hacer efectivas las libertades humanas esenciales que antes mencioné o en otras palabras: combatir las graves rezagos sociales.

Sin embargo, la solución a estos rezagos requiere más que el solo crecimiento económico: requiere la acción directa del Estado con políticas sociales eficaces y el mayor monto posible de recursos para su financiamiento. Sin esa acción directa del Estado, es imposible igualar las oportunidades de las personas; es imposible combatir la pobreza, por eso, la política social es indudablemente la tarea más importante y más difícil del gobierno y por eso, a la política social en los gobiernos del PRI, se le ha dedicado el mayor esfuerzo y los mayores recursos.

Siendo grandes y antiguos los problemas de pobreza y de desigualdad de oportunidades, siendo inevitablemente progresiva y gradual su solución, es claro que el camino por recorrer es todavía muy largo. Sumando recursos y esfuerzos, otorgar capacidad crediticia a los jubilados y pensionados de este país implica reconocer en ellos la posibilidad de que puedan acceder a recursos que financien y potencialicen sus capacidades.

La democracia es el único sistema político que garantiza libertades esenciales, como la libertad de pensar, creer y opinar; la libertad de organizarse y participar; la libertad de disentir y criticar; la libertad de escoger. La democracia tiene historia en México, la democracia fue un precepto que la generación liberal de la Reforma plasmó en la Constitución de 1857. Por lo que no puede distinguirse a los derechohabientes del ISSSTE y los del Seguro Social con derechos diferentes sobre el acceso a las prestaciones económicas y sociales.

El ISSSTE cuenta con una partida especial de recursos económicos para el otorgamiento de préstamos personales, donde acceden tanto trabajadores en activo como pensionados y jubilados, en el caso del IMSS, los trabajadores cuentan con el Fonacot, para poder acceder a crédito para consumo, sin embargo, los pensionados del IMSS no cuentan con ese servicio en el goce de su pensión, situación que la iniciativa busca regular para generar beneficios iguales a pensionados de diferentes instituciones de seguridad social.

México se convirtió en el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la más baja inversión pública en su sistema de pensiones, en un momento en que los esquemas privados de retiro, como el que prevalece en nuestro país, han sido golpeados por la caída en los mercados financieros y la forma en que operan requiere ser modificada.

El gasto del gobierno mexicano en pensiones fue equivalente a 1.3 por ciento del PIB, unos 150 mil millones de pesos al año, mientras el promedio para 30 naciones que pertenecen a la OCDE fue en el mismo periodo de 7.2 por ciento, indicó un informe del organismo.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México requiere del uso complementario del ahorro interno para promover un mayor crecimiento de la economía y un aumento en el volumen de empleo, por lo que resulta necesario ampliar la participación en los mercados financieros nacionales, a fin de obtener otras fuentes de financiamiento que mejoren los términos y condiciones financieras.

Asegurar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar la disponibilidad de recursos crediticios para la producción. Esto se logrará promoviendo mayor competencia en el sector, fortaleciendo el marco legal e impulsando una política activa de la banca de desarrollo y el consumo.

La carencia de recursos en el grupo de jubilados y pensionados deteriora significativamente el desarrollo nacional, ya que aquellos organizados en empresas pequeñas son la fuente primordial de empleo en las zonas más pobres y la falta de infraestructura inhibe la inversión en zonas apartadas limitando su crecimiento económico.

La falta de penetración del sistema financiero también es patente por el gran número de familias que no tienen acceso a este tipo de instrumentos, ya sea para depositar sus ahorros o bien para obtener créditos o seguros. Los jubilados y pensionados son los más afectados por no ser sujetos de derecho, debemos recordar que las familias de menores ingresos son también las más vulnerables, debido a la fragilidad de sus ingresos y a que éstos y su patrimonio suelen afectarse más por eventos climáticos extremos. Contar con instrumentos financieros diseñados para las necesidades de estos segmentos desatendidos de la población conlleva a mejoras en el bienestar, la equidad e incluso el crecimiento económico.

Al incrementarse el número de participantes en el sector financiero, resulta más importante contar con una regulación que evite las crisis financieras y provea incentivos para la disciplina.

Como parte de esta estrategia con esta iniciativa se promoverá e impulsará el sano desarrollo del sector financiero popular a través del fortalecimiento del marco regulatorio y prudencial que lo rige, con objeto de que un sector cada vez más grande de la población cuente con acceso a los servicios financieros.

La aprobación de esta iniciativa generará hasta 1,600 millones de pesos en recaudación en cuatro años, por concepto de IVA e ISR así como la promoción en 5 mil nuevos empleos al año.

Para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, la política social debe estar en estrecha relación con la política económica. Sólo una economía competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores ingresos para un mayor número de mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece.

Es obligación del Estado propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad. Sin embargo no se han realizado las acciones necesarias en estos últimos años para disminuir la brecha de desigualdad que existe entre las y los mexicanos.

Con esta iniciativa se avanza en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables. Se aprovecha la capacidad económica y de crédito de los adultos mayores, generando las oportunidades que les permitan desarrollarse en actividades productivas de relevancia para su comunidad.

Además, se impulsarán acciones que permitan aprovechar la experiencia de estos adultos y que, al mismo tiempo, les generen un ingreso adicional para que puedan hacerle frente al empobrecimiento progresivo que padecen, producto del desempleo o de la insuficiencia de su pensión o jubilación.

La aprobación de la presente reforma traería reactivación económica a través de microcréditos a personas que no son actualmente susceptibles de crédito, quedando como garantía justamente su pensión, por lo cual serían créditos totalmente recuperables, además de ser otorgados a personas que dieron su vida productiva al país.

Adicional a lo anterior, las instituciones como el IMSS y el ISSSTE se verán beneficiadas toda vez que tendrán la posibilidad de aumentar sus recursos con las comisiones por las operaciones crediticias que se realicen, bajo la regulación de la presente iniciativa de reforma.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman los artículos 4, 51, 157, 158, 163, 164, 165 y 166, y se adiciona un artículo 162 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4. ...

I....

II....

a)a d)...

e) Adicionales, otorgados por instituciones y entidades financieras supervisadas por la CNBV

Artículo 51. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley establece. Las pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial, para exigir el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta ley, o bien, por instrucción expresa del pensionado para cumplir con el pago de créditos otorgados por alguna entidad financiera.

Artículo 157....

I....

II....

III. Préstamos adicionales.

Artículo 158. El Fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos estará constituido por el importe de la cartera total institucional de dichos créditos, más la disponibilidad al último día del ejercicio anterior y los rendimientos que generen los préstamos personales y adicionales. Los recursos del Fondo únicamente se destinarán al otorgamiento de esta prestación.

...

Artículo 162 Bis. Los préstamos adicionales se otorgarán a los trabajadores y pensionados afiliados al Instituto de acuerdo a la disponibilidad financiera de las instituciones y entidades autorizadas para tal efecto y estarán sujetos a lo siguiente:

I. Se otorgarán a quienes tengan un mínimo de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del Instituto, tratándose de trabajadores en activo;

II. El monto del préstamo y los intereses deberán ser pagados en parcialidades periódicas iguales;

III. Se otorgarán a una tasa de interés fija para toda la vida del crédito;

V. Las condiciones de los créditos como tasa, plazo y comisiones cobradas deberán ser aprobadas por el Instituto de manera previa a su aplicación.

Artículo 163. Las dependencias y entidades estarán obligadas a realizar los descuentos quincenales en nómina que ordene el Instituto para recuperar los créditos señalados en esta ley y a enterar dichos recursos conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Asimismo las dependencias y entidades estarán obligadas a entregar al Instituto quincenalmente la nómina de sus trabajadores con la información y en los formatos que ordene el Instituto.

...

...

Artículo 164. Los préstamos se deberán otorgar de manera que los abonos para reintegrar la cantidad prestada y sus intereses sumados a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deba hacerse por cualquier otro adeudo motivo de la aplicación de esta ley, no excedan del cincuenta por ciento del total de las percepciones en dinero del trabajador, y se ajustarán al reglamento que al efecto expida la Junta Directiva.

Artículo 165. Cuando un Trabajador tenga adeudo por préstamos personales y adicionales y solicite licencia sin goce de sueldo, renuncie o sea separado de la dependencia o entidad, deberá cubrir en un plazo no mayor de noventa días, el monto total de su adeudo. En su caso, la dependencia o entidad retendrá al acreditado el monto total del saldo insoluto de los pagos por finiquito laboral a que tenga derecho el trabajador.

De persistir algún adeudo, el Instituto realizará las gestiones administrativas y legales conducentes para recuperarlo. Transcurrido un año desde la separación del acreditado y habiéndose agotado las gestiones administrativas de cobranza, el adeudo del capital e intereses correspondientes a préstamos personales se cancelarán contra la reserva de garantía de créditos otorgados en los términos que se establezca en los lineamientos y políticas de administración de la cartera que para el efecto emita el Instituto. En caso de que el trabajador reingrese al régimen de la presente ley, el Instituto ordenará el descuento del adeudo actualizado para resarcir a la reserva de garantía.

Tratándose de préstamos adicionales las gestiones administrativas y legales conducentes serán realizadas por las instituciones y entidades de crédito autorizadas y durante el periodo que subsistan sus derechos de cobro sobre los saldos pendientes de los créditos otorgados. En caso de que el trabajador reingrese al régimen de la presente ley, el Instituto ordenará el descuento del adeudo actualizado, sin embargo sólo se enterará a la institución o entidad que otorgó el préstamo el saldo al momento de la solicitud de licencia sin goce de sueldo, renuncia o separación del cargo en la dependencia o entidad, el monto de la diferencia contra el valor actualizado será contabilizada y depositada en el fondo de préstamos personales a fin de ampliar la cobertura de préstamos personales y/o conservar su valor real.

Artículo 166. No se concederán nuevos préstamos especiales, adicionales ni para bienes de consumo duradero mientras permanezca insoluto el anterior. En el caso de los préstamos ordinarios sólo podrán renovarse cuando se haya cubierto el pago de cuando menos el cincuenta por ciento del monto del crédito que fue concedido, cubiertos los abonos para dicho periodo y el deudor pague la prima de la reserva de garantía, cubra el saldo insoluto y la aportación de renovación con cargo al nuevo crédito.

Segundo. Se reforman los artículos 10 y 118 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 10....

...

No se considerará embargo a la solicitud realizada por el jubilado o pensionado del Instituto, para retener, concentrar y enterar, una parte de su pensión en curso, para el pago de adeudos contratados con una institución de seguros, con una institución, entidad financiera o, con el Infonacot, hasta por el monto a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo.

Artículo 118.El Instituto otorgará préstamos a los jubilados y pensionados mediante los programas autorizados que presenten las instituciones o entidades de crédito, el otorgamiento estará condicionado a que considerados los descuentos, la cuantía de la pensión no se reduzca a una cantidad inferior a los mínimos establecidos por la ley.

Esta disposición es aplicable tratándose de pensiones en curso de pago con cargo al gobierno federal, por riesgos de trabajo y cesantía en edad avanzada y vejez.

El Instituto autorizará los mecanismos para el otorgamiento universal de esta prestación en conjunto con las instituciones y entidades de crédito.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para el otorgamiento de las prestaciones a que se refiere el inciso e) de la fracción II del artículo 4 de la ley, el Instituto se sujetará a la normatividad derivada del Programa de Créditos Adicionales autorizado por la Junta Directiva del ISSSTE con acuerdos 26.1271.2002, de fecha 21 de febrero de 2002, y 16.1305.2006 de fecha 16 de noviembre de 2006, así como a toda la normatividad, catálogos de productos, sistemas informáticos, y proveedores autorizados, actualmente en operación.

Tercero. Las empresas autorizadas para operar al amparo del Programa de Créditos Adicionales a que se refiere el segundo transitorio de este decreto tendrán un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para acreditar ante el Instituto que cumplen con el requisito de estar sujetos a la supervisión de la CNBV o CNSF, a fin de celebrar el convenio de colaboración correspondiente, dejando sin efectos los convenios de colaboración celebrados al amparo de dicho programa.

Cuarto.El ISSSTE tendrá un plazo de 90 días para presentar ante la Junta Directiva un plan de trabajo que contenga las estrategias necesarias para que el otorgamiento de préstamos adicionales pueda ser ejercido por la totalidad de los trabajadores y pensionados referidos en el artículo 6 de esta ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Janet Graciela González Tostado, Malco Ramírez Martínez, Leobardo Soto Martínez, Norma Leticia Orozco Torres, Juan Carlos Natale López, Óscar Aguilar González, Emilio Serrano Jiménez, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, María Isabel Merlo Talavera, Juan Pablo Jiménez Concha, Armando Neyra Chávez, José Alberto González Morales, Armando Jesús Báez Pinal, Julieta Octavia Marín Torres, Isaias González Cuevas, Blanca Estela Jiménez Hernández, Rafael Yerena Zambrano, Marco Antonio García Ayala, Onésimo Mariscales Degadillo, Alfredo Villegas Arreola, Juan Carlos Natale López , Alberto Emiliano Cinta Martínez, José Oscar Aguilar González, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Norma Leticia Orozco Torres, Julio Saldaña Morán, Jorge Hernández Hernández, Marco Ramírez Martínez, Uriel López Paredes, María Isabel Pérez Santos, Hilda Ceballos Llerenas, Sofía Castro Ríos, Elpidio Desiderio Concha Arellano, José Antonio Yglesias Arreola, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Jaime Flores Castañeda, Guadalupe Pérez Domínguez, Víctor Silva Chacón, María del Rosario Brindis Álvarez, Laura Felícitas García Dávila, Juan José Guerra Abud, Pablo Escudero Morales, Adriana Sarur Torre, Juan Gerardo Flores Ramírez, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Josué Cirino Valdés Huezo, Salvador Caro Cabrera, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Lorena Corona Valdés, Heriberto Ambrosio Cipriano, Leobardo Soto Martínez, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rubén Arellano Rodríguez, Gumercindo Castellanos Flores, Juan José Cuevas García, Ana Estela Durán Rico, Sergio Lobato García, Felipe Cervera Hernández, José Ignacio Seara Sierra, María del Pilar Torre Canales, María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado, Carlos Cruz Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Malco Ramírez Martínez(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul del diputado Ramírez Martínez. Sí, dígame, diputado.

El diputado Malco Ramírez Martínez(desde la curul): Señor presidente, nada más para preguntarle a la proponente, a la diputada Janet, si me permite adherirme a su propuesta, por favor, a su iniciativa.

La diputada Janet Graciela González Tostado:Con mucho gusto. Gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se encuentran de visita en este salón de sesiones alumnos y personal de la Universidad de Guanajuato, de la licenciatura en administración pública. Son invitados de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Sean bienvenidos.

También nos visitan personal y alumnos de la Facultad de Contaduría de Puebla. Son invitados de la diputada Augusta V. Díaz de Rivera. Bienvenidos.

Asimismo, recibimos hoy con agrado la visita de alumnos y personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública. Son invitados del diputado David Penchyna Grub. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 37 de la Ley General de Protección Civil.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy vengo a llamar su atención a un tema que es importante y sobre todo para quienes vivimos en estados donde hace unos días hubo emergencias importantes. Tiene que ver con reducir los tiempos en las declaratorias de emergencia y desastres en los municipios y obviamente en los estados donde se dan estos acontecimientos.

De acuerdo con el marco conceptual, corresponde a las instancias de la Secretaría de Gobernación, por régimen de la Coordinación de Protección Civil y Conagua, emitir las declaratorias y valoraciones en el caso de emergencias, así como desastres.

Al llevar a cabo una revisión de esta ley, en la que se prevén criterios y procedimientos técnicos, administrativos, en uno y otros casos los tiempos ante la gravedad de los acontecimientos se vuelven tardíos, un poco inoportunos, al grado incluso de llegar a incurrir a veces, por parte de las autoridades, en responsabilidades o en negligencias.

Lo anterior para que dichas normas, en cuanto a su aplicación e instrumentación, sean más ágiles y expeditas, no sólo en materia de emergencia sino en declaración y atención de desastres.

La Ley de Protección Civil en vigor establece, en el artículo 32, párrafo segundo, que una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural la autoridad tendrá un plazo hasta de 12 días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En tanto en el artículo 37 establece que las declaratorias previstas en este capítulo deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación sin perjuicio de que se difundan en algún otro medio de comunicación.

En los más recientes acontecimientos que se vivieron, lamentables, por supuesto, en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, dada la palpable realidad de los desastres, los organismos técnicos han podido dar sus dictámenes para la declaratoria de emergencia en menos tiempo. Por eso su ajuste de los tiempos, tanto técnicos como administrativos, para que no se vuelva un obstáculo que más adelante puede ser procedente.

En tal sentido, se proponen nuevos tiempos, en el primer caso para la declaratoria de desastre y su publicación no exceda de seis días naturales. Y en el segundo caso, la publicación de la declaración de emergencia se publique en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente de su emisión, sin excepción alguna.

Por tanto, solicito a esta Legislatura que pueda pasarse a la comisión y posteriormente aprobarse.

Artículo único.

Artículo 32. ...

Párrafo segundo. Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta seis días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 37. Las declaratorias previstas en este capítulo deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan en otros medios de información. La declaratoria de emergencia deberá publicarse al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

Además, con un transitorio, obviamente, como en todas las normas:

Transitorio. Único. El presente decreto entre en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sería cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 32 y 37 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Elpidio Concha Arellano, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 32 en su párrafo 2 y el artículo 37 de la Ley General de Protección Civil, en materia de desastres naturales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En conjunto con el cúmulo de experiencias que en materia de desastres se ha ido sumando a nivel internacional y la propia, en el caso de México en los últimos 25 años, deben de orientar a nuestra legislación para transitar hacia una política pública de protección civil, de reactiva a proactiva y prospectiva.

La lamentable explosión de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla en el estado de México en 1984, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, las explosiones subterráneas en la ciudad de Guadalajara en 1992 , las inundaciones de 2007 en Tabasco, el sismo en Baja California, a principios de abril de 2010 y los recientes desastres de julio a septiembre de este mismo año, con la lamentable pérdida de vidas humanas, de sus patrimonios y las secuelas que ello arroja, en su contexto local, debe dejar en claro sin lugar a duda, la urgencia de un replanteamiento en materia de protección civil, tanto para el Poder Ejecutivo y Legislativo federales y es éste último quien ya está tomando cartas en el asunto.

En nuestro país, año con año, a partir del verano, los fenómenos hidrometeorológicos con mayor margen de pronóstico en cuanto a su presencia, entre ellos las tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, pluviales y granizadas entre otros, cada vez más frecuentes y peligrosos, dejan a su paso lamentables pérdidas humanas, así como desequilibrio social, económico y de infraestructura en los distintos servicios públicos, lo que comienza a rebasar el modelo de planeación y organización en materia de protección civil.

Hasta el momento, las perdidas patrimoniales, económicas, de infraestructura y de damnificados comienza a ser incuantificable en los distintos estados del país, aunado a la serie de trámites de carácter técnico y administrativo que deben seguirse, de acuerdo a la normatividad, éstos deben dadas las circunstancias en un replanteamiento de planeación, revisarse y ajustarse según las prioridades de atención en términos de la inmediatez que demandan los desastres.

Entre tanto, es de vital importancia que en el marco normativo vigente varias de sus disposiciones se desburocraticen y en ese sentido sean expeditas tanto en materia de declaratoria de emergencias como de desastres naturales.

De acuerdo al marco actual, corresponde a las instancias administrativas como técnicas del Ejecutivo federal llámese Secretaría de Gobernación, Coordinación de Protección Civil y Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitir las valoraciones y en su caso las declaratorias de emergencia, así como las de desastre.

Al llevar a cabo la revisión, tanto la ley como del acuerdo que crea los lineamientos, los lineamientos mismos, así como las reglas de operación en esta materia, se prevén los criterios y procedimientos técnicos como administrativos para la declaratoria de emergencia y de desastre natural, sin embargo en uno y otro caso los tiempos ante la gravedad de los acontecimientos se vuelven tardíos y poco oportunos, (al grado, incluso, de llegar a incurrir las autoridades en actos de negligencia).

Lo anterior hace necesario que dichas normas, en cuanto a su aplicación e instrumentación, sean más ágiles y expeditas no sólo en materia de emergencia sino en la declaración y atención de desastres.

Así, en la Ley Federal de Protección Civil en vigor, establece en el artículo 32 en su párrafo 2 que

“Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta doce días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Entre tanto el artículo 37 establece que

“Las declaratorias previstas en este capítulo deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información. La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.”

Así en el primer caso, del artículo 32 en su párrafo 2, la autoridad se da hasta 12 días para la publicación de la declaratoria de desastre en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior en tanto recibe el diagnóstico del órgano técnico de la Conagua, que le confirme el grado de peligrosidad del fenómeno para generar o no desastre.

En el segundo caso, del artículo 37, con la salvedad de haber difundido a través de otros medios de información la declaratoria de emergencia, deja indefinido el lapso de tiempo para la publicación de la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación.

En los más recientes y también lamentables acontecimientos de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, dada la palpable realidad de los desastres, los organismos técnicos han podido dar sus dictámenes para declaración de emergencia en menor tiempo, lo que hace viable el ajuste de los tiempos tanto técnicos como administrativos para que no se vuelvan un obstáculo más ante la desgracia.

Por su parte, las Reglas de Operación 2009, en su capítulo III, en sus secciones I y II, prevén cuatro días hábiles para que la instancia técnica corrobore y notifique a la entidad del fenómeno natural perturbador y, en el caso de sequía, da ocho días hábiles para el mismo efecto de corroboración.

En tal sentido, se proponen nuevos tiempos que en el primer caso para la declaratoria de desastre y su publicación no exceda los seis días naturales; y, en el segundo caso, la publicación de la declaratoria de emergencia se publique en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente su emisión, sin excepción alguna.

Luego entonces, los tiempos deberán de manera lógica y concordante, ajustarse en ambos artículos en la ley vigente y, en consecuencia, su ajuste a lo largo de todo el proceso y procedimiento tanto técnico como administrativo en la legislación reglamentaria.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 32, en su párrafo 2; y el artículo 37 de la Ley General de Protección Civil para quedar como sigue

Artículo Único

Artículo 32

Párrafo 2

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta seis días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 37. Las declaratorias previstas en este capítulo deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información. La declaratoria de emergencia deberá publicarse al día siguiente a su emisión en el Diario Oficial de la Federación, sin excepción alguna, atendiendo al principio de inmediatez.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor presidente. Compañeros diputados, la incidencia de los cambios demográficos se considera como uno de los desa-fíos más importantes a los que deberán enfrentarse los actuales gobiernos. Los crecientes costos de los servicios de salud representan un grave problema para la economía y para los presupuestos públicos. Si bien en un futuro cercano la población de edad avanzada de muchos países en de-sarrollo aumentará en gran medida, los servicios de salud siguen siendo muy modestos en comparación con las necesidades que se avecinan.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, el pasado 1 de octubre, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), presentó un balance relativo al crecimiento de este segmento poblacional en México, donde indica que la población de adultos mayores se estima en 9 millones, lo que significa el 8.7 por ciento de la población total.

Las proyecciones del Conapo indican que alrededor del año 2020 la población de adultos mayores en México llegará a su tasa máxima de crecimiento, 4.2 por ciento, con 14 millones de individuos, lo que representaría el 12. 1 por ciento de la población.

De esta manera, es necesario continuar fortaleciendo políticas públicas que garanticen el acceso a atención médica digna para los adultos mayores. Ningún tratamiento de cualquiera de los aspectos del envejecimiento es efectivo si se trata aisladamente. La salud va más allá de lo médico y el bienestar incluye lo familiar y social en un esquema en que todo se interrelaciona. De esta manera los enfoques y las políticas deben ser tratados considerando todos sus aspectos de modo integral.

Considerando que la atención de la salud se refiere a la transformación de los sistemas de salud, hacia atender más las enfermedades crónicas y las incapacidades, que cada vez más se trata de controlar enfermedades y condiciones de salud que serán permanentes, en busca de que sus efectos sean menos nocivos a la calidad de vida. No se trata sólo de terapias sino que también son muy importantes las acciones preventivas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley General de Salud.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a X. ...

XI. La asistencia social y atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro a los 28 días del mes de octubre de 2010. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley General de Salud, a efecto de brindar asistencia social y atención médica a los adultos mayores, en áreas de salud geriátrica; de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La incidencia de los cambios demográficos, se considera como uno de los desafíos más importantes a los que deberán enfrentarse los actuales gobiernos; los crecientes costos de los servicios de salud, representan un grave problema para la economía y para los presupuestos públicos. Si bien, en un futuro cercano la población de edad avanzada de muchos países en desarrollo, aumentará en gran medida, los servicios de salud siguen siendo muy modestos en comparación con las necesidades que se avecinan.

El envejecimiento demográfico es el resultado del avance social y económico que incrementó la esperanza de vida y de una política de población que disminuyó la fecundidad. Las magnitudes y los tiempos en los que se lograron estos descensos, imprimieron incrementos en la participación porcentual y absoluta en la población de edades avanzadas, creando una inercia que caracterizará al siglo XXI. Es un proceso que será muy rápido, enmarcado dentro de un contexto de desarrollo incompleto que requiere adecuar la política de población a nuevas circunstancias.

En enero de 2010, las Naciones Unidas publicaron el informe Envejecimiento de la población 2009. En el contenido de este informe se destacan cuatro conclusiones principales:

1. El envejecimiento de la población no tiene precedentes, es un proceso sin parangón en la historia de la humanidad. La población envejece cuando aumenta la proporción de personas de la tercera edad (es decir, los mayores de 60 años o más), se acompaña de reducciones en la proporción de niños (personas menores de 15 años) y por la disminución en la proporción de personas en edad de trabajar (15 a 59). A nivel mundial, el número de personas de la tercera edad se espera que supere el número de niños por primera vez en 2045. En las regiones más desarrolladas, donde el envejecimiento de la población está muy avanzado, el número de niños cayó por debajo de la de las personas de la tercera edad en 1998.

2. El envejecimiento de la población es generalizado, ya que afecta a casi todos los países del mundo. El resultado del envejecimiento de la población, principalmente por la reducción de la fecundidad, se ha convertido en prácticamente universal. La desaceleración resultante en el crecimiento del número de niños junto con el aumento constante del número de personas mayores tiene una directa influencia en la justicia, tanto intergeneracional como intrageneracional y la solidaridad, que son los cimientos de la sociedad.

3. El envejecimiento de la población es profundo y tiene importantes consecuencias y repercusiones para todas las facetas de la vida humana. En el ámbito económico, el envejecimiento de la población tendrá un impacto en el crecimiento económico, el ahorro, la inversión, el consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, los impuestos y las transferencias intergeneracionales. En el ámbito social, el envejecimiento de la población influye en la composición familiar y vital, la demanda de vivienda, las tendencias de la migración, la epidemiología y la necesidad de servicios de salud. En lo político, el envejecimiento de la población puede alterar los patrones de voto y la representación política.

4. El envejecimiento de la población es permanente. Desde 1950, la proporción de personas mayores ha aumentado constantemente, pasando del 8 por ciento en 1950 al 11 por cineto en 2009, y se espera que alcance el 22 por ciento en 2050. Mientras la mortalidad en la vejez siga disminuyendo y la fertilidad siga siendo baja, la proporción de personas de la tercera edad seguirá aumentando.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, este 1º. de octubre; la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), presenta un balance relativo al crecimiento de este segmento poblacional en México; donde indica que la población de adultos mayores se estima en 9 millones, lo que significa el 8.7 por ciento de la población total.

Datos del Conapo señalan que en el país se registra una tasa de incremento de la población total de 0.77 por ciento, mientras que el segmento de la población de 60 años o más crece a una tasa de 3.6 por ciento.

Las proyecciones del Conapo indican que alrededor del año 2020, la población de adultos mayores en México llegará a su tasa máxima de crecimiento (4.2 por ciento), con 14 millones de individuos, lo que representaría el 12. 1 por ciento de la población.

De esta manera, es necesario continuar fortaleciendo políticas públicas que garanticen el acceso a atención médica digna para los adultos mayores. Ningún tratamiento de cualquiera de los aspectos del envejecimiento, es efectivo si se trata aisladamente; la salud va más allá de lo médico y el bienestar incluye lo familiar y social, en un esquema en que todo se interrelaciona. De esta manera los enfoques y las políticas deben ser tratadas considerando todos sus aspectos de modo integral.

Considerandos

Que todo parte de la vulnerabilidad de la población en edades avanzadas, cuando el avance en la edad incrementa los riesgos en salud y disminuye capacidades físicas y mentales, causando así perdidas de autonomía, disminución de adaptabilidad, dependencia social y económica.

Que la atención de la salud, se refiere a la transformación de los sistemas de salud, hacia atender más las enfermedades crónicas y las incapacidades.

Que en la adaptación, toca la preparación de recursos, la adecuación de equipo e instalaciones, así como otros tipos de programas de prevención, terapias, materiales y medicinas.

Que cada vez más, se trata de controlar enfermedades y condiciones de salud que serán permanentes, en busca de que sus efectos sean menos nocivos a la calidad de vida. No se trata sólo de terapias, sino que también son muy importantes las acciones preventivas.

Finalmente, como sociedad y nación, el envejecimiento demográfico requiere una renovación de las políticas públicas, de las relaciones entre generaciones y clases sociales, que permitan una mayor supervivencia de las personas mayores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente

Iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XI al artículo 27 de la Ley General de Salud.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a X. ...

XI. La asistencia social y atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: María Cristina Díaz Salazar, Florentina Rosario Morales, Silvia Puppo Gastelum (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted diputada María Cristina. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

GUARDERIA ABC

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor, sonido a la curul del diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente.

Se encuentran en la Cámara de Diputados, aquí en el Palacio de San Lázaro, varios de los padres de familia víctimas de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y están solicitándole al presidente de la Mesa Directiva información sobre las solicitudes de juicio político respecto de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours Castelo, Sergio Valls Hernández y Fernando Franco Salas.

En su documento precisan que presentaron estas solicitudes de juicio político el 11 de agosto de 2010 en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, pero que hasta el momento no han tenido respuesta, presidente.

Yo lo que le quiero solicitar es que se le responda a los padres, víctimas de los hechos del ABC, el trámite que han tenido sus solicitudes de juicio político en contra de estos servidores públicos o ex servidores públicos, porque no tienen respuesta alguna de parte de ninguna instancia de la Cámara de Diputados, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se habrá de revisar el planteamiento que por su conducto hacen las víctimas de tan lamentable suceso y se le dará el curso correspondiente de acuerdo al Reglamento.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Serrano, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido del diputado Cárdenas Gracia.

Le informo que su servidor ya presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra de Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, por el caso de la Guardería ABC. Está sustentado debidamente, está ratificada la solicitud y hasta el momento no se tiene ninguna respuesta. Creo que la Cámara de Diputados debe actuar en consecuencia, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Así se hará, diputado. Se pospone la intervención de la diputada Diva Hadamira Gastélum.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas:Con su permiso, señor presidente.

Procedo a presentar la iniciativa enunciada bajo los siguientes antecedentes.

Uno de los elementos que frenan el avance social del campo mexicano es la ausencia de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. La historia de México registra que éste es uno de los problemas fundamentales del país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 y sus diversas normas reglamentarias pretendieron generar las condiciones necesarias para que se diera la certidumbre jurídica y la paz social con la dotación y repartición de las tierras, aguas, pastos y bosques a favor de los campesinos.

Conforme a tal regulación jurídica y para concretizar el reparto agrario se practicaron los trabajos técnicos necesarios para delimitar las superficies objeto de la dotación a las comunidades rurales.

Las labores topográficas se desarrollaron con los elementos técnicos disponibles en esa época, mismos que no eran del todo precisos, ocasionándose errores en las superficies, medidas y colindancias de los predios.

Con motivo del avance científico hoy contamos con tecnologías avanzadas que permiten definir con exactitud y precisión las medidas, lados, rumbos, distancias y colindancias de una superficie determinada de terreno.

Esto ha permitido que se detecten los errores técnicos de medición cometidos en el pasado y que ocasionaron el fenómeno de la sobreposición de terrenos ejidales y comunales, entendida ésta como la acción de poner, así sea en forma documental, encima de un ejido o comunidad otro más. Circunstancia que se repite a lo largo y ancho del país, provocando la disputa por una misma superficie de terreno.

Debido a las disposiciones de la Ley de Amparo en esta materia, los actos de autoridad que implican afectación o privación de los derechos agrarios sobre las superficies de terrenos sobrepuestos pueden ser combatidas vía el juicio de amparo en cualquier tiempo, por lo que se abre la puerta a la saturación del trabajo en los tribunales agrarios, en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados de circuito. Así como la perpetración de los litigios y de los conflictos, generándose una gran inseguridad jurídica entre ejidatarios y comuneros que afectan la estabilidad del campo.

Consideraciones: una de las funciones del legislador es adaptar las normas jurídicas conforme avanzan los cambios sociales, por tal motivo debemos actualizar el artículo 217 de la Ley de Amparo que regula el juicio de garantías en materia agraria, a fin de precisar mediante una adición un término prejudicial para que los jurídicamente interesados puedan interponer el juicio de garantías dentro de un término perentorio, a fin de evitar conflictos jurídicos que puedan prolongarse indefinidamente.

Esta adición pretende fijar un término específico para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado esté motivado en dictámenes técnicos que buscar corregir errores de medición que ocasionaron la confusión de terrenos ejidales o comunales mediante la sobreposición, definiendo un término de cinco años para interponer la demanda de garantías.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto.

Único. Se adiciona el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 217. Su primer párrafo queda íntegro y se agrega lo siguiente: si los actos de privación se motivan en dictámenes técnicos tendentes a corregir errores e imprecisiones de medición que ocasionaron la sobreposición de terrenos ejidales o comunales, la demanda de amparo deberá interponerse dentro del término de cinco años.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, pido que toda la iniciativa se considere íntegra en el Diario de los Debates, toda vez que en este momento he presentado únicamente una síntesis de la misma. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Luis Carlos Campos Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 217 de la Ley de Amparo bajo el contenido siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Es de todos sabido que el campo mexicano enfrenta graves rezagos sociales. Las comunidades rurales concentran un gran número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación, circunstancias que limitan y con frecuencia cancelan las posibilidades de desarrollo.

Uno de lo elementos que frenan el avance social del campo mexicano es la ausencia de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, independientemente del régimen jurídico al que se encuentren sujetos, es decir, que sea pequeña propiedad, ejidal, o comunal.

La historia de México registra que uno de los problemas fundamentales de la sociedad mexicana y que generó inquietud e inconformidad popular, fue la lucha por la seguridad en la tenencia de la tierra.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 y sus diversas normas jurídicas reglamentarias, pretendieron generar las condiciones necesarias para que se diera la certidumbre jurídica y la paz social con la dotación y repartición de las tierras, aguas, pastos, bosques y montes a favor de los campesinos quienes se organizaron en ejidos, colonias y comunidades agropecuarias y de bosque así como en pequeña propiedad.

Efectivamente del estudio y revisión de la génesis y evolución histórica del artículo 27 constitucional y sus diversas normas reglamentarias, se confirma esa búsqueda incesante de justicia social y seguridad jurídica. Así se aprecia en la exposición de motivos y en el contenido de los diversos cuerpos de leyes que en su momento tuvieron gran relevancia, me refiero a: a) La Ley de Tierras Ociosas del 23 de junio de 1920. b) La Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920. c) El Reglamento Agrario del 17 de abril de 1922. d) La Ley de Tierras Libres del 2 de agosto de 1923. e) La Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal del 25 de agosto de 1927. f) La Ley de Restitución y Dotación de Tierras y Aguas del 21 de marzo de 1929. g) Los Códigos Agrarios de: 22 de marzo de 1934; 23 de septiembre de 1940; Código Agrario del 30 de diciembre de 1942. h) La Ley Federal de Reforma Agraria del 16 de abril 1971; i) La Ley Agraria del 26 de febrero de 1992.

Conforme a tal regulación jurídica y para concretizar el reparto agrario, se practicaron los trabajos técnicos necesarios para delimitar las superficies objeto de la dotación a las comunidades rurales. Las labores topográficas se desa-rrollaron con los elementos técnicos disponibles en esa época, mismos que no eran del todo precisos, ocasionándose errores en las superficies, medidas y colindancias de los predios.

Con motivo del avance científico y tecnológico que ha experimentado la sociedad mexicana, hoy se cuentan con tecnologías avanzadas que permiten definir con exactitud y precisión las medidas, lados, rumbos, distancias y colindancias de una superficie determinada de terreno; esto ha permitido que se detecten los errores técnicos de medición cometidos en el pasado y que ocasionaron el fenómeno de la sobreposición de terrenos ejidales y comunales, entendida ésta como la acción de poner (así sea en forma documental) encima de un ejido o comunidad, otro más, circunstancia que se repite a lo largo y ancho del país, provocando la disputa por una misma superficie de terreno, generando confusión e inseguridad por un simple error técnico documental.

La sobreposición de terrenos ejidales y comunales ha generado una serie de conflictos entre grupos de ejidatarios y/o comuneros e incluso con particulares que propician inquietud social e inseguridad jurídica, pues debido a las disposiciones de la Ley de Amparo en ésta materia, los actos de autoridad que implican afectación o privación de los derechos agrarios sobre las superficies de terrenos sobrepuestos, pueden ser combatidos vía el juicio de amparo en cualquier tiempo por lo que se abre la puerta a la saturación del trabajo en los tribunales agrarios, en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados de circuito, así como a la perpetuación de los litigios y de los conflictos, generándose una gran inseguridad jurídica entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que afectan la estabilidad del campo, su producción agropecuaria e inciden sobre el fenómeno migratorio, pues los hombres y las mujeres del campo ante la inseguridad jurídica optan por abandonar sus tierras.

Consideraciones

En pleno siglo XXI la sociedad mexicana se enfrenta a nuevos retos que le imponen las circunstancias de este tiempo: a) Estructuras sociales complejas. b) Una cambiante pirámide demográfica. c) Fenómenos migratorios. d) Globalización de la economía. e) Competencia internacional f) Nuevos sistemas de producción y comercialización. f) etc.

El factor determinante es el dinamismo en las relaciones económicas, sociales y culturales.

Ante esta circunstancia, el campo mexicano debe modernizarse para ser más competitivo y combatir con trabajo y productividad los rezagos sociales que le aquejan. Para lograrlo, los hombres y mujeres del campo requieren seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, independientemente del régimen jurídico al que se encuentre sujeta su propiedad o posesión ya sea ejidal, comunal o particular.

En la vida social el hombre necesita tener seguridad de que los demás respetarán lo que le pertenece. La seguridad es tan importante en la vida social que su consecución es el motivo principal del nacimiento de derecho.

Instintivamente el ser humano reclama seguridad para sí, para su familia, para sus posesiones, propiedades y derechos. La certidumbre se convierte en un valor de la justicia, en un anhelo legítimo  de todo hombre y toda comunidad que se somete al imperio del derecho.

Los derechos de los hombres y las mujeres son la base y el objeto de las  instituciones sociales, conjunto de garantías individuales y sociales que conforman la base legal de la seguridad jurídica de toda la población. El campo mexicano reclama el estado de certidumbre a la tenencia de la tierra y por lo tanto debe armonizarse el marco legal vigente que reconoce los derechos positivos de los tenedores de la tierra, la norma instrumental que establece los procedimientos para la materialización de aquellos, pero en un tiempo concreto y definido, y el órgano estatal encargado de su aplicación sujeto a los términos y plazos que marca la propia ley.

En ese orden de ideas si las normas sustantivas contempladas por la Ley Agraria resultan prácticas y justas y se reconocen que los errores de medición se cometieron de buena fe y al utilizar mecanismos que en sí mismos ocasionaron las imprecisiones que motivan la yuxtaposición de terrenos; si los procedimientos previstos en la ley son efectivamente ágiles y transparentes, con plazos y términos definidos; y si los tribunales agrarios cumplen su tarea con responsabilidad y eficiencia, la gente del campo mexicano gozará de mayor certeza y seguridad jurídica.

Una de las funciones del legislador es adaptar las normas jurídicas conforme avanzan los cambios sociales y por tal motivo debemos actualizar el artículo 217 de la Ley de Amparo que regula el juicio de garantías en materia agraria a fin de precisar, mediante una adición, un término prejudicial o plazo para que los jurídicamente interesados puedan interponer el juicio de garantías dentro de un término perentorio a fin de evitar que los ejidatarios o comuneros tenedores y poseedores de buena fe se vean sorprendidos con un conflicto jurídico que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo afectando el valor de la seguridad jurídica, repercutiendo en la productividad, el desarrollo y la estabilidad social.

Esta adición pretende fijar un término específico para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado esté motivado en dictámenes técnicos que buscan corregir errores de medición que ocasionaron la confusión de terrenos ejidales o comunales, mediante la sobreposición definiendo un término de 5 años para interponer la demanda de garantías. Este lapso de tiempo es suficientemente amplio para que quien se sienta afectado por el acto de autoridad y tenga un interés legítimo, haga valer sus derechos y reclame el amparo y la protección de la justicia federal, y de no ser así, y transcurrido el plazo de un lustro, se considera que el acto de autoridad, en estos casos específicos, ha sido consentido de manera tácita.

Con esta adición permitiremos avanzar en la garantía de seguridad jurídica para el campo, pues la adición propuesta brinda la certeza que requiere todo individuo o comunidad para garantizar que su situación jurídica de tenedor de una parcela o superficie de tierra no será modificada más que por un procedimiento regular, establecido previamente y con un término preciso y perentorio.

La seguridad jurídica equivale a un orden jurídico y social justo y eficaz.

En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar totoral o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. Si los actos de privación se motivan en dictámenes técnicos tendientes a corregir errores e imprecisiones de medición que ocasionaron la sobreposición de terrenos ejidales o comunales, la demanda de amparo deberá interponerse dentro del término de cinco años.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Luis Carlos Campos Villegas, Gastón Luken Garza, Víctor Humberto Benítez Treviño, María de Jesús Aguirre Maldonado, Miguel Ángel García Granados, Héctor Fernández Aguirre, Laura Felícitas García Dávila, Norma Leticia Orozco Torres, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez,  Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Elsa María Martínez Peña, Hilda Ceballos Llerenas, María del Pilar Torre Canales, Jesús María Rodríguez Hernández, Juan José Cuevas García, Ivideliza Reyes Hernández, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Jaime Flores Castañeda, Víctor  Silva, Carlos Cruz Mendoza, Guadalupe Pérez Domínguez, Olivia Guillén Padilla, Roberto Rebollo Vivero, Rubén Arellano Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Como lo solicita el diputado Luis Carlos Campos Villegas, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.

Nos visitan alumnos y personal de la Universidad Pedagógica Nacional, invitados de la diputada Lizbeth García Coronado, sean todos ustedes bienvenidos.

Sonido a la curul del diputado Benítez Treviño, por favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A sus órdenes.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): La iniciativa que acaba de presentar mi compañero Luis Carlos Campos Villegas es de suma importancia.

Primero, porque pretende darle certeza jurídica a la propiedad agraria. Segundo, porque a raíz de las reformas de 1992, que modernizan al campo, todavía no hay un término para proponer el juicio de garantía. Entonces, el término que propone nuestro compañero, de cinco años, coadyuva a darle certeza jurídica al campo, por lo cual le ruego le pregunte que me adhiera a la presente iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Luis Carlos Campos, el diputado Humberto Benítez Treviño solicita, si no tiene inconveniente, adherirse a su iniciativa. Lo mismo manifiesta el diputado Miguel Ángel García Granados.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas(desde la curul): No, ninguno.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No hay ningún inconveniente, quien desee adherirse a la iniciativa del diputado Luis Carlos Campos puede pasar a la mesa de esta Secretaría, está a sus órdenes el documento.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 10 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. La democracia se constituye mediante el ejercicio de todos los derechos y no será integral mientras no existan los mecanismos legales políticos, económicos, sociales y culturales que la garanticen.

La falta de respeto a los derechos humanos, al poner en riesgo la gobernabilidad democrática, contribuyen a la exclusión social y política, a la corrupción y a la falta de acceso a una vida digna, a una débil administración pública y a una limitada rendición de cuentas.

La ausencia de compromisos en el respeto a los derechos humanos conlleva el riesgo de incubar la ruptura democrática, agrede el fundamento mismo del Estado y atenta contra el desarrollo humano y social.

El derecho a la información tutela el acceso que deben tener los gobernados a la información veraz sobre la actuación de sus gobernantes, es un derecho instrumental para el goce y ejercicio de otros derechos, pues posibilita la justiciabilidad y coadyuva al derecho de la democracia y de la expresión de libertad.

Cuántas veces no han acudido vecinos a nuestros módulos de atención ciudadana, para decir que no han podido tener acceso a la información pública en las oficinas de la administración. Esta iniciativa tiene por objetivo que precisamente los vecinos, la gente, los ciudadanos puedan tener acceso real a la información.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental determina en su artículo 63 del Título Cuarto, relativo a las responsabilidades y sanciones, especifica que la responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, será sancionada en los términos de la Ley  Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Qué queremos decir, que obviamente cualquier funcionario público que no cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de darle a los gobernados o a la gente, a los ciudadanos, la información que necesite dentro de lo que es lo legal, pueda ser sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El acceso de la ciudadanía a la información no debe tener restricciones; al contrario, debemos ser facilitadores para que los mismos ciudadanos puedan tener acceso a la información.

Por todo lo antes expuesto, en materia de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se propone reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que el ciudadano quejoso sea parte en el procedimiento previsto en la ley, es decir, los ciudadanos tendrán acreditada su legitimación activa para intervenir en el procedimiento previsto en la ley, contando con todos los derechos objetivos que reconoce la misma legislación.

Por economía y con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la inserción íntegra al Diario de los Debates de esta propuesta de reforma. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 10 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Exposición de Motivos

1. De conformidad a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

2. Hoy en día está reconocido que toda persona tiene derecho al acceso a la información pública, mismo que implica difundir, investigar y recabar información pública.

3. El derecho a la información tutela el acceso que deben tener los gobernados a la información veraz sobre la actuación de sus gobernantes; es un derecho instrumental para el goce y ejercicio de otros derechos, pues posibilita su justiciabilidad y coadyuva al ejercicio de la democracia y de la libertad de expresión.

4. La importancia de este derecho ha sido expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) al señalar que es “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes de-seen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

5. La democracia se construye mediante el ejercicio de todos los derechos, y no será integral mientras no existan los mecanismos legales, políticos, económicos, sociales y culturales que la garanticen. La falta de respeto a los derechos humanos, al poner en riesgo la gobernabilidad democrática, contribuye a la exclusión social y política, a la corrupción, a la falta de acceso a una vida digna, a una débil administración pública y a una limitada rendición de cuentas. La ausencia de compromiso en el respeto a los derechos humanos conlleva el riesgo de incubar la ruptura democrática, agrede el fundamento mismo del Estado y atenta contra el desarrollo humano y social.

6. La Coalición Pro Acceso es un grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueven el reconocimiento pleno del derecho de acceso a la información pública en España y la adopción de una ley específica que permita a los ciudadanos conocer cómo están desempeñando su labor los gobernantes, cómo están empleando el dinero de sus impuestos, cómo toman sus decisiones, y qué criterios tienen en cuenta a la hora de tomarlas. Esta organización viene desarrollando los siguientes 9 principios del derecho de acceso a la información pública:

1. El derecho a la información es un derecho de todas y todos.

2. El derecho se aplica a todas las entidades públicas.

3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.

4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.

6. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.

7. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud, y

9. El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente.

7. En el marco y como corolario de la discusión del derecho de acceso a la información pública, con fecha el 22 de octubre del año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dando con ello un avance sustancial en la exigibilidad de derecho.

8. Por lo que hace al cumplimiento de las obligaciones en materia de información pública, éste ordenamiento jurídico determina en su artículo 63 del título Cuarto relativo a la Responsabilidades y Sanciones, que serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes:

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley;

III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta ley;

IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en esta ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del Comité, el Instituto, o las instancias equivalentes previstas en el artículo 61;

V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta ley;

VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso, y

VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos a que se refiere la fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.

9. Adicionalmente, el precepto especifica que la responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es importante indicar, que este artículo establece que la infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VI de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

10. No obstante existir esta prescripción legal, la actual Ley Federal de Responsabilidades de Administrativas de los Servidores Públicos no establece a la fecha las sanciones o referencia legal clara para sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ratio de la actual iniciativa.

11. Es de indicar que el artículo 1° de la Ley Federal de Responsabilidades de Administrativas de los Servidores Públicos, establece como objetivos los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; las obligaciones en el servicio público; las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y el registro patrimonial de los servidores públicos.

12. Por lo antes expuesto, en materia de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se propone reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que el ciudadano quejoso sea parte en el procedimiento previsto en la ley, es decir, los ciudadanos tendrán acreditada su legitimación activa para intervenir en el procedimiento previsto en la ley, contando con todos los derechos adjetivos que reconoce la legislación.

13. Por otra parte, la presente iniciativa tiene como objetivo precisar las sanciones para aquellos incumplimientos de las obligaciones legales consignadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 13 de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo y se recorre el texto actual del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 10. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

En materia de incumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el interesado tendrá legitimación activa y podrá aportar todos los elementos que coadyuven a la mejor investigación y sanción de las conductas.

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

Artículo Segundo. Se adicionan un párrafo sexto y séptimo; y se recorre el actual texto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

...

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Las sanciones al incumplimiento de las obligaciones que se derivan del artículo 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrán ir desde la suspensión en los términos determinados en la Ley, la destitución del puesto y hasta la inhabilitación temporal.

La gravedad de la infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VI del artículo 63 inmediatamente referido será sancionada conforme a lo establecido en la ley.

...

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las investigaciones que se encuentren en curso y a que refiere el artículo segundo del decreto estarán sujetas a lo dispuesto por el presente decreto cuando se encuentre en vigor.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

2 http://proacceso.wordpress.com/

Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada Leticia Quezada. Tal como lo solicita, se integra el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Gracias, presidente. Con su permiso. La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta honorable representación popular en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo hago con el propósito de someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentada al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, aplica a las y los trabajadores con responsabilidades hacia hijas e hijos, así como respecto de otros miembros de su familia que necesiten de cuidados, de manera que puedan conciliar su vida familiar y laboral sin ser discriminados.

México aún no suscribe este importante instrumento internacional, por lo que sería muy plausible exhortar al gobierno de nuestro país a ratificar este convenio que sin duda traería beneficios para las y los trabajadores y, desde luego, para sus familias.

Lo anterior es una necesidad urgente cuando, por ejemplo, la familia trabajadora es sorprendida por el nacimiento de un bebé que presenta algunas discapacidades físicas, mentales o ambas. Cada año nacen en nuestro país al menos 500 mexicanos con este tipo de problema.

La existencia y el funcionamiento de la familia sigue siendo la base de la organización social, como nos lo apunta Ana Quiroga. Es el escenario de nuestras primeras experiencias, de los protoaprendizajes fundamentales de nuestros modelos de aprender. La familia es el escenario e instrumento de nuestra Constitución como sujetos sociales en un tránsito que va de la independencia absoluta a la autonomía.

Cuando un niño o una niña con discapacidad llegan a formar parte de una familia, vienen a modificar toda su estructura y su dinámica, ya que los roles que se tenían se adecúan a la nueva situación, lo cual puede generar diferentes tipos de sentimientos, emociones y actitudes, así como conflictos en las parejas y en sus respectivas familias debido al cambio de responsabilidades en la búsqueda de una aceptación y a la crisis que se enfrenta al no estar preparados para una situación tal.

Por lo anterior, es importante analizar las etapas emocionales por las cuales atraviesan los padres y toda la familia luego del nacimiento de un bebé con discapacidad. En una situación en la cual el bebé no se ve afectado por ninguna discapacidad, se suele pasar por tres etapas iniciando por el periodo de embarazo en la que la mujer idealiza al bebé y se piensa y se sueña en diversos aspectos del futuro con él. Se pueden presentar sentimientos de ansiedad y de expectativas positivas.

Después se inicia la segunda etapa en los momentos inmediatos al parto y se tiene el contacto con el hijo o la hija por vez primera, y se forma un sentimiento de propiedad y de pertenencia.

Por último, en la tercera etapa se refuerzan los lazos afectivos, lo que provoca en los padres y en sus familias respuestas positivas de elogio y de satisfacción que refuerzan el amor hacia el bebé.

En cambio, cuando un recién nacido presenta alguna discapacidad se puede dar una desvinculación afectiva por parte de la familia y como consecuencia un proceso de fracaso inminente en la manera en la cual enfrentar una situación biológica y social como ésa.

Las etapas que se enfrentan son más prolongadas y más difíciles. Se inicia con el impacto, no se logra comprender lo que está sucediendo y se tienen serios conflictos para aceptar a su bebé.

La segunda etapa es la negación. Se resiste a aceptar la idea y se establece un mecanismo de defensa que imposibilita la vinculación.

Posteriormente se presenta la tristeza y el dolor, se toma conciencia de la realidad, se intenta comprender lo que ocurre aunque no se entiendan las emociones y se sufre al percibir una dificultad para estrechar vínculos. Se busca en los hijos alguna muestra de interacción y al no ocurrir esto se sienten frustrados y se desalientan. Se pueden perder todas las esperanzas para una vinculación.

La cuarta etapa es la aceptación. Se ha logrado aceptar los propios sentimientos y la condición del niño o la niña. Los padres se muestran más interesados en aprender y conocer a detalle la discapacidad del bebé. En estos momentos es de suma importancia la aceptación que el medio familiar ha expresado al nuevo integrante.

Por último está la reorganización. El bebé ha sido integrado a la familia, la cual ha aprendido a tolerar sus discapacidades y se ha comprendido y ha pretendido ayudar a su rehabilitación.

La vinculación afectiva se construye y se fortalece día a día a través de los avances emocionales y neurológicos del bebé.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera importante proveer a las familias de los medios necesarios para garantizar el derecho de los padres a la detección y al tratamiento precoz de enfermedades congénitas en sus hijos, así como las deficiencias psíquicas y físicas.

El derecho a recibir la información y la capacitación relativa a la discapacidad detectada, el derecho al tratamiento al que se debe someter a su hijo y a conocer las perspectivas positivas de ese tratamiento...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, su tiempo se agotó.

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta alta representación social el proyecto de decreto donde se agreguen líneas a la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

Fracción II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto.

Y se agregaría que en el caso de que el hijo o la hija recién nacidos presenten alguna discapacidad, éste último será de nueve semanas.

De igual forma se agregue a la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Solicito, señor presidente, sea agregado íntegro el texto de la presente iniciativa al texto del Diario de los Debates. Agradezco mucho su consideración. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Guadalupe Pérez Domínguez, diputada federal a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta honorable representación popular en uso de las atribuciones que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a consideración de esta honorable soberanía iniciativa de decreto para reformar la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares aplica a los trabajadores con responsabilidades hacia hijas e hijos, así como respecto a otros miembros de su familia que necesiten de cuidados, de manera que puedan conciliar su vida familiar y laboral sin ser discriminadas.

México aún no suscribe este instrumento internacional, por lo que sería muy plausible exhortar al gobierno de nuestro país a ratificar este convenio que, sin duda, traería beneficios para los trabajadores y sus familias.

Lo anterior es una necesidad urgente cuando, por ejemplo, la familia trabajadora es sorprendida por el nacimiento de un bebé que presenta algunas discapacidades físicas, mentales o ambas.

Se afirma con frecuencia que las principales consecuencias de la discapacidad no son las limitaciones físicas o psíquicas de la persona afectada sino las barreras medioambientales y sociales a las que debe enfrentarse. Hay actitudes de las personas que están en su entorno que pueden tener un efecto limitador sobre su desarrollo psicológico, social y ocupacional. Sabemos, de antemano, que las personas que más influyen en su desarrollo son los miembros de su familia; por ello la presente iniciativa se orienta al conocimiento de la relación que existe entre un niño o niña con discapacidad y su familia, desde su nacimiento, donde se forja este vínculo.

La existencia y el funcionamiento de la familia sigue siendo la base de la organización social, es el escenario de nuestras primeras experiencias, de los protoaprendizajes fundamentales de nuestros modelos de aprender; la familia es el escenario e instrumento de nuestra Constitución como sujetos sociales, en un tránsito que va de la independencia absoluta a la autonomía (Ana Quiroga).

Dentro del grupo familiar el niño o la niña comienza a de-sarrollarse con base en las relaciones interpersonales que vivencia con los miembros de su familia, va adquiriendo el sentido de la identidad, de la libertad y de la autoridad. Además aprende a compartir, competir y distinguir sentimientos, es decir, inicia el proceso de socialización. Lo anterior se logra gracias al apego o a una vinculación afectiva que se da con el bebé desde su nacimiento, y si ésta se desarrolla saludablemente va a satisfacer las necesidades físicas y psíquicas que le generarán un sentimiento de seguridad. Pero cuando el recién nacido tiene alguna discapacidad este proceso se ve afectado y todo el peso recae en los familiares, ya que son los que tienen conciencia del padecimiento y de sus consecuencias. Este vínculo podrá ser el sustento sobre el que se desplegarían todos los recursos dirigidos a disminuir en lo posible el impacto de la discapacidad sobre la vida de la persona, además, el temprano inicio del contacto de los padres y familiares con su hijo en situación de discapacidad podría atenuar cualquier estereotipo o idea preconcebida que tuvieran sobre la discapacidad.

Cuando un niño o una niña con discapacidad llega a formar parte de una familia viene a modificar toda su estructura y su dinámica, ya que los roles que se tenían se adecuan a la nueva situación lo cual puede generar diferentes tipos de sentimientos, emociones y actitudes, así como conflictos en la pareja y en sus respectivas familias debido al cambio de responsabilidades en la búsqueda de una adaptación y a la crisis que se enfrenta al no estar preparados. Por lo anterior, es importante analizar las etapas emocionales por las cuales atraviesan los padres y toda la familia luego del nacimiento del bebé con discapacidad.

En una situación en la cual el bebé no se ve afectado por ninguna discapacidad, se suele pasar por tres etapas, iniciando por el periodo de embarazo. En ella se idealiza al bebé, se piensa y se sueña en diversos aspectos del futuro con él. Se pueden presentar sentimientos de ansiedad y de expectativas positivas. Después se inicia la segunda etapa en los momentos inmediatos al parto. Se tiene el contacto con el hijo o la hija por vez primera, y se forma un sentimiento de propiedad y de pertenencia. Por último, en la tercera etapa se refuerzan los lazos afectivos, lo que provoca en los padres y en sus familias respuestas positivas de elogio y de satisfacción que refuerzan el amor hacia el bebé.

En cambio, cuando el recién nacido presenta alguna discapacidad se puede dar una desvinculación afectiva por parte de la familia y, como consecuencia, un proceso de fracaso inminente en la manera en la cual enfrentar una situación biológica y social como esa.

Las etapas que se enfrentan son más prolongadas y más difíciles. Se inicia con la del impacto. No se logra comprender lo que está sucediendo y se tienen serios conflictos para acoger a su bebé. La segunda etapa es la negación. Se resiste a aceptar la idea y se establece un mecanismo de defensa que imposibilita la vinculación. Posteriormente se presenta la tristeza y el dolor. Se toma conciencia de la realidad, se intenta comprender lo que ocurre, aunque no se entienden las emociones, y sufren al percibir su dificultad de vinculación. Buscan en sus hijos alguna muestra de interacción, al no ocurrir esto, se siente frustrados y se de-salientan. Se pueden perder todas las esperanzas de vinculación.

La cuarta etapa es la de la adaptación. Se han logrado aceptar sus propios sentimientos y la condición del niño o de la niña. Los padres se muestran más interesados en aprender y conocer a detalle la discapacidad. En estos momentos es de suma importancia la aceptación que el medio familiar ha expresado al nuevo integrante.

Por último está la reorganización. El bebé ha sido integrado a la familia la cual ha aprendido a tolerar sus discapacidades y se ha comprometido a ayudar en su rehabilitación. La vinculación afectiva se construye y se fortalece día a día a través de los avances emocionales y neurológicos del bebé.

La temporalidad con la que acontecen las etapas anteriores no está bien definida, depende de los rasgos emocionales de los padres, de la familia y de la influencia que el medio ambiente ejerza sobre ellos. Es frecuente que algunos se queden atrapados en una de ellas, para lo cual es conveniente que se les dé asistencia profesional.

Si por distintas razones el bebé debe ser apartado de sus padres se necesita dar el mayor tiempo posible de contacto entre ellos antes de separarlos, ya que necesitan tiempo y oportunidad para superar el duro momento que están viviendo. Lo anterior, sumado a considerar el involucramiento de las familias de la mamá y del papá, son factores importantes para la construcción del vínculo afectivo que no deben pasarse por alto pues será lo que forje su vida y puede representar una diferencia en su desarrollo y en su calidad de vida.

Por todo lo mencionado, se considera necesario proveer de los medios necesarios para garantizar el derecho de los padres a la detección y al tratamiento precoz de enfermedades congénitas en sus hijos, así como de las deficiencias psíquicas y físicas; el derecho a recibir las informaciones y la capacitación relativas a la discapacidad detectada; el derecho al tratamiento al que se le someterá a su hijo y a conocer las perspectivas positivas de ese tratamiento.

Esto puede ayudar a crear una empatía y compromiso hacia la discapacidad y a fortalecer los sentimientos de amor, de tolerancia y de protección que redundarán en respuestas positivas y mejor desarrollo del niño o de la niña, además de prevenir un posible abandono del infante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta alta representación social el presente proyecto con carácter de

Decreto

Ley Federal del Trabajo

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; en el caso de que el hijo o la hija recién nacido presente alguna discapacidad, este último será de nueve semanas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

I. a IV. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores a éste, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. En el caso de que el hijo o la hija recién nacido presente alguna discapacidad se prolongará el tiempo de descanso posterior al parto, siendo en este caso de nueve semanas.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputados: Guadalupe Pérez Domínguez, Jesús María Rodríguez Hernández, Jaime Flores Castañeda, Víctor Roberto Silva Chacón, Roberto Rebollo Vivero, Olivia Guillén Padilla, Ana Estela Durán Rico, Hilda Ceballos Llerenas (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputada, tal como lo solicita, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Les damos la más cordial bienvenida al personal docente y estudiantes de la Universidad Internacional, del municipio de Cuernavaca, del estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín.

Tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron, y Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada asociada.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Con su venia, diputado. La intención de esta iniciativa tiene por objeto lograr una mayor cobertura en los servicios de seguridad social.

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud propone visualizar la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

Así, el derecho a la protección de la salud tiene como objeto principal garantizar el acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o restauración de dicho bienestar.

Sin embargo, todavía existen personas que no tienen este derecho plenamente vigente y por ello buscamos, con esta iniciativa, beneficiar a todos aquellos trabajadores que tendrían el pleno derecho a registrar a un beneficiario para que puedan hacerlo independientemente del estado en el que vivan, del estado civil que tengan o de sus preferencias sexuales. Y con ello lograr una mayor cobertura pero también darle plena vigencia a los derechos de los trabajadores.

Esta iniciativa lo que propone es reformar la fracción XII del artículo 5-A. Del artículo 65, los párrafos tercero y cuarto. Del artículo 66 y el artículo 137. Y se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 5-A. Un tercer párrafo a las fracciones III y IV del artículo 84. Un último párrafo al artículo 130 y un último párrafo al artículo 133 de la Ley del Seguro Social.

Lo que buscamos, como comentamos, es tener una mayor cobertura en los servicios de seguridad social y con ello no quedarnos nada más en la actualización normativa que han hecho algunos de los estados de la república o quedarnos restringidos a las preferencias sexuales o al estado civil de los trabajadores. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por las diputadas Gabriela Cuevas Barron y Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas legisladoras, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

La constitución de la Organización Mundial de la Salud propone visualizar la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Así, el derecho a la protección de la salud tiene como objeto principal garantizar el acceso a los servicios que permitan el mantenimiento o restauración de dicho bienestar.

Este derecho se ubica dentro de los derechos que la doctrina ha denominado programáticosen cuanto su constitucionalización, es decir, su incorporación en el texto constitucional como garantía individual requiere ser pormenorizada a través de una ley reglamentaria que defina los sujetos, alcances, objetos y medios para hacerse exigible.

Dar efectividad al derecho a la protección a la salud implica, necesariamente, generar una mejor calidad de vida para los habitantes, así como propiciar el bien común en el conglomerado social. Para ello resulta necesaria la decisión firme del Estado Mexicano para extender irrestrictamente la cobertura de este derecho, lo que supone  la creación de los instrumentos jurídicos y administrativos adecuados y suficientes para que cada individuo tenga acceso a los servicios de salud que presta el Estado, logrando con ello la universalidadde su tutela.

Esto tiene su fundamento positivo en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y tiene su fundamento moral en la dignidad de la persona humana.

En efecto, la persona humana tiene derecho a la existencia, a la integridad corporal y a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, como son, principalmente: el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De ello se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último, cualquier otra eventualidad que le prive de los medios necesarios para su sustento.

Hablar del derecho a la protección de la salud en las condiciones actuales que vive nuestro país equivale a superar la visión –hoy anacrónica– de que basta con brindar atención médica al necesitado, sino que es necesario encaminar las leyes con una visión humanista, es decir, contemplar al ser humano como integrante del colectivo social y a quien deben asegurarse los mínimos de bienestar requeridos para su sano desarrollo.

La Constitución es un documento fundamental que refleja la desiderata de la nación mexicana y tiene que adecuar su sentido a las exigencias del devenir histórico para poder ofrecer soluciones justas a los problemas sociales.

Una forma de actualizar el sentido de la Constitución es a través de enmiendas al propio texto constitucional. Otra, es a través de la actualización de leyes secundarias que desa-rrollan las garantías individuales de carácter programático tuteladas por aquélla.

Ese es el caso de la seguridad social, que es parte esencial de los derechos humanos y que tiene como propósito garantizar la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, así como los servicios sociales necesarios para propiciar el bienestar individual y colectivo. Como todo derecho humano, es una emanación de la dignidad humana y, por lo tanto, su protección debe ser universal y sin distingos de ninguna índole.

La actual dinámica social, que incluye la acción de sus mayorías y minorías, propicia una reflexión sobre los alcances que debe tener la cobertura de la seguridad social para lograr la consecución del bien común y el respeto a la dignidad de la persona humana, dotando de certidumbre jurídica tanto a los asegurados como a sus beneficiarios.

Con la aprobación de esta iniciativa se dará cumplimiento a los principios de universalidad y progresividad inherentes a todo derecho humano, garantizando el respeto a la persona humana y desarrollando el bien común.

La igualdad ante la ley, como principio de justicia, implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera en iguales circunstancias. Lo que significa que los beneficios de la seguridad social se pueden extender a favor de las personas respecto de las cuales los asegurados elijan proteger, teniendo derecho a recibir los beneficios y prestaciones ordinarios.

Tal extensión de la cobertura de seguridad social habrá de seguir los principios de legalidad, subsidiariedad y temporalidad.

Legalidad, por cuanto que la posibilidad de elegir se actualizará siempre y cuando estén satisfechos los deberes que la legislación civil impone para cuidar a los familiares, cónyuges, concubinas y concubinarios. Esto es, que a falta de éstos, el asegurado podrá registrar voluntariamente a cualquier persona como derechohabiente, cubriendo las cuotas y demás exigencias ordinarias aplicables.

El principio de subsidiariedad se traduce en que la posibilidad de elección se actualizará siempre y cuando la persona cuyo registro voluntario se solicite carezca de cualquier beneficio de seguridad social. Así, con los principios de legalidad y subsidiariedad, la seguridad social se podrá extender armónicamente y extender materialmente el concepto de universalidad que caracteriza esta prestación a cargo del Estado.

La temporalidad radica en el espaciamiento en que se materializa la elección. Los beneficios de la seguridad social, por su naturaleza misma, deben estar sujetos a una visión que comprenda la atención urgente (corto plazo) y permanente (mediano y largo plazos). De tal suerte que la elección para registrar voluntariamente a un beneficiario debe sujetarse a periodos que den certeza al sistema mismo, por lo que se estima conveniente permitir su ejercicio a periodos de tres años, por lo menos.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de seguridad social

Artículo Primero. Se reforman la fracción XII del artículo 5 A, el artículo 65, los párrafos tercero y cuarto del artículo 66 y el artículo 137; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 5 A, un tercer párrafo a las fracciones III y IV del artículo 84, un último párrafo al artículo 130 y un último párrafo al artículo 133 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a XI. ...

XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso o, en su defecto, la persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado; los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la ley.

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán de manera objetiva. Los conceptos legales jurídicos, cargas, derechos y beneficios que aquí se utilizan respecto de viudez, estado civil y capacidad jurídica de las personas incluirán armónicamente a la persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado. El registro voluntario de una persona como derechohabiente de un asegurado será unipersonal y podrá realizarse cada tres años.

XIII. a XIX. ...

Artículo 65.Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. En su caso, tendrá derecho a la pensión la persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado.

Artículo 66. ...

...

A falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario , o persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.

Tratándose de la viuda o concubina o, en su caso, del viudo o concubinario, o persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado, la pensión se pagará mientras no contraigan nupcias o entren en concubinato. Al contraer matrimonio, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue.

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. a II. ...

III....

...

A falta de esposa, esposo, concubina o concubinario, gozará del mismo derecho la persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado.

IV....

...

A falta de esposa, esposo, concubina o concubinario, gozará del mismo derecho la persona que sea registrada voluntariamente por el pensionado.

V. a IX. ...

...

...

...

Artículo 130. ...

...

También corresponderá misma pensión a la persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado para recibir este beneficio.

Artículo 133. ...

...

La persona que sea registrada voluntariamente por el asegurado perderá este derecho al contraer matrimonio, entrar en concubinato o ser registrado voluntariamente por diverso asegurado.

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, huérfanos, concubina o concubinario ni persona que haya sido registrada voluntariamente por el asegurado con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones VIII y XII del artículo 6, el artículo 41, el artículo 70, el párrafo primero y la fracción III del artículo 131, el párrafo primero y la fracción II del artículo 135; y se adicionan una fracción VI al artículo 41 y una fracción IV al artículo 131, recorriéndose las subsecuentes fracciones; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Derechohabiente, a los trabajadores, pensionados y derechohabientes por parentesco o elección;

IX. a XI. ...

XII. Derechohabientes por parentesco o elección:

a) a c) ...

d) Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado , y

e) La persona que sea registrada voluntariamente por el trabajador o pensionado. El registro voluntario de una persona como derechohabiente será unipersonal y podrá realizarse a falta de cónyuge, concubina o concubinario, según sea el caso, cada tres años.

Las personas que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta ley establece si reúnen los requisitos siguientes:

...

2)Que dichas personasno tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social;

XIII. a XXIX. ...

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Derechohabientes por parentesco o por eleccióndel Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:

I. a V. ...

VI. La persona que sea registrada voluntariamente por el Trabajador o el Pensionado. El registro voluntario de una persona como derechohabiente será unipersonal y podrá realizarse a falta de cónyuge, concubina o concubinario, según sea el caso, cada tres años.

Las personas que se mencionan en este artículo tendrán el derecho que esta disposición establece si reúnen los siguientes requisitos:

...

Que dichas personas no tengan por sí mismos derecho a las prestaciones señaladas en el inciso anterior.

Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares del Trabajador, así como en cuanto a la asignación de la Pensión para el viudo, concubinario, hijos, ascendientes, derechohabientes por parentesco o por elección, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Derechohabientes será el siguiente:

I. ...

II. ...

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario , la pensión se entregará a la persona que haya sido registrada voluntariamente por el trabajador o pensionado.

IV. A falta de las personas referidas en las fracciones I, II y III anteriores, la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del trabajador o pensionado;

V. La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes, y

VI. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por el trabajador o pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad.

Artículo 135. Los derechos a percibir pensión se pierden para los derechohabientes por parentesco o eleccióndel trabajador o pensionado por alguna de las siguientes causas:

I. ...

II. Porque la mujer o el varón pensionado contraigan nupcias , llegasen a vivir en concubinato , o sean registrados voluntariamente por diverso trabajador o pensionado. Al contraer matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión que venían disfrutando.

...

III. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las instituciones de seguridad social, en el plazo de un año contado a partir de la publicación del presente decreto, conformarán e iniciarán operaciones del registro voluntario de personas como derechohabientes de asegurados.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2010.— Diputadas: Gabriela Cuevas Barron, Emilio Serrano Jiménez, Juan José Cuevas García, Gabriela Cuevas Barrón, Paz Gutiérrez Cortina, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Jesús Ramírez Rangel, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Ivideliza Reyes Hernández, Oralia López Hernández, Bernardo Margarito Tellez Juárez, José César Nava Vázquez, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Florentina Rosario Morales, Silvia Puppo Gastélum, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Laura Viviana Agundiz Pérez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbricas).»

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado Serrano. Sonido a la curul del diputado Serrano, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, si es tan amable de preguntarle a la diputada Cuevas si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Cuevas ha manifestado su aceptación. Para esos efectos, el documento está a su disposición en la mesa de la Secretaría.

Tal como lo solicitó la diputada Gabriela Cuevas Barrón y su asociada en este punto, la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integra el texto en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Se pospone la intervención del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que iba a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En razón de que diversas comisiones han notificado a la Mesa Directiva que están por concluir la discusión y votación de diversos dictámenes, se pospone el desahogo de este capítulo, por lo que el siguiente punto del orden del día son las proposiciones.

PATRONES Y TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Óscar Javier Lara Aréchiga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que extienda los beneficios fiscales otorgados a los patrones y trabajadores eventuales del campo.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a extender los beneficios fiscales otorgados a los patrones y a los trabajadores eventuales del campo, a cargo del diputado Óscar Javier Lara Aréchiga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Óscar Javier Lara Aréchiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo –en carácter de obvia y urgente resolución– al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, cerca de 5 millones de familias dependen de las actividades económicas del campo, ya sea en la agricultura, la ganadería o la explotación forestal, sin embargo, un número muy importante de trabajadores del campo no se encuentra asegurado.

En efecto, sólo uno de cada diez trabajadores estacionales del campo, está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, debido, entre otras cosas, a la complejidad que representa aplicar la Ley del Seguro Social al trabajo estacional, ya que las actividades se realizan bajo circunstancias y en condiciones muy particulares, lo que dificulta: el cálculo y pago de cuotas obrero patronales sobre salarios reales, y la inclusión de facilidades administrativas para movimientos de la afiliación, entre otras cosas.

Las labores del campo requieren una muy alta rotación de personal y éstas varían de acuerdo al tipo de cultivo, periodo de siembra, unidad de producción y jornadas por periodo.

Por lo anterior el 21 de diciembre del 2005, el Ejecutivo federal emitió un decreto para otorgar facilidades administrativas y beneficios fiscales a los patrones del campo, por un periodo de 18 meses, a fin de que el Comité Técnico del IMSS establezca las reglas para que de acuerdo a la naturaleza y características de los trabajadores del campo por las condiciones especiales de sus actividades, permita que se realice el entero a cuenta de las cuotas obrero patronales.

La falta de reformas a la Ley del Seguro Social para extender los beneficios de la seguridad social a un mayor número de trabajadores eventuales, facilitando la inscripción de un mayor número de patrones, al eliminar los obstáculos que limitan la afiliación y estimulando la inscripción patronal, ha sido la causa de que dicho decreto se haya  prorrogado en tres ocasiones: 23 de junio de 2007, 24 de enero de 2008 y 30 de diciembre de 2008, respectivamente. Este último tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2010.

Entre las consideraciones del Ejecutivo federal para prorrogar el decreto el publicado el 24 de julio de 2007, que otorga beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, señaló que:

“Que la agricultura es una actividad económica esencial que proporciona satisfactores primarios para la población y su desarrollo requiere de la contratación de trabajadores eventuales del campo cuyas labores están determinadas por los periodos y tipos de cultivo, superficie o unidad de producción y jornadas a utilizar en cada periodo;

“Que el gobierno federal conoce y es sensible a las circunstancias en que se desarrolla la actividad laboral de los trabajadores eventuales del campo, razón por la cual, comprende que a fin de evitar la posible afectación a esta rama de actividad es necesario establecer beneficios fiscales que tiendan a hacer acordes los costos de las cuotas obrero patronales con el acceso a las prestaciones económicas en beneficio de los trabajadores eventuales del campo; al tiempo de propiciar que se otorguen facilidades que disminuyan las cargas administrativas;

“Que en tal virtud, se estima conveniente eximir parcialmente del pago de las aportaciones de seguridad social por la diferencia que se genere entre las contribuciones calculadas de conformidad con el salario base de cotización y las correspondientes a un salario de referencia determinado.”

Sin embargo, la inminencia del vencimiento del decreto pone en riesgo a los jornaleros agrícolas y a sus familias, quienes se verían afectados al no poder acceder a los servicios de salud.

Cabe destacar que el decreto y sus sucesivas prórrogas se han traducido en un incremento del 45 por ciento de la tasa anual del número de trabajadores eventuales del campo asegurados ante el IMSS.

El último informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2009-2010, enfatiza que el número de jornaleros agrícolas creció 8.3 por ciento, al pasar de 115 mil 565 en 2009 a 125 mil 123 en 2010.

Debido a que la revisión integral del marco jurídico en materia de seguridad social de los trabajadores eventuales del campo, continua en revisión en ambas cámaras del Poder Legislativo, se solicita al Ejecutivo federal extender los beneficios fiscales durante el ejercicio fiscal 2011, a fin de garantizar la incorporación del mayor número de trabajadores eventuales del campo al régimen de seguridad.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía, en carácter de urgente u obvia resolución, els siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a ejercer sus facultades constitucionales a fin de ampliar la vigencia, al ejercicio fiscal 2011, del “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficialde la Federación el 24 de julio de 2007, modificado por decretos publicados en el Diario Oficialde la Federación los días 24 de enero de 2008 y 30 de diciembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de octubre del año 2010.— Diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que destine los recursos reportados como subejercicios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al apoyo de los gobiernos estatales para la reconstrucción de caminos y carreteras.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a destinar por la SHCP en los últimos tres meses del año los recursos reportados como subejercicios no reasignados por la SCT al apoyo de los gobiernos estatales en la reconstrucción de caminos y carreteras; y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos a efecto de crear y asignar el Fondo Nacional de Apoyo para la Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras Estatales, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Luis Meillón Johnston, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que los recursos que derivan de los subejercicios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se destinen durante los últimos tres meses del año al apoyo de los gobiernos estatales para la reconstrucción de caminos y carreteras estatales; y a la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, y de los recursos provenientes del subejercicio del programa de infraestructura carretera se considere la creación y asignación de recursos del Fondo Nacional de Apoyo para la Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras Estatales, para entregar recursos a todas las entidades federativas afectadas por las lluvias suscitadas este año, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En el presente año, los fenómenos meteorológicos han afectado gran parte del territorio nacional. Estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, por citar los más afectados, han soportado una extensa temporada de lluvias como resultado, sin duda, del cambio climático que sufre el planeta.

El fenómeno prolongado de las lluvias ha impactado de manera importante viviendas de miles de familias, grandes extensiones de cultivos, ganadería, pesca y el sector comercio, así como tramos carreteros del orden rural, estatal y federal.

Resulta inobjetable que el conjunto de todas estas afectaciones plantean la necesidad de que el próximo año se destine gran cantidad de recursos para la reconstrucción de los estados afectados y, por supuesto, para el apoyo de todas las familias y productores y comerciantes que perdieron prácticamente todo lo que tenían como patrimonio.

Esta situación me motiva a mencionar que la afectación que las lluvias han dejado a las carreteras del país significa un reto importante de inversión durante el próximo ejercicio fiscal para la federación y, por supuesto, para todos los gobiernos estatales involucrados.

Muchas carreteras han quedado dañadas, al grado de generar un problema de comunicación y apoyo inmediato a todos los municipios y las localidades que sufrieron inundaciones y que requirieron y requieren abasto de alimentos y de medicinas para sobrevivir a tan indeseable suceso de la naturaleza.

De acuerdo con cifras estimadas en Principales estadísticas del sector comunicaciones, estudio elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2009 se tenía contabilizada una red carretera total de 366 mil 341 kilómetros, de las cuales 48 mil 872 kilómetros corresponden a caminos federales, mientras que 77 mil 912 kilómetros son caminos estatales. La diferencia para sumar el total de la red carretera corresponde al rubro de “caminos rurales y brechas mejoradas”. Es decir, 21.3 por ciento de las carreteras lo absorbe en términos presupuestales la federación, y 48.9 los gobiernos estatales. (Fuente: Dirección General de Planeación y Subsecretaría de Infraestructura.)

El estudio señala también que entre 2008 y 2009, la inversión pública en carreteras se incrementó en 41 por ciento, en precios constantes, y la inversión privada registró un aumento, también en precios constantes, de cerca de 89 por ciento. Si bien los resultados de esta inversión han sido importantes, es factible que en el presente año las condiciones de lluvias hayan afectado sobremanera el avance logrado en años anteriores.

Según las consideraciones anteriores, las entidades federativas tendrán que hacer frente en mayor medida al proceso de reconstrucción de sus redes carreteras. El problema radica, sin embargo, en que los gobiernos estatales no cuentan con recursos suficientes para solventar el eventual problema que dejarán las lluvias en los próximos meses.

Por ello es fundamental que el gobierno federal y el Poder Legislativo, a través de las comisiones correspondientes, evalúen la posibilidad de crear un fondo nacional que permita a todas las entidades afectadas en el sector carretero concursar dichos recursos para fondear la inversión en este rubro para el ejercicio fiscal de 2011, independientemente de los recursos que se tiene programado invertir como cada año.

De existir la posibilidad de un recurso emergente (como pueden ser los subejercicios), en el ejercicio fiscal 2010, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proceda de forma inmediata a gestionar recursos y destinarlos a las entidades federativas que forman nuestro territorio.

Mi propuesta es que los recursos para solventar los problemas en el presente año provengan de los subejercicios reportados en el primer semestre de 2010. De acuerdo con información oficial, 2 mil 134.5 millones de pesos aún no se encuentran comprometidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y servirían para apoyar a los gobiernos estatales en los meses que restan del año.

Como grupo parlamentario, nos preocupa que las entidades federativas no cuenten con recursos suficientes para la reconstrucción no sólo en materia de viviendas e inversión en las zonas agrícolas afectadas y el sector comercio sino, también, en su red carretera, factor importante que contribuye a la dinámica de sus economías locales y al proceso de distribución de productos que abastecen los mercados regionales y, por supuesto, el nacional.

Compañeros legisladores: no podemos permitir tampoco que sectores como el de transportes continúen experimentando pérdidas incuantificables por detener sus labores, generando un círculo vicioso por el tema de desabasto.

El Partido Acción Nacional siempre ha pugnado por el impulso del desarrollo del país, pero siempre desde la perspectiva humanista y, en esta ocasión, con respeto de los connacionales afectados.

Es cierto, uno de los objetivos fundamentales en nuestros días radica en prevenir los desastres que ocasiona la naturaleza. Por ello es necesario modificar las leyes correspondientes para seguir haciendo conciencia del daño que estamos generando al planeta; pero hoy, lo que importa y es prioritario es el apoyo de los gobiernos estatales para brindarles recursos y para la reconstrucción de caminos y carreteras a su cargo y permitir así que tengan mayores opciones presupuestales para destinar recursos a otros sectores afectados de no menos importancia.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. De urgente y obvia resolución, que exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el monto de 2 mil 134.5 millones de pesos reportados como subejercicios no reasignados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se destinen durante los últimos tres meses del año al apoyo de los gobiernos estatales para la reconstrucción de caminos y carreteras estatales.

Segundo. De urgente y obvia resolución, para exhortar a la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere la creación y asignación de recursos del Fondo Nacional de Apoyo para la Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras Estatales para entregar recursos a todas las entidades federativas afectadas por las lluvias en 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta pública.

PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para que se ratifique el acuerdo de la Junta de Coordinación Política en materia de la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se ratifica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la organización del Parlamento de las niñas y los niños de México, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para ratificar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para establecer el Parlamento de las Niñas y los Niños de México al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión del martes 30 de abril de 2002, la diputada federal Laura Pavón Jaramillo, presentó la proposición con punto de acuerdo para establecer anualmente la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

En esa fecha el pleno aprobó la proposición y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Junta de Coordinación Política.

Con fecha 30 de julio de 2002, la Junta de Coordinación Política instruyó lo conducente para obtener los apoyos logísticos necesarios para la celebración del parlamento.

Los días 2, 3 y 4 de abril 2003, se llevó a cabo el primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

A la fecha, el Parlamento de las Niños y los Niños de México, ha tenido siete ediciones, realizándose alternamente entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Haciendo de su conocimiento que el sexto y el séptimo parlamento fueron organizados única y exclusivamente por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la UNICEF y los diversos organismos públicos involucrados en la atención a la niñez.

Consideraciones

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y ratificada por el Estado mexicano establece en su artículo trece, lo siguiente:

Artículo 13.

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras,  ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo sexto establece “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

El párrafo siguiente determina que “... el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.”

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 36 define que “niñas, niños y adolescentes gozarán de libertar de pensamiento y conciencia.”

El artículo 38 y 39 del mismo ordenamiento, facultan a niñas y niños a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros.

De lo anterior se concluye que promover que las niñas y los niños de México, expresen con toda libertad sus ideas en la máxima tribuna del país, en un espacio como el que ha impulsado el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, no sólo está en concordancia con los instrumentos jurídicos que ha suscrito el Estado Mexicano y con el marco legal interno de protección a los derechos de la infancia; sino que contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática y al impulso del libre pensamiento.

Esta es la importancia de que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión convoque y organice el octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, como en anteriores ocasiones se ha llevado a cabo,  para promover entre la niñez del país la cultura y el diálogo y de los acuerdos, para fortalecer los principios y valores democráticos inculcando entre nuestros niños la visión de una partida plural, incluyente y con capacidad de interlocución.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables como comisión ordinaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es quien se  encarga de Dictaminar los asuntos legislativos en materia de niñas, niños y adolescentes; en esa virtud será de gran valía escuchar de la propia voz de las niñas y los niños del país su visión, necesidades, propuestas y anhelos. Porque como bien lo ha expresado la UNICEF “Nada de las niñas y los niños sin ellos”.

Por ello, para la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables encargada de dictaminar los asuntos de la niñez mexicana, indispensable resulta la oportunidad de escuchar las voces de este importantísimo sector de la sociedad. Así como también será de gran importancia para las y los legisladores que integramos este cuerpo colegiado en la Cámara de Diputados.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se ratifica el punto de acuerdo que establece la anualidad y alternancia para la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, aprobado el día 30 de abril de 2002, cuya sede para el año 2011 corresponde a la honorable Cámara de Diputados.

Segundo.Se ratifica a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados como la comisión organizadora del octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Tercero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que instruya a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para organizar, en coordinación con la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Federal Electoral y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, con sede en la Cámara de Diputados.

Cuarto.La Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados acuerda que se asigne la suficiencia presupuestal necesaria para la realización del 8vo. Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 27 de octubre de 2010.— Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se destinen recursos del Fonden en apoyo a las mujeres veracruzanas afectadas por los estragos climatológicos provocados por el huracán Karla.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar por la Segob recursos del Fonden en apoyo de las veracruzanas afectadas por el huracán Karl; y a la Sedesol y a la SCT, a incluirlas en sus programas de empleo temporal, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Adela Robles Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en apoyo a las mujeres veracruzanas no resilientes afectadas por los estragos climatológicos provocados por el huracán Karl, asimismo se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Comunicaciones y Transportes, el incluirlas, dentro de sus programas de empleo temporal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La palabra resiliencia hace referencia a la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a periodos de dolor emocional, es decir, que se puede considerar como la facultad que cuenta el individuo para poder superar las adversidades y salir adelante, después de haber sido sometido, bajo cualquier circunstancia, a un severo estado de caos emocional, tanto físico como psicológico.

El Fondo de Desastres Naturales considera, dentro de sus reglas de operación, la clasificación de los fenómenos que pueden causar desastres naturales, en ésta se consideran los huracanes y otros fenómenos climatológicos que pueden causar daños a la infraestructura social y económica de determinadas regiones.

En estos momentos Veracruz sigue viviendo una etapa crítica de contingencia, derivada de las lluvias excesivas y los recientes y devastadores desastres naturales.

Ejemplo de ello ha sido el fenómeno hidrometeorológico Karl, huracán de categoría dos que impactó y ha dañado gran parte de Veracruz, devastando a su paso sinnúmero de comunidades enteras y dejando en consecuencia, en estado de indefensión a cientos de familias de las zonas afectadas, en su gran mayoría, identificadas como de alta marginación.

Grupos sociales que aspiraban a una vivienda digna, y que ahora han perdido el total de sus pertenencias, incluso en los casos más desgarradores, han perdido también a algún integrante de su familia.

La Secretaría de Gobernación ha emitido a la fecha seis declaratorias de emergencia para 117 municipios de los 212 que integran nuestra entidad federativa.

La población total de Veracruz es de casi 7 millones de habitantes; esto representa más de 7 por ciento del total nacional; de los cuales más de 3 millones 562 mil son mujeres.

Cifras de la Coordinación General de Protección Civil indican que hasta estos momentos, más de 600 mil pobladores se han visto severamente afectados por los daños a la infraestructura socioeconómica.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el municipio de Veracruz cuenta con una población aproximada de 460 mil personas, de las cuales más de 241 mil son del sexo femenino; en el caso del municipio de Boca del Río, la cifra total es de alrededor de 136 mil, de las cuales el número de mujeres sobrepasa las 73 mil.

Estas cifras demuestran cómo es que el sector más afectado por la reciente catástrofe sigue siendo el de las mujeres y, consecuentemente, el de sus familias.

Para este tipo de desastres, se implantan programas de empleo temporal, sin embargo, por tratarse de tareas en donde se requiere laborar tiempo completo, madres y amas de casa, quienes por sus actividades inherentes a labores domésticas y de cuidado familiar, se ven rechazadas y, en consecuencia, no tienen posibilidad de acceder a estos programas, cuya finalidad es ayudar a quienes atraviesan por situaciones tan lamentables, sin distinción ni discriminación por cuestiones de género.

Desde la máxima tribuna de la nación, me permito hacer un llamado urgente de solidaridad, para estar en posibilidades de brindar ayuda a miles de mujeres que han quedado de-samparadas; mujeres no resilientes que requieren de las mínimas atenciones, apoyos y servicios indispensables para su protección y estabilidad, tanto económica como emocional.

Estas mujeres, quienes sostienen y proveen a sus familias, se encuentran en el abandono, necesitan ayuda pronta y específica, por ello, pido su ayuda para la aprobación de esta propuesta.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales en apoyo a las mujeres veracruzanas no resilientes, afectadas por los estragos climatológicos provocados por el huracán Karl, particularmente a las mujeres de las regiones que comprenden los municipios de Veracruz y Boca del Río; asimismo, se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Comunicaciones y Transportes a incluirlas dentro de sus programas de empleo temporal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Adela Robles Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar un programa emergente de subsidio de diesel para el transporte colectivo denominado peseras, de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar por la SHCP un programa urgente de subsidio de diesel para “peseras” de La Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es del conocimiento general que la crisis económica por la que el país atraviesa, ha cobrado sus efectos más perniciosos y lacerantes en los diferentes sectores del país, particularmente en aquellos más desfavorecidos.

Lamentablemente lo ocurrido no es ajeno a Baja California Sur, en donde por sus condiciones geográficas la vida es mucho más cara que en el resto de la república, sacrificando así la economía de miles de familias que se encuentran lejos de disfrutar los beneficios del desarrollo y de una buena calidad de vida.

Bajo el anterior orden de ideas, es que se solicita de manera urgente al Ejecutivo federal, se solidarice con el transporte colectivo denominado “peseras” en la ciudad de la Paz, Baja California Sur y con los usuarios de las mismas, toda vez que en estos momentos atraviesan por condiciones extremas, debido a los altos costos que representa para el sector los insumos mínimos para trabajar.

Es menester señalar que de acuerdo con lo señalado por los operadores del transporte colectivo, este resulta prácticamente incosteable, lo que tiene un sinnúmero de perjuicios tanto para los ciudadanos que utilizan el servicio como su única fuente de trasporte como para los propios transportistas, debido a los altos costos de operación y a los escasos beneficios.

Por citar algunos ejemplos concretos, resulta prudente señalar que entre los principales obstáculos que enfrentan están

• El alza continua de combustibles.

• El alza permanente de refacciones para poder trabajar con un promedio de 2 mil pesos de gastos por unidad al mes.

• El pago de seguros de las unidades contra daños a terceros, que representan pagos anuales que van desde 2 mil 500 a 10 mil pesos, dependiendo de la cobertura.

A lo anterior, debemos sumar algunas otras condiciones desfavorables que enfrentan los transportistas colectivos de la Paz como son

• Se trabaja con parque vehicular de importación en 99 por ciento los casos, solamente 1 por ciento son vehículos nacionales, lo que representa además el obvio pago de impuestos para importar dichas unidades.

• Existe en la ciudad un problema enorme en vialidades, donde alrededor de 60 por ciento de las calles de la ciudad no están pavimentadas y es prácticamente terracería, lo que representa un deterioro considerable en las unidades y un consumo adicional de diesel y refacciones.

A pesar de lo anterior sólo ha habido tres incrementos de las tarifas en el transporte colectivo en La Paz, en los últimos 12 años. Actualmente se cobra 8.00 pesos por persona, cobro que resulta insuficiente para otorgar un servicio de calidad, el cual además resulta poco redituable para que los transportistas puedan ofrecer a sus familias una calidad de vida razonable.

Bajo el anterior orden de ideas, se somete a su consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se impulse un programa emergente en beneficio del transporte colectivo denominado “peseras” en la ciudad de la Paz, Baja California Sur, el cual otorgue subsidio al diesel, con el objeto de aliviar en alguna medida la problemática que enfrenta actualmente este sector.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Víctor Manuel Galicia Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instrumentar dentro de su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 un fondo para la atención y prevención de desastres naturales.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a instaurar en su proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011 un fondo para la atención y prevención de desastres naturales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a instrumentar acciones a fin de establecer dentro de su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, un fondo para la atención y prevención de desastres naturales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos. El gobierno de la república ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunque el modelo global de desarrollo ha propiciado mejoras, el medio ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una velocidad alarmante. Información científica reciente muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras. El cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e industriales, la contaminación del suelo y el agua por metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad serían algunas de sus consecuencias.

Frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos. Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un gran impulso a la investigación y al desarrollo de ciencia y tecnología.

En atención a lo anterior, el gobierno federal ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo un objetivo específico para impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, reconociendo que será necesario desarrollar capacidades preventivas y de respuesta ante los impactos adversos previsibles. Estas medidas incluyen la generación de información y conocimiento sobre la vulnerabilidad de distintas regiones y sectores del país, así como de los impactos potenciales y el trabajo coordinado de las distintas instancias del gobierno y la sociedad.

En el periodo 2006- 2009 la administración federal atendió 206 declaraciones de emergencia y realizó 90 declaratorias de desastre, las cuales abarcaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Sonora, Chiapas, Oaxaca, México, entre otros, situaciones que originaron la aplicación de 71,888.9 millones de pesos para atender estas emergencias y desastres.

De los recursos financieros utilizados para la atención de desastres naturales, 43,429.2 millones de pesos fueron asignados de los ingresos excedentes conforme lo establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que representa 60 por ciento de los mismos. Esto nos da a entender que los presupuestos destinados a estos casos son insuficientes si sólo contamos con los fondos y fideicomisos establecidos por la federación.

Aunado a esto, cabe señalar que los recursos presupuestales son escasos año tras año. Sin embargo, las acciones de fortalecimiento que la administración federal le ha dado al Fondo Revolvente Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), han podido aportar los recursos tanto para la atención de desastres como para atender las necesidades básicas de alimento, cobertores, colchonetas y agua potable, así como a la prevención de los mismos mediante la integración de proyectos que atenúen los riesgos de desastres.

A nivel local, el gobierno del Distrito Federal ha elaborado el Programa General de Desarrollo 2007-2012, en el cual menciona que la pérdida de vidas o truncamiento de proyectos de vida a causa de los efectos de los desastres naturales o antropogénicos representan un alto costo social y económico para la ciudad.

Sin embargo, las herramientas del gobierno capitalino para actuar con prontitud ante emergencias, presentan aún deficiencias en materia tecnológica, de financiamiento, de coordinación entre niveles de gobierno, de colaboración entre instituciones, de actualización sistemática de las zonas de riesgo, de distribución territorial de la infraestructura y equipamiento de atención de emergencias.

Un aspecto a mejorar es el fortalecimiento de la coordinación entre niveles de gobierno, así como la atención del ordenamiento territorial. Además, es imprescindible consolidar una cultura de la prevención para que los ciudadanos puedan enfrentar las emergencias antes, durante y después de ocurridos los acontecimientos.

Por ello, se debe incrementar la capacidad de acción mediante la incorporación de tecnologías y modernización de equipos, así como a través de medidas organizativas, de capacitación, de comunicación y de control.

Derivado de lo anterior, se hace necesario implementar en la capital acciones concretas para la seguridad y protección civil de los habitantes mediante la implementación de un Fondo de Desastres Naturales del Distrito Federal. Esto, con el propósito de tener un instrumento financiero mediante el cual se asignen recursos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal para la atención de emergencias y desastres naturales o antropogénicos. Además, se requiere establecer un fideicomiso que administre los remanentes no utilizados o aportaciones adicionales que se hagan de las economías y ahorros de ejercicios anteriores para cuando existan situaciones imprevistas y cuya magnitud supere la capacidad financiera de las dependencias, entidades o delegaciones del Distrito Federal.

Conforme a lo anterior, se propone se incluya dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal del próximo año, una primera asignación de 100 millones de pesos con el fin de estar preparados para afrontar los posibles riesgos e iniciar la reserva para los años futuros.

Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que establezca dentro de su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, un fondo para la atención y prevención de desastres naturales con una primera asignación de 100 millones de pesos. Asimismo, se le exhorta a especificar en el Presupuesto de Egresos que, de no ser necesaria la utilización de los recursos contenidos en dicho fondo, éstos sirvan de reserva para años y ejercicios subsecuentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

PESCA Y ACUACULTURA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca, y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere un monto mayor o igual al aprobado para 2010.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca, a evitar la cancelación de plazas de sus investigadores que queden vacantes producto del retiro laboral y a incluir las universidades y los centros de investigación o instituciones académicas en la integración y el funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere un monto superior o igual al aprobado en 2010, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a fortalecer las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), evite cancelar plazas de sus investigadores, que quedan vacantes producto del retiro laboral, e incluya eficazmente a las universidades y centros de investigación o instituciones académicas en la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que asigne un monto mayor o igual al aprobado en el ejercicio fiscal de 2010 al Instituto Nacional de Pesca, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México como país cuenta con 11 mil 593 kilómetros de costas, su plataforma continental es de aproximadamente 394 mil 603 kilómetros cuadrados, tiene 2.9 millones de hectáreas de aguas continentales, de las cuales 1.6 millones de hectáreas son lagunas y aguas costeras que resultan muy adecuadas para actividades acuícolas. Nuestras aguas ofrecen medios muy diversos para las distintas especies de climas templado, cálido y frío, de fondo y superficie, costeras y de alta mar, regionales y migratorias y de todo tipo, por lo que para un mejor aprovechamiento de los recursos marinos, se hace necesario su estudio.

La investigación científica de recursos marinos permite saber de que manera cambian éstos en su distribución y composición, lo cual incide notablemente en las capturas, así podemos conocer las técnicas que se emplean, la elaboración y el almacenamiento de los productos, la comercialización, los procesos económicos y sociales que se generen con motivo del aprovechamiento integral del recurso, además de tener elementos que contribuyan a una adecuada política del gobierno para normar la actividad pesquera.

La productividad comercial de los océanos está en su nivel más bajo, con un 15 por ciento de las pesquerías más importantes en estado de sobreexplotación, 75 por ciento en su máximo nivel de aprovechamiento sustentable, y un pequeño porcentaje en vías de recuperación.

La legislación en la materia, señala que la investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura, entre otros, tendrá como propósitos esenciales, incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar las especies pesqueras y acuícolas, siendo el Instituto Nacional de Pesca el encargado de coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura.

A razón de lo anterior, es importante invertir en el conocimiento, sin embargo, México destina tan sólo 0.38 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y desarrollo, porcentaje sumamente bajo si lo comparamos con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde ocupamos el último lugar en esta materia. En el caso de Inapesca, los recursos que le son asignados representan 0.4 por ciento respecto al total del ramo administrativo del cual depende (Sagarpa) y muestra una disminución real de (-) 3.4 por ciento en la propuesta de presupuesto de 2011, respecto al Presupuesto aprobado en 2010.

Si bien, coincidimos en la política del Ejecutivo federal en lo referente a la austeridad en el gasto no prioritario, reduciendo gasto administrativo, de operación y en servicios personales, y estamos de acuerdo en priorizar la asignación del egreso en ciencia, tecnología e innovación, determinando áreas estratégicas y programas prioritarios, pensamos que los recursos físicos y humanos con que cuenta Inapesca para cumplir sus propósitos, son limitados y no le permiten contribuir al desarrollo del sector de acuerdo a lo que se mandata en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de Investigación.

Aunado a lo anterior, consideramos que la conclusión de la prestación de servicios de investigadores del Inapesca, como parte de su retiro laboral, no debe ser motivo para la cancelación de plazas, ya que esto va en detrimento del instituto y de la generación de conocimiento científico que permita mejorar la actividad pesquera y acuacultura de este país.

Por lo anteriormente expuesto, y dada la trascendencia de la investigación científica en las actividades productivas, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca que permitan realizar investigación científica en los términos que mandata la legislación aplicable y evite cancelar plazas de investigadores que quedan vacantes producto del retiro laboral.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional de Pesca, a incluir eficazmente a las universidades y centros de investigación o instituciones académicas con reconocimiento en el ámbito de las ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura en la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura.

Tercero.Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 asigne un monto mayor o igual al aprobado en el ejercicio fiscal de 2010 al Instituto Nacional de Pesca, a fin de promover la investigación científica que permita de-sempeñar una pesca y acuacultura sustentable con mayores niveles de aprovechamiento.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese el primero y segundo resolutivos a la Comisión de Pesca, y el tercer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TRANSPORTE ESCOLAR

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, a considerar la propuesta de exentar el cobro de derechos de peaje al servicio de transporte escolar.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a considerar la propuesta de exentar el cobro de derechos de peaje, al servicio de transporte escolar, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La universalización de la educación ha sido un objetivo que permanentemente se ha buscado satisfacer tanto por maestros docentes en todo el país como por autoridades educativas de los tres niveles de gobierno. Esos esfuerzos han estado orientados a aumentar la oferta, a fomentar la capacitación permanente de los profesores y al otorgamiento de subsidios parciales a los costos que la educación tiene para los padres como por ejemplo los libros, uniformes, etcétera. Sin duda se han hecho esfuerzos considerables, no obstante, tenemos que reconocer que aun tenemos mucho camino que recorrer ya que seguimos teniendo sectores de la población, principalmente en zonas rurales aisladas y marginadas, que quedan excluidas de la escuela por falta de apoyos precisos y oportunos.

Sobre este tema en particular, la problemática que padecen los estudiantes de bajos recursos que se encuentran alejados de su centro de estudio, independientemente del nivel educativo que estén cursando, radica en que no obstante se han organizado para rentar o comprar transportes escolares que los trasladen a sus centros de estudio que muchas veces se encuentran a varios cientos de kilómetros, tienen que pagar diariamente los derechos por el uso de carreteras que se exige en las casetas de peaje en los dos sentidos de su cotidiano traslado. El resultado de lo anterior es que la asistencia a la escuela se hace muy caro para los modestos ingresos familiares y por ello tenemos el grave problema de que la gente en edad de estudiar va a la escuela cuando puede, su asistencia y educación es irregular y la gran mayoría desertan antes de cumplir los 12 años de escolaridad obligatorios.

A lo largo de los años hemos visto que una de las respuestas más comunes de los gobiernos –Federal, estatal y municipal– a la inasistencia escolar en zonas aisladas y marginadas ha sido instrumentar políticas de construcción de caminos que comuniquen las comunidades aisladas con sus cabeceras municipales y estos a su vez con la capital del Estado donde se encuentran aglomerados los centros de estudio. Esta política ha representado un avance importante, sin embargo, consideramos que las posibilidades de acción no deben limitarse al mantenimiento, modernización o construcción de caminos, ya que su sola existencia no garantiza que los alumnos acudan a la escuela. Insistimos en que hay que reconocer el esfuerzo de estos estudiantes que han decidido hacer un enorme sacrificio para asistir cotidianamente a la escuela, y evitar por el contrario continuar poniéndoles obstáculos que hacen más costoso su objetivo final.

Consideramos entonces, que una propuesta que pudiera sumar esfuerzos a esta labor tan importante de proveer de instrumentos para que la gente en edad de estudiar asista a la escuela, consiste en incentivar el servicio de transporte escolar.  En este sentido, según La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC), los subsidios y transferencias de recursos directos a los costos que la educación tiene para los padres de familia que habitan en zonas aisladas o marginadas, elevan en un 40% las oportunidades de los niños de estas zonas de lograr más de 6 años de instrucción escolar.

Por ello, al ser muchas veces la carretera de cuota la única vía para llegar al centro educativo –ocasionado así el incremento del costo del servicio de transporte y afectando directamente la economía de las familias— el objetivo principal que se persigue con la presente proposición de Punto de Acuerdo, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideren la propuesta de exentar el cobro de derechos de peaje a los transportes escolares  que provienen de zonas alejadas de sus centros de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado, y que requieren  circular por la red nacional de carreteras de cuota para llegar a su destino, esto durante todo el año escolar y evitando desproteger a los usuarios en cuestión, de los beneficios de los seguros carreteros correspondientes.

Recordemos que la universalización de la educación pasa también por la posibilidad básica de llegar a las escuelas, por lo cual, el tema no puede ser considerado de menor importancia. De hecho, si reducimos la deserción escolar y se otorgan facilidades para el acceso a los centros de estudio, como es la disminución de los costos del transporte escolar, también ayudamos a mejorar la situación económica y social de estas zonas. De igual forma, de aprobarse la presente proposición de punto de acuerdo estaríamos contribuyendo con varios fines como: remover obstáculos al de-sarrollo de las comunidades marginadas, contribuir a la universalización de la educación, incentivar el servicio que se presta para el traslado diario de estudiantes, beneficiar la economía de los padres de familia e incrementar la asistencia diaria de los alumnos a los servicios educativos.

Finalmente, también es importante solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que además de considerar ésta propuesta, también lleve a cabo negociaciones con los titulares de los derechos de las vías de comunicación que sean de competencia estatal o que se encuentran concesionados a particulares, para sensibilizarlos de esta problemática y de dicha forma reconocer el esfuerzo e impulsar la asistencia a los centros de estudios de los millones de estudiantes mexicanos que se encuentran en zonas pobres y alejadas de sus centros de estudio.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a considerar que se exente del cobro de derechos de peaje durante todo el año escolar a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de su centro de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado, y que requieren circular por el tramo carretero respectivo de la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para llegar a su destino.

Segundo. En caso de que las vías de comunicación sean de competencia estatal o se encuentren concesionadas a particulares, se exhorta a las autoridades federales citadas, a que lleven a cabo negociaciones con los titulares de los derechos para sensibilizarlos sobre ésta problemática y que éstos consideren de igual forma la exención del cobro de derechos de peaje a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de su centro de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado, durante todo el año escolar.

Nota:

1 CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007, México, 2007. Vol. I, pág. 252

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Transportes.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Las siguientes 140 proposiciones con puntos de acuerdo están registradas en el orden del día para trámite de sólo turno a comisión. Por economía procesal se instruye insertar los textos íntegros en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a evitar recortes presupuestarios de programas productivos considerados en el especial concurrente del PEF de 2011, a cargo del diputado Rolando Zubía Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI.

La crisis económica, alimentaria y ambiental se ha presentado de manera aguda, impulsando a los gobiernos para encontrar nuevos caminos para un desarrollo sustentable.  En México, los impactos de estas crisis han sido severos, tanto en lo económico, disminuyendo el ingreso de las familias y aumentando el número de mexicanos en pobreza extrema, como en lo social.

En el campo mexicano se combinan la pobreza, el deterioro ambiental y la dependencia del exterior, con un crecimiento moderado y desigual de la producción nacional, aun cuando el presupuesto rural se ha incrementado sustancialmente en los últimos 6 años, debido a que no hay un política de Estado consensuada con la sociedad rural, y los esfuerzos se diluyen y son ineficientes e ineficaces.

Para el gobierno federal, el sector agropecuario no es estratégico, y a los campesinos e indígenas que producen en minifundios para su subsistencia y no para el mercado, se ha optado por darles apoyos asistenciales.

Se ha dado así preferencia al abasto internacional para cubrir la seguridad alimentaria, en lugar de apoyar la producción nacional y la soberanía alimentaria. No hay una política de Estado para el desarrollo del sector rural, por lo que no hay rumbo fijo y las políticas, programas y presupuestos públicos son fundamentalmente de ejecución central, cambiantes y dispersos.

Existe un mandato constitucional expresado en los artículos 25, 26 y 27 sobre el sector rural y una legislación secundaria que los desarrolla, y que ha sido prácticamente ignorada por el Ejecutivo.

En el periodo 2006-2008, la pobreza alimentaria nacional creció en 5 millones de habitantes, de los cuales 2.8 viven de las zonas rurales. Actualmente se tienen 12.2 millones en pobreza extrema en el campo.

El déficit de la balanza agroalimentaria (incluye la agropecuaria), durante el periodo 2006-2008, creció en 4 mil 483 millones de dólares, un 187.6 por ciento respecto a 2006 y un 455.6 por ciento con relación al año 2000.

La contribución del sector agropecuario a la economía es muy importante. En el sector agropecuario se emplea el 20.2 por ciento de la fuerza laboral mexicana. En once estados de la república, la mano de obra rural sobrepasa el 20 por ciento de su mano de obra total ocupada.

Durante 2008 y 2009,  fue el único sector que creció durante los trimestres de mayor caída del producto interno bruto nacional.

En las políticas aplicables al sector no hay ningún vínculo, implicando que los mecanismos e instrumentos para el de-sarrollo social no incluyan en las zonas rurales a instrumentos productivos, generadores de valor y de empleos.

Esta es una de las principales razones por la cual, por más que se incrementen los presupuestos al sector social, si no conllevan presupuestos productivos, la pobreza sigue creciendo, pues no se producen los ingresos y empleos suficientes con programas asistenciales. Esta es la razón del fracaso de la política social en México.

Es necesario recordar que el principal instrumento de política pública en México, es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La lucha de los diputados del sector rural en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable ha sido consistente y muy positiva, pues de 120 mil 380 millones de pesos autorizados en el 2004, para 2010 el presupuesto autorizado fue de 269 mil 78 millones de pesos. Es decir, un incremento de 148 mil 698 millones de pesos, que significa el 123.5 por ciento del presupuesto original. Significa también un crecimiento nominal anual promedio de 24 mil 783 millones de pesos. Cifra muy importante en un marco de restricción presupuestal.

El titular de la Sagarpa ha declarado que la reducción de programas en la dependencia a su cargo para 2011, tiene el propósito de evitar duplicidades y reorientar el destino de los recursos hacia comercialización, capacitación de productores, sanidad, investigación y desarrollo.

Esta estrategia de ajuste a los programas productivos ha sido dañina para el combate a la pobreza, los aumentos a los programas sociales no se reflejan en la reducción de la marginación; por el contrario, evidencian su debilidad estructural, ambos; lo productivo y lo social, deben ser fortalecidos desde el proyecto de decreto y también en la Cámara de Diputados.

El  objetivo de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI es evitar cambios en la estructura programática presupuestal y en los nombres de los programas; pues hacerlo se traduce en nuevas reglas y favorece su complicación. Se debe garantizar en su estructura y redacción del presupuesto, muy particularmente en el programa especial concurrente, la concurrencia de los programas generadores de empleo y de riqueza con los relativos a la asistencia social.

Las ramas de producción viven momentos difíciles que ponen en riesgo su supervivencia. Es necesario reorientar el presupuesto rural prioritariamente a las acciones productivas, en especial a la vertiente de competitividad, donde se encuentran los programas de activos productivos, apoyo a problemas estructurales, pues es fundamental para las coberturas y la agricultura y ganadería de contrato.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene considerado en el artículo 21 que los ajustes presupuestales deben realizarse en el siguiente orden:

Artículo 21. [...]

a. Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i. Los gastos de comunicación social;

ii. El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii. El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y

iv. Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales:

[...]

Es responsabilidad de la honorable Cámara de Diputados que se salvaguarde en primera instancia el monto y la orientación del Presupuesto autorizado, las fuentes de empleo, los programas sociales y las inversiones estratégicas aprobados por la misma, por lo que además del sentido de la prelación que marca la ley, los ajustes deberán estar en el contexto de los subejercicios y los cierres previstos para el ejercicio fiscal.

El PEF de 2011 debe ser aprobado garantizando inversiones estratégicas en sectores productivos y en programas orientados a la población más vulnerable del país.

Por lo expuesto, se pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el próximo proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se evite realizar recortes presupuestales a programas productivos para ser canalizados a programas asistenciales; y se cumpla estrictamente con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 21, en lo referente a la prelación de áreas y rubros permitidos, para hacer reducciones presupuestales, evitando con ello afectar inversiones estratégicas y programas productivos y sociales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.— Diputado Rolando Zubía Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un programa de apoyo monetario para las familias de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que en el ejercicio fiscal de 2011 se considere la inclusión de recursos destinados a un programa de apoyo monetario para las familias de las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado diversas aproximaciones a la magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 por ciento de la población del mundo, esto es, aproximadamente 650 millones de personas, presenta algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial. Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a alrededor de 2 mil millones, casi un tercio de la población mundial.

El Banco Mundial estima que entre 10 y 12 por ciento de la población mundial tiene discapacidad y que en 25 por ciento de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad. Se estima además que el número de personas con discapacidad está aumentando por el crecimiento mismo de la población, el incremento en la esperanza de vida y el proceso de envejecimiento que hoy enfrenta la población de muchos países.

En México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población. La información más actual es la del levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 31 de mayo al 25 de junio de 2010. Sin embargo, hasta el diciembre de este año no estarán disponibles los resultados preliminares; posteriormente, en el primer trimestre de 2011, se iniciará la difusión de resultados definitivos a través de diversos productos en papel, en Internet, en bases de datos y medios ópticos.

Con este censo, el Inegi actualizará la cuenta de la población y sus viviendas, y la de grupos como la población con discapacidad y la población hablante de lengua indígena, entre otros; y generará información que permitirá disponer de un amplio perfil demográfico y socioeconómico de las entidades federativas, los municipios y las localidades.

Por tanto, la información más actual en la materia es la del XII Censo General de Población y Vivienda, realizado en 2000. En el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 se hace un diagnóstico de la situación y las condiciones de vida de la población con discapacidad, en el que se incluyen cifras y datos tomados de dicho censo y de otras encuestas y aproximaciones, por lo que se muestra que, en efecto, la información disponible sobre la población con discapacidad es la que se ha utilizado en diversos documentos, entre ellos el programa sectorial.

El XII Censo General de Población y Vivienda señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84 por ciento de la población del país, mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, realizada en 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente 9 por ciento de la población presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social, por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría ser de alrededor de 9.7 millones.

El análisis de la información disponible en México sugiere que un porcentaje importante de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos, consagrados en la Constitución.

Las personas con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los servicios públicos. Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los casos, la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.

Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos de un dólar por día y que no satisfacen las necesidades básicas, como alimentación, agua potable, ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, a fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre.

En México, de acuerdo con los datos del censo de 2000, más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. La situación es más apremiante entre las de discapacidad mental y las de discapacidad del lenguaje, pues en el primer grupo 83.5 por ciento no recibe ingresos y en el segundo la característica la presenta 76.4 de los casos.

Por ello, 63 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en los dos quintiles de los hogares más pobres del país, lo que demuestra la vulnerabilidad de este grupo de la población y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los niveles de pobreza.

La familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, por lo cual desempeña un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población. En muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a la vida laboral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también a sus familiares y a la comunidad que lo rodea.

En México se desconoce el número de familias con al menos una persona con discapacidad. La aproximación que se ha utilizado para el indicador es el número de hogares donde reside una persona con discapacidad. No obstante, debe subrayarse que hogar y familia son conceptos diferentes y, por consiguiente, no se deben usar indistintamente. Un hogar es un conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un gasto común, principalmente para comer. Una persona que vive sola también forma un hogar. La familia debe estar integrada al menos por dos personas, y en un hogar pueden residir varias familias.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, 1 millón 561 mil 993 hogares en el país contaban en ese momento al menos con una persona con discapacidad, lo que representó 7 por ciento de los hogares, en los que residían 7 millones 136 mil 285 personas, 7.1 por ciento de la población del país.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es abatirla marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. Entre sus estrategias prevé otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.

Y que la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el artículo 8 prevé que la Secretaría de Salud, en coordinación con el consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, y en el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la ley.

Proponemos que se otorgue un apoyo monetario a las familias que tienen entre sus miembros a alguna persona con discapacidad. Si bien –de acuerdo con la información disponible– se desconoce el número de familias con al menos una persona con discapacidad, más de la mitad de este grupo vulnerable no recibe ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. Por ello, para sus familias esto representa una fuerte repercusión económica desfavorable, la cual se agrava aún más cuando alguno de los miembros tiene que dejar de trabajar para dedicar tiempo a su cuidado y atención.

La propuesta es que se otorgue un apoyo mensual de 700 pesos a las familias que tengan entre sus miembros a una o más personas con discapacidad permanente, y que las entregas sean bimestrales. El Conadis definirá los lineamientos para identificar a las personas con alguna discapacidad severa que limite de forma permanente su autonomía, y que requieran el acompañamiento diario y continuo de algún familiar para realizar las actividades más necesarias para tener una vida digna.

Se pretende que durante el ejercicio fiscal de 2011 se inicie apoyando a 100 mil familias, para lo cual el requerimiento presupuestal es de 840 millones de pesos. El padrón de las familias beneficiarias deberá actualizarse anualmente. La Secretaría de Salud emitirá en coordinación con el Conadis las reglas de operación del programa y definirá los procedimientos para la entrega bimestral del apoyo. Los recursos para cumplir este apoyo monetario siempre deben darse en un marco de responsabilidad, disponibilidad, eficiencia y transparencia presupuestaria.

La exclusión contra las personas con discapacidad no sólo afecta a ellas sino, también, a sus familias y a su comunidad.

Uno de los obstáculos más fuertes para que la población con discapacidad mejore sus condiciones de vida tiene que ver con su nivel de ingreso; sin embargo, la discriminación y marginación que padecen se convierten en factores determinantes en el ejercicio pleno de los derechos.

Por ello cualquier acción que busque contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto de su dignidad y de sus derechos, debe ser apoyada e impulsada.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a considerar la inclusión de recursos destinados a un programa de apoyo monetario para las familias de personas con discapacidad, en el presupuesto asignado al ramo 12, “Salud”, en el ejercicio fiscal de 2011.

Notas:

1 Estudios realizados recientemente en varios países y regiones sugieren que ésta es una estimación razonable de la prevalencia de discapacidad en el mundo.

2 Ann Elwan. Poverty and disability: a survey of the literature, Banco Mundial, 1999.

3 Inegi: Tabulados temáticos sobre la población con discapacidad. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, página 75.

4 Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Glosario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2010.— Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos suficientes para reconstruir los puentes vehiculares de El Llano, en San Blas, y San Francisco, de Bahía de Banderas, Nayarit, así como el camino Sayulita-Punta de Mita, a cargo de la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Ivideliza Reyes Hernández, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para reconstruir los puentes vehiculares de El Llano, en San Blas, y San Francisco, de Bahía de Banderas, Nayarit, así como el camino de la localidad de Sayulita-Punta de Mita, conforme a las siguientes

Consideraciones

Durante el 31 de agosto, y 1 a 6 de septiembre de 2010, en Nayarit, como en gran parte de la república, se registraron lluvias extraordinarias por las que se presentaron inundaciones en localidades de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit, así como desbordamientos del río El Llano, que causaron daños en la red de alcantarillado sanitario e infraestructura carretera y eléctrica de esos municipios.

Se colapsaron los puentes vehiculares de San Francisco, en Bahía de Banderas, del orden estatal, y el puente El Llano, en San Blas, del orden federal, y se destruyó un tramo del camino que va de Sayulita a Punta de Mita.

Ante ello, con fecha 6 de septiembre de 2006, el gobernador de Nayarit, en cumplimiento de los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente de Desastres Naturales (Fonden), solicitó a la Coordinación General de Protección Civil que se emitiera la citada declaratoria en los tres municipios afectados, debido a las lluvias severas e inundaciones pluviales.

El 13 de septiembre de 2010, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió el boletín de prensa número 421/10, por el que la Coordinación General de Protección Civil de esa secretaría, declara emergencia para Compostela, activándose así los recursos del Fondo Revolvente Fonden.

El motivo por el que no se declarara emergencia para los otros dos municipios, fue porque a criterio de la Comisión Nacional del Agua el nivel de precipitación en Bahía de Banderas y San Blas no dio para hacer la declaratoria, sin embargo, los hechos y la realidad muestran que se si hubo afectaciones severas, pues tuvo lugar el desbordamiento de ríos y arroyos en varias localidades, con las consecuencias señaladas, y a la fecha no se cuenta con recursos para su reconstrucción de tan importante infraestructura, por lo que muchos de los habitantes de Nayarit padecen los estragos de la lluvias torrenciales, que por citar un ejemplo la localidad de San Francisco, cuya actividad preponderante es el turismo, ve cómo la afluencia de los visitantes se merma por las dificultades que hay para acceder a la localidad, otro ejemplo lo es que el hospital regional, que atiende a cientos de personas diariamente tiene el inconveniente de que la ambulancia no puede atener con prontitud las emergencias porque tanto el ingreso como la salida de aquellos que requieren de un servicio urgente tiene el inconveniente de que los cruzan sobre una estructura improvisada y de poca resistencia.

Deben destinarse recursos para la reconstrucción del puente de El Llano, ubicado por la carretera Ixtapa de la Concepción-Miramar, porque se trata de una importante vía de acceso a otra de las regiones del turismo en la entidad, y a mayor abundamiento permite que los municipios de San Blas y Compostela se conecten, así que su ausencia perjudica la actividad productiva de la zona pues afecta a pescadores, agricultores y prestadores de servicios, y su traslado para acudir a las labores se ve severamente afectado por el aumento de los tiempos y distancias que emplean para llegar a ellas, además de que en la región se producen diversas variedades de productos del campo y del mar, que son comercializan fuera del estado y para cuyo traslado es necesaria la reconstrucción de esa obra que restablecerá el orden cotidiano en una región importante de Nayarit.

Además de la necesidad de considerar recursos para la carretera Sayulita-Punta de Mita, destrozada en más de 50 metros, en “la compuerta” a la salida a Higuera Blanca, afectando gravemente la circulación vehicular de la zona.

La necesidad es más que justificada debido a que para el desarrollo regional es fundamente tener la suficiente infraestructura carretera y en buenas condiciones, y así poder mantener el crecimiento de la actividad productiva, comercial y turística del país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para reconstruir los puentes vehiculares de El Llano, en San Blas, y San Francisco, de Bahía de Banderas, Nayarit, así como el camino de la localidad de Sayulita-Punta de Mita.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de octubre de 2010.— Diputada Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la educación superior de calidad que permita asignar fondos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del 04 distrito por el estado de Morelos en el honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideracióndel pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 37 mil millones de pesos a las Universidades Públicas de las entidades federativas dentro del rubro presupuestal denominado Educación Superior de Calidad, y que permita con este monto, a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, asignar 700 millones de pesos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como fondos federales del año 2011, a fin de que pueda atender su déficit y ejercer sus funciones educativas, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La Cámara de Diputados, en sesión solemne de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, celebró el 22 de septiembre de 2010 el Centenario de haberse constituido como la Universidad Nacional de México, con un espíritu nacional de encontrar la verdad, difundir el conocimiento entre los mexicanos y la universalidad del saber sin prejuicios y dogmas.

A partir de la década de los años noventas la universidad pública entra en una crisis estructural en sus finanzas, iniciando su déficit presupuestal que con los años, ante la exigencia social de mayor matricula escolar, la implementación de los proyectos de investigación y científicos, las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, las cuotas de seguridad social, la modernización a la infraestructura física de los planteles, originó con los años una deuda que a pesar de las políticas de austeridad, hace insostenible las finanzas de Universidades como Morelos, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Michoacán, entre otras.

En el proyecto de presupuesto para el año 2011 es todavía insuficiente, ya que plantea como total de inversión presupuestal en materia de educación superior y posgrado una asignación de 81,313.4 millones de pesos, dentro de los cuales el monto estimado para este año a las universidades públicas del país es de 32,800 millones de pesos que dispondrían abarcando todos los conceptos y rubros presupuestales significativos, de este monto proyectado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha solicitado una inversión mayor por más de dos mil millones de pesos a lo programado que permita atender los problemas financieros más apremiantes de las universidades, lo anterior ante un presupuesto que se ejerció en este año 2010 por concepto de educación superior por 77,520,580. 1 millones de pesos, que incluye dentro de éste la educación superior de calidad por 75, 533,251.7 millones de pesos.

De acuerdo con los montos ejercidos, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante convenio registrado, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos le fue asignado el monto de 579 millones de pesos para este año 2010 como recursos federales, y de acuerdo con los datos proporcionados, esta universidad trae un déficit de 140 millones de pesos (2009-2010), por 8,595 horas de la plantilla del personal académico, personal jubilado y diferencia de la beca al desempeño académico. Es urgente para el cierre del año una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 107 millones de pesos que le permita sanar las finanzas de la Institución.

Ante este panorama, la Universidad de Morelos requiere un aumento considerable de su presupuesto no menor a 700 millones de pesos como partida federal que le permita atender con prontitud el grave problema financiero, para asignar este monto a la universidad, se estima en proporción que el rubro a educación superior de calidad debe aumentar para responder la demanda educativa nacional de carácter superior, la innovación y mejora, la investigación, los posgrados y la educación a distancia que facilite enlazar el conocimiento con otros sectores de la sociedad, para lograrlo la suma a las universidades públicas del país debe ser igual o superior a 37 mil millones de pesos para subsanar los graves problemas financieros de más de 15 universidades públicas del país, de lo contrario si nos quedamos en términos generales con el proyecto de Presupuesto 2011, por 81,313.4 millones de pesos y no reasignamos un total de 85,000 millones de pesos por educación superior y posgrado estaremos fallando como Congreso de la Unión en nuestro compromiso de rescatar y consolidar en su centenario a la universidad pública de la nación mexicana.

En el ejercicio presupuestal del año que concluye, como subsidios federales para organismos descentralizados estatales se destinaron a las universidades del país el monto de 29,994,145.4 millones de pesos, el proyecto como ha sido referido asigna 32,800 millones de pesos lo que en una valorización nada resuelve a la quiebra técnica de las universidades, siendo necesario que en este rubro de subsidio sean 37 mil millones de pesos para mejorar en gran medida la situación económica universitaria.

La Universidad Autónoma del estado de Morelos es la institución educativa por excelencia en Morelos, el espacio plural donde se manifiesta la cultura, la ciencia, las humanidades, la tecnología y el conocimiento creativo y dialéctico. En los últimos tres años ha incrementado sus niveles o indicadores en cuanto a capacidad y competitividad académica.

Es importante resaltar que la Universidad de Morelos esta posicionada en primer lugar dentro de las universidades públicas con respecto a profesores de tiempo completo, doctorados, con reconocimiento al perfil deseable y adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, entre otros importantes meritos.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicito que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 la cantidad de 37 mil millones de pesos a las Universidades Públicas de las entidades federativas, dentro del rubro presupuestal denominado Educación Superior de Calidad y que permita con este monto a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, asignar 700 millones de pesos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como fondos federales del año 2011, y que ello le permita atender su déficit y ejercer sus funciones educativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a proyectos de inversión en infraestructura para ampliar el puerto de Seybaplaya, Campeche, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Antonio Martínez Armengol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Transportes de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se consideren recursos por 176 millones 411 mil 395 pesos para llevar a cabo los proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación del Puerto de Seybaplaya, Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Puerto de Seybaplaya se localiza a 30 kilómetros de la capital de Campeche en dirección suroeste y que pertenece al municipio de Champotón, terminal portuaria que fue inaugurada en el año 2000 y que consta en una plataforma marginal de 300 metros de longitud y 70 metros de ancho.

El área de maniobras y contenedores cuenta con una capacidad de carga de 200 toneladas por metro cuadrado, terminal que puede recibir embarcaciones de hasta 6000 TRB, tipo granelero y contenedores.

La situación actual por la que atraviesa el Puerto de Seybaplaya es crítica. Necesaria es la activación económica de este puerto para que logre un mejor desarrollo social aumentando así la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.

Por ello, el 30 de junio del 2010 la Asociación Portuaria Integral, API, de Campeche empezó a realizar obras de ampliación tanto en el Puerto de Seybaplaya como en el Puerto de Isla del Carmen. Estas obras responden a las necesidades y demandas de nuevos espacios e infraestructura portuaria. Necesidades expresadas por las empresas usuarias de este puerto.

Seybaplaya es un puerto que esta complementado por áreas diferenciadas de los servicios logísticos a las plataformas petroleras contando con un área de ventaja y oportunidades comparativas para el 30 por ciento de plataformas costa afuera.

Esta importancia de incorporar la nueva infraestructura radica en que constituyen la única base de servicios logísticos de la industria petrolera off shore para el transporte de 750 mil viajes de pasajeros por año e incrementará la exportación de 350 millones de barriles de petróleo con un valor para México de 25 mil millones de dólares anuales que significa un 80 por ciento del petróleo exportado por México.

Cabe mencionar que se han realizado las gestiones necesarias ante la Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el pasado 7 de julio del año en curso se hizo la petición para contar con el apoyo de esta dependencia en virtud de la obtención de los recursos que sirvan de complemento a los aportados por la API Campeche.

La Asociación Portuaria Integral pretende ejercer para la modernización de esta infraestructura un total de 176 millones 411 mil 395 de pesos, por lo que el gobierno federal tendrá que designar 176 millones 411 mil 296 de pesos para tan importantes obras, lo que daría un total de 352 millones 822 mil 790 pesos, que son realmente necesarios para las implementaciones y adecuaciones requeridas para este puerto.

En un antecedente inmediato, el 13 de julio del presente año, a la Dirección General se presentaron los estudios con los resultados de los beneficios que traería a la comunidad de Seybaplaya. Mismos que se gestionó su registro en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desafortunadamente, por el cambio constante que existe de funcionarios en esta dependencia, no se le dio el trámite correspondiente y no se turnó oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera electrónica, por lo que se dio el dictamen en negativo para los recursos que se deberían aplicar en el año 2011, bajo el argumento que no fue registrado el proyecto ante la Secretaría de Hacienda.

El pasado 26 de septiembre la Dirección General de Puertos emitió un comunicado donde establecía que por indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto de inversión de Seybaplaya fue eliminado de la provisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  para su inclusión en la cuenta de gasto de presupuesto de 2011.

Informaron que las prioridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran concentradas en estos momentos en la cuantía y composición del gasto del proyecto de presupuesto para el año 2011 e hicieron la aseveración de que este proyecto por el momento no será analizado ni realizado a corto y mediano plazo.

Cabe resaltar que esta administración portuaria logró un importante avance en la obra de este puerto, resaltando la obra de protección, coronada por un viaducto de 11 metros de ancho la cual presenta un avance de 1.6 km desde la cota cero, lo cual ha tenido un costo de 82 millones de pesos, y se espera que con las aportaciones que realiza la API para fines de año se alcance el kilómetro 2.3.

Esta infraestructura es considerada como el futuro de los puertos en Campeche, ya que el proyecto maneja como primera etapa alcanzar la cota de 3.5 kilómetros logrando con esto contar con 6 metros de profundidad operacional. Lo que significa que este puerto ofrecerá mayor operatividad a la industria petrolera para buques de mayor capacidad y se verá reflejado en mayores oportunidades laborales para los habitantes de Seybaplaya.

La Asociación Portuaria Integral de Campeche ha venido realizando esta obra con recursos propios, derivados de su actividad, son obras que podían quedar inconclusas si no se cuentan los apoyos federales para obra pública.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Transportes de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se consideren recursos por 176 millones 411 mil 395 de pesos para llevar a cabo los proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación del Puerto de Seybaplaya, Campeche.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, 26 de octubre de 2010.— Diputado Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para reconstruir, rehabilitar, dotar de mobiliario y equipar espacios educativos destruidos parcial o totalmente por los recientes fenómenos naturales en Veracruz, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Adela Robles Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos del orden de mil 500 millones de pesos destinados a la reconstrucción, rehabilitación, dotación de mobiliario y equipamiento de espacios educativos, parcial o totalmente destruidos, de Veracruz, debido a las afectaciones ocasionadas por los recientes fenómenos climáticos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El actual sistema educativo del país representa una de las principales fortalezas de la sociedad mexicana. Se ha demostrado que mediante la educación se puede alcanzar un mejor nivel de desarrollo y de bienestar social.

Los valores, el conocimiento y las buenas costumbres que se adquieren en el hogar son enriquecidos en las aulas, donde además se realizan las primeras actividades de carácter social, dando inicio a las relaciones entre los individuos.

Los niños representan el legado más valioso con que contamos; son también el presente y quienes habrán de conducir el futuro. El trato hacia ellos es el que podría recibir México.

Las instituciones educativas son parte inherente del patrimonio de la nación. A través de ellas se pueden abatir los graves flagelos que aquejan a la sociedad, como ocurre hoy con la inseguridad y la drogadicción.

El artículo 3o. constitucional establece la obligatoriedad que todo individuo de recibir educación en el nivel básico.

La educación que imparta el Estado deberá desarrollarse armónicamente, teniendo en cuenta las facultades del ser humano; y promoverá el amor y respeto a la patria, así como la conciencia y la solidaridad nacional e internacional.

La preservación de un buen régimen de educación mejorará la calidad, moral y profesional, de los individuos.

Los educandos deben gozar de instalaciones educativas adecuadas y funcionales, que les permitan efectuar correctamente sus actividades.

Para lograr el mejoramiento del sistema educativo, se requiere un amplio esfuerzo conjunto para que se permita la inversión en infraestructura educativa y el mejoramiento del mobiliario y equipo, considerando la aplicación de nuevas tecnologías.

La Secretaría de Educación Pública deberá incluir en su presupuesto mayores recursos destinados al mantenimiento de los espacios escolares correspondientes, con la finalidad de que éstos se encuentren en inmejorables condiciones.

Este año en particular ha sido sumamente complicado, debido a las infortunadas condiciones, derivadas de los desastres naturales, así como de la crisis económica, afectando en consecuencia todos los sectores de la población.

Los fenómenos climáticos de los últimos meses causaron graves daños a entidades como Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Si bien la sociedad se ha visto perjudicada, el sector educativo también ha sufrido pérdidas severas e irreversibles, pues se estiman daños de más de 3 mil planteles educativos, de todos los niveles, por más de 3 mil millones de pesos. Solamente en Veracruz, hay solicitudes de reconstrucción, rehabilitación y dotación de mobiliario para cerca de mil 300 espacios escolares, de 110 municipios, resultando perjudicados cerca de 113 mil alumnos del nivel básico, y casi 6 mil trabajadores al servicio de la educación.

Las principales afectaciones se presentaron, parcial o totalmente, en salones, oficinas, bardas, muros, techos, cimientos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, accesos y caminos. Asimismo, se afectaron mobiliario, material didáctico, archivos, libros, computadoras, sistemas de sonido, televisores y aparatos eléctricos. En general, el equipamiento quedó inservible por las inundaciones.

Compañeros: en un acto de sensibilidad, acudo ante ustedes en busca de respaldo, en beneficio de miles de estudiantes de todo el país, particularmente de Veracruz, impulsando así el digno proceso enseñanza-aprendizaje y ofreciendo los servicios indispensables para un correcto desarrollo educativo.

Estos jóvenes, futuro familiar y de las instituciones, se encuentran en el abandono y requieren nuestra asistencia.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos del orden de mil 500 millones de pesos destinados a la reconstrucción, rehabilitación, dotación de mobiliario y equipamiento de espacios educativos, parcial o totalmente destruidos, de Veracruz debido a las afectaciones ocasionadas por los recientes fenómenos climáticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Adela Robles Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un centro cultural plurifuncional en Nezahualcóyotl, México, a cargo del diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Corresponde a las autoridades educativas a nivel federal, estatal y local el fomentar y promover la práctica de actividades recreativas, artísticas y culturales de conformidad con la Ley General de Educación.

2. Para lo cual es preciso que en coordinación con dichos entes de gobierno se coadyuven para que con recursos del erario público se construyan las instalaciones que permitan atender las necesidades para el desarrollo de la educación cívica, la cultura y las artes.

3. Derivado de lo anterior, y al carecer de infraestructura que permita la práctica de las citadas actividades, se van perdiendo los valores cívicos y la importancia de la cultura.

4. Entonces es necesario dotar al distrito XX del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, de instalaciones para la difusión de la cultura en grupos de todas las edades y estratos sociales, con la construcción de un centro cultural plurifuncional que beneficiaría a una población aproximada de 80 mil habitantes y mejoraría su calidad de vida, debido a que en dicho lugar se carece de la infraestructura mencionada. El centro cultural plurifuncional estaría situado en avenida Ferrocarril del Sur, entre las calles Lago Chiem y Lago Ness, colonia Ciudad Lago, Nezahualcóyotl, estado de México.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Solicito a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Cultura que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 asignen 60 millones de pesos para edificar un centro cultural plurifuncional en el distrito XX del municipio de Nezahualcóyotl.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la primera etapa de la casa de la cultura en la cabecera municipal de Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de 4 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de la casa de la cultura en la cabecera municipal de Tezoyuca, estado de México, por lo que presenta el siguiente punto de acuerdo

Hechos

Los monumentos arquitectónicos patrimonio histórico del municipio de Tezoyuca, lo constituyen la Iglesia de San Buenaventura, construida en el siglo XVI con frescos que representan a San Francisco de Asís, Santo Domingo y San Buenaventura, así como las Capillas de los barrios de La Ascensión, La Resurrección y de Santiago, construidas en el siglo XVIII. La Iglesia de Tequisistlán, construida en el siglo XVI, con un pabellón que funcionó como cárcel de la Santa Inquisición, actualmente en ruinas.

Este es el patrimonio más importante del municipio, su cultura, tradiciones y monumentos históricos lo que permiten a su población y a sus visitantes conocer el origen y el papel que ha jugado dentro de la historia de su estado. Sin embargo pocas veces se cuenta con una lugar que concentre toda esa historia para ello se requiere de un centro o casa de la cultura que permita conocer los antecedentes del municipio y que además difunda sus tradiciones, festejos y la cultura del estado.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $4,000, 000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de la primera etapa de la casa de la cultura en la cabecera municipal de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el centro especializado de atención primaria de la salud en el barrio de Santiago, de Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $11, 459,823.19 (once millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintitrés pesos 19/100 moneda nacional) para la realización delCentro especializado de atención primaria a la salud obra tendiente a abatir el rezago en materia de salud del municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

Actualmente la atención primaria a la salud resulta de gran importancia dentro del ámbito municipal ya que representa un medio preventivo de complicaciones que llegan a aumentar el índice de mortalidad como resultado de un diagnostico y atención tardía; lo que repercute directamente en factores como el desarrollo social, industrial, así como la estabilidad social y política.

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al servicio médico, lo que se agudiza en las áreas rurales debido principalmente a la falta de centros de salud. Lo que trae como consecuencia que se agudicen enfermedades que podrían ser tratadas de manera inmediata y en el peor de los casos causa la muerte por enfermedades de bajo riesgo.

El municipio de Tezoyuca no ha sido la excepción a esta problemática, ya que concentra en su territorio a más de 25,372 habitantes, población que demanda servicios públicos, sufriendo principalmente por la falta de infraestructura en el sector salud.

El servicio de atención medica está vinculado de manera directa al acceso a una mejor calidad de vida su falta genera pérdidas de vida de mujeres y niños que permanecen enfermos en vez de estudiar o trabajar. Sin servicio médico no hay desarrollo.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $11, 459,823.19 (once millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintitrés pesos 19/100 moneda nacional), que serán utilizados para la realización delcentro especializado de atención primaria a la salud del barrio de Santiago, municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el colector poniente en el barrio de Santiago, de Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción del colector poniente en barrio Santiago del municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución del  agua, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez, durante la temporada de lluvias resulta deficiente la infraestructura en las redes de drenaje, lo que genera inundaciones y daño a los bienes, lo que acarrea una serie de enfermedades relacionadas directamente con las mismas.

Tezoyuca cuenta con una población de 25,372 habitantes y  cubre el 94 por ciento de esta población en el servicio de acceso y distribución de agua potable y un 70 por ciento en el mantenimiento del drenaje.

El agua es un derecho universal de mujeres y hombres, y se define mejor como el derecho al agua segura, que deberá ser apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades, agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Sin embargo, determinar que el agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente, la definición debe incluir otros factores como la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica, es la conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura y con ello la creación de Infraestructura que permita cumplir con este objetivo.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción del colector poniente en barrio Santiago del municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el puente vehicular El Tecolote, en la cabecera municipal de Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,992,862.23 (dos millones novecientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos 23/100 moneda nacional) para la construcción del puente vehicular El Tecolote, en la cabecera municipal de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

En la actualidad una de las principales áreas en donde es de vital importancia asignar recursos es la referente a las comunicaciones debido a que el ritmo de vida de la población de los municipios se hace cada vez más rápido; por ello es necesario crear medios que permitan a la población recuperar tiempo en el trayecto a sus domicilios y lugares de trabajo. La construcción de infraestructura que permita este ahorro en el desplazamiento dentro del municipio.

La infraestructura en materia de transportes ha permitido acceder al desarrollo social y son la puerta para iniciar la urbanización de cualquier municipio, le permite aumentar la capacidad, la seguridad y la eficiencia de la infraestructura que opera; sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento. El transporte es una actividad fundamental, pero requiere los elementos necesarios que le permitan un ahorra en tiempo y dinero no solo para aquellos con una actividad productiva permanente sino también para la población que generalmente permanece trasladándose y al final del día pasa más tiempo en el traslado que en el que invierte en sus actividades familiares, escolares y laborales.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,992,862.23 (dos millones novecientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos 23/100 moneda nacional) para la construcción del puente vehicular El Tecolote, en la cabecera municipal de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el sistema de agua potable en Ejidos de Tequisistlán, de Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $10, 058,371.79 (diez millones cincuenta y ocho mil trescientos y un pesos 79/100 moneda nacional) para la construcción del sistema de agua potable en Ejidos de Tequisistlán, en el municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

Actualmente el agua representa un recurso cada vez más escaso, lo que repercute directamente en factores como la salud, el desarrollo social, industrial, así como la estabilidad social y política.

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución de este importante recurso, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez, y durante la temporada de lluvias resulta deficiente la infraestructura, lo que genera inundaciones y daño a los bienes, lo que acarrea una serie de enfermedades relacionadas directamente con las mismas.

El municipio de Tezoyuca no ha sido la excepción a esta problemática, ya que concentra en su territorio a 25,372 de habitantes, población que demanda una gran necesidad de servicios públicos, sufriendo principalmente por el desabasto de agua potable

Un número elevado de sus habitantes se han visto afectados en su calidad de vida producto de poco, lo que acarrea innumerables problemas vinculados con el desabasto de agua.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga a todos los seres humanos el derecho a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para su uso personal y doméstico (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se sabe además que una persona debe ingerir al día una cantidad de agua que represente por lo menos 3 por ciento de su peso, lo que significa que el promedio necesario de agua por persona es de aproximadamente 2 litros al día.

Sin el acceso equitativo al agua, como derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, no es posible la realización de otros derechos humanos, por lo que resulta fundamental la inversión en este rubro.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $10,058,371.79 (diez millones cincuenta y ocho mil trescientos y un pesos 79/100 moneda nacional) para la construcción sistema de agua potable en Ejidos de Tequisistlán en el municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir gradas, cancha deportiva, pista de trote y gimnasio en el deportivo 18 de Marzo del barrio de Santiago, en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $7,283,102.68 (siete millones doscientos ochenta y tres mil ciento dos pesos de pesos 68/100 moneda nacional) para la construcción de gradas, cancha deportiva, pista de trote y gimnasio en el Deportivo 18 de Marzo del barrio de Santiago Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

La estructura demográfica del municipio de Tezoyuca señala la misma proporción de hombres respecto a las mujeres. Existe un decremento de la población agrupada entre los 0 y 14 años de edad, mientras que en el grupo de edad entre los 15 y 64 años se incrementa del 53 al 58 por ciento, lo que refleja la inmigración de matrimonios más jóvenes, que están demandando suelo para vivienda, servicios urbanos y empleo pero sobre todo áreas deportivas.

El municipio cuenta con 4 campos deportivos, donde principalmente se practica fútbol y básquetbol, para una población de 25,372 habitantes resulta insuficiente por lo que se requiere de manera urgente la ampliación y equipamiento de las áreas deportivas que den cabida a todos aquellos niños y jóvenes que requieren de espacios de sano esparcimiento.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $7,283,102.68 (siete millones doscientos ochenta y tres mil ciento dos pesos de pesos 68/100 moneda nacional) para la construcción de gradas, cancha deportiva, pista de trote y gimnasio en el Deportivo 18 de Marzo del barrio de Santiago Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la primera etapa del andador regional y puentes en el camellón central de la carretera federal Lechería-Los Reyes, en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de la primera etapa del andador regional y puentes en el camellón central carretera federal Lechería-Los Reyes, municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

En la actualidad una de las principales áreas en donde es de vital importancia asignar recursos es la referente a las comunicaciones debido a que el ritmo de vida de la población de los municipios se hace cada vez más rápido; por ello es necesario crear medios que permitan a la población recuperar tiempo en el trayecto a sus domicilios y lugares de trabajo. La construcción de infraestructura que permita este ahorro en el desplazamiento dentro de un municipio y su vinculación con otros trae consigo desarrollo social, ya que consiente un mejor acceso por parte de aquellos que lo visitan.

La carretera federal Texcoco-Lechería atraviesa el municipio de Tezoyuca, desde su ampliación, en 1980, a 4 carriles y ahora a 6, se ha convertido en una importante vialidad para el desarrollo de las diversas actividades de la población y en especial del potencial económico del municipio. A sólo una distancia de 9 kilómetros con dirección sureste comunica con la nueva carretera Peñón-Texcoco y en dirección noroeste, a 5 kilómetros, comunica con el municipio de Ecatepec y la autopista México-Pachuca.

Por ser una vialidad que comunica a Tezoyuca con otros municipios y permite un mejor desplazamiento es necesaria su modernización y reconstrucción en aquellas áreas donde sea necesario.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $20, 000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de la primera etapa del andador regional y puentes en el camellón central carretera federal Lechería-Los Reyes, municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería, en el kilómetro 30.10, en el barrio de Santiago, de Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $4,392,432.89 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 89/100 moneda nacional) para la modernización en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería kilómetro 30.10 del barrio Santiago en el municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

En la actualidad una de las principales áreas en donde es de vital importancia asignar recursos es la referente a las comunicaciones debido a que el ritmo de vida de la población de los municipios se hace cada vez más rápido; por ello es necesario crear medios que permitan a la población recuperar tiempo en el trayecto a sus domicilios y lugares de trabajo. La construcción de infraestructura que permita este ahorro en el desplazamiento dentro de un municipio y su vinculación con otros trae consigo desarrollo social, ya que consiente un mejor acceso por parte de aquellos que lo visitan.

La carretera federal Texcoco-Lechería atraviesa el municipio de Tezoyuca, desde su ampliación, en 1980, a 4 carriles y ahora a 6, se ha convertido en una importante vialidad para el desarrollo de las diversas actividades de la población y en especial del potencial económico del municipio. A sólo una distancia de 9 kilómetros con dirección sureste comunica con la nueva carretera Peñón-Texcoco y en dirección noroeste, a 5 kilómetros, comunica con el municipio de Ecatepec y la autopista México-Pachuca.

Por ser una vialidad que comunica a Tezoyuca con otros municipios y permite un mejor desplazamiento es necesaria su modernización y reconstrucción en aquellas áreas donde sea necesario.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $4, 392,432.89 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 89/100 moneda nacional) para la modernización en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería kilómetro 30.10 del barrio Santiago en el municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería, en el kilómetro 30.60, del barrio de Santiago, en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,571,311.16 (ocho millones quinientos treinta y un mil trescientos once pesos 16/100 moneda nacional) para la modernización en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería kilómetro 30.60 en la avenida Independencia del barrio Santiago en el municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

En la actualidad una de las principales áreas en donde es de vital importancia asignar recursos es la referente a las comunicaciones debido a que el ritmo de vida de la población de los municipios se hace cada vez más rápido; por ello es necesario crear medios que permitan a la población recuperar tiempo en el trayecto a sus domicilios y lugares de trabajo. La construcción de infraestructura que permita este ahorro en el desplazamiento dentro de un municipio y su vinculación con otros trae consigo desarrollo social, ya que consiente un mejor acceso por parte de aquellos que lo visitan.

La carretera federal Texcoco-Lechería atraviesa el municipio de Tezoyuca, desde su ampliación, en 1980, a 4 carriles y ahora a 6, se ha convertido en una importante vialidad para el desarrollo de las diversas actividades de la población y en especial del potencial económico del municipio. A sólo una distancia de 9 kilómetros con dirección sureste comunica con la nueva carretera Peñón-Texcoco y en dirección noroeste, a 5 kilómetros, comunica con el municipio de Ecatepec y la autopista México-Pachuca.

Por ser una vialidad que comunica a Tezoyuca con otros municipios y permite un mejor desplazamiento es necesaria su modernización y reconstrucción en aquellas áreas donde sea necesario.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,571,311.16 (ocho millones quinientos treinta y un mil trescientos once  pesos 16/100 moneda nacional) para la modernización en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería kilómetro 30.60 en la avenida Independencia del barrio Santiago en el municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para perforar y equipar el pozo municipal de agua potable en Ejidos de Tequisistlán, en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la realización de diversas obras tendentes a la creación y equipamiento del pozo municipal de agua potable en Ejidos de Tequisistlán, en el municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

Actualmente el agua representa un recurso cada vez más escaso, lo que repercute directamente en factores como la salud, el desarrollo social, industrial, así como la estabilidad social y política.

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución de este importante recurso, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez.

Un número elevado de sus habitantes se han visto afectados en su calidad de vida agudizándose de forma alarmante en los últimos años, lo que acarrea innumerables problemas vinculados con el desabasto de agua, por una parte, y por otra, las graves inundaciones.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga a todos los seres humanos el derecho a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para su uso personal y doméstico (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se sabe además que una persona debe ingerir al día una cantidad de agua que represente por lo menos 3 por ciento de su peso, lo que significa que el promedio necesario de agua por persona es de aproximadamente 2 litros al día.

Sin el acceso equitativo al agua, como derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, no es posible la realización de otros derechos humanos, por lo que resulta fundamental la inversión en este rubro.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la realización de diversas obras tendentes a la creación y equipamiento del pozo municipal de agua potable en Ejidos de Tequisistlán, en el municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la planta de tratamiento de aguas residuales en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $11,150,000.00 (once millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución del agua, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez; durante la temporada de lluvias resulta deficiente la infraestructura en las redes de drenaje lo que genera inundaciones y daño a bienes, lo que acarrea una serie de enfermedades relacionadas directamente con las mismas.

Tezoyuca cuenta con una población de 25,372 habitantes y cubre el 94 por ciento de esta población en el servicio de acceso y distribución de agua potable y un 70 por ciento en el mantenimiento del drenaje lo que resulta preocupante por la importancia de estos servicios.

El agua es un derecho universal de mujeres y hombres, y se define mejor como el derecho al agua segura, que deberá ser apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades, agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Sin embargo, determinar que el agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente, la definición debe incluir otros factores como la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica, es la conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura y con ello la creación de infraestructura que permita cumplir con este objetivo.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $11,150,000.00 (once millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos a efecto de elaborar la primera etapa del proyecto integral para la solución del problema de drenaje y obra en Tequisistlán, en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $10,150,000.00 (diez millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para la elaboración de la primera etapa del proyecto integral para la solución del problema de drenaje y obra en Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución del agua, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez.

Tezoyuca cuenta con una población de 25,372 habitantes y cubre el 94 por ciento de esta población en el servicio de acceso y distribución de agua potable y un 70 por ciento en el mantenimiento del drenaje lo que resulta preocupante.

El agua es un derecho universal de mujeres y hombres, y se define mejor como el derecho al agua segura, que deberá ser apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades, agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Sin embargo, determinar que el agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente, la definición debe incluir otros factores como la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica, es la conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura y con ello la creación de infraestructura que permita cumplir con este objetivo.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $10,150,000.00 (diez millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para la elaboración de la primera etapa del proyecto integral para la solución del problema de drenaje y obra en Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la reconstrucción en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería, kilometro. 29.50 en Pascual Luna, centro del municipio de Tezoyuca, estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $3,923,624.68 (tres millones novecientos veintitrés mil seiscientos veinticuatro pesos 68/100 moneda nacional) para la reconstrucción en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería kilómetro 29.50 en Pascual Luna, centro del municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

En la actualidad una de las principales áreas en donde es de vital importancia asignar recursos es la referente a las comunicaciones debido a que el ritmo de vida de la población de los municipios se hace cada vez más rápido; por ello es necesario crear medios que permitan a la población recuperar tiempo en el trayecto a sus domicilios y lugares de trabajo. La construcción de infraestructura que permita este ahorro en el desplazamiento dentro de un municipio y su vinculación con otros trae consigo desarrollo social, ya que consiente un mejor acceso por parte de aquellos que lo visitan.

La carretera federal Texcoco-Lechería atraviesa el municipio de Tezoyuca, desde su ampliación, en 1980, a 4 carriles y ahora a 6, se ha convertido en una importante vialidad para el desarrollo de las diversas actividades de la población y en especial del potencial económico del municipio. A sólo una distancia de 9 kilómetros con dirección sureste comunica con la nueva carretera Peñón-Texcoco y en dirección noroeste, a 5 kilómetros, comunica con el municipio de Ecatepec y la autopista México-Pachuca.

Por ser una vialidad que comunica a Tezoyuca con otros municipios y permite un mejor desplazamiento es necesaria su modernización y reconstrucción en aquellas áreas donde sea necesario.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $3,923,624.68 (tres millones novecientos veintitrés mil seiscientos veinticuatro pesos 68/100 moneda nacional) para la reconstrucción en el entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería kilómetro 29.50 en Pascual Luna, centro del municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la unidad de rehabilitación e integración social, en Tezoyuca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $5,788,735.30 (cinco millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) para la construcción de la unidad de rehabilitación e integración social del municipio de Tezoyuca, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

La sociedad ha sufrido cambios importantes en lo referente a seguridad social, conforme pasa el tiempo se ha incrementado la violencia y el índice de delincuencia cada vez es mayor; por lo que se requiere de manera urgente centros que permitan una rehabilitación real de aquellos que incurren en algún delito y sobre todo que esto les permita una reintegración a la sociedad.

Si bien es cierto que se requieren de medidas preventivas para evitar la delincuencia también es cierto que se requieren de lugares que ataquen el problema de raíz y otorguen una rehabilitación e inserción integral del individuo en cuestión.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Tezoyuca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $5,788,735.30 (cinco millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos 30/100 moneda nacional) para la construcción de la unidad de rehabilitación e integración social del municipio de Tezoyuca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar obras de pavimentación asfáltica y de infraestructura urbana e hidráulica en el camino a Ocopulco, San Mateo Chipiltepec, en Acolman, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,856,265.00 (ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendiente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario presenta el camino a Ocopulco que comunica a las comunidades de Chipiltepec, Zacango y San Pedro Tepetitlán del municipio de Acolman, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

La creación de infraestructura urbana es condición indispensable para elevar la calidad de vida, promover y crear puentes para el desarrollo entre los distintos municipios y regiones del estado de México.

Un número importante de comunidades en nuestro país enfrentan un grave problema en lo que se refiere a infraestructura urbana, nuestro estado no es ajeno a esta problemática; por ello, es imprescindible reconocer que la implementación de acciones que permitan coadyuvar al desarrollo de las mismas es fundamental. El derecho que tienen los mexicanos a contar en sus comunidades con los servicios que les permitan condiciones de vida digna así como facilitar los medios que les permitan gozar de las mismas oportunidades de crecimiento en todo el país sin distinción alguna, es un deber por el que desde este espacio se debe pugnar.

Considerando el estudio estadístico mas reciente realizado por la Dirección de Planeación y Transparencia Municipal de Acolman, de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y Estatal además de los más recientes datos de la Junta Local de Caminos del Estado de México, este proyecto de pavimentación asfáltica del camino a Ocopulco, representa un avance en razón del número de calles que actualmente cuentan con pavimentación, lo que beneficiaría directamente a 1200 habitantes en esa calle más un aproximado de 8000 personas más que transitan diariamente por esta importante vía de comunicación.

Este proyecto significa una solución al grave problema de desarrollo económico en que viven los vecinos de esta zona, en virtud de que impulsaría fuentes de empleo y el crecimiento económico. La urbanización de esta vialidad les permitirá la conexión con otras importantes vías de comunicación del municipio, así como con los municipios colindantes y la zona conurbada del Valle de México, lo que además traería un importante impulso en el ámbito turístico por su riqueza cultural, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para sus habitantes al facilitar los medios para realizar sus actividades económicas y sociales.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Acolman, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,856,265.00 (ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendiente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario presenta el camino a Ocopulco que comunica a las comunidades de Chipiltepec, Zacango y San Pedro Tepetitlan del municipio de Acolman, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar obras de pavimentación asfáltica y de infraestructura urbana e hidráulica en la calle Tepexpan, de Acolman, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,988,897.22 (ocho millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos 22/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario que presenta la calle Tepexpan de la colonia Granjas Familiares, en el en el municipio de Acolman, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

La creación de infraestructura urbana es condición indispensable para elevar la calidad de vida, promover y crear puentes para el desarrollo entre los distintos municipios y regiones del estado de México.

Un número importante de comunidades en nuestro país enfrentan un grave problema en lo que se refiere a infraestructura urbana, nuestro estado no es ajeno a esta problemática; por ello, es imprescindible reconocer que la implementación de acciones que permitan coadyuvar al desarrollo de las mismas es fundamental. El derecho que tienen los mexicanos a contar en sus comunidades con los servicios que les permitan condiciones de vida digna así como facilitar los medios que les permitan gozar de las mismas oportunidades de crecimiento en todo el país sin distinción alguna, es un deber por el que desde este espacio se debe pugnar.

Considerando el estudio estadístico más reciente realizado por la Dirección de Planeación y Transparencia Municipal de Acolman, de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y Estatal además de los más recientes datos de la Junta Local de Caminos del Estado de México, este proyecto de pavimentación asfáltica de la calle Tepexpan, beneficiaría directamente a más de 6000 habitantes, así mismo mejoraría el tránsito vehicular, lo que permitiría un importante ahorro de tiempo en el traslado de la población hacia sus centros de trabajo, así como para realizar sus actividades económicas y sociales.

Este proyecto significa una solución al grave problema de desarrollo económico en que viven los vecinos de esta zona, en virtud de que impulsaría fuentes de empleo y crecimiento económico. La urbanización de esta vialidad les permitirá la conexión con otras importantes vías de comunicación del municipio, así como con los municipios colindantes y la zona conurbada del Valle de México, lo que además traería un importante impulso en otros ámbitos, ya que esta zona pertenece al corredor turístico Teotihuacán lo que favorecería a las comunidades de Xometla, San Pedro Tepetitlán y San Mateo Chipiltepec por su riqueza cultural, además de que estos lugares cuentan con espacios recreativos mismos que son administrados por la propia comunidad y que aunado a vialidades en buenas condiciones fortalecería las condiciones para una mayor afluencia de visitantes lo que se reflejaría en una mejor economía para la región.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Acolman, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,988,897.22 (ocho millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos 22/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario que presenta la calle Tepexpan de la colonia Granjas Familiares, en el en el municipio de Acolman, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar obras de pavimentación asfáltica y de infraestructura urbana e hidráulica en la calle Las Torres, de Acolman, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,995,875.20 (ocho millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario presente en las calles Las Torres de la colonia Santa Catarina, en el en el municipio de Acolman, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

La creación de infraestructura urbana es condición indispensable para elevar la calidad de vida, promover y crear puentes para el desarrollo entre los distintos municipios y regiones del estado de México.

Un número importante de comunidades en nuestro país enfrentan un grave problema en lo que se refiere a infraestructura urbana, nuestro estado no es ajeno a esta problemática; por ello, es imprescindible reconocer que la implementación de acciones que permitan coadyuvar al desarrollo de las mismas es fundamental. El derecho que tienen los mexicanos a contar en sus comunidades con los servicios que les permitan condiciones de vida digna así como facilitar los medios que les permitan gozar de las mismas oportunidades de crecimiento en todo el país sin distinción alguna, es un deber por el que desde este espacio se debe pugnar.

Considerando el estudio estadístico más reciente realizado por la Dirección de Planeación y Transparencia Municipal de Acolman, de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y Estatal además de los más recientes datos de la Junta Local de Caminos del Estado de México, este proyecto de pavimentación asfáltica de calles Las Torres, beneficiaria directamente a pobladores de la comunidad de la colonia Santa Catarina así como a un aproximado de 8000 personas que transitan diariamente a través de esta importante vía de comunicación lo cual traerá consigo la apertura pronta a los servicios de salud, educación, seguridad pública, transporte y demás beneficios de los que han sido seriamente afectados los habitantes de esta zona debido a las condiciones desfavorables en que se encuentra esta calle.

Este proyecto significa una solución al grave problema de desarrollo económico en que viven los vecinos de esta zona, en virtud de que impulsaría fuentes de empleo y crecimiento económico. La urbanización de esta vialidad les permitirá la conexión con otras importantes vías de comunicación del municipio, así como con los municipios colindantes y la zona conurbada del Valle de México, lo que además traería un importante impulso en otros ámbitos ya que esta zona pertenece al corredor turístico Teotihuacán lo que favorecería a las comunidades de Xometla, San Pedro Tepetitlán y San Mateo Chipiltepec por su riqueza cultural, además de que estos lugares cuentan con espacios recreativos mismos que son administrados por la propia comunidad y que aunado a vialidades en buenas condiciones fortalecería las condiciones para una mayor afluencia de visitantes lo que se reflejaría en una mejor economía para la región.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Acolman, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $8,995,875.20 (ocho millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario presente en las calles Las Torres de la colonia Santa Catarina, en el en el municipio de Acolman, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar obras de pavimentación asfáltica y de infraestructura urbana e hidráulica en el bulevar Tepexpan, en Acolman, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, Diputado Federal por el Distrito. 16 del Estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, mediante la cual solicito que en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos por un monto de $9,000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario presenta el boulevard Tepexpan kilómetros 1+300 a 1+640, del municipio de Acolman, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo:

Hechos

La creación de infraestructura urbana es condición indispensable para elevar la calidad de vida, promover y crear puentes para el desarrollo entre los distintos municipios y regiones del estado de México.

Un importante porcentaje de comunidades en nuestro país enfrentan un grave problema en lo que se refiere a infraestructura urbana, por ello, es imprescindible reconocer que la implementación de acciones que permitan coadyuvar al desarrollo de las mismas es fundamental. El derecho que tienen los mexicanos de contar en sus comunidades con los servicios que les permitan condiciones de vida digna así como facilitar los medios que les permitan gozar de las mismas oportunidades de crecimiento en todo el país sin distinción alguna, es un deber por el que desde este espacio se debe pugnar.

Considerando el estudio estadístico más reciente realizado por la Dirección de Planeación y Transparencia Municipal de Acolman, de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y Estatal además de los más recientes datos de la Junta Local de Caminos del Estado de México, este proyecto de pavimentación asfáltica del boulevard Tepexpan kilómetros 1+300 a 1+640, beneficiaria directamente a pobladores de la comunidad de Tepexpan así como a los vehículos que transitan diariamente a través de esta importante vía de comunicación lo que sin duda impulsara de manera importante el desarrollo económico de la zona independientemente de que se permitiría el acceso oportuno a los servicios de salud, educación, seguridad pública, transporte y demás beneficios de los que han sido seriamente afectados los habitantes de esta zona debido a las condiciones desfavorables en que se encuentra este boulevard.

El desarrollo de este proyecto representa para el municipio de Acolman el aumento de las vialidades importantes de tal forma que le permiten mantener contacto con las vías primarias así como los municipios colindantes y demás localidades en su territorio, propiciando el crecimiento económico, turístico y laboral de todas aquellas personas que hay habitan.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Acolman, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $9,000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica que consiste en trazo, nivelación, corte, acarreo, escarcificación, terraplén, base de material controlado, banquetas, guarniciones, drenaje y pavimentación con mezcla asfáltica. Obra tendente a abatir el rezago que en materia de urbanización y drenaje sanitario presenta el boulevard Tepexpan kilómetros 1+300 a 1+640, del municipio de Acolman, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el saneamiento integral de las presas San Joaquín y Tecamachalco, situadas entre el Distrito Federal y el estado de México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Sergio Mancilla Zayas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se prevean en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos por 100 millones de pesos para destinarlos al saneamiento integral de las presas San Joaquín y Tecamachalco, situadas entre el Distrito Federal y el estado de México.

Consideraciones

Hace más de una década se comenzó a presentar un problema de contaminación, que se ha incrementado con el paso del tiempo, en las presas San Joaquín y Tecamachalco, que se encuentran en el bulevar Pípila y bajo el puente de Cofre de Perote, en la colindancia entre el Distrito Federal y el estado de México, que representan un grave problema de sanidad al haberse convertido la presa San Joaquín en prácticamente una enorme cloaca a cielo abierto.

A partir de 2003, la asociación Colonos de Tecamachalco, AC, se dio a la tarea de dar seguimiento al asunto, encontrando que las presas son cuerpos de agua que deben tener la función de ser vasos reguladores para el sistema de drenaje de la Ciudad de México. Se encontró que forman parte del sistema de barrancas; por ello, al encontrarse en zona federal y pertenecer su funcionamiento a la Comisión Nacional del Agua, en 1995 se celebró un convenio entre este organismo y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, donde el funcionamiento y la operación de las presas, en este caso San Joaquín y Tecamachalco, corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Instancias de autoridad involucradas, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Aguas del Estado de México, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, y representantes de la delegación Miguel Hidalgo y del municipio de Huixquilucan, intervinieron porque se encontró que el problema proviene de más de 40 kilómetros aguas arriba provenientes de Huixquilucan, Naucalpan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, debido a descargas de aguas negras que se vierten sobre el cauce de las barrancas y éstas, a su vez, desembocan en las presas San Joaquín y Tecamachalco.

Después de diversas reuniones y de una gran serie de gestiones realizadas, se han tenido los siguientes logros relevantes:

1. Programación del desazolve anual de la presa San Joa-quín, ejecutado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

2. Aplicación bianual de sustancias que han permitido atenuar los malos olores en época de estiaje, como Bioxyclin y Alvisol.

3. En 2008 se obtuvo un recurso de 5 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano a fin de realizar un estudio integral para el levantamiento del total de las descargas de aguas negras y canalización al drenaje o, en su caso, determinar la factibilidad de colocar un sistema de colectores marginales que permitan su paso en una vía paralela al margen de las barrancas y lograr así el saneamiento de las presas a efecto de que por éstas únicamente corran aguas pluviales y las presas vuelvan a cumplir la función de ser vasos reguladores del sistema de aguas y no captadoras de aguas negras.

Con 90 por ciento de los estudios integrales realizados tanto por la Comisión de Aguas del Estado de México como por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se sostuvieron reuniones con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ingeniero Ramón Aguirre Díaz, y con el secretario de Agua y Obra Pública del estado de México, doctor David Korenfeld Federman, a fin de conocer los resultados de los estudios, los proyectos y los tiempos de ejecución a fin de dar solución al problema de malos olores que emanan de las multicitadas presas.

El 8 de junio de los corrientes se llevó a cabo una reunión de alto nivel en las instalaciones de la asociación Colonos de Tecamachalco, AC.

Se obtuvo como resultado de estas reuniones que acudieron a dicha asociación de colonos el 22 de junio del presente, representantes de los tres órganos de gobierno involucrados, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través del ingeniero Mauricio Hernández García, director técnico, la Secretaría de Agua y Obra del estado de México, a través del vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del estado de México, ingeniero Óscar Hernández López, y el ingeniero Miguel Ángel Vázquez Saavedra, director general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, de la Conagua, quienes manifestaron haber conciliado previamente un proyecto tendente a tomar medidas para lograr el saneamiento integral de las presas, con objeto de comenzar en 2011.

Informaron que se realizaría un estudio en el corto plazo, cuyos resultados se entregarán en diciembre del presente año, que se encuentra ya en ejecución, tendente a la ampliación de los colectores marginales que se encuentran en la presa San Joaquín y que encauzan las aguas negras hacia el interceptor poniente, incrementando el diámetro de la tubería en 100 por ciento; es decir, de 1.20 a 2.44 metros, que es el mayor tamaño comercial para tubería de este tipo existente en el mercado, con una capacidad de captación de 8 mil litros por segundo, con objeto de permitir a las aguas captadas correr al interior de la tubería, sin que éstas se viertan sobre el vaso de la presa y así controlar el problema de evaporación y la consecuente emanación de malos olores.

Del mismo modo, se prevé colocar en la presa Tecamachalco un sistema de colectores marginales para que cuando las aguas lleguen a ella sean captadas por los colectores que, a su vez, las conducirán a la presa San Joaquín, una vez más evitando su evaporación a cielo abierto.

Por ello resulta importante que una vez que se concluya el estudio ejecutivo de este proyecto, se obtengan los recursos provenientes del Fondo Metropolitano, que consisten en aproximadamente 100 millones de pesos, para la ejecución de la primera fase a partir de los meses iniciales del siguiente año, pues los tiempos de ejecución de cualquier tipo de obra en las presas se encuentran supeditados a la temporada de lluvias.

Se cuenta con pocos meses efectivos de trabajo. En este caso hay poco tiempo, pues el proyecto se presenta en diciembre, en enero se estaría licitando la obra para iniciarse en marzo y suspender en junio para reanudar en noviembre. Con ello estaría totalmente resuelto el problema del saneamiento de dichas presas.

Por lo expuesto, se somete a su consideración lo relativo a destinar recursos provenientes del Fondo Metropolitano por 100 millones de pesos que puedan asignarse en el Presupuesto de Egresos de 2011 para el saneamiento integral de las presas San Joaquín y Tecamachalco, situadas entre el Distrito Federal y el estado de México.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 la cantidad de 100 millones de pesos para el saneamiento integral de las presas San Joaquín y Tecamachalco, situadas entre el Distrito Federal y el estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Sergio Mancilla Zayas (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el mejoramiento de la red de distribución de agua potable de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado por Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Exposición de Motivos

La importancia del agua radica en que constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos, e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Debido al aumento de las necesidades de ésta por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de proteger este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del preciado líquido.

La cantidad de agua que existe en el planeta es enorme; si se extendiera sobre todo el planeta, se formaría una capa de unos 3 mil metros de profundidad. Sin embargo, alrededor de 97 por ciento de esta agua se encuentra en los mares y océanos, y por lo tanto, es salada, por lo que no se puede usar ni para beber, ni para la agricultura, ni para la mayor parte de las actividades industriales.

Para su consumo el agua deber ser potable, entendida ésta como aquélla que se puede beber. Hay aguas minerales que brotan generalmente de manantiales y son consideradas medicinales para ciertos padecimientos.

El agua potable escasea en la medida que la población aumenta, y debido a que lamentablemente es desperdiciada por personas ignorantes y carentes del sentido de responsabilidad y solidaridad humana. Por ello, es preocupante que su obtención y conservación se esté convirtiendo en un problema crucial para la población, lo que nos obliga a comenzar a actuar.

De acuerdo con datos preliminares correspondientes al cierre de 2009 entregados en el Cuarto Informe de gobierno del Ejecutivo federal, la eficiencia física de los organismos operadores del país es de 56.8 por ciento, lo que significa que el restante 43.2 por ciento es agua no contabilizada que se pierde en fugas o a través de tomas clandestinas a lo largo de la red de distribución. Lo anterior traducido en pérdidas económicas, comentó, representa al menos 5 millones 912 mil 876 pesos diarios.

Lo anterior obliga a todos a cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear la conciencia de que el agua es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, por lo cual se debe optimizar el empleo de ésta en nuestros hogares y en todas nuestras actividades productivas.

Así pues, nuestro principal reto es lograr un uso responsable y eficiente del agua, basado en el reconocimiento de su valor económico y social para garantizar su preservación y sostenibilidad en beneficio de las actuales y futuras generaciones. En atención a lo anterior, ha sido imperativo seguir aplicando acciones sustentables para asegurar la eficiencia en la distribución y saneamiento del vital líquido.

Sabemos que, particularmente en algunas ciudades del norte de México, está habiendo escases de agua para satisfacer las necesidades de la población. Esto se da entre otras cosas debido a que la población está creciendo, mas no así las fuentes de suministro, que son especialmente limitadas y en algunos casos están sobreexplotadas.

Ante estos problemas de escasez de agua, los gobiernos se ven en la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento, aunque se enfrentan con varias limitantes. La principal es la falta de recursos financieros. Para instalar infraestructura hidráulica, se necesita dinero, y para conseguir dinero se necesitan más impuestos o incrementar tarifas, y por lo tanto, acuerdos políticos.

A lo largo y ancho del país se cuenta con redes de distribución de agua viejas y obsoletas, por lo cual se tienen los altos índices de ineficiencia que ya se mencionaron y, por otra parte, de manera contradictoria, se hacen grandes planes gubernamentales sobre costosas obras para traer recurso hídrico.

Dado el tiempo transcurrido desde la instalación de los primeros tramos de la red de agua potable de la ciudad de Hermosillo, Sonora, dicha red ha sufrido deterioro por lo que se pierden grandes volúmenes en la distribución. Tan solo durante el año 2009, se registraron pérdidas del orden de los 43.27 millones de metros cúbicos, lo que representa un 56.7 por ciento del volumen producido.

La magnitud y el alto porcentaje en pérdidas se da principalmente porque la política de las administraciones del organismo han dado prioridad a la construcción de Nuevas Fuentes de suministro, dejando de lado la inversión en el mejoramiento de la eficiencia de la red.

Creemos que lo prioritario es invertir y enfocar nuestros esfuerzos en hacer más eficiente la gestión del sistema y abastecer de agua a los ciudadanos a los menores costos y desperdicio posibles.

A tal efecto y con el fin de mejorar la eficiencia física en la red de distribución y evitar la pérdida del agua en el proceso de distribución, es necesaria la sustitución de tuberías fatigadas y obsoletas en 42 kilómetros, la sustitución de 15 mil tomas domiciliares, así como la creación de 28.7 kilómetros de red de distribución de agua potable.

Asimismo, es imperante la inversión en nuevas fuentes de agua potable, la interconexión de agua potable con la red de distribución y el saneamiento de éstas.

En tal virtud, y considerando las crecientes dificultades para acceder a nuevas fuentes de suministro sustentable de agua, consideramos que es necesaria y urgente la inversión para aumentar dicha eficiencia en la red de distribución de agua potable en esta ciudad.

Por lo expuesto, acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se aprueben recursos por 240 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 para el mejoramiento de la eficiencia de la red de distribución de agua potable del municipio de Hermosillo, Sonora, además de 240 millones de pesos a erogarse de forma multianual para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 para hacer frente a los rubros de nuevas fuentes de agua potable, interconexión de agua potable y red de distribución, así como el saneamiento de las mismas, dando un total de 480 millones de pesos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre del año 2010.— Diputados: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una cancha de futbol de pasto sintético y pista de tartán en Acajete, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que se destinen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, los recursos necesarios y suficientes para realizar la “construcción de la cancha de futbol de pasto sintético y pista de tartan, ubicada en el municipio de Acajete, Puebla, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los cambios en los estándares y hábitos de vida de los mexicanos han venido cambiando de manera constante. El sedentarismo, la mala alimentación y otros elementos contribuyen a que se incrementen los niveles de obesidad y sobrepeso.

Lo anterior resulta preocupante, llegando a un nivel en cual se ha convertido en un problema de salud nacional, el cual se combate mediante campañas de prevención, siendo el elemento más importante para combatir el sobrepeso, la práctica del ejercicio.

En este sentido, es fundamental contar con la infraestructura suficiente que contribuya a erradicar la obesidad y el sobrepeso. Diversos estudios realizados por instituciones públicas y privadas señalan que el cambio de hábitos alimenticios debe ir acompañado de una rutina de ejercicio.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que se debe dedicar, cuando menos, 30 minutos al día para hacer ejercicio, tiempo en el cual se queman suficientes calorías para poder mantener una mejor calidad de vida, con salud.

México, se ha dado a la tarea de diseñar políticas públicas encaminadas a contribuir al desarrollo de la infraestructura deportiva, espacios públicos a donde pueden acudir las familias, con el objetivo, no sólo de convivir, además de realizar ejercicio, el cual contribuye a mejorar la salud de las personas.

El estado de Puebla se ha sumado a esta inercia de contar con instalaciones deportivas y de esparcimiento que permitan, no sólo la realización de actividades deportivas, sino también la apreciación de deportes de conjunto.

Las actividades y el fomento de las actividades deportivas juegan un papel importante en la integración y conformación del tejido social, desde la perspectiva de la prevención del delito, se ha demostrado que el deporte es un factor que contribuye a disminuir los índices de delincuencia.

No debemos olvidar que el deporte es una alternativa viable para que los jóvenes, los menores, e incluso los adultos, puedan alejarse de la drogadicción, coadyuvando a la de-sintoxicación del cuerpo, mediante el desgaste energético.

La posibilidad de contar con un espacio deportivo en óptimas condiciones, favorece a la integración de las familias, de la sociedad y de los grupos sociales en general.

Los municipios, al ser el primer nivel de gobierno, se encuentran más cerca de las necesidades y requerimientos de su población, es por ello que deben contar con el apoyo suficiente para poder atender las demandas sociales.

La solicitud del municipio de Acajete, Puebla, es legítima y requiere de la dotación de recursos para que se construya una cancha y una pista de tartán, los cuales serán destinados a la actividad física de la población que habita en las comunidades cercanas.

Cuantos atletas y deportistas destacados se han visto en la necesidad de emigrar a otros lugares debido a que en sus localidades no existen los componentes necesarios para la actividad deportiva.

No coartemos esta aspiración que tienen los pobladores de Acajete, quienes están ávidos de un espacio deportivo en el cual puedan desarrollar actividades que fortalezcan la convivencia social, contribuyan a mejorar su salud y sean un mecanismo eficiente para erradicar la violencia y la drogadicción en las poblaciones cercanas.

En razón de lo expuesto, los habitantes del municipio de Acajete, Puebla solicitan el apoyo de esta soberanía para que le sean autorizados y etiquetados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su ejercicio 2011, los recursos económicos necesarios para construir una cancha de futbol de pasto sintético y pista de tartán, la cual de realizarse tendrá una dimensión de 6 mil 825 metros cuadrados, lo cual implica un costo de 9 millones 857mil 578pesos 59 centavos y beneficiara al menos a 15 mil 419 habitantes.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que se destinen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, los recursos necesarios y suficientes para realizar la construcción de la cancha de futbol de pasto sintético y pista de tartán, en el municipio de Acajete, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para atender la rehabilitación de la casa de cultura Ex Colecturía del Diezmo, en Tepeaca de Negrete, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para atender la rehabilitación de la casa de cultura ex Colecturía del Diezmo, situada en Tepeaca de Negrete, Puebla, con base en la siguiente

Exposición de motivos

La ex Colecturía del Diezmo data del siglo XVII y es uno de los edificios más importantes en la época de la Corona. Significaba el poder económico de la región poblana de Tepeaca de Negrete y sus 21 comunidades; ahí se almacenaban los productos que tributaban los habitantes.

Dicho inmueble cuenta con tres crujías: la primera, la frontal, sirve de acceso; la poniente, compuesta de dos naves gemelas, fueron las trojes para el almacenamiento de granos; y la nororiente, con dos naves gemelas, que se ocupa actualmente para realizar actividades culturales. El resto del lugar queda en desuso por la falta de mantenimiento durante décadas.

La ex Colecturía del Diezmo es utilizada como casa de cultura, y los espacios resultan insuficientes debido a la demanda de la población por las actividades que se ofrecen, y sólo se puede ocupar 40 por ciento del inmueble a causa del deterioro gradual que sufre, debido a la presencia de humedad ascendente, microorganismos, flora superior e inferior, falta de interés e identidad y la falta de recursos económicos para la preservación de dicho patrimonio.

Por ello, las autoridades del municipio de Tepeaca de Negrete, en Puebla, están interesadas en rescatar la ex Colecturía del Diezmo, rehabilitando las áreas del inmueble, sin que ello represente en el largo plazo una carga al erario federal.

En razón de lo anterior, el 22 de septiembre del año en curso se entregó al personal de la Comisión de Cultura de la Cámara el proyecto ejecutivo por el que se solicita que se etiqueten recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para rehabilitar la casa de cultura ex Colecturía del Diezmo, se considera patrimonio cultural, por los siguientes beneficios:

• Rehabilitar la casa de la cultura mediante un proyecto de restauración, reestructuración y reutilización, a fin de que los habitantes de Tepeaca de Negrete y sus comunidades se identifiquen y apropien de los espacios históricos y culturales.

• Crear espacios recreativos y culturales en la casa de cultura que satisfagan las actividades de los usuarios locales y turísticos.

• Crear un espacio digno para el archivo histórico de Tepeaca, Puebla, el cual data del siglo XVII.

• Recuperación de los espacios originales de la antigua ex Colecturía del Diezmo para conocimiento del patrimonio histórico y turístico de la entidad, así como la difusión de la importancia de éste.

Se pretende la recuperación de espacios por medio de zonificación, dignificando cada uno de los espacios del inmueble y enfatizando la importancia que representa en el patrimonio del municipio, así como para el estado de Puebla, dicho proceso tiene un costo de 8 millones 650 mil pesos y será realizado en etapas, lo cual beneficiará a 67 mil 157 habitantes.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para atender la rehabilitación de la casa de cultura ex Colecturía del Diezmo, situada en Tepeaca de Negrete, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Conaliteg, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Herrera Jiménez, Sergio Mancillas Zayas y Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, sin partido, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), y a partir de 1980 se estableció como un organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objetivo es producir y distribuir libros de texto gratuitos, así como toda clase de materiales didácticos, los cuales se envían a todas las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), a fin de que los alumnos tengan sus libros el primer día de clases.

El esfuerzo desplegado por el Estado mexicano para garantizar la obligatoriedad y gratuidad en la enseñanza de la educación básica se entiende por la magnitud de la obra editorial y educativa de la Conaliteg, y se puede medir por los millones de libros de texto, cuadernos de trabajo y materiales de apoyo que produce para los niños, los jóvenes y los docentes mexicanos.

2. La comisión produce y distribuye libros para más de 25 millones de educandos y poco más de 1 millón de maestros de los niveles preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. Adicionalmente, realiza una función fundamental que consiste en brindar apoyo a grupos considerados vulnerables, como personas con capacidades diferentes, mediante la producción y entrega de libros de texto para los invidentes traducidos al sistema braille, y débiles visuales, a través de libros macrotipo reproducidos en formato a mayor escala.

3. Para elaborar libros de texto y materiales educativos, la Conaliteg destina alrededor de 50 por ciento de su presupuesto anual en la adquisición de más 60 mil toneladas de papel. Si a esto sumamos que el papel es un producto homogéneo (commodity) vendido en los mercados financieros internacionales que comúnmente se cotiza en dólares, la apreciación del dólar respecto al peso mexicano de 2006 a la fecha se ha traducido en un aumento de 30 por ciento en el precio del papel y, en consecuencia, en una disminución real en el valor adquisitivo de la Conaliteg.

Tan sólo entre 2002 y principios de 2008, el precio de la celulosa aumentó de 350 a 755 dólares por tonelada; es decir, un incremento de 116 por ciento.

4. Es importante señalar que con la reforma integral de la educación básica y de la educación secundaria, algunos libros de texto han incrementado el número de hojas, lo que ha generado que aumente también el consumo de papel y se eleve el costo total para su producción. Adicionalmente, la producción total de libros se incrementó de 150 millones 58 mil 961 libros en 2006 a 179 millones 28 mil 536 en 2008, con la incorporación de 8 títulos de educación cívica y ética, 28 correspondientes al tomo II de telesecundaria y a los títulos de educación física considerados en la reforma integral de la educación básica.

5. Por las anteriores circunstancias, año con año la comisión presenta un déficit presupuestario para producir libros de texto, incluidos los títulos de primaria, telesecundaria y los materiales de la prueba ENLACE, toda vez que el precio de los principales insumos está sujeto a los vaivenes del mercado. Para el cumplimiento de metas y objetivos, la Conaliteg cuenta con las aportaciones que el gobierno federal le asigna mediante el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio fiscal, además de los bienes adquiridos para su funcionamiento, que consisten en una planta de producción y dos almacenes nacionales.

6. Para el ejercicio fiscal de 2011, la comisión requiere una asignación presupuestaria de 2 mil 784 millones 948 mil 478 pesos, que soportan la producción de 188 millones 807 mil 294 libros de texto gratuitos y de 34 millones 660 mil materiales del programa ENLACE. Sin embargo, el techo presupuestario notificado en el proyecto de PEF de 2011, etiquetado en el rubro de gastos de subsidios y apoyos fiscales, entregado por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre para su análisis y discusión, es únicamente de 2 mil 299 millones 201 mil 869 pesos, por lo que se necesitarían para cumplir las metas y los objetivos recursos adicionales por el orden de 485 millones 746 mil 609 pesos,según se muestra en la tabla siguiente:

7. La variación, de 485 millones 746 mil 609 pesos,obedece principalmente a las presiones de gasto acumuladas al ejercicio fiscal de 2010, por 295 millones 949 mil 645 pesos, así como por los 189 millones 796 mil 964 pesos que se acumularían para el ejercicio de 2011, por la asignación del anteproyecto de 2011, según se aprecia en la siguiente tabla:

8. El déficit presupuestario de 485 millones 746 mil 609 pesos se integra de la siguiente manera:

• Producción de 20 millones 812 mil 981 libros de texto del ciclo 2012-2013, que deben ingresar en los almacenes de la comisión entre noviembre y diciembre de 2011 (adquisición de papel y pago de impresión);

• Adquisición de 18 mil 586.4 toneladas de papel y de 14 millones de pliegos de cartulina en noviembre y diciembre de 2011 para garantizar la entrega oportuna de 48 millones 743 mil 200 libros del ciclo 2012-2013, que deben ingresar en los almacenes de la comisión entre enero y febrero de 2012;

• Pago de fletes de 9 millones 911 mil 903 libros del ciclo 2012-2013, que deberán ser distribuidos en diciembre de 2011;

• Servicio de clasificado, armado y empacado de libros de secundaria por la incorporación de estados al programa de selección de libros a nivel maestro.

El déficit se originó por lo siguiente:

• Incremento del costo de los insumos para la producción de los libros de texto y por el incremento del número de pliegos derivado de la reforma de la educación de preescolar, primaria y secundaria, desde 2007;

• El precio por tonelada de papel ha tenido un incremento de 30 por ciento de 2006 a la fecha;

• El presupuesto requerido para adquirir papel asciende a mil 572 millones 619 mil 932 pesos y constituye 50 por ciento del techo presupuestario requerido para 2011, e incide directamente en el costo de adquisición de los libros de secundaria, en virtud de la metodología utilizada para el cálculo del precio pagado a los editores.

9. La presente proposición con punto de acuerdo pretende sensibilizar a los legisladores acerca de la importancia de la labor de la comisión para el logro y cumplimiento pleno de las políticas públicas que requiere el país en materia educativa, pues de no contar con la asignación presupuestaria que se solicita se estaría en imposibilidad de abastecer los libros de texto al universo de alumnos y de maestros de los niveles de educación básica en el próximo ciclo escolar.

Por ello, ciertos de que habrá de comprenderse con sensibilidad y voluntad política que en aras de que la Conaliteg siga cumpliendo el objetivo para el cual fue creada, hace ya 51 años, y contribuya a la gratuidad, equidad y laicidad de la educación básica consagradas en el artículo 3o. constitucional, es necesario que se le otorgue la asignación presupuestaria de 2 mil 784 millones 948 mil 478 pesos, la cual incluye la asignación original de 2 mil 299 millones 201 mil 869 pesos notificada para el ejercicio fiscal de 2011, así como la asignación adicional de 485 millones 746 mil 609 pesos para cumplir la meta de demanda educativa nacional.

10. La educación pública tiene detrás de su proyecto educativo una visión de país que aspiramos construir. Como representantes de la nación, tenemos el compromiso de fortalecerla y asegurarla, es una necesidad del país y su desarrollo, así como una cuestión de justicia y equidad.

En mérito de lo expresado, acudimos a esta soberanía para lograr que se pronuncie en favor de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados a considerar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 la asignación de recursos económicos por orden de 2 mil 784 millones 948 mil 478 pesos a la Conaliteg, en virtud de que la asignación presupuestaria de 2 mil 299 millones 201 mil 869 pesos resulta insuficiente para producir 188 millones 807 mil 294 libros de texto gratuitos y 34 millones 660 mil materiales del programa ENLACE que requiere el sistema educativo nacional en 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Herrera Jiménez, Sergio Mancilla Zayas, Sandra Méndez Hernández, Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para sustituir el hospital general de Tlatlauquitepec, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Salud a fin de que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la sustitución del hospital general que se habilitará para 30 camas de Tlatlauquitepec, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

Para el gobierno actual en el Estado de Puebla, la salud ha sido una prioridad. Sólo en este año, en materia de salud, el gobierno estatal incorporó al seguro popular a 592 mil familias poblanas, alcanzando una cobertura del 95.7 por ciento de las localidades de alta y muy alta marginación del estado.

Además amplió la infraestructura hospitalaria, construyó la última etapa del hospital general de Cuetzalán del Progreso y la segunda del hospital de Izúcar de Matamoros. Se concluyeron cuatro centros de salud ubicados en diferentes municipios. En materia de medicina preventiva, se concretaron acciones para reducir tasas de mortalidad en diabetes mellitus en 4.4 por ciento y la de enfermedades del corazón en 5 por ciento, respecto al año anterior.

El gobierno de Puebla, presentó en tiempo y forma 13 proyectos de infraestructura hospitalaria, entre construcción, ampliación y modernización de hospitales y serán impulsados por las diputadas y los diputados poblanos para ser considerados en el PEF de 2011.

Haciendo uso de las facultades, que nos otorga la Carta Magna, me permito someter a la consideración de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, el presente punto de acuerdo, a fin de poder considerar recursos adicionales etiquetados para la conclusión del hospital general de 60 camas, con su pertinente sustento.

Más allá de colores partidistas las legisladoras y los legisladores debemos considerar la salud de los mexicanos como prioridad. Debemos garantizar que las mujeres y hombres de todo el país puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos.

Las legisladoras y los legisladores tenemos la posibilidad de lograr esas metas, dirigiendo los presupuestos federales, hacia las necesidades más sentidas de la ciudadanía y colocarnos en los niveles que plantean los organismos internacionales.

Tlatlauquitepec es un municipio de Puebla que se encuentra en la región de la sierra nororiental, dada su ubicación geográfica, el gobierno actual considera prioritario sustituir el hospital general de 22 camas a uno de 30, además de que el actual tiene una antigüedad de 43 años, por lo que la infraestructura es deficiente.

Esta unidad médica beneficiará a ciento cincuenta y ocho mil personas y a los municipios de Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Teteles de Ávila Castillo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zaragoza y de esta manera se brindará atención a 20 centros de salud.

Se generarán 407 empleos directos con una inversión de doscientos veinticuatro  millones de pesos.

Desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria, se vuelve de vital importancia para nosotros los legisladores poblanos. Ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los empleos indirectos que un hospital de este tipo genera.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), establece que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento del producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9 por ciento. Este estudio nos obliga a realizar acciones para mejorar nuestro sistema de salud, encaminarlo hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

Por lo expuesto, fundado y en cumplimiento a lo que establece el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del PEF para 2011. publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados, para que se etiqueten recursos por doscientos veinticuatro millones de pesos, en el ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, a fin de llevar a cabo la sustitución del hospital general que se habilitará para 30 camas de Tlatlauquitepec, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para sustituir el hospital general de Tecamachalco, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Salud que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la sustitución del hospital general de Tecamachalco, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

Para el gobierno actual en Puebla, la salud ha sido una prioridad. Sólo en este año, en materia de salud, el gobierno estatal incorporó al seguro popular a 592 mil familias poblanas, alcanzando una cobertura del 95.7 por ciento de las localidades de alta y muy alta marginación del estado.

Además amplió la infraestructura hospitalaria, construyó la última etapa del hospital general de Cuetzalán del Progreso y la segunda del Hospital de Izúcar de Matamoros. Se concluyeron cuatro centros de salud ubicados en diferentes municipios. En materia de medicina preventiva, se concretaron acciones para reducir tasas de mortalidad en diabetes mellitus en 4.4 por ciento y la de enfermedades del corazón en 5 por ciento, respecto al año anterior.

Para atender la salud de los menores de 5 años, se aplicó la vacunación universal, prevención y control de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, logrando disminuir en 4 por ciento, la tasa de mortalidad.

Para los priistas la salud de los mexicanos siempre ha sido una prioridad, la consideramos un tema de interés público y de atención prioritaria, por ello es menester para nosotros garantizar que las mujeres y los hombres poblanos puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos.

El actual gobierno y los diputados hemos sido sensibles a las demandas de la ciudadanía, como es el caso del municipio de Tecamachalco, Puebla que se encuentra ubicado en el Valle de Serdán, donde habitan sesenta y cuatro mil trescientas ochenta personas de los cuales 30 mil 871 son hombres y 33 mil 509 son mujeres.

En este municipio se cuenta actualmente con un hospital general de 18 camas, sin embargo la infraestructura del hospital ya no es suficiente para las necesidades actuales de la población usuaria de los servicios médicos. En la actualidad se tiene ya una gran demanda de atención en consulta externa, odontología, medicina interna, pediatría, ginecología y urgencias.

Sustituir el actual hospital general de 18 camas a uno de 30 camas requiere de una inversión de ciento veintiséis millones de pesos. Esta inversión beneficiará a las y los habitantes de la región de Valle de Serdán, además de generar 229 empleos adicionales.

Por lo anterior, desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria, se vuelve de vital importancia para nosotros los legisladores poblanos. Ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los empleos indirectos que un hospital de este tipo genera.

Sabemos que la situación que se vive en México es complicada especialmente en lo que se refiere a seguridad y economía, sin embargo sabemos que una prioridad debe ser la salud y el bienestar de la ciudadanía. La mejor inversión que se puede realizar en un país es en la salud de sus habitantes.

Especial reflexión nos merece el reporte Health Data 2008, que se realiza entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual establece que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento de su producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9 por ciento.

Este es un tema que debe ponernos a reflexionar sobre lo que no estamos haciendo bien y debemos re direccionar las políticas públicas federales, encaminarlas hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

El gobierno federal atiende temas urgentes, sin embargo se olvida de los importantes. Contar con un sistema de salud sólido, funcional y eficaz le permitirá a las y los mexicanos elevar su calidad de vida incluso beneficiará su economía al sortearles los servicios de salud privados y evitando también que se vea detenida su vida productiva.

Las legisladoras y los legisladores poblanos tenemos como prioridad la salud de la ciudadanía poblana, por ello participaremos activamente en el cabildeo de presupuesto para los proyectos prioritarios de nuestro Estado, desde una perspectiva republicana y democrática.

Por lo expuesto, fundado y en cumplimiento a lo que establece el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del PEF de 2011, publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados, a fin de que se etiqueten recursos por 126 millones de pesos, en el ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, a fin de sustituir el hospital general de 18 camas de Tecamachalco, Puebla, y convertirlo en hospital general de 30 camas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para sustituir el hospital comunitario de Pahuatlán, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a fin de que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la sustitución del hospital comunitario de Pahuatlán, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

A nivel nacional, la federación etiquetó en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, 5 mil 341 millones de pesos en el rubro de salud a repartirse entre los 32 estados de la república –que no abarcan la construcción de obras– es decir 167 millones a cada estado en promedio aproximadamente.

En Puebla, el gobierno estatal, presentó en tiempo y forma 13 proyectos de infraestructura hospitalaria, entre construcción, ampliación y modernización de hospitales, así como la adquisición de ambulancias. Sin embargo no fueron considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, enviado por el Ejecutivo.

El equilibrio de Poderes que establece el sistema democrático de nuestro país, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las y los diputados federales a discutir, en su caso modificar y aprobar el PEF año con año.

En ese uso de nuestras facultades, es que me permito someter a la consideración de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, el presente punto de acuerdo, a fin de poder considerar recursos adicionales etiquetados para la sustitución del hospital comunitario de Pahuatlán, con su pertinente sustento.

Más allá de colores partidistas las legisladoras y los legisladores debemos considerar la salud de los mexicanos como una prioridad y un tema de interés público de atención prioritaria.

Debemos garantizar que las mujeres y hombres de todo el país puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos. Nosotros como legisladores tenemos la posibilidad de lograr esas metas, dirigiendo los presupuestos federales, hacia las necesidades más sentidas de la ciudadanía.

El gobierno estatal y los legisladores atentos a las demandas de la ciudadanía, proponemos presupuestos para inversión en infraestructura como en este caso.

Pahuatlán es un municipio de Puebla que se encuentra ubicado en la Sierra Norte del estado, dada su ubicación geográfica, el gobierno actual considera prioritario sustituir el hospital comunitario por un hospital integral de 12 camas.

Este municipio cuenta actualmente con un hospital comunitario, el cual no se adecua a las necesidades actuales de la población usuaria de los servicios médicos, ya que existe una gran demanda de atención en cirugía general, traumatología y ginecología, pediatría y geriatría. Ahora se requiere un centro hospitalario más grande.

Los hospitales integrales son unidades que resuelven las necesidades mas frecuentes de servicios de salud de la población que habita en comunidades enclavadas en zonas geográficas de difícil acceso, apoyan a otras unidades médicas ubicadas en centros de población rural dispersa, facilitan el acceso a servicios de salud ambulatoria de corta estancia, atención de parto, disminución del riesgo del puerperio y asistencia al traumatizado de accidentes y violencias.

Sustituir el actual hospital comunitario por un hospital integral de 12 camas, requiere de una inversión de noventa y ocho millones de pesos. Esta inversión beneficiará a los habitantes de la región de la Sierra Norte, beneficiando a 26 mil  personas. Además de generar 175 empleos adicionales.

Por lo anterior, desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria, se vuelve de vital importancia para nosotros los legisladores poblanos. Ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los empleos indirectos que un hospital de este tipo genera.

Estudios de organismos muy serios como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos colocan en posiciones francamente vergonzosas, como por ejemplo el que señala que la oferta de hospitales en México es la más baja entre los países miembro de la OCDE, con sólo una cama para atender casos agudos por cada mil habitantes, en comparación con un promedio de la organización de casi cuatro.

El estudio del organismo revela que México ocupa el segundo sitio más bajo entre las naciones integrantes, después de Turquía en cuanto al número de médicos por cada mil habitantes, pues mientras en nuestro país hay 1.5 doctores, el promedio del resto es de 2.9.

En el análisis “Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud”, el organismo internacional señala que el personal de enfermería también es reducido en México en relación con otros países de la organización.

Mientras en México hay 2.2 empleados de enfermería por cada mil habitantes, en promedio, en el resto de los países miembros se reportan ocho.

Añade que en México se observa una distribución desigual de recursos humanos por región, por institución y entre renglones especializados, ya que en las zonas rurales tiende a observarse una carencia de personal médico.

Por otra parte, la organización destaca que el sector de hospitales en México es heterogéneo, en función de la calidad, de su distribución geográfica y del tipo de instalaciones.

La OCDE, refiere que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento de su producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9 por ciento. Este estudio nos obliga a realizar acciones para mejorar nuestro sistema de salud, encaminarlo hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

Por lo expuesto, fundado y en cumplimiento a lo que establece el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del PEF de 2011. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados, a fin de que se etiqueten recursos por noventa y ocho millones de pesos, en el ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, a fin de llevar a cabo la sustitución del hospital comunitario de Pahuatlán, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para concluir el hospital general de San Pedro Cholula, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la conclusión del hospital general de 60 camas en San Pedro Cholula, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

En entrevista, para el periódico el Universal, en mayo de 2009, Maki Esther Ortiz, subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, reconoció que la emergencia sanitaria de la influenza permitió detectar los rezagos en infraestructura de salud”; obligó a las autoridades a realizar, a marchas forzadas, un inventario del equipo médico disponible; y en menos de tres días debieron establecer lineamientos dirigidos al personal de salud para contener la transmisión de la influenza y tratar al paciente en forma homogénea en el primero, segundo y tercer niveles de atención.

Por otro lado, el rezago en la infraestructura puede medirse, entre otros parámetros, por el número de camas hospitalarias, México cuenta con 0.8 camas por cada mil habitantes, cuando el promedio de los miembros de la OCDE es de cuatro por cada mil habitantes.

Por su parte, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos encontró que países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Belice tienen más de 10 camas de hospital por cada 10 mil habitantes. En Brasil, por ejemplo, hay 26, mientras que en México sólo existen 10.

A nivel nacional, de acuerdo con Incide Social, por cada 2 mil habitantes hay tres médicos, un consultorio y cuatro enfermeras, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre dos y tres médicos por cada mil habitantes.

Sin embargo con todos los datos mencionados, no se le da la prioridad necesaria al tema de la Salud, ya que a nivel nacional, la federación etiquetó en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, 5 mil 341 millones de pesos en el rubro de salud a repartirse entre los 32 estados de la república –que no abarcan la construcción de obras– es decir 167 millones a cada estado en promedio aproximadamente. Debemos revertir esas inercias, en las que se ha sumido nuestro país, para reposicionarlo como en años anteriores, en lo que a salud se refiere.

El gobierno de Puebla, presentó en tiempo y forma 13 proyectos de infraestructura hospitalaria, entre construcción, ampliación y modernización de hospitales y serán impulsados por las y los diputados poblanos para ser considerados en el PEF de 2011.

Haciendo uso de las facultades, que nos otorga la Carta Magna, me permito someter a la consideración de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, el presente punto de acuerdo, a fin de poder considerar recursos adicionales etiquetados para la conclusión del hospital general de 60 camas, con su pertinente sustento.

Más allá de colores partidistas las y los legisladores debemos considerar la salud de las y los mexicanos como prioridad. Debemos garantizar que las mujeres y  hombres de todo el país puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de salud públicos.

Las legisladoras y los legisladores tenemos la posibilidad de lograr esas metas, dirigiendo los presupuestos federales, hacia las necesidades más sentidas de la ciudadanía y colocarnos en los niveles que plantean los organismos internacionales.

San Pedro Cholula es un municipio de Puebla que se encuentra ubicado en la región de Angelópolis, dada su ubicación geográfica, el gobierno actual considera prioritario concluir el hospital general de 60 camas.

Esta unidad médica está diseñada para brindar servicios de diagnóstico y tratamiento de especialidades básicas. Adicionalmente a los servicios de consulta externa, se brindarán los servicios de especialidades que demanda la población.

Se generarán 102 empleos directos y se beneficiará a cuarenta y cinco mil personas, con una inversión de doscientos diez millones de pesos.

Desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura hospitalaria, se vuelve de vital importancia para nosotros los legisladores poblanos. Ya que se subsanará una necesidad real de atención médica, se generarán empleos vía obra y empleos en el hospital, sin mencionar los empleos indirectos que un hospital de este tipo genera.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), establece que México se distingue por ser el que menos recursos destina a salud pública, con 6.6 por ciento de su producto interno bruto, cuando el promedio de los países miembros es de 8.9 por ciento. Este estudio nos obliga a realizar acciones para mejorar nuestro sistema de salud, encaminarlo hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y asumir los compromisos que México ha adquirido en el contexto internacional.

Por lo expuesto, fundado y en cumplimiento a lo que establece el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del PEF de 2011. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara de Diputados, para que se etiqueten recursos por doscientos diez millones de pesos, en el ramo 12 Salud, del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, a fin de llevar a cabo la conclusión del hospital general de San Pedro Cholula, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para poner en marcha proyectos de inversión agrícola y ganadera, que presentan una distribución regional equilibrada entre las entidades del sur-sureste del país, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Castro Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la participación de organizaciones de productores y empresarios agropecuarios, de centros de investigación regionales y de funcionarios estatales y federales, se ha analizado desarrollar estrategias competitivas de sistemas-producto de gran importancia económica, social y ecológica para esta región del país. Los sistemas-producto son: caña de azúcar, limón, chile, tomate, mango, plátano, papaya, jamaica, bovinos de leche, bovinos de carne y ovinos.

En varios de esos sistemas-producto, la región sur-sureste es líder a nivel nacional y tiene un enorme potencial de crecimiento, particularmente por el contexto internacional que encarece los granos debido a su uso para la generación de bioenergéticos, lo cual ha impactado a la baja la competitividad de actividades ganaderas, productoras tanto de carne como de leche y sus derivados, en países que habían basado sus estrategias pecuarias en granos.

El sur-sureste puede ser el gran productor y proveedor de los sistemas-producto señalados. Tiene potencial para cubrir una parte significativa de la demanda de la población mexicana como el caso de la leche que comercializa Liconsa; reúne condiciones agroambientales para consolidar mercados de exportación con mayores fortalezas en frutas tropicales como el plátano, el mango y la papaya; cítricos como el limón; en chiles característicos de la región como el habanero y el jalapeño así como la jamaica. En otros productos como la carne ovina se tiene capacidad para reducir importaciones y satisfacer la demanda nacional.

Los requisitos son producir con alta calidad y a costos competitivos; generar los encadenamientos comerciales y productivos desde el mercado, lo cual significa contar con estrategias competitivas en las cadenas de valor o sistemas-producto, teniendo como palanca para la generación de ventajas competitivas, la innovación tecnológica. Producir con alta calidad y a costos competitivos, hoy más que nunca es imperativo para la región sur-sureste, si se considera que la frontera agropecuaria no puede seguir creciendo por el cambio climático global sin poner en riesgo el equilibrio ecológico en nuestros estados, cuyas consecuencias han sido particularmente costosas en vidas humanas para nosotros.

Por sus condiciones orográficas y climatológicas, la región sur – sureste puede disponer de una cartera de 110 proyectos de inversión, de los cuales se han priorizado 51 en los sistemas-producto que se destacan a continuación.

Importancia de los sistemas-producto de la región sur-sureste

Caña de azúcar

• La inestabilidad de los precios del petróleo con periodos prolongados al alza así como las fuertes presiones mundiales por disponer de energías más limpias, crea una ventana de oportunidad para la caña de azúcar como fuente energética alterna.

• México ocupa el 6o. sitio en producción con más de 51 millones de toneladas, pero con una productividad relativamente baja: 60-70 ton/hectárea, ocupando el 13o. sitio entre los principales países productores.

• Por las excepcionales condiciones bióticas y abióticas de la región, la producción equivale al 56 por ciento de la producción total del país, destacando visiblemente el estado de Veracruz.

• Actualmente operan 54 ingenios azucareros en México, los cuales, por su nivel de obsolescencia, son insuficientes para satisfacer la demanda interna de azúcar. Las exportaciones, por ejemplo, equivalen a 1.7 por ciento de la producción nacional de azúcar.

• No obstante la problemática señalada, tan sólo en la fase de producción primaria se generan 142,452 empleos temporales.

Chile

• La región Sur -Sureste representa 28 por ciento de la superficie sembrada a nivel nacional en producción de chile de las variedades serrano, habanero y jalapeño, con una superficie de 11,506 hectáreas cultivadas y una producción cercana a las 618 mil toneladas.

• El chile habanero representa 3 por ciento de la producción de la región, seguido del serrano con el 31 y el chile jalapeño con el 66 por ciento.

• El principal productor de la región es el estado de Quintana Roo, con una producción de 18 mil toneladas de chile, las cuales representan 30 por ciento de la producción.

• Los empleos que genera este sistema-producto, considerando solamente la fase de producción primaria, son casi 25 mil, entre empleos fijos y temporales.

Limón

• Internacionalmente, México es de los principales productores, registra exportaciones en 2007 por 463 mil toneladas. En el periodo 2000-2007 tuvo un incremento de 75 por ciento en las exportaciones.

• La principal variedad cultivada en la región es el limón persa, con una superficie sembrada superior a las 53 mil hectáreas y una producción que representa 87 por ciento de la nacional, generando empleo temporal y fijo para 75 mil personas.

• En 2009 se exportaron 395 mil toneladas, principalmente hacia Estados Unidos, aunque los mercados europeos incrementan su importancia y existe interés en el mercado asiático para nuestro limón.

• La superficie sembrada de limón mexicano o agrio es mayor a 18 mil hectáreas, con una producción que representa 18 por ciento de la nacional, dando empleo a 35 mil personas de manera temporal y fija.

• A pesar de que es un producto de consumo interno, las exportaciones de limón agrio se han ido consolidando: en 2008 y 2009 se exportaron 53 mil y 46 mil toneladas, principalmente a Estados Unidos.

Tomate

• El primer país exportador en 2009 fue México, con más de un millón de toneladas.

• México tiene una producción superior a 2 millones de toneladas, predominando la producción a cielo abierto y la variedad saladette.

• En 2009 la región concentró 13 por ciento de la producción nacional con una oferta de 150 mil toneladas de jitomate bola y saladette, en una superficie cultivada de casi 7 mil hectáreas, que representan 16 por ciento de la superficie nacional.

• La producción a cielo abierto se desarrolla en 214 municipios, dando empleo a más de 100 mil personas.

Mango

• Después de la India, México es el segundo exportador con 236 mil toneladas y un valor de 119 millones de dólares.

• Seis estados de la región (Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche y Tabasco) producen las cuatro principales variedades comerciales de mango: manila, tommy atkins, haden y ataulfo. La producción regional representa más de 40 por ciento de la producción nacional y se produce en 27 distritos de desarrollo rural y 165 municipios, que involucran a una población cercana a las 150 mil personas.

• Los principales mercados de exportación para la región son Estados Unidos, Japón y Alemania. Estos dos últimos registran incrementos en sus importaciones en años recientes, junto con otros países de la Unión Europea.

Papaya

• México es líder exportador con 101 mil toneladas y un valor superior a los 55 millones de dólares. La principal variedad producida en la región es la papaya maradol.

• La producción regional representa más de 76 por ciento de la producción nacional, concentrándose la actividad en 37 distritos de desarrollo rural y 140 municipios, dando empleo fijo y temporal a cerca de 80 mil personas.

• Los principales mercados de exportación son los Estados Unidos, Japón y Alemania, si bien otros países de la Unión Europea han realizado importaciones.

Plátano

• México es autosuficiente en este producto. Los principales estados productores de la región son Chiapas, Tabasco y Veracruz, predominando el estado de Chiapas en la región y a nivel nacional, ya que participa con 38 por ciento de la producción total del país.

• La principal ventana de oportunidad es la agregación de valor por medio de la diversificación de productos, ya que un porcentaje de alrededor de 20 por ciento de la producción no satisface las exigencias de calidad para su consumo en fresco, pero sí podría ser utilizado para obtener subproductos agroindustriales de mayor valor agregado.

• El porcentaje que no se destina para consumo en fresco representa una perdida de recursos productivos para la región.

• Es importante fomentar estrategias que promuevan el consumo industrial para obtener subproductos de mayor rentabilidad, aprovechando la sobre oferta en los picos de la estacionalidad, con lo cual se podrán mantener los empleos en este sistema-producto, que es de los más altos: cerca de 800 mil entre empleos temporales y fijos.

Jamaica

• Las importaciones de jamaica provenientes de Sudán y China están afectando a las zonas productoras de la región por las presiones que ejercen en los precios medios rurales, disminuyendo el ingreso de los productores y el empleo temporal que se genera de aproximadamente 5 mil jornales por temporada de cosecha.

• Las variedades de jamaica que los productores han de-sarrollado (como la de Guerrero y Puebla) durante muchos años de trabajo, tienen un potencial de mayor crecimiento si el cultivo de la jamaica se consolida como una actividad específica (unicultivo) o en asociación como es la práctica actual, pero con el desarrollo de paquetes tecnológicos particulares para cada caso.

• Por las condiciones agroecológicas, en la región se concentra 90 por ciento de la producción total del país, por lo que las exportaciones, que han pasado de 1,130 a más de 1,700 toneladas en los años 2007-2009, corresponden a la misma, generando ingresos superiores a 2 mil dólares.

Bovino carne

• México ocupa el 7o. lugar mundial en producción de carne con 1.7 millones de toneladas, destacando la aportación de la región con 33 por ciento.

• En términos de cabezas, la región concentra 39 por ciento del hato a nivel nacional, manteniéndose como un proveedor tradicional para el mercado interno y externo, aunque en algunas zonas de la región la tendencia es exportar becerros que son finalizados en Estados Unidos.

• La frontera pecuaria de la región presenta límites de crecimiento que hacen imprescindible la incorporación de innovaciones tecnológicas en el material genético, en el proceso de engorda y en el manejo de las unidades productivas, que permitan sostener la viabilidad de esta actividad en el mediano y largo plazos, y estar en condiciones de aprovechar mercados en rápido crecimiento como el asiático, particularmente el chino.

• Con la actividad bovina se generan empleos para casi 65 mil personas, entre fijos y temporales.

Bovino leche

• México es el 5o. importador mundial de leche, particularmente de leche en polvo.

• En los últimos años por presiones sociales y por necesidad de reactivar la economía, Liconsa operó políticas para comprar leche por medio de nuevos centros de acopio en la región (Guerrero, Oaxaca y Veracruz).

• A nivel país, de 2001 a 2009 Liconsa aumentó sus adquisiciones internas de leche fluida de 1.3 a 1.6 mil millones de litros, con posibilidades de que en este año se llegue a los 2 mil millones de litros.

• Las condiciones técnicas del grueso de los productores de la región, sin embargo, no les permite obtener mayores beneficios porque la calidad de la leche no cumple con el máximo estándar fijado por Liconsa, siendo castigados en el precio.

• Para un aprovechamiento óptimo de la política gubernamental que permita avanzar en la región hacia un de-sarrollo de proveedores de Liconsa, se requiere de una mayor tecnificación en las fases de ordeña, estabilización y almacenamiento, es decir, producir y vender leche fría. Asimismo, impulsar decididamente la mejora genética de los biotipos cebú, ya completamente adaptados a la región, para mejorar la cantidad y calidad de la leche.

• Las condiciones agroecológicas de varias zonas de la región tienen el potencial para avanzar en esquemas eficientes de cuencas lecheras pequeñas.

• La actividad genera cerca 20 mil empleos entre fijos y temporales.

Ovino

• El consumo interno de carne ovina ha tenido incrementos significativos con una tasa promedio de 7 por ciento en el periodo 2000-2007. No obstante, más de 1/3 del consumo interno se cubre aun con importaciones.

• Ante la perspectiva del consumo interno, en la región se han creado nuevas explotaciones ovinas con un sentido más empresarial, importando píes de cría con mejores características de adaptación (Katahdin y Doper) y de mayor rendimiento en canal.

• La perspectiva, y objetivo de mediano plazo, es que el consumo de carne ovina se convierta en un plato de mesa de las familias mexicanas, más que en una comida festiva y ocasional, por lo que es necesario reforzar la mejora genética de los biotipos, el manejo de las explotaciones con estrategias pastoriles, la nutrición y sanidad, pero sobre todo, promover la incorporación del consumo de carne ovina en la cultura culinaria mexicana.

• Esta actividad genera cerca de 22 mil empleos entre fijos y temporales.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que etiquete en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2011, $437.300,000.00 (cuatroscientos treinta y siete millones trescientos mil pesos 00/100 m. n.) para la puesta en marcha de 51 proyectos de inversión, “agrícola y ganadera”, los cuales presentan una distribución regional equilibrada entre las entidades del sur sureste del país, proyectos de carácter estratégico en los diez sistemas-producto de mayor relevancia para la región. En el Ramo administrativo 8, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto estratégico Apoyo a la Reconversión Productiva y Consolidación del Cultivo de Camarón en Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada federal Sofía Castro Ríos, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El enorme potencial de la costa del istmo de Tehuantepec para el cultivo de camarón puede demostrarse por el tipo de clima y la calidad prístina del agua que permiten tres ciclos productivos y rendimientos de hasta 3 toneladas por hectárea en sistemas semiintensivos de producción, además de que este recurso, que por sí solo tiene una dinámica demanda en tallas pequeñas, representa un componente indispensable en la dieta de sus habitantes. Al día de hoy, el incipiente cultivo de camarón representa menos de 5 por ciento de la producción estatal de camarón, razón por la cual la oferta regional  se satisface con la pesca lagunaria o importaciones de centro y Sudamérica.

Como consecuencia de la pesca lagunaria, los síntomas de la problemática regional son esfuerzo pesquero alto, baja productividad por sobrepesca de juveniles de camarón, bajos ingresos económicos por pescador, alta emigración de jóvenes, conflictos con pescadores chiapanecos por inequidad en la distribución de los campos pesqueros y, finalmente, la inseguridad en las lagunas. Esta problemática indica que la pesca ya no garantiza la seguridad alimentaria de las familias de las comunidades ribereñas, razón por la cual como medida de reconversión productiva urgente se ha propuesto la acuacultura de bajo impacto.

El estado de Oaxaca ha destinado recursos públicos para la construcción de bordos en al ánimo de iniciar a las comunidades pesqueras en las practicas sustentables de producción acuícola; sin embargo, no se dispone de recursos suficientes para esta rama, y sólo se ha apoyado a nivel extensivo.  Los proyectos federales de gran envergadura dejaron de impulsarse desde 1994 con el proyecto del parque camaronícola de Punta Paloma; lo que llevó a la región en un subdesarrollo y atraso de 30 años con respecto a Nayarit o Sinaloa. Las acciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca  (Conapesca) deben retomarse aprovechando las fortalezas y oportunidades que ofrece esta región para llegar a ser parte de la red de valor del eje Tabasco-Veracruz-Chiapas y Oaxaca, dado la mayor aptitud que posee respecto a esos estados.

La garantía de esta propuesta es la suficiente información generada por la Conapesca relacionada con la planeación de esta actividad. La región cuenta con el estudio de ordenamiento territorial con énfasis en acuacultura (2002), el estudio para la planificación del desarrollo camaronícola del litoral de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y la evaluación del impacto ambiental modalidad regional (2005); Plan Municipal de Desarrollo Acuícola del municipio de San Pedro Tapanatepec (actualizado a 2009). Pese a esta línea base, los pescadores se preguntan ¿para qué tanto dinero invertido en estudios si no vemos las obras?, ¿por qué nos vienen a engañar si los recursos no llegan?

El desarrollo social ha de entenderse como un proceso de cambio continuo en el perfil de una economía, orientado a canalizar en montos suficientes los beneficios del crecimiento y del ingreso nacional a los sectores sociales, encaminado, asimismo, a la mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose, índices crecientes de mejoría en la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y procuración de justicia en la población. En nuestro país, las desigualdades sociales son extremas, concentrando absurdamente la riqueza, sobretodo, en la parte norte del país; y acrecentando, en la parte sur, la pobreza más vergonzante, sobretodo, en Oaxaca y Guerrero, cuya pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional y representa 65 por ciento en relación con el resto del país. En materia acuícola, este patrón es el mismo, ya que cerca de 80 por ciento de los recursos de los programas de la Conapesca se quedan en el noroeste y como consecuencia, ahora en el Istmo se tiene que consumir el  camarón cultivado en Sonora gracias a la economía de escala que el mismo gobierno fomentó en esa parte del país.

Que los programas del anexo 8 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable tales como activos productivos y de inducción y desarrollo del financiamiento del medio rural en los componentes de proyectos estratégicos y trópico húmedo, respectivamente, esencial y necesariamente  sirvan para lograr un desarrollo social sustentable en esta parte del país;

Esta propuesta propone la tecnificación de 273 hectáreas de cultivos semiintensivos (8 granjas) con producción anual de 740 toneladas de camarón para consumo regional; la apertura de 175 hectáreas de cultivos semiintensivos (7 granjas) con producción anual de 630 toneladas de camarón para consumo regional, lo que traería la generación de 250 empleos directos y mil 250 empleos indirectos por ciclo de producción.

Ante esa problemática, se presenta esta proposición con punto de acuerdo a fin de que se aseguren recursos para que se atienda adecuadamente a la población pesquera de la costa del istmo de Tehuantepec para que la Cámara de Diputados, a través de la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, apruebe recursos adicionales en la materia que se solicita.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que etiquete dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos por 60 millones de pesos para el proyecto estratégico Apoyo a la Reconversión Productiva y Consolidación del Cultivo de Camarón en Oaxaca, a fin de que se desarrolle esta actividad en uno de los estados más pobres del país; en el  ramo 08, “Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación”, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a etiquetar dentro del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación, un monto de 60 millones de pesos para que se apliquen a las organizaciones de productores, mediante el anexo 8, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en el programa 2.- Adquisición de activos productivos, del ramo 08, “Agricultura, ganadería, de-sarrollo rural, pesca y alimentación”, del componente “proyectos estratégicos-acuacultura, sustitución de motores y otros que incluya la leyenda después de  nombre del componente mencionado que diga: se incluyen 45 millones de pesos para Oaxaca;  y programa 4.-Inducción y desarrollo del financiamiento del medio rural, del ramo 08, “Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación”, del componente “trópico húmedo”, que incluya la leyenda después de nombre del componente mencionado que diga: se incluyen 15 millones de pesos para Oaxaca).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y adquirir equipo y mobiliario de una universidad tecnológica en San Carlos Yautepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación tecnológica es una asignatura relativamente nueva en el marco curricular, cuyos objetivos estriban en posibilitar en los estudiantes la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tomar decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores y creadores de tecnología, considerando aspectos personales, sociales, ambientales y de costo.

Incorpora los contenidos siguientes: relación tecnología sociedad y ambiente, sistemas tecnológicos, procesos tecnológicos, inserción en la vida laboral.

Los estudiantes distinguen, enuncian y resuelven problemas prácticos en un contexto social, se arriesgan a tomar opciones, desarrollar múltiples soluciones de problemas, probar y mejorar, prevenir, trabajar en grupo, incentivando la colaboración, se responsabilizan de los resultados y administran los recursos en forma eficiente. No hay distinción de género. Es una solución eficiente y efectiva para un problema que se origina en un contexto particular y real. Por tanto, considera en su diseño las restricciones propias impuestas por ese contexto.

La educación tecnológica, en los distintos niveles, aborda la invención y el diseño de objetos tecnológicos, con los procesos, las organizaciones y los planes de acción puestos en marcha para crear el mundo tecnológico. En este marco amplio, la propuesta del sector se organiza en torno de tres grandes ejes temáticos: producción, análisis de sistemas tecnológicos, tecnología y sociedad, tratados en forma integrada y considerando en cada uno de ellos la dimensión ética, dando así sentido a los contenidos que se trabajan en cada uno de los años escolares. La educación tecnológica es pues la alternativa más viable para acercar en materia educativa a nuestro país al desarrollo.

La instalación de una universidad tecnológica en San Carlos Yautepec, Oaxaca, se funda en que es un centro poblacional y comercial ubicado en la sierra sur, eminentemente zapoteco, que es rodeado por 28 comunidades de las que es cabecera; tiene capacidad hidrológica para dar viabilidad a instituciones con grandes centros poblacionales, para ello se nutre del río Monte Jarquín, procedente del Rancho del Betel hacia el sur, es el que pasa por los terrenos y recorre a un kilómetro aproximadamente hasta unirse con el río de Guichina o de La Candelaria; también se provee del agua que surte el acueducto y que recorre una distancia de un kilómetro y medio; y cuenta con un clima cálido-húmedo, perfectamente tolerable aun para quienes provienen de zonas frías.

De acuerdo con los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en 2005, el municipio cuenta con 9 mil 857 habitantes. Sin embargo, debido a su gran extensión territorial tiene límites con numerosos municipios, Santa María Ecatepec, Santa María Quiegolani, San Bartolo Yautepec, San Pedro Huamelula, Magdalena Tequisistlán, Nejapa de Madero, San Pedro Totolapa, Santa María Zoquitlán, San Pedro Mártir Quiechapa, San Juan Juquila Mixes y San Miguel Quetzaltepec, entre otros. Su extensión territorial es de 2 mil 491.68 kilómetros cuadrados, que representan 2.6 por ciento de la extensión de Oaxaca, lo cual lo hace el segundo municipio más extenso del estado.

Conjunta a su alrededor a aproximadamente 50 mil habitantes. Es decir, un importante núcleo poblacional de Oaxaca podría beneficiarse con la instalación de una universidad tecnológica en San Carlos Yautepec, si tomamos en cuenta que la población total del estado es de 3.5 millones de habitantes.

Lo mencionado hace de San Carlos Yautepec un importante centro de comercio en constante crecimiento, que también se beneficiará con la próxima apertura de una planta procesadora de mezcal e inulina (miel de agave), que será la mayor de Latinoamérica, con capacidad de procesamiento de 100 toneladas diarias de agave, que beneficiará sin duda a la totalidad de los magueyeros del istmo de Tehuantepec y de la región sur-sureste del país.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la construcción de planteles educativos no considera un solo peso de inversión. El programa está en “Programas y proyectos de inversión registrados sin asignación de recursos en 2011”, con todo y que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, eje 3.3., “Igualdad de oportunidades, transformación educativa”, manifiesta que “la principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres. Las naciones que han logrado el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión de una educación de calidad, relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo.

”Por su parte, la educación superior sólo capta a 1 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. De éstos, la gran mayoría, cerca de 94 por ciento, estudia licenciatura o sus equivalentes, y aproximadamente 6 por ciento cursa estudios de posgrado.

”... Y continúa en la estrategia 10.1., ‘Modernizar y ampliar la infraestructura educativa’, dirigiendo las acciones compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación.

”Se dará un nuevo impulso a la inversión en infraestructura, equipamiento, ampliación, mantenimiento y acondicionamiento de escuelas, con criterios de equidad social y regional, en coordinación estrecha con las autoridades locales.

”Se impulsará la participación de los padres de familia y de las comunidades en las acciones destinadas a la conservación y al mantenimiento de los espacios escolares, vinculando en cada plantel la entrega de apoyos para mejoramiento de infraestructura a la consolidación de consejos escolares de participación social.”

La estrategia 14.1. plantea “crear instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.

”La presente administración se ha propuesto elevar la cobertura en educación superior, pasando de 25 por ciento actual a un nivel superior a 30 por ciento de los jóvenes de 19 a 23 años en 2012. Para ello se fortalecerá la inversión en infraestructura educativa y se alentará el concurso de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado. Asimismo, será necesario propiciar un mejor aprovechamiento de las capacidades e infraestructura que ahora no se ocupan adecuadamente. Algunas de estas estrategias exigen un impulso renovado de la descentralización y regionalización de las instituciones de educación superior, así como la utilización de los instrumentos y tecnologías que ofrece la educación a distancia.”

Por todo lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 200 millones de pesos para construir una universidad tecnológica en San Carlos Yautepec, Oaxaca, en el ramo administrativo 11, “Educación pública”, programa “Construcción de planteles y ampliación de espacios educativos”; y 100 millones de pesos para adquirir el equipo y mobiliario correspondientes, en el mismo ramo, “Proyecto de equipamiento para nuevos planteles y ampliación de espacios”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un puente de concreto abajo del vertedor de la presa Benito Juárez y modernizar los caminos que llegan a ella, en Jalapa del Marqués, Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población de Jalapa Del Marqués se localiza en la región del istmo de Tehuantepec al sureste del estado, en las coordenadas 95º 27' longitud oeste 16º 26' latitud norte, a una altura de 160 metros sobre el nivel del mar, en donde se construyó la presa Benito Juárez, la cual es alimentada por dos ríos: uno viene del norte y se llama río Grande; el otro viene del oeste y se llama río Tequisistlán que desemboca al río Tehuantepec. Fue construida especialmente para riego agrícola, aprovechando el potencial hidráulico de los ríos antes mencionados. Su capacidad total de almacenamiento es de 942 millones de metros cúbicos. Cuando desciende el volumen de agua, se aprecia la parte superior del templo que formaba parte del asentamiento original de Jalapa, que fue reubicado para la construcción de la presa.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 35 por ciento de la población económicamente activa, labora en el sector primario, (agricultura, ganadería, caza y pesca), y de ese 35 por ciento, casi el 40 por ciento tiene su modo de vida en la pesca, actividad que realizan en la presa Benito Juárez.

En el turismo la presa Benito Juárez también tiene una gran relevancia, ya que los lugareños rentan lanchas para llegar a la zona arqueológica de Tres Picos y para realizar paseos, o para la práctica de pesca deportiva, con esto se constituye una actividad de desarrollo económico para la población del municipio.

Con la ocurrencia de lluvias por el paso de la tormenta tropical Frank y, después, de la depresión tropical 11-E por territorio oaxaqueño, la obra de excedencias derramó de manera libre 972 metros cúbicos por segundo y se hizo necesario aumentar su extracción de manera controlada a 120 metros cúbicos por segundo por la obra de toma, hasta alcanzar un volumen de 1 mil 099 metros cúbicos por segundo el día 5 de septiembre.

La obra de excedencias de la presa Benito Juárez tiene una capacidad de 5,500 m3/s, por lo que su capacidad de derrame no se vio comprometida usándose como desfogue precautorio para regular el volumen de almacenamiento y evitar en lo posible un derrame que pudiera afectar a las poblaciones ubicadas aguas abajo de la presa. Ciertamente, y a pesar de los alrededor de 50 años de la presa, no hubo fisuras en la cortina del embalse.

Si bien es cierto que las comunidades aún no se reponen de los daños, sobre todo en los terrenos de cultivo, pues el río Tehuantepec las arrasó prácticamente, dejando grandes pérdidas económicas para los productores, se perdieron siembras de maíz y sorgo, entre otros, en un total de 2 mil 400 hectáreas aproximadamente; también es cierto que estos daños hubieran ocurrido y quizá mayores si no existiese la presa, pues el río no hubiese tenido un vaso regulador, que dosificara el agua.

Sin embargo, el puente vehicular de estructura de tubos metálicos, de tres metros de ancho, con una longitud de 100 metros que cruza abajo del vertedor que es la estructura hidráulica por la que rebosa el agua excedentaria; y que comunica a las comunidades de San Martín El Reparo, El Guichiquero y Cerro Chivo, fue totalmente colapsado; dejando incomunicados a estos pueblos; si bien era un puente construido de manera precaria y que no permitía a dos automóviles en sentidos opuestos sobre él, era muy importante porque permitía que tres comunidades pobres tuvieran un medio para la transportación de productos de supervivencia.

En el Plan Nacional de Desarrollo, eje 4, Sustentabilidad Ambiental, en su capítulo del agua; la Estrategia 2.4, tercer párrafo, señala con claridad que “Se buscará alcanzar la sustentabilidad del agua de riego a través de la modernización y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola, no sólo aquélla necesaria para tecnificar el riego y reducir el consumo de agua, sino también la relacionada con la extracción y transporte del líquido. Adicionalmente, se reforzarán los programas enfocados a cuantificar los volúmenes de agua asignada a riego agrícola para facilitar la gestión integral del recurso”.

La presa Benito Juárez de Jalapa Del Marqués, Oaxaca, requiere con urgencia la construcción del puente abajo del vertedor, pero un puente hecho con seriedad, de concreto armado, con una longitud de 100 metros, suficiente para cruzar la presa, y con una anchura de 7 metros de ancho, para que dos vehículos en sentido opuesto puedan circular en él, y una banqueta de un metro de ancho de cada lado, que permita la circulación peatonal de lugareños y turistas. También se requiere que los dos caminos, uno de un kilómetro y otro de cuatro, que dan a la presa, sean modernizados ampliados y pavimentados a 7 metros de ancho de corona, con un metro de banqueta de cada lado para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación  PEF 2011 la cantidad de 50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.) para la construcción de un puente de concreto armado de 100 metros de longitud y 7 metros de ancho, abajo del vertedor de la presa Benito Juárez; y la modernización de los dos caminos que llegan a la misma; ubicada en el municipio de Jalapa Del Marqués, Oaxaca, en el Ramo administrativo 16, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, programa k135 infraestructura de riego, en el análisis funcional programático económico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el incremento salarial del personal operativo y de enlace del Inegi, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado David Hernández Vallín, coordinador de la diputación por el estado de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como órgano autónomo del Estado mexicano y unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

En el ámbito internacional, dos variables que se consideran para evaluar en forma indirecta la calidad y confiabilidad de la información que producen las oficinas nacionales de estadística y geografía son: la profesionalización y el salario de los trabajadores que generan la información oficial.

En nuestro país, atendiendo en lo que compete a los trabajadores del Inegi, el salario del personal operativo y de enlace se ha deteriorado considerablemente, ya que la mayoría de los puestos de esta categoría no han recibido incremento salarial en los últimos 10 años. En contraparte, al igual que viene sucediendo en toda la administración pública.

Federal, la alta burocracia ha crecido en el Inegi hasta alcanzar el 17 por ciento del total de la plantilla en el 2010. Tengamos en cuenta que en el Inegi el costo promedio mensual de una plaza de Vicepresidente es casi 23 veces el costo de una plaza de nivel operativo y 14 veces el costo de una plaza del nivel de enlace. Excluyendo a los mandos medios y superiores, la planta laboral con que cuenta el Inegi asciende a 11 mil 825 trabajadores, de los cuales 7 mil 440 son de nivel operativo y 4 mil 585 de nivel de enlace.

Como órgano autónomo, en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se contempla, en el anexo 6.1 ramo: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, por la cantidad de 49 millones 986 mil 325 monto insuficiente para atender las demandas salariales de los trabajadores del Inegi. Por lo que solicito, el apoyo de esta Soberanía para incrementar el monto a 180 millones de pesospara ser asignados al personal operativo y de enlace.

México necesita información estadística y geográfica de calidad, que le permita retomar el rumbo del crecimiento sostenible. Esto implica contar con personal calificado, especializado y bien remunerado. El Inegi ha invertido bastante en la formación del talento humano de que dispone. Es una inversión que ha llevado más de 25 años. No la desaprovechemos. Es tiempo de que los trabajadores del Inegi no tengan que buscar otras fuentes de ingreso o abandonar al Instituto para realizarse laboral y profesionalmente. Tengamos presente que la calidad de vida de los trabajadores del Inegi redundará en la calidad de la información que México requiere para su progreso.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea  el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el anexo 6.1 ramo: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, se asigne la cantidad de 180 millonesde pesos para el incremento salarial del personal operativo y de enlace del Inegi.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 26 días de octubre de 2010.— Diputado David Hernández Vallín (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, como en el mundo, hemos venido sufriendo cada vez más los embates de la naturaleza, hoy vemos pueblos enteros devastados, inundaciones que cobran vidas humanas, que dañan el patrimonio de las familias, que dañan la infraestructura local, pérdidas en muchos casos irreparables, es entonces como con acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y la población, se ve la solidaridad, se ve el apoyo y se enfrentan las necesidades.

En este año como nunca en la historia el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no es suficiente para atender las contingencias en los estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, que permita recuperar en lo posible el patrimonio dañado.

Es así como cada año los desastres naturales cobran mayores daños, es así como cada día la población se ve en más riesgo y es así como hoy resulta de vital importancia urgir acciones de prevención.

Se debe avanzar con rumbo claro y de manera rápida con obras y acciones que permitan proteger sobre todo lo más importante, la vida de los mexicanos. No podemos seguir tratando de detener los cauces de los ríos con encostalas de arena, no podemos seguir atendiendo año con año en muchos casos los mismos daños porque no se han efectuado acciones preventivas.

Hoy se cuenta en el país con el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), un programa cuya finalidad es proporcionar recursos económicos para la realización de acciones preventivas como identificación de riesgos, mitigación o reducción del riesgo, el fomento a la cultura de la prevención y la autoprotección; sin embargo en este año tan sólo se le destinaron 300 millones de pesos, y del 2004 al 2009 sólo ha contado con un monto de 1,628 millones de pesos, que comparado con el Fonden hasta 2009, al que se le han asignado más de 55 mil millones de pesos, es decir, 1 peso por cada 33 pesos para la atención.

Urge la revisión del Fondo de Prevención de Desastres; se requiere etiquetar más recursos, revisar las  reglas de operación para que sean claras, ágiles y que no queden a la decisión de la Secretaría de Gobernación su utilización.

Las acciones de prevención no pueden quedar etiquetadas bajo cualquier fondo, se debe obedecer a la planeación y ejecución de las acciones de manera inmediata.

Se requieren más recursos en el Fonden que nos permitan enfrentar las contingencias de los huracanes, inundaciones, entre otros fenómenos naturales, pero además requerimos incrementar los recursos para la prevención y actuar de inmediato.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incrementar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), para la realización de acciones preventivas en el país, así como modificar las reglas de operación del fondo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria en Poza Rica, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, consideren elevar los recursos destinados a la educación inicial, educación especial, preescolar, primaria y secundaria dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Es deber del estado procurar a todos los miembros de la comunidad igual oportunidad de educación; asegurar, por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el mejoramiento cultural de la nación.

2. Debe el estado respeto y estímulo a las instituciones de educación públicas o privadas. A las públicas, está obligado a proporcionar, con amplitud, los elementos económicos suficientes para cumplir su función que les está encomendada.

3. La educación es el medio que asegura la permanencia de los atributos de la cultura y el acrecentamiento de su vitalidad, enaltece al individuo y mejora a la sociedad, contribuye a labrar la identidad y el sentimiento de pertenencia, resume nuestra concepción de la democracia, el desarrollo y la convivencia; por ello, el constituyente plasmó en el artículo 3o. los valores que deben expresarse en la formación de cada generación de mexicanos.

4. En la ciudad de Poza Rica se cuenta con cuatro escuelas para educación inicial, siete escuelas para educación especial, 74 escuelas para preescolar, 107 escuelas para primaria y 42 secundarias.

5. Que la población requiere de mayores aportaciones a la educación básica.

Por lo anterior se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, consideren incrementar recursos destinados a la educación inicial, educación especial, preescolar, primaria y secundaria en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un centro de reinserción social en el estado de México, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se asignen suficientes recursos al estado de México con la finalidad de construir un centro penitenciario en el distrito judicial de Otumba.

Antecedentes

Único. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula en el artículo 18 todo lo concerniente al sistema penitenciario, como garantía de que todo individuo debe gozar. Señala lo siguiente:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como los derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la república para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

En la anterior trascripción se advierten varias consideraciones que fundamentan la presente proposición con punto de acuerdo:

• Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva.

• El sitio de la prisión preventiva será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

• El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

• Las mujeres compurgarán las penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

• Los sentenciados, en los casos y las condiciones que establezca la ley, podrán compurgar las penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.

• El punto anterior no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Consideraciones

Primera. Las cárceles en el país están sobrepobladas, en virtud de que no hay espacios suficientes para albergar a los procesados y a los sentenciados, ni se tiene una verdadera clasificación de éstos, lo cual impide cumplir lo establecido en el artículo 18 constitucional, ocasionando que el sistema penitenciario se encuentre colapsado, aunando al hecho de que en la mayoría de los penales estatales se encuentran internadas personas que están siendo procesadas, incluso ya sentenciadas, por delitos del fuero federal, contraviniendo la norma constitucional.

Dicha particularidad de las cárceles mexicanas abona en gran medida a la sobrepoblación de las cárceles de las entidades federativas y a la contaminación de internos, teniendo como resultado diversas incidencias penitenciarias, como intentos de fuga, fugas, motines, riñas, comisión de diversos delitos, como homicidio, lesiones, robo o violación, suicidios, huelgas de hambre o enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico y nuevas composiciones de células del crimen organizado en los propios penales. Se aúna el hecho de la corrupción que impera en los centros penitenciarios, como ocurrió últimamente en el penal de Gómez Palacio, Durango, en el que la directora permitía a sicarios procesados salir por la noche a delinquir, o la fuga de 86 reos en Reynosa Tamaulipas, con la complicidad de las propias autoridades y el personal de custodia.

Segunda. El estado de México es la segunda entidad federativa, sólo superada por el Distrito Federal, con mayor población interna en el país, incluso tiene más que 10 estados de la república juntos. Tiene una población actualizada al 19 de octubre de 2010 de 18 mil 456 internos, de los que 17 mil 8 corresponden a población del fuero común y mil 448 a población del fuero federal.

En más de 10 años, la población penitenciaria en el estado de México ha tenido un crecimiento desorbitado.

La capacidad instalada de los centros de reclusión en el estado de México es de 10 mil 379 personas pero, como ha quedado señalado, la población actual es de 18 mil 456 internos; es decir, hay una sobrepoblación de 8 mil 77 internos, lo que corresponde a 78 por ciento de sobrepoblación en el estado.

La infraestructura del sistema penitenciario está compuesta por 22 inmuebles para reclusión, con las siguientes particularidades:

• 7 superan 100 años;

• 3, de 76 a 98 años;

• 2, con más de 40 años;

• 7, de 11 a 27 años;

• 3 presentan una operación menor de 10 años;

Asimismo:

• 13 están adaptados para funcionar como centros de reclusión;

• 9 de éstos son antiguas cárceles municipales situadas en los palacios; y

• Únicamente 9 inmuebles fueron diseñados y construidos para operar como centros preventivos y de readaptación social.

Por todo lo anterior, se puede concluir que la sobrepoblación penitenciaria es un problema grave en el estado de México, lo que tiene como consecuencia la vulneración de derechos individuales consagrados en el artículo 18 constitucional, dificultando la reinserción del sentenciado a la sociedad, además de que vulnera la seguridad de los centros, y propicia condiciones de internamiento indignas para las personas.

Tercera. El gobierno del estado de México ha efectuado las acciones correspondientes para ampliar la infraestructura penitenciaria, realizando el desarrollo de los estudios y proyectos correspondientes para tres centros penitenciarios con premisas visionarias de diseño y operación, generando con ello modelos únicos en su tipo y que marcarán una etapa de modernidad y vanguardia en el sistema penitenciario del estado de México, con la filosofía que alienta la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, con generalidades homologadas para la cobertura de los siguientes rubros:

1. Humanización de espacios para la reinserción social.

2. Diseño de seguridad con tecnología de vanguardia.

3. Autosustentabilidad ambiental.

4. Bajo costo de operación y de mantenimiento.

5. Particularidades de cada proyecto.

No obstante lo anterior, como se advierte, la estructura penitenciaria en el estado de México no es suficiente para albergar a todos los sentenciados y los procesados que se encuentran internos, debido principalmente a la sobrepoblación, como se ha indicado. Por ello es necesario contar con mucho más recursos para destinarlos a la construcción de más inmuebles penitenciarios, para cumplir la norma constitucional. No hay que olvidar que el sistema penitenciario mexicano descansa sobre la base del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo que las entidades federativas y la federación tienen la obligación de cumplir dicha disposición.

Igualmente, no debe pasar inadvertida la distinción constitucional, que obliga a que el sitio de la prisión preventiva sea distinto del de la extinción de las penas, los cuales deberán estar completamente separados, obligación que no se cumple cabalmente en el país, debido obviamente a la falta de capacidad de espacio por la falta de edificaciones para albergar separadamente a los procesados y a los sentenciados.

Además, el texto constitucional también obliga a las autoridades a que los sentenciados, en los casos y con las condiciones que establezca la ley, podrán compurgar las penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Por ello, en lo posible, deben crearse centros penitenciarios cercanos a las comunidades para hacer efectiva esta garantía.

En ese sentido y a efecto de cumplir la disposición constitucional, citadas en los párrafos anteriores, se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asigne 600 millones de pesos a fin de construir un centro varonil en Otumba para la ejecución de las penas de sentenciados estatales.

Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos de hasta 600 millones de pesos para crear un centro de reinserción social en el estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Programa de Prevención y Atención del Cáncer cervicouterino y Mamario, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

Elpidio Concha Arellano, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tema sensible de la salud femenina es el caso del cáncer cervicouterino cuyo padecimiento, sigue siendo un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte en el mundo, aun más en países en desarrollo como lo es en América Latina y el Caribe, de jóvenes en edad reproductiva, enfermedad que no discrimina edad, clase social, o raza, incluso se han presentado casos desde los 15 años y se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 45 años y después de la menopausia.

De a cuerdo con la Organización Panamericana de la Salud esta enfermedad cancerígena, es prevenible, detectable  tratable y curable, a bajo costo y bajo riesgo, cuando se cuenta con los métodos, diagnósticos, tratamientos y seguimientos adecuados en mujeres asintomáticas.

En nuestro país, de acuerdo a la Organización Panamericana, se ha podido evitar menos del 13 por ciento de los casos parcialmente prevenibles. Estudios llevados a cabo por esta organización revelan que sólo 40 por ciento de las mujeres en edad reproductiva  sabían lo que era la prueba de papanicolaou.

En el caso de México y nuestras mujeres, particularmente de la mujer indígena, se explica, dadas las condiciones precarias de su calidad de vida y desconocimiento, lo que favorecen el desarrollo de esta enfermedad y el desconocimiento sobre el virus del papiloma humano (VPH).

En el estado de Oaxaca, este tipo de cáncer, es la primera causa de muerte en las oaxaqueñas mayores de 25 a 65 años, por ello, la importancia de seguir impulsando en los estados, los trabajos de los institutos de salud que hacen énfasis en la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad.

En el caso oaxaqueño, durante el presente año, los Servicios de Salud de Oaxaca han realizado 10 mil 251 pruebas del virus del papiloma humano (VPH), y 18 mil 197 citologías cervicales (papanicolaou), para detectar oportunamente la presencia de esta enfermedad asintomática, recibir tratamiento oportuno y disminuir así la mortalidad en la entidad.

Seguro estoy, de que coincidimos con lo que manifiesta la Organización Panamericana de la Salud, al afirmar que “Una reducción en la morbilidad y la mortalidad del cáncer cervicouterino, será un gran paso hacia el logro  de metas”.

Luego entonces, reitero, es de vital importancia, incrementar la partida presupuestal para la compra y aplicación de vacuna para atender y prevenir este tipo de casos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar e integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos etiquetados por un monto de 300 millones de pesos para el Programa de Prevención y Atención del Cáncer Cervicouterino y Mamario.

Notas:

1 Lewis, Merle J. Análisis de la situación del Cáncer Cervicouterino en América Latina y el Caribe, Biblioteca Sede OPS-Catalogación en la fuente, Washington, DC, OPS: ©2004.

2 e-consulta. Anuncian campaña preventiva contra el Cáncer Cervicouterino

http://www.e-consulta.com/oaxaca/index.php?option=com_ content&task=view&id=15067&Itemid=69. 26 de mayo de 2010.

3 Cáncer cérvico-uterino, primera causa de muerte en oaxaqueñas http://ciudadania-express.com/2010/05/09/cancer-cervico-uterino-primera-causa-d e-muerte-en-oaxaquenas/ Domingo, 9 de mayo de 2010.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre del 2010.— Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los médicos que participan en la certificación del programa IMSS-Oportunidades en las zonas rurales de alta marginación y difícil acceso, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

Elpidio Concha Arellano, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Lo que hoy conocemos como el programa IMSS-Oportunidades, con un origen de 36 años al crearse en 1973 la Ley del Seguros Social que facultó al IMSS para extender su acción a núcleos de población sin capacidad contributiva, en pobreza extrema y marginación, ha pasado por varias transformaciones institucionales así como de coordinación y alcance intersectorial para llamarse en 1979 IMSS-Coplamar, en 1989 IMSS-Solidaridad, creándose en 1997 el Progresa (Programa de Educación Salud y Alimentación), el cual en el año de 2002 se convirtió en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y derivado de este marco de cambio, se aprobó –en julio de este año– la transformación del IMSS-Solidaridad en lo que hoy conocemos como IMSS-Oportunidades, al cual se le asignan recursos federales anualmente a través del ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social”, del Presupuesto de Egresos de la Federación.

IMSS-Oportunidades es un programa de salud del gobierno federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ofrece servicios de salud a la población, lo que contribuye al desarrollo integral de los mexicanos al impulsar la igualdad de oportunidades y el derecho constitucional a la salud.

Este programa tiene como fin contribuir y garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social y que habitan en condiciones de marginación y busca que las personas que habitan prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejoren su estado de salud.

A partir del año 2002, se incluyeron áreas urbanas, en un intento por apoyar a sectores marginados en las ciudades. Si bien es importante el aumento en la cobertura del programa y el incremento de los recursos para este propósito, su ejecución aún deja mucho que desear en las zonas rurales de alta y muy alta marginación.

Ahora bien, es importante señalar la problemática que enfrentan los titulares beneficiarios ya que se deben registrar en la Unidad Médica Rural que les sea asignada, o la unidad móvil de Micorregión Oportunidades que atiende la localidad. Los beneficiarios deben reportarse bimestralmente a IMSS-Oportunidades en la misma unidad asignada para obtener la certificación de corresponsabilidad, que sirve para seguir teniendo los beneficios del programa.

En ninguna localidad de alta marginación y difícil acceso existe una Unidad Médica Rural, estás comunidades son atendidas por unidades móviles de Micorregión Oportunidades. En muy pocos casos, estas unidades móviles acuden a la localidad en tiempo y forma, lo que genera en su caso, que los beneficiarios vean comprometida su permanencia en el programa y en consecuencia sean injustamente, dados de baja y los que aspiran a inscribirse, tarde su incorporación.

Lo anterior no es atribuible a médicos y enfermeras de estás Unidades Móviles, ello en el fondo revela un rezago importante en infraestructura carretera y de comunicaciones en las zonas más pobres y marginadas.

Aunado a lo anterior es importante llamar la atención y resaltar que el 90 por ciento de los médicos pasantes que presta su servicio social en el IMSS se desempeña en el área de Oportunidades y, en la mayoría de los casos, son los responsables de la atención brindada en las zonas rurales más alejadas a través de las Unidades Móviles de Micorregión Oportunidades.

Las becas que les son otorgadas a los médicos pasantes están homologadas en el sector salud y son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichas becas son sumamente bajas.

Las plazas C en regiones rurales reciben en promedio mil 200 pesos mensuales y ello representa –para los médicos en su estadía– grandes dificultades.

Es importante señalar que, en el 2009, a este programa le fue aprobado un monto de 7 mil 500 millones de pesos, en tanto que para el presente año se redujo a 7 mil 300 millones, y lo que hoy se nos propone en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 es un monto de 8 mil millones, el cual será importante aprobar tomando en cuenta las positivas proyecciones de crecimiento de la economía nacional con un cierre al presente año de 4.5 por ciento del producto interno bruto, lo que genera las condiciones que permitirán contar con recursos económicos para cubrir esta necesidad presupuestaria.

La aprobación de esta propuesta, deberá cumplir con los propósitos del Programa IMSS-Oportunidades, lo que deberá determinar el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevando a cabo las previsiones de gasto y ello le permita incrementar y en su casa duplicar la percepción de dichas plazas para que los médicos pasantes de este programa cuenten con condiciones económicas necesarias de manutención para su mejor desempeño en beneficio de la población objetivo.

La operación y actividades del Programa IMSS-Oportunidades, está sujeta a la disponibilidad presupuestal anual que autorice la honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en ese sentido y por todo lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar e integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos etiquetados para los médicos que participan en la certificación del Programa IMSS-Oportunidades en las zonas rurales de alta marginación y difícil acceso.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa Rescate de Espacios Públicos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Existe un consenso entre los urbanistas, ecologistas, sociólogos, criminólogos y otros profesionistas e investigadores, en torno a la importancia de la construcción, preservación y mantenimiento de espacios públicos de calidad en tanto en comunidades como en ciudades, a los cuales puedan acceder todas las ciudadanas y ciudadanos. Asimismo, se ha trabajado, tanto teórica como prácticamente, sobre la relación entre esto y el aumento del bienestar, el mejoramiento de la convivencia y, en general, de la calidad de la vida. Así, a veces el espacio urbano común –como los parques, centros recreativos, canchas deportivas, entre otros–, se transforma en la única fuente de bienestar social directamente accesible para todas las personas, por lo que las ciudades, y concretamente, las autoridades que las gestionan, tienen el deber de atender esa necesidad que además de satisfacer una necesidad individual, redunda en beneficios sociales claramente distinguibles.

Uno de los aspectos más relevantes que se plantean en la relación entre espacios públicos de calidad –tanto deportivos como culturales, artísticos, recreativos en todas sus modalidades– y su impacto social, es el de la juventud. En este orden de ideas, es sabido que las actividades académicas, deportivas y culturales coadyuvan a que las niñas, niños y adolescentes, cuenten con los elementos necesarios para desarrollar la capacidad de abstracción y crítica, así como cualidades analíticas, disciplina, constancia, sentido de cuidado del cuerpo, habilidades relacionales para una convivencia saludable, y diversos elementos que van conformando la personalidad y que son fundamentales para su mejor desenvolvimiento en la vida diaria y el desempeño escolar.

Está comprobado que las y los niños y jóvenes que realizan extracurricularmente alguna actividad cultural, deportiva, científica y/o de servicio a la comunidad, son menos propensos a involucrarse en el consumo de drogas y en actividades delictivas, pues cuentan con mayores herramientas para acceder a un futuro con mejores oportunidades de crecimiento social en un ambiente sano. Queda entonces clara la necesidad de que la niñez y la juventud mexicana cuenten con más y mejores espacios recreativos, educativos, culturales y deportivos, para prevenir de forma disuasiva su acercamiento al consumo de drogas y demás sustancias que pongan en riesgo su salud, además de alejarlos de la comisión de actos delictivos.

Esto requiere, inicialmente, de un incremento y permanente mejoramiento de la infraestructura física que alberga este tipo de actividades, misma que debe tener los acondicionamientos requeridos para cumplir sus objetivos.

El desarrollo de áreas comunes y espacios públicos para las actividades mencionadas con anterioridad, requiere del sustento de políticas públicas, representadas en programas, y de un presupuesto suficiente para su diseño y ejecución. Actualmente, existen algunos programas que tienen como objetivo la promoción de mejores espacios públicos, entendiéndose como su creación, expansión, adecuación, equipamiento y rehabilitación. Sin embargo, es necesario un incremento presupuestal para que sean funcionales y permitan contar con la infraestructura necesaria para alojar actividades científicas, culturales y deportivas y, por ende, se cumpla el objetivo superior de alejar a la niñez y la juventud del consumo de drogas y del crimen organizado.

Un ejemplo de estos programas es el de “Rescate de Espacios Públicos”, el cual es instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social. El programa tiene como objetivo principal “contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas”, manifiesta estar destinado a dignificar áreas marginadas y espacios comunitarios e incidir en la prevención y atención de aquellos problemas sociales que afecten la seguridad en las comunidades, tales como la delincuencia, la violencia familiar y, en general, la violencia social. Esta recuperación pretende, a decir de la propia Secretaría, fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social y la generación e igualdad de oportunidades, así como contribuir a la disminución de la pobreza urbana y a la prevención de conductas antisociales, mediante el desarrollo de actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas y de esparcimiento en los espacios públicos.

Este programa tuvo en 2009 un presupuesto de 1,279 millones 789 mil 222 pesos, los cuales fueron distribuidos equitativamente entre las delegaciones estatales de dicha Secretaría, sin embargo, en 2010 el presupuesto para este programa se redujo en un 15.48 por ciento, lo cual se traduce en 200 millones 853 mil 548 pesos, contemplando la inflación anual de ese año. Lo contrastante de esto es que en ese mismo año (2010), el presupuesto para la Secretaría sufrió un incremento de 9 mil 168 millones de pesos, dejando en claro que los programas que contienen objetivos claramente preventivos como el de “Rescate de Espacios Públicos”, definitivamente no son una prioridad, por el contrario, las políticas del Ejecutivo federal muestran una tendencia marcadamente asistencialista.

Ahora bien, para el siguiente ejercicio fiscal, correspondiente al año 2011, el Ejecutivo propone en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 (PPEF 2011) un presupuesto de 1,158 millones 130 mil 400 pesos para Rescate de Espacios Públicos, que si bien refleja un incremento de .4 por ciento, en términos reales considerando la inflación objetivo del Banco de México para el año en curso, la cantidad resultante son aproximadamente 4 millones 500 mil pesos de los cuales, aún cuando el dinero se destinara íntegramente a cada delegación de Sedesol en los estados y en el Distrito Federal, cada una recibiría apenas 140 mil pesos.

Así pues, con el presente punto de acuerdo, se pretende exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se canalicen más recursos de los contemplados en el PPEF 2011 al programa Rescate de Espacios Públicos, ya que con ello aseguramos que se tomen medidas preventivas para evitar que nuestras niñas niños y adolescentes caigan en adicciones o en actividades delincuenciales, ya que la carencia de espacios públicos que incidan en la calidad de vida y la convivencia de las y los niños y jóvenes, puede constituir un obstáculo importante hacia un desarrollo personal que los convierta en adultas y adultos productivos, sanos y felices. La infancia y la adolescencia mexicana requieren, tal vez hoy más que nunca dadas las características actuales de nuestra sociedad, de espacios que posibiliten su integración, encuentro e interrelación social.

Con base en los fundamentos expuestos anteriormente, se presenta ante ésta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se incrementen sustancialmente los recursos destinados al programa Rescate de Espacios públicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de octubre de 2010.— Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen mayores recursos al Instituto Politécnico Nacionalde acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Politécnico Nacional, con más de 70 años de servicio en el país, se ha convertido en una de las principales instituciones de “educación laica, gratuita de Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación”.

Fundado en 1936 como dependencia de la Secretaría de Educación Pública, involucró a personas visionarias como el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, Juan de Dios Bátiz Paredes, Luis Enrique Erro, entre otros, para concebir a esta institución como “un motor del desarrollo y un espacio para la igualdad, apoyando por una parte, el proceso de industrialización del país y, por la otra, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos. Ello se tradujo en oportunidades de acceso a una educación de calidad para numerosos jóvenes que han recibido, durante su formación, los elementos técnicos y humanos necesarios para enfrentar con mejores perspectivas la vida profesional y su participación ciudadana”.

Con el tiempo, la institución habría de definir su esencia a través de don Luis Enrique Erro, quien manifestaría que la enseñanza “debería corresponderse con las necesidades presentes y futuras del aparato productivo”, misión que se ha mantenido hasta nuestros días y que lo vemos sustentado con el lema “La técnica al servicio de la patria”.

Años más tarde, el emblema que identificaría a la institución se traduciría en una torre que representa la ingeniería civil y sus ramas de conocimiento; un engrane que simboliza la ingeniería mecánica y ramas afines en cuyo centro se encuentra un matraz ceñido por una serpiente para aludir a las ciencias médico-biológicas; y por último, las siglas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que coronan estos componentes (figura 1).

En materia educativa, el instituto ofrece más de 270 programas educativos que atienden a cerca de 163 mil estudiantes, donde más del 95.0 por ciento de ellos los cursa desde el nivel medio superior hasta el doctorado, “reconocido por su calidad por organismos externos. Asimismo, en sus laboratorios y talleres se realiza investigación científica y tecnológica, y se extiende el conocimiento y los servicios hacia la sociedad”.

En este sentido, el nivel medio superior constituye un servicio educativo posterior a los estudios de secundaria con una duración de seis semestres en la que su conclusión y posterior cumplimiento del servicio social, se obtiene el “Título de Técnico” en alguna carrera específica y “cédula profesional” con reconocimiento por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y con la posibilidad de incorporarse al campo laboral”.

En el nivel superior, los “planes y programas de estudio de las carreras en un área común consideran el tronco único de asignaturas que tiende a diversificarse en los últimos semestres de los cuatro o cinco años de formación profesional que según la opción elegida por el alumno deberá cursar”:

Ciencias médico-biológicas.

Ciencias sociales y administrativas.

Ingeniería y ciencias físico-matemáticas.

Asimismo, el posgrado contiene programas con reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los niveles de doctorado, maestría y especialidades comprendidas en las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas (cuadro 1).

Cuadro 1Áreas académicas de posgrado que cubre el Instituto Politécnico Nacional

Fuente:www.ipn.mx/.

Para ampliar y profundizar el aprendizaje de los estudiantes, el Instituto cuenta con unidades de educación virtual por medio de las cuales se coordinan “esfuerzos y recursos institucionales para el desarrollo de programas educativos apoyados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Así también, la institución cuenta con centros de lenguas extranjeras y una Dirección de Educación Continua a fin de “promover el desarrollo nacional y regional mediante la oferta de servicios académicos, de desarrollo tecnológico y de extensión, a través de las unidades académicas y demás dependencias institucionales, para satisfacer los requerimientos de los diversos sectores de la sociedad con programas de alcance nacional e internacional”.

Dado que la institución presenta una oferta de estudios diversificada y articulada entre los distintos niveles de formación profesional, el personal docente participa constantemente en procesos de actualización permanente además de estar vinculado a los sectores productivo y social del país. Por otro lado, los alumnos se relacionan continuamente entre ellos o con los docentes a través de programas de carácter académico, deportivo y cultural.

Derivado de lo anterior, se debe reconocer la importancia de los recursos presupuestales que le son asignados año con año por la vía federal para el cumplimiento efectivo de sus funciones.

Cabe mencionar que el presupuesto autorizado para la institución durante 2010 fue alrededor de 10 mil 69 millones de pesos, concentrándose en los capítulos 1000, “Servicios personales”; 3000, “Servicios generales”; y 2000, “Materiales y suministros”; con el 82.0, 12.2 y 3.3 por ciento del total, respectivamente (cuadro 2).

Posteriormente, le siguen los capítulos 4107, “Becas”; 7000, “Ayudas y otras erogaciones”; y 5000, “Bienes muebles e inmuebles”; con 2.0, 0.3 y 0.1 por ciento, respectivamente.

Cuadro 2Presupuesto autorizado para el año 2010 del Instituto Politécnico Nacional

Fuente:IPN, Secretaría de Gestión Estratégica, servicio de consulta interactivo.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico Nacional, entre 2007 y 2010, el aumento en el presupuesto ha sido de 12.1 por ciento promedio anual, pasando de 7 mil 147 millones de pesos a casi 10 mil 69 millones de pesos (cuadro 3).

Los capítulos 3000, “Servicios generales”; 4107, “Becas”; y 2000, “Materiales y suministros”, son los que reportan los mayores incrementos en el periodo, en un orden de 31.5, 28.0 y 11.1 por ciento promedio anual, respectivamente.

En seguimiento al cuadro de información presupuestal anterior, el 9 de septiembre de 2010, el Ejecutivo federal presentó “a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 para su análisis, discusión y en su caso, aprobación”.

En dicho proyecto se presenta “la política de gasto a cargo de la administración pública federal, como las erogaciones que, en el marco de su autonomía, solicitan ejercer el Poder Legislativo de la Unión, el Poder Judicial de la Federación y los organismos autónomos”.

Para el caso que nos ocupa, la asignación presupuestal para el Instituto Politécnico Nacional bajo la modalidad de distribución del gasto al nivel de desagregación por capítulo de transición mediante el clasificador vigente, es del orden de 10 mil 408 millones de pesos para 2011, siendo 3.4 por ciento más respecto al año anterior (cuadro 4).

Del total proyectado (cuadro 5), el 90.4 por ciento se concentra en los capítulos 1000, “Servicios personales” (con 82.1 por ciento); y 3000, “Servicios generales” (con 8.3 por ciento).

El resto lo conforman los capítulos 4000, “Subsidios y transferencias” (referente a becas con 3.2 por ciento); 2000, “Materiales y suministros” (3.0 por ciento); 5000, “Bienes muebles e inmuebles” (2.9 por ciento); y 7000, “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones y pensiones, jubilaciones y otras” (0.4 por ciento).

Cuadro 4Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 del

Instituto Politécnico Nacional

Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 en: www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2011/index.html.

Cabe señalar que este proyecto no discrepa del presupuesto total estimado por el propio instituto, sin embargo, éste resulta insuficiente y presenta algunas diferencias en cuanto a su distribución por capítulo de gasto (cuadro 6).

Cuadro 5Peso relativo de los capítulos de gasto del Instituto Politécnico Nacional

Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en: www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2011/index.html.

Para citar algunos ejemplos, del importe total proyectado, el 90.1 por ciento se concentra en los servicios personales y generales (contra el 90.4 por ciento presentado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación); seguido por los materiales y suministros con el 3.3 por ciento (contra el 3.0 por ciento del Proyecto de Presupuesto) y de ayudas y otras erogaciones con 0.5 por ciento (contra 0.4 por ciento del proyecto de Presupuesto).

Cuadro 6Presupuesto estimado y proporción relativa por capítulo de gasto elaborado por el Instituto Politécnico Nacional

Fuente:IPN, servicio de consulta interactivo.

Por otro lado, es de vital importancia mencionar que la oferta actual de servicios educativos del Instituto Politécnico Nacional ha ido en ascenso acelerado, lo que ha inducido a realizar nuevas estimaciones presupuestales que no están contenidas en el presente proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Esto resulta preocupante para la institución, dado que sus principios fundamentales se ciñen en mantener la calidad de enseñanza y la operatividad que la ha distinguido como institución pública, rectora de la educación superior tecnológica en México desde hace más de 70 años.

Basta mencionar que en el periodo 2007 - 2010, la matrícula escolar ha aumentado de 142 mil a casi 163 mil estudiantes en las modalidades escolarizada y no escolarizada, lo que significa una tasa de variación promedio anual de 4.5 por ciento (cuadro 7), esta tendencia de crecimiento no es posible sostenerla, si se escatiman los recursos presupuestales.

Asimismo, se prevé un incremento real en la cobertura educativa de 8 mil 374 alumnos para el año 2011, ejerciendo una mayor presión en las actividades sustantivas de la institución en cuanto a la formación profesional de los estudiantes.

Aunado a lo anterior, el número de docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ha pasado de 587 personas a 762 en el mismo periodo, lo que representa un incremento de 9.1 por ciento promedio anual. Esto de alguna forma, implica otorgar mayores recursos para el ejercicio de la enseñanza con calidad a los estudiantes (cuadro 7)

Como consecuencia de lo anterior, se ha registrado un incremento promedio anual de 10.6 por ciento de los programas de investigación reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (cuadro 7).

Actualmente, operan 73 programas que exigen recursos presupuestarios para mantener los estrictos controles de desempeño y calidad.

Cuadro 7Matrícula escolar, cuerpo docente y programas académicos en el Instituto Politécnico Nacional

Fuente:IPN, Secretaría de Gestión Estratégica, servicio de consulta interactivo.

Por tales circunstancias, la institución necesita recursos adicionales por un monto de mil 232 millones de pesos, a fin de obtener un presupuesto total de 11 mil 640 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento de 15.6 por ciento respecto a 2010 (cuadro 8).

Con base al total del presupuesto adicional solicitado para el Instituto Politécnico Nacional, 39.0 por ciento se destinaría al capítulo 3000, “Servicios generales”; 25.1 por ciento al capítulo 5000, “Bienes muebles e inmuebles”; 23.9 por ciento al capítulo 2000, “Materiales y suministros”; y el resto al capítulo 1000, “Servicios personales” (cuadro 8A).

Con la ampliación del presupuesto se tendría un impacto social en los siguientes rubros:

1. Mayor cobertura y oferta educativa de calidad.

2. Programas académicos con reconocimiento nacional e internacional.

3. Cobertura en todo el país a través de unidades académicas y Centros de Investigación, Vinculación y Educación Continua.

Cuadro 8Presupuesto adicional estimado que necesita el Instituto Politécnico Nacional

Fuentes:Basado en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 en: www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2011/index.html

La Secretaría de Gestión Estratégica, servicio de consulta interactivo del Instituto Politécnico Nacional.

Cuadro 8APresupuesto adicional estimado por capítulo de gasto para el Instituto Politécnico Nacional

Fuente:IPN, servicio de consulta interactivo.

Realizando un análisis por objeto de gasto, en el capítulo “Servicios personales” (1000) se hace necesario atender problemas de eficiencia laboral, compensaciones a los trabajadores, aumentos salariales a los docentes, personal de apoyo y de asistencia a la educación que han reunido los méritos para ser promovidos en su categoría así como también la actualización del salario mínimo.

Cabe señalar que desde hace mucho tiempo dichas partidas constituyen compromisos laborales que inobjetablemente deben ser respetados y regularizados.

Para el capítulo 2000, “Materiales y suministros”, se requieren insumos, reactivos químicos y útiles de impresión para el procesamiento de datos, pues éste ha ido en ascenso entre docentes e investigadores. Esto se debe a que la estructura operativa de la institución conlleva a prácticas continuas en áreas tecnológicas con altos niveles de ejecución en 436 laboratorios y 256 talleres entre la población estudiantil de los niveles medio superior, superior y posgrado.

Asimismo, la adquisición de los insumos necesarios para ejecutar el Programa Estratégico para el Desarrollo de la Investigación y el Posgrado fortalecerá el trabajo de 603 investigadores de las siguientes áreas con las que cuenta la institución:

1. Red institucional de biotecnología.

2. Red institucional de medio ambiente.

3. Red institucional de computación.

4. Red institucional de nanociencia y micronanotecnología.

5. Red aeroespacial (en proceso de formación).

Al mismo tiempo, se pretende reordenar paulatinamente e impulsar el desarrollo de la investigación y el posgrado en las áreas estratégicas del país así como diseñar y operar estructuras académicas con mejor integración y funcionalidad.

En referencia al capítulo 3000, “Servicios generales”, la institución debe fortalecer las actividades académicas, culturales, deportivas y tecnológicas así como fomentar su presencia a nivel nacional e internacional en materia de enseñanza tecnológica en México. Para ello, será necesario realizar lo siguiente:

1. Mantenimiento de equipos de investigación, de mobiliario de 436 laboratorios, de 3 mil 564 aulas, 256 talleres, espacios académicos en los niveles medio, superior y posgrado así como en los centros de investigación y de educación continua.

2. Impermeabilización promedio de 500 construcciones y edificios en el área metropolitana y al interior del país.

3. Servicios de conectividad y mantenimiento de la red de comunicaciones y de la plataforma tecnológica.

4. Mantenimiento de subestaciones eléctricas.

5. Reforzamiento y modernización de la infraestructura de las escuelas y centros de investigación de las cuales aproximadamente el 60.0 por ciento cuenta con una vida que rebasa los 50 años.

6. Mantenimiento de la instalación de agua potable, sanitaria y pluvial de las escuelas de nivel medio superior, superior, posgrado y centros de investigación.

7. Mantenimiento de la red de fibra óptica que posee la institución en más de 430 kilómetros de tendidos a través de las líneas del Metro de la Ciudad de México, los cuales conectan a los campus con las redes centrales de comunicación.

8. Adquisición de licencias de software de los más de 200 programas especializados que utilizan las 81 unidades ubicadas en 25 localidades de 17 entidades federativas.

En cuanto al capítulo 5000 ,“Bienes muebles e inmuebles”, el instituto necesita reforzar el equipamiento de las 16 escuelas de nivel medio superior, 26 escuelas de nivel superior y posgrado, y 20 centros de investigación científica y tecnológica en 17 entidades y 25 localidades del país.

Con ello, se podrá mantener el nivel de desempeño de las actividades institucionales y generar mayores aportaciones en materia científica y tecnológica; brindar servicios a los sectores productivo y social tanto en los ámbitos público como privado; impulsar la consolidación de empresas incubadas con los empleos que éstas producen y elevar la calidad profesional de los egresados en todos sus niveles (medio, superior y posgrado) mediante la atención de los siguientes espacios:

1. Segunda etapa de construcción y equipamiento del centro de nanociencias, micro y nanotecnologías.

2. Consolidación del polo de desarrollo tecnológico (Techno Poli).

3. Robustecimiento de la infraestructura y equipamiento de las unidades académicas situadas en la unidad profesional Adolfo López Mateos que cuenta con 50 años de servicio.

4. Consolidación del equipamiento del planetario “Luis Enrique Erro” que registra, trimestralmente, una asistencia promedio de 29 mil 470 personas.

5. Construcciones necesarias y equipamiento a las siguientes unidades académicas:

Cuadro 9Unidades académicas y población atendida del Instituto Politécnico Nacional

Fuente:IPN, Dirección General.

1. Centro de Desarrollo Infantil Unidad Zacatenco que atiende las prestaciones de guardería y educación preescolar a los hijos de los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional.

Como se puede observar, el instituto manifiesta su preocupación por resolver las problemáticas anteriormente mencionadas y para ello no sólo requiere de recursos humanos, técnicos o materiales sino también, aquéllos que obedecen a un carácter presupuestal.

Dado que se trata de una institución pública que año con año abre sus puertas a las futuras generaciones de profesionales, es un imperativo asegurar las condiciones adecuadas para que la institución preserve e inclusive mejore, el buen funcionamiento y la calidad que la han caracterizado en los últimos 74 años.

Como sustento al párrafo precedente, la propia introducción del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, asevera que en “los segmentos de educación media superior y superior tenemos el compromiso de elevar la cobertura y calidad de sus servicios, frente al desafío que significa para el país alcanzar en los próximos años el mayor crecimiento de la población en edad de trabajar de nuestra historia, por el denominado bono demográfico”

Por tal motivo, la propuesta en comento, exhorta a esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que analice y evalúe la posibilidad de incrementar el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional por un monto de 1,232 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2011, adicionales a la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, los cuales tendrán que ser canalizados a la solución de las problemáticas mencionadas previamente.

Con ello, veríamos cristalizar la visión que tiene el Instituto para el año 2020, en la que pretende convertirse en una “Institución educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; fortalecida en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México”.

Por lo expuesto, fundado y motivado, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen mayores recursos al Instituto Politécnico Nacional,para lo cual se emite el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, considere una ampliación del presupuesto asignado al Instituto Politécnico Nacional por un importe de mil 232 millones de pesos.

Notas:

1 a 9 www.ipn.mx/.

10 a 12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en: www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2011/temas/expo_motivos/ca rta_presidente.pdf.

13 www.ipn.mx/.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para implantar los proyectos solicitados por el gobierno de Nuevo León en materia de seguridad pública, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta al pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema de seguridad es uno de los más importantes de la agenda pública de los diferentes órdenes de gobierno, pues la función básica del Estado es mantener la estabilidad, viabilidad y libertad de los ciudadanos, salvaguardándolos de cualquier amenaza.

Lamentablemente, tal función básica y estructural del Estado no se lleva a cabo con la eficiencia necesaria que provea en el corto y mediano plazos de la seguridad que exige la población, además de que es visible el deterioro de las instituciones encargadas de mantener el orden público.

Esa situación es palpable en todo el país, aunque de forma más aguda en los estados fronterizos, como Nuevo León, lugar estratégico que ha utilizado el crimen organizado para llevar a cabo sus actividades, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas y el contrabando, las cuales en su desarrollo generan el incremento de la violencia.

Para constatar lo anterior, basta recordar que esos delitos, del fuero federal, han producido en lo que va del año más de 30 mil ejecuciones, lo cual evidencia la complicada situación que viven los municipios de Nuevo León en cuanto a violencia y deterioro del orden público.

Lo anterior se debe a la gran capacidad organizativa de las estructuras criminales y a su capacidad de fuego. Esa situación complica la tarea de combatirlas de forma eficiente, puntual y contundente.

La policía de Nuevo León ha realizado tareas de gran complejidad para combatir el crimen organizado. Sin embargo, es necesario proporcionarle equipamiento, infraestructura y capacitación, las herramientas requeridas para que cumpla su tarea.

También es necesario profundizar en los mecanismos de colaboración entre el gobierno federal y las autoridades estatales, a fin de reproducir un modelo policiaco exitoso. Ello sólo es posible a través de la cooperación, por un lado, y de los recursos presupuestarios, por el otro, pues los montos con que cuentan los municipios y Nuevo León –importante y estratégica entidad federativa– son insuficientes para mantener la seguridad.

Ante tan complicada coyuntura, el Estado necesita proyectos estratégicos para fortalecer los cuerpos policiacos, mejorar los procesos de impartición de justicia y desarrollar la infraestructura requerida para generar un sistema penitenciario eficiente.

Dichas acciones han sido planteadas por el gobierno de Nuevo León y se identifican en los siguientes proyectos: Incremento de la Capacidad de Infraestructura Existente de la Academia Estatal de Seguridad Pública de 500 a Mil Cadetes, Ampliación de Subestación Eléctrica, de Drenaje, Red de Agua, Radiocomunicación, Simulador de Tiro, Sala de Cómputo, Aulas (AESP y TSU), Pista de Manejo, Kill House, Dormitorios y Simulador de Conducción de Vehículos, Construcción del Centro de Reinserción Social para Sentenciados del Fuero Común de Mina y Construcción de Agencias del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos.

Para desarrollar los proyectos mencionados se requiere una inversión total en 2011 de 567 millones de pesos, de los cuales 500 millones son requeridos para construir el centro de reinserción social de Mina, 32.3 millones para incrementar la capacidad de infraestructura existente de la Academia Estatal de Seguridad Pública y 60 millones para construir agencias del ministerio público especializado en robo de vehículos en Guadalupe. Dichos montos son esenciales para su comienzo y finalización, pero sobre todo para mejorar las condiciones de inseguridad que vive el estado.

Me permito solicitar la comprensión de esta soberanía, y en específico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues dichos recursos son necesarios para concretar diversos proyectos y programas en materia de seguridad pública, los cuales son urgentes para preservar el orden y la paz en Nuevo León. Así, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar los recursos presupuestales necesarios en el ejercicio fiscal de 2011 para implantar los proyectos solicitados por el gobierno de Nuevo León en materia de seguridad pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Reyes S. Tamez Guerra, María Cristina Díaz Salazar, Rogelio Cerda Pérez, Fermín Montes Cavazos, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Guillermo Cueva Sada, Marcela Guerra Castillo, Felipe Enríquez Hernández, Benjamín Clariond Reyes Retana, Camilo Ramírez Puente, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Pedro Vázquez González, Baltazar Martínez Montemayor (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para comprar, instalar, probar y operar una caldera que modernice y termine completamente la contaminación ambiental producida por el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, la cantidad de 60 millones de pesos para la compra, instalación, pruebas y operación de una nueva caldera que modernice y termine completamente la contaminación ambiental que produce el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

La modernización de la industria azucarera en lo relativo a sus calderas y procesos de la cadena productiva de la caña de azúcar, obliga a revisar el estado físico, operativo y rendimiento de esta importante industria económica y social agrícola. México tiene ingenios con maquinaria obsoleta que contamina el medio ambiente por humo, hollín, tizne y otros agentes contaminantes que producen graves problemas de salud y contradicen los acuerdos internacionales en que México ha sido parte en materia ambiental.

Ante tal circunstancia esta diputación inició gestiones en busca de lograr recursos federales ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el propio Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), logrando la elaboración de una ruta crítica de los requerimientos del ingenio Emiliano Zapata para que pueda seguir operando sin contaminar y coexistir ciudad e industria; con fecha 12 de abril de 2010 el Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, su gerencia general entregó a esta representación nacional el proyecto ejecutivo para el diseño, fabricación y montaje de la caldera aquatubular con una capacidad de 115,000 kg./hr a una presión de 25 kg./cm2 equipada con un sistema de control distribuido para operar en forma automática.

Analizando costos y gastos en reunión ejecutiva entre la diputación del 4 distrito, el subsecretario de Sagarpa y el director general del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, acordamos un plan estratégico para la reparación y mejoramiento de las tres calderas que actualmente funcionan y están en proceso de reparación, con el compromiso de la adquisición e instalación de una nueva caldera que en conjunto, en el año 2011, esté resuelto el viejo problema de la contaminación ambiental. El plan antes descrito se conforma de dos etapas, la primera tiene un periodo de ejecución de agosto a noviembre del año 2010, con un costo de inversión de 30.5 millones de pesos de los activos del Fideicomiso Emiliano Zapata, en esos 4 meses se realizarán mejoras importantes en las tres calderas mediante la instalación de lavadores de gases tipo paraclon, lo que permitirá atrapar las partículas que se emiten al medio ambiente y causan mayor contaminación, también la sustitución de ventiladores que ayuden a eficientar la combustión y el rediseño y sustitución de parrillas volcantes en dos calderas lo que impide la pérdida de vapor y ya no será necesario operar otras calderas.

Para la segunda etapa se requiere una inversión de 60 millones de pesos, con un periodo de ejecución conforme a los tiempos marcados por la zafra; éste sería de junio a octubre de 2011, en este plazo se llevarán a cabo la instalación, pruebas y operación de la nueva caldera con una capacidad de 150 mil libras de presión, su adquisición es necesaria para terminar el fuerte problema de la contaminación ambiental que daña 11 municipios de la zona sur de Morelos ( Zacatepec, Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Xochitepec, Coatlán del Río, Miacatlán, Tetecala y Mazatepec). La suma total de inversión para resolver el problema planteado es de 90.5 millones de pesos, 30.5 millones de pesos se aplican y faltan 60 millones de pesos a invertir en el año 2011.

Existe un compromiso con la sociedad de la zona sur de Morelos, de proveer los montos millonarios de la federación que concluya con éxito la modernización de las calderas y la compra de una nueva caldera con los 60 millones de pesos para su instalación, pruebas y operación.

Es fundamental dar por terminado este proceso de mejora al ingenio Emiliano Zapata, en Zacatepec, ya que desde 1938 que inicia su funcionamiento jamás había tenido una inversión de esta naturaleza lo que provocó desde los años noventa un fuerte deterioro de su maquinaria y el aumento de la contaminación ambiental.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicito se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, la cantidad de 60 millones de pesos para la compra, instalación, pruebas y operación de una nueva caldera que modernice y termine completamente la contaminación ambiental que produce el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rescatar el andador de la cabecera municipal de San Joaquín a la Virgen de los Herrera, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros.

2. El uso de sus suelos es principalmente ganadero, forestal y agrícola.

3. El municipio de San Joaquín es visitado por miles de personas debido a su gran variedad en flora, ya que cuenta con espacios de bosques que permiten la convivencia familiar.

4. También año con año, es sede del Concurso de Huapango más importante del país

5. El rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal permitirá promover al municipio.

6. La obra representa un beneficio para más de 2 500 habitantes.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados al rescate del andador de la cabecera municipal de San Joaquín a la Virgen de Los Herrera.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra:Rescate del andador de la cabecera municipal a la Virgen de Los Herrera”

Municipio:San Joaquín

Monto total:4, 112, 263.20 pesos

Beneficiarios de la obra:2500 personas

Justificación de la obra:Tener espacios dignos que permitan promover el municipio para el desarrollo turístico (en este tramo se encuentran las Grutas de los Herrera).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con  punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un auditorio en San Miguel, de Tolimán, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de Tolimán se encuentra localizado en la parte centro oeste del estado de Querétaro, con altitudes que varían entre 1 350 y 2 740 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 84 kilómetros de la capital del estado.

2. Una demanda reiterada de la población, es fomentar en los jóvenes actividades que conlleven a la prevención de la salud a través de la práctica de deportes o de la sana recreación, para lo que se requieren espacios que a la vez sirvan también como centros de reunión, no sólo para los jóvenes, sino también de toda la comunidad.

3. La obra propuesta, representa un beneficio para más de 5000 habitantes y sus comunidades.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción de un auditorio en la comunidad de San Miguel en el municipio de Tolimán en el estado de Querétaro.

Se anexa propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Construcción de un auditorio en la comunidad de San Miguel

Municipio: Tolimán

Monto total: 13 millones de pesos

Beneficiarios de la obra: 5 000 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra: Tener espacios dignos que permitan realizar actividades deportivas y culturales para toda la población, en especial para los jóvenes.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una cancha pública de futbol rápido en San Antonio de la Cal, de Tolimán, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de Tolimán se encuentra localizado en la parte centro oeste del estado de Querétaro, con altitudes que varían entre 1 350 y 2 740 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 84 kilómetros de la capital del estado.

2. Una demanda reiterada de la población es el contar con espacios para la práctica de deportes, la recreación y la cultura.

3. La obra representa un beneficio para más de 4000 habitantes y sus comunidades aledañas.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción de una cancha pública de fut bol rápido en San Antonio de la Cal en el municipio de Tolimán en el estado de Querétaro.

Se anexa propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Construcción de una cancha de fut bol rápido

Municipio:Tolimán

Monto total:1,973,000.00

Beneficiarios de la obra:4000 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra:Tener espacios dignos que permitan realizar actividades deportivas y culturales para toda la población, en especial para los jóvenes.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras en el centro cultural La Casa del Faldón, en el municipio de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La Casa del Faldón, su nombre tiene origen en un celebre conflicto surgido en una festividad religiosa entre un regidor español y un alcalde indio, tras un largo litigio el español fue condenado a vivir en el barrio de la otra banda, esta casona ubicada en la calle de Primavera en el barrio de San Sebastián dentro de la declaración de patrimonio cultural de la humanidad, se ha transformado en un centro cultural inaugurado el 11 de septiembre de 1991.

2 En este centro se ofrece ahora una amplia gama de actividades artístico-culturales (teatro, cursos de verano y bailes de salón) así como de talleres de diversas disciplinas que cubren la demanda de la población de cualquier edad, en estos rubros, situándose con esto, como un referente para la comunidad artística y el público en general.

Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la demolición y mantenimiento en el centro cultural La Casa del Faldón, en el municipio de Querétaro.

Se anexa propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Obras de mejora y mantenimiento en el centro cultural La Casa del Faldón.

Municipio:Querétaro

Monto total:7 millones de pesos

Beneficiarios de la obra:Habitantes del municipio y visitantes

Justificación de la obra:Con esta obra se da el mantenimiento requerido a un edificio, considerado histórico en este municipio, se beneficia a la población proporcionando un espacio cultural con las condiciones requeridas para el aprovechamiento y mejor uso de estas instalaciones.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir módulos de vigilancia e información en Los Herreras, Apartadero y Parque Nacional Campo Alegre, en San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros.

2. El uso de sus suelos es principalmente ganadero, forestal y agrícola.

3. El municipio de San Joaquín es visitado por miles de personas debido a su gran variedad en flora, ya que cuenta con espacios de bosques que permiten la convivencia familiar.

4. También año con año, es sede del Concurso de Huapango más importante del país

5. El rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal permitirá promover al municipio.

6. La obra representa un beneficio para más de 2 500 habitantes.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción de módulos de vigilancia e información en las comunidades de Los Herreras, en el parque nacional Campo Alegre y en la comunidad de Apartadero del municipio de San Joaquín, en el estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra:Construcción de módulos de vigilancia e información en las comunidades de Los Herrera, Apartadero y en el parque nacional Campo Alegre.

Municipio:San Joaquín. Querétaro

Monto total:1,625,954.75 pesos

Beneficiarios de la obra:2500 personas

Justificación de la obra:Ofrecer a los visitantes a estos sitios, una estancia segura que les permita disfrutar la riqueza natural que estos poseen.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir drenaje integral en Tolimán, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Una petición reiterada de la sociedad, es contar con las condiciones de higiene adecuadas, que permita la  prevención de enfermedades, y el contar con la obra de drenaje integral ofrecerá a la población la posibilidad de evitar riesgos de la propagación de algunas enfermedades, no solo en este municipio, sino también en los municipios aledaños que se beneficiarán con dicha obra.

2. La utilización de esta infraestructura proporciona a este municipio, la posibilidad de satisfacer una de las necesidades primordiales para los asentamientos humanos.

3. La obra representa un beneficio social, tanto para los habitantes de esta comunidad, como para los de las comunidades aledañas.

4. La obra representa un beneficio para más de 5000 habitantes y  comunidades aledañas.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción de drenaje integral en la comunidades de Barrio de García, El Lindero, Nogales, Panales, La Puerta, Gudinos y La Estancia en el municipio de Tolimán, en el estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra:Construcción drenaje en siete comunidades..

Municipio:San Tolimán

Colector:28 millones de pesos

Subramales:22 millones de pesos

Monto total:50 millones de pesos

Beneficiarios de la obra:4 500 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra:Satisfacer una de las necesidades primarias, para la población de estas comunidades en materia de infraestructura.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar y rehabilitar un tramo de la carretera estatal Galeras-Tequisquiapan, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Tequisquiapan, es un municipio turístico  que se caracteriza por la hospitalidad de su gente, la tranquilidad en sus calles y cuenta con uno de los climas más agradables en el país.

2. Tener caminos accesibles y seguros permite promover a este centro turístico que cuenta con sitios  de interés para sus visitantes.

3. La rehabilitación de este tramo carretero  es un apoyo que impacta en la población que recibe directamente el apoyo, pero también se ven beneficiadas las personas que visitan el municipio, o bien que transitan a otros lugares turísticos o a otro tipo de destino.

4. Con la rehabilitación de este tramo carretera se benefician 250 000 personas.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a rehabilitación del tramo carretero Galeras-Tequisquiapan.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra:Rehabilitación de un tramo carretero de 31 kilómetros del entronque Galeras al entronque Tequisquiapan-Ezequiel Montes.

Municipio:Tequisquiapan

Monto total:75 millones pesos

Beneficiarios de la obra:250 000 habitantes

Justificación de la obra:La rehabilitación de este tramo carretero  es un apoyo que impacta en la población que recibe directamente el apoyo, pero también se ven beneficiadas las personas que visitan el municipio, o bien que transitan a otros lugares turísticos o bien a otro tipo de destino.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rescatar la imagen urbana de la cabecera municipal de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros.

2. El uso de sus suelos es principalmente ganadero, forestal y agrícola.

3. El municipio de San Joaquín es visitado por miles de personas debido a su gran variedad en flora, ya que cuenta con espacios de bosques que permiten la convivencia familiar.

4. También año con año, es sede del Concurso de Huapango más importante del país

5. El rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal permitirá promover al municipio.

6. La obra representa un beneficio para más de 2 500 habitantes.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados al rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal de San Joaquín, en el estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra:Rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal (rehabilitación de escalinatas, aplanados y pintura).

Municipio:San Joaquín, estado de Querétaro.

Monto total:4 millones de pesos.

Beneficiarios de la obra:2500 personas.

Justificación de la obra:Ofrecer a los visitantes, un espacio digno y dar al municipio la urbanización adecuada.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rescatar el mirador San Antonio, en San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros.

2. El uso de sus suelos es principalmente ganadero, forestal y agrícola.

3. El municipio de San Joaquín es visitado por miles de personas debido a su gran variedad en flora, ya que cuenta con espacios de bosques que permiten la convivencia familiar.

4. También año con año, es sede del Concurso de Huapango más importante del país

5. El rescate de la imagen urbana de la cabecera municipal permitirá promover al municipio.

6. La obra representa un beneficio para más de 2 600 habitantes.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados al rescate del mirador San Antonio, en la comunidad del mismo nombre en el municipio de San Joaquín, en el estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Rescate del Mirador de San Antonio en la comunidad dek mismo nombre”

Municipio: San Joaquín

Monto total: 603 mil 252.86 pesos

Beneficiarios de la obra: 260 personas

Justificación de la obra: Tener espacios dignos que permitan promover al municipio como punto de visita para los turistas.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir muros de contención en los caminos a Nuevo San Joaquín, San Francisco Gatos, La Zarza y Somerial, en San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros.

2. El uso de sus suelos es principalmente ganadero, forestal y agrícola.

3. Tener caminos accesibles y seguros es una petición reiterada de la población. Por la orografía del municipio, se requieren de obras que cumplan con la adecuación, y modernización de caminos, que permita a las habitantes de las comunidades aledañas y a los propios pobladores, de este municipio, un tránsito seguro.

5. La obra representa un beneficio para más de 2 600 habitantes, así como a los habitantes de municipios aledaños y a quienes recorran el estado.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción de muros de contención en los caminos a las comunidades de Nuevo San Joaquín, San Francisco Gatos, La Zarza y Someral, del municipio de San Joaquín, en el estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Muros de contención

Municipio: San Joaquín

Cabecera municipal (50 muros): 3,000,000.00 pesos

Nuevo San Joaquín: 356,715.18 pesos

San Francisco Gatos: 933,941.61 pesos

La Zarza y Somerial: 933,941.61 pesos

Monto total: 5,224,598.40 pesos

Beneficiarios de la obra: 2 600 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra: Tener caminos seguros y accesibles para la población que les permitan movilizarse de una comunidad a otra.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras en el Museo de la Ciudad en Santiago de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El ex convento de San José de Gracia de Pobres Capuchinas, es la sede del Museo de la Ciudad.

2. La fachada es clasicista, el campanario fue demolido hace años, conservándose únicamente su basamento circundado en las alturas por un barandal de fierro.

3 Este inmueble sirvió muchos años de cuartel, por lo que sus bienes muebles fueron completamente arrasados, incluidas las rejas de sus coros, que sin duda, debieron ser obras de arte de la herrería queretana; sin embargo, en la iglesia se conservan algunos tesoros -pinturas y esculturas.

4. La administración municipal 1994-1997 inició la elaboración de un proyecto rescate y reconstrucción del ex convento de Capuchinas para dedicarlo a museo.

5. En la actualidad es un espacio cultural y de arte que cuenta con muy diferentes muestras que permiten apreciar la historia de la ciudad de Santiago de Querétaro, transportándolo a través del tiempo. Las salas de exposiciones muestran constantes tendencias del arte y cultura contemporánea.

6. Actualmente se presentan exposiciones de alto nivel artístico, cine club, cursos talleres, danza, exposiciones, teatro, etcétera.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a obras en el Museo de la Ciudad en Santiago de Querétaro, municipio de Querétaro, Querétaro.

Se anexa propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Obras en el Museo de la Ciudad en la ciudad de Santiago de Querétaro.

Municipio:Querétaro

Monto total:4 millones de pesos

Beneficiarios de la obra:Habitantes del municipio y visitantes

Justificación de la obra:Obras para mejorar este inmueble y  preservación de un edificio histórico que sirve para la promoción cultural.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el paseo Pirineos, en el municipio de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La modernización de vialidades urbanas impactará en la población que recibe directamente el apoyo, pues posibilita desplazarse de una manera más segura, lo que permitirá disminuir considerablemente el índice de accidentes.

2. Tener vías de comunicación que permitan tener mayor fluidez al tránsito en la zona  norte de Loma Bonita.

3.- Con la descentralización vial del sector Loma Bonita y 12 colonias más, se disminuirá el conflicto vehicular en avenida De la Luz y la salida a Mompaní.

4. La obra representa un beneficio para más de 200 mil habitantes.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción del Paseo Pirineos en el municipio de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Obra Paseo Pirineos desde Cerro del Tambor hasta el Camino a Mompaní.

Municipio:Querétaro

Etapa IConstrucción de un Puente vehicular para conectar Av. Cerro del Tambor con Av. Revolución:8,500,000.00

Etapa II.Construcción de vialidad a tres carriles en ambos cuerpos, fresado y repavimentación: 20,000,000.00

Etapa III.Parque lineal en camellón (Construcción de jardines y andadores, área de juegos infantiles, ciclopista, iluminación y espacios de esparcimiento): 27,000,000.00

Monto total:55,500,000.00

Beneficiarios de la obra:200 mil habitantes

Justificación de la obra:Reducirá el tráfico en horas pico, desahogo vehicular de avenida La Luz en la zona norte de Loma Bonita, reduciendo los accidentes viales generando flujo vehicular.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una planta de tratamiento de aguas negras y drenaje en San José Carrizal, de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Una petición reiterada de la sociedad, es contar con las condiciones de higiene adecuadas, que permita la  prevención de enfermedades, y el contar con una planta de tratamiento de aguas negras ofrecerá a la población la posibilidad de evitar riesgos de la propagación de algunas enfermedades, no sólo en este municipio, sino también en los municipios aledaños que se beneficiarán con dicha obra.

2. La utilización de esta infraestructura proporciona a este municipio, el manejo adecuado de las aguas negras.

3. La obra representa un beneficio social, tanto para los habitantes de esta comunidad, como para los de las comunidades aledañas.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la construcción de planta de tratamiento de aguas negras y drenaje en su primera etapa en la comunidad de San José Carrizal en el municipio de San Joaquín.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Construcción de planta de tratamiento de aguas negras y drenaje en su primera etapa.

Municipio:San Joaquín

Monto total:4, 030, 507, 53 pesos

Beneficiarios de la obra:2 500 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra:Ofrece la posibilidad de un manejo adecuado de las aguas negras.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar caminos rurales en San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros, lo que hace el tránsito en estos caminos altamente riesgoso.

2. Tener caminos accesibles y seguros es una petición reiterada de la población. Por la orografía del municipio, se requieren de obras que cumplan con la adecuación, y modernización de caminos, que permita a los habitantes de las comunidades aledañas y a los propios pobladores, de este municipio, un tránsito seguro.

3. La obra representa un beneficio para más de 2600 habitantes y comunidades aledañas.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la modernización del camino rural Ovejas-Apartadero en el municipio de San Joaquín, estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Modernización y ampliación de camino rural Herradura-Santa Ana

Municipio:San Joaquín

Monto total:4, 030, 507, 53 pesos

Beneficiarios de la obra:2600 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra:Contar con caminos con la infraestructura moderna y segura que permita a la población del municipio y comunidades aledañas que les permite movilizarse de manera segura.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rescatar y reconstruir el Teatro de la Ciudad en Santiago de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La administración municipal 1994-1997 inició el rescate y reconstrucción del cine teatro Alameda, a fin de transformarlo en el Teatro de la Ciudad, en 1996 se logra este propósito y se reconoce el valor histórico de tan preciado edificio.

2. Querétaro necesita de espacios culturales de arraigo popular, cuenta con una inmensa riqueza de cultura popular urbana, sus celebraciones, sus leyendas, personajes, lo que nos hablan de la relación de la comunidad con su entorno. La población queretana constituye el mayor patrimonio cultural, con ello sus actividades y tradiciones.

3. El proyecto contempla la rehabilitación del espacio del teatro original, restableciendo la decoración existente mediante la aplicación de materiales y técnicas modernas sin la perdida de su esencia, recreando las cualidades originales de 1946 en un área de mil 905 metros cuadrados

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados al rescate y reconstrucción del Teatro de la Ciudad, en Santiago de Querétaro, en el municipio de Querétaro, Querétaro.

Se anexa propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Rescate y reconstrucción del Teatro de la Ciudad en la ciudad de Santiago de Querétaro.

Municipio:Querétaro

Monto total:40, 763,076.61

Beneficiarios de la obra:Habitantes del municipio y visitantes

Justificación de la obra:Reconstrucción y habilitación de este inmueble y  preservación de un edificio histórico que sirve para la promoción cultural.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a cimentación, techado, alumbrado, gradas, área de sanitarios y cafetería para canchas públicas de basquetbol en la cabecera municipal de San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros. El uso de sus suelos es  principalmente  ganadero, forestal y agrícola.

2. Una demanda reiterada de la población, es fomentar en los jóvenes actividades que conlleven a la prevención de la salud a través de la práctica de deportes o de la sana recreación, para lo que se requieren espacios que a la vez sirvan también como centros de reunión, no sólo de estos sino también de toda la comunidad.

3. Las actividades que los habitantes de este municipio, realizan en sus jornadas cotidianas, no les permite la práctica de diversos deportes en los horarios convencionales, por lo que la iluminación, techado y alumbrado en las instalaciones de los centros deportivos, ofrece la infraestructura que proporciona mayor seguridad y facilidades para el fomento a la convivencia y recreación.

4. La obra representa un beneficio para más de 2 600 habitantes y sus comunidades aledañas.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la cimentación, techado, alumbrado, gradas, área de sanitarios y cafetería para canchas públicas de básquetbol en la cabecera municipal de  San Joaquín.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Cimentación, techado, alumbrado, gradas, áreas de sanitarios y cafetería para  de canchas públicas de básquet bol en la cabecera municipal (a un costado de la escuela primaria Benito Juárez)

Municipio:San Joaquín

Monto total:2, 569,012.69

Beneficiarios de la obra:250 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra:Ofrecer a los pobladores, las condiciones óptimas para que se practiquen las actividades deportivas y culturales, en instalaciones que cuenten con la infraestructura necesaria.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la cimentación y el techado de canchas de usos múltiples en La Soledad, Santa María de Álamos, La Zarza y Somerial, San José Catiteo y El Durazno, en San Joaquín, Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de San Joaquín se encuentra ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro la cual se caracteriza por tener un relieve montañoso. Posee elevaciones que alcanzan los 2680 metros de altura y cañones profundos de hasta 700 metros. El uso de sus suelos es principalmente  ganadero, forestal y agrícola.

2. Una demanda reiterada de la población, es fomentar en los jóvenes actividades que conlleven a la prevención de la salud a través de la práctica de deportes o de la sana recreación, para lo que se requieren espacios que a la vez sirvan también como centros de reunión, no sólo de estos sino también de toda la comunidad.

3. La obra representa un beneficio para más de 1 200  habitantes y sus comunidades.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos destinados a la cimentación y techado de canchas de usos múltiples en las comunidades de La Soledad, Santa María de Álamos, La Zarza y Someral, San José Catiteo (El Tejocote) y El Durazno, en el municipio de San Joaquín, estado de Querétaro.

Se anexa proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

«Anexo

Proyecto de inversión PEF 2011

Proyecto de obra: Cimentación y techado de canchas de usos múltiples en comunidades.

Municipio:San Joaquín

La Soledad:766,371.12 pesos

Santa María de Álamos:1, 301, 466.49  pesos

La Zarza y Somerial:874,017.80 pesos

San José Catiteo (El Tejocote):974, 736.98  pesos

El Durazno:974,736.98  pesos

Monto total:4,891,335.37

Beneficiarios de la obra:1 200 habitantes y comunidades aledañas

Justificación de la obra:Tener espacios adecuados que permitan a la población realizar actividades deportivas y culturales, en especial para los jóvenes.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos destinados al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con la finalidad de que se construyan unidades habitacionales en beneficio del personal militar y de sus familiares derechohabientes al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los objetivos que contempla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 consiste en recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado. Asimismo, el PND define a la protección civil y a la atención de desastres, como una política prioritaria del desarrollo nacional.

Con ese propósito se han fortalecido las instituciones encargadas de la seguridad en el país mediante la aplicación de 50 mil exámenes de control de confianza entre el personal de las dependencias federales vinculadas a la seguridad y el incremento del sueldo de tropa y marinería en 80 por ciento. Asimismo, se ha robustecido el Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo inmediato y meta superior es el auxilio de la población en casos de emergencia.

En ambas acciones participan las instituciones armadas, las cuales tienen dentro de sus misiones generales garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxiliar a las personas y sus bienes, así como reconstruir las zonas afectadas.

Por las funciones tan esenciales que ejercen los militares (miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México), es necesario que el Estado asegure la eficacia de su actuar para atender las afectaciones a la seguridad interior y garantizar la plena vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos.

En este sentido, resulta imprescindible señalar que no basta con emplear elementos humanos capacitados para llevar a cabo dichas tareas, sino contar con los recursos materiales que permitan a la Fuerza Armada Permanente tener una mayor presencia en el territorio nacional.

Aunque esto no escapa a las disposiciones contenidas en las normas vigentes, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal no sólo para ampliar el estado de fuerza sino para proporcionar las prestaciones que en materia de seguridad social contempla la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre las que se encuentra la ocupación temporal de casas y departamentos, mediante cuotas de recuperación.

La mencionada ley establece en su capítulo cuarto (Vivienda y otras Prestaciones) que, a fin de atender las necesidades de habitación familiar del militar, el ISSFAM debe “construir unidades habitacionales en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas, para ser ocupadas temporalmente mediante cuotas de recuperación, por personal de generales, jefes, oficiales y tropa y sus equivalentes en la Armada de México en servicio activo”.

Cabe señalar que esta prestación no queda a cargo del estado únicamente, pues la citada ley establece que los militares que ocupen temporalmente las casas del Instituto se encuentran obligados a pagar mensualmente un porcentaje del total de las percepciones que obtengan en la pagaduría de su adscripción, el cual es fijado por la Junta Directiva y revisado cada dos años para su actualización.

Del producto del porcentaje descontado se aplica un 50 por ciento a la amortización del capital invertido en la construcción de las unidades habitacionales y el otro 50 por ciento para gastos de conservación, mantenimiento y administración de las unidades habitacionales, lo que reduce el costo de inversión.

Así, la creación de nuevas unidades habitacionales no sólo permitirá que los militares estén próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas para eficientar sus labores, sino que también elevará su moral y calidad de vida al poder vivir junto con sus familiares derechohabientes mientras se encuentran en servicio.

Dichas unidades, en términos de lo dispuesto por la referida ley, deberán contar con centros de servicios económicos tales como lavandería, planchado, costura, peluquería y baños, entre otros, atendiendo al número y necesidades de sus habitantes.

A pesar de estas necesidades, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal no se contemplan recursos para gastos de inversión dentro del ramo 19 (Aportaciones a seguridad social).

Actualmente, el ISSFAM cuenta con 224 unidades habitacionales para beneficio de la Secretaría de la Defensa Nacional y 36 para la Armada de México, lo que hace un total de 260 unidades habitacionales con una disponibilidad de 12 mil 326 viviendas. Sin embargo, esto es insuficiente considerando que la Sedena tiene una necesidad real aproximada de 75,000 viviendas.

En otras palabras, las unidades habitacionales existentes para la Sedena representa una atención del 13.89 por ciento y un déficit de 64 mil 585 viviendas (86.11 por ciento); mientras que la Semar tiene una necesidad aproximada de 21 mil 317 viviendas, lo que representa un porcentaje atendido del 8.85 por ciento y un déficit de 19,431 viviendas (91.15 por ciento).

Esta problemática se origina por la limitación de recursos que padece el ISSFAM, ya que el gobierno federal le destina el equivalente a un 15 por ciento de los haberes, haberes de retiro y de las pensiones, para satisfacer las prestaciones que, conforme a la ley, debe otorgar el instituto. Por esta razón, para abatir el rezago de manera paulatina sería conveniente disponer de un presupuesto específico para la construcción de casa-habitación, adicional al porcentaje antes aludido.

Para dimensionar la magnitud de esta necesidad, se debe considerar que el costo aproximado de una casa unifamiliar destinada al personal de generales y comandantes de unidad (de 200 metros cuadrados) es de 1 millón 300 mil pesos; mientras que un edificio multifamiliar con 12 departamentos (de 120 metros cuadrados), que se destina para la vivienda del personal de jefes, oficiales y tropa, tiene un costo aproximado de 10 millones de pesos, incluyendo en ambos casos las obras de urbanización y áreas comunes.

Con base en estas consideraciones, es fundamental que se destinen al ISSFAM recursos que asciendan a la cantidad de 4 mil 957.5 millones de pesos, a fin de que lleve a cabo la construcción de 5 mil 929 viviendas (4 mil 736 para la Sedena y 1,193 para la Semar) y así abatir el rezago, tomando en consideración que, para cumplir con sus misiones y sostener a sus tropas, las Fuerzas Armadas sólo cuentan con los recursos que el Presupuesto de Egresos de la Federación les asigna.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos destinados al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con la finalidad de que se construyan unidades habitacionales en beneficio del personal militar y de sus familiares derechohabientes.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se establezca un fondo para la prevención de desastres en Tabasco y Chiapas que permita financiar estudios, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, dirigidas a reducir los riesgos de desastres, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los diputados de Chiapas de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, un fondo para la prevención de desastres en Tabasco y Chiapas, a fin de financiar estudios, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, dirigidas a la reducción de los riesgos de desastres, en un esquema de coordinación en su aplicación, fomentando la participación de los sectores social y privado en inversiones específicas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

Con beneplácito y muy especial interés por la relevancia para Chiapas y Tabasco, en el tema que expondré a continuación:

Los desastres que se han presentado en los últimos años y los especialistas en la materia nos indican que conviene más invertir en estudios, proyectos, acciones y obras preventivas de infraestructura que requieren las regiones de nuestro país más vulnerables, que destinar recursos multimillonarios a la reconstrucción de los daños de la infraestructura cuyo perjuicio pudo haberse evitado.

Una de las demandas sociales sobre el financiamiento en la ejecución de obras de infraestructura y su equipamiento para la reducción de riesgos de desastres, ha sido la necesidad de recursos, para aplicarlos en obras para las zonas de más alto riesgo.

En el marco del Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, anualmente se publican las Estadísticas del agua en México, con información proveniente de las diversas áreas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su edición 2010, señala que la precipitación pluvial normal mensual por entidad federativa, en el periodo 1971-2000, los estados con las cifras más altas son Tabasco y Chiapas con un promedio anual de 2 mil 95 milímetros y mil 768, respectivamente. La precipitación normal en el país durante el mismo periodo fue de poco más de 750 milímetros anuales, lo que evidencia la variación de la precipitación a escala regional.

En Chiapas, durante la actual temporada de lluvias y ciclones de 2010, se han registrado laminas puntuales de precipitación superiores a los 4 mil milímetros, adicionalmente, durante el mes de septiembre la precipitación mas alta en el país ocurrió en el municipio de Pijijiapan del estado de Chiapas, donde se precipitaron mas de 500 milímetros en 36 horas, lo cual excedió la cifra registrada en 2005 durante el ciclón Stan en la misma región.

Indica la Conagua que, por ejemplo en Tabasco, la entidad que recibe la mayor cantidad de lluvia, la precipitación durante dicho periodo fue 13 veces mayor que en Baja California Sur, la entidad más seca.

En un análisis de los desastres, la institución en comento encuentra que, mientras más de 60 por ciento del daño total reportado ocurre en países desarrollados, los daños estimados como porcentajes del PIB son significativamente mayores en países subdesarrollados. En el periodo 1970-2006, 95 por ciento de los decesos ocasionados por desastres, ocurrieron en países de ingresos bajos y medio-bajos. Compensando por el tamaño de la población, esto arrojaría el resultado de que las personas en países de bajos ingresos tienen veinte veces mayores probabilidades de morir de riesgos naturales que las personas en países de altos ingresos.

Se reconoce que en Chiapas, junto con otros estados del sureste de México, derivado de su condición geográfica, constituyen las regiones de mayor peligro por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos; lo anterior, en atención a que en el primero derivado, a la ocurrencia puntual de los sistemas ciclónicos y de baja presión, han conllevado a un régimen de precipitación promedio por arriba de mil 200 milímetros, y con relación al segundo, particularmente en Chiapas, convergen las placas tectónicas de Cocos, el Caribe y la Norteamericana, así como los volcanes Tacana y Chichonal.

En estos últimos años, en Tabasco y Chiapas hemos tenido graves afectaciones derivadas de las extremas condiciones climáticas, ocasionando lamentables pérdidas humanas, productivas, de viviendas y de infraestructura básica y de comunicaciones.

En 2005, en Chiapas, el gobierno del estado reportó en su momento que la presencia del huracán Stan ocasionó la muerte de 82 personas y daños calculados por 13 mil millones de pesos. Posteriormente, otros fenómenos naturales arrojaron en 2007 daños por 2 mil 300 millones de pesos y en 2008 por mil 500 millones de pesos.

Recientemente, las intensas lluvias que se han presentado en el estado a consecuencia del paso de la tormenta tropical Matthew, ha dejado afectaciones en varias partes de la entidad, registrándose derrumbes en los tramos carreteros Temo-Yajalon, Chilón-Catazaja, Morelitos-Edén (localidad de Bachajon), Palenque-Agua Azul, Comitán-Ciudad Cuauhtémoc, Concordia-Nuevo Paraíso, Lagos Montebello-Maravilla Tenejapa, Pichucalco-Escopetazo (2), Ocozocoautla-Tapanatepec, Chilchihuitan-Pantelho, Guaquitepec-San Marcos (municipio de Sitala), Simojovel-Ejido Castillo Tielmans, Simojovel-Pueblo Nuevo y Pueblo Nuevo-Jitototl. Posteriormente, la madrugada del miércoles 29 de septiembre de este año, se presentó el desgajamiento de un cerro que afectó a viviendas en la comunidad de Reforma y Planada, Amatán, lo que dejó un saldo de 16 personas fallecidas, 4 desaparecidos y 12 lesionados. Un total de 22 municipios resultaron afectados.

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió mediante boletín la declaratoria de desastre natural para 35 municipios de Chiapas.

En Tabasco, por ejemplo, el impacto económico de la inundación de 2007, no fue de 16 mil millones de pesos como se estimaba, sino de 32 mil millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o de 40 mil millones, según cifras estimadas por el gobierno del estado, el cual representó 30 por ciento de su PIB.

Si tomamos en cuenta que la precipitación normal del país en el periodo de 1971-2008 fue de 760 milímetros y que la región hidrológico-administrativo Frontera Sur fue de mil 846.5, podemos medir la magnitud de las necesidad para esta región del país (la más alta de las regiones a escala nacional).

En consecuencia, resulta imperativo orientar recursos suficientes para llevar a cabo acciones de reducción de estos riesgos, que generen acciones inmediatas en beneficio de la sociedad.

Actualmente, se cuentan a nivel federal con el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales y el Fideicomiso Preventivo, los cuales, derivado de la dinámica de la sociedad y los efectos de los fenómenos perturbadores, se encuentran rebasados en su conceptuación como en su operación, ya que de conformidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Acuerdos de Hyogo, Japón (2005-2015), se establece que los desastres son socialmente construidos, por lo que es imperante el esfuerzo en el aumento de la resiliencia de las naciones y comunidades ante desastres. En este sentido, los instrumentos financieros deben tener un sentido en la reducción y mitigación de los riesgos de desastres.

En concordancia con el extracto del informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres:

Las pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento, acarreando graves consecuencias para la supervivencia, la dignidad y los medios de vida de los seres humanos, en particular los pobres, y para el desarrollo logrado a costa de mucho esfuerzo. El riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial cuyo impacto y acción en una región pueden repercutir en los riesgos de otra, y viceversa. Ello, sumado a la vulnerabilidad exacerbada por la evolución de las condiciones demográficas, tecnológicas y socioeconómicas, la urbanización sin plan, el desarrollo en zonas de alto riesgo, el subdesarrollo, la degradación del ambiente, la variabilidad del clima, el cambio climático, las amenazas geológicas, la competencia por los recursos escasos y el impacto de epidemias como la del VIH/sida, presagia un futuro de amenaza creciente de los desastres para la economía mundial, la población del planeta y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. En las dos últimas décadas, más de 200 millones de personas se han visto afectadas en promedio cada año por desastres.

...

Los fenómenos de origen hidrometeorológico constituyen la gran mayoría de los desastres.

...

El desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, el bueno gobierno y la reducción de los riesgos de desastre son objetivos que se refuerzan mutuamente. Para poder hacer frente a los desafíos, es preciso redoblar los esfuerzos por dotar a las comunidades y los países de la capacidad necesaria para controlar el riesgo y reducirlo. Este enfoque se ha de considerar un elemento importante para el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los de la Declaración del Milenio.

En Tabasco y Chiapas hay cuerpos de agua, ríos o corrientes superficiales en prácticamente la totalidad del territorio.

De las regiones hidrológicas de los estados, la región Grijalva-Usumacinta es la más grande, con 85.5 por ciento del territorio chiapaneco y 29.3 del tabasqueño. Esta condición natural aunado a las intensas precipitaciones, genera una inevitable preocupación por realizar estudios, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su para la protección de la población.

Propuesta concreta

No cabe la menor duda de que requerimos enfoques que miren al país en el largo plazo... es imperativo plantear el fortalecimiento de la prevención de desastres en nuestro país... y con dificultad podremos avanzar en este sentido si no privilegiamos el presupuesto a la inversión en proyectos que disminuyan el riesgo por desastres naturales.

Las graves afectaciones de las extremas condiciones climáticas, que ocasionaron lamentables pérdidas humanas, productivas, de viviendas y de infraestructura básica y de comunicaciones, apremian la actualización de un marco jurídico financiero, con un diseño de fortalecimiento de la cultura en la prevención de desastres en Tabasco y Chiapas... ávidos de un sistema concurrente de administración integral de recursos, en que se evalúen permanentemente políticas públicas que involucren las diferentes unidades en una dinámica constante en la implantación de estudios, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, acorde con las necesidades básicas de las poblaciones en riesgo, desde luego mediante un esquema participativo, incluyente y coordinado: factor estratégico para el desarrollo equitativo y sustentable que demanda el país.

El establecimiento de una política pública enmarcada en el manejo integral de riesgos de desastres, permeada hacia las comunidades, es un eje transversal para impulsar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que al identificar y reducir de manera anticipada los riesgos, se pueden evitar las afectaciones causadas por los fenómenos naturales y por ende impulsar el desarrollo, que en caso contrario, ante escenarios de afectaciones graves y extensas, se hubiese causado una interrupción del desarrollo o en el peor de los casos un retroceso en el mismo, ocasionado que los recursos que se aplicaban a mejorar las condiciones de vida de las comunidades ahora sean redireccionados a la reconstrucción de infraestructura y recuperación económica y social.

Si bien se han elaborado diversas estimaciones sobre el impacto económico de los fenómenos meteorológicos, tanto de gobiernos e instituciones a nivel internacional, éste en la realidad es incalculable, porque la autoridad pudiera realizar una estimación aproximada sobre los recursos utilizados en la atención de la emergencia o en las obras y acciones de reconstrucción, sin embargo, difícilmente con dificultad se pueden calcular los verdaderos daños a los sectores social y productivo.

Con base en lo expuesto, planteamos la necesidad de crear un fondo en el ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, con objeto de contar con los recursos necesarios para agilizar la realización de acciones y obras de protección que requieren Chiapas y Tabasco ante las recurrentes inundaciones y deslaves.

“El ramo 23 tiene el propósito de integrar y administrar las asignaciones destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del gobierno federal, especialmente atender los compromisos que no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuyo ejercicio sólo es posible a través de éste.

”Adicionalmente, constituye un instrumento del gobierno federal para atender las funciones relativas al control presupuestario en el marco de finanzas públicas que las leyes atribuyen al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”

Derivado de las condiciones climatológicas que se han señalado, y de la importancia de fortalecer la cultura de prevención en los Estados que reciben la mayor cantidad de precipitación pluvial a nivel nacional, proponemos la creación del fondo para la prevención de riesgos de desastres en Tabasco y Chiapas, orientado a la inversión en proyectos que disminuyan el riesgo de afectación a la población y aminoren los costos de reconstrucción de la infraestructura.

Los recursos destinados específicamente a los objetivos de reducción de los riesgos, ya sea a nivel nacional o regional, privilegian las considerables posibilidades que existen de aumentar la eficacia de las actividades de disminución de los riesgos.

Por ello, este instrumento financiero innovador, permitirá desarrollar obras importantes para el desarrollo de la infraestructura, contemplará el financiamiento integral para todas aquellas acciones dirigidas a la reducción de los riesgos de desastres, entre otras:

• Obras y acciones de reducción de riesgos (bordos de protección, muros de gavión, presas de control de ríos, drenaje pluvial, desazolves de ríos, estabilización de laderas, sistemas de alerta temprana, entre otros).

• Acciones de mitigación (reubicación de centros de población, capacitación y difusión de acciones en materia de protección civil, y otras).

• Recuperación social, económica, ambiental e infraestructura, dañada por un evento adverso.

• Integración de proyectos ejecutivos dirigidos para acciones en materia de protección civil.

• Financiamiento para la atención de urgencias y fortalecimiento de las unidades estatales de protección civil.

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio de este documento, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, el fondo para la prevención de desastres en Tabasco y Chiapas, que permita financiar estudios, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, dirigidas a la reducción de los riesgos de desastres.

Notas:

1 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/EAM2010.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 http://www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx/nSite/Prensa/index.php?action=11& id=371

5 http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20100930035213

6 http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2&nIdPanel=33 &nIdFooter=22

7 http://www.conagua.gob.mx/atlas/atlas.html?seccion=0&mapa=0#

8 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.

9 Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-spanish.pdf

10 http://www.diputados.gob.mx/pef2005/temas/expo_motivos/23rg. pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputados: Ovidio Cortazar Ramos, Roberto Gil Zuarth, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Gloria Trinidad Luna Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo, Carlos Martínez Martínez, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Ariel Gómez León, Olga Luz Espinoza Morales, Luis Hernández Cruz, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Federico Ovalle Vaquera, Juan Carlos López Fernández, Roberto Armando Albores Gleason, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Sami David David, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, Hernán de Jesús Orantes López, César Augusto Santiago Ramírez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro Jiménez León (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la Sedena para crear 18 unidades de reacción especializadas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que hagan frente a la delincuencia organizada, suscrita por los diputados Adriana Fuentes Cortés y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, un incremento a la Secretaría de la Defensa Nacional de 10 mil millones de pesos, para crear 18 unidades de reacción especializadas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para hacerle frente a la delincuencia organizada.

Exposición de Motivos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene como misión defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior de país, dar auxilio a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Actualmente la Sedena cuenta con 12 regiones militares y 4 áreas distribuidas en el territorio nacional, asignándoles la responsabilidad de operación, instrucción militar, disciplina de las unidades, conservación de materiales, aeronaves, vehículos, instalaciones y demás bienes para cumplir sus misiones.

Cabe señalar que con el presupuesto asignado cada año, materializan sus operaciones de: adiestramiento, prestan auxilio a la población civil, dan apoyo a las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, aplican el Plan DN-III en rescate de las poblaciones que lo necesitan, imparten instrucción al personal del Servicio Militar Nacional, resguardan instalaciones estratégicas de su jurisdicción, aplican la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, combaten a la delincuencia organizada, entre otras actividades operativas, logísticas y administrativas.

En los últimos años las actividades orientadas al apoyo de la población civil, se han visto incrementadas debido a la mayor intensidad en la que los fenómenos naturales que afectan a la sociedad se han presentado, lo que exige al personal militar, incrementar la capacidad de respuesta ante una situación de desastre, como en los casos de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, entre otros.

Asimismo, en el combate a la delincuencia organizada, el Ejército ha tenido que ampliar el despliegue de unidades, sobre todo en zonas donde se registran altos índices de violencia, así como ampliar el número de operaciones para hacer frente a esta problemática que se está presentando en el país.

Es importante mencionar que los mandos militares tienen un exceso de carga de trabajo, que disminuye el desarrollo de cada una de las actividades dentro de su jurisdicción, provocando una alta rotación entre el personal de las fuerzas armadas con la necesidad de apoyar a las zonas de conflicto, con efectivos de otras plazas, demandando un mayor esfuerzo logístico, y un desgaste moral y físico, así como excesos de gasto de operación por el desplazamiento de aproximadamente 45 mil efectivos cada tres meses a los estados con mayor incidencia.

Por lo que consideramos prioritario crear 18 unidades de reacción especializadas para el combate a la delincuencia organizada del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Estas unidades de nueva creación tendrán la característica de ser móviles, dotadas con el equipo adecuado para operaciones urbanas, altamente especializadas en el combate contra la delincuencia organizada, esto con el fin de realizar operaciones contundentes con resultados tangibles a corto y largo plazo.

Además de que contarán con un alto grado de adiestramiento y armamento ligero pero eficaz en cada maniobra realizada, lo que les permitirá enfrentar con mayor preparación los diversos escenarios que se les presenten, bajo la premisa de un estricto respeto a los derechos humanos, contando con capacidades de inteligencia, ya que es necesario contener los embates de la delincuencia en contra de la sociedad civil.

Los estados en donde se requiere de mayor presencia militar son Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Durango, Jalisco, Nayarit, y Zacatecas, con capacidad de reacción a los estados colindantes en caso de ser necesario.

En este orden de ideas, la creación de las unidades tendría dos impactos sustanciales, el primero sería acotar las actividades del crimen organizado, con una eficiente capacidad de respuesta, y segundo, una regularización de las funciones que constitucionalmente tiene asignadas, las cuales se han visto afectadas en años recientes.

Por lo que le solicitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, incremente a la Sedena 10 mil millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, para crear 18 unidades de reacción del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, especializadas en el combate contra la delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, un incremento a la Secretaría de la Defensa Nacional de 10 mil millones de pesos, para crear 18 unidades de reacción del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, especializadas en el combate a la delincuencia organizada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputados: Adriana Fuentes Cortés, Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentar caminos y tramos carreteros en Xicoténcatl, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considere para el PEF 2011, la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de distintos caminos y tramos carreteros en diversas localidades del municipio de Xicotencatl, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico.

Del total de las carreteras pavimentadas, las entidades federativas ubicadas en el centro del territorio nacional1 concentran 25 mil 058 kilómetros de longitud, cifra correspondiente a casi 20.7 por ciento del total de la red. Cabe señalar que toda la extensión carretera del Distrito Federal (149 kilómetros) se encuentra pavimentada, siendo la única entidad con tal característica.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

No obstante, la red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país. Entre los problemas que presenta se encuentran:

• México contaba con una longitud de red de carreteras de 352 mil kilómetros, de los cuales únicamente 34.46 por ciento correspondía a las vías pavimentadas. Predominan las vías en malas condiciones.

• El desarrollo de la red carretera no ha sido equilibrado. El centro del país concentra a un gran porcentaje de las vías en mejores condiciones. En contraste, en el sur de la república, particularmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sólo 20 por ciento de las carreteras se encuentra pavimentado.

Este es precisamente el caso del municipio de Xicotencatl, Tamaulipas, cuya ubicación geográfica representa una alta importancia, ya que comunica la costa del Golfo de México, así como el hecho de que es vía de paso para todos los transportes terrestres que se dirigen al norte del estado de Tamaulipas, en específico a Ciudad Victoria, y a la frontera con Estados Unidos.

En este sentido, se tiene conocimiento que el ayuntamiento de Xicotencatl, Tamaulipas cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la pavimentación de concreto hidráulico en la cabecera municipal y colonias del municipio que brindarían atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquella región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de una adecuada transportación de personas y mercancías.

Dicho proyecto ejecutivo contempla, la pavimentación de concreto hidráulico en la cabecera municipal y la pavimentación integral en distintas colonias del municipio con un costo aproximado de alrededor de $13,000,000.00 (trece millones de pesos m.n.), motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando los elevados índices de transporte de mercancías y personas que se llevan a cabo con motivo de las operaciones de comercio exterior.

Es en esta tesitura y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestra red carretera con el objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello, la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de distintos caminos y tramos carreteros en diversas localidades del municipio de Xicotencatl, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la pavimentación asfáltica en Nuevo Morelos, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos para la pavimentación asfáltica en diversas localidades del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ésta.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

No obstante, la red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país.

Entre los problemas que presenta la red carretera en México están que de una longitud de red de carreteras de 325 mil kilómetros, únicamente 34.46 por ciento correspondía a vías pavimentadas, predominando las vías en malas condiciones y asimismo el desarrollo de la red carretera no ha sido equilibrado, ya que el centro del país concentra a un gran porcentaje de vías en mejores condiciones.

Este es precisamente el caso del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, situado en el sur del estado. Su ubicación geográfica representa una alta importancia, ya que comunica a los estados de San Luís Potosi y Veracruz, dada su colindancia y es vía de paso para los transportes terrestres que se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos de América.

El municipio de Nuevo Morelos ofrece una comunicación vía terrestre con transportes colectivos con alta incidencia de accidentes, ya que las vialidades se caracterizan por su innumerable cantidad de baches y topes, que se han ido incrementando por la presencia de lluvias y del paso de transportes pesados.

La pavimentación, reencarpetamiento y bacheo de calles y avenidas, permitirá garantizar a la población en general, la existencia de calles y avenidas por las que se transite fácilmente para dirigirse a centros de trabajo, educativos, comerciales, deportivos o los de otros prestadores de bienes y servicios.

En este sentido, se tiene conocimiento que el ayuntamiento del multicitado municipio cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la pavimentación de diversas localidades del municipio, lo que brindaría atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquella región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de una adecuada transportación de personas y mercancías.

Dicho proyecto ejecutivo considera la pavimentación de avenidas con un costo aproximado de alrededor de 14 millones de pesos, motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando los elevados índices de transporte de mercancías y personas que se llevan a cabo con motivo de las operaciones de comercio exterior.

Es en esta tesitura y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tienen que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestra red carretera con el objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello, la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de diversas localidades del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el reencarpetamiento y bacheo de avenidas en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 la suficiente asignación de recursos para el reencarpetado y bacheo de avenidas en Tampico, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso de la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable generar condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ella.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Los sectores público y privado desempeñan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno deben buscarse opciones para lograr la colaboración del sector privado, de tal manera que se convierta en parte activa en el desarro-llo de obras y servicios públicos.

Una de las características relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como las zonas con potencial turístico.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, pues eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

No obstante, la red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno de esquemas internacionales, y se eleven la productividad y competitividad del país.

Entre los problemas que presenta la red carretera en México están que de una longitud de red de carreteras de 325 mil kilómetros, únicamente 34.46 por ciento correspondía a vías pavimentadas; predominan las vías en malas condiciones. El desarrollo de la red carretera no ha sido equilibrado, pues el centro del país aglutina gran porcentaje de vías en mejores condiciones.

Éste es precisamente el caso de Tampico, Tamaulipas, ciudad y puerto del noreste de México que forma parte de las zonas metropolitanas del país, constituida por la conurbación de Altamira y Ciudad Madero, Tamaulipas; y, por otra parte, por Pánuco y Pueblo Viejo, Veracruz.

La parte de conurbación de Veracruz se conecta con Tamaulipas por medio de los puentes El Moralillo y Tampico, este último considerado un elemento crucial en el círculo de comunicación en torno del Golfo.

Su ubicación geográfica representa gran importancia, pues comunica a la costa del Golfo de México y es vía de paso para los transportes terrestres que se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos.

Tampico ofrece una comunicación vía terrestre con transportes colectivos de amplia incidencia de accidentes, pues las vialidades se caracterizan por su innumerable cantidad de baches y topes, que se han ido incrementando por la presencia de lluvias y del paso de transportes pesados.

La pavimentación, el reencarpetado y el bacheo de calles y avenidas permitirá garantizar a la población en general calles y avenidas por las que se transite fácilmente para dirigirse a centros de trabajo, educativos, comerciales, deportivos o los de otros prestadores de bienes y servicios.

El ayuntamiento de Tampico cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto el reencarpetado y bacheo de avenidas en el municipio que brindarían atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de la región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de un adecuado transporte de personas y de mercancías.

Dicho proyecto ejecutivo considera la rehabilitación de avenidas con un costo aproximado de alrededor de 31 mil 500 millones de pesos, por lo cual se estima que el costo sería relativamente menor que el beneficio que brindaría en la región, considerando los elevados índices de transporte de mercancías y personas que se llevan a cabo con motivo de las operaciones de comercio exterior.

En esta tesitura y tomando en cuenta que los objetivos de la presente administración incluyen asignar mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr mayor conexión del país, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte por lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de la red carretera con objeto de estimular la competitividad del país y elevar con ello la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación del proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para el reencarpetado y bacheo de avenidas en Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el mercado municipal de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 suficiente asignación de recursos para construir el mercado municipal de Tampico, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Son muchas las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Debido a lo anterior resulta indispensable generar condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear lugares donde se desarrolle la economía local y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ella.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representa uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad económica productiva, a fin de crear mayor conexión entre la economía municipal y la nacional.

El sector público desempeña un papel importante en la creación de infraestructura económica básica, pues ante la falta de recursos disponibles del sector privado se deben buscar opciones para lograr la colaboración de los tres niveles de gobierno, de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo económico.

Una de las principales características para beneficio del sector económico a escala municipal es la creación de espacios donde la economía se pueda desarrollar, pues una elevada proporción de centros con mayor concurrencia y mayor capacidad de éstos necesita mayor inversión para impulsar sus actividades principales.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión para la creación de centros donde se desarrollen la compra y venta de artículos de la canasta básica cobra mayor importancia en una economía con actividades orientadas a la ciudadanía que vive en municipios que se encuentran en desarrollo, pues permite mayor derrama económica en cada municipio.

Además, la inversión en infraestructura de desarrollo económico estimula la industria de la construcción, actividad que incorpora un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo en diversas zonas del país.

No obstante, los espacios de compraventa de productos de la canasta básica presentan varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en la creación de mercados en torno de nuevos esquemas, y se eleven la productividad y competitividad del país.

Tampico, Tamaulipas, requiere un mercado municipal a fin de que la ciudad pueda disponer de un inmueble con la finalidad de utilizarlo para las actividades de compraventa y distribución de artículos de primera necesidad; resulta principalmente importante para todos los comerciantes ocupar un lugar para realizar sus actividades. El mercado sería trascendental en la economía de una de las ciudades principales de Tamaulipas.

La construcción del mercado municipal es trascendental y de suma importancia para la población de Tampico, pues sería la fuente de empleo para muchas personas que son el sustento de sus hogares, y que además son perjudicadas por las graves inundaciones en las colonias bajas de la ciudad.

El ayuntamiento de Tampico cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto crear un mercado, el cual brindaría atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes del municipio sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones de compraventa y distribución de productos básicos y de la canasta básica dentro del sector económico de dicho municipio.

Dicho proyecto ejecutivo considera la construcción del mercado municipal de Tampico con un costo aproximado de alrededor de 178 millones 500 mil pesos, por lo cual se estima que el costo sería relativamente menor que el beneficio que brindaría en la ciudad, por los elevados índices de trascendencia económica para las personas dedicadas al comercio.

En esta tesitura y tomando en cuenta que los objetivos de la presente administración incluyen asignar mayor monto del presupuesto al desarrollo de la economía nacional, a fin de lograr mayor derrama económica, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, el Poder Legislativo tiene que hacer su parte por lo que atañe a la asignación de recursos suficientes que permitan crear centros donde se estimule la competitividad del país y se eleve con ello la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere suficiente asignación de recursos para construir el mercado municipal de Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentar caminos y tramos carreteros en Aldama, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de distintos caminos y tramos carreteros en diversas localidades del municipio de Aldama, estado de Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el de-sarrollo de obras y servicios públicos.

Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como las zonas con potencial turístico.

Del total de las carreteras pavimentadas, las entidades federativas ubicadas en el centro del territorio nacional1 concentran 25 mil 58 kilómetros de longitud, cifra correspondiente a casi 20.7 por ciento del total de la red. Cabe señalar que toda la extensión carretera del Distrito Federal (149 kilómetros) se encuentra pavimentada, siendo la única entidad con tal característica.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

No obstante, la red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país. Entre los problemas que presenta se encuentran:

– México contaba con una longitud de red de carreteras de 352 mil kilómetros, de los cuales únicamente 34.46 por ciento correspondía a las vías pavimentadas. Predominan las vías en malas condiciones.

– El desarrollo de la red carretera no ha sido equilibrado. El centro del país concentra a un gran porcentaje de las vías en mejores condiciones. En contraste, en el sur de la República, particularmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sólo 20 por ciento de las carreteras se encuentra pavimentado.

Este es precisamente el caso del municipio de Aldama, Tamaulipas, cuya ubicación geográfica representa una alta importancia, ya que comunica la costa del golfo de México, así como el hecho de que es vía de paso para todos los transportes terrestres que se dirigen al norte del estado de Tamaulipas y a la frontera con Estados Unidos.

En este sentido, se tiene conocimiento que el ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, cuenta actualmente con tres proyectos ejecutivos que tienen por objeto la pavimentación de diversos caminos en varias localidades del municipio que brindarían atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquella región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de una adecuada transportación de personas y mercancías.

Dichos proyectos ejecutivos contempla la pavimentación  de un camino rural en la comunidad de Rancho Viejo, la pavimentación de concreto hidráulico en la cabecera municipal y la pavimentación integral en distintas localidades del municipio con un costo aproximado de alrededor de $67,000,000.00 (sesenta y siete millones de pesos moneda nacional), por lo cual se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando los elevados índices de transporte de mercancías y personas que se llevan a cabo con motivo de las operaciones de comercio exterior.

Es en esta tesitura y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tienen que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestra red carretera con el objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello, la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 enviado por el Poder Ejecutivo se considere la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de distintos caminos y tramos carreteros en diversas localidades del municipio de Aldama, estado de Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir estructuras de puentes peatonales sobre el río Guayalejo en los ejidos Brownsville, Emiliano Zapata, Alianza Agraria y La Presa, de Xicoténcatl, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que para el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 considere suficiente asignación de recursos a fin de construir estructuras de puentes peatonales sobre el río Guayalejo, en los ejidos Brownsville, Emiliano Zapata, Alianza Agraria y La Presa, en Xicoténcatl, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por ello, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ella.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Los sectores público y privado desempeñan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar opciones para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarro-llo de obras y servicios públicos.

Una de las características relevantes de la existencia de puentes peatonales estriba en que son indispensables y forma parte fundamental de la infraestructura vial para permitir el paso seguro de los peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas.

Hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de mayor conexión para impulsar sus actividades, como las zonas con potencial turístico.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula la industria de la construcción, actividad que incorpora un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

La falta de construcción de estructuras de puentes peatonales representa un gran peligro para los habitantes de localidades donde trasladarse de un lado a otro puede ser una verdadera hazaña, poniendo incluso en riesgo la vida.

Éste es precisamente el caso de Xicoténcatl. Está situado al centro-sur de Tamaulipas y colinda al norte con Llera, al este con González, al sur con Ciudad Mante y al oeste con Gómez Farías.

Su ubicación geográfica representa gran importancia, ya que el río Guayalejo tiene su paso por este municipio, donde en los distritos de riego funcionan ingenios azucareros y se benefician con sus aguas.

Sin embargo, los fenómenos hidrológicos presentados en Tamaulipas han provocado que el caudal del río aumente, provocando que comunidades cercanas a él se hayan quedado incomunicadas. Esta situación aumenta el peligro de inundaciones y deslaves, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes.

El ayuntamiento de Xicoténcatl cuenta con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la construcción de puentes peatonales sobre el río Guayalejo, en los ejidos Brownsville, Emiliano Zapata, Alianza Agraria y La Presa, que brindarían un enorme beneficio no sólo a los habitantes de la región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de un adecuado paso de personas y de mercancías.

Dicho proyecto ejecutivo comprende la construcción de estructuras de puentes peatonales sobre el río Guayalejo en cuatro ejidos de Xicoténcatl, con un costo aproximado de 4 millones de pesos, por lo cual se estima que el costo sería relativamente menor que el beneficio que brindaría en esa región del país.

En esta tesitura y tomando en cuenta que los objetivos de la presente administración incluyen asignar un mayor monto del presupuesto a la red carretera y construcción de puentes peatonales, considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte por lo que atañe a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo, con objeto de estimular la competitividad del país y elevar con ello la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere suficiente asignación de recursos a fin de construir estructuras de puentes peatonales sobre el río Guayalejo, en los ejidos Brownsville, Emiliano Zapata, Alianza Agraria y La Presa, en Xicoténcatl, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un muelle turístico y de recreo en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que para el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 considere suficiente asignación de recursos a fin de construir un muelle turístico y de recreo en Tampico, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Son muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso de la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo por la expansión del crecimiento potencial del país.

Debido a lo anterior resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por ello, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear lugares turísticos y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ella.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representa uno de los factores indispensables para el desa-rrollo de la actividad turística productiva, a fin de crear mayor conexión entre el turismo nacional y los ingresos monetarios.

El sector público desempeña un papel importante en la crea-ción de infraestructura turística básica, pues ante la falta de recursos disponibles del sector privado se deben buscar opciones para lograr la colaboración de los tres niveles de gobierno, de tal manera que se convierta en parte activa del desarrollo turístico.

Una característica relevante para beneficio de la economía turística es la modernización y remodelación de todos los espacios turísticos, pues una elevada proporción de centros con mayor concurrencia y capacidad de éstos necesita mayor inversión para impulsar las actividades principales.

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, pues eleva la competitividad de la economía porque satisface las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión para la remodelación y modernización de servicios turísticos cobra mayor importancia en una economía con actividades orientadas al turismo exterior, pues permite mayor derrama económica de turistas, nacionales y extranjeros.

Además, la inversión en infraestructura de los espacios turísticos y culturales estimula la industria de la construcción, actividad que incorpora un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo en diversas zonas del país.

No obstante, los espacios turísticos presentan varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su remodelación y modernización en torno de esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país.

Tampico requiere una inversión a fin de que pueda disponer de un muelle turístico y de recreo, con la finalidad de utilizarlo para las actividades turísticas, deportivas, de pesca y sociales, entre otras. Resulta principalmente importante para todos los habitantes del municipio y del estado en general, amén de la enorme derrama económica que representaría para la entidad y el país la atracción de innumerables turistas nacionales y extranjeros.

El ayuntamiento de Tampico cuenta con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la construcción del referido muelle turístico y de recreo, fomentando con ello el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas en el sector turístico.

Dicho proyecto ejecutivo comprende la construcción de dicho muelle, con un costo aproximado de 29 millones 788 mil 340 pesos, por lo cual se estima que el costo sería relativamente menor que el beneficio que brindaría en esa ciudad, considerando los elevados índices de trascendencia turística para dicho sector.

En esta tesitura y tomando en cuenta que los objetivos de la presente administración incluyen asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo del turismo nacional, a fin de lograr mayor ingreso de turistas que dejen mayor derrama económica, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte por lo que atañe a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de los centros turísticos, con objeto de estimular la competitividad del país y elevar con ello la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación del proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere suficiente asignación de recursos para construir un muelle turístico y de recreo en Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reactive el programa Zonas de la Frontera Norte y se le asignen recursos para su operación, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que para el PEF de 2011, se considere la reactivación del Programa Zonas de la Frontera Norte y se le asigne la cantidad de 200 millones de pesos para su operación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Zonas de la Frontera Norte, contó para el ejercicio fiscal de 2009 con recursos para apoyar a las zonas o regiones consideradas de muy alta y alta marginación, entre los fines que se tenía en este programa era el de apoyar proyectos de infraestructura en estas localidades y que para los municipios fuera menos costoso o representara un menor gasto la puesta en marcha de éstos.

El programa estaba dirigido a entidades federativas, específicamente en los municipios que integran la frontera norte del país, identificadas en las zonas de atención prioritaria o en condiciones de muy alta y alta marginación.

Asimismo, se busca que los proyectos, programas, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que se ejecuten con los recursos para las zonas de la frontera norte, las entidades federativas y municipios podrán completar dichos recurso con fuentes de financiamiento provenientes de ingresos o de otros fondos o programas federales que les correspondan, para cubrir los costos respectivos, en los términos de las disposiciones aplicables.

Los programas, proyectos y obras, preferentemente estaban enfocados como ejemplo para agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, bombas y sistemas para la operación y control de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales, así como para electrificación, alumbrado público, vialidades, caminos rurales, pavimentación, mantenimiento, mejora de centros educativos y de salud, seguridad pública, protección civil y otras obras de urbanización.

Asimismo, se buscaba y se buscará que con la reactivación de este programa, se apliquen los recursos en la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios, evaluación de costo-beneficio y otro tipo de evaluación de los proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento.

Es por lo anterior, que los recursos se distribuirán como estaba anteriormente a las seis entidades federativas que integran la frontera norte del país que son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Por último debo mencionar que de los recursos, el 75 por ciento se distribuía de acuerdo al número de población que reside en los municipios que integran la zona de la frontera norte de dichas entidades federativas. El otro 25 por ciento se proponía distribuir considerando la población que reside en las localidades consideradas con un alto o muy alto grado de marginación.

Se reconoce, que el país atraviesa por una crisis mundial y de un combate mayor a la delincuencia, lo cual ha obligado a la presentación de un presupuesto más austero en términos de previsiones salariales y recortes presupuestales para proyectos y programas no considerados como prioritarios y a destinar mayores recursos focalizados a los temas de seguridad, sin embargo, a lo largo del presente documento se ha establecido la necesidad de la creación del programa de la zona de la frontera norte, el cual tiene la finalidad de lograr un desarrollo integral para las entidades federativas comprendidas en la franja en cita, lo cual abonará a la disminución de las causas que originan determinadas acciones que pongan en peligro la vida de las personas, al ver mayores recursos los que se usarán para crear empleos ante los nuevos proyectos que se emprendan.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en el proceso de discusión y adecuaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se reactive el Programa Zonas de la Frontera Norte y se le asigne la cantidad de 200 millones de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que para el PEF de 2011 se asignen recursos adicionales etiquetados para la implantación del programa de Apoyo a Migrantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien para el ejercicio fiscal de 2009, esta Cámara de Diputados, asignó recursos para el establecimiento de un programa encaminado a otorgar apoyos a los connacionales que se vieran en la necesidad de regresar a sus lugares de origen, como resultado del a crisis por la cual travesaba la economía de Estados Unidos de América.

Este programa, fue creado con el nombre de “Fondo de Apoyo a Migrantes”, el cual como su nombre lo indica, busca otorgar apoyo a los connacionales que regresaran al país como resultado de la crisis que se presentaba en los Estados Unidos, y que era para aquellos quisieran iniciar proyectos en sus comunidades de origen e incentivar el arraigo a sus tierras y su país, disminuyendo la migración al extranjero.

El Fondo en cuestión, fue establecido como uno más de los que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establecieron reglas de operación para su funcionamiento, aunque el resultado inicialmente no fue probablemente lo que se esperaba, ante el desconocimiento de la forma en la cual operaban las reglas de operación para acceder a los recursos y beneficiar a la población de las diversas entidades que presentaron retorno de sus habitantes.

Este fondo de igual modo, creaba proyectos en las comunidades expulsoras de migrantes a fin que los productos que ahí se elaboraran pudieran comercializarse en el extranjero.

El Fondo de Apoyo a Migrantes apoyará a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y para mejorar su capital humano y su vivienda.

El fondo operará en 24 entidades federativas, específicamente en los municipios ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los que más del diez por ciento de los hogares reciben remesas, distribuidos en las principales ciudades fronterizas receptoras de trabajadores en retorno y en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México.

El Fondo de Apoyo a Migrantes operará de manera descentralizada en las entidades federativas y municipios elegibles en los términos del párrafo anterior, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el último día hábil del mes de marzo.

Es resultado de lo anterior, que considero pertinente el solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la asignación de 200 millones de pesos adicionales a los propuestos por el Poder Ejecutivo, para brindar los apoyos que requieran nuestros connacionales en los objetivos a cubrir por el Fondo de Apoyo a Migrantes.

Es por lo planteado, que someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la discusión y adecuación al PPEF de 2011, se destine la cantidad de 200 millones adicionales al Fondo de Apoyo a Migrantes, que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dicho Fondo pase de 100 a 300 millones, para el ejercicio fiscal de 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar, remodelar y mejorar los mercados públicos en Campeche y Candelaria, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Ignacio Seara Sierra, diputado a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que se consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para la ampliación, remodelación y mejora de los mercados públicos de los municipios de Campeche y Candelaria con base en los siguientes

Considerandos

En el sur de nuestro país, son notorios los rezagos existentes en materia de mercados públicos o centros de abasto popular, los cuales atienden y dan cause a la gran demanda de la población en busca de frutas, hortalizas y otros alimentos frescos tales como productos de ganadería y pescado, no obstante a ello, el impacto va mas allá, ya que afecta de manera directa a nuestros productores mexicanos y aún más a los consumidores que requieren buscar otras formas de distribución a mayores costos en las grandes empresas con capital transnacional que en materia de autoservicio hoy día acaparan la actividad de abasto.

Por tanto, los locatarios de los principales mercados de los municipios de Campeche y Candelaria solicitan urgentemente incentivar la economía para el mejoramiento y desa-rrollo mercantil de sus centros de comercio, ya que por las bajas ventas registradas en los últimos años hace cada vez más difícil sostener sus espacios operativos dificultando aún más las malas condiciones de los espacios que no presentan la condiciones ideales para realizar su actividad.

En suma, es necesario que exista un verdadero plan de acción para rescatar a los mercados municipales no sólo como entidades de atracción turística y parte de la cultura local, sino también como un generador de recursos, trabajo y empleo que podría correr el riesgo de desaparecer ante la indiferencia de algunas autoridades.

Para ello se requiere la voluntad de los legisladores a fin de impulsar la inversión federal que permita el establecimiento de condiciones que mejoren la prestación de los servicios, principalmente en la ampliación, rehabilitación y mejora de éstos centros de abasto popular y que de alguna forma se sirven las tiendas de autoservicio cercanas a los mercados públicos.

Así las cosas, el municipio de Campeche requiere para su proyecto de construcción de un mercado público La Muralla $264,392,163.00 pesos y el municipio de Candelaria requiere para la ampliación y modernización del mercado municipal de la ciudad de Candelaria $ 15,000,000.00 pesos.

En síntesis, hay que reconocer la importancia de los mercados públicos para el desarrollo económico y turístico de cada localidad, promoviendo e impulsando mejoras presupuestales sustanciales, por lo que el Partido Acción Nacional presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que se consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la ampliación, remodelación y mejora de los mercados públicos de los municipios de Campeche y de Candelaria.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reconsidere la disminución presupuestal de caminos rurales y carreteras alimentadoras, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Ignacio Seara Sierra, diputado a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reconsidere la disminución presupuestal a caminos rurales y carreteras alimentadoras, con base en los siguientes

Consideraciones

Nuestro País cuenta hoy día con una extensa red de caminos que a pesar del gran esfuerzo e inversión por parte del gobierno federal, en gran medida llegan a ser insuficientes para efectuar el correcto transporte de las materias primas y de los productos que de ellas se elaboran en las comunidades más apartadas, lo que puede constituir una limitante para la actividad económica de México.

De esta red de vías de comunicación terrestre, los caminos rurales y carreteras alimentadoras son las que han permitido la unión de las poblaciones más pequeñas de mercado regional, sin embargo, muchas de ellas hoy día carecen de pavimentación o la calidad de asfalto con el que cuentan, no es el óptimo para soportar los estragos.

Desafortunadamente estas vías de comunicación son las más susceptibles al impacto ambiental, basta observar las grandes catástrofes causados por las diversas inundaciones vividas en el presente año que a la fecha no han permitido el pleno apoyo a los más afectados.

La construcción y mantenimiento de caminos rurales en México presentan varios problemas, el principal es que las autoridades responsables estiman muy por debajo los costos de mantenimiento y por la experiencia recabada, ni los mismos programas federales dirigidos a la reparación de éstos son eficaces, muy en especial los dirigidos a caminos rurales que tienen poco tráfico como las áreas de baja población o áreas ganaderas.

Por tanto proponer una disminución en el Presupuesto de Egresos para el 2011 sobre los programas de infraestructura en el medio rural como se pretende, en específico para los caminos rurales y carreteras alimentadoras, solo demuestra una gran desatención hacia la generación y mantenimiento de bienes públicos en el sector rural, ya que se disminuye la importancia de muchas de las actividades que requieren el correcto funcionamiento de la infraestructura, que a la larga impacta en la generación de riqueza, competitividad y generación de oportunidades.

En vista de lo anterior y apelando a los principios de equidad y subsidiaridad en justa distribución, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita que por lo menos se mantenga el mismo presupuesto designado para caminos rurales y carreteras alimentadoras como se presentó en el Presupuesto de Egresos del año próximo anterior.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que en  el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reconsidere la disminución presupuestal a caminos rurales y carreteras alimentadoras.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir diversas obras vinculadas a la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales en La Piedad, Michoacán, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Agustín Torres Ibarrola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como  de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país presenta grandes retos en materia de agua: rezago en cobertura, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; tarifas que no generan incentivos para la sustentabilidad del consumo, además de baja facturación y cobranza; contaminación de agua superficial y subterránea; entre otros. A este escenario se agregan presiones de las sequías en algunas regiones del país y la incertidumbre generada por el impacto del cambio climático.

En particular, el tratamiento de aguas residuales es fundamental para salvaguardar un medio ambiente sano, que favorezca el desarrollo de actividades sociales y económicas y a la vez preserve la salud de los ciudadanos y demás seres vivos.

Sin embargo, éste es un tema aún no resuelto, pues las instancias gubernamentales de los diferentes órdenes de gobierno no han contado con los recursos suficientes para invertir en infraestructura hidráulica.

Basta mencionar que, de acuerdo a datos del cuarto informe de gobierno del presidente Calderón, en el año 2009 se contó con 2,029 plantas de tratamiento en operación, lo que permitió alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales del 42.1 por ciento a nivel nacional, logrando incrementar el caudal de aguas residuales tratadas a un total histórico de 88,127.1 litros por segundo.

Para 2010 se proyecta alcanzar el 45.8 por ciento de cobertura de tratamiento de las aguas residuales que se colectan en los alcantarillados municipales del país, con una infraestructura de 2,050 plantas de tratamiento en operación y un volumen de agua tratada de 96,180 litros por segundo.

Para atender estos importantes retos y necesidades, resulta indispensable una impecable planeación y una eficiente asignación de recursos para el desarrollo de competencias técnicas y administrativas, el fortalecimiento de las instituciones en todo el país y la construcción de mejores sistemas de tratamiento que incorporen nuevas tecnologías y amplíen la cobertura de infraestructura en los municipios.

Sin embargo, el esfuerzo para alcanzar la cobertura total en el tratamiento de aguas residuales no puede avanzar si no se brinda la continuidad necesaria en los múltiples factores indispensables para su desempeño, como es el caso concreto de la asignación de recursos suficientes para incrementar la inversión en infraestructura del sector hidráulico nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

Con el fortalecimiento de la infraestructura que permita incrementar el tratamiento y disposición de aguas residuales, se favorece la protección de la salud y bienestar de la población, evitando que el agua contaminada termine en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos.

Es importante recalcar que la descarga de agua residual sin tratamiento causa contaminación que afecta la salud de la población y de las especies en los ecosistemas. Asimismo, la reducción de la calidad del agua dificulta todavía más la distribución del vital líquido entre la población, ya que en muchas ocasiones no puede utilizarse de las fuentes sin tratamiento previo.

El municipio de La Piedad en Michoacán, con sus más de 91 mil habitantes mantiene una gran relación con la cuenca Lerma-Chapala. La cuenca abastece a la región de agua para consumo humano, actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, el río Grande que corre en La Piedad contribuye de gran manera a la contaminación del sistema. De hecho el Lerma-Chapala-Santiago mantiene altos índices de contaminación de residuos municipales, en un 44 por ciento según el índice DQO, así como un considerable deterioro de su capacidad para soportar la diversidad de la vida acuática.

En este sentido, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se solicita respetuosamente que se asignen recursos para la construcción de un colector sanitario de las comunidades de río Grande al Cuitzillo, así como la construcción del cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad del Cuitzillo, en el municipio de La Piedad Michoacán.

La ejecución de estas acciones y obras contribuirían significativamente a la protección del medio ambiente, en especial la flora y fauna que habitan en la margen del río, así como a salvaguardar la salud de la población al prevenir las enfermedades de los habitantes del municipio de La Piedad.

Es importante mencionar que con la planta de tratamiento de aguas residuales se disminuiría la contaminación del río Lerma, que afecta a ciudadanos tanto del estado de Michoacán como de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que asignen 50 millones 722 mil 717.38 pesos para la construcción de un colector sanitario de las comunidades de río Grande al Cuitzillo, cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad del Cuitzillo” en el municipio de La Piedad, Michoacán.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que asignen 19 millones 737 mil 067.67 pesos para la construcción de infraestructura de protección a la población de La Piedad, sobre el arroyo Delgado en el municipio de La Piedad, Michoacán.

Palacio Legislativo. Octubre de 2010.— Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al programa de apoyo y subsidio para la adquisición de vivienda Ésta es tu Casa, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Pedro Peralta Rivas, integrante de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El sector de la construcción en México representa uno de los más importantes al aportar poco más del 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y generar cerca del 9 por ciento del empleo formal. Por su parte, la construcción de vivienda y de edificaciones comerciales e industriales, participan con cerca del 60 por ciento del PIB del sector de la construcción de nuestro país; sin mencionar que este sector contribuye de manera multiplicada al desarrollo del mercado interno nacional, ya que casi la totalidad de los insumos consumidos en esta industria, son producidos en el país, por lo que genera un importante número de empleos indirectos.

En términos de la política nacional de vivienda, y de acuerdo a las tendencias demográficas en México, el gobierno federal estima que alrededor de 9.5 millones de hogares en el país, tienen alguna necesidad de vivienda, y que en el próximo cuarto de siglo se requerirán construir, en promedio, 650 mil viviendas por año. Específicamente, la administración encabezada por el presidente Calderón, estimó que la demanda para el periodo 2007 a 2012 sería de 4 millones de viviendas. Si a la cifra anterior se agrega la demanda de vivienda propia que corresponde a familias que hoy en día carecen de ella (2.1 millones), podría anticiparse una demanda total de poco más de 6 millones de nuevas viviendas para los seis años proyectados.

Basado en las proyecciones que les acabo de comentar, compañeros diputados, en junio de 2006 el gobierno federal comenzó a tomar medidas al respecto para impulsar la construcción y el acceso a la vivienda de interés social por parte de la población de menos recursos y así satisfacer una de las necesidades más latentes de los mexicanos.

De esta forma, surge el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda denominado “Ésta es tu casa”, cuyo objetivo es “otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos a través de un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda o impulsar su producción social, etcétera, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda”.

El programa de subsidios para la adquisición de vivienda “Ésta es tu casa”, promueve considerablemente la adquisición de una vivienda nueva para la población de escasos recursos, para quienes el monto del subsidio representa entre un 12.7 por ciento y un 28 por ciento del valor de la vivienda nueva.

En cuanto a las asignaciones presupuestales para el programa Ésta es tu casa, resulta preciso indicar que para el año 2008, se asignaron poco más de 4,002 millones de pesos y se estimó una meta de 134,000 subsidios. Para el ejercicio fiscal 2009, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados asignó a la Comisión Nacional de Vivienda 5,369 millones de pesos, de los cuales 5,137.5 millones, 95.7 por ciento, serían destinados a subsidios efectivos. El mismo presupuesto creció nuevamente para 2010, para el cual, aprobamos una asignación de prácticamente 5,800 millones de pesos al programa mencionado.

Desafortunadamente compañeros diputados, para el ejercicio fiscal  2011, la propuesta de presupuesto para la Conavi presentado por el Ejecutivo federal, incluye 5,170.8 millones de pesos para subsidios a la vivienda, lo que representa una disminución de casi 700 millones de pesos con respecto al lo aprobado en 2010; aún cuando estos apoyos a la vivienda redundan en un beneficio directo a los tres órdenes de gobierno y a sus organismos descentralizados, al grado que recuperan, en el corto plazo, la totalidad de los recursos aplicados al programa, por lo que no deben verse como un “gasto” sino como una inversión que además reditúa beneficios sociales.

Sustentando lo anterior compañeros legisladores, y haciendo especial énfasis en ello, de acuerdo a un estudio realizado por la firma Econometría Aplicada, una institución de la sociedad civil dicho sea de paso, se determina que por cada subsidio otorgado bajo el programa de apoyos para la construcción de una vivienda nueva, el sector público recupera el 133 por ciento del monto otorgado a consecuencia de un mayor gasto y beneficio de las familias que posteriormente se convierten en ingresos para las finanzas públicas; por lo cual reitero que estos subsidios a la vivienda no representan un “gasto” sino una “inversión en capital semilla” que retorna al sector público en el corto plazo y con creces.

Con lo anteriormente expuesto compañeros diputados, en el Partido Acción Nacional reconocemos que la vivienda es una de las expresiones más elocuentes del bienestar de la población, además de que constituye la base del patrimonio y de la convivencia familiar, por lo cual consideramos pertinente tomar conciencia de esta situación, y buscar un incremento en el presupuesto destinado a los subsidios que complementen la capacidad de compra de vivienda de las familias mexicanas para el siguiente ejercicio fiscal.

Así, en virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un atento exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vivienda y de Desarrollo Social de esta honorable Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incremente el presupuesto destinado al programa de apoyo y subsidio para la adquisición de vivienda, denominado Ésta es tu casa, que forma parte del presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda para el siguiente ejercicio fiscal.

Nota:

1 Inegi Información de coyuntura económica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2010.— Diputado Pedro Peralta Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reintegre y actualice el monto asignado en 2010 al subsidio para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña, cuyo objetivo es coadyuvar a la competitividad de la industria pesquera nacional, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Pedro Peralta Rivas, integrante de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Compañeros diputados, derivado de la crisis económica mundial que nos afectó fuertemente durante el año pasado y parte del 2008, numerosas empresas en el país enfrentaron dificultades para continuar trabajando, produciendo y generando empleo en nuestro país.

Este fue el caso de diversas empresas y trabajadores dentro de la industria pesquera nacional, que aunado a la problemática económica padecida por el mundo, esta industria en particular ya venía enfrentando el incremento en los precios de los insumos necesarios para el desempeño de su actividad, especialmente el incremento del precio del diesel marino, empleado como combustible para la movilización de sus embarcaciones pesqueras.

Cifras oficiales hacen referencia a que en nuestro país existen más de 4,500 embarcaciones pesqueras industriales que componen la flota nacional, cuyos gastos de operación, en específico de combustible, son los principales costos que enfrentan para la realización de las actividades pesqueras. Sólo por mencionar un dato compañeros diputados, les informo que los gastos en combustible para las naves representa el 60 por ciento de la inversión total para salir al mar, aunado a los gastos generados por los insumos para zarpar como el pago y mantenimiento de refacciones; lubricantes, etcétera.

Conscientes de ello, el año pasado aprobamos la asignación de 662.5 millones de pesos para los rubros de subsidio al diesel marino y gasolina ribereña en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal; específicamente, 651.2 millones de pesos para Diesel marino y 111.3 millones de pesos para gasolina ribereña.

Sin embargo, con preocupación veo que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, no se asignó presupuesto alguno a los rubros de subsidio al diesel marino y gasolina ribereña. De tal manera, que las empresas que conforman la industria pesquera nacional estarían en peligro de continuar trabajando, de eliminarse tan importante subsidios, situando en riesgo la actividad económica y empleo en los puertos y ciudades costeras del país.

Hago hincapié compañeros diputados en que la eliminación de este subsidio no tiene sustento ni argumento válido, porque la industria pesquera nacional carece de condiciones para absorber el costo total de los insumos sin el apoyo correspondiente.

Con lo anteriormente expuesto compañeros diputados, en el Partido Acción Nacional reconocemos la necesidad de la industria pesquera en torno al apoyo que se les había otorgado desde el ejercicio fiscal 2004 a través del subsidios al diesel marino y gasolina ribereña, de tal forma que pretendemos incrementar el presupuesto destinado a los subsidios mencionados en el Presupuesto de Egresos 2011 para promover el desarrollo competitivo de la industria pesquera nacional, y esperamos contar con su apoyo para conseguirlo.

Así, en virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, a reintegrar y actualizar el monto de recursos asignados en 2010 al subsidio para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, cuyo objetivo es coadyuvar a la competitividad de la industria pesquera nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2010.— Diputado Pedro Peralta Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para atender las necesidades de equipamiento del nuevo Hospital del Niño y el Adolescente en Morelos, a cargo del diputado Jesús Giles Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, C. Jesús Giles Sánchez, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011 para el estado de Morelos con el propósito de auspiciar el equipamiento del Nuevo Hospital del Niño y el Adolescente, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Estamos ciertos, que no hay mejor ejemplo de democracia que el ser garantes de la atención y protección de la salud de los menores, porque en el mundo de la infancia no existen diferencias ideológicas ni condiciones económicas que constituyan un obstáculo para acceder a una atención pediátrica de calidad.

Por ello, el Hospital del Niño Morelense que inicio formalmente operaciones el pasado 21 de julio 1999, nace como una respuesta del gobierno del estado a la demanda de la población, de atención médica de alta especialidad para los niños y niñas que no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social, por lo que procura ser la población más vulnerable al ser de escasos recursos económicos.

Actualmente, el Hospital del Niño Morelense cuenta con 16 años de vida institucional y atiende en promedio: 50 mil consultas por año, más 12 mil casos por el área de urgencias; además, se practican 2 mil cirugías de padecimientos menores, mayores y de alta complejidad, a través de sus 34 subespecialidades médicas, cubriendo así, casi todo el espectro de especialidades pediátricas.

En virtud de la creciente demanda de servicios, la actual administración estatal ha iniciado la construcción del nuevo hospital como un proyecto estratégico, donde se encuentra pendiente el equipamiento del Hospital de Especialidades Pediátricas para la atención de niños y el adolescentes, ya que para el estado de Morelos que cuenta con una población abierta de 457,483 niños, resultan insuficiente 10 camas de cuidados intensivos pediátricos y neonatales.

El reconocimiento y prestigio que el Hospital del Niño Morelense, origina que las poblaciones colindantes de cuatro entidades federativas circunvecinas, busquen atención en el Hospital del Niño Morelense, lo que ocasiona que funcione como un hospital regional infantil (único en la zona), haciendo cada día más difícil la admisión por las limitaciones de infraestructura y presupuesto.

El área de influencia integrada por el estado de Morelos y los municipios más cercanos de los estados de Guerrero, México y Puebla cuenta con una población potencialmente usuaria de 900 mil niños y niñas que no cuentan con seguridad social.

La demanda actual requiere la creación y equipamiento de nuevos servicios como una unidad de cirugía cardiovascular, trasplante renal y de médula ósea, banco de sangre, por mencionar algunos.

Por lo antes descrito, resulta absolutamente indispensable el equipamiento correcto y oportuno del nuevo Hospital de Especialidades Pediátricas, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos; de los cuales 197 millones son para el equipamiento de áreas médicas y 3 millones para áreas administrativas.

El presupuesto solicitado para la compra de equipamiento del Nuevo Hospital del Niño y el Adolescente, significará que el estado de Morelos, podrá proporcionar servicios de salud de alta especialidad a la población infantil, abarcando aquellos más vulnerables por no contar con seguridad social; logrando también, la permanencia de los niveles de calidad profesional y etnología con la calidez y humanismo de siempre.

La asignación de mayores recursos, apoyará para consolidar al Nuevo Hospital del Niño y el Adolescente como un hospital de tercer nivel de atención pediátrica, a través del de-sarrollo y la implementación de programas de alta especialidad médica, que logran ser de gran impacto tanto de manera social como económica, entre los cuales destaca:

• Programa de espera de hospitales de la Ciudad de México (apoyo a niños que en especial, no cuentan con acceso a ningún sistema de seguridad social);

• Programa de cirugía bariátrica (obesidad mórbida);

• Programa de epilepsia (tratamiento definitivo para la epilepsia resistente a los medicamentos);

• Programa de cirugía laparoscópica neonatal (mínima invasión).

Final y fundamentalmente, para instituciones de tercer nivel de atención medica, la investigación es tarea primordial, por lo que resulta necesario contar con equipamiento idóneo, es decir, de instrumentos tecnológicos sofisticados como el citómetro de flujo laminar, que permitirá elaborar y obtener un diagnóstico molecular preciso, en enfermedades de alto impacto como cáncer en niños, tuberculosis, VIH/sida y enfermedades virales, estableciendo un vínculo que favorezca la interrelación entre la investigación básica y clínica.

Compañeros legisladores, la importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la República.

Esta tarea demanda la participación ciudadana y la obediencia al exhorto de atender estas necesidades de uno de los sectores más vulnerables tanto por parte de los padres de familia como de la sociedad civil organizada.

Haciendo caso a lo anterior, resulta prioritario y primordial, el equipar el nuevo hospital como un proyecto con visión a 25 años, en el que se contempla el crecimiento poblacional, con 120 camas censables y no censables, así como aspectos como la equidad geográfica, facilidad de acceso por vía terrestre y aérea, dado los padecimientos graves que se atienden.

Por ello, debemos impulsar mejoras y alcanzar los beneficios inmediatos al:

a) Garantizar el derecho de los niños y niñas a recibir atención médica especializada, con los últimos adelantos científicos y tecnológicos, para atender enfermedades graves sin que tengan que ser trasladados a otros hospitales pediátricos del Distrito Federal, donde no son admitidos. Entre estos padecimientos se encuentran: cáncer, VIH/sida, diabetes, insuficiencia renal, trasplantes de órganos cómo médula ósea y riñón, cirugías cardiovasculares, cirugías de malformaciones congénitas, injertos de piel y tejidos, entre otros.

b) Apoyar a la descentralización de la atención especializada de los hospitales del Distrito Federal, ya saturados.

c) Evitar el rechazo de aproximadamente 60 niños al año para ocupar un lugar en las terapias intensivas, así como poder atender a todos los pacientes que requieren los servicios de hospitalización, consulta externa, urgencias y laboratorio clínico.

d) Disminuir la morbimortalidad mediante el diagnóstico y atención oportuna de las enfermedades con la ampliación y equipamiento de nuevos servicios.

e) Al incrementar el número de camas se cumpliría el requisito para la formación de especialistas y subespecialistas. Además al atender un mayor número de pacientes se fomenta la investigación para detectar problemas de salud y generar intervenciones que se resuelvan con un criterio científico.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el ejercicio fiscal 2011 al estado de Morelos, con el propósito de atender las necesidades de equipamiento del Nuevo Hospital del Niño y el Adolescente.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes octubre de 2010.— Diputado Jesús Giles Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para atender la rehabilitación y modernización de la carretera federal 15, tramo Estación Don-Nogales, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Enrique Torres Delgado, Dora Evelyn Trigueras Durón, María Dolores del Río Sánchez, Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer de la LXI legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a esta H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se considere la asignación de recursos para atender la rehabilitación y modernización de la carretera federal 15 tramo carretero Estación Don–Nogales, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

La carretera Estación Don-Nogales atraviesa de sur a norte el estado de Sonora en una longitud de 680 kilómetros. La carretera representa la columna vertebral del sistema carretero del estado, ya que comunica a 14 municipios y a 5 ciudades mayormente pobladas de la entidad.

A la fecha la carretera opera con seis casetas de peaje las cuales se encuentran ubicadas en la Jaula tramo Estación Don-Navojoa; Fundición tramo Navojoa-entronque Ciudad Obregón; Esperanza tramo Esperanza-libramiento Guaymas; Guaymas tramo libramiento Guaymas; Hermosillo tramo entronque San Pedro-Sta. Ana; y Magdalena tramo libramiento de Magdalena de Kino.

Las cifras nos arrojan que la carretera en 2006 tuvo un aforo de vehículos de 12.6 millones y en 2007 de 12.9 millones, mostrando una tasa de crecimiento de 2.3 por ciento, por lo que la hace una autopista altamente transitable, y en consecuencia sus condiciones de infraestructura deben ser las óptimas para los usuarios que circulen por ella.

El 18 septiembre de 2008 se firmó un convenio de coordinación que celebró el gobierno federal con el gobierno del estado de Sonora para emprender un programa de modernización que contemplaba la rehabilitación del pavimento en tramos con estado físico no satisfactorio, al identificarse una serie de irregularidades en la carpeta asfáltica, así como llevar a cabo la ampliación de la sección transversal de los cuerpos de la carretera. Incluye además, el reforzamiento del programa de residentes en las casetas Fundición y Esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en estas localidades.

Este convenio generaría beneficios a los residentes de los municipios de Agiabampo, Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en la caseta Fundición, y Bacum, Cajeme, Quiriego, Vicam y Potam en Esperanza.

Asimismo, dentro del esquema de modernización de la carretera Estación Don-Nogales, se considera la rehabilitación de la superficie de rodamiento, en el tramo Empalme-Hermosillo, del kilómetro 139+600 al 200+000 (cuerpo A), y la reposición de carpeta en el tramo Magdalena-Nogales, del kilómetro 207+000 al 267+000 (cuerpo A).

De acuerdo al convenio firmado, se consideraba para 2009, la rehabilitación del riego de sello en el tramo Entronque Libramiento de Guaymas-Puente Douglas (kilómetro 107+700 al 116+000 cuerpo A y kilómetro 115+400 al 116+000 cuerpo B); así como riego de sello en el tramo San Carlos-Hermosillo (kilómetro 212+000 al 220+000 cuerpo A); y la renivelación y riego de sello en el tramo Magdalena-Nogales (237+000 al 257+000). Conjuntamente se contempló la elaboración de los proyectos ejecutivos necesarios, para ampliar selectivamente la sección en ambos cuerpos de la carretera en los tramos con mayor índice de accidentes. Por lo que se estima que las obras de modernización se concluirán en 2011.

Sin embargo a la fecha, no se tienen avances significativos del convenio firmado entre el gobierno federal con el gobierno del estado de Sonora. Por lo que el deterioro en el que se encuentra la carretera Estación Don-Nogales, está poniendo en riesgo a los usuarios que circulan por ella, además de la afectación económica que están sufriendo los habitantes de la zona (programa de residentes) por el pago de la caseta de la Fundición y Esperanza.

Cabe destacar que sólo se han rehabilitado y aplicado tratamientos superficiales en la carpeta asfáltica en ciertos tramos carreteros en el libramiento de Guaymas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se considere la asignación de recursos para atender la rehabilitación y modernización de la carretera federal 15 tramo carretero Estación Don–Nogales ubicada en el estado de Sonora.

Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2010. — Diputados: Enrique Torres Delgado, María Dolores del Río Sánchez, Leonardo Arturo Guillén Medina, Marcos Pérez Esquer (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que la SEP homologue prestaciones de los trabajadores de la sección 6 del SNTE y se paguen las cantidades adeudadas, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Leoncio Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar una partida especial a la Secretaría de Educación Pública para la homologación de las prestaciones para los trabajadores jubilados afiliados a la Sección 6 del SNTE, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 7 de octubre de 2008, el Congreso del estado de Colima, emitió por unanimidad de sus integrantes un punto de acuerdo para que el Ejecutivo del estado cumpla con los pagos omitidos por concepto de homologación, a los jubilados del sector educativo, provenientes de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para igualarlos con las percepciones que reciben los de la sección 39 del mismo sindicato.

En mayo de 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado entre el Poder Ejecutivo federal y el Ejecutivo del estado libre y soberano del estado de Colima, quien asumió el control de los establecimientos educativos a través de los cuales la Secretaría de Educación Pública proporcionaba los servicios de educación básica.

Con fecha 20 de octubre de 2009, los senadores por el estado de Colima presentaron a la consideración del pleno del Senado de la República, un punto de acuerdo para exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para aprobar una partida presupuestal destinada al pago de las prestaciones por homologación, para los jubilados del sector educativo de Colima.

El punto de acuerdo decía a la letra:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, sea considerada una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública, destinada a cumplir con el decreto que contiene el convenio que -de conformidad con el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, se celebró entre el Poder Ejecutivo federal y el Ejecutivo del estado libre y soberano del estado de Colima, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo de 1992.

Entre las afirmaciones formuladas por los senadores firmantes de dicha proposición se encuentran:

• Que en lo relativo a los prestadores de servicios en el sector educativo antes dependientes de la Federación, quedó estipulado que el gobierno estatal garantizaría el completo respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, así como la homologación de prestaciones económicas con respecto al magisterio adscrito antes de esa fecha al sistema educativo del estado, y que el Ejecutivo federal quedaría obligado con la responsabilidad solidaria, según se desprende de las cláusulas quinta y sexta del referido convenio.

• Que el contenido del Convenio celebrado para la descentralización de los servicios educativos en el estado de Colima, cumple con todas las formalidades y requisitos legales, por lo que debe ser cumplido en lo conducente y eliminar gradualmente las diferencias existentes entre los salarios y prestaciones económicas de uno y otro sector magisterial, dando con ello término a un periodo de 17 años de afectación directa a jubilados y pensionados, principalmente.

Muchas de las entidades federativas no tienen la problemática de la disparidad entre trabajadores de la educación, por ello no requieren de la homologación entre empleados federales y estatales, esto, en virtud de que su sistema de educación estatal, nunca funcionó con personal a cargo del estado.

En la mayoría de las entidades federativas, los jubilados pensionados del sector educativo, reciben las prestaciones económicas que reciben los activos, este es el caso de Morelos y Nuevo León más no es el de Colima, donde los únicos que las reciben en su totalidad son los jubilados de la Sección 39 del SNTE, en tanto que los de la Sección 6 no.

Es de considerarse que la disparidad entre prestaciones derivadas de la seguridad social, puede constituir un acto de discriminación que debería erradicarse de inmediato en cualquier punto del territorio nacional.

Por lo aquí expuesto y con la finalidad de que a la brevedad queden saldadas las cantidades adeudadas por concepto de homologación, para los trabajadores de la Sección 6 del SNTE, es que me permito presentar a esta soberanía la siguiente proporción con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se destine una partida presupuestal adicional a la Secretaría de Educación Pública, para que en cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo de 1992, se lleve a cabo la homologación de prestaciones para los trabajadores de la Sección 6 del SNTE y se realice el pago de las cantidades adeudadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a desarrollar con el Inmujeres una estructura programática que permita desagregar las categorías y los elementos necesarios a fin de transparentar la información presupuestaria para el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres en el PEF de 2011, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se desarrolle una estructura programática que permita visibilizar de manera clara la información presupuestaria para el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se ha obligado como una vía para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, a incorporar la perspectiva de género en todo su quehacer institucional, como se establece en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que forma parte.

Justamente con el compromiso de incorporar de manera transversal dicha perspectiva en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, programas y presupuestos en todos los niveles de gobierno de los tres poderes del Estado, los recursos para los programas para la igualdad entre mujeres y hombres empezaron a ser etiquetados desde hace tres años.

Es así que a partir de 2008, la política para la igualdad entre mujeres y hombres se ha materializado en asignaciones presupuestarias etiquetadas para ese fin, constituyéndose con ello en una acción afirmativa sin igual en la puesta en marcha y operación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De esta forma, en cada ejercicio fiscal desde 2008 se incluye en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un artículo desde donde se regula la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la administración pública federal (APF); y se integran en los anexos, un apartado donde se especifican los recursos que la administración pública federal destina para la igualdad entre mujeres y hombres.

Ante ello promovemos e impulsamos la continuidad de estas acciones como herramientas fundamentales para el seguimiento y monitoreo de información presupuestaria para el gasto dirigido para la igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo en todo momento sus aportes a la transparencia.

Celebramos contar con herramientas y mecanismos como los descritos, en nuestro presupuesto, conscientes de que se constituyen en el ejercicio de nuestro actuar legislativo, en importantes apoyos en la toma de decisiones durante el examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al respecto, hemos de reconocer que contar con gastosetiquetados nos ha permitido dar un seguimiento más puntual de las acciones que realiza la administración pública federal en la materia, y hoy más que nunca los reconocemos como una herramienta para mantener el tema de la igualdad entre mujeres y hombres en la discusión pública, operar leyes e identificar responsabilidades.

Sin embargo, nos hemos encontrado con algunos problemas para identificar de forma clara qué unidades responsables están ejerciendo los recursos que se están etiquetando en el anexo “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres”.

Al respecto, enfrentamos el hecho de que aunque los diversos programas presupuestarios especificados en el anexo se replican en sus respectivos ramos con sus categorías programáticas, muchas veces no es posible identificar quién está ejerciendo ese gasto, lo que complica en muchos de los casos su ejercicio, pues en más de una dependencia nos hemos encontrado con que o no se ha ejercido el recurso, o no para los fines a los cuales se asignó, o se subejerce.

Por eso es fundamental que todo ese gasto se ordene, y en lo posible se desagregen las categorías programáticas necesarias en el análisis funcional programático y en el anexo 10 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, a fin de visibilizar de manera clara la información presupuestaria para el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres.

Creemos que una solución puede ser crear una actividad institucional que comprenda al conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas referidas al logro de la igualdad entre mujeres y hombres, todo ello en concordancia con lo que se plasma en el capítulo IV De la perspectiva de género del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Sin embargo, reconociendo que la autoridad experta encargada de aprobar la estructura programática de los anteproyectos que elaboran las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que el Instituto Nacional de las Mujeres es la instancia rectora de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por ello es que les exhortamos a que desarrollen una estructura programática que permita visibilizar de manera clara la información presupuestaria para el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres.

Y sobre todo que ello se vea reflejado tanto en los análisis programáticos que publica la Secretaría de Hacienda y en el anexo “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Compañeras y compañeros diputados, tengamos voluntad política para impulsar acciones afirmativas a través de la herramienta de etiquetación.

Seamos conscientes de que identificar los recursos y su ubicación auxilia en el análisis de la ejecución del gasto y de las metas logradas, así como en la toma de decisiones para los siguientes presupuestos.

Reinstituyamos a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres dentro del hoy anexo 10 del proyecto de decreto del PEF 2011, y a la estructura y los análisis programáticos que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un mecanismo real para el desarrollo de las leyes referidas, y una herramienta concreta para monitorear programas, acciones y estrategias de la política pública dirigidas al logro de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, desarrolle una estructura programática que permita desagregar las categorías y elementos necesarios en el análisis funcional programático y en el anexo 10 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, a fin de visibilizar de manera clara la información presupuestaria para el gasto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres.

Notas:

1 En el decreto del PEF 2008 fue el artículo 25, en el del 2009 fue el artículo 29, en el decreto del PEF 2010 es el artículo 26 y en el proyecto de decreto del PEF 2011 es artículo 27.

2 En 2008 y 2009 fue el anexo 9ª “Presupuesto para mujeres y la Igualdad de género” y para 2010 y el proyecto del PEF 2011 es el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de octubre de 2010.— Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir tres guarderías de alta marginación en Río Bravo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considere para el PEF 2011, la suficiente asignación de recursos para la construcción de tres guarderías municipales de alta marginación en el municipio de Río Bravo, estado de Tamaulipas, con base en las siguientes:

Consideraciones

En todo orden de gobierno, las políticas de desarrollo humano y calidad de vida consiste en el respeto a la dignidad humana, basada en la inclusión económica y política que garantice las mismas condiciones para todos los habitantes.

Las políticas de desarrollo de la sociedad son una responsabilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales con miras a mejorar las oportunidades a través de potenciar el establecimiento de mecanismos institucionales adecuados, y proporcionar la seguridad social necesaria a los grupos más vulnerables. En consecuencia la política social de los referidos gobiernos debe proponerse reforzar con decisión, el trabajo en aquellos grupos que requieren especial atención de parte de las instituciones.

En este sentido, las acciones a seguir tanto por dichos gobiernos, como por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se orientarán a programas básicos para el desarrollo y el bienestar comunitario, involucrando a las diversas instituciones de asistencia social y considerando prioritariamente la participación de la ciudadanía.

En la prioridad del desarrollo humano y la calidad de vida deben incluirse aquellos programas de gobierno que impactan de manera directa en la participación ciudadana. Cada ciudadano merece oportunidades de desarrollo y crecimiento en todos sus aspectos: valores, actitudes, conocimientos, capacidades mentales y físicas y en su relación con la sociedad que lo rodea y el ambiente en que vive.

Gestionar e impulsar proyectos productivos para comunidades en situaciones de vulnerabilidad o que se encuentran en condiciones de desventaja, incrementando su participación en programas gubernamentales, así como fortalecer el papel de la familia en la sociedad y los derechos de las niñas y niños

En apoyo al desarrollo del potencial humano, es que se deben implementar acciones con sentido sensiblemente solidario, aplicarse medidas de asistencia social en beneficio directo de los sectores vulnerables y hacia el fortalecimiento de la integración familiar como pilar básico de la estructura comunitaria.

De igual forma y en respeto a la igualdad entre mujeres, jóvenes, niños y personas de la tercera edad, impulsar políticas de bienestar social, en coordinación con las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

En el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, las mujeres representan una fortaleza de la sociedad, su temple, su determinación y su compromiso con las mejores causas del municipio, son motivo de orgullo y reconocimiento.

Río Bravo es una sociedad predominantemente de jóvenes, su entusiasmo, su vitalidad, su fuerza y su decisión de participar en los retos de transformar el municipio, hablan de su compromiso con su medio social y con su familia. Es por ello, que existen muchas mujeres trabajadoras en Río Bravo, con iniciativa propia y con los deseos de ayudar a la familia para salir adelante.

En últimas fechas, se han creado en dicho municipio alrededor de 100 núcleos de trabajo de los cuales la mayoría son integrados por mujeres, de ahí la importancia de que se construyan guarderías infantiles que coadyuven a todas estas mujeres trabajadoras, a fin de que puedan seguir acudiendo a sus centros de trabajo con toda seguridad y confianza de que sus hijos se encuentran bien.

Cuando ambos padres trabajan, o en el caso del hogar donde solamente uno de los padres está presente y éste trabaja, lo único que se puede hacer es buscar la mejor guardería posible dentro de las posibilidades económicas de la familia.

El saber que nuestros hijos están en una buena guardería, dirigida profesionalmente, con personal preparado y afectuoso, donde se les enseña a convivir con otros niños y a compartir, estimulación social e intelectual; un lugar donde les enseñan modales y ciertas normas, todo lo cual sentará las primeras bases de formación de todos estos niñas y niños.

Aunado a lo anterior, se tiene conocimiento que el ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, cuenta actualmente con el proyecto ejecutivo para la construcción de las tres guarderías municipales que brindarían atención a un gran número de niñas y niños cuyos padres por su situación económica carecen de los recursos necesarios para enviar a sus hijos a alguna institución que cuide de sus hijos mientras ellos se encuentran trabajando.

Dicho proyecto ejecutivo contempla la construcción de las tres guarderías municipales de alta marginación con un costo aproximado de alrededor de $5,770,000.00 (cinco millones setecientos setenta mil pesos M.N.), motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando que se estaría brindando atención a una comunidad con un alto índice de marginación.

Consideramos, como ya se manifestó, que corresponde a todos los órdenes de gobierno emitir políticas de desarrollo humano y calidad de vida que garanticen a nuestros niñas y niños el respeto a su dignidad humana a través de su inclusión económica y el acceso a igualdad de condiciones que los demás habitantes, lo cual definitivamente se lograría con la construcción de las tres guarderías que se encuentran pendientes por falta de recursos económicos en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por lo que se solicita nuevamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados estudie, analice y, en su caso, adecue el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con el objeto de que se aprueben los recursos que atiendan la grave problemática narrada con antelación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la construcción de tres guarderías municipales de alta marginación en el municipio de Río Bravo, estado de Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la reposición de drenaje sanitario en El Barretal y la construcción de una unidad deportiva y de usos múltiples de Padilla, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considere para el PEF 2011, la suficiente asignación de recursos para la reposición de drenaje sanitario en el poblado de El Barretal, así como la construcción de una unidad deportiva y usos múltiples en el municipio de Padilla, estado de Tamaulipas, con base en las siguientes:

Consideraciones

Como bien es sabido, el crecimiento del número de habitantes en las diversas zonas tanto rurales como urbanas, requieren de un mayor incremento en la prestación de los servicios, y de mejoras en sus infraestructuras para poder brindar a las sociedades los elementos mínimos para su de-sarrollo y crecimiento.

Es importante mencionar que las localidades que más se han visto afectadas por la falta de inversión son aquellas que se ubican más alejadas del centro de la capital del país, donde a simple vista puede observarse el cambio que en ocasiones es tan repentino, la infraestructura por un lado, comienza a tener menor mejora, en ocasiones contando sólo con caminos de terracería, lo cual provoca que el desa-rrollo de esas regiones se vea limitado a los pocos accesos a los que se tengan disponibles, o en ocasiones los nulos, porque no llegan a tener alguno que fomente el intercambio de personas y productos.

Asimismo las comunidades pueden enfrentar problemas de salud pública, si no se les dota o garantiza que contarán con la reposición del drenaje sanitario para la descarga de las casas, el cual es un elemento esencial en su vida diaria, porque si no se cuenta con este servicio, estaremos presenciando focos rojos de infección en localidades como en el poblado de El Barretal, perteneciente al municipio de Padilla, en Tamaulipas; teniendo como efectos negativos, la destinación de mayores recursos para acciones o campañas de salud, para dar solución a los resultados de no haber previsto, o planteado con anticipación la reposición de éste servicio básico que requiere la población para el desarrollo y crecimiento de sus comunidades, así como para su vida diaria.

Es por ello que en la presente proposición se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considere para el PEF 2011, la cantidad de $19´908,146.00 (diecinueve millones novecientos ocho mil ciento cuarenta y seis pesos M.N.) para la reposición de drenaje sanitario en el poblado de El Barretal, municipio de Padilla, estado de Tamaulipas.

De igual manera resulta trascendental la implementación de centros deportivos que permitan la recreación y el desarrollo físico y emocional de la población en general y principalmente de todos los jóvenes.

Lo anterior trae resultados benéficos no sólo a la salud física de quienes practiquen algún deporte, sino también a la salud emocional y psicológica individual que como consecuencia se refleja en aspectos que generan enormes ganancias al entorno social en que se desarrollen los individuos.

En nuestro país, ahora más que nunca, se requiere implementar mecanismos que puedan desarrollar las capacidades y aptitudes especialmente de todos los jóvenes, ya que solo de esta manera se enfoca toda la energía que tienen en aspectos positivos, como son la práctica de un deporte.

Una vez que se cuente con el presupuesto adecuado, el cual consta de $18´000,000.00 (dieciocho millones de pesos M.N.) para la construcción de una unidad deportiva, el aspecto laboral se ve favorecido, ya que se genera al mismo tiempo un impulso a la economía de la región, brindando fuentes de empleo que benefician a muchas personas que son fuente principal de ingresos dentro de sus familias.

De lo anteriormente mencionado es que como diputados tenemos la obligación de trabajar en beneficio de toda la población en general, es por ello que de esta manera se plantea que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en las adecuaciones al PEF 2011, la asignación de los recursos necesarios para la reposición de drenaje sanitario en el poblado de El Barretal, así también se consideren y asignen recursos para la construcción de una unidad deportiva y usos múltiples en el municipio de Padilla, Tamaulipas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la reposición de drenaje sanitario en el poblado de El Barretal, así como la construcción de una unidad deportiva y usos múltiples en el municipio de Padilla, estado de Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para que el DIF realice acciones de coadyuvancia en el cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo al interés superior de la infancia, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita María Joann Novoa Mossberger, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud para que se asignen recursos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que pueda realizar las acciones de coadyuvanza en el cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo al interés superior de la infancia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace dos decenios, en noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), primer instrumento internacional legalmente vinculante que afirma los derechos humanos para todos los niños y niñas, en todos los países y culturas, en todo momento y sin excepción alguna.

México se suscribió a esta Convención en 1990, y ratificó los dos protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en conflictos armados (2002) y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002).

En este sentido, el Estado mexicano también ha realizado importantes reformas constitucionales, que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la CDN, entre las que destaca la reforma al artículo 4°, realizada en 1999, que incorpora la noción de sujetos de derechos a los niños y niñas. Esta reforma constitucional dio lugar a la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2000, y a la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República.

Por otro lado destaca la reforma al artículo 18 constitucional, realizada en 2005, mediante la cual se transforma el antiguo sistema tutelar de justicia para menores infractores y se sientan las bases para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, en conflicto con la ley penal acorde con la CDN. Conviene mencionar que dentro del orden jurídico nacional existen también otras leyes que resultan esenciales para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre las que se encuentran, la Ley General de Salud (1984) y la General de Educación (1993).

A partir de ello los progresos han sido notables: desde entonces se han logrado, entre otros avances, reducir significativamente la desnutrición y la mortalidad infantil; garantizar la educación primaria para casi todos los niños y niñas del país, y adaptar el marco legal a los principios establecidos en la Convención.

Sin embargo, al abordar tanto la agenda de los rezagos en el desarrollo como la de los retos emergentes en un país con el nivel de ingresos, complejidad y heterogeneidad que tiene México, resulta claro que aún queda mucho camino por recorrer en la labor de superar las disparidades que persisten en el país y garantizar para todos y cada uno de los niños y niñas el acceso a una educación de calidad; la protección contra el trabajo infantil; la erradicación de la violencia y del abuso infantil, y la consecución plena de la igualdad y la no discriminación, por citar algunos.

Todavía se requiere una serie de intervenciones concretas como el diseño de un marco legal compatible con la Convención sobre los Derechos del Niños, una estrategia nacional de acción en favor de los niños y adolescentes, la definición del organismo idóneo de carácter público para el cumplimiento de los objetivos en la materia, así como una asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa dirigida a este sector de la población.

En nuestro país, en 11 entidades del país la proporción de niños y niñas que viven en situación de pobreza es superior a 50 por ciento. Los casos más acentuados son Chiapas y Oaxaca, donde 70 por ciento de los menores de 18 años viven y se desarrollan en la línea de la pobreza. Mientras que en Veracruz, Tabasco e Hidalgo el porcentaje asciende a 60 por ciento.

Niñas y niños de México son un sector de la población con problemas que están poco abordadas y visibilizadas por la sociedad y por quienes toman las decisiones. El grupo formado por las niñas indígenas es uno de los que padece más negación de derechos.

Es claro que si la Convención reconoce a los niños titulares de derechos es porque está reconociendo a los Estados particularidad de obligaciones. El dato pendiente es que desde los diversos ámbitos no se han asumido de manera activa y productiva el seguimiento y el monitoreo de la aplicación de las normas que han dictado en materia de niñez y adolescencia.

Tenemos la necesidad de replantear los desafíos, de revisar continuamente la normatividad para que se ajusten a los contextos y a los campos de variación social, económica y cultural. Pero al mismo tiempo se tienen que crear mecanismos que garanticen el seguimiento de la aplicación de las normas.

El ámbito de la implementación de la justicia es donde recién se ha concentrado la responsabilidad de las entidades federativas, del Distrito Federal y del gobierno federal; sin embargo, debemos reconocer que las transformaciones institucionales han sido insuficientes respecto a los desafíos que plantea la Convención para el ejercicio efectivo de los derechos de los niños.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia juega un papel preponderante para efectos de la construcción de las condiciones en medio de las cuales las niñas y los niños de este país gozan de los beneficios de sus derechos.

El artículo 28, inciso c), de la Ley de Asistencia Social, establece que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, coadyuvar, atendiendo al interés superior de la infancia, al cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Entre las atribuciones del Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia se encuentra la de realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social.

Dicho lo anterior, y considerando que es de nodal importancia para el diseño de las políticas públicas en materia de los derechos de la niñez que se conozca a cabalidad el estado que guarda el ejercicio y protección de los mismos, es que resulta necesario dotar al Sistema Nacional para el De-sarrollo Integral de la Familia de los recursos necesarios y suficientes para que pueda realizar acciones al respecto.

El tema de la infancia debe estar en el centro del debate político, pues invertir para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños fortalece las capacidades humanas e institucionales. Éstas, a su vez, aseguran bienestar y cohesión social.

Es necesario hoy más que nunca hacer a un lado el concepto de que los niños son “ciudadanos del mañana”, pues bajo esa perspectiva hemos postergado las acciones en su beneficio. Por el contrario, las niñas y los niños son “ciudadanos de hoy”, por ello es que la agenda pendiente en torno a ellos representa un imperativo impostergable para la sociedad mexicana.

Por lo aquí expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud, a destinar una partida de 24 millones de pesos al Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus facultades, realice acciones con el objetivo general de conocer el estado que guardan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, a fin de dar cabal cumplimiento a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo al interés superior de la infancia.

Segundo.Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que una vez otorgado el recurso se dé a la tarea de incluir como objetivos particulares de las acciones a que se hace referencia en el punto anterior, la definición de los mecanismos de participación de la ciudadanía, las modificaciones necesarias al marco legal, la definición del organismo idóneo de carácter público para el cumplimiento de los objetivos en la materia, las acciones para el perfeccionamiento del sistema de protección de la niñez y de lo que en conclusión se considere que puede contribuir a la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con nuestra Constitución, leyes, acuerdos y tratados internacionales firmados por México.

Nota:

1 Ley de Asistencia Social. Artículo 9, fracción XII.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2010.— Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un campo de futbol con pista atlética, en Dzibalchén, de Hopelchén, Campeche, a cargo de la diputada Yolanda Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos suficientes en el ejercicio presupuestal 2011, parala construcción de un campo de futbol con pista atlética, para la comunidad de Dzibalchén, municipio de Hopelchén, Campeche; al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

1. Que de acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el rubro de salud, los mexicanos nos encontramos en una lucha frontal contra las enfermedades crónico degenerativas, entre las que se pueden contar la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, que son producto de la casi nula actividad deportiva y de esparcimiento por parte de la mayor parte de los mexicanos.

2. Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, son las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, las que están comprometidas a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y brindar el acceso a la sociedad a prácticas sociales, educativas, de salud y de esparcimiento que coadyuven al sano desarrollo físico y mental de los mexicanos.

3. Que la administración pública del municipio de Hopelchén, se planteó dentro de sus ejes y objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, contar con una nueva infraestructura deportiva para las actividades semiprofesionales de alto rendimiento en futbol, como una medida que permita a los jóvenes e incluso población adulta del municipio, tener una mejor calidad de vida y de esparcimiento, así como lograr con ellos una mejor convivencia familiar que además, busque disminuir los índices de drogadicción y alcoholismo, promoviendo a su vez la sana convivencia de la sociedad.

4. Que la presente proposición busca impulsar la construcción de un campo de futbol con pista atlética, obra que deberá contar con instalaciones hidrosanitarias, vestidores para mujeres y hombres, gradas techadas con estructura metálica, una pista de atletismo olímpica, un transformador de energía e instalaciones para la administración del centro deportivo.

5. Que para cumplir con la construcción del campo de Futbol con Pista Atlética, para la comunidad de Dzibalchén, municipio de Hopelchén, la administración pública municipal requiere una inversión de 5 millones 550 mil pesos.

6. Que no debemos olvidar que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir las prácticas deportivas, así como garantizar el acceso a las mismas por parte de la población con un sentido equitativo, plural y social.

7. Que las autoridades deben estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos deportivos, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

8. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para lograr una infraestructura óptima para el acceso de la población a las diferentes prácticas deportivas.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se consideren recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2011, para la construcción de un campo de futbol con pista atlética, para la comunidad de Dzibalchén, municipio de Hopelchén, Campeche.

Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la formación continua y profesionalización de maestros de educación básica en servicio, a cargo de la diputada Yolanda Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, se considere en el Presupuesto de Egresos de 2011, un incremento presupuestal destinado a formación continua y profesionalización de maestros de educación básica en servicio.

Consideraciones

1. Que la educación no puede ser sino una política de Estado, divisa de los nuevos tiempos, su centralidad obliga a cada uno a asumir con responsabilidad las tareas de su fortalecimiento con calidad y pertinencia.

2. Que el Estado tiene la obligación de hacer realidad el derecho de todos a una educación de calidad en igualdad de condiciones, sin importar la ubicación regional o geográfica, ni el origen social ni las ocupaciones o concepciones ideológicas de personas o grupos particulares.

3. Que desde la más alta responsabilidad al frente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, Juan Carlos Tedesco señaló que la crisis de la educación ya no es lo que era: “No proviene de la deficiente forma en que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dónde efectivamente orientar sus acciones”.

4. Que de lo que sí estamos convencidos es que si algo determina el futuro, es justamente la educación; es a través de ella que definimos el mañana; es con ella que perfilamos a los individuos, y sentamos las bases de las instituciones que habrán de permitirnos permanecer y preservarnos. La educación y los maestros mexicanos han dado el rostro al país que somos y serán también los artífices del país que seremos.

5. Que sabemos que la educación es un proceso personal y constante de descubrimiento, exploración, asimilación y creación de valores, métodos y lenguajes, consistente en enseñar a ser, a pensar por cuenta propia; a ver los problemas, a examinarlos, a pensarlos y a proponer alternativas de superación; a asumir una actitud ante la vida y ante el mundo.

6. Que la calidad en la educación no puede tener otro objetivo que ofrecer elementos para conocer, entender, experimentar y modificar un mundo que se transforma a velocidades inimaginables.

7. Que asumimos sí, la obligación de meditar y cuestionar el futuro, de construir escenarios factibles y deseables, de fortalecer la imaginación, de encontrar las mejores alternativas para reposicionar a la educación pública en el lugar de privilegio que le corresponde.

8. Que estamos convencidos que la equidad, la calidad y la pertinencia se fortalecen con las propuestas y las visiones de todos, principalmente en un escenario cuyas consecuencias políticas, éticas y sociales requieren del mayor acuerdo para que las nuevas alfabetizaciones que está imponiendo el siglo XXI, sean construidas sobre la base de la unidad, la tolerancia y el respeto a los individuos, a sus colectivos y a la nación entera.

9. Que sabemos que en los próximos años deberán redoblarse esfuerzos para que la educación sea un proceso permanente en la vida de los individuos, ya que aprender a ser y a convivir en un mundo integrado serán también imperativos que hoy, desde una perspectiva de largo alcance nos lleven a consolidar un sistema educativo que permita responder a los requerimientos futuros de una sociedad como la nuestra.

10. Que en el escenario actual, confrontar la expectativa con la realidad, es reconocer que existe un mosaico diverso y desigual, que se genera a partir de una realidad fragmentada e inequitativa que nos obliga a dar cabal cumplimiento a nuestras responsabilidades.

11. Que también es cierto que los estudios recientes demuestran diferentes niveles, diferentes expectativas y diferentes resultados a todo lo largo y lo ancho del sistema educativo cuyo abatimiento debe ser nuestra principal ocupación.

12. Que estamos ante la oportunidad de dar la batalla por nuestro futuro. Sin condiciones, pero sin ingenuidades. No se trata de ofrecer recursos para la educación a cambio de aceptar modificaciones en otras materias. La educación de los mexicanos no puede ser rehén de ninguna intencionalidad que no sea la del beneficio de todos. No podemos olvidar que la educación pública constituye para millones de padres de familia su único patrimonio y la herencia más preciada para sus hijos.

13. Que en cumplimiento de nuestra responsabilidad y acatando de manera cabal el mandato social que nos trajo a esta Cámara, no podemos permitir que la calidad de la educación se convierta en un bien prescindible, en una mercancía sacrificable. La apuesta no puede ser a las medidas efectista, o alzamos la vista y oteamos el futuro digno que merecen los mexicanos, o será vana nuestra labor legislativa.

14. Que estamos convencidos que cuando de la educación se trata, es el futuro del país lo que está en juego. Sin banderas, sin colores, sin adjetivos, la viabilidad de la nación depende del esfuerzo educativo.

15. Que nos guste o no, el país habrá de transitar los tiempos por venir desde la fortaleza o la debilidad de un pueblo incorporado a la educación o ajeno a ella. Con acceso al conocimiento o desde la marginación y el rezago frente a los viejos y nuevos saberes.

16. Que el impresionante avance tecnológico, la acelerada generación de conocimientos, la violenta irrupción de nuevos paradigmas, la lucha por los mercados, conviven con el crecimiento de la pobreza, el constante deterioro ambiental, el surgimiento de nuevas pandemias, la marginación y la exclusión, la pérdida consistente de los valores, la deshumanización de la convivencia y la intolerancia de signos diversos.

17. Que hoy en día, el valor agregado que privilegia la competencia entre países, la convivencia entre los seres humanos, el respeto a la naturaleza, se cifra en el nivel de excelencia de la educación. La viabilidad de los individuos y de las naciones está en su nivel de conocimientos, aptitudes, destrezas y competencias y habilidades, y de que todos quienes deben ser sus beneficiarios tengan acceso a ella.

18. Que sabemos que la calidad de los alumnos está sujeta a la calidad de los maestros y no o se trata de reducir un fenómeno multifactorial a la búsqueda de responsabilidades sin fundamento, ya que las maestras y los maestros mexicanos realizan cotidianamente su mejor esfuerzo a favor de sus alumnos, de ello no tenemos duda.

19. Que de lo que se trata, es de dotarlos de las mejores herramientas conceptuales, didácticas y pedagógicas para hacer frente a los requerimientos de una educación pertinente y de calidad. De lo que se trata es de construir las mejores alternativas y esquemas para que no queda un solo docente frente a grupo sin acceso a programas de formación continua, de lo que se trata, es de destinar los recursos suficientes para fortalecer la profesionalización docente como elemento indispensable en el mejoramiento del logro académico de los alumnos.

20. Que es en esa perspectiva que debemos valorar los recursos financieros que el país destina a este propósito. No se trata de entrar a disputar los recursos que se saben escasos, sino entender lo que significa invertir en la profesionalización de los docentes de educación básica. No debe ser la insuficiencia de recursos la que modifique la prioridad que los mexicanos hemos decidido otorgar históricamente a nuestra educación.

21. Que si los recursos que le destinamos a la educación son sin duda una de las mejores inversiones, los recursos que destinemos a la formación continua de las maestras y los maestros mexicanos den ser considerados inversión estratégica. Educar es un asunto que trasciende los argumentos financieros para ubicarse en los políticos, en los humanos y en los sociales, más aún, en la viabilidad misma de la nación.

22. Que una sociedad que reduce el monto presupuestario destinado a la educación de su pueblo, corre el riesgo de cancelar su futuro. De ahí que, tal y como viene presupuestado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, donde se asigna una partida por $ 553,848,957.00 para la formación continua y profesionalización de maestros de educación básica en servicio, no se atienden las necesidad reales de este rubro. Por lo cual, siendo congruentes con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es menester ampliar esta asignación con $810, 000 000.00 más a fin de una cobertura real a este proceso.

23. Que debemos tener claro que, bajo condiciones que evidencian deficiencias programáticas y de planeación, hacer las reubicaciones presupuestarias pertinentes pasa por garantizar con precisión, sin lugar a ningún tipo de duda, cuáles son las prioridades del país, y por ello, hacerse con un propósito definido: garantizar y proteger la inversión educativa y fortalecer la destinada a la profesionalización docente.

24. Que no encontramos argumentos que justifiquen ninguna reducción al presupuesto educativo. A su favor, se pueden hacer los esfuerzos verbales que se quiera. Se pueden construir las frases lapidarias más contundentes para tratar de justificar medidas de esa naturaleza. Se puede incluso recurrir a discursos llenos de cifras y algoritmos en donde ocultar con pretendidas elocuencia y base científica lo que en el fondo es la única verdad.

Por ello, quienes firmamos el presente documento, sometemos a este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, se considere en el Presupuesto de Egresos de 2011, una ampliación presupuestal destinada a la formación continua y profesionalización de maestros de educación básica en servicio.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la pavimentación, con concreto hidráulico, en Antiguo Morelos, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se considere para el PEF 2011, la suficiente asignación de recursos para la pavimentación a base de concreto hidráulico en varias localidades del municipio Antiguo Morelos, estado de Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico.

Del total de las carreteras pavimentadas, las entidades federativas ubicadas en el centro del territorio nacional concentran 25 mil 058 kilómetros de longitud, cifra correspondiente a casi 20.7 por ciento del total de la red. Cabe señalar que toda la extensión carretera del Distrito Federal (149 kilómetros) se encuentra pavimentada, siendo la única entidad con tal característica.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

No obstante, la red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país. Entre los problemas que presenta se encuentran:

• México contaba con una longitud de red de carreteras de 352 mil kilómetros, de los cuales únicamente 34.46 por ciento correspondía a las vías pavimentadas. Predominan las vías en malas condiciones.

• El desarrollo de la red carretera no ha sido equilibrado. El centro del país concentra a un gran porcentaje de las vías en mejores condiciones. En contraste, en el sur de la república, particularmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sólo 20 por ciento de las carreteras se encuentra pavimentado.

Este es precisamente el caso del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, cuya ubicación geográfica comunica con el municipio de Cuidad Mante, así como con Nuevo Morelos.

En este sentido, se tiene conocimiento que el ayuntamiento de Antiguo Morelos, Tamaulipas, cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la pavimentación de concreto hidráulico en las vías principales que conectarán a más de la mitad de las 136 localidades con que cuenta el municipio, obras que brindarían atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquella región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de una adecuada transportación de personas y mercancías.

Es importante mencionar que este tipo de pavimentación requiere de menos tiempo de trabajo en las terracerías, además que su tiempo de vida útil en mucho mayor al pavimento asfaltico.

Además de que con la realización de dicho proyecto se obtendrían beneficios como la disminución en los tiempos de traslado hacia los distintos destinos del municipio y el estado; ahorro en combustible y llantas; generación y activación de economías para los vecinos de las comunidades; permitirá además atender mejor las demandas de la población en esas zonas beneficiadas, toda vez que ya no estarán aisladas.

Dicho proyecto ejecutivo que contempla la pavimentación con concreto hidráulico en las principales vías del municipio con un costo aproximado de alrededor de 8,977,142.00 (ocho millones novecientos setenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos m.n.), motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando los índices de transporte de mercancías y personas que se llevan a cabo con motivo de las operaciones de comercio.

Es en esta tesitura y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestra red carretera con el objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello, la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la pavimentación a base de concreto hidráulico en varias localidades del municipio Antiguo Morelos, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la Semarnat y la SRE, a fin de que puedan cumplir los compromisos internacionales que se suscriban en la decimosexta Conferencia sobre Cambio Climático, a cargo de la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Dora Evelyn Trigueras Durón, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos presupuestales adicionales para las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores, a fin de que puedan cumplir los compromisos internacionales que se suscriban en la decimosexta Conferencia sobre Cambio Climático, a realizarse a partir del 29 de noviembre de 2010 en Cancún, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. A la fecha se han realizado 15 Conferencias de las Partes, órgano supremo de la convención, con capacidad de decisión, que se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas del cambio climático.

El objetivo de esta Convención Marco es lograr la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, y se asegure que la producción de alimentos no se vea amenazada y que el desarrollo económico continúe de manera sostenible.

En la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático celebrada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2007, se adoptó el Plan de Acción de Bali, que definió la ruta para un nuevo proceso de negociación. El objetivo del Plan consiste en fortalecer la implantación de la Convención hasta y después de 2012; y define 5 pilares fundamentales para la negociación y concreción de acuerdos: visión compartida, mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento.

Ante la imposibilidad de alcanzar un resultado en 2009, el Plan de Acción de Bali se extendió al 2010, con miras a la adopción de un resultado durante la decimosexta Conferencia de las Partes, a celebrarse en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.

En la Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún se dará atención especial al problema de cómo detener o reducir la deforestación (la cual contribuye con alrededor de 17 a 20 por ciento de los GEI), y la degradación de ecosistemas, con un programa conocido como REDD y que coincide con la propuesta del gobierno mexicano presentada en Copenhague de constituir un “fondo verde” internacional con los mismos propósitos. Sin un mecanismo como éste, la meta de mantener la elevación de la temperatura global en 2 grados Celsius o menos, será inalcanzable, corriéndose el riesgo de que llegara a los 6 grados Celsius, lo que implicaría un enorme riesgo para la humanidad.

El gobierno federal buscará en esta decimosexta Conferencia que México y países en desarrollo puedan tener acceso a financiamientos rápidos, como a los 30 mil millones de dólares ofrecidos en Copenhague, para que tanto el gobierno como la iniciativa privada puedan desarrollar proyectos sustentables que contribuyan a las metas de mitigación de GEI.

Entre otros temas se encuentran los de la reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal, incluyendo opciones para la conservación, el manejo forestal sustentable y el enriquecimiento de las reservas forestales de carbono; así como la conformación de un sistema robusto de medición, reporte y verificación.

Recientemente el director de la División de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestal de la FAO señaló que “si en la próxima Cumbre del Cambio Climático no se logra un acuerdo vinculante, por lo menos que se alcance un pacto de protección de bosques. El Programa de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) será una pieza clave en las negociaciones para alcanzar un acuerdo en el encuentro que tendrá lugar en Cancún.

“Los bosques juegan un rol fundamental, ya que a nivel global almacenan casi tanto carbono como la atmósfera y además producen otra serie de bienes y servicios que son fundamentales para las sociedades.”

El 4 de octubre pasado, Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático, dijo, en la primera conferencia internacional sobre el clima que se realiza en China, el primer generador mundial de emisiones de GEI, que los puntos sobre los cuales se podrían se podría llegar a acuerdos en Cancún son un fondo para ayudar a los países más vulnerables, y la puesta en marcha de un mecanismos para luchar contra la deforestación.

Señaló que las cuestiones que son “cruciales, pero que no avanzan” son el futuro del Protocolo de Kyoto, cuyo primer periodo de compromiso finaliza en 2012; y la continuidad de los compromisos suscritos por los distintos gobiernos para reducir o limitar sus emisiones de GEI.

El acuerdo de Copenhague fija el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a dos grados, pero sin fijar un calendario, ni determinar claramente cómo llegar a esa meta.

Existen 5 retos para establecer un acuerdo mundial para revertir los efectos del cambio climático, pero hasta ahora el sector privado pretender invertir sólo para mitigar los efectos de los contaminantes y no para adaptarse y prevenir esas emisiones. Para las naciones que se encuentran en etapas de desarrollo, destinar recursos para revertir las emisiones de contaminantes se ha convertido “en una carga financiera”.

Las naciones desarrolladas parecen haber avanzado en el establecimiento de un fondo para ayudar a los países en de-sarrollo a luchar contra los efectos del cambio climático.

La preocupación que prevalece en este momento de negociaciones previas al encuentro de nuestro país, está en el crecimiento del financiamiento proveniente del sector privado que equivale a 80 por ciento, para mitigar los efectos de las emisiones de gases y otros contaminantes, pero “la urgencia no es la mitigación”.

El crecimiento económico y la defensa del medio ambiente no son cuestiones antagónicas, “son caras de la misma moneda”. No existe ninguna contradicción entre procurar el crecimiento económico y evitar el calentamiento global.

El calentamiento global y el consecuente derretimiento de los polos, implicaría la inundación de enormes superficies de todos los continentes; afectando severamente las áreas productivas rurales y en general el producción mundial de alimentos; lo cual representaría una sería amenaza para la sobrevivencia de grandes conglomerados humanos.

Por todo ello, por el bien de la humanidad, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos presupuestales adicionales para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores, a fin de que puedan cumplir en tiempo y forma los compromisos internacionales que en materia de combate al cambio climático se suscriban, en el marco de la decimosexta Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse en Cancún, Quintana Roo, del 29 de noviembre al 10 de diciembre del año en curso.

Segundo.Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores deberán informar a esta soberanía sobre el ejercicio de los recursos adicionales que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, así como los compromisos internacionales que en materia de combate al cambio climático se hubieran llevado a cabo con dichos recursos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la Universidad Tecnológica en Candelaria, Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Ignacio Seara Sierra a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública así como a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a fin de que consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la construcción de la universidad tecnológica para el municipio de Candelaria en el estado de Campeche, con base en los siguientes

Considerandos

En México la introducción de la tecnología en las distintas reformas educativas ha adquirido un posicionamiento indispensable para la superación de nuestros jóvenes en sus distintas etapas formativas, sin embargo, con los grandes avances tecnológicos, dicha enseñanza enfrenta nuevos y más complejos desafíos.

Una de las preocupaciones de las autoridades educativas es la falta de inversión en carreras tecnológicas, así como en universidades que impartan la preparación técnica requerida que a corto plazo permita que nuestros jóvenes sean más competitivos.

En nuestro país se destina la mayor parte de los recursos educativos al gasto corriente, sin embargo, el presupuesto que se destina al desarrollo de infraestructura y equipamiento es mínimo para una sociedad que ha crecido exponencialmente, generando con ello la necesidad de una mayor matriculación a nivel licenciatura.

A pesar de que son grandes los esfuerzos que realiza el gobierno federal mediante la Secretaría de Educación Pública para cubrir dichas necesidades, existe en muchos estados la demanda por una mejor calidad de la educación y mayores oportunidades de preparación para trascender en el mercado laboral.

Así las cosas, en el estado de Campeche se vive una gran exigencia de diferentes asociaciones de padres de familia, fundada en la dificultad de algunas comunidades por acceder a una educación universitaria o tecnológica, ya que se encuentran ubicadas a agrandes distancias de los centros educativos establecidos.

Por lo anterior, encontramos que se puede prolongar el traslado, –el viaje redondo– desde alguna comunidad de los municipios de Candelaria, Carmen, Escárcela, Palizada y Champotón, al plantel educativo universitario, hasta seis horas; esto siempre y cuando las condiciones climatológica lo permitan, a esto debemos añadir que son comunidades de bajos recursos.

Por tanto se requiere continuar con la inversión en infraestructura educativa que permita a las comunidades más necesitadas, pero no por ello ignorantes, el tener acceso directo a estos servicios, ya que si bien es cierto que el término inversión evoca un contenido económico, se requiere que como legisladores le evoquemos un contenido social cada vez más comprometido con la juventud que a largo plazo podrá concebirse en una inversión educativa como generador de potencial humano para la transformación y desarrollo de una sociedad tan dinámica y cambiante como es nuestro país.

En congruencia con lo anterior, el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, toma la iniciativa y propuesta de construir una universidad tecnológica para su municipio en la comunidad del Naranjo, que permita solventar los rezagos generados por la dificultad de traslado de las zonas más alejadas a los correspondientes centros educativos, por tanto requiere una inversión federal para  2011 de 150,000,000.00 de pesos (ciento cincuenta millones de pesos), donde retomando esta intención, el Partido Acción Nacional presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública así como a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a fin de que consideren recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la construcción de la universidad tecnológica para el municipio de Candelaria en el estado de Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Corral Jurado, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo para el incremento de la partida presupuestal del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Consideraciones

Los institutos nacionales de salud (INS) son el mayor modelo de atención clínica, diagnóstica, enseñanza e investigación en México, por eso es tan significativo que el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Cieni, forme parte del INER, ya que de esta forma se puede acceder a un mayor número de pacientes y mantener la calidad óptima de atención a éstos. Por tanto, no es de sorprender que el INER sea el instituto nacional de salud que atiende al mayor número de personas que viven con la infección por VIH.

Dentro del INER, el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (Cieni), es el Departamento encargado de la atención a los pacientes con VIH/sida y se divide en tres áreas:

- Unidad de Atención Clínica Hospitalaria:Prestaatención continua a pacientes en estado crítico y en etapas avanzadas de la infección por VIH/sida que requieren de cuidados intensivos, causa por la que se genera mayor costo económico que en cualquier otro INS. La tasa de mortalidad ha disminuido constantemente en los últimos 5 años y presenta un aumento de pacientes del 20 a 25 por ciento anual.

Para apoyo a la Unidad de Atención Clínica Hospitalaria, cuenta con Laboratorio de Diagnóstico Virológico:El área de toma de muestras del Laboratorio de Diagnóstico Virológico atiente diariamente a más de 120 personas. En 2009, el LDV realizó más de 50 mil estudios de laboratorio a las personas con VIH/SIDA (más del doble que en 2008). Sólo en el transcurso de 2010, el LDV ha realizado más de 51 mil estudios de laboratorio.

- Ambulatoria:Actualmente, el Cieni del INER atiende de forma ambulatoria a unas mil 350 personas con VIH/sida y brinda más de 8 mil consultas anuales, presta a sus pacientes atención clínica de 13 diferentes especialidades. Asimismo, cuenta con el equipo necesario para los estudios especializados que los pacientes requieren.

- Departamento de Investigación y formación de recursos humanos:El Cieni conduce más de 20 investigaciones originales aceptados por el Comité de Ciencia y Bioética del INER con impacto nacional e internacional.

El Cieni del INER forma a más de 25 estudiantes, la mayoría de posgrado de diversas disciplinas. Cada uno de ellos participa, conduce o desarrolla proyectos clínicos o de investigación.

Los recursos asignados a este Instituto para mantener en funciones las actividades de salud específicas deben ser de 51 millones 61 mil pesosque permitirán continuar con la atención a pacientes que viven con VIH/sida y con todos las actividades  antes enunciadas.

Por lo anterior se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinar la cantidad de: 51 millones 61 mil pesos,al presupuesto del Instituto de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Javier Corral Jurado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el IFAI, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Corral Jurado, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo para el incremento de la partida presupuestal del IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información.

Consideraciones

La función del IFAI es claramente una que expresa el avance político social y la construcción de ciudadanía en México y en su inicio abrió una actividad desconocida para la sociedad, no obstante hoy en día en que se ha difundido su acción la demanda de sus servicios ha crecido considerablemente por lo que la capacidad instalada del IFAI se torna insuficiente.

Esta situación fuerza a la Institución a un crecimiento que no había sido contemplado en las consideraciones originales de la elaboración del Presupuesto que la dejarían imposibilitada para responder a la demanda. El actuar del IFAI se ha distinguido por su compromiso y profesionalismo en el cumplimiento de sus atribuciones; así como, por la transparencia y austeridad en el manejo de los recursos públicos asignados. Un claro ejemplo de ello  se observa en el comparativo histórico de los recursos asignados contra el incremento de solicitudes de información y recursos atendidos por el IFAI. Mientras que los recursos presupuestales en términos reales prácticamente se mantienen sin cambios (incremento de 1 por ciento), por el contrario, el trabajo de la Institución se ha incrementado, en estos últimos siete años en el orden de 5 veces más, aunado todo lo anterior al cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales.

La necesidad de recursos sobre el techo presupuestal propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de 280.6 millones de pesos más para alcanzar los 552.6 millones de pesos necesarios para cumplir con las funciones a que está obligada la Institución por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y ésta es clara en su artículo octavo transitorio que expresa:

“El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 considerará partidas suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Posesión de Particulares, las materias de esta ley”.

No es posible dotar al IFAI de menores recursos a los requeridos, toda vez que el derecho a la protección de datos debe poder ser ejercido en la totalidad del territorio nacional; en la especie, la partida propuesta original no contempla 280.6 millones de pesos adicionales, divididos de acuerdo a la siguiente tabla:

Por lo que se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinar la cantidad de: 280 millones 600 mil pesos adicionales a los 272 millones de pesos asignados como techo presupuestal por la SHCP para quedar en un total de: 552 millones 600 mil pesos,al presupuesto del Instituto de Acceso a la Información, IFAI, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Javier Corral Jurado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el organismo social Arte en el Parque, AC, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Corral Jurado, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo para la designación de una partida presupuestal del Organismo Social Arte en el Parque, AC, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Consideraciones

La función de Arte en el Parque en la convivencia solidaria e integración familiar es a través de actividades de arte, cultura y valores en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una institución social independiente, creada por miembros de la comunidad para fomentar la integración familiar y los valores positivos a través de actividades de arte y cultura, en Ciudad Juárez. Su finalidad es crear y desarrollar una serie de actividades de arte  y cultura para promover el desarrollo y la integración de las familias en la Ciudad, tomando como base, que invertir en las familias es la única solución para mejorar a esta comunidad ávida de paz y armonía.

La problemática identificada se centra en los altos índices de violencia e inseguridad pública que vive Ciudad Juárez, lo cual propicia la aparición de diferentes factores de riesgo que limitan la convivencia solidaria, cohesión social y el aprovechamiento del tiempo libreen actividades culturales y artísticas, así como el goce y disfrute de los espacios públicos.

Esto genera poco arraigo e identidad debido al gran aislamiento social que provoca, desembocando en violencia y desintegración familiar. Es por esta razón que estamos convencidos, que parte de la solución en la generación y recuperación de espacios públicos y la generación de programas de inclusión  que permitan a la comunidad y sus familias aprovechar y disfrutar de sus espacios, generando convivencia, arraigo, sentido de pertenencia, autoestima  y por lo tanto amor a su ciudad, provocando una mejor calidad de vida y una ciudad sin violencia.

El trabajo y desempeño de Arte en el Parque es esencialmente un trabajo de recomposición del tejido social.

Esta situación ha tenido un enorme costo y se ha sufragado con aportaciones de la comunidad pero las necesidades han crecido así como la respuesta de Arte en el Parque y dada la situación económica y de inseguridad es que ahora se requiere de este apoyo de la federación mediante Consejo Nacional de Cultura para no disminuir los esfuerzos imprescindibles para los propósitos de reconstrucción del tejido social por:

El equivalente al 20 por ciento del presupuesto operativo de la institución un millón 10 mil 525.20 pesos más el desa-rrollo de construcción del teatro al aire libre en predios del “Chamizal” por la cantidad de 4 millones de pesos de los 9 millones 843 mil 955.40 pesos del total de esa construcción en un total de 5 millones 10 mil 525.20 peso que significan un 51 por ciento de los costos totales de Arte en el Parque para el ejercicio de 2011 y dejan permanentemente un Teatro a la comunidad.

Por lo que se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar la cantidad de 5 millones 10 mil 525.20 pesos,al presupuesto Arte en el Parque, AC, de Ciudad Juárez, Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2011.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Javier Corral Jurado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Corral Jurado, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aumentar el presupuesto a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con el propósito de construir infraestructura básica, infraestructura educativa y deportiva en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Consideraciones

La Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se encuentra en proceso de desarrollo  y requiere acciones de consolidación como lo son la construcción de nuevos edificios educativos, espacios deportivos e infraestructura básica. El proyecto de Ciudad Universitaria se originó en el año 2001, cuando el gobierno del estado de Chihuahua donó a la UACJ un predio de 300 hectáreas localizado al suroriente de la ciudad, el cual constituye la Ciudad Universitaria,  mismo que tiene como propósito  resolver el problema de saturación de espacios educativos, así como la ampliación de la oferta educativa con el fin de aumentar la capacidad de absorción de estudiantes y elevar las tasas de población con estudios universitarios.

Ciudad Juárez tiene una población estimada de 116 mil 845 jóvenes comprendidos entre los 18 a 22 años, de los cuales solamente asisten a la educación superior 29 mil 390, esto representa una tasa de absorción del 25.2 por ciento cifra por debajo del promedio nacional que es del 28.0 por ciento lo cual significa un objetivo prioritario de solución. Por lo tanto, queda clara la urgencia de realizar un esfuerzo por ampliar la cobertura en la educación superior en Ciudad Juárez, como lo reconoce el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y la planeación estatal de educación en el estado de Chihuahua.

Cabe señalar que  la UACJ ha contribuido al logro de este objetivo ampliando y diversificando su oferta educativa en Ciudad Juárez y en las ciudades de Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

Los beneficios de apoyar este proyecto son múltiples. En primer lugar, permite contribuir al logro de los objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como del Programa Sectorial de Educación, que plantean “ampliar la cobertura de la educación de tipo superior con equidad, contribuir a la mejora continua de la oferta educativa y avanzar hacia el establecimiento de un sistema de educación superior abierto, flexible, articulado e integrado”. A este respecto, el nuevo campus universitario incrementará los espacios físicos destinados a la atención de alumnos de nuevo ingreso, por lo tanto incrementará las oportunidades de acceso de los egresados de educación media superior de todo el estado, quienes podrán continuar su formación profesional mediante una licenciatura, incluyendo a grupos sociales que tradicionalmente han estado apartados de la educación superior.

Compañeros legisladores, la importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la República.

Por ello, debemos impulsar mejoras en la infraestructura educativa en la Ciudad Universitaria de la UACJ con acciones con lo cual se beneficiarán más de 18 mil estudiantes.

Por lo que se presenta la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destinar la cantidad de: 510 millones 100 mil pesos,al presupuesto a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Javier Corral Jurado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Fondo Regional correspondiente al ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, con el propósito de incrementar la asignación presupuestal del Subfondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el análisis y la formación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 recursos adicionales al Fondo Regional, correspondiente al ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, con el propósito de incrementar la asignación presupuestal del Subfondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca y, en consecuencia, impulsar el desarrollo en el sur-sureste del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados: los ejes de política pública sobre los que se articula el Plan Nacional de Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones en que se logran los objetivos nacionales.

En este plan, en el eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos”, se establece que la finalidad de la política económica será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de todos, especialmente de los que viven en la pobreza, ya que éste es un imperativo social, con el objetivo de superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales en cada región, entre regiones y a nivel nacional.

El desarrollo regional permitirá ocuparse de las regiones diferenciadas y de sus características y problemáticas particulares sin perder la perspectiva nacional.

Un presupuesto con enfoque regional contribuirá a la aplicación de programas, acciones y medidas más eficaces para combatir la pobreza, el desempleo, la desigualdad social y la marginación, y a aumentar la competitividad de la región.

La Constitución Política de Chiapas es la primera en incluir la obligación de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los cuales es “erradicar la pobreza extrema y el hambre”.

De conformidad con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chiapas ocupa el primer lugar en rezago social en el país (2005).

El Consejo Nacional de Población señala que con base en los resultados de la estimación del índice de marginación para 2005, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son las entidades federativas con grado de marginación muy alto, donde viven 10.9 millones de personas.

La misma publicación agrega: “La intensidad de las privaciones en esas tres entidades es elevada y la padecen proporciones significativas de la población. Tan sólo en Guerrero, el estado con mayor marginación en 2005, 20 por ciento de la población de 15 o más años de edad es analfabeto y 36 por ciento no terminó la primaria; más de 1 de cada 4 habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario, 6 de cada 100 habitantes residen en viviendas sin energía eléctrica, 3 de cada 10 sin agua entubada, 1 de cada 3 con piso de tierra, y más de la mitad ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento. Asimismo, 65 por ciento de la población ocupada gana hasta 2 salarios mínimos y 51 por ciento vive en localidades con menos de 5 mil habitantes, donde la dispersión y el aislamiento vulneran las condiciones de vida de quienes viven, sobre todo, en las localidades de menor tamaño. Una situación tan crítica como la de Guerrero la comparten Chiapas y Oaxaca, las otras dos entidades federativas con mayor marginación en el país”.

Agrega que llama la atención que en Chiapas, la proporción de la población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos es superior a la de Guerrero (78 y 65 por ciento, respectivamente).

La institución en comento refiere también que, del total de los municipios, 94 por ciento está en zonas de alta y muy alta marginación (2005).

En virtud de lo anterior, no cabe la menor duda de que requerimos enfoques que miren el país en el largo plazo. Es imperativo plantear el fortalecimiento del desarrollo a nivel regional. Con dificultad podremos avanzar en ese sentido si no privilegiamos el presupuesto de los fondos regionales.

Hasta ahora se han alcanzado importantes logros que se reflejan en el incremento del PEF de cada año. Así, en el ejercicio fiscal de 2007 se aprobaron mil millones de pesos (mdp) para el Fondo Regional, en 2008 se aprobaron 2 mil mdp, en 2009 se aprobaron 2 mil 450.0 mdp y en 2010 fueron aprobados 5 mil 500 mdp, de los cuales se asignaron 2 mil 750 millones de pesos al Subfondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca y 2 mil 750 a los 7 estados restantes.

Con otros esfuerzos y programas, el Fondo Regional ha sido determinante para que Chiapas haya ampliado la cobertura de agua potable de 74.3 por ciento que se registró en 2005 a 85.5 en 2009, en alcantarillado de 74.9 a 84.7, para tener una cobertura de 81 por ciento en materia de salud en los municipios de menor índice de desarrollo humano, cuando en 2005 era de 65 por ciento; asimismo, para que en los 118 municipios se pueda proporcionar educación media cuando en 2005 sólo 76 contaban con este servicio, entre otras importantes acciones.

Sin embargo, las necesidades de inversión e infraestructura para generar mayor desarrollo y mejores políticas públicas de combate de la pobreza en Chiapas, Guerrero y Oaxaca son muchas. Por ello es preciso que en el PEF de 2011 se asignen mayores recursos, con el objetivo de seguir cumpliendo cabalmente los trabajos hasta ahora realizados en la materia.

Se necesita asignar mayores recursos a las zonas más pobres del país, pero también brindar a la población certidumbre de que los diferentes órdenes de gobierno invierten dichos recursos de manera eficiente y con un solo propósito: erradicar la pobreza y generar en consecuencia mayor bienestar.

Por lo expuesto, con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento y con objeto de impulsar el desarrollo en el sur-sureste del país presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el análisis y la formación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos adicionales al Fondo Regional, correspondiente al ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, con el propósito de incrementar la asignación presupuestal del Subfondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo, http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/descripcion-de-los-cin co-ejes.html

2 Ibídem.

3 Índice de marginación 2005, http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/IM2005_principal.pdf, página 27.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento del hospital general regional de Iztapalapa, así como para la ampliación, remodelación y equipamiento de diversos centros de salud, considerados en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal 2007-2012, suscrita por los diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Juventino Víctor Castro y Castro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el 2009 la Cámara de Diputados asignó a la Secretaría de Salud del Distrito Federal recursos, vía el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2009), por un monto de 164 millones 187 mil 63 pesos para el “Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud”, los cuales fueron invertidos en el desarrollo de la primera etapa del hospital general regional de Iztapalapa, que ya fue concluida, sin embargo, el costo total de la obra asciende a más de mil 120 millones de pesos.

De los 164.2 millones de pesos asignados se invirtieron 98.5 millones de pesos en obra y los restantes 65.7 MDP en equipamiento, obra de la cual podemos decir con orgullo está al servicio de los ciudadanos desde mayo de 2010.

Aunque representa una cifra importante es necesario advertir el enorme rezago de infraestructura médica de primer nivel así como de especialidades al que se enfrenta la población del Distrito Federal, en particular la de Iztapalapa, por lo que se requiere que esta Cámara de Diputados asigne recursos suficientes para continuar con la construcción y equipamiento del hospital general regional de Iztapalapa así como la ampliación, remodelación, equipamiento y construcción de los centros de salud de la misma demarcación.

Es necesario hacer saber que los servicios de salud que brinda el gobierno de la ciudad de México atienden a la población vulnerable que no cuenta con seguridad social, la cual representa el 44 por ciento de los 8 millones 846 mil 752 residentes en el Distrito Federal, es decir, casi 4 millones de personas.

No obstante que los servicios de salud están destinados a los capitalinos que carecen de seguridad social; sus hospitales, centros de salud y clínicas especializadas atienden a pacientes originarios de otras entidades, principalmente del estado de México, de donde proviene el 12 por ciento del total de pacientes a los que se les brinda atención.

El sistema de salud de la capital cuenta con 2 mil 368 camas censables para atender a la población, sin embargo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debe existir al menos una cama por cada mil habitantes.

Únicamente 3 delegaciones en el DF cumplen con la norma internacional, las cuales son Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Este año se ha hecho un gran esfuerzo, en el Distrito Federal entre 2009 y 2010 se sumaron 222 nuevas camas, que sin embargo mantiene un déficit de más de mil 400 camas de las cuales son urgentes en la delegación Iztapalapa más de 400, pues apenas se llega a 0.40 camas por cada mil habitantes en la demarcación, es decir, menos de la mitad de una cama por cada mil habitantes.

Pero no sólo los requerimientos se concentran en las unidades de alta especialidad, también es indispensable apoyar la atención medica en el primer nivel; las unidades clínicas de este tipo se han convertido en un factor fundamental para el control de enfermedades y epidemias como la influenza estacional y humana, la diabetes, la hipertensión, el cáncer cérvico uterino (VPH), y otros padecimientos que requieren atención inmediata y cercana a los domicilios de la población que carece de recursos y de servicios de seguridad social.

En ese sentido los centros de salud son un elemento fundamental de prevención, la enorme marginación y concentración poblacional que existe en las colonias aledañas a estas unidades médicas hace impostergable nuestro compromiso con la población más vulnerable y coadyuvar a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

Los centros de salud que se encuentran en la delegación Iztapalapa y que proponemos a continuación para su ampliación y remodelación no significan una propuesta fortuita, en estos espacios se atienden núcleos de población con severos niveles de marginación y de gran concentración población no solamente del Distrito Federal sino de América Latina como es el caso de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl.

Las edificaciones de estos espacios datan del año de 1981, cuentan en promedio con 5 a 9 médicos para la atención de primer nivel clínico de la población que se cuenta por miles.

Como un botón de muestra de las necesidades de estos centros de salud referimos el universo de población en el que tienen influencia:

Centros de Salud T-II Quetzalcoatl, con una población de 177 mil 306 habitantes y una población no asegurada de 85 mil 53 habitantes (proyección Conapo 2010).

C.S. T-III Buenavista, con una población de 92,970 habitantes y una población no asegurada de 44,597 habitantes en el 2009.

C.S. T-II SAN Miguel Teotongo, con una población de 64 mil 369 habitantes y una población no asegurada de 40,351 habitantes (proyección Conapo 2010).

C.S. T-II San Andrés Tomatlán, con una población de 132 mil 394habitantes de los cuales 63 mil 509 son habitantes sin seguridad social.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, así se establece en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la cual nuestra nación es parte firmante.

Ante ello, debemos avanzar con sensibilidad y cumplir con un deber fundamental e insoslayable del estado mexicano: garantizar el acceso a la salud y al bienestar de la población.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Comisiones de Salud, del Distrito Federal, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la cantidad de 960 millones de pesos para la conclusión de la construcción y equipamiento del hospital general regional de Iztapalapa, mismo que se encuentra considerado en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal 2007-2012.

Segundo. Se solicita a las Comisiones de Salud, del Distrito Federal, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados considerar y etiquetar, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la cantidad de 100 millones de pesos para la ampliación, remodelación, equipamiento y construcción de los centros de salud Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Buenavista, San Miguel Teotongo y San Andrés Tomatlán, considerados en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal 2007-2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Juventino Víctor Castro y Castro, Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la estación Axomulco, de la línea 12, Bicentenario, del Metro, en Iztapalapa, de la Ciudad de México, suscrita por los diputados Juventino Víctor Castro y Castro y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Mary Telma Guajardo Villarreal y Juventino Víctor Castro y Castro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar y etiquetar al momento del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos suficientes con objeto de construir la estación Axomulco de la Línea 12, Bicentenario, del Metro, en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Antecedentes

Primero.El 7 de agosto de 2007, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del gobierno del Distrito Federal, presentó el proyecto de la Línea 12 del Metro (Línea del Bicentenario), que correría de Mixcoac a Tláhuac, que se caracterizaría por la mínima distancia en los transbordos.

Segundo.En septiembre de 2008 comenzaron las obras de construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cual habría de recorrer 25.1 kilómetros, de Tláhuac a Mixcoac. Pasaría por 23 estaciones y brindaría servicio a 475 mil usuarios por día, por medio de 28 trenes al inicio de su operación. La obra se construirá en dos etapas: la primera va de Tláhuac a Atlatilco y culminará el 30 de abril de 2011; la segunda, de Atlatilco a Mixcoac, finalizará el 30 de abril de 2012.

Tercero. Entre los objetivos iniciales para la construcción de la Línea 12 se consideró el mejoramiento del desempeño general de la red del Metro, en el que se resolviera la falta de conectividad oriente-poniente en el sur de la ciudad así como el mejoramiento de la infraestructura de transporte en Iztapalapa, la más poblada de las demarcaciones del Distrito Federal, con casi 2 millones de habitantes.

Considerandos

1.El costo completo de la obra fue calculado en 19 mil 500 millones de pesos, reduciéndose posteriormente a 17 mil 583 millones, de los cuales el gobierno federal aportaría 3 mil millones, equivalentes a 17.06 por ciento del monto de la obra.

2. Inicialmente, se consideró que esta línea contaría con 23 estaciones. Sin embargo, en febrero de 2009 el gobierno del Distrito Federal informó sobre modificaciones del proyecto original, entre las que se cuentan las siguientes:

a)El cambio del trazo, de Eje 3 Oriente a su continuación por la avenida Tláhuac hasta la calzada Ermita Iztapalapa;

b)Cambio en el tipo de trenes: éstos tendrán rodada férrea (con 2.5 kilómetros de cajón superficial y 12 kilómetros de tramo elevado); y

c)La supresión de tres estaciones, pasando de 23 a 20.

3.Una de las estaciones suprimidas fue Axomulco, en la intersección que forman las vías primarias Eje 3 Oriente y la calzada Ermita Iztapalapa, lugar con alto índice de tránsito peatonal, donde concurren comercios, industrias e instituciones educativas de nivel superior y superior, lo cual era incomprensible, ya que en el estudio de demanda en el proyecto original se consideró que con esta estación se beneficiarían a más de 40 mil usuarios entre las 6:00 y las 9:00 horas.

Aunado a lo anterior, en el proyecto original, la estación Axomulco habría sido de correspondencia entre las Líneas 8 y 12, toda vez que cuando fue construida la Línea 8 se dejaron los túneles requeridos a efecto de que cuando fuese construida la 12 ésta corriera sobre Ermita, retomando el actual trazo de la 8 sobre esta calzada.

4.En consecuencia, la supresión de la estación Axomulco traerá consigo tres problemas graves:

a) Que una intersección de vías primarias tan importante como Ermita y Eje 3 Oriente se quedaría sin estación del Metro;

b)Que se crearía una correspondencia de las Líneas 8 y 12 en la estación Atlatilco de aproximadamente 1 kilómetro de distancia; y

c)Entre la estación Atlatilco y la que seguiría de ésta hacia el poniente (Mexicaltzingo) en la Línea 12 habría aproximadamente 2 kilómetros de distancia.

5. Por esas razones, vecinos de las colonias Progreso del Sur, Valle del Sur, Minerva y Unidad Modelo han sostenido reuniones con la autoridad encargada para solicitar la construcción de la estación, en virtud de los beneficios que traería, además que el 14 de abril del presente año, dichos vecinos, en compañía de la diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Aleida Alavés Ruiz, acudieron a una reunión con las autoridades responsables del proyecto a fin de explorar las posibilidades de incluir en el trazo la estación Axomulco. En la citada reunión, el director de Proyecto Metro, reconoció que era factible la construcción de la citada línea, en la cual con base en los estudios por ellos realizados tendría un costo de 300 millones de pesos adicionales la estación en comento.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar y etiquetar en el momento del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 un recurso equivalente a 300 millones de pesos, con la finalidad de construir la estación Axomulco de la Línea 12, Bicentenario, del Metro, en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputados: Juventino Víctor Castro y Castro, Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción y funcionamiento de la carretera Zirándaro-Aratichanguio, Guerrero, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalen la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita brindar suficiencia presupuestal necesaria para la construcción y funcionamiento de la carretera de Zirandaro a Aratichanguio, en el estado de Guerrero, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que la infraestructura de carreteras en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran esfuerzo en materia de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, modernización y ampliación en todas las regiones del país.

Que las vías terrestres de comunicación son el medio idóneo para el eficaz transporte de personas y mercancías a través del territorio nacional, así como el desarrollo de los estados.

Que el buen estado y óptima funcionalidad son características esenciales para que las redes carreteras nacionales cumplan con sus objetivos.

Que el de Guerrero es uno de los estados con mayor proyección económica, cultural y turística del país, cuenta con una ubicación estratégica por su colindancia con Michoacán, México, Morelos, Puebla y Oaxaca; la migración interna masiva de las entidades federativas contiguas, ha obligado a que la infraestructura y construcción de carreteras de acceso a las demás comunidades sea considerada como prioritaria para su modernización, así como para el desarrollo de las comunidades aledañas.

Que las vías carreteras son paso obligado para la transportación de mercancías y personas para el desarrollo económico estatal, regional y nacional, y debido a la problemática señalada, se busca beneficiar de manera directa a comunidades como Zirándaro y Aratichanguio.

Que Zirándaro se encuentra al poniente de la capital del estado de Guerrero, a 60 kilómetros al poniente de Ciudad Altamirano, sus actividades económicas principales son la explotación ganadera de tipo extensivo, la agricultura principalmente de temporal y el comercio y los servicios en pequeña escala; cuenta con una población de más de 20 mil habitantes.

Que Aratichanguio se encuentra al poniente de la capital de Guerrero, al norte a 1.5 kilómetros del río Balsas, al sur a 1.5 kilómetros del cerro Picacho, sus actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería, animales de traspatio, apicultura, pesca, explotación forestal, minería, artesanía y turismo; cuenta con una población de más de 2 mil habitantes.

El ritmo creciente de paso de personas y mercancías que desde los Estados y comunidades colindantes de Zirándaro y Aratichanguio se ha saturado y resulta insuficiente, propiciando con ello un marcado desequilibrio económico por los retrasos en la transportación y construcción de nuevos desarrollos carreteros.

Consideraciones

1. Que la infraestructura de vías carreteras nacional es limitada, por lo cual se requiere impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades pequeñas que quedan partidas por las vías de comunicación que, a su paso, marginan a su población.

2. Que con la construcción de la carretera Zirándaro-Aratichanguio se logrará el acceso al desarrollo que demanda la sociedad.

3. Que con la construcción del tramo carretero Zirándaro-Aratichanguio, que consta de aproximadamente 55 kilómetros, se logrará satisfacer y explotar el importante potencial agrícola, minero, ganadero, comercial, artesanal y turístico que encuentra completamente limitado por la falta de acceso a las vías carreteras.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de este órgano legislativo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes a elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, en el cual se solicita brindar la suficiencia presupuestal necesaria por la cantidad de 80 millones de pesos, para la construcción y funcionamiento de la carretera Zirándaro-Aratichanguio, en el estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputados: Arturo Santana Alfaro, Ángel Aguirre Herrera (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Son diversas las asignaturas que dentro de la reforma del estado se encuentran pendientes. Una de ellas es sin lugar a dudas, la descentralización educativa en el Distrito Federal que por no concretarse, existen rubros como el de aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal, que hasta la fecha es ejercido directamente por el gobierno federal.

Dicho rubro forma parte del ramo 25, “Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos”.

Cabe referir, que en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, que fue enviado por el Ejecutivo federal en fecha 8 de septiembre del año en curso, se propone a dicho rubro la asignación de recursos por un monto de 28 mil 500 millones de pesos, a diferencia del monto aprobado para 2010, que fue de 33 mil 111 millones de pesos.

Considerando que

1. Esta variación en la asignación de recursos para el concepto de aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal representa una disminución de 4 mil 611.1 millones de pesos en términos reales con relación a 2010.

2. En términos  porcentuales representa una caída real del 13.9 por ciento.

3. El monto de la disminución es equivalente en términos de los programas de la Secretaría de Educación del Distrito Federal a:

a) Más de cuatro veces el presupuesto asignado para el Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prepa Sí) que ha beneficiado a 195 mil 44 jóvenes.

b) Cerca de seis veces el presupuesto asignado para el Programa Integral de Mantenimiento Escolar (PIME) que ha beneficiado a cerca de 1 millón 500 mil alumnos.

c) Más de doce veces el presupuesto del Programa Integral de Conectividad Escolar Aula Digital que ha beneficiado a más de 1 millón de alumnos.

4. Parte de la reducción propuesta para 2011 en los recursos para la educación básica y normal en Distrito federal, impactaría negativamente en los servicios personales, con una disminución en términos reales equivalente a 1,578.0 millones de pesos; lo que en términos porcentuales representa una caída real de 5.6 por ciento.

5.Es importante destacar que los montos aprobados para las aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal, dentro del ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación, han disminuido en términos reales desde el ejercicio fiscal de 2008, tal como se muestra a continuación:

Presupuesto asignado a la administración federal de servicios educativos en el Distrito Federal

(Millones de pesos de 2011)

* Cálculos propios con información de la SHCP.

**Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

El artículo 25 de la Ley General de Educación dispone que“el monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país” y “en la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible”.

Para cumplir con este mandato legal, no podemos aprobar recursos en menor cantidad con relación a años anteriores para rubros que son fundamentales para la transformación y el desarrollo social que demanda el país, como lo es el de los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

Por lo expuesto, pido a la Presidencia de esta Mesa Directiva que someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, se considere una ampliación de recursos no menor a 4,611.1 millones de pesos para el presupuesto asignado al ramo 25, particularmente, a las aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales al programa Hábitat, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD

Avelino Méndez Rangel, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben recursos adicionales al programa Hábitat, vertiente “Centros históricos”, del ramo administrativo 20, “Desarrollo social”, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que a 2010, el catálogo de sitios del patrimonio de la humanidad emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) consta de 911 sitios, de los cuales 704 son culturales, 180 naturales y 27 mixtos, distribuidos en 151 países.

Segundo. Que en el país hay 31 sitios culturales, naturales y mixtos, distribuidos en todo el territorio, con lo que ocupamos el primer lugar en el continente americano en la lista internacional de la UNESCO, pues se cuenta con 3.4 por ciento del total mundial y 14.5 por ciento de los sitios culturales, naturales y mixtos del continente.

Tercero. Que a partir de 2003, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuenta con el programa Hábitat, cuya vertiente “Centros históricos” atiende por mandato del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación la protección, conservación y revitalización de los centros históricos inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y de los que forman parte de la lista indicativa y tienen posibilidades de ser incluidos en la del patrimonio mundial.

Cuarto. Que el país está incluido en la lista desde 1987 con las declaratorias de cuatro sitios culturales (el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco; el centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán; el centro histórico de Puebla; la ciudad prehispánica de Teotihuacán, México; y la ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque, Chiapas; y uno natural, la reserva de la biosfera de Sian Ka’an).

Quinto. Que en el último año (2009/10) se han incorporado dos sitios a dicha lista: las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca, y el Camino Real de Tierra Adentro.

Sexto. Que esta soberanía ha aprobado en los últimos años recursos crecientes para esa vertiente del programa Hábitat, pero siguen siendo insuficientes por las múltiples necesidades de conservación y cuidado de los sitios.

Séptimo. Que algunos de los sitios culturales, naturales y mixtos patrimonio de la humanidad, de acuerdo con los criterios de la UNESCO, han sido afectados por las recientes inclemencias de la naturaleza que han afectado a la nación, como Papantla, donde se halla la ciudad prehispánica de El Tajín, y la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, ambos en Veracruz, y requieren todo el apoyo de la federación para su reconstrucción.

Octavo. Que “los recursos considerados en el programa Hábitat destinados a la conservación de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura deberán aplicarse para cada una de dichas ciudades” (Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, artículo 31, tercer párrafo, nuevo Presupuesto, Diario Oficial de la Federación 7 de diciembre de 2009).

Noveno. Que en enero de este año, la Secretaría de Desa-rrollo Social informó a sus dependencias por medio del oficio número 300/002/2010, de fecha 12 de enero de 2010 (cf. http://www.sedesol.gob.mx/archivos/115/file/Distribución_de_subsidios_por_Verti ente_y_Entidad_Federativa_2010.pdf) que el presupuesto total para esta vertiente, 66 millones 359 mil 104 pesos, se distribuiría de la siguiente manera: Campeche, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, con 6 millones 635 mil 910 cada uno; Guanajuato, con 13 millones 271 mil 820.

En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 500 millones de pesos para que el programa Hábitat, vertiente “Centros históricos”, del ramo administrativo 20, “Desarrollo social”, pueda cumplir mejor su mandato contenido en el considerando tercero de esta proposición.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Avelino Méndez Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales para el gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD

Avelino Méndez Rangel, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que en los últimos años ha habido un comportamiento muy errático en la asignación de recursos para el desarrollo rural, la conservación del suelo y agua del Distrito Federal, toda vez que dentro del programa especial concurrente de 2005 se aprobaron recursos federales por $94.8 millones para la recuperación de suelos y agua; en 2006, a pesar de que existían recursos aprobados no fueron liberados, ni ejercidos, pero en el año de 2007, se ejercieron 225 millones y para el año de 2008 se aplicaron 142.9 millones de pesos como parte del programa de Conservación y Uso Sustentable de Recursos Suelo y Agua; finalmente, para 2009, en el Ramo 16, “Medio ambiente y conservación de suelo y agua”, se ejercieron 140 millones de pesos.

Segundo. Que en 2008, de los $181.7 millones invertidos, $38.8 millones fueron con recursos locales y $142.9 millones con recursos federales, con los cuales se apoyaron 119 proyectos en las siete delegaciones rurales del DF para la realización de 457 obras; de las que 260 son de suelo y 197 de agua, en beneficio de 7,846 hombres y 2,345 mujeres de los núcleos agrarios. Esta actividad permitió generar 4,745 empleos temporales que junto con las 10,191 personas beneficiadas, se produjeron 45,000 jornales.

Tercero. Que con estos recursos, que han fluctuado a lo largo de estos años, se han realizado obras que han ayudado a recargar los mantos acuíferos, a retener suelo y han disminuido los riesgos para la población urbana en el Distrito Federal.

Cuarto. Que la Cámara de Diputados ha aprobado en los últimos años presupuestos anuales adicionales para complementar las acciones que el gobierno del DF y sus delegaciones realizan en el campo de esta entidad para realizar obras y prácticas de conservación de suelo y agua para la producción primaria, mismos que deben continuar en el año 2011.

Quinto. Que este programa es del ámbito concurrente para apoyar a ejidos, comunidades y pequeños propietarios del Distrito Federal para impulsar obras en beneficio de la producción primaria, de manera que se contengan los suelos y el agua.

Sexto. Que del subsuelo del Distrito Federal se extraen, actualmente, 45 metros cúbicos por segundo de agua, mientras que tan sólo se recargan 25 metros cúbicos en el mismo lapso, con las siguientes consecuencias para el territorio, en primer lugar sobreexplotación, hundimientos, creciente incremento de los costos de extracción, incremento en la profundidad de los pozos y baja en la calidad del preciado líquido; si bien con esto se ha logrado que la ciudad sea autosuficiente en poco más del 75 por ciento en el abasto de agua, dependiendo en un 25 por ciento de fuentes externas, esta política hacia el mediano y largo plazos pone en riesgo la sustentabilidad de la capital de la República, además de la sobrevivencia de sus 8,5 millones de habitantes.

Séptimo. Que resulta impostergable y vital para esta ciudad mejorar la infiltración de agua al subsuelo, por lo que tenemos que destinar recursos adicionales a la defensa y rehabilitación de las áreas con vocación agrícola, forestal, así como las áreas naturales protegidas en el Distrito Federal; con lo que, además, podremos mejorar la calidad del aire que respiramos sus habitantes y mejorar así la calidad de vida, sobre todo de las nuevas generaciones; así como cumplir con los compromisos internacionales en torno a la captura de carbono por parte de los cuerpos verdes.

Octavo. Que la presente proposición es un llamado urgente para apuntalar las acciones emprendidas en los últimos años por parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, así como de las delegaciones con suelo de conservación, tendientes a evitar el colapso ambiental de la capital de la república, en el corto plazo, así como para ir sentando las bases para garantizar sus sustentabilidad hacia el mediano y largo plazos.

Noveno. Que ante estas necesidades fundamentales, se presenta esta proposición con punto de acuerdo para que se aseguren recursos mínimos que se destinen a atender a la población rural del Distrito Federal, para que la Cámara de Diputados, a través de la revisión del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011, apruebe recursos adicionales en la materia que se solicita.

En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 500 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal lo canalice, a través de la Secretaría de Desa-rrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el anexo 8, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, en el programa 10. “Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria”, del Ramo 08, “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, del componente conservación y uso sustentable de suelo y agua, que incluya la leyenda después del nombre del componente mencionado que diga (se incluyen 500 millones de pesos para el DF).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 26 de octubre de 2010.— Diputado Avelino Méndez Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el municipio de Guadalupe, Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto al pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apruebe recursos para el municipio de Guadalupe, Zacatecas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, cumplió en días recientes con su responsabilidad constitucional al haber aprobado la Propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para 2011 por un monto de 3 billones 438 mil 826 millones 900 mil pesos.

Las modificaciones realizadas al precio del petróleo, déficit público, cigarros, bebidas energizantes y crecimiento dieron recursos adicionales de 60 mil 482 millones de pesos, por encima de lo que presentó el titular del Ejecutivo. Ratificamos el iva en 16 por ciento así como el aumento de 2 dólares en el barril de petróleo, lo que representa un precio final de 65 dólares. El déficit público será de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el crecimiento de 3.9 por ciento y habrá un impuesto especial de 7 pesos por cajetilla a cigarros.

En consecuencia Estado mexicano se encuentra en posibilidades de sostener los niveles de gasto del año en curso. Además es menester que como representantes de la población no sólo debemos de pelear por una mayor capacidad de ingresos, tenemos la responsabilidad de que cada peso asignado sea perfectamente utilizado.

En este sentido, nuestra facultad de asignación presupuestal tendrá y se dará en el marco de ejercicios de desempeño, de transparencia y sobre todo de impacto real en la vida diaria de los ciudadanos.

Hoy el estado de Zacatecas atraviesa por una etapa donde se renovaron las autoridades estatales, municipales y el Congreso local. Si bien la sociedad tomó decisiones diferenciadas, las problemáticas de los ciudadanos siguen vigentes y tendremos que resolverlas dejando de lado diferencias políticas, sociales.

Por esta razón, hemos sido sensibles en la promoción de proyectos municipales, respaldamos las propuestas del gobernador y sobre todo apoyamos toda propuesta emanada de la sociedad civil, pues son precisamente ellos quienes padecen o se benefician directamente de las acciones de gobierno.

En este sentido hemos dialogado con actores diversos de la sociedad zacatecana y particularmente del ayuntamiento de Guadalupe. Debo de señalar que este ejercicio ha sido muy fructífero y con las debidas notificaciones y especificaciones técnicas hemos integrado un listado de proyectos que fortalecen la estructura institucional, de infraestructura, turística, carretera, hidráulica y con ello detonar la economía local y estatal.

A continuación les hago de su conocimiento el listado de proyectos y espero puedan ser valorados e impulsados por todos ustedes:

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía apruebe las siguientes asignaciones presupuestales.

De igual forma le solicito incluir en los pedimentos del Fondo Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2011 el siguiente listado de necesidades del estado de Zacatecas:

1) Planta tratadora de agua potable, por un monto de 50 millones de pesos. Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

2) Reserva urbana, 25 millones de pesos para el municipio de Zacatecas, y 25 millones para el ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.

3) Agua potable: 25 millones para restauración de la red del centro histórico y 25 millones de pesos más para la construcción de pozos y redes municipales, ambas obras en Guadalupe, Zacatecas.

4) Vialidad de cerro San Simón, 25 millones de pesos. Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los proyectos, programas y propuestas que presentan los presidentes municipales de Loreto, Villa García, Trancoso y Pinos, Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como educación, salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos, mejoramiento de las comunidades e infraestructura carretera. Su propósito principal es orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social.

A través de ella, los ayuntamientos mejorarán sus sistemas de trabajo y aplicarán con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos de beneficio social.

Así, tomando en cuenta los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los criterios del gobierno del estado y las demandas locales, los legisladores debemos asumir nuestro papel de promotores de la voz de nuestros representados.

A la oficina de un servidor han llegado proyectos presentados por varios alcaldes de Zacatecas, de donde soy originario, para que se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Por ello solicito a todos los diputados: es hora de ser sensibles a todos esos requerimientos. Estas solicitudes deben ser vistas como un instrumento para trascender situaciones de atraso o como mecanismos que permitan detonar la economía y solventen problemas sociales en todo el país.

En mi calidad de legislador federal y conociendo las carencias y dificultades que los munícipes presentan para hacer llegar su propuestas, debo señalar la importancia de dar seguimiento y apoyo a cada demanda, pues sus esfuerzos deben materializarse en la asignación de recursos que permitan solventar sus requerimientos.

Debido a la dispersión de la población, encontramos también grupos sociales en desventaja, cuya principal característica la constituye el hecho de no contar con los servicios básicos necesarios y vivir alejados de los grandes centros urbanos.

Convencido de que su aprobación y asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 coadyuvará al mejor desarrollo municipal, pongo a consideración los siguientes proyectos que, en materia de infraestructura carretera, formulan los alcaldes de Trancoso, Loreto, Villa García y Pinos, Zacatecas, que se encuentran debidamente sustentados en lo requerido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Por lo expuesto, me permito presentar la siguiente propuesta a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para la aprobación de los proyectos:

1. Construcción de 3 mil 820 metros de carretera de la colonia Hidalgo, de Loreto a la comunidad Las Huertas, de Noria de Ángeles, Zacatecas. El tramo carretero une los dos municipios y da servicio al desarrollo agrícola y ganadero, en beneficio de un promedio de mil 670 hectáreas de riego en producción, dando crecimiento y de-sarrollo a productores, ganaderos, educación y salud. Beneficiaría a 7 mil habitantes; monto requerido: 4 millones 480 mil 860 pesos.

2. Construcción de 3 mil 900 metros de carretera que une Loreto con Aguascalientes, beneficiando mil 200 hectáreas y a 30 mil habitantes al lado poniente del municipio, cuya economía mayoritaria es la horticultura. Monto requerido: 4 millones 563 mil pesos.

3. Construcción de 8 mil 100 metros de carretera en El Tepetate-Carrillo Puerto, entroncando a la altura del kilómetro 11, de la carretera Loreto-Luis Moya, en beneficio de ambas comunidades. El monto requerido es de 9 millones 477 mil pesos.

Dichos proyectos tendrán un amplio efecto en la sociedad y son indispensables para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos municipios. Por lo anterior pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a las ordinarias que en la discusión, asignación y adecuación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se etiqueten recursos que cubran lo solicitado por los diferentes sectores para los municipios de Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición conpunto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para 51 proyectos de infraestructura carretera en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mayor parte de la red carretera del estado de Oaxaca se encuentra en pésimas condiciones. Las intensas lluvias de los últimos meses han acrecentado las corrientes de ríos y canales, provocando la caída de puentes vehiculares, puentes peatonales; deslaves en caminos rurales y carreteras alimentadoras que ha dejado incomunicados  a cientos de comunidades y municipios. El traslado de trabajadores, escolares, enfermos, así como el envío de bienes e insumos, se ha visto también severamente afectados. La implantación de 51 proyectos de infraestructura carretera, que juntos suman un total de mil 205 millones 154 mil 230.16 pesos, serán un detonante en la economía de más 800 mil habitantes que radican en 24 municipios y comunidades ubicadas en las 8 regiones que conforman el estado.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 considere la programación de mil 205 millones 154 mil 230.16 pesos para 51 proyectos de infraestructura carretera

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para 14 proyectos de infraestructura deportiva en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Más de dos terceras partes de los 570 municipios oaxaqueños no cuentan con instalaciones apropiadas para la práctica del deporte. Esta situación ha generado una gran preocupación a sus autoridades, pues reconocen la incursión de los jóvenes en los vicios y malos hábitos, en vez de incorporarse a la sana práctica de las actividades deportivas. De igual forma les inquieta el incremento en el Índice de obesidad entre su población. Por tanto, la implementación de los 21 proyectos de infraestructura deportiva, los cuales suman un total de 213,942,687.45, no solamente les permitirá operar permanentemente programas deportivos en los 14 municipios y comunidades que se ubican en varias regiones de Oaxaca, sino que también la administración estatal ahorraría importantes recursos en materia de salud y seguridad pública

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 213,942,687.45 (doscientos trece millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos con cuarenta y cinco centavos ) para 14 proyectos de infraestructura deportiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para 15 proyectos de infraestructura cultural en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es conocido y reconocido que la riqueza de los pueblos reside en su gente, en el amplio legado de tradiciones que se transmite a través de las generaciones. Oaxaca es uno de los estados de la Republica Mexicana que alberga la mayor diversidad étnica y cultural; nuestros indígenas se distinguen, allende las fronteras, por el uso de sus lenguas nativas, por sus costumbres y formas de vida. Lo contradictorio de esta situación es que año con año, tanto autoridades federales como estatales, les destinen tan pocos recursos presupuestales. Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2011, con la ejecución de los 15 proyectos culturales, que suman un total de $106,356, 047.56, los cuales benefician directamente a más de 210 mil habitantes de 15 municipios, se daría un paso importante en al rezago que en materia de centros culturales tiene nuestra población.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 106,356,047.56 (ciento seis millones trescientos cincuenta y seis mil cuarenta y siete pesos con cincuenta y seis centavos) para 15 proyectos culturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para conformar el sistema nacional de becas, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Armando Ríos Piter, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 23 de octubre, este país despertó con otra funesta noticia en la que 16 jóvenes fueron masacrados y otros 15 resultaron heridos en una balacera ocurrida en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue apenas a principios de este año cuando ocurrió un hecho análogo, el cual dio origen a un ambicioso plan de inclusión social denominado “Todos Somos Juárez”.

Lo ocurrido el pasado fin de semana es un acto execrable como todos aquellos de los que tenemos registro desde que inició la guerra contra el narcotráfico. No obstante en esta matanza hay una situación que debe sacudirnos más a fondo y es el hecho de que los muertos son jóvenes, en tanto que el presunto victimario es descrito como un hombre de 20 años, quien irrumpió en una fiesta privada preguntando por un vehículo estacionado en el exterior. Los medios de comunicación relatan que el joven fue ignorado en dos ocasiones por los asistentes, de tal manera que montó en cólera y comenzó a disparar en todas direcciones. Al momento, entre tres y cuatro tiradores más aparecieron en el lugar y comenzaron a disparar también. La madre del festejado, Martina Arteaga Cereceres, de 30 años, fue asesinada en el acto y entre los heridos se contó un menor de 9 años.

Este relato estremecedor se ha convertido en un paisaje cotidiano, el cual corre el riesgo de perderse entre las estadísticas criminales y ser un caso más con muy pocas  esperanzas de justicia.

Sin embargo, en este nuevo atentado es imposible soslayar un aspecto distintivo: la violencia está devorando a la juventud. Ante la falta de opciones de vida, los jóvenes están cambiando su sistema de valores, por lo que la carrera de la criminalidad se ha convertido en una opción de vida, tanto porque los retornos económicos son altos y acelerados como por la absoluta certeza de la impunidad que prevalece.

El hecho de que la juventud esté siendo atraída por el crimen organizado o bien, hacia una vida de violencia, no solamente representa un problema social en el presente, sino que sus efectos tendrán resonancia en el futuro con menores posibilidades de crecimiento económico porque en vez de haber generado suficiente capital humano hoy para el desarrollo futuro habremos desperdiciado una década de bono demográfico que aún tenemos por delante, huelga decir que se ha perdido la mitad del potencial con que se contaba a principios del 2000.

Durante la última década, México ha tenido un crecimiento raquítico, no mayor a 2 por ciento, y no ha creado los empleos suficientes para absorber a la población activa, principalmente a la más joven. Asimismo la falta de educación de calidad limita aún más las posibilidades de desarrollo y movilidad social de los jóvenes por la vía de las actividades legales.

Frente al desempeño mediocre de la economía nacional, sin posibilidad de empleo y sin estudios que representen una verdadera esperanza de mejoramiento personal, el futuro de los jóvenes mexicanos se encamina hacia el subempleo, la informalidad, la migración y ahora cada vez más frecuente hacia la delincuencia.

La carencia de expectativas de vida ha generado que los grupos criminales sean quienes, en términos prácticos, resuelven las necesidades básicas de la juventud. Tan sólo en documentos oficiales de la Secretaría de Gobernación, se cita que el ‘homicidio está a punto de ser la principal causa de muerte’ entre jóvenes de 15 y 25 años. Otro ejemplo dramático es que de los 5 mil 500 homicidios ocurridos desde 2008 en Ciudad Juárez, 30 por ciento implica a menores de 20 años, de acuerdo con la subprocuraduría de justicia de Chihuahua.

Por otro lado, la dinámica poblacional de México indica que para alcanzar el desarrollo agrícola, industrial, científico, tecnológico y cultural es necesario reconocer hoy, que los jóvenes constituyen la mayoría de la población. La atención a los jóvenes representa un componente fundamental de cualquier estrategia de desarrollo.

En estricta lógica, el Estado Mexicano debería contar con definiciones de gran aliento en materia juvenil. Ello presupone aceptar que los grandes problemas nacionales no corren paralelos a los que padece la juventud, y que no es necesario optar entre la atención de unos u otros; o sea, reconocer que todos los problemas nacionales tienen un cruce obligado con la juventud, trátese de la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la industria, la agricultura, los servicios, la pobreza, la marginalidad y otros que sería excesivo enumerar. Hay que convertir dichos cruces en las claves para liberar la energía social de nuestra juventud, utilizándolos como los cauces para abordar la solución de esos problemas.En resumen, y retomando una idea que ha sido repetida hasta la saciedad, las políticas juveniles deben ser concebidas, definidas y ejecutadas como: proyectos nacionales de inversión de muy alta rentabilidad social.

En el cumplimiento de este objetivo, el Poder Legislativo debe contribuir de manera determinante, haciendo las adecuaciones jurídicas y presupuestales que permitan alcanzar los objetivos de las políticas hacia los jóvenes.  La instrumentación de una política juvenil no supone la centralización de los planes; por el contrario, se instala en los terrenos de las políticas regionales, estatales y municipales para que adquiera un verdadero carácter nacional. Esto supone no caer en la tentación de incrementar la burocracia, sobre todo si ya existe una dependencia encargada de coordinar las tareas de atención a la juventud.

En la actual estructura del aparato de la administración federal no es posible atender articuladamente los elementos antes mencionados, ya que muchas de las prácticas oficiales se realizan sin coordinación y en forma parcial e insuficiente. Se deben identificar adecuadamente las tareas que correspondan a cada área y establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional que supervise y evalúe las políticas aplicadas; es aquí donde el Instituto Mexicano de la Juventud cumpliría  funciones y acciones importantes, que hasta ahora no ha podido visualizar.

Quizá  haya llegado a su maduración el momento de superar el ancestral tabú que ha prolongado el divorcio de las instituciones educativas y los sectores productivos. Nada más saludable que un acercamiento de las autoridades, las instituciones de educación superior y de las empresas para establecer compromisos y generar sinergias para emprender planes comunes, de los cuales no pueden quedar excluidos los jóvenes. Las becas-trabajo, la capacitación para la adquisición de nuevas competencias, entre otras cosas, pueden ser algunas de las aportaciones de las empresas a las políticas a favor de la juventud. A su vez, ellas tendrían acceso a los beneficios de la investigación científica y tecnológica de las instituciones educativas, mismas que podrían recibir recursos del sector productivo. El gobierno, por su parte, haría su contribución con estímulos a las empresas y, a cambio, recibiría el apoyo de las instituciones y las empresas para la solución de los problemas del país.

México cuenta también con recursos que se encuentran en otros ámbitos y no sólo en los señalados en el párrafo anterior. En la tarea común de aplicar políticas de apoyo a los jóvenes bien pueden involucrarse a los colegios de profesionistas, fundaciones, agrupaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, e incluso a las iglesias. El asunto es tener claro los objetivos y distinguir meridianamente lo que pueden hacer o no cada una de estas organizaciones. En todo caso, lo primero es generar un polo con la aceptación suficiente como para ser portador de una gran capacidad de convocatoria.

No parece ocioso el conformar un observatorio de la juventud -aunque ya exista un observatorio ciudadano y otros que abordan el tema- que sea el ámbito del debate y de los acuerdos entre los distintos sujetos y organizaciones relacionados con la política juvenil. Con ello se busca favorecer una instancia en la cual se recupere, se analice y sistematice la información sobre la juventud; donde se puedan identificar los temas relevantes y se generen los acuerdos que guíen las propuestas de acción con y para las diferentes franjas juveniles, en el entendido de que es necesario formar las ciudadanías juveniles, democratizar la información e incluir a los jóvenes como actores fundamentales del desarrollo.

Para esto se debe contar con un sistema nacional de becas y apoyos en todos los niveles educativos para impulsar significativamente la mayor permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas.

En forma concomitante, diseñar una estrategia integral de acceso a servicios de salud  específicos y profesionalizados para jóvenes que impliquen las áreas de sexualidad, alimentación, abuso de alcohol y drogas, así como los temas de depresión, soledad, problemas afectivos y de relación social.

Junto con ello es importante garantizar plenamente los derechos que las jóvenes tienen para decidir en torno a las cuestiones de uso responsable de su sexualidad y de reproducción. Alentar en las instituciones públicas y políticas del país, así como en los medios de comunicación, la promoción y defensa de los derechos juveniles, superando los prejuicios y estereotipos en torno a los jóvenes que por su condición de pobreza y marginación se vinculan a redes de violencia y delincuencia. Para lo cual se necesitan verdaderos programas de reinserción social y desarrollo social. Asimismo, se debe fomentar el acceso de los jóvenes a la justicia para combatir los niveles de violencia y apoyar el desarrollo de una cultura a favor de los derechos humanos y de la resolución de conflictos mediante el diálogo y los valores democráticos. Construir los espacios adecuados y las condiciones básicas para fomentar el diálogo y la participación juvenil, donde se respeten las diversas manifestaciones y expresiones culturales; así como se fomenten su difusión y su integralidad.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único.Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a efecto de que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se genere una partida presupuestal por un total de 20 mil millones de pesos etiquetados para conformar el Sistema Nacional de Becas, lo que permitiría atender alrededor de 30 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad, en virtud de que este país debe generar las condiciones para aprovechar el bono demográfico y contrarrestar la ola de violencia que afecta directamente a la juventud.

Notas:

1 El Consejo Nacional de Población define al ”bono demográfico” como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores), y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor. Es una ventana de oportunidad demográfica, que bien aprovechada, principalmente, bajo escenarios de crecimiento económico y con instrumentos adecuados para fomentar el ahorro interno e impulsar la inversión en capital humano, puede ser un importante factor de expansión de la economía, que a su vez, permita realizar las inversiones necesarias para generar más empleos y mantener a los dependientes económicos. En nuestro país, en 1970, la relación de dependencia económica era de 1.1, es decir, había 1.1 personas inactivas por cada persona en edad productiva, para el 2000 esta relación fue de 0.7 y para 2020 será de 0.6, fecha que tendrá el punto mínimo alcanzable en la historia moderna de nuestro país. A partir de 2021, dicha relación de dependencia económica empezará a modificarse negativamente, de tal modo que la población económicamente inactiva será nuevamente mayor que la activa.

2  Mónica María Uribe. “El observatorio de juventud para Medellín: una estrategia que puede contribuir al reconocimiento y la inclusión”, en Trabajo social, juventud, participación política y cultura, Nueva Época, 7 de julio de 2003, páginas 56-63.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un puente a desnivel en Zamora, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción del puente a desnivel de la salida a Morelia, ubicado en la avenida Juárez, a la altura de la central de autobuses, en la localidad de Zamora municipio de Zamora, Michoacán, con el objeto de beneficiar al municipio.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, se considere la programación de 44,617,747.49 (cuarenta y cuatro millones seiscientos diez y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 49/100 moneda nacional) para la construcción de puente a desnivel de la salida a Morelia en Zamora, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la Plaza Artesanal de la Esfera, en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debido a que el porcentaje de ventas de esfera se ha incrementado considerablemente y por ser un proyecto de suma importancia para el desarrollo comercial e impulsar el sector artesanal de tlalpujahua, un pueblo en el cual se beneficiaran significativamente los artesanos y la población que adquiera sus productos, es por tal motivo que con la puesta en marcha de la construcción de la plaza artesanal de la esfera se eleva el nivel de producción así como el número de empleos que se generan. Esto traerá consigo una mejora de la imagen municipal y principalmente ofrecer un espacio de manera permanente para los artesanos, también se pretende un aumento en la afluencia turística y poder ofrecer un mejor servicio, esto incrementa la venta de esfera, beneficiando a una población de 25,373 habitantes, desarrollando la actividad y promoción artesanal, satisfacer la demanda de la población gracias a las creaciones de los artesanos y a ofertar durante todo el año.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la construcción de esta plaza artesanal de la esfera.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del Malecón del Bicentenario de la Independencia, consistente en museo, estacionamiento, restaurant y embarcadero, en Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta localidad es privilegiada por la cantidad de borregones que llegan a invernar por un periodo de seis meses, generando con esto una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que vienen a observar este fenómeno natural, es por esto que es necesario dotarla de la infraestructura necesaria para darle un mejor servicio a  sus visitantes, para así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $5,522,173.71 (cinco millones quinientos veintidós mil ciento setenta y tres pesos 71/100) para la construcción de dicha obra.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la segunda etapa de la casa de la cultura del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro municipio no hay espacios que permitan elevar el nivel cultural de la población por que el plantel educativo más elevado es un colegio de bachilleres, que sólo ofrece nivel de preparatoria.

No todos los jóvenes tienen posibilidad tanto de ingresar a la preparatoria y menos a Internet, ni desplazarse a otra población

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2,444,367.92 (dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 92/100 moneda nacional) para la construcción de dicha obra.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición conpunto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un relleno sanitario para tratar la basura que se genera en el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Toda vez que ahora depositan la basura en un terreno a cielo abierto, lo cual constituye a todas luces un problema sanitario, ambiental y además se desaprovecha la oportunidad de darle valor económico a los residuos municipales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2’680,248.42 (dos millones seiscientos ochenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos 42/100) para la construcción de del relleno sanitario.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para pavimentar con concreto hidráulico diversas calles de Cojumatlán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se solicita esta obra por ser una necesidad urgente en nuestro municipio; estas calles carecen de los servicios mas necesarios provocando enfermedades y accidentes ya que cuando llueve el lodo que se genera afecta a sus habitantes especialmente a los niños que acuden a la escuela y no pueden llegar a elle en forma presentable y a los adultos mayores se les dificulta el tránsito por ellas por el peligro de resbalar y caer.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $18, 767,984.57 (dieciocho millones setecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos 57/100 moneda nacional) para la realización de dicha obra.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Puerto de León, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.

Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $3,100,156.89 (tres millones cien mil ciento cincuenta y seis peos 89/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.

Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $4,302,435.46 (cuatro millones trescientos dos mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 46/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de El Nogal, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.

Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2,605,251.26 (dos millones seiscientos cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 26/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010. — Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de un módulo deportivo en la localidad de Rincón de María, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta localidad no cuenta con espacios de recreación donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde poder practicar algún deporte o desarrollar otras actividades.

Nuestros jóvenes necesitan espacios donde gastar sus energías para evitar que busquen ayuda en sitios equivocados y puedan caer en el vicio del alcohol y la drogadicción.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $2,724,336.75 (dos millones setecientos veinticuatro mil trescientos treinta y seis pesos 75/100 moneda nacional) para la construcción de este modulo deportivo.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de una fábrica de harina de pescado en la localidad de Petatán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Esta obra es muy necesaria en esta comunidad por el peligro de contaminación debido a que diariamente se desechan un promedio de siete toneladas de desperdicio de pescado el cual cuando entra en estado de descomposición genera olores muy desagradables perjudiciales para la salud y el medio ambiente, así como también se contamina el lago de Chapala que tanto necesita de nuestro cuidado, por lo cual considero que esta obra resultara ecológica y mejorara la calidad de vida de los habitantes de esta localidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, Medio ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, consideren la programación de $6,981,116.00 pesos (seis millones novecientos ochenta y un mil ciento dieciséis pesos 00/100) para la construcción de la fábrica de harina de pescado.

Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2011, se incluya una partida especial para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Talleres Gráficos de la Nación fue creada por acuerdo del Presidente Lázaro Cárdenas del Río el 13 de enero de 1938 y, desde esa fecha, se constituyó bajo la figura de sociedad cooperativa. Para el cumplimiento de sus fines le fueron proporcionados algunos bienes propiedad de la nación. Por ello, la empresa se constituyó como de participación estatal y nombró a un representante ante la asamblea a fin de cuidar sus bienes.

Con el tiempo, el gobierno federal se constituyó como propietario de 50 por ciento de los rendimientos anuales, no obstante que no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la cooperativa.

Para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación se constituyó un fideicomiso en 1990, pero la cooperativa fue intervenida por la Secretaría de Gobernación desde noviembre de 1993. Además, de acuerdo a información de los ex cooperativistas, no se ha cumplido el pago de las pensiones de dichos trabajadores, no obstante que, mediante una liquidación no fundada en derecho, el gobierno federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.

De acuerdo a versiones de la Secretaría de Gobernación dadas a la Comisión Permanente en 2003, los asuntos demandados ya se atendieron. Por un lado, dice, se otorgaron indemnizaciones y pagos por única vez a los trabajadores que tenían derecho a una pensión conforme al fideicomiso que otorgaba las pensiones y que fue liquidado; además, dice, las demandas que se presentaron, fueron en su momento sobreseídas mediante el juicio de amparo respectivo.

En el primer caso, el 16 de mayo de 1998 el liquidador de Talleres Gráficos suscribió convenios individuales con los jubilados para el pago de las aportaciones que constituyeron un fideicomiso para el pago de las pensiones. Se pagó a 157 ex cooperativistas la cantidad de 11 millones 671 mil pesos. Sin embargo, estos pagos fueron entregados sin informar a los trabajadores que al aceptarlos, asumían la pérdida del derecho a una pensión. Al liquidar el fideicomiso, se canceló el derecho de los trabajadores a recibir una jubilación, al momento cerca de 200 ex cooperativistas quedaron sin una pensión para su vejez, la cual no se sustituyó con una liquidación o un pago único.

En consecuencia, se propone otorgar un pago por única vez a los ex trabajadores que hayan adquirido derechos conforme al fideicomiso citado por un monto de 22.1 millones de pesos que cubrirían el pago de los años que no han recibido una pensión, tomando como base un ingreso promedio de un salario mínimo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida especial en el Ramo 4 Gobernación, de 22.1 millones de pesos para otorgar un pago único a ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación por los derechos adquiridos como socios cooperativistas en dicho organismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma Chapingo, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la ampliación del presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Uach tiene como misión contribuir al desarrollo nacional soberano y sustentable, a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales para la producción de bie-nes y servicios agropecuarios, forestales y agroindustriales; formar profesionales íntegros, solidarios, con juicio crítico, democrático y humanístico; y generar y transferir oportunamente al sector rural innovaciones científicas y tecnológicas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y sus familias.

En respaldo de esa misión, y con el reconocimiento de la importancia estratégica de la Uach, la Cámara de Diputados ha autorizado recursos adicionales en los últimos cinco años, que se han destinado a la modernización de la infraestructura y al fortalecimiento de sus funciones sustantivas.

Específicamente, esos recursos adicionales han permitido el equipamiento de laboratorios, campos y granjas experimentales, actualización del parque vehicular y el equipo de cómputo, construcción y equipo de cómputo, y construcción y remodelación de edificios, algunos con valor histórico que son patrimonio de la nación.

La Uach se ha vinculado al sector productivo, social e institucional, en busca de desarrollar la infraestructura con cobertura nacional para contribuir así a la solución de problemas específicos de las regiones agroecológicas del país.

Invertir en educación es invertir en el futuro del país, sobre todo por la oportunidad que nos presenta el bono demográfico de millones de jóvenes que demandan educación universitaria.

En un acuerdo institucional entre autoridades, sindicatos de trabajadores académicos y administrativos y del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Universidad Autónoma Chapingo se propone una ampliación de mil 249 millones 500 mil pesos:

1. Servicios personales equilibrio regularizable: 93 millones de pesos.

2. Servicios personales homologación y pasivos, retabulación, jubilación: 324 millones 700 mil pesos.

3. Gastos de inversión: 539 millones 100 mil pesos.

4. Operación, capítulos 2000 y 3000: 127 millones 700 mil pesos.

5. Módulo unidad de servicios habitacionales (estudiantes), capítulo 6000: 65 millones de pesos.

6. Compromiso contractual Uach-Stauach terrenos de vivienda: 100 millones de pesos.

Total solicitado de ampliación: mil 249 millones 500 mil pesos.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el ramo 08, “Agricultura, ganadería, desarrollo rural y pesca”, una ampliación presupuestal para la Universidad Autónoma Chapingo por mil 249 millones 500 mil pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Centro Nacional de las Artes y para la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluyan ampliaciones presupuestales para el Centro Nacional de las Artes y la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura es parte indispensable del desarrollo de la sociedad, uno de los fundamentos de la nación y un derecho de los mexicanos. El desarrollo cultural implica el mejoramiento de la calidad de vida.

La cultura encarna los valores más altos, es uno de los fundamentos de la nación, de la comunidad, del hogar. Una sociedad que fortalece su cultura está mejor preparada para la convivencia civilizada, el consenso y la tolerancia. La cultura es manifestación de identidad, en tanto riqueza, pluralidad y diversidad.

La cultura es además un factor de desarrollo y bienestar; nos permite esclarecer las metas y aspiraciones, desatar procesos creativos, valorarnos en lo individual y en lo colectivo como actores de nuestra historia. La cultura no puede estar desvinculada de la discusión de nuevas formas de desarrollo y convivencia. Los recursos destinados a la cultura son redituables en desarrollo, entendimiento, progreso y bienestar individual y colectivo. La cultura debe ser el corazón del desarrollo: sin democracia cultural no habrá democracia política.

El presupuesto aprobado para el sector cultural en 2010 ascendió a 13 mil 94.1 millones de pesos. La propuesta enviada por el Ejecutivo para el próximo ejercicio es de sólo 10 mil 991.5 millones de pesos, monto menor en 2 mil 102.6 millones de pesos.

Los trabajadores del sector cultural han propuesto, en defensa de su materia de trabajo, ampliar el presupuesto para cumplir en mejores condiciones sus labores relacionadas con la educación artística y la difusión de la cultura.

Concretamente, se propone para el Centro Nacional de las Artes una ampliación de 12 millones 303 mil 763 pesos para la equiparación salarial al catálogo de puestos.

Los trabajadores de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes solicitan su equiparación salarial con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, lo que equivale a un monto aproximado de 58 millones de pesos.

El monto de estas ampliaciones, comparado con el recorte del sector, es mínimo porque importa 70.3 millones de pesos.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 incluyan la ampliación en el ramo 11, “Educación”, del presupuesto del Centro Nacional de la Artes por 12 millones 303 mil 763 pesos para equiparación salarial al catálogo de puestos y de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 58 millones de pesos para su equiparación salarial con los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para las instituciones de educación superior, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2011 ampliaciones presupuestales para instituciones de educación superior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a un análisis entregado a esta Cámara de Diputados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) considera que los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001 destinados a educación superior “resultan insuficientes para la realización de las tareas académicas”. Instituciones públicas de educación superior, con excepción de la UNAM, institución que este año cuenta con un proyecto presupuestal adecuado para la realización de sus programas y proyectos considerados en su plan de desarrollo.

Plantea la ANUIES que los montos propuestos para el resto de las instituciones públicas de educación superior deben fortalecerse para 2011, y “los recursos destinados a los fondos de financiamiento bajo una nueva integración presupuestaria no deben verse afectados, sino por el contrario, observar un crecimiento real a fin de atender adecuadamente la ampliación de la cobertura, la elevación de la calidad y la atención a problemas estructurales”.

En este contexto, las autoridades de algunas de estas instituciones, así como sus trabajadores han solicitado se hagan llegar a esta soberanía propuestas específicas de ampliación presupuestal que consideramos deben ser atendidas para combatir el rezago que la educación superior ha venido sufriendo en las últimas décadas y puedan ocupar el lugar destacado que merecen como palanca del desarrollo nacional.

Instituto Politécnico Nacional

El IPN es una institución rectora de la educación superior tecnológica pública mexicana que desde hace 74 años está comprometida con el proyecto nacional.

Al cierre del presente ejercicio atiende una matrícula total de 154 mil 428 alumnos y se estima que para el próximo año su cobertura educativa se incrementará en 5.4 por ciento, equivalente a 8 mil 374 alumnos. Los recursos adicionales que se solicitan tendrán un alto impacto social en cuanto a mayor cobertura y oferta de calidad; programas académicos con reconocimiento nacional e internacional, certificados por organismos externos; así como una cobertura en todo el país a través de unidades académicas y centros de investigación vinculación y educación continua.

Las ampliaciones que solicita el IPN son a servicios personales (148. 3 millones de pesos) para cumplir compromisos laborales que requieren ser respetados y regularizados; materiales y suministros por 293.9 millones de pesos para la adquisición de insumos para trabajos de investigación en laboratorios, equipo y bienes informáticos para las prácticas realizadas en áreas tecnológicas y en las redes de investigación y posgrado con que cuenta el instituto; en servicios generales se solicita una ampliación de 480 millones de pesos para mantenimiento de equipos, construcciones y edificios, mantenimiento de redes informáticas. Cabe señalar que 60 por ciento de la infraestructura de las escuelas y centros de investigación tienen una vida de servicio mayor a los 50 años.

Finalmente, en el caso de inversión se solicita una ampliación de 309.8 millones de pesos, entre los que destacan los siguientes proyectos: segunda etapa de construcción y equipamiento del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías; consolidación del Polo de Desarrollo Tecnológico; robustecimiento de infraestructura y equipamiento de unidades académicas ubicadas en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos; consolidación del equipamiento del planetario Luis Enrique Erro; construcciones necesarias y equipamiento de diversas unidades académicas como la Escuela Superior de Cómputo, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas; la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología; la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía; el CECyT 8 Narciso Bassols y el Centro de Desarrollo Infantil Unidad Zacatenco.

En total, la ampliación presupuestal que se solicita para el Instituto Politécnico Nacional es de 1 mil 232 millones de pesos.

Universidad Autónoma de Guerrero

La Universidad Autónoma de Guerrero solicita una ampliación presupuestal de un millón 495 mil pesos, para aplicarse en los siguientes rubros:

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), incremento de 317.5 millones de pesos, a distribuir como sigue:

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal

Para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS-DF), se solicita un monto de 1 mil 065 millones de pesos, a distribuir como sigue:

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Esta universidad solicita una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos, de los cuales 100 se destinarían al equiparamiento salariales, incrementos salariales y prestaciones sociales para el personal que presta sus servicios en las unidades escolarizadas Casa Libertad, San Lorenzo Tezonco, Centro Histórico, Del Valle, Cuautepec y las sedes administrativas de Eugenia y Pestalozzi.

Los restantes 100 millones corresponden a gasto de inversión en obra física para la edificación de un nuevo plantel en Milpa Alta y la conclusión de los planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec.

Colegio de Bachilleres de Guerrero

Este organismo público descentralizado ofrece sus servicios a 29 mil 983 estudiantes. Para contribuir a su saneamiento financiero, mejorar su calidad educativa y las condiciones laborales de los trabajadores docentes y administrativos, se solicita una ampliación de 147 millones 940 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera: 28.1 millones para planteles por cooperación; 39.9 millones para reconocimiento de la plantilla real; 59.9 millones para establecer una zona salarial única, reconociendo la existencia de zonas de vida cara y 20 millones para planteles municipales incorporados.

Universidad Revolución, de Chicoloapan (Nueva Creación)

Esta institución inició operaciones en agosto de 2010, dentro de las instalaciones de la Escuela Preparatoria oficial 55 del estado de México, ubicada en el municipio de Chicoloapan.

La Universidad Revolución se encuentra actualmente gestionando el reconocimiento de sus estudios a través de la Universidad Autónoma de Chapingo, creando un centro universitario público para la zona oriente metropolitana.

Su perfil como institución educativa está dirigido a formar profesionistas que puedan crear proyectos, programas y empresas para innovar procesos y aplicar tecnologías informáticas y de comunicación, con el fin de gestionar el desarrollo comunitario bajo una perspectiva ambientalista y sustentable.

Los requerimientos presupuestales solicitados por esta universidad ascienden a 480.3 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 8.2 millones de pesos para la nómina del personal docente y no docente; 468.6 millones de pesos para inversión física; 2.0 millones de pesos para servicios y suministros y 1.5 millones de pesos para práctica e investigación.

Bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios

El personal de bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios en Iztapalapa, solicita una ampliación de 13 millones 503 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Universidad Autónoma de Sonora

Se solicita una ampliación para un programa de equiparación salarial interno a fin de que todos los trabajadores reciban la misma percepción salarial en cinco años. El monto solicitado para alcanzar esta meta es de 20 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública que incluyan en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 las siguientes ampliaciones presupuestales al ramo 11 Educación, destinadas a instituciones de educación superior, como se detalla a continuación:

• Instituto Politécnico Nacional, 1 mil 232 millones de pesos;

• Universidad Autónoma de Guerrero, 1 mil 249 millones 500 mil pesos;

• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 317 millones 520 mil 690 pesos;

• Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 1 mil 065 millones de pesos;

• Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 200 millones de pesos;

• Colegio de Bachilleres de Guerrero, 147 millones 940 mil 150 pesos;

• Universidad Revolución de Chicoloapan, estado de México, 480 millones, 300 mil pesos;

• Bibliotecas de la Dirección General de Operaciones y Servicios, 13 millones 503 mil 269 pesos;

• Universidad Autónoma de Sonora, 20 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para financiar el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en al LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incluya una partida especial para el financiamiento del Fideicomiso FerronalesJub 5012-6, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ferrocarriles Nacionales de México, ahora en liquidación, otorgaba a todos su personal un plan de jubilación que otorgaba pensiones vitalicias al momento de cumplir con determinados requisitos. Lo anterior quedó plasmado en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).

El 19 de diciembre de 1997, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del programa jubilatorio se constituye en Nacional Financiera, SNC, el Fideicomiso Ferronalesjub, con recursos que serían proporcionados por la venta de las empresas ferroviarias concesionarias. El patrimonio inicial del convenio ascendió a 13 mil 530 millones de pesos para 53 mil 348 jubilados en ese momento.

De acuerdo al último estudio actuarial disponible, elaborado por el despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, (diciembre de 2008), el valor presente de las obligaciones del fideicomiso asciende a 21 mil 800 millones 735 mil pesos. Como el fideicomiso contaba, al momento de la evaluación con 6 mil 101 millones 729 mil pesos, el pasivo del fideicomiso asciende aproximadamente a 15 mil 699 millones de pesos. En caso de que el gobierno federal no cuente con estos recursos y de acuerdo a las tendencias observadas, para principios del año 2011 no existirán recursos suficientes para enfrentar el pago de las obligaciones del fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2009 el fideicomiso contaba con sólo 3 mil 869 millones de pesos para cubrir sus obligaciones.

A valor actual, estimamos que las obligaciones del fideicomiso ascienden a cerca de 25 mil 500 millones de pesos.

Es importante mencionar que el artículo 4o. del decreto por el que se extingue FNM y se abroga su Ley Orgánica establece:

En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

El riesgo de incumplimiento de esta obligación por la insuficiencia financiera del fondo del fideicomiso es un problema crítico que afectará en el corto plazo a los beneficios de cerca de 42 mil jubilados y pensionados en el próximo ejercicio fiscal.

En ese sentido, se propone que para capitalizar el fideicomiso FerronalesJub 5012-6 se otorgue una partida especial, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 3 mil 500 millones de pesos, que permita solventar el cumplimiento de obligaciones para el próximo ejercicio fiscal. En caso de que esta propuesta sea aceptada, se requerirían aportaciones similares por los siguientes siete años para obtener la suficiencia financiera del fideicomiso y dar certidumbre a estos ex trabajadores ferrocarrileros.

Por lo expuesto, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida especial, en el ramo 09 Comunicaciones y Transportes, de 3 mil 500 millones de pesos para financiar el Fideicomiso FerronalesJub 5012-6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Píter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en al LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo cuarto, párrafo tercero, de la Constitución establece el derecho a la protección de la salud. Los artículos 2, 3, 90 y 96 de la Ley General de Salud especifican que la protección de la salud tiene como finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, el desarrollo de la enseñanza, así como de la investigación científica en materia de salud, que los servicios de salubridad deben satisfacer las necesidades de la población; que la investigación científica debe contribuir  al conocimiento, prevención y control de las enfermedades, así  como a la producción de insumos para la salud y que la enseñanza debe orientarse a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos.

En los artículos 37, 51 y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se establece que estas instituciones atienden padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, que la investigación científica tiene que contribuir al conocimiento y a las necesidades de salud del país, y que la formación y capacitación de recursos humanos debe vincularse con los programas de atención médica y de investigación, y que la prestación de los servicios médicos será preferentemente a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) es un organismo descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado por la Secretaría de Salud, que tiene autonomía técnica, operativa y administrativa.

El INNN realiza estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de las neurociencias, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud; promueve y realiza reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebra convenios de coordinación, intercambio y cooperación con instituciones afines; forma recursos humanos en sus áreas de especialización, así como en aquellas que le son afines; brinda servicios de salud de alta especialidad en aspectos preventivos, quirúrgicos y de rehabilitación en el área de las afecciones nerviosas; proporciona consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera atención médica de su especialidad, hasta el límite de su capacidad instalada.

Durante más de 40 años de esfuerzo sostenido el INNN ha logrado la construcción de una sólida infraestructura social y desarrollo de recursos humanos de alto nivel científico-técnico.

Es reconocido nacional e internacionalmente por su alta productividad y calidad de sus servicios, resultado principalmente de la dedicación y preparación de sus trabajadores, que se desempeñan en condiciones extremas por las características de su fuente y materia de trabajo.

Desde 2001 operan con sólo 39 consultorios, en los que se atienden 90 mil personas, lo que registra un promedio de 0.48 consultorios médicos por cada mil personas atendidas, inferior al valor estándar del sector salud. Lo anterior denota la falta de espacios para la atención oportuna de la demanda de personas que acuden a programar su cita para recibir una consulta médica de alta especialidad, lo cual incide en los retrasos en el otorgamiento de las mismas.

Durante años el gasto en inversión ha sido limitado, como consecuencia se nota un marcado deterioro en los equipos y las instalaciones. La falta de reequipamiento ha acentuado la obsolescencia tecnológica, constituyendo un factor decisivo en lo limitado de los servicios y contribuyendo a su baja calidad.

La propuesta que se presenta permitirá hacer frente a la conversión de plazas, ampliación de plantillas de personal (principalmente rama médica), la sustitución de las compañías subrogadas por plazas del instituto y dotación oportuna y suficiente de medicamentos y materiales para atención del paciente.

La normatividad faculta a los órganos de gobierno del INNN para aprobar y modificar la estructura básica de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías.

Esta propuesta consiste en otorgar 2 millones 175 mil pesos para conversión de plazas; 36 millones 415 mil pesos para plazas de nueva creación y 48 millones 788 mil pesos para sustituir a las compañías subrogadas por plazas el INNN.

El derecho a la salud sólo puede garantizarse sobre la base de las instituciones públicas, ya que aún ocupan el lugar central en la atención a la salud, y constituyen un patrimonio social construido durante décadas, por lo que debe fortalecerse su gestión para resolver sus actuales problemas. La primera condición para superar su deterioro es revertir su desfinanciamiento, garantizando el incremento del gasto programable en salud.

El incremento al Presupuesto de Egresos permitirá hacer frente a la conversión de plazas, ampliación de plantillas de personal (principalmente rama médica), la sustitución de las compañías subrogadas por plazas del instituto y dotación oportuna y suficiente de medicamentos y materiales para atención del paciente.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, considere la ampliación de 87 millones 378 mil 843 pesos en el ramo 12, “Salud”, para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en al LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto ejecutivo de ampliación presupuestal para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) experimenta un retroceso en la inversión en ciencia, tecnología e innovación; siendo el ININ el único centro nuclear de México, se presentan problemas en el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, así como en la atención y calidad de los servicios que prestan las diversas áreas que lo conforman.

En este sentido, se requiere el reemplazo de los equipos existentes con opciones tecnológicas más eficientes, así como la implantación de nuevos procesos productivos, como la necesidad de contar con una instalación de tratamiento de desechos radioactivos y un nuevo reactor nuclear de investigación de 20 megavatios, los proyectos constan de participación en el diseño, construcción y operación de las instalaciones de los trabajadores del ININ.

En general, la petición de ampliación presupuestal en el ejercicio fiscal de 2011 para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se presenta en la tabla siguiente, con la solicitud de que en el rubro de subsidios y apoyos fiscales se le dote de una ampliación al propuesto por el gobierno federal de 769 millones, 803 mil 743 pesos  para completar la cantidad en ese rubro de 1 mil 231 millones 651 mil 14 pesos, a efecto que en inversión física se proporcione la cantidad de 538 millones 35 mil 775 pesos  que incluyen los equipos, infraestructura, materiales, suministros, edificios y la compra de un reactor nuclear de investigación de 20 megavatios, para producir ciencia, tecnología y productos para beneficiar a la sociedad, el campo, la industria, la educación, la salud, por mencionar algunos.

La estrategia refleja el compromiso de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos adversos de éste, asimismo con nuestra participación en beneficio de la sociedad, desa-rrollando ciencia y tecnología, para satisfacer la demanda que tiene la industria y los sectores productivos. Consideramos que la ciencia, la ingeniería y la innovación tecnológica, deben tener un papel preponderante y decisivo para el logro de estos objetivos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 considere la ampliación de 769 millones 803 mil 743 pesos para el proyecto ejecutivo de ampliación presupuestal para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una ampliación al Ramo 12, “Salud”, para el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es indispensable gestionar la ampliación del presupuesto 2011 al sector salud, ya que el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán está comprometido con los trabajadores agremiados a dicha organización, que se encuentran en una situación precaria, contratados por honorarios, tratándose de casi dos mil trabajadores que operan el Seguro Popular y nuevos hospitales; tres mil 273 trabajadores de personal regularizado, el cual no ha recibido incrementos salariales durante tres años consecutivos hasta la fecha, así como 82 trabajadores contratados por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Por lo expuesto, los suscritos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la ampliación de 290 millones 656 mil 965 pesos en el Ramo 12, Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Castro Cosío, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, José Narro Céspedes, Armando Ríos Piter, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito, del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Luis Felipe Eguía Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben recursos etiquetados destinados para la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristobal-El Corralito, perteneciente al honorable ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en favor de la región del Corralito y 13 comunidades de la subregión, de las cuales están las de San Antonio de los Baños, San José de los Baños, colonia Las Rocas, Pinabetal, Corralito Pazotal, entre otros, con base en los siguientes

Antecedentes

1. Desde hace más de dos décadas, la región del Corralito, del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, integrada por las comunidades indígenas de la etnia tzotzil, en donde su población prevalece la marginación y extrema pobreza, la cual tiene un avanzado rezago social, hace más de 36 años el camino comprendido San Cristóbal-El Corralito, con una longitud 6+300 kilómetros, fue abierto de manera rudimentaria con materiales diversas, pero no propios técnicamente, por habitantes e integrantes de esa comunidad y de otras subregiones, y han solicitado apoyo a diversas instancias gubernamentales de los tres niveles, y que hasta la fecha no han sido escuchadas sus demandas como es la construcción y pavimentación del camino de merito, que es prioridad para comunicarse e integrarse a las comunidades y acceder a diversos servicios y al desarrollo.

2. En esa región se tiene aproximadamente una población de 15 mil habitantes.

3. Son muchas y variadas las necesidades de los municipios que conforman la región del Corralito, no obstante es fundamental que cuenten con vías de comunicación que les permitan desarrollar actividades de intercambio entre las comunidades y que propicien el desarrollo.

Considerando

Primero. Que es una realidad que en dicha población habitan 2 mil 600 de familias que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas a las que se enfrentan día a día.

Segundo. Que como legisladores, el deber es velar por el bienestar de todas y todos los mexicanos, encausados al bien común, en particular de los que menos tienen, garantizando que en el presupuesto aprobado a los gobiernos estatales y municipales sea destinado a cubrir, entre otras, las necesidades básicas de la población con la finalidad de elevar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. En especifico, en esta comunidad del Corralito, por ser una zona marginada y de pobreza, que para acceder a los poblados donde se encuentran algunos servicios de salud, transporte, escuelas y otros, que están distanciados de la comunidad que nos ocupa, se requiere de su pavimentación para ser una vía para mitigar y resolver sus problemas de comunicación y acceso a diversos servicios indispensables.

Tercero. Que por ello es ineludible y necesario que el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe esta soberanía establezca una partida presupuestal por 45 millones de pesos, suficiente y etiquetada para la construcción del camino que durante años han gestionado los habitantes de las comunidades mencionadas, así como para acceder a diversos servicios públicos cuando menos básicos, que están alejados de esa comunidad.

El proyecto de la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito cuenta con los soportes documentales, de aprobación por el honorable ayuntamiento de San Cristóbal y validado por la Secretaría de Comunicación y Transporte; oficio de impacto ambiental, emitido por la Semarnat y la Semavi Chiapas; la validación del INAH y carta compromiso del ingeniero Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y al pleno de esta LXI Legislatura a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se apruebe la cantidad de 45 millones de pesos, recursos etiquetados destinados a la pavimentación del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El Corralito, con una longitud de 6+300 kilómetros, perteneciente al honorable ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para tener acceso a una infinidad, necesarios e indispensables, de servicios públicos en favor de la región del Corralito y 13 subregiones, que beneficiará a más de 2 mil 600 familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se establezca un fondo para el pago de los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Domingo Rodríguez Martell de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Talleres Gráficos de la Nación S.C. de P.E. y R.S fue creada por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 13 de enero de 1938 y, desde esa fecha, se constituyó bajo la figura de sociedad cooperativa. A esta empresa se le proporcionó algunos bienes propiedad de la nación y se constituyó como de participación estatal.

No obstante, el 3 de junio de 1992 el gobierno federal dio por terminado de manera arbitraria el contrato entre los Talleres Gráficos de la Nación S.C. de P.E. y R.S, y se convino la devolución de los bienes al gobierno federal.

Asimismo, cabe señalar que en 1990 se constituyó un fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, sin embargo, la cooperativa fue intervenida por la Secretaría de Gobernación en noviembre de 1993.

De acuerdo con la información de los ex cooperativistas y jubilados, no se ha cumplido con el pago de las pensiones de dichos trabajadores, a pesar de que mediante una liquidación no fundada en derecho, el gobierno federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.

En dicho fideicomiso, se estableció que la aportación de 10 por ciento de la nómina mensual, así como de los rendimientos anuales de la cooperativa a los fondos fideicomitidos, debía ser efectuada por las instituciones que explotan el centro de trabajo desde 1993 hasta la fecha.

Así, a la fecha ninguno de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación ha recibido pensión, lo que ha representado para ellos y sus familias sobrevivir en un ambiente de zozobra y carencias, agravando esta situación con el irreparable fallecimiento de quienes han venido demandando el cumplimiento de este derecho.

Por tal motivo, se realizó el ejercicio para el pago de las pensiones vitalicias para los 213 jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, relativo al periodo del año de 1995 al año de 2010. Para la generación del pago se tomó en cuenta el estudio actuarial que hizo la Secretaría de Gobernación, asimismo también se incorporaron los incrementos en el salario mínimo publicados en el Diario Oficial de la Federación con base en las normas que establece la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, actualizado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), Banco de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, considere la urgente necesidad de aprobar un fondo de 236’681,350.67, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de cubrir el pago a los ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, correspondiente al periodo de 1995 a 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de adicionar un párrafo al artículo 20 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 a efecto de que en las campañas y programas del gobierno federal, sea incluido en un recuadro, un intérprete de lengua de señas mexicanas, o en su defecto, el sistema de subtítulos o close caption, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

La suscrita, diputada Claudia Edith Anaya Mota, en nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de punto de acuerdo a fin de adicionar un párrafo al artículo 20 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con base en las siguientes

Consideraciones

La presente proposición tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 20 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, relativo a los recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para que en los programas y campañas de comunicación social de éstos se incluya a un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption en los que se transmitan por televisión.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, realizado en el 2003 por la Secretaría de Salud, aproximadamente el 9 por ciento del total del país presentaba algún grado de dificultad en el dominio de su movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales, y dolor y función social, por lo que se estima que alrededor de 10 millones de personas presentan discapacidad.

El Diagnóstico del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad señala que de los hombres con discapacidad, el 16.5 por ciento son sordos y de las mujeres el 14. 8. Los rangos de edad de la población sorda se distribuye: De 0-14 años representan el 12 por ciento, de 15 a 29 años el 11.2, de 30 a 59 el 12 por ciento y de más de 60 años, el 21 por ciento.

El 16 por ciento son sordos de nacimiento, el 25.6 por enfermedad, el 11.8 por un accidente, y el 38.2 la adquiere por la edad avanzada.

En materia educativa, en 2006 se atendieron a 384 mil 393 personas con discapacidad, tan sólo 14, 835 personas eran sordas, o sea tan sólo el 3.9 por ciento, de los 384 mil 393 el 90 por ciento, es decir 350 mil 574 eran atendidos por las entidades federativas.

Esta medida que se propone en el decreto de Presupuesto de 2011, está sustentada en los objetivos estratégicos del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. Al respecto el programa señala: “Estrategia 2.3 Incentivar la instalación y el uso de medios, programas, tecnologías y formatos alternativos para facilitar la comunicación y la difusión de información para personas con discapacidad.”

La estrategia 2.3. el gobierno federal, la pretende alcanzar con las siguientes acciones: “2.3.1. Gestionar ante las autoridades de los niveles federal, estatal y municipal, el uso de tecnologías de información y comunicación, así como de formatos alternativos adecuados para personas con discapacidad, en espacios públicos. 2.3.2. Promover ante las principales empresas televisoras la contratación de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana para los noticieros y programas culturales de mayor difusión, o bien, el uso de estenografía proyectada; y 2.3.3. Gestionar la publicación de información en sistema braille u otros formatos alternativos y asegurar que se proporcione información de este tipo en las instancias de servicio al público.”

Lamentablemente, este programa en materia de acceso al uso de tecnologías de información y comunicación, así como a formatos alternativos adecuados para personas con discapacidad, en espacios públicos; sólo tiene como meta “lograr que al menos uno de los noticieros nocturnos transmitidos por televisión nacional cuente con intérprete de Lengua de Señas Mexicana.”

Con nuestra proposición el sector público tendrá la obligación y el recurso para hacer accesible la información del gobierno transmitida por televisión accesible para las personas con discapacidad auditiva.

Esta propuesta, también ha sido presentado con anterioridad mediante dos instrumentos legislativos: vía una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a ordenar al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la República se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o Close Caption que fue aprobada por la Comisión Permanente y turnado al jefe del Ejecutivo el 28 de julio de 2010.  La Mesa Directiva de la Cámara aun no cuenta con respuesta al respecto.

Y, mediante una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de marzo de 2010, y turnada a las comisiones unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con opinión de Presupuesto y Cuenta Público. La iniciativa propone considerar que la información que difunda el Canal del Congreso deberá contar con un intérprete de lengua de señas mexicanas en un recuadro o subtítulos, que garanticen la accesibilidad de la información a las personas con discapacidad auditiva.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país, obliga al Estado mexicano a cumplir lo que establece el “artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

a. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d. Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.

Asimismo, la Ley General de las Personas con Discapacidad en su artículo 18, establece que “los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.”

Finalmente, la garantía constitucional establecida en el segundo párrafo del artículo 6, obliga al Estado para con sus ciudadanos con discapacidad auditiva a establecer procedimientos que garanticen el derecho de acceso a la información pública a más mexicanas y mexicanos.

Las anteriores consideraciones demuestran que la adición tiene sustento jurídico nacional e internacional; programático, en cuanto a metas y estrategias; financiero, ya que el gasto total de comunicación social del gobierno federal asciende en su conjunto a 1 mil 392.21 millones de pesos.

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía  la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y discusión del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se adicione un párrafo al artículo 20 con el objeto de que en las campañas y programas del gobierno federal sea incluido en un recuadro un intérprete de lengua de señas mexicanas, o en defecto el sistema de subtítulos o Close Caption.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Guadalupe Acosta Naranjo, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, José María Valencia Barajas, Francisco Armando Meza Castro, Silvia Puppo Gastélum, Domingo Rodríguez Martell, Julio César Godoy Toscano, Olga Luz Espinosa Morales, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, María Araceli Vázquez Camacho, María Dina Herrera Soto, Ramón Jiménez Fuentes, Martín García Avilés, José Narro Céspedes, Juan Carlos López Fernández, Ariel Gómez León, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Armando Ríos Piter, Nazario Norberto Sánchez, Florentina Rosario Morales, Avelino Méndez Rangel, Samuel Herrera Chávez, Carlos Torres Piña, Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la década de los ochenta en nuestro país se sentaron las bases de un esquema de coordinación fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas, toda vez que se expidió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual modificó sustancialmente la forma de repartirlas pues se consideró que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo en función de donde se generara la recaudación, sino dependiendo del grado de desarrollo regional, aunado a que se estableció la colaboración administrativa entre los ámbitos de gobierno federal y local a través de la celebración de convenios.

Dentro de la nueva Ley de Coordinación Fiscal quedó regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencia de la federación y de las entidades federativas, así como distribuir a los estados miembros una proporción de la recaudación federal, mediante el establecimiento de convenios de adhesión.

Si bien es cierto con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal las entidades federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas, también lo es que se estableció un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron mayores recursos el otorgamiento de participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos por la producción y venta de petróleo.

Es durante la década de los noventa que los procesos de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal: en el año de 1998 se incorporan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el capítulo V de la ley de mérito los Fondos de Aportaciones Federales del ramo 33.

Con la incorporación de los Fondos de Aportaciones Federales, la federación transfiere recursos a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Ahora bien, dentro de todos los fondos que conforman el ramo 33 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

En cuanto al FAIS es de señalarse que este se encuentra dividido en dos vertientes: estatal (FAISE) y municipal (FAISM), los criterios de distribución son ponderados en una fórmula que calcula un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.

Las aportaciones federales que con cargo al FAIS reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) FAISE: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

No obstante las bondades de dicho fondo, es de destacarse que el Distrito Federal sigue en la actualidad excluido del FAIS, en este sentido el presente punto de acuerdo tiene por objeto incorporar al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales en este fondo con el objeto de que la población del Distrito Federal se vea beneficiada con estas aportaciones federales bajo la premisa fundamental de dedicar los recursos del fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o entre sus demarcaciones territoriales, en este tenor estimamos que el Distrito Federal ha dejado de percibir por este conducto, desde su creación hasta el 2010, 7,262.4 millones de pesos de 2010, necesarios para la creación de infraestructura básica, y de no distribuirse recursos bajo este Fondo en el 2011, dejara de percibir alrededor de 811.1 millones de pesos de 2011.

Lo anterior, en virtud de que el Distrito Federal no es considerado un estado y sus demarcaciones territoriales no son consideradas municipios. Es decir, la problemática de la exclusión al FAIS radica en que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, sus recursos se distribuyen a los estados y de los estados a los municipios.

El hecho de que se excluya al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales de los recursos de este Fondo, no radica en que la federación reconozca la inexistencia de brechas carenciales en base a las cuales se calculan los coeficientes de distribución del fais, sino en el hecho de que el Distrito Federal no es un estado, por lo tanto, el problema es de naturaleza jurídica (semántica).

Por ello, resulta de vital importancia y de justicia social, que tanto el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales sean incluidas y beneficiadas del FAIS, el argumento de que no es un estado y no cuenta con municipios para excluirlo de dicho fondo, no es una consideración jurídica lógica, ya que desde el año de 1977 el Distrito Federal ha sufrido una evolución en cuanto a su régimen interno.

Sobre este punto en particular, es de señalarse que el primer párrafo del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es incompleto en su pretensión de considerar que el artículo 44 de la propia Ley Suprema fija la naturaleza del Distrito Federal, toda vez que el propio artículo 44 no determina de manera completa la naturaleza jurídica del Distrito Federal, puesto que sólo señala que es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Distrito Federal es una parte integrante de la Federación, lo que significa que adquiere la categoría de entidad federativa, siendo a su vez reconocido en distintos artículos de la Carta Magna donde se abarca igualmente a los estados y al Distrito Federal.

Con base en lo anterior se desprende la categoría de entidad federativa del Distrito Federal y en consecuencia se justifica la incorporación del mismo para participar en el FAIS contenido en Ley de Coordinación Fiscal.

Como antecedente, es importante considerar que en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se creó, como vertiente del Programa de Incentivos Estatales, el Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social, cuyos recursos recibieron las entidades federativas y fueron destinadas exclusivamente para acciones sociales e inversiones, que beneficiaban directamente a sectores de la población que se encontraban en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Tales recursos se distribuyeron entre todas las entidades federativas aplicando la fórmula del FAIS, correspondiéndole al Distrito Federal un coeficiente de distribución de 1.75 por ciento, de acuerdo con el cálculo realizado y dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social.

Lo anterior, permite determinar objetivamente el coeficientes del Fais que le debería de corresponder al Distrito Federal y ratifica el hecho de que se exclusión de origen de los recursos de este Fondo, obedece a razones ajenas a los criterios de pobreza extrema especificados en la fórmula de distribución de este fondo, de conformidad con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal el FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de ésta se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 por ciento corresponderá al FAISE y el 2.197 por ciento al FAISM.

El Distrito Federal como capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los poderes federales y entidad federativa ha sido objeto de reformas constitucionales paulatinas que en los últimos 20 años han tratado de incorporar elementos de corte democrático para aminorar los reclamos ciudadanos, por ello es de elemental justicia fiscal y federalista incluir al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales dentro de un esquema que permita beneficiar a los capitalinos de muy escasos recursos, que habitan en la capital del país y que coadyuvará a mejorar su calidad de vida.

Es de considerar que, en tanto no se modifique la Ley de Coordinación Fiscal, se propone crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación un Programa de apoyo para la infraestructura social del distrito federal y sus demarcaciones territoriales.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para quedar como sigue:

Título CuartoDe las Reglas de Operación para Programas

Capítulo IIDe los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de operación

Articulo 32. ...

Para estos fines, el ramo administrativo 20 Desarrollo Social considera los programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; Hábitat; de Empleo Temporal; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras; de Rescate de Espacios Públicos; 70 y Más; 3 x 1 para Migrantes; de Opciones Productivas; de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares; de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa; Vivienda Rural; de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres; de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV; de Abasto Rural a cargo de Diconsa, SA de CV; de Apoyo Alimentario y de Desarrollo Humano Oportunidades; de Coinversión Social; del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart y de Apoyo para la Infraestructura Social para el Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales.

El Programa de Apoyo para la Infraestructura Social para el Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales se crea con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.05 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.00606 por ciento corresponderá a la entidad federativa y el 0.04394 por ciento a sus demarcaciones territoriales.

Los subsidios federales con cargo a este programa se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, así como a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional.

Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Distrito Federal.

Este subsidio se enterará mensualmente al Distrito Federal en los primeros diez meses del año por partes iguales por conducto de la federación y del Distrito Federal a sus demarcaciones territoriales.

Adicionalmente, se podrá destinar hasta el 3 por ciento de dichos recursos en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, la entidad deberá:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo le sea requerida.

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos del Fondo sea compatible con la preservación y protección del medio ambiente y que impulse el desarrollo sustentable.

El ejercicio de los recursos del programa será informado por el Distrito Federal al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social remitirá trimestralmente dicha información a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

El Distrito Federal distribuirá a sus demarcaciones territoriales, los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, con una fórmula igual a la señalada en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellas demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo en mención publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) Población ocupada de la demarcación territorial que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del Distrito Federal en similar condición;

b) Población de la demarcación territorial de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del distrito Federal en igual situación;

c) Población de la demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población del Distrito Federal sin el mismo tipo de servicio; y

d) Población de la demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del Distrito Federal en igual condición.

Con objeto de apoyar al Distrito Federal en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel de demarcación territorial.

El Distrito Federal, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calculará la distribuciones del Programa de Apoyo para la Infraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales correspondientes a sus demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el 31 de enero del 2011, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

El Distrito Federal deberán entregar a sus respectivas demarcaciones territoriales los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a éste. Dicho calendario deberá comunicarse a las demarcaciones territoriales por parte del Distrito Federal y publicarse a más tardar el día 31 de enero del 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la cuarta zona metropolitana del país, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito diputado federal, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I, de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la zona conurbada que integra la cuarta zona metropolitana más importante del país, en virtud de las siguientes

Consideraciones

Diagnóstico sociodemográfico

El municipio de Puebla es una de las ciudades del centro y sureste de México que ha experimentado, en los últimos años, un desarrollo sociodemográfico importante. Esto, nos compromete a compartir una visión derivada de las necesidades de todos sus habitantes; que les brinde posibilidades de un desarrollo común, con perspectiva a futuro, producto del consenso de todos los sectores sociales y de un gobierno municipal incluyente, eficaz y sensible ante las demandas y necesidades locales, aunque restringido por la falta de recursos presupuestales.

Para ello, es necesario establecer estrategias emergentes que permitan incrementar la inversión productiva, darle mayor valor a las cadenas productivas y diversificar las actividades económicas del municipio, ya que un municipio no es grande por sus bienes materiales o su extensión territorial, lo es por el trabajo constante de sus habitantes y de su gobierno, y por la inteligencia con que aprovecha los recursos. Por lo tanto, el compromiso por consolidar aquéllas áreas de oportunidad para posicionarse en el ámbito nacional y aprovechar las oportunidades que brinda la inserción de la economía mexicana en la globalización y de éste desprender el desarrollo humano y la seguridad para los poblanos.

Debido a su ubicación geográfica, el municipio de Puebla representa un paso obligado entre la zona metropolitana de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y la región sur-sureste del país. Esta característica lo convierte en un punto de atracción de la población y de concentración de la planta productiva.

De los 10 ejes carreteros que conforman la infraestructura nacional de comunicaciones, tres de ellos cruzan el territorio poblano, lo cual significa una ventaja comparativa, tanto para el estado como para la ciudad. Adicionalmente, la ciudad como capital de la entidad federativa constituye el centro de las actividades económicas, políticas, administrativas, culturales, recreativas y deportivas del estado.

Población

El crecimiento poblacional del año 2000 al 2005, en la ciudad de Puebla, registró un incremento de 9.35 por ciento al pasar de 1 millón 346 mil 946 habitantes a 1 millón 485 mil 941, de igual forma, fue mayor el incremento en 1.07 por ciento en comparación con la media de crecimiento en el estado, sin embargo, se calcula que para el cierre de 2010, se concentre en el municipio aproximadamente el 38 por ciento de la población total de la entidad con más de 1 millón 850 mil habitantes.

Además de que, el municipio de Puebla, forma parte de la Cuarta Zona Metropolitana más importante del país, integrada por 38 municipios de los Estados de Puebla (18) y Tlaxcala (20), representando además, un núcleo poblacional de casi 2 millones 500 mil habitantes y en donde se puede evidenciar, un gran sinnúmero de contrastes entre las zonas urbanas, semiurbanas y rurales en lo que respecta a actividades productivas, servicios públicos y nivel de vida de la población.

En lo que respecta a marginación, en el municipio de Puebla se refleja un decremento en sus indicadores en el periodo comprendido entre 2000 a 2005, mostrando un Índice de Desarrollo Humano de -1.80493 para el año 2000 y, para el año 2005, este se sitúo en -1.71455; por lo que en términos generales el municipio posee muy bajo grado de marginación. Sin embargo, en el contexto nacional, retrocedió 7 posiciones.

En tanto a población indígena, la capital poblana registra un porcentaje marginal de población indígena, así lo arroja el XII Censo de Población y Vivienda de 2005. Para el año 2000, sólo contaba con 41 mil 292 y, para 2005, se contabilizaron 42 mil 142 hablantes de lengua indígena de 5 años y más.

Por lo que respecta a población ocupada en el municipio, tal y como puede observarse en el cuadro siguiente, sobresale una disminución en la población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos de 2005 con relación al 2000 debido a la desaceleración de la economía local, parte de ello, producto de la fuerte dependencia de la rama automotriz; del comercio y servicios, éstos últimos, provenientes principalmente de la actividad turística de la zona.

Actualmente, los principales sectores y actividades económicas de la zona han sido seriamente vapuleados en el último año por la incertidumbre generada por la crisis económica de 2009 principalmente en el ramo automotriz.

Es un hecho que la prospectiva de rentabilidad y crecimiento dependerá de las variables nacionales e internacionales; sin embargo, en la práctica, el panorama actual en la zona al igual que en muchas partes del país, refleja una aguda contracción de la producción y exportación principalmente en los sectores automotriz, de autopartes, textil, agrícola, manufacturera y minera, cuestión que preocupa indistintamente a los gobiernos principalmente del orden local como a la población que ha sido vinculada directamente con los procesos productivos de la zona industrial, comercial y agrícola que comparten los estados de Puebla y Tlaxcala.

Vivienda

En materia de vivienda se han obtenido significativos avances, puesto que, para el año 2000, sólo existían 315 mil 891 viviendas particulares y, para 2005, se remontó esta cifra a un total de 353 mil 19 viviendas, o sea un incremento del 11.75 por ciento; ocasionando un reacomodo urbano y semiurbano de infraestructura debido a la regularización de predios y a la creación de nuevas colonias. Cabe destacar que aun con la problemática general del agotamiento de reservas territoriales, la rama de la construcción calcula un crecimiento expansivo del 9.5 por ciento del periodo 2006 al cierre del 2009. Sin embargo, datos del gobierno municipal y de las Cámaras Nacionales de la Construcción dedicadas al subsector vivienda, reconocen que dentro de los límites del municipio, sólo cuentan con reservas territoriales para dos años más. Este dato se significa por la urgencia de planear y ejecutar acciones, programas y obras que le den viabilidad al ordenamiento de los asentamientos humanos y en general, al desarrollo urbano con sustentabilidad ecológica y ambiental.

Por otro lado, también, se ha abatido progresivamente el índice de ocupantes en viviendas con pisos de tierra en comparación con los resultados obtenidos en el estado, tal y como se muestra en la siguiente variación:

En cuanto a cobertura de servicios, de 2000 a 2005 se puede observar un notable crecimiento en las viviendas particulares que disponen de drenaje y energía eléctrica, cuya cobertura pasó del 91.1 al 96.5 por ciento y del 95.4 al 98.4 por ciento respectivamente. Para el año 2010, según datos prospectivos de las autoridades del municipio de Puebla, estiman una cobertura de energía eléctrica y de drenaje del 99 y 98 por ciento respectivamente.

Educación

En materia educativa el municipio concentra un gran talante al congregar a más del 40 por ciento de las escuelas en el estado de todos los niveles. A pesar de ello, no significa que haya suficiencia de recursos para la habilitación de espacios educativos y de mantenimiento para los mismos.

Datos censales revelan que se incrementó la población de cinco años y más con asistencia escolar en un 8.18 por ciento al pasar de 383 mil 710 a 415 mil 98 educandos, sin embargo, se incrementó la población sin asistencia escolar en un 10.78 por ciento al colocarse de 777 mil 910 en el año 2000, a 861 mil 820 para 2005. Lo anterior se explica por el incremento de la población en edad de estudiar de cinco años y más que pasó de ser de 1 millón 168 mil 702 en el 2000, a 1 millón 285 mil 409 para 2005. Asimismo, ésta lógica podría repetirse en covarianza al crecimiento poblacional estimado para 2010.

La tasa de analfabetismo comparado con el mismo rango de periodo de censo, registró una evidente baja al pasar de 42 mil 233 a 41 mil 306 analfabetas, una disminución del 2.19 por ciento, lo que significa que el 4.05 por ciento de una población total de un 1 millón 18 mil 745 de 15 años y más no sabe leer ni escribir. La población alfabeta representa el 95.8 por ciento de la población, por lo que se registra un incremento de 10.85 por ciento en comparación con el año 2000. Esta disminución se explica en gran medida por la concentración y/o expansión de los recursos y de la demanda y oferta educativa.

Salud

En el ramo de salud, y de acuerdo con los resultados del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas, el 47.6 por ciento de la población total son derechohabientes en algún sistema de salud. Por cada mil habitantes se cuenta con 1.85 médicos; por arriba de la media estatal con 1.12. En el mismo informe 2000-2006, sitúa al municipio de Puebla en el lugar vigésimo nacional en cuanto a Desarrollo Humano, tal y como se muestra a continuación:

Asimismo, en su apartado de Situación y Evolución del Desarrollo Humano en Puebla, hace una clara distinción del Índice de Desarrollo Humano, Educación, Salud e Ingreso de los 217 municipios con los que cuenta la entidad, por lo que el municipio de Puebla presentó los índices máximos de desarrollo humano y salud; aunque en educación está en primer lugar el municipio de Mixtla que pertenece a la franja de desarrollo del estado y, en ingreso, el municipio de Ahuehuetitla registró el máximo índice debido a factores de migración y del envío de remesas a la zona de la mixteca.

En comparación con los indicadores promedios del municipio con el estado, entre el 2000 y el 2006, se van minimizando las brechas entre una y otra como a continuación se observa:

En otra latitud, en materia de recursos municipales, Puebla, ha venido sufriendo parte de los estragos que la lógica centralista le ha impuesto al gasto federalizado a través de fondos y partidas insuficientes aunado a las complejas reglas de operación con la que se asignan, transfieren y aplican los recursos vía subsidios para obras etiquetadas desde el presupuesto, así lo podemos ver en los Fondos Metropolitano, Regional, de Pavimentación, de Seguridad pública Municipal, entre otros no menos importantes en donde el municipio de Puebla y la zona que conforma la cuarta zona metropolitana más importante del país, son beneficiados.

Como es de su conocimiento, la transferencia de recursos a Estados y municipios vía participaciones (ramo 28) y aportaciones federales (ramo 33), además de los convenios pari-passus que, como lo he repetido en otras ocasiones, constituyen un esquema limitado de descentralización presupuestal, toda vez que las reglas de operación establecidas por el propio Ejecutivo federal son excesivamente inflexibles, siguen constituyendo una vía alternativa para fortalecer financiera y físicamente a los municipios de dicha zona metropolitana.

Por lo que es un hecho que la productividad y rentabilidad económica del municipio de Puebla, al igual que la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, es complementada decididamente por diversas actividades económicas con apoyo de los gobiernos locales en cuanto a infraestructura física y social.

En este sentido cabe destacar que tan sólo en el municipio de Puebla, se ha avanzado en la consolidación de proyectos, particularmente en el periodo 2005-2009. Prueba de ello, es la obtención de logros y avances trascendentales en el corto y mediano plazos en los que no se han dejado de reconocer por diversos órdenes de gobierno la contribución en materia de mejoras y rehabilitación urbana, histórica y en materia de turismo; así como en acciones emprendidas por cuanto al grado de impacto social y de acciones en el combate a la pobreza y marginación en coordinación con los gobiernos estatal y federal, principalmente, a través del programa Hábitat; Oportunidades-Urbano y del Programa Federal de Rehabilitación de Espacios Históricos; entre otros no menos relevantes.

Sin embargo, en los últimos dos años, el municipio de Puebla ha ejercido gran parte del gasto público en el rubro de inversión productiva e inversión de capital, para lo cual, la hacienda pública municipal, a pesar de la fuerte dependencia por parte de los recursos provenientes de la federación, se ha avocado a la búsqueda de un equilibrio presupuestal. De ahí que la conformación de un paquete de proyectos de inversión, que incidan en el desarrollo, es de alta prioridad para el municipio de Puebla, y más aún cuando, según las estimaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano de Puebla, prevén un crecimiento poblacional en la capital y zona conurbada de hasta 3 millones de personas para el año 2020, por lo que las acciones de urbanismo y planificación deberán ser programadas y congruentes con los proyectos de infraestructura requerida.

Tal y como ya lo ha señalado en alguna ocasión el titular del Ejecutivo Federal: “Los programas de desarrollo que contribuyan a la superación a la pobreza y marginación, en todas sus vertientes como lo es Hábitat, por ejemplo, significan que la atención de las ciudades consiste en la atención a los hogares de la humanidad... y, por ello, la democracia debe concretarse en las calles y en el acceso a los servicios”.

En este tenor, combatir la marginación en las ciudades del país, significa dotar de agua potable a las personas, alcantarillado, proporcionarle un lugar digno donde vivir, pavimentar las calles y caminos, llevar energía eléctrica y alumbrado público; ese el compromiso de un gobierno con sensibilidad social y buenas prácticas democráticas, pero para ello, es indispensable un incentivo extraordinario para la implementación de este tipo de acciones para contribuir en la institucionalización de las experiencias de buen gobierno y gestión pública en los municipios de México.

En este contexto, los retos son mayúsculos y los recursos insuficientes para garantizar el desarrollo y bienestar de ésta zona del país que representa, hoy por hoy, la mayor tasa de crecimiento poblacional anual con el 6.5 por ciento, dando como consecuencia, que muchas de las implicaciones derivadas de la conurbación, sean irreversibles si no se cuentan con medidas oportunas y eficaces desde el plano institucional. De ello la importancia de que el municipio de Puebla así como a los integrantes que constituyen la Cuarta Zona Metropolitana, cuenten con los recursos óptimos para impulsar programas y proyectos de inversión y de obras que garanticen el desarrollo físico, de infraestructura, de capital social y humano como máximas virtudes que potencialicen sus crecimientos económicos y que, además, fortalezcan el esplendor histórico con el que culturalmente son reconocidas estas ciudades.

Por lo que es urgente la necesidad por hacer de estas zonas metropolitanas, ciudades competitivas en su desarrollo, sustentabilidad y viabilidad en el corto y largo plazos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a afecto de que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales para la realización de diversas obras prioritarias para el municipio de Puebla y de la zona conurbada, que integra la cuarta zona metropolitana del país, con base en los siguientes proyectos de obras:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los programas federales destinados al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, a cargo del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Rodrigo Pérez-Alonso González, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía a efecto de que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere destinar mayores recursos a los programas federales destinados al de-sarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente a través de Prosoft de la Secretaría de Economía con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Constitución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a esta Soberanía el día 8 de septiembre del 2010, el Paquete Económico del ejercicio fiscal 2011. En él, se contemplaban ingresos por de 3 billones 378 mil 345.3 millones de pesos (mp), de acuerdo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación presentado por el Ejecutivo, mismo que corresponde al gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

De igual manera, el pasado 20 de octubre fue aprobada por esta Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación 2011, considerando los ingresos en el orden de 3 billones 438 mil 895 millones de pesos, implicando un incremento de 60 mil 550 millones de pesos respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo.

Uno de los rubros relevantes corresponde a la Secretaría de Economía. Para el ejercicio fiscal 2011 se contempla un proyecto de Presupuesto para la Secretaria por un monto de 15 mil 939.9 millones de pesos, lo cual representa un monto superior en 1,585.2 millones de pesos al presupuesto aprobado para la Secretaría para el ejercicio fiscal 2010 y en términos reales implica un incremento de 6.8%

En el proyecto de Presupuesto de la Secretaría destaca, por su importancia relativa dicho presupuesto, el rubro de los Programas Federales que comprende a los Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios.

De esta manera, el presupuesto destinado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF de ) 2011 a los Programas Sujetos a Reglas de Operación, asciende a 10 mil 341.8 millones de pesos, entre los cuales cabe señalar los fondos Fommur, con un proyecto de presupuesto de 208.7 millones de pesos (mp); Fonaes, con un monto de 1,880.9 mp; el Fondo Pyme, 6 mil 755.1 mp; el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, con un monto de 220.1; en tanto que Prosoft cuenta con un presupuesto proyectado 589.2 mp y Prodiat 526.8 mp al igual que el Fondo llamado competitividad en Logística y Centrales de Abasto, con una propuesta de presupuesto de 161 mp.

Por otra parte, en el rubro de subsidios, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto de 598.1 mp, de los cuales, el Fondo Sectorial de Innovación asciende a 304.8 mp.

Sin embargo, al comparar los recursos destinados con respecto al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos 2010, podemos observar que en el caso de Prosoft se tienen decrementos importantes.

Estos decrementos se vuelven relevantes si consideramos que es necesario promover la política de promoción empresarial e industrial, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En este sentido, los programas sujetos a Reglas de Operación constituyen un elemento primordial en la definición y el diseño de política industrial a cargo de la Secretaría de Economía.

Dadas las condiciones económicas actuales, se convierten en un recurso importante para las empresas con el fin de contribuir a la reactivación económica.

Lo anterior debido a que nos enfrentamos a un entorno adverso, con un crecimiento económico insuficiente para compensar los rezagos y desigualdades prevalecientes.

Un factor adicional del entorno económico es que México continúa perdiendo niveles en materia de competitividad a nivel internacional. Los indicadores internacionales nos muestran el rezago y deterioro de nuestra economía en el concierto internacional.

El reporte recién publicado, del Índice Global de Competitividad 2010, del World Economic Forum, nos coloca en lugar 66 de 139 países, cayendo de un año a otro, 6 lugares más. Y las pérdidas en competitividad se deben principalmente a aspectos de regulación, seguridad jurídica, tecnología y promoción empresarial.

Por ello, se requiere una política industrial articulada y alineada en la Secretaría de Economía, de largo plazo y consistente, que permita a nuestro país alcanzar niveles de promoción empresarial aceptables.

En este sentido, un eje importante es el rubro de impulso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Actualmente, diversos países y la OCDE se refieren a la importancia de implementar tecnologías e industrias verdes, menos enfocadas en recursos no renovables y más focalizadas en las TIC, sociedad del conocimiento, tecnologías e industrias limpias y sustentables, basadas en el capital humano y en el uso de las nuevas tecnologías que denotan un crecimiento sostenido y competitivo. En este caso, estrategias y programas como Prosoft bajo este enfoque toman una relevancia cada vez mayor.

En este caso, es imprescindible apoyar presupuestalmente a dichos programas. A continuación se presentan los presupuestos de los programas relevantes en materia de TIC de la Secretaría de Economía.

En ellos destacan en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Prosoft, con una disminución en sus recursos respecto al PEF de 2010, así como el Fondo Nuevo de Ciencia y Tecnología, con una reducción de 29.5 mp respecto al ejercicio 2010, en tanto que Prodiat tiene una propuesta de presupuesto con un incremento sustancial de 488 mp.

Es tendencia recurrente asignar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, menores recursos a los Programas Sujetos a Reglas de Operación. En el caso de Prosoft, durante 2010 se asignaron en el PPEF de un monto de 385 mp, en tanto que en el PEF de 2009 se habían asignado 570 mp, por lo cual durante el proceso de discusión del PEF de 2010 se asignaron a Prosoft 300 mp adicionales, resultando el presupuesto de Prosoft para 2010 en 685 mp.

Para el PEF de 2011, se tienen asignados 589.2 mp, lo cual representa una disminución de 96 mp, y una caída de 17% real respecto al PEF de aprobado 2010

De los 589.2 millones propuestos por el Ejecutivo para Prosoft, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2011 indica que 570.9 mp corresponden a los subsidios que se transfieren a los proyectos, mientras que 18.2 mp se destinan a gasto corriente, distribuidos en 16.8 mp a servicios personales y 1.4 mp a subsidios de gasto corriente, en comparación con los 685.1 mp aprobados para 2010, de los cuales, 667.5 mp se aprobaron como subsidios a transferir a los beneficiarios para el ejercicio fiscal 2010, en tanto que 17.6 mp corresponden a servicios personales.

Como se puede observar, en el caso de Prosoft considera una disminución real en su presupuesto en montos muy considerables. En ese sentido, a fin de mantener el mismo nivel de desempeño, población cubierta, metas e indicadores relevantes, es imprescindible que dicho programa considere el mismo nivel de recursos, por lo menos en el nivel que tuvieron durante 2010, lo que permitirá conservar el alcance propuesto de metas. Reducir el monto de dichos programas compromete, sin duda, su alcance y cobertura.

Si bien, programas como Prosoft presentan problemas de ejercicio oportuno de los recursos debido a las dificultades de coordinación, implementación, no implica su disminución.

Más aun, dichos fondos y programas sujetos a reglas de operación han tenido dificultades en la coordinación y ejercicio de los recursos, de forma que el subejercicio en dichos programas es recurrente, e incide y retrasa enormemente el efecto multiplicador que estos fondos tienen en el desarrollo de tareas y actividades que la industria requiere implementar.

A pesar de las dificultades en el ejercicio de los recursos de estos fondos, no se cree conveniente que deban ser reducidos en sus recursos para el ejercicio 2011. Existen diversas consideraciones y fundamentos para no reducir el presupuesto de programas como Prosoft. En general, dicho fondo obtiene opiniones favorables de los evaluadores así como de los Secretarios de Desarrollo Económico de los estados.

Como se manifestó el año pasado, las evaluaciones de Prosoft señalan efectos favorables debido al elemento multiplicador de inversiones, lo cual beneficia de forma importante a las empresas de TI. Sin embargo, también se evidencia que existen oportunidades de mejora en cuanto a cobertura y diseño de indicadores.

Antes bien, es necesario trabajar en las Reglas de Operación y hacer efectiva la atribución de la Cámara en la cual faculta a la comisión respectiva en el caso de opinar en el diseño de dichas reglas de operación.

Más aun, dichos fondos y Programas Sujetos a Reglas de Operación han tenido dificultades en la coordinación y ejercicio de los recursos, de forma que el subejercicio en dichos programas es recurrente, e incide y retrasa enormemente el efecto multiplicador que estos fondos tienen en el desarrollo de tareas y actividades que la industria requiere implementar.

Dicho programa pretende, como señala la propia exposición de motivos del PPEF de 2011 “ acelerar el proceso de adopción de las tecnologías de información en las empresas, a favor de la competitividad de la economía mexicana a fin de apoyar la generación de al menos 10,230 empleos potenciales en el sector mediante la operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).”

Respecto a estos programas, si bien no son el único instrumento para la promoción del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, si constituyen un impulso a las empresas e instituciones que promueven la investigación, la innovación y el fomento del uso de nuevas tecnologías en la vida económica del país.

Como se mencionó el año pasado, dichas tecnologías representan para nuestro país un elemento importante de desarrollo y son vitales para disminuir la dependencia de nuestra economía en los sectores primarios y secundarios. Esta industria se basa en un alto capital humano, de alto valor agregado, de menor volatilidad y vulnerabilidad en términos de intercambio y en el mercado internacional, a diferencia de los sectores primarios y secundarios, que son intensivos en capital físico y de una alta volatilidad por los precios internacionales de materias primas y en general con fuertes tendencias a la disminución, lo que pone en enorme desventaja a nuestro país en el comercio internacional.

De esta forma, la inversión en estas empresas fomenta el crecimiento del capital humano, especializado y de alta valía a nivel internacional, lo cual permite vincular a nuestro país en áreas de investigación y desarrollo, comúnmente llamadas I+D o R&D (por las siglas en inglés de research and development), en las cuales nuestro país manifiesta niveles bajos de desarrollo en comparación a los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Además, es necesario que las Reglas de Operación se publiquen en forma oportuna y se revisen con el fin de que propicien un ejercicio eficaz, transparente, focalizado, equitativo y eficiente de los recursos de los programas de fomento. Es necesario establecer medidas a implementar y coordinar con las dependencias involucradas, principalmente en el diseño y publicación oportuna de las reglas de operación de los programas con el fin de que durante el 2011 no se repitan las mismas condiciones y se ejerzan oportunamente los recursos.

Si bien estos fondos debieran cumplir un papel preponderante en el impulso de la industria, las fallas en la coordinación al interior de la Secretaría han hecho estos fondos ineficientes e ineficaces. Si a esto se le añade que la propia Secretaría manda mensajes contradictorios a esta Soberanía al mandar su proyecto de Presupuesto de Egresos, casi siempre disminuyendo los montos de dichos fondos, entonces nos encontramos en una coyuntura difícil para el industrial, el pequeño y mediano empresario, el comerciante y todos aquellos que dependen de los apoyos que significan dichos fondos para continuar y mejorar sus labores.

Para el Partido Verde Ecologista de México, estos programas y recursos implican una fuente de desarrollo sustentable para el país, con beneficios colaterales y que fomentan el uso de tecnologías de alto nivel.

A los diputados del Partido Verde nos ocupa y nos preocupa generar y fortalecer proyectos, programas e iniciativas que promuevan un entorno más competitivo, una economía con bases más firmes, que privilegie más el conocimiento y en el capital humano, con el uso de tecnologías verdes, limpias y sustentables, responsables con el medio ambiente, en sustitución de un proyecto económico cortoplacista, poco preocupado por el medio ambiente, basado en el uso de energías y recursos no renovables. Requerimos el compromiso y empeño de todos los sectores por generar este impulso.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita que el presente punto de acuerdo se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía a fin de que se considere que, en el marco de los trabajos de discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incluya la ampliación de los recursos federales provenientes de la Secretaría de Economía, etiquetados para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través del fondo Prosoft.

Segundo. Dado que en 2011 dicho fondo considera decrementos reales importantes, se exhorta a ampliar el monto de dicho programa a niveles importantes. El nivel óptimo requerido asciende a 850 mp para el ejercicio 2011.

Tercero. Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo Federal y, en especial, a la Secretaría de Economía que generen los mecanismos necesarios para distribuir entre las regiones del país, los recursos de los proyectos de forma óptima, considerando criterios de eficiencia, equidad y proporcionalidad.

Cuarto. De igual forma, se solicita se generen a la brevedad las reglas de operación de dichos programas, incorporando las recomendaciones pertinentes de los órganos evaluadores. Asimismo, es necesario se prevean mecanismos para ejercer el gasto oportunamente en el año, evitando posibles subejercicios y existan en el año mecanismos oportunos de corrección y ajustes.

Quinto. Se exhorta igualmente a la Secretaría de Economía a considerar los criterios anteriores y los de eficiencia, economía, eficacia y calidad, así como los mecanismos de mejora necesarios derivados de los procesos de evaluaciones externas y los provenientes del Sistema de Evaluación del Desempeño para evitar poner en riesgo la operación y cumplimiento de sus metas. Para tal fin se requiere además generar indicadores regionales para identificar el destino de estos recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de octubre de 2010.— Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para fortalecer el equipamiento de escuelas, con el fin de resarcir las carencias en los centros educativos, contribuir a la calidad educativa y abonar el camino para alcanzar el objetivo de asignar el ocho por ciento del PIB que debe destinarse a educación, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, vemos en la estructura del gasto, debilidades e insuficiencias presupuestales relevantes, que apuntan y son contrarias a los objetivos que todo presupuesto debe alcanzar: equidad, inclusión y mejores niveles de bienestar, con el fin de mejorar el entorno social.

Sin educación no hay movilidad social, empleos de calidad, productividad ni competitividad en la economía.

Para alcanzar estas metas, debemos fortalecer el gasto social y en especial debemos hacer más robusto y consistente el presupuesto educativo, con el fin de respaldar la meta por alcanzar de la calidad educativa, que hoy tanto necesitamos.

En este tema existe coincidencia entre todos los actores y las evaluaciones lo demuestran de manera recurrente, sin embargo, a pesar de que la evidencia es incontrovertible, la insuficiencia presupuestal para dar un respaldo real al proceso educativo y en especial para elevar la calidad educativa en el nivel de educación básica, continúa siendo una tendencia sistémica.

El proyecto de presupuesto, disminuye en educación básica y en especial reduce los diferentes rubros que apoyan el desempeño de los maestros en apoyo a la calidad educativa.

Para respaldar esta afirmación, a continuación se presenta un cuadro en donde se hace relevante y preocupante la disminución presupuestal a varios e importantes rubros relacionados con la educación básica y la calidad educativa.

El cuadro que se presenta, es contrario a la importancia que las políticas públicas educativas deben de dar al objetivo de proveer a la población de una educación de calidad.

Como es evidente, la disminución presupuestal, necesariamente seguirá impactando la meta de fortalecer la calidad educativa.

Sabemos que las debilidades de la calidad educativa a lo largo y ancho del país, se han hecho evidentes en las diferentes pruebas que se han aplicado no sólo por la SEP, sino también por organismos internacionales.

Pero siendo consistentes con el argumento, esto obedece a múltiples factores, entre ellos los socioeconómicos, la dispersión geográfica de las escuelas y población, así como las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Pero también esto refleja un débil esfuerzo presupuestal, para respaldar el proceso educativo, en cada una de las escuelas de educación básica.

La diferencia entre un país con posibilidades de mejorar consistentemente sus niveles de bienestar, y otro que se caracterice por lo contrario, radica en su capacidad para invertir eficientemente en la formación de los ciudadanos, dotándolos de los códigos, equipos e instrumentos necesarios para una correcta inserción en la vida comunitaria y productiva.

Sin embargo, nuestro país está muy lejos de ser de aquellos que se distinguen por la sustentabilidad económica y el avance social. Por el contrario, México se va pareciendo cada vez más a esos países donde las opciones de mejorar son escasas y los niveles de convivencia se deterioran consistentemente.

Está claro que no hemos podido crear los instrumentos que permitan cambiar esta situación. Una de las fallas en este sentido se debe a la ausencia de un sistema educativo capaz de detonar un nuevo paradigma social, caracterizado por una economía más competitiva y por la primacía de los valores sociales.

Para mejorar nuestra situación, es necesaria la construcción de una política educativa de Estado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y cuyos esfuerzos se encaminen en primer lugar, a la asignación de recursos presupuestales, correctamente direccionados y administrados, por un periodo suficientemente largo como para garantizar los resultados buscados.

Hay que entender que el sistema educativo en la actualidad tiene que responder a una nueva realidad económica y social en la que la calidad educativa no puede dejarse de lado.

Por ello, convocamos a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública para que respalden una asignación presupuestal consistente y suficiente para incrementar el presupuesto para el Equipamiento de Escuelas de Educación Básica.

Es precisamente en este sentido que como diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupados por el desempeño del sistema educativo nacional, propongo la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta las Comisiones legislativas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instrumenten las medidas necesarias para que se asignen recursos adicionales suficientes para fortalecer el equipamiento de escuelas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, con el fin de resarcir las carencias en los centros educativos, contribuir a la calidad educativa y abonar el camino para alcanzar el objetivo de asignar el ocho por ciento del producto interno bruto que debe destinarse a educación, como lo mandata el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Dado en el Palacio Legislativo, 26 de octubre de 2010.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para impulsar la calidad de los maestros del nivel básico de educación, en específico al rubro de formación, capacitación y actualización docente, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pineda Alonso en mi calidad de diputada federal en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por este conducto solicito respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para que en el PEF para el ejercicio fiscal 2011, se asignen mayores recursos para impulsar la calidad de los maestros del nivel básico de educación, en específico al rubro de formación, capacitación y actualización docente; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En los últimos 4 años, se ha puesto especial interés en generar instrumentos, mecanismos, programas y políticas públicas encaminadas a impulsar la calidad de la educación que imparte el Estado a nuestros niños y jóvenes.

Muestra de ello es la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, en la que converge la autoridad educativa Federal y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) persiguiendo sin más, un solo fin: Mayor calidad para redefinir el rumbo de la educación pública del país.

En este sentido, se debe considerar que la Alianza, considera como un segundo eje de atención la “Profesionalización de los maestros y autoridades educativas” a través de diversas estrategias que se apoyan en instituciones de educación superior y programas ya existentes en la Secretaría de Educación Pública (SEP), para formar más y mejores maestros.

Al 15 de mayo de 2010, el portal web de la Alianza, reporta avances significativos respecto a este eje, pero también retos que sin duda requerirán recursos financieros suficientes.

2. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señala que los docentes son importantes y la calidad con que se forma a éstos es fundamental, pues ellos representan “la columna vertebral de todo el sistema educativo”.

Recomienda a los gobiernos que de manera constante y permanente “busquen políticas magisteriales para seleccionar y conservar a los mejores”. Pero ¿cómo hacer esto si no invertimos y apostamos por su formación, capacitación y actualización?

Es cierto, que la misma OCDE ha señalado a México como uno de los países que más recursos invierten en el rubro educativo y cuyos resultados en la calidad de sus alumnos, no son congruentes con dichos niveles de inversión. Pero de ese recurso invertido, ¿cuánto se destina realmente a la formación y capacitación docente?

Está demostrado por la misma OCDE, que “el nivel de los docentes está íntimamente ligado con el desempeño de los estudiantes”. Es así que no se trata de no invertir más en la formación y capacitación docente simplemente porque aparentemente los resultados no son los esperados. Se trata de generar mecanismos que permitan hacer eficiente esa inversión. Los docentes, no pueden quedarse en el limbo de la calidad.

Debemos considerar que en nuestro país, no se ha considerado la forma y proporción en que dichos recursos son asignados, o la necesidad de redefinir el mecanismo mediante el cual se forma y capacita al maestro.

En el reciente acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, se señalan como temas prioritarios para el país “La calidad de los servicios educativos, incrementar los niveles de logro académico y reducir las tasas de deserción”.

3. La respuesta que se le ha dado al estancamiento en la calidad educativa no ha considerado diversas variables que limitan la labor docente; me refiero a bajos salarios, infraestructura deteriorada o inexistente, retraso en el otorgamiento de los recursos para las escuelas, tardanza en la asignación de material didáctico, e incluso la localización geográfica de algunos centros escolares.

Responsabilizar sólo al maestro de los resultados del sistema educativo, en el contexto mexicano, es irresponsable.

4. Es necesario garantizar calidad para los 22,940,381 alumnos que los maestros atienden en el país en las 163,984 escuelas.

5. La asignación presupuestal para 2011 respecto a la formación y capacitación docente, debe ser significativa.

Por poner un ejemplo; en el PEF 2010 al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, le fueron asignados recursos por 489,322,500 pesos; de los cuales 100,000,000 pesos; fueron ampliaciones por esta Cámara de Diputados.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2011, se le pretenden asignar un total de 553,848, 957 pesos.

Sin embargo en términos reales, la variación porcentual es de apenas 10 por ciento, lo cual aunque representa un incremento, es insuficiente considerando la magnitud del problema a resolver.

6. La UNESCO señala que en el país se requerirán durante los próximos 5 años un total de 483 mil maestros para poder atender las necesidades de cobertura del nivel básico educativo. Éstos deben ser formados de manera integral y bajo el más estricto sentido de calidad.

Para formar a nuevas generaciones de maestros se requieren mayores recursos, los cuales deben contar con reglas que permitan su ejercicio transparente y eficiente.

Por otro lado, para que los docentes que ya se encuentran en activo, cubran esa demanda con calidad, se requiere fortalecer los programas destinados a la formación continua y la superación de los docentes en servicio.

7. Para garantizar que la educación sean un verdadero vehículo de movilidad social y permita superar las desigualdades cada vez más crecientes entre la población, el Estado Mexicano tiene la obligación, entre otras cosas, de impartir educación de calidad.

Para ello es fundamental invertir en primera instancia en todos los instrumentos y políticas que garanticen calidad en el docente.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a realizar las gestiones necesarias con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se garanticen e incrementen aquellos recursos destinados al impulso de la calidad de los maestros del nivel básico de educación.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en el PEF para el ejercicio fiscal 2011, asigne mayores recursos al rubro de formación, capacitación y actualización docente, dada su importancia para el funcionamiento idóneo del nivel de educación básico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 a instaurar las medidas necesarias para que se autorice y se asigne el 1 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2009, al presentarse el informe Reviews of Innovation Policy: México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que nuestro país enfrentaba un pobre desempeño de sus sectores científico y tecnológico, además de que se había dado cuenta, muy lentamente, de la importancia que posee la inversión en la innovación como conductor de crecimiento y competitividad de la economía.

Ese informe, que en términos prácticos es una evaluación del comportamiento de la ciencia y tecnología de 2007 y 2008 revela que México ha perdido competitividad en actividades basadas en el conocimiento, además de que posee el más bajo nivel de los países miembros de la OCDE en productividad científica, formación de recursos humanos en ciencia, inversión en ciencia y tecnología, educación de la ciencia y solicitudes patentes.

Esta situación tiene graves consecuencia, en especial para México que pretende salir de un severo periodo de estancamiento y que por recomendaciones internacionales debe crecer por arriba del 7 por ciento.

Nuestro país, debe revalorar el efecto multiplicador del gasto y la inversión en investigación y desarrollo, por sus enormes beneficios que tiene en la economía.

También debe cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación y con el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología que a la letra dicen:

Ley General de Educación

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público, correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismo e instrumentos previstos en la presente ley.

Hoy, desafortunadamente vemos que en nuestro país los recursos destinados a ciencia y tecnología están por debajo del 0.5 por ciento del PIB, monto que se ubica abajo del nivel de inversión promedio de América Latina, que está en 0.55 por ciento.

El retroceso en la inversión en ciencia, tecnología e innovación explica, en parte, el por qué el país ha descendido en la clasificación de competitividad del Foro Económico Mundial.

Mientras la ciencia y la tecnología sean consideradas un gasto y no una inversión, mientras la educación de calidad no sea considerada como una solución y que el conocimiento y la innovación permanezcan como algo ajeno a la vida cotidiana, nuestro país no podrá aspirar al desarrollo sostenible, a una elemental justicia social, a una mejor calidad de vida para todos ni a una mayor productividad y competitividad económicas frente al resto del mundo.

De acuerdo con un reporte del Financial Times, China es el segundo país con mayor producción de conocimientos científicos en el mundo, y algo parecido está sucediendo con Brasil, país que casi ha alcanzado a la India en este rubro.

Si China mantiene su actual ritmo en materia de investigación, incluso puede llegar a sobrepasar a Estados Unidos de aquí a 2020.

En el periodo de 1970 a 2000, la inversión en ciencia y tecnología, como porcentaje del PIB, creció en México dos veces, Brasil 4.5, España cinco y Corea nueve. El ingreso per cápita se multiplicó en dólares corrientes; México 3.8 veces, Brasil 6.3, España 7.4 y Corea 25.4.

Como se puede ver, el compromiso de México con la ciencia y la tecnología debe madurar y debe respaldarse con un esfuerzo presupuestal consistente, asignándole mayores recursos.

El gasto y la inversión en ciencia y tecnología, deben ser estratégicos y prioritarios, sobre todo a la luz de los pobres resultados obtenidos en el desarrollo económico de México en los últimos años.

En este sentido estamos obligados como legisladores a buscar alternativas que posibiliten incrementar sustantivamente los recursos destinados a la educación. Sobre todo si queremos ser consecuentes y respetuosos con los Acuerdos signados por nuestro país con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En base a los principios de la UNESCO, los países deben asignar recursos crecientes a la educación, ciencia y la tecnología, con el fin de que los pueblos logren una gestión más eficaz de su propio desarrollo.

En consecuencia, los recursos que se destinen a ciencia y tecnología, deben ser crecientes en el tiempo y el monto destinado a este rubro, nunca deberán ser menores al monto asignado en el ejercicio fiscal y presupuestal previo.

Pero vemos con gran sorpresa e indignación que la política presupuestal sigue presentando graves signos restrictivos y gravitan criterios de austeridad muy cuestionables y contradictorios inclusive con las políticas contracíclicas que el Presidente Calderón ha anunciado.

El 8 de septiembre pasado el Ejecutivo nos envía un paquete económico en el que el proyecto de Presupuesto envía señales preocupantes y cuestionables: por el lado del ingreso es regresivo y atenta contra el nivel de ingresos de la población y por el lado del gasto es restrictivo y excluyente y lo más grave, es que va en sentido contrario al espíritu constitucional. A nivel general en los ramos administrativos el Proyecto refleja una caída en términos reales de 3.3% y específicamente en el gasto de capital del Ramo 38 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la disminución real es de 5.9%.

Adicionalmente, también presenta una caída de los recursos del Ramo 18 (Energía), dirigidos a ciencia y tecnología que alcanza el 22.6 por ciento en términos reales, así como una caída de 51.1, en términos reales, en el Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas).

Ante tales cifras, le manifestamos al Ejecutivo, que dejar de invertir en ciencia y tecnología en el presente, es más costoso en el mediano plazo, sobre todo si lo medimos en términos de crecimiento y nivel de vida de la población.

Recordemos que la importancia que tiene la ciencia y la tecnología, debe ser estratégica y prioritaria, ya que repercute en el nivel de la competitividad de las empresas y en el ingreso per cápita de los trabajadores, generando empleos de mayor calidad y un perfil de crecimiento incluyente.

Por lo anterior, estamos obligados a incrementar sistemática y consistentemente los recursos destinados que se le destinan para transformar realmente al sector productivo, generar bienes y servicios de mayor valor agregado.

México debe revalorar estratégicamente el lugar que le da al gasto y la inversión en ciencia y tecnología y una vía importante para hacerlo es la consolidación de una política presupuestal que lo garantice.

En los últimos años, la participación que el Estado ha tenido en la economía mexicana, ha sido pobre, errática y con una preocupante tendencia de nuestra actividad económica hacia el estancamiento y perdida sistemática de competitividad.

La participación del Estado es esencial para el crecimiento económico. Esto, lo reconocemos, y proponemos que para alcanzar mejores niveles de bienestar, es necesario que la participación del Estado asuma estratégicamente y como eje de desarrollo la inversión creciente en ciencia y tecnología.

Es precisamente en este sentido que como diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupados por el pobre desempeño de la economía nacional, propongo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias instrumenten las medidas necesarias a fin de que se autorice y asigne durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el uno por ciento del producto interno bruto a ciencia y tecnología, como partida anual irreductible, con el fin de cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación y 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como también con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de ciencia y tecnología .

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se instauren las medidas necesarias para que se autorice y se asigne 8 por ciento del PIB a educación, como partida anual irreductible, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la aprobación del pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Educación como uno de los principales derechos sociales que respalda nuestra constitución, está mandatada específicamente en el Artículo Tercero de nuestra magna y de la misma manera en los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Educación, que a la letra dicen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

...

Ley General de Educación

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Como se puede ver, el compromiso de México con la educación es incuestionable, pero debe ampliarse y profundizarse, asignándole mayores recursos.

El gasto y la inversión en educación, deben ser estratégicos y prioritarios, sobre todo a la luz de los pobres resultados obtenidos en las pruebas que evalúan la calidad educativa, y en términos del pobre desarrollo económico de México en los últimos años.

En este sentido estamos obligados como legisladores a buscar alternativas que posibiliten incrementar sustantivamente los recursos destinados a la educación. Sobre todo si queremos ser consecuentes y respetuosos con los Acuerdos signados por nuestro país con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En base a los principios de la UNESCO, los países deben asignar recursos crecientes a la educación, ciencia y la tecnología, con el fin de que los pueblos logren una gestión más eficaz de su propio desarrollo.

En consecuencia, los recursos que se destinen a educación deben ser crecientes en el tiempo y el monto destinado a este rubro, nunca deberán ser menores al monto asignado en el ejercicio fiscal y presupuestal previo.

La idea central es que los recursos destinados a educación sean crecientes con el fin de que detonen un soporte consistente al desarrollo económico.

Pero vemos con gran sorpresa e indignación que la política presupuestal sigue presentando graves signos restrictivos y gravitan criterios de austeridad muy cuestionables y contradictorios inclusive con las políticas contracíclicas que el presidente Calderón anunció.

El 8 de septiembre pasado el Ejecutivo nos envía un paquete económico en el que el proyecto de Presupuesto envía señales preocupantes y cuestionables: por el lado del ingreso es regresivo y atenta contra el nivel de ingresos de la población y por el lado del gasto es restrictivo y excluyente y lo más grave, es que va en sentido contrario al espíritu constitucional. A nivel general en los ramos administrativos el Proyecto refleja una caída en términos reales de 3.3 por ciento, y específicamente en el Ramo 11 Educación, la caída es de 0.4 por ciento. A nivel de educación básica la caída es de 4.13 por ciento y para elevar la calidad educativa las disminuciones son francamente preocupantes: van desde 2 por ciento a los centros de excelencia académica, hasta 92 por ciento en términos reales para el diseño y aplicación de la política educativa. En el Ramo 25 (previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica), la disminución real es de 3.54%.

Estas cifras reflejan falta de interés del Ejecutivo en el proceso educativo, por lo que manifestamos que dejar de invertir en educación en el presente, es más costoso en el mediano plazo, sobre todo si lo medimos en términos del nivel de vida de la población.

Recordemos que la importancia que tiene la educación es estratégica y prioritaria, ya que repercute en el nivel de la competitividad de las empresas y en el ingreso per cápita de los trabajadores, generando empleos de mayor calidad y un perfil de crecimiento incluyente.

Por lo anterior, estamos obligados a incrementar sistemática y consistentemente los recursos destinados a educación para transformar realmente al sector productivo, generar bienes y servicios de mayor valor agregado e incrementar el nivel educativo y de bienestar de nuestra población.

México debe revalorar estratégicamente el lugar que le da al gasto y la inversión en educación y una vía importante para hacerlo es la consolidación de una política presupuestal que lo garantice.

En los últimos años la participación que el Estado ha tenido en la economía mexicana, ha sido pobre, errática y con una preocupante tendencia de nuestra actividad económica hacia el estancamiento y perdida sistemática de competitividad.

La participación del Estado es esencial para el crecimiento económico. Esto, lo reconocemos, y proponemos que para alcanzar mejores niveles de bienestar, es necesario que la participación del Estado asuma estratégicamente y como eje de desarrollo la inversión creciente en educación.

Es precisamente en este sentido que como diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social y preocupada por el pobre desempeño de la economía nacional, propongo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias instrumenten las medidas necesarias a fin de que se autorice y asigne durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el ocho por ciento del producto interno bruto a educación, como partida anual irreductible, con el fin de cumplir con el mandato del artículo 25 de la Ley General de Educación y con las recomendaciones de organismos internacionales en materia educativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el impulso de las actividades dedicadas al desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, suscrito éste por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El diputado Reyes S. Tamez Guerra:Compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente.

Todos los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología hemos tomado un acuerdo para solicitar en primera instancia que el presupuesto que se considere para el ramo de ciencia y tecnología cumpla con la ley, y que se incluya por lo menos el 1 por ciento del producto interno bruto para el rubro de ciencia y tecnología.

La ciencia, la tecnología y la innovación debe ser parte esencial de la nueva generación de conocimientos que el país requiere para poder tener un crecimiento y un desarrollo económico adecuado.

Quisiera mencionar solamente, algunas cifras de la importancia que pudiera tener para el país el incremento en ciencia, tecnología e innovación y la inversión que nuestro país pueda realizar en ese sentido.

Si comparamos a mediados de 1960, algunos países de América Latina, Singapur y Corea teníamos el mismo número de patentes por año y una inversión similar en ciencia y tecnología.

Actualmente los países que decidieron, como el caso de Singapur y Corea, hacer una mayor inversión en el rubro de ciencia y tecnología, han logrado crecer en más de 3 mil por ciento sus economías, y actualmente el producto interno bruto y el ingreso per cápita en estos países es, inclusive, mayor al ingreso per cápita que tienen países como Estados Unidos.

En el caso nuestro, donde no hemos tomado esta decisión, actualmente, si comparamos el salario mínimo que tenemos en este momento en el país, es 27 por ciento en términos reales del salario mínimo que teníamos en 1976. Si no tomamos la decisión de invertir más en ciencia y tecnología, no podremos competir con el resto de los países en el mundo que han generado mejores condiciones de crecimiento y desarrollo económico, y sobre todo menor pobreza y mayor crecimiento económico para sus habitantes.

México no tiene, después de 24 años de que se hicieron estos estudios y que no se ha tomado esta decisión de manera importante, no tiene un futuro promisorio en el contexto internacional si no logramos que en ciencia y tecnología se pueda realizar una mayor inversión.

Por eso hemos tomado un acuerdo todos los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología para solicitarle al pleno y solicitar que en el Presupuesto de Ingresos de la Federación se cumpla de una vez por todas con la ley y se invierta, por lo menos, el 1 por ciento del  producto interno bruto en ciencia y tecnología.

Estamos en el 0.4 por ciento y vamos a la baja. El futuro del país no existe si no realizamos un esfuerzo mayor en este tema. Ojalá y por lo menos superáramos el medio por ciento aunque sigamos incumpliendo con la ley, pero si no tomamos una decisión importante en esta materia, no vamos a poder seguir compitiendo y a generar desarrollo y crecimiento económico en el país. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para impulsar las actividades dedicadas al desarrollo científico y tecnológico y la innovación, suscrita por integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que en el artículo 74 Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto respectivo presentado por el Ejecutivo federal.

Que en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, en términos del artículo 45, numeral 6, inciso g), de dicha ley, tiene la facultad de emitir acuerdos para realizar las actividades que se establecen en la misma y en otros ordenamientos aplicables.

Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Educación el Estado debe destinar al menos el 1% del producto interno bruto (PIB) a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y con el artículo 9o. Bis la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece la necesidad de invertir por lo menos el 1% del PIB al sector, es que esta Comisión propone el presente punto de acuerdo.

Que no obstante lo anterior, México realiza un esfuerzo presupuestal insuficiente para inducir el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, inferior al óptimo social y reducido respecto a los parámetros internacionales, en particular para insertarse en sectores de alto dinamismo tecnológico. Se conoce ampliamente que en el ámbito internacional la ciencia y la tecnología representan un factor de transformación radical y acelerada, que tiene impactos significativos en todas las actividades humanas. No aprovechar las oportunidades que implica este proceso de cambio puede significar el agravamiento de las problemáticas actuales.

Que contra la desigualdad que domina en México, es necesario construir un nuevo camino que impulse el desarrollo nacional, cuyo eje central sea la lucha contra la inequidad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad.

Que muchos de los problemas estructurales del país no tienen solución si seguimos por el mismo camino, si no se efectúan reformas de fondo, si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se imagina y traza un nuevo proyecto nacional, en el que se incluyan como prioridades, con sentido de responsabilidad ineludible, la inversión en educación, y en el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación.

Que México acusa un déficit en la inversión destinada a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que habría de orientarse  estratégicamente a la atención de los múltiples problemas y rezagos en diversos ámbitos de la vida nacional. Esta falta de inversión se traduce en la dependencia tecnológica para atender problemas e imprevistos, lo que ineludiblemente se traduce en un gasto, en ocasiones mayor que el necesario para invertir en este rubro.

Que sin el apoyo a la ciencia y la tecnología, permanecemos frágiles ante la más mínima contingencia, como es el caso de fenómenos derivados del cambio climático, así como eventualidades en el ramo de la salud humana, como la aparición de nuevas epidemias.

Que aunque anualmente las instituciones mexicanas de educación superior y los centros de investigación preparan los recursos humanos necesarios para desarrollar investigación científica y tecnológica, no existen ni se generan los espacios laborales necesarios para que los egresados se incorporen, lo que propicia que muchos de los científicos mexicanos con niveles de excelencia, se vean en la necesidad de buscar empleo fuera del país.

Que la inversión federal en ciencia, tecnología e innovación es apenas del 0.49 por ciento del PIB, lo que nos ubica muy por debajo de la que realizan la mayoría de los países desarrollados, quienes, en promedio, invierten el 3 por ciento del PIB en este sector, y por debajo también de países latinoamericanos como Argentina, Cuba, Chile y Brasil.

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología solicita atentamente se consideren los argumentos anteriores, con base en el inciso III del noveno criterio del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en el que se menciona que un grupo de trabajo habrá de tomar en cuenta los puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva de esta Cámara, para que en el dictamen del PEF que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se contemple el incremento de la asignación presupuestal necesario para ser coherente con la Ley, además de la opinión de propuesta de modificación del proyecto de presupuesto 2011, que se emita en tiempo y forma esta comisión, atendiendo lo establecido en dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 contemple un incremento adicional de recursos que permita fortalecer las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, que el país requiere.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Reyes S. Tamez Guerra, presidente; Óscar Román Rosas González, Alejandro Bahena Flores, Rodolfo Lara Lagunas, secretarios; Pedro Ávila Nevárez, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Alejandro del Mazo Maza, José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, J. Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar, Gerardo Leyva Hernández, Oralia López Hernández, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Emilio Serrano Jiménez, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Norma Sánchez Romero, José Luis Velasco Lino, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Francisco Hernández Juárez, Silvia Puppo Gastelum, Gerardo del Mazo Morales (rúbricas).»

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente, si es tan amable de preguntarle al diputado Reyes Tamez, debido a que todos los pueblos y naciones se miden de acuerdo con la educación que tienen, y éste es un tema de gran trascendencia. Ojalá, de verás, un día tengamos ciencia y tecnología a nivel mundial. Si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Reyes Tamez ha escuchado usted la solicitud del diputado Serrano...

El diputado Reyes Silvestre Tamez Guerra(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ha accedido a ello. Por tanto, diputado Serrano, está a su disposición el documento en la mesa de esta Secretaría.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Velázquez y Llorente. Sonido. ¿Cuál es el objeto, diputado?

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para felicitar a la Comisión de Ciencia y Tecnología y hacer patente que solamente invirtiendo en investigación, en educación, vamos a salir del gran bache en que estamos inmersos. Pedirle al doctor Reyes Tamez, me dé la oportunidad de adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ya manifestó su complacencia. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Sonora, a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Conagua, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Procuraduría General de la República, a que realicen las actividades necesarias para impedir el inicio de la construcción del acueducto Independencia en dicha entidad.

:Con su permiso, señor presidente. Durante los últimos 10 años el problema de la escasez de agua se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional. México ocupa el lugar 94 a nivel mundial.

Es imperativo trabajar en el diseño de políticas públicas que permitan la recuperación de los mantos acuíferos, el uso más eficiente del agua, el fomento al tratamiento y reutilización de las aguas residuales, así como contar con una agenda de proyectos hídricos que tengan como objetivo principal generar un impacto positivo en los diferentes grupos sociales y productivos del país.

Es fundamental para el sano y correcto desarrollo de México que dichas obras se realicen considerando las condiciones y características propias de cada una de las regiones y dejar del lado los intereses particulares, dando preferencia al beneficio colectivo.

No se puede lucrar ni aprovecharse de las necesidades de la gente para tener algún tipo de beneficio o reconocimiento. Muchos menos mentir, engañar o amedrentar, tal y como se ha venido haciendo desde el gobierno del estado de Sonora, quien se ha empeñado en realizar el acueducto Independencia, El Novillo, Hermosillo.

El 29 de julio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación para dicha obra que comprende, además de la construcción, la elaboración de un proyecto integral para el diseño y construcción del acueducto Independencia, lo que significa que aún no existe el proyecto ejecutivo.

Ante esta situación, cuatro módulos del distrito de riego 041 del río Yaqui, Sonora promovieron amparos individuales contra la licitación del acueducto Independencia. La juez octava de distrito, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, concedió la suspensión provisional para efectos de que en el proceso de licitación de la obra para construir el acueducto no se dicte el fallo y, en consecuencia, no se lleve a cabo la adjudicación.

Ambas suspensiones se mantienen vigentes. Sin embargo, en evidente desacato del mandato judicial, el pasado 6 de octubre del año en curso se dio a conocer el resultado de la citada licitación, adjudicando la obra a la constructora Exploraciones Mineras del Desierto.

El problema del agua en el sur de Sonora no está en el imaginario de sus habitantes. De 2003 a 2004 se tuvieron que cerrar tres presas que abastecían el valle del Yaqui por la sequía, entre ellas la presa de El Novillo, de la que se pretende reencauzar el agua.

Los escurrimientos de la cuenca del río Yaqui han disminuido en un 36 por ciento. Reencauzar El Novillo generará, sin duda alguna, efectos negativos, ya que las comunidades de Cajeme y del valle del Yaqui recibirán un porcentaje mucho menor de agua, poniendo en riesgo su sustentabilidad y la de 7 municipios del estado.

Recordemos que dos de cada tres panes del país se producen con trigo del sur del estado de Sonora. Tres de cada cuatro sonorenses creemos que la construcción del acueducto Independencia provocará conflicto social y desunión entre los habitantes de Sonora.

Como sonorense también quiero una solución al problema del agua para todo Sonora, pero el acueducto Independencia no lo es. Nos oponemos enérgicamente a las afectaciones al sur de Sonora y a la soberanía alimentaria del país.

Compañeros legisladores, el sur del estado de Sonora produce más de 70 por ciento del trigo que consume este país, quitarnos el agua es quitarnos el trigo.

En México no podemos producir todo el trigo que consumimos, por ello importamos de otros países como Rusia, donde la devastadora sequía e incendios destruyeron más de una quinta parte de su cosecha y cerró las exportaciones de granos hasta diciembre de 2011. Menos oferta significa mayor precio y mayor precio significa golpear al bolsillo de las mexicanas y de los mexicanos.

Desde esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, le recordamos al gobernador del estado de Sonora y al titular de la Comisión Nacional de Agua que buen gobierno es escuchar. Buen gobierno es evitar conflictos. Buen gobierno es respetar y hacer valer la ley y que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, queda estrictamente prohibido interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hídricos.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Sonora para que de inmediato tenga la suspensión provisional concedida y detenga la realización del proyecto acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, acatando la resolución de la juez octava federal.

Segundo. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a que investigue el proceso de licitación del proyecto mencionado y determine si fueron observadas las formalidades contempladas en la legislación y envíe el informe a esta soberanía.

Tercero. Se exhorta al titular de la Conagua, para que envíe a esta soberanía la información y los detalles relacionados con el proyecto acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo.

Cuarto. Se exhorta a la Conagua y al organismo de cuenca noroeste y cualquier otra dependencia que haya participado en el proceso de adquisición de traspaso y de asignación de derechos de agua de los productores de la zona norte del estado de Sonora, para que explique el mecanismo llevado a cabo para ello, enviando copia certificada de todos y cada uno de los documentos generados.

Quinto. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que haga llegar a la Cámara de Diputados un informe detallado de los aspectos relacionados con el acueducto en mención, con la finalidad de poder verificar los recursos asignados se ejecuten con apego irrestricto a la ley.

Sexto. Se exhorta al procurador general de la República para que ordene que se inicie la averiguación previa correspondiente en contra de quién o quiénes resulten responsables por la comisión de delitos, consistente en violación a la Ley de Amparo, por quienes hayan rendido falsos informes a la juez octava del distrito en el estado de Sonora, en el trámite de los juicios de amparo 863/2010 y 865/2010.

Asimismo...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh:Contra quienes resulten responsables por la violación de la suspensión provisional decretada.

De la misma manera, para que se investigue la posible comisión de delito consistente en la simulación de acto jurídico relacionado con la transferencia de supuestos derechos derivados de consecuencia para aguas de uso superficial del río Yaqui, en Sonora.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado Rogelio Díaz Brown Rambsbugrh:Le solicito atentamente, se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora y a los titulares de la ASF, de la Conagua, de la SHCP y de la PGR a realizar las actividades conducentes a impedir el inicio de la construcción del acueducto Independencia, en esa entidad; y se solicita el envío a esta soberanía de un informe detallado del proceso administrativo, documental y de licitación de dicho proyecto hidrológico, así como el cumplimiento de la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Octavo federal, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Durante los últimos diez años, el problema de la escasez de agua se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional. México ocupa el lugar 94 en cuanto a disponibilidad del agua a nivel mundial.

Existen claras señales del agotamiento de los mantos acuíferos nacionales. Hace 50 años se podía encontrar agua a los 4 metros de perforación; hoy día es necesario realizar perforaciones de hasta 800 metros para encontrar el vital líquido, como sucede en la comarca lagunera de Durango y Coahuila.

Es imperativo trabajar en el diseño de políticas públicas que permitan la recuperación de los mantos acuíferos, el uso más eficiente del agua, el fomento al tratamiento y reutilización de las aguas residuales, así como contar con una agenda de proyectos hidrológicos, que tengan como objetivo principal generar un impacto positivo en los diferentes grupos sociales y productivos del país.

Es fundamental para el sano y correcto desarrollo de México que dichas obras se realicen considerando las condiciones y características propias de cada una de las regiones y dejar de lado los intereses particulares, dando preferencia al beneficio colectivo.

No se puede lucrar ni aprovecharse de la necesidad de la gente para obtener algún tipo de beneficio o reconocimiento. Mucho menos, mentir, engañar o amedrentar, tal y como se ha venido haciendo desde el gobierno del estado de Sonora, en contubernio con los representantes y el titular de la Comisión Nacional del Agua, quienes se han empeñado en realizar el acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo.

El 29 de julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la licitación para dicha obra, que comprende, además de la construcción, la elaboración de un proyecto integral para el diseño y construcción del acueducto Independencia, lo que significa que aún no existe el proyecto ejecutivo.

Ante esta situación, 4 módulos del distrito de riego 041 del Río Yaqui, Sonora, promovieron amparos individuales contra la licitación del acueducto Independencia. La juez octava de distrito, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, concedió la suspensión provisional para efectos de que en el proceso de licitación de la obra para construir el acueducto, no se dicte el fallo y, en consecuencia, no se llevara a cabo la adjudicación, para que el agua de la presa El Novillo no fuese conducida a la ciudad de Hermosillo. Ambas suspensiones se mantienen vigentes.

Sin embargo y en evidente desacato del mandato judicial, el pasado 6 de octubre del año en curso, se dio a conocer el resultado de la citada licitación y se adjudicó la obra a la constructora Exploraciones Mineras del Desierto, consorcio integrado por 16 constructoras del estado de Sonora.

El problema del agua en el sur de Sonora no está en el imaginario de sus habitantes. De 2003 a 2004 se tuvieron que cerrar las 3 presas que abastecen el Valle del Yaqui por la sequía, entre ellas, la presa del Novillo, de la que pretenden reencauzar el agua.

Los escurrimientos de la cuenca del Río Yaqui han disminuido en un 36 por ciento. Reencauzar el novillo generará, sin duda alguna, efectos negativos, ya que las comunidades de Cajeme y del Valle del Yaqui recibirán un porcentaje mucho menor de agua, poniendo en riesgo su sustentabilidad y la de 7 municipios del estado. Recordemos que 2 de cada 3 panes del país se producen en el sur de Sonora.

Tres de cada cuatro sonorenses creemos que la construcción de este acueducto provocará conflicto social y desunión entre los habitantes de Sonora. Como sonorense, también quiero una solución al problema del agua para todo Sonora, pero el acueducto Independencia no lo es. Nos oponemos enérgicamente a las afectaciones al sur de Sonora y a la soberanía alimentaria de nuestro país.

Compañeros legisladores, el sur del estado de Sonora produce más de 70 por ciento del trigo que consume este país. Quitarnos el agua es quitarnos el trigo. En México no podemos producir todo el trigo que consumimos, por ello importamos de otros países, como Rusia, donde la devastadora sequía e incendios destruyeron más de una quinta parte de sus cosechas y que cerró las exportaciones de granos hasta diciembre de 2011. Menor oferta significa mayores precios y mayores precios significa golpear al bolsillo de las y los mexicanos.

Desde esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI legislatura, le recordamos al gobernador del estado de Sonora y al titular de la Comisión Nacional del Agua que buen gobierno es escuchar; buen gobierno es evitar el conflicto; buen gobierno es respetar y hacer valer la ley y que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, queda estrictamente prohibido interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Sonora a atender, de inmediato, las suspensiones provisionales concedidas y detenga la realización del proyecto del acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, acatando la resolución del juzgado octavo federal.

Segundo.Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el proceso de licitación del proyecto mencionado en el resolutivo anterior y determine si en éste fueron observadas las formalidades consideradas en la legislación vigente y envíe el informe de tal investigación a esta soberanía.

Tercero.Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a enviar a esta soberanía la información y los detalles relacionados con el proyecto del acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, incluyendo el proyecto ejecutivo de éste y la validación correspondiente, con el objetivo de corroborar que el proceso de licitación se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable, acompañando copia certificada del estudio de impacto ambiental correspondiente así como de los demás estudios que tuvieran lugar a efectos de justificar la realización del proyecto.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Organismo de Cuenca Noroeste o cualquier otra dependencia que haya participado en el proceso de adquisición de traspaso de derechos y de asignación de derechos de aproximadamente 41 millones de metros cúbicos de agua de los productores de la zona norte del estado de Sonora, particularmente de los municipios de Granados y Huásavas, así como cualquier otro involucrado en dicho proceso, para que explique el mecanismo llevado a cabo para ello, enviando copia certificada de todos y cada uno de los documentos generados con dicho procedimiento administrativo, incluyendo sin limitar, copia de los títulos de concesión, pagos de derechos de los mismos de los últimos cinco años a la fecha, copia del contrato de cesión de derechos o del que se haya utilizado para el traspaso de tales derechos y de las autorizaciones concedidas para ello por tratarse de concesiones, y en general una copia completa de los documentos relacionados con estas operaciones cualquiera que hubiera sido la figura jurídica que se haya utilizado.

Quinto.Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer llegar a la Cámara de Diputados un informe detallado de los aspectos relacionados con el acueducto en mención, con la finalidad de poder verificar que los recursos asignados se ejecutarán con apego irrestricto a la legalidad; es decir, respetando los derechos de terceros en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

Sexto.Se exhorta al procurador general de la República a ordenar que se inicien las averiguaciones previas correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de los delitos consistentes en violaciones a la Ley de Amparo, por quienes hayan rendido falsos informes a la juez octavo de distrito en el estado de Sonora, en el trámite de los juicios de amparo 863/2010 y 865/2010. Asimismo contra quienes resulten responsables por la violación de las suspensiones provisionales decretadas por dicha juzgadora tanto en los mencionados expedientes como en el diverso 1021/2010. De la misma manera, para que se investigue la posible comisión de delitos consistentes en la simulación de actos jurídicos relacionados con la transferencia de supuestos derechos derivados de concesiones para uso de aguas superficiales del Río Yaqui, en Sonora, que se tradujeron en la asignación a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora mediante los títulos correspondientes, de un volumen de 41 millones de metros cúbicos, a pesar de que tales concesiones se encontraban vencidas, y en su oportunidad y de ser lo procedente, consigne las averiguaciones al juez de distrito que corresponda; y finalmente, para que investigue los actos de persecución y hostigamiento en contra de los productores agrícolas, su dirigentes, los representantes legales de los módulos de riego quejosos, y se respete el derecho que todos ellos tienen a inconformarse con los actos que consideran violatorios de sus garantías individuales, informando detallada y puntualmente a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputados: Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Señor presidente, si es tan amable de preguntarle al diputado que propone que se aplique la ley en el estado de Sonora, que se castigue a los violadores de la ley, como es el gobernador del estado de Sonora, si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Rogelio Díaz Brown, el diputado Serrano solicita, si no tiene inconveniente, adherirse a su propuesta.

El diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh(desde la curul): Estoy de acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Rogelio Díaz ha aceptado, diputado Serrano.

Tal como lo solicita el diputado Rogelio Díaz Brown, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y se publica en la Gaceta Parlamentaria.

Se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte si se considera el presente punto de acuerdo de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica, se pregunta a la  asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobada y comuníquese.

Se encuentran en este recinto alumnos de la escuela primaria Mariano Gerardo López, que nos visitan aquí a esta asamblea. Ellos son invitados del diputado Sergio Saldaña del Moral. Sean todos ustedes bienvenidos.

También enviamos un saludo muy afectuoso a un grupo de 80 personas del municipio de Parras, Coahuila, que el día de hoy nos visitan y están con nosotros. Son invitados del diputado Rubén Moreira Valdez.

PERSPECTIVA DE GENERO EN EL TRABAJO LEGISLATIVO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), para que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las legisladoras y a los legisladores, así como a su equipo técnico.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Con su permiso señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, todas las sociedades a lo largo de la historia se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo éstas en desigualdad social y política.

La teoría de género reconoce que los comportamientos llamados femeninos y masculinos, son construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales a través de los cuales se definen los papeles y tareas de cada género y no características inherentes e inmodificables de la naturaleza.

Dicha teoría ha dado surgimiento a la denominada perspectiva de género, la cual se ha erigido como un enfoque analítico y metodológico que responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, sicológicas y culturales en la organización social.

Quienes tenemos la gran responsabilidad de generar disposiciones legales debemos tomar en cuenta los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente determinados para hombres y mujeres. Tenemos que reconocer que las leyes y reglamentos que se aplican sí tienen un impacto diferenciado, por lo que, desde la elaboración de las mismas, debemos considerarlo para lograr en la práctica el principio de igualdad jurídica.

Legislar con perspectiva de género, además de ser una obligación contraída por nuestro país en diversos instrumentos internacionales, también debe  ser una prioridad para este Congreso. La perspectiva de género es una herramienta que debe ser utilizada por todos nosotros los responsables de hacer y de reformar la ley, como un eje transversal en todos los temas que se abordan a través de las diferentes comisiones.

Es por eso que proponemos un programa de capacitación permanente sobre el tema que nos permita alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres a través del mejoramiento de las leyes políticas y modalidades conforme a los principios de no discriminación y de equidad, así como de aquellos que garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca a la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se solicita a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados, a fin de que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, para que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las legisladoras y los legisladores, así como a su equipo técnico.

Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía que instruya al CEAMEG para que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo, dirigido a los legisladores y a su equipo técnico, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género a fin de que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a los legisladores y a su equipo técnico, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todas las sociedades a lo largo de la historia se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo éstas en desigualdad social y política. La noción de género alude a esta construcción sociocultural e histórica.

El enfoque basado en las variables sexo y género permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, contribuye a reconocer las causas que las producen y ha ayudado a formular mecanismos para superar estas brechas, pues sitúa la problemática no en las mujeres o los hombres sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.

La teoría de género es una aportación filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en particular, pone en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se dan a las mujeres y a los hombres.

En otras palabras, la teoría de género reconoce que los comportamientos “femeninos” y los “masculinos” son construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales a través de los cuales se definen los papeles y las tareas a cada género y no, como algunas personas afirman, características inherentes e inmodificables de la naturaleza, pese a que ésta, entendida en el más amplio sentido de la palabra, también tiene marcada influencia en aquéllas.

Dicha teoría ha dado surgimiento a la “perspectiva de género”, la cual se ha erigido como un paradigma democrático que permite abordar de manera más integral y equitativa los problemas sociales, pues considera las experiencias, las necesidades y los intereses de los hombres y de las mujeres.

La perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y “responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social”. Visualiza a hombres y a mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, igual que sus implicaciones en las personas de un sexo y en las del otro.

La aplicación de la perspectiva de géneropara el análisis de la sociedad y la promoción y el respeto de los principios de equidad e igualdad está estrechamente vinculada con la idea de construir una democracia más integral y progresista.

En el ámbito internacional, las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades a la perspectiva de la transversalización de género.

Pese a estos avances –como señala Patricia Olamendi Torres, feminista y autora de diversas publicaciones–, México aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; entre ellos, destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas formas de exclusión o discriminación.

Si bien las leyes son disposiciones generales y abstractas que se crean para reglamentar de manera uniforme a la población, quienes tenemos la responsabilidad de generar normas debemos tomar en cuenta los papeles, las capacidades y las responsabilidades socialmente determinados para hombres y mujeres, ya que éstos propician las desigualdades de género existentes en la sociedad. Tenemos que reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídicas; es decir, que las leyes y los reglamentos que se aplican sí tienen un efecto diferenciado en hombres o en mujeres, por lo cual desde la elaboración de éstas, debemos considerar tales diferencias para lograr en la práctica el principio de “igualdad jurídica”.

Las iniciativas con enfoque de género no se traducen en leyes especiales para mujeres y otras especiales para hombres; por el contrario, introducen esta perspectiva para garantizar su igualdad, impulsan la inclusión transversal de la perspectiva de género en la normatividad de todos los niveles de gobierno y traducen en una realidad los compromisos nacionales e internacionales contraídos en la materia.

Legislar con perspectiva de género, además de ser una obligación contraída por el país consagrada en los artículos 2, fracción a), y 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo contenido se transcribe a continuación, también debe constituirse en una prioridad para el Congreso de la Unión:

Artículo 2

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas; convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer; y, con tal objeto, se comprometen a

Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

...

Artículo 3

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

El 6 de marzo de 2008 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el foro A favor de los derechos de las mujeres. Por la equidad de género, en el cual se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones:

1. Es tarea de los diputados incluir perspectiva de género en los instrumentos legales con responsabilidad.

2. La perspectiva de género es una herramienta transversal en todo el trabajo parlamentario que debe trascender en todas y en cada unas de las comisiones legislativas.

3. Es necesario hacer leyes que no sean neutras al género.

4. Se requiere que los diputados conozcan esta herramienta metodológica (perspectiva de género), que se refiere no sólo a las mujeres sino, también, a los hombres.

5. Es un asunto prioritario sensibilizar a los legisladores, pues 23 por ciento del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados no garantiza leyes con perspectiva de género.

6. Se requiere un acercamiento a los conocimientos básicos de la perspectiva de género por los diputados y de sus equipos técnicos.

En virtud de lo expuesto, consideramos que la perspectiva de género, como herramienta para hacer visible lo invisible, debe ser utilizada por todos nosotros, los responsables de hacer y reformar la ley, como eje transversal en todos los temas que se abordan a través de las comisiones. Sin embargo, la aspiración de construir leyes justas y equitativas no se hará posible si los legisladores no comprendemos esta metodología, si no sabemos lo que implica ni cómo se utiliza.

Por eso proponemos un programa de capacitación permanente y obligatorio sobre el tema, que nos permita alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, a través del mejoramiento de las leyes, políticas y modalidades, conforme a los principios de no discriminación y de equidad, así como de los que garanticen la democracia, y el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género a fin de que elabore un programa de capacitación permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a los legisladores y a su equipo técnico.

Notas:

1 Véase Olga Bustos Romero, “La formación del género: el impacto de la socialización a través de la educación”, en Antología de la sexualidad humana, tomo I, Miguel Ángel Porrúa/Conapo, México, 1994, página 267 y siguientes.

2 Daniel Cazés, “La perspectiva de género: guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles”, UNAM, México, 2005, página 79.

3 Patricia Olamendi Torres. “Legislar para la igualdad”, en http://notas.basica.sep.gob.mx/SEB/blogseb/300/documentos/articulo_legislarigua ldad.pdf

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Laura Viviana Agundiz Pérez, Laura Elena Estrada Rodríguez, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María Joann Novoa Mossberger, Silvia Isabel Monge Villalobos, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Martha Elena García Gómez, Norma Sánchez Romero, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Guylaine Cortés León Yulenny, Tomás Gutiérrez Ramírez, Sergio Gama Dufour, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita la diputada Lucila del Carmen Gallegos, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la comisión.

La diputada Martha Elena García Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul de la diputada Martha Elena.

La diputada Martha Elena García Gómez(desde la curul): Sí, señor presidente, nada más para preguntarle, a través de su persona, a la diputada, dado el tema tan importante si me puedo adherir a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Lucila del Carmen.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): No tengo inconveniente. Al contrario.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No tiene inconveniente la diputada. Al contrario. Está a sus órdenes el documento aquí en la mesa de la Secretaría.

La proposición se turna a la Comisión de Equidad y Género.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011 se consideren recursos para el desarrollo de infraestructura hospitalaria del programa Instituto Mexicano del Seguro Social Oportunidades, en el estado de Yucatán, suscrito éste por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y el diputado que hace uso de la voz.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, según la Organización Panamericana de la Salud, la salud debe entenderse como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia. Ello supone proveer las condiciones que le permitan desarrollarse sanamente y gozar de un nivel de vida adecuado.

En nuestra legislación, el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional.

En el estado de Yucatán, según cifras oficiales del INEGI, hasta 2008 existían en su totalidad 376 unidades médicas ubicadas a lo largo de la entidad. Si analizamos que dichas unidades atienden a los 106 municipios del estado, tenemos que en promedio en cada municipio deberían existir tres unidades médicas. Sin embargo, ésta no es la realidad.

Por desgracia existe una inequitativa distribución de las unidades médicas. Cientos de personas enfrentan grandes dificultades para acceder a los servicios médicos, no sólo como resultado de la lejanía y distancia existente entre estas unidades sino como resultado del mal estado en que se encuentran los caminos, la falta de unidades médicas y la falta de cobertura al 100 por ciento de la población.

Aunado a la imperiosa necesidad de contar con la infraestructura hospitalaria suficiente, resulta de igual importancia aumentar el número de profesionales de la salud, pues según cifras del INEGI, la mortalidad infantil en las zonas indígenas del estado de Yucatán es de 51 por mil niños vivos, debido a la falta de atención médica y el difícil acceso a los insuficientes centros de salud existentes.

Asimismo y de conformidad con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, más de 2 mil mujeres fallecieron en el año 2000 por causas relacionadas con el embarazo.

En la particular, en la zona oriente del estado, el hospital San Carlos, de Tizimín, Yucatán, dependiente de la Secretaría de Salud del estado, en la jurisdicción sanitaria número 2 con sede en Valladolid, cuenta con el equipo necesario para tratamientos de consulta externa. Sin embargo, la demanda social de servicios de salud ha rebasado la capacidad de este nosocomio, ya que de enero a la fecha el padrón de beneficiarios del Seguro Popular se ha incrementado con la inscripción de más de 3 mil familias que requieren atención médica.

Esta deficiencia en la cobertura de atención ha acarreado que en los últimos dos meses en dicho hospital se haya registrado la muerte de niños recién nacidos por la falta de equipo y personal médico.

Con base en las consideraciones anteriores y a fin de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la protección de salud de todos los mexicanos, solicitamos a esta soberanía considerar un incremento en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011, para la construcción de un hospital de 30 camas de consulta externa en el municipio de Tizimín, con un costo aproximado de 120 millones de pesos, con lo cual se verían beneficiados los habitantes de los municipios de: Tizimín, Temozón, Calotmul, Chemax, Xikila, Panabá, San Felipe, Espita, Buctzotz y Río Lagartos.

En atención a lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Diputado presidente, le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates e invito a todos los diputados federales por Yucatán a adherirse a este punto de acuerdo, ya que todos tenemos que estar unidos por la salud de los yucatecos sin distinción de colores, de credos o de partidos políticos. Y especialmente quiero invitar al diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín a adherirse a este punto de acuerdo, ya que mi compañero diputado conoce de las carencias del personal médico en el hospital San Carlos, de Tizimín. Por su atención muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el desarrollo de infraestructura hospitalaria del programa IMSS Oportunidades en Yucatán, suscrita por los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputados en la  LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal de 2011 al Ramo 19, “Aportaciones a seguridad social”, del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito de que sean asignados recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura hospitalaria del Programa IMSS Oportunidades en el estado de Yucatán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Yucatán, hasta principios del año que transcurre, el número de centros de salud era de 138, de los cuales 123 han sido acreditados, quedando pendientes 15; de estas 15 faltantes, 13 no cumplieron con la NOM-178-SSA-1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Ahora bien, según cifras oficiales del Inegi, hasta 2008 existían en su totalidad 376 unidades médicas a lo largo de todo el estado.  Por otra parte, de conformidad con cifras obtenidas del mismo instituto, se tiene que en 2008, en el estado se dieron 221 mil 323 consultas externas en establecimientos particulares; 70 mil 426 de primer nivel, 92 mil 163 de especialidad, 54 mil 689 urgencias y 4 mil 45 odontológicas. Incluyendo las consultas de especialidad las de ginecoobstetricia, pediatría, cirugía y medicina interna, entre otras tantas.

Ahora bien, si comparamos el número de unidades médicas que existentes en Yucatán y las dividimos entre los 106 municipios por los cuales se encuentra constituido el estado, tenemos que, en promedio, en cada municipio deben existir 3 unidades médicas; sin embargo, la inequitativa distribución de las unidades y el gran número de localidades y comisarías que integran los municipios de Yucatán reflejan la dificultad que enfrentan cientos de personas para acceder a los servicios médicos, debido a la lejanía y distancia existente entre estas unidades y al gran número de pacientes que requieren de servicios de altas especialidades sin que todos los hospitales cuenten con el equipamiento necesario para atender todo tipo de enfermedades.

Aunado a la importancia de contar con infraestructura hospitalaria suficiente para brindar atención a todos los habitantes de la entidad, resulta de igual importancia la necesidad de contar con un mayor número de personal capacitado en el rubro salud, tanto especialistas como todos aquellos que tienen contacto directo con el paciente, es decir, médico, enfermeras y demás personal de las clínicas, con la finalidad de mejorar la calidad y la eficiencia de la atención médica en especial de la población menos beneficiada económicamente; ya que actualmente en las comunidades indígenas y comisarías ha aumentado el índice de mortalidad debido a que no cuentan con tratamientos necesarios para enfermedades crónicas, degenerativas o simplemente porque no reciben los cuidados adecuados a tiempo, ello por la dificultad de accesar a los hospitales o unidades médicas más cercanas en el municipio, tanto por la distancia que hay que recorrer,  el mal estado en que se encuentran los caminos y la falta de cobertura al 100 por ciento de la población, al respecto cabe destacar que simplemente en los municipios de la zona sur de Yucatán no se cuentan con hospitales de alta especialidad, por lo que sus habitantes, cuando cuentan con los recursos suficientes se trasladan a Mérida para ser atendidos, lo cual desencadena una altísima demanda en los hospitales de este municipio, sin contar con la infraestructura ni personal necesario para satisfacer dicha demanda de  servicio médico.

Al respecto y de acuerdo a estudios realizados por la Universidad de Quintana Roo, en algunos municipios como Tixmehuac, Chacsinkin, Oxkutzcab y Tzucacab los habitantes pasan meses sin que sus unidades médicas cuenten con médicos ni medicamentos, además de que no tienen servicio de agua o las pocas construcciones de sus clínicas se encuentran en mal estado. Aunado a lo anterior, en la mayoría de estos municipios de escasos recursos, no existen lugares en donde se vendan medicamentos, debido a que la situación económica de sus habitantes les impide adquirirlos.

Finalmente, y como si lo anterior no fuera suficiente, cifras del Inegi reflejan que la mortalidad infantil en las zonas indígenas del estado es de 51 por mil niños que nacen debido a la falta de atención médica y el difícil acceso a los centros de salud existentes en el Estado.

Por lo expuesto, es que solicitamos que se considere un incremento en el Presupuesto de Egresos de 2011 para realizar la construcción de un hospital de 30 camas para consulta externa con un costo aproximado de 120 millones de pesos, con lo cual se verían beneficiados habitantes de los municipios de Tizimín, Temozón, Calotmul, Chemaz, Sucilá, Panabá, San Felipe, Espita, Buctzotz y Río Lagartos, a fin de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos.

La importancia que concede el estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas ciudadanas y en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la república.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Seguridad Social, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados a considerar un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal de 2011 al Ramo 19, “Aportaciones para seguridad social”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con el propósito de que sean asignados recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura hospitalaria del Programa IMSS Oportunidades en el estado de Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales, Martín Enrique Castillo Ruz, Liborio Vidal Aguilar, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús María Rodríguez Hernández, Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Gabriel Ávila. Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, considere mi adhesión al punto de acuerdo y sirva para ratificar mi compromiso de donar parte de mi sueldo para sufragar el salario de un médico especialista en el hospital San Carlos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Gabriel Ávila, hay respuesta a su invitación.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VIII PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO - CUIDADO FAMILIAR

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, para que en una sola intervención haga dos proposiciones que con los numerales 160 y 171 aparecen en la agenda a desarrollar.

Éstas se refieren a la proposición con punto de acuerdo relativo a la organización del octavo parlamento de las niñas y los niños de México 2011, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Niñez.

Asimismo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a que vigilen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas del cuidado de las niñas y niños que por disposiciones jurídicas se encuentran separados de sus padres. Igualmente, se exhorta a los congresos locales y a la Auditoría Superior de la Federación a que legislen en la materia. Adelante, diputada.

La diputada María Joann Novoa Mossberger: Gracias, presidente diputado. Compañeras y compañeros diputados, México ha realizado aportaciones importantes en materia de defensa de los derechos de las niñas y los niños tales como la reforma a nuestra Constitución, la publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, firma y ratificación de instrumentos internacionales, entre otros.

Asimismo, en el ámbito federal se sigue trabajando para que nuestro sistema jurídico adquiera un lenguaje análogo a la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito y ratificado por nuestro país en 1990.

Bajo estas consideraciones y otras más de igual importancia se creó la Comisión Especial para la Niñez, que tiene como objeto coadyuvar en la incorporación de los derechos de la infancia al marco normativo mexicano, así como su difusión y promoción y ser un enlace con los tres poderes en sus diferentes órganos de gobierno y la sociedad civil, así como con especialistas en la materia.

En este sentido, como legisladores, y más los integrantes de la Comisión Especial para la Niñez, tenemos el compromiso de trabajar a favor de las niñas y los niños. Deben ser tomados en cuenta y sus opiniones deben ser incluidas a fin de que participen en la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria, así como en el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales.

En este orden de ideas la Comisión Especial para la Niñez, en reunión plenaria del 7 de septiembre de 2010 aprobó el plan de trabajo donde se señala que una de sus funciones es participar activamente en el Parlamento Infantil, el cual se organiza en conjunto con diferentes comisiones, y el Senado de la República.

Se tiene como antecedente que desde el 2003 hasta el 2009 se han llevado a cabo siete Parlamentos infantiles, en los cuales, en ejercicio de sus derechos, las niñas y los niños de México han opinado, analizado, deliberado y discutido en un ámbito de pluralidad y respeto los temas de su interés, bajo el esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo, con el fin de fomentar la cultura cívica, considerando su entorno social, económico y cultural, y reconociendo que parte esencial del fomento orientador de este evento es el hecho de escucharlos, reflexionar y actuar para proyectar, a través de sus propuestas, el interés superior de la infancia en la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Proponemos que se lleve a cabo el VIII Parlamento Infantil en abril del 2011 en la Cámara de Diputados. Por lo anterior, ponemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que instruya a la Comisión Especial para la Niñez y a las Comisiones ordinarias de Atención a Grupos Vulnerables, y de Participación Ciudadana, a organizar en coordinación con la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Federal Electoral y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el VIII Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, con sede en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se les instruya para que en un plazo no mayor de 90 días establezcan las bases y lineamientos para la organización, convocatoria y realización de las acciones necesarias para el desarrollo de dicho Parlamento.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que asigne los recursos necesarios para la realización del VIII Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, durante el mes de abril.

Procedo a dar paso al segundo punto de acuerdo.

Datos del II Conteo Nacional de Población del 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se concluyó que en nuestro país hay 28 mil 107 niños y niñas y adolescentes que por diversas causas no podían vivir con sus familias de origen y se encuentran institucionalizados en las 657 casas hogar existentes en toda la república.

A partir de una proyección elaborada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, basado en las estimaciones de crecimiento poblacional del Consejo Nacional de Población, se estima que han de mantenerse vigentes las actuales tendencias sociodemográficas del país para el 2010, las cifras de infantes privados de cuidados parentales e institucionalizados ascenderá a 29 mil 310.

Por lo anterior, se hace impostergable la toma de medidas orientadas a disminuir esta cifra. Queda clara la responsabilidad del Estado de proporcionar la asistencia para la niñez privada de su medio familiar, tanto en los casos que en ésta sea temporal, como en los que resulte definitiva.

La niñez privada del cuidado parental constituye uno de los grupos más vulnerables en la sociedad, la pérdida o separación de sus familiares tiene un enorme impacto en su vida, dado que queda carente del entorno protector que idealmente debiera brindar ésta a sus descendientes. Su salud, desarrollo integral y bienestar se ponen en riesgo, especialmente si la pérdida ocurre en la primera infancia.

Por lo anterior:

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y municipales para que establezcan y refuercen los mecanismos de seguimiento y supervisión del funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo niñas y niños privados del cuidado familiar, a efecto de que cumplan con la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por la legislación nacional aplicable y los ordenamientos internacionales de los que México es Estado parte.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que fortalezcan el marco legal correspondiente, a efecto de prevenir y sancionar las irregularidades que se presentan en las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo niñas y niños privados del cuidado familiar.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y municipales para que impulsen políticas públicas dirigidas a las niñas y a los niños para que vivan en un ambiente seguro y saludable dentro de sus familias.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la organización del octavo Parlamento de las Niñas y Niños de México 2011, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial para la Niñez

Las diputadas integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial para la Niñez de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo para organizar el octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, bajo las siguientes

Consideraciones

México ha realizado aportaciones importantes en materia de defensa de los derechos de los Niños, tenemos que en el año 2000 con la reforma a Nuestra Carta Magna se introdujo el desarrollo integral del niño, es decir, se reconocen los derechos como un conjunto que el Estado debe propiciar para que se ejerzan plenamente y sus ascendientes o tutores estarán preservándolos, asimismo, en ese mismo año se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo que posibilita que las entidades federativas emitan sus propias leyes en la materia; actualmente en los 32 estados y el Distrito Federal tienen un ordenamiento jurídico el cual cumple con este objetivo, sin embargo, en el ámbito federal se sigue trabajando para que en nuestro sistema jurídico mexicano adquiera un lenguaje análogo a la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional suscrito y ratificado por nuestro país en 1990.

Es importante que la niñez mexicana sea considerada como sujetos de derechos, principalmente que se vele por el interés superior de la infancia, por una igualdad sin discriminación alguna, sin violencia, abuso o maltrato de ningún tipo, a vivir en familia como espacio para un buen desarrollo, la existencia de la corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad, así como de garantizar el pleno derecho a la salud, educación, identidad, alimentación, juego, descanso, recreación, libertad de pensamiento y opinión entre otros.

Sabedores que el futuro de la sociedad mexicana se forma con sus habitantes más pequeños: las niñas y los niños, quienes cuentan con una energía particular, con una amplia capacidad de adaptación y un potencial considerable para asimilar nuevos conocimientos y adquirir habilidades distintas, por lo que nos avocamos a trabajar incansablemente para que esto se oriente y dirija hacia un desarrollo integral.

Por lo anterior, y bajo estas consideraciones, junto con más de igual preeminencia se creó la Comisión Especial para la Niñez, que tiene como objeto coadyuvar en la incorporación  de los derechos de la infancia al marco normativo mexicano, realizando actos de promoción de éstos y sirviendo de enlace con los tres poderes en sus diferentes órdenes de Gobierno y la sociedad civil, así como con especialistas en la materia.

En este sentido, los legisladores integrantes de la Comisión Especial para la Niñez tenemos un campo de acción delimitado que incide directamente a la aspiración de que las niñas y los niños deben ser tomados en cuenta y sus opiniones deben ser incluidas a fin de que participen en la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria, así como en el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales, esa es nuestra tarea.

En este orden de ideas, la Comisión Especial para la Niñez, en reunión plenaria de fecha 7 de septiembre del 2010, aprobó el plan de trabajo donde se señala que una de sus funciones es “participar activamente en el Parlamento Infantil, el cual se organiza en conjunto con diferentes comisiones y el Senado de la República”.

Al respecto, se tiene como antecedente que desde 2003 hasta 2009 se han llevado a cabo siete Parlamentos Infantiles, de los cuales, en ejercicio de sus derechos, las niñas y los niños de México han opinado, analizado, deliberado y discutido en un ámbito de pluralidad y respeto los temas de su interés, bajo el esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo, con el fin de fomentar la cultura cívica, considerando su entorno social, económico y cultural, y reconociendo que parte esencial del fomento orientador de este evento, es el hecho de escucharlos, reflexionar y actuar para proyectar, a través de sus propuestas, el Interés Superior de la Infancia en la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Con fecha 30 de abril del 2002, la honorable Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo en el que se establece la realización anual del “Parlamento de las Niñas y Niños de México” en el que se designó a las Comisiones de Participación Ciudadana, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, así como a las Comisiones de Desa-rrollo Social y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, en coordinación con el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el UNICEF, estableciendo la anualidad y alternancia iniciando en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2003. Para el 19 de octubre de 2004, los integrantes de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, presentaron un punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política para que se integre a la organización del 3er Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 5 de diciembre de 2006, ratificó el punto de acuerdo por el cual las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Participación Ciudadana establecieron la anualidad y alternancia para la realización del Parlamento Infantil; en este quinto Parlamento se incluyó la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y se conformó una subcomisión organizadora encargada de la planeación, organización y evaluación, que aprobó la misión, visión, objetivo general y los objetivos específicos del Parlamento.

Finalmente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a través de su respectiva Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, convocaron al séptimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2009, que se celebró del 29 de marzo al 4 de abril de 2009 en la ciudad de México, en la Cámara de Diputados.

Dado que se ha llevado a cabo el Parlamento por siete ocasiones y que la participación de la niñez debe ser respetada y valorada para contribuir e incidir en diferentes maneras, de tal suerte que sus iniciativas e ideas se vean reflejadas como contribución de las niñas y los niños en la toma de decisiones y considerando la relevancia del objetivo de acción de la Comisión Especial para la Niñez; proponemos que se lleve a cabo el ensayo legislativo que se realice en abril de 2011 en la Cámara de Diputados, con apoyo de la Cámara de Senadores, en coordinación con instituciones de la administración pública federal y de organismos internacionales, a través de un proceso de elección de una o un representante por escuela o curso comunitario para, posteriormente, por voto directo y secreto en convenciones distritales convocadas por las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral, se elija a 300 legisladores infantiles, que recibirán de la junta distrital ejecutiva del Instituto Federal Electoral la constancia de mayoría y validez de la elección.

Cabe señalar que las especificaciones de la convocatoria y desarrollo del mismo, se realizará en el periodo de preparación y ejecución del Parlamento para las Niñas y los Niños de México.

Con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que instruya a la Comisión Especial para la Niñez y a las Comisiones Ordinarias de Atención a Grupos Vulnerables y Participación Ciudadana para organizar, en coordinación con la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Federal Electoral y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, con sede en la Cámara de Diputados. Asimismo que se les instruya para que en un plazo no mayor de 90 días, establezcan las bases y lineamientos para la organización, convocatoria y realización de las acciones necesarias para el desarrollo de dicho Parlamento.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a asignar los recursos necesarios para la realización del octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011, durante el mes de abril.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputadas: María Joann Novoa Mossberger, Hilda Ceballos Llerenas, María Marcela Torres Peimbert, Mary Telma Guajardo Villarreal, Juan José Cuevas García, Yulenny Guylaine Cortés León, Hilda Ceballos Llerenas, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turnan a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y de las privadas encargadas de cuidar niños separados de los padres por disposiciones jurídicas; y a los congresos locales y a la ALDF, a legislar en la materia, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura, María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cuidado de la niñez debe ser prioridad en nuestras agendas, el país tiene que conservar los valores y conjuntamente ser un equipo que le importe la sociedad ya que lo que trabajamos hoy y mañana, es para el futuro de los que vienen detrás de nosotros: nuestros jóvenes.

Un tema difícil de abordar es la protección que se debe de tener a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en instituciones de asistencia social públicas, ya que muchos de nuestros jóvenes han pasado o están pasando por situaciones de gravidez en su desarrollo integral, por ello, se debe evitar que los niños sean apartados de su familia de origen, así también aquellos que no han podido permanecer en ellas por situaciones diferentes.

Datos del II Conteo Nacional de Población 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se concluyó que en nuestro país había 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes que por diversas causas no podían vivir con su familia de origen y se encontraban institucionalizados en las 657 casa hogar existentes en la República.

Por lo que las condiciones económicas, estructurales y políticas tienen un gran impacto en la posibilidad de que las familias biológicas puedan brindar esta atención a las niñas y niños. Su situación muchas veces empeora debido a que los sistemas de apoyo comunitario resultan insuficientes para cubrir la creciente demanda de núcleos familiares que requieren ser fortalecidos de manera integral para permanecer unidos.

Para el sustento del interés superior del niño, encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño –tratado internacional aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificado por México el 21 de septiembre de 1990– establece la importancia de la protección integral de niños y niñas, sustentada en cuatro principios rectores: la no discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y la participación.

De igual forma, consagra como primordial el derecho que tienen a vivir en familia. El preámbulo destaca la trascendencia de ésta, refiriéndola como: “...grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros...”, al tiempo que reconoce que: “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión...”

Los niños y las niñas que no viven con, ni están bajo el cuidado de sus padres biológicos, por cualquier razón y en cualquier circunstancia, han sido definidos por Naciones Unidas como: “niñez privada de cuidados parentales”.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) prevé el suministro de una atención de calidad en los casos de separación inevitable. En su artículo 20 establece:

 “1.- Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado.

2.- Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para estos niños.

3.- Entre otros cuidados figurarán, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”

Queda clara la responsabilidad del Estado de proporcionar la asistencia para que la niñez privada de su medio familiar tanto en los casos en que ésta sea temporal como en los que resulte definitiva. En los últimos párrafos se destaca el papel que cada nación debe desempeñar, contando con una legislación adecuada que dé respuesta a tales situaciones, respetando cultura, usos y costumbres que diferencian un país de otro.

Los motivos que originan la separación son diversos e incluyen entre otros los siguientes:

Fallecimiento de uno o ambos padres.

Retiro del hogar familiar por mandato legal, al considerarse que la permanencia en el mismo es contraindicada (maltrato, negligencia, alcoholismo o drogadicción de los progenitores).

Pobreza.

Padecimiento de VIH/sida u orfandad causa de la pandemia.

Tráfico o traslado ilícito internamente en su país o en el exterior.

Conflictos armados.

Situaciones de emergencia o desastres naturales.

A pesar de los importantes esfuerzos realizados por entidades internacionales, estados y organizaciones de sociedad civil, un número cada vez mayor de niños y niñas en todo el mundo se queda sin el cuidado de sus familias biológicas o está en riesgo de ello. Aunque no se dispone de cifras exactas sobre la cantidad de afectados por esta problemática, se afirma que son millones en el mundo quienes viven inmersos en ella.

A partir de una proyección elaborada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), basada en las estimaciones de crecimiento poblacional del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que, de mantenerse vigentes las actuales tendencias socio demográficas del país, para 2010 la cifra de infantes privados de cuidados parentales e institucionalizados ascenderá a 29 mil 310. Por lo anterior, se hace impostergable la toma de medidas orientadas a disminuir esta cifra.

Según estudios realizados por especialistas, la niñez privada del cuidado parental constituye uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. La pérdida o separación de su familia tiene un enorme impacto en su vida, dado que queda carente del entorno protector que idealmente debiera brindar ésta a sus descendientes. Su salud, desarrollo integral y bienestar se ponen en riesgo, especialmente si la pérdida ocurre en la primera infancia, principal período de crecimiento infantil. Niñas y niños en estas condiciones pueden convertirse en víctimas y sufrir discriminación social y cultural; a menudo, se les niega el acceso a la educación, a la asistencia social y médica. En muchas ocasiones carecen de acta de nacimiento, lo cual incrementa todavía más la vulnerabilidad en que se encuentran.

Reiterando el interés en que la niñez se desarrolle en entornos familiares que favorezcan el desarrollo al máximo de sus potenciales, el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  celebró en 2005 su Día de Debate General sobre el tema de la infancia sin cuidado parental. Como resultado de esta jornada, se formuló una recomendación clave llamando la atención a la comunidad internacional, las Agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, expertos, académicos y organizaciones profesionales para que trabajaran conjuntamente en la elaboración de normas aplicables en todos los países, que en última instancia dieran una orientación experta a los Estados y a otros responsables de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En junio de 2006, destacando los avances que ha logrado nuestro país en materia de atención a la niñez privada de cuidados parentales, el Comité de los Derechos del Niño del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de observaciones finales a México, expresó su preocupación por:

1) La falta de información (el número, las condiciones de vida y otros factores) sobre niños y niñas que han sido separados de sus padres y viven en instituciones.

2) El gran número de infantes que son atendidos en instancias administradas por el sector privado, y la falta de información y de supervisión de esas instituciones por parte del Estado.

Ante dicha problemática, recomendó reforzar las medidas vigentes para:

1) Impedir la separación de niñas y niños de sus familias y adoptar medidas eficaces para evaluar el número y la situación de quienes están institucionalizados, incluso en instituciones administradas por el sector privado.

2) Establecer reglamentos basados en los derechos de la infancia.

3) Aprobar un programa para reforzar y aumentar las oportunidades para que esta población tenga otros tipos de tutela, por ejemplo, promulgando leyes eficaces, fortaleciendo las estructuras existentes como la de la familia extensa, capacitando mejor al personal y asignando más recursos a los órganos pertinentes.

Instituciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México han corroborado que el gobierno federal carece de los registros completos de niñas y niños institucionalizados en albergues y casas hogar, tanto públicos como privados, motivo por el cual se encuentran en una total desprotección y expuestos a situaciones irregulares.

Diversos casos recientes suscitados en nuestro país y de gran difusión mediática a nivel nacional e internacional, han evidenciado la ausencia de políticas públicas integrales tendentes a garantizar que los niñas y niños sean excepcionalmente separados de su núcleo familiar y trasladados a instituciones públicas o privadas, según consta en la Recomendación: 04/2009 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y hacen urgente la necesidad de que se legisle en este sentido.

Las desventajas que implica en todos los sentidos para la infancia el crecer al margen de entornos familiares, unidos a todo lo anteriormente expuesto, fortalecen los motivos para buscar que en nuestro país niñas y niños con el perfil referido, tengan garantizada una atención con estricto apego al enfoque de derechos de infancia.

Considerando lo anteriormente expuesto, recojo las preocupaciones de organismos internacionales, gubernamentales, académicos y de sociedad civil para proponer los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a los gobiernos Federal, Estatales y Municipales para que establezcan y refuercen los mecanismos de seguimiento y supervisión del funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo niñas y niños privados del cuidado familiar, a efecto de que cumplan con la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por la legislación nacional aplicable, y los ordenamientos internacionales de los que México es Estado parte.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que fortalezcan el marco legal correspondiente a efecto de prevenir y sancionar las irregularidades que se presentan en las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo niñas y niños privados del cuidado familiar.

Tercero.Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y municipales para que impulsen políticas públicas dirigidas a las niñas y los niños, para que vivan en un ambiente seguro y saludable dentro de sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a de octubre de 2010.— Diputados: María Joann Novoa Mossberger, Juan José Cuevas García, Yulenny Guylaine Cortés León, Hilda Ceballos Llerenas, Silvia Esther Pérez Ceballos, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: S e turnan a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cuevas, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Diputado presidente, si le pregunta a la proponente si nos podemos adherir a su punto de acuerdo, por favor.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada María Joann ¿no tiene inconveniente?

La diputada María Joann Novoa Mossberger(desde la curul): De  ninguna manera tengo inconveniente; adelante.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Joann no tiene ningún inconveniente y pone a disposición de todos aquellos diputados y diputadas que de-seen adherirse a sus proposiciones, el documento para que asienten su firma aquí en la mesa de la Secretaría.

Se encuentran en este recinto, en su calidad de visitantes distinguidos, alumnos de la primaria del colegio Rosario Castellanos, del municipio de Coacalco, estado de México, invitados por nuestro compañero, el diputado Héctor Guevara Ramírez. Sean todos ustedes bienvenidos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que considere el desarrollo del PIB-agroalimentario del año inmediato anterior, la proporción de población rural objetivo respecto a la estatal, la reducción del grado de marginación y el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente, y se establezca como criterio general obligatorio sobre las reglas de operación que la Sagarpa emita para el ejercicio fiscal de 2011, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El sistema federal mexicano lleva implícitos valores políticos democráticos que conducen a la colaboración entre el gobierno federal, estatal y municipal y fortalece además la participación de la sociedad organizada en las políticas públicas, bajo un alto sentido de corresponsabilidad.

En 1995, con el programa de concurrencia federalizado denominado Alianza para el Campo inició un desarrollo armónico de las políticas agroalimentarias con la participación de los estados, municipios y la sociedad en su conjunto. Transparentando el uso de los recursos  mediante el depósito de los  mismos  en un fideicomiso  de responsabilidad compartida.

En años recientes, los estados se han visto impedidos para concurrir con las cantidades fijas que les asigna el Ejecutivo federal en los convenios de coordinación, sin que dichas cantidades se hayan determinado a través de un proceso de planeación federalista que tome en cuenta variables tales como las siguientes:

1. Desarrollo de la actividad económica del año inmediato anterior (PIB agroalimentario);

2. Proporción de población rural objetivo (número de productores), respecto a la población total del estado;

3. Reducción en el grado de marginación o exclusión de éstos; y

4. Porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente, ni el compromiso de cada estado en contribuir al desarrollo rural manifestado en compromiso presupuestal.

Además de lo anterior, paulatinamente se ha reducido la participación ciudadana en los consejos estatales y municipales, siendo que éstos son los espacios naturales donde los actores de la sociedad rural expresan a través de sus representantes sus necesidades reales.

Ante esta preocupante situación en la asignación de los recursos federales para el campo, esta soberanía debe ejercer las facultades que le confiere el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a reglas de operación, con objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, son responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o las modificaciones de aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

En el marco de la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, esta soberanía deberá ejercer ésta facultad constitucional con responsabilidad por lo que convoco a todos las señoras y los señores diputados a que apoyen esta propuesta para que la asignación de los recursos federalizados, a través de los convenios estatales, sea a través de una fórmula actuarial con los componentes descritos anteriormente.

Una vez establecida la fórmula en la distribución de los recursos federalizados, se deberá establecer un sistema de evaluación que premie para los ejercicios subsecuentes, tomando en cuenta:

• La agilidad en el ejercicio de los recursos;

• La eficiencia de éstos y su impacto en la mejora sustantiva de la productividad;

• La competitividad y la generación de oportunidades a la sociedad rural; y

• La actuación de los consejos estatales y municipales para el desarrollo rural.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que considere el desarrollo del PIB agroalimentario del año inmediato anterior; la proporción de población rural objetivo respecto a la población total del estado que corresponda; la reducción en el grado de marginación o exclusión de éstos; el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente y se establezcan como un criterio general obligatorio para las reglas de operación que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 12 de octubre de 2010.— Diputado Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios del estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sin duda alguna, el suministro de energía eléctrica es uno de los principales servicios en las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana. La generación y su abastecimiento eficiente, así como la calidad en el servicio debe ser una prioridad para cualquier nación, ya que afecta directamente a la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas, el ingreso familiar y la equidad social, por mencionar algunas.

Tales principios no han encontrado aún su eficiencia, ya que sólo por ejemplificar encontramos que en las zonas rurales la sociedad se enfrenta a costos altos en el consumo de energía eléctrica, lo que con el poco crecimiento económico de dichas zonas agrarias es inevitable el atenuar las desigualdades sociales de nuestro país.

De manera que un número importante de agroproductores guanajuatenses se han visto en la necesidad de suspender el pago de energía eléctrica que consumen en las unidades de producción que trabajan, ocasionando con esto que se acumulen adeudos por mucho dinero y considerable en la Comisión Federal de Electricidad, y por consecuencia la paraestatal reacciona realizando cortes de la energía eléctrica en los postes agrícolas, a lo cual los productores se han visto imposibilitados, primero, en el desarrollo de sus negocios, segundo en el pago de sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad.

Así las cosas, se tienen adeudos elevados e impagables en muchos casos, al grado de que en algunos de ellos las deudas superan el valor comercial de los ranchos que presentan esta problemática.

Es de nuestro conocimiento que los instrumentos de medición instalados en las estaciones climatológicas de la Comisión Federal de Agua en dicha región del estado son instrumentos que sólo sirven para datos climatológicos y estadísticos, y no para otros efectos.

Al respecto, conviene señalar que la Comisión Federal de Electricidad tome como referencia las mediciones que realizan en las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional de Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas boscosas. Por tanto, la temperatura que dichas estaciones registran son varios grados centígrados inferiores a las reales en las zonas rurales.

En este contexto, consideramos de mayor importancia la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortázar y Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, para su uso exclusivamente en la medición de temperaturas que exige que la Comisión Nacional de Electricidad, para establecer lo correspondiente a tarifas eléctricas a los usuarios del servicio y, a su vez, la clasificación de las tarifas eléctricas en las zonas rurales.

Conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas eléctricas...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez:...su ajuste y su reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y la ampliación del servicio público y racional consumo de energía eléctrica, a través del procedimiento señalado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que podrá fijar las tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima y una combinación de ambas.

Por tal motivo, exhortamos con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Aguas a la instalación de estaciones climatológicas...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Concluya, por favor, ciudadano diputado.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez:...en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortázar, Valle de Santiago y el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición, para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se promueva la innovación tecnológica y reubicación de los instrumentos de mediciones climatológicas para determinar las tarifas eléctricas y reclasificación de las mismas.

Solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios guanajuatenses de uso exclusivo de medición para reclasificar y determinar tarifas de electricidad en las zonas rurales, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rubén Arellano Rodríguez, perteneciente a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, el suministro de energía eléctrica es uno de los principales servicios en las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana, la generación y su abastecimiento eficiente, así como la calidad en el servicio, debe ser una prioridad para cualquier nación, ya que afecta directamente a la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas, el ingreso de las familias y la equidad social, sólo por mencionar algunos.

Es por ello, que se requiere la acción rectora y rectificadora del estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad y debe de vigilar el ordenado desenvolvimiento, para garantizar que concurra el interés nacional, se subordine el bien común y busque la justicia en las relaciones económicas.

No obstante lo anterior, en nuestra realidad, tales principios no han encontrado aún su eficacia, ya que sólo por ejemplificar, encontramos que en las zonas rurales, la sociedad, se enfrenta con costos altos en el consumo de la energía eléctrica, lo que con el poco crecimiento económico de dichas zonas agrarias, es inevitable el atenuar las desigualdades sociales de nuestro país.

De manera que, un número importante de agroproductores guanajuatenses, se han visto en la necesidad de suspender el pago de la energía eléctrica que consumen en las unidades de producción que trabajan, ocasionando con esto que se acumulen adeudos por demás fuertes y considerables con la Comisión Federal de Electricidad, y por consecuencia la paraestatal reaccione realizando cortes de energía en los pozos agrícolas, a lo cual los productores se han visto imposibilitados: Primero, en el desarrollo de sus negocios; y segundo, en el pago de sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad.

Así las cosas, se tienen adeudos elevados e impagables en muchos casos, al grado de que en algunos de ellos, el adeudo supera el valor comercial de los ranchos que presentan esta problemática.

Además, nos encontramos que, con el paso del tiempo y de acuerdo a números de la propia paraestatal el problema cada vez se agrava más. El último intento de rescate parcial de adeudos fue un rotundo fracaso en Guanajuato, por los requisitos que les impusieron a los agricultores para ser beneficiados, con la finalidad de que se suspendieran los cortes y evitar que se pudiera detener la producción del campo mexicano.

En torno a lo anterior, es de nuestro conocimiento que los instrumentos de medición instalados en las estaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua en dicha región del estado, son instrumentos que sólo sirven para datos climatológicos y estadísticos pero no para otros efectos. Al respecto, conviene señalar, que la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas boscosas, por lo tanto, la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de los estados y municipios, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor.

En este contexto, consideramos de la mayor importancia la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición de las temperaturas que exige la Comisión Federal de Electricidad para establecer la correspondiente tarifa eléctrica a los usuarios del servicio y a su vez, la reclasificación de las tarifas eléctricas en las zonas rurales.

Con forme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas”.

Así como la Ley de Planeación en su artículo 15 fracción V “Artículo 15.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde: Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades del Plan y los programas.”

Asimismo, y con fundamento en lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera oportuno, se publicite el registro de las temperaturas a efecto, de que la población interesada se informe de este resultado.

Por lo antes expuesto, el Partido Acción Nacional alza la voz en esta máxima tribuna en pro de la sociedad rural para impulsar ideas y acciones para plantear seriamente las soluciones a los problemas del país y a realizar un atento llamado a unirse las demás fuerzas políticas, para instaurar gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles.

Por lo antes expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales.

Segundo.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se promueva la innovación tecnológica y reubicación de los instrumentos de medición climatológicos para determinar las tarifas eléctricas y reclasificación de las mismas.

Notas:

1. Tercer informe de labores de la SENER, correspondiente al 1° de septiembre de 2009.

2. http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina2002[1].pdf

3.ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén Arellano Rodríguez,  Ramón Merino Loo, María Felicitas Parra Becerra, J. Guadalupe Vera Hernández, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Juan José Cuevas García, Tomás Gutiérrez Ramírez, Sergio Gama Dufour, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Guylaine Cortés León Yulenny, Guadalupe Valenzuela Cabrales, María Yolanda Valencia Vales, Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Laura Viviana Agundiz Pérez, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, José Manuel Marroquín Toledo, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Avelino Méndez Rangel, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita el diputado Rubén Arellano, el texto íntegro del presente punto de acuerdo se insertará en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El diputado Guadalupe Vera desea hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto?

El diputado José Guadalupe Vera Hernández(desde la curul); Sí, diputado, para preguntarle al proponente si me permite adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Rubén Arellano.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Rubén Arellano no tiene inconveniente. El documento está a su disposición en la mesa de la Secretaría para que puedan signarlo.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011 se consideren recursos que permitan la construcción de infraestructura que evite el ingreso de fauna natural a granjas acuícolas ubicadas en el estado de Sinaloa, y se exhorta a la Sagarpa a que instrumente estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua de mar.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, durante los últimos cuatro decenios la acuicultura está por primera vez en disposición de proporcionar la mitad del pescado consumido por la población humana mundial.

En México, gracias al aporte de las primeras cosechas de camarón en Sinaloa, en el periodo de enero a julio de 2010, la acuicultura observó un incremento de 1.3 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2009, por lo que en 2010 se espera que la producción acuícola de las diferentes especies alcance 300 mil toneladas, lo que significa 4.4 por ciento más que en 2009.

De acuerdo con el diagnóstico y planificación regional de la pesca y acuicultura en México 2008, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se han generado grandes expectativas de que la acuicultura pueda incrementar su contribución a la seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza. Pero se señala que el desarrollo del sector se sustenta en su ordenación, su crecimiento y su competitividad.

La mayor eficiencia de los métodos de pesca y de la producción basada en la acuicultura en condiciones en que la ordenación del sector ha sido ineficaz, ha llevado en ocasiones a la sobrepesca y al deterioro del medio ambiente.

Por este motivo existe la necesidad de desarrollar marcos más eficaces para la ordenación de la pesca, junto con métodos de producción más inocuos y favorables, para el medio ambiente, tales como el desarrollo de arte de pesca selectiva y la concepción de sistema de acuicultura que reduzcan sus efectos sobre los entornos exteriores.

En términos generales, el sector pesquero enfrenta grandes necesidades en su tránsito al desarrollo sostenible y un impacto negativo en los ecosistemas naturales de pesca, tiene efectos en la pesca ribereña y el suministro de agua para el cultivo de acuicultura, por lo que se deben implementar estrategias que lleven a un desarrollo sostenible de los dos sectores que implican ámbitos de impacto ambiental, económico, institucional, social y tecnológico. Los productores pesqueros acuícolas de Sinaloa acusan problemas derivados del tipo de tecnología e infraestructura que utilizan las granjas acuícolas, ya que por un lado provocan el ingreso de fauna natural, larvas de camarón que contaminan el entorno controlado. Y por otro, afectan la pesca ribereña al disminuir la flora y fauna que da origen  a las poblaciones de camarón, con efectos que se transfieren a la pesca de altamar.

Así pues, se requiere iniciar estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar, con una serie de filtros con luz de maya decreciente, para evitar el ingreso de fauna natural a las instalaciones acuícolas. Es necesario establecer con carácter de obligatorio y a la brevedad posible, las medidas preventivas para  evitar la introducción de larvas, postlarvas de camarón y organismos marinos a las granjas acuícolas a través de los canales de llamada.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, dentro del programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable en el programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en la parte correspondiente a los rubros de infraestructura pesquera y acuícola y de ordenamiento pesquero y acuícola, tome las previsiones necesarias para la asignación de recursos que permitan la construcción de infraestructura que evite el ingreso de fauna natural a granjas acuícolas ubicadas en el estado de Sinaloa.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que instrumenten estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que tomen agua del mar. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir infraestructura que evite el ingreso de fauna natural en granjas acuícolas de Sinaloa, y de que se exhorte a la Sagarpa a instaurar estrategias de desarrollo sostenible en las granjas que toman agua del mar, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Guadalupe Eduardo Robles Medina, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en la parte correspondiente a los rubros de infraestructura pesquera y acuícola, y de ordenamiento pesquero y acuícola, tome las previsiones necesarias para la asignación de recursos que permitan construir infraestructura que evite el ingreso de fauna natural en granjas acuícolas situadas en Sinaloa; y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a instaurar estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar, con base en las siguientes

Consideraciones

Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en los últimos cuatro decenios la acuicultura está por primera vez en disposición de proporcionar la mitad del pescado consumido por la población mundial. En 2006, la producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura proporcionó unos 110 millones de toneladas de pescado para consumo humano, de los cuales 47 por ciento correspondió a la acuicultura.

Que en México, gracias al aporte de las primeras cosechas de camarón en Sinaloa, en el periodo enero-julio de 2010, la acuicultura observó un crecimiento de 1.3 por ciento, comparado con el mismo lapso de 2009, por lo que en 2010 se espera que la producción acuícola de las diferentes especies alcance 300 mil toneladas, lo que significa 4.4 por ciento más que en 2009.

Que en el periodo 2007-2009, la acuacultura mantuvo un crecimiento positivo, de 10.3 por ciento, con relación a 2006 (línea base): pasó de 261 mil toneladas a 288 mil en las especies que se cultivan. Sinaloa y Sonora forman 91 por ciento de las 73 mil 39 hectáreas de acuicultura que se cosecha en México.

Que de acuerdo con el Diagnóstico y planificación regional de la pesca y acuacultura en México 2008, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se han generado grandes expectativas de que la acuicultura incremente su contribución a la seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza, pero se señala que el desarrollo del sector incluye su ordenación, su crecimiento y su competitividad.

Que la mayor eficiencia de los métodos de pesca y de la producción basada en la acuicultura, en condiciones en las que la ordenación del sector ha sido ineficaz, ha llevado en ocasiones a la sobrepesca y al deterioro del ambiente.

Que existe la necesidad de desarrollar marcos más eficaces para la ordenación de la pesca junto con métodos de producción más inocuos y favorables para el ambiente, como el desarrollo de artes de pesca selectiva y la concepción de sistemas de acuicultura que reduzcan sus efectos sobre los entornos exteriores.

Que conforme al citado documento, en términos generales el sector pesquero enfrenta grandes necesidades en su tránsito al desarrollo sostenible, y que un efecto negativo en los ecosistemas naturales de pesca repercute en la pesca ribereña y el suministro de agua para la acuicultura, por lo cual deben implantarse estrategias que lleven a un desarrollo sostenible de los dos sectores, lo que implica ámbitos de impacto ambiental, económico institucional, social y tecnológico.

Que productores pesqueros y acuícolas de Sinaloa acusan problemas derivados del tipo de tecnología e infraestructura que utilizan las granjas acuícolas, ya que, por un lado, provocan el ingreso de fauna natural, larvas de camarón, que contamina el entorno controlado; y, por otro, afecta la pesca ribereña, pues disminuye la flora y fauna que dan origen a las poblaciones de camarón, con efectos que se transfieren a la pesca de alta mar.

Que de acuerdo con el investigador Federico Páez Osuna, en algunos casos se ha combinado con otros conflictos la caída de las pesquerías tradicionales, donde los pescadores ribereños y de alta mar han señalado de manera reiterada que además de los problemas de sobreexplotación y contaminación, la operación de granjas a través de succión de poslarvas y los impactos de efluentes de los estanque a los esteros han provocado la reducción de las pesquerías silvestres.

Que lo anterior exige que se inicien estrategias de desarrollo sostenible en las granjas que toman agua del mar con una serie de filtros con luz de malla decreciente para evitar el ingreso de fauna natural en las instalaciones acuícolas.

Que destaca el esfuerzo de pescadores para instaurar este tipo de infraestructura en años precedentes, pero debido a que eran estructuras muy artesanales pronto colapsaban a causa de su falta de mantenimiento y diseño deficiente con el cual estaban construidos.

Que es necesario establecer temporalmente con carácter de obligatorio y con la mayor brevedad medidas preventivas para evitar la introducción de larvas, poslarvas de camarón y organismos marinos en las granjas acuícolas a través de los canales de llamada.

Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, instaurado por el ramo administrativo 8, “Sagarpa”, se incluye el componente de infraestructura pesquera y acuícola, además de que el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, también del ramo 8, contiene el componente de ordenamiento pesquero y acuícola, por lo que la propuesta en comento podría ceñirse a los recursos que se asignen a dichos rubros.

Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en la parte correspondiente a los rubros de infraestructura pesquera y acuícola, y de ordenamiento pesquero y acuícola, tome las previsiones necesarias para la asignación de recursos que permitan construir infraestructura que evite el ingreso de fauna natural en granjas acuícolas situadas en Sinaloa.

Segundo. Se formula un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instaurar estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese el primer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y el segundo resolutivo a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE JOVENES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a que fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes. Adelante, diputada.

La diputada Yulenny Guylaine Cortés León:Gracias. Con su permiso, señor presidente.

El consumo excesivo del alcohol es una constante preocupación para la salud pública, debido al número de muertes y de años de vida saludable perdidos por esta sustancia.

El alcohol consumido en exceso genera tantos daños a la salud del individuo como daños a la familia y a la sociedad en general. Se ha estimado de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, que en México 42 de cada 100 jóvenes ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez en su vida, siendo entre los 15 y los 17 años de edad promedio en la que los jóvenes empiezan a consumirlas. Asimismo, los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 demuestran que al menos 281 mil jóvenes entre los 12 y 17 años abusan de las bebidas alcohólicas.

El alcoholismo, aparte de los graves problemas de salud que ocasiona, es el principal responsable de 50 por ciento de accidentes automovilísticos, que representan la primera causa de muerte en los jóvenes.

En este sentido, la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud no sólo del cuerpo sino también de la mente, por lo que realizar actividades físicas y practicar algún deporte es fundamental para alejar a los jóvenes de las adicciones o, bien, para reducir el riesgo de padecer algún trastorno como el alcoholismo, ya que representan una opción muy atractiva en el tiempo libre.

Por eso, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, y no obstante los esfuerzos que se han aprehendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y a erradicar el consumo del alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.

Asimismo, una acción relevante en el ámbito municipal y que vendría a contribuir enormemente a contrarrestar el problema, es que los gobiernos locales destinen una parte de los recursos que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas a la promoción del deporte. Esto de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios administran libremente su hacienda.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el estado de Colima la inseguridad pública es cada vez más latente. Los jóvenes se están contratando hasta por mil 300 pesos como sicarios para matar a la gente. Es urgente que se invierta en lugares de esparcimiento, recreación y deporte que alejen a los jóvenes colimenses de este tipo de problemas sociales que elevan las estadísticas a causa de la falta de empleos y creciente consumo del alcohol entre nuestros jóvenes.

Es urgente e imperante que haya promotores deportivos en las colonias y comunidades de nuestros municipios que faciliten la actividad física de una manera eficaz y eficiente.

Compañeras y compañeros, por lo expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno, para que en los ámbitos de sus atribuciones fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y a erradicar el consumo del alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales para que de los recursos que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sea la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendió de dichas bebidas, destinen un porcentaje a la promoción del deporte entre la población de jóvenes.

Con todo respeto, señor presidente, le solicito que este posicionamiento sea insertado íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre jóvenes, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Diputada Federal Yulenny Guylaine Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública, debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por esta sustancia. El alcohol consumido en exceso genera tanto daños a la salud del individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general. En el ámbito familiar, se ha comprobado que el consumo excesivo de esta sustancia genera violencia y descomposición familiar; y en la sociedad repercute a través de mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.

Pero, para los individuos, el excesivo consumo de esta droga lícita genera una adicción que puede provocar la muerte. Más aún, podría generar una discapacidad de por vida manifestada a partir de una enfermedad grave, o bien, tras un accidente.

Desafortunadamente es más frecuente ver que uno de los problemas de salud de los jóvenes gira en torno al consumo excesivo de alcohol. Se ha estimado de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, que en México 42 de cada 100 jóvenes ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez en su vida; siendo entre los 15 y los 17 años la edad promedio a la que los jóvenes empiezan a consumirlas.

En cuanto a la frecuencia y cantidad de alcohol que se consume es muy variada, depende en gran medida de la región de la que se trate o del periodo de edad al que se haga referencia; y de acuerdo con dicha encuesta, 20 de cada 100 jóvenes consume entre 6 y 10 copas de alcohol a la semana, 11 de cada 100 consume más de 10 copas a la semana, acentuándose esta cifra para los rangos de edad más avanzados.

Asimismo los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, muestran que al menos 281 mil jóvenes entre los 12 y los 17 años abusan de las bebidas alcohólicas.

El consumo excesivo del alcohol está afectando de manera creciente la salud y la vida de la población juvenil, por un lado dichas sustancias alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el comportamiento, la interacción con otros miembros de la sociedad y, por otro, su consumo puede generar adicción y daños severos.

Además, el alcoholismo, aparte de los graves problemas de salud que ocasiona, es el principal responsable del 50 por ciento de accidentes automovilísticos, que representa la primera causa de muerte en jóvenes.

Por ello el gobierno federal ha emprendido una serie de acciones, estrategias y programas a fin de prevenir que los jóvenes inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y sobre todo para evitar el consumo excesivo de alcohol, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, del Programa de Acción Específico 2007-2012 “Prevención y Tratamiento de Adicciones”, por señalar algunos; sin dejar de mencionar que hay acciones muy concretas en los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir y tratar el problema de alcoholismo entre los jóvenes.

No obstante dichas acciones consideramos que estos problemas pueden prevenirse mediante una vida sana en la que la actividad física y el deporte formen parte de las actividades cotidianas de los jóvenes.

La importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente, por lo que realizar actividades físicas y practicar algún deporte son fundamentales para alejar a las y los jóvenes de las adicciones o bien para reducir el riesgo de padecer algún trastorno como el alcoholismo, ya que representan una opción muy atractiva para el uso del tiempo libre.

En este sentido, otra de las acciones del gobierno ha sido la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 en materia de infraestructura deportiva municipal que busca que los jóvenes cuenten con los espacios suficientes y equipados a efecto de que puedan realizar alguna actividad física o practicar algún deporte.

Sin embargo, en México la práctica de alguna actividad física es reducida entre las y los jóvenes, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud el 60 por ciento de los jóvenes mexicanos no práctica ninguna actividad física, y del restante 40 por ciento, que son los que si realizan deporte, 70 por ciento lo hace de una a tres veces por semana.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, y no obstante los esfuerzos que se han emprendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.

Asimismo, una acción relevante en el ámbito municipal y que vendría a contribuir enormemente a contrarrestar el problema, es que los gobiernos locales destinen una parte de los recursos, que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, a la promoción del deporte; esto debido a que de acuerdo con el artículo 115 constitucional los municipios administran libremente su hacienda.

Estas acciones constituirán un factor determinante para reducir el riesgo de las y los jóvenes mexicanos a presentar problemas asociados al consumo excesivo del alcohol y con ello contribuir a que cuenten con estilos de vida saludables a través de la realización de alguna actividad física, de recreación o la práctica de algún deporte.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales para que de los recursos que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, destinen un porcentaje a la promoción del deporte entre la población de jóvenes.

Nota:

1 Perspectiva de la Juventud en México. Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud. Instituto Mexicano de la Juventud, 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputados: Yulenny Guylaine Cortés León, Ramón Merino Loo, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Norma Sánchez Romero, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Laura Viviana Agundiz Pérez, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, José Manuel Marroquín Toledo, María Araceli Vázquez Camacho, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Juan José Cuevas García, J. Guadalupe Vera Hernández, Hilda Ceballos Llerenas, Rubén Arellano Rodríguez, Sergio Tolento Hernández, Jesús Giles Sánchez, María Yolanda Valencia Vales, Guadalupe Valenzuela Cabrales, María Felicitas Parra Becerra, José Ignacio Seara Sierra, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita la diputada Yulenny, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Lucila del Carmen, del Partido Acción Nacional, tiene usted sonido en su curul, adelante. ¿Con qué objeto?

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de pedirle a la diputada Yulenny si me permite adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Yulenny, ¿no tiene inconveniente, usted, en que se adhieran a su propuesta, diputada?

La diputada Yulenny Guylaine Cortés León(desde la curul): Por supuesto. Ningún inconveniente, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Entonces, diputada Lucila del Carmen, está a su disposición el documento en la Secretaría.

ALZA DE GASOLINAS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía y a la Profeco a que instrumenten medidas para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora a consecuencia del alza de las gasolinas en nuestro país.

El diputado Gerardo del Mazo Morales:Gracias, presidente. Diputadas y diputados, el deterioro continuo del salario en México ha sido una constante a lo largo de los últimos años, en los que se ha implementado una política económica dirigida a objetivos de estabilización, pero no hemos logrado establecer una política salarial integral que pretenda compensar el constante deterioro del ingreso de los trabajadores. Mismo que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el incremento en los precios.

No tenemos duda de que la consecuencia más costosa y regresiva para la clase trabajadora es la inflación. Y este fenómeno sigue siendo en México un problema estructural que afecta seriamente el nivel de ingresos de los trabajadores.

Lo más grave y contradictorio es que por un lado el gobierno federal pretende lograr una inflación de 5 por ciento en el año 2010, y por otro, toma medidas que atentan contra este objetivo, como son la instrumentación de un aumento administrado en los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas como son las gasolinas que al operar como precios clave, necesariamente impactan por sus efectos multiplicadores en todas las cadenas productivas y de distribución en la economía nacional.

Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente mediante la instrumentación de medidas eficientes que detengan su alto impacto en la estructura de precios de la economía nacional y compensen mediante diversos instrumentos y mecanismos, el deterioro que este proceso provoca en el ingreso de los trabajadores.

Adicionalmente a esto, debemos admitir que el aumento a los salarios mínimos en México, anunciado el jueves 17 de diciembre del año 2009, de sólo 4.85 por ciento, no compensa ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, compensar el incremento de la inflación de 2009, por lo que se puede afirmar, como también lo hace la Organización Internacional del Trabajo, que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios populares, siendo esta reducción la que ha propiciado una impresionante disminución del poder de compra de la población y la incapacidad de poder generar una dinámica de crecimiento económico sostenible.

En este contexto el Estado mexicano está obligado a compensar, proteger y sobre todo detener el deterioro del ingreso de los trabajadores y crear expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.

En consecuencia, esperamos mediante este punto de acuerdo una respuesta pronta y positiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades instrumenten las medidas necesarias y urgentes para compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, consecuencia del alza en los precios de las gasolinas en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Profeco a instaurar medidas para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores por el alza de las gasolinas, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que el ámbito de sus competencias y responsabilidades instrumenten las medidas necesarias y urgentes para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora consecuencia del alza del precio de las gasolinas en nuestro país.

Consideraciones

México, a la fecha, no cuenta con una política salarial que compense el constante deterioro del ingreso de los trabajadores, mismo que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios. El Banco de México reporta a través del Índice Nacional de Precios, que la inflación acumulada en 2009 fue de 6.53 por ciento, más del doble de la cifra proyectada en los Criterios Generales de Política Económica para este mismo año y al mes de abril de 2010; la inflación acumulada mensual es de 2.1 por ciento, lo que en términos anuales refleja un acumulado de 4.3 por ciento.

No hay duda de que el impuesto más costoso para la clase trabajadora es el inflacionario y en México sigue siendo un problema estructural que no ha podido solucionarse.

Esta es una realidad que debe reconocerse, no sólo porque afecta seriamente el nivel de ingreso, sino porque los precios de los bienes y servicios siguen creciendo e impactando el nivel de ingreso y por tanto los niveles de consumo.

Lo más grave y contradictorio es que por un lado el gobierno federal pretende lograr una inflación de 5 por ciento en 2010 y por otro toma medidas que atentan contra este objetivo, como son la instrumentación del aumento administrado de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas, como son las gasolinas y el diesel, productos y precios clave, que necesariamente impactan toda las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional.

Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente, mediante la instrumentación de medidas que compensen su alto impacto en la estructura de precios de la economía nacional.

Entendemos que estas alzas representan para el erario público un incremento de ingresos adicionales, pero debemos compensar el impacto negativo que estas alzas tienen en el ingreso de los trabajadores.

Como todos sabemos esta medida de incremento de precios en los energéticos provocan alzas naturales y artificiales en los precios, varios estudios reportan que el alza en los precios de las gasolinas han impactado los precios de los productos básicos en forma desproporcionada, en lo que va del año.

Adicional y paralelamente a esto, otro problema que detona inflación son las modificaciones hechas a la política tributaria, las cuales impactan los costos de las empresas y en consecuencia los precios de los bienes y servicios proporcionados por ellas a lo largo y ancho del país.

Todas estas medidas impactan seriamente la dinámica de los precios, generando inflación real e inercial afectando y deteriorando severamente el nivel de ingreso de los trabajadores.

Adicionalmente a esto, debemos admitir que el “aumento” a los salarios mínimos en México, anunciado el jueves 17 de diciembre de 2009, de sólo 4.85 por ciento, no compensa, ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación de 2009. Recordemos que el incremento nominal fue de sólo 2.60 pesos

Esta política regresiva en términos salariales, es reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, cuando argumenta que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.

Esta preocupante situación seguirá presente durante 2010, con el agravante de que el desempleo sigue siendo creciente, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación se ubica por arriba del 5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), consecuencia de los problemas estructurales que tiene nuestro mercado interno y de los efectos negativos que produce en la economía internacional la crisis financiera.

Sólo hay que recordar que en el 2009 se perdieron más de 500 mil empleos y la caída del Producto Interno Bruto fue negativo en alrededor de menos 7.0 por ciento.

En este contexto el Estado mexicano está obligado a compensar, proteger y sobre todo, detener el deterioro del ingreso de los trabajadores y crear expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.

Nuestras instituciones deben procurar el bienestar de nuestra población. Un buen gobierno es entre otras cosas, el que tiene la capacidad de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad.

Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades instrumenten las medidas necesarias y urgentes para proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora consecuencia del alza de las gasolinas en nuestro país.

Notas:

1. Documento relativo al cumplimiento con el Artículo 42 de la LFPRH. SHCP. abril de 2010. pag. 46

2. Reforma, negocios, pag. 13.

3. Panorama Laboral de América Latina y el Caribe”, OIT.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Gerardo del Mazo Morales, Héctor Fernández Aguirre, Elsa María Martínez Peña, (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, señor diputado. Se turna su proposición a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos para un fondo de infraestructura deportiva municipal y viene suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para un fondo de infraestructura deportiva municipal, suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte

Los que suscriben, diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Juventud y Deporte, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Juan José Cuevas García, César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Salvador Caro Cabrera, Sandra Méndez Hernández, Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del pleno de la Comisión de Juventud y Deporte, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Que la población mexicana al 2005 ascendió a los 103, 263.388 (103 millones 263 mil 388 personas), de acuerdo con el censo realizado por el entonces Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y al primer trimestre del presente año tenemos una población de 107 millones de personas, de acuerdo con datos y estimaciones del Consejo Nacional de Población, con una proyección al 2030, de 120 millones de habitantes.

Que históricamente nuestra nación se ha caracterizado por contar con una población con predominio de niños y jóvenes; tan sólo entre 1950 y 2000 la población entre cero y 14 años representó más del 45 por ciento del total de la población, donde a partir de los años 70s se redujo el crecimiento demográfico por un lado, y la población en edad de retiro (mayores a 65 años) por el otro.

Y aunque al 2008 representó el 27.3 por ciento de la población total, en números ascendió a los 29.1 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, por lo que sigue siendo el sector de población que predomina de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, con una proyección hacia el 2020 de alcanzar la mayor cantidad de jóvenes en toda la Nación, es decir, se reportará la menor cantidad de tasa de dependencia económica de la historia moderna de México ya que habrá menor población menor a los 14 años y mayor a los 65. Todo esto le da a nuestro país el privilegio de contar con un bono demográfico que de aprovecharlo adecuadamente, estará en condiciones de producir durante los próximos años mucho más valor de lo que consumimos actualmente.

Que lamentablemente el aprovechamiento de estos dividendos demográficos ha sido poco aprovechado, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional y, por el contrario, nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud y seguridad pública, principalmente, la cual se ha venido agudizando con los desastres naturales que afectaron distintas regiones de la república mexicana durante el presente año, hasta alcanzar niveles históricos que laceran gravemente a nuestra gente.

Que la educación, uno de los pilares de desarrollo de cualquier sociedad, concebida constitucionalmente como la enseñanza que “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”; la que además está consagrada como una garantía, particularmente para nuestros niños y jóvenes; presenta un rezago que tan solo en el 2008 ascendió a 1 millón 800 mil jóvenes y adultos, y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública el 46 por ciento de la población, de entre 15 y 39 años presenta algún rezago educativo que en números suman más de 17 millones de personas, las que no han concluido adecuadamente alguno de sus estudios, y que lamentablemente podría aumentar al final de presente sexenio de no atenderse inmediatamente.

Que en México, de los 63 millones 41 mil personas que conforman la población económicamente activa del país, al mes de agosto del 2010, lo que representa el 59.27 por ciento del total de la población nacional, de acuerdo con datos del Inegi, se reporta un índice de desempleo que asciende a los 5 millones 778 mil individuos que no cuentan con una fuente de ingresos, lo que representa el 9.1 por ciento de la Población Económicamente Activa. Pero más aún, que la población joven, según reportes de la Encuesta Nacional de Juventud 2005, alrededor del 30 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad no tienen empleo. Toda esta realidad con un futuro previsible más difícil debido a la crisis económica que se agudizó en el 2009, hace imperativo llevar a cabo acciones emergentes para hacerle frente y evitar que las familias mexicanas queden expuestas a condiciones de pobreza extrema.

Que nuestra sociedad padece un problema de salud pública grave al extremo de que México está dentro de los 10 países con mayor índice de población obesa, ocupa el 2 lugar en el mundo, por debajo de Estados Unidos, con 44 millones de personas con sobrepeso u obesidad; y por encima de países como Inglaterra, Australia, Alemania, Chile Francia, Canadá y España, de acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, AC; la principal causa de muerte es la diabetes, y en el país hay cerca de 10 millones de diabéticos, es decir, cerca del 10.7 por ciento de la población entre los 20 y los 69 años que presentan alguno de los tipos de diabetes (de acuerdo con American Diabetes Asociation); problemáticas de salud pública que requieren ser atendidas lo más pronto posible a fin de garantizar la calidad de vida de todos los integrantes.

Es decir, nuestro país tiene un diagnóstico grave en materia de salud pública que requiere ser atendido lo más pronto posible pues de lo contrario estaremos enfrentando las consecuencias en el tipo de calidad de vida de su población.

Que asignar recursos los proyectos de infraestructura, particularmente a los de infraestructura deportiva municipal fomenta la práctica deportiva y de la cultura física, además de tener un impacto significativo en la población, pues reduce los gastos y la inversión en otros rubros como la de prevención de enfermedades como las señaladas en el párrafo anterior, y de conductas delictivas, además de reducir muchos de los accidentes e incidentes vinculados con el consumo de alcohol y drogas por la falta de una cultura física y deporte.

Que ante tal panorama resulta impostergable hacerle frente a estos problemas que laceran a la sociedad mexicana, y que los diputados integrantes de la LXI Legislatura tienen toda la intención de enfrentar de manera decidida.

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignaron recursos a un Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal por un monto de 705 millones de pesos; dando los resultados esperados principalmente en materia de masificación de la cultura física y deporte así como de apoyo a la generación de empleos.

Por lo expuesto, en nombre de la Comisión de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en su dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 la asignación de cuando menos 800 millones de pesos para a un Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal, como una acción inmediata para hacerle frente a las crisis económica, de salud pública, y de educación, por las que atraviesa nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Salvador Caro Cabrera, Sandra Méndez Hernández, Nely Edith Miranda Herrera, Juan José Cuevas García, César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan Carlos Natale López (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:   Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ALZA DE GASOLINAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si diputado Fernández Aguirre, dígame.

El diputado Héctor Fernández Aguirre(desde la curul): Nomás para pedirle al diputado Del Mazo si me puedo adherir a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo el señor diputado Del Mazo. Puede usted pasar a firmar su adhesión. Adelante, diputada López Rabadán.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el subsector cultura del país, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y la ciudadanía, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Cultura. Permítame, diputada.

La diputada Kenia López Rabadán:Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Quisiera decir a todos que deseamos hacer uso de esta tribuna para un tema esencial en términos del México que queremos, y es por supuesto el recurso que se destinará al área de cultura en nuestro país.

Primero que nada quisiera informarles que este punto de acuerdo que hoy ponemos a su consideración es un punto de acuerdo discutido y aprobado en la Comisión de Cultura por unanimidad, esto es, todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados hemos estado a favor de mayores recursos para el área de cultura y es precisamente ese punto de acuerdo por unanimidad el propósito con el que hoy estamos ante ustedes para ponerlo a consideración del pleno y de la comisión de presupuesto.

Quisiera primero que nada decir que es para nosotros esencial reconocer en un año tan importante para la historia y para la cultura de nuestro país que la cultura deba ser, en términos prioritarios, lo que esta Cámara de Diputados respalde.

Primero que nada estamos celebrando el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia y el mejor ejemplo de celebración será voltear a ver a la cultura, reconocer que con la cultura establecemos nuestra identidad, que es a través de la cultura como generamos nuestro sentido de pertenencia como mexicanos, que evidentemente es a través de los espacios culturales y educativos como somos y seremos mejores ciudadanos.

Por ello, a través de este punto de acuerdo ponemos a su consideración la posibilidad de establecer mayores recursos para el sector cultural, por supuesto protegiendo desde este espacio a las instituciones, a los estados y a los municipios de la república.

Hoy, sin lugar a dudas, un espacio cultural será un lugar en donde los niños, los jóvenes y los adultos mayores puedan asistir alejados de cualquier tipo de escenario distinto para su desarrollo, como puede ser, por supuesto, ser víctimas de la delincuencia o en su caso ser generadores de la misma.

Hoy un joven que está en un museo, en un teatro, en un espacio cultural tendrá la posibilidad de desarrollarse como persona y generar mejores condiciones.

Queremos decir, por supuesto, que en estos últimos 10 años hemos tenido un avance sustancial en el presupuesto de cultura, que hemos pasado de más de 3 mil millones de pesos a más de 11 mil millones de pesos. Que evidentemente, el Presupuesto de Egresos en los últimos 10 años, en términos de cultura, ha tenido una sensibilidad por parte, por supuesto, del Ejecutivo, y en su caso, del Legislativo; pero que hoy nos toca refrendarlo.

Hoy, con la definición de la Comisión de Presupuesto, y por supuesto, de los grupos parlamentarios, tendremos la posibilidad de continuar con ese ascendente de cultura. Si no es así, sin lugar a dudas estaremos en un retroceso.

Muchísimas gracias a todos por su consideración, y evidentemente, a la Comisión de Cultura reconocer el esfuerzo de este trabajo que han hecho todos los grupos parlamentarios representados en ella. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el subsector cultura, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y los ciudadanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Cultura

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la gastronomía y muchísimas otras artes, son las piezas que conforman lo que comúnmente denominamos cultura, siendo importante destacar que cada peso destinado a fortalecer dichas manifestaciones es un peso invertido en fortalecer a México.

Que nuestra Carta Magna establece el derecho de toda persona para acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Se señala también que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

Que a fin de estar en condiciones de garantizar los derechos señalados en el párrafo anterior, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, se establezcan recursos suficientes para las instituciones del subsector cultura, así como para las entidades federativas y para proyectos de inversión.

Que México celebra doscientos años de historia independiente, cien años de México institucional y cien años de contar con la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que este órgano legislativo tiene como compromiso ineludible dotar a los artistas, intelectuales, instituciones culturales y educativas de toda la nación, de los elementos suficientes para que realicen con eficiencia la actividad a la que se dedican y en el caso de las instituciones para cumplir con el fin que fueron creadas.

Que es importante destacar que la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales de 2005, hecha por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que en México el 31.4 por ciento de la población nunca ha acudido a una biblioteca y el 47.5 nunca ha asistido a un espacio de representaciones musicales, asimismo, por ejemplo, el 38 por ciento de los habitantes de nuestro país no ha asistido a un museo.; y durante los cuatro últimos ejercicios fiscales se ha contado con un incremento considerable hacia este sector; siendo el ejercicio fiscal pasado el que ha recibido la mayor ampliación presupuestal. $3,058,500,000(Tres mil cincuenta y ocho quinientos millones de pesos).

Que desde el año inmediato anterior la situación económica mundial ha sido complicada y por supuesto nuestro país no es ajeno; sin embargo, hay que insistir en que uno de los caminos en una época como esta es apostar a la cultura como defensor de la identidad nacional, como un detonante económico, como creador de fuente de empleo, así como un elemento más en la prevención de delitos e infracciones cometidas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se amplíen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, los recursos asignados al subsector cultura de nuestro país, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y la ciudadanía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Kenia López Rabadán, presidenta; Armando Jesús Báez Pinal, Víctor Alejandro Balderas Vaquera , José Luis Íñiguez Gámez, Laura Margarita Suárez González, Ana Luz Lobato Ramírez, secretarios, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, José Alberto González Morales, Mary Telma Guajardo Villarreal, Paz Gutiérrez Cortina, David Hernández Vallín, Inocencio Ibarra Piña, Óscar Lara Salazar, Jaime Oliva Ramírez, Rodrigo Pérez-Alonso González, María de Lourdes Reynoso Femat, Reyes S. Tamez Guerra, María Marcela Torres Peimbert, Ignacio Téllez González, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente, María Yolanda Valencia Vales, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Guadalupe Eduardo Robles Medina, María de la Paz Quiñones Cornejo, Tomasa Vives Preciado, Ivideliza Reyes Hernández, Juan José Cuevas García, José Manuel Marroquín Toledo, Esteban Albarrán Mendoza, Rubén Arellano Rodríguez, María Araceli Vázquez Camacho, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Tomás Gutiérrez Ramírez, Silvia Isabel Monge Villalobos, Sergio Gama Dufour,Guadalupe Valenzuela Cabrales, Norma Sánchez Romero, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Valdemar Gutiérrez Fragoso, Herón Agustín Escobar García, Yulenny Guylaine Cortés León, Velia idalia Aguilar Armendáriz, Laura Viviana Agundiz Pérez, Ramón Merino Loo, Alejandro Bahena Flores, José Ignacio Seara Sierra, Sergio Tolento Hernández, Leticia Quezada Contreras, Florentina Rosario Morales, Agustín Guerrero Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Norma Leticia Orozco Torres, Filemón Navarro Aguilar, Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada Kenia López Rabadán. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que se encuentran de visita con nosotros alumnos y maestros del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, Torreón, invitados por el diputado Jesús Ramírez Rangel.

Igualmente, se encuentran con nosotros invitados especiales del diputado Sergio Mancilla Zayas. Les enviamos un saludo.

Igualmente, alumnos y maestros del Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, Michoacán, a invitación del diputado José Manuel Hinojosa Pérez.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Quezada, dígame.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Diputado, para solicitarle a la diputada Kenia López Rabadán poder adherirnos al punto de acuerdo. Creo que estamos y siempre vamos a estar en pro de que la cultura en este país tenga mayores recursos.

Obviamente tiene que ser una prioridad y en esta prioridad solicitarle desde aquí también, y sumarnos con la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, que acaban de subir el punto, solicitarle a la Comisión de Presupuesto que sea retomado en verdad este punto de acuerdo y que la cultura pueda ser dotada de mayores recursos.

Un país culto es un país que avanza y hay que apostarle a esta parte de la educación, de la cultura, de la salud, del bienestar, de reconstruir el tejido social. Solamente así va a ser como vamos a cambiar la realidad de inseguridad que azota a nuestro país hoy por hoy. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Kenia López Rabadán, ¿está usted de acuerdo? Ella está de acuerdo, diputada Quezada. Igualmente la diputada Tere Ochoa puede pasar a firmar su adhesión.

PADRON DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a reelaborar el instrumento mediante el cual se conformó el Padrón de Trabajadores de la Educación publicado en julio del presente año.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Gracias, presidente. Compañeros legisladores, en materia de calidad educativa la atención tanto de especialistas como de académicos, políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e incluso de los padres de familia se han posicionado sobre la labor docente.

El docente es el pilar de la transformación de una nación. Sin embargo, en fechas recientes los maestros han sido duramente criticados. Los magnos resultados que nuestros niños y jóvenes han obtenido en pruebas como Excale (Pruebas de aprendizaje de gran escala); Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE); Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa), entre otras, así como el señalamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), respecto de que lo invertido en el país no es congruente con estos resultados, son elementos que han puesto en el ojo del huracán al gremio magisterial.

Se han generado conclusiones premeditadas que señalan como el principal problema a la organización docente y la forma en que el gremio se administra y conduce en lo correspondiente a los recursos públicos.

Para buscar elementos que justifiquen esta tesis se consensó la necesidad de un padrón docente, del cual todos ustedes conocen los resultados, pues tienen su origen en un mandato establecido en el producto interno bruto (PIB) 2010 y se nos hizo llegar a este recinto legislativo.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de promover ejercicios democráticos como éste, pues implican rendición de cuentas y ellos, sin duda, contribuyen a mejorar la calidad de la educación del país. Pero estamos en contra de que dichos ejercicios sean utilizados con poca seriedad, que su análisis no se traduzca en rediseños efectivos de la política educativa. Pero sobre todo, que afecte de manera irresponsable la credibilidad e imagen de los docentes.

El diseño del padrón docente dejó de lado variables claves de la forma en que se organiza y opera el gremio educativo, lo que impide una lectura imparcial e informada, y por si fuera poco no se han considerado diversas circunstancias que limitan la labor docente.

Compañeros, para combatir la baja calidad, el uso ineficiente de los recursos, la opacidad, entre muchos otros elementos que afectan al quehacer educativo, debemos pugnar por insumos de calidad que permitan la generación de políticas públicas efectivas en la materia.

Conformarnos con observar un desfile de información incompleta, que lejos de ser útil para el diseño de una política educativa integral es usado para desprestigiar la labor docente es irresponsable a todas luces. No podemos dejar ir la oportunidad que nos da la información para trazar nuevos y mejores rumbos para nuestros docentes, niños y jóvenes estudiantes.

Por ello, los convoco a que juntos exhortemos al secretario de Educación Pública, a que reelabore el instrumento mediante el cual se conformó el padrón docente, a fin de hacer de éste un mecanismo integral.

En Nueva Alianza, y estoy segura que en el resto de las fracciones parlamentarias, estamos a favor de la existencia de mecanismos como éste, siempre y cuando la información que generen tenga fines y propósitos claros a favor de la calidad educativa. La educación es la solución. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a reelaborar el instrumento con que se formó el padrón de trabajadores de la educación, publicado en julio del presente año, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Elsa María Martínez Peña, en mi calidad de diputada federal en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a reelaborar el instrumento mediante el cual se conformó el Padrón de Trabajadores de la Educación, publicado en julio del presente año, a fin de hacer de éste un mecanismo integral. Asimismo, se le exhorta a delimitar de manera clara, pública y oportuna el uso que se le dará a la información ahí vertida, con el fin de que se diseñen políticas públicas a favor de la calidad educativa del Sistema de Educación Básica Pública; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El nivel básico de educación que brinda el Estado se conforma por 22,940,381 alumnos que son atendidos en 163,948 escuelas; e inscritos en los doce grados obligatorios constitucionalmente.

Los resultados respecto a la calidad educativa del proceso enseñanza-aprendizaje en las escuelas del nivel básico han sido expuestos por diversas pruebas como EXCALE, PISA, ENLACE, ente otras. Al respecto, la conclusión inmediata es que existe baja calidad en la formación y desempeño docente.

A esto se suma el cuestionamiento social respecto a la cuantiosa inversión que el Estado hace en el Sistema Público de Educación Básica. De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el lugar más alto entre los países miembros respecto a la proporción del gasto público que destina a la educación; “la cifra (23.4 por ciento) es el doble del promedio de la Organización”. La pregunta inmediata ha sido ¿A dónde se va todo ese recurso?

Al respecto, se comenzó a ejercer presión pública y de diversos actores políticos, gubernamentales, académicos y de la sociedad civil, para saber qué ocurría con los docentes y por qué lo invertido no era proporcionalmente directo a los resultados obtenidos. La conclusión de la autoridad federal competente fue que existían problemas severos respecto a la organización docente y la forma en que el gremio se administraba y conducía en lo correspondiente a los recursos públicos.

Dicha afirmación buscó sustento con la realización de un Padrón de Trabajadores de la Educación, mismo que se suscribió en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación firmado el 15 de mayo de 2008 entre la SEP y el SNTE, con el objetivo de trabajar de manera conjunta para transformar el Sistema Educativo; y a través del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en el que se obligó a la SEP a publicar un Padrón en este sentido.

Se consideró que “contar con información clara sobre los maestros poseía un valor estratégico para la gestión tanto a nivel macro como micro”.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos a favor de promover ejercicios democráticos como éste, pues implican rendición de cuentas y ello sin duda contribuye a mejorar la calidad de la educación del país; pero estamos en contra de que dichos ejercicios sean utilizados con poca seriedad, que su análisis no se vuelque en rediseños efectivos de la política educativa, pero sobre todo, que afecte de manera irresponsable a los pilares de la enseñanza educativa, que son los docentes.

La UNESCO señala que los mecanismos de información accesible son parte del camino hacia la democratización del sector educativo, pues contribuyen al diálogo informado. El padrón docente lo es.

Si se desvirtúa o deja de contextualizarse de manera correcta la información ahí vertida, caeremos en graves errores, y permitiremos que algo meramente técnico se llene de tintes políticos que en nada abonan al logro de la calidad educativa.

Por poner un ejemplo, se han señalado, a raíz de la publicación del Padrón de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como “Padrón Docente”; errores en las listas, folios, periodos de comisión, entre otros. Ello da la imagen de opacidad. Pero nada se ha dicho respecto a los diversos problemas que las cifras del Padrón no dejan claros en un primer vistazo:

Hay 75 mil docentes comisionados que fungen como asesores académicos y 35 mil que en lugar de desempeñar labores docentes, son directores de planteles de reciente creación. Estás deberían ser cifras para incorporar veracidad y contextualizar entonces cuáles son las necesidades del Sistema Educativo Nacional.

Existen 4 mil directores comisionados como supervisores, hay quienes no cuentan aun con clave de identificación, y a quienes sus sueldos les fueron pagados después de meses en una sola exhibición...

En Nueva Alianza, afirmamos y compartimos la visión internacionalmente aceptada respecto de que “La práctica docente, es un factor clave en la mejora de los niveles de logro educativo”. Por ello, estamos a favor de la apuesta federal por transparentar el quehacer docente y de incorporar al SNTE como parte activa de la política educativa.

Sin embargo, hay que destacar que al país le urgen políticas públicas en la materia, no críticas endebles, sin sustento. Por ello, debemos pugnar por insumos de calidad para esta gran tarea. Es así que exhortamos a la conformación de un “Padrón Docente” integral, en el que se refleje la realidad en la que operan los planteles educativos y sobre todo que quede manifiesta la complejidad y situación actual del Sistema Básico de Educación Pública.

Exhortamos para que el uso de la información que se vierte en instrumentos como éstos, tenga fines y propósitos claros y a favor de la calidad educativa. No podemos cruzarnos de brazos y observar que un desfile de información útil para la conformación de una política educativa integral sea simplemente usado para desprestigiar la labor docente bajo el argumento de la rendición de cuentas. No podemos dejar ir la oportunidad que nos da la rendición de cuentas para trazar nuevos y mejores rumbos para nuestros docentes, niños y jóvenes estudiantes.

Sólo así se podrán diseñar políticas públicas para la calidad y la equidad. Sólo garantizando condiciones adecuadas para las instituciones educativas podremos estar en condiciones de exigir mayor rendimiento a los alumnos y mejor desempeño por parte de los docentes.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a reelaborar el instrumento mediante el cual se conformó el Padrón de Trabajadores de la Educación, publicado en julio del presente año, a fin de hacer de éste un mecanismo integral. Asimismo, se le exhorta a delimitar de manera clara, pública y oportuna el uso que se le dará a la información ahí vertida, con el fin de que se diseñen políticas públicas a favor de la calidad educativa del Sistema Básico de Educación Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Elsa María Martínez Peña, Jesús Ramírez Rangel (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada Elsa María Martínez Peña. Su proposición se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Jesús Ramírez Rangel, dígame.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente pedirle a mi compañera diputada y paisana de Coahuila que si me permite sumarme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. Diputada, ¿está usted de acuerdo?

La diputada Elsa María Martínez Peña(desde la curul): Sí, de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De acuerdo. Diputado, puede usted pasar.

Señoras y señores diputados les informo que tenemos la visita de alumnos y maestros del CBTIS 139, del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, invitados por la diputada Cecilia Arévalo.

Igualmente, un grupo de 45 alumnos de diversas escuelas primarias y secundarias que obtuvieron los primeros lugares en la prueba de conocimientos ENLACE, del noroeste del estado de Guanajuato, a invitación de la licenciada diputada Aránzazu Quintana Padilla.

Igualmente nos visitan distinguidos amigos de la delegación Coyoacán, del Distrito Federal, a invitación del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Ayala, de Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a que establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la homologación salarial de los trabajadores del sistema salud.

No encontrándose en el salón de sesiones el señor diputado, se pospone su participación.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-UNIDAD CUAJIMALPA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra ahora la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario el PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos para la continuidad de la construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa de Morelos.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Muchas gracias, diputado presidente. Quiero dirigirme a ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas, vengo a proponerles que con el mismo entusiasmo con el que  están formados para signar los puntos de acuerdo anteriores, ojalá apoyen este punto de acuerdo.

Se trata de incrementar la oferta educativa. Yo soy diputada por el XVII distrito que comprende dos delegaciones: Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Ambas delegaciones son delegaciones con fuertes contrastes sociales. Existen sectores muy pudientes y existen vastos grupos que carecen de lo mínimo necesario.

Yo apoyo a la diputada que dice y que solicita que hay que construir deportivos para quitar a los jóvenes de las costumbres del alcohol. También apoyo a la diputada que me antecedió y que solicita más presupuesto para cultura. Necesitamos más teatros, dice ella, necesitamos más oferta cultural.

Yo les vengo a pedir que apoyen el punto de acuerdo en donde estoy solicitando mayor presupuesto para la construcción de la UAM en el distrito que yo represento, la UAM en Cuajimalpa.

Los jóvenes en Cuajimalpa y en Álvaro Obregón, muchos jóvenes, se dedican a la droga, se dedican a la inactividad; no tienen actividad y esta oferta sería algo muy positivo. Recuerden ustedes que, si no apoyamos con presupuesto, cualquier discurso se convierte en demagogia pura.

Estamos solicitando más de 600 millones para la construcción de la unidad UAM Cuajimalpa. Había problemas en años anteriores porque el terreno no estaba debidamente con licencias, pero ahora ya se salvaron esos problemas. Ese terreno que donó el Gobierno del Distrito Federal ya está en firma de convenio y ahora, para 2011, espero el apoyo de mis compañeros de la Comisión de Educación y de los compañeros de Presupuesto para que se otorgue este dinero, este recurso, para la construcción de la UAM Cuajimalpa.

No admitamos que nuestros jóvenes se pierdan en la deses-peranza. No admitamos que nuestros jóvenes se vayan a buscar una mejor forma de vida en el exterior. Ojalá que apoyen la construcción de la UAM Cuajimalpa. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para continuar la construcción de la UAM-unidad Cuajimalpa de Morelos, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho, integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 recursos por 696 millones de pesos para la continuidad de la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 25 de la Ley General de Educación dispone que: el monto anual que el estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, destinando de este monto, al menos el 1 por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

El estado no sólo está obligado a prestar los servicios de educación básica, también debe brindar servicios de educación media superior. Al comparar el gasto nacional en educación media superior con relación al PIB, se observa que en 2007 México invirtió 0.8 por ciento del PIB, en tanto que el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de 1.2 por ciento.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 contempla un crecimiento real de 1.5 por ciento en los gastos a realizarse en la educación media superior; dicho crecimiento es muy lejano al estimado.

La educación superior se incrementa en 3 mil 184 millones de pesos, lo que lo mantiene sin crecimiento. El posgrado disminuye en 398 millones de pesos, y 11.37 por ciento en términos reales.

Cuajimalpa de Morelos es una de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal más atrasada en el rubro educativo. 80 por ciento de su población no cuenta con estudios superiores.

La demanda educativa en Cuajimalpa es preocupante toda vez que colinda con delegaciones como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, así como los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Lerma y Ocoyoacac del estado de México, y en general con toda la zona metropolitana.

En Cuajimalpa no hay ninguna institución pública de educación superior. Únicamente se encuentran la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, pero debido a lo oneroso que resulta ingresar y permanecer en ellas, los jóvenes cuajimalpenses de clase baja y media, no tienen la mínima posibilidad de ingresar a este tipo de educación privada.

El 5 de noviembre de 2004, el gobierno del Distrito Federal mediante contrato de donación, transmitió a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la propiedad de un terreno con una superficie aproximada de 35 mil metros cuadrados localizado en el desarrollo urbano de Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa de Morelos (El Escorpión). Con la autorización del patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana y de autoridades federales, se obtuvo un terreno de aproximadamente 126,000 metros cuadrados (El Encinal). Predios que se incorporaron al patrimonio de la UAM.

A finales de 2004, mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma Metropolitana, se formalizó con la aprobación de una partida específica inicial para inversión y operación de este proyecto; en dicho convenio se expresó la voluntad para apoyar financieramente las necesidades del nuevo centro universitario durante los años subsecuentes. De esta forma y una vez que la cuarta unidad académica de la UAM-Cuajimalpa se encuentra sustentada en términos materiales y financieros, se previó iniciara sus actividades en septiembre de 2005 con doscientos alumnos.

A la fecha no se ha cumplimentado el convenio citado, ya que desde el 2004, año en que se formalizó, la UAM no ha recibido recurso alguno para la construcción de la unidad Cuajimalpa y mucho menos ahora para las necesidades que van surgiendo, entre ellas la construcción de la Unidad Lerma.

Otorgar los recursos presupuestales suficiente para que la UAM siga ampliando su oferta académica tendrá influencia no sólo en Cuajimalpa, sino en toda la región poniente del Valle de México la cual contaba hacía el año 2000 con una población en edad de estudiar el nivel superior (19 – 23 años), cercana a los 260,000 jóvenes la mayoría de los cuales se ubican en un nivel socioeconómico bajo y medio; Este nuevo plantel UAM-Cuajimalpa significa para muchos jóvenes, mujeres y hombres, la oportunidad de formarse en una institución de educación superior pública, gratuita y de calidad, sin verse en la necesidad de inscribirse y trasladarse a instituciones ubicadas en otros puntos de la ciudad, lo que implica invertir tiempo ya que por ejemplo trasladarse de Cuajimalpa hacía Ciudad Universitaria o hacia Zacatenco significa perder de 2 a 3 horas de transporte entre ida y vuelta; dinero traducido en 20 o 30 pesos diarios gastados al tomar diferentes transportes; y esfuerzo al recorrer grandes trayectos entre escuela y casa.

Las universidades públicas nos han demostrado con hechos su vocación de servicio por nuestro país. La UAM con sus treinta años de operación ha contribuido grandiosamente en los campos de la educación superior, de la investigación científica y humanística; de la preservación y difusión de la cultura y siempre ha estado vinculada estrechamente con la problemática científica, económica, social y ambiental del país.

La UAM-Cuajimalpa considera prioritario iniciar ya la construcción de la infraestructura física de las instalaciones, proyectando atender a una población de 10,000 alumnos de licenciatura y postrado; Se contempla la construcción de un edificio multifuncional destinado a aulas, oficinas, centros de cómputo y salas isópticas y la construcción del edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

No obstante, también se contempla la construcción de la quinta unidad académica UAM unidad Lerma, misma que pretende atender parte de la demanda de educación superior no cubierta por el estado de México. En ese tenor, viendo los beneficios sociales que trae aparejada la construcción de la UAM-Cuajimalpa, se debe hacer una revisión al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.

Los ramos 7 Defensa Nacional; 8 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 11 Educación Pública; 13 Marina; 23 Provisiones Salariales y Económicas; 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos y el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, comprenden el gasto público en materia educativa del país, mismos que vienen representados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 de la siguiente manera:

a) El ramo 7 se incrementa en 87.3 millones de pesos, creciendo 2.15 por ciento en términos reales.

b) El ramo 8 disminuye a 235.4 millones de pesos, es decir, en 13.09 por ciento real.

c) El ramo 11 se incrementa en 7 mil 142 millones de pesos, disminuyendo en términos reales 0.47 por ciento.

d) El ramo 13 se incrementa en 352.7 millones de pesos y 30.58 por ciento en términos reales.

e) El ramo 25 crece en 141 millones de pesos, disminuyendo en términos reales 3.54 por ciento.

f) El ramo 33 crece en 15 mil 143 millones de pesos, y 2.07 por ciento en términos reales.

En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el comportamiento presupuestal del ejercicio del año 2010 redujo de 4 mil 465 millones 920 mil 515 pesos a 4 mil 237 millones 494 mil 132 pesos, lo que significa un decremento de 228.4 millones de pesos; es decir una disminución de 5.11 por ciento nominal y real de 9.91 por ciento. En el PPEF 2011 la UAM trae un presupuesto por un monto de 4 mil 415 millones 905 mil 946 pesos.

Las anteriores cifras presupuestales reflejan que la política educativa en el país requiere de mayor presupuesto. No podemos seguir tolerando que millones de jóvenes que quieren continuar su preparación académica tengan que truncarla por falta de recursos y oportunidades.

A partir de lo anteriormente expuesto y con el objetivo de asegurar y dar continuidad a los proyectos de consolidación académica y crecimiento institucional de la UAM, se definen las siguientes prioridades presupuéstales y de inversión:

1. Ampliación en infraestructura: proyectos de construcción de las unidades Cuajimalpa y Lerma, así como recuperación del edificio de Uruguay para los foros académicos.

2. Adquisiciones y equipamiento: mobiliario, equipo de cómputo y de laboratorio, así como adquisición de banda ancha entre otros.

3. Ampliación de la infraestructura existente: proyectos de crecimiento en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco.

Por ello se requieren 695 millones adicionales a los $4,415,905,946 pesos propuestados por el Ejecutivo en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, lo que además de subsanar la reducción propuestas, permitirá la apertura de 3 mil nuevos espacios educativos para el nivel licenciatura a través de la construcción de más unidades académicas, así como la ampliación de la oferta académica en alrededor de 21 mil espacios hacia 2014.

Asimismo, la generación de empleos directos e indirectos, e impulso a la docencia, la investigación y la difusión que realiza la UAM en beneficio del país, lo que responde a las necesidades de cobertura y transferencia de conocimiento e innovación tecnológica.

La construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa de Morelos, traerá consigo el beneficio educativo a toda la población juvenil en Cuajimalpa y la zona metropolitana, y con eso contribuir a que los alumnos que han sido rechazados de otras universidades públicas, logren acceso a la educación que les corresponde; ya que la educación es el medio para que un país produzca cultura, tecnología, dinero y crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a que en el proceso de análisis, discusión, reasignación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, incluyan una partida presupuestal por 696 millones de pesos para la continuidad de la construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.— Diputados: María Araceli Vázquez Camacho, Avelino Méndez Rangel, Enoé Margarita Uranga Muñóz, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Rubén Arellano Rodríguez, Ariel Gómez León, Florentina Rosario Morales, María Araceli Vázquez Camacho, María Guadalupe García Almanza, Laura Arizmendi Campos, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:  Gracias a usted, diputada Vázquez Camacho. Su propuesta se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

2011 AÑO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS - PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:  El señor diputado Rafael García Bringas ha accedido hacer en una sola intervención dos proposiciones: una, con punto de acuerdo por el que se exhorta al  Ejecutivo federal a declarar 2011 Año Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos. La otra, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex a que realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como reformar la vigilancia a fin de evitar sucesos semejantes en el futuro. Tiene la palabra el diputado García Bringas.

El diputado Leandro Rafael García Bringas:Gracias, señor presidente, con su venia. Que bueno que le dan la oportunidad a uno después de tantos rezagos y solicitarle a los compañeros diputados, sobre todo un tema que queríamos tocar en fechas anteriores.

A partir del año 2000, la donación y trasplantes de órganos se llevan a cabo a través de la Secretaría de Salud y a través del Centro Nacional de Trasplantes. Dichas instituciones realizan una labor de calidad para aumentar la donación y los trasplantes de órganos, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos los ciudadanos mexicanos aún no tienen la cultura y el conocimiento para realizar de propia voluntad la donación de los órganos.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace mención al derecho que tienen todas las personas a la protección de la salud, a la participación coordinada de los tres órganos de gobierno, así como de la comunidad en general. A efecto de conjuntar esfuerzos y acciones para lograr de manera eficiente el control y tratamiento de las enfermedades.

Es por ello que todo mexicano debe saber que la donación de órganos es la oportunidad de ayudar y salvar una vida. Los resultados del Centro Nacional de Trasplantes informan que a la fecha se encuentran alrededor de 13 mil pacientes en espera de donación. Los órganos que tienen más demanda para los trasplantes son aproximadamente 6 mil 500 en riñones, corneas y además de hígado, corazón, páncreas y pulmón entre los otros.

Si bien existe el decreto del Día Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, el cual se celebra el 26 de septiembre de cada año, la respuesta de la donación ha sido insuficiente para los mexicanos en espera de un órgano sano, ya que para muchos de estos pacientes su única alternativa de vida es un donante, pues gracias a esto salvará la vida o recuperará su salud. Ser donante de un órgano es un acto de altruismo y de solidaridad.

En consideración, la demanda de estos órganos va en amento en los últimos años, lo que hace que más allá de establecer un día para la donación de órganos, al declarar 2011 el Año Nacional de Donación de Trasplantes de Órganos permitirá que a lo largo de todo un año se realice una serie de actividades que ayuden a sensibilizar a la población y crear conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos para salvar vidas o recuperar órganos en descomposición.

En consideración a lo anterior y con base en la facultad que confiere el Ejecutivo federal, la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 70, 329, 339 de la Ley General de Salud y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se solicita la declaración referida a efecto de contribuir con la generación de una cultura de donación altruista de los órganos.

Pido en este punto de acuerdo compañeros, a esta honorable Cámara de Diputados, exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a declarar el año 2011 Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y a realizar acciones necesarias para fomentar una cultura de donación altruista de órganos.

En consideración al segundo punto de acuerdo, señor presidente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, siempre preocupado y al tanto de los temas ambientales, considera de gran relevancia el actual estado en que se encuentra una zona que comprende el municipio de Agua Dulce de mi distrito, en un hecho ocurrido el 4 de septiembre de 2008, donde el ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz procedió a levantar un acta circunstanciada única de inicio de los trabajos para que en virtud de la emergencia prevalecida en ese demarcación se llevaran a cabo acciones inmediatas para la atención de las zonas afectadas por un derrame de hidrocarburos ocurrido en 2007.

En el anterior evento quedó sustentado con la declaración de zona de desastre ambiental y social, emitida por la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz. Asimismo, para la emisión de dicha declaratoria se contó con la colaboración de estudios de laboratorio, dictámenes y opiniones realizadas por especialistas en la materia.

Según consta en un acta circunstancial única de inicio de labores, después de haberse emitido la declaración de zona de desastre ambiental y social, se procedió a implementar las acciones de emergencia debido a la magnitud del evento y se llevaron a cabo trabajos de contención y recuperación del hidrocarburo derramado en el suelo y los cuerpos de agua. Asimismo, la recolección de vegetación y suelo contaminado para su posterior tratamiento y todas las actividades complementarias.

Para todo eso, de diversas evidencias se confirmó que no se llegó ni siquiera a un 10 por ciento y actualmente encontramos daños en la vegetación, animales muertos, las plantas afectadas y a su vez de 8 mil 600 sondeos se practicaron 966 metros cuadrados. Lo anterior se llevó a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente para tener de conformidad a la autoridad ambiental, a recurrir a esta remediación.

No obstante lo anterior, Petróleos Mexicanos única y exclusivamente, con un término de un 10 por ciento y de un mes de la remediación, provocó que tomáramos estas medidas.

Se solicita recolectar las plastas de hidrocarburos, residuos sólidos orgánicos y residuos municipales arrojados al mar. Reforestar las áreas que sean utilizadas en procesos de remediación. Tratar el agua contaminada con metales pesados y retirar las plastas de hidrocarburo visibles en la zona de manglar, así como limpiar sus raíces y troncos impactados por el hidrocarburo.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, Pemex es la industria más importante del gobierno mexicano, a más de 70 años de su nacionalización ha sido estrategia para el país. Durante décadas el desarrollo de esta industria permitió no sólo desarrollar la industria petrolera hacia dentro sino al mismo tiempo fue factor fundamental del proceso de industrialización de nuestra nación. Sin embargo, lo que propongo ante esta soberanía es evidenciar que es necesario que este organismo retome su papel estratégico, el cual debe ir acompañado de una gran responsabilidad de sus acciones, más aún cuando están implicadas afectaciones sociales, económicas y de índole ambiental —Petróleos Mexicanos—, para que ponga en acción los mecanismos institucionales necesarios que permitan la realización de acciones por las cuales se puedan remediar las diversas afectaciones ocasionadas por el derrame de hidrocarburo en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, ocurrida en el 2007.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que, a través de sus órganos correspondientes, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en el 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz. Así como que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2011 Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Leandro Rafael García Bringas, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Consideraciones

Del año 2000 a la fecha, la donación y transplantes de órganos se lleva acabo por la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Transplantes, dichas instituciones realizan una labor de calidad para aumentar la donación y transplantes de órganos; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, los ciudadanos mexicanos aún no tienen la cultura, ni el conocimiento para realizar de propia voluntad la donación de órganos.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace mención al derecho que tiene toda persona a la protección de la salud y a la participación coordinada de los tres órganos de gobierno así como de la comunidad en general, a efecto de conjuntar esfuerzos y acciones para lograr de manera eficiente el control y tratamiento de las enfermedades. Es por ello, que todo mexicano debe saber que la donación de órganos es la oportunidad de ayudar a salvar una vida.

Los resultados del Centro Nacional de Transplantes, informan que a la fecha, se encuentran alrededor de 13 mil pacientes en espera de una donación. Los órganos que tienen más demanda para trasplante son aproximadamente: 6 mil 500 riñones, 6 mil 300 córneas, además de hígado, corazón, páncreas y pulmón, entre otros.

Cabe destacar que las opciones para recibir órganos y tejidos son tres: La primera se llama donación en vida y consiste en que una persona viva le done a otra un órgano, el segundo tipo de donación es la de órganos cadavéricos, que es cuando una persona fallece y sus familiares autorizan la toma de órganos que puedan ayudar a otra a vivir, y el tercer tipo de donación es cuando alguien en vida manifiesta el deseo de donar sus órganos al momento de morir.

De las enfermedades que pueden ser tratadas exitosamente mediante un procedimiento de transplantes se encuentran la diabetes mellitus, así como una de sus complicaciones más graves: la insuficiencia renal crónica terminal, la ceguera por trastornos de la córnea, la insuficiencia cardiaca; enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática de cualquier causa, el síndrome del intestino corto, leucemia y anemias aplásticas.

En la actualidad, muchas de estas enfermedades se encuentran entre las 10 primeras causas de mortalidad de la población mexicana entre su nacimiento y los 50 años de edad.

Si bien existe el decreto del Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos, el cual se celebra cada 26 de septiembre, la respuesta de la donación ha sido insuficiente para los mexicanos en espera de un órgano sano, ya que para muchos de estos pacientes su única alternativa de vida es un donante, pues gracias a éste, salvara la vida o recuperará su salud; ser donante de órganos es un acto de altruismo y solidaridad.

La demanda de órganos va en aumento en los últimos años, lo que hace que más allá de establecer un día para la donación de órganos, al declarar 2011, Año Nacional de Donación y Transplante de Órganos, permitirá que a lo largo de todo un año se realicen una serie de actividades que ayuden a sensibilizar a la población y crear conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos para salvar vidas.

En consideración a lo anterior y con base a la facultad que le confiere al Ejecutivo federal, la fracción 1 del articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 70, 329 y 339 de la Ley General de Salud y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se solicita la declaración referida a efecto de contribuir con la generación de una cultura de donación altruista de órganos.

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a declarar “2011: Año Nacional de Donación y Transplantes de Órganos”, y a realizar las acciones necesarias para fomentar una cultura de donación altruista de órganos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: Leandro Rafael García Bringas, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Sergio Tolento Hernández, Ramón Merino Loo, Silvia Isabel Monge Villalobos, Oscar Saúl Castillo Andrade, José Antonio Arámbula López, Rubén Arellano Rodríguez, Avelino Méndez Rangel, Yulenny Guylaine Cortés León, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Juan José Cuevas García, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Gobernación

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a realizar las acciones necesarias para continuar la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en Agua Dulce, Veracruz, y a reforzar la vigilancia a fin de evitar sucesos semejantes, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Leandro Rafael García Bringas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a que implemente los mecanismos institucionales necesarios para la realización de acciones que atiendan a la mitigación, saneamiento, seguridad y protección ambiental, específicamente en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre preocupado y al tanto de los temas ambientales, considera de gran relevancia el actual estado en el que se encuentra la zona que comprende el municipio de Agua Dulce, Veracruz, en atención a lo siguiente:

Con fecha 4 de septiembre de 2008, el heroico ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, procedió a levantar el acta circunstanciada única de inicio de los trabajos, para que, en virtud de la emergencia prevaleciente en esa demarcación, se llevaran a acabo las acciones inmediatas para la atención de las zonas afectadas por el derrame de hidrocarburo ocurrido en el año de 2007.

El anterior evento, quedó sustentado con la Declaración de Zona de Desastre Ambiental y Social, emitida por la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz; asimismo, para la emisión de dicha declaratoria, se contó con la valoración de estudios de laboratorio, dictámenes y opiniones realizadas por especialistas en la materia.

Según consta en el acta circunstanciada única de inicio de labores, después de haberse emitido la Declaración de Zona de Desastre Ambiental y Social, se procedió a implantar las acciones de emergencia debido a la magnitud del evento y se llevaron a cabo trabajos de contención y recuperación del hidrocarburo derramado en el suelo y cuerpos de agua, asimismo, la recolección de vegetación y suelo contaminado para su posterior tratamiento; y todas las actividades complementarias que permitieran el restablecimiento del equilibrio ecológico del lugar, para que la flora y fauna de la zona se pudiesen desarrollar de manera normal.

Para la obtención de diversas evidencias que reafirmaran lo acontecido, se realizó un extenso análisis de hidrocarburos, confirmando con ello una presencia importante en diferentes tipo de estados, desde su fase líquida, sólida, vegetación impregnada, animales muertos, manchados, plastas etc., a su vez también se realizaron 8 mil 614 sondeos en una extensión de 986 mil metros cuadrados, lo anterior ante la presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, obteniendo la conformidad de dicha autoridad ambiental.

No obstante las anteriores acciones implantadas por Pemex para corregir el daño ambiental ocasionado por el derrame de petróleo, actualmente existen manifestaciones tanto sociales como de autoridades locales que evidencian una serie de hechos y omisiones que  han impedido que el problema haya sido corregido totalmente.

En este sentido resulta incomprensible que las tareas de recolección iniciadas por Petróleos Mexicanos a partir del día 13 de diciembre de 2007, hayan sido suspendidas y olvidadas a la intemperie y sin la vigilancia adecuada. Las implicaciones que conllevan estas acciones, generan sin duda consecuencias adversas para la salud humana y pueden provocar un efecto negativo en las actividades económicas de la región. Los hechos antes descritos y confirmados con diversos análisis de campo, sondeos de tipo geotécnico y pruebas de laboratorio, marcan un patrón de circunstancias que exigen la realización urgente de una serie de acciones por las cuales se pueda resolver la problemática que prevalece hasta estos días, y entre las que se encuentran:

• Tomar medidas de acción inmediata para mitigar, los daños por la presencia de hidrocarburo en el medio.

• Recolectar las plastas de hidrocarburos, residuos sólidos orgánicos y residuos municipales arrojados por el mar.

• Reforestar las áreas que serán utilizadas en el proceso de remediación.

• Tratar el agua contaminada por metales pesados.

• Retirar las plastas de hidrocarburo visibles en la zona de manglar, así como limpiar sus raíces y troncos impactados por el hidrocarburo.

Compañeras y compañeros diputados: Pemex es la industria más importante del gobierno mexicano. A más de 70 años de su nacionalización ha sido estratégica para el país. Durante décadas el desarrollo de esta industria permitió no sólo desarrollar la industria petrolera hacia adentro sino, al mismo tiempo, fue factor fundamental del proceso de industrialización de nuestra nación.

Sin embargo, lo que propongo ante esta soberanía es evidenciar que es necesario que éste organismo retome su papel estratégico, el cual debe de ir acompañado de una gran responsabilidad de sus acciones más aún cuando estas implican afectaciones sociales, económicas y de índole ambiental.

Es por lo anterior, que me presento ante esta soberanía para someter a su consideración la siguiente propuesta, la cual, tiene como finalidad exhortar a Petróleos Mexicanos, para que ponga en acción los mecanismos institucionales necesarios que permitan la realización de acciones por las cuales se puedan remediar las diversas afectaciones ocasionadas por el derrame de hidrocarburos en el municipio de Agua Dulce, Veracruz ocurrida en 2007.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a que, a través de sus órganos correspondientes, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como para que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 19 de octubre de 2010.— Diputados: Leandro Rafael García Bringas, Laura Viviana Agundiz Pérez, Ramón Merino Loo, Silvia Isabel Monge Villalobos, Rubén Arellano Rodríguez, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Energía.

El diputado Sergio Tolento Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Sergio Tolento.

El diputado Sergio Tolento Hernández(desde la curul): Compañero presidente, solicitarle al diputado Bringas si me permite adherirme a su primer punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Diputado García Bringas?

El diputado Leandro Rafael García Bringas(desde la curul): Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo. Puede usted pasar, diputado Tolento.

Se pospone la proposición de un grupo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, para exhortar al gobierno federal, a través de Conaculta, a instrumentar medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales.

CUIDADO DE PLAYAS Y MARES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a que coordinen acciones que cuiden la óptima calidad de las playas y mares.

La diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa:Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, hace poco acabamos de celebrar con beneplácito el Día Mundial del Turismo, en donde la Organización Mundial de Turismo cuenta con 154 Estados miembros de esa organización. México pertenece desde 1998, para establecer su gran labor de fortalecer de manera internacional a nuestro país.

Playas como Boca de Tomatlán, Mismaloya y Playa de Cuale en Jalisco. Playa Maniagua en Campeche. José Martí, Iguana Norte, Penacho del Indio, Playa de Hornos y Playa Regatas en Veracruz han sido las más contaminadas desde inicios de 2009 y hasta la primera quincena de junio de este año, de acuerdo con Greenpeace México.

Las 10 playas que se incluyen en el ranking rebasaron más de 10 veces los límites máximos permisibles del riesgo sanitario con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud y la Norma de Certificación de Playas desde inicios de 2009 hasta junio 15 de este año.

En caso de empate entre dos playas se toma como criterio la concentración más alta alcanzada en bacterias fecales. Estos datos son más estrictos que los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Las playas que aparecen en el rating en el 2009 fueron analizadas tomando como base los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Norma Mexicana para la certificación de las playas, que establecen que una playa está contaminada cuando en sus aguas existen más de 100 enterococos por cada 10 mililitros, mínimo de partículas mínimas por cada 10 mililitros.

Para la Organización Mundial de la Salud nadar en aguas de mar con una concentración de apenas 137 enterococos equivale a tener contacto con familiares enfermos. Y hacerlo en aguas de 500 enterococos, número mínimo de partículas, es un problema de salud público, pues al menos el 25 por ciento de las personas contraerían enfermedades de la piel, 10 por ciento problemas gastrointestinales y 3.9 enfermedades respiratorias agudas.

Si consideran los límites de Semarnat, el 73 por ciento de las playas presentan riesgos sanitarios, pero se mide la calidad de agua marina con base en los límites de la norma de certificación de playas y de la Organización Mundial de la Salud. El 92 por ciento de las playas rebasan los límites de calidad en al menos una ocasión.

En los criterios de la Semarnat y de la Cofepris existe un mayor riesgo de que los turistas nacionales y extranjeros naden en aguas contaminadas por bacterias fecales y esto no beneficia ni a los municipios costeros ni a la industria turística local.

Y tampoco se resuelve el problema de fondo, que es tratar las aguas residuales. Que se depositan en los riegos o que desembocan directamente en las playas.

El problema real de la contaminación de las playas radica en el vertido de aguas residuales de los cauces de los ríos y lagunas. En México sólo se trata el 40.2 por ciento de aguas residuales, lo que provoca que cada segundo se viertan en la cuenca 124 mil litros por segundo. Estas aguas deben de ser tratadas, contaminan las aguas marinas y están en contacto con los turistas en las temporadas vacacionales.

No se trata de ninguna campaña de desprestigio ante los destinos turísticos. Se trata de poner medidas y acciones ante la problemática nacional. Semarnat y Cofepris deben homologar su información existente en el estado real de las playas en el país y reducir los límites para establecer un riesgo sanitario conforme a los lineamientos internacionales, además de advertir oportunamente a la población cuando esta situación se presente. Las playas limpias nos convienen a todos.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Aguas se coordine con los gobiernos de las entidades federativas para realizar acciones de sustentabilidad transversal, a fin de mejorar la calidad y limpieza de las playas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios homologue los criterios de contaminación de playas con lo dispuesto en los estándares internacionales. Asimismo, a informar oportunamente a la población cuando se presente un riesgo sanitario en las playas mexicanas.

Tercero. Se hace un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que verifique que las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares cumplan con los límites máximos permisibles de contaminantes señalados por las normas oficiales mexicanas y en las diversas disposiciones legales aplicables.

Cuarto. Se pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez realizada la verificación de las aguas residuales y vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares, entregue un informe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días de este mes de octubre de 2010.

Señor presidente, solicito de manera respetuosa que el documento sea insertado íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a coordinar acciones que cuiden la óptima calidad de playas y mares, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Hace poco celebramos el Día Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo cuenta con 154 estados miembros; a ésta México se adhirió en el año de 1998.

En nuestro país playas como Boca de Tomatlán, Mismaloya y playa del Cuale, en Jalisco; playa Maniagua, en Campeche; José Martí, Iguana Norte, Penacho del Indio, playa de Hornos y playa Regatas, en Veracruz, han sido las más contaminadas desde inicios de 2009 y hasta la primera quincena de junio de este año, de acuerdo con Greenpeace México.

Las diez playas que se incluyen en el ranking rebasaron más de diez veces los límites máximos permisibles de riesgo sanitario, con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la norma de certificación de playas, desde el inicio del 2009 hasta junio 15 de este año. En caso de empate entre dos playas se toma como criterio la concentración más alta alcanzada de bacterias fecales. Estos datos son más estrictos que los de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las playas que aparecen en el ranking 2010 fueron analizadas tomando como base los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Norma Mexicana de Certificación de la Calidad de Playas, que establecen que una playa está contaminada cuando en sus aguas existen más de 100 enterococos por cada 100 mililitros (NMP/100 mL).

Estos criterios son más estrictos que los establecidos por Semarnat y Cofepris, dependencias encargadas del monitoreo de la calidad las playas mexicanas. Cofepris, pertenece a la Secretaría de Salud, recibe apoyo de las Secretarías de Marina y Turismo; sin embargo, Semarnat y Cofepris no comparten su información, tienen diferentes criterios y más laxos que los establecidos en la OMS y la norma mexicana

• Semarnat establece en 500 enterococos NMP/100 mL el límite máximo para declarar un riesgo sanitario. En 2007 muestreaba 318 playas, sin embargo ahora sólo muestrea 41 playas nombrándolas como prioritarias.

• Cofepris muestrea e informa sobre la calidad bacteriológica del agua de mar de 325 playas y establece riesgo sanitario a partir de los 200 enterococos NMP/100 mL.

Cabe señalar que la playa Acuario, en Veracruz, llegó en una ocasión a los 156 mil enterococos NMP/100 mL.

Para la OMS, nadar en aguas de mar con una concentración de apenas 137 enterococos NMP/100 mL equivale a tener contacto con familiares enfermos; y que hacerlo en aguas con 500 enterococos NPM/100 ml es un problema de salud pública, pues al menos 25 por ciento de las personas contraerá enfermedades en la piel, 10 por ciento problemas gastrointestinales y 3.9 por ciento enfermedades respiratorias agudas.

Si se consideran los límites de la Semarnat, 73 por ciento de las playas presentan riesgos sanitarios, pero si se mide la calidad del agua marina con base en los límites de la norma de certificación de playas y de la OMS, el 92 por ciento de las playas rebasan los límites de calidad en al menos una ocasión.

Con los criterios de Semarnat y de la Cofepris existe un mayor riesgo de que los turistas nacionales y extranjeros naden en aguas contaminadas por bacterias fecales y esto no beneficia ni a los municipios costeros ni a la industria turística local y tampoco se resuelve el problema de fondo, que es tratar las aguas residuales, que se depositan en los ríos o que desembocan directamente en las playas.

El problema real de la contaminación de las playas radica en el vertido de aguas residuales a los cauces de los ríos y lagunas. En México sólo se trata el 40.2 por ciento de las aguas residuales, lo que provoca que cada segundo se viertan a las cuencas 124 mil litros de aguas sin tratar. Estas aguas son las que contaminan los litorales y que están en contacto con los turistas.

No se trata de ninguna campaña de desprestigio hacia los destinos turísticos, se trata de tomar medidas y acciones ante la problemática nacional; Semarnat y Cofepris deben homologar la información existente sobre el estado real de las playas en el país y reducir los límites para establecer un riesgo sanitario conforme a los lineamientos internacionales, además de advertir oportunamente a la población cuando esta situación se presente. Tener playas limpias nos conviene a todos.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional del Agua se coordine con los gobiernos de las entidades federativas para realizar acciones de sustentabilidad transversal a fin de mejorar la calidad y limpieza de las playas,

Segundo.Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios homologue los criterios de contaminación de playas con lo dispuesto en los estándares internacionales.

Asimismo, a informar oportunamente a la población cuando se presente un riesgo sanitario en las playas mexicanas.

Tercero.Se hace un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que verifique que las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares, cumplen con los límites máximos permisibles de contaminantes señalados en las normas oficiales mexicanas y en las diversas disposiciones legales aplicables.

Cuarto.Se pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez realizada la verificación de las aguas residuales vertidas por empresas o cadenas hoteleras a los mares, entregue un informe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Rubén Arellano Rodríguez, Ramón Merino Loo, José Antonio Arámbula López, Oscar Saúl Castillo Andrade, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Silvia Isabel Monge Villalobos, Yulenny Guylaine Cortés León, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Juan José Cuevas García, Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El diputado Sergio Mancilla Zayas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Mancilla, dígame.

El diputado Sergio Mancilla Zayas(desde la curul): Para solicitarle a la diputada Cecilia si nos permite adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Arévalo, ¿acepta usted las adhesiones?

La diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa(desde la curul): Con gusto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Han sido aceptadas, señor diputado. Puede usted pasar a firmar.

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, VERACRUZ 2014

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Fidel Kuri Grajales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar en su dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, recursos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.

El diputado Fidel Kuri Grajales:Gracias, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con los siguientes considerandos.

Primero. Comparativamente los Juegos Panamericanos tienen una participación sólo de 13.7 por ciento mayor que los Juegos Centroamericanos en cuanto al número de atletas, a pesar de que en los primeros participan 42 países mientras que en los segundos lo hacen 31 naciones, es decir, 11 delegaciones menos.

Segundo. De aprobarse la propuesta en sus términos se posibilitará establecer presupuestos más o menos constantes para los Ejercicios Fiscales del 2012, 2013 y 2014.

Tercero. El aumento presupuestal que se propone está justificado en la medida de que es muy necesario comenzar a desarrollar la obra pública que permita el desarrollo suficiente y a tiempo de la infraestructura necesaria para el exitoso desarrollo de este importante evento deportivo, de tal forma que ésta quede terminada y aprobada por las autoridades deportivas correspondientes a más tardar el último trimestre de 2013.

Cuarto. La medida presupuestal que se defiende evitará retrasos, omisiones, técnicas en la construcción, remodelación, ampliación y rehabilitación de las instalaciones y no nos pase como lo que le sucedió a Guadalajara.

Por tanto, se le pide a la Cámara de Diputados que se le considere un presupuesto de mil 050 millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para la construcción de canchas, estadios, complejos deportivos, auditorios y demás infraestructura deportiva para la realización de dichos eventos.

En consecuencia, lo solicitado este año para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 es menor al presupuesto solicitado para Panamericanos de Guadalajara 2011 por 150 millones de pesos.

Dichos eventos retoman un nicho económico para cada estado en el ramo turístico y asimismo, se contempla un mejoramiento de la infraestructura deportiva de cada estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en su dictamen definitivo de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, asignar la cantidad de mil 050 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. Todo esto para la construcción de los centros deportivos de dicho evento.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos el 28 de octubre de 2010. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos en su dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.

El suscrito diputado federal Fidel Kuri Grajales de la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la siguiente proposición con punto  de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

1. Comparativamente, los Juegos Panamericanos tienen una participación sólo 13.7 por ciento mayor que los Juegos Centroamericanos en cuanto a número de atletas, a pesar de que en los primeros participan 42 países, mientras que en los segundos los hacen 31 naciones, es decir 11 delegaciones menos.

2. De aprobarse la propuesta en sus términos, se posibilitará establecer presupuestos más o menos constantes para los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.

3. El aumento presupuestal que se propone, está justificado en la medida que es muy necesario comenzar a desarrollar la obra publica que permita el desarrollo suficiente y a tiempo de la infraestructura necesaria para un  exitoso de-sarrollo de este importante evento deportivo, de tal forma que ésta quede terminada y aprobada por las autoridades deportivas correspondientes, a más tardar, en el último trimestre del año 2013.

4. La medida presupuestal que se defiende, evitará retrasos y omisiones técnicas en la construcción, remodelación, ampliación y/o rehabilitación de las instalaciones, como si sucedió en Guadalajara.

Por tanto se le pide a la Cámara de Diputados, que se le considere un presupuesto de $1,050.000.000.00 (mil cincuenta millones de pesos) para el paquete de Egresos de la Federación 2011, para la construcción de canchas, estadios, complejos, auditorios y demás infraestructura deportiva para la realización de dicho evento.

En consecuente lo solicitado este año para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, es menor al presupuesto solicitado por los Panamericanos de Guadalajara 2011, por 150 millones de pesos. Dichos eventos retoman un nicho económico para cada estado en el ramo turístico, y así mismo contempla un mejoramiento de la infraestructura deportiva de cada estado.

Con el mejoramiento de las instalaciones deportivas se fomentará activamente la práctica del deporte en la región de Veracruz en jóvenes y adultos, para crear un hábito deportivo que continúe por generaciones.

Por lo  anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unción exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicas a considerar en su dictamen definitivo de Presupuesto de Egresos de la  Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, asignar la cantidad de 1,050.000.000.00 (mil cincuenta millones de pesos), para los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, para la construcción de los centros deportivos de dicho evento.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a jueves 28 de octubre de 2010.— Diputados: Fidel Kuri Grajales, Yulenny Guylaine Cortés León, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Laura Viana Agundiz Pérez Justino Eugenio Arriaga Rojas, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muy bien, señor diputado. Su propuesta se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRODUCTORES DE ALGODON

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Héctor Fernández Aguirre para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa destine un fondo de emergencia con apoyos directos para apoyar a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Fernández Aguirre:Con su permiso, señor presidente. Honorables compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los diputados de Coahuila y Durango, y del sector agrario, en voz de su servidor presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Los estragos del huracán Alex provocaron un exceso de humedad en los campos de la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango, lo que creó las condiciones propicias para que se presentara la enfermedad fungosa llamada viruela del algodonero, la cual no se presentaba desde hace más o menos 30 años y que afectó un total de 24 mil hectáreas de algodón ubicadas en la Comarca Lagunera. Por ello se reunieron los consejos distritales de desarrollo rural sustentable de ambos estados con el delegado de la Sagarpa para la región lagunera, quienes acordaron y firmaron solicitar al titular de la Sagarpa un apoyo extraordinario y urgente por 315 millones de pesos para resarcir los daños provocados por esta enfermedad.

Sin embargo, a unos cuantos días el delegado de la Sagarpa en la región lagunera se desdijo de su acuerdo e informó a los medios locales de comunicación que no sería posible otorgar los apoyos pactados para los productores de algodón afectados. Esto, a pesar de que personalmente acudió a verificar los daños ocasionados, de lo cual existen evidencias.

Ante esta negativa los productores acudieron a sus diputados federales con el fin de solicitar su solidaridad y apoyo. Asimismo, para exigir al Ejecutivo federal que dé respuesta a los compromisos contraídos por el delegado de la Sagarpa en la Laguna.

De no ser atendida en tiempo y forma esta situación se estaría ocasionando un serio problema, ya que serían 43 mil familias campesinas las afectadas directa e indirectamente por este desastre.

Además, se corre el riesgo de que el próximo año se tenga una menor superficie cultivada de algodón. Con ello, un problema en el mercado regional debido a que este cultivo es un regulador de precios para los productos agrícolas de la zona y un generador de empleos como ningún otro.

Por lo anterior, acudimos a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Sagarpa destine un fondo de emergencia con un apoyo directo por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero de la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango.

Señor presidente, le pido que sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates la versión original de este punto de acuerdo publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar por la Sagarpa un fondo de urgencia con estímulos directos para apoyar a los productores de algodón de la comarca lagunera de Coahuila y Durango afectados por la viruela del algodonero, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados federales de Coahuila, Durango y del sector agrario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en voz del suscrito diputado Héctor Fernández Aguirre, presentamos a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad uno de los fenómenos que mayores efectos negativos ha tenido en el medio ambiente mundial, es el cambio climático, entendido éste, como una variación del estado natural del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

El cambio climático global no sólo se circunscribe al medio ambiental, éste es un problema que afectará al desarrollo de todos los sectores socioeconómicos del país.

Año con año vemos a nivel mundial los estragos que ocasiona este fenómeno natural y México no está ajeno a esta problemática. De acuerdo a estudios realizados por instituciones internacionales como el Banco Mundial y La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), además de otros realizados por científicos, señalan que los efectos se resentirán cada vez en mayor cuantía, presentándose climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos.

Lo anterior lo podemos ver en inundaciones de lugares que, de acuerdo con los patrones de lluvias, no estaban identificados como de alta incidencia pluvial, muestra de ello son las inundaciones en varios estados del norte y centro de la república.

Uno de los fenómenos climatológicos que mayores afectaciones ha ocasionado es el huracán Alex, que afectó con lluvias los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ocasionando a su paso fuertes inundaciones con la consecuente afectación a la sociedad civil que reside en esos lugares.

Ante esta tragedia la sociedad mexicana, las instituciones públicas y privadas, así como los diferentes poderes y órdenes de gobierno, dieron muestra de la solidaridad y la colaboración, haciendo a un lado los intereses políticos y las conveniencias, se logró superar en parte las afectaciones ocasionadas por este problema climático.

Sin embargo, en el campo la afectación no sólo se manifestó en la destrucción de los inmuebles y la destrucción de cultivos, sino en los efectos colaterales provocados por un exceso de humedad provocada por las lluvias atípicas provocadas por el citado huracán.

Como consecuencia de lo anterior la Comarca Lagunera, que comprende parte de los estados de Coahuila y Durango, se vio afectada enormemente por el exceso de humedad, lo que creó las condiciones propicias para que se presentara la enfermedad fungosa llamada “Viruela del Algodonero” siendo el sector algodonero el más afectado. No solo en términos de la cantidad de hectáreas dañadas sino que se deben considerar los efectos que resienten las familias rurales que dependen de dicha actividad. Cabe destacar que esta afectación se exacerbó gracias a la decisión por parte de la Comisión Nacional del Agua de abrir las compuertas de la presa Francisco Zarco, sin evaluar los riesgos y consecuencias que esto podría acarrear para el sector agropecuario.

Es importante mencionar que con un grado de afectación fuerte fueron perjudicadas por esta enfermedad 13,667 hectáreas en total, de las cuales 8,584 hectáreas se encuentran en Coahuila y 5,083 hectáreas se ubican en Durango además de 3,400 hectáreas con afectaciones moderadas, y 7,000 hectáreas con afectaciones leves en Coahuila.

Por tal motivo, se reunieron los Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable de la Laguna, Coahuila y Durango, para analizar en forma conjunta, las afectaciones y la manera en cómo se resolvería dicho problema de igual forma participaron autoridades agropecuarias de los tres niveles de gobierno con productores quienes conocen de primera mano la situación que prevalece.

Como resultado de estos trabajos se acordó solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) así como a los gobiernos de los dos estados afectados un apoyo extraordinario y urgente para los productores de algodón que fueron afectados por la viruela del algodonero.

Asimismo cabe mencionar que producto de esta reunión y de otras que se realizaron con los involucrados en el sistema-producto-algodón, se acordó realizar las gestiones necesarias para ubicar recursos de otros programas que se aplican para este cultivo. El apoyo que estimaron necesario para resarcir los daños fue por un monto total de 315 millones de pesos.

Sin embargo, a los cuantos días, de manera unilateral, el delegado de la Sagarpa en la región lagunera, se desdijo de sus acuerdos e informó a los medios locales que no iba a ser posible otorgar los apoyos que quedó en gestionar los cuales además firmó ante los consejos distritales, para los productores de algodón afectados y en caso de otorgarse, pareciera que los apoyos responden más bien a cuestiones de tipo electoral que a situaciones de necesidad comprobada de los productores.

Ante esta respuesta, los representantes de esta rama productiva se dirigieron a sus diputados federales para solicitar nuestra solidaridad y apoyo, asimismo exigir al Ejecutivo federal dé respuesta a los compromisos contraídos por el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en La Laguna, sabemos que este tipo de apoyo extraordinario ya se ha dado en otras ocasiones a otros estados, y que sólo es cuestión de disposición y compromiso para uno de los sectores más golpeados de nuestra sociedad.

Dada la magnitud de los daños, el apoyo solicitado para los productores de esta región es urgente.

Lamentablemente los programas vigentes no consideran recursos para la atención de estas contingencias, con excepción del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, al que sólo le fueron asignados 900 millones de pesos, que a la fecha ya han sido rebasados, según los funcionarios de la Sagarpa.

El cultivo del algodón en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, ha sido históricamente el más importante, por ser un generador de alta demanda en mano de obra, desde la preparación de la tierra hasta su despepite, de no ser atendida en tiempo y forma esta situación, se estaría generando un serio problema, ya que se calcula sean 43 mil familias campesinas afectadas directa e indirectamente por la enfermedad de éste cultivo.

De igual forma, en caso de que la autoridad no dé respuesta, se corre el riesgo de tener una menor superficie cultivada de algodón y con ello un problema en el mercado regional, ya que se considera que este cultivo es un regulador de precios para todos los productos agrícolas de la zona.

Es por eso que acudimos a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, destine un fondo de emergencia con apoyos directos por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero, de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Héctor Fernández Aguirre, Hugo H. Martínez González, Rubén I. Moreira Valdez, Yolanda de la Torre Valdez, Cruz López Aguilar, Francisco Alberto Jiménez Merino, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel A. Riquelme Solís, Francisco Saracho Navarro, Noé Fernando Garza Flores, Pedro Ávila Nevárez, Óscar García Barrón, José Ricardo López Pescador, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Federico Ovalle Vaquera (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tal como lo ha solicitado el señor diputado Fernández Aguirre, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Esta proposición ha sido inscrita como de urgente resolución; en consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por tanto, se considera de urgente resolución. Se abre el registro de oradores. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada, comuníquese.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal a que fortalezcan las finanzas públicas del Distrito Federal, eficientando la recaudación de los impuestos y derechos por pago de servicios públicos.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Con su permiso, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, constantemente los mexicanos nos preguntamos, ¿cuándo nuestro país será competitivo a nivel internacional? ¿Cuándo los índices y ratings globales nos favorecerán con mejores posiciones? ¿Cuándo el resto del mundo podrá ver lo valioso que tenemos como nación?

Al escuchar y leer las noticias con declaraciones de los gobernantes del país y miembros de la clase política, entre ellos mis colegas del Congreso, también como mexicanos nos preguntamos a diario, ¿quién dice la verdad en sus declaraciones? Los ciudadanos mexicanos a veces no saben en qué cifras o datos confiar, o a qué gobernante le debe creer. La sociedad sólo observa y escucha guerras mediáticas e informaciones a veces contrapuestas.

Un México que busca destacar en el orden mundial requiere sociedades bien informadas, pero también gobiernos y gobernantes responsables, responsables con lo que informan a la sociedad y responsables con el adecuado ejercicio de gobierno. Es necesario dejar atrás el discurso mediático para ganarse votos, y con esto polarizar y fracturar a la sociedad mexicana.

El punto de acuerdo que hoy presento tiene esa finalidad: construir juntos como clase política e informar adecuadamente a la sociedad.

Es una invitación al jefe de gobierno del Distrito Federal para que asuma la verdadera responsabilidad de conducir su gobierno y administración con transparencia y verdad, sobre todo honradez.

El pasado 21 de septiembre el jefe de gobierno del Distrito Federal rindió su Cuarto Informe de Gobierno, en donde uno de sus principales argumentos fue la falta de recursos en el Distrito Federal, debido a la federación.

Debido a esto, la Federación le ha reducido las participaciones. Es una pena que el licenciado Marcelo Ebrard siga atribuyendo a otros la responsabilidad del ejercicio de su gobierno, sin asumir cabalmente las que le corresponden.

Cuando Marcelo Ebrard señala que los recursos son disponibles, un abuso contra los capitalinos, porque cada vez tenemos menos para nuestros servicios, para el agua, el espacio público, vialidades, fuentes y jardines, sin duda tiene razón, pero lo que no dice Marcelo Ebrard ni su secretario de Finanzas del Distrito Federal, es que ellos mienten y que no han hecho su trabajo bien en materia de recaudación fiscal.

Hay que hablarle a la sociedad mexicana con la verdad, señor Marcelo Ebrard. El jefe de gobierno del Distrito Federal intenta hacer pasar a los mexicanos de esta ciudad por unos ignorantes, capaces de creer las mentiras que dice.

Señor Ebrard, los recursos del Ramo 28 denominado “Participaciones a entidades federativas y municipios que ha recibido el Distrito Federal” se distribuyen con base en el avance anual de su producto interno bruto estatal y el crecimiento de la recaudación de impuestos y de derechos locales en los últimos ejercicios fiscales.

Adicionalmente las participaciones se reparten entre las entidades federativas con base en su número de habitantes. Es decir, el Distrito Federal es una de las entidades federativas...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, diputada.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Concluyo. Que más recursos recibe por concepto de participaciones derivados del número de habitantes.

Por tanto, si las participaciones que recibe el Distrito Federal han caído, es porque no están haciendo bien su trabajo de recaudación de impuestos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Asuma su responsabilidad de informar adecuadamente sobre el uso de estos recursos, después haga su trabajo de recaudación de una forma eficiente y entonces sí verá incrementar los recursos transferidos por la federación.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el punto de acuerdo que hoy presento es con el ánimo de dejar ya detrás la confrontación entre gobernadores. Estos estados y la federación o entre partidos.

El objetivo es invitar al licenciado Marcelo Ebrard a que en el Distrito Federal se mejore la recaudación en los gravámenes locales del impuesto predial y los derechos por suministro de agua para fortalecer las finanzas públicas y disminuir el nivel de endeudamiento de la capital de nuestro país. Gracias compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal a fortalecer las finanzas públicas locales con una eficiente recaudación de impuestos y derechos, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Silvia Pérez Ceballos, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Partido Acción Nacional, resultan preocupantes las declaraciones vertidas por el jefe de gobierno y el secretario de Finanzas del Distrito Federal, durante la presentación del cuarto Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, argumentando la falta de equidad en la distribución de los recursos participables federales; toda vez que la distribución de los recursos provenientes por concepto de ramo 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios se distribuyen con base en el avance anual del producto interno bruto estatal y el crecimiento de la recaudación de impuestos y de derechos locales, en los últimos ejercicios fiscales.

Adicionalmente, las participaciones se reparten con base en el número de habitantes de la entidad. Es decir, el Distrito Federal es de las entidades federativas que más recursos recibe por concepto de participaciones.

El jefe de gobierno capitalino, con aparente desconocimiento de las cifras y el ánimo de engañar a la población, manifiesta la existencia de inequidad en la distribución de ingresos por concepto de participaciones y un deterioro de los mismos en los últimos años. Por lo cual, me resulta preciso indicar que el Distrito Federal y su gobierno, reciben en promedio más de 45 mil millones de pesos anuales tan sólo por concepto de participaciones federales, y más de 30 mil millones de pesos por concepto de aportaciones federales, sin que la población capitalina vea un claro ejercicio de estos recursos en beneficio del desarrollo social capitalino.

Además, como mencioné, los recursos distribuidos por concepto de participaciones federales, se realiza con base en el incremento de la producción del Distrito Federal año con año, y con base en la recaudación tributaria y de derechos que se realiza anualmente. Por lo anterior, si el jefe de gobierno del Distrito Federal se queja de una disminución en los recursos transferidos por la federación, es en realidad porque el Jefe de Gobierno y su equipo de finanzas no han realizado un claro esfuerzo por recaudar más.

El jefe de Gobierno capitalino no sólo evidenció que no desea informar el monto real de los recursos que efectivamente recibe el Distrito Federal, si no que también evidencia la inefectiva política económica puesta en marcha en el Distrito Federal y la pobre estrategia en materia de recaudación, que lejos de incrementar los ingresos del gobierno capitalino, favorece la economía informal y la corrupción por parte de las autoridades encargadas.

También me resulta preciso agregar, que no obstante de no llevar a cabo su labor de potenciar el desarrollo económico, recaudar impuestos y derechos de manera eficiente, y propiciar el desarrollo social, el Jefe de Gobierno Capitalino ha endeudado y comprometido los ingresos subsecuentes de la capital, situándolo como la Entidad Federativa mayor endeudada del país, con compromisos adquiridos por más de 47 mil millones de pesos  a marzo del presente año.

Con base en lo expuesto, el jefe de gobierno capitalino no sólo debe rectificar sus declaraciones en torno a la equidad en la distribución de ingresos transferidos por parte de la federación, si no también debe ponerse a trabajar e incrementar las fuentes de fortalecimiento de la economía y las finanzas públicas del Distrito Federal, basándose en políticas públicas que fomenten la actividad económica formal y la eficiente recaudación impositiva, que además permitan disminuir el endeudamiento de la capital del país.

Es evidente, que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrad, sólo busca más recursos que le permitan posicionarse políticamente y financiar su campaña y gestión hacia 2012.

Así, en virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas del Distrito Federal, para que en cumplimiento de sus atribuciones locales y federales, y conforme a lo dispuesto en el artículo 122 Base Segunda, fracción II, incisos a) y b), Base Tercera, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 52, 67, fracciones XII, XVIII, XXIII y XXIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los artículos 15, fracción VIII, y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; se avoquen a mejorar la recaudación de los gravámenes locales, del impuesto predial y los derechos por suministro de agua, con los objetivos  de fortalecer las finanzas públicas y disminuir el nivel de endeudamiento de la capital del país.

Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno y al secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, a emitir un informe a esta soberanía sobre el número de contribuyentes de gravámenes locales, impuesto predial y derechos de agua, así como de la recaudación efectivamente obtenida anualmente proveniente de estos conceptos por parte la Tesorería del Distrito Federal, contenido en un desglose histórico de los últimos12 años.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Silvia Pérez Ceballos, Sergio Gama Dufour, Silvia Isabel Monge Villalobos, Guadalupe Valenzuela Cabrales, María Yolanda Valencia Vales (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran de visita con nosotros maestros y alumnos de la Universidad Cuauhtémoc, de Querétaro, de la licenciatura en derecho, a invitación del señor diputado Jesús María Rodríguez Hernández.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En lugar del número 170 tiene la palabra la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos suficientes para el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez:Con la venia del presidente de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los suscritos, diputados federales Norma Leticia Salazar Vázquez y José Antonio Arámbula López, presentamos las siguientes consideraciones.

Durante el periodo comprendido de 1942 a 1964 más de 5 millones de trabajadores mexicanos ingresaron a laborar a las zonas agrícolas de Estados Unidos de América.

Mediante el intercambio diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos se decidió establecer una cláusula que derivó en la creación del Fondo de Ahorro Campesino, como parte del convenio bracero, consistente en 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes, que concluyó en 1963. Estos recursos fueron enviados por parte del gobierno norteamericano al ahora desaparecido Banrural.

Se estableció una modificación en 1948 por la cual los braceros deberían recibir la cantidad aportada mediante el cheque certificado a su nombre, al momento de regresar a México. Es decir, no hay duda de que la prestación generada con motivo del trabajo desempeñado no se sujeta a ningún condicionante por parte de quien realizó dicho descuento, mucho menos debe serlo por quienes únicamente se han encargado de entregarlo.

Con fecha 25 de mayo de 2005, a fin de dar solución a dicha problemática, el entonces presidente de México creó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Dicho fideicomiso tendría por finalidad otorgar un apoyo social en términos de lo establecido en la Ley de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964.

No obstante, derivado de la difícil situación económica que vive nuestro país y el mundo en general, es que no ha sido posible liquidar de forma total el apoyo social a ex trabajadores migratorios. Razón por la cual, desde la creación del fideicomiso y hasta fechas recientes dicho fideicomiso, a través de sus reglas de operación, ha establecido diversos mecanismos que faciliten el pago del apoyo social, asumiendo con ello el compromiso que tiene el gobierno de cumplir con la ley de referencia.

Ahora bien, el 10 de septiembre de este año se publicó un decreto por el cual se reforman diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Este decreto establece en su artículo 5, fracción II, elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición.

Además, en este decreto se establece, en el artículo 7o., la entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley. En el Ejercicio Fiscal de 2011 el monto de los recursos estará sujeto a lo que la honorable Cámara de Diputados apruebe para dicho ejercicio fiscal.

De la transcripción de dichos preceptos legales se advierte claramente que corresponderá a esta soberanía la asignación suficiente de recursos para que se realice el pago de los 38 mil pesos. En este contexto ha transcurrido casi medio siglo para que los ex trabajadores braceros logren recibir el pago correspondiente por el descuento realizado a su salario.

No debe ser ajeno a esta soberanía el hecho de que para estar en posibilidades de realizar la entrega del pago de los ex trabajadores migratorios mexicanos que se encuentran inscritos en el padrón correspondiente harían falta aproximadamente la cantidad de 5 mil 304 millones de pesos, por lo cual se estima oportuno que se considere dentro del PEF para el Ejercicio Fiscal 2011 la asignación de la totalidad de dicha suma.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación, adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 se etiqueten recursos por la cantidad de 5 mil 304 millones de pesos al fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5o., fracción II y séptimo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de septiembre de 2010, por el cual se reforman diversas disposiciones.

Aún así, quiero comentarles que sabemos, además de lo anterior, de la cantidad que les comenté, que se requeriría la cantidad restante para cubrir un adeudo total. Posiblemente ascendería a 1 mil 500 millones más de pesos, que estaríamos hablando de más de 6 mil millones de pesos para cumplir con el pago de los ex trabajadores migratorios.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales Norma Leticia Salazar Vázquez y José Antonio Arámbula López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a fin de que se haga el pago del apoyo social a que se refiere la fracción II del artículo 5° de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante el periodo comprendido de 1942 a 1964 más de cinco millones de trabajadores mexicanos ingresaron a laborar a las zonas agrícolas de los Estados Unidos de América.

Mediante el intercambio diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos se decidió establecer una cláusula que derivó en la creación del Fondo de Ahorro Campesino como parte del convenio bracero, consistente en el 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes, que concluyó en 1963, éstos recursos fueron enviados por parte del gobierno americano al ahora desa-parecido Banrural.

Se estableció una modificación en el año de 1948 mediante la cual los braceros deberían recibir las cantidades aportadas mediante cheque certificado a su nombre al momento de regresar a México. Es decir, no hay duda que la prestación generada con motivo del trabajo desempeñado, no se sujeta a ninguna condicionante por parte de quien realizó dicho descuento mucho menos debe serlo por quien únicamente es encargado de entregarlo.

Con fecha 25 de mayo de 2005, a fin de dar solución a dicha problemática, el entonces Presidente Vicente Fox publicó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos; dicho Fideicomiso tendría por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la ley.

No obstante, derivado de la difícil situación económica que viven nuestro país y el mundo en general es que no ha sido posible liquidar de forma total el apoyo social a los ex trabajadores migratorios, razón por la cual desde su creación y hasta fechas recientes dicho Fideicomiso, a través de sus Reglas de Operación, ha establecido diversos mecanismos que faciliten el pago del apoyo social, asumiendo con ello el compromiso que tiene el gobierno federal de cumplir con la ley de referencia.

Ahora bien, el pasado 10 de septiembre de 2010, con lo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto por el cual se reforman los artículos 2o., fracción I; 3o., párrafo primero; 5o., fracción II, y VI, párrafo primero; y se adicionan el artículo 5o., fracción III, con un inciso a), recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; y 6o., fracción III, con un inciso e), y fracción IV, con los numerales 3 y 4, a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

De conformidad con dicho decreto, el artículo 5o. establece literalmente lo siguiente:

“Artículo 5o....

I. ...

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición...”

A su vez, el diverso artículo séptimo transitorio del referido decreto, establece a la letra lo siguiente:

“Artículo Séptimo. La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el ejercicio fiscal de 2011, estará sujeta al monto de los recursos que la honorable Cámara de Diputados apruebe para dicho ejercicio fiscal.”

De la transcripción de dichos preceptos legales se advierte claramente que corresponderá a esta soberanía la asignación suficiente de recursos para que se realice el pago de la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos, moneda nacional) por concepto del apoyo social a que se refiere la citada ley.

En este contexto, ha transcurrido casi medio siglo para que los ex trabajadores braceros lograran recibir el pago correspondiente por el descuento realizado a su salario. Con el decreto publicado el pasado 10 de septiembre se presenta una oportunidad inmejorable para que esta honorable Cámara de Diputados dé solución definitiva al grave problema que viven estos ex trabajadores mexicanos, al encontrarse imposibilitados de recibir el apoyo social que por ley les corresponde, mediante la aprobación de los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

No debe ser ajeno a esta soberanía el hecho de que para estar en posibilidades de realizar la entrega-pago a los ex trabajadores migratorios mexicanos que se encuentran inscritos en el padrón correspondiente, harían falta recursos por aproximadamente la cantidad de $5,304,000,000.00 (cinco mil trescientos cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional), por lo cual se estima oportuno que se considere dentro del PEF para el ejercicio fiscal 2011, la asignación de la totalidad de dicha suma.

Consideramos que es de elemental justicia que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados estudie, analice y, en su caso, adecue el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con el objeto de que se aprueben los recursos, en los términos solicitados, que atiendan de forma definitiva el pago del apoyo social a que se refiere la ley de la materia; aunado al hecho de que el propio ordenamiento jurídico es claro al establecer la obligación a todas las autoridades involucradas, debiendo la Cámara de Diputados honrar dicho compromiso en la parte que le corresponde como lo es la asignación de recursos suficientes para tal efecto.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, se etiqueten recursos por la cantidad de $5,304,000,000.00 (cinco mil trescientos cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional) al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción II, y séptimo transitorio del decreto publicado en el D.O.F. con fecha 10 de septiembre de 2010, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2010.— Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez, José Antonio Arámbula López,  Ivideliza Reyes Hernández, Gloria Romero León, María de Jesús Aguirre Maldonado, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Juan José Cuevas García, Yulenny Guylaine Cortés León, Silvia Isabel Monge Villalobos, Sergio Gama Dufour, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Oralia López Hernández, María Yolanda Valencia Vales, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En virtud de que esta proposición ha sido inscrita como de urgente resolución consulte la Secretaría a la asamblea si es de considerarse en tal sentido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se considera de urgente resolución. Está abierto el registro de oradores. No habiendo quien haga uso de la palabra consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto? Diputado Arámbula.

El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): Presidente, gracias.

Solamente quería apoyar la moción, si me permite, del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Quiere inscribirse como orador en pro de la proposición?

El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): Exactamente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Puede usted hacer uso de la tribuna.

El diputado José Antonio Arámbula López:Muchas gracias. Con su permiso, presidente.

Compañeros diputados, este punto de acuerdo realmente creo que lo hemos apoyado todos los partidos. Creo que en la comisión de los ex braceros hemos coincidido en que éste es un tema prioritario. Los ex braceros todos los días que hay sesiones, entro a la Cámara y hay manifestaciones afuera, hay ex braceros solicitando su pago, hay mantas, y la verdad es que es un problema muy sentido, es un problema que ya tiene muchos años y que no les hemos hecho justicia.

Este punto de acuerdo creo que viene a reforzar el apoyo que se les da de los diputados a los ex braceros, pero la verdad es que yo quiero hacer énfasis porque a fin de cuentas no se les ha pagado por falta de dinero. Y yo creo que en este contexto del Presupuesto de 2011 tenemos la oportunidad de realmente demostrar el apoyo para los ex braceros y ponerle los 5 mil 300 millones que hacen falta.

Entonces yo quiero hablar a favor de este punto de acuerdo, hablar encarecidamente a los compañeros de la Comisión de Presupuesto para que de la bolsa que se tiene puedan destinar esta partida especial y se les pueda lograr el pago al total de los ex trabajadores migrantes de 5 mil 300 millones de pesos, se les pueda pagar el total de los 38 mil pesos a todos los ex trabajadores.

Compañera diputada, a favor, y espero que también los compañeros diputados presentes estén a favor. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado José Antonio Arámbula López. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor.  Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Comuníquese.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Ramón Merino Loo, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren mayores recursos en inversión, infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable para abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de Guanajuato.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos en inversión, infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable para abatir la pobreza y marginación en municipios de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Merino Loo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ramón Merino Loo, Diputado Federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere otorgar mayores recursos en inversión, infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable para abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de Guanajuato, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los diputados federales a la LXI Legislatura somos testigos de las graves dificultades económicas y financieras por las que atraviesan los municipios de todo el país, inevitable consecuencia de la crisis global, los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.

Cada uno de los pobladores de los municipios tiene derecho a recibir los servicios públicos que por mandato constitucional le han sido delegados al municipio, es por ello que a cada una de las localidades o asentamientos humanos que compongan la estructura geográfica del municipio deberán recibir o ver materializado el presupuesto que le es asignado al Estado perteneciente y a su vez al municipio correspondiente, ya sea en la disposición del recurso propiamente dicho o en el acceso a los servicos públicos que le debe proveer el Ayuntamiento.

El recurso ecónomico que es asignado (independientemente de la forma en la que éste le haya sido asignado) al Estado debe ser particularmente trasladado a los municipios que componen a la entidad y éstos a su vez deben encargarse de hacerlos llegar a cada una de las poblaciones correspondientes con la finalidad de que cada mexicano pueda gozar de dicho presupuesto. Es en este trayecto en donde el presupuesto encuentra un destino antes de llegar a la comunidad más recóndita, ya que con la autonomía que la propia Constitución  que tiene el municipio de administrar su hacienda, éste es ocupado en satisfacer necesidades propias de la cabecera municipal y se olvidan de las poblaciones más lejanas.

La carencia y marginación dentro de un mundo globalizado tiene consecuencias irremediables para la sociedad, al no poder satisfacer sus necesidades fundamentales, de naturaleza política, económica y social. Gran parte de la sociedad se ven limitados a acceder a los recursos, al conocimiento o al disfrute de un modo de vida digno.

El sureste del estado de Guanajuato es una de las regiones más abatida por la carencia, sus habitantes carecen de la infraestructura indispensable para vivir con dignidad, lo cual incide directamente en la problemática socioeconómica que aqueja a nuestro país, como es el desempleo, la inseguridad pública, problemas de salud pública, desnutrición, educación deficiente, entre otros.

Los problemas de pobreza y desunión social están ligados no a una falta de creación de riqueza en la economía sino a una distribución no equitativa de los ingresos y la riqueza y a la falta de reglas para lograr que ésta sea más justa. Esta soberanía al aprobar mayores recursos en el Presupuesto para el ejercicio de 2011 para los municipios anteriormente citados, no concede privilegios a la zona sureste del estado de Guanajuato, sino que da cumplimiento a los principios enaltecidos en el artículo 115 de  nuestra Constitución Política.

Ante esta situación, los gobiernos municipales se han organizado para hacernos llegar sus requerimientos presupuestales, sus proyectos de inversión y recaudación propia, así como de sus propuestas para allegarse mayores recursos en favor de la ciudadanía. No a través de la disminución a otras entidades, pero si a  través de una distribución más equitativa.

Los recursos transferidos de la federación hacia estados y municipios son de vital importancia en la conformación de los capitales estatales y municipales. Habitualmente las transferencias federales han representado la principal fuente de recursos con que las entidades federativas y municipios cuentan para su desarrollo y financiamiento, asimismo se han convertido en el centro del debate actual sobre el fortalecimiento y la autonomía hacendaria de los municipios. A pesar de que los gobiernos de las entidades federativas han hecho su mayor esfuerzo por obtener más captación de recursos y tener una mejor distribución entre sus municipios, esto ha sido insuficiente. Hoy hay poca sensibilidad de las necesidades de los municipios, una mala distribución de los recursos e incitación a reducirlos,  por lo que la discusión se centra en los mecanismos de transferencias, actuales, que el gobierno federal ha diseñado dentro de la política de descentralización del gasto, materializándose dentro del Presupuesto de Egresos Federal en los ramos destinados a entidades federativas y municipios (ramo28, ramo33, y ramo26).

Es nuestra responsabilidad responder a las necesidades de la población, que permita el desarrollo integral sustentable de las comunidades que les represente una mejor calidad de vida. Debemos luchar para obtener los recursos económicos y financieros necesarios para la realización de proyectos reconocidos por su sustentabilidad, en beneficio de nuestras comunidades.

Es por ello que se solicita respetuosamente se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen mayores recursos para que se destinen a inversión en infraestructura y servicios que permitan el desarrollo sustentable en todos los municipios del estado de Guanajuato y en especial a los del sureste del mismo, que por encontrarse en desventaja geográfica sobre de los más cercanos a la capital no reciben la atención necesaria en lo que respecta a la distribución de los recursos ecónomicos y la prestación de servicios, por atender al principio de especificidad mencionaré a los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Acámbaro, Tarandacuao y Coroneo.

Es menester exhortar por este mismo medio a los presidentes municipales de los ayuntamientos antes mencionados a realizar las diligencias necesarias con la finalidad de que la totalidad de la población para la que ejercen su gobierno resulte beneficiada del ejercicio de ese presupuesto al ver mejorada su calidad de vida o por lo menos al ver satisfechas las necesidades más emergentes que les surgen.

Resulta necesario aclarar que no es la intención del proponente vulnerar la autonomía con que cuenta el municipio en las decisiones del orden local, pero sí considera necesario fomentar la corresponsabilidad que tienen los ayuntamientos con los trabajos en materia de desarrollo y combate a la pobreza que desde la federación se realiza al transferirle recursos en cada ejercicio fiscal a través de los ramos 28 y 33 y de los programas y proyectos de inversión en algunos casos.

Es el municipio la instancia que se encuentra en mayor cercanía con la sociedad por lo cual es el organismo idóneo para  procurar y lograr el desarrollo así como la mejora de la vida de los pobladores locales respectivos.

En virtud de las anteriores consideraciones y tomando en cuenta la sensibilidad de los compañeros legisladores respecto del tema, presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a que se integren las partidas presupuestales necesarias para que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 mayores recursos destinados a inversión en infraestructura carretera, hidráulica, proyectos de salud, educación y medio ambiente que permitan el desarrollo sustentable para abatir la pobreza y marginación en los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Acámbaro, Tarandacuao y Coroneo , todos ellos del estado de Guanajuato.

Segundo. Se exhorta a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Acámbaro, Tarandacuao y Coroneo, todos ellos del estado de Guanajuato, con la finlaidad de que doten de recursos y de prestación de servicios a todas aquellas comunidades que se encuentran dentro de su jurisdicción.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Ramón Merino Loo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y DE PERSPECTIVA DE GENERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a que capaciten a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Gracias, señor presidente de la Mesa Directiva. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la teoría de género es una aportación filosófica y política que pone en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se dan a las mujeres y a los hombres.

Dicha teoría ha dado surgimiento a la denominada perspectiva de género, la cual permite abordar los problemas sociales de una manera más integral y equitativa, ya que considera las experiencias, necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres.

A este respecto, en el ámbito internacional las conferencias mundiales sobre la mujer y sus respectivos planes de acción han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades a la transversalización de la perspectiva de género.

Por su parte la CEDAW establece, entre otras obligaciones de los Estados parte, consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer. Adoptar todas las medidas legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Y para asegurar, en particular en las esferas política, social, económica y cultural, el pleno desarrollo y el adelanto de la mujer. Estos compromisos vinculan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los tres niveles de gobierno.

Lamentablemente México aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias. Entre éstas destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos a las mujeres o mantienen diversas formas de exclusión y de discriminación.

La presente proposición tiene como uno de sus objetivos primordiales impulsar la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones y programas de los 31 estados que conforman el territorio nacional y el Distrito Federal, para lo cual resulta indispensable que los encargados de su diseño cuenten con los elementos conceptuales necesarios, razón por la que la capacitación de los servidores públicos es otro elemento de esta proposición.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a que capaciten a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género, y que en el ámbito de sus respectivas competencias incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género, y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Exposición de Motivos

La teoría de género es una aportación filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en particular, pone en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se da a las mujeres y a los hombres.

En otras palabras, la teoría de género reconoce que los comportamientos llamados femeninos y masculinos son construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales, a través de los cuales se definen los papeles y tareas a cada género, y no, como algunas personas afirman, características inherentes e inmodificables de la naturaleza, a pesar de que ésta, entendida en el más amplio sentido de la palabra, también tiene marcada influencia en aquéllas.

Dicha teoría ha dado surgimiento a la denominada perspectiva de género, la cual se ha erigido como un paradigma democrático que permite abordar los problemas sociales de una manera más integral y equitativa, ya que considera las experiencias, necesidades e intereses, tanto de hombres como de mujeres.

En este contexto, la perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y “responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social”. Visualiza a hombres y a mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en las personas de uno y otro sexo.

La aplicación de la perspectiva de género,para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad, está estrechamente vinculados con la idea de construir una democracia más integral y progresista.

A este respecto, en el ámbito internacional las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades, a la perspectiva de la transversalización de género.

Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los Estados es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual enuncia, en forma jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica: “la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Entre las obligaciones que emanan de esta convención, se encuentran las establecidas en sus artículos 2 y 3, que a la letra versan:

Artículo 2

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Cabe hacer mención que los compromisos adquiridos internacionalmente no sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial en los tres niveles de gobierno, es decir, los tres poderes de la federación, estados y municipios deben observar estas  disposiciones.

Lamentablemente, aun cuando nuestro país forma parte de la CEDAW y ha participado y sido sede de las conferencias antes citadas, como lo señala la feminista y autora de diversas publicaciones, Patricia Olamendi Torres, México aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; entre ellos, destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas formas de exclusión o discriminación.

Estas limitaciones han sido del conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del sexto informe periódico de México, quien emitió sus observaciones finales, entre las que destacan las siguientes:

8. El comité observa con preocupación que no haya una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias en varios estados y dificulta la aplicación efectiva de la convención. El comité lamenta las escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar su cumplimiento.

9. El comité insta al Estado parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la convención. El comité insta al Estado parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización.

Recomienda que el Estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México en el cual se identificaron los escollos existentes en materia de los derechos humanos de las mujeres y a partir de esta identificación se formularon propuestas que tienen en cuenta las recomendaciones emitidas por los comités de seguimiento de la CEDAW y de los pactos de derechos humanos, así como las que surgen de las conferencias internacionales de población y de la mujer, entre éstas se encuentran las siguientes:

1. Promover la incorporación de las prescripciones de las convenciones internacionales (CEDAW y Belem do Pará) en la legislación nacional y estatal y su debido cumplimiento.

2. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, los programas, los presupuestos y la gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado mexicano.

4. Promover la eliminación de estereotipos de género y realizar campañas de sensibilización e información.

7. Adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

8. Asegurar a las mujeres igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.

9. Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

10. Promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la vida de las familias.

La presente proposición tiene como uno de sus objetivos primordiales impulsar la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones, programas y legislación de los 31 estados que conforman el territorio nacional y del Distrito Federal, para lo cual resulta indispensable que los encargados de su diseño cuenten con los elementos conceptuales necesarios, razón por la que la capacitación de los servidores públicos es otro elemento de esta proposición.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Notas:

1 Ver Olga Bustos Romero, “La formación del género: el impacto de la socialización a través de la educación”, en Antología de la sexualidad humana, tomo I, Miguel Ángel Porrúa/Conapo, México, 1994, páginas 267 y siguientes.

2 Daniel Cazés, La perspectiva de género: Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles, UNAM, México 2005, página 79.

3 Patricia Olamendi Torres. “Legislar para la igualdad”, http://notas.basica.sep.gob.mx/SEB/blogseb/300/documentos/articulo_legislarigua ldad.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de octubre de 2010. — Diputados: Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Juan José Cuevas García, Silvia Esther Pérez Ceballos, Leandro Rafael García Bringas,  Yulenny Guylaine Cortés León, Laura Viviana Agundiz Pérez,  Silvia Isabel Monge Villalobos, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Sergio Gama Dufour, Yolanda del Carmen Montalvo López, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente, María Yolanda Valencia Vales, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con mucho gusto, diputada. Obséquiese la petición de la diputada Gallegos Camarena, por tanto, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

DELITOS CONTRA COMUNICADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados a que implementen un protocolo de seguridad para periodistas, y a las procuradurías generales de justicia de los estados a que instauren un protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad.

La diputada María Yolanda Valencia Vales:Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a presentar esta proposición con punto de acuerdo debido a que en los últimos tiempos en nuestro país, las personas dedicadas a las labores periodísticas sufren constantemente actos de violencia como amenazas, secuestros, homicidios y que no han sido resueltos por las autoridades correspondientes, imperando un esquema de impunidad que no puede seguir siendo permitido.

México consagra la libertad de expresión como derecho fundamental en la Carta Magna y por ello ha celebrado diversos tratados y convenciones internacionales en los que se establece el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a los autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada del daño.

Parece entonces elemental que los gobiernos de los estados adopten políticas integrales de prevención, de protección y procuración de justicia que permitan salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente y a estar informados, aún y cuando las situaciones de inseguridad pública y proliferación de grupos de crimen organizados planteen retos sustancialmente distintos a los escenarios de conflicto armado o de violencia generalizada.

Es deber de los estados el prevenir e investigar los hechos delictivos con fundamento en el artículo 21 constitucional, en donde el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad el mando y conducción de la investigación de los delitos y la persecución de los imputados.

Por tales motivos se requiere establecer los mecanismos necesarios que son los protocolos de acción en cada una de las procuradurías generales de justicia de los estados, para dar certeza a la investigación ministerial y asegurar que su actuación se apegue a instrumentos internacionales y a la normatividad local.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la lucha contra la criminalidad exige de todos coincidencia y compromiso, valentía y decisión, unidad y acción.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorte a los gobiernos de los estados a que implementen un protocolo de seguridad que garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión para aquellos que hacen del periodismo su actividad primordial.

Segundo. Se exhorta a las procuradurías generales de justicia de los estados para que en el ámbito de sus atribuciones instauren un protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio a los periodistas en el ejercicio de su actividad.

Dado el tiempo asignado a la lectura de este punto de acuerdo, le solicito, señor presidente, sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados a implantar un protocolo de seguridad para periodistas; y a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, a instaurar uno de investigación relativo a la atención de delitos cometidos contra comunicadores en el ejercicio de su actividad, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Yolanda Valencia Vales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El ejercicio de un periodismo independiente, crítico y equilibrado es un elemento esencial para la consolidación de la democracia, toda vez que hace patente el respeto a la libertad de expresión y el derecho a estar informados.

Hoy esto se ve menoscabado por la violencia, inseguridad e impunidad predominante en nuestro país, toda vez que los periodistas con mayor frecuencia sufren de agravios en el ejercicio de su actividad  por  diversas autoridades y por el crimen organizado. Esta última se ha erigido como la principal amenaza a la libertad de expresión y al derecho que tiene la sociedad a estar informada, que son derechos subjetivos contemplados en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política.

Asimismo encontramos en el contexto internacional que México ha celebrado diversos tratados y convenciones internacionales en los que se establece el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada del daño.

Por tanto, es urgente que los gobiernos de los estados adopten políticas integrales de prevención, protección y procuración de justicia, que permitan salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente y a estar informados, aun y cuando las situaciones de inseguridad pública y proliferación de grupos del crimen organizado planteen retos sustancialmente distintos a los escenarios de conflicto armado o de violencia generalizada.

Aunado a lo anterior, sabemos que hoy día el pleno goce de la libertad de expresión en México, enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y toda vez que son ellos quienes cada día contribuyen a la consolidación de un Estado democrático de derecho y vista la vulnerabilidad a la que están expuestos hoy día, es indispensable que se les asegure la tutela de sus propios derechos humanos, en este caso a una adecuada procuración de justicia, para que puedan desarrollar sus actividades sin obstaculización alguna.

Por lo que es deber de los estados prevenir e investigar los hechos delictivos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada; todo ello con fundamento en el artículo 21 constitucional, en donde se establece que el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad el mando y conducción de la investigación de los delitos, y la persecución de los imputados.

Por tales motivos se requiere establecer los procedimientos necesarios (protocolo) en cada una de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, para dar certeza a la investigación ministerial, y asegurar que su actuación se apegue a instrumentos internacionales y normatividad local.

Compañeras y compañeros diputados: La lucha contra la criminalidad exige de todos coincidencia y compromiso, valentía y decisión; unidad y acción.

Esto es particularmente cierto para quienes desempeñamos una tarea pública frente a los ciudadanos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de ésta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de los estados a que implanten un protocolo de seguridad que garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión, para aquellos que hacen del periodismo su actividad primordial.

Segundo. Se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados  para que en el ámbito de sus atribuciones instauren un protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: María Yolanda Valencia Vales, Emilio Serrano Jiménez, María de la Paz Quiñones Cornejo, Ivideliza Reyes Hernández,  Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Juan José Cuevas García, Juan Gerardo Flores Ramírez, Yulenny Guylaine Cortés León,  Silvia Isabel Monge Villalobos, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Sergio Gama Dufour, Oralia López Hernández,  Yolanda del Carmen Montalvo López, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Tomasa Vives Preciado (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado la diputada Valencia Vales, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Se turna a la Comisión de Justicia.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz:(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Daniel Ávila, dígame.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz(desde la curul): Diputado presidente, para solicitarle a la diputada Valencia Vales pudiera adherirme a su punto de acuerdo.

La diputada María Yolanda Valencia Vales:Sí, con gusto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo, señor diputado, puede usted pasar a la Secretaría a firmar su adhesión.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo que se recibió del señor diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo en relación con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía a formular un extrañamiento al CEFP para que ejerza sus funciones con imparcialidad, objetividad y rigor técnico, pues ha realizado y difundido estudios, conclusiones e interpretaciones que se apartan de la veracidad, generan desconfianza e incertidumbre y desorientan la labor legislativa, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Julio Castellanos Ramírez, integrante de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El día 16 de agosto de 2010, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, difundió una nota informativa cuyo principal propósito era “revisar el avance del ejercicio del gasto con base en los informes sobre la situación financiera, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2010”.

Esta nota informativa con la denominación: notacefp/035/2010; aseveraba, entre otras cosas, que el subejercicio del gasto al primer semestre del año en curso ascendía a más de 77 mil millones de pesos, enumerando ramos administrativos como comunicaciones y transportes con más de 10 mil millones de subejercicio; y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con más de 5 mil millones de gasto sin realizar, que, a consideración de los directivos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), no se habían erogado en concordancia con lo presupuestado.

Estas cifras, carentes de sustento técnico y de una revisión previa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sirvieron a distintos medios de comunicación y diarios de circulación nacional como El Universal y Reforma, para publicar sendas notas en donde se hacía alusión a la poca eficiencia y efectividad del gobierno federal para erogar los recursos que esta honorable Cámara de Diputados aprueba año con año.

Contrario a lo publicado por el CEFP y los distintos medios de comunicación, y acatando lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 23, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó a la Cámara de Diputados los subejercicios presupuestarios registrados al segundo semestre de 2010.

Dichos subejercicios, contenidos en el informe trimestral correspondiente y mismo que utilizó el centro de estudios para emitir la nota informativa en comento, indica puntualmente, entre otras cosas, que el subejercicio en las dependencias al primer semestre de 2010 fue de 9,126 millones de pesos, de los cuales, únicamente 1,920 millones de pesos correspondieron al subejercicio no subsanado, mientras que el restante se subsanaría en los próximos 90 días, tal como establece la normatividad correspondiente. Estas cifras, enviadas por la SHCP a esta Cámara de Diputados, avalan que el subejercicio observado a junio de 2010 es el más bajo para un primer semestre de los últimos años, haciendo referencia indiscutible a la eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto por las que tanto se ha pronunciado el presidente Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional.

Lo anterior se constata ya que en 2006 el monto total del subejercicio representó más del 6 por ciento del gasto total en el mismo periodo; en 2007 casi el 3 por ciento, en 2008 también casi el 3 por ciento; en 2009 el 2 por ciento; y en 2010 apenas rebasa el 1 por ciento.

Es de destacar que las cifras reales de la SHCP indican que los datos del centro de estudios sobreestiman el subejercicio para todos los ramos administrativos, por ejemplo para salud está sobreestimado en 500 por ciento, para desarrollo social en más de 400 por ciento, para Sagarpa en 400 por ciento, para comunicaciones y transportes en más de 200 por ciento, por citar solamente algunos casos.

Desafortunadamente no es la primera ni la única ocasión en que el CEFP emite argumentos sin sustento y que sospechosamente se vuelven inmediatas notas de prensa y posicionamientos de legisladores priistas. Basta recordar la nota emitida el 23 de agosto de 2010 en la primera plana del periódico Reforma, en la que se acusaba a la SHCP de realizar trampas en la información del gasto público, citando una supuesta “investigación” del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; a la cual, puntualmente contra argumentó la SHCP mediante un comunicado de prensa el mismo día.

Para Acción Nacional, compañeros legisladores, resulta preocupante la información emitida en los documentos del CEFP, porque pese a las reacciones en tiempo del Ejecutivo federal, la información falaz y sin sustento emitida por el CEFP ha servido para formular argumentos embusteros de algunos legisladores de oposición en esta tribuna y en algunos otros foros, causando mella y desinformación en la consciencia de los ciudadanos; ocasionando también que mis compañeros de bancada dudemos cada vez más del correcto desempeño técnico y profesional de quienes están al frente de esta institución tan importante para la actividad legislativa de la Cámara de Diputados.

Así, en virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados haga un extrañamiento al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para que, en el ejercicio de sus funciones, se conduzca con imparcialidad, objetividad y rigor técnico, debido a que ha realizado, publicado y difundido estudios, análisis, conclusiones e interpretaciones que se apartan de la veracidad, generan desconfianza, incertidumbre y desorientan la labor legislativa; al tiempo que se le requiera ceñirse a criterios de validez técnicamente fundados para la realización de las investigaciones y análisis encomendados por las comisiones y los legisladores.

Segundo. Se requiere a los directivos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas a verificar puntualmente y de manera minuciosa la información contenida en los documentos que emita el mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.— Diputado Julio Castellanos Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación declare zona de emergencia a diversos municipios del estado de Guerrero y se liberen recursos del Fonden para resarcir los daños ocasionados a las vías de comunicación terrestre y viviendas de sus pobladores.

El diputado Filemón Navarro Aguilar:Gracias, diputado presidente. El suscrito diputado federal Filemón Navarro Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes considerandos.

Las intensas lluvias acaecidas en el estado de Guerrero el pasado mes de septiembre han provocado un sinnúmero de afectaciones a las principales vías de comunicación terrestres y a las viviendas. Entre los municipios afectados se encuentran Metlatonoc, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Chalpatláhuac y Tlapa de Comonfort. Estos municipios son de la parte de la región de la montaña del estado de Guerrero que, conforme a los indicadores del Consejo Nacional de Población, se encuentran en niveles de muy alta marginación.

Las condiciones climatológicas adversas señaladas han complicado las condiciones de vida de sus pobladores. Nadie puede poner en duda la importancia que tienen las vías de comunicación terrestres para la movilidad de las personas y los bienes necesarios para la vida cotidiana de los afectados.

Los diversos deslaves en cerros y levantamiento de carpetas asfálticas de los principales caminos carreteros y rurales han dificultado la entrada de alimentos y la concurrencia a los hospitales cercanos.

Entre las afectaciones a las vías de comunicación se encuentran la carretera Tlapa Metlatonoc que comunica a los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Chalpatláhuac y Atlamajalcingo del Monte, dejando incomunicadas a más de 80 comunidades.

La carretera Tlapa-Alcozauca, que comunica los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Tlalixtaquilla con el estado de Oaxaca. La carretera Tlapa-Marquelia, que comunica a comunidades pertenecientes a los municipios de Metlatónoc, Chalpatláuac, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán.

Por su parte, en los primeros días de septiembre el gobierno del estado de gobierno, a fin de enfrentar estas circunstancias, solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia de 16 municipios, entre los que se encuentran los municipios antes señalados.

A fin de atender la problemática expuesta es urgente declarar zona de emergencia a los municipios de Metlatónoc, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Chalpatlahuac y Tlapa de Comonfort del estado de Guerrero, a fin de implementar mecanismos de ágil y efectiva canalización de los recursos destinados para la contingencia y restablecer a la brevedad las vías de comunicación terrestres de estos municipios.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a que declare zona de emergencia los municipios de Metlatonoc, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Chalpatláhuac y Tlapa de Comonfort del estado de Guerrero, a fin de destinar a la brevedad recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para resarcir los daños ocasionados a las vías de comunicación terrestres y viviendas de sus pobladores.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Segob zona de emergencia diversos municipios de Guerrero y a liberar recursos del Fonden para resarcir los daños en vías de comunicación terrestre y en viviendas de los pobladores, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Filemón Navarro Aguilar, diputado federal por Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Las intensas lluvias acaecidas en Guerrero el pasado septiembre, han provocado un sinnúmero de afectaciones a las principales vías de comunicación terrestre y a las viviendas, entre los municipios afectados se encuentran Metlatonoc, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Xalpatlahuac y Tlapa de Comonfort.

Estos municipios, son parte de la región de La Montaña de este estado, que conforme a los indicadores del Consejo Nacional de Población se encuentran en niveles de muy alta marginación. Las condiciones climatológicas adversas señaladas, han complicado las condiciones de vida de sus pobladores.

Nadie puede poner en duda la importancia que tienen las vías de comunicación terrestre para la movilidad de las personas y los bienes necesarios para la vida cotidiana, las afectaciones por deslaves en cerros y levantamiento de carpetas asfálticas de los principales caminos carreteros y rurales ha dificultado la entrada de alimentos y la concurrencia a hospitales cercanos. Entre las afectaciones a las vías de comunicación se encuentran:

• La carretera Tlapa Metlatnoc que comunica los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Cochoapa el grande, Xalpatláhuac, y Atlamajacingo del Monte, dejando incomunicados más de ochenta comunidades;

• La carretera Tlapa-Alcozauca que comunica los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Tlalixtaquilla y con él estado de Oaxaca;

• La carretera Tlapa Marquelia que comunica comunidades pertenecientes a los municipios de Metlatonoc, Xalpatlahuac, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luís Acatlán;

• De la misma forma han sido afectados los caminos rurales de estos municipios.

Los esfuerzos de las autoridades municipales por enfrentar los embates de la naturaleza han sido inútiles, frente a la magnitud de las afectaciones, las puertas de la ayuda institucional federal no se han abierto para enfrentar esta situación.

Por su parte, en los primeros días de septiembre, el gobierno de Guerrero –a fin de enfrentar estas circunstancias– solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para 16 municipios entre los que se encuentran los municipios antes señalados y a la Comisión Nacional del Agua, la corroboración de desastres en 21 municipios más, afectados por las lluvias, a efecto de obtener recursos federales.

El 7 de septiembre, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, emitió una declaratoria de emergencia para siete municipios de Guerrero: Chilpancingo de los Bravo, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán e Iliatenco; quedando pendiente, la declaratoria de emergencia solicitada por el gobierno de Guerrero en 10 municipios, conforme lo señala la propia secretaría en oficio dirigido a la Cámara de Diputados de fecha 23 de septiembre.

A fin de atender la problemática expuesta, es urgente declarar como zona de emergencia a los municipios Metlatonoc, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Xalpatlahuac y Tlapa de Comonfort de Guerrero a fin de implantar procedimientos de ágil y efectiva canalización de recursos destinados para la contingencia, y  reestablecer a la brevedad las vías de comunicación terrestre en estos municipios.

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

Esta es la grave situación que afecta a los municipios de La Montaña de Guerrero en donde se han dañado las vías de comunicación terrestre y las viviendas de sus pobladores.

Debemos hacer frente a esta contingencia a fin de atender de manera inmediata el reestablecimiento de las vías de comunicación terrestre y ayudar a los pobladores en el levantamiento de sus hogares afectados por las lluvias y los deslaves.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a que declare zona de emergencia los municipios de Metlatonoc, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac y Tlapa de Comonfort de Guerrero a fin de destinar a la mayor brevedad recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para resarcir los daños ocasionados a las vías de comunicación terrestre y viviendas de sus pobladores

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Filemón Navarro Aguilar, Laura Arizméndi Campos, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María Guadalupe García Almanza, Ilich Augusto Lozano Herrera, Esteban Albarrán Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna su propuesta a la Comisión de Gobernación.

Señoras y señores diputados, les informo que tenemos la visita de presidentes municipales electos del estado de Tlaxcala, así como un equipo de sus asesores, a invitación del diputado Carlos Flores Rico.

Igualmente nos visitan maestros y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, a invitación del diputado José Luis Velasco Lino.

También personas y compañeros invitados del estado de Aguascalientes, a invitación del diputado José Antonio Arámbula López.

Igualmente nos visita personal de la asociación civil Red de Mujeres Mexiquenses, a invitación de la diputada Elvia Hernández García.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo que se recibió del señor diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicite a la Embajada de México en Estados Unidos que inicie las negociaciones correspondientes a efecto de establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar por la SRE que la Embajada en Estados Unidos inicie las negociaciones conducentes a establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Baja California cuenta con 253 kilómetros de frontera con California y con 6 cruces fronterizos que propician un intercambio comercial importante.

Esta entidad federativa está integrada políticamente por cinco municipios, entre ellos, Mexicali, que es la capital del estado, y que colinda al este y oeste con Estados Unidos de Norteamérica. Este municipio sobresale por su actividad industrial y agrícola. Al año 2000 contaba con 764,602 habitantes y representa con relación a la población total del estado aproximadamente 30 por ciento. El ritmo de crecimiento de esta ciudad se debe al movimiento migratorio hacia la región fronteriza.

Los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana suman cerca del 79.1 por ciento de la población del estado y la mayor parte de la población estatal se concentra en las cabeceras municipales, en el caso de Mexicali 71.9 por ciento reside en la cabecera municipal.

Baja California se caracteriza por su constante atracción de flujos migratorios, donde la mayoría de los migrantes que tenían intención de cruzar a Estados Unidos, al no lograrlo, deciden quedarse a radicar en la región. La población migrante en el estado representa 43.6 por ciento del total, cuyo origen es, principalmente, de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Michoacán y el Distrito Federal. Estos datos indican que estas poblaciones fronterizas han tenido un crecimiento poblacional con nuevos avecindados que se han integrado a los centros de trabajo de la región.

La dinámica fronteriza se caracteriza por el cruce de la frontera para trabajar, estudiar, realizar visitas familiares, o para el intercambio comercial de bienes y servicios en Estados Unidos, actividades que demandan contar con visa norteamericana.

Según información disponible, aproximadamente la mitad de la población de Mexicali cuenta con esta visa y más de doscientos mil mexicalenses requieren renovarla porque está vencida o cerca de la fecha de vencimiento. Esta situación genera una crisis a las familias de la región, por los gastos de transporte, alimentos e imprevistos que los trabajadores deben realizar para trasladarse a Tijuana, municipio donde se localiza el Consulado General de los Estados Unidos. Gastos que aumentan cuando la solicitud de visa debe realizarse para más de un miembro de la familia, sin incluir el pago del trámite.

La oficina consular de la Unión Americana más cercana a Mexicali se encuentra a más de 200 kilómetros, lo que implica no sólo desembolso económico para los trabajadores sino también costo en tiempo.

Mexicali, como capital del estado, requiere contar con una oficina consular de Estados Unidos, a fin de que en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963 y la Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América firmada el 12 de agosto de 1942, se extiendan visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a Estados Unidos, entre otras funciones consulares.

Aún cuando ya existe un consulado general en el municipio de Tijuana, la necesidad de contar con otra oficina consular en Baja California, coincide con la demanda de otros estados de la República Mexicana. Más aún, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha manifestado la necesidad de contar con una oficina consular en Mexicali, dada la importancia del comercio fronterizo y desarrollo de la comunidad.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores gire instrucciones a la Embajada de México en Estados Unidos de América, a fin de que inicie negociaciones con sus homólogos de esa nación, para que en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963 y la Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de 1942, se establezca una oficina consular en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Nota:

1. De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, realizado por el Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ESTADO DE GUERRERO

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Arizmendi.

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Sólo para solicitarle al diputado Filemón Navarro que como guerrerense me permita unirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, ¿diputado Navarro?

El diputado Filemón Navarro Aguilar (desde la curul): Por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo el diputado Navarro. Puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo igualmente que se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Conacyt, respecto al rediseño de la normatividad que rige al Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Conacyt respecto al rediseño de la normatividad que rige el Sistema Nacional de Investigadores, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza e integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nace en 1984, en un contexto de astringencia económica y de desarticulación de la actividad científica y tecnológica en el país. Desde sus inicios, fue visto como un instrumento de apoyo económico y, por supuesto, de reconocimiento académico para aquellos que se dedicaban a la investigación en el país.

El liderazgo y la vanguardia que se persiguieron desde entonces en la producción científica, humanística y tecnológica nacional son innegables.

De 1984 a 2010, el crecimiento porcentual de investigadores vigentes en el SNI es de mil 89 por ciento, con un crecimiento anual promedio de 11 por ciento.

La distribución de los 16 mil 598 investigadores SIN, con que se cuenta a 2010 en las 7 áreas vigentes, es prácticamente equitativa. Ello garantiza un sistema de investigadores integral y multitemático.

Esas cifras nos reflejan el incesante trabajo que al interior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se lleva a cabo para que el país cuente con más y mejores investigadores. Sin duda, se logró generar un espacio para la investigación de calidad al que se adscribieran los mejores.

En fecha reciente, y a razón del vigésimo quinto aniversario del SNI, se logró congregar a los científicos y tecnólogos del país del más alto nivel para discutir y evaluar el rumbo del sistema. Al respecto, surgieron desde el ámbito académico especializado inquietudes sobre los elementos que requieren ser rediseñados para que el SNI continúe respondiendo con efectividad en el contexto actual.

De entre los problemas identificados se encuentran los siguientes:

• La forma en que se definen las evaluaciones y la designación de beneficios tiene una estructura muy vertical.

• Los incentivos para las instituciones de educación superior respecto a la calidad de la investigación se han tergiversado en una incesante competencia por la cantidad más que por la calidad: “publicar más para reunir puntos y conservar la categoría inicialmente asignada o para ascender en la escala”. Muestra de ello es que “57 por ciento del ingreso mensual de un científico proviene del SNI”.

• Los evaluadores han perdido la imparcialidad debido a que parecen existir mecanismos informales que privilegian a los “amigos” o “conocidos del gremio”; o en los casos en que existe aparente parcialidad, se desestima a aquellos que no son cercanos a éstos. En suma, se ha traducido en un sistema de “tráfico de influencias”.

• Se ha identificado a miembros del SNI, sobre todo del área de las ciencias sociales, cuyas publicaciones, pese a ser de probada calidad no muestran avances significativos o aportes importantes y versan sobre el mismo tema de manera reiterativa. En el argot de esta comunidad se le nombra “refriteo”.

• Las horas de docencia que dan los investigadores miembros del SNI son pocas. Ello impide que el conocimiento y difusión de la ciencia y la tecnología al interior de las aulas del nivel superior sea un elemento sólido en la formación de miles de jóvenes.

• Los elementos burocráticos que implica pertenecer a un cuerpo de investigadores al interior de las instituciones de educación superior y, por otro lado, pertenecer y mantenerse en el SNI, lleva a los investigadores a responder a numerosas cargas de trabajo burocrático que van en detrimento del tiempo que dedican a la investigación o a la docencia.

Si hiciéramos una encuesta entre la comunidad a la que nos referimos, podríamos encontrar muchos más elementos, pero sin duda estos son una muestra clara del sentir de una gran parte de los investigadores y especialistas en educación,  respecto a que aquellas reglas que rigen el SNI requieren un cambio.

El objetivo es, por un lado, que se logren eliminar los vicios “burocráticos” que con el tiempo se adquirieron y, por otro lado, integrarle elementos que le permitan incrementar la productividad científica y tecnológica de calidad.

Esta labor deberá ser menester de a quienes la ley les otorga facultades.

En primera instancia, el consejo de aprobación del SNI, formado entre otros por el subsecretario de Educación Superior y el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, tiene entre sus facultades el “someter a la aprobación de la Junta de Gobierno del Conacyt, los proyectos de normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el SNI”; y por otro lado, los faculta para “expedir disposiciones normativas que regulen su funcionamiento y el de las demás instancias colegiadas del SNI”.

En segunda instancia, entre las facultades del Comité Consultivo del SNI,  citadas en el artículo 9 de su reglamento, se encuentra “opinar sobre la normatividad, organización y funcionamiento del SNI, así como sobre las reformas necesarias para su mejoramiento y actualización”.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos sobre la valiosa aportación del SNI a la consolidación del sector científico y tecnológico del país, a la diversificación de la investigación científica, así como a la elevación de la calidad educativa de las instituciones de educación superior. De igual forma, estamos convencidos de que toda política pública debe estar en constante rediseño para que ésta trascienda con éxito en su aplicación.

Por lo señalado, me permito proponer al pleno de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Exhorto de manera respetuosa al secretario de Educación Pública a girar las indicaciones que se consideren necesarias al subsecretario de Educación Superior y al titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas para que, en su calidad de miembros del consejo de aprobación, pugnen por la expedición de las disposiciones normativas acordes a las nuevas demandas del SNI, a fin de que este instrumento cuente con una normatividad que responda a su contexto.

Segundo.Se exhorta de manera respetuosa al director general del Conacyt a que, con base en las potestades que la legislación correspondiente le asigna, lleve a cabo un proceso de revisión y rediseño de los mecanismos e instrumentos jurídicos bajo los cuales opera el SNI.

Notas:

1 Área I, físico-matemáticas y ciencias de la tierra; área II, biología y química; área III, medicina y ciencias de la salud; área IV, humanidades y ciencias de la conducta; área V, ciencias sociales; área VI, biotecnología y ciencias agropecuarias.

2 Daniel Cazés Menache, “SNI, la perversidad y la prostitución”, revista Emeequis,24 de mayo de  2010.

3 Laura Poy Solano, “El Sistema de Investigadores genera vicios; se descuida la docencia”, La Jornada, 4 de junio de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de octubre de 2010.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología.

REPUBLICA POPULAR DE CHINA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores fije la postura de México en pro de la defensa de los derechos humanos, y solicite a su homólogo de la República Popular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez :Con su anuencia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el gobierno de la República Popular China mantiene encarcelado al escritor Liu Xiaobo, quien recientemente fue distinguido Nobel de la Paz 2010, bajo el cargo de subversión contra el poder del Estado. Este luchador social permanece incomunicado en las mazmorras de Jinzhou, del régimen chino dentro de la provincia de Liaoning.

Las autoridades del gobierno chino sancionaron de manera arbitraria y en contra de los principios consagrados en la Constitución de ese país y en diversos instrumentos internacionales el activismo pacífico de Liu Xiaobo, quien ha sido víctima de persecuciones de Estado durante más de dos décadas, desde las protestas de Tiananmen en 1989, hasta su detención el 8 de diciembre de 2008, y su actual cumplimiento de condena generada únicamente por defender los derechos humanos de sus connacionales.

Asimismo, en un acto de intolerancia, el gobierno chino arrestó de manera arbitraria a Liu Xia, esposa de Liu Xiaobo, después de anunciar que se reunía con diplomáticos de otro país para revisar su situación personal y familiar y que acudiría a recibir el Premio Nobel de la Paz 2010, en representación de su esposo.

Por lo anterior, exigimos la inmediata liberación de Liu Xiaobo, quien no ha cometido mayor delito que ser un pacifista, crítico, literario y político disidente del gobierno chino, preso político de conciencia, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz de 2010 por su largo trabajo no violento a favor de los derechos humanos en China.

Pedimos la libertad de Liu Xiaobo, porque su encarcelamiento viola diversos acuerdos internacionales suscritos por la República Popular China y la propia Constitución de ese Estado, la cual garantiza para sus ciudadanos los derechos de la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación y manifestación, entre otros.

En efecto, la Constitución de la República Popular China vigente, actualmente establece todo un capítulo sobre derechos y deberes de sus ciudadanos. Asimismo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se proclama la igualdad legal y el derecho al pleno ejercicio de las libertades, así como el derecho a no ser arrestado arbitrariamente. Principios que fueron retomados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, documento que integran los principios básicos en materia de derechos humanos a nivel internacional.

Demandamos la libertad inmediata de Liu Xiaobo, y que se suspenda la persecución sobre su familia y los otros 303 intelectuales y artistas de China que suscribieron el documento para la Paz, en la Carta 77 que la oposición de la extinta Checoslovaquia redactó en 1977.

Por lo expuesto y fundado, propongo a esta soberanía la siguiente aprobación de la proposición con los puntos de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se solidariza con el Premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo, en su lucha por el respeto a las libertades, en la búsqueda de la igualdad social y legal y en el reconocimiento a la participación ciudadana y democrática dentro de la República Popular China.

Segundo. Exigimos la inmediata liberación de Liu Xiaobo, injustamente encarcelado, únicamente por emprender una lucha pacífica en busca del ejercicio pleno de las libertades, la igualdad y la participación democrática en la República Popular China.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores fije la postura del Estado mexicano en pro de la defensa de los derechos humanos y solicite a su homólogo de la República Popular China la inmediata liberación de Liu Xiaobo.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fijar por la SRE la postura de México en la defensa de los derechos humanos y a solicitar a su homólogo de la República Popular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Víctor Hugo Círigo Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Consideraciones

El gobierno de la República Popular China mantiene encarcelado al escritor Liu Xiaobo, quien recientemente fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz 2010, bajo el cargo de “subversión del poder del Estado”. Este luchador social permanece incomunicado en las mazmorras de Jinzhou, dentro de la provincia de Liaoning.

Las autoridades del gobierno chino sancionaron de manera arbitraria y en contra de los principios consagrados en la Constitución de ese país y en diversos instrumentos internacionales, el activismo pacífico de Liu Xiaobo, quien ha sido víctima de persecuciones de Estado durante más de dos décadas, desde las protestas de Tiananmen en 1989, hasta su detención el 8 de diciembre de 2008 y su actual cumplimiento de condena, generada únicamente por defender los derechos humanos de sus connacionales.

Asimismo, en un acto de intolerancia perpetrado durante esta misma semana, el gobierno chino arrestó de manera arbitraria a Liu Xia, esposa de Liu Xiaobo, después de anunciar que se reuniría con diplomáticos de otro país para revisar su situación personal y familiar; y que acudiría a recibir el Premio Nobel de la Paz 2010 en representación de su esposo.

Por lo anterior, exigimos la inmediata liberación de Liu Xiaobo, quien no ha cometido mayor delito que ser un pacifista, crítico literario y político disidente del gobierno chino, preso político de conciencia, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz 2010 por su largo trabajo no violento en favor de los derechos humanos en China.

Pedimos la libertad de Liu Xiaobo porque su encarcelamiento viola diversos acuerdos internacionales suscritos por la República Popular China y la propia Constitución de ese Estado, la cual garantiza para sus ciudadanos los derechos a la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación y manifestación, entre otros.

En efecto, la Constitución de la República Popular China vigente establece todo un capítulo sobre derechos y deberes de sus ciudadanos, considerando la igualdad legal, la libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, para realizar desfiles y manifestaciones; la dignidad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no ser arrestado sin fundamento, a formular críticas a los organismos del Estado y a sus funcionarios, así como a plantearles sugerencias, por lo que resulta inadmisible la detención y sanción arbitraria impuesta a Liu Xiaobo.

Asimismo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; se proclama la igualdad legal y el derecho al pleno ejercicio de las libertades, así como el derecho a no ser arrestado arbitrariamente, principios que fueron retomados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, documentos que integran los principios básicos en materia de derechos humanos a nivel internacional.

Demandamos la libertad inmediata de Liu Xiaobo y que se suspenda la persecución sobre su familia y los otros 303 intelectuales y artistas de China que suscribieron la Carta 08, la cual le ha costado al Premio Nobel de la Paz una condena de once años por subversión, de los cuales ha purgado tres. Este manifiesto que acumula más de 20 mil  firmas, inspirado en la Carta 77 que la oposición de la extinta Checoslovaquia redactó en 1977, simboliza la lucha de miles de ciudadanos chinos que aspiran a una sociedad no sólo de oportunidades económicas sino también de libertades, dignas de un  país que ya es la segunda potencia económica del mundo.

Expresamos nuestra solidaridad con los valores y principios que dignifican la vida humana y ciudadana planteados en la Carta 08 porque representan la aspiración de millones de ciudadanos de todo el mundo. Las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de huelga, de  protesta; el pleno respeto al principio de igualdad ante la ley, la igualdad de derechos sociales, económicos, culturales, cívicos y políticos, porque la integridad, dignidad y libertad de las personas debe ser igual para todos; y por reencausar el valor de la democracia y la participación ciudadana.

Es necesario que este órgano legislativo y en general el gobierno mexicano establezca una posición en defensa de los derechos humanos, cuyo contenido es universal y se encuentra por encima de cualquier gobierno.

No es óbice mencionar que este órgano de gobierno es respetuoso de la soberanía de otros Estados nacionales, sin embargo es necesario dejar en claro que ningún gobierno, so pretexto de satisfacer necesidades básicas de sus nacionales, puede establecer posiciones autoritarias que vulneran los derechos fundamentales de las personas, y demuestran posiciones intolerantes ante la crítica, misma que constituye también un derecho fundamental y es un ejemplo a seguir cuando se presenta de manera pacífica.

Por lo expuesto y fundado, propongo a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se solidariza con el Premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo, en su lucha por el respeto a las libertades, en la búsqueda de la igualdad social y legal, y en el reconocimiento a la participación ciudadana y democrática dentro de la República Popular de China.

Segundo.Exigimos la inmediata liberación de  Liu Xiaobo, injustamente encarcelado únicamente por emprender una lucha pacífica en busca del ejercicio pleno de las libertades, la igualdad y la participación democrática en la República Popular de China.

Tercero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores fije la postura del Estado mexicano en pro de la defensa de los derechos humanos, y se solicite a su  homólogo de la República Popular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010. — Diputados: Víctor Hugo Círigo Vásquez, Emilio Serrano Jiménez, Tomasa Vives Preciado, María de la Paz Quiñones Cornejo, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Jesús Ramírez Rangel, César Octavio Pedroza Gaitán, Guadalupe Eduardo Robles Medina, María Guadalupe García Almanza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Laura Arizméndi Campos, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Salvador Caro Cabrera, José Manuel Marroquín Toledo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Presidente.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jesús Ramírez Rangel, ¿dígame, señor diputado?

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Que hable primero ella.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le cede usted la palabra a la diputada. Adelante diputada Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente, para solicitarle al diputado Ciro, como es la responsabilidad de cualquier persona que se precie de ser de izquierda, que me permita el sumarme a su punto de acuerdo en defensa de los derechos humanos, bandera obligada de quienes creemos en la libertad y la justicia.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le preguntamos al diputado Círigo Vásquez si está de acuerdo.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez:Estoy de acuerdo, diputado presidente. Le agradezco a la diputada su adhesión. Muchísimas gracias, diputada Enoé.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame ahora sí, diputado Jesús Ramírez Rangel.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): De igual manera, presidente, además de reconocer y felicitar al orador, me sumo a su propuesta en favor del Premio Nobel de la Paz y de todos los ciudadanos chinos que luchan por sus derechos humanos.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. También el diputado Caro Cabrera pide la palabra, señor diputado Caro Cabrera.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Gracias, presidente, es para consultar al diputado Círigo Vásquez si me permite sumarme a su iniciativa tan oportuna.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez:Muchísimas gracias, diputado. Por supuesto que estoy de acuerdo.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Primero reconocer al diputado Víctor Hugo Círigo esa puntualidad que hace por el respeto de los derechos humanos, y más tratándose de un Premio Nobel. Si me permite diputado presidente, solicítele al diputado si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ya ha manifestado el diputado Círigo, pero de nuevo lo hace manifiesto.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez:Gracias, diputado.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): En el mismo sentido, presidente. El solicitarle a nuestro compañero diputado si nos permite que nos sumemos porque yo creo que él suscribió este punto de acuerdo en cuanto se dio la noticia. Por motivos de agenda, pasa el día de hoy, pero creo que siempre estaremos a favor de la defensa de los derechos humanos. Y, por supuesto, estamos solidarios con todo ello.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Círigo. ¿Acepta usted las adhesiones?

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez:Gracias, diputada.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Puede usted pasar a firma. Igualmente todos los señores diputados que quieran adherirse a la propuesta del diputado Círigo.

El diputado José Manuel Marroquín Toledo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Marroquín, ¿usted también?

El diputado José Manuel Marroquín Toledo(desde la curul): Igual, señor presidente. Felicitar al diputado Círigo Vásquez por su propuesta, y preguntarle también si acepta mi adhesión a ella.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Círigo.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez:Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, diputado José Manuel Marroquín Toledo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

NUEVO GRUPO AERONAUTICO, GRUPO MEXICANA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que otorgue a las aerolíneas de bajo costo horarios de despegue y aterrizaje, que por ahora han quedado sin utilizarse con motivo de la suspensión indefinida de operaciones del nuevo grupo aeronáutico Grupo Mexicana, apegándose a la normatividad en materia de seguridad.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano:Muchas gracias, señor presidente.

Con su venia, compañeras diputadas, compañeros diputados. Por razones de tiempo omitiré la lectura de los antecedentes de este punto de acuerdo.

Si bien la Ley de Aeropuertos establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene, entre otras atribuciones, planear, formular, establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario, otorgar concesiones, fijar bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, establecer las condiciones mínimas de cooperación y seguridad e imponer las sanciones que correspondan por el cumplimiento de la ley, así como los horarios de aterrizaje y despegue de criterios equitativos y, desde luego, no discriminatorios. La Ley de Aviación Civil establece que son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes planear, formular y conducir las políticas, programas para la regulación de los servicios de transporte aéreo, otorgar concesiones y permisos, verificar el cumplimiento, prestar y controlar los servicios a la navegación aérea, promover el desarrollo de la industria aeronáutica y de la aviación comercial, entre otras cosas, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Después de la cancelación de operaciones de Mexicana de Aviación se ha reducido, temporalmente, la oferta de servicios de transporte aéreo en el país, lo que ha afectado a los consumidores con precios elevados y menor disponibilidad de rutas y horarios.

Para revertir esta situación y garantizar la disponibilidad de transporte aéreo al precio más bajo posible en la mayor cantidad de rutas y con el mayor número de frecuencias, es esencial reasignar de manera temporal y permanente los horarios de despegue y aterrizaje, slots, en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Un slot es el horario de aterrizaje y despegue asignado a una línea aérea para la operación de sus vuelos en un aeropuerto. Por ello, se sugiere respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que autorice la operación de cualquier ruta a todas aquellas aerolíneas de bajo costo, apegándose a la normatividad en materia de seguridad, para impedir que se restrinja de manera artificial la oferta de vuelos para los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la SCT, a que otorgue a las aerolíneas de bajo costo horarios de despegue y aterrizaje, slots, que por ahora han quedado sin utilizarse con motivo de la suspensión indefinida de operaciones del nuevo grupo aeronáutico, apegándose a la normatividad en materia de seguridad.

Diputado presidente, solicito que el texto íntegro se publique en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a otorgar a las aerolíneas de bajo costo horarios de despegue y aterrizaje sin utilizar por la suspensión indefinida de operaciones del Nuevo Grupo Aeronáutico, Grupo Mexicana, con sujeción a la normativa en materia de seguridad, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. Desde el comienzo de la historia, los primeros pobladores tuvieron la necesidad de trasladarse distancias considerables. De esta manera, poco a poco, fueron introduciendo métodos de transportación, los cuales se adecuaron a las necesidades de las épocas.

Segundo. En 1924 se inició el desarrollo de la transportación aérea en México con la compañía Mexicana de Aviación, para cubrir una ruta de México a Tampico. El resultado de esto fue la construcción de aeropuertos en Pachuca, Guadalajara, Torreón y por último el aeropuerto de la Ciudad de México.

Tercero. El mercado del transporte aéreo de pasajeros y de carga ha sido parte esencial para el desarrollo del comercio y el termómetro para medir los avances tecnológicos en el mundo, pues con ello se pone a prueba el talento de los científicos e ingenieros en producir aviones más rápidos, livianos y con menos consumo de combustible.

Cuarto. En la búsqueda de nuevas alternativas para el de-sarrollo de la industria del aerotransporte en México, se han establecido con gran fuerza aerolíneas denominadas Low Cost Carrier o de bajo costo.

Quinto.El concepto de bajo costo ha evolucionado con el tiempo, hace 15 años por ejemplo hubo un furor en el mundo por el surgimiento de este tipo de empresas, de las que se pensó que el bajo costo se podía dar teniendo aviones viejos o pilotos con entrenamiento mínimo, hoy se ha descubierto que esto no necesariamente funciona así, ya que los aviones deben tener un ciclo virtuoso donde se tienen que generar suficientes recursos para poder mantenerlos volando y eventualmente sustituirlos.

Sexto. Bajo este proyecto, las aerolíneas son capaces de mantener sus tarifas aún cuando suba el precio de los combustibles, ya que minimizan sus gastos operativos, por ejemplo, no utilizan en gran cuantía papel para los boletos sino que los mismos se venden vía telefónica o por Internet, no cuentan con servicios de alimentación a bordo o su costo es adicional, no hay selección de asientos y existen límites precisos para el equipaje de los pasajeros, entre otros.

Séptimo. Está comprobado que, en los países donde esta modalidad de aerolíneas operan, los viajeros tiene más posibilidades de viajar. Gracias a esto, se espera que el turismo se incremente considerablemente, abriéndose oportunidades innumerables de beneficio económico para el sector turístico.

Octavo. Las ventas directas, sin intermediarios, y la utilización de Internet son otras claves para ahorrar, tanto en infraestructura como en personal. Los precios tentadores también los logran por la buena relación que hay con los empleados.

Consideraciones

La ley de aeropuertos establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene, entre otras atribuciones, planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario, otorgar concesiones, fijar bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación y seguridad, e imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento de la ley.

La Ley de Aviación Civil establece que son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación de los servicios de transporte aéreo, otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento, prestar y controlar servicios a la navegación aérea, promover el desarrollo de la industria aeronáutica, de la aviación comercial entre otras, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Después de la cancelación de operaciones de Mexicana de Aviación, se ha reducido temporalmente la oferta de servicios de transporte aéreo en el país, lo que afecta a los consumidores con precios elevados y menor disponibilidad de rutas y horarios.

Para revertir esta situación, es urgente que se reasignen de manera temporal los slots en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) que por ahora han quedado sin utilizarse, con la finalidad de que otras aerolíneas que así lo deseen puedan prestar sus servicios en las rutas que demanden los usuarios.

Por ello, se sugiere respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), autorice a la brevedad posible a las líneas aéreas de bajo costo, la operación de cualquier ruta, los horarios de despegue y aterrizaje ( slots), apegándose a la normatividad en materia de seguridad, los espacios que Mexicana de Aviación dejó de ocupar.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, otorgue a las aerolíneas de bajo costo, horarios de despegue y aterrizaje ( slots), que por ahora han quedado sin utilizarse con motivo de la suspensión indefinida de operaciones del Nuevo Grupo Aeronáutico (Grupo Mexicana), apegándose a la normatividad en materia de seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputados: Heriberto Ambrosio Cipriano, María del Carmen Izaguirre Francos, María de la Paz Quiñones Cornejo, Julieta Octavia Marín Torres, Juan José Cuevas García (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Transportes.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado García Granados, dígame. Permítame, diputado Rétiz, un momento.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Señor presidente, respetuosamente le pido verificación del quórum, somos 53 diputados, solamente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si me permite, terminando la intervención del señor orador, otorgaremos su propuesta.

APARATOS ELECTRONICOS DE USO DOMESTICO, DE OFICINA Y DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía derogue los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, referentes a la aceptación de equivalencias de normas oficiales mexicanas.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez:Con su venia, diputado presiente. El pasado 17 de agosto del presente año el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la aceptación de equivalencias de las normas oficiales mexicanas 001-SCF1-1993, la 016 y la 019 con relación a aparatos electrónicos de uso doméstico de oficina y de equipos de seguridad de procesamiento de datos.

Lo que se puede considerar como una violación a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dado que en dicho ordenamiento jurídico se establece que los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieren establecer las dependencias, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en la ley.

En ese sentido, si se busca aplicar equivalencias en materia de regulación esto contraviene a lo antes mencionado. Asimismo, el hecho de permitir que los productos provenientes de Canadá y Estados Unidos ya certificados por el cumplimiento de sus normas técnicas deriven en una violación al principio del trato nacional, pues se les dan mayores beneficios a los productos extranjeros sobre los nacionales.

Además de ello, nuestros productos no gozan de los mismos beneficios y oportunidades de los países en comento. Es paradójico que a la actividad que lleva a cabo el organismo de certificación mexicana que realiza las evaluaciones de conformidad de normas técnicas nacionales, no se les otorguen las mismas condiciones de ventaja que el acuerdo pretende otorgar, situándonos en una circunstancia de afectación del principio mencionado.

En el mismo tenor se da el supuesto de naciones más favorecidas, ello debido a que las reglas de la OMC establecen que los países no pueden normalmente establecer discriminación entre los interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial se tiene que hacer lo mismo con los demás miembros.

Bajo este contexto, la Secretaría de Economía con base en lo anterior, violenta y otorga el beneficio a dos países: Canadá y Estados Unidos. Quedando en una posición complicada, debido a que puede darse el inicio de controversia en el marco de la OMC y de los respectivos tratados.

Por lo anteriormente expuesto, es prioritario exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, a derogar los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con estos argumentos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, a derogar los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, referentes a la aceptación de equivalencias de normas mexicanas 001 SCF1 1993, 016 SCF1 1993, y 019 SCF1 1998, o en su caso se entregue a esta soberanía la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica que den validez a la instrumentación de dichas equivalencias.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar por la Secretaría de Economía los acuerdos publicados en el DOF sobre la aceptación de equivalencias de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993 y 019-SCFI-1998, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía a derogar los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, referentes a la aceptación de equivalencias de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y 019-SCFI-1998, o en su caso se entregue a esta Soberanía la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica que den validez a la instrumentación de dichas equivalencias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 17 de agosto del presente año, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la aceptación de equivalencia de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y 019-SCFI-1998, en relación a aparatos electrónicos de uso domestico, de oficina y de equipos de seguridad de procesamiento de datos.

Lo que se puede considerar como una violación a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dado que en dicho ordenamiento jurídico se establece que “los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieren establecer las dependencias, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en la ley...”.

En este sentido, si se busca aplicar equivalencias en materia de regulación, esto contraviene lo antes mencionado.

Asimismo, el hecho de permitir que los productos provenientes de Canadá y Estados Unidos, ya certificados por el cumplimiento de sus normas técnicas, deriva en una violación al principio del Trato Nacional, pues se les da mayores beneficios a los productos extranjeros sobre los nacionales.

Además de ello, nuestros productos no gozan de los mismos beneficios y oportunidades en los países en comento. Es paradójico que la actividad que lleva a cabo el organismo de certificación mexicano, que realiza las evaluaciones de la conformidad de normas técnicas nacionales, no se le otorgue las mismas condiciones de ventaja que el acuerdo pretende otorgar, situándonos en una circunstancia de afectación del principio mencionado.

En el mismo tenor, se da el supuesto de naciones más favorecidas, ello debido a que las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establecen que los países no pueden normalmente establecer discriminación entre los diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con los demás miembros.

Bajo este contexto la Secretaría de Economía, violenta el derecho antes señalado, pues sólo le otorga el beneficio a dos países (Canadá y Estados Unidos de América), quedando en una posición complicada, debido a que puede darse el inicio de controversias en el marco de la OMC y de los respectivos tratados.

Por lo anteriormente expuesto es prioritario exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía a derogar los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con estos argumentos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a derogar los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación referentes a la aceptación de equivalencias de las Normas Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y 019-SCFI-1998, o en su caso se entregue a esta Soberanía la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica que den validez a la instrumentación de dichas equivalencias.

Nota:

1 La Organización Mundial de Comercio ha definido el trato nacional de la siguiente manera: las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado al mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y nacionales y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.— Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Economía.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo a las señoras diputadas y señores diputados que pueden verificar el registro de asistencia, ya que permanece abierto el sistema electrónico de registro de asistencias.

Les informo que se pospone la participación del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD.

Se pospone igualmente otra propuesta del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del mismo grupo parlamentario, y también se pospone la proposición que presentarían un grupo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, para exhortar a la conformación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca de Juárez, y garantizar la seguridad e integridad física de los habitantes.

Dígame, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): En el mismo sentido del diputado que me antecedió en la petición, le ruego a usted se verifique el quórum. Es evidente que no hay los diputados que se reflejan en el tablero de asistencia, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le informo a usted y al diputado García Granados que efectivamente hay muchos diputados trabajando ahora mismo en comisiones y en cuanto proceda, cerrar primero el registro de asistencia, podemos verificar el quórum que ustedes han solicitado.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo que se recibió solicitud de excitativa de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Guadalupe Pérez Domínguez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marín Torres, Margarita Liborio Arrazola y María Isabel Pérez Santos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Comisión Especial para la Familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicitan respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule atenta excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine con la mayor brevedad las 14 iniciativas presentadas en el mismo sentido por diputados de diversos grupos parlamentarios desde el 9 de febrero hasta –la última– el 14 de septiembre del año en curso para reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que los pensionados y jubilados sean exentados del pago de éste.

Antecedentes

Con fechas 9, 10, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero, 25 de marzo, 21 y 29 de abril, 26 de mayo y 14 de septiembre de 2010, en sesión plenaria se presentaron 14 iniciativas con proyecto de decreto por integrantes de los distintos partidos políticos, entre los que destacan PRI, PT, PAN, PRD y Nueva Alianza, para reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de exentar del pago de éste a jubilados y a pensionados.

Pese a que las iniciativas en mención fueron turnadas en tiempo y forma por la Mesa Directiva para estudio, análisis y, en su caso, dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ésta no ha dictaminado con prontitud y diligencia lo correspondiente, ya que en un año de ejercicio legislativo no se han llevado a cabo las reuniones establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo un rezago de 632 iniciativas pendientes de dictamen.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público debió emitir el dictamen de las citadas iniciativas en un término de cinco días hábiles al de la fecha en que se haya recibido cada una de ellas. Sin embargo, han pasado siete meses desde que se turnó una de las primeras iniciativas y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Las iniciativas en comento tienen como propósito eliminar el pago del impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro, o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, excedan o no de 25 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

Lo anterior, en razón de que los ingresos citados ya fueron cobrados a los jubilados y ahora pensionados en su oportunidad y momento, resultando que si se cobran, como se hace hasta ahora, se estaría gravando de manera doble los ahorros de toda la vida de estos trabajadores. Lo anterior, en contraposición con la situación económica del país, que cada día es más difícil y afecta directamente a la clase trabajadora.

Las pensiones y las jubilaciones de los mexicanos son derechos obtenidos con lucha y esfuerzo para que fueran cristalizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera en Latinoamérica de tipo social, pues incluyó la seguridad social, y en ella se constituyó la previsión de los trabajadores que llegaran a la tercera edad.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cobro de dicho impuesto afecta a más de 220 mil pensionados, los que perciben por este concepto un monto superior a nueve veces el salario mínimo.

Como lo señala el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las pensiones están gravadas entre 1.92 y poco menos de 30 por ciento, lo cual repercute negativamente en la economía de jubilados y de pensionados que, habiendo terminado la vida laboral y cumplido las cotizaciones en los institutos de seguridad social, ya no perciben ningún salario, teniendo acreditado su derecho a una pensión o jubilación digna.

Estamos hablando de trabajadores mexicanos que, durante los años laborales, cumplieron sus responsabilidades fiscales, pues dicho monto ya fue enterado a las autoridades hacendarias en su momento, además de que las pensiones no constituyen una fuente de capital o de un rendimiento.

Por lo expuesto, los legisladores, como representantes populares, debemos ser los primeras en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad y armonía entre los sectores de la población. Ya no es posible mantener funcionarios privilegiados y ciudadanos empobrecidos.

De ahí la importancia de que dichas iniciativas sean dictaminadas con la mayor brevedad. De lo contrario, se corre el riesgo de que queden como otras tantas en la “congeladora” legislativa. Es necesario dar respuesta a este sector de la sociedad.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine las iniciativas con proyecto de decreto que reforman la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputadas: Guadalupe Pérez Domínguez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Liborio Arrazola, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marín Torres, Blanca Estela Jiménez Hernández  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social para que emitan el dictamen correspondiente.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió solicitud de excitativa del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,: solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva, formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones del Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de lograr deducibilidad de impuestos sobre colegiaturas pagadas en educación básica obligatoria. Presentada por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo y José Felipe Puelles Espina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día 12 de septiembre de 2005.

Considerandos

I. El lunes 12 de septiembre de 2005, los entonces diputados Margarita Zavala Gómez del Campo y José Felipe Puelles Espina, a nombre del Partido Acción Nacional, presentaron ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de hacer deducible de impuestos colegiaturas pagadas en educación básica obligatoria.

II. La iniciativa citada en el numeral anterior fue turnada a la Comisión de Hacienda, sin embargo a la fecha, no se cuenta con un proyecto de dictamen alguno, o incluso de discusión en lo que atañe a dicha iniciativa, contraviniendo el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 87.Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

III. La importancia que reviste la discusión y dictaminación de esta iniciativa es imperativa.

En la exposición de motivos de esa iniciativa se expresó lo siguiente...

a) Nuestra Carta Magna establece en el artículo tercero constitucional el derecho de toda persona a recibir educación.

b) Para las naciones, lograr una población educada significa el tránsito a una sociedad de bienestar, productiva, competitiva y más democrática. De ahí que todo Estado ubica como una de sus prioridades en política pública la cobertura y calidad de la educación.

c) Particularmente en el reto de una educación para todos, las políticas educativas generadas en los últimos años demuestran el esfuerzo notable por incrementar las oportunidades de acceso a la educación

d) Se ha flexibilizado e incrementado la calidad y pertinencia de los modelos del Instituto Nacional de Educación para Adultos y del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo dirigidos a 32.5 millones de personas en el país, entre las que se encuentran sectores prioritarios de población como: mujeres, indígenas monolingües y bilingües, jóvenes mayores de 18 años, adultos mayores, personas con discapacidad, personas jornaleras agrícolas migrantes e incluso población mexicana que reside en los Estados Unidos de Norteamérica, que no han iniciado o concluido su educación básica.

e) Es imperioso lograr mayor eficiencia en la acción gubernamental para que garantice la educación de millones de mexicanos que hoy representan la oportunidad del bono demográfico.

f) Debemos aprovechar lo que hoy tenemos a nuestro a favor, un amplio sistema de escuelas particulares a las que recurren padres de familia de ingresos medios y altos para ver satisfecha la educación de sus hijos.

El sistema de escuelas particulares, reconocido en la Constitución y de manera amplia en la Ley General de Educación, ha contribuido en la oferta educativa, permitiendo al Estado orientar su acción en las áreas de mayor rezago educacional, atemperando las desigualdades regionales que registra el país.

g) En este tenor de ideas, y con base en el compromiso que el Estado y Acción Nacional tiene para con la sociedad mexicana, consideramos oportuno y justo establecer un incentivo fiscal que permita a los padres de familia tener un mayor beneficio por invertir en la educación de sus hijos y al mismo tiempo permitirá elevar, con menores costos para la población, el nivel educativo de nuestra sociedad, en la medida en que el beneficio fiscal se otorga para el gasto ejercido en educación básica.

h) La deducción fiscal del gasto en colegiaturas por el monto propuesto y para los niveles educativos señalados, disminuyen significativamente la base fiscal para el cálculo del impuesto gravable, lo que permite a las familias contar con un mayor ingreso disponible para generar ahorros y engrandecer su patrimonio.

i) Es así que la propuesta de apoyar a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares en algún nivel de la educación básica y que contribuyen con sus impuestos al erario nacional les brindará un incentivo directo a su economía familiar, al tiempo que permitirá al Estado fortalecer la calidad y equidad educativa.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la H. Presidencia de la Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente:

Excitativa

Único.Tenga por presentada esta solicitud y se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados para que realice el dictamen correspondiente a la iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Presentada por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo y José Felipe Puelles Espina, del Grupo Parlamentario del PAN y a nombre de diputados del mismo grupo parlamentario, el lunes 12 de septiembre de 2005.

Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió solicitud de excitativa del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD

Avelino Méndez Rangel y Fernando Morales Martínez, diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, uno integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el otro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, incisos f) y p); 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, formular una excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a nombre de esta Cámara para que presente su dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión. Esto de acuerdo al artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice

“Artículo 87, Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.”[Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma DOF 04-06-2010]

Segundo. Que es el caso de que, ya hace casi un año, el martes 6 de octubre de 2009, los diputados Fernando Morales Martínez y Juan Carlos Lastiri Quirós, diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometieron a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tendiente a crear la Comisión de Protección Civil como comisión ordinaria de esta Cámara de Diputados, por lo que se propone adicionar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Que en la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictaminación.

Cuarto. Que la situación que guarda la iniciativa es que se encuentra en análisis y pendiente de dictaminación.

Quinto. Que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, ha emitido más de 100 declaratorias de zona de desastre natural o por lo menos de emergencia en un sinnúmero de municipios de los estados de Baja California (Norte), Chiapas, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el estado de México; tan sólo en los meses de febrero a septiembre del presente año.

Sexto. Que los fenómenos de lluvias “atípicas” (que por efectos del cambio climático cada vez serán más típicas) y movimientos telúricos, en lo que va de este año, han afectado sensiblemente la infraestructura y sobre todo a la población de las siguientes zonas metropolitanas estratégicas: Mexicali, Monterrey, Reynosa-Río Bravo y Matamoros, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, Villahermosa y la zona metropolitana del Valle de México. Sin olvidar aquí los severos daños sufridos por la población y los edificios históricos en Tlacotalpan, Veracruz, sitio patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo con la respectiva declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y las Artes, UNESCO . [Cf.http://www.proteccioncivil.gob.mx/ Portal/PtMain.php?nIdHeader=2& nIdPanel=4 & nIdFooter=22]

En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. En los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, ya mencionada, mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tendiente a crear la Comisión de Protección Civil como comisión ordinaria de esta Cámara de Diputados, por lo que se propone adicionar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre 2010.— Diputados: Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que emita el dictamen correspondiente.

ARTICULO 78 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió solicitud de excitativa del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que formule atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que realice el análisis, discusión y aprobación de la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 78 constitucional, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El 16 de junio de 2010 en sesión de la Comisión Permanente con sede en el Senado de la República, la diputada Cora Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78 constitucional, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, el cual propone reformas al texto constitucional y al marco normativo interno del Poder Legislativo federal, con la finalidad de garantizar la representatividad en los distintos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, mediante el reconocimiento del principio de minoría en espacios de deliberación.

La Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa para su estudio análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones encargadas del estudio, análisis y dictamen correspondiente debieron emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se recibió.

Han pasado tres meses desde que se turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Puntos Constitucionales y al día de hoy no han presentado el dictamen para su votación en el pleno.

La comisión legislativa en la presentación del dictamen, no permite concretar la obligatoriedad a rango constitucional de que se le permita a la minoría del Congreso de la Unión, tener representación en la Comisión Permanente. De igual forma imposibilita la aplicación del principio de representación que tiene como derecho el Partido Nueva Alianza y por lo tanto establecer que los legisladores integrantes de la Comisión Permanente, serán nombrados de conformidad con los grupos parlamentarios representados en las respectivas cámaras.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados:

Único.Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78 constitucional, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, que les fue turnada el 16 de junio de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, 27 de octubre de 2010.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.

ARTICULOS 3o. Y 31 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió solicitud de excitativa del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa al Senado de la República, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Francisco Ramos Montaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, que en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, a que presenten a la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes

1. El 17 de abril de 2008, en sesión ordinaria de la LX Legislatura, los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Javier González Garza del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, Ricardo Catú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Marina Arvizu Rivas del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) y Silvia Luna Hernández de Nueva Alianza presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el Artículo Quinto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2002, que reforma el artículo 3o. en su párrafo primero fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma fecha de 17 de abril del 2008, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el turno de la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

3. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, en la elaboración del dictamen correspondiente, tuvieron a bien considerar las siguientes iniciativas:

A. Con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero, las fracciones III, V y VI del artículo 3o. y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3o., 4o., 8o. y 9o. de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 26 de abril de 2007, que propone elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 24 de abril del 2007, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

B. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 6 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 26 de abril de 2007, con el propósito de garantizar el acceso a la educación de calidad, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de abril de 2007, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

C. Con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto transitorio del decreto que adiciona el artículo 3o., en el párrafo primero, las fracciones III, V y VI, y el artículo 31, en la fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José de Jesús Solano Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional, el 18 de agosto de 2007, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

D. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley General de Educación, a efecto de que la educación que se imparta promueva y fomente la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre los géneros, presentada por el Dip. Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 18 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

E. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2002, que reforma el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el Artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el plazo en vigor de la obligatoriedad del primer año de preescolar, del ciclo escolar 2008-2009 al 2011-2012, presentada el 13 de marzo de 2008, por los diputados: Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Adrián Pedrozo Castillo, Sergio Hernández Hernández, Raymundo Cárdenas Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María del Carmen Pinete Vargas, José Rosas Aispuro, Adolfo Mota Hernández, Daniel Amador Gaxiola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ariel Castillo Nájera, de Nueva Alianza, Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo (PT); José Luis Varela Lagunas del Partido Convergencia (Convergencia); y Faustino Javier Estrada González del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LX Legislatura, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 26 de febrero de 2008, y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

4. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, en sesión del 24 de abril de 2008, aprobó en base al estudio y análisis de las iniciativas el proyecto de dictamen en lo general y en lo particular con diversas modificaciones.

5. La Cámara de Diputados en sesión plenaria del 11 de diciembre de 2008, aprobó el dictamen en lo general y en lo particular por 299 votos en pro, 4 en contra y 11 abstenciones, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales del artículo 72.

6. La iniciativa presentada el 17 de abril del 2008 por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura y objetos del dictamen aprobado, se enmarca en el proceso de la reforma del Estado mexicano, que de acuerdo a la Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007, los temas a atender por el Poder Legislativo entre otros es el de las garantías sociales. En este sentido, se asumió el compromiso de presentar ante las Cámaras del Congreso de la Unión las iniciativas de reformas constitucionales necesarias para el país, entre ellas las relativas a la educación.

7. La Cámara de Diputados en la LX Legislatura, en la celebración del primer foro parlamentario de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología en México, efectuado los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006 en Colima, en relación al tema educativo nacional, se destacó que la educación se concibe como una función básica para la construcción de una sociedad libre y una nación soberana. Además, de entender que la educación en su sentido pública, laica y gratuita se sustenta como una de la promesas de la revolución mexicana, la cual fue plasmada en el artículo 3o. de la Carta Magna.

Consideraciones

1. El dictamen aprobado el 11 de diciembre de 2008, con la reforma al artículo 3o. constitucional, señala como derecho que toda persona tiene a recibir educación desde la preescolar hasta la media superior con el carácter de obligatorias.

Enfatiza que la educación será el eje fundamental del de-sarrollo nacional, en donde la federación, estados, Distrito Federal y municipios garantizarán el desarrollo de una política de Estado para tales fines.

Además, la educación fomentará el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la paz, el fortalecimiento y respeto por la diversidad cultural; el fomento de la participación social en la educación, en la promoción de condiciones de igualdad y equidad en el acceso permanente al sistema educativo nacional; la vinculación de la educación al desarrollo científico y tecnológico del país; el financiamiento por parte de la federación, estados, Distrito Federal y municipios en la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo nacional; la impartición de la educación preescolar y primaria en los pueblos indígenas será bilingüe; la atención de la educación superior por parte del la federación, estados, Distrito Federal y municipios.

2. La reforma al artículo 31 constitucional, establece como obligatoriedad de los mexicanos que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior.

3. Bajos las consideraciones del proponente, la educación es un factor fundamental del desarrollo humano, ya que a través de ella, las personas tienen mayores oportunidades de acceder al empleo, y en consecuencia integrarlas a los beneficios del desarrollo.

4. La mejor inversión que puede hacer una nación en la proyección y consolidación de su desarrollo es en la educación. Es una de las vías para mejorar los niveles de vida de la población, principalmente la de los jóvenes quienes en una aspiración legítima, buscan en su preparación encausar sus metas, anhelos y sueños para formarse como profesionistas, muchos de ellos de excelencia, como los hay en el país, quienes con invaluables aportaciones en la ciencia, en la tecnología y en la cultura, han dado prestigio y reconocimiento a México en escenarios internacionales.

5. Lejos de los discursos y reconocimientos sobre la importancia de la educación que en nuestro país sin duda han resultado recurrentes y constantes, es evidente la urgencia de atender las asignaturas pendientes en el sector educativo desde aspectos presupuestales como el de la universalidad de la educación en su calidad y cobertura. Por ello, resulta prioritario contar con una política de Estado que vea a la educación como el instrumento necesario para el progreso, el crecimiento y el desarrollo nacional.

6. De acuerdo al índice de Competitividad Global 2008-2009 del Foro Económico Mundial (WEF), México ocupa el lugar 60 entre 134 países, considerando como causas, los rezagos en educación y en sus instituciones educativas, factores que inciden directamente con el mercado laboral, la competitividad, el mercado de bienes de consumo y el potencial de innovación.

7. La importancia de la educación medio superior en el país resulta incuestionable, ya que de su impartición adecuada depende la calidad en la formación de las generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar formándose como profesionales y técnicos especializados.

8. Finalmente, si se pretende consolidar el impacto de la educación en el progreso, desarrollo y crecimiento de la Nación; así como en la competitividad, en las actividades productivas y económicas vinculadas en el contexto globalizado en el que México está inscrito, y sobre todo, en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, es el momento que esta LXI legislatura, apruebe las reformas constitucionales señaladas a fin de atender la problemática educativa del país y con ello dar certeza y fortaleza a nuestro desarrollo y soberanía como nación.

Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Excitativa

Único. En los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, presenten a la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de octubre de 2010.— Diputado Francisco Ramos Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase al Senado de la República.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió solicitud de excitativa de la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 2, inciso e), 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a la presidencia de la Mesa Directiva, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a efecto de que se dictamine, a la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la minuta por la que se adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, misma que fue recibida por esta soberanía el 20 de abril de 2010, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El día 18 de marzo de 2010, el senador Alejandro Zapata Perogordo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que esa iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, para su estudio y análisis correspondiente.

3. El día 15 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con 84 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

4. La minuta fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados el 20 de abril de 2010, ordenándose su turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a fin de que se emita el dictamen correspondiente.

Consideraciones

El 17 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo. Esta reforma tuvo por objeto establecer a nivel legal los llamados “fines de semana largos”, es decir, recorrer los días de descanso obligatorio al día lunes más cercano a la conmemoración de la fecha cívica que se celebra. Estos fines de semana han tenido la intención por un lado, de que puedan realizarse actividades cívicas relacionadas con las fechas más significativas en la vida política y social de nuestro país, al tiempo que buscan una mayor derrama económica en los bienes y servicios que presta el sector turístico, fomentando la convivencia y fortalecimiento del núcleo familiar.

Esta reforma recorrió el día de descanso obligatorio de 3 fechas al día lunes más próximo, a saber: el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

Ese decreto tuvo una excepción en la celebración del 21 de marzo de 2006, pues con motivo de la conmemoración en ese año del Bicentenario del natalicio del Presidente Don Benito Juárez García, la reforma a la fracción III del artículo 74 entró en vigor a partir del año 2007. Esto con la idea de exaltar la importancia de conmemorar los 200 años del natalicio del Benemérito de las Américas.

En este sentido, desde la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se ha fortalecido la derrama económica en los bienes y servicios que presta el sector turístico nacional, contribuyendo al mismo tiempo a fomentar la convivencia familiar. Sin embargo, en lo relativo a la necesidad de exaltar los valores cívicos de la vida política y social de nuestro país, estos días de descanso aún no han logrado tener el impacto deseado, pues en ocasiones, se resta la importancia de la conmemoración cívica debido a la lejanía entre la fecha en que se conmemora y el día de descanso.

Así, en este año 2010, cuando celebramos 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, es necesario recordar que gracias a las fuerzas que la hicieron posible, la Revolución tuvo un carácter eminentemente popular y encarnó importantes demandas políticas y sociales, por los objetivos que se trazó; la Revolución fue un movimiento primordialmente democrático, ya que luchó por las libertades y derechos como la libertad de expresión, de manifestación y de creencias, el sufragio efectivo, el derecho de huelga, la educación gratuita, el derecho a la tierra, etcétera.

Así, la iniciativa propuesta por el senador Alejandro Zapata resalta la importancia de reconocer el trascendente significado histórico y cívico del que representa el movimiento armado de 1910, otorgándole para el año de 2010, la misma importancia que el movimiento independentista de 1810, reconociendo la relevancia de ambos acontecimientos en la cimentación de nuestro pasado y el fortalecimiento de nuestro presente.

Este criterio orientó a las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, al coincidir en el sentido de que para llegar a un estado pleno de desarrollo cívico y democrático, es necesario promover e impulsar la cultura cívica de los mexicanos, a fin de fortalecer la memoria histórica acerca de los diversos acontecimientos nacionales que han marcado el cambio de manera trascendental en nuestro país.

Es por ello que la minuta enviada por la colegisladora propone que de manera excepcional, durante el año de 2010, la fecha de descanso obligatorio sea el lunes 22 de noviembre, generando así la posibilidad del reconocimiento de la conmemoración cívica y recorriendo por esa única ocasión el “fin de semana largo” a la última semana del mes de noviembre.

Resulta de significativa importancia recordar que el Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se declaro el 2010 “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y de Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”, en el que se establecen los criterios para el desarrollo de un programa que incluye eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos para exaltar la importancia de la gesta revolucionaria de 1910.

Por esta razón resulta relevante que en el año 2010 se traslade el día de descanso obligatorio, del lunes 15 de noviembre al día lunes 22 de noviembre, ya que el día de descanso obligatorio vigente será precedido por cinco días naturales para llevar a cabo la conmemoración mencionada, perdiendo con ello su real sentido cívico el día de descanso obligatorio.

Por las consideraciones expuestas, los que suscriben, someten a consideración de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados la siguiente solicitud:

Único. En virtud de la importancia de conmemorar el Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo tercero transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, aprobada por el Senado de la República el 15 de abril de 2010 y recibida por esta Cámara el 20 de abril del mismo año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Nancy González Ulloa (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Trabajo y Previsión social para que emita el dictamen correspondiente.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió solicitud de excitativa del diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Comisión de Salud.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Salud, a solicitud del diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Luis Marcos León Perea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21, fracciones III y XVI, y 85, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados la presente solicitud de excitativa a la Comisión de Salud al tenor de las siguientes;

Consideraciones

1. El 19 de mayo del 2009 los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Emilio Gamboa Patrón presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de prevención, vigilancia y control de infecciones nosocomiales.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que fuera turnada a la Comisión de Salud de dicha Cámara legislativa.

3. Desde entonces y a la fecha, la comisión responsable de emitir el respectivo dictamen, es decir la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ha hecho caso omiso de esta tarea.

4. Todas las premisas con las que se construyó dicha iniciativa siguen vigentes, y aún se han agravado.

Por lo expuesto y fundado, solicito atentamente a la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único.Se excita a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para retomar y dar curso a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y control de infecciones nosocomiales presentada por los diputados Lorena Martínez y Emilio Gamboa Patrón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de mayo del 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputado José Luis Marcos León Perea (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Salud para que emita el dictamen correspondiente.

FRANCISCO I. MADERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que se recibió el texto de la efeméride con motivo de la conmemoración del natalicio de Francisco I. Madero —el 30 de octubre de 1873—, a cargo del señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: « Efeméride de Francisco I. Madero, o de cómo un reformista se transforma en revolucionario, a cargo del diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Han transcurrido más de cien años de la presentación pública de las propuestas constitucionales y políticas de Madero y hasta ahora no se han concretado. Madero sigue vivo porque sus ideas lo están, así como su ejemplo de lucha cívica. En sus aciertos los mexicanos debemos ver una orientación para el futuro de México, el que tiene que ver con la construcción de un sistema democrático y, de sus desaciertos, debemos aprender que los procesos de cambio político requieren de compromisos colectivos e incluyentes que involucran y atañen a todos y, que no son ni responsabilidad ni obligación del mejor líder. Si Madero fracasó, lo fue porque fue incomprendido por los sectores relevantes de su tiempo. La transformación democrática exige grandes dotes pedagógicas para transmitir los presupuestos, los procedimientos y los fines del cambio y, Madero las tuvo, pero no fueron suficientes para introducirlos en el alma individual y colectiva de los mexicanos.

Su ideario político lo defendió ante sus contemporáneos no sólo con la exposición de un marco teórico sino que lo promovió con la acción política. Como todos sabemos, Madero entregó su vida y su riqueza personal en la promoción de su proyecto político. Su coherencia política y ética están fuera de cualquier duda. Madero fue un hombre visionario, claro y honrado que quiso situar a México entre las naciones civilizadas y democráticas de su época.

Francisco I. Madero no planteó inicialmente una revolución, él prefería un cambio político pacífico para México. En su obra La sucesión presidencial en 1910 propuso la creación de un partido político –el Partido Nacional Democrático– y buscó motivar a los ciudadanos para que se interesaran en la contienda electoral de 1910. Los males de México, los ubicó en el “absolutismo” del ejercicio del poder y, por ello, apostó por la instauración de una democracia. La sucesión presidencial en 1910 defendió el antirreleccionismo como principio básico de la organización política del país, aunque Madero conciliadoramente con el antiguo régimen, estuvo dispuesto a negociar con Porfirio Díaz una última reelección a cambio de que el vicepresidente fuese elegido libremente por los ciudadanos. Las ideas de Madero sobre el cambio político, no son para muchos estudiosos tan radicales como podría suponerse, pues Madero se preocupó sobre todo por la permanencia antidemocrática de Díaz en el poder y su sustitución en el mismo por medio de elecciones libres. Su tesis no radicó en una transformación total de las instituciones sino en el fin del dominio de Díaz en la política nacional.

El cambio del planteamiento inicial de Madero –pacifista y pactado- a favor del levantamiento armado (la Revolución como motor de transformación) fue consecuencia de su participación política como candidato presidencial y, de la rigidez y cerrazón del régimen ante su propuesta de apertura política. La candidatura de Madero a la presidencia y su enorme popularidad en la población despertaron inquietud en el gobierno de Díaz, quien decidió aprehenderlo y encarcelarlo. En el Plan de San Luis, que se redactó en San Antonio, Texas una vez que Madero se fugó de la penitenciaria de la capital potosina, es en donde Madero convocó a todos los mexicanos a la lucha armada para el 20 de noviembre de 1910 a las seis de la tarde de ese día.

Madero nunca pretendió antes del Plan de San Luis el cambio violento del régimen de Díaz. Madero siempre abjuró y condenó los movimientos violentos. Él quiso ante todo una sustitución pacífica y pactada con el régimen de Díaz, que hoy ubicaríamos dentro de los procesos de tránsito a la democracia. Su apuesta fue a favor de la creación de partidos políticos y de procedimientos electorales transparentes. Elementos que típicamente han sido parte de los procesos de transición a la democracia que a finales del siglo XX se han vivido en muchos países del mundo y que han permitido la transformación de regímenes autoritarios en democracias. En este sentido expuso que:

“La hipótesis de que estalle una revolución es la menos probable de todas, pues, por un lado, el elemento gobiernista procurará evitarla a toda costa y el medio más eficaz y más sencillo consistirá en hacer concesiones a la voluntad nacional, lo cual está en su mano; por otro lado, los que formen el Partido Democrático, como lo indica su nombre, son partidarios de la ley y por amarga experiencia sabemos los mexicanos que siempre que hemos empuñado las armas para derrocar algún mal gobierno hemos sido cruelmente decepcionados por nuestros caudillos que nunca nos han cumplido las promesas que nos hicieron, por cuyo motivo las tendencias del Partido Democrático serán, precisamente, trabajar por que por medio de prácticas democráticas se verifique el cambio de funcionarios”.

La caracterización de Madero sobre los regímenes “absolutos” y democráticos coincide, como ya se dijo, con las notas que sobre los mismos desarrollan las teorías políticas contemporáneas. Juan Linz ha indicado que un régimen autoritario es aquél que cuenta: 1) con un pluralismo limitado y no responsable; 2) no tiene una ideología acabada pero sí ciertos comportamientos políticos; 3) movilización política casi inexistente a no ser porque el régimen la impulse al necesitarla; y, 4) El poder reside en un líder o en un pequeño grupo. El ejercicio del poder que realiza puede totalmente predecirse aunque aparentemente no estén bien definidos sus límites formales. Samuel Huntington señala que existe democracia si las elecciones son abiertas, libres y justas y, sostiene que los demás elementos que se incorporen a este núcleo inicial no son más que idealistas connotaciones a las que algunas personas pueden aspirar (control sobre los gobernantes, libertad, igualdad, fraternidad, transparencia pública, deliberación pública de los asuntos, igual participación en el poder, etcétera).

Madero opinaba que México estaba gobernado por una dictadura militar en la que existía unanimidad para el nombramiento de funcionarios, en donde las Cámaras legislativas y casi todos los “servidores públicos” actuaban por consigna del dictador, existía escasa libertad de imprenta, el designio más importante de Díaz era permanecer en el poder sin tener ninguna ideología política acabada, el régimen se asentaba en un poder centralizado –no se elegía ningún gobernador ni alcalde sino era por voluntad del dictador–, los políticos estaban subordinados al poder central, no existían movilización política –el régimen de Díaz había propiciado la existencia de dos grupos afines al interior del régimen: el de los científicos y el reyista–, el pueblo vivía con temor aunque dentro de un marco de paz social impuesta y, si acaso se producía algún brote de protesta, éste era acallado por cualquier medio.

El régimen era, como puede observarse, claramente autoritario: pluralismo profundamente limitado, sin ideología precisa, movilización política sólo al interior del régimen y con el beneplácito del dictador, y el poder residía en un solo hombre que determinaba las principales decisiones nacionales.

Para enfrentar las condiciones de poder autoritario, Madero estimaba que era preciso que las elecciones de 1910 fuesen libres, abiertas y justas –libertad de sufragio y no reelección- y, que para impulsar una candidatura alternativa a la de Díaz, se requería formar un partido –el Partido Nacional Democrático-, el que en convención democrática se debía elegir a su candidato a la presidencia –de preferencia invitando a alguno de los miembros de la administración de Díaz-. Madero indicaba que para que el Partido Nacional Democrático cumpliera su misión era necesario que el general Díaz renunciara al sistema de persecuciones y que concediera libertad a los ciudadanos para que éstos organizaran libremente partidos políticos y pudiesen elegir a sus gobernantes.

En el Plan de San Luis, Madero convoca a los ciudadanos de la República a tomar las armas para poner punto final a la dictadura. El plan es consecuencia como ya se mencionó de la aprehensión de Madero antes de las elecciones de 1910 y a que éstas fueron total y evidentemente fraudulentas. Los primeros puntos del plan tienen por propósito declarar nulas las elecciones para presidente y vice-presidente de la república, magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en los meses de junio y julio de 1910. Además, se desconoce el gobierno del general Díaz y a todas las autoridades que fueron electas en esas elecciones y que son consideradas fraudulentas.

En el histórico documento, Madero sostiene que la tiranía de Díaz ofrece la paz, pero que se trata de una paz vergonzosa para el pueblo de México porque no tiene por base el derecho sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos. El plan realiza un retrato de las instituciones:

 “Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al ejecutivo; la división de los Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia en vez de impartir protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera a las autoridades municipales”.

La presidencia de Madero está enmarcada por enclaves autoritarios que propiciaron que ésta concluyera violentamente. Entre éstos podemos mencionar: lo paradójico que resulta conformar una democracia liberal a partir de una revolución armada; la permanencia e influencia en el poder del ejército y de otros sectores porfiristas; la influencia perniciosa del gobierno de los Estados Unidos; la incapacidad de Madero para proponer una reforma integral de régimen; y, los conflictos con el sector más radical de la Revolución.

El profundo cambio revolucionario no se dio. La manera de concebir la realidad y de actuar en el terreno público y privado de las elites políticas y económicas del porfiriato se mantuvo, con toda su carga de desprecio al pueblo y, por quienes no formaban parte de los círculos cercanos al antiguo régimen. Tampoco se realizó un pacto claro y expreso con esos sectores –no para gobernar el día a día- sino para modificar las instituciones existentes y generar otras que permitiesen la instauración de una democracia liberal que no sólo radicara en el respeto a los principios de no reelección y sufragio efectivo sino que transformara la totalidad de las instituciones y poderes públicos. En otras palabras, ni la revolución se llevó a sus últimas consecuencias ni se materializó una transición a la democracia que modificara las principales reglas e instituciones del entramado político del porfiriato.

Lo anterior era consecuencia también del clima político-intelectual de la época. Como lo ha señalado Ignacio Marván Laborde, la modernización del sistema político consistía en la reivindicación de la Constitución de 1857, el respeto al sufragio y del principio de no reelección. Aún en el Programa del Partido Liberal Mexicano de primero de julio de 1906, de evidente factura anarquista, las propuestas de reforma institucional consistían en lo siguiente: 1) Reducir en cuatro años el periodo presidencial; 2) Establecer el principio de no reelección para el presidente y los gobernadores; 3) Contemplar y garantizar la libertad de expresión; 4) Eliminar la institución de los jefes políticos; y, 5) Reorganizar al municipio.

Por eso las dos reformas jurídicas importantes, consecuencia inmediata del éxito del levantamiento del 20 de noviembre de 1910 fueron: 1) La reforma constitucional de siete de noviembre de 1911 que estableció el voto directo y prohibió la reelección del presidente y los gobernadores; y, 2) La aprobación en mayo de 1912 de una nueva ley electoral, que además de establecer el voto directo preveía reglas para la formación de partidos políticos.

La principal aportación de Madero a la vida nacional la ubicamos, sin lugar a dudas, en su concepción sobre la democracia liberal. Madero a partir de su formación teórica y de sus experiencias personales vividas en los Estados Unidos y en Francia, percibió que los sistemas políticos más justos y libres estaban basados en tres elementos: 1) la existencia de partidos; 2) Las elecciones –libres, auténticas y periódicas- como mecanismo para dirimir quien permanece en el poder transitoriamente; y, 3) La conformación de una opinión pública informada basada en una prensa libre.

Los tres elementos anteriores definen cualquier concepto mínimo de democracia de hoy en día. Las obras de teóricos como Schumpeter, Robert Dahl o Giovanni Sartori, no tienen problema alguno para admitir que una democracia sólo se reconoce como tal si esos tres elementos básicos y fundamentales están presentes en un sistema político. En este sentido, Madero fue el primer político de México que llegó al poder y advirtió el núcleo principal que conforma una democracia occidental.

Sin embargo, Madero no fue comprendido en su tiempo porque los habitantes de la época no tenían la conciencia, la creencia en la legitimidad de que la democracia liberal era la mejor forma de gobierno. Lo anterior, desde luego no es imputable a una sociedad en donde casi el 90 por ciento de la misma era analfabeta y en donde el régimen porfirista contaba con un halo de legitimidad basado en una paz y prosperidad impuestas a costa de las libertades básicas de todos.

Aún hoy en día, muchos sectores de la sociedad, no comprenden a cabalidad que la democracia es no solo el mejor método de gobierno existente, sino que es el sistema político en donde realmente tenemos la posibilidad de vivir una vida plena porque podemos diseñar libremente nuestros planes y proyectos de vida con autonomía, dignidad y autodeterminación. La democracia no se arraiga ni se consolida en México porque carecemos de esa conciencia y, por ello, el legado de Madero permanece vivo.

Muchos ahora, como en el tiempo de Madero, lo pueden cuestionar por no haber tenido una clara conciencia social, en los grandes problemas nacionales, tal como les llamó Andrés Molina, lo que en buena medida es totalmente cierto. Lo que habría que replicar a esos críticos, es que sin democracia liberal, que es el presupuesto para la discusión de los grandes problemas nacionales, la satisfacción de los derechos sociales, en caso de darse, sería impuesta a costa de los derechos de libertad de las minorías. Desde luego que se debe aspirar, porque es un deseo legítimo y deseable, a contar con una sociedad más justa e igualitaria, pero cualquier lucha política para la consecución de esos objetivos debe realizarse a través de las vías de la democracia liberal.

En consonancia con los ideales de Madero estamos obligados a perfeccionar los instrumentos de la democracia liberal que él propuso. En este sentido, es obligado reflexionar sobre nuestro sistema de partidos, nuestro sistema electoral y, sobre si los medios electrónicos de comunicación de nuestros días garantizan nuestros derechos a la libertad de expresión e información.

El sistema de partidos en México presenta rasgos preocupantes. Hemos conformado una partidocracia pero no un sistema de partidos democráticos. En ellos no existe vida interna democrática, las dirigencias se colocan por encima de las militancias, carecen de transparencia para la toma de decisiones y, el sistema de financiamiento y fiscalización vigente, no favorece la rendición de cuentas a la sociedad sobre los recursos que reciben y administran. La legislación no permite las candidaturas independientes, tampoco los obliga a contar con estructuras y procedimientos democráticos.

En cuanto al sistema electoral, éste aún presenta enormes deficiencias, entre las que podemos mencionar: la pervivencia del financiamiento privado que privilegia que los grandes empresarios y los poderes fácticos influyan en las contiendas electorales violando el principio de un hombre un voto; el gasto desmesurado del Estado –y por tanto de los contribuyentes– en el financiamiento público y en la organización de los procesos electorales; la carencia de autonomía e independencia de los órganos electorales, tanto de los federales como de los locales; la ausencia de mecanismos que legitimen procesalmente a los ciudadanos para impugnar resultados electorales o decisiones de las autoridades que violenten los principios básicos de la organización de los procedimientos electorales; la ausencia de autonomía de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales; la debilidad del marco penal para tipificar y sancionar conductas que infringen los principios electorales; las limitaciones jurídicas e institucionales para prevenir y sancionar las distintas formas de compra y coacción del voto; la pervivencia del clientelismo y el corporativismo político; la inexistencia de mecanismos adecuados para evitar que se desvíen ilegalmente recursos públicos a las pre y campañas electorales; la indebida derogación de las causales abstractas de nulidad de las elecciones; y, en general, la incapacidad del sistema electoral vigente para garantizar plenamente elecciones libres y equitativas.

Respecto a los medios de comunicación electrónica, y a pesar de las reformas a la Constitución de 2007 y a la legislación federal de 2008, éstos determinan indebidamente la vida política del país y la profundidad de los avances democráticos. No se garantiza en nuestro país la libertad de expresión ni el derecho a la información. Muchos sectores y puntos de vista no tienen cabida en los medios de comunicación existentes.

En los medios de comunicación electrónica no hay competencia sino que prevalece un duopolio en la televisión privada y una oligarquía que favorece a unas cuantas empresas en la radio. La televisión y la radio pública, comunitaria e indígena no son alentadas seriamente por el Estado. El Congreso ha sido incapaz para aprobar una nueva legislación en la materia.

El derecho de réplica no se ha regulado en la ley secundaria. Tampoco existe una ley sobre la publicidad gubernamental que garantice imparcialidad y equidad en la presencia de los tres niveles en los medios de comunicación electrónica. Los medios tienen la fuerza y la posibilidad de construir o de destruir carreras políticas.

Sin embargo, lo más pernicioso del funcionamiento de los medios para el sistema político mexicano, reside en que éstos definen la agenda nacional y han sido incapaces para promover la cultura y la educación de los mexicanos y, desde luego no son útiles en las condiciones en las que se encuentran, para que exista un debate vigoroso, informado y libre sobre los grandes problemas nacionales.

El breve análisis expuesto nos muestra que las propuestas de Madero siguen sin realizarse. Estamos obligados a construir una democracia como él la quería. Para eso debemos luchar como nos enseñó, recurriendo en primer lugar a las vías pacíficas de participación electoral, protesta y de movilización y, si éstas no son suficientes para construir y consolidar la democracia, creo que es válido al menos preguntarnos como Madero –ante la cerrazón del régimen– si no es momento de emprender otras formas de reivindicación y reclamo político.

Notas:

1 Garciadiego, Javier, “Prólogo”, en Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, México, Random House Mondadori, 2010, pp. 13-25.

2 Knight, Alan, La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, México, Editorial Grijalbo, 1996, vol. I, p. 83.

3 Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, México, Random House Mondadori, 2010, p. 360.

4 Linz, Juan, “Totalitarian and Authoritarian Regimes, en Greensteinan, Fred I. (ed.), Handbook of Political Science, vol. 3, Berkeley, University of California, 1975, p. 24.

5 Huntington, Samuel, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991, p. 9.

6 Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, obra citada, pp. 210-272.

7 Madero, Francisco I., Plan de San Luis. Documentos facsimilares, México, Partido Revolucionario Institucional, Comisión Nacional Editorial, 1976; y, Dromundo, Baltasar, Emiliano Zapata, México, Imprenta Mundial, 1934, pp. 36-41.

8 Marván Laborde, Ignacio, “La revolución mexicana y la organización política de México: la cuestión del equilibrio de poderes (1908-1932)”, inédito, 2010.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

En el orden del día están registradas seis intervenciones más para efeméride. Se invita a los proponentes remitir a esta Mesa Directiva los textos de sus intervenciones para insertarlas en el Diario de los Debates como si hubieran subido a tribuna.

ESTADO DE QUINTANA ROO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride con motivo del trigésimo sexto aniversario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del PRI

Orgullosos de nuestra mexicanidad y de la herencia que nos distingue como hijos del maíz y el mar, los quintanarroenses celebramos este mes 36 años de Libertad y Soberanía.

El 8 de octubre de 1974 más que un nacimiento, marca el robustecimiento de un quintanarroismo que en los inicios de 1900 aspira ya a conducir el destino de su tierra.

Tras décadas de vaivenes centralistas, el anhelo de nuestros abuelos se hace lucha en 1946, la que  no obtiene el reconocimiento legislativo nacional sino hasta 28 años después.

La iniciativa del presidente Echeverría Álvarez la hemos asumido en los años con responsabilidad, sobre los valores y principios que nos han definido en el tiempo:

La herencia maya, sin duda, templa nuestro espíritu inquebrantable.

La hermandad peninsular da cuerpo a nuestra voz.

Las olas del Caribe movilizan nuestro ser con ritmos y costumbres variopintos.

La entereza de nuestros padres reviste de humanismo nuestra causa común.

Es por ello que este mes reconocemos a todos aquellos hombres y mujeres que, con visión republicana, han creído en el sueño y la madurez política de los quintanarroenses.

No es casual que llevemos con orgullo el nombre del prócer Andrés Quintana Roo, cuyo lugar privilegiado en la historia, junto al de Leona Vicario, inspiró a las generaciones que en este rincón del país creen en el carácter positivo de la autodeterminación.

Particularmente, desde esta soberanía, recordamos a: Enrique Barocio, José Marrufo Hernández, Gil Aguilar, Mariano Angulo Medrano, José María Vela, Baltazar González, Pedro Cervera, Primitivo Alonso Fernández, Juan Villanueva Rivero, Belisario Pérez.

A Aurelio Aranda Trigueros, Arturo Namur Aguilar, Manuel Jiménez Marín, Julián Sansores Aragón, Pedro Pérez Garrido, Abraham Villanueva Vega, Primitivo Alonso Marín, Ramón González Téllez, Spiro Yeladaqui,  Narciso Alpuche Rivero, Alberto Anduz.

A don Francisco Cordero, Apolonio Polanco Méndez, Adrián Onofre, Gerardo Oliva, Demetrio Yeladaqui, Manuel López Sánchez. Todos ellos integrantes de aquel decisivo y entrañable Comité Proterritorio Federal de Quintana Roo.

Hoy, les honramos con el compromiso de una entidad que mira siempre hacia adelante, resultado con resultado.

En 36 años de esfuerzo compartido, hemos pasado de los 130 mil habitantes a un millón 300 mil con la tasa más baja de desempleo del país, y la más alta en calidad de vida.

Nuestra economía es en 2010 fuerte y justa. Potencia turística No. 1 de México y Latinoamérica con más de 75 mil habitaciones de hotel.

La oferta educativa crece a un ritmo sin precedentes para una juventud ansiosa por escribir con sus manos la historia que ningún huracán podrá borrar.

La expansión de la infraestructura carretera, portuaria, urbana y rural son las huellas de un arduo camino que día a día redunda en condiciones de oportunidad para todos.

La experiencia exitosa por encima de la adversidad nos invita a mirar al sur y a su capital extraordinario para desa-rrollo social y económico de la nación.

En esta ocasión, los legisladores por Quintana Roo conmemoramos esta fecha haciendo eco en San Lázaro del llamado más sentido de nuestros paisanos por la paz y los acuerdos.

Estamos convencidos de que las circunstancias nos exigen superar los protagonismos sin sentido para avanzar en las reformas de un México más justo y competitivo.

En Quintana Roo, todas las fuerzas políticas y el gobierno del licenciado Félix Arturo González Canto coinciden en la necesidad de impulsar la educación, la ciencia y el empleo.

La crisis está demostrando cuan pertinentes son las políticas de rostro humano por encima de aquellas que, atendiendo sólo a los efectos, son superadas por el crimen y la pobreza.

En el trigésimo sexto aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nuestro deseo es, pues, aportar todas nuestras capacidades en la ardua tarea de reconstrucción nacional.

Reivindicar nuestra vocación de servicio y nuestra convicción federalista ha sido una tarea permanente que no admite postergación.

Los quintanarroenses lo estamos haciendo convencidos de que una nueva época nos pertenece y que a ella vamos a responder con la misma nobleza y visión humanista con que nuestros padres y abuelos forjaron el pueblo libre y justo que palpita bajo el sol de México. Muchas Gracias.

Palacio Legislativo, martes 5 de octubre de 2010.— Diputada Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica).»

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride relativa al 12 de octubre de 1492, a cargo del diputado T. Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Con su permiso Diputado Presidente; compañeras y compañeros Diputados:

Para los pueblos originarios de México es particularmente trascendente la conmemoración del día 12 de octubre; sobre todo en este año en que se celebran dos siglos del inicio de la lucha por la independencia de lo que hoy es la Nación Mexicana y un siglo del comienzo de la revolución que definió un proyecto de nación revolucionario, con democracia, justicia y libertad.

Los indígenas decimos, que de estos dos grandes acontecimientos no tenemos mucho que celebrar.

Esta afirmación se sustenta en los hechos recogidos por la historia y por lo que hoy podemos medir con los instrumentos de las ciencias sociales.

Para el indígena que les habla, sin rencor pero con objetividad, el 12 de octubre de 1492, inició, para algunos, una época de auge; pero para otros, los pueblos originarios después de 518 años siguen padeciendo discriminación, exclusión social y política, despojo de sus tierras y menosprecio por sus lenguas y culturas, por parte de la sociedad mexicana mayoritaria.

En México, sus clases política y económica han aprendido bien el discurso de moda en cada época, sobre los conceptos de justicia, de democracia y de igualdad, pero poco, muy poco de esos principios se han aplicado a los herederos de los pueblos originarios de México.

Los pueblos indígenas hoy se encuentran en el nivel de la subsistencia.

Esa subsistencia tiene sus bases en las luchas que han librado por la defensa de su dignidad; por su estrategia de refugio para estar fuera del alcance de la violencia y ambición del otro México. Pero también, hay que decirlo, por la comprensión y valoración de sus culturas que hicieron algunos conquistadores y por mexicanos no indígenas y extranjeros que, en los doscientos últimos años, han visto en el aprecio de las culturas indígenas un importante factor para alcanzar un país próspero y equitativo.

Es importante destacar el papel de la lucha indígena en los organismos multilaterales. Éstas instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, El Consejo Económico y Social, El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la organización de las naciones unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, han sido espacios donde los indígenas han encontrado el apoyo a sus reivindicaciones, que en sus países no han tenido y han sido un gran aliado en la defensa de sus causas.

La diferenciación entre mexicanos indígenas y mexicanos no indígenas no la hacen los pueblos originarios; la han construido la discriminación social y su reflejo en las políticas de gobierno.

La confirmación de esta afirmación es que todas las formas y métodos de información estadística y de medición del bienestar, confirman que la pobreza y la falta de oportunidades están localizadas en las regiones indígenas.

La situación de pobreza y exclusión de los pueblos originarios tiene raíces históricas y los mexicanos actuales no somos responsables de ellas; pero de lo que si somos responsables es de la construcción de un futuro de dignidad y justicia, para todos.

Los retos mayores del México contemporáneo: de democracia, de la justicia, de gobernabilidad y de desarrollo pasan por atender, mediante una Política de Estado, las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas.

La solución a los problemas de los pueblos originarios de México no es solo de carácter social. La pobreza de los pueblos es solo una manifestación del problema sustantivo que es esencialmente político.

Los pueblos indígenas son pobres porque desde hace 518 años perdieron su libertad. Luego entonces, el mayor reto político y democrático de la actualidad es regresarles, en la Ley y en la acción de gobierno, esa libertad.

Desde nuestro punto de vista, el desafío sustantivo de las instituciones y poderes del Estado Mexicano es crear las condiciones para hacer efectivos los derechos colectivos que la Constitución y los tratados y declaraciones internacionales en la materia, reconocen a los pueblos indígenas.

La Nación no va desmoronarse porque los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su autonomía. No, la experiencia internacional y numerosos ejemplos nacionales indican que al fortalecer la vida comunitaria se fortalece la unidad nacional.

El Estado no va a perder las pocas potestades exclusivas que aún le quedan por hacer efectivo el derecho de los pueblos originarios a la consulta y por llegar a acuerdos con ellos, previos al otorgamiento de concesiones o de expropiaciones. No, por el contrario al consultar a los pueblos el Estado estará dando muestras de un ejercicio concensuado del Poder y de reconocimiento de su voluntad de diálogo, respetuoso, justo y equitativo, con los pueblos indígenas; además de propiciar la corresponsabilidad y establecer condiciones para la transparencia y rendición de cuentas de la acción pública.

Los legisladores indígenas consideramos que así como el Constituyente de 1917 tuvo la visión y la capacidad para construir el Estado Social de Derecho. El actual Congreso tiene condiciones y capacidad, solo falta la voluntad y el liderazgo, para construir el Estado Pluricultural de Derecho que de una vez y para siempre siente las bases de la convivencia con justicia e igualad para todos los mexicanos.

Esta voluntad se puede expresar cumpliendo algunos de los compromisos recientemente adquiridos.

El año pasado, con motivo de esta misma conmemoración presenté y después el Pleno de la Cámara aprobó, un Punto de Acuerdo para exhortar a los poderes Ejecutivo de los tres niveles de gobierno y al Legislativo Federal y de las entidades federativas para que armonizaran su acción y normas con los contenidos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A dicho exhorto solo hemos recibido respuesta de dos congresos locales y del Ejecutivo Federal. Por el número y nivel de las respuestas se puede afirmar que no existe compromiso o no hay capacidad de las autoridades y los órganos legislativos para crear las condiciones para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

Particularmente el Gobierno Federal, no obstante exaltar su acción indigenista, su respuesta demuestra que sus dependencias y entidades no conocen la Declaración, menos su importancia y mucho menos la manera de instrumentar los compromisos.

En nuestra Cámara están como rezago en comisiones el análisis y dictamen de iniciativas que tienen que ver con la eficiencia, transparencia y adecuada orientación del presupuesto destinado a los pueblos indígenas; así como la representación y la participación política, entre otros.

Compañeros diputados: pongamos los hechos históricos y las realidades sociales en su exacta dimensión:

• La invasión de América por la Europa del Siglo XVI fue un acto de conquista que, para los pueblos originarios, ha dejado recuerdos dolorosos, traumáticos, de los cuales hoy todavía quedan injusticia, discriminación y pobreza, y también una extendida frustración en la sociedad nacional que no hemos sido capaces de superar.

• En México no surgió una raza nueva, nuestra realidad es la nación pluricultural como se establece en el Artículo 2º de nuestra Carta Magna.

• La realidad de la diversidad cultural de nuestro país demanda la construcción del Estado Pluricultural de Derecho y, para ello, los mexicanos y particularmente los legisladores necesitamos estar dispuestos a sumar voluntades y capacidades.

• En el momento actual, en México, nada hay más democrático y moderno que avanzar en hacer efectivos los llamados derechos de tercera generación, entre ellos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

• La unidad nacional y la democracia en México, está ligada a la capacidad del Estado para preservar la paz social y promover el bienestar en la diversidad cultural.

Por lo anterior convoco a que legislemos a favor de los pueblos indígenas, porque hacerlo es legislar para construir la Nación Mexicana multicultural que está en la historia y en la realidad actual de la sociedad mexicana.

Palacio Legislativo a 12 de octubre de 2010.»

DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride relativa al Día Mundial de la Alimentación, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

El Día Mundial de la Alimentación, proclamado el 16 de octubre de 1979, es una fecha que no se puede descuidar y menos ignorar, porque no es posible olvidar que en el mundo existen según informa la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, cerca de mil millones de seres humanos en situación desesperada que sufren por hambre o desnutrición. La solución al problema del hambre que todavía hace un año agobiaba a prácticamente todos los países del mundo, está lejos de encontrarse y, aunque no es una batalla perdida, se sigue profundizando el abismo de la desigualdad.

No basta que se diga que en este año 2010, en lugar de 1200 millones de personas el flagelo silencioso del hambre ya sólo azota a 925 millones que prácticamente se duermen sin comer, si cada seis segundos se sigue muriendo un niño por desnutrición o hambre, 30 millones de personas mueren por ese motivo cada año y 7 de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas.

¿Qué es lo que ha hecho que la lucha contra el hambre y la pobreza esté tan lejos de la meta de reducir el hambre a la mitad, a más tardar en el año de 2015 propuesta en 1996 por los países más ricos y desarrollados del mundo, en esta época de la superabundancia, de la biotecnología y el transgenismo, mientras millones de pobres siguen excluidos de la economía mundial de la alimentación? ¿Cómo hacer realidad la declaración de los derechos del hombre que afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para asegurar su salud, su bienestar y el de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido la vivienda y las atenciones médicas, así como para los servicios sociales necesarios?

Indudablemente que uno de los más grandes desafíos del siglo XXI es el de la alimentación. Merced a la histórica sequía que sufrió Rusia y que afectó su producción de trigo, muchos países productores, en actitud proteccionista, como Rusia, la India y los países europeos, cerraron sus fronteras a sus exportaciones, lo que ha convertido a los alimentos, una vez más, en una poderosa arma de los especuladores, y ha puesto al mundo ante la emergencia de una nueva crisis de alimentos.

Hoy, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas ha informado que el costo de los alimentos a nivel mundial está subiendo hasta en un 40 por ciento como en 2007 y 2008; que los mercados agrícolas que rigen el comercio internacional, concretamente la bolsa agropecuaria de Chicago, aumenta hasta en 60 por ciento el precio del maíz amarillo; el trigo dispare su precio hasta un 50 por ciento, ante los rumores de que China se aprestaba a la compra masiva del grano, y se pronostica riesgos de sequías en importantes países productores como Argentina, afectando con ello los insumos esenciales para el consumo humano y para la ganadería y gestando con ello graves escenarios de irritación social.

Revueltas contra la vida cara y manifestaciones contra el alza de los productos de la canasta básica se vuelven a repetir como en el año 2008, "cuando la sequía en Australia, la falta de sol y exceso de agua en Europa y la sequía y las heladas en Argentina causaron anemia en la producción", y los precios de los granos subieron a tal grado que incluso algunos gobiernos pidieron a los panaderos que redujeran el peso de los panes para evitar aumentar el precio. Nadie quiere que se repitan las escenas de los miles de pobres que irrumpían en las plazas públicas llevando platos vacios asaltando tiendas y supermercados al grito de "tenemos hambre". Y que en países como Haití, la gente sustituyera la falta de comida por galletas de barro para aliviar su hambre, mientras en los Estados Unidos, el país más industrializado y rico del mundo, durante su grave crisis financiera, aumentaba el desempleo, miles de personas hacían cola para obtener vales o un plato de comida.

Para evitar la multiplicación de las protestas sociales y el sufrimiento de sus poblaciones, los países desarrollados y particularmente los emergentes como la India, China, Brasil, han tenido la necesidad de replantear sus políticas agropecuarias y revisar sus legislaciones nacionales para priorizar su política alimentaria, tomando en consideración su crecimiento demográfico, la crisis económica global y el cambio climático como la base para su nueva agricultura.

En México, la población más vulnerable que es la rural, sigue sucumbiendo por su pobreza alimentaria. Casi dos millones de niños mexicanos sufren desnutrición y tienen una talla inferior a la normal y en los últimos meses, un alza generalizada de los precios de 45 alimentos, principalmente frutas y verduras al mayoreo que aumentaron entre 10 y 15 por ciento en promedio golpea a los más pobres en las ventas al menudeo.

Importamos el 98 por ciento de soya y maíz amarillo; el 80 por ciento del arroz que consumimos; el 14.5 por ciento de frijol 45 por ciento de trigo y en cárnicos el 30 por ciento.

¿Qué aprendemos de estos hechos nacionales e internacionales?

Que no habrá solución estructural para el tema del hambre en ninguna parte del mundo mientras no se haga del campo una prioridad de las políticas públicas y de la producción de alimentos una política de estado.

Mientras no se impulse una nueva agricultura que sea capaz, antes que nada, de cubrir las necesidades del mercado interno; una política en el caso de nuestro país, que apoye la producción de los pequeños y medianos productores; que restablezca la institucionalidad desmantelada para reconstruir, entre otras, a la industria de fertilizantes y a la producción de semillas; la política hidráulica, la banca de desarrollo, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica; que impulse una equitativa distribución de los subsidios y enfrente las prácticas comerciales especulativas y desleales que caracterizan el comercio agrícola.

El día mundial de la alimentación, debe darnos la ocasión para reivindicar a nuestro sector rural y apoyar decididamente sus procesos productivos.

Estimular una estrategia nacional para construir una nueva agricultura que garantice nuestra seguridad alimentaria. Y, aún cuando estemos muy lejos de la soberanía alimentaria como lo reconoció el mismo secretario de Agricultura, "pues nos faltan hasta las semillas para nuestros principales cultivos", tenemos que esforzarnos para no depender más de las importaciones de los alimentos de nuestro pueblo.

Ese es el reto que plantea a nuestro país el siglo XXI. En el marco del día mundial de la alimentación, expreso mi profunda convicción de que podemos ganar el combate contra el hambre si volvemos la mirada al campo y a los campesinos; si revaloramos su trabajo y su dignidad que significa darles apoyos para producir en lugar de asistencialismo y conmiseración; si le damos las armas del conocimiento; si defendemos las potencialidades de nuestros inmensos recursos naturales y si luchamos contra las causas más profundas de su pobreza que es el resultado de las desigualdades.

Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2010.— Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica).»

DIA DE LAS NACIONES UNIDAS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride con motivo del LII aniversario de la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, celebrado el 24 de octubre, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras.

Hace 63 años mediante resolución 168(II) la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente que el día 24 de octubre, que es conmemorativo de la firma de la Carta de creación de las Naciones Unidas, fuera declarado Día de las Naciones Unidas"; declarando que sería un día feriado internacional y recomienda que sea celebrado como día feriado por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Hoy, a más de 65 años de su creación se encuentra integrada por 192 países miembros, que aceptan y reconocen el Sistema Internacional de las Naciones Unidas como vía de entendimiento. En estas ultimas décadas, hemos podido arribar a un sistema que nos integra como aldea global, asume el multilateralismo para construir los consensos, queda claro que debe existir una unidad de propósito y de acción para hacer de este mundo un mejor lugar  donde vivir todos.

Sin embargo, los retos que enfrentan las Naciones Unidas son cada vez más complejos, la Organización de las Naciones Unidas enfrenta retos como la ayuda humanitaria que se otorga a desplazados, en su mayoría mujeres y niños; también se otorga asistencia electoral y de paz, movilizando a 115, 000 efectivos en países en conflicto. La ONU también busca soluciones en temas como el cambio climático y dar salidas a la crisis alimentaría, financiera, de agotamiento de combustibles fósiles. Hoy, más que nunca necesitamos un Organismo que concerte acciones y que intervenga mediante la cooperación internacional.

Compartimos un solo planeta, somos 6,000 millones de personas, con diferentes culturas, idiomas, tradiciones y creencias, y sin embargo, somos una sola especie, en busca de la supervivencia. En 1945, se unieron los países contra el horror de la II Guerra Mundial, hoy sabemos que son más cosas las que tenemos en común que las diferencias que nos marquen como Pueblos, somos una sola aldea global.  Desde esta Tribuna hacemos votos porque la ONU se fortalezca  y sea garante de los entendimientos que hagan de este planeta un lugar mejor y posible.

Nota:

1  http://www.un.org/es/aboutun/history/index.shtml

Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2010.»

DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride con motivo del XVIII aniversario de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado el 17 de octubre, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino.

De acuerdo a estimaciones realizadas por M. Yunus, el banquero de los pobres, más de tres mil millones de personas en el mundo viven con menos de dos dólares al día, en tanto que más de mil millones sobreviven con menos de un dólar.

En lo que respecta a la distribución del ingreso mundial, las diferencias que prevalecen entre ricos y pobres son cada vez más amplias, muestra de ellos es que cerca del cuarenta por ciento de la población concentra el noventa y cuatro por ciento del ingreso, en tanto que el restante sesenta por ciento se distribuye el seis por ciento del ingreso disponible. Cada día los pobres tienen más conciencia de esta situación tan desigual.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 1992, nos encuentra con cincuenta y cuatro millones de pobres y la amenaza real, que ya estamos viviendo, de un cambio climático caracterizado por intensas sequías, lluvias torrenciales, granizadas, heladas, huracanes y ciclones. También estamos perdiendo soberanía y estamos en riesgo de perder la seguridad alimentaria. El lema este año es, Juntos contra la pobreza.

A nivel mundial mil millones de personas padecen hambre crónica, el setenta por ciento son mujeres; mil ochocientos millones de personas no tienen acceso al agua; más del doble no tiene servicios de drenaje.

Para tener una vida digna se requiere disponer de agua, alimentos, desarrollo de capacidades, ingresos dignos y vivienda digna. Pero más de diez millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable, treinta y tres millones no tiene la escolaridad mínima para defenderse en la vida y sobrevivir dignamente. Cada año un millón de personas se incorporan a la población económicamente activa pero solo se generan doscientos mil empleos.

Los problemas fundamentales de México son la alimentación, el empleo, los bajos ingresos, el deterioro ambiental creciente, la contaminación de las fuentes de agua, la baja productividad del campo, la falta de vías de comunicación los, altos costos de la energía y la falta de un modelo de planeación básica que ayude a definir prioridades y a establecer los planes de atención de las diferentes necesidades.

Para ello es necesario establecer un marco legal adecuado a las circunstancias y necesidades de nuestro tiempo. Por eso, los diputados federales del PRI juntos contra la pobreza, decidimos proponer e impulsar iniciativas, nuevas leyes y reformas legislativas contra la pobreza.

Se reformará la Ley General de Educación como instrumento básico que ayude a desarrollar las capacidades humanas y el conocimiento de los recursos naturales para su adecuado aprovechamiento y conservación, con el objetivo de introducir conceptos de independencia financiera de los jóvenes y reconocimiento de talentos y habilidades para hacer mejores ciudadanos.

En materia de alimentación es necesario revisar y reforma la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Desarrollo Social para impulsar verdaderos programas nacionales de autoproducción para la seguridad alimentaria y reducir la tendencia asistencial que hoy prevalece y que de muy poco ha servido para impulsar el desarrollo de las familias.

La creación de la Ley del Sistema Nacional de Capacitación Profesional para el Trabajo para atender a los siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan a fin de darles opciones de empleo y autoempleo, mejorando la productividad de los sectores económicos. Al mismo tiempo que impulsamos la creación de la Ley del Fondo Nacional de Microcréditos para que una vez capacitadas las personas puedan acceder a préstamos para el desarrollo de sus proyectos productivos.

La nueva Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, busca promover una mayor vinculación de las instituciones educativas con los sectores productivos y el establecimiento del servicio social para mejorar la formación profesional de los egresados y mejorar los servicios técnicos hacia las comunidades, empresas y unidades productivas.

Diputado Alberto Jiménez Merino.»

DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Efeméride con motivo del XXXI aniversario de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino.

En 1979, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), determinó que el 16 de octubre se conmemorara el Día Mundial de la Alimentación.

El objetivo de dicha celebración es, concientizar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

El día 16 de octubre, coincide con la fecha de fundación de la FAO en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la observancia del Día por considerar que la alimentación es una necesidad fundamental para la supervivencia y el bie-nestar de la humanidad.

El lema de este año 2010 es Unidos contra el hambre y fue elegido, con el fin de reconocer los esfuerzos realizados en el mundo.

La unión contra el hambre se vuelve una realidad cuando el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, trabajan coordinadamente con el sector privado para combatir la ignorancia, garantizar el abasto de alimentos, erradicar el hambre y la pobreza extrema.

La pobreza solo se revierte generando riqueza, la cual requiere de un abasto suficiente de alimentos preferentemente producidos por las familias al menos parcialmente, pero esto es imposible sin educación, agua y apoyos materiales. Revertir la pobreza empieza con garantizar la alimentación.

Cabe mencionar que en el año 2009, se alcanzó el umbral crítico de mil millones de personas hambrientas en el mundo, en parte debido al incremento de los precios de los alimentos y a la crisis financiera, lo que constituye, según Jacques Diouf, Director General de la FAO, un trágico logro en estos tiempos modernos.

En vísperas de la celebración de la Cumbre sobre el hambre, el Dr. Diouf puso en marcha una petición en línea para reflejar la vergüenza moral que supone esta situación. El proyecto mil millones de hambrientos, invita a la gente a través de las redes sociales a firmar la petición contra el hambre que se encuentra en la página www.1billionhungry.org.

En este Día Mundial de la Alimentación 2010, en el que nunca ha habido más hambrientos en el mundo, reflexionemos sobre el futuro. Con voluntad, valor y perseverancia, y numerosos participantes trabajando juntos y ayudándose entre sí, se podrán producir más alimentos, de manera más sostenible.

Esta conmemoración, nos encuentra con veinte millones de mexicanos en pobreza alimentaria, personas que no disponen de veintisiete pesos diarios para conseguir los alimentos básicos.

A nivel mundial mil millones de personas padecen hambre crónica, el setenta por ciento son mujeres y mil doscientos millones de personas se encuentran atrapadas en la más despreciable pobreza con ingresos menores a un dólar diario, mil ochocientos millones de personas no tienen acceso al agua.

Para tener una vida digna se requiere disponer de agua, alimentos, desarrollo de capacidades, ingresos dignos y vivienda digna. Pero más de diez millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable, treinta y tres millones no tiene la escolaridad mínima para defenderse en la vida y sobrevivir dignamente.

Cada año un millón de personas se incorporan a la población económicamente activa pero solo se generan doscientos mil empleos. De los otros ochocientos mil, la mitad emigra y la otra mitad, se dedica al comercio informal, subempleo en diversas actividades o el desempleo.

Hay diecinueve millones de mexicanos que ganan menos de cincuenta y siete pesos diarios; once millones en realidad no tienen ingresos y faltan más de tres millones de casas y una importante proporción requiere de dignificación o reparaciones.

Las importaciones de alimentos superan el cincuenta y cuatro por ciento de las necesidades nacionales y no existe un plan nacional de sustitución de importaciones. El cambio climático a través de las sequías intensas amenaza la seguridad alimentaria de las naciones.

Rusia ha prohibido exportar trigo y con ello ha provocado un descenso en las reservas de los Estados Unidos con lo que se han incrementado los precios. Aun falta el efecto de la sequía de Sudamérica. La recomendación de los organismos internacionales es producir alimentos.

Urgen soluciones, pero se nos olvidó la planeación desde hace casi treinta años. La última revisión de la Ley General de Planeación fue en 1982. El Plan Nacional de Desa-rrollo se inventa cada seis años, solo se hace para esos seis, se descalifica el anterior y se empiezan a ensayar ocurrencias, cosas modernas, grandiosas, relumbrantes, con un rotundo menosprecio por las pequeñeces.

En la Cámara de Diputados cada año es común cuidar que no suban los impuestos, distribuir un recurso escaso producto de una recaudación insuficiente donde pocos pagan; casi siempre los mismos, mientras más de cuatrocientas setenta empresas, dicho por el propio Presidente de la República, buscan la forma de pagar lo menos.

¿Cuando vamos a resolver la pobreza alimentaria en México?. No hay un plan. No hay un plazo. Estamos llenos de programas asistenciales, dispersos y desarticulados. La educación no considera las necesidades básicas de las familias dentro de sus contenidos. Los programas de la SEDESOL casi no se hablan con los de SAGARPA o Reforma Agraria, porque las leyes se hicieron así también; parciales, desarticuladas, sin relación de una con otra.

La pobreza alimentaria solo se podrá resolver cuando los presupuestos estén encaminados hacia generar bienestar y riqueza. Es necesario modificar la educación para fortalecer el desarrollo de capacidades, asegurar el abasto de agua, la producción de alimentos, revertir el deterioro ambiental y fortalecer el desarrollo productivo sustentable.

Para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación y del Día Internacional para combatir la Pobreza, los Diputados del PRI nos propusimos presentar un conjunto de reformas contra la pobreza alimentaria que lastima a México desde hace más de 100 años. Son reformas a la Educación, el Desarrollo Social, el Desarrollo Rural e iniciativas de Capacitación Profesional para el Trabajo, Microcréditos y vinculación educativa al sector productivo.

La pobreza alimentaria solo se puede resolver si transformamos la educación para informar sobre las opciones alimenticias, producción y abasto de alimentos, formas de aprovechamiento y recomendaciones básicas de nutrición.

También se requiere de programas que apoyen acciones de autoproducción en lugar del asistencialismo que hoy prevalece. Es necesario disponer de apoyos económicos para emprender proyectos que garanticen producción y comercialización de alimentos y otras opciones productivas.

Adicionalmente es necesario apoyar al campo con las estrategias más adecuadas y los recursos suficientes que garanticen la seguridad alimentaria; que los más pobres dispongan de las cantidades indispensables para sus necesidades y que los mercados tengan los alimentos que requieren los que tienen capacidad de compra.

Al respecto programas de seguridad alimentaria y desarrollo de cadenas productivas, cuidando los recursos naturales, son las estrategias más recomendables.

Para ello, contar con el marco jurídico adecuado, los programas y los presupuestos y un plan de aplicación eficiente del gasto son prioridades nacionales.

Sabemos bien que el desarrollo no se da por decreto, pero tener el marco jurídico ayuda para crear los programas y destinar los presupuestos. Los problemas más importantes de este país se pueden resolver en 15 años, empezando ya y haciéndolo unidos por lo fundamental; el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente.

Diputado Alberto Jiménez Merino.»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como nos consumimos el guión, vamos a esperar solamente que nos pasen las nuevas hojas, señores diputados, pero vamos a proceder en un momento más a hacer la votación de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Energía, relativos a las modificaciones que realizó el Senado de la República a las minutas de decreto que le envió la Cámara de Diputados.

Como ustedes saben, con esta votación cerramos el capítulo respectivo al paquete económico de ingresos, por lo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso de la República habrán cumplido en tiempo y forma con esta obligación constitucional. Distribúyanse, por favor, los documentos que han de quedar de primera lectura y los que se van a discutir y votar en esta sesión.

Acabamos de recibir de la Junta de Coordinación Política una comunicación que le pido a la Secretaría sea tan amable de dar cuenta de ella a los señores diputados y señoras diputadas.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, me permito solicitarle tenga a bien consultar al pleno puedan realizarse las modificaciones en el orden del día de hoy, a efecto de incluir en el primer turno posible para que se dispensen su primera y segunda lectura y se someta a discusión y votación de inmediato el siguiente:

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.

De igual manera se incluyan para efectos de primera lectura los siguientes dictámenes:

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la moneda conmemorativa de los 100 años de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda cuño corriente conmemorativa al 20 aniversario de la Entrega del Premio Nobel Octavio Paz.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a), del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día, tal y como lo solicita la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se incorpora al orden del día la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

MONEDA CONMEMORATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de los decretos anteriormente leídos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Minuta con proyecto de decreto, mediante la cual se crea la moneda conmemorativa de los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, para su estudio y dictamen.

Los integrantes de Comisión de Hacienda y Crédito Público con base a las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea, el presente dictamen:

Antecedentes

Con fecha 21 de Octubre de 2010, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la creación de una moneda conmemorativa de los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con fecha, 28 de Octubre de 2010, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, determinó turnar dicha Minuta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente Dictamen.

Descripción de la minuta

Esta Minuta se enmarca en los festejos de los cien años de fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, enmarcada por una diversidad ideológica, cultural y académica que representa a México y que hoy por hoy goza del reconocimiento como la mejor universidad de Latinoamérica.

La Minuta emitida por la Colegisladora, establece que tiene por objeto la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual se otorgue por contribución al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana. Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.

Asimismo, la Minuta señala que la Universidad Nacional Autónoma de México, a cien años de su fundación, se ha constituido como el recinto educativo más importante del país y Latinoamérica, reconocido así internacionalmente. Es por ello que, la Minuta refiere que resulta por demás necesario reconocer la labor de la Universidad Nacional Autónoma de México, al ser una institución salvaguarda del conocimiento y la cultura nacional, con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, a lo largo de cien años de existencia.

Es este mismo sentido, la Minuta resalta los tres Premios Nobel otorgados a mexicanos, Octavio Paz (Literatura, 1990), Alfonso García Robles (Paz, 1982) y Mario J. Molina (Química, 1995); el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2009; el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana, otorgado a: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol y recientemente a José Emilio Pacheco.

De esta manera, la Minuta objeto de este Dictamen estima que la creación de una moneda conmemorativa de los cien años de fundación de la Máxima Casa de Estudios de México e Iberoamérica, es no sólo un reconocimiento merecido a la institución por sus premios y sus aportaciones, nacionales e internaciones que ha recibido, sino también un estímulo a la comunidad universitaria que con su labor diaria contribuye al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana, y que por lo tanto se autorice la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.

a) Valor nominal: Diez pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.

e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de plata pura.

f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

g) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.

h) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1g. (Un gramo), ambas en más o en menos.

i) Canto: Estriado continuo.

j) Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a su contribución al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana a cien años de su fundación.

Consideraciones de la comisión

Primero. Esta de Hacienda y Crédito Público considera pertinente la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, en virtud de que hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México es pensar en un movimiento intelectual y artístico, en la que están representados todos los mexicanos, todos las Entidades Federativas, y que hoy por hoy goza del reconocimiento de cientos de investigadores.

Segundo.Esta Comisión Dictaminadora está de acuerdo con la Minuta objeto del presente dictamen, ya que es menester recalcar que la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga los servicios nacionales del Sismológico Nacional, Observatorio Astronómico Nacional, Jardín Botánico Nacional, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, Red Mareográfica Nacional, Herbario Nacional, Cuatro reservas ecológicas y el Monitoreo del volcán Popocatépetl. Y, la presencia de la comunidad universitaria se expande en 24 Entidades Federativas de México, en Estados Unidos de América, Canadá y España. Contando asimismo con 6 campus y 17 escuelas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Tercero. La que dictamina insiste, en concordancia plena con la Colegisladora, en que no debemos olvidar que a fines del año 2005 la Universidad Nacional Autónoma de México recibió el reconocimiento como la mejor universidad de Latinoamérica, España y Portugal, y que de los tres Premios Nobel otorgados a mexicanos, todos son graduados de la Universidad Nacional Autónoma de México como Octavio Paz (Literatura, 1990), Alfonso García Robles (Paz, 1982) y Mario J. Molina (Química, 1995). Además de ellos, Ana María Cetto ha sido partícipe de dos Premios Nobel ya que era miembro ejecutivo de las Conferencias Pugwash y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, cuando estas organizaciones fueron laureadas con el Premio Nobel de la Paz.

Cuarta. Esta Comisión considera no menos importante destacar que en 2007, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU fue premiado con el Premio Nobel de la Paz, siendo 10 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México parte de este panel. Al igual, la Universidad Nacional Autónoma de México fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2009.

Quinta. Esta Comisión Dictaminadora considera por lo anterior, que la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo es un reconocimiento para dicha institución, sino que también representa un reconocimiento para la Nación y los ciudadanos que la conforman.

Con base en las consideraciones anteriores, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los Cien Años de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México

Único. Se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los cien años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.

a)Valor nominal: Diez pesos.

b)Forma: Circular.

c)Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

d)Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.

e)Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de plata pura.

f)Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

g)Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.

h)Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1g. (Un gramo), ambas en más o en menos.

i)Canto: Estriado continuo.

j)Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a su contribución al desarrollo educativo, científico o académico de la sociedad mexicana a cien años de su fundación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Universidad Nacional Autónoma de México enviará al Banco de México el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente Decreto, a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que la Universidad Nacional Autónoma de México no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el artículo único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 60 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Universidad Nacional Autónoma de México en los términos del artículo único, así como del Segundo transitorio de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos.

En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda.

Quinto. La aprobación que realice el Banco de México respecto del diseño del reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente Decreto, será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a * de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

Es de primera lectura.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL PREMIO NOBEL A OCTAVIO PAZ

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen la características de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de entrega del Premio Nobel a Octavio Paz.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada Kenia López Rabadán, en nombre propio y de diversos legisladores, sometió a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada Iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión de fecha 7 de septiembre de 2010, la Diputada Kenia López Rabadán, en nombre propio y de diversos legisladores presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

En la Iniciativa que se dictamina se comenta que literatura es reflejo y memoria de la idiosincrasia de un pueblo. Mediante ella se da cuenta de su historia, su cultura y sus ideales, conformándose como leal compañera del desarrollo de las civilizaciones y fiel testigo del devenir de la humanidad a través de los tiempos. Todo mediante su principal instrumento: la palabra.

También señala que Octavio Paz es sin duda un referente intelectual de nuestro país que es celebrado por verter su notable talento literario en el periodismo, la diplomacia e incluso la dramaturgia; géneros en los que se denota su pensamiento crítico, imaginación y sensibilidad social.

La diputada Kenia López expresa que Paz demostró su alto conocimiento y gran preocupación por México por aportar desde su perspectiva un autorreconocimiento para la configuración de una nación consolidada. En tal razón, es identificado como uno de los más sobresalientes escritores del siglo XX de América Latina y ha sido influencia ideológica de ya varias generaciones.

En este sentido, la iniciativa en estudio menciona que además de recibir el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz obtuvo otros galardones a nivel mundial, como el Premio del Festival de Poesía de Flandes, en 1972; el Premio Jerusalén de Literatura, en 1976; la Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro de Niza, en 1979; el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, en 1982; el Internacional Menéndez Pelayo, en 1987; la edición 1989 del Premio Alexis de Tocqueville; el Príncipe de Asturias, en 1993; y la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia, en 1994, entre otros.

Así, debido a que Octavio Paz es un motivo de orgullo para los mexicanos, un escritor que el mundo ha disfrutado y un blasón de la inteligencia mexicana, la Iniciativa de mérito señala que a 20 años del nombramiento de Paz como Premio Nobel de Literatura, se vuelve necesario conmemorarlo, estableciendo una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz.

Consideraciones de la comisión

Primera.Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público está de acuerdo con la Iniciativa de mérito toda vez que Octavio Paz es uno de los literatos de habla hispana más reconocidos en el mundo. Asimismo, la vastedad y riqueza de su obra lo han colocado como un icono cultural e insigne representante de la poesía y el ensayo en lengua española.

Segunda.Esta Comisión Dictaminadora concuerda en que Octavio Paz demostró su alto conocimiento y gran preocupación por México por aportar desde su perspectiva un autorreconocimiento para la configuración de una nación consolidada. En tal razón, es identificado como uno de los más sobresalientes escritores del siglo XX de América Latina y ha sido influencia ideológica de ya varias generaciones.

Tercera.Esta dictaminadora coincide con los argumentos de la Diputada Kenia López en cuanto a la importancia de conmemorar 20 años de Octavio Paz como Premio Nobel de Literatura, siendo que la obra de Paz abarca diversos géneros literarios como poesía, ensayo, teatro y cuento, en los cuales realizó grandes aportaciones a la literatura universal. Por su valor innegable, la vastedad de sus escritos ha sido traducida a idiomas como el inglés, el francés, el portugués y el japonés.

Cuarta.La que Dictamina reconoce asimismo que la importancia de la obra de Octavio Paz, ha sido reconocida por la Academia Sueca y el Comité del Premio Nobel de Literatura que en 1990 concedieron el galardón, por décima ocasión en su historia, a una obra literaria en español que por primera vez le pertenecería a un autor mexicano: Octavio Paz, por El laberinto de la soledad, escrita en 1950.

Siendo el propio Comité quien puntualizó que el premio se otorgó por “la escritura apasionada con horizontes amplios, caracterizados por la inteligencia sensual e integridad humanista” del autor.

Quinta.La que Dictamina considera procedente la acuñación de esta moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz, ya que con ello se rinde un homenaje a Octavio Paz quien es motivo de orgullo para los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa del Vigésimo Aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz

Artículo Primero.Se autoriza la emisión de una moneda bimetálica con valor nominal de 20 pesos, conmemorativa del 20mo. Aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: Desfasado del centro al campo izquierdo el busto de Octavio Paz, desfasado del centro al campo derecho la leyenda “Premio Nobel de Literatura 1990”. En el campo superior paralelo al marco el signo de pesos “$” continuo el número “20”, debajo el nombre Octavio Paz. En el campo superior izquierdo el número 2010, en el campo superior derecho la ceca de la Casa de Moneda de México; en el exergo paralelo al marco el texto “veinte pesos”, arriba de éste, en semicírculo la leyenda “Todo es presencia, todos los siglos son este presente”. El marco liso.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La moneda a que se refiere el presente decreto, podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor del mismo.

La moneda a que se refiere el presente decreto, podrá comenzar a acuñarse a los dos meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente decreto.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a * de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 3 de diciembre de 2009, los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante la Colegisladora la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1-A, 13, 66, 67, 68 y 70 y se adiciona el Capítulo XI denominado “De la Vía Sumaria” al Título Segundo que comprende el artículo 58 T y se deroga el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen.

2. Con fecha 6 de abril de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó modificar el turno mencionado, a efecto de incorporar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que emitiera su opinión.

3. En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 10 de diciembre de 2009, el Senador José Isabel Trejo Reyes del PAN, presentó ante la Colegisladora la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda de ésa Cámara, para su estudio y dictamen.

4. La Colegisladora acordó dictaminar ambas iniciativas en un mismo dictamen por ser coincidentes en la materia a legislar, presentando el correspondiente dictamen ante el Pleno del Senado de la República el 20 de abril de 2010, mismo que fue aprobado por unanimidad con 88 votos a favor y turnándose a esta H. Cámara para los efectos constitucionales.

5. En sesión ordinaria de fecha 22 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta que nos ocupa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.

Descripción de la minuta

La Minuta plantea incorporar dentro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la figura del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, como una alternativa al juicio contencioso administrativo federal tradicional, pero con la característica de que no sea optativo, y que tengan menores plazos en su substanciación y resolución; fortaleciendo a la vez, la impartición de justicia pronta y expedita.

Asimismo, se propone modificar el sistema de notificaciones, simplificar el procedimiento para el otorgamiento de las medidas cautelares, dar el trámite adecuado a los incidentes de incompetencia territorial y material y facultar a que el Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, al momento de emitir sus resoluciones, realice el estudio y análisis tanto de la insuficiente competencia de la autoridad como de los agravios fundados hechos valer por las partes en los procedimientos contenciosos administrativos federales, con el fin de salvaguardar el principio de mayor beneficio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, la Minuta propone reformar la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, a fin de crear salas especializadas, para regular la suplencia por ausencia de los Magistrados de Sala Regional. De la misma manera, se reservan las facultades de designación de los Secretarios de Acuerdo Adjuntos de Sección a la Sección de la Sala Superior y se modifican y adicionan las facultades correspondientes al Magistrado Presidente del Tribunal, y a la Junta de Gobierno y Administración.

Así entonces, la Minuta prevé que el juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria procederá cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, siempre que se trate alguna de las siguientes resoluciones definitivas:

• Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales

• Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

• Las que requieran el pago de una póliza de fianza de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquella, o

• Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los puntos anteriores y el importe de esta última, no exceda el arriba señalado.

Asimismo, el juicio sumario procederá cuando se impugnen resolutivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin importar la cuantía.

Por último, el trámite por esta vía conlleva a simplificar y abreviar los plazos para la substanciación del procedimiento en todas sus etapas.

En referencia a las medidas cautelas, la Minuta plantea:

• La disminución de los requisitos para su otorgamiento,

• El fortalecimientos de los medios de defensa de los derechos e interés de los particulares, frente a actos de la administración pública al exigir, entre otros aspectos, que tratándose de la suspensión provisional sea otorgada en un plazo no mayor a veinticuatro horas, bajo el principio de apariencia del buen derecho.

• La competencia al Magistrado Instructor para que sea éste quien resuelva lo relativo a las medidas cautelares y, en su caso, otorgue la suspensión del acto reclamado.

• La posibilidad de impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares.

La Minuta también contiene otras modificaciones aplicables al juicio contencioso federal tradicional, entre las que destacan las siguientes:

• Se establecen las reglas para otorgar la suspensión, como es otorgar garantía del interés fiscal, cuyo monto podrá reducirse cuando el monto de los créditos exceda la capacidad económica del solicitante y, si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

• Se define el procedimiento para la suspensión provisional, cuya solicitud podrá formularse desde la demanda, se tramitará por cuerda separada y el Magistrado Instructor resolverá a más tardar el día hábil siguiente al que se presentó la solicitud.

• Tratándose de la suspensión definitiva, el Magistrado Instructor solicitará a la autoridad responsable un informe que deberá rendirse en un plazo de tres días. El Magistrado Instructor resolverá dentro de otro plazo de tres días, se haya o no entregado el informe mencionado.

• Se especifica que el Pleno o las Secciones de la Sala Superior serán competentes por razón de la cuantía cuando el asunto exceda de 5 mil veces el salario mínimo del área geográfica correspondiente al Distrito Federal elevado al año.

• Cuando el asunto se resuelva por incompetencia de la autoridad, el Tribunal resolverá el fondo de la cuestión planteada por el actor con base en el principio de mayor beneficio.

• Se establecen reglas más sencillas y expeditas para llevar a cabo las notificaciones, estableciéndose como regla general que se harán por medio del Boletín Electrónico y señalando expresamente las que se harán de forma personal o por correo certificado con acuse de recibo.

Por lo que hace a las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, destacan los siguientes puntos:

• Se dispone que las Salas Especializadas tendrán la estructura de las Salas Regionales y les aplicarán las mismas disposiciones que a éstas.

• Se establece que las faltas temporales de los Magistrados en Salas Regionales o Especializadas se hará por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración.

• Se especifican los asuntos respecto de los cuales el Presidente del Tribunal tiene competencia como la representación del Tribunal y la posibilidad de delegar facultades en otros servidores públicos, la rendición de informes, entre otros.

• Se establece la competencia del Tribunal para conocer de los juicios en vía sumaria.

• La Junta de Gobierno y Administración será la que proponga a la Sala Superior la creación de Salas Especializadas.

• El Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con la Colegisladora en el sentido de que las instituciones legales deben acatar y hacer plenamente vigentes los principios constitucionales, en este caso concreto en lo que corresponde a la impartición de justicia pronta y expedita.

En ese tenor, se reconoce que el propósito de la Minuta que se dictamina cumple con dicho mandato constitucional, al establecer una vía sumaria aplicable en determinados casos, en lugar del juicio de contencioso administrativo federal tradicional que resulta más tardado.

El juicio sumario que se propone contiene plazos menores, pero a la vez contiene todos los mecanismos que aseguran la impartición de la justicia de forma objetiva, imparcial y sin dilación, lo que fortalece el Estado de Derecho que debe imperar en el sistema jurisdiccional del contencioso administrativo a nivel federal.

Asimismo, esta vía sumaria simplifica el procedimiento aplicable tanto en asunto de menor cuantía, como en aquéllos en donde el criterio jurisdiccional ya ha sido definido por una jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Sala Superior del propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Lo anterior sin perder de vista que en aquellos casos en que existe jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal y un justiciable no presente su demanda dentro del plazo de 15 días señalado por la Ley, pero si dentro de los 45 días establecidos en la vía ordinaria, a efecto de proteger a los justiciables y que prevalezca la garantía de impartición de justicia, el Magistrado Instructor debe admitir dicha demanda y tramitarla a través del Juicio en la vía sumaria.

Esta Comisión que dictamina reitera la necesidad de legislar favorablemente la Minuta que nos ocupa si se pone atención en el cúmulo de asuntos que día con día se ventilan ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues tan sólo durante el año de 2009 se examinaron 1163 asuntos, siendo un 18% mayor que el año precedente. Por su parte, las Salas Regionales dieron ingreso a 136 mil 364 asuntos nuevos que se sumaron a los 106 mil 587 que venían rezagados, dando un total de 242,951.

Ante dichas cifras, es necesario impulsar medidas que le permitan al juzgador resolver de forma más expedita aquéllos asuntos que impliquen una cuantía baja, o cuyo fondo del asunto debe regirse por un criterio emitido y sustentado en jurisprudencia, lo cual redundará en beneficio de los propios justiciables.

Con las reformas propuestas también se obligará a los impartidores de justicia fiscal y administrativa a resolver el fondo de los asuntos con base en el principio de mayor beneficio para el justiciable y se evitarán los reenvíos innecesarios que hacen los juicios interminables y costosos; además de que se reduce considerablemente la sustanciación de los procedimientos sujetos a la vía sumaria.

Las reformas legales propuestas dan plena vigencia al principio constitucional de impartir justicia de forma pronta y expedita, en un contexto mucho menos costoso y más breve en el tiempo, todo ello en un marco de legalidad y fortalecimiento al Estado de Derecho.

Aunado a lo anterior, las modificaciones propuestas a las reglas generales aplicables a las medidas cautelares y el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado también redundan en un beneficio para quien las solicite ya que se reduce de forma significativa su tramitación al ser el propio Magistrado Instructor quien deba resolver sobre las mismas y dar competencia del recurso de reclamación respectivo a la Sala Regional que corresponda.

Otorgar la suspensión del acto reclamado en un plazo de 24 horas es congruente con la necesidad de otorgar dicha medida cautelar a efecto de prevenir la realización de un acto que cause daño o perjuicio al particular y que cuya concreción sea de difícil reparación para éste, con lo cual se fortalece la seguridad jurídica de los gobernados.

En ese mismo sentido, la reforma propuesta en materia de notificaciones para establecer el Boletín Electrónico en sustitución del actual Boletín Procesal y las listas en estrados, se encuentra acorde con las reformas publicadas el 12 de junio de 2009, relativa a la creación del sistema de Justicia en Línea; reduciendo con ello los tiempos que tardan las notificaciones personales, por oficio, e incluso, mediante correo certificado con acuse de recibo.

Asimismo, las medidas propuestas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fortalecen el funcionamiento y desarrollo de la Institución y le permiten contar con mayores elementos en la impartición de justicia, toda vez que el juicio en vía sumaria viene a sumarse a otras vías procesales como lo es el juicio contencioso administrativo federal tradicional y el recientemente implantado juicio contencioso administrativo federal en línea que se tramita por medios electrónicos.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora considera convenientes las reformas legales a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y manifiesta su conformidad de aprobar la Minuta objeto del presente dictamen.

No obstante lo anterior, esta Comisión Dictaminadora estima conveniente precisar el contenido de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que no tiene una interpretación uniforme por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Tribunal, respecto de la forma en que este último debe ejercer su presupuesto.

En efecto, de la exposición de motivos de la iniciativa, así como del proceso legislativo que adicionó el artículo 1 de la entonces Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2006, se determinó fortalecer presupuestariamente al Tribunal y, en consecuencia, se le otorgaron facultades expresas para aprobar su presupuesto y ejercerlo directamente.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el 30 de marzo de 2006, definió el concepto y alcance de la autonomía presupuestaria que los ordenamientos atribuyen a los entes públicos federales, sin que al efecto se hubiera hecho mención de entes públicos como el Tribunal, que conforme a su Ley Orgánica elaboran su presupuesto y lo ejercen directamente;

Posteriormente, en el artículo 1° de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se estableció que corresponde al Pleno de su Sala Superior aprobar su presupuesto con sujeción a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en términos de los criterios generales de política económica, y que una vez aprobado su presupuesto el Tribunal lo ejercerá directamente, pero sin determinar los términos y condiciones conforme a los cuales se llevaría a cabo dicho ejercicio presupuestal.

De conformidad con esta nueva ley orgánica, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuenta con un nuevo órgano colegiado encargado especialmente de la administración y gobierno de la institución. Asimismo, se establecen los principios de los sistemas de carrera de los servidores públicos de este órgano jurisdiccional, uno para el personal jurisdiccional y otro para los servidores públicos administrativos. De estos cambios y de la función que realiza, queda claro que la naturaleza orgánica y funcional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es distinta a la de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, debemos señalar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano jurisdiccional de enorme importancia para garantizar la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal frente a los particulares y que en los últimos años, derivado de los altos índices de aceptación que los justiciables tienen de su de-sempeño, se le ha dotado de una mayor competencia, ya que de conocer solo de actos en materia fiscal, ahora conoce de toda la materia administrativa federal y, recientemente, con motivo de la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, también conocerá de las controversias derivadas por las sanciones y demás resoluciones que emita la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación.

Por estas consideraciones y siguiendo la misma lógica que en el año 2006 llevó al legislador a fortalecer presupuestariamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es necesario precisar el alcance y contenido del segundo párrafo del artículo 1 de su Ley Orgánica vigente, en el marco legal que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de armonizar ambos ordenamientos legales y para que el Tribunal tenga un régimen preciso, claro y adecuado a esta ley especial en materia presupuestaria.

En efecto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa requiere tener un tratamiento presupuestal distinto al de un ente constitucional autónomo o al de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, porque su naturaleza no es ni la de uno ni la de los otros. Por ello, y con el fin de aclarar y armonizar las disposiciones presupuestales contenidas en los ordenamientos legales antes citados, esta Comisión Dictaminadora estima necesario precisar en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente lo siguiente:

1. Que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa apruebe su presupuesto, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo envíe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

2. Que una vez aprobado su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá directamente sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública;

3. Que en el ejercicio de gasto, el Tribunal observará lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dentro del margen de autonomía previsto en su artículo 5, fracción II, incisos c) y d);

4. Que el ejercicio del gasto deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y

5. Que el ejercicio del gasto estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes

Por otro lado, esta Comisión Dictaminadora considera que el juicio en la vía sumaria establecido en el Dictamen de la Colegisladora es un avance muy importante en el contencioso administrativo federal, ya que permitirá resolver los asuntos cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, a través de un procedimiento abreviado, con plazos cortos y mediante la instrucción y resolución de un Magistrado.

Asimismo, los juicios que se tramiten en la vía sumaria, considerando su cuantía y naturaleza, se refieren a multas, pensiones u otros similares, por lo que esta Comisión estima fundamental que ello beneficiará a la población más vulnerable como pensionados, asalariados o empresas pequeñas, quienes se verán favorecidas al resolverse en menor tiempo las controversias que se ventilen en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de junio de 2009, se estableció que el procedimiento contencioso administrativo federal puede tramitarse a través de medios electrónicos. No obstante lo anterior, esta Dictaminadora considera fundamental que el acceso a la justicia sea para todos los ciudadanos por igual y, por lo tanto, es indispensable que el juicio en línea deba necesariamente incluir al juicio en la vía sumaria.

Por estas razones, esta Comisión Dictaminadora considera que se requiere homologar la fecha de entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio en la vía sumaria, con el inicio de operaciones del juicio en línea.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá realizar las acciones necesarias a fin de desarrollar dentro del Sistema de Justicia en Línea los procesos necesarios que permitan al particular tramitar, en su caso, el juicio en la vía sumaria a través de medios electrónicos por conducto de dicho Sistema.

Derivado de lo antes expuesto, esta Dictaminadora considera que se requiere adecuar el artículo Tercero Transitorio de esta minuta a efecto que tanto las disposiciones relativas al juicio en línea, como al juicio en la vía sumaria, entren en vigor a los 240 días naturales, siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.

De la misma manera, se requiere adecuar también, el artículo Cuarto Transitorio de la minuta sometida a la consideración de esta Dictaminadora, para que los artículos 1o, fracción III, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 41, fracción XXX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa entren en vigor en la misma fecha en que entren en operación el juicio en línea y el juicio en la vía sumaria.

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, para efectos del artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Artículo Primero.Se reforman los artículos 1-A, fracciones III, XII, XIII y actual XV; 13, fracción I, inciso a); 14, sexto párrafo; 24; 25; 27; 28; 29, fracción I; 30; 48, primer párrafo, así como la fracción I, inciso a), segundo párrafo, fracción II, incisos a, b) y d); 52, fracción V, inciso c); 58, fracción III; 62; 65, primer párrafo; 66; 67; 68; 69; 70; 75, tercer párrafo, y 77, primer párrafo; y se adicionan una fracción XIV al artículo 1-A, recorriéndose las demás en su orden; un párrafo segundo a la fracción I y un séptimo párrafo al artículo 14; el artículo 24 Bis; el párrafo cuarto al artículo 51, recorriéndose el actual cuarto párrafo en su orden, y el Capítulo XI denominado “Del Juicio en la Vía Sumaria” al Título II, que comprende de los artículos 58-1 a 58-15, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

“Artículo 1-A. ...

I. a II. ...

III. Boletín Electrónico: Medio de comunicación oficial electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.

IV. a XI. ...

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.

XIV. Juicio en la vía Sumaria: El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los que se refiere el Capítulo XI del Título II de esta Ley.

XV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el Tribunal.

XVI. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 13....

...

...

I. ...

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.

b)...

II. y III. ...

...

...

...

Artículo 14....

I. El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

La indicación de que se tramitará en la Vía Sumaria. En caso de omisión, el Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda de conformidad con el Título II, Capítulo XI de esta Ley, sin embargo no será causa de desechamiento de la demanda, el hecho de que está no se presente dentro del término establecido para la promoción del Juicio en la Vía Sumaria, cuando la procedencia del mismo derive de la existencia de alguna de las jurisprudencias a las que se refiere el antepenúltimo párrafo del Artículo 58-2; en todo caso si el Magistrado Instructor, antes de admitir la demanda, advierte que los conceptos de impugnación planteados por la actora tienen relación con alguna de las citadas jurisprudencias, proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del Juicio en la Vía Ordinaria.

II. a VIII

...

...

...

...

Si en el lugar señalado por el actor como domicilio del tercero, se negare que sea éste, el demandante deberá proporcionar al Tribunal la información suficiente para proceder a su primera búsqueda, siguiendo al efecto las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por la fracción I, de este artículo, las que corresponda hacérsele en el mismo, se efectuarán por Boletín Electrónico.

Artículo 24.Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley.

Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley.

Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda.

Artículo 24 Bis.Las medidas cautelares se tramitarán de conformidad con el incidente respectivo, el cual se iniciará de conformidad con lo siguiente:

I. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones, el cual deberá encontrarse ubicado dentro de la región de la Sala que conozca del juicio, así como su Dirección de Correo Electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea;

b) Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma;

c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y

d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar.

II. El escrito de solicitud de medidas cautelares deberá cumplir con lo siguiente:

a) Acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar, y

b) Adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes, a fin de correrles traslado.

En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente.

En los demás casos, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas cautelares son indispensables y el Magistrado Instructor podrá otorgarlas, motivando las razones de su procedencia.

La solicitud de las medidas cautelares, se podrá presentar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

Artículo 25.En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o que haya vencido el término para presentarlo, el Magistrado Instructor dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro del plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado Instructor que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

Artículo 27.En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, el Magistrado Instructor o en su caso, la Sala las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar, mediante indemnización, el daño y los perjuicios que con ellas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio; garantía que deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada y quedará a disposición de la Sala. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se requerirá a la parte afectada para que proporcione todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía.

Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si la contraparte da, a su vez, caución bastante para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse por no subsistir las medidas cautelares previstas, incluidos los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte afectada.

Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el Tribunal, considerando las circunstancias del caso, podrá no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno, deberá condenarla a pagar la indemnización administrativa que corresponda.

Artículo 28.La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se concederá siempre que:

a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y

b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado.

II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y

2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable.

En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio.

c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme.

d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla.

III. El procedimiento será:

a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme.

b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor.

c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.

d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes.

IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad.

Artículo 29. ...

I. La incompetencia por materia.

II. a VI. ...

...

Artículo 30.Las Salas Regionales serán competentes para conocer de los juicios por razón de territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En caso de duda, será competente por razón de territorio la Sala Regional ante quien se haya presentado el asunto.

Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea competencia de otra, el demandado o el tercero podrán acudir ante el Presidente del Tribunal exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que se someta el asunto al conocimiento de la Sección que por turno le corresponda conocer.

Cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Sala Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos.

La Sala requerida decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de recepción del expediente, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si la Sala lo acepta, comunicará su resolución a la requirente y a las partes. En caso de no aceptarlo, se tramitará el incidente a que se refiere el tercer párrafo de este artículo.

Artículo 48.El Pleno o las Secciones del Tribunal podrán resolver los juicios con características especiales.

I. ...

a). ...

Tratándose de la cuantía, el valor del negocio deberá exceder de cinco mil veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, vigente en el momento de la emisión de la resolución combatida.

b) ...

II. ...

a) La petición que, en su caso, formulen las Salas Regionales, el Magistrado Instructor o las autoridades deberá presentarse hasta antes del cierre de la instrucción.

b) La Presidencia del Tribunal comunicará el ejercicio de la facultad de atracción a la Sala Regional o al Magistrado Instructor antes del cierre de la instrucción.

c). ...

d) Una vez cerrada la instrucción del juicio, la Sala Regional o el Magistrado Instructor remitirá el expediente original a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior, la que lo turnará al Magistrado ponente que corresponda conforme a las reglas que determine el Pleno del propio Tribunal.

Artículo 51. ...

I. a V. ...

...

a) a f) ...

...

Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.

...

Artículo 52....

I. a IV. ...

V. ...

a) y b) ...

c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

d) ...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 58. ...

I. a II. ...

III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor.

En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada.

El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada.

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico.

También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja.

IV. ...

Capítulo XI Del Juicio en la Vía Sumaria

Artículo 58-1. El juicio contencioso administrativo federal se tramitará y resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esta Ley.

Artículo 58-2.Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó

V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

Artículo 58-3. La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será improcedente cuando:

I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2.

II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;

III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el Capítulo II del Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;

V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o

VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

En estos casos el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de esta Ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.

Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta Ley.

Artículo 58-4.Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que la conteste dentro del término de quince días y emplazará, en su caso, al tercero, para que en igual término, se apersone en juicio.

En el mismo auto en que se admita la demanda, se fijará día para cierre de la instrucción. Dicha fecha no excederá de los sesenta días siguientes al de emisión de dicho auto.

Artículo 58-5. El Magistrado proveerá la correcta integración del juicio, mediante el desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar diez días antes de la fecha prevista para el cierre de instrucción.

Serán aplicables, en lo conducente, las reglas contenidas en el Capítulo V de este Título, salvo por lo que se refiere a la prueba testimonial, la cual sólo podrá ser admitida cuando el oferente se comprometa a presentar a sus testigos en el día y hora señalados para la diligencia.

Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se desahogará en los términos que prevé el artículo 43 de esta Ley, con la salvedad de que todos los plazos serán de tres días, salvo el que corresponde a la rendición y ratificación del dictamen, el cual será de cinco días, en el entendido de que cada perito deberá hacerlo en un solo acto ante el Magistrado Instructor. Cuando proceda la designación de un perito tercero, ésta correrá a cargo del propio Magistrado.

Artículo 58-6. El actor podrá ampliar la demanda, en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, en un plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación.

La parte demandada o en su caso el tercero, contestarán la ampliación a la demanda, en el plazo de cinco días siguientes a que surta efectos la notificación de su traslado.

En caso de omisión de los documentos a que se refieren los artículos 17, último párrafo, y 21, segundo párrafo, de la Ley, las partes deberán subsanarla en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento formulado por el instructor

Artículo 58-7.Los incidentes a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 29 de esta Ley, podrán promoverse dentro de los diez días siguientes a que surtió efectos la notificación del auto que tuvo por presentada la contestación de la demanda o, en su caso, la contestación a la ampliación.

El incidente de incompetencia sólo procederá en esta vía cuando sea hecho valer por la parte demandada o por el tercero, por lo que la Sala Regional en que se radique el juicio no podrá declararse incompetente ni enviarlo a otra diversa.

El incidente de acumulación sólo podrá plantearse respecto de expedientes que se encuentren tramitando en esta misma vía.

Los incidentes de nulidad de notificaciones y de recusación de perito, se deberán interponer dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se conoció del hecho o se tuvo por designado al perito, respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en igual término.

Artículo 58-8.Los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 de esta Ley, deberán interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del Magistrado Instructor.

Interpuesto cualquiera de los recursos se ordenará correr traslado a la contraparte y esta última deberá expresar lo que a su derecho convenga en un término de tres días y sin más trámite, se dará cuenta a la Sala Regional en que se encuentra radicado el juicio, para que resuelva el recurso en un término de tres días.

Artículo 58-9. Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a las reglas generales establecidas en el Capítulo III de esta Ley. El Magistrado Instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares.

Contra la resolución del Magistrado Instructor dictada conforme al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala Regional en la que se encuentre radicado el juicio.

Artículo 58-10. En los casos de suspensión del juicio, por surtirse alguno de los supuestos contemplados para ello en esta Ley, en el auto en que el Magistrado Instructor acuerde la reanudación del procedimiento, fijará fecha para el cierre de instrucción, en su caso, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación a las partes de la reanudación del juicio.

Artículo 58-11.Las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de la instrucción.

Artículo 58-12.En la fecha fijada para el cierre de instrucción el Magistrado Instructor procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado, supuesto en el que deberá declarar cerrada la instrucción; en caso contrario, fijará nueva fecha para el cierre de instrucción, dentro de un plazo máximo de diez días.

Artículo 58-13.Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes.

Artículo 58-14.Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de un mes contado a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad con el artículo 53 de esta Ley.

Artículo 58-15.A falta de disposición expresa que establezca el plazo respectivo en la vía sumaria, se aplicará el de tres días.

Artículo 62.Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda.

El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso.

La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia.

Artículo 65.Toda resolución debe notificarse a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

...

...

Artículo 66.En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón del envío por correo o entrega de los oficios de notificación, así como de las notificaciones personales o por Boletín Electrónico. Los acuses postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia al expediente.

Artículo 67.Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones:

I. La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III de esta Ley;

II. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente y la que designe al perito tercero, en el caso de dichas personas;

III. El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de esta Ley a la persona que deba cumplirlo, y

IV. La resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia definitiva, al actor y al tercero.

En los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los particulares por medio del Boletín Electrónico.

Artículo 68. El emplazamiento a las autoridades demandadas y las notificaciones, del sobreseimiento en el juicio cuando proceda, y de la sentencia definitiva, se harán por oficio.

En los demás casos, las notificaciones a las autoridades se realizarán por medio del Boletín Electrónico.

Las notificaciones por oficio se harán únicamente a la unidad administrativa a la que corresponda la representación en juicio de la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, tercer párrafo, de esta Ley.

El requerimiento o notificación a otras autoridades administrativas se hará por oficio.

Si el domicilio de la sede principal de la autoridad se encuentra en el lugar de la sede de la Sala, el actuario hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.

Artículo 69.La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o Sala, se publicará en el Boletín Electrónico al día hábil siguiente de su emisión para conocimiento de las partes.

La publicación señalará la denominación de la Sala y ponencia del Magistrado que corresponda, el nombre del particular y la identificación de las autoridades a notificar, la clave del expediente, así como el contenido del auto o resolución.

Se tendrá como fecha de notificación, la del día en que se publique en el Boletín Electrónico y el actuario lo hará constar en el auto o resolución de que se trate.

El Tribunal llevará en archivo especial, las publicaciones atrasadas del Boletín Electrónico y hará la certificación que corresponda, a través de los servidores públicos competentes.

La lista también podrá darse a conocer mediante documento impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique en el Boletín Electrónico.

Artículo 70.Las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas.

Artículo 75. ...

...

Las Salas y los Magistrados Instructores de un Juicio en la vía Sumaria podrán apartarse de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan de los mismos, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la sentencia.

Artículo 77.En el caso de contradicción de sentencias, interlocutorias o definitivas, cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que éste la haga del conocimiento del Pleno, el cual con un quórum mínimo de diez Magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.

...”

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 2, fracción II; 8, párrafos tercero y cuarto; 14, fracción XIV, segundo párrafo; 18, fracciones II y VII; 23, fracción VII; 25, primer párrafo; 30, fracciones I, XII y XIV; 31; 33; 37, primer párrafo y fracción X; 38, fracción X; 41, fracciones IV, V, XI, XIX, XXIX y XXX; 47, fracción VII y VIII, 53, primer párrafo; 55, segundo párrafo; se adicionan el artículo 2 Bis; la fracción XV al artículo 14, recorriéndose la última en su orden; las fracciones VIII y IX al artículo 23, recorriéndose la última en su orden; la fracción XV del artículo 30, recorriéndose la última en su orden; la fracción XI del artículo 37, recorriéndose la última en su orden; las fracciones XI y XII del artículo 38, recorriéndose la última en su orden; la fracción XIII Bis del artículo 41; la fracción IX del artículo 47; la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 53; y se deroga la fracción XV del artículo 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para quedar como sigue:

“Artículo 1. ...

El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado por el Pleno de su Sala Superior con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobado su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá directamente sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, observando lo dispuesto en la ley citada, dentro del margen de autonomía previsto en su artículo 5, fracción II, incisos c) y d). Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

Artículo 2. ...

I. ...

II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas;

III. ...

Artículo 2 Bis.Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.

Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Artículo 8....

...

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales o Especializadas serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere la fracción XIII Bis del artículo 41 de esta Ley hasta por un mes de los Magistrados en Salas Regionales o Especializadas se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones antes citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios o a falta de éstos por el primer secretario del Magistrado ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta determine la conclusión anticipada de la misma.

...

Artículo 14....

I. a XIII. ...

XIV. ...

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

...

...

...

Artículo 18....

I. ...

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas; así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. a VI. ...

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. a XIV. ...

XV. Se deroga.

XVI. ...

Artículo 23. ...

I. a VI ...

VII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

VIII. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos;

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción;

IX. Designar al Secretario Adjunto de la Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de la Sección, y

X. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes.

Artículo 25. Las resoluciones de una Sección se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de Sección.

...

Artículo 30. ...

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables;

II. a XI. ...

XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

XIII. ...

XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones;

XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas, y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 31. El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno, a las Secciones de la Sala Superior.

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 33.En cada una de las regiones a que se refiere el artículo anterior habrá el número de Salas que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, en el que también se determinará la sede, su circunscripción territorial, la distribución de expedientes y la fecha de inicio de funciones.

Artículo 37.Los Presidentes de las Salas Regionales o Especializadas tendrán las siguientes atribuciones:

I. a IX. ...

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 38....

I. a IX. ...

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y

XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 41....

I. a III. ...

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

V. Adscribir a Salas Regionales o Salas Especializadas y, en su caso, cambiar de adscripción a los Magistrados de Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables.

VI. a X. ...

XI. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales y Salas Especializadas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

XII. a XIII. ...

XIII Bis. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán;

XIV. a XVIII. ...

XIX. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada que así lo amerite;

XX. a XXVIII. ...

XXIX. Integrar y desarrollar, dentro del Sistema de Justicia en Línea, un subsistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de las Salas Especializadas, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

XXX. Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXI. a XXXV. ...

Artículo 47. ...

I. a VI. ...

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en lo expedientes que obran en la Sala Superior, y

IX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 53.El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. Al frente del mismo habrá un Director General el cual será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. a III. ...

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas.

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo, de conformidad con el reconocimiento de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes.

Artículo 55....

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

...”

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los artículos 24, 24 Bis, 25, 27 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforman o adicionan en términos del presente Decreto, entrarán en vigor a partir de los noventa días siguientes, al de la publicación del presente instrumento jurídico.

Tercero.Las disposiciones relativas al Juicio en la Vía Sumaria, previstas en el Capítulo XI del Título II que se adiciona a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los artículos 1o, fracción III, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 41, fracción XXX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se reforman conforme al presente Decreto, entrarán en vigor a partir de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación de este ordenamiento.

Asimismo, el Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el Juicio en Línea, inicie su operación a partir de los 240 días naturales siguientes, a la fecha de publicación de este ordenamiento.

Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor el Capítulo XI del Título II a que se refiere el párrafo anterior, continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

Cuarto.Los avisos que se estén tramitando conforme a los artículos 67, último párrafo y 68, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforma con este decreto, continuarán realizándose hasta la conclusión del juicio que corresponda, salvo que las partes manifiesten su interés de acogerse a lo dispuesto por este instrumento jurídico.

Cualquier referencia hecha en alguna disposición jurídica al Boletín procesal o a la lista en estrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se entenderá realizada al Boletín Electrónico a partir de la entrada en vigor del artículo 1-A, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se reforma conforme al presente Decreto.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa promoverá una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a * de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado José Antonio Yglesias Arreola sometió a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada Iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente dictámen

Antecedentes

En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, el diputado José Antonio Yglesias Arreola, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de precisar que en el rubro de infraestructura básica educativa se considere a la educación media superior.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa que se dictamina señala el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación obligan a las autoridades a dar mantenimiento y proveer de equipo básico e infraestructura a las escuelas públicas, además de facultarlas para atender de manera especial a las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación. Por lo que el gobierno de cada Entidad Federativa debe promover la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.

También menciona que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en el ramo 33 de “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios” se define el propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Asimismo, el diputado Yglesias indica que el FAIS se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Siendo en este último, donde se encuentra el concepto de “infraestructura básica educativa”, en el cual no se hace ninguna distinción respecto al nivel educativo al que se destine dicho fondo (preescolar, primaria, secundaria, media superior), por lo que expresa que se entiende que la infraestructura básica educativa está dirigida a cualquier nivel.

Consideraciones de la Comisión

Primera.Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público está de acuerdo con la Iniciativa de mérito toda vez que el gobierno de cada Entidad Federativa debe promover la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.

Segunda. Esta dictaminadora considera prioritario asignar mayores recursos en infraestructura básica educativa en todos los niveles educativos incluyendo la educación media superior y con ello generar mejores condiciones que permitan abatir con el problema de que las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación existan inconmensurables rezagos y atrasos educativos que se traducen en altos índices de deserción escolar.

Tercera. La que dictamina considera que en la Ley de Coordinación Fiscal, de la misma manera que en el ramo 33 (fondo 3) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y 2010 no existe restricción ni diferenciación alguna respecto al nivel educativo al que va dirigido el rubro de infraestructura básica educativa.

Cuarta.La que Dictamina reconoce la necesidad de que se haga una precisión en el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal para que incluya al nivel medio superior, dado que las autoridades fiscalizadoras hacen una mala interpretación de dicho artículo y excluyen del uso de este fondo a la educación media.

Quinta.Esta Comisión Dictaminadora coincide con la Iniciativa de mérito en que debe establecerse en el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal que la “infraestructura básica educativa” no se limita al nivel de educación básica, ya que lo básico se refiere a obras y acciones en cuanto a infraestructura sin limitación del nivel o tipo educativo (construcciones de salones de clase, de usos múltiples, laboratorios, sanitarios, áreas deportivas, etcétera), por tanto debe considerarse al nivel medio superior en el goce de los recursos de dicho fondo y de esta forma poder abatir los problemas estructurales que aquejan a nuestro país y principalmente a los marginados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Único.Se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa en los tipos de educación básica y media superior, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) ...

...

...

I. a V. ...

Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a * de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, secretarios; Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica en abstención), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta, Roberto Gil Zuarth, Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica en contra del procedimiento), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, la cual a su vez fue remitida el mismo día a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía para su estudio y dictamen.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen:

Descripción de la minuta

La Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, fue aprobada por el pleno de la colegisladora el * de octubre de 2009 y tiene su origen en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2010 y en la Minuta aprobada por esta Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2009.

En la Minuta remitida, la colegisladora, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de Cámara revisora, coincidió con la mayoría de los temas planteados por esta Cámara de Diputados; sin embargo, remitieron las siguientes modificaciones:

En la Minuta remitida por la colegisladora se adiciona el artículo 254 Quater y se modifica el artículo Primero de los transitorios. Asimismo, se adiciona un artículo Quinto correspondiente también a los transitorios, al considerar que Pemexy sus organismos subsidiarios deben pagar por los servicios de supervisión y regulación que reciben de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en sus actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, a la vez que se establecería un mecanismo de financiamiento que sería el soporte económico necesario para la autonomía técnica de la Comisión.

En tal virtud, el derecho referido tendría una tasa de 0.03 por ciento sobre el valor del petróleo y gas extraídos y, su aplicación entrará en vigor en 2012.

Por otra parte, se elimina el segundo párrafo del artículo 258 Quater, lo anterior en virtud de que la Colegisladora estima necesario favorecer la explotación de campos marginales sin limitar su contribución a la producción sumada de todos los campos, por lo que no conviene restringir a 5 por ciento de la producción total la aplicación del régimen tributario para campos marginales, pensando en términos de sacrificio fiscal.

Consideraciones de las comisiones

Las que dictaminan consideran adecuada la propuesta de adición del artículo 254 Quáter, y la modificación del artículo Primero Transitorio, así como la adición del artículo Quinto de los transitorios y la eliminación del segundo párrafo del artículo 258 Quáter, de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior, debido a que estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que al eliminar la restricción de 5 por ciento de la producción total la aplicación del régimen tributario para campos marginales, la paraestatal estará en posibilidades de producir más y mejorarán las finanzas públicas y, sobre todo, para la seguridad energética nacional y los niveles de producción anual

Asimismo, las que dictaminan consideran adecuada la propuesta de adición del artículo 254 Quáter, y la modificación del artículo Primero Transitorio, así como la adición del artículo Quinto de los transitorios, ya con ello la Comisión Nacional de Hidrocarburos contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y al mismo tiempo se establecerá un mecanismo de financiamiento que será el soporte económico necesario para su autonomía técnica. En tal sentido, estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan en aplicar el derecho referido a partir del 2012.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación de la propuesta de adición del artículo 254 Quáter, y la modificación del artículo Primero Transitorio, así como la adición del artículo Quinto de los transitorios y la eliminación del segundo párrafo del artículo 258 Quáter, de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, que se encuentra en el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, Relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el encabezado del artículo 258 Ter; y se adiconan los artículos 254 Quáter, 257 Bis, con una fracción IV; 258 Bis, con una fracción III; 258 Ter, con las fracciones VI y VII; 258 Quáter, y 258 Quintus, relativos al Capítulo XII Hidrocarburos, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 254 Quáter.Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa del 0.03 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos mensuales provisionales, dentro de los siete días hábiles después de terminado el mes de calendario correspondiente.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho, a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda.

Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el Órgano de Gobierno de la Comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.

Con la aplicación de estos derechos quedarán cubiertos los pagos por los servicios de supervisión y regulación a que se refiere el Artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El último día hábil del mes marzo de cada año la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregará a las Cámaras del Congreso de la Unión un reporte anual del cumplimiento de las actividades y metas programadas.

Artículo 257 Bis.. . .

IV. Los campos marginales a que se refiere el artículo 258 Bis de esta Ley, únicamente respecto de la producción incremental anual que se obtenga una vez alcanzada la producción base anual. A la producción base anual se aplicarán los derechos previstos en los artículos 254 a 257 de esta Ley.

. . .

Artículo 258 Bis.. . .

III. Campos marginales, aquellos campos de extracción de petróleo crudo o gas natural que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acorde con lo establecido en el artículo 258 Quáter de esta Ley.

Artículo 258 Ter.Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus, 257 Octavus y 258 Quáter de esta Ley se considerará:

. . .

VI. Como producción base anual de un campo marginal, la que se obtenga conforme a la siguiente fórmula:

Donde:

  es la producción base anual del campo marginal.

es el volumen de petróleo crudo equivalente extraído durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes en que se presente la propuesta de incorporación a que se refiere al artículo 258 Quáter de esta Ley, incluyendo el consumo de dicho producto efectuado por PemexExploración y Producción.

es el  monto de reservas probadas (1P) que PemexExploración y Producción haya registrado  en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos  a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

es el perfil de extracción de petróleo crudo equivalente correspondiente a las reservas probadas (1P) que PemexExploración y Producción haya registrado en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la incorporación del campo al inventario de campos marginales, en su certificación de reservas ante los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

es el ejercicio fiscal que corresponda de manera que cuando t=1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora el campo al inventario de campos marginales.

VII. Como producción incremental anual de un campo marginal, la que se obtenga de la siguiente fórmula:

Donde:

es la producción incremental del campo marginal en el periodo que corresponda.

es la producción base anual del campo marginal.

es el volumen efectivamente obtenido de petróleo crudo equivalente del campo marginal, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PemexExploración y Producción en el ejercicio fiscal que corresponda.

es el ejercicio fiscal que corresponda, de manera que cuando t=1, se refiere al ejercicio fiscal en que se incorpora al campo al inventario de campos marginales.

Artículo 258 Quáter. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el inventario de campos marginales.

A más tardar el 31 de agosto de cada año, en su caso, PemexExploración y Producción presentará a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, una propuesta de modificación al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.

PemexExploración y Producción, previa opinión favorable de la Secretaría de Energía, deberá anexar a la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, un estudio que contenga para cada campo que proponga incorporar al inventario correspondiente, lo siguiente:

I. En caso de que el campo no esté activo, una estimación de los costos de exploración, desarrollo y producción, así como de los montos de las reservas probadas (1P) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;

II. En caso de que el campo propuesto esté activo, una relación de los costos de producción y desarrollo, así como de los montos de las reservas probadas (1P) y probadas y probables (2P) de petróleo crudo o gas natural;

III. Una estimación de la rentabilidad esperada de la explotación del campo, en el que se incluya, al menos, un análisis que demuestre que la explotación del campo de que se trate:

a) Sea económicamente rentable, antes de aplicar lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de esta Ley;

b) No sea rentable para PemexExploración y Producción una vez aplicado lo dispuesto en los artículos 254 a 257de esta Ley, y

c) Sea rentable para PemexExploración y Producción en caso de que se aplique el régimen previsto en esta Ley para los campos incluidos en el inventario de campos marginales, y

IV.El perfil de producción de hidrocarburos que corresponda a las reservas probadas (1P), de acuerdo con el proceso de certificación de reservas de PemexExploración y Producción ante los mercados reconocidos a que se refiere al artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, en los que participe.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habiendo analizado qué campos se deben incluir, mantener o eliminar, a más tardar el 30 de noviembre de cada año autorizará, en su caso, las modificaciones al inventario de campos marginales que aplicará para el siguiente ejercicio fiscal.

PemexExploración y Producción deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cierre o abandono de un campo incluido en el inventario de campos marginales a más tardar a los 15 días naturales posteriores al cierre o abandono, a efecto de que la citada Secretaría elimine el campo de que se trate del inventario de campos marginales autorizado para el ejercicio en curso.

Para emitir las opiniones a que se refiere este artículo la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir los criterios generales y lineamientos a los que deberá sujetarse PemexExploración y Producción para elaborar los estudios y la propuesta de modificación al inventario de campos marginales a que se refiere este artículo.

Artículo 258 Quintus.Para los efectos de este Capítulo, PemexExploración y Producción deberá contar con sistemas de medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural, instalados en cada pozo, campo y punto de transferencia de custodia. La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitirá los lineamientos para la medición de los citados volúmenes.

Artículos Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011, salvo la reforma a los artículos 254 quater y 258 quintus de la Ley Federal de Derechos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2012.

Segundo.Para los efectos del artículo 258 quater de la Ley Federal de Derechos, el inventario de campos marginales para 2011 se integrará con:

I. Los campos abandonados y en proceso de abandono incluidos en el inventario a que se refiere el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, y

II. Los siguientes campos:

a) En el área de Magallanes Cinco Presidentes:

1. Blasillo;

2. Cinco Presidentes;

3. La Venta;

4. Magallanes;

5. Ogarrio;

6. Otates;

7. Rodador;

8. San Alfonso, y

9. San Ramón;

b) En el área de Arenque:

1. Arenque;

2. A tún;

3. Bagre;

4. Carpa;

5. Escualo;

6. Isla de Lobos;

7. Jurel;

8. Lobina;

9. Marsopa;

10. Mejillón;

11. Morsa;

12. Náyade, y

13. Tiburón, y

c) En el área de Altamira:

1. Altamira;

2. Barcodón;

3. Cacalilao;

4. Corcovado;

5. Ébano;

6. Limón;

7. Pánuco;

8. Salinas;

9. Tamaulipas Constituciones, y

10. Topila.

A más tardar el 28 de febrero de 2011, PemexExploración y Producción, previa opinión de la Secretaría de Energía, deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que delimite la ubicación de los campos a que se refiere este artículo. Para emitir la referida opinión la Secretaría de Energía solicitará la opinión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Tercero.Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá emitir los lineamientos para la medición de volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural a más tardar el 30 de junio de 2011.

Cuarto.Se deroga el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007.

Quinto.El primer reporte anual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para cumplir con lo establecido en el artículo 254 quater de la Ley Federal de Derechos, se entregará en el mes de marzo de 2012.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a * de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica en contra), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto Di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Roberto Gil Zuarth, Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica en contra del artículo 258 quater, párrafo uno y dos), Leticia Quezada Contreras (rúbrica en contra), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez, Víctor Manuel Kidnie de La Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Eric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo.»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, tal y como lo ha solicitado la Junta de Coordinación Política, si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato, el dictamen a las reformas que el Senado de la República realizó al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativos al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:En votación económica, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada la segunda lectura.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema de registro de asistencia.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 453 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, con qué objeto. Sonido en la curul que ocupa el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente. Tiene razón la diputada Dolores del Río, la diputada secretaria en que están registrados 453 diputados, pero las cuentas no salen porque aquí abajo no hay ni 100. Tenemos que resolver este misterio porque en el pleno eso no se percibe.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se preocupe usted. Tal y como establece el Reglamento, la cuenta de la votación servirá al mismo tiempo de rectificación de quórum. ¿Diputado Di Costanzo, su propósito es?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Hablar en contra del dictamen que se va a someter a consideración.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Inmediatamente que lo pongamos a discusión, lo cual es en este momento.

Está a discusión en lo general el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativo al Régimen Fiscal de Pemex.

Para fundamentar por la comisión tiene la palabra el diputado David Penchyna Grub. No habrá fundamentación por la comisión.

Para ilustrar a la asamblea, proceda la Secretaría a dar lectura a la fracción E del artículo 72 constitucional.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la cámara revisora, la nueva discusión de la cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

Si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A.

Si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la cámara de su origen volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión, dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A.

Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria.

LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Mario Becerra Pocoroba para fundamentar el dictamen por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:En mi carácter de presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público manifiesto a ustedes que el día de hoy por la mañana tuvimos una sesión dentro de la sesión permanente a que nos encontrábamos afectos, después de la aprobación del paquete económico que enviamos al Senado de la República.

En el Senado de la República no se efectuó ninguna modificación a ninguna de las disposiciones que nosotros enviamos, salvo a la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, sustancialmente en dos hipótesis.

La primera de ellas que establecía la obligación de Petróleos Mexicanos de pagar el impuesto sobre hidrocarburos o el derecho sobre hidrocarburos de campos marginales, cuando su explotación excediera de un 5 por ciento del total de la explotación de los pozos del propio Petróleos Mexicanos. Ésa parte del segundo párrafo del artículo 258 Quáter fue derogada.

En segundo lugar, consideraron oportuno incluir un artículo 254 con la finalidad de establecer que a partir del Ejercicio Fiscal del 2012 Pemex Refinación esté obligado a contribuir con el 0.30 de los ingresos obtenidos con la finalidad de apoyar el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta minuta del Senado llegó aquí el 27 de octubre. El día de hoy por la mañana la sometimos a la consideración de los integrantes de la Comisión.

Consideramos que ambas propuestas planteadas por el Senado son de aceptarse, y por tanto, se aprobó por mayoría de votos, con las reservas conducentes, el proyecto de decreto sometido a la consideración de la honorable asamblea, el día de hoy por la mañana.

Por tanto, considero y consideramos por mayoría, que las modificaciones son las adecuadas. En primer término porque no sólo se está estableciendo un límite a Petróleos Mexicanos para el mantener una posición en cuanto a la explotación de los terrenos marginales o lotes marginales...

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado.

Diputado, Narro. Permítame un segundo. No se oye. Sonido en la curul del diputado Narro.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Quiero plantear nada más una reserva en lo particular. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Para hacer una reserva?

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Así es.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Una pregunta el orador. Si me la permite el orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Becerra, ¿acepta usted una pregunta del diputado Cárdenas?

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Con gusto, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Diputado Becerra, lo que quiero preguntarle es que si esta reducción en el pago de derechos únicamente beneficia a Pemex y a sus subsidiarias, o también de manera indirecta se reduce el pago de derechos de las empresas contratistas de Pemex, nacionales o extranjeras. Es decir, ¿aquí beneficiamos a Pemex exclusivamente o también estamos beneficiando a empresarios nacionales y extranjeros que contratan con Pemex?

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Se está beneficiando, en primer término, señor diputado, indudablemente a Petróleos Mexicanos. Las razones esgrimidas en la exposición de motivos enviada por el Senado, manifiestan con una claridad, cuando menos en principio para su servidor, suficiente, en el sentido de que lo que se pretende es que, si Pemex considera que debe continuar invirtiendo en los terrenos marginales la explotación, aun cuando ésta rebase el 5 por ciento, deje de cubrir los derechos correspondientes.

Indudablemente esto le dará mayor liquidez a Pemex, y bueno, tampoco debo obviar una pregunta —con el respeto que usted me merece— si, indudablemente, esto le dará una mayor liquidez y le permitirá contribuir a una mejor exploración de esos terrenos marginales.

Digamos, cumpliendo cabalmente con las disposiciones legales, por supuesto, señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Becerra. Continúe usted con su intervención, si es tan amable.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Ramón Jiménez, ¿quiere usted hacer una pregunta?

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): He escuchado con atención la exposición del diputado Pocoroba, que hace una apología...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Quiere usted hacer una pregunta, diputado?

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Sí, por eso le digo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame le pregunto al diputado si acepta la pregunta.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Ah, perdón.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, acepta usted la pregunta que quiere hacer el diputado Jiménez.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Si se trata de hacer apologías no, diputado. Si se trata de hacer una pregunta, con todo gusto.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente, para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado García Granados también quiere hacer una pregunta. Los anoto sucesivamente. Usted primero, diputado Jiménez.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Gracias diputado Pocoroba. Yo no voy a hacer la apología, usted es el que la está haciendo, pero la está haciendo mal. Quiero preguntarle, usted dijo que de acuerdo a la modificación que plantea el Senado, se van a destinar para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, afirmó usted 0.30 por ciento.

Pero quiero pedirle de favor que rectifique porque el dictamen dice que es 0.03 por ciento, y si no, por favor que nos lo aclare.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:El dictamen presentado, la modificación en el precepto es del 0.30.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Es que yo quiero participar en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado García Granados. Y después le pregunto diputado Di Costanzo. Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más algunas dudas respecto de la descripción de la minuta, el documento que tengo en mis manos. Dice textualmente: la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos fue aprobada por el pleno de la colegisladora el —asterisco— de octubre de 2009.

Y tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre del 2010. Y en la minuta aprobada por esta Cámara de Diputados el día 20 de octubre de 2009.

Preguntaría: ¿qué fecha es el asterisco de octubre de 2009 y por qué está siendo aprobada por el Senado un año antes de que el presidente la haya presentado a esta Cámara, y un año antes de que haya sido dictaminado por esta Cámara?

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Es un error, indudable. Es un error en la exposición de motivos. Es un error en la exposición de motivos, fue aprobada por la Cámara de Senadores el día de antier.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): 2010. No 2009.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Es 2010.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): ¿Y el asterisco qué fecha es?

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:El asterisco es 27 de octubre de 2010.

Es 0.03, de acuerdo; 0.03, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Becerra.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): El primero era con precisar la cifra que había dado de manera errónea el presidente. Y la segunda, si me permite también hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Con todo gusto, diputado Di Costanzo. Mientras me diga usted Becerra Pocoroba, con todo gusto. Acuérdese de que también tengo padre.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Cómo no, señor diputado presidente Mario Alberto Becerra Pocoroba.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Gracias, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Preguntarle –porque ahorita, con tanta discusión durante la mañana, no recuerdo bien la opinión que dio sobre estas modificaciones de la minuta del Senado—, la opinión que dio el representante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Quisiera que nos refiriera esta opinión durante la sesión a la que todos acudimos.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Indudablemente que quien solicitó, entre otros miembros de la Comisión, la presencia de algún servidor público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos fue usted. Usted formuló las preguntas que estimó conducentes y las respuestas manifestadas por el servidor público en su opinión, diputado, y así lo manifestó usted expresamente, no fueron las adecuadas.

Usted le manifestó en varias ocasiones que respondía a aspectos eminentemente presupuestales y no respondía a las preguntas que usted formuló.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué propósito, diputado Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para hacer rectificaciones a la minuta de errores, de fechas e información incompleta. No solamente en la parte que señalaba...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si fuera tan amable de hacerlo en forma de pregunta al diputado Becerra. Adelante, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias.

Diputado Becerra, si le puedo hacer la pregunta, comentario. En la parte inicial del dictamen, de octubre *2010. Supongo que será octubre 28, 2010.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:De acuerdo, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Después, en el primer párrafo, descripción de la minuta, el primer párrafo de ese apartado, no solamente hay error en donde está el asterisco y en el año sino al final mismo del párrafo. Dice: “...y la minuta aprobada por esta Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2009”. Debe decir 2010.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Es 2010, sí.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Muy bien. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputados. Le suplico por favor a Servicios Parlamentarios que tomen nota de ambas correcciones. Diputado Becerra, continúe, por favor.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Ambas modificaciones presentadas hoy, como les comentaba, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fueron aprobadas por mayoría.

La primera, porque consideramos que significa el permitirle a Pemex continuar explotando los terrenos marginales, aun cuando rebasen 5 por ciento. Y la segunda, porque le otorga un mayor presupuesto a partir de 2012 a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por tanto, sometería a la consideración de todos ustedes, señoras diputadas y señores diputados, el que se aprobara en sus términos la modificación, tal como lo hizo hoy la Comisión que me honro en presidir. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Narro. Ya terminó el diputado Becerra. Si acepta usted una pregunta del diputado Narro.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Adelante, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Narro.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Con el debido respeto, presidente de la Mesa Directiva, presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Mario Alberto, queríamos comentar o preguntarle, porque tenemos una enorme preocupación, en el segundo párrafo de la 258 que es, presidente, lo que nos estamos reservando. Entendemos que en tiempo y en forma el Distrito Federal presentó una propuesta de dictamen, una propuesta de iniciativa de ley que señalaba con mucha precisión de que en los campos marginales no pasaban de 5 por ciento.

Entonces, de repente vemos que este planteamiento es modificado y seguramente la propuesta que hace el Ejecutivo la hace con sustento y fue un equipo técnico que lo apoya a él, para tratar de que sus propuestas vengan fundamentadas de acuerdo con la realidad del trabajo de Pemex.

Nos preocupa, porque ahora le han quitado ese candado que precisamente abre la posibilidad de que estas áreas de producción se puedan incrementar y puedan ser beneficiarias de este régimen tributario especial o de estos beneficios tributarios que se están planteando, precisamente en esta iniciativa.

Lo que nos preocupa es que en el fondo los beneficiarios serán las grandes empresas trasnacionales y monopólicas del petróleo.

Entendemos también que las fechas que se plantean en el dictamen, las modificaciones que están proponiendo por la corrección, son entendibles y tenemos un año que no sesionamos como Comisión, pero bueno, por sus respuestas muchas gracias, presidente, con todo respeto.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba:Precisamente y debo hacer una aclaración que le hice a usted, el día de hoy por la mañana, señor diputado, la Comisión va a sesionar en forma permanente y ante ustedes fijé un compromiso. Entonces, dejemos a un lado lo que sucedió en el pasado y trabajemos por el futuro. Le pediría a usted, por favor, que ese tema lo olvidáramos.

Si esto representa pedir una disculpa al pleno, la pido abiertamente, creo que he cumplido con mi deber.

En segundo lugar, señor diputado, considero que la posición manifestada en la reforma presentada con la colegisladora es una reforma adecuada que beneficia a Petróleos Mexicanos y como le respondí al diputado Cárdenas, a quien le tengo aprecio igual que a usted, señor diputado, la finalidad inicial o sea el beneficiario directo, indudablemente es Petróleos Mexicanos.

Que esto, al darle mayor liquidez signifique el tener una mayor capacidad de pago a los contratistas, sería ridículo de mi parte el negarlo, pero realizar una afirmación categórica de que beneficia a las empresas trasnacionales y a los grandes consorcios nacionales, tampoco me atrevería a afirmarlo porque no tengo las pruebas en mi poder, señor diputado. Muchas gracias, señores. Gracias, presidente. Con permiso.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Para hablar en contra del dictamen se han inscrito los diputados Mario di Costanzo Armenta, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia. En los términos del Reglamento y no habiendo oradores inscritos a favor, al término del diputado Jaime Cárdenas preguntaré si está suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente.

El dictamen que hoy se nos presenta y que viene del Senado, desafortunadamente es una ocurrencia del senador Labastida. Es una adición sobre una disposición que tiene que ver con el régimen fiscal de Pemex para ser aplicada en 2012.

Ya es el colmo, aquí se aprueba la Ley de Ingresos y el paquete para 2011 y el Senado nos manda disposiciones para 2012. En qué consiste esta disposición, en eliminar o hacer extensivo el régimen de Chicontepec para todas las obras, para todas las perforaciones, para todos los pozos de Petróleos Mexicanos en 2012.

Hicimos una modificación muy discutida aquí en la Cámara de Diputados, sobre campos maduros, sobre campos marginales, e incluso se aprobó una iniciativa, esta modificación de régimen fiscal en la que a uno de los campos más productivos de Tabasco, a Cinco Presidentes, se le deja la posibilidad de que sea considerado como un campo marginal y se le aplique el nuevo régimen fiscal, que ¿qué es lo que busca y qué es el riesgo? Que se entregue renta petrolera a las empresas privadas.

Hace poco la secretaria de Energía, que ya no quiere venir a la Cámara a explicar cosas, informó y nos informó que en Davos, Felipe Calderón ofreció pagarles a las empresas extranjeras un bono por barril. ¿Qué quiere decir esto? Entregar renta petrolera. La renta petrolera no solamente se puede entregar a través de esos contratos de desempeño. La renta petrolera se puede entregar a través de un mal régimen fiscal.

Si ya estamos modificando el régimen fiscal para 2011, ¿por qué no nos esperamos a ver cuál va a ser el efecto, cuál va a ser el comportamiento? ¿Por qué ya sujetamos desde ahora que para 2012 vamos a profundizar con este esquema y vamos a hacerlo extensivo al país? Y en eso consiste el dictamen de hoy.

La Comisión Nacional de  Hidrocarburos no lo pudo explicar, porque en el cuerpo del dictamen malamente se abre la posibilidad de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos también reciba un poco de dinero derivado de estos derechos que paga Pemex, el 0.03 por ciento.

Es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos vino a la Comisión de Hacienda a defender su presupuesto. ¿En qué mundo vivimos, en donde ya no acuden a la Comisión de Presupuesto? Vienen a la Comisión de Hacienda. Pero lo grave es que estamos legislando para el 2012, cuando no sabemos ni siquiera el impacto y los resultados que se van a obtener en el 2011.

Yo no veo la necesidad, como lo dijo algún integrante de la Comisión de Hacienda, de que esto debería ser aprobado por cortesía parlamentaria. Por Dios, estamos hablando del régimen fiscal de Pemex, de la posibilidad de hacer extensivo el régimen de Chicontepec no solamente a campos marginales sino a todos los campos petroleros del país de entregar renta petrolera, de amarrar esto para el 2012.

Con todo respeto para el presidente de la Comisión de Hacienda, si el año que viene pasa lo mismo y no se reúne, ya aquí está la reforma. Yo no veo la necesidad ni la urgencia de que esto se tenga que aprobar hoy. Si de veras hay tanta voluntad de continuar trabajando en la Comisión de Hacienda, esto se puede discutir durante el año y no afecta a la Ley de Ingresos.

Esto se debe estar discutiendo en el próximo análisis de la Ley de Ingresos. No tenemos por qué ponernos esta camisa de fuerza ni por cortesía, porque no es un beneficio para Pemex. No tiene nada que ver con el 2011. Ni siquiera estamos analizando los resultados de la propuesta que tanto se discutió y con la que no estamos de acuerdo, de hacer extensivo el régimen fiscal. La opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene ni idea de lo que aquí se está discutiendo y eso quedó en evidencia en la Comisión.

Por favor, no va a pasar nada si rechazamos esto o si lo detenemos y lo regresamos a comisión para que sea analizado en función de los resultados que tengan las modificaciones que ya se aprobaron en las sesiones pasadas. No legislemos al vapor ni con visión futurista. Esperémonos a tener los resultados. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Di Costanzo. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, sigue sin resolverse el misterio de los 450 diputados en el registro y bastantes menos acá abajo. Pero bueno, dejemos que se resuelva más tarde.

Sobre esta iniciativa. No hay duda de que se requiere un cambio al esquema fiscal de Petróleos Mexicanos. La verdad es que el saqueo que se ha hecho de una de las riquezas más importantes del país justo con un régimen fiscal que es un lastre para Petróleos Mexicanos, es necesario modificarla.

La pregunta es por qué Labastida tendría una preocupación de ayudar a una empresa que ha hecho todo para desmantelarla. Que ha estado en todas las iniciativas para entregarla a las grandes transnacionales del petróleo. Que estuvo de acuerdo en las últimas reformas que permitieron inclusive la extracción ya a las transnacionales del ramo, a pesar de que la Constitución sigue intocada y mantiene el derecho de la nación al manejo del petróleo y que sólo Petróleos Mexicanos debe trabajar sobre todas estas materias. Y la respuesta es, porque no es cierto que este esquema vaya encaminado a ayudar a Petróleos Mexicanos.

Es un esquema encaminado a encubrir la entrega de la renta petrolera a las transnacionales del petróleo. ¿Por qué lo hacen hasta el 2012? Eso no lo tengo con claridad. Pero así como aquí el diputado Becerra Pocoroba dejó en claro muchos errores de fechas y demás en el proyecto que nos ha sido entregado, tiene confusiones tan grandes como no tener claridad sobre los campos marginales y los campos maduros, confunde unos con otros. Y reitero, lo más importante es que abre la entrega de la renta petrolera a las transnacionales del petróleo, que es otro de los pasos en el desmantelamiento de la riqueza de la nación.

Yo aquí les haría una pregunta a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, yo entiendo que Calderón en pago a la Presidencia que se robó, que mucho se enoja que se lo recuerde pero que así fue, esté entregando el petróleo a las transnacionales del ramo, pero, ¿el PRI por qué lo hace, si piensa que puede tener posibilidades de gobernar en el 2012?

¿No es suicida entregar la principal riqueza del país a las transnacionales? ¿No es un sinsentido que del que es el principal recurso, el 40 por ciento del presupuesto nacional se le esté dando la mitad de esta renta petrolera a las transnacionales del petróleo?

¿Qué gana el Partido Revolucionario Institucional apoyando este tipo de iniciativas totalmente contrarias al interés nacional, pero inclusive contrarias a la posibilidad de un gobierno que encabezara cualquier partido diferente al Partido Acción Nacional?

Yo de verdad no entiendo a qué está jugando el PRI sobre todo en este tipo de temas, porque son temas que en sentido común indican que no deberían estar transitando en la línea en que se están impulsando.

Yo les hago un llamado, de verdad, a los diputados y diputadas del PRI, de cuándo van a rescatar la posición del nacionalismo revolucionario de defensa del patrimonio nacional. Cuándo van a rescatar que el petróleo sea utilizado para educación, para salud, para vivienda, para desarrollo de empleo, para desarrollo de infraestructura, y no estársele entregando a las transnacionales que han estado con la mentira de que ya se va a acabar el petróleo y la pregunta es, ¿si ya se va a acabar el petróleo por qué le seguimos entregando la renta petrolera, por qué les planteamos esta modificación para el 2012? Es mentira.

El petróleo está ahí, es suficiente. Pero si aceptáramos que el petróleo se va a acabar, con mayor razón deberíamos empezar a desarrollar un proceso de transición para incorporar todo el manejo de energía solar de la cual México sería terriblemente rico, porque sol es lo que nos sobra y seguimos atados a este absurdo de estar quemando como combustible una riqueza tan importante como el petróleo. Estar entregando la renta petrolera, no generar las refinerías, toda una política criminal totalmente contrarios a los intereses nacionales.

Les dejo estas preguntas en el aire, reitero, entiendo que la cúpula del PRI y del PAN se ha restablecido, entiendo que estén en esa línea dramática para el pueblo de México y perversa, de estar afectando los intereses nacionales en cada decisión, pero me parece muy suicida del Partido Revolucionario Institucional que apoye una iniciativa como ésta y más viniendo del senador Labastida que es uno de los ángeles del entreguismo del patrimonio nacional. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, solamente haré consideraciones de carácter jurídico. Desde luego estimo que se trata de una modificación que hizo la colegisladora, que tiene ese carácter privatizador, como lo mencionó y lo explicó el diputado Becerra. Pero aquí quiero hacer consideraciones jurídicas.

Llamo la atención, por ejemplo, que el artículo 254 Quater, tal como se está proponiendo, este artículo no inició en su redacción propuesta en la Cámara de Diputados. Esta redacción del artículo 254 Quater fue propuesta en esta redacción inicialmente en la Cámara de Senadores y de acuerdo al artículo 74, fracción IV de la Constitución, las leyes de Ingresos siempre deben iniciar en la Cámara de Diputados.

Aquí resulta que se está violando frontalmente la Constitución, porque el artículo 254 Quater proviene del Senado, como si fuese la cámara de origen, cuando la cámara de origen es esta Cámara de Diputados, por disposición del artículo 74 de la Constitución.

Por otra parte, segundo argumento: se dice aquí y lo reconoce el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, estos beneficios o estas eliminaciones de restricciones comenzarán a operar, a aplicarse, en el año 2012. Esto implica también una posible violación al principio de anualidad para la Ley de Ingresos.

De acuerdo con el artículo 74, fracción IV, tanto los presupuestos, con excepción de los contratos plurianuales, como la Ley de Ingresos, tienen una vigencia anual, debe prevalecer el principio de anualidad.

Como esto se va a aplicar hasta el 2012, se está rompiendo el principio de anualidad al que nos obliga el artículo 74, fracción IV de la Constitución.

Sin embargo, no solamente esas dos cuestiones son gravísimas en términos constitucionales. Lo más grave es lo que señala el artículo 258 que se propone aquí el, 258 Quater, que establece con toda precisión la eliminación de la restricción de 5 por ciento de la producción total del régimen tributario para campos maduros. Es decir, ya no se trata solamente de beneficiar a los campos maduros o marginales, haciendo esta diferenciación que, como explicaba bien mi compañero Gerardo Fernández Noroña, no explica adecuadamente bien el dictamen.

Ya no solamente se va a eliminar la restricción para campos maduros y campos marginales sino se va a eliminar la restricción para la producción total de crudo, es decir, se está abriendo el negocio a todas las empresas contratistas que exploran y que extraen el crudo, tanto nacionales como extranjeras.

Esto implica, como se dijo muy bien aquí, entregar la renta petrolera que, de acuerdo con el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución, corresponde exclusivamente a la nación. Al entregar la renta petrolera a todos los contratistas, principalmente extranjeros, ya no tendrán restricción alguna o no estarán en el supuesto de excepción que se había previsto originalmente para campos maduros y campos marginales.

Finalmente llamo la atención en esta redacción que nos envía el Senado de la República, como si fuese la cámara de origen, al artículo 254 Quáter, en donde no existe una obligación comprometida con la transparencia y por tanto, también este artículo 254 Quáter es violatorio del principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la Constitución, porque toda la obligación de Petróleos Mexicanos es rendir informes a las cámaras del Congreso, cuando esta obligación de transparencia y de información debiera referirse a los ciudadanos y a la sociedad en general.

Se trata, por tanto, de modificaciones evidentemente anticonstitucionales.

Concluyo diciendo que se violenta el artículo 74, fracción IV en cuanto a la anualidad. Se violenta el artículo 74, fracción IV en tanto que la cámara de origen para esta modificación no es la Cámara de Diputados sino el Senado y por supuesto se violenta el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución, porque se entrega la renta petrolera a las empresas contratistas extranjeras.

Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Ya se ha admitido la reserva que ha hecho el diputado José Narro Céspedes del artículo 258 Quáter. ¿No hay otra reserva? Queda reservado el artículo 258 Quáter.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 302 votos en pro, 24 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados por 302 votos, en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados.

Se ha reservado, como informamos previamente a la asamblea, el artículo 258 Quáter. La reserva la hizo el diputado José Narro Céspedes, que en estos momentos que iniciamos la discusión en lo particular tiene el uso de la palabra para presentar a la asamblea su reserva.

El diputado José Narro Céspedes:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, reservamos el segundo párrafo del artículo 258 Quáter porque planteamos que no debemos pasar de 5 por ciento del inventario de campos marginales. Vamos a dar lectura a nuestra argumentación.

En la exposición de motivos del Ejecutivo federal se planteó establecer que la suma de la producción base anual de petróleo crudo equivalente de todos los campos que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los campos marginales deberá ser inferior al 5 por ciento de la producción anual de petróleo crudo equivalente de Petróleos Mexicanos.

Que únicamente el 5 por ciento esté considerado en este régimen fiscal de privilegios que está planteando para beneficiar a Pemex. Que está planteando este cambio y esta modificación de la Ley de Ingresos, lo que permitirá contar con un mecanismo que asegure que la introducción de campos marginales al régimen fiscal del paleocanal de Chicontepec y aguas profundas se realice de manera gradual, situación que a su vez le dará incentivos a la paraestatal para que establezca una prioridad entre los distintos proyectos que sean susceptibles de beneficiarse del tratamiento que otorga dicho régimen fiscal.

Asimismo, significa un tope a la voracidad de los contratos privados donde la mayor parte del valor creado se le regresa a los contratistas como pago por sus servicios de exploración, desarrollo y extracción. De ser el caso, de nada le serviría a la nación tener y exportar petróleo, porque el dinero de la venta acabaría principalmente en manos privadas. Sería como volver a la situación de hace 100 años, prácticamente aceptar la privatización de Pemex, abrirla, no dejarla acotada a un 5 por ciento.

Quiérase o no, es un hecho que Pemex transfiere renta petrolera a sus clientes y proveedores, los mecanismos pueden ser sencillos o complicados, pero el hecho es que la transferencia existe y es real. Los cambios a la Ley Federal de Derechos en los últimos años han estado estrechamente ligados a las estrategias de contratación puesta en práctica por el PEF para incorporar a compañías petroleras extranjeras o, en su defecto, a compañías nacionales, en la exploración y explotación de hidrocarburos.

Los ajustes tributarios propuestos y aprobados durante 2008 tenían como objeto canalizar recursos a los contratos de servicios integrales, de hacer atractivos los contratos incentivados que debutarían precisamente en aguas profundas y en Chicontepec. Sin embargo, diversas razones impidieron que cobraran vida en estas regiones, por lo que ahora siembran la posibilidad de diseminarlos y verlos crecer en los campos marginales del sureste y norte del país, sin tope alguno.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo adicionar, o propongo que el decreto quede como estaba. El propio Ejecutivo federal planteó en su iniciativa de Ley de Ingresos y de Ley de Derechos, únicamente abrir este régimen fiscal preferencial al 5 por ciento de los campos marginales para poder ir seleccionando los campos que reciban este tipo de privilegios, para lograr precisamente reactivarlos productivamente e incorporarlos a la extracción y a la producción de Pemex.

Por eso planteamos que el artículo 258 Quáter, el segundo párrafo quede como venía, como estaba inicialmente en la propia propuesta del Ejecutivo. El cálculo que hizo el Ejecutivo era únicamente para incorporar el 5 por ciento, dejar un tope hasta el 5 por ciento. Era claro que ese tope lo que evitaba era la voracidad de las empresas contratistas y monopólicas nacionales y trasnacionales para evitar que se fuera dejando en manos de esas empresas gran parte de la exploración, de la explotación, de la extracción de Pemex a nivel nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta presentada por el diputado José Narro Céspedes.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, como la mía es muy similar a la del diputado Narro, me gustaría brevemente exponer, porque es lo mismo, se trata de que se mantenga el párrafo segundo del artículo 258 Quáter, tal como lo aprobó esta Cámara de Diputados, ése párrafo fue eliminado en la Cámara de Senadores. Entonces, es en el mismo sentido de la reserva que hizo el diputado Narro.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pero en tal caso, diputado, tendríamos que esperar a que se admitiera a discusión por parte de la asamblea. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Narro Céspedes. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me parece... No tengo la misma impresión, secretaria...

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Perdón, señor presidente. Mayoría por la negativa. Fue un error mío.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No tengo la misma impresión. Ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación del artículo reservado, en sus términos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es respecto de si se admite o no a discusión. Estamos repitiendo la votación económica que no quedó suficientemente clara.

No, señores diputados, la señora secretaria solamente da el cómputo, la precisión del cómputo que tiene. El señor presidente es el que dicta el trámite. El trámite que dicté es que se tome la votación electrónica.

Adelante, abra el sistema electrónico de votación, hasta por 5 minutos, para definir si se admite o no la reserva presentada por el diputado José Narro.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos, para proceder a votación de si se admite a discusión la modificación propuesta.

(Votación)

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Sigue abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Soto allá atrás, Leobardo Soto, lo sigue intentando.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 45 votos en pro, 259 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, se desecha la proposición del diputado José Narro Céspedes.

Diputada Laura Itzel Castillo. La diputada Laura Itzel Castillo ha invocado a esta Mesa la aplicación del artículo 140. Ilustre la Secretaría a la asamblea leyendo el artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, no era una reserva, usted iba apoyar el artículo reservado por el diputado Narro, pero éste no se admitió.

Sonido a la curul del diputado Cárdenas Gracia, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Simplemente quisiera precisar que técnicamente de lo que se trataba esa reserva era de mantener el párrafo II, tal como lo había aprobado esta Cámara de Diputados en la sesión del 20 de octubre. Era en ese sentido y que se trataba de una adición a lo que modificó indebidamente el Senado de la República, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se registra, si a usted le parece, como fundamento de su voto en lo particular. Diputada, por favor, el artículo 140.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:De la revisión de los proyectos de ley, artículo 140. Esta minuta deberá contener exactamente lo que hubieran aprobado las cámaras sin poder hacer otras variaciones a la ley, que se contraiga, que las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Este artículo se refiere a la fe de erratas, la diputada Laura Itzel Castillo ha hecho llegar a esta Mesa una corrección que se sumaría a las dos que al inicio de la discusión registramos en servicios parlamentarios. Adelante, diputado, por 5 minutos.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Con su permiso, diputado presidente. En específico me parece que es importante señalar que durante la sesión de la Comisión de Hacienda se aprobó en los términos que viene este dictamen. Sin embargo, a pesar de que se señala que son Comisiones Unidas, fue posterior la reunión que llevó a cabo la Comisión de Energía.

En la Comisión de Energía se discutió con relación a las consideraciones que plantea el dictamen y a mí me parece que es grave que haya quedado en las consideraciones como campos maduros, en lugar de campos marginales. Esta situación se vio en la Comisión de Energía y en la Comisión de Energía se consideró que era un asunto de una equivocación y que se tendría que corregir.

Sin embargo, aquí se presentó sin tomar en cuenta lo que dictaminó la Comisión de Energía, cuestión que me parece a mí que no es de ninguna manera adecuada, pero que esto nos lleva a ver que existe una gran confusión entre lo que son los  campos marginales y lo que representan los campos maduros.

Los campos marginales son los que no son rentables en términos de la aplicación del régimen fiscal actual, del régimen fiscal general que habla de una deducción de 6.5 dólares por barril.

En el caso de lo que se está aprobando es un régimen especial, es la ampliación del régimen de Chicontepec y de aguas profundas, que en lugar de ser 6.5 dólares, están hablando de 32.5 dólares por barril de deducción, lo que iría directamente, desafortunadamente, a las trasnacionales.

Cuál es límite entre lo marginal y lo que sería un campo maduro. Un campo maduro es un campo antiguo y es un campo que es rentable. Por tanto, cuál es el riesgo que existe con estas confusiones que se dan, que podrían ser evidentemente una trampa, que simplemente con un contrato como el que se fue a ofrecer a Davos, de acuerdo con la información que nos proporcionó la secretaria de Energía, Georgina Kessel, que planteó Felipe Calderón allá con las trasnacionales, que habría por cada barril un bono, aquí lo que estarían haciendo a través de estos contratos es firmar los contratos las trasnacionales, considerando nada más que subieran 2 o 3 dólares y ya con eso significaría que no son rentables, y por tanto, se pueden explotar estos campos maduros.

Yo los invitaría a votar en contra de esta propuesta que se hizo desde el Senado de la República, porque además lo más grave de todo es que está abriendo, no le está dando límites, ya no nada más es el 5 por ciento de los supuestos campos marginales sino lo está dejando a la totalidad de los campos en ese país. Por eso me parece que es muy riesgoso lo que aquí se está haciendo y que yo sí llamaría a ustedes a la reflexión de que no debe haber irresponsabilidad en este tema, porque esto significa que de los 70 dólares que cuesta un barril de petróleo, 32.5 se le estarían entregando directamente a las trasnacionales y ya no nada más en los campos marginales sino estamos hablando de los campos maduros, estamos hablando de todo en lo general.

Por esa razón es que además en los considerandos tiene que quedar, donde dice: lo anterior debido a que estas comisiones dictaminadoras reconocen que al eliminar la restricción de 5 por ciento de la producción total, la aplicación del régimen tributario para campos maduros. Aquí debe decir para campos marginales.

Ésta es una cuestión que tiene que ver con un error. Quisiéramos nosotros considerar que es un error, que no sería una trampa y que está contenido en estos considerandos y que fue además un acuerdo de la misma Comisión de Energía que no fue respetado por la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.

«Fe de erratas al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.

Se modifica el segundo párrafo de las consideraciones de las Comisiones Unidas:

Dice: Lo anterior, debido a que estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que al eliminar la restricción de 5 por ciento de la producción total la aplicación del régimen tributario para campos maduros, la paraestatal estará en posibilidades de producir más y mejorarán las finanzas públicas y, sobre todo, para la seguridad energética nacional y los niveles de producción anual.

...

Debe decir: Lo anterior, debido a que estas Comisiones Dictaminadoras reconocen que al eliminar la restricción de 5 por ciento de la producción total la aplicación del régimen tributario para camposmadurosmarginales, la paraestatal estará en posibilidades de producir más y mejorarán las finanzas públicas y, sobre todo, para la seguridad energética nacional y los niveles de producción anual.

...

Atentamente

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;Diputado Felipe Cantú Rodríguez (rúbrica), Presidente de la Comisión de Energía.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, gracias. Le pregunto a la Comisión de Energía si efectivamente en las consideraciones de las comisiones, donde dice para campos maduros debe quedar la corrección que hace la diputada Castillo. Diputado Felipe de Jesús Cantú.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez(desde la curul): Muchas gracias, presidente.

Efectivamente, en lo que se refiere a la palabra maduros, ésta fue sustituida por acuerdo de la Comisión de Energía por la palabra marginales, en el tercer párrafo de la hoja 2. Pero lo que sí quiero rechazar tajantemente es, no hay ninguna mala intención, fue un acuerdo de la Comisión, se respeta. Y yo quisiera pedir que la Comisión de Hacienda ratificara esta modificación, porque se hizo en sesión inmediata posterior a la de la Comisión de Hacienda.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Penchyna, por la Comisión de Hacienda. Si ratifican lo expresado por el diputado Cantú.

El diputado David Penchyna Grub(desde la curul): Sólo para precisar, presidente, que coincidiendo con lo expresado por el presidente de la Comisión de Energía, lo que le pediríamos a la Mesa Directiva presidida por usted es que se arreglara como fe de erratas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda como una fe de erratas, dado que se encuentra en las consideraciones del dictamen. Tome nota Servicios Parlamentarios de que donde dice: para campos maduros, debe decir: para campos marginales.

Señora secretaria, toda vez que la reserva en lo particular fue rechazada, ábrase el sistema de votación para votar el artículo reservado por el diputado Narro y que no fue admitido, hasta por 10 minutos, en los términos propuestos por el dictamen. Es el 258 Quáter. Tome nota Servicios Parlamentarios de las correcciones.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 258 Quáter, en los términos del dictamen.

(Votación)

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le pido a la Secretaría nos dé el resultado de la votación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto para que voten. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 260 votos en pro, 44 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general el artículo 258 Quáter, por tanto, quedan aprobadas en lo general y en lo particular las modificaciones que el Senado de la República realizó al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. Aprobado en lo general y en lo particular, entonces pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

RECESO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 17:39 horas ): Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en consulta con los grupos parlamentarios, esta Presidencia decreta un recesode 10 minutos.

(Receso)

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 19:48 horas): Se reanuda la sesión. Dé cuenta la Secretaría del acuerdo que acaba de turnarnos la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno citar a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 3 de noviembre de 2010, con el objeto único de llevar a cabo la elección de los consejeros electorales del Consejo General del IFE, que concluirán su encargo el 30 de octubre de 2019

La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, inciso h), así como en el artículo 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que de conformidad con las disposiciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, corresponde a la Cámara de Diputados llevar a cabo el proceso de designación de consejeros electorales que formarán parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral que concluirán su encargo el 30 de octubre de 2019.

III. Que el 27 de octubre de 2010 la Comisión de Gobernación remitió a esta Junta de Coordinación Política su dictamen por el que propone a este órgano el listado de los candidatos a consejeros electores del IFE y, dado que la elección señalada en el considerando anterior implica necesariamente la conformación de una mayoría calificada, resulta necesario continuar con los trabajos de revisión de los perfiles propuestos por la Comisión de Gobernación.

IV. Que la regla transitoria contenida en las disposiciones constitucionales no prevé dimensión temporal para el ejercicio de la facultad de elección de los consejeros electorales, pues únicamente señala la fecha final del encargo conferido a tres consejeros electorales.

V. Que a fin de dar certeza al proceso de elección, y en razón de que la convocatoria para la designación de consejeros no estableció fecha alguna para que se celebrase la sesión plenaria respectiva, la Junta de Coordinación Política considera que es pertinente fijar, mediante acuerdo parlamentario, la fecha para que el pleno de la Cámara de Diputados concluya dicho proceso de designación, mediante la discusión y, en su caso votación, de las propuestas de los grupos parlamentarios.

VI. Que el artículo 77 de la Constitución General de la República faculta a las Cámaras del Congreso de la Unión a dictar resoluciones relativas a su régimen interior, lo que implica la facultad de dictar acuerdos parlamentarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

VII. Que en atención a los razonamientos anteriores, y en virtud de que no existe obligación jurídica alguna de concluir el proceso de designación el 30 de octubre de 2010, la Junta de Coordinación Política considera que es factible abrir un espacio de tiempo para promover los entendimientos necesarios ante los grupos parlamentarios.

Atendiendo a lo anterior, la Junta de Coordinación Política se instalará en sesión permanente a partir del viernes 29 de octubre, a las 10:00 horas, para atender el proceso enmarcado en la convocatoria

Por lo que somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se cita a sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 3 de noviembre de 2010, a las 12:00 horas, con el objeto único de llevar a cabo la elección de Consejeros Electorales que formarán parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral y que durarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2019.

Transitorio. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora diputada. Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Diputado presidente, en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En contra el diputado Cárdenas Gracia, hasta por 3 minutos, si es tan amable. Es un acuerdo de los órganos de gobierno.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, los artículos transitorios de la reforma constitucional electoral del año 2007 que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de ese año 2007, en su artículo cuarto transitorio establecieron que tres consejeros electorales concluirían su encargo el 30 de octubre del 2010.

Es verdad que el artículo transitorio cuarto de esta reforma constitucional electoral de 2007 no estableció de manera expresa la obligación de designar a los nuevos el 30 de octubre del 2010. Sin embargo, haciendo una interpretación a contrario sensu, una interpretación sistemática y funcional de la propia Constitución, es evidente que cualquier órgano del Estado debe estar plenamente integrado y por tanto, sí existe una obligación derivada de la interpretación a contrario sensu de este artículo cuarto transitorio de la reforma electoral de 2007 para que nombremos a los tres consejeros electorales antes del 30 de octubre de este año.

Al no hacerlo así estamos promoviendo la irresponsabilidad y la no integración de un órgano constitucional autónomo tan importante como es el Instituto Federal Electoral. Razonar que tenemos hasta el miércoles o en fecha posterior para integrar plenamente a este órgano es como si dijésemos que esta Cámara de Diputados podría funcionar con las dos terceras partes de sus miembros o que el Senado podría funcionar con las dos terceras partes de sus miembros. En fin, que cualquier órgano colegiado de carácter constitucional de este país puede funcionar con las dos terceras partes de sus miembros y estar plenamente integrado.

A mí me parece que aquí hay una violación evidente a la Constitución a este artículo cuarto transitorio y que esta Cámara de Diputados no puede pasar por alto esa irresponsabilidad.

Se dice también que las normas del cuarto transitorio no contienen sanción alguna. Hay que decirles a todos los compañeros diputados y compañeras diputadas, que las normas constitucionales por ser principios constitucionales generalmente no contienen sanción alguna; es más, las normas jurídicas más importantes de un sistema jurídico como son las normas constitucionales carecen de sanción y no por eso están ahí para que las incumplamos.

Yo llamo a todos ustedes a que elijamos a los consejeros electorales antes del 30 de octubre de este año.

Por su atención, muchas gracias, presidente, compañeras diputados y compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, un cuestionamiento de forma y uno de fondo.

El de forma. ¿La Junta de Coordinación Política, necesitó tantas horas para salirnos con esta batea de babas? ¿No podía habernos dicho a las 5 de la tarde lo mismo que nos está diciendo a las 8 de la noche? ¿Su incapacidad para hacer un oficio como el que acaban de presentar les lleva tres horas? Les voy a recomendar a una secretaria y un redactor, compañeros de la Junta de Coordinación Política. Están que ya no sirven ni para hacer un oficio. Yo no sé cómo coordinan esta Cámara. Ésa es la de forma.

La de fondo. ¿Cómo que la ley no dice cuándo se tienen que elegir? Pues se tienen que elegir antes de que se vayan los otros para que sean sustituidos en tiempo. Porque bajo ese argumento podríamos no elegirlos el miércoles. Los podríamos elegir en el 2011 o poquito antes de que empiece el proceso electoral del 2012. ¿Para qué nos apresuramos al miércoles?

Sigan su procesamiento, porque han de estar en sesudas valoraciones de los perfiles de cada uno de los candidatos. Porque seguro como es muy importante este órgano electoral y todo mundo está preocupado de su imparcialidad y profesionalismo, no se están repartiendo en cuotas la integración del Instituto Federal Electoral. No está cada partido agarrando su parte y jaloneándose como si fuera un pastel la integración del órgano más importante que va a preparar la elección presidencial del 2012.

La verdad es que es lamentable el mensaje que se está dando, porque la suma de parcialidades no da imparcialidad.

Ese Instituto Federal Electoral está peor y va a quedar peor integrado que el de 2006 que ya es mucho decir. El Tribunal Electoral está igual también. Pero además, ante la ciudadanía, que todo el tiempo cuestiona el funcionamiento de esta Cámara, que nos vayamos de puente de aquí hasta el miércoles, para regresar a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral es un pésimo mensaje.

Me da una ternura enorme que digan que la Junta de Coordinación Política va a estar en sesión permanente desde el día de mañana, qué trabajadores son, seguro se van a esforzar mucho de aquí al miércoles para traernos un acuerdo que seguramente todavía no tienen. Nos van a sorprender con su capacidad de construcción de acuerdos.

Francamente no merecemos este trato, compañeros diputados y compañeras diputadas. Yo no soy simulador ni permito la simulación de nadie. Estoy cansado de la simulación. Se escandalizan de que le llamemos a las cosas por su nombre, pero hacen cosas que son una vergüenza y un agravio a la representación nacional que tenemos todos y cada uno de nosotros.

Qué se cree la Junta de Coordinación Política para tenernos horas aquí como sus bobos, para salir con este acuerdo absurdo, ilegal, simple, irresponsable, ligero. De verdad que, yo no sé por qué toleramos al mandarinato, eh. No sé por qué toleramos a Calderón. No sé por qué toleramos todo lo que está sucediendo en el país. Es momento de que digamos: ya basta de estos acuerditos absurdos que no benefician al país y que son contrarios al interés nacional. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul): Presidente, en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, de acuerdo con el artículo 123, solamente voy a permitir tres oradores en contra, el último inscrito es el diputado Mario di Costanzo. Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Muchas gracias, presidente.

Pues nuevamente compañeros, un llamado a que nos respetemos a nosotros mismos como Cámara. Con qué cara la pedimos aquí al Poder Ejecutivo que respete las leyes y las normas en el país, si no somos capaces nosotros mismos de respetarlas.

Es lamentable que ya se viole en esta Cámara el proceso parlamentario para aprobar leyes, el proceso parlamentario para modificar artículos. Algo tan importante como los consejeros del IFE. Nuevamente, por irnos de puente, porque ya todo mundo se está subiendo a un avión, lo estamos dejando para otro día. ¿Qué van a pensar los ciudadanos de nosotros? ¿Cuánto más bajo podemos caer?

La gran discusión y el gran desacuerdo es que Televisa quiere tener un consejero y que estamos buscando cómo empanizar el asunto —y no me refiero al PAN —para decirle a la ciudadanía que Televisa ya tiene un consejero.

Es muy vergonzante la manera en cómo se están haciendo las cosas en la Cámara de Diputados, y lo más preocupante es que todavía queda tiempo de la Legislatura. Todavía podemos hacer más barbaridades. Todavía podemos más pisotear la Constitución y la ley.

Yo creo que nadie se merece esto. Todo mundo juró respetar la Constitución, y aquí se pisotea cada sesión, cada acción que está cometiendo esta Cámara. Reflexionemos y evitemos este denigrante papel que estamos asumiendo.

Yo creo que el pueblo no se merece eso. Yo creo que el pueblo no se merece que la gran diferencia en este momento sea porque hay una televisora que quiere tener consejeros. ¿A qué grado hemos llegado? ¿A qué grado ha llegado la subordinación de esta Cámara a los poderes fácticos? Somos ya parte de este estado secuestrado y estamos siendo parte del fracaso de un gobierno.

Y por más que llamamos la atención, seguimos empecinados en hacerles juego a los poderes fácticos y al gobierno que ha fracasado rotundamente. Parece que no tuviéramos dignidad, compañeros. Parece que no quisiéramos darle dignidad a esta soberanía. Esto y la desaparición del Poder Legislativo es exactamente lo mismo. Y lo peor de todo, es que sólo está en nuestras manos el no permitirlo. Muchas gracias, presidente.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Moreno, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): Presidente, sólo para preguntarle de una manera respetuosa, tenga usted a bien informar a esta soberanía ¿quiénes y qué partidos firmaron este acuerdo en la Junta de Coordinación Política? Es una simple pregunta, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal y como se leyó, señor diputado, viene, diputado, firmado por los señores coordinadores del PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza y el Partido Convergencia. O sea, todos los grupos parlamentarios.

Pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido.

En términos del artículo 134 voy a preguntar si está suficientemente discutido, pregunte secretaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén a favor de la aprobación del acuerdo sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en contra del acuerdo sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por el acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado el acuerdo.Por consiguiente, continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 3 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a  las 20:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre de 2010 a las 12 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 11:30 horas.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 8 horas  38 minutosy • Quórum a la  apertura de sesión: 288 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 453 diputados
• Puntos de acuerdo aprobados: 1
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1
• Oradores que participaron: 283
PRI                                  103
PAN                               84
PRD                                 55
PVEM                      4
PT                                       19
Convergencia                   2
Nueva Alianza                   14
Diputados de diversos Grupos Parlamentarios           1
Diputados de la Comisión de Juventud y Deporte        1 Se recibió o present:ó • 3 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunican cambios de integrantes en las Comisiones de Turismo; del Grupo de Amistad México-Estados Unidos; Grupo de Amistad México-Irán; Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Vivienda; de Transportes; Comisión Especial del Café; Comisión Especial encargada de estudiar, analizar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas; de la Comisión de Derechos Humanos; y de la Comisión Jurisdiccional;
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la cual comunica que autorizó la adición de dos municipios al Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco;
• 1 oficio del Gobierno del estado de Chihuahua con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio del Gobierno del estado de Chihuahua con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 3 oficios del Gobierno del estado de México con los que envía contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Gobierno del estado de Morelos con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Gobierno del estado de Puebla con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Congreso del estado de Tamaulipas con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
• 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que envía contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que comunica que el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ha designado subsecretario de Defensa Nacional al general de división diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que envía contestación del Gobierno del estado de Guanajuato a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 3 ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, respectivamente, y se informa que una ciudadana ha dejado de prestar servicios;
• 2 minutas de proyecto de decreto;
• 1 minuta de proyecto de decreto para los efectos de la fracción E), artículo 72 constitucional;
• 2 minutas de proyecto de decreto para los efectos de la fracción D), artículo 72 constitucional;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Michoacán;
• 1 iniciativa de senador de Convergencia;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados crear un fondo para apoyar los programas de reconversión productiva integral e incentivar el comercio del tabaco que se produce en el país;
• 11 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los siguientes acuerdos con relación en otorgar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2011;
• 2 oficios de la Cámara de Senadores con el que remite solicitudes para dictaminar iniciativas;
• 8 iniciativas del PRI;
• 5 iniciativas del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 177 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 3 proposiciones con puntos de acuerdo aprobadas;
• 7 excitativas a comisiones;
• 6 efemérides
Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los 100 años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda de cuño corriente conmemorativa al XX aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal;
• 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. Se dispensa la segunda lectura
Dictámenes aprobados:
• 11 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de punto de acuerdo;
• 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos. Se dispensa la segunda lectura