SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores y las señoras diputados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 267 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 11:23 horas): Por tanto, se abre la sesión.

Con toda atención, amabilidad y afecto, la Presidencia invita cordialmente a nuestros amigos de los medios de comunicación a ocupar los lugares previamente asignados.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. Consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un momentito, diputada. Vamos a consultar si se dispensa la lectura. Todavía no ponemos el orden del día a votación. Adelante.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 30 de septiembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Del diputado Gerardo Sánchez García.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal

Por la que invita a la ceremonia cívica del izamiento de bandera a media asta, con motivo del día de duelo en el Distrito Federal, por las víctimas del 2 de octubre de 1968, que tendrá lugar el sábado 2 de octubre, a las 8:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas.

Por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 202 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, que tendrá lugar el 4 de octubre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que remite el cuarto informe de labores de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, y de Energía.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al predio el Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfredo Ruiz Argueta y Salomón Motte Santiago, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alicia Chávez Castillo, Héctor Ruiz Gamiño, Marcela González Meléndez y J. Darío Ortega Mercado, puedan prestar servicios en las embajadas de Estados Unidos de América y de Belice en México y en los consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Víctor Jair López Frausto y Adrián Leopoldo Navarro Soto, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua; e informa que la ciudadana Gabriela Hernández Navarro ha dejado de prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

Por el que remite iniciativa con aval de grupo, con proyecto de decreto, que expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que transcribe acuerdo aprobado relativo al desastre natural ocasionado por el alud en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y la creación de un fondo especial de etiquetado para la atención de lo inmediato, de lo urgente y también para el próximo ejercicio fiscal. (Turno a Comisión)

Con el que transcribe acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación creciente de recursos destinados a las instituciones de educación superior del país. (Turno a Comisión)

Por el que remite proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 un incremento presupuestal para la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, presentada por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Por el que remite proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por el senador Javier Castelo Parada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Por el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos destinados a continuar con el convenio entre el IMSS y productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Por el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a reintegrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 el subsidio destinado al costo del Diesel Marino en apoyo necesario al desarrollo de la Industria Pesquera Nacional, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Por el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 los recursos suficientes para atender debidamente los servicios médicos que presta el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, presentada por el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Por el que remite proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con independencia de lo propio en el Fondo de Desastres Naturales, recursos para el rescate del respectivo patrimonio cultural de Tlacotalpan y La Antigua, en el Estado de Veracruz, con motivo de las recientes inundaciones que han padecido, presentada por la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Solicitud de particular

Del ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el Ministerio del Interior del Reino de España. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Dolores de los Ãngeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que expide la Ley Federal que regula las Actividades de Cabildeo, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Fernando Morales Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 254 y adiciona un artículo 254 Quáter a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar un programa de conservación y avistamiento sustentable del tiburón toro en las costas de Quintana Roo.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de sus dependencias evalúe y modifique las disposiciones legales que prevengan y controlen la contaminación por ruido.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado de Baja California, a realizar el estudio previo justificativo, que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida de competencia estatal, el parque Benito Juárez, ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat, a realizar el estudio previo justificativo para la modificación del decreto del Parque Nacional los Mármoles, como área de protección de flora y fauna.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a realizar las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero, que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la construcción y adquisición del material rodante para la línea 12 del metro.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que el presupuesto ejercido por los entes públicos se difunda por partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ejercer con transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a revisar, reparar o adecuar la infraestructura de las estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Seduvi, al delegado en Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Distrito Federal a respetar el programa delegacional de desarrollo urbano, lleven a cabo visitas de verificación e impongan las sanciones correspondientes por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones y de establecimientos mercantiles.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a reubicar la planta generadora de energía de la subestación los remedios, ya que genera contaminación ambiental, acústica y daños a las construcciones en los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Energía a formular y ejecutar las políticas necesarias para hacer viable y productiva la explotación de gas metano, asociado al carbón.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Pemex y Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, a fin de realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en los procesos de distribución de gasolina y diesel y emitan la normatividad correspondiente que regule íntegramente el proceso.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes para implementar un programa de gobierno, mediante el cual se proporcione acceso gratuito a Internet en plazas públicas del país.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un informe detallado sobre las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a intensificar la promoción del Programa Federal Tres por Uno para Migrantes entre las organizaciones de mexicanos en el exterior.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-sarrollo Social a proporcionar información concreta sobre el impacto de las evaluaciones realizadas a los distintos programas sociales, agrupados en el Ramo 20.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Desarrollo Social a atender la problemática de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población, a llevar a cabo estudios técnicos para considerar Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a definir una política de Estado en materia de desarrollo social.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a la titular del Instituto Nacional de Migración, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que informe sobre las acciones que se han emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes, así como las acciones realizadas respecto de las propuestas que le hizo la CNDH en su informe especial sobre los casos de secuestro a migrantes, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados a implementar campañas de prevención de la transmisión, detección oportuna y no discriminación de las personas con VIH/sida, y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los institutos que atienden este sector de la población, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que establezca la comisión especial o, en su caso, un grupo de trabajo que determine la viabilidad técnica, presupuestal y legislativa para implementar los instrumentos de votación electrónica en los procesos electorales, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren los recursos necesarios y suficientes a fin de dar efectividad a la reciente reforma integral para prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, así como para la atención de las víctimas y sus familiares, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SER a intervenir ante las autoridades estadounidenses para que se deslinde de responsabilidades y se castigue a los responsables en el caso Anastasio Hernández Rojas, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dejar sin efecto legal, a través de la SHCP, las disposiciones contenidas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en las que se establecen aumentos al precio final de gasolina y diesel, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de de 2011 se consideren mayores recursos para el estado y municipios de Nuevo León en el rubro de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol y al director de Liconsa a disponer el funcionamiento del centro de abasto situado en la avenida de La Cuesta, esquina con avenida de Los Maestros, en San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, estado de México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuautla los municipios de Atlatlahuacan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de una reunión interparlamentaria entre México y Chile, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar a través de la Sagarpa, de manera adecuada, justa y con transparencia, el padrón de beneficiarios del Procampo, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuernavaca, como beneficiarios del Fondo Metropolitano, los municipios de Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit para que en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 destinen recursos adicionales a Puerto Vallarta y la Costa Alegre, Jalisco; y Bahía de Banderas, Nayarit, para diversas obras que les permitan contar con una infraestructura y servicios de calidad, de acuerdo con la importancia de estos destinos turísticos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la SCT y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la reconstrucción del camino San Juan Copala-La Sábana, Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, S.A. de C.V, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la Ciudad de Oaxaca de Juárez, a cargo de la diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a cumplir, con base a los convenios de coejercicio, con su aportación de gastos en lo que se refiere a los programas del campo para el ejercicio presupuestal 2011, a fin de propiciar un eficiente y eficaz uso de los recursos en beneficio de la población rural, a cargo del diputado Fernando Santamaría Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la segunda etapa del Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el alcance del decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para los consumidores que adquieran un vehículo nuevo durante el último trimestre de 2010, tengan la seguridad de que quedará pagada la tenencia respecto de 2010 y 2011, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implementar un programa contra la tala ilegal y realizar un proyecto integral con el objeto de reforestar el parque nacional La Malinche, en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la CFE ante la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, para que informe respecto del manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su impacto en las anegaciones que enfrenta el estado de Tabasco, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión de Agricultura y Ganadería que analice, discuta y, en su caso, apruebe un Programa de capacitación básica; asimismo que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para tal objeto, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guanajuato a interponer sus buenos oficios a fin de que los beneficios de su iniciativa se extiendan a las mujeres que aun siguen presas por el mismo delito en esa entidad, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos que respondan a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al titular de la SHCP a destinar recursos para crear en el país ludotecas especializadas en atención psicológica para niñas y niños que han sido víctimas u ofendidos del delito o de la violencia, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal, de la SHCP y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a destinar recursos de los bienes incautados al crimen organizado para crear centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas que permitan brindar terapias grupales a las víctimas u ofendidos del delito, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que el Gobierno mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, así como para que el Congreso de la Unión convoque a una convención nacional en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus aplicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a los Gobiernos de las entidades federativas a desa-rrollar acciones que reduzcan la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua que informe acerca del costo económico de un estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública en lo relativo a la suspensión de los incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico, a cargo del diputado Pedro Ãvila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Canal Once Tv, del Instituto Politécnico Nacional a retirar la emisión denominada “Toros y Toreros”, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento a la economía a través del ahorro y del estudio del uso de la plata como moneda de curso legal, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear un grupo de trabajo plural de legisladores que dé seguimiento a la problemática, así como a la aplicación de recursos y programas en atención a la región de desastres ocasionados por las lluvias en los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a posponer la aplicación de los límites contenidos en las reglas para las operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Sonora a poner fin al estado de sitio que sufren los 900 trabajadores de la Planta Fundidora de Esqueda, Sonora, mediante el retiro de las fuerzas policiales, respetando los derechos de libre sindicalización y de estabilidad laboral de los miembros de la sección 207 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se conmina al director general de la Conagua a otorgar en comodato un terreno al municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, para construir el centro deportivo y recreativo de convivencia familiar Bicentenario, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a explicar cuál será la política pública y los tiempos específicos para trasladar las señales de televisión abierta de la tecnología análoga a la digital, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una profunda revisión de su política económica y fiscal, a efecto de que ponga en marcha las políticas tendientes a promover el desarrollo de la economía nacional, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semar que analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa La Amistad, situada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instrumentar, a través del Conaculta, las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a publicar en el Diario Oficial de la Federación la delimitación de la laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, conforme al decreto federal de 1939, a fin de detener la venta ilegal de los terrenos aledaños a dicha Laguna, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se instruye al Presidente de la Mesa Directiva para promover juicio de controversia constitucional en contra del nombramiento de los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios de Pemex, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una revisión integral de las políticas y programas de protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento del escritor Germán Dehesa Violante, a cargo de la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal en relación con las mesas de trabajo para los vecinos de los asentamientos humanos ubicados en la delegación Magdalena Contreras, a fin de atender diversos servicios urbanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, haga cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en lo referente al manejo aplicable a productos de consumo que al deshacerse se convierten en residuos peligrosos, en particular, el unicel y demás plásticos, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a dictaminar lo conducente en lo relativo a las denuncias presentadas con respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la Jerarquía Católica en contra de nuestras leyes e instituciones del país, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exige la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora; así como una solución definitiva al conflicto laboral con base en el respeto a sus empleos, contrato colectivo de trabajo y sindicato minero, suscrito por los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Juan Enrique Ibarra Pedroza y Miguel Ernesto Pompa Corella, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: del Trabajo y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados, observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y operar un programa integral para proteger a la citricultura nacional de la plaga de la diaforina y de la enfermedad denominada “huanglongbing”, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a trasladar al complejo penitenciario en las Islas Marías a los internos de alta peligrosidad sentenciados por delitos federales, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Ejecutivo federal a expedir, a través de la SHCP y del SAT, dentro de la Miscelánea Fiscal para 2011, la figura de autofactura para el sector del reciclaje de materiales, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión y a los Congresos locales a declarar el periodo 2011-2020 como la “década por la seguridad vial”, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios en relación con la reforma electoral del Estado de México, a cargo de los diputados José Luis Jaime Correa y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos al gasto que está ejerciendo el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, en materia de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Efeméride

Con motivo del 245 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Jaime Ãlvarez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el orden del día, diputado.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Diputado presidente, quiero hacer alguna observación sobre el orden del día.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, Avelino.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): ¿En la tribuna, presidente?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pase usted. Está a discusión el orden del día.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Con su permiso, señor presidente.

Quiero hacer notar lo siguiente. Manifiesto mi preocupación, inconformidad y molestia por cómo se está integrando el orden del día, debido a que no se está siguiendo la normatividad que se requiere para los trabajos legislativos.

Quiero recordar que el 21 y 23 del mes en curso fueron publicados en la Gaceta los dictámenes para primera discusión que se presentarían en este pleno, 21 y 23 de septiembre del año en curso, en donde había una serie de dictámenes ya para primera lectura, el jueves pasaron y extrañamente, indebidamente, desde mi punto de vista, fueron retirados para la sesión del día 28 de este mismo mes.

En mi caso —y hago la mención a otros diputados— fue retirado un dictamen con proyecto de decreto que modificaba diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que había sido aprobado por unanimidad en la comisión en donde fue dictaminado, en la Comisión de Desarrollo Rural.

Hay otros dictámenes en el mismo caso. Sí quiero mencionar que solicito a esta Mesa Directiva que se aplique lo establecido en el artículo 72 de nuestra Constitución, el artículo 45, numeral, 6 inciso f) de la Ley Orgánica de este Congreso y del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.

Compañeros, señor presidente, vicepresidentes, todos los integrantes de esta Cámara, ha sido una reiterada solicitud en diversos puntos que se siga la normatividad parlamentaria para tener los resultados óptimos que se requieren en este Congreso.

Por tal motivo, señor presidente, yo solicito que los dictámenes que fueron retirados indebidamente para su discusión en este pleno sean reintegrados al orden del día, toda vez que ya fueron dictaminados en comisiones, que son el órgano facultado para emitir los dictámenes y no otro. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Gustavo González, desde su lugar para observaciones sobre el orden del día.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Gracias, señor presidente. A mí sí me gustaría que me pudiera aclarar la Mesa Directiva si existe o no, o tiene en su poder alguna iniciativa que yo haya presentado porque veo que no está registrada y yo la presenté en tiempo y forma. En caso negativo, señor presidente, me gustaría saber cuál es el tiempo y cuál es la forma que ustedes están aceptando para que se inscriban las iniciativas de uno.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado, si me concede usted unos minutos, verificaré ahora mismo con Servicios Parlamentarios para darle respuesta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Gracias, presidente. Dos preguntas. Yo tenía entendido —porque de alguna manera se había platicado así— que la sesión de hoy se iba a destinar a sacar puntos de acuerdo y, posteriormente, a la una de la tarde, se iba a tratar la agenda política. Esto estaba platicado al menos con tres o cuatro grupos parlamentarios. Yo no sé si ya cambiaron las señales.

Admiro su voluntad para evitar la violencia intrafamiliar, pero creo que hay temas y hay acuerdos que se deben cumplir. Me preocupa que ya me aprendí los pendientes de memoria y usted no quiere sesionar ni siquiera los miércoles para que podamos desahogar todo el trabajo pendiente. Me preocupa porque son puntos de acuerdo importantes que se están quedando a dormir el sueño de los justos, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Quisiera explicar a los diputados...

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): En específico yo plantearía otro punto y es en relación al orden del día, ya que aquí se nos está dando cuenta de la entrega del informe tardío —digamos— de la Secretaría de Hacienda, de la SEP y el de Semarnat, sin embargo, todavía no se entrega el informe de la Secretaría de Energía. Entonces no es posible que haya una violación a la norma de esta naturaleza, ya que con esto no se está cumpliendo con lo que marca el artículo 93 de la Constitución Política ni tampoco la Ley Orgánica.

Entonces, la solicitud en específico es para que cumplan con sus funciones y que entregue la Secretaría de Energía su informe, ya que la comparecencia es la próxima semana.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me informa Servicios Parlamentarios, diputada, que el informe llegó hoy y se está distribuyendo. Le agradeceré mucho pueda usted verificarlo y si no es así, informe a esta Mesa Directiva para tomar las medidas correspondientes.

Respecto de las solicitudes del diputado Avelino y el diputado Di Costanzo, la Mesa Directiva, durante la sesión de hoy, valoró que esta sesión tendría, en primer lugar, el análisis y seguramente discusión y votación de la convocatoria de consejeros del IFE. Tan es así, que los dictámenes a que hace usted referencia estaban efectivamente enlistados para el día de hoy y fueron pospuestos, a fin de que podamos hacer de la sesión del martes una sesión exclusivamente de discusión y votación de dictámenes y dediquemos la sesión de hoy para la convocatoria del IFE, las proposiciones con punto de acuerdo rezagadas hasta donde lleguemos y demos paso a la discusión de la agenda política pospuesta desde hace cuatro sesiones. Pero puede estar seguro que el martes están enlistados ya sus dictámenes.

Y tiene usted razón, nadie puede retirar dictámenes si no es con el consentimiento de la comisión, observación que hacemos a los responsables de enviar la propuesta del orden del día de la Mesa Directiva. Gracias, diputado.

Continúe la Secretaría. Está a votación el orden del día, haga el favor de tomar la votación.

El diputado Gustavo González Hernández (desde la curul): Presidente, no se ha aclarado. Me gustaría que nos lo aclarara.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado González, con gusto se lo aclaramos. Si no tiene usted inconveniente, votamos el orden del día, si fuera el caso, con todo gusto.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se prueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos a la lectura del acta y como se encuentra publicada en la Gaceta, pregunte usted si se dispensa la lectura y si se aprueba.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de septiembre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 308 diputadas y diputados, a las 11 horas con 42 minutos del martes 28 de septiembre de dos mil diez, el presidente declaró abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia; Mario Alberto di Costanzo Armenta y Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Emilio Serrano Jiménez y Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional; Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad el presidente realizó aclaraciones.

En sendas votaciones económicas se dispensó la lectura y se aprobó el orden del día y enseguida el acta de la sesión anterior.

La secretaría dio lectura las siguientes comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

• Del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, por el que comunica que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. De enterado, comuníquese.

• Doce dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 27 de septiembre, de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Social, de Energía y de Seguridad Social. Se publican en el Diario de los Debates y se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• En relación con cambios de integrantes de diversas comisiones. En votación económica se aprueban, comuníquese.

Se dio cuenta de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto, enviadas por el Ejecutivo Federal:

• Que establece las características de una moneda de oro conmemorativa del “Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional”.

• Que establece las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas de la “Herencia Numismática de México”.

• Que establece las características de la octava moneda de plata conmemorativa del “Quinto Centenario del Encuentro de dos Mundos”.

Se turnaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría dio lectura oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los programas de otorgamiento de microcréditos a las pequeñas y medianas empresas. Se remitió a la Comisión de Economía.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informó que en el mes de agosto de dos mil diez, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se turnó a la Comisión de Economía.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores:

a) En los que transcribe acuerdos

• De la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, modificatorio del acuerdo por el que se establece el calendario de comparecencias de los servidores públicos, aprobado el 14 de septiembre de 2010. De enterado.

• Por el que se solicita al Ejecutivo federal, asigne recursos de los Ramos 33 y 36 en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a los 21 municipios que conforman la frontera sur, con el fin de fortalecer las áreas de seguridad pública. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Por el que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados, a otorgar recursos suficientes a los municipios de Baja California, para combatir a la delincuencia organizada. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Por el que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Seguridad Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y a la especial sur-sureste de la Cámara de Diputados, a considerar recursos suficientes para el ejercicio presupuestal de 2011, que permitan la implantación de las acciones, estrategias y políticas integrales por parte de los tres órdenes de gobierno tendentes a abatir el secuestro de migrantes. Se turnó el tercer punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

b) Con los que remite iniciativas con proyecto de decreto, por los que se:

• Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Ricardo Monreal Ãvila, del Partido del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Reforma la fracción II del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Reforman y adicionan los artículos 40, 41, y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

c) Con el que remite solicitud de los senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, para que se presente el dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se reciben las iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, que adiciona un tercer artículo transitorio al decreto por el que se reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos ciento cuarenta y cinco, trescientos uno y cuatrocientos veinte de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• Julio Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 26 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Guadalupe Pérez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 4o. y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

• Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía. Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía.

• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Miguel Ãngel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turnó a la Comisión de Economía.

• Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aeropuertos, de Vías Generales de Comunicación y General de Bienes Nacionales. Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las 13 horas con 10 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 452 diputadas y diputados.

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 46 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• José Francisco Javier Landero Gutiérrez, en nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Susana Hurtado Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General de Desarrollo Económico. Se turnó a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, en nombre propio y de diversos integrantes de diversos grupos parlamentarios, por los que reforman el capitulo decimotercero de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• César Daniel González Madruga, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

En votación económica se aceptó la inclusión en el orden del día los acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que –a través de la Secretaría de Educación Pública– se modifique el decreto de creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimientos los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en cuatro ocasiones; Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; Reyes Tamez Guerra, de Nueva Alianza; María Araceli Vázquez Camacho e Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática. Se concedió el uso de la tribuna para fundamentar el acuerdo al diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional.

• Relativo a los desastres naturales recientemente ocurridos en los diversos estados de la República Mexicana.

• Por los que se solicita se considere recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Apoyar a las Comunidades de Santa María Tlauitoltepec y Villa Hidalgo Yalalac.

En sendas votaciones económicas se aprobaron los acuerdos, comuníquense.

En votación económica la asamblea dispensa la lectura a los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las comisiones:

a) Del Distrito Federal, con proyecto de decreto:

• Que reforma los artículos 80 y 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

• Que reforma los artículos 12, 47 y 86 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

b) De Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Desde sus respectivas curules, realizaron moción de procedimiento los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en tres ocasiones; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad el presidente realizó aclaraciones. Quedaron de primera lectura.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) Desarrollo Rural, por los se reforman:

• El artículo 20 y adiciona los artículos 3o. y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En votación económica se considera suficientemente discutido. Se aprobaron en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por trescientos cincuenta y siete votos en pro y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales.

• El artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En votación económica se considera suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por trescientos sesenta votos en pro. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

b) Reforma Agraria, por los que se:

• Reforma el artículo 72 de la Ley Agraria. Se concedió el uso de la palabra para realizar comentarios en contra al diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y realizó comentarios en pro el diputados Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 346, votos en pro y dos, abstenciones. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Reforma el artículo 30 de la Ley Agraria. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 342 en pro y seis abstenciones. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, que reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación, en materia de educación nutricional. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por trescientos cuarenta, votos en pro y una, abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación nutricional y regulación de venta de alimentos y bebidas en los planteles escolares de nivel básico. Se concedió el uso de la palabra para razonar su voto a los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia,  José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; a Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, para realizar comentarios a favor el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática. Se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 293 votos en pro; dos en contra y 11 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

e) Seguridad Social, que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 64 de la Ley del Seguro Social. Se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 310 votos en pro y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

f) Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma el artículo 55 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se concedió el uso de la palabra para razonar el voto a la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 321 votos en pro. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

g) Economía, por los que:

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 319 votos en pro. Se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

• Se adiciona un artículo 29 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se concedió el uso de la palabra para razonar el voto al diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 324 votos en pro; uno en contra. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

h) De la Función Pública, que reforma y adiciona los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se concedió el uso de la tribuna para fundamentar el dictamen por la comisión al diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. Se concedió el uso de la tribuna para realizar comentarios en contra a los diputados: Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, quien aceptó interpelación del diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen el diputado Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas, Partido Acción Nacional y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Esthela Damián Peralta, Partido de la Revolución Democrática; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Partido Revolucionario Institucional y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, para que se retire del orden del día y se devolviera el dictamen con proyecto de decreto. Los diputados María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional y Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, realizaron comentarios. En su oportunidad el presidente realizó aclaraciones. En votación económica la asamblea aceptó que se retirara del orden del día y se devolviera el dictamen a la Comisión de la Función Pública.

En votación económica la asamblea aprobó la lectura solo de los encabezados de los dictámenes con puntos de acuerdo de las siguientes comisiones:

a) Agricultura y Ganadería, por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria e instrumentar de manera inmediata, programas en apoyo a los Productores Agropecuarios Nacionales.

b) Atención a Grupos Vulnerables, por los que se exhorta al Ejecutivo federal implante acciones para salvaguardar la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Guerrero, respecto a los riesgos de trabajo en campos agrícolas.

c) Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Seguridad Pública, por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe del gobierno del Distrito Federal, al titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional, a que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país.

d) Unidas de Desarrollo Rural, y de Equidad y Género, por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de diseñar y operar programas complementarios que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales.

e) Desarrollo Social, para exhortar:

• Al gobierno de Nuevo León, para que considere al municipio de Cadereyta como parte de la zona metropolitana de Monterrey, y sea beneficiado con los recursos del Fondo Metropolitano.

• A los gobiernos de las entidades federativas para que difundan y promuevan el Día de la Familia.

• A la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa 70 y más, a fin de flexibilizarlas y adecuarlas a la realidad que afronta la población objetivo.

f) Economía, por el que se exhorta:

• A los gobiernos federal, estatales y municipales a reestructurar los cursos de acción para impulsar y reactivar los programas productivos con la incorporación a los profesionistas titulados que no tienen empleo.

• Al Ejecutivo federal, para que modifique la estrategia de reducción arancelaria que ha implantado en el país.

• A la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor a sancionar las prácticas abusivas de las prestadoras de servicios de telefonía celular y a generar una norma oficial mexicana para obligar a estas empresas a registrar sus contratos de adhesión.

• Al Ejecutivo federal a revertir, en los términos administrativos y legales correspondientes, la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero.

g) Energía, por el que se exhorta:

• A la Comisión Federal de Electricidad a desistirse de las demandas interpuestas contra usuarios de Ixtepec, Oaxaca, por la protesta social en repudio del alza de las tarifas.

• A la Secretaría de Energía, a revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California.

h) Salud, por el que se exhorta al Comisionado Federal para la protección contra riesgos sanitarios a replantear el PROY-NOM-249-SSA1-2007 “Mezclas Estériles: nutricionales y medicamentos e instalaciones para su preparación”, por considerarse con errores en los aspectos técnicos contenidos en el numeral veintiséis.

i) Seguridad Pública, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a establecer en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente, una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de dicha dependencia, a fin de acordar soluciones que permitan dar respuesta a las peticiones de los trabajadores

j) Transportes, por el que se:

• Solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que informe a esta soberanía, sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país; y se exhorta a los gobierno estatales, para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

• Exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir el reglamento de mensajería y paquetería, previsto en el artículo 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

• Exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que presente un informe detallado del estado que guarda el proyecto de construcción del “Puente de la Unidad” en el estado de Campeche.

• Exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación a prohibir la circulación por carreteras federales de vehículos de remolque, siniestrado o en malas condiciones mecánicas.

k) Unidas de Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que se exhorta a las Secretarías Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a exigir las medidas técnicas y ambientales necesarias en la construcción y posterior operación del Puerto Multimodal de Punta Colonet en Ensenada, Baja California.

En votación económica se aprobaron en conjunto los puntos de acuerdo, comuníquense.

En votación económica la asamblea aprobó la lectura sólo de los encabezados de los dictámenes negativos con puntos de acuerdo, por los que se desechan iniciativas con proyectos de decreto, de las comisiones:

a) Salud, que reforma los artículos 222 y 224 de la Ley General de Salud.

b) Participación Ciudadana, que reforma y adiciona:

• Diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

c) Agricultura y Ganadería, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

d) Economía, por los que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y tercero transitorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

e) La Función Pública, que:

• Reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Reforma el artículo 9o. y adiciona el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Adiciona una fracción V al artículo 36 y se reforma la fracción II del artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reforma los artículos 40 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reforma el primer párrafo y adiciona un segundo, sexto, séptimo y octavo párrafos al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

f) Desarrollo Rural, que reforma y adiciona los artículos 16, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

g) Comunicaciones, que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 52, 64, fracción XV, y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual XII para pasar a ser XIV al artículo 7, un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser décima séptima al artículo 64 y una fracción VI al apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

h) Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, que expide la Ley Federal Protección a los Derechos de los Pasajeros del Transporte Aéreo.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En votación económica se aprobaron en conjunto los puntos de acuerdo, se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere al último dictamen, se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Por el que solicita reprogramar la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con motivo de la glosa del cuarto Informe de Gobierno, en virtud de que atenderá los eventos en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Morelos. Se turnó a la Junta de Coordinación Política, y a la Comisión de Desarrollo Rural.

• Para reprogramar la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, con motivo de la glosa del cuarto Informe de Gobierno. Se turnó a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, en dos ocasiones, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones, ambos del Partido del Trabajo y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones. En su momento el presidente realizó aclaraciones.

El presidente clausuró la sesión a las 18 horas con 5 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 30 de septiembre de 2010, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría con comunicaciones de la Mesa Directiva.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Desarrollo Social

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Michoacán a que den cumplimiento a las disposiciones de la ley General de Desa-rrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para la implementación de programas de desarrollo social.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para garantizar que las políticas públicas apuntalen al fortalecimiento de la cohesión social en el país, así como la crea-ción del Consejo Nacional para la Cohesión Social.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Secretaría de Desarrollo Social y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que el programa 100 por 100 sea ejecutado en coadyuvancia con los presidentes municipales y que se contrate a personal local para que realicen las obras. Así mismo, que sean respetados los artículos 18 fracción V y 28 fracción I del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el programa de abasto social de leche subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el programa de rescate de espacios públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social amplíe el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a cumplir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para implantar programas de desarrollo social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL 61-II-6-0124, de fecha 4 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 706, que contiene una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para la implantación de programas de desarrollo social, presentado por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

I. La proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar plantea que en la ejecución de los programas de desarrollo social se ha dejado de lado a los municipios, que son la instancia más cercana a la gente, base de la organización política de nuestra nación, y que por dicha cercanía conocen de mejor manera la problemática específica de cada uno de ellos, las condiciones de vida de sus pobladores y sus necesidades reales.

II. La legisladora argumenta que la Ley General de De-sarrollo Social establece en el artículo 3o. los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social y que, por tanto, deben ser observados por las autoridades federales, estatales y municipales concurrentes en la materia. Bajo su perspectiva se violan los principios de solidaridad e integralidad, toda vez que los gobiernos federal y estatal se abstienen de coordinar y articular con los ayuntamientos la ejecución de los programas de desarrollo social. De la misma manera, se viola el principio de transparencia, toda vez que se mantienen en la opacidad los padrones de beneficiarios y de organizaciones que reciben recursos por parte de los dos ámbitos de gobierno.

III. La legisladora considera que se han pasado por alto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Desa-rrollo Social, el cual establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, y sólo por excepción los ejecutarán directamente otras instancias. Por tanto, propone exhortar al ejecutivo federal a revisar y, en su caso, modifique las reglas de operación de los programas federales en materia de desarrollo social, a fin de que para su ejecución sea obligatoria la coordinación con las instancias municipales correspondientes. Además, hacer un exhorto al gobierno de Michoacán a transparentar la entrega de bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales en materia de desarrollo social, estableciendo en las reglas de operación correspondientes la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos.

IV. Los argumentos expuestos por la proponente resultan significativos en la construcción de un federalismo pleno en nuestro país, sin embargo, las condiciones institucionales a las que hace referencia la proponente han cambiado y han llevado a dejar sin sustancia la proposición en comento.

V.En el artículo 30, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se establece que “tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia competente, decida suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación con las entidades federativas, procurará que éstos se celebren a más tardar en febrero en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la población objetivo. Dichos convenios especificarán, como mínimo, los programas a que se refieren, las zonas dentro de la respectiva entidad federativa, a qué se destinarán los recursos, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización. El gobierno federal y los gobiernos estatales, previa opinión de los comités de planeación para el desarrollo o su equivalente, y dentro del marco del convenio de coordinación respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas para lograr el mejor desa-rrollo e impacto social de éstos”.

VI. Es importante para esta comisión dictaminadora reconocer la labor legislativa y la preocupación de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar por consolidar un marco legislativo que contribuya a fortalecer el federalismo y el desarrollo social en nuestro país.

VII.Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria, de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo de la proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para la implantación de programas de desarrollo social, presentada por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de noviembre de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del consejo nacional para la cohesión social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38, segundo párrafo, de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-6-0316 de fecha 2 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1463, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del consejo nacional para la cohesión social, presentado por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de marzo del mismo año.

Con este antecedente la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

I. En su exposición de motivos, el diputado Eduardo Ledesma Romo hace una serie de reflexiones en torno a la importancia de la cohesión social en el país, principalmente ante un panorama de violencia, descomposición social y crisis económica que permea a lo largo de la república. Señala que la cohesión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto del país. Además, menciona que es el momento de colocar en el centro de todo esfuerzo gubernamental la tarea de promover la cohesión social, como condición indispensable para garantizar la viabilidad del país.

II. El legislador habla de asumir el reto de reconstruir una cohesión social sólida, congruente con un proyecto de nación para el siglo XXI y que trascienda las visiones parciales y de coyunturas políticas. Asimismo menciona los dramáticos sucesos, particularmente en la frontera norte de nuestro país, como ejemplo del grado de descomposición social. Por ello, propone construir con visión de largo alcance y un gran esfuerzo nacional en favor de la cohesión social, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores de la sociedad civil, principalmente de las instituciones de educación superior, comprometidas con el interés superior de la nación.

III. Por lo anteriormente expuesto, el diputado propone la creación de un espacio de interlocución y generación de propuestas, como sería un consejo nacional para la cohesión social, integrado por representantes de los Poderes de la Unión, de la sociedad civil, de instituciones de educación superior y organismos de carácter consultivo que trabajen con esta visión y compromiso.

IV. Con base en los argumentos expuestos por el diputado proponente, resulta por demás significativa su preocupación por establecer mecanismos que propicien el fortalecimiento de la cohesión social, principalmente ante la ola de violencia que vive el país. Sin embargo, el mismo concepto de cohesión social es muy abstracto y ambiguo, por lo que su uso requiere de un análisis preciso para evitar la ambigüedad jurídica. Al hablar de cohesión social se alude a un sentido de pertenencia de individuos sobre algún proyecto o interés común y que requiere de un consenso generalizado, por lo que al ser México un país con una enorme pluralidad resulta difícil homogeneizar los patrones sociales.

V. La Ley General de Desarrollo Social señala en su artículo 36 al grado de cohesión social como un indicador para la identificación, definición y medición de la pobreza, por lo que las entidades y dependencias de la administración pública federal que participen en la ejecución de programas sociales deberán tomar en cuenta este indicador para el desarrollo de sus funciones y logro de sus metas.

VI. La misma ley contempla, en su artículo 55, la creación del consejo de desarrollo social como un órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, de participación ciudadana y conformación plural, que tiene entre sus objetivos analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la política nacional de desarrollo social. Entre sus funciones tiene la de emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la política nacional de desarrollo social, e impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la misma política. Debe destacarse que está pendiente la integración y funcionamiento del citado consejo, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. A pesar de ello no se considera viable la creación de nuevas instancias institucionales en torno a la cohesión social.

VII. Debe destacarse la preocupación del diputado Ledesma Ramos por el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo social de los mexicanos a través del fortalecimiento de la cohesión social, sin embargo, con una visión de eficiencia y eficacia institucional, bajo un contexto de restricción de recursos presupuestarios, se hace poco factible la propuesta en comento.

VIII. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó, en sesión ordinaria, de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar que las políticas públicas apuntalen al fortalecimiento de la cohesión social en el país, así como la creación del consejo nacional para la cohesión social, presentado por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de marzo del 2010.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Sedesol y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-3-554, de fecha 29 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 2355, que contiene proposición con punto por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Sedesol y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada en la sesión de la misma fecha.

Con esos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

I. El diputado Natale López expone que la proposición con punto de acuerdo responde a un contexto coyuntural sumamente complejo y delicado por el tratamiento en que se están llevando a cabo los procesos político-electorales en las 15 entidades federativas donde se renovarán entre Ejecutivos estatales, congresos y presidencias municipales.

II. Para el legislador, el uso y la aplicación de recursos públicos se hacen cada vez más presentes en un intento de las estructuras de gobierno por cooptar y garantizar el voto ciudadano a sus intereses políticos. Lo anterior contraviene con toda amplitud el párrafo quinto del artículo 32 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el artículo 28 de la Ley General de Desa-rrollo Social respecto a la utilización y operación del programa Oportunidades.

III. El legislador apunta que para 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de poco más de 63 mil millones de pesos para que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ampliara la atención y cobertura del programa. El proponente destaca que este presupuesto fue producto de adecuaciones fiscales por el Congreso en aras de aprobar un presupuesto menos dañino en comparación con la propuesta inicial del Ejecutivo federal.

IV. La proposición en comento plantea que hay la posibilidad de que por cuestiones de coyunturas político-electorales, los logros y avances de la política social en cuanto a atención y superación a la pobreza se trunquen y se extravíen cayendo en la simulación y el desperdicio –de recursos financieros, técnicos, y humanos– y, en el peor de los casos, al fracaso integral de la política social por beneficiar con base en preferencias político-electorales, como se ha registrado en algunas entidades donde se celebrarán elecciones.

V. El proponente señala que los legisladores federales deben velar y exigir reiteradamente la imparcialidad y calidad en el desempeño y aplicación real de los recursos provenientes de los programas sociales para la población objetivo, condiciones mínimas para seguir aprobando en los subsecuentes presupuestos mayores recursos o, en su caso, la viabilidad de ciertos programas sociales que han perdido su real aportación al combate de la pobreza y de la marginación.

VI. Como consecuencia de su argumentación, el diputado Natale López propone, primero,exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a adelante a esta soberanía por medio de la Comisión de Desarrollo Social, a más tardar en cinco días hábiles, contados a partir de la aprobación del punto de acuerdo, la entrega de la información sobre la descripción de la estrategia de ampliación de cobertura prevista para el segundo trimestre para los programas de atención social: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 70 y Más, así como un informe relativo a la ejecución de dicha estrategia de ampliación en el trimestre que se reporta. Asimismo, una vez presentados los informes ante la citada comisión, que la misma dependencia federal (Sedesol) suspenda los procesos de afiliación e inscripción de los tres programas sociales en los 15 estados donde se renovarán entre Ejecutivos estatales, congresos locales y presidencias municipales hasta después de concluida la jornada electoral del primer domingo de julio del presente año. Por último, que la misma dependencia se sujete al principio de publicidad en términos de la garantía constitucional de transparencia, a efecto de que publique el padrón de beneficiarios, el cual deberá permitir conocer los nombres de quienes sean atendidos por los programas mencionados, así como su localidad, municipio y entidad federativa de residencia, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normativa aplicable.

VII. Como segundoresolutivo, se propone exhortar al secretariado ejecutivo y a las delegaciones en las entidades federativas que forman parte de las coordinaciones nacionales encargadas de los Programas de Desa-rrollo Humano Oportunidades, 70 y Más, y Seguro Popular a abstenerse de realizar acciones u omisiones que influyan en la manipulación de los programas para fines político-electorales. Asimismo, consideramos propicio hacer extensivo el exhorto para el resto de las delegaciones federales, a efecto de que los titulares responsables y representantes en los estados se ajusten a lo normativamente establecido en el ejercicio de sus funciones porque, en caso de cualquier anomalía o señalamiento por el incumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicables, éstos deberán rendir un informe y comparecer ante la Comisión Especial para el seguimiento y vigilancia de los procesos electorales de esta soberanía a efecto de que desvirtúen los señalamientos imputados.

VIII. Conforme a lo fundado, la comisión coincide en la preocupación del legislador proponente sobre el adecuado uso de los recursos públicos destinados a los programas de desarrollo social. Sin embargo, la supervisión y el control de dichos programas deben realizarse continua e integralmente y no sólo durante procesos electorales locales.

IX. La Cámara de Diputados creó una comisión especial para dar seguimiento a los recursos públicos durante los procesos electorales locales que realiza una supervisión del desempeño de los todos los programas sociales. Sin embargo, deben reconocerse el trabajo legislativo y la preocupación del legislador proponente por la correcta aplicación de los recursos públicos y la aplicación de la Ley General de Desarrollo Social.

X. El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente, toda vez que la motivación se ha extinguido.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la Secretaría de Desarrollo Social y diversas dependencias federales los procesos de afiliación e inscripción a programas sociales en estados donde habrá elecciones, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 29 de abril de 2010.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar el Programa 100 x 100 con los presidentes municipales y a contratar personal local para que realice las obras, así como a respetar los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-4-140, de fecha 4 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 559, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar el Programa 100 x 100 con los presidentes municipales y a contratar personal local para que realice las obras, así como a respetar los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009, presentada por la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.

Con esos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

I. La proponente apunta en la exposición de motivos que el Ejecutivo federal estableció en 2006, como parte de su estrategia de desarrollo humano el Programa 100 x 100. El programa tiene como objetivos abatir las condiciones de pobreza extrema que viven los municipios con mayor rezago en el país, con apoyos en pisos firmes, baños ecológicos y previsión de agua potable, entre otros. Califica estas metas como loables en principio, pues de los 487 municipios con población mayoritariamente indígena, 70 por ciento se considera de muy alta marginación de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, apunta que en Veracruz, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), este año se atienden 15 municipios con los mayores rezagos en la entidad, la mayor parte de ellos indígenas.

II. La legisladora señala que actualmente, en Veracruz quienes son los encargados de hacer llegar los apoyos a la gente son los “facilitadotes”; es decir, funcionarios de la Sedesol. Según el sistema federal que nos rige con los preceptos constitucionales, los municipios son la unidad básica y primordial de gobierno; por tanto, los presidentes municipales tienen el mejor conocimiento de las necesidades locales acerca de la distribución, programación y urgencia en las comunidades integrantes de sus municipios. Sin embargo, ellos son los últimos en enterarse de la metodología y programación de las acciones que llevan a cabo. Es una demanda generalizada por los presidentes municipales estar en la posibilidad de coadyuvar con los funcionarios federales en la aplicación eficaz de este programa. Desde su perspectiva, es necesario que distintos niveles de poder concurran en aras de que los recursos lleguen a quien más lo necesita.

III. De la misma manera, se observa que la mano de obra empleada en la construcción de la infraestructura básica enfrenta una situación crítica de desempleo, que ya sumaba en septiembre de 2009 6.41 por ciento de la población económicamente activa. Para la diputada Pérez Santos, los efectos económicos y sociales son tan complejos como lamentables. Por ello, propone cambiar las reglas de operación del programa para establecer que se aprovechen los recursos humanos de las localidades beneficiadas y los mismos habitantes construyan los pisos firmes, las letrinas y demás infraestructura básica. Esto incluso significaría un doble efecto pues, por una parte, se dotaría a la gente con mejores viviendas y, por otra, se incentivaría el empleo temporal.

IV. En la proposición se hace referencia a lo establecido en los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, por lo que se refiere a que el material de promoción de los programas para el desa-rrollo social, deberán contener la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido para fines distintos de los establecidos en el programa”. En la práctica, señala la legisladora, esto no es así.

V. Si bien los argumentos expuestos por la legisladora son de la mayor importancia, las condiciones y los recursos presupuestales asignados a la estrategia 100 x 100 han cambiado. La mencionada estrategia ha sido sustituida por programas sociales que buscan mejor focalización y mayor amplitud e impacto social.

VI. Es importante destacar la preocupación y la labor legislativa de la diputada María Isabel Pérez Santos por impulsar el desarrollo social y el bienestar de las comunidades más pobres del país. Sin embargo, las condiciones que motivaron el punto de acuerdo se han extinguido por lo que atañe al periodo presupuestal referido.

VII. El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar el Programa 100 x 100 con los presidentes municipales y a contratar a personal local para que realice las obras, así como a respetar los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009, presentado por la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 4 de noviembre de 2009.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa, mediante la Sedesol, para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo y 41 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-2-218 de fecha 3 de diciembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 827, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Secretaría de Desarrollo Social para que reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo, presentado por el diputado Ricardo Sánchez Gálvez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes del mismo grupo parlamentario, en la sesión de la misma fecha.

Mediante oficio DGPL 61-II-244, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, amplió el turno de la proposición con punto de acuerdo citada, para que la Comisión de Desarrollo Rural pudiera brindar una opinión en la elaboración del dictamen correspondiente.

Con estos antecedentes, la comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. El diputado Ricardo Sánchez Gálvez, señala en los considerandos de su proposición, que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 sostiene que el sector agropecuario y pesquero tiene carácter estratégico y prioritario para el desarrollo del país dado que, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas, en éste vive la cuarta parte de la población del país en la cual, pese a los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en el sector, persiste un segmento relevante en tal condición.

II.El legislador proponente señala que por esa razón se plantea la necesidad de garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento de la producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de la población, así como fortalecer su comercialización mediante la promoción y el ordenamiento de mercados. Asimismo señala que de acuerdo con el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la leche está considerada entre los productos básicos y estratégicos.

III.En la proposición con punto de acuerdo analizada, se citan datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que muestran como la producción de leche ha tenido un crecimiento de 10.3 por ciento en los últimos años, equivalente a 22 por ciento del valor total del sector pecuario, que lo ha colocado como el décimo quinto productor de leche a escala mundial. Sin embargo se señala que no obstante lo anterior, el país se halla también como el quinto importador de leche, dado que alrededor de 30 por ciento de su consumo total es adquirido, principalmente, de países como Nueva Zelandia, Irlanda, Uruguay y Argentina.

IV.El legislador propone para aprovechar las potencialidades del sector, que el gobierno federal, a través de Liconsa, instaure el programa de adquisición de leche nacional, el cual tendrá como objetivo apoyar la comercialización del lácteo producido por pequeños y medianos ganaderos que enfrentan problemas de colocación de leche, además de reducir en forma gradual y parcial las importaciones.

V.La proposición con punto de acuerdo señala que en el sexenio pasado, la captación que realiza Liconsa respecto de la producción nacional de leche pasó de 0.26 por ciento en 2000 a 4.47 en 2006. No obstante, dicho incremento aún se considera insuficiente dado el crecimiento del sector, por lo que se requieren políticas y acciones adicionales que coadyuven a su reactivación y protección. La delicada situación de los productores nacionales de leche se agravará aún más si no se pone un freno a las importaciones del alimento, dado que la inclusión de los 5 millones de litros de leche rehidratada por Liconsa diariamente genera una distorsión en el mercado que afecta a unos 220 mil productores.

VI.Asimismo se señala en la proposición, que pese a que el país no tiene compromiso más que con Estados Unidos para la importación de leche en polvo, no se han impuesto aranceles a otros países, como es el caso de Nueva Zelanda. Por esta razón, resulta totalmente injusto que se ponga en riesgo la economía de 220 mil familias, que no se fortalezca la economía nacional y que se debilite al sector rural, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelandia, Colombia, Brasil y Perú han adoptado la imposición de aranceles y cuotas de importación entre las políticas de apoyo de su sector lácteo. Por ello resulta necesario que el gobierno federal emprenda acciones encaminadas a fortalecer el sector productivo nacional fomentando el consumo y la comercialización de leche fresca en el país a través de Liconsa, fijando un arancel de carácter temporal a la importación de leche deshidratada.

VII.El legislador proponente señala que además de las acciones de política pública del Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados debe analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas elaboradas con productos importados, dado que no contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional porque no pagan impuestos a la importación ni al consumo.

VIII.Por último, el diputado Ricardo Sánchez Gálvez señala que el argumento para que Liconsa no se abastezca de leche fresca siempre ha sido el tema presupuestal. No obstante, si se reorientara el programa Oportunidades a los 220 mil productores que difícilmente encuentran demanda para su producción, el importe del subsidio sería de 2 mil 400 millones de pesos.

IX.Motivado por las razones antes expuestas, el legislador propone cuatro resolutivos para atender la problemática del sector. El primero, hacer un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Liconsa para reorientar el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo, creando demanda para los productores nacionales, que tanto lo necesitan en este momento. El Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, fije un arancel temporal sobre la importación de leche deshidratada, exceptuando lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de coadyuvar a la estabilización del mercado nacional de leche. Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se elabore un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas y jurídicas de la implantación de una cuota compensatoria o tasa arancelaria a la importación de leche en polvo, a fin de coadyuvar con los empresarios mexicanos al crecimiento y sustento de la industria lechera nacional. Cuarto. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a analizar la viabilidad de gravar con el impuesto al valor agregado las fórmulas lácteas importadas.

X.Por otra parte, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, concedió a la Comisión de Desarrollo Rural la ampliación de turno a efecto de formular una opinión sobre la proposición en comento. Dicha opinión fue turnada a esta Comisión dictaminadora el pasado 3 de marzo con las consideraciones sobre el tema. En ellas se señala la preocupación de la Comisión de Desarrollo Rural por el grave problema de comercialización que enfrentan los productores nacionales de leche. La Comisión de Desarrollo Rural señala que en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional y desataca que la leche está considerada entre los productos básicos y estratégicos señalados en el artículo 179 de la mencionada Ley.

XI.La Comisión de Desarrollo Social consideró muy importante el fondo de la propuesta del Diputado Ricardo Sánchez Gálvez, sin embargo, el tema y alcance de los resolutivos propuestos van más allá de las atribuciones de dictamen con las que cuenta esta Comisión. Las propuestas de los resolutivos segundo, tercero y cuarto, planteados por el legislador Ricardo Sánchez Gálvez, no atañen a la Comisión en el marco de una política nacional de desarrollo social y de la Ley General respectiva.

XII.Por lo que se refiere al resolutivo primero de la propuesta en análisis, conforme lo señala el artículo 32, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial aquellos que van dirigidos a los pobladores de las zonas árida y de las zonas rurales para elevar el nivel de vida de la población.

XIII.Liconsa es una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como finalidad industrializar y distribuir leche de alta calidad a un precio accesible en apoyo de la alimentación y nutrición de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, para contribuir al desarrollo. La empresa adquiere leche de producción nacional como importante fuente de abastecimiento de su principal materia prima. Con esta actividad se apoya la comercialización de lácteo producido por pequeños y medianos ganaderos, a la vez que se reducen las importaciones de leche en polvo que la empresa se ve obligada a realizar ante una insuficiente oferta interna.

XIV.El lácteo comprado a productores nacionales se incorpora al Programa de Abasto Social con lo que los 3 millones de familias incluidas en el padrón de atención institucional cada vez en mayor medida consumen leche producida en el país. En apoyo a la compra de leche nacional y atendiendo demandas de pequeños y medianos ganaderos que carecían de infraestructura de acopio, Liconsa construyó y rehabilitó 49 centros de acopio y enfriamiento de leche fresca, en doce entidades federativas. Esta red de acopio con capacidad para manejar alrededor de un millón 100 mil litros de leche diarios, constituye una respuesta a las demandas de más de 10 mil pequeños y medianos ganaderos, cuya principal limitación para participar competitivamente en el mercado nacional de la leche, era la de contar con instalaciones apropiadas para acopiar y enfriar su producto, a fin de ofertarlo en mejores condiciones de calidad y precio.

XV.Hasta 2001 Liconsa compraba volúmenes reducidos de leche nacional, los cuales representaban menos del 3 por ciento del lácteo que se distribuía a través de su Programa de Abasto Social de Leche. En el 2002 se inició un programa de adquisición de leche producida en el país y en ese año se captaron 95.7 millones de litros, cantidad que ha ido creciendo año con año, de manera que en el 2008 se compró la cifra récord de 609.5 millones de litros. Para el 2009 se adquirieron 640  millones de litros, y en el 2010 se ha programado Llegar a los 650 millones.

XVI.La empresa complementa la leche que adquiere en el ámbito nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina. Debe señalarse que la leche de importación históricamente ha tenido un precio más bajo que la leche nacional, lo que Liconsa aprovecha para adquirir leche en el mercado internacional, de elevada calidad, a menor precio, en beneficio de los sectores poblacionales de bajos ingresos incluidos en su padrón de atención.

XVII.Hasta el inicio de la presente década prácticamente toda la leche que la empresa utilizaba como materia prima era de importación. A partir del 2002, con la introducción del Programa de Adquisición de Leche Nacional, esta situación se ha revertido de manera radical. En el 2001 la empresa adquirió 120.9 miles de toneladas de leche en polvo de importación y desde entonces se ha venido reduciendo la cantidad de leche que compra en el mercado internacional. En el 2009 se compraron 58.7 miles de toneladas, que equivalen a cerca del 50 por ciento de la adquirida en el 2001.

XVIII.De esta manera se puede ver una reorientación de las compras de leche en polvo realizadas por Liconsa en el extranjero, que en el 2001 significaba el 97.3 por ciento del total de lácteo que distribuyó a sus beneficiarios a través de su Programa de Abasto Social, en tanto que para el 2009 esta proporción se redujo drásticamente al 33 por ciento.

XIX.La Comisión de Desarrollo Social hace énfasis en un reconocimiento a la labor legislativa del proponente y a la preocupación que tiene por fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de los sectores de la población más desprotegida. Sin embargo, no se encontró motivo y fundamentación suficiente en los considerandos expuestos para reorientar los programas sociales que coordina Liconsa.

XX.A la Comisión de Desarrollo Social atañen la evaluación y seguimiento del impacto de los programas sociales del “Ramo 20” del Presupuesto de Egresos de la Federación. De esta manera, las consideraciones del dictamen se centran exclusivamente en el impacto social de los programas ejecutados por la SEDESOL y sus organismos desconcentrados.

XXI.Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a instruir a Liconsa mediante la Sedesol para que reoriente el programa de abasto social de leche subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo, presentado por el diputado Ricardo Sánchez Gálvez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar en el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 38, segundo párrafo, de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-3-527 de fecha 28 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, el expediente número 2200, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva, presentado por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. El diputado Vázquez Aguilar plantea que la práctica del deporte constituye un elemento fundamental en la formación de la personalidad y la vocación de los individuos. Contribuye a generar condiciones de vida más saludables, a inculcar valores como la solidaridad y la cooperación social, pero sobre todo a alejar a nuestras niñas, niños y jóvenes de flagelos como el alcoholismo, las drogas o la delincuencia.

II.Para el legislador, en tanto que la actividad física es un factor de inclusión e integración social, es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal promover, procurar y generar las condiciones para lograr que se lleve a cabo de manera óptima. Es una tarea impostergable que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, promueva la inversión y recuperación de espacios deportivos y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.

III.Subraya el legislador que lo anterior es importante, pues la infraestructura deportiva nacional es escasa e insuficiente para atender a los 29.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que hay a nivel nacional. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el año 2009 nuestro país tenía en operación únicamente 2,785 centros deportivos instalados en 943 municipios, de los cuales 169 eran considerados de alta marginación.

IV.Para el legislador las acciones realizadas en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, son loables y coadyuvan a devolverle a la sociedad espacios de esparcimiento y la convivencia colectiva. Argumenta que en el año 2009 se recuperaron 820 espacios de convivencia (parques, plazas, instalaciones deportivas y andadores) para los ciudadanos de 200 municipios del país, en beneficio de más de 4 millones de personas. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes, sobre todo si queremos convertir a la práctica del deporte en una cuestión de prevención del delito y la actividad delincuencial.

V. El diputado Vázquez Aguilar apunta que los municipios más inseguros son Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Ciudad Victoria, Ecatepec y 15 delegaciones del Distrito Federal, con excepción de Milpa Alta. Por citar sólo un ejemplo, Ciudad Juárez tiene una población de 1 millón 400 mil habitantes y se calcula que 70 mil son “ni-nis” (jóvenes que ni estudian, ni trabajan), es decir, 5 por ciento de la población. El fenómeno es un catalizador aprovechado por el crimen organizado para expandir sus actividades delictivas.

VI.El proponente opina que en tanto la práctica del deporte y la realización de la actividad física contribuyen a la convivencia armónica de la sociedad. Señala que es prioritario contar con recintos deportivos e instalaciones que amplíen las oportunidades para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. El legislador está seguro de que se debe comenzar a hablar en este país de planeación a largo plazo y dejar atrás ocurrencias y generar políticas públicas con el objetivo de colocar al deporte como una práctica fundamental para atacar los males sociales. Señala que se trata de una tarea compleja, que exige reorientar los esfuerzos hacia una mejor coordinación en su realización y un eficiente uso de los recursos.

VII.La proposición con punto de acuerdo señala como resolutivos:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva del país.

Segundo. Crear acciones transversales entre la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de establecer lineamientos generales para la operación de los espacios deportivos; contar con mecanismos que permitan la prevención del delito; y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.

VIII.Conforme lo señala el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el Programa de Rescate de Espacios Públicos se encuentra sujeto a reglas de operación que establecen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivos.

IX. La Secretaría de Desarrollo Social, señala que el Programa de Rescate de Espacios Públicos actúa bajo un enfoque integral para contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, a través de la construcción, rehabilitación, y mejoramiento de canchas y unidades deportivas, plazas, centros de barrio, entre otros sitios de convivencia, el fomento de actividades deportivas, recreativas y artístico-culturales que inciden en la prevención de conductas antisociales y de riesgo (por ejemplo, violencia familiar y social, drogadicción y pandillerismo), así como el impulso a la integración de redes sociales como formas de organización y participación comunitaria para el cuidado de los espacios públicos y el logro de entornos seguros. Todo ello, permite fortalecer las relaciones interpersonales, creando lazos de confianza e identidad.

X. Los subsidios del programa se distribuyen entre las entidades federativas, mediante la aplicación de una fórmula que considera diversas variables como son la participación por continuidad de 2009 y los índices relativos a la población municipal, marginación, desempeño en el ejercicio inmediato anterior, avance de obra e incidencia de delitos cometidos. Adicionalmente, en los municipios que participen en la estrategia Limpiemos México se incorpora un índice de esta estrategia interinstitucional y, en los municipios apoyados por el Programa de Subsidios para la Seguridad Pública Municipal en 2009, se agrega el índice de municipios prioritarios en materia de seguridad pública.

XI. Los recursos asignados a cada entidad federativa, se distribuyen, de común acuerdo, entre los municipios participantes y se formalizan mediante la suscripción de instrumentos jurídicos, en donde se incluye la conformidad de las partes para acatar la normatividad del programa, se comprometen los recursos de cada instancia participante y se establecen los mecanismos de información sobre los recursos y erogaciones realizadas. Los proyectos apoyados por el Programa de Rescate de Espacios Públicos, son de beneficio comunitario y en virtud de ello las plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos y culturales, centros de barrio, etcétera, son ámbitos abiertos donde cualquier persona tiene derecho a circular.

XII.Los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas pueden ser ejecutores de las obras y acciones financiadas por el programa; promueven la organización comunitaria mediante la conformación de redes sociales, comités vecinales y de contraloría social, asimismo, realizan acciones tendientes a fortalecer la equidad de género y, de prevención de conductas antisociales y de riesgo como la violencia familiar y social. Todo ello, con el objeto de fortalecer el tejido comunitario y el capital social, y mejorar las condiciones de seguridad en el espacio público y su entorno.

XIII. De esta manera, se observa que el esquema de operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos ya contempla en la actualidad acciones diversas de prevención de conductas delictivas y la integración de las comunidades en la organización de actividades. Sin embargo, debe reconocerse la preocupación del legislador por que el desarrollo social en nuestro país logre ampliar las capacidades de un mayor número de mexicanos y con ello ayudarlos a superar las condiciones de marginación en que viven.

XIV. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó, en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos los municipios con mayor incidencia delictiva, presentado por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentada el 28 de abril del 2010.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles que envíen a esta soberanía los parámetros de las evaluaciones y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las Normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-7-22 de fecha 23 de septiembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 122, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias, presentado por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, en la sesión de la misma fecha.

Dicho expediente se conservó en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integraban las comisiones ordinarias respectivas.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió el expediente número 122 con la proposición de punto de acuerdo en comento.

Con este antecedente, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. La diputada Yolanda de la Torre Valdez expone, en los considerandos de su propuesta que la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, puso en evidencia que es necesario hacer una revisión de todos los esquemas a través de los cuales se prestan servicios de guarda y custodia de niñas y niños hijos de madres trabajadoras en México.

II.La legisladora asegura que la disparidad que existe en los estándares exigidos en el esquema de guarderías del IMSS, en relación con los servicios que prestan el ISSSTE, el DIF y la Sedesol, entre otros esquemas vigentes operados por gobiernos locales y municipales, es abismal, lo que exige revisar las políticas y recursos que se destinan a ellos.

III.En las consideraciones se señala que debido a la ausencia de una política integral de protección de los derechos de la niñez en México, se ha comprometido seriamente el principio de protección del interés superior de la infancia. En consecuencia, señala que es urgente revisar los esquemas de guarderías desde la perspectiva de los derechos de los niños.

IV.Los considerandos de la propuesta señalan que las evaluaciones realizadas por el Coneval en 2008, establecen en sus “puntos susceptibles de mejoras”, la necesidad de generar sinergias entre los programas para la protección, guarda y custodia de niños, y homologar la calidad de los servicios.

V.La diputada de la Torre Valdez plantea que es evidente la necesidad de contar con un mecanismo efectivo de control, que permita supervisar que el mecanismo de seguimiento diseñado para el cumplimiento de las recomendaciones de mejora a los programas federales, opere de verdad, se mejore y tenga un mecanismo adicional de seguimiento desde la Cámara de Diputados.

VI.De esta forma, la legisladora propone los siguientes resolutivos: Primero.- Se solicita a las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno responsables de establecer y operar estancias infantiles, en cualquiera de sus modalidades, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación, y resultados de las evaluaciones que llevan a cabo en las estancias infantiles existentes, acorde con el sistema de evaluación del desempeño y su conjunto de elementos metodológicos. Segundo.- Se aprueba la creación de una Comisión Especial de esta honorable Cámara de Diputados, que revise la política general de estancias infantiles del Estado Mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes, y convoque a las instancias que sean necesarias para realizar las verificaciones pertinentes, a efecto de proponer las modificaciones que se requieren para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños de México.

VII. Debe señalarse que el tema de la proposición con punto de acuerdo, debe ser abordado desde una perspectiva integral y multidisciplinaria como parte del de-sarrollo social en el país. Sin embargo, la comisión dictaminadora considera que la solicitud propuesta por la legisladora excede las atribuciones de esta soberanía. La Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con las atribuciones para ser rectora de una política de evaluación y seguimiento de los programas orientados al servicio de guarderías infantiles, por lo que se propone desechar el primer resolutivo.

VIII. La Sedesol sólo coordina el apoyo a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres sólos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad, en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos por persona, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.

IX. El subsidio que otorga el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, coordinado por la Sedesol, sirve para pagar parcialmente el costo del servicio de cuidado infantil en las estancias que operan en la red del programa, dicho apoyo se entrega de manera mensual a la responsable de la estancia infantil a la que acude el hijo del beneficiario. El beneficiario a su vez, paga una cuota de corresponsabilidad mensualmente, para cubrir la totalidad del costo del servicio.

X.Además, se otorgan apoyo a las personas interesadas en operar una estancia infantil siempre que ésta cumpla con las especificaciones establecidas en las reglas de operación. Las personas interesadas son apoyadas con un subsidio para realizar las adecuaciones necesarias al inmueble que propongan. El inmueble puede ser una vivienda particular o rentada, o bien en un contrato de comodato.

XI.El DIF nacional y la Sedesol supervisan las estancias infantiles afiliadas a la red del programa a nivel nacional, para asegurar su correcto funcionamiento y en consecuencia el bienestar de los niños. Las supervisiones que ha realizado el personal del DIF nacional a las estancias infantiles en lo que va del 1er semestre de 2010 ascienden a 17,022; no obstante cabe señalar que dichas supervisiones son de carácter tutorial, con el propósito de observar todas las actividades que se realizan en las estancias infantiles, además de los elementos que aseguran la calidad en el cuidado y atención infantil.

XII.Por lo que atañe al segundo resolutivo propuesto, conforme lo establece el artículo 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales serán aprobadas por el pleno de la Cámara y su integración será propuesta por la Junta de Coordinación Política, por lo que el resolutivo en comento sobrepasa la competencia de esta dictaminadora. De tal manera, la Comisión propone desechar dicho resolutivo.

XIII. La Comisión de Desarrollo Social hace un reconocimiento a la labor legislativa y a la preocupación que expresa la proponente, así como los legisladores que brindaron su adhesión a la proposición en comento, en beneficio de la seguridad y calidad de los servicios de guarderías en el país. Sin embargo, se recomienda impulsar una estrategia de atención intergubernamental para lograr mayor impacto en las acciones de evaluación, prevención y corrección de deficiencias en las guarderías a nivel nacional.

XIV. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las que lleven a cabo en dichas estancias, presentado por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el 23 de septiembre de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el número de beneficiarios del programa Oportunidades en Naucalpan de Juárez, México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las Normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-88 de fecha 4 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, el expediente número 548, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) amplíe el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, presentado por el diputado David Ricardo Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. El diputado proponente plantea en su exposición de motivos que el municipio de Naucalpan de Juárez cuenta con una población aproximada de un millón de habitantes y se encuentra localizado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, existen zonas marginadas que colindan con grandes zonas residenciales entre los cuales se encuentran las zonas populares de San Francisco Chimapa y Santiago Tepatlaxco.

II.El diputado Sánchez Guevara expone que las comunidades mencionadas son clasificadas como zonas rurales y basan su desarrollo y progreso en la riqueza de sus propios recursos naturales y se encuentran rezagados del desarrollo y la dotación de servicios básicos.

III.El legislador proponente indica que nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Además apunta que uno de los grandes retos del gobierno federal es ofrecer a los mexicanos mejores y mayores oportunidades que les permitan elevar su nivel de vida. Con este fundamento, el legislador Sánchez Guevara propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ampliar el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naulcalpan de Juárez, estado de México.

IV.Conforme lo señala el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el programa Oportunidades se encuentra sujeto a reglas de operación que establecen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo.

V.El programa Oportunidades articula incentivos para la educación, la salud y la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza. La coordinación de este programa en los estados, se realiza a través de comités técnicos estatales donde se involucran las responsables federales y estatales vinculados a la operación del programa.

VI.La misión del programa Oportunidades es coordinar acciones interinstitucionales para contribuir a la superación de la pobreza, mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. Su población objetivo son los hogares en condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud.

VII.En el estado de México, durante 2008, Oportunidades atendió a habitantes de 2,634 localidades en 124 municipios, lo que implicó beneficiar a 392 mil 313 familias. En el año 2010 son beneficiarios del programa 431 mil 246 familias que viven en 3 mil 775 localidades de 125 municipios en el estado. Actualmente Oportunidades atiende a 292 familias en las localidades de San Francisco Chimalpa y  218 en Santiago Tepatlaxco, estado de México. Si bien debe reconocerse que es necesario un mayor esfuerzo de focalización y mejor implementación del programa, su impacto en comunidades de alta y muy alta marginación es considerablemente satisfactoria.

VIII.Debe reconocerse la preocupación del legislador por que el desarrollo social en nuestro país logre ampliar las capacidades de un mayor número de mexicanos, sin embargo, el programa Oportunidades cuenta con reglas de operación que norman los requisitos para el ingreso de las familias beneficiarias y sus localidades desde el inicio del ejercicio presupuestal. Asimismo, a través de los comités técnicos estatales se establecen los criterios y población objetivo a atender en las distintas entidades federativas.

IX.Conforme a lo anterior, resulta improcedente la proposición con punto de acuerdo en comento, toda vez que contravendrían los procedimientos establecidos para definen la población objetivo y las localidades beneficiarias del programa Oportunidades.

X.Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) amplíe el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, presentado por el diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 14 de noviembre del 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Liborio Vidal Aguilar cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones practicadas a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Juan Huerta Montero cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Aranzazú Quintana Padilla cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Juan Huerta Montero cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Aranzazú Quintana Padilla cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Juan Huerta Montero cause baja como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Que la diputada Aranzazú Quintana Padilla cause alta como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Que el diputado Guillermo Zavaleta Rojas cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Guillermo Zavaleta Rojas cause baja como integrante de la Comisión de la Función Pública.

• Que la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de la Función Pública.

• Que el diputado Guillermo Zavaleta Rojas cause baja como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Que la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Noé Fernando Garza Flores cause alta como secretario en la Comisión de Cultura.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta.»

No habiendo haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Aprobado. Comuníquese.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente:

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución General de la República y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pido a usted someta a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, solicitud de licencia al cargo de diputado federal por la LXI Legislatura que ostento desde el 1 de septiembre de 2009, a partir del 5 de octubre del presente año y por tiempo indefinido.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica).»

Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gerardo Sánchez García, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la segunda circunscripción plurinominal a partir del 5 de octubre del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado, comuníquese.Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica de izamiento de Bandera a media asta con motivo del día de duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, el sábado 2 de octubre, a las 8:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, situada en Eje Central Lázaro Cárdenas, Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de la Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los diputados: Roberto Rebollo Vivero, Agustín Guerrero Castillo, Avelino Méndez Rangel y Agustín Castilla Marroquín, del PAN.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 202 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos el lunes 4 de octubre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria, en la plaza situada en República de El Salvador esquina con Pino Suárez, centro histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de la Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Jorge Humberto López-Portillo Basave, Silvia Esther Pérez Ceballos y José Luis Jaime Correa.

SECRETARIAS DE ESTADO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del cuarto informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente al número de ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del mismo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado,distribúyanse a los diputados y las diputadas.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-1751, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DJ/ 714/ 2010, suscrita por el ingeniero Juan Manuel Emilio Cedrún Vázquez, director en jefe del Registro Agrario Nacional de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me permito hacer referencia a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2861/ 10, de fecha 8 de septiembre de 2010, dirigido al licenciado Alberto Pérez Gasca, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, a través del cual se le informa del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relacionado con el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco.

Con relación al asunto que nos ocupa, me permito informarle que se recibió solicitud de información por el ingeniero Francisco Yáñez Centeno, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, con referencia a la documentación básica que obra en los archivos de este órgano registral con relación a la acción de ampliación del ejido El Rebalse de Apazulco, en La Huerta, Jalisco, concretamente al plano definitivo en que se representara la exclusión de una superficie de 42.00-00 hectáreas concedida en el amparo número 1569/72, que promoviera la ciudadana Paz Gortazar de González Gallo.

Derivado de dicha solicitud se realizó una búsqueda en nuestros archivos sin que se localizara documento que sirviera de base para la localización física de las 42-00-00 hectáreas a que hace alusión el referido amparo. En razón de ello se solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico-Operativo, los antecedentes que tuviera sobre el particular a efecto de dar respuesta veraz e inmediata a la Secretaría de Gobernación.

El 14 de septiembre de 2010 se entregó mediante el oficio número DJ/ 697/ 2010 al ingeniero Francisco Yáñez Centeno una carpeta del ejido El Rebalse de Apazulco, con varios de los documentos que obran en los archivos de éste órgano registral, como el plano definitivo de la ampliación, el acta de posesión y el deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido, acta de posesión de las 42-00-00 hectáreas para cumplimentar el juicio de amparo número 1569/72, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las versiones técnicas sobre la ubicación de las 42-00-00 hectáreas del citado predio.

A la fecha se tiene respuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria en el sentido de que obran sólo planos proyectos de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie motivo del conflicto y de los cuales pongo a su disposición para una mejor ilustración de la situación técnico-jurídica.

Por lo expuesto, le manifiesto que este órgano registral está en la mejor disposición de participar y coadyuvar en el grupo de trabajo que integre la Cámara de Diputados a efecto de aportar todo tipo de documentación que obre en nuestros archivos a nivel central o estatal y, en su caso, rea-lizar los trabajos técnicos que se requieran.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de septiembre de 2010.— Ingeniero Juan Manuel Emilio Cedrún Vázquez (rúbrica), director en Jefe.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase al proponente para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el mediante oficio número DEP-01413/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Salomón Motte Santiago.

Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Alfredo Ruiz Argueta.

Puesto: Auxiliar contable.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-01423/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Alicia Chávez Castillo.

Puesto: Inspector de mantenimiento rotativo.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Marcela González Meléndez.

Puesto: Empleada de visas temporal.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: J. Darío Ortega Mercado.

Puesto: Guardia de detección de vigilancia.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Héctor Ruiz Gamiño.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Belice en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 20 de septiembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1467, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Adrián Leopoldo Navarro Soto.

Puesto: Chofer/mensajero.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Víctor Jaír López Frausto.

Puesto: Examinador de cuentas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Gabriela Hernández Navarro.

Puesto: Asistente en el Departamento de Comercio.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2010.—Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten las solicitudes de permiso a la Comisión de Gobernación y en lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el pasado 9 de septiembre, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo

Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164, numerales 1 y 3; 169, numerales 1 y 4; 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la asamblea la siguiente iniciativa, con aval de grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, la economía mexicana se ha caracterizado por un débil crecimiento que la ha dejado rezagada respecto de otros países en desarrollo. Mientras México ha crecido desde el año 2000 en 1.9 por ciento en promedio anual, Brasil lo ha hecho en 3.3 por ciento, Chile en 3.7 por ciento y China 9.9 por ciento, lo que se ha traducido en que el ingreso por habitante de los mexicanos presente una reducción relativa respecto de los ciudadanos de estas naciones.

Las bajas tasas de crecimiento han coincidido con un importante aumento de la fuerza laboral. En el mismo periodo, la población económicamente activa (PEA) creció en 1.9 por ciento en promedio anual, es decir, el ingreso por habitante activo prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles desde hace 10 años. Estas cifras son preocupantes puesto que en este tiempo se ha desperdiciado gran parte del impulso demográfico de millones de jóvenes mexicanos.

Si las cifras de crecimiento económico son insatisfactorias, las de generación de empleo son aun menos positivas. El crecimiento promedio de los empleos formales ha sido de 1.1 por ciento. Del 2000 a la fecha, han ingresado la PEA en promedio 783 mil trabajadores por año, pero sólo se han generado 200 mil empleos anuales a través de los sistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, generando un amplio número de trabajadores desempleados, subempleados, informales o que se ven obligados a emigrar.

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2010 existían 2 millones 485 mil trabajadores desocupados y 3 millones 978 mil subocupados, lo que representa un incremento, comparado con el año 2000, de 144 por ciento y de 164 por ciento respectivamente. Por su parte, la Secretaría del Trabajo reporta que hay 12 millones 612 mil trabajadores en el sector informal.

La baja creación de empleos formales afecta de forma particular a los jóvenes. La población entre 14 y 29 años representa el 53 por ciento de los desocupados, el 49 por ciento de los eventos de pérdida de empleos y un tercio de los informales.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo reporta que la mitad de las solicitudes de trabajo provienen de este sector de la población, mientras las plazas disponibles para ellos tan sólo representan el 9.5 por ciento. Esto ha orillado a millones de jóvenes de todos los niveles de instrucción a buscar mejores oportunidades en otros países. Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo destaca que el desempleo de los jóvenes a nivel mundial supera el 21 por ciento, tres veces más que el resto de la población, por lo que recomienda impulsar una agenda coherente que combine políticas macroeconómicas de apoyo con transiciones al trabajo consolidadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que un 8 por ciento de los profesionistas del país viven en Estados Unidos. Este es un fenómeno sumamente costoso, ya que quienes emigran son jóvenes, muchos de ellos capacitados, con niveles de productividad que bien podrían impulsar el crecimiento de la economía y que no lo hacen debido a la ausencia de oportunidades laborales. Por otra parte, no se puede negar que el crimen organizado se ha vuelto un importante empleador de la juventud mexicana.

En un escenario en el que la recuperación de la economía mundial es aún incierta, en el que cada vez existen mayores restricciones para la entrada de migrantes a los Estados Unidos y en el que los programas prioritarios del gobierno federal generan incentivos para el crecimiento del mercado laboral informal, resulta prioritario tomar medidas para enfrentar el problema del desempleo.

En efecto, las políticas públicas del gobierno federal no han cumplido con el objetivo de crear empleos formales, suficientes y bien remunerados. Independientemente de los ciclos económicos, el porcentaje de la PEA que cotiza en el IMSS es de tan sólo el 30 por ciento sin que se observe ningún incremento en los años recientes. Por su parte, la existencia de programas con un componente solidario muy alto como el Seguro Popular han hecho al empleo formal menos atractivo, tanto para las empresas como para los trabajadores.

En enero de 2007 el ejecutivo federal publicó el Decreto que establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa del Primer Empleo que daba el marco legal para impulsar lo que en ese momento se planteaba como una gran apuesta del gobierno federal para reactivar el empleo.

Sin embargo, el hecho de que se haya manejado como un subsidio de las cuotas obrero patronales, la gran cantidad de requisitos y la falta de flexibilidad a la hora de implementar el programa lo hicieron inoperante, a tal grado de que a la fecha no figura como una prioridad en la agenda del IMSS y su fondo de reserva se ha mantenido en los mismos niveles desde de diciembre de 2007. Con datos al 2 de junio de 2010, se habían inscrito un total de 19 mil 931 empresas con 63 mil 459 trabajadores y el monto total de los subsidios entregados a los patrones ascendía a 113 millones 766 mil 705.48 pesos, cifras muy por debajo de los objetivos planteados por el programa e irrelevantes ante las necesidades del mercado laboral.

Es por ello que se vuelve impostergable crear políticas públicas que fomenten el empleo formal, que favorezcan a los millones de jóvenes que ingresan año con año al mercado laboral y que les presenten mejores alternativas a lo que la migración, y en el peor de los casos, la delincuencia organizada les ofrecen.

Debemos de utilizar la política fiscal de forma inteligente. En las últimas administraciones se ha mostrado que ésta, en lugar de fomentar el crecimiento interno, inhibe el desa-rrollo de los sectores económicos de producción, distribución y consumo. Se deben aplicar medidas inmediatas para corregir el rumbo y dar prioridad a la generación del empleo, ya que éste es el principal impulsor del combate la pobreza, de la mejora en la distribución del ingreso y del aumento en la productividad de los sectores reales de la economía.

Debemos de considerar la experiencia internacional de aquellos países que están adoptando políticas de promoción con resultados visibles. En Chile, por ejemplo, el año pasado se aprobó un subsidio al empleo de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad provenientes de familias pobres. Se estima que este subsidio beneficiara a unos 300 mil jóvenes en el primer año, cifra de gran impacto si se considera la población total de aquel país. Por ello, es urgente adoptar medidas pertinentes antes de que sigamos perdiendo terreno frente a otras economías emergentes.

La presente iniciativa crea la Ley del Fomento al Primer Empleo. En primera instancia habría que señalar que la vigencia de la misma es de3 años por su carácter de emergente, ya que pretende ser una respuesta oportuna ante la situación económica actual, marcada por la incertidumbre internacional, la debilidad del mercado interno y el aumento del desempleo y subempleo. Incluso, se plantea que la deducción adicional sea un 25 por ciento menor en caso de que los nuevos empleos sean creados un año después de la entrada en vigor, con el objetivo de que el impuso en el primer año sea verdaderamente significativo.

Una vez concluidos los 3 años después de publicada la Ley, se regresaría al sistema actual.

El proyecto de ley que se presenta plantea brindar una deducción adicional en el impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU) a todo patrón que cree un puesto de nueva creación, entendido como todo aquel que incremente el número de trabajadores asegurados en su empresa a partir de que entre en vigor la ley y que sea ocupado por un trabajador de primer empleo, definido como todo el que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio del IMSS.

Al ser una deducción adicional, el patrón no tendrá que solicitar el subsidio al gobierno federal, por lo que la operación del estímulo será más expedita, ya que simplemente lo reportará en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la información.

El monto de la deducción adicional permitida equivale al 80 por ciento del resultado de disminuirle al salario base el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa correspondiente del ISR o el IETU según aplique, y dividirla entre esa misma tasa. Para el caso del ISR dicha deducción no podrá ser mayor a la utilidad fiscal determinada y en el caso del IETU no podrá ser mayor a la diferencia entre el total de los ingresos percibidos y las deducciones que permite dicha ley.

La vigencia de la deducción adicional tiene un máximo de 36 meses por cada puesto de nueva creación, mismo que tiene que ser mantenido por un mínimo de 18 meses, con la finalidad de evitar que sea utilizado con fines de elusión fiscal. Por su parte, la deducción no podrá ser mayor a 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona geográfica que corresponda. Además, la deducción adicional no se contabilizará para efecto del reparto de utilidades a que hace referencia el artículo 123 constitucional ni para la determinación del coeficiente de utilidad que se emplea en los pagos provisionales.

Los patrones deberán de cumplir ciertos requisitos que, en comparación con los que se solicitaban en el decreto de 2007, son más accesibles. Dentro de ellos, se destaca la obligación de inscribir a los nuevos trabajadores en el IMSS, de enterar sus cuotas obrero-patronales, de no tener adeudos por créditos fiscales firmes y de cumplir con los requisitos de información necesarios.

Finalmente se establecen sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones que van desde multas equivalentes al 20, 30, 50 y 70 por ciento, según aplique, de la deducción adicional, hasta la pérdida definitiva del derecho a aplicar la deducción adicional estipulada en esta ley.

Dada la incertidumbre que domina el panorama económico y que el desempeño del país en la generación de empleos es aun más pobre que el crecimiento, la Ley de Fomento al Primer Empelo se presenta como una alternativa viable para impulsar el mercado laboral, particularmente de los jóvenes y de quienes por distintas razones no han cotizado en el IMSS.

Esta iniciativa encaja dentro de un nuevo modelo de política económica, mediante el cual intenta corregir las fallas del mercado y paralelamente promover la formalidad. Un modelo en el cual el Estado retoma su papel como promotor del desarrollo que se contrapone con la pasividad que ha imperado en los últimos años.

Está ley hará que los empleadores tengan incentivos para eliminar el requisito de antigüedad laboral a la hora de otorgar un puesto y con ello beneficiarse de los niveles de productividad de los nuevos trabajadores y, por otra parte, hacerles más atractivo el mercado laboral formal gracias al esquema que plantea incentivos a cambio de la creación de puestos de trabajo que cumplan con todos los requisitos de la ley. Así mismo, fomentará la creación de capital humano que en la actualidad está siendo subutilizado por la falta de oportunidades de empleo productivo.

La propuesta genera incentivos a la formalidad en contraste con las políticas públicas que han sido promovidas en los años recientes. Podemos esperar que con esta ley se regularice un gran número de trabajadores que actualmente se encuentran en la economía informal y que, paralelamente, aquellos que nunca han cotizado en el Seguro Social se integren al mercado laboral formal por primera vez, con los beneficios que ello genera. Asimismo, se crea una motivación para que los empleadores hagan sus contrataciones de forma directa sin recurrir a terceros quienes, generalmente, eluden el pago de las prestaciones de ley.

La aplicación temporal de esta ley dará una mayor liquidez para que las empresas puedan cumplir con algunas de sus obligaciones de seguridad social asociadas a la contratación, como lo son las cuotas del IMSS, el Infonavit y lo correspondiente al Sistema de Ahorro para el Retiro e incluso dejarles un remanente para incrementar sus niveles de inversión o para garantizar su operación.

Además, hay que considerar el efecto multiplicador que genera esta iniciativa, ya que se espera un aumento significativo en la producción acompañado de mayores ingresos para el gobierno y para el IMSS los cuales serán muy superiores a los costos de la deducción adicional. La temporalidad de la ley, por su parte, garantiza que este incentivo no se convierta en un nuevo gasto fiscal perpetuo, sino que simplemente sea una herramienta para reactivar el mercado en épocas de incertidumbre.

México se encuentra atrapado en el estancamiento económico, en un ciclo vicioso que promueve el empleo informal y la migración, y en un momento político en que los acuerdos entre las distintas fuerzas son contados y de poco alcance. Esta iniciativa pretende ser una de las primeras acciones decisivas para alterar la marcha inercial de nuestra economía y retomar el papel del Estado como promotor del desarrollo, a través de medidas específicas entendidas en un contexto determinado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara el siguiente decreto, por el que se expide la

Ley de Fomento al Primer Empleo

Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo

Artículo Primero. Se expide la siguiente

Ley de Fomento al Primer Empleo

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Lo establecido en esta Ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro ordenamiento en la materia, siempre y cuando no contravengan lo que en ésta se dispone.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá como:

I. Ley: la Ley de Fomento al Primer Empleo;

II. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo;

III. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo;

IV. Trabajador de primer empleo: es aquel trabajador que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal y subordinado a un patrón;

V. Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de esta Ley y en los términos dispuesto en la misma.

VI. Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y

VII. Salario base: es el monto del pago hecho en efectivo por cuota diaria sin considerar gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate.

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer empleo. Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales que esta Ley otorga.

Capítulo IIDel Beneficio del Primer Empleo y Procedimiento para su Aplicación

Artículo 5. Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta y en el impuesto empresarial a tasa única, que resulte a su cargo en el ejercicio de que se trate, según corresponda.

La determinación de la deducción adicional se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Para los efectos del impuesto sobre la renta:

a. Al salario base a que se refiere la presente Ley, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicho salario por la tasa establecida en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

b. El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

El 80% del monto obtenido conforme al inciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el ejercicio.

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal del mismo determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.

II. Para los efectos del impuesto empresarial a tasa única:

a. Al monto del salario base a que se refiere la presente Ley, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicho monto por la tasa establecida en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

b. El resultado obtenido conforme al inciso anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto empresarial a tasa única vigente en el ejercicio de que se trate.

El 80% del monto obtenido conforme al inciso anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el ejercicio.

Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la deducción adicional determinada conforme a la presente fracción aplicable en cada ejercicio no podrá exceder de la diferencia que resulte de restar al total de ingresos percibidos por las actividades gravadas por dicho impuesto las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La deducción adicional a que se refiere el presente artículo no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda a la ubicación geográfica en que se encuentre.

Tratándose de personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales.

Artículo 6. Sin perjuicio de que la deducción adicional se aplique en el ejercicio de que se trate, el patrón podrá aplicar la deducción adicional en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta o del impuesto empresarial a tasa única, según corresponda.

La determinación de la deducción adicional que se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Para efectos del impuesto sobre la renta, el patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto que resulte de dividir el salario base pagado al trabajador de primer empleo en el periodo al que corresponda el pago entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente.

Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no deberá considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcula el coeficiente.

II. Para efectos del impuesto empresarial a tasa única, los patrones podrán deducir en los pagos provisionales de dicho impuesto, el monto que resulte de dividir el monto de los salarios base pagados en el periodo correspondiente al pago provisional entre la tasa del impuesto empresarial a tasa única vigente.

Cuando los patrones realicen en una sola exhibición pagos por salarios que comprendan a dos o más meses, a efecto de calcular la respectiva deducción adicional dividirán el monto pagado entre el número de meses a que corresponda el mismo para obtener la parte proporcional correspondiente al periodo en que se aplicará la deducción adicional.

Artículo 7. Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, el patrón deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo para ocuparlos.

III. Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patronales causadas tanto por los trabajadores de primer empleo, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

VI. Presentar ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria que le corresponda en razón de su domicilio fiscal, el aviso correspondiente y anexos, que dicha autoridad dará a conocer mediante reglas de carácter general.

VII. Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4 de esta Ley, el patrón deberá mantener ocupado el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses.

VIII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 8. El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al trabajador de primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación durante el periodo establecido en la presente Ley.

Artículo 9. El patrón que cumpla con lo previsto en la presente Ley, deberá presentar a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio que corresponda.

Para tal efecto, se estará a lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 10. El Servicio de Administración Tributaria podrá ejercer sus facultades de comprobación respecto a la aplicación de la deducción adicional a que se refiere la presente Ley; si llegará a determinar que existe una diferencia a cargo del patrón derivada de la aplicación de la presente Ley el patrón podrá impugnar la resolución correspondiente en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

Capítulo IIIDe las Infracciones y Sanciones

Artículo 11. Constituyen infracciones a lo dispuesto en la presente Ley:

I. Efectuar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5, sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ley y en las demás disposiciones fiscales relativas y aplicables a las deducciones de sueldos y salarios;

II. Omitir la entrega de los informes, datos y documentación estando obligado a ello en los términos de esta Ley;

III. No mantener a disposición de las autoridades competentes, la información relativa a la aplicación del beneficio a que se refiere la presente Ley;

IV. Omitir información o incluir datos falsos en los avisos o declaración que se presenten;

V. No mantener ocupados los puestos de nueva creación durante el tiempo establecido en la presente Ley y aplicar la deducción adicional; y

VI. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente Ley.

Artículo 12. Cuando se comenta alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, el Servicio de Administración Tributaria aplicará al patrón responsable las siguientes sanciones:

I. Se le impondrá una multa del 50% al 70% del monto de la deducción adicional aplicada indebidamente, tratándose de las infracciones a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 11 de la presente Ley, cuando las infracciones sean descubiertas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Si los patrones infractores corrigen la aplicación indebida de la deducción adicional después de iniciadas las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales y antes de que se les notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, se les impondrá una multa equivalente al 20% del monto de la deducción adicional aplicada indebidamente.

En caso de que los patrones infractores corrijan la aplicación indebida de la deducción adicional después de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, se impondrá una multa equivalente al 30% de la deducción adicional aplicada indebidamente.

II. Cuando se trate de las infracciones a que se refieren las fracciones I y V del artículo 11 de la presente Ley, además de la sanción prevista en la fracción inmediata anterior, el patrón perderá de forma definitiva su derecho a aplicar la deducción adicional a que se refiere la presente Ley.

Lo dispuesto en la presente fracción también será aplicable a aquellos patrones que reincidan en la comisión de las infracciones previstas en el artículo 11 de la presente Ley.

III. Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones I y II del presente artículo, el patrón infractor deberá presentar su declaración complementaria del ejercicio en que haya aplicado indebidamente la deducción adicional, sin considerar para efectos de la determinación del impuesto a su cargo dicha deducción y pagar el impuesto correspondiente debidamente actualizado y con los recargos que le correspondan.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La presente ley tendrá una vigencia de 3 años contados a partir de la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, quienes durante la vigencia de la presente establezcan puestos de nueva creación para ser ocupados por trabajadores de primer empleo, tendrán el beneficio a que se refiere esta ley hasta por el periodo de 36 meses, conforme a lo previsto por el artículo 4 de la misma, aún cuando la presente ya no se encuentre vigente.

Tercero. El monto máximo de la deducción adicional a que se refiere la presente ley se disminuirá en un 25% a partir del segundo año de vigencia de la presente ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de septiembre de 2010.— Senadores: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Alfonso Elías Serrano, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Adolfo Toledo Infanzón, Heladio Elías Ramírez López, Margarita Villaescusa Rojo, Norma Esparza Herrera, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. El Senado de la República solicita a los gobiernos federal y estatal que de manera inmediata se coordinen y realicen las labores de rescate y salvamento por el alud en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en el estado de Oaxaca, que sepultó a más de un centenar de viviendas y donde se reporta la desaparición de más de quinientas personas.

”Segundo. El Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata disponga de los recursos necesarios para afrontar este desastre natural ocasionado por el alud en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

”Tercero. El Senado de la República hace un llamado a la comunidad internacional para que a través de las autoridades competentes ayuden y colaboren con las labores de rescate y salvamento en ocasión del alud que sepultó a más de quinientas personas en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

”Cuarto. El Senado de la República se pronuncia por la creación de un fondo especial de etiquetado para la atención de lo inmediato, de lo urgente y también para el próximo ejercicio fiscal.”

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó de la Comisión de Educación, el siguiente punto de acuerdo:

Primero.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar la asignación creciente de recursos destinados a las instituciones de educación superior del país.

Segundo.El Senado de la República solicita al gobierno de Aguascalientes, con pleno respeto a su soberanía, a considerar la aprobación de mayores recursos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo relativo a la situación presupuestal de la universidad intercultural maya de Quintana Roo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Comisión de Educación el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados el segundo de éstos.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Los suscritos, senadores de la república a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es la principal herramienta de desarrollo, crecimiento y progreso de una nación, pues es en la preparación de la población, que recae la posibilidad de lograr un país más productivo y competitivo a nivel internacional, generando mejores oportunidades para el bienestar.

Sin embargo, como todos sabemos, la educación en México es uno de los sectores que no ha logrado superar su rezago en comparación con los estándares internacionales.

Particularmente, la educación superior en nuestro país presenta una cobertura insuficiente de apenas el 17.7 por ciento de la población en edad de cursarla, mientras que naciones como Argentina, Chile y Uruguay cuentan con una tasa de cobertura del 36.2, 28.2 y 29.4 por ciento, respectivamente.

Hoy en día, el porcentaje de la eficiencia terminal en educación superior es menor que el registrado entre los años 1985 y 1990, cuando éste era del 50.6 por ciento, mientras que actualmente es del 50 por ciento.

Y es que, de cada 100 alumnos que inician una licenciatura, entre 50 y 60 de ellos concluyen cinco años después, y sólo dos lo hacen entre los 24 y 25 años de edad, mientras que el resto lo hace entre los 27 y 60 años de edad.

Por otra parte, aproximadamente 25 de cada 100 estudiantes abandona la carrera en el primer semestre. Ya para el tercer semestre la deserción alcanza el 36 por ciento de los que iniciaron sus estudios, cifra que incrementa cada semestre hasta alcanzar el 46 por ciento a los cinco años.

Estos datos, reflejan la difícil situación que vive nuestro país para otorgarle oportunidades de estudio a más jóvenes. Y es que para ello, la inversión educativa que realice la federación es fundamental, particularmente la derrama económica que se pueda ver en los estados para fortalecer las universidades públicas.

La preocupación del Partido Verde Ecologista de México al realizar esta propuesta, es la imperiosa necesidad de estimular una política educativa que realmente permita a los jóvenes completar sus estudios de educación media superior y superior, de manera tal que sea posible generar una mayor inversión en el sector educativo y lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación que consagra el artículo 3° de nuestra Carta Magna.

En esta ocasión, específicamente nos referiremos al estado de Quintana Roo, en donde el nivel de matrícula a nivel de licenciatura universitaria pública es de poco más de 13 mil estudiantes.

La propuesta con punto de acuerdo que a continuación se realiza, surge del desalentador escenario que se observa en el desarrollo educativo de la población que intenta lograr un desarrollo académico, el cual claramente se ve truncado ante la precaria situación económica no sólo de las familias, sino de las instituciones educativas en Quinta Roo, particularmente la Universidad Intercultural Maya.

Esta universidad es vital para los pueblos y comunidades indígenas de la región, su objetivo es formar profesionistas (profesional asociado, licenciatura y postgrado) y la generación y aplicación de conocimiento innovador; a través de un modelo educativo intercultural, multilingüe y con una fuerte vinculación entre los diferentes sectores a nivel local, estatal, nacional e internacional. Asimismo se busca que se reconozcan y se impulsen todas aquellas actividades que promuevan el estudio, desarrollo y fortalecimiento de la lengua y cultura mayas de la península de Yucatán.

La Universidad Intercultural Maya de Quinta Roo fue creada por decreto presidencial el 30 de octubre de 2006, con un esquema de financiamiento del 50 por ciento con recursos federales y 50 por ciento con recursos estatales.

En un inicio, las aportaciones fueron hechas en esta proporción, logrando un presupuesto para el año 2007 de 4.4 millones de pesos.

Sin embargo, al pasar los años esta proporción no ha sido respetada, de tal forma que para el año 2010 observamos que el presupuesto federal otorgado a la Universidad fue de 2.7 millones de pesos, mientras que el estado de Quintana Roo aportó casi 10 millones de pesos. Es decir 4 veces más que el financiamiento federal.

Asimismo, es de destacar que en el 2010, fue la intervención de la Cámara de Diputados la que permitió obtener un mínimo incremento en los recursos federales otorgados a la Universidad y no así una disposición del Ejecutivo.

Aún cuando la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo se encuentra en un procesos de franco crecimiento debido a su reciente creación, la federación no ha tomado esto en consideración y ha otorgado una cantidad de recursos sin considerar el incremento en el alumnado y las necesidades de la misma.

Durante todo el transcurso de 2010, la federación no ha otorgado algún apoyo adicional, a pesar de varias gestiones, especialmente ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Esto ha puesto a la Universidad en una situación extremadamente difícil.

La universidad mantiene un gasto total de casi 10 millones de pesos, de los cuales, como ya se mencionó, la federación sólo aporta 2.7 millones. Para el año 2011, debido al crecimiento proyectado, la Universidad prevé tener un gasto total de casi 28 millones de pesos, de los cuales Quintana Roo aportará cerca de 14 millones, y la federación pretende seguir con su tendencia y otorgar sólo 3 millones.

La tendencia de los datos es claramente insostenible, especialmente a la luz de las necesidades institucionales de certidumbre financiera para lograr una buena planeación y comprometer objetivos y metas con el respaldo financiero adecuado.

Si la pretensión de la federación es que en 2011 se le otorgue a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo un presupuesto similar al del año 2010, sin mostrar un incremento relevante, entonces se comprometería seriamente el sostenimiento de la Universidad, y por tanto, podría verse incluso en la necesidad de cancelar clases, ya que no tendrían para pagar profesores y mantener las instalaciones.

Sin el respaldo financiero nunca se podrá lograr una educación de calidad y mucho menos el desarrollo con equidad en el país.

Por otra parte, está la situación de la interpretación de los convenios estado-federación. Una versión indica que el estado debe aportar la cantidad igual que aporte la federación o viceversa. Otra versión indica que lo anterior sólo aplica a los recursos ordinarios, no a los extraordinarios. De tal forma, que toda esta confusión lo único que provoca es que los esfuerzos estatales se vean minimizados ante el nulo interés que tiene el Ejecutivo Federal para incentivar la educación superior en el estado de Quintana Roo.

Por tal motivo, proponemos exhortar al Ejecutivo Federal para que haga una revisión del decreto que dio origen a la universidad y se le dé cabal cumplimiento, o en su caso sea modificado para que no haya duda, y los recursos federales igualen en proporción a los recursos otorgados por el estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que el honorable Senado de República envíe un exhorto al Ejecutivo federal para que dé cabal cumplimiento al decreto por el cual se creó la Universidad Intercultural Maya del estado de Quintana Roo, y que en su caso se modifique para que los recursos otorgados por la federación para el sostenimiento de esta Universidad, igualen en proporción a los aportados por el estado.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados considere en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, un incremento presupuestal para la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo del orden de 14 millones de pesos, como gasto total otorgado por la federación a dicha institución educativa.

Notas:

1 Arturo Damm Arnal. La educación superior en México.

2 Informador.com.mx. Declaración de Patricia Rosas Chávez, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 2010.

3 informador.com.mx “Disminuye eficiencia termina en educación superior”. Rafael Zapata.

4 Secretaría de Educación Pública.

Senadores: Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Javier Castelo Parada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se considere recursos adicionales por la cantidad de 14 mil 290 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexar se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica.— Presente.

Quien suscribe, Javier Castelo Parada, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, considere recursos adicionales por la cantidad de 14 mil 290 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo anterior en base a las siguientes

Consideraciones

En días pasados en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo presento el paquete económico para el año 2011, de donde se desprende realizar una reingeniería al presupuesto destinado al campo, con el fin de evitar duplicidades de recursos y funciones apuntalando la tarea productiva en el sector.

El presupuesto para el campo ha sido un tema relevante en los procesos de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los últimos siete ejercicios fiscales.

El PPEF establece que para el campo en 2011 deberá brindar mayor atención a factores de riesgo, como el cambio climático, en todas sus vertientes de producción, y tomar en cuenta la inversión en bienes públicos, el cuidado del suelo, de los recursos naturales y el desarrollo científico y tecnológico.

El proyecto de Presupuesto contiene una reingeniería presupuestal, consistente en establecer seis grandes programas 1. Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura; 2. Apoyo al ingreso agropecuario: Procampo; 3. Prevención y manejo de riesgos (sanitarios, climáticos y de mercado); 4. Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural; 5. Desarrollo de mercados agropecuarios y pesqueros, y 6. Sustentabilidad de los recursos naturales.

El presupuesto para 2010 aprobado por la honorable Cámara de Diputados asciende a 73 mil 368 millones; el proyecto de presupuesto para 2011 suma 59 mil 529 millones, hay una reducción de 13 mil 839 millones que significa menos 19 por ciento.

En el GPPAN queremos apoyar a los productores agropecuarios y pescadores de México, por lo que solicitamos a la colegisladora, ya sea vía reasignación de recursos o con recursos adicionales, que seguramente se aprobaran por esa honorable Cámara, se aumente el presupuesto para la Sagarpa en 14 mil 290 millones de pesos, es decir mantener el mismo presupuesto aprobado para el 2010 en términos reales.

Estamos proponiendo se incrementen los recursos para investigación, al Inifap, al Instituto Nacional de Pesca, para atención de desastres naturales del sector agropecuario y pesquero, a la tecnificación de riego, a la agricultura protegida, así como el componente de garantías, para el aspecto sanitario, proponemos aumentarle Senasica, entre otro componentes.

En el PAN somos sensibles a la problemática de los productores agropecuarios y pescadores, por ello mi grupo parlamentario está demandando recursos adicionales por 14 mil 290 millones de pesos.

Los componentes de los programas para los que proponemos un incremento que sume $14,290 millones de pesos ,son los siguientes:

Componentes                                 Recursos                                             Adicionales

Tecnificación de riego                     1000

Agricultura protegida                       500

Modernización de maquinariaa                                                          gropecuaria   1000

Infraestructura pesquera y acuícola 300

Manejo posproducción                    200

Garantías                                         1000

Apoyo al ingreso objetivo y/o                                                            la comercialización   3 mil 700

Atención adesastres naturales                                                             en el sector pecuario y pesquero       1 000

Servicio Nacional, inocuidad y                                                           calidad agroalimentaria         2 000

Extensionismo rural                         1 000

Bioenergía y fuentes alternativas     400

Reconversión productiva                 150

Promoción de exportaciones y ferias                                                  200

INIFAP                                            1000

Instituto Nacional de Pesca              240

Firco                                                100

Conservación uso sustentable de                                                        suelo y agua-pequeñas obras                                                                    hidráulicas                                  500

Total                                               14 mil 290

Por todo lo anterior invito a todos los Senadores interesados a sumarse a este esfuerzo, para que se le aumente recursos a la Sagarpa.

En mérito de lo expuesto me permito someter a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, consideren recursos adicionales por la cantidad de 14 mil 290 millones de pesos para la Secretaria de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los componentes mencionados.

Senado de la República, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Javier Castelo Parada (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos para continuar con el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente.»

«El suscrito, senador Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos para continuar con el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas, sobre la base de las siguientes

Consideraciones

Los criterios de política económica de 2010, enviados por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para su análisis, discusión y aprobación por el Congreso de la Unión, son restrictivos, prioriza el gasto a la seguridad pública y reduce significativamente el gasto social y agropecuario del país.

Para Felipe Calderón Hinojosa es más importante la seguridad pública y principalmente su seguridad personal, toda vez que propone incrementar a 138 millones 476 mil 127 pesos para la compra de vehículos de sus escoltas, 212 millones 789 mil 479 pesos para el Estado Mayor Presidencial y 224 millones 446 mil 703 pesos para el transporte aéreo presidencial, la suma total de estas erogaciones es de 574 millones 712 mil 309 pesos.

El gobierno panista propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos para la Secretaría de Gobernación por 50 mil millones de pesos, para la Secretaría de la Marina por 18 mil millones de pesos y para la Secretaría de Seguridad Pública solicita una partida de 36 mil millones de pesos.

Estos recursos representan un incremento respecto al Presupuesto de Egresos de 2009 de 78.1 por ciento para la Secretaría de Gobernación, 10.3 por ciento para la Secretaría de la Defensa Nacional, de 9.9 por ciento para la Secretaría de la Marina y 5.9 por ciento para la Secretaría de Seguridad Pública; en cambio se reduce el gasto para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 22 por ciento, lo que representa una reducción de 17 mil millones de pesos, es decir, importa más para el gobierno panista apoyar su guerra fallida en contra del crimen organizado que el campo mexicano y el desa-rrollo social.

La Cámara de Diputados, a través del control constitucional del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá de modificar el proyecto económico del gobierno calderonista que le da prioridad al gasto de seguridad pública y reasignar las partidas presupuestales para dotar de mayores recursos al campo mexicano y al desarrollo social.

Hoy más que nunca, compañeros senadores, se tiene que apoyar a los productores del campo mexicano. El huracán Alex, que se presentó en julio de 2010 y afectó severamente los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y recientemente, el huracán Karl, que demostró su fuerza desbastadora y afectó los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, muchas de las familias afectadas son pequeños productores del campo que han perdido totalmente la producción.

En estas pérdidas se sitúa la caña de azúcar: han sido afectados aproximadamente 40 por ciento de los productores a nivel nacional del edulcorante, motivo por el cual se tiene que priorizar a los campesinos mexicanos y sobre todo garantizarles el derecho universal a la salud. El gobierno federal ha demostrado su incapacidad para atender y declarar zona de desastre el estado de Veracruz, el motivo injustificado no contar con los recursos suficientes para atender estas contingencias.

No podemos escatimar recursos a los productores de caña de azúcar para que sean atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo porque son sumamente pobres. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aparte de discriminar y no atender a los pobres en éstas tragedias, es mal administrador, y su gobierno demuestra opacidad en el manejo de los recursos públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó las cifras del segundo Informe Trimestral de las Finanzas de 2010, en donde establecen que el gobierno de Felipe Calderón ha subejercido 88 mil millones de pesos en diversos programas sociales, principalmente salud, pensiones e  infraestructura.

No obstante de no ejercer estos recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobados por la Cámara de Diputados para 2010, la administración calderonista ha sostenido e incrementado diversos fideicomisos y fondos que al 30 de junio del 2010 sumaban la cantidad de 399 mil 378 millones 400 mil pesos, recursos que no se han utilizado y no sabemos qué destino tendrán estas sumas millonarias. El gobierno panista cuenta con miles de millones de pesos y miles de campesinos su producción se encuentra bajo el agua sin ser atendidos.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados elaboró un estudio sobre el manejo del gasto que realiza el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y concluyó lo siguiente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene una política de opacidad, y violenta diversas disposiciones para no revelar el manejo de millonarios recursos que tiene la federación.

La Cámara de Diputados tiene los fundamentos constitucionales para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 propuesto por el gobierno calderonista y asignar recursos suficientes para que los productores del campo cañero tengan el derecho universal de la salud.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a ejercer sus funciones de control constitucional y modifique la propuesta del gobierno federal del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, y no se asignen los miles de millones de pesos propuestos para la seguridad pública y se priorice el gasto al campo mexicano y al desarrollo social.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se aprueben recursos por 400 millones de pesos para continuar con el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los productores de caña de azúcar con menos de 3.4 hectáreas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, septiembre de 2010.— Senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que proceda a reintegrar al Presupuesto de Egresos de la Federación el subsidio destinado al costo del diesel marino, en apoyo necesario al desarrollo de la industria pesquera nacional.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; secretarios de la Cámara de Senadores.— Presentes.

La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que proceda a reintegrar al Presupuesto de Egresos de la Federación, el subsidio destinado al costo del diesel marino, en apoyo necesario al desarrollo de la industria pesquera nacional.

Considerandos

El desarrollo de las actividades económicas en sus tres niveles de desarrollo y productividad –primarias, secundarias y terciarias- requieren del óptimo funcionamiento para garantizar el armónico crecimiento económico de todas las naciones del mundo, por lo que contar con el suficiente apoyo de los órganos facultados del estado para su realización, conlleva a garantizar que dicho crecimiento tenga el éxito anhelado.

En nuestro país, muchos sectores productivos pertenecientes a las actividades primarias y secundarias, se han visto gravemente afectados por las crisis económicas nacional e internacional, presentando mayor vulnerabilidad el de la extracción de materias primas, mismo que ha sido castigado con mayor dureza durante la última década. Esta situación, ha provocado un desarrollo lento y poco redituable para ellas, siendo distante la generación del crecimiento anhelado, lo que se traduce en una caída vertiginosa para el desarrollo económico y social de la nación.

En este caso, la industria pesquera mexicana se ha visto afectada además por el alza indiscriminada de los insumos necesarios para el desempeño de su actividad, especialmente el del combustible empleado para la movilización de sus embarcaciones en altamar, el denominado diesel marino, motivo que ha provocado la caída tanto en la oferta como en la demanda de sus productos, así como el alarmante inicio del desmembramiento de varias empresas dedicadas a este rubro.

En este sentido y como es de su entero conocimiento, hace un par de semanas se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Federaciónpara el Ejercicio Fiscal 2011 ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se aprecia la eliminación completa del subsidio del diesel marino, mismo que fue decretado en el año 2004 por el presidente de la República, con el objeto de apoyar y promover el desarrollo competitivo de la industria pesquera mexicana.

No obstante que en el último trienio de esta década, se han presentado disminuciones drásticas en las cantidades de dinero destinadas dentro del mencionado Presupuesto de Egresos, notándose la reducción del subsidio de este energético, de 260 mil millones de pesos en el presupuesto en el año 2008, a la mitad en los dos últimos ejercicios, correspondiente a los años 2009 y 2010, que es equivalente a 138 mil millones de pesos, cantidad insuficiente para la ejecución de sus actividades al cien por ciento, es de resaltar que la eliminación del subsidio del diesel marino afectaría en gran medida a la industria pesquera, debido a que los gastos en combustible para las naves representa el 60 por ciento de la inversión total para salir al mar, aunado a los gastos generados por los insumos como el pago y mantenimiento de refacciones, pago de energéticos, lubricantes, avituallamiento así como otros implementos primarios que requiere la embarcación en el desarrollo de su actividad.

Por ello, existe una latente preocupación en quienes participan e impulsan el desarrollo de esta industria, especialmente de su mayor representante, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, toda vez que la supresión al subsidio del diesel marino, representará la notable imposibilidad de continuar llevando a cabo sus actividades para el próximo año.

Esta medida ha sido tomada sin que dentro de la industria pesquera existan las condiciones para absorber este elevado costo, en virtud de que las precarias condiciones en que se encuentra en ambos litorales y en relación con su comercialización interna y al exterior, impiden su autosustentabilidad.

Por esta razón, la industria pesquera no puede ni debe arriesgarse a un paro de actividades o a su desaparición, ya que los efectos repercutirían en todos los sectores de la economía, provocando, entre otros efectos, el alza en el desempleo y una notoria afectación en la balanza comercial de nuestro país. Cabe enfatizar que de no realizarse acción alguna para el reajuste presupuestal, existe el riesgo de que más de dos mil embarcaciones camaroneras y atuneras en las costas del océano Pacífico y del Golfo de México queden varadas, provocando la merma de medio millón de empleos directos e indirectos.

El contexto de la industria pesquera y acuícola, requiere hoy más que nunca de toda la atención y rescate del Estado mexicano, a través de una correcta colaboración de sus impulsores y desarrolladores con el gobierno federal y especialmente a través de la secretaría de estado que cubre su rubro: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En este sentido, el proceso de creación de una sostenible política de estado, con respecto a la explotación desde la sustentabilidad ecológica, de nuestros riquísimos recursos del mar, necesita fundamentalmente de la aplicación y conservación de una adecuada tasa de subsidio al costo del diesel marino.

En este orden de ideas, expongo ante esta honorable Cámara de Senadores, la necesidad de solicitar por vía de esta manifestación, el restablecimiento y mejora del subsidio de este combustible, ya que su disminución vertiginosa ha precipitado su caída e incluso, puede condenarla a desaparecer.

Por último, es prudente y necesario considerar y reintegrar para el Presupuesto de Egresos de la Federación aplicable al Ejercicio Fiscal 2011, el señalado subsidio, ya que apoya de manera sostenible la realización, impulso y crecimiento de la industria pesquera, a la par que la hacen competitiva en el escenario comercial, nacional e internacional, permitiendo el desarrollo sostenible de la economía mexicana y generando una mayor cantidad de empleos mejor remunerados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que proceda a reintegrar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, el subsidio destinado al costo del diesel marino, en apoyo necesario al desarrollo de la industria pesquera nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de septiembre de 2010.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados asigne los recursos suficientes para atender debidamente los servicios médicos que presta el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores de la LXI Legislatura.— Presente

El suscrito, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente propuesta con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados asigne los recursos suficientes para atender debidamente los servicios médicos que presta el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 67 fracción XLIV de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza señala que son atribuciones del Poder Legislativo expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo ente el estado y sus trabajadores y entre los municipios y quienes laboran a su servicio, con base en lo dispuesto por el apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte el apartado B del artículo 123 de la Constitución federal establece, entre otras disposiciones, el derecho que tienen todos los trabajadores al servicio del estado a la seguridad social, la cual comprende los servicios médicos para los propios trabajadores y sus familiares derechohabientes.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila cumple con las obligaciones de seguridad social para sus trabajadores docentes y administrativos, mediante el Hospital Universitario cuya sede está ubicada en la ciudad de Torreón Coahuila.

No obstante lo dispuesto en las diversas leyes que señalan como obligación del estado el brindar una adecuada atención médica a los trabajadores de la educación en el estado de Coahuila, en la realidad encontramos que ello no es así.

El Hospital Universitario ha sido completamente abandonado por el gobierno estatal, opera con un importante déficit que se traduce en la falta de atención oportuna y al final, todo ello en perjuicio de cualquier trabajador que presente un padecimiento.

Ante la falta de recursos, el hospital se ha visto en la necesidad de realizar grandes esfuerzos para atender a los derechohabientes, dado que al carecer de un presupuesto que les permita modernizarse y ser una institución de vanguardia en el ramo de la salud, su servicio es proporcionado como hace 50 años.

Este Hospital Universitario atiende también a personas de escasos recursos de la Comarca Lagunera, pero no han podido transformarse en un nosocomio de vanguardia ante el abandono económico de los gobiernos estatal y municipal, por lo que al paso de los años su situación se agrava aún más.

Ante tal situación, es menester que desde el ámbito federal se tomen las previsiones necesarias para otorgar a la población de la región los servicios de salud en óptimas condiciones, de forma eficiente, oportuna y con la seguridad plena de que si sufren de alguna enfermedad estarán atendidos de la mejor forma posible con personal médico capacitado, mejores doctores, enfermeras, equipo, aparatos, material de curación y con los medicamentos que les permitan recobrar la salud.

Por ello, compañeros y compañeras senadoras, es justificado solicitar a la honorable Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales asigne específicamente recursos presupuestarios del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, concretamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, una cantidad por el orden de 20 millones de pesos para el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, con la finalidad de que puedan prestar el servicio de salud en condiciones adecuadas.

Por ello, compañeros y compañeras senadores, les solicito atentamente su apoyo a la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en el ejercicio 2011, asigne específicamente recursos presupuestarios del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, concretamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, una cantidad por el orden de 20 millones de pesos para el Hospital Universitario de Torreón, Coahuila, con la finalidad de que puedan prestar el servicio de salud en condiciones adecuadas.

Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, D F, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil diez.— Senador José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2011, con independencia de los recursos propios del Fonden que se destinen a Tlacotalpan y La Antigua, del estado de Veracruz, se les asignen recursos etiquetados para el rescate de su respectivo patrimonio cultural afectado con motivo de las recientes inundaciones que han padecido.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo que la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante del Senado de la República, LXI Legislatura, presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 y 276 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente u obvia resolución, mediante el cual el Senado de la República exhorta al titular del gobierno federal y a la honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos del ejercicio 2011, con independencia de los recursos propios del Fondo de Desastres Naturales que se destinen a Tlacotalpan y La Antigua, localidades ambas del estado de Veracruz, se les asignen recursos etiquetados para el rescate de su respectivo patrimonio cultural afectado con motivo de las recientes inundaciones que han padecido. Lo anterior se sustenta en la siguiente:

Exposición de motivos

Los efectos devastadores de los fenómenos naturales azotan primero a la población, trastornando su vida cotidiana y afectando su patrimonio; pero también producen daños de diversa naturaleza en el patrimonio cultural de los mexicanos y de la humanidad, daños graves que pueden ser irreparables si no son atendidos con atingencia.

Si bien en diferentes lugares del territorio nacional se han sentido con rigor los efectos de los fenómenos climatológicos extremos, que nos mueven a la solidaridad con nuestros compatriotas damnificados, ocurre que en el Estado de Veracruz dos localidades con valor patrimonial cultural se han visto terriblemente trastornados, refiriéndome a Tlatocatlpan (cuyo centro histórico cuenta con declaratoria de la UNESCO como Sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998) y La Antigua (que se encuentra gestionando una declaratoria similar).

Tlacotalpan es conocido por su tradición pesquera y por los dos festivales anuales de música jarocha y décima que patrocina, especialmente interesante por formar un vínculo cultural e histórico entre la música andaluza, del centro-occidente de Ãfrica y de las culturas nativas de Mesoamérica. Puerto fluvial, rodeado e irrigado por el río Papaloapan, su centro histórico fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1998.

Tlacotalpan perteneció al territorio Totonaca en el siglo XII, por lo que su fundación remonta en esa época. Era cabecera de Atlizintla (hoy Alvarado), Xiuhbiapan, Ahuatcopan, Pozutlan y Tlazintlata. En el periodo de la Colonia, en el siglo XV, el lugar recibió el nombre de Tlacotclpan, que significa: entre aguas. Poco después de la conquista el poblado fue encomendado a Alonso Romero, cuya familia gobernó el lugar hasta mediados del siglo XVI. En 1541, se estableció el corregimiento, que poco después se convirtió en la alcaldía mayor. En 1577, Gaspar Rivadeneyra, después de recibir en encomienda dos sitios de ganado mayor en la hoya del Papaloapan, fundó la estancia de Santa María de Cuzpalapan, más conocida como Estanzuela, la cual constituyó una hacienda muy ligada al nacimiento y desa-rrollo del Tlacotalpan novohispano. Al principio del siglo XVII el Gobierno Virreinal intentó que Tlacotalpan quedara sujeto a Cosamaloapan, pero los indios lo impidieron. El siglo XVII se distingue por el asentamiento de las haciendas, san Juan Zapotal y el crecimiento de la población española, la construcción de barcos y la persistente guerra de España contra Inglaterra, que hace que desembarquen los filibusteros (pirata en los mares de América en los siglos XVII y XVIII), en Alvarado y ataquen e incendien Tlacotalpan.

En 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después, en 1788, ocurre otro incendio, por lo que se ordena que en lo sucesivo se construyan las casas de mampostería, por lo que de esta época datan las amplias casonas de pilares y arcos de medio punto, techadas de teja.

A mediados del siglo XIX, se construyó el palacio municipal. El pueblo se denominó San Cristóbal Tlacotalpan. En 1847 obtiene el titulo de villa. En 1862 fue ocupada por los franceses en la Intervención Francesa.

Por decreto de 9 de mayo de 1865, el General Alejandro García Marcín gobernador del estado, eleva la villa de Tlacotalpan a la categoría de ciudad, por la defensa contra los franceses que el mismo comando, Alejandro García era originario de Campeche, Campeche. Durante este período Tlacotalpan fue provisionalmente capital del Estado. Años más tarde desde aquí Porfirio Díaz Mori organizó el levantamiento contra el Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que se llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz en 1896, nombre que se cambió después de la Revolución.

Guadalupe Victoria fundó ahí una de las primeras escuelas de la Armada de México, que duró dos años las prácticas que hacían a bordo de la embarcación Papaloapan. Miguel Z. Cházaro, fundó en 1870 el Colegio Preparatorio, tercero que funcionó en la entidad. Es Tlacotalpan cuna de ilustres veracruzanos y mexicanos universales, en las artes y la academia destacan Gonzalo Aguirre Beltrán y Cayetano Rodríguez Beltrán y el poeta y músico Agustín Lara. Además de grandes decimistas como lo son Guillermo Cházaro Lagos y Rodrigo Castellanos.

En la actualidad Tlacotalpan sigue siendo semillero de las artes, es común los fines de semana ver a jaraneros, decimistas y bailadores en la plaza principal, llevando a cabo el tradicional fandango. Existen diversos grupos de música jarocha entre los que destacan El Siquisiri, Estanzuela, Son de Madera y muchos otros más, rescatando así la música tradicional tlacotalpeña.

En el documento preparado por el Instituto Veracruzano de Cultura para integrar el expediente de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, se nos dan algunos antecedentes de La Antigua que nos permiten conocer y refrendar su importancia:

“La Antigua Villa Rica de la Vera Cruz, fundada en 1525, es uno de los lugares de mayor trascendencia, no sólo para Veracruz y México, sino de la América entera. Lugar de historias y leyendas, contiene estructuras que refieren los primeros instantes de la vida colonial den México; vista como residencia de Hernán Cortés por muchos, en ella existen traza, inmuebles y vestigios que manifiestan una intención urbana estratégica en el proceso de dominación hispana, tanto militar como económica. La Antigua representa el punto estratégico que domina el escenario de los primeros intentos de vincular el territorio nacional con el viejo mundo y posteriormente, en el período independentista, alojó a los ejércitos de Guadalupe Victoria y de Antonio López de Santa Anna.

“Aún persisten estructuras de los albores del siglo XVI, edificios como la Ermita, edificada en 1525, el Cabildo y el templo de Nuestra Señora de la Consolación (...), también se encuentra ahí vestigios de la Casa de Cortés y de las Caballerizas de Santa Anna, así como de lo que se supone fue la primera aduana en América. La escuela Elodia Rosales conserva algunas estructuras que se supone pertenecieron a alguna casa notable o a la aduana del siglo XVI. Dentro del paisaje urbano pueden detectarse también algunos modelos de vivienda como “casa de tablas” y algunos ejemplares de ascendencia africana.

Asimismo, se localiza en el centro histórico una ceiba que remite a la existencia previa de un embarcadero, lo que nos da idea del movimiento del cauce del río desde la era de Cortés hasta nuestros días y para mayor referencia, se enlistan las características de algunos de esos inmuebles:

• Ermita del Rosario:Esta iglesia fue construida entre 1523 y 1524, su arquitectura es de tipo español, con su espadaña para tres campanas y su atrio en el que se ven las catorce estaciones del Vía Crucis, hechas en mosaico de Talavera de la reina, dentro de ella se encuentra una pila bautismal labrada por indígenas hecha de piedra volcánica y de una sola pieza.

• Edificio del cabildo:construido en 1523, es el primero de su tipo en la Nueva España.

• Casa de Hernán Cortés:Su arquitectura es similar a la que se encuentra en edificaciones de la época en Andalucía. Fue construida con rocas de coral, piedra de río, piedra volcánica, teja plana (ladrillo) y como repello la baba del ostión, la concha molida del carey, huevo de gaviota , baba de nopal, arena de río junto con su agua, a esta mezcla se le llamaba estuco o argamasa. A su lado se encuentra un cañón traído por los españoles que fue rescatado por los pobladores hace aproximadamente 45 años, para poder sacarlo fue necesario dinamitarlo, por tal motivo se fracturó la parte delantera del mismo, fue llevado a los astilleros de Veracruz donde fue soldado y trasladado y al mismo lugar donde esta exhibido fuera de la casa.

• Parroquia del Cristo del Buen Viaje:Construida a mediados del siglo XIX, en ella se pueden apreciar pilas bautismales hechas por manos indígenas.

• Cuarteles de Santa Anna:Fortificación Militar construida en el siglo XIX también utilizado como hospital por los frailes franciscanos.

Según se aprecia de la breve descripción que, de cualquier manera se encuentra apoyada por la fama de ambos sitios, la importancia cultural de Tlacotalpan y La Antigua es indiscutible, sin menoscabo de la trascendencia que para sus habitantes reviste el rescate cabal de su lugar de residencia, tomando en cuenta que esos compatriotas nuestros son la parte viva de una historia que ha sido conservada gracias a sus esfuerzos y entusiasmo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en atención a la importancia que para todos tiene el rescate de Tlacotalpan y La Antigua, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno Federal y a la honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos del ejercicio 2011, con independencia de los recursos propios del Fondo de Desastres Naturales que se destinen a Tlatocatalpan y La Antigua, localidades ambas del Estado de Veracruz, se le asignen recursos etiquetados para el rescate de su respectivo patrimonio cultural afectado con motivo de las recientes inundaciones que han padecido.

Dado en el pleno del Senado de la República el 23 de septiembre de 2010.— Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui (rúbrica).»

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.

Secretarios de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por medio de la presente hago de su conocimiento que el Ministerio del Interior del Reino de España me ha distinguido con el otorgamiento de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, como se hace constar en el documento anexo.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37, inciso c), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito por su amable conducto el permiso correspondiente del Congreso de la Unión para recibir la condecoración mencionada.

Para tales efectos, se adjunta al presente copia certificada de mi acta de nacimiento, y copia de mi currículum vitae y de una identificación oficial.

Para los fines correspondientes señalo como domicilio para cualquier tipo de notificaciones el situado en Insurgentes Sur 2417, colonia San Ãngel, delegación Ãlvaro Obregón, código postal 01000.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 25 de septiembre de 2010.— Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández (rúbrica), consejero de la Judicatura Federal.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los indicadores más claros e indiscutibles de una nación es sin duda la salud de su población. En México se han realizado en los tres niveles de gobierno, acciones para mejorar los sistemas de salud. Sin duda se ha avanzado en el tema, pero aun no es suficiente.

Ejemplo de lo anterior es el Seguro Popular, programa que entró en funcionamiento en 2004 por las reformas a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2003, que dan origen al Sistema de Protección Social en Salud para otorgar los beneficios de la protección financiera en salud a la población no derechohabiente de la seguridad social.

El Seguro Popular es parte del Sistema de Protección Social en Salud y es un mecanismo por el que el Estado busca garantizar el acceso oportuno y sin discriminación de servicios médicos a las personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o trabajan por su cuenta, no están asegurados en alguna institución de seguridad social y no buscan atención por los costos de los tratamientos médicos. La cobertura de servicios de salud se da a través de un aseguramiento público y voluntario.

Actualmente, el programa ofrece cobertura a 266 intervenciones médicas, las cuales se encuentran descritas en el catálogo universal de servicios de salud (Causes). Asimismo, los afiliados al sistema pueden acceder a los servicios que otorga el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que busca apoyar a las personas que no cuentan con acceso a seguridad social que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar.

Sobre el tema hago mención que el pasado 20 de abril del presente año, el doctor Salomón Chertorivski, comisionado nacional de Protección Social en Salud, compareció ante la Comisión de Salud de esta Cámara.

En la comparecencia explicó el funcionamiento del Programa de Protección Social en Salud, Seguro Popular; en dicha comparecencia se habló de diferentes aspectos para mejorar la operación del Seguro Popular en las 32 entidades federativas del país.

Ahí reconoció que el programa opera de diferente forma en cada estado de la república, en algunos con más éxito que en otros, esto en detrimento de la atención a la ciudadanía.

Según datos proporcionados por él, actualmente están afiliadas 34 millones de personas y se prevé que para el primer semestre de 2011 se tengan 49 millones de afiliados.

Por otro lado, en entrevista con Carlos Puig, trasmitida por W Radio el 28 de abril del año en curso, el comisionado también reconoció que existen variaciones en la eficiencia del ejercicio del gasto por entidad federativa en la adquisición de materiales médicos, pero principalmente en la compra de medicinas.

Mencionó que el abasto de medicamentos a nivel nacional es de 75 por ciento, aunque existen variaciones por entidad federativa, algunas tienen un abasto de hasta 95 por ciento.

En la entrevista se le preguntó el motivo de las variaciones en las compras que oscilan entre 10 y hasta 40 veces el costo de un producto, en comparación con los precios de referencia de 2009 que emite la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

A lo que respondió “que si bien es cierto existen diferentes aspectos que hacen que las licitaciones varíen y los costos también es cierto que existen espacios para que las cosas no se hagan de la manera correcta...”.

A esos espacios es a los que me quiero referir y busco que se subsanen con la presente iniciativa.Tenemos claro el hecho de que nuestro sistema de salud es descentralizado, sin embargo, también sabemos que la Secretaría de Salud federal tiene un carácter normativo y regulatorio basado en la Ley General de Salud.

Actualmente existen medidas adicionales para el control de precios que realiza la comisión; también se llevan a cabo encuestas de satisfacción de conformidad a lo que establece la Ley General de Salud; otra medida es que se suben los datos sobre las compras a su página de Internet y el nombre de los proveedores; se autoriza la conformación del recurso que ya se transfirió y si se rebasa el treinta por ciento del presupuesto asignado, sólo en la compra de medicamentos, no se paga; de igual forma se envían equipos de supervisión para comprobar que coincidan las compras reportadas con los medicamentos en existencia.

Sin embargo, sí encuentran anomalías, éstas son revisadas y mencionadas hasta la aprobación de la Cuenta Pública, convirtiéndose así ya en un hecho irreparable. Es decir, sí existió un desfalco, sí la licitación estuvo viciada, sí el medicamento pudo haberse adquirido en un costo menor, sólo se puede saber y sancionar conforme la legislación local, en la revisión de la Cuenta Pública.

En otro orden de ideas, el comisionado mencionó, tanto en la comparecencia como en la entrevista, que existen diferencias regionales, que es necesario aplicar mejores formulas y que es necesario homogeneizar los modelos de atención de las entidades federativas, así como homologar los mecanismos de licitación de medicamentos, tomando como base los modelos exitosos que se tienen como referencia desde 2004 a la fecha. Sin embargo, no está dotada la comisión de esas facultades y eso frena su adecuado funcionamiento o en su caso la coercibilidad de sus recomendaciones.

Es por lo anterior que consideramos que deben concederse mayores facultades a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con la finalidad de que pueda supervisar, recomendar y, de ser necesario, presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes en caso de que existan irregularidades en las compras de medicamentos con presupuesto del Programa de Protección Social en Salud.

Asimismo, es necesario dotarlo de facultades para elaborar un modelo de atención, a fin de homologar los ya existentes en las diferentes entidades federativas y en su caso perfeccionar dicho modelo.

Estas atribuciones específicas, fortalecerían a la comisión y por consecuencia al programa, sin afectar la autonomía de las dependencias de salud de las entidades federativas  ni el espíritu federalista del programa.

Porque si bien es cierto que el reglamento de la comisión establece facultades, también es cierto que la ley general está por encima del reglamento y da mayor certeza jurídica y margen de maniobra a la Comisión que sus atribuciones estén establecidas en la ley.

El Grupo Parlamentario del PRI, específicamente los legisladores que vivimos inmersos en el sistema de salud, sabemos que es necesario implantar políticas eficientes en la materia, mirando al futuro y que beneficien a la ciudadanía.

Estamos comprometidos con la salud de las y los mexicanos, por ello es que presentamos propuestas de reforma que ayuden a mejorar los servicios de salud en el  país.

Porque para el PRI primero es la salud.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Primero. Se reforma el artículo 77 Bis 5, en su inciso b), fracciones I, IV y VII, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 77 Bis 5. La competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

a)Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. a XVII....

b)Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I.Proveer los servicios de salud en los términos de este título, disponiendo de la capacidad de insumos y el suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad , aplicando el modelo de atención desarrollado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud;

II. y III. ...

IV.Programar, de los recursos a que se refiere el capítulo III de este título, los que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Salud, atendiendo los criterios de eficiencia y racionalidad;

V. y VI. ...

VII.Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto, podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del sistema nacional de salud, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones , lineamientos aplicables, de conformidad a los criterios establecidos en el modelo de atención;

VIII. y IX. ...

Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 77 Bis 35, así como 18 fracciones, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 77 Bis 35. El Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno.

El titular de la Comisión Nacional será designado por el presidente de la República a propuesta del Secretario de Salud, tras haber recogido las opiniones de los miembros del consejo a que se refiere este capítulo, que dispondrá para su operación de los recursos que le asigne la federación.

Además de las funciones establecidas en el reglamento, la Comisión tendrá las siguientes:

I. Instrumentar la política de protección social en salud y el plan estratégico de desarrollo del Sistema;

II. Promover y coordinar las acciones de los regímenes;

III. Intervenir y promover la formalización de los acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del Sistema;

IV. Impulsar, coordinar y vincular acciones del Sistema con las de otros programas sociales para la atención a grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como a sus derechos humanos en salud

V. Participar en los convenios que suscriban los estados y el Distrito Federal entre sí y con las instituciones del sistema nacional de salud, con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios;

VI. Definir, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, el marco organizacional del Sistema en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y, en su caso, municipal;

VII. Realizar las acciones necesarias para evaluar el desempeño del Sistema y de los regímenes, así como coadyuvar en la fiscalización de los fondos que los sustenten, incluyendo los destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento;

VIII. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad de que tenga conocimiento en la fiscalización del ejercicio de los recursos;

IX. Promover en coordinación con los regímenes y con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría una política en materia de medicamentos para asegurar su eficiente abasto, distribución, entrega al beneficiario, uso racional y compra a mejor precio;

X. Definir los criterios para la constitución de la previsión presupuestal anual, incluyendo los aspectos relativos a las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas en congruencia con el plan maestro de infraestructura y el plan maestro de equipamiento, así como los relativos a los imprevistos en la demanda de servicio;

XI. Administrar los recursos de la previsión presupuestal anual para atender necesidades de infraestructura y las variaciones en la demanda de servicios, así como realizar las transferencias a los estados y al Distrito Federal, de conformidad a las reglas que fije el Ejecutivo federal mediante disposiciones reglamentarias;

XII. Coordinar la administración y operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y evaluar sus resultados con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

XIII. Aprobar previa validación técnica de las unidades administrativas competentes de la Secretaría las guías clínico-terapéuticas de enfermedades que estén previstas en los catálogos de intervenciones de servicios esenciales y de gastos catastróficos;

XIV. Determinar anualmente y por entidad federativa, el número de familias beneficiarias a fin de establecer el monto correspondiente a las aportaciones para financiar los servicios de salud a la persona cubiertos por el Sistema;

XV. Efectuar y, en su caso, coordinar la elaboración de los estudios e investigaciones necesarias para el Sistema;

XVI. Informar el resultado de las acciones del Sistema por medio de indicadores de resultados, para cumplir con la rendición de cuentas a los ciudadanos;

XVII. Participar, con la intervención de la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría, en las negociaciones y acuerdos de cooperación binacional y multinacional sobre las materias competencia de la propia Comisión;

XVIII. Elaborar el modelo de atención que se implantará en los estados de la república y el Distrito Federal para la implantación del Programa de Protección Social en Salud.

Artículos Transitorios

Primero. La Secretaría de Salud federal deberá adecuar el Reglamento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de conformidad a la presente reforma, a más tardar a dentro de los 3 meses posteriores a su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión elaborará el modelo de atención a que se refiere la reforma, a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de al Federación.

Tercero.Los estados de la república y el Distrito Federal deberán adecuar sus reglamentos, de conformidad a la presente reforma, a más tardar dentro de los 3 meses posteriores a la publicación del Reglamento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el Diario oficial de la federación.

Cuarto.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010. — Diputados: Malco Ramírez Martínez, Marco Antonio García Ayala (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Malco Ramírez Martínez iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, de Educación, y de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Marco Antonio García Ayala y Malco Ramírez Martínez, diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que por el que se adicionan el artículo 113 Bis de la Ley General de Salud, la fracción XII al artículo 7 de la Ley General de Educación y el párrafo cuarto del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Exposición de Motivos

El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999.

La UNESCO dice que las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible y que toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.

Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en México contamos con 68 lenguas, las cuales tienen 360 variantes. Somos uno de los países con más riqueza lingüística, las cuales se dividen en trece familias. Sin embargo, también somos uno de los que más peligro corre que sus lenguas se extingan.

En 2009, la UNESCO, con 30 lingüistas de países actualizaron, el Atlas de las Lenguas en Peligro de Extinción en el Mundo. De acuerdo con ese estudio, Brasil es el país de América con mayor cantidad de idiomas en peligro de extinción (64), sin embargo le sigue México con 53; Perú con 29; Colombia con 24; Bolivia con 18; Venezuela con 15; Ecuador con 8; Argentina y Paraguay con 6; Honduras con 5; Chile, Costa Rica y Nicaragua con 4; Guatemala con 3; Panamá con 2 y Belice, El Salvador y Uruguay con 1.

En México, según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 6 millones 11 mil 202 personas de 5 años y más hablantes de alguna lengua indígena por familia lingüística, sin embargo estas son estimaciones, porque no se tienen datos exactos sobre el tema, ya que las y los mexicanos que hablan alguna lengua indígena, viven principalmente en zonas alejadas, marginadas o en pobreza, siendo complejo poder contabilizarlas con mayor exactitud. Generalmente las personas hablantes de lenguas indígenas, están ligadas a la pobreza.

Los indígenas sufren discriminación a veces voluntaria o involuntaria tanto en los servicios de salud como en la educación y en la impartición y procuración de justicia. En esta intervención me referiré específicamente a su derecho a la salud.

Necesitamos legislar en beneficio de los pueblos indígenas y avanzar en la atención de los servicios de salud que otorga el Estado, para ello es menester legislar en materia de salud y educación.

Necesitamos adecuar las actuales circunstancias que impiden una comunicación directa entre pacientes hablantes de lenguas indígenas y personal médico, que ocasiona deficiencias en su adecuado diagnóstico, tratamiento, prevención y atención adecuada.

Es un derecho para un indígena que está siendo procesado por la probable comisión de un delito que sea apoyado por un traductor en caso de que no hable español. Sin embargo este derecho no se traslada al derecho a la salud. Es decir, los indígenas que no hablan español no tienen garantizado su derecho a la salud y a ser atendidos por un médico que entienda con claridad que malestares presenta el paciente y lo pueda diagnosticar adecuadamente.

En hospitales de regiones con población indígena se tienen iniciativas propias, donde algunas personas improvisan traducciones. Sin embargo, no hay en el país una política pública general dirigida por el Estado o la Secretaría de Salud; por ende, la problemática de parámetros elevados en indicadores de salud como problemas epidemiológicos y crónico-degenerativos.

Los derechos a la salud se encuentran reglamentados en la Ley General de Salud, donde se señalan las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y su concurrencia por la federación y las entidades federativas en materia de salud general. Pese a ello, es evidente que los servicios de salud para los indígenas han sido deficientes y los existentes son de mala calidad al no entender sus necesidades por ignorar su idioma.

Los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se establece en los artículos 2o. y 4o.:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

B.La federación, los estados y los municipios...

...

III.Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

...

IX. ...

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos en favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 4o. ......

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...

Por otro lado, en la Ley General de Salud se reglamentan los servicios de salud para los grupos desprotegidos, como sucede con los pueblos indígenas. Sin embargo, ningún programa habla con claridad de que la atención a las personas que sólo hablan una lengua indígena deberá ser dada en su propia lengua.

Aquí, los extractos de los artículos de la Ley General de Salud que hacen referencia al tema:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I.La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley;

II.La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

...

IV Bis.El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;

Artículo 10.La Secretaría de Salud promoverá la participación, en el sistema nacional de salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan.

Artículo 27.Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a

I.La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

...

X.La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas.

Artículo 53. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos a la población en general y a los servicios sociales y privados.

Artículo 54.Las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así como mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud y en relación a la falta de probidad, en su caso, de los servidores públicos. En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas las autoridades sanitarias brindarán la asesoría y en su caso la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso en la región o comunidad.

Artículo 67. ...

...

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

...

Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos.

Artículo 94. Cada institución de salud, con base en las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud establecerá las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la salud.

...

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 393. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella...

La participación de las autoridades municipales y de las autoridades de las comunidades indígenas, estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales.

Por lo anterior, se vuelve fundamental reconocer los derechos plenos de las comunidades indígenas.

Necesitamos generar programas nacionales, capacitando a las y los médicos del país, mediante estímulos adicionales, priorizando a quienes laboran en zonas donde existen grandes asentamientos de población indígena. Y en los que no se tiene tanta población indígena por lo menos garantizar la colaboración de médicos con capacidades de poder fungir como traductores capacitados.

Los servicios de salud en los hospitales que atienden a indígenas hasta el momento no considera su atención en sus lenguas, a pesar de que se tienen traductores en otras acciones que el gobierno federal está realizando, en esta materia se ha tratado de homogeneizarlos y uniformarlos, dejando de lado su diversidad.

Persisten graves dificultades a las que se enfrentan los indígenas al acudir a recibir atención médica a los centros de salud, hospitales centrales y regionales de los estados, lo cual se manifiesta en razón de que el personal médico que labora en dichas instituciones no habla la lengua o el dialecto del indígena, y el indígena no habla el español, lo que dificulta establecer una comunicación entre paciente y médico; por consiguiente, se presenta una deficiente atención médica, en perjuicio del indígena, ya que las señas son la única manera de diálogo para sanar los padecimientos.

Por ello, mi propuesta va encaminada a resolver la necesidad de que los centros de salud, hospitales generales y regionales de los estados con mayor población indígena cuenten con personal médico en los hospitales, a través de estimular económicamente a quienes tomen la iniciativa de mejorar la comunicación con sus pacientes, que se determinarán con base en la lengua que se hablare según la zona o región del estado de que se trate.

Para lograr dicho objetivo, corresponderá a la Secretaría de Salud, con la participación de la de Educación Pública, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el apoyo de la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre los habitantes de las comunidades indígenas, el tipo de capacitación que debe recibir el personal médico en cado zona del país para una prestación adecuada de servicios de salud.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 113 Bis de la Ley General de Salud, la fracción XII al artículo 7 de la Ley General de Educación y el párrafo cuarto del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Primero. Se adiciona el artículo 113 Bis de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 113 Bis. Para el cumplimiento del artículo anterior las instituciones encargadas de proporcionar los programas de salud, especialmente la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en los tres niveles de gobierno, promoverá la aplicación de estímulos económicos al personal que atiende los servicios asistenciales y de salud, que opten por recibir capacitación en alguna lengua indígena, permitiendo una mejor comunicación y entendimiento entre paciente y médico en las comunidades preponderantemente indígenas.

Segundo. Se adiciona la fracción XII al artículo 7 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7....

I. a XI....

XVII. Capacitar al personal médico asignado en los centros de salud de las comunidades indígenas con los conceptos y principios fundamentales de la lengua de la región, el desarrollo del conocimiento de sus costumbres de la medicina, así como de la valoración de la salud como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral de los pueblos indígenas.

Tercero. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se requieran.

Del mismo modo, el Estado garantizará el derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas del acceso a los servicios de salud en la lengua indígena nacional de que sean parte. Para garantizar este derecho, en todas las atenciones o tratamientos médicos que reciban, deberán ser atendidos por médicos y personal del sector salud hablantes de la lengua indígena nacional que hablen o con el auxilio de un intérprete gratuitamente que asista en todo momento la atención médica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: Marco Antonio García Ayala, Malco Ramírez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Adriana Sarur Torre envió a esta Mesa Directiva iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un eje rector del progreso del país, y por ello debemos reconocer que el sistema educativo enfrenta aún la insuficiencia de recursos en detrimento de las expectativas de desarrollo de jóvenes y de los grupos y sectores más empobrecidos y marginados de nuestra sociedad.

No obstante lo anterior, se señala en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero el derecho de todo individuo a la educación.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

México ha comenzado a transitar un tiempo de transformaciones estratégicas en su sistema educativo: nuevas disciplinas incursionan en la oferta educativa, existen nuevas modalidades educativas con los que se está fortaleciendo la educación a distancia y de nuevas tecnologías, entre otros.

El promedio de recursos destinados a la educación por estudiante en los países de la OCDE es de 7 mil 527 dólares por alumno. Mientras que México erogó en promedio 2 mil 405 dólares por alumno lo que representó el 32 por ciento con respecto al promedio de la organización.

México al igual que otros países de la OCDE enfrenta el reto de cuantificar cuanto cuesta estudiar en las instituciones de educación superior, y resolver la interrogante de qué significa para las familias enfrentar el gasto total de la educación de sus miembros, según sea una institución público o privada y aún más allá, considerar la relación entre la educación recibida y la conexión con el sector productivo del país.

Sin embargo, subsiste el desafío de garantizar una educación con igualdad para todos los mexicanos, ya que muy pocos pueden acceder a la educación media superior y superior.

Por ejemplo, este año en la zona metropolitana del valle de México, 7 de cada 100 jóvenes que egresan del bachillerato son rechazados por una institución de educación superior. En otras palabras, la oferta educativa es equivalente al 93 por ciento de la población que egresa de preparatoria.

Pero la alta demanda de solicitud de admisión que presentan las principales universidades públicas en el DF obliga a que cada año más de 150 mil jóvenes sean rechazados a nivel superior. En el año 2010 casi 48 mil aspirantes no fueron aceptados por el Politécnico y 127 mil no obtuvieron un lugar en la UNAM.

En este año, el IPN registró a 71 mil jóvenes que solicitaron e hicieron su examen para ingresar a una carrera de nivel superior, de los cuales sólo unos 23 mil fueron aceptados en alguna de las licenciaturas que ofrece.

En tanto, la UNAM registró a poco más de 140 mil aspirantes en su examen de admisión a nivel licenciatura, de los cuales sólo 16 mil fueron aceptados.

Esta situación es preocupante aún mas si consideramos que 8 millones de jóvenes son conocidos como ninis (ni estudian ni trabajan), por lo que se ubica a México entre los tres países con la mayor cantidad de personas en esa condición.

Otro ejemplo en la educación media superior esta en la UNAM que recibió a poco más de 35 mil estudiantes de unos 150 mil aspirantes. Estas cifras, reflejan que las tasas de cobertura no son las que México requiere y mucho menos las que pueden satisfacer la demanda de sus jóvenes.

Por su parte, la Secretaria de Educación Pública federal ha reconocido que se requieren inversiones “multimillonarias” para ampliar en 10 puntos porcentuales la cobertura en educación media superior.

México está lejos de países como la República de Corea, donde el 95% de la población juvenil estudia en la universidad, en Finlandia el 94%, en Grecia el 91% y en Estados Unidos un 82 por ciento.

Es necesario mencionar que el crecimiento en el número de universidades privadas ha venido contribuyendo a reducir el vacío entre la oferta y la demanda de las universidades públicas, aunque es obvio que su costo las vuelve inaccesibles para los estudiantes de bajos ingresos familiares.

Es por todo esto que se propone que las personas físicas tengan la posibilidad de deducir como deducción personal en su declaración anual del ejercicio fiscal que corresponda, los gastos destinados al pago por concepto de colegiaturas de los niveles de educación media superior, superior y de postgrado hasta por un monto de 4,000 salarios mínimos generales del Distrito Federal.

Por lo expuesto, la que suscribe, Adriana Sarur Torre, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para garantizar lo dispuesto en los artículos 1o. y 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 176, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. ...

I. a VIII. ...

IX. Los gastos destinados al pago por concepto de colegiaturas de los niveles de educación media superior, superior y de postgrado del contribuyente, siempre y cuando dichas erogaciones se hagan a establecimientos que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

La cantidad máxima que se pueda deducir de las colegiaturas incluyendo las inscripciones por cada ejercicio fiscal, es el equivalente de 4 mil salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta días de septiembre del año dos mil diez.— Diputada Adriana Sarur Torre (rubrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia recibió del diputado Agustín Torres Ibarrola, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico, misma que se pospone.

Igualmente, se pospone la de la diputada María de Dolores de los Ãngeles Nazares Jerónimo, del PRD.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE CABILDEO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, se concede la palabra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal que Regula las Actividades de Cabildeo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Buenos días. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

Esta iniciativa que vamos a presentar ha sido motivo del interés de muchos grupos parlamentarios de distintas legislaturas para regular el cabildeo en nuestro país.

Es una iniciativa que no quiere ser una más, sino una iniciativa para regular el cabildeo, que esperemos que ustedes tomen con mucha consideración y con la intención de aprobar y de regular este fenómeno, que no solamente ocurre en el Congreso de la Unión, porque también se cabildea en el Poder Ejecutivo, también se cabildea en el Poder Judicial, también se cabildea en órganos constitucionales autónomos y en casi todas las instancias del poder público federal, estatal y municipal.

La iniciativa que propongo establece la facultad, primero del Congreso de la Unión para legislar en materia de cabildeo. Se propone una modificación al artículo 73 de la Constitución. También se propone la Ley que Regula las Actividades de Cabildeo.

No hay que olvidar que en el sistema político mexicano de hoy en día los poderes fácticos desempeñan un poder y una influencia enorme en la vida del país, al grado de que muchas instituciones mexicanas son secuestradas por estos poderes fácticos.

A este respecto, es fundamental que nosotros limitemos y transparentemos estas actividades de cabildeo para evitar actos de corrupción y conflictos de interés. Lo que busca esta iniciativa es transparentar el cabildeo, que la sociedad sepa qué grupos, qué poderes fácticos, qué intereses sociales están cabildeando en el Congreso, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial.

¿Cuál es la importancia de esta regulación? Primero a resguardar, el primer objetivo es resguardar la independencia, la imparcialidad de los servidores públicos. Inhibir y desincentivar cualquier conducta que implique actos de corrupción por las presiones de los cabilderos.

Igualmente, se establece en la iniciativa una diferenciación entre lo que llamamos el cabildeo profesional, aquel que realizan empresas especializadas en materia de cabildeo, como el cabildeo de tipo social que realizan organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, y se distingue en estas dos figuras el cabildeo profesional y el cabildeo social de la gestión social que realizamos los legisladores u otros servidores públicos.

La finalidad es que exista un registro y que existan mecanismos transparentes, para que la sociedad sepa qué grupos económicos, qué poderes fácticos, qué grupos sociales están cabildeando en los Poderes de la Unión, principalmente en el Congreso, en este Congreso.

Lo que nosotros queremos no solamente es que exista un registro, o no solamente que se transparente quién cabildea, sino lo importante de esta iniciativa es que todos los grupos sociales sean escuchados por los representantes de la nación, que no solamente los grupos económicos con mayor influencia, con mayor posibilidad de acudir a los medios de comunicación electrónica sean escuchados. Que no haya sector, que no haya sector económico, sector social que no pueda ser escuchado por el Congreso, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. Todos los grupos tienen que ser atendidos de manera imparcial, de manera igual por todos los servidores públicos. Y esa relación entre sociedad y autoridades no debe prestarse nunca a actos de corrupción. Por eso tenemos que transparentar totalmente cualquier actividad de cabildeo.

Solicito el apoyo de todos ustedes a esta iniciativa que, por un lado, propone modificar la Constitución para facultar a este Congreso para que de manera expresa legisle en materia de cabildeo. Y también que tomen en cuenta la ley secundaria, la ley reglamentaria que estamos proponiendo.

Es fundamental transparentar la vida pública de México. Es fundamental que este Congreso, que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial no seamos rehenes, no estemos secuestrados por los poderes fácticos.

Por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal que regula las Actividades de Cabildeo, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente:

Exposición de Motivos

Para nadie es un secreto que en la interacción entre la sociedad civil y el Estado mexicano se ha generalizado el cabildeo sin ninguna regulación y control. Esta actividad se ejerce con gran fuerza en el poder legislativo e instituciones públicas, donde gremios, grupos económicos, sindicatos, grupos de presión y poderes fácticos hacen sentir su posición frente a temas de su interés.

De modo que la presencia de grupos de interés en los poderes públicos de México no se cuestiona, son hoy por hoy un factor real en la política, su influencia varía dependiendo sus recursos económicos y el eco que encuentren entre los representantes populares y funcionarios públicos.

El cabildeo no es por tanto un asunto menor, su análisis forma parte de la médula de las incompatibilidades privadas, de los conflictos de interés y de la ética parlamentaria. En la Cámara de Diputados se han presentado diversas iniciativas para regular el cabildeo. Todas ellas con mayor o menor énfasis muestran preocupación por la influencia de los poderes fácticos en los órganos legislativos, la falta de transparencia en las relaciones de cabildeo, la opacidad con la que las empresas de cabildeo actúan respecto a los legisladores, la posible compra de voluntades legislativas a partir del cabildeo, además de los probables conflictos de interés y de tráfico de influencias que pueden generar las relaciones en la opacidad entre legisladores y cabilderos.

El maestro Efrén Elías Galaviz en su libro “El Cabildeo Legislativo y su Regulación” establece que en un esquema de cabildeo es necesario acentuar la importancia de asegurar la equidad en el acceso para la representación de intereses y así evitar que la población se sienta ajena a este tipo de procesos. La equidad en el acceso a consultas parlamentarias y la institucionalización de las mismas mejora también la calidad de las políticas públicas, porque los que las formulan cuentan no sólo con más sino con mejores opiniones y propuestas, debido a la competencia que se presenta entre los argumentos.

Permitir un sistema de representación de intereses al que pocos tienen acceso, en el que predomina el dinero y no las razones, donde se relega el interés público en aras de la conformidad de todos los actores relevantes, irá minando sistemáticamente al régimen democrático y puede llegar a convertir a la sociedad en un mero actor pasivo de las políticas públicas, que se siente ajena a ellas y a las autoridades que las imponen. En un caso extremo situaciones como ésta pueden llevar a una completa desvinculación de gobernantes y gobernados, poniendo en duda la legitimidad misma de las autoridades, al percibirlas como meros ejecutores de decisiones públicas que toman grupos de interés siempre en función de su propia conveniencia y no del interés público.

De lo anterior se colige la importancia de contar con una legislación que logre evitar abusos en la práctica del cabildeo y que a su vez incentive los beneficios que el cabildeo puede producir para una democracia. Entre los beneficios que identifica el Mtro. Elías Galaviz destacan:

• Intercambio de información entre grupos de interés y autoridades o representantes populares.

• Elevar en cantidad y calidad el nivel de información disponible para quienes toman decisiones públicas.

• Permite a ciertos grupos expresar sus puntos de vista en asuntos tan complejos que no pueden ser reducidos a una posición de un sí o un no.

• Permite al ciudadano ordinario tener voz en asuntos públicos sin tener que comprometerse con algún partido político.

• El sistema de cabildeo, da incentivos para interesarse y seguir de cerca las actividades, decisiones y disposiciones del gobierno y los políticos, con lo que se mejora significativamente la rendición de cuentas.

• Permite que ciertos asuntos sean discutidos, que sin la acción del cabildeo serían ignorados.

• Proporciona los ciudadanos alternativas para la participación política.

• Proporciona algunos medios para contrarrestar las actividades de grupos e intereses poderosos, que de otro modo no contarían con oposición alguna.

La importancia de regular el cabildeo radica en términos generales en lo siguiente:

1. Contribuye a resguardar la imparcialidad e independencia en la toma de decisiones y en el correcto ejercicio de los cargos públicos y de representación popular.

2. Facilita la revisión pública a efecto de inhibir o desincentivar conductas que constituyen actos de corrupción.

3. Fortalece el marco jurídico al proveer una herramienta válida para dotar a la actividad de una institucionalidad acorde a la realidad del país.

4. La regulación del cabildeo pretende ser un aporte en muchos aspectos, los objetivos principales son: transparencia, participación ciudadana e igualdad en el acceso ante las autoridades.

5. Propicia la rendición de cuentas

6. Fomentar el desarrollo de una democracia más participativa y por ende fortalecida.

Hasta la fecha se han presentado diversas Iniciativas sobre cabildeo, algunas con marcada tendencia a favorecer a los cabilderos, otras con énfasis en fortalecer la vertiente de transparencia en el cabildeo, sin embargo, la mayoría de ellas no resuelve los problemas de fondo, ¿Porqué los legisladores deben atender a ciertos intereses particulares y no a otros?, ¿Cómo se hace para que los poderes públicos escuchen a la pluralidad social y no sólo a un segmento de ella?, ¿La regulación del cabildeo no implica un trato a favor de ciertos grupos sobre otros?, ¿Cómo generar más amplias condiciones deliberativas y participativas en la sociedad y en los órganos del Estado?, ¿Cómo impedir que nada más los intereses económicamente dominantes tengan voz e influencia sobre los poderes públicos?.

Contenido de la iniciativa

Los aspectos que destacan de la iniciativa que se presenta son los siguientes:

• Regular aspectos básicos del cabildeo como definir los sujetos de cabildeo, establecer obligatoriedad en el registro de cabilderos, requisitos y características del registro, determinar responsabilidades y sanciones, entre otros.

• Incorporar la figura de cabildeo ciudadano como un complemento del sistema de democracia representativa.

• Diferenciar entre cabildeo profesional y cabildeo ciudadano. El cabildeo o la actividad de cabildeo puede ser profesional, cuando se realiza por profesionales y empresas constituidas con este fin y el cabildeo ciudadano en caso de que se realice por la ciudadanía, la sociedad civil organizada y/o cualquier forma de organización y representación de ésta.

• Incorporar al Poder Judicial, al Ejecutivo y demás instancias de poder público como sujetos de cabildeo, situación que de hecho sucede en litigios importantes, principalmente aquellos en que están en juego intereses económicos o políticos.

• Establecer como principios rectores para el ejercicio de actividades de cabildeo, la transparencia, publicidad, accesibilidad y participación.

• Establecer la obligatoriedad para que en el caso de que un sujeto de cabildeo acepte ser contactado por un cabildero profesional, estará obligado a aceptar el cabildeo ciudadano que se le solicite para el mismo tema. Privilegiando con ello igualdad de accesibilidad para influir en la toma de decisiones.

• Proponer la creación de Unidades de Promoción y Apoyo a Cabilderos Ciudadanos.

Por todo lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73, fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que expide la Ley Federal que Regula las Actividades de Cabildeo.

Artículo Primero.Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir las leyes en materia de cabildeo y conflictos de interés.

Artículo Segundo.Se expide la Ley Federal que regula las Actividades de Cabildeo, cuyo contenido es el siguiente:

Ley Federal que Regula las Actividades de Cabildeo

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley. Establecer reglas y disposiciones generales para la práctica de las actividades de cabildeo que se ejercen ante los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y ante las distintas instancias de poder público federal, a fin de que el proceso de formación de leyes, el ejercicio de la administración pública y de las funciones públicas sea transparente y procure la accesibilidad de cabilderos profesionales y ciudadanos ante los distintos ámbitos de poder y puedan formular opiniones y observaciones sobre asuntos de su interés.

Artículo 2. Ãmbito de aplicación.La presente ley es de orden público y de observancia general.

Artículo 3. Conceptos.Para efectos de la presente Ley se entenderá lo siguiente:

Cabildeo:Toda acción deliberada y sistemática destinada a influir en las decisiones y políticas del Gobierno, el Congreso, el poder Judicial y otras instancias federales, llevadas a cabo por un grupo particular a favor de sus intereses y puntos de vista, a través de la búsqueda del contacto o comunicación directa con autoridades y funcionarios públicos. Tal acción puede ser no remunerada llevada a cabo por los propios interesados o remunerada a través de terceros, los que reciben un pago, compensación o beneficio por tal labor.

Actividad de cabildeo:Actividad profesional o ciudadana tendiente a aumentar la presión o disminución de las fuerzas de oposición para lograr los objetivos tales como: iniciativas, leyes, políticas económicas, organizativas, divulgativas y administrativas, entre otras.

Cabildero:Persona física o moral, constituido en empresa o independiente, nacional o extranjera, que desa-rrolla previo registro en el Padrón de Cabilderos que corresponda, todo tipo de actividad en defensa de intereses particulares, sectoriales o institucionales, en relación con los trabajos propios de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de otras instancias de poder público federal.

Firma de cabildeo:Es la sociedad legalmente constituida y registrada en el Padrón de Cabilderos que corresponda, en cuyo objeto social se establezca la posibilidad de desarrollar y gestionar actividades de cabildeo, en representación de intereses propios o ajenos. La firma de cabildeo deberá inscribirse como tal en el Padrón de registro respectivo; así como a los empleados que ejerzan la función de cabildero.

Comunicado de origen democrático: Se entienden por comunicados de origen democrático, todo tipo de información o de opinión de sectores organizados de la población, tales como las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cultos religiosos, grupos minoritarios, etc. con el propósito de dar a conocer una propuesta o interés y de gestionar a su favor dentro del marco jurídico.

Cliente:Es la persona física o moral, nacional o extranjera, que contrate los servicios de un cabildero independiente o de una firma de cabildeo.

Padrón de Cabilderos:Es el documento en donde se registran oficialmente el cabildero independiente y las firmas de cabildeo a fin de poder desarrollar legalmente su gestión. En ellos deberá quedar inscrito: la información general del cabildero independiente o de la firma de cabildeo, el propósito último del cabildeo, los nombres y cargos de los servidores públicos a contactar, además de la persona natural o jurídica representada, en su caso el presupuesto destinado para realizar la actividad de cabildeo y los comunicados de origen democrático que resuman la gestión desarrollada, hasta su culminación. Para ello se contará con el Padrón de Cabilderos de la Cámara de Senadores, el Padrón de Cabilderos de la Cámara de Diputados, el Padrón de Cabilderos del Ejecutivo Federal, el Padrón de Cabilderos del Poder Judicial y los padrones de cabilderos de otras instancias federales.

Artículo 4. Tipos de Cabildeo. El cabildeo puede ser profesional o ciudadano y se entenderá por estos términos lo siguiente:

a) Cabildeo Profesional: Es el que se ejerce a través de personas físicas o morales, de forma expresa y remunerada, generalmente constituidos en empresas, despachos o firmas cuyo objeto es representar grupos de interés.

b) Cabildeo Ciudadano:Es el que ejerce la ciudadanía en general o la sociedad civil organizada, a través de comitivas, representaciones, organismos no gubernamentales y grupos de acción cívica, entre otros.

No se considerará actividad de cabildeo la gestión social que realicen los ciudadanos y los servidores públicos sobre solicitudes concretas de apoyo relacionadas con servicios públicos y el seguimiento de su atención.

Artículo 5. Objetivos.Son objetivos de esta Ley los siguientes:

I. Transparentar las actividades de cabildeo.

II. Establecer reglas para la práctica de las actividades de cabildeo que se ejercen en los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y otras instancias de poder público federal.

III. Diferenciar el cabildeo que se ejerce por profesionales y el cabildeo de origen ciudadano.

IV. Promover el cabildeo ciudadano como complemento del sistema de democracia representativa.

V. Establecer principios rectores en la práctica del cabildeo.

Artículo 6. Sujetos de Cabildeo.Pueden ser válidamente contactados con el propósito de desarrollar actividades de cabildeo, los siguientes servidores públicos:

I. En el Poder Legislativo:

a) Los Diputados y Senadores de la República;

b) Los asistentes o asesores de Diputados y Senadores; y

c) El Secretario Técnico y asesores de la Comisiones Ordinarias y Especiales de las Cámaras de Diputados y Senadores.

II. En el Poder Ejecutivo:

a) El Presidente de la República;

b) Los Gobernadores;

c) Los Secretarios de Estado;

d) Los titulares de la administración pública centralizada y descentralizada;

e) Los titulares de las entidades paraestatales;

f) Los titulares de los órganos autónomos;

g) Cualquier otro funcionario con capacidad de adoptar decisiones administrativas, o de colaborara en la adopción de políticas públicas.

III. En el Poder Judicial:

a) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia

b) Los Ministros

c) Los Consejeros de la Judicatura Federal

d) Los Magistrados

e) Los Jueces

IV. Otras Instancias del poder público federal

Artículo 7. Naturaleza facultativa del cabildeo. Es facultativo de los servidores públicos referidos en el artículo anterior, aceptar ser contactados con fines de cabildeo. En el caso de que un sujeto de cabildeo acepte ser contactado por un cabildero profesional, estará obligado a aceptar el cabildeo ciudadano que se le solicite para el mismo tema.

Capítulo IIPrincipios Rectores

Artículo 8.Los Principios Rectores de la actividad de Cabildeo son los siguientes:

Transparencia y Publicidad:Garantizar el carácter público de la información contenida en el Padrón de Cabilderos, así como de los Informes que generen los cabilderos profesionales.

Accesibilidad:Garantizar el acceso de cabilderos ciudadanos a los sujetos de cabildeo.

Participación: Abrir espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones y como complemento del sistema de democracia representativa. El cabildeo es un medio para que la sociedad civil organizada o de forma independiente participe de forma activa y opine sobre asuntos de su interés.

Capítulo IIIDel Registro de Cabilderos

A rtículo 9. Obligación de registro en el Padrón de Cabilderos.Todas las personas que realicen actividades de cabildeo deberán inscribirse en los Padrones respectivos. La inscripción es gratuita y se entregará constancia de registro. El registro en el Padrón de Cabilderos es requisito obligatorio para ejercer actividades de cabildeo y gestión de intereses ante los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y otras instancias del poder público federal. Cada actividad de cabildeo deberá ser reportada con toda su información y registrada en folio independiente.

Artículo 10. Responsables del Padrón de Cabilderos.El Secretario General de la Cámara de Diputados, el Secretario General de la Cámara de Senadores, el Secretario de Gobernación en el caso del Ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, los representantes legales de otras instancias del poder público, serán los responsables de llevar el registro de cabilderos y mantener actualizado el Padrón de Cabilderos que en cada caso corresponda.

Artículo 11. Excepción de registro en el Padrón de Cabilderos.Quedan exentos de registrarse en el Padrón de Cabilderos:

I. Los cabilderos ciudadanos;

II. Personas que representen los intereses de grupos vulnerables, tales como; personas con capacidades diferentes, en situación de calle, mujeres, personas de la tercera edad, niñas y niños, migrantes, indígenas, personas con VIH, personas con enfermedades terminales, minorías sexuales, trabajadores, campesinos o cualquier grupo en situación de vulnerabilidad.

Artículo 12. Requisitos para el registro de cabilderos profesionales. La solicitud de inscripción en el Padrón de Cabilderos deberá contener la siguiente información y documentación:

a) Información general del cabildero independiente o de la firma o despacho de cabildeo (nombre, domicilio, copias de documentos de identidad personal, y en su caso razón social, domicilio social y copias de la escritura constitutiva);

b) El propósito del cabildeo;

c) Los nombres y cargos de los servidores públicos a contactar;

d) La persona física o moral representada (nombre, domicilio, copias de documentos de identidad personal, y en su caso razón social, domicilio social y copias de la escritura constitutiva);

e) El presupuesto destinado para realizar la actividad de cabildeo;

f) Los comunicados de origen democrático que resuman la gestión que se pretende cabildear;

g) Nombre de todas las personas que realicen funciones de cabildeo y laboren en la firma o despacho de cabildeo.

Artículo 13. Registro en el Padrón.Una vez cumplidos los requisitos para que los cabilderos profesionales, puedan desarrollar y gestionar actividades de cabildeo, el Secretario que corresponda procederá a su registro. Efectuado el registro en el Padrón de Cabilderos, se emitirá la constancia que acredite la inscripción. Una vez obtenido el citado certificado, el cabildero podrá contactar a los servidores públicos a que hace referencia el artículo 6 de la presente ley, con el fin de iniciar las actividades de cabildeo.

Artículo 14. Calidad pública del Padrón de Cabilderos.El Padrón de Cabilderos será público, y por lo tanto cualquier persona podrá consultarlo y solicitar certificaciones sobre la información contenida en este.

Artículo 15. Funciones del Responsable del Padrón.Son funciones de los responsables de los Padrones de Cabilderos las siguientes:

a) Registrar en el Padrón a los cabilderos profesionales.

b) Actualizar periódicamente la información del Padrón.

c) Expedir certificados de registro en el Padrón.

d) Solicitar a los cabilderos registrados en el Padrón un informe anual sobre las actividades de cabildeo realizadas en dicho período, el informe deberá contener los ingresos y egresos que sustentaron las actividades de cabildeo.

e) Elaborar expedientes con la documentación relativa a cada cabildero registrado en el Padrón.

f) Resguardar y administrar la información de los expedientes.

g) Elaborar informes semestrales de las actividades de cabildeo que se hayan registrado en el período.

h) Proporcionar la información que en relación a los cabilderos registrados y sus actividades les sea solicitada por los ciudadanos.

i) Llevar el procedimiento para la imposición de sanciones a los cabilderos que incumplan con las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 16. Obligaciones de los Cabilderos.Son obligaciones de los cabilderos las siguientes:

a) Solicitar su registro en el Padrón de Cabilderos

b) Rendir informe anual ante el Secretario o representante legal que corresponda.

c) Acreditarse ante los sujetos de cabildeo con la acreditación o constancia oficial de su registro en el Padrón que corresponda.

d) Llevar registros de contabilidad que reflejen el estado y flujo de sus ingresos y egresos.

e) Informar a los responsables del Padrón de Cabilderos de los cambios que se presenten en la información, mediante reportes de actualización.

Capítulo IVDel Cabildeo Ciudadano

Artículo 17. De la Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano.Con la finalidad de promover el cabildeo ciudadano se crean las siguientes áreas:

I. Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano de la Secretaria General de la Cámara de Diputados;

II. Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano de la Secretaría General de la Cámara de Senadores; y

III. Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano de la Secretaría de Gobernación.

IV. Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

V. Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano en cada uno de los órganos constitucionales autónomos e instancias del poder público federal.

Artículo 18. Funciones de la Unidad de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano. Son funciones de las Unidades de Promoción y Apoyo de Cabildeo Ciudadano las siguientes:

I. Orientar a los ciudadanos interesados en realizar actividades de cabildeo, sobre estrategias, medios y técnicas de gestión de intereses, así como en la redacción de comunicados y posturas.

II. Gestionar reuniones entre los cabilderos ciudadanos y los sujetos de cabildeo que se desee contactar.

III. Velar por que los cabilderos ciudadanos sean atendidos en igualdad de condiciones que los cabilderos profesionales para la gestión de intereses comunes y contrarios.

IV. Proporcionar apoyo logístico a los cabilderos ciudadanos en función de su disponibilidad presupuestal (copias, reproducción de material, organización de foros y conferencias de prensa, entre otros.)

V. Mantener un registro público de las actividades de cabildeo ciudadano.

Capítulo VDe las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 19. Personas imposibilitadas para ejercer cabildeo. Está prohibido ejercer actividades de cabildeo a las siguientes personas:

I. A todos los servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después de haber concluido su encargo o terminar su relación laboral con el sector público, y

II. A los inhabilitados para ejercer cargos públicos.

III. A las personas que haya sido condenados judicialmente por la comisión de delitos dolosos.

Artículo 20. Sanciones de los cabilderos.El desarrollo de las actividades de cabildeo está sujeto a lo siguiente:

I. Los cabilderos profesionales y ciudadanos sólo podrán valerse para el ejercicio de las actividades de cabildeo de los recursos legítimos permitidos por la Constitución y la ley.

II. La falsedad de cualquier información aportada por el cabildero al registro implicará la inmediata cancelación de la licencia para ejercer actividades de cabildeo y la imposibilidad de reinscribirse.

III. Se sancionará con multa de diez mil salarios mínimos al cabildero que:

a) Realice actividades de cabildeo sin haberse registrado en el Padrón de Cabilderos que corresponda;

b) Ofrezcan, entreguen u otorguen regalos, prebendas o beneficios a un servidor público;

Se abstengan de actualizar la información registrada en el Padrón; y

c) Posibiliten realizar actividades de cabildeo a quien no tenga o incurra en alguno de los supuestos del artículo 18 de esta ley.

Artículo 21.Procedimiento para imposición de sanciones a cabilderos. Las autoridades competentes para la imposición de sanciones a los cabilderos serán los responsables de los padrones de que se trate, quienes de oficio podrán llevar el procedimiento que aquí se establece en caso de que se actualicen los supuestos del artículo 20 de esta Ley.

Igualmente cualquier persona podrá solicitar ante la autoridad competente el inicio del procedimiento para imposición de sanciones a los cabilderos que hayan incurrido en incumplimientos a la presente ley.

El responsable del padrón de que se trate notificará al cabildero la irregularidad o incumplimiento que se le atribuye, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para dar contestación, el cabildero deberá acompañar a la respuesta la documentación y pruebas para acreditar sus defensas y excepciones, y dentro de los siguientes 10 días hábiles será citado a audiencia con el responsable del padrón para de-sahogar las pruebas y rendir los alegatos que considere. Una vez analizada la información y las pruebas proporcionadas por el cabildero, el responsable del padrón resolverá la aplicación de sanciones en un plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores a la audiencia.

Artículo 22. Responsabilidades para los Sujetos de Cabildeo.Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, las siguientes:

I. Recibir o solicitar regalos, prebendas o beneficios de parte de cabilderos.

II. Realizar actividades de cabildeo.

III. Promover la contratación de cabilderos profesionales.

IV. Permitir ser contactados por personas que no estén registradas en el Padrón de Cabilderos.

V. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de actividades de cabildeo.

Las responsabilidades a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de las normas de responsabilidades del sistema jurídico nacional.

Artículo 23. Órgano competente para conocer de responsabilidades. El Órgano Interno de Control del sujeto de cabildeo de que se trate, será el competente de conocer de las responsabilidades administrativas que se actualicen en el ejercicio de las actividades de cabildeo.

En el caso de que el Órgano Interno de Control no sea competente para conocer de los incumplimientos, se estará a lo dispuesto en las disposiciones sobre responsabilidades políticas y jurídicas que correspondan.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial y las demás instancias del poder público federal, dispondrán de 3 meses para capacitar a los responsables de los Padrones de Cabilderos, a fin de instruirlos en las labores descritas en la presente ley.

Tercero.El Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial y las demás instancias del poder público federal, dispondrán de 6 meses para instrumentar la creación de las Unidades de Promoción de Cabildeo Ciudadano, cuya estructura administrativa será mínima y deberá ser a costos compensados de los presupuestos aprobados para el ejercicio presupuestal de que se trate.

Notas:

1 Cárdenas Gracia, Jaime, “Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie Doctrina Jurídica, Núm 343, México, 2006, pp. 138-139.

2 Elías Galaviz, Efrén, “El Cabildeo Legislativo y su regulación”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie Estudios Jurídicos Núm. 101, México 2006, pp 49-50.

3 Idem.

4 Elías Galaviz, Efrén, “El Cabildeo Legislativo y su regulación”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie Estudios Jurídicos Núm. 101, México 2006, pp 108-110.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja hizo llegar a esta Mesa Directiva dos iniciativas con proyecto de decreto, mismas que se posponen a solicitud del propio diputado.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede la palabra al diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Dentro de las herramientas de política económica con las que cuenta el gobierno federal para incidir en el desempeño económico destaca el gasto público.

El gobierno a través de distintos programas genera opciones productivas de empleo, de atención a los grupos vulnerables y construye infraestructura, generando con ello un incentivo para el crecimiento económico.

Gracias a los recursos que aportamos los mexicanos a través del pago de impuestos es posible construir escuelas, hospitales, carreteras. Apoyar a las personas más vulnerables; crear empresas sociales y cooperativas. Promover la educación, la cultura y la salud; proporcionar la seguridad pública que tanto requiere el país.

Los años recientes han sido complejos para la economía mexicana. Simplemente en 2009 la caída de la economía fue de más de 7 por ciento y en situaciones como ésta es cuando hay que echar mano de herramientas de política como el gasto público. Lamentablemente el problema es que no se utilicen los recursos en su totalidad.

Esta tendencia de no ejercer los recursos conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados es inherente a los gobiernos que han dirigido el destino del país y de los mexicanos en los últimos 10 años.

La afirmación anterior se sustenta con los datos que reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2007 al señalar un subejercicio de 4 mil 236 millones de pesos y 41 mil 657 que se canalizaron a 28 fideicomisos para evitar que éstos fueran gastados.

Una situación similar se presenta en los ejercicios de 2008 y de 2009. Simplemente los primeros seis meses de este año, 2010, hay algunas dependencias federales que no han ejercido el presupuesto en su totalidad conforme al calendario que determinó la propia Secretaría de Hacienda.

El monto del subejercicio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es del orden de 7 mil 677 millones de pesos, lo que representa el 30 por ciento de lo programado a ejercerse de enero a junio del presente.

Es fundamental que agilicemos la entrega de estos recursos, para abatir el rezago de su aplicación. Por ejemplo, del gasto destinado para carreteras alimentadoras y caminos rurales sólo se ha ejercido el 13 por ciento. Sin embargo, llama la atención que existen algunos conceptos donde no se reporta gasto alguno, como es el caso de los recursos asignados para la infraestructura de aeropuertos y de puertos marítimos.

Sobra decir que los recursos que se ejercen en infraestructura conllevan la generación de empleos y la reactivación de economías regionales. En el rubro del gasto social también se presentan focos rojos.

Los recursos del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes) presenta un gasto ejercido pírrico, sólo se han ejercido 94 millones de pesos de un total de mil 808 y esto apenas representa el 5 por ciento.

Una situación similar ocurre con los programas de atención a la población indígena y a las que promueven las acciones de género. Nos preocupa asimismo que no conozcamos las razones por las que el programa Nacional de Becas (Pronabes) no reporta el ejercicio de los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el propósito de esta iniciativa que sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados es fortalecer la facultad del Congreso en incidir en la reasignación de los recursos presupuestales que no se hayan ejercido.

La actual redacción del artículo 23 señala que los subejercicios deberán subsanarse en un plazo no mayor de 90 días naturales. En principio estamos proponiendo disminuir este plazo a dos meses, es decir, 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el reporte correspondiente, de esta forma se dará a las dependencias de la administración pública federal un plazo razonable para corregir los subejercicios en que incurran.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de decreto que reforma el párrafo noveno del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Señor presidente, le solicito que la Mesa Directiva pueda insertar en el Diario de los Debates la versión íntegra de esta iniciativa y por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Pedro Vázquez González, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro de las herramientas de política económica con las que cuenta el gobierno federal para incidir en el desempeño económico destaca el gasto público. El gobierno a través de los distintos programas genera opciones productivas, de empleo, de atención a los grupos vulnerables, y construye infraestructura, generando con todo ello un incentivo para el crecimiento económico.

Gracias a los recursos que aportan los mexicanos a través del pago de impuestos es posible construir escuelas, hospitales, carreteras, apoyar a las personas más vulnerables, crear empresas sociales y cooperativas, promover la educación, y la cultura, la salud y proporcionar seguridad pública.

Los años recientes han sido complejos para la economía mexicana.

Simplemente en 2009 la caída de la economía fue del 7 por ciento y en situaciones como esta es cuando hay que echar mano de herramientas de política como el gasto público. Lamentablemente el problema es que no se utilizan los recursos en su totalidad.

Esta tendencia de no ejercer los recursos conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados es inherente a los gobiernos que han dirigido el destino del país y de los mexicanos durante los últimos 10 años.

La afirmación anterior se sustenta con los datos que reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2007, al señalar un subejercicio de 4 mil 236.6 millones de pesos y 41 mil 657 millones que se canalizaron a 28 fideicomisos para evitar que fueran gastados. Una situación similar se presenta para los años de 2008 y 2009.

Simplemente, en los primeros seis meses de este año hay algunas dependencias federales que no han ejercido el presupuesto en su totalidad conforme al propio calendario que determinó la Secretaría de Hacienda.

El monto de subejercicio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es del orden de 7 mil 677 millones de pesos, lo que representa el 30 por ciento de lo programado a ejercerse de enero a junio del presente año.

Es fundamental que agilicemos la entrega de estos recursos para abatir el rezago en su aplicación. Por ejemplo, del gasto destinado para carreteras alimentadoras y caminos rurales, sólo se ha ejercido el 13 por ciento.

Sin embargo, llama la atención que existan algunos conceptos donde no reporta gasto alguno como es el caso de los recursos asignados para la infraestructura de aeropuertos y de los puertos marítimos.

Sobra decir que los recursos que se ejerzan en infraestructura conllevan la generación de empleos y la reactivación de las economías regionales.

En el rubro del gasto social también se presentan focos rojos.

Los recursos para el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad presentan un gasto ejercido pírrico. Sólo se han ejercido 94 millones de pesos de un total de mil 808, apenas el 5 por ciento.

Una situación similar ocurre con los programas de atención para la población indígena y los que promueven las acciones de género.

Nos preocupa, asimismo, que no conozcamos las razones por las que el Programa Nacional de Becas no reporta el ejercicio de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados.

El propósito de la iniciativa que sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, es fortalecer la facultad del Congreso de incidir en la reasignación de los recursos presupuestales que no se hayan ejercido. La actual redacción del artículo 23 señala que los subejercicios deberán subsanarse en un plazo no mayor a 90 días naturales. En principio, estamos proponiendo disminuir este plazo a dos meses, es decir, 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el reporte correspondiente.

De esta forma se le dará a las dependencias de la administración pública federal un plazo razonable para corregir los subejercicios en que incurran.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el párrafo noveno del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero.Se reforma el párrafo noveno del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue

Artículo 23. ...

...

...

...

...

...

...

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 60días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil diez.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Al contrario, diputado, gracias a usted. Será como lo solicita. Se turna la iniciativa del diputado Pedro Vázquez González a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Abriremos un espacio en tanto la Junta nos envía el tema, en sustitución del diputado Fernando Morales Martínez.

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas:Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Compañeras diputadas y compañeros diputados, no cabe la menor duda de que uno de los temas más importantes que vemos en esta Cámara y para nuestro país es el tema del Presupuesto y desde hace ya varios años, desde el 98, si no recuerdo mal, se ha intentado implementar en nuestro país un Presupuesto por resultados. Durante muchos años fue simplemente un ensayo, un ejercicio que nunca maduró.

Con las nuevas reformas constitucionales que derivaron de la Primera Convención Nacional Hacendaria, que se realizó en el 2007, se aprueba la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde se incluye este tema una vez más.

Tenemos ya tres años en donde se ha incluido el Sistema de Evaluación del Desempeño. Sin embargo, me parece que tenemos que darle más importancia a este tema, porque la calidad del Presupuesto precisamente depende de una evaluación objetiva, una evaluación profesional sobre los resultados del mismo.

De ahí que la calidad, como se presupueste y se ejerza el mismo, dependerá, impactará en el desarrollo del país.

Por eso bajo esta preocupación estoy presentando esta iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de consolidar este sistema de Evaluación del Desempeño que avanza en nuestro país, para que haya una vinculación específica con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y tengan la obligación los ejecutores del gasto, de incluir no solamente en su presupuesto sino en los informes anuales y en la Cuenta Pública, los resultados de la Evaluación del Desem-peño del Gasto Público, pero con carácter, digamos, de mediano plazo.

Tiene que incluir la evaluación de los tres años anteriores y los tres años posteriores que se estima.

Esto es, compañeros, un aspecto de la más alta trascendencia porque de lo que se trata es de que esta Cámara de Diputados, conjuntamente con los ejecutores del gasto, vayamos mejorando cada vez más la presupuestación, y la única manera de mejorar la calidad del gasto es evaluando los resultados de los programas en cada ramo.

Programa que funcione, que tenga resultados positivos en la sociedad mexicana, hay que apoyarlo e incluso incrementar sus recursos. Aquellos programas que no estén funcionando, aquellos programas que estén fallando, que no tengan un impacto positivo en la sociedad mexicana, hay que modificarlos, corregirlos o de plano cancelarlos.

Ésta es la finalidad de esta iniciativa que presentamos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados para su evaluación, discusión y posteriormente, si es posible, su aprobación. Eso es todo, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Felipe de Jesús Rangel Vargas, diputado  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, y 55 y 62, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de los siguientes

Considerandos

En México, el tema del presupuesto basado en el cumplimiento de resultados aún no ofrece la efectividad y la certidumbre suficientes en los diversos involucrados, por lo que para mi grupo parlamentario la acción a seguir es continuar trabajando con ímpetu en su aplicación y perfeccionamiento.

En este sentido, uno de los aspectos de que adolece nuestro marco legal presupuestal consiste precisamente en lograr consolidar el vínculo entre la planeación del desarrollo y de las finanzas públicas de mediano plazo con una efectiva planeación programática y presupuestal de igual alcance.

Esto lo planteo, ya que si bien nuestro entramado constitucional claramente establece en su artículo 74 que el Presupuesto de Egresos de la Federación se sustenta con base al principio de anualidad, ya que se tiene que elaborar y aprobar cada año y estar en concordancia con el escenario de objetivos y metas anuales que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, el sistema de evaluación del desempeño que tenemos para el seguimiento y cumplimiento de dichos planes y los recursos presupuestales que conllevan, no manifiestan congruencia ni vinculación con la planeación nacional de desarrollo en función de que su presentación únicamente es cada año en el proyecto de presupuesto y no muestra ni los resultados de los ejercicios fiscales anteriores ni de los próximos.

Sin embargo, la propia ley en la materia, como lo es la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone de varios textos donde claramente unos aspectos tienen alcances temporales más allá de un ejercicio fiscal, mientras que en lo referente al sistema de evaluación del desempeño la misma norma tan sólo establece un tratamiento anual.

Así, por ejemplo, el artículo 16 señala que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores de desempeño, que junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, señala la misma norma, los documentos anteriores deberán incluir entre otros aspectos, las proyecciones de las finanzas públicas abarcando un periodo de cinco años adicionales al ejercicio fiscal que se presupuesta así como los resultados de las finanzas públicas de los últimos cinco años respecto al ejercicio fiscal en discusión.

Por lo anterior, si bien la ley posibilita una visión de las finanzas públicas de mediano plazo, entonces ¿por qué no sería adecuado que el Sistema de Evaluación del Desempeño y sus indicadores también se estructuraran con base en un escenario de mediano alcance?

Por otra, el artículo 25 de la ley en comento establece que la programación y presupuestación del gasto público es anual, aspecto congruente con la constitución. No obstante, señala que para realizar ambas tareas, las dependencias y entidades deberán tomar en consideración la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base al Sistema de Evaluación del De-sempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente.

De igual manera plantea que las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta para la programación y presupuestación de sus actividades el marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica.

Compañeros legisladores, insisto, ¿por qué no está en ley que la programación y presupuestación anual del gasto público sean acompañados de escenarios de mediano plazo respecto a los resultados y las proyecciones de los indicadores de desempeño?

Asimismo, el artículo 27 de la ley, reitera lo anterior, en función de que indica que los anteproyectos de presupuesto que elaboren las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura programática que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la cual deberán incluirse como parte de los elementos programáticos la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño. Dicha estructura, indica la ley, tiene como propósito vincular la programación del gasto público con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, por lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales.

Finalmente, el artículo 41 de la ley, relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, indica que en la exposición de motivos se deben incluir los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales, la estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco ejercicios fiscales.

Mientras que en materia de programación se plantea que en el proyecto de decreto, los anexos y tomos, únicamente se incluya un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen respecto al año en curso y su justificación de los principales programas y aquellos que se propongan por primera ocasión.

Con lo anterior, es claro que no existe un marco legal de gasto público de mediano plazo más integral que mejore la planeación y ofrezca mayor estabilidad al marco fiscal del gobierno.

Este es el objetivo de la presente iniciativa, establecer en la ley la posibilidad de generar escenarios de mediano plazo para los principales programas en el año base y, por lo menos, tres años más. De esta manera, estos pronósticos deberán vincularse con la planeación nacional de desarrollo así como con la planeación sectorial en el contexto de las restricciones presupuestarias.

Con estas reformas se podrá disponer de información más precisa sobre la utilidad social o económica que generan los programas gubernamentales más significativos de los últimos años.

De igual forma, se impulsa la acción de gobierno a continuar buscando rentabilidad social y económica mediante la continuación de los programas públicos que sí ofrezcan resultados, eliminándose en paralelo los que no cumplan indicadores de desempeño, situación que en conjunto servirá para mejorar la asignación del gasto público. En síntesis, se promueve una mayor calidad del gasto público y la legitimación colectiva de las políticas públicas eficaces.

Por los motivos anteriores, se somete a consideración del pleno la siguiente

Iniciativa

Con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se modifica el artículo 16, añadiéndose un último párrafo para quedar como sigue:

Artículo 16...

I...

II...

III...

IV...

...

...

Como parte de la información que deberá incluir el presupuesto de egresos se deberán presentar los resultados en términos del cumplimiento de objetivos y metas de los indicadores de desempeño de los principales programas presupuestarios de las dependencias y entidades de los últimos tres ejercicios fiscales, así como las estimaciones para los tres ejercicios fiscales siguientes incluyendo el que se presupuesta.

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 25, fracción III, para quedar como sigue:

Artículo 25...

I...

II...

III...La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros tanto de los últimos tres ejercicios fiscales como de los siguientes tres incluyendo el ejercicio fiscal en turno;

IV...

V...

VI. ..

...

...

Artículo Tercero. Se modifica el artículo 41, fracción I, añadiéndose un inciso f para quedar como sigue:

Artículo 41...

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) – e)...

f) Los resultados en términos del cumplimiento de objetivos y metas de los indicadores de desempeño de los principales programas presupuestarios de las dependencias y entidades de los últimos tres ejercicios fiscales, así como las estimaciones para los tres ejercicios fiscales siguientes incluyendo el que se presupuesta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010. — Diputados: Felipe de Jesús Rangel Vargas, Arturo García Portillo, Daniel Gabriel Ãvila Ruiz, Rubén Arellano Rodríguez, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan José Cuevas García, María Joann Novoa Mossberger, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Su iniciativa será turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Adelante, diputado Cuevas, desde su lugar.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Diputado presidente, para ver si hay manera de adherirnos a la propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Claro que hay manera, si el señor diputado lo tiene a bien. Está en la Secretaría abierto el registro para los diputados que quieran adherirse a la propuesta del diputado. Muchas gracias.

La iniciativa del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del PRD se pospone.

ARTICULOS 97, 108, 110 Y 111 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Gracias, señor presidente. Estimados diputados, es importante que quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad penal y política, en caso de que se le compruebe la comisión de actos violatorios a la Constitución general de la república, a las leyes que de ella emanen y también a los tratados internacionales.

En la actualidad, el artículo 108, párrafo segundo de la Constitución refiere que el presidente de la República durante el tiempo de su encargo sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero preguntémonos qué sucedería en nuestro país si algún día el Ejecutivo federal, por alguna causa dolosa o no, dejara de publicar una ley dictada por el Congreso, o bien, publicándola, por negligencia, indolencia o ineptitud no proveyera a su exacta observancia. ¿Ello no sería, acaso, una clara contravención a la letra del artículo 89 de nuestra Carta Magna que obliga al presidente a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia? Sería una clarísima contravención al 87.

Y bien, ¿cuál es el procedimiento que se previene en nuestras leyes para que la nación pueda reclamar al titular del Ejecutivo la inobservancia o desapego a cualquiera de los preceptos de la Constitución, ya no digamos la comisión de un delito? La respuesta es: ninguno. Y es que nuestro texto constitucional y las leyes secundarias no prevén ningún procedimiento que pueda hacerse valer para desagraviar a la nación de la actuación grotesca de un presidente de la República, ni forma de precaver que esos sucesos no se repitan en lo futuro.

Hoy ya enfrentamos un caso en el que el titular del Ejecutivo fue señalado por los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como responsable de violación a la Constitución al emitir mensajes propagandísticos días antes de las elecciones del 4 de julio pasado. Pero los mismos magistrados que lo señalaron como responsable de violación a la Constitución reconocieron que no hay forma de sancionarlo, porque la Carta Magna no lo estipula.

Estamos entonces ante un grave caso de impunidad. Así pues, es necesario poner al día nuestra legislación, por lo que se propone una amplia reforma al texto constitucional para distinguir y sancionar, por lo menos, dos tipos de responsabilidad presidencial: la responsabilidad penal, propiamente dicha y la responsabilidad política por violación grave a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los tratados internacionales. Asimismo, por violación a la libertad del sufragio. En el ámbito de la responsabilidad penal bastará que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo pueda ser acusado por delitos graves y dolosos del orden común.

Ahora bien, para que esta responsabilidad pueda ser deducida puntualmente propongo que el camino de la declaración de procedencia se haga extensivo a la figura presidencial ya que como atinadamente comentó hace algunos días un compañero diputado, todas las violaciones a las leyes deben tener una sanción, independientemente del funcionario que las cometa.

O como también lo mencionó una compañera diputada al afirmar que el fuero se degrada, pierde su propósito y se convierte en promotor y paraguas de la impunidad cuando da licencias para tomar tribuna, para traficar influencias, para atropellar la ley, para evitar ser tratado con el mismo rasero del resto. Es decir, de millones de mexicanos.

Por ello, insisto, señores legisladores, en que el titular del Poder Ejecutivo federal debe ser responsable por violaciones graves a la Constitución, a sus leyes y a los tratados.

De tal manera que es necesario que esta soberanía retome el antiguo y republicano texto del 38 constitucional, en el que se establecía, precisamente, responsabilidad política al presidente de la República por su atentado a la libertad de sufragio y por los atentados a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.

Con base en estos antecedentes constitucionales, la reforma que aquí les propongo tiene por objeto sentar las bases para que el presidente de la República tenga la posibilidad de ser llevado a juicio político y se le asuman responsabilidades de naturaleza penal. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez,diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículos 97, 108 y 110  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un primero y un segundo párrafos y se deroga el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman los artículos 5, primer párrafo, 9, primer párrafo, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Exposición de Motivos

El artículo 108, párrafo segundo, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, es decir, aparentemente el presidente de la República sólo puede ser sujeto de responsabilidad penal, pero nunca de responsabilidad política, de tal suerte que el único procedimiento sancionatorio que se podría incoarse contra el presidente de la República es el de declaración de procedencia de juicio penal.

No obstante, el capítulo III del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en que se normalizan los procedimientos para la declaración de procedencia de juicio penal, no dispone mecanismo alguno para deducir la responsabilidad penal presidencial, en virtud de que el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solamente se refiere a la responsabilidad penal de los diputados y los senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la Republica, del procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como del consejero presidente y de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, empero jamás refiere que dichos procedimientos sean aplicables al presidente de la República, de tal suerte que aunque el artículo 108, párrafo segundo, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiera que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, este dispositivo se encuentra reducido a nulidad , pues no existe procedimiento alguno en las leyes secundarias para llevarlo a la práctica.

Así las cosas, es contra la razón y el sano juicio que aquel funcionario que constitucionalmente es el responsable de promulgar, ejecutar y hacer observar las leyes emanadas del Congreso; aquel que tiene la obligación de preservar la seguridad nacional; quien tiene a su disposición el uso legal de la fuerza a través del mando de las fuerzas armadas y la policía; quien es responsable del servicio exterior mexicano; aquel que administra los recursos financieros y la riqueza nacional y que, además, dispone una considerable suma de recursos humanos vinculados a la administración pública centralizada y paraestatal, no pueda ser sujeto de juicio político, ni de declaración de procedencia de juicio penal por los desvíos, desafecciones y hechos ilícitos que puedan sucederse en el ejercicio de sus atribuciones.

Preguntémonos qué sucedería en nuestro país si algún día el Ejecutivo federal, por alguna causa, dolosa o no, dejara de publicar una ley dictada por el Congreso; o bien, que publicándola, por negligencia, indolencia o ineptitud, no proveyera a su exacta y debida observancia. ¿Ello no sería, acaso, una clara contravención a la letra del artículo 89 de nuestra Carta Magna, que obliga al presidente a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia?

Ello implicaría también una clarísima contravención al artículo 87 de la Constitución, que a la letra reza:

“El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Republica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.”

Y bien, ¿cuál es el procedimiento que previenen nuestras leyes para que la nación pueda reclamar al presidente de la República la inobservancia o desapego a cualquiera de los preceptos de la Constitución, ya no digamos la comisión de algún delito? La respuesta es ninguno, y es que nuestro texto constitucional y las leyes secundarias no previenen procedimiento alguno que pudiera hacerse valer para desa-graviar a la nación de la actuación grotesca de un presidente de la República, ni forma alguna de precaver para que esos sucesos no se repitan en lo futuro.

Así pues, es necesario poner al día nuestra legislación, por lo que se sugiere una amplia reforma al texto constitucional para distinguir y sancionar al menos dos tipos de responsabilidad presidencial:

1. Responsabilidad penal, propiamente dicha; y

2. Responsabilidad política:

a) Violación grave a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales;

b) Violación a la libertad del sufragio.

Vayamos por partes:

1. Responsabilidad penal presidencial

En cuanto a la responsabilidad penal presidencial, considero que debe reformarse el texto constitucional en aquella parte que dice que “el presidente de la República, durante el tiempo de su por encargo  sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Ello deberá ser así,en virtud de que el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales señala como grave  el delito de traición a la patria, el cual a su vez se encuentra tipificado en los artículos 123, 124 y 125 del Código Penal Federal, por consecuencia, al ser el de traición a la patria un delito grave, el texto constitucional es inútilmente redundante.

Consideramos en consecuencia que bastará la mención de que el p residente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos dolosos del orden común calificados como graves, para que quede correctamente redactado dicho dispositivo.

En la reforma que aquí se propone, el presidente de la República seguirá siendo responsable de   delitos calificados como graves del orden común; sin embargo, considero que dicha responsabilidad deberá acotarse solamente a los delitos dolososque se indican en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales ,de tal suerte que el presidente de la República no podrá ser acusado durante su encargo por delitos que no estén específicamente señalados como graves en dicha legislación, ni por ningún delito de los llamados culposos o imprudentes, aunque sean éstos cometidos por culpa grave, pues ello implicaría una cierta vulnerabilidad de la investidura presidencial.

Ahora bien, a efecto de que la responsabilidad penal presidencial pueda ser deducida puntualmente, proponemos que los procedimientos para la declaración de procedencia que señala el capítulo III del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se hagan extensivos a la figura presidencial, ya que como atinadamente comentó un compañero diputado hace unos días: “Todas las violaciones a la ley deben tener una sanción, independientemente del funcionario que las cometa”.

Ello implicará que en el procedimiento de declaración de procedencia contra el presidente de la República intervenga únicamente la Cámara de Diputados, a quien corresponderá instruir el procedimiento respectivo, actuando como órgano instructor y de acusación, es decir, su sección instructora que descansa en la Comisión Jurisdiccional practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado.

Concluida esta averiguación, se dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado y el pleno decidirá por mayoría calificada si ha lugar o no  a la declaración de procedencia.

2. Responsabilidad política presidencial

a) Responsabilidad política presidencial por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales.

En cuanto a la responsabilidad política presidencial por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales,considero que debe  retomarse el antiguo y republicano texto del artículo 38 de la Constitución Federal de 1824  y del artículo 103 de la Constitución Federal de 1857, que prevenían la responsabilidad presidencial en caso de violación expresa a la Constitución.

En efecto, demostrado que ha sido que el presidente de la República puede, en el ejercicio de su encargo, violar impunemente la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales de que México forma parte, y que en la actualidad no existe ningún dispositivo de frenos y contrapesos que pueda  equilibrar  el ejercicio abusivo del poder, se propone una amplia reforma al texto constitucional, a efecto de crear los mecanismos necesarios para averiguar la existencia de violaciones graves a la Constitución o las leyes federales que de ella emanen,  que puedan ser imputables al presidente de la República.

Considero que en los procedimientos de averiguación respecto de la existencia de violaciones graves a la Constitución, leyes federales o tratados internacionales, deberá, indefectiblemente, intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como tribunal constitucional deberá corresponderle la incoación del procedimiento en su primera fase indagatoria, quien interpretará el espíritu de la norma que se estime violada y en función de ello determinará la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución, leyes federales o tratados, y que pudiera ser imputable al presidente de la República.

Para ello deberá dotarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los atributos competenciales necesarios a través de una adición  al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le facultará para nombrar una comisión especial compuesta por tres ministros para que averigüe y determine la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución, de las leyes federales o tratados internacionales, que pudiera ser imputable al presidente de la República, siempre y cuando lo solicite la mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

Para todos los efectos legales, se entenderá por violación grave a la Constitución, a las leyes federales o a los tratados internacionales a toda conducta u omisión dolosa del presidente de la República que vulnere la literalidad  de la Constitución, de las leyes federales que de ella emanen o de los tratados internacionales y que además quebrante en forma importante el desarrollo de la vida institucional de la nación.

Si laSuprema Corte de Justicia de la Nación llegare a determinar positivamente la existencia de una violación grave a la Constitución, a las leyes federales o tratados internacionales, que pudiera ser imputable al presidente de la República, y si dicha violación vulneró la literalidad  de la Constitución, las leyes federales o tratados internacionales, y si además, con motivo de ello se quebrantó en forma importante el desarrollo de la vida institucional de la nación, se iniciará el procedimiento de juicio político contra el presidenteen la forma en que lo previenen los capítulos II y IV del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

b) Responsabilidad política presidencial por violación a la libertad del sufragio.

En cuanto a la responsabilidad política presidencial por violación a la libertad del sufragio, considero, al igual que en el apartado anterior, que debe retomarse el antiguo y republicano texto del artículo 38 de la Constitución Federal de 1824  y del artículo 103 de la Constitución Federal de 1857 que, aparte de prevenir la responsabilidad política presidencial por violaciones graves a la Constitución, también prevenían, ambas, la responsabilidad presidencial en casos de violación a la libertad del sufragio.

Con base en estos antecedentes constitucionales, la reforma que aquí se propone tiene por objeto sentar las bases para hacer responsable de juicio político al presidente de la República por conductas u omisiones que constituyan ataques generalizados a la libertad del sufragio, haciéndose extensiva dicha responsabilidad a los casos de violación de los procedimientos y las instituciones electorales.

Por virtud de ello se propone una reforma al artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para normalizar las conductas u omisiones que pudieran reprochársele al presidente de la República mediante el juicio político, las cuales a continuación se mencionan:

I. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto que obstaculice o interfiera generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones; el escrutinio y cómputo; el traslado y entrega de los paquetes y documentación lectoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

II. Ordenar  dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero, o cualesquier otra recompensa.

III. Ordenar  dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a impedir la instalación de por lo menos el veinte por ciento de las casillas de un distrito uninominal indeterminado, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga por objeto impedir la instalación de un consejo distrital.

IV. Abstenerse por sí, o a través de sus subordinados, de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

V. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto  tendiente a obstruir generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones en perjuicio del proceso electoral.

VI. Ordenar  dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a ejercer presión sobre los electores o los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado.

VII. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a obligar a sus subordinados a emitir su voto en favor de un candidato o partido determinado.

VIII. Condicionar por sí, o a través de sus subordinados, la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio del favor de un candidato o partido determinado.

IX. Destinar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un candidato o partido determinado.

X. Impedir dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, que las autoridades electorales cumplan con las funciones que por ley les corresponden.

XI. Ordenar la emisión o difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta que concluya la jornada comicial, con excepción de la que se refiera a los servicios educativos, de salud, o bien aquélla necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

XII. Participar en actos de campaña, precampaña o actividades proselitistas con la finalidad de favorecer a un candidato o partido político

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 97, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un primero y un segundo párrafos y se deroga el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman los artículos 5, primer párrafo, 9, primer párrafo, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Primero.Se adiciona del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos dolosos del orden común calificados como graves.

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados de la república precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.

Segundo. Se reforma el artículo 110  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 110. El presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político en los siguientes casos:

I. Por violación expresa y grave a esta Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales, cuya existencia será determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para todos los efectos legales se entenderá por violación grave a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, toda conducta u omisión dolosa del presidente de la República que vulnere la literalidad de la Constitución o de las leyes federales, y que además quebrante en forma importante el desa-rrollo de la vida institucional de la nación.

II. Por ataques a la libertad electoral.

Para todos los efectos legales se entenderá por ataques a la libertad electoral:

a) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto que obstaculice o interfiera generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones; el escrutinio y cómputo; el traslado y entrega de los paquetes y documentación lectoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

b) Ordenar  dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendente a solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero, o cualesquier otra recompensa.

c) Ordenar  dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a impedir la instalación de por lo menos el veinte por ciento de las casillas de un distrito uninominal indeterminado, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga por objeto impedir la instalación de un consejo distrital.

d) Abstenerse por sí, o a través de sus subordinados, de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

e) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto  tendiente a obstruir generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones en perjuicio del proceso electoral.

f) Ordenar  dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a ejercer presión sobre los electores o los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado.

g) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a obligar a sus subordinados a emitir su voto en favor de un candidato o partido determinado.

h) Condicionar por sí, o a través de sus subordinados, la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio del favor de un candidato o partido determinado.

i) Destinar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un candidato o partido determinado.

j) Impedir dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, que las autoridades electorales cumplan con las funciones que por ley les corresponden.

k) Ordenar la emisión o difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta que concluya la jornada comicial, con excepción de la que se refiera a los servicios educativos, de salud, o bien aquélla necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

l) Participar en actos de campaña, precampaña o actividades proselitistas con la finalidad de favorecer a un candidato o partido político

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

Tercero. Se adiciona un primero, segundo y tercer párrafos, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra el presidente de la República por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará, por mayoría calificada de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder penalmente en su contra.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el individuo quedará inmediatamente separado de su encargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando haya concluido el desempeño de su empleo.

Si procesado penalmente ante las autoridades competentes resultare exonerado por cualquier causa, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Para proceder penalmente contra los diputados y los senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues ésta no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

(.... se deroga)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Cuarto. Se reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos que sus miembros o algún juez de Distrito o magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará una comisión especial compuesta por tres ministros para que averigüe y determine la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución o a las leyes federales que de ella emanen que pudiera ser imputable al presidente de la República, siempre y cuando lo solicite la mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma:

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Ministro: “Si protesto”.

Presidente: “Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande”.

Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito protestarán ante el Consejo de la Judicatura Federal o ante la autoridad que determine la ley.

Quinto. Se reforman los artículos 5, primer párrafo, 9, primer párrafo, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 5o. Serán sujetos de juicio político los servidores públicos que se mencionan en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 9o.Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia ley; por las conductas a que se refiere el artículo 110, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se trata del presidente de la República,o por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los Tribunales de Justicia locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena.

Artículo 25.Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra del presidente de la República o de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Palacio Legislativo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de septiembre de 2010.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jesús María Rodríguez Hernández, Janet Graciela González Tostado, Ana Estela Durán Rico, Hernán de Jesús Orantes López, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Clara Gómez Caro, Norma Leticia Orozco Torres, Pedro Ãvila Nevarez, José Luis Velasco Lino, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Noé Fernando Garza Flores, Melchor Sánchez de la Fuente, Sergio Lobato García, Oscar Lara Salazar, María Isabel Merlo Talavera, Malco Ramírez Martínez, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, José Alberto González Morales, Ramón Ramírez Valtierra, Leobardo Soto Martínez (rúbricas).»

La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Desde su lugar la diputada Estela Durán Rico.

La diputada Ana Estela Durán Rico(desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más consultar si el diputado Zamora acepta que me sume a su propuesta.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Claro que la acepto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha aceptado el diputado Zamora, diputada.

Y para los demás diputados que quieran hacer lo propio está abierto el registro en la Secretaría.

Antes de continuar, saludamos a alumnos y maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados del diputado Vidal Llerenas. Un saludo para todos ellos. Bienvenidos.

La iniciativa que acaba de presentar el diputado Arturo Zamora, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 254 y adiciona un 254 Quáter a la Ley Federal de Derechos.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, como todos sabemos, Pemex está sujeto a un régimen especial, está gravado con el pago de derechos por la extracción y exportación de hidrocarburos. Este pago de derechos tiene, a su vez, dos tratamientos: uno general, que es ahora el más importante y afecta el volumen de casi toda la plataforma de producción. El segundo que se refiere a determinados yacimientos, cuya explotación es incipiente o está contemplada para mediano o largo plazo, como campos marginales en proceso de abandono, Chicontepec y aguas profundas.

El propósito de esta iniciativa es liberar recursos para la inversión de Pemex y mejorar su situación financiera. El organismo está pagando derechos por arriba del monto de los excedentes económicos que genera, con un nivel de tributación excesivo aun para una petrolera. Es tan precaria su situación financiera que tiene un patrimonio negativo de más de 6 mil 500 millones de dólares. Está contablemente quebrada y para invertir debe necesariamente endeudarse cada vez más. Aunque no —y repito— no debemos analizarla como empresa privada, sólo lo planteo para resaltar las distorsiones que esto genera.

Además, la industria requiere, como pocas, de una gran inversión continua. La inversión supera a su gasto de operación y su producción se derrumbaría en poco tiempo si no invierte lo suficiente cada año.

El Presupuesto de 2010 y el solicitado para 2011 incluyen una inversión equivalente a 2 por ciento del PIB. Sin embargo, este volumen de inversión es insuficiente para enfrentar el rezago acumulado que ha llevado una disminución continúa de las reservas probadas y de la plataforma de producción.

Con el presente ritmo de explotación se tienen reservas para sostener la producción sólo por 11 años. Déjenme recalcarlo, sólo por 11 años. Esta propuesta conlleva a aprovechar para Pemex recursos del orden de los 50 mil millones de pesos, que es menos de la mitad de lo que se requiere, en su tope, evidentemente.

La propuesta se enfoca a una reforma en el derecho ordinario sobre hidrocarburos. Este derecho tendrá una base de 72.5 en el 2011 y a partir del 2012 bajará a 71.5. Originalmente la tasa se aplicaría a la base resultante de deducir una serie de conceptos al valor del petróleo crudo y el gas natural extraídos, al precio de exportación del crudo y del precio de venta del gas, respectivamente.

Sin embargo, sólo se aplica una restricción que limita el monto total de las deducciones a 6.50 dólares por barril y a 2.70 dólares por cada mil pies cúbicos de gas. El esquema fiscal referido fue diseñado en un marco de costos promedio de producción menores a los actuales. Los costos han ido creciendo porque cada vez se extrae una mezcla de petróleo relativamente más cara y porque va en descenso acelerado la producción más barata, que es la de Cantarell.

La reducción de la carga fiscal de Pemex puede hacerse disminuyendo la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos o elevando las deducciones para determinar la base gravable. Específicamente, se propone que las inversiones en exploración y en recuperación secundaria no estén consideradas dentro del tope de las deducciones límite. Esto estimularía a Pemex a dar una mayor prioridad a la exploración, que tiene rezagos importantes y a otorgarle la prelación presupuestal necesaria para garantizar la seguridad energética del país con un nivel de reservas probadas, capaz de sostener una adecuada plataforma de producción.

También, se promovería el mejor aprovechamiento de yacimientos vía la recuperación secundaria. Pemex debe incrementar su coeficiente de la recuperación de los yacimientos, lo que subiría las reservas y la estabilidad de plataforma de producción en un plazo cercano.

Para 2011 se invertirán en explotación y en recuperación secundaria del orden de los 70 mil millones de pesos. Excluir estos renglones de la deducción límite bajaría la carga fiscal en un poco más de 50 mil.

Por otro parte, se propone crear un derecho para darle cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que Pemex y sus organismos subsidiarios paguen por los servicios de supervisión y regulación que reciben de la Comisión en sus actividades de exploración y explotación de petróleo. Se trata, como lo marca la ley, de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de este importante órgano.

Sabemos que la Comisión tiene una gran carga de trabajo para dictaminar proyectos de Pemex y supervisar su desa-rrollo, así como generar la normatividad técnica de gran complejidad y requiere de la capacidad económica para contratar estudios técnicos de alta especialización, entre los que destacan los de evaluación de las reservas.

A pesar de ello, el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 2010 fue sólo de 77 millones. Con este esquema pretendemos subirlo periódicamente, en este año, a 125. Queremos hacer una carga de 0.03 por ciento sobre el valor del petróleo y en este año de 0.15 para que sea gradual.

Señores diputados, se proponen estos dos puntos en beneficio de Pemex, de México, pero sobre todo, para garantizar nuestro futuro. Es importante aumentar las reservas probadas de Pemex. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que eforma el artículo 254 y adiciona el 254 Quáter a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 254 y se adiciona el artículo 254 Quáter de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Pemex está sujeto a un régimen especial, a diferencia del conjunto de los causantes que tributan con la suma de los impuestos al ingreso y al gasto. En lo fundamental, el organismo está gravado con el pago de derechos por la extracción y exportación de hidrocarburos.

Este pago de derechos tiene a su vez dos tratamientos. Uno general, que es ahora el más importante y afecta el volumen de casi toda la plataforma de producción. El segundo se refiere a determinados yacimientos, cuya explotación es incipiente o está contemplada para el futuro, pues tendrá un desarrollo significativo a mediano o largo plazo: campos marginales abandonados o en proceso de abandono, Chicontepec y aguas profundas. Estos yacimientos tienen costos de explotación y desarrollo mucho más elevados que el resto, y por ello se busca aplicarles cargas fiscales más bajas que hagan rentable su explotación.

La presente propuesta tiene que ver con el tratamiento general, que es el que rinde la mayor parte de la recaudación.

El propósito es liberar recursos para la inversión de Pemex y mejorar su situación financiera. El organismo está pagando derechos por arriba del monto de los excedentes económicos que genera, con un nivel de tributación excesivo, aún para una petrolera. Petrobras, con quien a menudo se le compara, paga proporcionalmente la mitad de lo que paga Pemex. La empresa mexicana se ve obligada a endeudarse para cubrir parte de sus gravámenes y además no fondea su pasivo laboral, que ya es superior a su deuda documentada. Es tan precaria su situación financiera, que tiene un patrimonio negativo de más de 6,500 millones de dólares. Está contablemente quebrada y para invertir debe necesariamente endeudarse cada vez más.

Además, la industria requiere, como pocas, de una gran inversión continua. La inversión supera a su gasto de operación y su producción se derrumbaría en poco tiempo si no invierte lo suficiente cada año.

El presupuesto de 2010 y el solicitado para 2011 incluyen una inversión equivalente a 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país para cada año. Es alto pero insuficiente, por un rezago acumulado que ha llevado a una disminución continua de las reservas probadas y de la plataforma de producción, así como por inversiones insuficientes en el procesamiento de los hidrocarburos, en la infraestructura de transporte y almacenamiento, en el mantenimiento mismo y en la modernización tecnológica y en la formación de recursos humanos de alta calificación. A esto hay que agregar que para México, por razones geológicas, el acceso al petróleo es cada vez más caro.

De 2006 a 2010 las reservas probadas de petróleo bajaron de 16,469 a 13,992 millones de barriles, a pesar de que la producción disminuyó de 3.26 a 2.56 millones de barriles diarios. Con el presente ritmo de explotación, se tienen reservas para sostener la producción por once años. Aunque ha subido la restitución de reservas a partir de 2006, no se ha logrado reponer lo extraído, llegando a incorporar nuevas reservas apenas por el equivalente de 77 por ciento de lo producido el último año.

El plan de negocios de Pemex, elaborado por mandato de la reforma legislativa de 2008 y aprobado por su Consejo de Administración, considera la necesidad de aumentar el ritmo de inversión por un periodo prolongado en alrededor de 1 por ciento del PIB, en promedio anual.

Sin mayor inversión, Pemex no podrá en mediano plazo, y menos en el largo plazo, sostener la plataforma de producción; verá en poco tiempo desplomarse sus reservas probadas y no podrá cumplir sus compromisos de producción y abasto internos de combustibles y petroquímicos, amén de reducir sustancialmente su aportación a las finanzas federales y locales.

La propuesta conlleva liberar recursos del orden de los 50,000 millones de pesos, que es menos de la mitad de los que se requiere.

La propuesta se enfoca a una reforma en el derecho ordinario sobre hidrocarburos. Este derecho tendrá una tasa de 72.5 por ciento en 2011, que a partir del 2012 bajará a 71.5 por ciento. La tasa se aplica a la base resultante de deducir una serie de conceptos al valor del petróleo crudo y el gas natural extraídos, al precio de exportación del crudo y del precio de venta del gas, respectivamente.

Las deducciones mencionadas corresponden a diversos renglones de inversión, de costos y gastos de operación. No se permite deducir una serie de erogaciones. Los derechos que Pemex paga por otros conceptos se deducen, no se acreditan.

Se deducen el 100 por ciento de las inversiones en exploración, en recuperación secundaria y en mantenimiento no capitalizable; una amortización anual de 16.7 por ciento de las inversiones para desarrollo y explotación de yacimientos y otra del 5 por ciento para las inversiones de transporte y almacenamiento; los costos de explotación y los gastos de exploración y transporte; los derechos pagados por exportación y los cubiertos para investigación y fiscalización, además de una cuota de 0.50 dólares por cada millar de pies cúbicos de gas extraídos, de manera adicional al volumen de 2006.

En cambio, no se deducen los intereses, la reserva de explotación, los gastos de venta y los pagos de pensiones con cargo a la reserva laboral.

La suma de las deducciones anteriores da como saldo una base tributaria equivalente a un excedente híbrido, en relación con el valor de lo extraído; no corresponde en forma estricta a un concepto de utilidades, pero se le aproxima. Sin embargo, desde que se estableció en 2006, nunca se ha aplicado, porque se agrega una restricción que limita el monto total de las deducciones a 6.50 dólares por barril de petróleo y a 2.70 dólares por cada mil pies cúbicos de gas, sin considerar las deducciones permitidas por el pago de derechos.

Este límite en las deducciones se ha aplicado desde que se fijó, a pesar, de que en ese año los costos promedio de producción eran menores a los actuales. Estos costos además siguen creciendo, porque cada vez se extrae un petróleo más caro y porque va en descenso acelerado la producción barata de Cantarell, que en 2004 aportaba casi dos terceras partes de la plataforma y ya está por abajo del 20 por ciento.

La reducción de la carga fiscal de Pemex puede hacerse disminuyendo la tasa del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos o elevando las deducciones para determinar la base gravable. Los otros renglones de derechos son pequeños o tienen destinos específicos previstos.

Se considera que es preferible avanzar por el segundo camino, para vincular en mayor medida la tributación de Pemex a una dinámica de racionalidad económica, fijando la carga más en un concepto de excedentes, que le dé finanzas sanas e induzca a mejores estrategias operativas.

Optar por aumentar las deducciones lleva a su vez a considerar si se eleva o se modifica la deducción límite. Elevarla facilita el cálculo para asegurar un monto de reducción de la carga fiscal. Pero otra vez sería una solución provisional, que a la vuelta de pocos años habría que revisar ante la tendencia de los costos. Además, esto no tendría impacto en la estrategia y operación interna de Pemex en relación con sus obligaciones tributarias.

Por esas razones, se propone avanzar en aceptar deducciones no incluidas en el monto límite, de manera de que la Secretaría de Hacienda vaya preparándose para fiscalizar más adecuadamente a Pemex, que la empresa logre mejorar su desempeño y de irse acercando a un régimen que verdaderamente grave los excedentes de Pemex, para que tribute de manera equilibrada, aportando lo debido por la explotación de un recurso no renovable tan importante, al tiempo que llegue a tener finanzas sanas y buenas prácticas productivas.

Específicamente, se propone que las inversiones en exploración y en recuperación secundaria no estén consideradas dentro de las deducciones límite. Esto estimularía a Pemex a dar una mayor prioridad a la exploración, que tiene rezagos importantes y siempre debería tener prelación en el presupuesto, para garantizar la seguridad energética del país y el nivel necesario de reservas probadas para sostener una adecuada plataforma de producción.

También se promovería el mejor aprovechamiento de los yacimientos vía la recuperación secundaria. Pemex debe incrementar sus coeficientes de recuperación de los yacimientos, lo que subiría las reservas y la estabilidad de la plataforma de producción. La Comisión Nacional de los Hidrocarburos ya publicó sus primeros estudios sobre el tema. Las experiencias internacionales de los últimos años y el avance tecnológico en la materia hacen muy recomendable incentivar las inversiones para elevar la proporción en que se recupera el petróleo de las llamadas reservas originales.

La inversión en exploración y en recuperación secundaria ha sido del orden del 25 por ciento de la inversión total de Pemex en los últimos años. Para 2011 se destinarán a estos conceptos del orden de los 70 mil millones de pesos. Excluir estos renglones de la deducción límite bajaría la carga fiscal en poco más de 50 mil millones.

Por otra parte, se propone crear un derecho para darle contenido a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que Pemex y sus organismos subsidiarios paguen por los servicios de supervisión y regulación que reciben de la Comisión en sus actividades de exploración y explotación de petróleo y gas.

Así se proveería, de la forma en que marca la Ley, los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, a la vez que se establecería un mecanismo de financiamiento que sería el soporte económico necesario para su autonomía técnica.

Para ello, se propone adicionar el derecho para la regulación y supervisión de la industria petrolera, el cual estará a cargo de Petróleos Mexicanos y tendrá como destino cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En el marco de la reforma petrolera que llevó a cabo el Congreso de la Unión en el año de 2008, se instituyó la Comisión Nacional de Hidrocarburos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con objeto de que fuera un organismo que regulara y supervisara la exploración y extracción de los hidrocarburos.

Según se reconoció en el dictamen, no era conveniente que, como operador de las actividades que componen la industria petrolera, Petróleos Mexicanos se autorregulara. La experiencia internacional dejó muy claro que la mayoría de los países productores de petróleo cuentan con órganos técnicos especializados en la exploración y producción de hidrocarburos, con el fin de lograr una mejor gestión de los recursos petroleros.

En el referido dictamen se señaló que debido a la ausencia de regulación apropiada sobre las actividades de Pemex, existía el riesgo de no lograr la maximización de la renta petrolera. Con la estructura institucional prevaleciente en esos momentos, el Gobierno Federal no contaba con la capacidad de regular las actividades de Pemex.

Derivado de las premisas anteriores y ante el reto que representa la reducción de yacimientos de fácil acceso y a bajo costo, se hizo de especial relevancia la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En este sentido, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se constituye en el órgano técnico del Estado para apuntalar las tareas de generar una regulación adecuada y de supervisar las actividades de Pemex, buscando elevar el índice de recuperación, la obtención del volumen máximo de petróleo; reponer las reservas de hidrocarburos; proteger el medio ambiente y la sustentabilidad, así como cuidar las condiciones necesarias para la seguridad industrial, entre otras finalidades.

La propia Comisión, en su Primer Informe de Labores, señala que la nueva agenda petrolera se integra por el reto de administrar campos en declinación, desarrollar campos en tierra de elevada complejidad tecnológica como Chicontepec, así como desarrollar un amplio programa de exploración, particularmente en aguas profundas.

La ejecución exitosa de esta nueva agenda de trabajo, sin duda depende de la existencia de un órgano técnico que genere bases sólidas en materia de regulación y supervisión. A este respecto, ténganse presentes los hechos lamentables como el accidente ocurrido en octubre de 2007 en México en la plataforma marina Usumacinta y la reciente explosión de la plataforma semisumergible del pozo exploratorio en el yacimiento de Macondo en aguas territoriales de Estados Unidos de Norteamérica, mismos que fueron resultado de múltiples errores técnicos, que dejan de manifiesto la necesidad de contar con un mejor marco de regulación y supervisión.

Según lo establecen los antecedentes parlamentarios, la experiencia internacional es abundante en cuanto a la existencia de órganos reguladores y de supervisión de las actividades de exploración y explotación, así como las funciones asignadas a éstos.

Tal es el caso del Directorado del Petróleo Noruego, creado en 1972, que cuenta actualmente con un presupuesto de 60 millones de dólares para realizar tales funciones, y el de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil, creada en 1997, que tiene asignados 162 millones de dólares. El ingreso promedio de los directorados y/o agencias nacionales asciende a 114.3 millones de dólares.

El presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 2010 fue de 77 millones de pesos y no es consistente ni con sus objetivos y atribuciones, ni con la urgencia de una regulación y supervisión petroleras.

De acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, este órgano tiene entre sus funciones principales las siguientes:

• Dictaminar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos (nuevos y en curso);

• Evaluar y aprobar las reservas de hidrocarburos del país;

• Emitir la regulación del sector;

• Supervisar y sancionar incumplimientos a su regulación;

• Desarrollar el acervo estadístico del sector;

• Aportar los elementos técnicos para el diseño y la definición de la política de hidrocarburos del país, y

• Proveer el apoyo técnico que solicite la Secretaría de Energía.

La Comisión tiene una gran carga de trabajo para dictaminar proyectos y supervisar su desarrollo así como generar una normatividad técnica de gran complejidad; además debe contar con la capacidad económica para contratar estudios técnicos de alta especialización, en particular para la evaluación de las reservas del país.

Por ello se propone crear un derecho semejante al establecido en la Ley Federal de Derechos para la fiscalización de Pemex. El derecho ´propuesto tendría una tasa de 0.03 por ciento sobre el valor del petróleo y gas extraídos. Asimismo se considera necesario aplicar el gravamen con gradualidad, para dar tiempo a un aprovechamiento óptimo de los recursos, en tanto se consolida el funcionamiento de la institución. Por ello, la tasa aplicable en 2011 sería de 0.015 por ciento, con un rendimiento del orden de 125 millones de pesos.

Por lo anterior, el suscrito, diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, pone a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 254 y se adiciona el artículo 254 Quáter a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 254. ..

...

I. a VIII. ...

...

...

...

...

...

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraídos, sin considerar los señalados en la fracción I para exploración y recuperación secundaria, así como en las fracciones V, VI y VII del presente artículo, no excederá el valor de 6.50 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente del volumen total del mismo en el año de que se trate.

...

Artículo 254 Quáter. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa del 0.03% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos mensuales provisionales, dentro de los siete días hábiles después de terminado el mes de calendario correspondiente.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho, a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda.

Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el Órgano de Gobierno de la Comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.

Con la aplicación de estos derechos quedarán cubiertos los pagos por los servicios de supervisión y regulación a que se refiere el Artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El último día hábil del mes marzo de cada año la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregará a la Cámara de Diputados un reporte anual del ejercicio de su presupuesto del año anterior, así como del cumplimiento de las actividades y metas programadas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2011.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. La tasa a la que se refiere el artículo 254 Quáter para el ejercicio 2011 será de .015%.

Cuarto. El primer reporte anual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para cumplir con lo establecido en el artículo 254 Quáter se entregará en el mes de marzo de 2012.

Diputados: Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, José Luis Velasco Lino, César Francisco Burelo Burelo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Ruiz de Teresa. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE EDUCACION - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada María Joann Novoa Mossberger ha entregado a esta Mesa Directiva, ha hecho llegar a esta Mesa tres iniciativas que tiene a bien la señora diputada exponer en una sola intervención, generosidad que esta Mesa Directiva le agradece.

Por tanto, se concede el turno de la palabra a la diputada Joann Novoa Mossberger, que presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación. Asimismo, iniciativa que reforma el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales e iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud. Tiene la palabra la diputada Novoa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger:Gracias, presidente. Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la primera de las iniciativas que estoy poniendo a su consideración adiciona un párrafo segundo al artículo 42 de la Ley General de Educación, la cual tiene como objetivo que los educadores de las escuelas denuncien sobre la violencia ejercida entre menores.

Uno de los problemas en el entorno del menor es la violencia escolar que se ha extendido entre los estudiantes. Ello como respuesta a los problemas de convivencia, tanto dentro del hogar, del entorno social y de la violencia reflejada por los medios masivos de comunicación.

Si bien es cierto que la violencia escolar es un problema cada vez más reconocido en la escuela, con frecuencia en primarias, en secundarias, siendo desde agresores, víctimas u observadores, afectando de manera sustancial el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes, ésta puede manifestarse a través de la violencia física, verbal y psicológica.

Estos tipos de violencia se manifiestan en mayor o menor medida en la escuela, por lo que se requiere de la participación de los profesores para que den parte a las autoridades.

Por lo anterior, se propone realizar modificaciones a nuestra ley con el fin de adoptar medidas para velar por la dignidad humana de los niños y las niñas dentro de las escuelas, quedando el párrafo que se adiciona de la siguiente manera: los educadores que detecten lesiones que permitan presumir que se ha ejercido violencia física en contra de un menor u obtengan información de que es sometido a violencia psicológica o acoso, se auxiliarán con las autoridades educativas, a fin de dar parte a la autoridad competente.

La siguiente iniciativa reforma el numeral 5 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El objeto de la presente iniciativa es el de permitir la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de consejeros y consejeras del Instituto Federal Electoral.

Actualmente, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cuenta con ocho consejeros electorales y un consejero presidente en el IFE, de los cuales ocho son hombres y sólo una mujer, lo que genera una disparidad, siendo esta representación, casi en su totalidad, de un solo género.

En las pasadas elecciones que se efectuaron en el 2008, en el proceso de selección se registraron 115 aspirantes a consejeros del Instituto Federal Electoral, en el que sólo 75 personas pasaron a la etapa de entrevistas y 34 fueron los finalistas, distribuyéndose de la siguiente manera: 13 mujeres y 21 hombres, por lo que finalmente terminaron seleccionando a tres hombres consejeros, no considerando para el cargo a alguna mujer.

Actualmente el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales menciona, en su párrafo quinto, que los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

Por lo cual propongo que en cumplimiento a la equidad de género se adicione el siguiente párrafo que a la letra dice: Las propuestas que formulen los grupos parlamentarios deberán integrarse de tal forma que procuren la participación equilibrada entre mujeres y hombres como consejeros electorales.

La tercera de las iniciativas, y última, reforma la fracción del artículo 2o. y adiciona la fracción IX del artículo 6o. de la Ley General de Salud.

El objetivo de la presente iniciativa es incorporar la equidad de género en la atención de la salud. Además, propone contar con un sistema de información de salud con enfoque de género.

Por lo anterior, se propone adicionar la palabra mujeres al artículo 2o. de la Ley General de Salud. Asimismo, se adiciona la fracción IX del artículo 6o. a la Ley General de Salud para contar con un sistema de información con enfoque de género.

Por obviedad de tiempo y por estar publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia que el texto íntegro de cada una de las iniciativas se inserte en el Diario de los Debates de la sesión del día de hoy. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Joann Novoa Mossberger, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en las facultades que confieren la Constitución Política, en el artículo 71, fracción II, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, con la siguiente

Exposición de Motivos

I. La educación es un instrumento valioso, es un motor de desarrollo que permite a las naciones los niveles más altos de productividad, crecimiento, cultura y calidad de vida. Además, cuando se encuentra impregnada de valores humanos favorece a sociedades proclives a una integración armónica y participativa. Por ello deben desarrollarse dentro de un ambiente óptimo donde el educando pueda captar los contenidos, hacer crecer sus virtudes y en general forjarse los valores familiares y humanos que lo hará un ciudadano honrado, justo y trabajador. Los educadores, el personal docente y en general todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desempeñan un papel preponderante en la formación del niño, por ello, deben estar atentos para prevenir y atender cualquier abuso del que pudieran ser objeto.

II. Hay instrumentos internacionales que protegen a la infancia, como la Convención de los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, ratificada y aprobada por México el 19 de junio de 1990, que entró en vigor el 21 de octubre de 1990. Obliga a los Estados a armonizar sus normas legales con los principios y las disposiciones de este tratado internacional. Señala:

Artículo 19

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

En este numeral vemos el compromiso que tenemos como nación de realizar todas las acciones necesarias para proteger a la niñez en su dignidad e integridad física. En la escuela pasan gran parte de su día, y ahí debemos tener especial cuidado. Es necesario que todo el personal escolar esté en alerta y con la capacidad de detectar abusos contra los menores a las autoridades competentes.

Más aún, el artículo 28, arábigo 2, del mismo documento señala:

2. Los Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención.

...

En este caso se consagra el derecho a la educación de la infancia, relacionando directamente con el 19 del mismo ordenamiento, destacando que se tiene que proteger a los menores en todos los espacios y es crucial que cuando se detecte un abuso, se denuncie a tiempo. Es prioritario salvaguardar los derechos de los menores, tal como lo menciona la convención y lo reconocen la Constitución y su ley secundaria.

III. Con la entrada en vigor de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en mayo de 2000, el Estado se comprometió a proteger a niños y niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o la niña en cuestión se encuentra bajo custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo, siendo parte del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México, emitido por la Secretaría de Educación Pública, nos permite conocer algunos datos acerca de la composición familiar, en que se encuentran la gran mayoría de niños y niñas de cuarto y quinto de primaria, mencionan que viven con ambos padres, mientras que 2.6 por ciento no vive con ninguno de los dos. De los que viven únicamente con alguno de ellos, 90.7 por ciento menciona que es con su mamá en contraste con 9.27 por ciento que vive sólo con su papá.

Un estudio realizado en Botswana señala que 25 por ciento de los niños reportó vivir sólo con la madre, 4 por ciento sólo con el padre, 4 por ciento con familias recompuestas y 4 por ciento en familias extensas. Sin embargo, no se encontró que la estructura familiar tuviera una fuerte correlación con los comportamientos agresivos. Resultó más predictora de la violencia la falta de supervisión de los padres o la mala relación con el entorno familiar que la composición de la familia.

IV. Por consiguiente, uno de los problemas en el entorno del menor es la violencia escolar que se ha extendido entre los estudiantes, como respuesta a los problemas de convivencia tanto dentro del hogar, del entorno social y de la violencia reflejada por todos los medios masivos.

Si bien la violencia escolar es un problema cada vez más reconocido en la escuela, con mayor frecuencia en primaria y secundaria, siendo desde agresores, víctimas u observadores, afectando de manera sustancial el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. Esta puede manifestarse a través de la violencia física, verbal, psicológica y simbólica (de forma indirecta). Estos tipos de violencia se manifiestan en mayor o menor medida en la escuela.

La violencia es una conducta que hace uso de medios coercitivos con la finalidad de dañar a otros y satisfacer los intereses del agresor, por un lado tenemos la conductual; es decir, la no planeada o reactiva y la otra la intencional, deliberada o premeditada. Las distintas formas de violencia, trasforman a los niños de manera directa e indirecta. De manera directa se entiende todo tipo de violencia y maltrato infantil que haga de ellos su objetivo, como son los golpes, castigos, amenazas, insultos, descuido, entre otros; por afectación indirecta se entienden las consecuencias que tiene para el desarrollo integral de niñas y niños al ser testigos de la violencia que hay en su hogar o en su entorno o finalmente siendo parte de ella.

Cuando los niños son expuestos a la violencia desde temprana edad, ya sea en forma constante o temporal, se afectan sus capacidades cognoscitivas, emocionales y sociales. Según sea el caso, pueden manifestar síntomas psicosomáticos, estados depresivos y psicóticos.

Por ello, la violencia contra los niños y los adolescentes se relaciona con el grado de violencia social, política y económica. Por eso, en nuestro contexto social hace que se reproduzca en distintos lugares, como el escolar.

La violencia es un conjunto de mecanismos que operan en distintos niveles, que se retroalimentan y dinamizan entre sí, y tienen lugar en distintos ámbitos, con distintas manifestaciones y grados de intensidad.

Nuestro país en su búsqueda y preocupación por una mejora educativa, se debe regular el ejercicio de los docentes en el centro escolar, ya que al tener un contacto continuo con el alumnado es de saber si existe algún tipo de violencia, entre grupos escolares, siendo observadores de la violencia que se genera en la familia o como lo es el bullying (“intimidación”), donde los actores y las víctimas son los propios alumnos.

En un comunicado que emitió en mayo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que uno de cada cuatro jóvenes sufre violencia escolar. Indica que “en la escuela 44.6 por ciento de los hombres y 26.2 por ciento de las mujeres han insultado a alguien, en tanto que 6.6 de las mujeres y 14.9 de los hombres han golpeado en alguna ocasión a sus compañeros”.

Algunas de las estrategias, con las que se pretende acentuar el apoyo a las niñas, niños y adolescentes al desenvolverse en el aula, es a través de acciones positivas como lo es el manejo de expresiones, sentimientos y emociones para mejorar su convivencia social, ya que sus comportamientos ofrecen muchos indicios que revelan su situación.

Muchas veces, el personal docente está mas preocupado por la indisciplina o la violencia física, suponiendo que no es trascendente, y así se pierde la oportunidad de detectar la violencia encubierta, que además se complica aliándose.

Señalando algunos de los indicadores de conducta que se identifican en el centro escolar serían las ausencias reiteradas a clase, un bajo rendimiento escolar y dificultad para concentrarse, búsqueda afectuosa con los maestros, docilidad excesiva o en su caso, al tener una actitud agresiva o defensiva, por lo que algunas de las consecuencias que se obtiene es que los mismos recurren a la misma violencia y llegan a volverse infractores.

Una forma de detener el maltrato infantil es auxiliarse de las autoridades competentes para proteger el interés superior de la infancia, como establece en el artículo 11, la Ley General de Educación:

Artículo 11.La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia ley establece.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por

I.Autoridad educativa federal, o secretaría: la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal;

II.Autoridad educativa local: el Ejecutivo de cada uno de los estados de la federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa; y

III.Autoridad educativa municipal: el ayuntamiento de cada municipio.

...

...

Por lo anterior, es necesario que el factor autoridad se encuentre presente, así como toda la comunidad escolar, y coadyuven en la integración de una sociedad participativa sin dejar a un lado los valores cívicos y morales.

Los educadores se encuentran en constante trato con los educandos y conviven un tiempo prolongado, formando parte importante en sus vidas, con lo que se les facilidad el detectar si hay algún tipo de violencia.

Quienes trabajan en instituciones educativas deben estar comprometidos en resolver un número creciente de situaciones de disputa entre alumnos, aunque en algunas de ellas por ser tan reiteradas parecen imposibles de resolver.

Nuestro objetivo como legisladores es el mejorar sus condiciones de vida, no sólo dependiendo de las autoridades sino de la sociedad en sí, sobre el maltrato infantil, y se pueda impulsar un sistema educativo que garantice la probidad de niños y de adolescentes.

En vista de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 42 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 42 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

Los educadores que detecten lesiones que permitan presumir que se ha ejercido violencia física en contra de un menor u obtenga información de que es sometido a violencia psicológica o acoso, se auxiliarán de las autoridades educativas a fin de dar parte a la autoridad competente;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: María Joann Novoa Mossberger, Liev Vladimir Ramos Cárdenas,  (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, muy agradecidos por su amabilidad al unir sus intervenciones y tal y como usted pide, se consignarán íntegras en el Diario de los Debates, y se turnan a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La diputada María Joann Novoa Mossberger:

«Iniciativa que reforma el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional perteneciente a la LXI Legislatura, con fundamento en las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 71, fracción II; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto con la siguiente

Exposición de Motivos

La equidad de género es un principio elemental de la democracia; sin la participación equilibrada de hombres y mujeres en la vida pública del país, la transición política y la madurez social no seria posible, de ahí la importancia de que exista en todos los espacios de representación, política, ciudadana y social. Debemos reconocer que desde la aprobación del voto femenino en la década de los cincuenta a la actualidad, existen en  México avances importantes en este rubro, sin embargo es evidente que aun falta mucho trabajo por realizar, existiendo aun inequidades de género.

Con base en estudios realizados en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, nuestro país cuenta con una población de 103.2 millones de personas, donde poco más de la mitad son mujeres, reflejándose dicha cantidad en la proporción de representatividad.

Es en el estudio sobre el índice de disparidad entre géneros a nivel internacional, realizado por el Foro Económico Mundial de 2009, en donde se coloca nuestro país en el lugar 99 de ese año, desde la posición 97 que ocupó en el 2008. Este último sitúa a México por debajo de países asiáticos y africanos como Kenia, Mauricio, Zimbawe, Brunei y algunos países sudamericanos como Bolivia, Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile, Honduras, entre otros.

Asimismo nuestro país destaca en algunos rubros, colocándose, por ejemplo, en las posiciones 114, 90, 65 y 1, en los temas de economía, educación, acceso al poder y salud, respectivamente; así también, el gobierno federal resalta la importancia de la igualdad de género en  el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que a la letra dice:

El gobierno de la república se compromete a promover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad. Este último tipo de acciones se llevan a cabo para promover la igualdad que actualmente no existe en México. Asimismo, el gobierno participa activamente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas.

Si bien es cierto, en México las cuotas electorales de género se han establecido en algunos códigos electorales de las entidades federativas; y a nivel federal en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Concretamente se hacen valer en los artículos 4 párrafo primero del capítulo primero, “De los Derechos y Obligaciones”; en el artículo 38, párrafo 19, dentro del capítulo cuarto, “De las Obligaciones de los Partidos Políticos”; además en el artículo 218, párrafo tercero, y 219, párrafo primero, capítulo segundo, “Del Procedimiento del Registro de Candidatos” del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe):

Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Artículo 38

19. Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Artículo 218

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Aunado a lo anterior, desde 1996 el Cofipe promueve el liderazgo femenino en los partidos políticos y en los procesos electorales federales.

Como antecedente tenemos que el 22 de agosto de 1996 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, entre ellos el artículo 41, fracción III, el cual determinaba la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, actualmente se encuentra establecido en la fracción V del mismo artículo, integrada por un consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del IFE. Donde los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras.

Los consejeros electorales serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que sean las disposiciones de la Ley Reglamentaria las que establezcan las reglas y los procedimientos para tal efecto.

Los consejeros electorales son quienes verifican el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución de los partidos políticos como lo establece el Cofipe. Es de mencionar que en las pasadas elecciones que se efectuaron en 2008, en el proceso de selección se registraron 115 aspirantes a consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), en el que sólo 75 personas pasaron a la etapa de entrevistas y 34 fueron los finalistas distribuyéndose de la siguiente manera: 13 mujeres y 21 hombres. Por lo que finalmente terminaron seleccionando 3 hombres, no considerando para el cargo a alguna mujer.

Actualmente, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, se cuenta con 8 consejeros electorales y un consejero presidente en el IFE, de los cuales 8 son hombres y sólo 1 es mujer, lo que genera una disparidad, ya que son casi en su totalidad de un solo género.

Por lo que el objeto de la presente iniciativa es permitir la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de consejeros y consejeras, ya que es un derecho de las mujeres a ser partícipes en la política por ser un menester básico para el desarrollo equilibrado de la democracia.

En vista de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el numeral 5 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el numeral 5 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 110

1.a 4. ...

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. Las propuestas que formulen los grupos parlamentarios deberán integrarse de tal forma que garanticen la participación equilibrada entre mujeres y hombres como consejeros electorales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: María Joann Novoa Mossberger, Liev Vladimir Ramos Cárdenas,  (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación.

La diputada María Joann Novoa Mossberger:

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 71, fracción II, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto con la siguiente

Exposición de Motivos

La igualdad no es una cualidad de una persona, sino que es una relación que se da entre mujeres y hombres. Tenemos la labor de legislar por el principio de igualdad para no afectar a las personas que se encuentren en alguna situación  o circunstancias desiguales, ya que es un principio rector para una sociedad sin discriminación. Uno de los factores importantes en estos tiempos es la salud, para hombres y mujeres, ya que se han incrementado los índices de mujeres que no se atienden a tiempo o solo no tienen la accesibilidad para el servicio.

Garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre y en condiciones de salud, por consiguiente es trabajo de la sociedad en común. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la no discriminación en diversos factores señalando lo siguiente:

“Artículo 1o....

”...

”Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. Trabajo por el cual, se ha ido manifestando en varias declaraciones y convenciones, como lo es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Convención se centra en tres cuestiones tales como: la situación de la mujer (derechos civiles, condición jurídica y social de la mujer); la reproducción humana y las consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los sexos.

Nuestra legislación cuenta con, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, que nos dice:

“Artículo 4.-Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.”

Atendiendo a esto, la ley transcribe lo que se establece en el artículo 1o. constitucional.

Cabe resaltar que en México destaca en su informe anual de rendición de cuentas en salud, la situación que guardan los compromisos establecidos en el programa sectorial de salud derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal.

Los cinco objetivos básicos que  se incluyen son: mejorar las condiciones de salud de la población; focalizar acciones para reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; prestar servicios de salud con calidad y seguridad; evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.

Por esto, a nivel Federal se aspira a tener metas centradas en la equidad, eficiencia, efectividad, sustentabilidad participación social y calidad en los sistemas y servicios de salud.

Por ello, la equidad de género debe ir orientada a la desa-parición de disparidades entre mujeres y hombres, teniendo las mismas oportunidades en las condiciones de vida y servicios.

En materia de salud, se han tenido grandes avances, ya que de acuerdo con la tasa global de fecundidad, las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) tenían un promedio de seis hijos hasta la segunda mitad de la década de los años setenta, mientras que dicho número disminuyó entre 1987 y 2009 al pasar de 3.8 a 2.1 hijos, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los riesgos y las oportunidades para gozar de la salud, las mujeres se enfrentan a un conjunto específico de riesgos más que los hombres. Es decir, a una mala nutrición, educación, empleo e ingresos que significa que las mujeres poseen menos oportunidad de acceso a recursos materiales que les permitan obtener los servicios de protección a la salud.

Por otro lado, la perspectiva vigente de la salud nos permite ver la vulnerabilidad de la población ante la enfermedad y en el goce de los servicios. Aun cuando el gobierno federal, ha trabajado arduamente en el tema de la prevención, sigue existiendo un crecimiento cada vez más evidente de enfermedades crónico-degenerativas como son:

• Las enfermedades del corazón.

• Los tumores malignos.

• La diabetes mellitus.

• Las enfermedades cerebro vasculares, entre otras.

Tenemos que en el caso de los cánceres propios de la mujer, el aumento de la mortalidad femenina durante la edad adulta se cuenta con muy poca accesibilidad a la tecnología médica de detección temprana y de tratamiento en sus etapas iniciales, aun cuando los esfuerzos han son visibles.

También tenemos un aumento alarmante en los desórdenes alimentarios asociados con ideales culturales de peso e imagen corporal, específicamente durante la juventud en un porcentaje muy alto en las mujeres.

Aunado a lo anterior es necesario contar con un sistema de información de salud con enfoque de género, a fin de contar con datos precisos, especialmente entre los responsables de la elaboración de políticas públicas, así como el apoyo decidido de todos y la permanente capacitación de los recursos humanos especializados en el análisis de la desigualdad de género.

Por lo que, debemos considerar a la equidad como un componente en la interacción de los problemas en la salud, a fin de brindar un trato digno y oportuno. Incluyendo una evaluación y control en las políticas, programas y planes de acción en todos los órdenes de gobierno, para igualar las oportunidades de hombres y mujeres en el acceso y el cuidado de su salud.

En vista de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que se reforma la fracción I del artículo 2o., de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 2 y se adiciona la fracción IX del artículo 6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 2o. ...

I. El bienestar físico y mental de mujeres y hombres,para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

Artículo 6o.El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. a VIII. ...

IX. Contar con un sistema e información de salud con enfoque de género.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre del 2010.— Diputados: María Joann Novoa Mossberger, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se turna a la Comisión de Salud.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano solicitó la posposición de la iniciativa que presentaría el día de hoy para reformar el artículo 22 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede la palabra al diputado Jorge Venustiano González Ilescas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el capítulo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, considerando que en el año 2010 la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 100 millones de pesos para el programa Fondo de Apoyo a Migrantes, correspondiente al Ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”. Dicho fondo resultó a todas luces insuficiente, por lo que solicito que el pleno de esta honorable Cámara de Diputados autorice en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a la Unidad de  Políticas y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar apoyos económicos del Ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, de la subfunción “Desarrollo regional”, para la creación del programa de Atención Humanitaria a los Migrantes y Transmigrantes.

Para ello se deberá incrementar el gasto para el Ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas” a 300 millones de pesos, tal como se autorizó en el año 2009 para el programa Fondo de Apoyo a Migrantes.

Las razones.

Tomando en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o. garantías para todos los individuos, protegiendo la no discriminación por cualquier motivo dentro de nuestro territorio nacional. Dicho artículo protege no solamente a los connacionales sino también a quienes se encuentren dentro de nuestro territorio nacional. Sería el caso de los migrantes y transmigrantes, quienes no deben ser discriminados ni menoscabados en sus garantías fundamentales y en su trato humanitario.

Con esto podemos expresar que los migrantes y transmigrantes que se encuentren dentro del territorio nacional no podrán ser discriminados ni menoscabados en sus derechos y garantías fundamentales que la Constitución General de la República les concede. Caso contrario, poder otorgarles todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente iniciativa, señoras diputadas y señores diputados, tiene como objeto establecer un fondo denominado programa de Atención Humanitaria a Migrantes y Transmigrantes, con el fin de poder otorgar garantías, trato humanitario y digno a quienes se encuentren dentro de nuestro territorio nacional.

En este programa se deberá establecer la protección complementaria a los migrantes y transmigrantes. Para ello, se deberá realizar un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para la creación de grupos especializados de protección a migrantes y transmigrantes, a efecto de evitar prácticas discriminatorias que atenten contra la integridad físico-emocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que entren o salgan de nuestro país, respetando plenamente sus derechos humanos sin discriminación y que se dé atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidades o adultos mayores.

Estos grupos tendrán la misión de trabajar por la defensa y salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes, otorgándoles auxilio y protección en situaciones de riesgo, intentos de abuso por parte de autoridades y/o miembros de organizaciones delictivas que actúen en contra de ellos o de sus derechos.

Esta iniciativa tiene además como objeto regular el otorgamiento de apoyos económicos a los municipios que se encuentren dentro de las entidades federativas denominadas corredor de migrantes: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, para que se creen centros de atención humanitaria para los migrantes y transmigrantes.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el asunto de los migrantes y transmigrantes es un tema que requiere la mayor de nuestras atenciones. Los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas en nuestro país no solamente nos muestran en el extranjero como un país que no atiende la obligación de dar trato humanitario a quienes transitan por nuestro país. Esto por desgracia ha lastimado la imagen y las relaciones de nuestro país en el extranjero, sobre todo con los países de nuestros hermanos centroamericanos y algunos sudamericanos.

Frente a un gobierno omiso, frente a un gobierno más discursivo y retórico que al día de hoy, a 15, 20 días de la renuncia de la encargada de la Dirección de Migración no ha nombrado sustituto y frente a un discurso solamente declarativo del gobierno debemos actuar los diputados en consecuencia.

Los invito para que asumamos nuestra responsabilidad y propongamos lo necesario para darle atención necesaria a los migrantes y transmigrantes.

Agradezco mucho la presencia de representantes de las embajadas de El Salvador, de Panamá y de Nicaragua, que el día de hoy nos acompañan preocupados por la atención que daremos a este asunto. Y también la presencia de miembros del Sindicato de Trabajadores de Gobernación que tiene que ver con el tema de migración. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el capítulo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, presentada por el diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 30 de septiembre de 2010

El que suscribe, Jorge González Ilescas, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se incorpora al capítulo de transitorios del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incrementar el gasto para el ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, a 300 millones de pesos para crear el programa de atención humanitaria a los migrantes y transmigrantes.

Considerando

Que en 2010 la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 100 millones de pesos para el programa Fondo de Apoyo a Migrantes, correspondiente al ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”.

Y que dicho fondo resultó a todas luces insuficiente, solicito que el pleno de la Cámara de Diputados autorice en el decreto de Egresos de la Federación de 2011 a la Unidad de Políticas y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de otorgar apoyos económicos del ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, de la subfunción “Desarrollo regional”, para crear el programa de atención humanitaria a los migrantes y transmigrantes.

Para ello se deberá incrementar el gasto para al ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, a 300 millones de pesos, como se autorizó en 2009 para el Programa Fondo de Apoyo a Migrantes.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o. garantías para todos los individuos, protegiendo la no discriminación por cualquier motivo en el territorio nacional.

Dicho artículo protege no sólo a los connacionales sino, también, a quienes se encuentren en el territorio nacional. Sería el caso de los migrantes y los transmigrantes, quienes no deberán ser discriminados ni menoscabados en sus garantías fundamentales y en su trato humanitario.

Los migrantes y los transmigrantes que se encuentren en el territorio nacional no podrán ser discriminados ni menoscabados en sus derechos y garantías fundamentales que la Constitución General de la República les concede; caso contrario, poder otorgarles todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente iniciativa tiene como objeto establecer el fondo programa de atención humanitaria a migrantes y transmigrantes a fin de poder otorgar garantías, trato humanitario y digno a quienes se encuentren en el territorio nacional.

En este programa se deberá establecer la protección complementaria de los migrantes y los transmigrantes. Para ello se deberá realizar un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para la creación de grupos especializados de protección a los migrantes y transmigrantes a efecto de evitar prácticas discriminatorias que atenten contra la integridad física o emocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y los transmigrantes que entren en el país o salgan de él, respetando plenamente sus derechos humanos, sin discriminación, y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Estos grupos tendrán la misión de trabajar por la defensa y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes, otorgándoles auxilio y protección en situaciones de riesgo, intentos de abuso por parte de autoridades o miembros de alguna banda de trata de personas o de delincuencia organizada.

Los grupos referidos deberán actuar prioritariamente en los lugares de mayor tránsito de migrantes y transmigrantes, así como contar con una adecuada preparación y recursos necesarios para realizar dicha tarea.

La iniciativa tiene por objeto, además, regular el otorgamiento de apoyos económicos a los municipios de las entidades federativas denominadas “corredor de migrantes” (Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas) para crear centros de atención humanitaria para los migrantes y transmigrantes.

Con esos recursos se pretende mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria en general, con base en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, así como generar un mecanismo que permita compartir las responsabilidades de esta problemática, y contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar dicho fin, todo esto se podría concretar a través del programa de atención humanitaria a los migrantes y transmigrantes, y con la implantación de estaciones migratorias capaces de otorgar ayuda humanitaria y trato digno.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea para que dicha iniciativa sea considerada de urgente y pronta resolución, y sea incorporada al capítulo de transitorios del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, donde se deberá establecer un acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo federal y los municipios de las entidades federativas denominadas “corredor de migrantes (Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas), al inicio del próximo año fiscal para la creación del fondo programa de atención humanitaria a migrantes y transmigrantes, de acuerdo con las disposiciones que deberá emitir la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que se encargará de otorgar apoyos económicos del programa Fondo de Apoyo a Migrantes, perteneciente al ramo general 23 “Provisiones salariales y económicas”.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea lo siguiente:

Único. iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la incorporación al capítulo de transitorios del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 incrementar el gasto para al ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, a 300 millones de pesos para la creación del programa de atención humanitaria a migrantes y transmigrantes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: Jorge Venustiano González Ilescas, Emilio Serrano Jiménez, Noé Fernando Garza Flores, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Rubén Ignacio Moreira Valdez, José Antonio Yglesias Arreola, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Janet Graciela González Tostado, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señoras diputadas y señores diputados, se turna esta iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Moreira, dígame.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez(desde la curul): Presidente, si le puede preguntar al promovente si me puedo suscribir a su iniciativa.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha manifestado su anuencia el señor diputado, puede usted pasar a la Secretaría a firmarlo.

Señoras diputados y señores diputados, les informo que se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:De la Junta de Coordinación...

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, secretaria. Vamos a entrar al tema de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo, que es el siguiente punto del orden del día.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se autoriza. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de conservación y avistamiento sustentable de tiburón toro en las costas de Quintana Roo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1927, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con el gobierno del Estado de Quintana Roo, implemente un programa de acción para la conservación y manejo de la especie Carcharhinus leucas, conocida como tiburón toro, como un recurso natural de aprovechamiento turístico en las costas de dicho estado, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo a con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 20 de abril del 2010, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan Carlos Manuel Joaquín González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo, implemente un programa de acción para la conservación y manejo de la especie Carcharhinus leucas, conocida como tiburón toro, como un recurso natural de aprovechamiento turístico en las costas de dicho estado.

Segundo. Con esta misma fecha, dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El diputado promovente refiere en su punto de acuerdo que desde finales de los años setentas se empezó a avistar en las cercanías de Playa del Carmen el tiburón conocido como Tiburón Toro. Anteriormente se les podía ver en áreas superficiales y a escasos metros de la playa, sin embargo, debido al uso irracional de esta especie y la sobrepesca, la población de tiburones ya no se puede observar cerca de las playas sino mar más adentro. En el mismo sentido, refiere que esta especie debería ser aprovechada de forma ecoturística, no extractiva, como se hace con otras especies, lo cual arrojaría recursos económicos a la población de Playa del Carmen.

Por lo anterior, el diputado promovente sugiere el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo implemente un programa de acción para la conservación y manejo de la especie Carcharhinus leucas conocida como tiburón toro, como un recurso natural de aprovechamiento turístico en las costas del estado.

Al tenor de lo expuesto por el diputado Joaquín González, esta comisión se ha abocado a estudiar los factores ecológicos y jurídicos pertinentes.

Se coincide plenamente con lo manifestado por el promovente en el sentido de que, de acuerdo a los registros esta especie de tiburón emigra al área de Playa del Carmen, Quintana Roo en los meses de noviembre a marzo cuando las aguas descienden a la temperatura de 26° centígrados, y los vientos predominantes son del norte y noreste. Diversos estudios indican que su travesía se debe a la búsqueda de cardúmenes de pez coronado que es de lo que generalmente se alimentan.

Se llegan a apreciar entre 12 y 24 de estos especímenes de diferentes tamaños siendo el más pequeño de 1.20 metros y el más grande de 2.5 metros. Todas hembras y en su mayoría embarazadas, las cuales se trasladan a aguas someras como la Bahía de Ascensión y la Bahía del Espíritu Santo (Reserva del Siaan-kaan) al sur de Tulum, para ahí completar su ciclo de reproducción.

En Playa del Carmen, de acuerdo a lo expuesto por el diputado promovente, se ha detectado que en una zona se lleva a cabo la observación de esta especie, las coordenadas del punto de inmersión son: N 20° 37.346’ W 087° 03.725 el sitio se encuentra a los 24 metros de profundidad en un arenal donde la corriente es leve y no existen corales, circunstancias que propician las condiciones optimas para la actividad de buceo de observación. Diversos estudios refieren que durante 4 años al menos 6 de los tiburones han estado viniendo a estas aéreas todos los años, algunos los hemos visto un par de años y no han regresado, algunos de otros con anzuelos.

El tiburón toro es una especie de la familia Carcharinidae, eslasmobranquios, lo que significa que su esqueleto no es óseo, sino cartilaginoso. Su distribución es cosmopolita, y tiende a vivir cercanos a las áreas costeras, es decir, no se les encuentra en mares profundos. Se encuentra en el tope de la escala alimentaria y es depredador natural de todo tipo de animal, lo cual muestra su eficiencia. Debido a sus hábitos costeros y características especiales, es la única especie que puede remontar río arriba.

El estatus de protección de esta especie, de acuerdo a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza es de “casi amenazado”, lo cual significa que si no se toman medidas para su conservación se encontrará amenazado en pocos años. Un taxón está “casi amenazado” cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para “en peligro crítico”, “en peligro vulnerable”; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Sin embargo, en la legislación mexicana no se encuentra catalogado en ningún estatus de riesgo, por lo que no se puede contemplar bajo los criterios de la Ley General de Vida Silvestre, que se ocupa de las especies acuáticas, en riesgo.

Si bien la Ley General de Vida Silvestre tutela a las especies terrestres y acuáticas, esto sólo sucede cuando las especies acuáticas se encuentran en alguna categoría de riesgo. Esto se expresa en el segundo párrafo del artículo 1o. que a la letra dice:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción.

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

Este tipo de pez se tutela bajo los principios de la Ley General de Pesca y Acuacultura, es decir, de aprovechamiento y por tanto, no existe ningún tipo de protección, en el sentido de no aprovechamiento. Tal es señalado por su artículo primero, a la letra:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, “Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento”, publicada en 2006, y que entró en vigor en mayo del 2007, no contempla bajo protección a esta especie, sólo a los tiburón ballena ( Rhincodon typus), el tiburón peregrino ( Cetorhinus maximus), el tiburón blanco ( Carcharodon carcharias) y, el tiburón sierra ( Pristiophorus schroederi).

Lo anterior representa que el tiburón toro no cuenta con medidas legales de protección bajo la legislación mexicana.

Sin embargo esta comisión dictaminadora coincide plenamente con lo expuesto por el diputado promovente en el sentido de que en Playa del Carmen una de las actividades más apreciadas por los turistas es el avistamiento e incluso, el buceo con tiburones, lo cual representa un plus turístico y una fuente de divisas.

Coincidiendo aún más, esta comisión considera que ya que en áreas cercanas del sitio referido existen programas de avistamiento de tiburón ballena, como en la isla de Holbox y en Isla Mujeres, en las que se promueve un turismo sustentable basándose en la observación y buceo con estos animales.

En el mismo sentido, es preciso señalar que México es reconocido por su alto grado de biodiversidad marina y los proyectos de avistamiento, como son en el norte de la república, en donde en el periodo en el que pueden observarse la ballena gris, ballena azul y ballena jorobada, desde el Pacífico norte, el Golfo de California, y hasta Puerto Vallarta, arroja un ingreso a las poblaciones locales y se fomenta a su vez, la conservación de las especies.

En el entendido de que el tiburón toro no se encuentra protegido por la Ley General de Vida Silvestre, ni por la NOM 029, se hace necesario implementar programas en la zona del Caribe mexicano, como es el área de Playa del Carmen, a través de los cuales se instrumenten acciones de conservación con el fin de preservar el tiburón toro más para su aprovechamiento no extractivo, que el de mera pesca, y así favorecer su reproducción, y evitar que se acerque a límites de extinción.

Por otra parte, se coincide con el promovente en la promoción del avistamiento y actividades eco turísticas del tiburón toro ( Carcharinuis leucas), a favor de la propia especie, y de los habitantes de la zona de Playa del Carmen, y zonas aledañas en las costas del Caribe de Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el estado de Quintana Roo, implemente un programa de conservación de tiburón toro ( Carcharinuis leucas), a favor de su utilización como recurso de avistamiento sustentable en las costas del Caribe de dicho estado.

Notas:

1 Información disponible en http://www.iucnredlist.org/

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero del 2006.

Dado en el Salón de Plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 31 de agosto del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Ãlvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

CONTAMINACION POR RUIDO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que evalúe y modifique mediante sus dependencias las disposiciones legales que prevengan y controlen la contaminación por ruido

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1975, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, a la ALDF, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del DF; legislen, expidan y apliquen las disposiciones legales que prevengan, controlen y combatan de manera eficiente e integral la contaminación por ruido.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 21 de abril del 2010, la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; legislen, expidan y apliquen las disposiciones legales que prevengan, controlen y combatan de manera eficiente e integral la contaminación por ruido.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La diputada promovente manifiesta que en las ciudades se genera un ruido cada vez más intenso, el cual es producido por las actividades de industrias, talleres, comercios y de los mismos ciudadanos, sin olvidar el proveniente de fuentes móviles como autos, actividades que en su conjunto producen contaminación por ruido.

Debido al impacto ambiental que produce la contaminación por ruido y a que actualmente en México se enfrentan dos grandes problemas que han impedido que se pueda combatir y hacer frente de modo eficiente a este tipo de contaminación, la diputada promovente solicita en su punto de acuerdo lo siguiente:

Primero: Se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que, en sus respectivos ámbitos de competencia legislen, expidan y apliquen las disposiciones legales que prevengan, controlen y combatan de manera eficiente e integral la contaminación por ruido.

Segundo:Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias, evalúe y en su caso modifique las normas oficiales mexicanas aplicables para evitar y reducir la contaminación por ruido.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.

El ruido es una agresión física con efectos nocivos para la salud, ya que actúa a través del órgano del oído y sobre los sistemas nerviosos central y autónomo, si la estimulación sobrepasa determinados límites, se puede producir sordera, en niveles bajos se puede producir malestar y distracción, provocando muchas veces que el hombre no descanse y concilie el sueño, además de ocasionar estados crónicos de nerviosismo y estrés, conllevando a trastornos psicofísicos, así como enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario.

Estos trastornos son ocasionados por el hombre, provocados por vehículos, aeropuertos, aviones, aeronaves, trenes, la industria, el transporte público, las construcciones de obras públicas y privadas, y las fiestas.

El ruido urbano (también denominado ruido ambiental, ruido residencial o ruido doméstico) se define como “el ruido emitido por todas las fuentes a excepción de las áreas industriales. Las fuentes principales de ruido urbano son tránsito automotor, ferroviario y aéreo, la construcción y obras públicas y el vecindario. Las principales fuentes de ruido en interiores son los sistemas de ventilación, máquinas de oficina, artefactos domésticos y vecinos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un límite superior permisible de 50 dB, como ruido urbano. Cataloga los daños a la salud en tres niveles o esferas, sobre la propia audición, el organismo, y psicológicos, como insomnio. Los especialistas clasifican la intensidad de ruidos de la siguiente manera:

• Ambiente ruidoso: incómodo para conversar

– 60 dB.

- Una conversación tranquila.

- Un ventilador a 1 metro.

- Una lluvia fuerte.

– 70 dB.

- Una conversación en voz alta.

- Un extractor de aire a 1 metro.

- El tráfico.

• Ruido fuerte: sensación molesta

– 80 dB.

- Interior de un vagón del metro.

- Una calle ruidosa.

- Una carretera con tráfico intenso

– 90 dB.

- En un taller mecánico, una imprenta.

- Un túnel de lavado de autos.

- Bocina del auto.

– 100 dB.

- Una sirena de policía o ambulancia estando a 10 metros.

- Una discusión a gritos.

• Ruido intolerable:

– 110 dB:

En la legislación mexicana la contaminación acústica está regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que otorga facultades a la Federación, a los Estados y Municipios sobre la regulación del ruido.

En la fracción XV del artículo 5 de la LGEEPA, se señala que la Federación deberá regular y prevenir la contaminación ambiental originada por el ruido y por las vibraciones.

A los Estados les corresponde la prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido y vibraciones de conformidad con este ordenamiento jurídico, expresado en su fracción VII del artículo 7.

En tanto que a los Municipios les compete la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido y por vibraciones, esto con fundamento en la fracción VI del artículo 8 de dicho marco ambiental.

Finalmente, la LGEEPA en su Título Cuarto, Capítulo VIII, “Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación Visual”, se dispone en sus artículos 155 y 156 lo siguiente:

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en  su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanasen materias objeto del presente Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

Por su parte, el Reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación generada por la emisión de ruido, dispone como nivel de ruido máximo permisible, en fuentes fijas 68 dB de las 6:00 a las 22:00 hs y de 65 dB en las horas restantes (artículo 11); de 55 dB para circos, juegos mecánicos y ferias (artículo 19), y para el ruido generado por automóviles y autobuses es como sigue:

Artículo 29. Para efectos de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por emisión de ruido, ocasionada por automóviles, camiones, autobuses, tracto camiones y similares, se establecen los siguientes niveles permisibles, expresados en dB:

Al respecto, y de acuerdo al tema de interés, se han establecido al menos tres normas oficiales mexicanas sobre contaminación acústica. Sin embargo, no se encuentran actualizadas, ya que se emitieron hace más de diez años, y establecen, en general, límites superiores por encima de las recomendaciones y estándares internacionales, como las de la OMS.

Por ejemplo, la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, establece como límite superior de ruido, de 6:00 hs a 22:00 hrs., 68 dB; y de 22:00 a 6:00 hrs 65 dB

Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-079-ECOL-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su método de medición, sólo establece límites en áreas confinadas y no es aplicable en general.

La Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, que establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, fue emitida por la Secretaría del Trabajo aplica sólo en lugares de trabajo donde los niveles de ruidos sobrepasen los 85 decibeles (dB). Marca como límites máximos de exposición de acuerdo al tiempo permitido por decibelaje, como sigue:

Límites y tiempos máximos permisibles de exposición

Decibeles    Tiempo de exposición

90                                        8 horas

93                                        4 horas

96                                        2 horas

99                                        1 hora

102                                      30 minutos

105                                      15 minutos

En la legislación del Distrito Federal, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, prevé como infracción contra la tranquilidad de las personas, el hecho de que se produzcan ruidos por cualquier medio que notoriamente atente contra la tranquilidad o salud de las personas. Por su parte, en la Ley Ambiental del Distrito Federal se dispone que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, deberá en función de sus facultades, prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, además de que prohíbe la generación de contaminantes por emisiones de ruido, y los propietarios de fuentes que generen este contaminante se ven obligados por la ley ambiental a instalar mecanismos de disminución.

Finalmente, debe hacerse mención de que existen antecedentes de participación de legisladores en este tema. Con fecha 8 de abril del 2008, el diputado Carlos Bracho, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a actualizar la NOM-081-ECOL-1994 la cual establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas así como su método de medición.

Por todo lo anterior esta comisión dictaminadora considera viable exhortar al Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias, evalúe y en su caso, modifique las Normas Oficiales Mexicanas así como el reglamento aplicables para evitar y reducir la contaminación del ruido.

Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de la diputada promovente de exhortar a las legislaturas estatales y del Distrito Federal, para que, en el ámbito de sus competencias expidan las disposiciones legales que prevengan la contaminación por ruido de acuerdo a estándares internacionales, esta comisión legislativa considera pertinente esperar hasta en tanto se modifique la norma oficial para evitar así conflicto de leyes.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta comisión, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que, a través de sus dependencias, evalúe y, en su caso, modifique el Reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación generada por la emisión de ruido, así como las normas oficiales mexicanas aplicables para evitar y reducir la contaminación acústica, de acuerdo a estándares internacionales.

Notas:

1 http://www.ruidos.org/Documentos/guia_oms_ruido_1.html

2 http://www.who.int/topics/noise/es/

3 www.spanish.hear-it.org/

4 http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Reglamentos%20del%20sector/REGLA_RUIDO. pdf

5 DOF.13 de enero 1995

6 DOF. 17 de abril del 2002. Reemplaza a la Norma del 6 de julio de 1994, que fue la primera en su ramo. Establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas.

7 Fracción III del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Mayo 31 2004.

8 Fracción XLII del artículo 9° de la Ley Ambiental del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Enero 13 del 2000.

9 Ibídem, artículo 123 y 151.

10 http://gaceta.diputados.gob.mx/22 de julio de 2008.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 31 de agosto del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Ãlvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Baja California que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida de competencia estatal el parque Benito Juárez, en Tijuana

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2036, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Baja California a promover a través de la Secretaría de Protección al Ambiente de dicha entidad la realización de estudios técnicos justificativos que permitan decretar el área natural protegida de competencia estatal, con categoría de parque estatal Benito Juárez, localizado en el municipio de Tijuana.

Esta m con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 22 de abril del 2010, el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Baja California a promover a través de la Secretaría de Protección al Ambiente de dicha entidad la realización de estudios técnicos justificativos que permitan decretar el área natural protegida de competencia estatal, con categoría de parque estatal Benito Juárez, localizado en el municipio de Tijuana.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El diputado promovente solicita en su punto de acuerdo lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Baja California para que a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California en materia de áreas naturales protegidas de competencia estatal, promueva la realización de los estudios técnicos justificativos, que permitan lograr en el corto plazo la expedición del decreto para el establecimiento del área natural protegida de competencia estatal con categoría de parque estatal Benito Juárez, que comprenderá los más de seiscientos árboles que se localizan en el parque conocido como parque Central o parque Benito Juárez situado entre los palacios de gobierno del estado y municipal, en el municipio de Tijuana

Asimismo, manifiesta que el parque Central es uno de los pulmones de Tijuana, ya que contribuye a la rehidratación de la atmósfera, refresca el aire, protege de la radiación solar y a la disminución de la contaminación química y sonora. Es un parque que se localiza entre los palacios de gobierno del estado y el municipal, además de su vocación ambiental, separa la Tijuana antigua de la moderna.

Es un lugar con belleza escénica, ya que cuenta con valores educativos e históricos, de recreo, sin olvidar que es un centro turístico. Al contar con estas características, el diputado promovente, expresa su inquietud para que el parque Central o parque Benito Juárez sea decretado como área natural protegida en la categoría de parque estatal, ya que cuenta con las particulares que describe el artículo 70 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. Por lo que, sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación regulada, el turismo, y la educación ecológica.

Esta región, brinda grandes servicios ambientales a los habitantes de Tijuana, como son:

a) Fuentes de oxígeno y agua para la población,

b) Hábitat para la biodiversidad,

c) Barreras contra diversos contaminantes, y

d) Captura de bióxido de carbono (CO2).

Desafortunadamente, las autoridades estatales y municipales pretenden realizar un proyecto denominado Zócalo 11 de julio, que plantea abrir un sistema que articulará un programa de nuevos espacios con la trama urbana a fin de convertirse en un símbolo importante de la vida pública de los habitantes de Tijuana.

De realizarse dicho proyecto, pone en riesgo más de 600 árboles, toda vez que serán talados con el fin de ocupar el espacio para el proyecto. Asimismo, pone en riesgo el halcón peregrino ( Falco peregrinus) que anida en los árboles del parque Central de Tijuana, ya que es una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001, “Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, así como otras especies como el halcón de Harris ( Parabuteo unicintus), se conocen más de 100 especies de aves, varias endémicas; pájaros carpinteros, guajolotes, colibríes, águilas, halcones, buitres, y algunas migratorias como patos, gansos, etcétera.

El legislador promovente, menciona en su exposición de motivos que la comunidad se ha manifestado en contra de dicho proyecto, incluso conformó el Consejo Ciudadano pro Defensa del Parque Benito Juárez, que con fecha 23 de marzo del 2010, recabó 4 mil firmas de personas que señalan estar en contra del proyecto, toda vez que ocasionaría un daño ambiental irreversible.

Y tanto la comunidad como la propuesta del legislador promovente es proteger la biodiversidad del Parque, tal y como lo señala la legislación ambiental vigente, toda vez, que en ella se encuentran instrumentadas medidas para la protección de los ecosistemas; en el caso que nos concierne, nos referimos a las áreas naturales protegidas que son definidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas.

Algunos de los objetivos de las áreas naturales protegidas es preservar los ambientes naturales, salvaguardar la biodiversidad genética de las especies silvestres así como asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, entre otros. Una de las categorías de áreas naturales protegidas la constituyen los parques y reservas estatales, que son de competencia estatal, tal y como lo señala la fracción IX del artículo 46 de la LGEEPA, que a la letra dice:

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:

(...)

IX. Parques y Reservas Estatales, y

(...)

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en los términos que establezca la legislación local en la materia, podrán establecer parques y reservas estatales en áreas relevantes a nivel de las entidades federativas, que reúnan las características señaladas en los artículos 48 y 50 respectivamente de esta ley. Dichos parques y reservas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo.

Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de preservación ecológicas de los centros de población, conforme a lo previsto en la legislación local.

(...)

De conformidad con el artículo 7o. de la LGEEPA le corresponde a los Estados el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales. Asimismo, el artículo 56 de la Ley en comento, establece que las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, podrán promover ante el Gobierno Federal, el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.

Por su parte, la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California describe en su Título Segundo, “Ãreas Naturales Protegidas”, en su Capítulo I, que la designación de áreas naturales protegidas tiene como propósito, proteger los ecosistemas y sus elementos naturales y promover el aprovechamiento sustentable y la cultura ambiental, de conformidad con lo establecido en esta ley estatal y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Tal y como lo describe el artículo 64 de la ley en mención, que a la letra dice:

Artículo 64. La designación de áreas naturales protegidas tiene como propósito, proteger los ecosistemas y sus elementos naturales y promover el aprovechamiento sustentable y la cultura ambiental, de conformidad con lo establecido en esta ley y la Ley General.

Derivado de esta base jurídica el legislador promovente, expresa la importancia para que el parque Benito Juárez sea decretado como parque estatal.

Partiendo del marco jurídico de Baja California, en su Ley de Protección al Ambiente describe los tipos de áreas naturales protegidas que maneja, y encontramos los siguientes:

I. Reservas estatales;

II. Parques estatales; y

III. Monumentos naturales estatales.

El objeto de este dictamen es decretar un parque público, como área natural protegida bajo la categoría estatal de parque estatal, tal y como lo describe el artículo 70 del marco normativo ambiental de competencia del Estado de Baja California, que a la letra dice:

Artículo 70. Tratándose de representaciones biogeográficas, los parques estatales se constituirán, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, histórico, de recreo, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desa-rrollo del turismo o bien por otras razones análogas de interés general.

En los parques estatales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y  sus elementos, así como con la investigación, recreación regulada, turismo, y educación ecológica. En el otorgamiento de dichas autorizaciones se dará preferencia a quienes ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva.

Como la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, es muy clara en su artículo 74, sobre las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas, ya que describe que se establecerán por decreto del titular del Ejecutivo, conforme a lo que establece esta Ley estatal y la LGEEPA.

Artículo 74. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal se establecerán mediante decreto que expida el titular del Ejecutivo, conforme a lo que establecen la Ley General y esta ley.

Por ello, esta comisión dictaminadora considera viable que se realicen los estudios técnicos justificativos que avalen la declaratoria de área natural protegida del Parque Central de Tijuana conocido como Parque Benito Juárez, por lo que considera procedente exhortar al Gobernador del Estado de Baja California para que a través de la Secretaría de Protección al Ambiente realice los estudios justificativos para decretar la zona como Parque Estatal, tal y como lo describe el artículo 75 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, que a la letra dice:

Artículo 75. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de competencia estatal, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, los cuales deberán ser puestos a disposición del público, en los términos del reglamento correspondiente. Asimismo la Secretaría deberá solicitar la opinión de:

I. El Consejo Estatal de Protección al Ambiente;

II. Los municipios en cuya circunscripción territorial se localice el área natural de que se trate;

III. Las dependencias del Ejecutivo del estado que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones;

IV. La entidad pública responsable de la planeación en el estado; y

V. Las comunidades que habiten la zona sujeta a declaratoria.

Tratándose de las áreas naturales protegidas municipales, los municipios, deberán sujetarse a los requisitos establecidos en el párrafo que antecede y a lo dispuesto en sus propios reglamentos.

Dado que las áreas naturales protegidas son consideradas mundialmente como la principal herramienta de conservación de la biodiversidad, se ha tenido que seleccionar su administración de forma federal, estatal y municipal, con el fin de conservar la vegetación, y a su vez detener el crecimiento de las superficies transformadas (como son la agricultura y los asentamientos humanos).

Actualmente, sólo el 12% de la superficie del país se encuentra bajo la protección federal, estatal y municipal. Las áreas naturales protegidas han sido reconocidas como el instrumento de mayor importancia para la conservación de la biodiversidad. Aproximadamente, hay 242 áreas protegidas de competencia estatal las cuales cubren cerca de tres y medio millones de hectáreas.

Derivado de la importancia de las áreas naturales protegidas, y de que son muy pocas de competencia estatal, esta comisión dictaminadora, considera viable la propuesta del legislador promovente, así que hace un respetuoso exhorto al gobierno del estado de Baja California, para decretar el parque público denominado parque Central y/o parque Benito Juárez, situado en entre los palacios de gobierno del estado y el municipal, de Tijuana, como área natural protegida en su categoría de parque estatal.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Baja California que realice el estudio previo justificativo, que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida, de competencia estatal, el parque Benito Juárez, situado en el municipio de Tijuana, Baja California.

Notas:

1 Periódico Oficial, Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, No. 53, el 30 de noviembre del 2001, Sección I, Tomo CVIII.

2 Ibídem, Art. 70.

3 Diario Oficial de la Federación, marzo 6 2002, México, DF, Sección Segunda.

4 Información disponible en: http://www.oeidrus-bc.gob.mx/oeidrus_bca/biblioteca/Estudios/Forestal/ANP-BC.pd f

5 Fracción II del artículo 3o. de la LGEEPA.

6 Artículo 45 de la LGEPA.

7 Artículo 64

8 Artículo 65.

9 Se refiere a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

10 Semarnat, Conabio y otros, Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies,México, 2007, P. 53.

11 Ibídem, p. 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de  junio del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Jaime Ãlvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.»

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat que realice el estudio previo justificativo para modificar el decreto del parque nacional Los Mármoles como área de protección de flora y fauna

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 2157, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida del parque nacional Los Mármoles, como área de protección de flora y fauna.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 28 de abril del 2010, el diputado Héctor Pedroza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida del parque nacional Los Mármoles, como área de protección de flora y fauna.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El diputado promovente, solicitando en su punto de acuerdo lo siguiente:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Ãreas Naturales Protegidas, para que publique  a la brevedad, el decreto de recategorización del actual parque nacional Los Mármoles, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas.

De lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales parte al análisis técnico jurídico siguiente:

El 8 de agosto de 1936, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara como parque nacional Los Mármoles, con una superficie de 23 mil 150 hectáreas.

Toda vez, que el área presenta características geológicas, climáticas, edáficas, topográficas y altitudes, que ofrecen un marco en el que contrastan diferentes tipos de vegetación, como: los bosques de encino, encino-pino, pino, táscate y el pastizal inducido, que constituyen el hábitat de una gran riqueza de flora y fauna, del orden de 518 especies de plantas y 182 especies de fauna, entre anfibios, aves, reptiles y mamíferos, varias de las cuales se encuentran protegidas en algún estatus conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001 “Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”.

Es así, que atendiendo a la flora y fauna que presenta el parque nacional Los Mármoles, se solicita en la proposición del diputado promovente la recategorización a áreas de protección de flora y fauna.

En los considerandos de la proposición del diputado promovente, se señala que la Semarnat, a través de la Conanp, en colaboración del Servicio Geológico Mexicano, las Delegaciones Federales de la Semarnat y la Delegación de la Profepa en el Estado de Hidalgo, han realizado los estudios de evaluaciones correspondientes, con los que se demuestra que los ecosistemas del área reúnen los requisitos necesarios para constituirse como área de protección de flora y fauna. Dichos estudios se pusieron a disposición del público, con un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del 2007.

De lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente exhortar a la Semarnat, para que a través de la Conanp, publique a la brevedad el decreto de recategorización del actual parque nacional Los Mármoles, como área natural protegida en la categoría de área de protección de flora y fauna. Dado que las áreas naturales protegidas son consideradas mundialmente como la principal herramienta de conservación de la biodiversidad.

Se ha tenido que seleccionar su administración de forma federal, estatal y municipal, con el fin de conservar la biodiversidad de México.

En este contexto, es relevante la figura jurídica de las Ãreas Naturales Protegidas, las cuales son definidas en el Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas.

Asimismo, en el artículo 44 de dicha ley se describe que:

Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

(...)

Es así, como este instrumento de política ambiental orientado a la protección de los ecosistemas tiene como objetivos preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones; salvaguardar la diversidad genética de especies; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, los ecosistemas y sus elementos; establecer las condiciones necesarias para la investigación científica, entre otros.

El artículo 46 de la LGEEPA enumera las categorías de áreas naturales protegidas de competencia federal y local, el cual describe lo siguiente:

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:

I. Reservas de la biosfera;

II. Se deroga.

III. Parques nacionales;

IV. Monumentos naturales;

V. Se deroga.

VI. Ãreas de protección de recursos naturales;

VII. Ãreas de protección de flora y fauna;

VIII. Santuarios;

IX. Parques y Reservas Estatales, y

X. Zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, son de competencia de la federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII anteriormente señaladas.

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en los términos que establezca la legislación local en la materia, podrán establecer parques y reservas estatales en áreas relevantes a nivel de las entidades federativas, que reúnan las características señaladas en los artículos 48 y 50 respectivamente de esta ley. Dichos parques y reservas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo.

Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de preservación ecológicas de los centros de población, conforme a lo previsto en la legislación local.

En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

Partiendo de esta premisa jurídica, la federación los estados y los municipios pueden decretar zonas como áreas naturales protegidas, con el fin de proteger la biodiversidad y los ecosistemas que le conforman, así como el hábitat de las especies. Asimismo, la categorización o tipo de área natural protegida son muy importantes, ya que permiten identificar el tipo de función que tiene cada área, y al tener establecidos claramente los objetivos de estas, se puede con mayor facilidad administrar y manejar los recursos que se protegen, así como evaluar sus actividades.

De conformidad con el artículo 7o. de la LGEEPA,  le corresponde a los estados el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales. Asimismo, el artículo 56 de la ley en comento, establece que las autoridades de los estados y del Distrito Federal, podrán promover ante el gobierno federal, el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.

Las áreas naturales protegidas consideradas de competencia federal, son manejadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y en especial de su órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Ãreas Naturales Protegidas.

Por ello, esta comisión legislativa, considera viable exhortar a la Semarnat, para que se recategorice el parque nacional Los Mármoles como área de protección de flora y fauna.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice el estudio previo justificativo para la modificación del decreto del parque nacional Los Mármoles, como área de protección de flora y fauna.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación, marzo 6 de 2002, México, DF, Sección Segunda.

2 Fracción II del artículo 3o de la LGEEPA.

3 Artículo 45 de la LGEPA.

4 Gutiérrez Nájera Raquel, Introducción al Estudio del Derecho Ambiental, Porrúa, México, DF, p. 94.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de  junio del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Jaime Ãlvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.»

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno local a realizar acciones a fin de capturar los gases de efecto invernadero producidos en el relleno sanitario Bordo Poniente y canalizarlos a la generación de energía eléctrica para servicios de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio No. D.G.P.L. 61-II-6-0161, que contiene la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para capturar los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 1 de diciembre de 2009, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones –de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes– a fin de capturar los gases de efecto invernadero producidos en el relleno sanitario Bordo Poniente y canalizarlos a la generación de energía eléctrica para servicios de la Ciudad de México.

2. Con fecha 8 de diciembre, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que la descomposición de los residuos acumulados en rellenos sanitarios es una de las actividades que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, lo que conlleva tanto al incremento de la temperatura planetaria como a potenciar los efectos adversos del llamado “cambio climático”, ocasionando alternaciones en las actividades que desarrollan los individuos.

4. La proponente sostiene que es apremiante llevar a cabo acciones para el manejo y aprovechamiento sustentable del metano generado en el denominado Bordo Poniente, ya que representa el principal centro de disposición final de residuos sólidos urbanos del Valle de México, lo que se traduce en la emisión anual de aproximadamente 1,200,000 toneladas de metano a la atmósfera, gas que incide en la calidad y el equilibrio del ambiente.

5. La diputada indica que la atención de una problemática ineludible, como lo es el de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, no sólo se convierte en otra situación derivada de la emisión de GEI, sino que puede llegar a representar una alternativa de aprovechamiento energético congruente con los esquemas de sustentabilidad que deben imperar en nuestros días. A este respecto, señala que existe un estudio de factibilidad denominado Generación de electricidad con el biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario de Bordo Poniente (realizado en el marco de un convenio suscrito por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Eléctricas), el cual tuvo como objetivo determinar la producción y composición del biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario, así como determinar el potencial de generación de electricidad del sitio.

6. Los resultados de dicho estudio muestran que es posible instalar y operar una planta de ciclo combinado con capacidad de 62.5 MW, con una generación anual promedio de 500 millones de MWh durante los próximos 20 años, los cuales podrían ser distribuidos en un 50 por ciento para alumbrado público, 20 por ciento para el Servicio de Transporte Colectivo Metro, 15 por ciento para el bombeo de aguas residuales y 15 por ciento para otros usos.

7. Con base en lo anterior, la proponente señala que bajo alguno de los esquemas que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la electricidad producida a través del metano generado por el Bordo Poniente reduciría los costos que implica la generación de energía eléctrica para el funcionamiento de los servicios de la Ciudad de México.

8. Por ello, la diputada proponente considera necesario: exhortar al Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones –de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes– a fin de capturar los gases de efecto invernadero producidos en el relleno sanitario Bordo Poniente y canalizarlos a la generación de energía eléctrica para servicios de la Ciudad de México.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la generación de energía eléctrica mediante la captura de los gases que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente para su posterior utilización en servicios de la Ciudad de México.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando que:

La mitigación de los efectos negativos del cambio climático requiere de acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. Motivo por el cual, el Gobierno del Distrito Federal debe emprender acciones con las cuales se sume al esfuerzo por reducir los niveles de emisiones de GEI.

Históricamente, el problema de los residuos urbanos se había planteado en términos de su eliminación, dejando de lado cuestiones como el reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento energético, pues no se consideraba que el volumen o la composición de la basura producida pudieran ser utilizados para cualquiera de dichos fines. No obstante, con el objetivo de recuperar el valor económico de los residuos, en los últimos años se ha incrementado la tendencia de obtener materiales y energía de la basura mediante el reciclamiento, la producción de biogás en rellenos sanitarios, o bien, a través de tratamientos térmicos, tales como la incineración y la gasificación.

Este es un tema de la mayor trascendencia para nuestro país si consideramos que, en México, la segunda aportación al inventario de GEI lo representa el metano (con un 23 por ciento), gas que tiene un impacto equivalente a 21 veces el efecto producido por el bióxido de carbono (CO2); en tanto que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuye, en un primer lugar, con el 75 por ciento. Esto se debe, entre otras causas, a que existen millones de toneladas de basura confinadas en el subsuelo que emiten gases a la atmósfera, lo que también constituye un riesgo potencial de incendio o explosión.

En el Distrito Federal se generan alrededor de 12,500 toneladas diarias de residuos sólidos, cuya composición física corresponde: 44 por ciento a orgánicos (5,500 ton.) y 56 por ciento a inorgánicos (7,000 ton.), de los cuales 71 por ciento son potencialmente reciclables o aprovechables y el restante 39 por ciento son residuos sin posibilidad de ser aprovechados. A pesar de esta composición, el 87 por ciento de los residuos colectados se disponen en el relleno sanitario, mientras que sólo un 10 por ciento se recicla y un 3 por ciento se utiliza como composta; siendo que, en otros países como Holanda, se confina menos del 3 por ciento, el 64 por ciento se recicla y el 33 por ciento restante se convierte en electricidad.

IV. Por lo que se refiere al relleno sanitario del Bordo Poniente, es de mencionar que éste emite anualmente alrededor de 1,200,000 toneladas de CO2, cantidad que puede reportar beneficios muy superiores a los obtenidos por la planta de 7.4 MW instalada en el relleno sanitario de Salinas Victoria en Monterrey. Este relleno sanitario, que contiene 7 millones de toneladas de basura municipal (13 por ciento del total de basura dispuesta en la IV etapa del Bordo Poniente, que es de aproximadamente 53 millones de toneladas), genera los siguientes beneficios:

a) En términos ambientales, contribuye a evitar la emisión de 68 m3/min de biogás, equivalente a dejar de consumir un millón de toneladas métricas de carbón o a retirar 90,000 automóviles en circulación.

b) En cuanto a los beneficios energéticos, genera 52 millones de KWh anuales de energía eléctrica, lo que equivale a la energía requerida por 30,000 casas de interés social. Con ello, es posible abastecer el 80 por ciento del alumbrado público de Monterrey, beneficiando a una población de 50,000 familias en promedio.

Además de lo anterior, cabe subrayar los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad realizado por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, los cuales fueron retomados por la diputada proponente para dimensionar la importancia y urgencia de capturar los GEI del Bordo Poniente, mismos que se reproducen a continuación:

a) Es posible la instalación y operación de una planta de ciclo combinado con capacidad de 62.5 MW, con una generación anual promedio de 500 millones de MWh durante los próximos 20 años.

b) La energía producida podría ser distribuida en un 50 por ciento para alumbrado público, 20 por ciento para el servicio de transporte colectivo metro, 15 por ciento para el bombeo de aguas residuales y 15 por ciento para otros usos.

c) Se estima que las tarifas promedio aplicadas a los referidos sectores, así como los bonos de carbono derivados de la mitigación de los efectos del metano, permitirán asegurar la rentabilidad del proyecto.

V. Del análisis legal se desprende que son diversos los ordenamientos que establecen los mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por una parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que tanto la expedición de disposiciones jurídicas como la emisión de actos para formular y conducir la política en estas materias, deben sujetarse a las modalidades que dicten el orden e interés público para el logro del desarrollo nacional sustentable.Por ello, se deben adoptar acciones cuyo objetivo sea mantener a los residuos en los ciclos económicos o comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales secundarios para que no pierdan su valor económico. Y, por lo que se refiere a la capital, menciona que “corresponde al Gobierno del Distrito Federal, ejercer las facultades y obligaciones que este ordenamiento confiere a las entidades federativas y a los municipios”.

Por su parte, la Ley Ambiental del Distrito Federal determina que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

1) Promover el uso de fuentes de energías alternas (Art. 9).

2) Emitir normas ambientales que tengan por objeto establecer los requisitos, condiciones o límites permisibles en la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización o disposición final de residuos sólidos (Art. 36).

3) Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal en materia de generación y manejo de residuos sólidos y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan (Art. 171).

Adicionalmente, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal otorga a la mencionada Secretaría, entre otras, las siguientes facultades: a) emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones de transferencia, plantas de selección y tratamiento y sitios de disposición final de los residuos sólidos; y b) promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente de contaminantes provenientes de residuos sólidos.

Asimismo, el referido ordenamiento hace una distribución de facultades entre diversas autoridades del Distrito Federal, determinando que a la Secretaría de Obras y Servicios corresponde: a) en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico, instrumentar programas para la utilización de materiales o subproductos provenientes de los residuos sólidos a fin de promover mercados para su aprovechamiento, vinculando al sector privado, organizaciones sociales y otros agentes económicos; y b) diseñar, construir, organizar, operar y mantener las estaciones de transferencia, plantas de selección y tratamiento, y sitios para la disposición final de los residuos sólidos, con base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Para cumplir con lo anterior, la ley establece que los sitios de disposición final “emplearán mecanismos para instalar sistemas de extracción de biogás y tratamiento de lixiviados para su recolección” (Art. 51).

VI. De conformidad con la normatividad aplicable, el Gobierno del Distrito Federal ha elaborado diversos documentos programáticos que contienen acciones encaminadas a mitigar las emisiones de GEI mediante el manejo integral de los residuos sólidos.

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 comprende un eje titulado “Desarrollo sustentable y de largo plazo”, en el cual se menciona que el gobierno de la Ciudad asume como un compromiso de alta prioridad el manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales, estableciéndose como objetivos los siguientes:

• Consolidar un sistema de gestión de los residuos sólidos moderno en cada una de sus etapas, con altos niveles de eficiencia en la prestación del servicio y bajo impacto ecológico.

• Tener un sistema de tratamiento de los residuos sólidos que emplee lo mejor de la tecnología y las experiencias internacionales.

• Capturar el biogás que se genera en el Bordo Poniente a través de un proyecto que cumpla con los lineamientos del Mecanismo de Desarrollo Limpio para la venta de bonos de carbono.

A su vez, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012 identifica y presenta acciones dentro de cinco áreas temáticas (energía, transporte, agua, residuos, adaptación y comunicación, y educación ambiental) que están enfocadas a la mitigación de GEI con una meta estimada de reducción de 4.4 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 12 por ciento de las emisiones anuales de GEI de la Ciudad de México. Específicamente, dentro de las acciones comprendidas en el área denominada “Residuos”, se incluye la captura y aprovechamiento de biogás proveniente del relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, así como la eventual instalación de una planta de generación de energía eléctrica. Como consecuencia de esta acción, el Gobierno del Distrito Federal espera lograr una reducción anual de 1,400,000 toneladas de emisiones de CO1, lo que representaría el 89 por ciento de las emisiones a reducir con las acciones comprendidas en esta área temática.

En ese sentido, el Plan Verde tiene como uno de sus objetivos el implementar un sistema sostenible e integral de manejo de residuos sólidos urbanos, teniendo como una de sus metas la utilización de los residuos para la generación de energía a partir del año 2009.

VII. Ante el debate que existe entre los diferentes órdenes de gobierno sobre el término de la vida útil de la etapa IV del Bordo Poniente, la comisión dictaminadora coincide con la proponente en que resulta apremiante llevar a cabo acciones para el manejo o aprovechamiento sustentable del metano generado en dicho relleno sanitario, función que corresponde a las autoridades locales –en especial a las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y Servicios– por ser éstas las responsables de operar el manejo y disposición final de los residuos contenidos en dicho relleno sanitario, según se mostró en el análisis del marco legal correspondiente.

Independientemente de la eventual clausura del relleno sanitario, desde ahora es posible la operación de esquemas mediante los cuales se recupere el biogás para la generación de energía eléctrica en aras a reducir los impactos ambientales que derivan de la emisión de GEI. La energía generada podrá ser enviada por la red eléctrica para ser usada en alumbrado público, bombeo y tratamiento de agua, transporte colectivo y edificios públicos. Además, este proyecto de conversión de metano a electricidad puede financiarse mediante la generación de bonos de carbono, con lo que la inversión podría reducirse aproximadamente en un 35 por ciento. De esta forma, no sólo se mitigarán los problemas ambientales, sino también se mejorará el suministro eléctrico, medidas que tienen un claro sentido ecológico y económico, y que además refuerzan la correcta disposición de la basura, evitando riesgos de migración del biogás, incendios, explosiones y malos olores.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal y, en particular a las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y Servicios, a que –de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes– realicen las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.

Notas:

1 José Luis Arvizu Fernández y Jorge Huacuz V., Biogás de rellenos sanitarios para producción de electricidad, Boletín del Instituto de Investigaciones Eléctricas, octubre-diciembre de 2003, p. 118.

2 Cfr. Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, p. 60. Véase también Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008, p. 126; y Resumen de Avances, Coordinación General de la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, disponible en: www.asambleadf.gob.mx/cm/09/peds-14.pdf.

3 Op. Cit., Coordinación General de la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

4 José Luis Arvizu Fernández, Estimación del Recurso y Prospectiva Energética de la Basura en México, en Una Visión al 2030 de la Utilización de las Energías Renovables en México, Proyecto encargado por la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente de la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, SENER, y el Banco Mundial, Dr. Pablo Mulás (coord.), Universidad Autónoma Metropolitana, agosto de 2005, pp. 10 y 11. Véase también José Luis Arvizu Fernández, Generación de electricidad con el biogás producido en el relleno sanitario de Bordo Poniente, Boletín del Instituto de Investigaciones Eléctricas, octubre-diciembre de 2008.

5 La Ley Ambiental del Distrito Federal define al desarrollo sustentable como: “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”.

6 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define el manejo integral como: “Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social”.

7 De los 4.4 millones de toneladas de CO2 equivalente por año que se podrían reducir, el 12 por ciento se reduciría en el sector agua, el 10 por ciento se reduciría en el sector energía, el 35 por ciento en el sector residuos y el 42 por ciento en el sector transporte.

8 Así lo ha expresado también el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mauricio Limón Aguirre. Véase Comunicado de prensa Núm. 109/109, 17 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/noticias/boletindeprensa/Pages/ BOLETIN por ciento20SEMARNAT por ciento2010909.aspx

9 Op. Cit.. Arvizu Fernández, José Luis, Estimación del Recurso y Prospectiva Energética de la Basura en México, p. 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ãngel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la construcción y adquisición del material rodante para la Línea 12 del Metro

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. D.G.P.L. 61-II-2-255, que contiene la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la línea 12 del Metro, se cumplan cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio que se ha establecido en todos los procesos de adquisición del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 15 de diciembre de 2009, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se realizan diversos exhortos al Gobierno del Distrito Federal con relación a la adquisición del material rodante que será utilizado para la operación de la línea 12 del Metro.

2. Con misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el proponente refiere que en el año 2007 el Gobierno del Distrito Federal anunció la construcción de la línea 12 del Metro, por lo que en los primeros meses de 2008 se convocó a una licitación pública internacional para la realización de dicho proyecto y la adquisición de 35 trenes, estableciéndose las especificaciones técnicas del nuevo material rodante bajo las consignas y normas técnicas que se han desarrollado desde hace 40 años.

Derivado de este proceso se inscribieron como participantes para dicha licitación las empresas Alstom (francesa), Bombardier (canadiense), CAF (española), Siemens (alemana), Breda-Ansaldo (italiana) y Norinco (china); de las cuales solamente las tres primeras cuentan con una certificación del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

4. El diputado sostiene que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben asegurar que en el proceso de licitación se tome en cuenta lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, el cual indica que –por lo menos– se debe contar con un 35 por ciento de contenido de integración nacional en la propuesta por seleccionar.

5. Finalmente, refiere que la intención de la proposición presentada no es oponerse a ninguna empresa, a la inversión extranjera o al desarrollo de nuevas tecnologías, pero el Gobierno del Distrito Federal debe apegarse a derecho en el proceso de licitación, transparentar la información relativa a las obras de la línea 12 del Metro y, sobre todo, asegurar que el contrato de adquisición del material rodante se otorgue a la empresa certificada que garantice el cumplimiento de calidad, rendimiento funcional, garantías técnicas y operativas que tiene previsto ofrecer el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

6. Por ello, el diputado proponente considera necesario realizar diversos exhortos en los términos siguientes:

a. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la línea 12 del Metro, se cumplan cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio que se ha establecido en todos los procesos de adquisición del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

b. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que la propuesta seleccionada ofrezca el cumplimiento del porcentaje de integración nacional establecido en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal (35 por ciento).

c. Se solicita al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Francisco Bohórquez Hernández, que asista a la Comisión del Distrito Federal para explicar todo lo relativo a la línea 12 del Metro.

d. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que envíe a la Comisión del Distrito Federal toda la documentación relativa a la construcción y adquisición de material rodante para la línea 12 del Metro.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen;

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente al proceso de adquisición por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) del material rodante que circulará por la línea 12 del Metro, mejor conocida como Línea Dorada.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando que:

La obra de la Línea 12 del Metro se diseñó en función de los datos de movilidad obtenidos en la encuesta Origen-Destino 2007 con la pretensión de disminuir de dos horas a 45 minutos el trayecto de Tláhuac a la zona de Mixcoac.

Esta nueva ruta, que será la más larga del Sistema de Transporte Colectivo con 25.1 km de longitud y 20 estaciones, se divide en dos etapas: la primera concluirá en abril del 2011 y la segunda en abril del 2012.

De acuerdo al Gobierno del Distrito Federal, el propósito de este proyecto es reducir el gasto que realizan las personas al utilizar el transporte público (de 15 pesos con 50 centavos a 6 pesos diarios en un viaje redondo), así como disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en 400 mil toneladas de carbono por año.

IV. En octubre de 2009, el STC comenzó el proceso para adquirir el material rodante mediante la solicitud de estudios técnicos y de mercado a fin de determinar qué empresa se haría cargo de suministrar los trenes en las fechas programadas. A través de un sondeo de mercado no vinculatorio se invitó a siete empresas del ramo a entregar sus cotizaciones y así estar en condiciones de decidir cuál era la mejor opción para adjudicar el contrato.

El esquema bajo el cual se planteó la adquisición de los 30 trenes fue mediante un proyecto de prestación de servicios a largo plazo por un periodo de 15 años. Con este tipo de contrato se traslada al prestador del servicio tanto la inversión inicial como los riesgos operativos y de desempeño, distribuyéndose las cargas presupuestales durante el periodo estipulado y quedando la operación y el servicio de la línea a cargo del STC.

Este modo de contratación, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, consiste en un “contrato multianual, sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una delegación o una entidad, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte del proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la administración  pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados”.

V. Dentro de las facultades que posee una dependencia, un órgano desconcentrado, una delegación o una entidad de la administración pública del Distrito Federal, se encuentra la de realizar contrataciones –tanto de bienes como de servicios– con algún proveedor que preste el requerimiento del ente público, mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa.

Para el caso que nos atañe, el 22 de diciembre de 2009 el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del STC, autorizó por unanimidad la prestación del servicio de largo plazo para poner a disposición del STC un lote de treinta trenes de rodadura férrea, mismos que serán utilizados en la línea 12 del Metro con cargo a la partida presupuestal 3906 “Servicios a largo plazo”, por un monto de dieciocho mil millones de pesos (más IVA) a través del procedimiento de adjudicación directa.

Esta decisión fue comunicada por el STC a través de un boletín de prensa fechado el 23 de diciembre, donde también se determina que:

“Con el propósito de contar con una referencia sólida para conocer las condiciones económicas del mercado, el STC realizó un sondeo con las principales empresas del ramo a nivel mundial, que cuentan con la capacidad de respuesta requerida, experiencia, recursos técnicos, financieros y legales, a saber: Alstom, Ansaldo Breda, Bombardier, CAF, Norinco, PCZ y Siemens.

Como resultado del estudio de las condiciones que ofrece el mercado en cuanto a los requerimientos técnicos, calidad, oportunidad, precio y financiamiento, se advirtió que la empresa que cumple con todos los elementos referidos es CAF. Lo anterior, considerando que a diferencia de las demás empresas, ésta cumple en 99.5 por ciento con los requerimientos técnicos, entrega el material rodante en el plazo requerido y presenta la mejor opción de financiamiento y precio; aunado a que ofrece un grado de integración nacional superior al 50 por ciento”.

La argumentación jurídica utilizada por la Dirección General del STC para realizar la contratación del material rodante fue de conformidad con lo establecido en los artículos 27, inciso c); 28, segundo párrafo, y 54, fracción II Bis, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los cuales establecen:

“Artículo 27.Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

a) y b) ...

c). Adjudicación directa.

Artículo 28....

En casos excepcionales y previa autorización por escrito de la Secretaría, de conformidad con lo establecido para tal efecto en el Código Financiero del Distrito Federal, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto.

Artículo 54.Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa cuando:

I. y II. ...

II.BIS. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad;

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, para lo cual deberá elaborar una justificación firmada por quien autoriza, en  la que se funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la opción.

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades preferentemente, invitarán a cuando menos tres proveedores, salvo que ello a su juicio no resulte conveniente, en cuyo caso se procederá a adquirir a través del procedimiento de adjudicación directa, a las personas cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.”

VI. Ante esta decisión, la empresa Bombardier Transportation México, misma que participó en la presentación de ofertas, interpuso un juicio de amparo ante el Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, argumentando que dicha adjudicación violaba los preceptos constitucionales de garantía de audiencia y privilegio de licitación pública, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 134 de la Carta Magna.

Sin embargo, este juicio fue resuelto el 19 de abril del presente, decretándose el sobreseimiento del expediente con número 31/2010.

El argumento esgrimido por el juez para decretar el sobreseimiento, consistió en que no se le reconoció a la parte quejosa ningún tipo de derecho al momento en que la autoridad determinó cuál procedimiento seguir para celebrar dicho contrato, lo que se evidencia con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y en el oficio de autorización de inversión presupuestal emitido por la Secretaría de Finanzas de esta capital.

La resolución adoptada sólo hizo referencia a que el quejoso carecía de un derecho subjetivo que lo facultara para promover el juicio de amparo, pero no se pronunció sobre la legalidad, la información ni la conveniencia del proceso para adjudicar a la empresa “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” (CAF) el contrato de arrendamiento de los 30 trenes que circularán sobre la Línea 12 del Metro.

VII. Si bien es cierto que el director general del STC tiene plena facultad para otorgar contratos por la modalidad de adjudicación directa, también lo es que, dada la importancia que adquiere esta nueva línea de transporte, es necesario hacer públicas las justificaciones y razones por las que le fue adjudicado dicho contrato a la empresa CAF y no a otra competidora, ya que dentro del boletín de prensa antes referido, solamente se hace alusión a que la contratista cumple con: el 99.5 por ciento de los requerimientos técnicos, la entrega del material rodante y la mejor opción de financiamiento y precio; más no así sobre la solvencia y respaldo económico suficiente para cumplir con el contrato y los tiempos en que el material rodante será suministrado.

VIII. No obstante que el organismo público denominado Proyecto Metro ha colocado en su página web información relativa a diversas respuestas otorgadas por este ente público a solicitudes de información no se encuentra publicado documento alguno que permita transparentar plenamente el proceso mediante el cual se asignó el contrato por un monto de 18 mil millones de pesos.

En tales condiciones, es necesario que la ciudadanía tenga acceso a toda la información que le permita conocer el proceso decisorio por el cual se determinó que la empresa CAF era efectivamente la mejor opción, además de garantizar la salvaguarda de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México en materia presupuestal, máxime cuando se trata de uno de los proyectos con mayores recursos públicos invertidos por parte del Gobierno del Distrito Federal, sobrepasando incluso a la construcción de las últimas dos líneas del Metrobús, que tuvieron una inversión aproximada de 4 mil millones de pesos.

IX. Finalmente, conforme al análisis de la información y a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, esta dictaminadora considera que los petitorios primero y segundo del punto de acuerdo de mérito han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo y resueltos en definitiva, toda vez que ha sido adjudicado el contrato a la empresa CAF.

Sin embargo, esta comisión considera vigentes los dos petitorios restantes, con algunas precisiones y actualizaciones, consistentes en invitar al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a una reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal para explicar todo lo relativo a la construcción y adquisición del material rodante para la línea 12 del Metro, así como exhortarlo para que envíe a esta comisión toda la información relativa a este tema.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, a que acuda a una reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados a fin de brindar una explicación exhaustiva sobre todo lo relativo a la construcción y adquisición del material rodante para la Línea 12 del Metro.

Segundo.Se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Francisco Bojórquez Hernández, a que envíe a la Comisión del Distrito Federal toda la información relativa a la construcción y adquisición del material rodante para la Línea 12 del Metro.

Nota:

1 Véase: http://www.transparencialinea12.df.gob.mx/wb/l12/consulta_de_solicitudes_por_te ma?tema=Mecanismos+de+compra+y+arrendamiento+de+trenes&texto=

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ãngel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa a reformar el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que los recursos ejercidos por los entes públicos se difundan a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlos

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. D.G.P.L. 61-II-4-309, que contiene la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 9 de febrero de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada hace referencia a la existencia de tres elementos fundamentales para el estado democrático moderno: la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, elementos indispensables en la implementación de políticas concretas y que permiten a la ciudadanía supervisar las acciones del gobierno, generando así una mayor confianza en las autoridades.

4. De acuerdo con la proponente, fue con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando comenzaron a tomar relevancia dichos temas. Cinco años más tarde, con las reformas realizadas al artículo 6° constitucional en julio de 2007, se elevó a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información pública que esté en posesión de los sujetos obligados, teniendo como premisa fundamental el principio de máxima publicidad.

A nivel local se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 2003, aunque no tuvo los resultados deseados. Razón por la cual, en 2008 se publicó una nueva ley que establece mayores obligaciones a los entes públicos de la Capital, aunque permanecen lagunas en el texto normativo que impiden a los ciudadanos tener un mejor conocimiento sobre cómo se ejerce el gasto público.

Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos y que son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: quién gasta, en qué y cómo lo hace. Dichas preguntas se traducen en dos elementos clave contenidos dentro del ejercicio del gasto: unidad administrativa responsable de ejecutar el presupuesto (departamento administrativo que realiza las erogaciones) y la partida presupuestal (nivel de agregación más específico que identifica y clasifica los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas de un mismo género, que son necesarios para la consecución de los programas y metas autorizados, cuyo nivel de agregación permite su cuantificación monetaria contable).

5. Finalmente, la proponente refiere que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, hace mención a la obligación que tienen los entes públicos de publicar en sus sitios de internet información concerniente a su funcionamiento, adquisiciones de bienes y servicios, programas sociales, sueldos, ingresos y ejercicio del presupuesto (Art. 14). Sin embargo, ni la propia ley ni su reglamento establecen la manera en que debe presentarse la información que obliga a publicitar el citado precepto.

6. Por ello, la diputada proponente considera necesario exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la obligatoriedad que tienen los entes públicos, en este caso los del Distrito Federal, de informar a la ciudadanía –de manera puntual y desagregada– sobre el ejercicio de los recursos públicos que están a su cargo.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando que:

El manejo de los recursos públicos constituye uno de los aspectos más sensibles dentro de las funciones gubernamentales. El buen uso de recursos estatales es fundamental para una buena conducción de todo gobierno, pero particularmente del gobierno democrático.

En otras palabras, un estado democrático se ve fortalecido cuando sus gobernantes rinden cuentas a los ciudadanos sobre sus actos y, sobre todo, cuando informan de manera clara y específica cómo ejercen el gasto público; siendo el derecho de acceso a la información el paso previo para que se actualice la rendición de cuentas, pues introduce esquemas de control sobre el poder, ayudando a que éste se ejerza de manera más eficiente -reduciendo los niveles de arbitrariedad y discrecionalidad- y obligando a tener más claros los objetivos y los pasos que deben seguirse para alcanzarse.

Sin el derecho de acceso a la información se limitarían las posibilidades de los ciudadanos para participar y tratar de influir oportunamente (dentro de los marcos legales establecidos) en el diseño e implementación de las políticas públicas: “¿Cómo puede alguien opinar con justicia si un programa público es útil o no para la sociedad, si se carece de datos confiables, fidedignos, sobre sus costos, sus objetivos o sus impactos? ¿Cómo puede un ciudadano contribuir a enriquecer las propuestas gubernamentales si no las conoce a tiempo? ¿Cómo ayudar al gobierno a corregir la puesta en marcha de un programa gubernamental si no se conocen las fases temporales, los alcances geográficos, o las especificaciones técnicas del mismo?”.

Así, la capacidad que tiene la sociedad de evaluar el desempeño de sus gobernantes y, por lo tanto, de exigirles cuentas claras sobre lo que no han hecho o han hecho mal, dependerá en buena medida de que tengan a la mano información fidedigna, oportuna y comprensible sobre los objetivos, metas y resultados gubernamentales.

IV. Con la reforma constitucional de 2007 se normaron las bases mínimas que todos los gobiernos estatales deben considerar y acatar en la elaboración de sus respectivas leyes en materia de acceso a la información. Específicamente, en el artículo 6° constitucional se establece lo siguiente:

“Artículo 6. ...

... Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad...

... V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales...”.

De esta manera, la reforma estableció como premisa fundamental del derecho de acceso a la información el “principio de máxima publicidad”, lo que significa que toda la información en posesión del Estado es de dominio público, con excepción de aquella expresamente clasificada como reservada. Además, esta reforma favoreció los mecanismos de transparencia al incluir como obligación de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, hacer pública “la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos” en sus respectivos portales de Internet.

V. De conformidad con lo establecido en la reforma arriba comentada, la Asamblea Legislativa del Distrito aprobó en 2008 un marco jurídico que se adecuara a los nuevos derroteros del acceso a la información. Así, en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se insertaron mayores obligaciones a los entes públicos, los cuales deberán exponer al escrutinio público –al menos para los tres últimos ejercicios fiscales– la información relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, incluyendo:

“a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos;

b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social;

c) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales;

d) Las bases de cálculo de los ingresos;

e) Los informes de cuenta pública;

f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; y

g) Estados financieros y balances generales, cuando así proceda”.

Por su parte, el Reglamento determina que la actualización y publicación de la información a cargo de los entes de la administración pública debe presentarse con base en los criterios que al efecto emita el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el objeto de que cualquier persona cuente con información homogénea, manejable y clara (Art. 12).

En ejercicio de sus atribuciones, el Instituto ha publicado criterios de evaluación, tanto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia como de la calidad de la información que presentan los entes públicos en sus portales de Internet, pero dentro de ellas no se contempla la publicación del ejercicio presupuestal desglosado y específico por partida presupuestal.

Si bien estos Criterios de evaluación de la información pública de oficio publicada en los portales de Internet de los Entes Públicos del DF, establecen como criterio la publicación del presupuesto asignado en lo general y por programas, incluyendo el documento donde se pueda identificar el destino de los recursos a nivel de unidad ejecutora, no se hace mención al desglose de la información por partida, sino por programa.

Independientemente de lo anterior, los criterios formulados por el Instituto presentan dos inconvenientes: 1) no son obligatorios, pues sólo constituyen un instrumento para evaluar la información de oficio que deben dar a conocer los entes públicos, y 2) el que los criterios se detallen en una norma secundaria facilita que se modifiquen atendiendo a intereses contrarios al interés público.

VI. Para justificar e impulsar los esfuerzos que van encaminados a transparentar el destino de los recursos públicos, diversos autores han argumentado que la existencia de transparencia en el ámbito presupuestal promueve el uso mesurado de los mismos, reduce los márgenes de discrecionalidad con los que se interpreta la ley e incentiva a los funcionarios a comportarse con responsabilidad y honestidad en el ejercicio de la autoridad pública. En otras palabras, la transparencia genera una relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas y aquellos a quienes se les rinden, de tal forma que se puede evaluar si las decisiones gubernamentales se apegan al principio de legalidad y si se guían en función de las necesidades de la ciudadanía, es decir, si se corresponden con el interés público.

Por ello, todo gobierno democrático debe generar incentivos y mecanismos mediante los cuales los ciudadanos tomen parte en las decisiones de las políticas a implementarse, y una vía para lograr este objetivo es responder a las preguntas sobre cómo y quién utiliza recursos públicos, mismas que se hace el ciudadano cuando requiere información sobre programas sociales, construcción de parques, o compras que realizan los entes públicos. Pero la información únicamente podrá ser útil y coadyuvar en la consecución de dicho objetivo si y sólo si es de calidad y no un cúmulo de datos de difícil manejo y comprensión.

Así, conforme al análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen y tomando en cuenta que uno de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es: “Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los entes públicos a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible”, esta dictaminadora considera viable la proposición realizada por la promovente.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos se publique a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo.

Notas:

1 Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, Transparencia y partidos políticos. Los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, en El Poder de la Transparencia: nueve derrotas a la opacidad, Pedro Salazar Ugarte (coord.), 2ª ed., IFAI-IIJ, México 2007, p. 265.

2 Jacqueline, Peschard, Transparencia y partidos políticos, Cuaderno de Transparencia No. 8, IFAI, septiembre 2005, p. 16.

3 Benjamín Hill Mayoral, Transparencia Focalizada, 2007 Disponible en:

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/Tema1_Transparencia_Foc alizada_Resumen.pdf

4 Ibídem.

5 Helena Hofbauer y Juan Antonio Cepeda, Transparencia y rendición de cuentas, en Transparencia: libros, autores e ideas, Mauricio Merino (coord.), IFAI-CIDE, México 2004, p. 42.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ãngel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno local a ejercer con transparencia y equidad el presupuesto aprobado para Iztapalapa

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio No. D.G.P.L. 61-II-3-357, que contiene la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ejercer con transparencia y equidad el presupuesto aprobado por esta soberanía a la delegación Iztapalapa, presentada por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 25 de febrero de 2010, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ejercer con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que una inquietud de todos los habitantes del Distrito Federal es la forma en que se ejerce el presupuesto que se le otorga a la Ciudad por el Poder Legislativo.

En específico, señala que la delegación Iztapalapa –una de las delegaciones con mayores problemas de inseguridad, marginación y pobreza en el Distrito Federal– recibió un presupuesto de 2 mil 905 millones de pesos para el año 2009, de los cuales se habían ejercido el 44 por ciento para septiembre de ese año, lo que indica un posible subejercicio en perjuicio de los habitantes de esa demarcación.

4. La proponente indica que para el año 2010 el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), fue de 2 mil 944 millones de pesos, es decir, 1.3 por ciento más que el año anterior, estimándose un ingreso fiscal aproximado de 1,616.54 millones de pesos.

Bajo este contexto, la diputada manifiesta su “suspicacia” respecto al ejercicio del rubro etiquetado como “Programas Delegacionales”, ya que el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2010 no especifica cuáles son los programas que se contemplan para la delegación Iztapalapa. Esto representa –al decir de la proponente– el riesgo de que esos recursos se utilicen con fines electorales, o bien, que se traduzcan en un subejercicio.

5. Por ello, la diputada proponente considera necesario exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con Punto de Acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la transparencia y oportunidad en el manejo de los recursos públicos de la delegación Iztapalapa.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

Para que la rendición de cuentas pueda ser una herramienta de control sobre el ejercicio del poder, es indispensable que quienes lo ejerzan den visibilidad, publiciten y difundan cómo toman sus decisiones, bajo qué criterios, con base en qué datos y motivaciones, así como los objetivos que pretenden lograr, es decir, que sean transparentes.

La transparencia es, entonces, el paso previo para que se actualice la rendición de cuentas, pues introduce esquemas de control sobre el poder para que éste se ejerza de manera más eficiente, reduciendo los niveles de arbitrariedad y discrecionalidad. Así, se evita la apropiación del espacio público por parte de intereses particulares, materializándose la democracia entendida –según Bobbio– como el régimen en el que se hacen públicos los asuntos públicos.

En otras palabras, lo que se pretende con cualquiera de los mecanismos de transparencia es erradicar la “cultura del secreto”, entendida como un “conjunto de actitudes y conductas adoptadas por los miembros de una agencia pública que consideran la información que manejan como un activo de su patrimonio”.

Especialmente, el tema de los recursos públicos es el que mayor atención ha recibido para sacarlo de la opacidad, debido a que su buen uso es fundamental para la buena conducción de todo gobierno, pero particularmente del gobierno democrático. De este modo, los esfuerzos que van encaminados a transparentar el destino de los recursos públicos promueven el uso mesurado de los mismos, reducen los márgenes de discrecionalidad con los que se ejercen, e incentivan a los funcionarios a comportarse con responsabilidad y honestidad en el ejercicio de la autoridad pública.

IV. Para que una política de transparencia sea realmente efectiva, es necesario que la información revelada por los entes públicos cumpla con los criterios de calidad suficientes a fin de permitir que la ciudadanía influya de manera informada en las tomas de decisión gubernamentales.

Esto es necesario porque la más de las veces el exceso de información puede ser una causa de opacidad, pues no toda es relevante y, si se mezcla dicha información con la que sí lo es, se puede anular el efecto benéfico de la transparencia. De hecho, uno de los artificios más recurridos por algunas instituciones para salir al paso de las demandas de información es el brindar información inútil, inservible o simplemente ininteligible: esconden información en la información.

A fin de evitar lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf) ha elaborado unos “Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus portales de Internet” (Criterios). Con esta metodología se intenta homologar la información proporcionada por los sujetos obligados y se establecen pisos mínimos para que entreguen información útil a los ciudadanos.

V. Con el propósito de determinar si la Delegación Iztapalapa transparenta el uso de sus recursos, se hizo un análisis de la información que contiene su portal de internet

(http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0204000000_2006.html),

tomando como parámetro los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (ley), en el reglamento respectivo y en los criterios emitidos por el Infodf.

Considerando que los artículos 14 y 18 de la ley establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las delegaciones para transparentar sus funciones en internet, a continuación se transcriben las disposiciones que no son acatadas por la delegación al hacer público el manejo de sus recursos.

• Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación.

Dentro de la información pública no se detalla la remuneración neta del personal de honorarios ni sus prestaciones.

• Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución.

Esta información, aunque está contenida en el sitio web, no cumple con tres criterios establecidos por el Infodf: a) que el presupuesto se detalle por programas; b) que se incluya el documento donde se identifique el destino de los recursos a nivel de unidad ejecutora; y c) que en la tabla de ingresos se incluya el nombre completo y puesto de los servidores públicos responsables de recibir, administrar y ejercer los recursos.

La Delegación sólo presenta la información de manera agregada, es decir, únicamente por capítulo, lo que hace necesaria la publicación de los datos presupuestales por partida, que “es el nivel de agregación más específico que identifica y clasifica los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas de un mismo género, que son necesarios para la consecución de los programas y metas autorizados, cuyo nivel de agregación permite su cuantificación monetaria y contable”.

Tampoco está actualizada la información, ya que no se encuentra disponible la relativa al segundo trimestre del año.

• Respecto de los convenios y contratos celebrados, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión.

Esta obligación también la incumple la delegación, pues no señala el número de los contratos celebrados ni los mecanismos de vigilancia y supervisión existentes. Tampoco está organizada la información por categoría (obra pública, arrendamiento y adquisición de bienes o prestación de servicios), ni se especifica el área solicitante ni el área ejecutora-contratante.

• Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos.

No se especifica el motivo y ni el fundamento normativo por el cual se entregan recursos públicos, por ejemplo, en el paraje San Juan, Santa Catarina, Ermita Zaragoza, San Lorenzo o Cabeza de Juárez.

• Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo.

En este rubro, el sitio de internet no contiene los motivos aplicados para realizar adjudicación directa ni las razones que justifican la elección de los ganadores de las licitaciones.Tampoco se hace referencia a la fecha de las juntas públicas ni se incluyen relaciones que contengan los nombres de los asistentes a las mismas, así como tampoco las cotizaciones consideradas o, en su caso, la indicación de que no existen.

Tampoco se cumple con los criterios del Infodf porque no se publican documentos en PDF que contengan convocatorias, invitaciones, convenios o contratos, entre otros.

• Las cantidades recibidas por concepto de recursos autogenerados así como el uso o aplicación que se les da.

En el portal se indica que estos montos se aportan “básicamente al pago de los siguientes conceptos: nómina, material de limpieza, impresión de recibos, mobiliario, sustancias químicas para albercas, alimentación de personas”. Sin embargo, no se detalla el monto destinado a cada uno de estos rubros.

• Sobre el ejercicio del presupuesto debe publicarse el calendario trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado.

En la página web no se publicitan las razones con base en las cuales se comprometen los recursos del Fortamun ni del FAEF. Por ejemplo, dentro de las acciones que se realizarán con recursos del Fortamun se menciona la conservación y mantenimiento de planteles de los tres niveles educativos, pero no se indica qué planteles ni cómo se eligieron. Lo mismo sucede con acciones como la “Sustitución de edificios de 5 planteles educativos de nivel preescolar y primaria en la delegación Iztapalapa”.

Además, incumpliendo con los criterios del Infodf, no se hace mención de los recursos del Fondo de Fomento Municipal ni se publica el calendario de ministraciones tanto federales como locales. Tampoco se organiza la información por aportaciones ni participaciones.

• Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento.

En el portal sólo se publica un Proyecto del Programa Delegacional, faltando toda la información relativa a los indicadores, a las metas propuestas y al avance físico y financiero de cada una de ellas.

En general, la ley señala que la información debe estar disponible de forma tal que facilite su uso y comprensión por las personas, asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Lo que no sucede en el presente caso, debido a que la información no se encuentra sistematizada y no contiene la explicación de los diversos acrónimos utilizados a lo largo de los documentos publicitados. Tampoco están disponibles algunos indicadores ni la explicación de la medida y magnitud de los valores utilizados en ciertos rubros, dificultándose así el manejo y la comprensión de los datos.

Por último, cabe mencionar que la Delegación Iztapalapa incumple también con el artículo 28 de la ley, ya que no incluye un buscador temático en su página de internet.

De lo anterior se concluye que hay una gran opacidad respecto al manejo de los recursos públicos en la delegación, ya que no se cumplen a cabalidad las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable en materia de transparencia.

VI. Sobre el tema de la equidad en el manejo del presupuesto, es de advertir que el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 establece la obligación de la administración pública de “introducir la perspectiva de género en la ejecución de sus programas, a efecto de impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal” (Art. 15). Asimismo, señala que los entes públicos deben observar lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que hace a la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de resultados con enfoque de género.

En este sentido, la equidad de género constituye uno de los ejes rectores de las políticas públicas del Gobierno del Distrito Federal, motivo por el cual se han adoptado tres estrategias simultáneas para fortalecer la equidad de género en la provisión de servicios públicos:

1. Subfunción 12 “Género”, que incluye 50 actividades institucionales que promueven la equidad de género. A este respecto, todas las Unidades Responsables del Gasto (UR’s) deben crear, incluir o modificar al menos una actividad institucional dentro de su estructura basada en resultados desde la perspectiva de género. Dentro de dichas actividades se encuentran: a) los programas, servicios y acciones que se diseñan en función de las necesidades de las mujeres; b) las acciones de investigación, diagnóstico y planeación con perspectiva de género; c) todas las medidas afirmativas que buscan disminuir las desigualdades ya existentes; y d) las acciones para promover una cultura de equidad de género en la Ciudad de México.

2. Adopción del “Propósito de Género” en actividades sustantivas de todas las UR’s, para lo cual requieren identificar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de acción del gobierno local.

3. Vinculación de sus acciones y las líneas de acción del Programa General de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres.

Además, en atención a las líneas marcadas por el Presupuesto y las leyes que velan la equidad, la Delegación Iztapalapa ha impulsado la igualdad entre mujeres y hombres mediante la planeación y el diseño de programas y acciones en pro de la equidad de género.

Esto queda evidenciado en los montos que se han destinado específicamente para promover políticas con perspectiva de género y una cultura de la equidad, tal y como se muestra en los cuadros siguientes sobre la Evaluación Programático-Presupuestal y el Programa Operativo Anual de la Delegación:

Por lo anterior, y a falta de mayores datos y motivaciones aportados por la diputada en el cuerpo de su proposición, esta dictaminadora no considera viable exhortar al gobierno capitalino a ejercer con equidad su presupuesto.

VII. La relación dinero/política ha sido uno de los asuntos que ha motivado la búsqueda de un cada vez más nítido actuar gubernamental. Ahora, este tema no sólo se ha entendido como una cuestión normativa, pues se ha comprendido que lo que está en juego no es únicamente la cantidad de los recursos que se pueden destinar a la política o a las arcas individuales de servidores o políticos, sino también la calidad misma de la democracia y el funcionamiento de las instituciones. Se ha comprendido que la transparencia contribuye a “mejorar la probidad en la administración pública, el empleo razonable de los fondos públicos, al mismo tiempo que aumenta las defensas de la sociedad frente a la influencia ilegítima de sectores de interés”.

Para lograr lo anterior, se deben tener claros los alcances de la transparencia, la cual no puede ser reducida a la simple apertura de los archivos gubernamentales, sino que debe abarcar las decisiones y los procesos asumidos por los poderes y los órganos del Estado para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental. Asimismo, la transparencia implica el propósito deliberado de actuar y decidir sobre la base de información que debe ser pública en todo momento para producir un valor agregado en los fines públicos e incrementar la utilidad social.

Así entendido, el tema de la información no sólo se reduce a la publicidad de las decisiones tomadas o ejecutadas por las organizaciones públicas; también se refiere a la publicidad de los argumentos y las justificaciones que llevaron a tomar dichas decisiones.

En este contexto, la Delegación Iztapalapa debe emprender mayores esfuerzos por transparentar su gestión y el uso de sus recursos. En primer lugar, debe cumplir con la normatividad existente en materia de revelación de información pública. En segundo lugar, debe implementar una política de transparencia que vaya más allá de la generación de flujos de información y que se diseñe desde la visión política y ética de políticos y funcionarios que entiendan que el acceso a la información no es una carga o lujo, sino una parte inherente al ejercicio del poder en una sociedad que se quiere democrática.

Un paso importante para producir un valor agregado en los fines públicos e incrementar la utilidad social es la entrega de información de calidad a los ciudadanos. Para ello, se debe atender a lo sostenido por algunos autores, quienes han destacado los elementos mínimos indispensables con los cuáles debe contar la información que se hace pública con miras a promover un gobierno más eficiente: accesibilidad (accessibility), precisión (accuracy), completitud (completeness), relevancia (relevance), confiabilidad (reliability), consistencia (consistency) y oportunidad (timeliness).

VIII. Finalmente, conforme al análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se deriva que los planteamientos realizados por la diputada proponente deben ser actualizados en el sentido de que el titular del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa de cumplimiento a las obligaciones establecidas en materia de recursos públicos en la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” y en los “Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus portales de Internet”.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Delegación Iztapalapa a que ejerza con transparencia el presupuesto aprobado a dicho Órgano Político-Administrativo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones establecidas en materia de recursos públicos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en los Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus portales de Internet.

Notas:

1 Marco Teórico Metodológico, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2003, p. 18.

2 Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, Transparencia y partidos políticos. Los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, en El Poder de la Transparencia: nueve derrotas a la opacidad, Pedro Salazar Ugarte (coord.), 2ª ed., IFAI-IIJ, México 2007, p. 265.

3 Helena Hofbauer y Juan Antonio Cepeda, Transparencia y rendición de cuentas, en Transparencia: libros, autores e ideas, Mauricio Merino (coord.), IFAI-CIDE, México 2004, p. 42.

4 Guerrero, Juan Pablo, Transparencia: de la abstracción a la operación de un concepto, en Transparencia: libros, autores e ideas, Mauricio Merino (coord.), CIDE-IFAI, México 2005, p. 31.

5 Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004

6 Además de ser una obligación dispuesta por la Ley de Transparencia, la publicidad de esta información también deriva de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la cual establece en su artículo 61 lo siguiente:

“En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

La opción que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal”.

7 Manual de Programación-Presupuestación para la formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2010, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, p. 12.

8 Delia M. Ferreira Rubio, Fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina: Institucionalización, democratización y transparencia, en La transparencia: un camino para el fortalecimiento de los partidos políticos, Serie cuadernos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica 2006.

9 Mauricio Merino, Muchas políticas y un solo derecho, Democracia Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, López Ayllón (coord.), IFAI-IIJ UNAM, México 2006, pp. 128, 146 y 147.

10 Enrique Cabrero Mendoza, La Federalización de la Transparencia, en el Primer Coloquio Nacional “La Transparencia como política del Estado Democrático”, Secretaría de la Función Pública-Instituto Nacional de Administración Pública, México 2006.

11 Véase, por ejemplo, Donald P. Ballou y Giri Kumar Tayi, Enhancing data quality in data warehouse environments, Communications of the ACM, Vol. 42, Núm. 1, enero de 1999, p. 75; y Juan Pablo Guerrero, Transparencia: de la abstracción a la operación de un concepto, en Transparencia: libros, autores e ideas, Mauricio Merino (coord.), CIDE-IFAI, México 2005, p. 31.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ãngel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a revisar, reparar o adecuar la infraestructura de las estaciones del Metro para garantizar la seguridad y la accesibilidad de las personas con discapacidad visual o motriz

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio No. D.G.P.L. 61-II-6-0317, que contiene la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, revise y, en su caso, repare o adecue la infraestructura de las 175 estaciones de la red de dicho sistema de transporte a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz, presentada por el diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 2 de marzo de 2010, el diputado Carlos Bello Otero presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a revisar y, en su caso, a reparar o adecuar la infraestructura de las 175 estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro para garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz, así como para solicitar al Gobierno del Distrito Federal a que establezca las acciones pertinentes que permitan a los futuros usuarios de la línea 12 de dicho sistema de transporte a contar con mayores medidas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el diputado refiere que una de las principales necesidades y demandas de las personas con discapacidad es tener acceso a los servicios de transporte público, para lo cual se requiere eliminar todo tipo de barreras físicas que representen una situación de desventaja y de participación plena y efectiva para estas personas. De atenderse esta situación –sugiere el proponente– se actualizarían los principios de igualdad, solidaridad y respeto mutuos en nuestro sistema democrático.

4. El diputado refiere que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por México en diciembre de 2007) establece que, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados deben adoptar medidas que aseguren su acceso al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

También hace alusión a la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce el derecho que tienen los discapacitados a desplazarse libremente en condiciones dignas y seguras en espacios públicos, estableciendo la obligación que tienen las dependencias de la administración pública locales de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad se establecen en la normatividad vigente. La ley también señala que las autoridades competentes deben impulsar programas que permitan la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público para las personas con discapacidad.

Por lo que hace a la legislación aplicable en la capital, el proponente subraya que el artículo 18 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal establece lo siguiente:

“Artículo 18.La Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús, el Transporte Escolar y Turístico y todo el transporte público y privado destinado a la transportación de personas, deberán implementar en las Unidades, las instalaciones necesarias, que permitan y aseguren que las personas con discapacidad viajen con máxima seguridad, facilitando su libre desplazamiento, conforme a lo siguiente:

I. Los vehículos del servicio público de transporte deberán cumplir con las especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, incluyéndose la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estacionamientos, conforme a ésta Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales;...”

5. Para dimensionar la problemática a la cual se pretende dar solución, el diputado indica que, según información de la Asociación Civil Mexicana por el Trato Humano, Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales, AC., diariamente trabajan como comerciantes en los vagones del Sistema Colectivo Metro más de quinientas personas con discapacidad visual, cifra a la que “se suma otro número indeterminado de personas con ceguera o debilidad visual que no son comerciantes pero que también usan este medio de transporte, además de un número desconocido de personas en silla de ruedas o con otra discapacidad motriz”.

La citada organización ha informado que al mes de octubre de 2009, más de quince personas con discapacidad visual han caído a las vías del Metro, siendo la causa fundamental que las líneas amarillas de seguridad que se encuentran en la orilla de los andenes para abordar el metro “han perdido lo rasposo y han dejado de ser seguras para las personas con ceguera o debilidad visual”, por lo que no pueden ser detectadas con el “bastón blanco para ciegos”; riesgo que se incrementa en aquellas estaciones con andenes que no cuentan con una pared lateral y en las que circula el tren del metro por ambos lados.

Tratándose de aquellos usuarios con discapacidad motriz, el proponente señala que la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con 24 plataformas que descienden o ascienden en zonas de escaleras fijas en 6 de las 175 estaciones. Sin embargo, la mayoría de estas plataformas no funcionan adecuadamente, razón por la cual el transporte y la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad se dificultan u obstaculizan.

6. Por lo anterior, el diputado considera necesario:

a) Solicitar al Gobierno del Distrito Federal, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que revise y, en su caso, repare o adecue, la infraestructura de las 175 estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz, bajo las siguientes premisas:

• Se emprenda un programa correctivo y preventivo de mantenimiento de las líneas amarillas de seguridad, de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de tal manera que sean lo suficientemente perceptibles para el deslizamiento del “Bastón blanco para ciegos”.

• Se incrementen gradualmente el número de estaciones con canaletas o ranuras guías a nivel de piso para garantizar un mejor desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

• Se incrementen gradualmente el número de estaciones con plataformas de ascenso y descenso en zonas de escaleras fijas para las personas con discapacidad motriz y, en su caso, se reparen las ya existentes.

b) Solicitar al Gobierno del Distrito Federal que de conformidad con la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, se establezcan las acciones pertinentes que permitan a los futuros usuarios con discapacidad de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, contar con mayores medidas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la protección del derecho de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad, así como a la obligación que tienen las autoridades competentes de adecuar las instalaciones del sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) a fin de asegurar y facilitar el libre desplazamiento de los discapacitados.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando que:

La discriminación es particularmente compleja y se puede presentar de diferentes maneras, particularmente en la restricción de oportunidades y en la negación de servicios, lo que limita el pleno ejercicio de los derechos de los discapacitados, impidiéndoles participar en igualdad de condiciones en la vida social y, por tanto, desa-rrollarse en lo personal. De ahí que la importancia de la accesibilidad sea de primer orden, pues permite gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En otras palabras, la accesibilidad del entorno social es considerada un principio básico de igualdad de oportunidades y una condición necesaria para la no discriminación. De hecho, el primer paso para que un Estado brinde las mismas oportunidades a sus ciudadanos es la creación de la infraestructura idónea a fin de que todas las personas puedan desplazarse para realizar sus actividades cotidianas.

Por ello, es preciso que el Gobierno del Distrito Federal efectúe lo que algunos autores e instrumentos internacionales denominan “ajustes razonables”, es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar el disfrute de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Lo que también comprende la idea de concebir sin barreras todo lo que se crea o diseña nuevo, respetando su derecho a la comunicación, es decir, los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.

IV. Los derechos de los discapacitados se han protegido en instrumentos de todos los niveles, desde el internacional hasta el local. Así, por ejemplo, con la ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, nuestro país se comprometió a adoptar medidas para que los vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas, así como medidas para eliminar los obstáculos arquitectónicos, de transporte y de comunicaciones que existan.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que la accesibilidad no sólo es física sino de información y comunicaciones, procurando que los discapacitados puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Motivo por el cual, los Estados deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de todas las personas al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones de uso público. Además, define dos conceptos fundamentales para el ejercicio del derecho de las personas a la accesibilidad: el diseño universal y los ajustes razonables, a los cuales se ha hecho referencia en los considerandos anteriores.

A nivel nacional, la Ley General de las Personas con Discapacidad establece el derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos. También señala que las administraciones públicas (tanto federal, estatal y municipal), tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de accesibilidad y poner en marcha acciones progresivas hacia la adecuación de las instalaciones públicas.

A nivel local, la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal establece como obligaciones del jefe de Gobierno:

• Planear, ejecutar y difundir el Programa de Desa-rrollo e Integración para las Personas con Discapacidad, el cual debe contemplar acciones en materia de:

a) Eliminación de barreras físicas implementando facilidades arquitectónicas, de señalización y de desarrollo urbano;

b) Vehículos de servicio público de transporte y transporte adaptado.

• Establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el correspondiente a los programas relativos a la población con discapacidad.

El citado ordenamiento señala como una prioridad para el desarrollo integral de los discapacitados la eliminación de las barreras físicas y el establecimiento de un trato preferencial. Por ejemplo, establece que el trasporte público debe contar con especificaciones técnicas y especiales, e impulsa el acceso a lugares públicos para las personas ciegas.

Asimismo, el artículo 18 establece que el Sistema de Transporte Colectivo Metro debe implementar en las Unidades, las instalaciones necesarias que permitan y aseguren que las personas con discapacidad viajen con máxima seguridad, facilitando su libre desplazamiento, e incluyéndose la adecuación de instalaciones físicas. En tanto que el artículo 75 de su Reglamento dispone que:

“En los accesos principales y los pasillos de correspondencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se construirán rampas con materiales adecuados y antiderrapantes, en los lugares donde técnica y operativamente sea posible, respetando, las pendientes establecidas en las normas técnicas aplicables.

En casos especiales se analizará la factibilidad técnica y financiera para la instalación de elevadores que permitan el acceso de los usuarios en sillas de ruedas a las instalaciones, así mismo deberá instalarse señalización con materiales resistentes y colores contrastantes de los símbolos distintivos de cada tipo de discapacidad.

Para el libre acceso de las personas con discapacidad visual, usuarias de perros guía, se dejará un espacio exclusivo al inicio de todos los andenes”.

V. Diversos documentos programáticos han delimitado las acciones que deben desempeñar las autoridades del Distrito Federal con el propósito de brindar plena accesibilidad a los discapacitados, reconociéndose el abandono en que ha permanecido este sector de la población: “Las condiciones de accesibilidad de la infraestructura urbana y los espacios públicos hacen que estemos lejos de ser una ciudad sin obstáculos, favorecedora del desa-rrollo de las habilidades humanas y la creación de condiciones de equidad, donde se limitan las posibilidades de apropiación del entorno inmediato y la ciudad en general por parte de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México” (Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012).

De manera más puntual, el Programa de Desarrollo e Integración de las Personas con Discapacidad 2007-2012 señala como un objetivo específico el “promover que el transporte público cuente con las adecuaciones necesarias de seguridad y accesibilidad para las personas con discapacidad”, para lo cual establece como meta “promover que los sistemas integrales de transporte público aptos para el traslado de personas con discapacidad del parque vehicular, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Sistema de Transporte Eléctrico y el Sistema de Transporte Colectivo Metro adecuen sus autobuses a razón de un 16 por ciento anual hasta lograr un 100 por ciento”, así como “propiciar que el Sistema Colectivo Metro prevea y garantice que los elevadores, salva y escaleras y puertas de cortesía, sean operables con chip de la tarjeta de cortesía para los usuarios con discapacidad en silla de ruedas”.

VI. En adición a las cifras brindadas por el proponente respecto al número de personas con discapacidad que habitan en el Distrito Federal y al estado que guarda el Sistema de Transporte Colectivo Metro en materia de infraestructura para facilitar la accesibilidad, esta comisión dictaminadora considera necesario resaltar lo siguiente:

A) Se estima que en la Ciudad de México existen 159,754 personas con discapacidad permanente, distribuidas por su discapacidad de la siguiente manera:

Fuente: INEGI -XII Censo General de Población y vivienda

En el periodo comprendido entre el año 2005 y 2009, el STC Metro ha otorgado a la población anterior 16,004 tarjetas de cortesía para que utilicen gratuitamente el metro. Además, con el propósito de dimensionar la población que se beneficiaría con adecuaciones en la infraestructura de este sistema de transporte, es de considerarse que de enero a marzo de 2010, el STC Metro ha registrado una afluencia en sus servicios de 342,599,223 usuarios con acceso gratuito (entre los que se encuentran las personas con discapacidad), mientras que de enero a diciembre de 2009 fue de 1,414,907,798.

A estas cifras se debe agregar que la mayoría de las personas que padecen alguna discapacidad la adquieren a lo largo de su vida, por lo que el número de beneficiarios podría ir en aumento, según consta de un estudio realizado por el Consejo de Población del Distrito Federal.

B) De acuerdo con datos brindados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, únicamente las líneas 3 (Indios Verdes a Centro Médico) y 9 (Tacubaya, Centro Médico, Pantitlán) cuentan con estaciones que son 100por ciento accesibles;sin embargo, en otras estaciones se ofrecen los servicios que se detallan a continuación:

• 355 placas metálicas escritas en sistema braillepara facilitar la orientación de las personas ciegas, distribuidas en 25 estaciones de la Red (sólo 14.2 por ciento del total).

• Únicamente 32 estaciones (18.2 por ciento del total) cuentan con canaletasa nivel de piso para guiar a las personas ciegas en su acceso al andén.

• Se cuenta con 24 plataformas que descienden o ascienden en escaleras fijas en las líneas 3 y 9.

• Líneas conductivas para ciegos y placas de ubicación en braille en las siguientes estaciones:Línea 1 (San Lázaro y Balderas), Línea 2 (Hidalgo y General Anaya), Línea 3 (Indios Verdes, La Raza, Guerrero, Juárez, Centro Médico y Universidad), Línea 4 (Morelos), Línea 8 (Garibaldi), Línea 9 (Pantitlán y Tacubaya), Línea A (Pantitlán) y Línea B (Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Tecnológico, Muzquiz, Río de los Remedios. Impulsora, Nezahualcóyotl, Villa de Aragón, Bosque de Aragón, Deportivo Oceanía, Romero Rubio, Morelos, Tepito, Lagunilla, Garibaldi y Buenavista).

Mención aparte merece la línea 12 del Metro, ya que el Gobierno del Distrito Federal ha anunciado que ésta será 100 por ciento accesible para las personas con discapacidad, motivo por el cual se han implementado recorridos y revisiones del proyecto a fin de garantizar el cumplimiento de este objetivo.De hecho, al anunciarse la construcción en los medios de comunicación, se indicó que esta línea contará con rampas, barandales, pasamanos, torniquetes e instalaciones completamente adaptadas, adecuaciones que incrementaron el costo del proyecto en 8 por ciento (1,100 millones de pesos).

VII. No obstante lo anterior, el Metro tiene algunas adaptaciones que constituyen “eslabones de accesibilidad aislados”. Por ejemplo, los limitados salvaescaleras no permiten superar todos los obstáculos de una misma estación, como sucede en la estación Ciudad Universitaria, en donde existe un salvaescaleras para acceder del andén al piso superior, pero no existe otro que permita bajar hacia la calle. Como este ejemplo, hay situaciones similares en otras estaciones.

Esto constituye una falla que debe corregirse, ya que la accesibilidad debe ser “un sistema integral o una cadena de eslabones que deben estar unidos para que funcione como tal. No basta, entonces, con cumplir con una sola de las dimensiones [la movilidad, la comunicación, la comprensión y el uso y manipulación eficiente del entorno], sino que se debe intentar, cuando corresponda, cumplir con todas ellas de manera que todo el proceso que envuelve al entorno o al servicio sea accesible”. Por ello, el hecho de que la línea 12 haya sido diseñada totalmente para el uso de personas con discapacidad no es suficiente, ya que es necesario hacer adecuaciones en las demás líneas existentes para que se complete la cadena de accesibilidad.

También es importante que los servicios de transporte público cuenten con “diseños universales”, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. De hecho, algunos autores sostienen que la accesibilidad universal debe ser invisible, pasar desapercibida, lo que ejemplifican mencionando que una entrada a nivel o con un suave desnivel a un edificio es una solución mucho más adecuada y estética que una silla montaescaleras fijada junto a un tramo de escalones; solución que beneficiaría a todo el mundo en la medida en que nadie tendría que subir escalones. “Y es que cuanto más general e invisible la solución, mejor. La accesibilidad universal cuando está bien resuelta pasa desapercibida y es beneficiosa para todos”.

VIII. En conclusión, si bien en el Distrito Federal se han tomado medidas para mejorar la accesibilidad, éstas no son constantes ni integrales y no contemplan las necesidades de los distintos tipos de discapacidad, por lo que se presentan eslabones de accesibilidad aislados que constituyen una forma de discriminación, en tanto que se impide y/o dificulta que los discapacitados desarrollen las actividades propias de su edad en los diferentes aspectos: educativo, económico, político, cívico, laboral y legal, impidiéndoles que puedan determinar su propia vida.

Visto de otro modo, no puede haber un servicio público eficiente, igualitario y universal, si éste no reúne las condiciones mínimas de accesibilidad. De nada sirve otorgar constancias para el libre acceso al transporte público si no se realizan las adecuaciones pertinentes en todas las líneas del Metro a fin de cumplir completamente con la cadena de accesibilidad.

Así, las mejoras solicitadas por el proponente no son una “carga”, sino una forma de alcanzar el fin último de la administración: llegar de la forma más efectiva al mayor número de ciudadanos.

IX. Conforme al análisis de la información y los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, se deriva que los planteamientos realizados por el diputado proponente deben ser actualizados en el sentido siguiente:

a) Corresponde al jefe de Gobierno del Distrito Federal establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el correspondiente a los programas relativos a la población con discapacidad.

b) La Línea 12 del Metro fue diseñada para otorgar completa accesibilidad a las personas con discapacidad, por lo que no es viable exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que incluya medidas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero.Se exhorta respetuosamente al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a revisar y, en su caso, reparar o adecuar la infraestructura de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de garantizar la accesibilidad y seguridad de las personas con discapacidad visual y motriz, bajo las premisas comprendidas en la normatividad aplicable y en el “diseño universal”, considerando como prioridad las siguientes:

• Emprender un programa correctivo y preventivo de mantenimiento de las líneas amarillas de seguridad en la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de tal manera que sean lo suficientemente perceptibles para el deslizamiento del “Bastón blanco para ciegos”.

• Incrementar gradualmente el número de estaciones con canaletas o ranuras guías a nivel de piso para garantizar un mejor desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

• Incrementar gradualmente el número de estaciones con plataformas de ascenso y descenso en zonas de escaleras fijas para las personas con discapacidad motriz y, en su caso, reparar las ya existentes.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que establezca en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el próximo ejercicio fiscal, el correspondiente a los programas relativos a la población con discapacidad.

Notas:

1 Por accesibilidad se entiende “el conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad”, véase Ana Rapoport y Fernando Alonso López, Manual del curso básico: La accesibilidad en el servicio público, Equipo Acceplan, España 2005, p. 12.

2 Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, p. 57.

3 Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. Disponible en: http://www.dif.df.gob.mx/dif/discapacidad/estadisticas.php

De acuerdo al Programa General de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal, en la ciudad aproximadamente un 2% del total de los habitantes tiene algún tipo de discapacidad física o mental.

4 Estas cifras, proporcionadas por la Coordinación de Desarrollo Tecnológico, incluyen la afluencia por acceso gratuito al metro, lo que incluye usuarios como los adultos mayores. A falta de datos más desa-gregados se toman como un proxy de la situación en que se encuentra el uso del metro por parte de las personas discapacitadas.

5 En un estudio realizado en el Distrito Federal se observó que el 66.5 por ciento de las personas que tienen alguna discapacidad la adquieren a lo largo de su vida, ya sea por algún accidente, por alguna enfermedad o adicción, o bien, a causa del trabajo. Véase Consejo de Población del Distrito Federal. Disponible en:

http://www.copo.df.gob.mx/calendario/calendario_2004/diciembre/d iscapacidad.html

6 Véase http://www.dif.df.gob.mx/dif/discapacidad/accesibilidad.php

7 Op. Cit., Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008, p. 71.

8 Véase: http://www.inr.gob.mx/g12_5.htm

9 Véase: http://www.dif.df.gob.mx/dif/discapacidad/accesibilidad.php

10 Op. Cit., Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008, p. 71.

11 Ibídem.

12 Ibíd., p. 57.

13 La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad establece en su artículo 2 que: “Por ‘diseño universal’ se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El ‘diseño universal’ no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”.

14 Op. Cit., Ana Rapoport y Fernando Alonso López, p. 22.

15 Op. Cit., Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008, p. 64.

16 Op. Cit., Ana Rapoport y Fernando Alonso López, p. 35.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ãngel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Seduvi, al delegado en La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Distrito Federal a respetar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, a llevar a cabo visitas de verificación y a imponer las sanciones correspondientes por violaciones de los usos de suelo y de la normatividad vigente en materia de construcciones y de establecimientos mercantiles

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio No. D.G.P.L. 61-II-8-170, que contiene la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi), al jefe delegacional en Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a respetar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, a llevar a cabo las visitas de verificación administrativa conducentes y, en su caso, a imponer las sanciones correspondientes por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones y funcionamiento de establecimientos mercantiles en esa demarcación, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

1. Con fecha 15 de diciembre de 2009, la diputada Leticia Quezada Contreras presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al jefe delegacional en La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se respete el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, se lleven a cabo las visitas de verificación administrativa conducentes y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones, funcionamiento de establecimientos mercantiles y usos de suelo respecto a la construcción y operación de diversas construcciones y establecimientos mercantiles con giro de tiendas de autoservicio o “minisúper” en distintas colonias de la mencionada delegación.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada afirma que las cadenas comerciales –en especial las tiendas de autoservicio y los llamados minisúper– han proliferado en los centros urbanos hasta desplazar casi por completo a los pequeños establecimientos y a los mercados públicos, determinando los precios, los estilos de consumo y la calidad de los alimentos. Situación que tiene impactos comerciales y también culturales, ya que los mercados públicos no sólo son parte de un paisaje urbano propio de barrios y colonias, sino que constituyen formas de comunicación, solidaridad, arraigo y convivencia cotidiana, lo que una cadena comercial no puede ofrecer.

4. En adición a lo anterior, la proponente manifiesta que vecinos de la delegación Magdalena Contreras, representantes de comités vecinales, organizaciones vecinales, así como representantes de diversos mercados públicos de la demarcación, han hecho del conocimiento de la autoridad delegacional los problemas que padecerían cientos de familias por la inminente construcción y operación de centros comerciales y minisúper que no cuentan con las manifestaciones de construcción ni con las licencias especiales respectivas, violando así los usos de suelo autorizados y pasando por alto la opinión vecinal.

5. La diputada indica que en la delegación Magdalena Contreras se pretenden construir y/o acondicionar centros comerciales o mini-supermercados en inmuebles que no cumplen con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que no sólo violaría el uso de suelo autorizado sino que también afectaría gravemente a los mercados públicos.

De dichos inmuebles, la proponente hace referencia específica a los predios ubicados en las direcciones siguientes:

a) Av. Ãlvaro Obregón No. 1415, colonia La Cruz.

b) José Moreno Salido No. 18, esquina Ãlvaro Obregón, colonia Barranca Seca.

c) Av. Ojo de Agua, entre Astilleros y Carboneros, colonia Lomas de San Bernabé.

d) Calle Chabacano y Av. México, colonia La Cruz.

6. Por ello, la diputada proponente considera necesario:

a) Exhortar al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal para que en ejercicio de sus atribuciones, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, verifique si los inmuebles señalados, y en los que se pretenden instalar plazas comerciales, cuentan con legal uso de suelo expedido por la dependencia a su cargo en el que se autorice la construcción y posterior funcionamiento de éstos, si se respeta el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras, y si los certificados de zonificación de usos de suelo específico señalados fueron expedidos apegados a la ley y al referido programa.

b) Exhortar al jefe delegacional en La Magdalena Contreras a realizar, con carácter urgente, visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil a los inmuebles que se señalan en el punto de acuerdo y, en su caso, ordenar la clausura de los mismos y velar por la legalidad y respeto del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

c) Exhortar al contralor general del Gobierno del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos responsables de aplicar las disposiciones jurídicas vigentes en materia de construcciones y uso de suelo en los asuntos antes mencionados.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la facultad de verificación que en materia de uso de suelo tiene la Seduvi; las atribuciones verificadoras que tienen los delegados en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil; así como a la función que debe desempeñar la Contraloría General del Distrito Federal para investigar el proceder de los funcionarios públicos responsables de aplicar las disposiciones jurídicas vigentes en materia de construcciones y uso de suelo.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

En el año 2005 se hizo una revisión, modificación y actualización del Programa Delegacional del Desarrollo Urbano de La Magdalena Contreras, debido a que la mayor parte de su territorio se encuentra en constante amenaza por lotificaciones y ocupaciones irregulares, siendo que el 82 por ciento de su territorio es suelo de conservación.

Dentro de las problemáticas identificadas en dicho documento se encuentra que, de mantenerse la dinámica urbana y poblacional identificada en la Delegación, y de continuar las incongruencias entre las zonas de asentamientos en suelo de conservación con las zonificaciones asignadas, el escenario urbano para el corto, mediano y largo plazo será el siguiente:

• “Se mantendrá una doble dinámica de población definida por el despoblamiento y la paulatina substitución de usos habitacionales por comercios y servicios (más rentables) en las partes bajas de la Delegación (San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco y Héroes de Padierna), así como la paulatina incorporación de población de ingresos bajos y muy bajos en suelo de conservación, como resultado de la presión y accesibilidad generada por la delegación de Tlalpan sobre la entidad”.

• “Se intensificará la sustitución de usos habitacionales por comercio y servicios en las colonias San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Aculco, Héroes de Padierna y la Concepción (entre otras), ante el incremento en la rentabilidad de las colonias adyacentes al Periférico”.

Para revertir lo anterior, el Programa contempla como política general el que los usos comerciales y de servicios en suelo de conservación se restrinjan a locales menores de 30 m2, evitando en lo posible la zonificación habitacional rural con comercio (HRC), ya que ésta puede generar procesos de plusvalía en la zona. Además, el Programa enfatiza que se deben deslindar las responsabilidades en cuanto a la vigilancia en la aplicación de las leyes y reglamentos que tienen por objeto controlar los crecimientos, evitar las lotificaciones irregulares y las invasiones, así como cumplir con el reglamento de construcciones.

Por lo que hace al suelo de conservación ocupado por asentamientos, destacan los siguientes objetivos:

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad del uso del suelo correspondiente, regulando el comercio básico en las zonas de vivienda.

• Cero tolerancia a nuevos asentamientos en suelo de conservación con excepción del crecimiento natural de los poblados rurales.

• Definir los centros de servicios y equipamientos urbanos básicos rurales, para la atención de la población ya asentada.

A la par de lo anterior, el Programa establece como objetivos a perseguir en suelos urbanos:

• Apoyar la generación del comercio menor y corredores de uso comercial y de servicios con una oferta adecuada de estacionamiento.

• Consolidar los centros de barrio tradicionales de los antiguos poblados, con usos comerciales de baja intensidad, de servicios y vivienda.

Por lo que se refiere a los trámites de uso del suelo y manifestación de construcción en Ãreas de Conservación Patrimonial, el Programa señala que se debe salvaguardar la fisonomía, conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, así como la imagen urbana y las características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles históricas o típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, y todos aquellos elementos que merezcan tutela en su conservación y consolidación.

Finalmente, es de advertir que el citado Programa contempla la creación de 6 corredores de uso comercial dentro de la Delegación: uno con zonificación habitacional mixto (HM) y cinco con zonificación habitacional con comercio (HC), a lo largo de las siguientes vialidades: avenida San Jerónimo, avenida Potrerillo, avenida Ojo de Agua, San Bernabé, avenida Luis Cabrera, calle Corona del Rosal, calle Cruz Verde, calle Emiliano Zapata, avenida México y calle Emilio Carranza; avenidas entre las que se ubican los inmuebles a que alude la diputada proponente.

IV. En enero de 2010 se publicó la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, ordenamiento que contempla una redistribución de competencias en materia de desarrollo urbano al crear el Instituto de Verificación Administrativa. En lo conducente, esta ley dispone:

“Artículo 7. En materia de verificación la distribución de competencias del Instituto y las Delegaciones será la siguiente:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;...

... d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;...

... III. Coordinar, supervisar y auditar la actividad verificadora de las Delegaciones;

IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y

V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que sean de competencia exclusiva de las Delegaciones; salvo situaciones de emergencia o extraordinarias, que son aquellas producidas por un desastre fuera de control y que sucedan inesperadamente, y en coordinación con las Delegaciones, en cualquiera de la materias que se establecen en el apartado B, fracción I del presente artículo.

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias:

a) Establecimientos Mercantiles;...

... c) Construcciones y Edificaciones;...

... f) Protección civil;...

... h) Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados;...

... III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación”.

De lo anterior se desprende que el Instituto de Verificación es el organismo encargado de realizar verificaciones en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, así como en las materias de construcciones y protección civil. Además, los verificadores tienen la facultad de ejecutar las medidas de seguridad y sanciones impuestas en las actas de visitas de verificación.

Por lo anterior, no se considera procedente exhortar a la Seduvi a que verifique el legal uso de suelo de los inmuebles donde se pretenden instalar plazas comerciales, pues esto es competencia del Instituto de Verificación.

Además, en tratándose de la legal expedición de los certificados de zonificación, el marco jurídico prevé mecanismos para que los ciudadanos no queden en estado de indefensión frente a las posibles afectaciones que se les pudieran ocasionar. En este sentido, la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (publicada el 15 de julio de 2010) contempla la denominada “acción pública” en los términos siguientes:

“Artículo 106.Las personas físicas o morales o los órganos de representación ciudadana, que se consideren afectados por construcciones, cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan lo establecido en esta Ley, en su Reglamento, en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en los Programas, podrán ejercer acción pública ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Para dar trámite a la acción pública, bastará que se presente por escrito y que se indiquen los hechos, las presuntas infracciones cometidas, los datos de la autoridad o autoridades presuntamente infractoras, el nombre y domicilio del actor, así como los medios de prueba con que cuenten.”

Con base en esta disposición, las personas afectadas por construcciones, cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo, cuentan con los medios legales para impugnar estos actos.

V. Por lo que hace a las facultades de las Delegaciones, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal abrogada (mediante decreto publicado el 15 de julio), confería a los órganos político-administrativos las siguientes competencias: a) vigilar el cumplimiento de los programas dentro del ámbito de su delegación, b) revisar los datos y documentos ingresados en la manifestación de construcción, c) verificar el desarrollo de los trabajos, y d) realizar visitas de verificación cuando lo considere conveniente.

Con base en dichas atribuciones, la delegación La Magdalena Contreras practicó visitas de verificación en materia de construcciones y protección civil a los predios que motivaron el punto de acuerdo en dictamen y, mediante oficio No. BD10-1.1./447/2010, comunicó a esta dictaminadora lo siguiente:

“ A. Al predio ubicado en avenida Ãlvaro Obregón No. 1415, colonia La Cruz, derivado de la existencia de la clausura No. DMC-001/2010, ejecutada el 08 de enero del 2010, por conducto de su apoderado legal de la personal moral “Centro de Cómputo y Ventas, Sociedad Anónima de Capital Variable”, ha solicitado diversos levantamientos de sellos provisionales, ya que dicha obra al no ser terminada presenta un riesgo.

El primer acuerdo es de fecha 8 de marzo de 2010, en el que se concede un tiempo de cinco días del 10 de marzo de las 10:00 horas hasta las 18:00 horas del día 19 del mismo mes y año para realizar únicamente trabajos tendientes a mitigar el riesgo latente, cumpliendo dicha diligencia con la orden de Levantamiento de Sellos Provisional No. DMC-005/2010.

El segundo acuerdo fechado 22 de marzo del 2010, en el que se concede un término de las 10:00 horas del día 26 de marzo y hasta las 18:00 horas del 22 de abril del año en curso, para realizar únicamente trabajos tendientes a mitigar el riesgo latente, cumpliendo con lo acordado mediante orden de Levantamiento de Sellos Provisional No. DMC-007/2010.

El tercer acuerdo fechado el 26 de abril del 2010, en el que se concede un término de las 10:00 horas del día 27 de abril hasta las 18:00 horas del 18 de mayo del año en curso, para realizar únicamente trabajos tendientes a mitigar el riesgo latente, cumpliendo con lo acordado mediante orden de Levantamiento de Sellos Provisional No. DMC-009/2010 (sic) asimismo, el 18 de mayo de mayo (sic) asentando mediante acta de levantamiento provisional y transcurriendo el termino concedido se colocan los sellos de clausura 1206 al 1209, conservando el estado de clausura que el 8 de enero del 2010, fue ordenada, por lo que hasta el momento no es posible emitir un nuevo procedimiento de visita de verificación, toda vez, que no se ha concluido dicho expediente.

B. A la obra ubicada en José Moreno Salido, esquina Ãlvaro Obregón, Col. Barranca Seca. Se han se han (sic) llevado a cabo cinco inspecciones oculares a dicho domicilio presenciando que ‘sin que en el mismo existan trabajos de construcción y/o demolición, únicamente se observa que no hay labores de construcción no se encuentra gente trabajando, es un predio baldío, se encuentra bardeado el predio con malla electrosoldada de 6 x 6 fijada a postes a base de polines de madera’; por lo que no existe acto alguno para la emisión (sic) de un procedimiento administrativo de verificación, dichas inspecciones fueron realizadas los días 08, 15, 22 de febrero así como 02 y 22 de marzo del presente año, por el Arq. Mario Reyes Reyna, verificador administrativo adscrito a esta Desconcentrada con credencial expedida por Oficialía Mayor número L1-007, asimismo y en atención a su oficio el 4 de junio del 2010, se comisionó nuevamente al verificador administrativo a constituirse en el predio en mención, el cual manifestó que continúa igual a los reportes que anteriormente ha presentado.

Por lo anterior, no es posible llevar a cabo visita de verificación, esto de conformidad con el artículo 245 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que señala lo siguiente:

Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación de construcción y de la licencia de construcción especial, referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las disposiciones de la Ley, de los Programas, de este Reglamento y sus Normas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

C. Al inmueble ubicado en avenida Ojo de Agua, colonia Lomas de San Bernabé entre Astilleros y Carbonero; se ejecutó orden de visita de verificación No. LMC/SVR/OV-129/2009 el 11 de septiembre del 2009, a la obra en proceso de construcción en el predio en mención. Asimismo, el 28 de septiembre del 2009, mediante acuerdo emitido por la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones ordenó la Suspensión a los trabajos de construcción, cumpliendo con dicha orden con la suspensión No. 19/2009 realizada el 28 de septiembre de 2009, colocando los sellos de suspensión con la finalidad de no permitir el seguimiento de la obra; asimismo, el 18 de noviembre del 2009, se ordenó mediante Resolución Administrativa retirar los sellos de suspensión de la medida de seguridad, debido a que acreditó la legalidad de los trabajos realizados en el inmueble, cumpliendo cabalmente mediante orden de levantamiento de sellos de suspensión DMC-002/2009 el 19 de noviembre del 2009.

En este sentido, personal de esta subdirección a mi cargo ha realizado recorridos periódicos, sin percatarse hasta el momento, de alguna actividad que presuma de algún trabajo de construcción en proceso, por lo que de igual forma que en el inciso anterior no es posible emitir(sic) procedimiento administrativo de visita de verificación de conformidad con el artículo 245 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Así como es improcedente alguna sanción administrativa ya que hasta el momento no se ha incurrido en alguna falta administrativa por no existir alguna obra o instalación en ejecución como lo establece el artículo 249 del mismo ordenamiento jurídico aplicable.

D. Por lo que se refiere a la construcción ubicada en calle Chabacano y avenida México, colonia La Cruz, se realizó el 9 de febrero del 2010 visita de verificación DMC/SVR/PC/-001/2010, mismo que al día siguiente de su ejecución, precisando el 10 de febrero del mismo año, mediante acuerdo se ordeno imponer la medida de seguridad consistente en la suspensión de los trabajos de demolición y construcción realizados en Av. México No. 1351, Colonia La Cruz, a efecto de mitigar los riesgos y posibles daños materiales ya señalados y proteger la vida de las personas; así como su integridad física. Por lo que el 12 de febrero del 2010, se dio cumplimiento al acuerdo mediante la orden de suspensión No. DMC-006/2010, colocando los sellos de suspensión con la finalidad de impedir la continuidad de los trabajos de construcción, asimismo, el 30 de abril de 2010, se ordenó mediante Resolución Administrativa turnar al archivo el presente procedimiento, como concluido, toda vez que se han subsanado las irregularidades observadas en la visita de verificación, así como en su resolutivo segundo ordena se levante el estado de suspensión que impera en el inmueble ubicado en Av. México No. 1351, Colonia la Cruz, llevando a cabo el 14 de mayo del 2010, levantamiento de sellos de suspensión No. DMC-009/2010.

Por lo anterior, esta Subdirección se encuentra imposibilitada para la implementación de acciones administrativas o penales al respecto, ya que dicho predio cuenta con las autorizaciones respectivas”.

Además, en el oficio arriba transcrito se aclara que “se ha informado a todas y cada una de las peticiones solicitadas por la Contraloría Interna de esta desconcentrada, así como de los diversos ciudadanos contrerenses de conformidad con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

VI. Por último, en cuanto a las facultades de la Contraloría General del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública local menciona que ésta tendrá a su cargo el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de los órganos desconcentrados y dependencias que integran la Administración Pública del Distrito Federal. De manera específica, la Contraloría cuenta con la atribución de realizar todo tipo de auditorías y evaluaciones a los órganos desconcentrados y dependencias, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, así como formular, con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones necesarias.

A su vez, el Reglamento Interior de la Administración Pública local dispone que la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones tiene a su cargo la coordinación, supervisión y evaluación de las Contralorías Internas, tomando las medidas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas. Por su parte, el artículo 24 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa señala que el Contralor General tiene a su cargo las actividades relativas al control y evaluación de la gestión pública del Instituto.

En adición a lo anterior, el citado Reglamento señala que corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, adscrita a la Contraloría General, ordenar la implementación de acciones de verificación en aquellos órganos político-administrativos y entidades “que se determine conveniente, para prevenir y corregir conductas o actos contrarios a los principios que rigen la función pública del servicio” (Art. 105).

De esta manera, la Contraloría General cuenta con facultades para ordenar la ejecución de auditorías, investigaciones, inspecciones y revisiones tanto en el Órgano de Control Interno de la Delegación Magdalena Contreras como en el del Instituto, con el propósito de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes.

VII. Finalmente, del análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen se deriva que los planteamientos realizados por la diputada proponente deben ser actualizados conforme a lo siguiente:

a) El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal es el organismo competente para verificar si los inmuebles en los que se pretenden instalar plazas comerciales cuentan con el uso de suelo respectivo. De hecho, el artículo 19 de la ley respectiva señala que el director general del Instituto tiene la facultad de ordenar la práctica de visitas de verificación, así como analizar y resolver las solicitudes que presenten los ciudadanos respecto a este tema.

b) Los ciudadanos pueden ejercer la acción pública cuando se estén llevando a cabo construcciones, cambios de usos o destino del suelo que contravengan lo establecido en la normatividad y en los programas correspondientes. Así, a través de esta figura, quienes resulten afectados podrán solicitar que la autoridad verifique si los certificados de zonificación se expiden con apego a la ley y al programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras.

c) En ejercicio de sus facultades, la delegación La Magdalena Contreras ha realizado visitas de verificación administrativa a los inmuebles señalados por la diputada proponente en el punto de acuerdo que es objeto del presente dictamen.

d) La Contraloría General tiene facultades para: supervisar y evaluar a las Contralorías Internas de las delegaciones y entidades a fin de mejorar la eficiencia de las funciones asignadas; y ordenar la implementación de acciones de verificación en aquellos órganos político-administrativos y entidades “que se determine conveniente, para prevenir y corregir conductas o actos contrarios a los principios que rigen la función pública del servicio”.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a que, en ejercicio de sus atribuciones, ordene verificar si los inmuebles descritos en el antecedente quinto de este dictamen, y en los que se pretenden instalar plazas comerciales, cuentan con el correspondiente uso de suelo.

Segundo. Se exhorta al contralor general del Gobierno del Distrito Federal a que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos encargados de practicar las visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil, en los inmuebles descritos en el antecedente quinto de este dictamen.

Nota:

1 El artículo décimo transitorio dispone que las dependencias y órganos de la Administración Pública del Distrito Federal que a la fecha de entrada en vigor de la ley tuvieran facultades de verificación en las materias a que se refiere la misma, deben entregar al Instituto los expedientes integrados con motivo de los procedimientos instaurados por el ejercicio de dicha facultad, a efecto de que el Instituto disponga de elementos para emitir resoluciones objetivas en los procedimientos que inicie en ejercicio de las facultades que le otorga la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero, César Daniel González Madruga (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ãngel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a reubicar la planta generadora de energía en la subestación Los Remedios, pues produce contaminación ambiental y acústica, y daña las construcciones en los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención con lo establecido en los artículos 38 y 40 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2010, el diputado Sergio Mancilla Zayas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a disponer la reubicación de la planta generadora de energía en la subestación Los Remedios, porque genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones en los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

II. Contenido y objeto de la proposición

La problemática planteada en la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere a la situación de riesgo y vulnerabilidad que presentan los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, situados en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a causa de la operación de la planta generadora de energía situada al interior del predio que ocupa la subestación eléctrica Los Remedios, colindante con los fraccionamientos referidos.

Inicia el diputado Mancilla Zayas señalando que los fraccionamientos de Jardines de San Mateo y Alcanfores, situados en Naucalpan de Juárez, estado de México, existen desde hace más de cuarenta años, con un carácter eminentemente habitacional.

La planta generadora, por otra parte, se construyo y empezó a operar en 2006, generando contaminación ambiental de dos tipos principalmente: por emisión de ruido (de acuerdo con el promovente transgrede la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994), y por las altas emisiones de óxidos de nitrógeno derivados de su operación.

Adicionalmente, destaca el promoverte, se han presentado daños en diversas edificaciones de los fraccionamientos en cuestión, como consecuencia de la vibración que provoca el funcionamiento de la planta.

Señala el promovente que debido a la problemática descrita, los habitantes de los fraccionamientos en cuestión han realizado diversas gestiones ante las siguientes instancias: la extinta Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente delegación Valle de México, a efecto de que se procediera a la revisión del cumplimiento de los requisitos de impacto ambiental y seguridad de la referida planta, así como para solicitar la reubicación de la planta generadora de electricidad.

Por las razones expuestas, el diputado Mancilla Zayas puso a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único.Para exhortar al director general de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de que disponga la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la subestación Los Remedios, en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a efecto de evitar daños en la salud, integridad corporal y vida, así como daños en las construcciones, por el potencial peligro que representa la contaminación ambiental por ruido, emisión de óxidos de nitrógeno y vibraciones permanentes.

Una vez establecido el contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen conforme a las siguientes

III. Consideraciones

Primera.Como resultado del estudio y análisis de la proposición materia del presente dictamen los integrantes de la Comisión de Energía comparten la inquietud del diputado promovente en lo referente a garantizar en lo general la tranquilidad, la salud y la seguridad de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan, estado de México.

Segunda.Los integrantes de esta comisión consideran que se requiere que gobierno y ciudadanos compartan una profunda y sincera preocupación por la protección y conservación del medio ambiente. Consideran que esta preocupación es lo que da sentido a la legislación en materia de protección del ambiente y, en general de las instituciones creadas para el efecto.

Por ello, la Comisión de Energía hace eco de las gestiones que, a decir del proponente, los vecinos de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores han realizado ante diversas autoridades para que su queja sea escuchada.

Es importante considerar, como antes se expuso, que los fraccionamientos en cuestión existen con mucha anterioridad a la construcción de la planta, por lo que debió tomarse en cuenta el impacto de su operación en el bienestar de los vecinos de dichos fraccionamientos.

Tercera.Es objeto de la NOM-081-SEMARNAT-1994 establecer los límites  máximos permisibles de emisión de ruido que genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de emisión por el cual se determina su nivel emitido hacia el ambiente. Asimismo, resulta aplicable a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública.

La subestación eléctrica en comento resulta encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la norma ya citada, pues constituye, para efectos de tal ordenamiento, una fuente fija; es decir, una instalación establecida en un solo lugar que tiene como finalidad desarrollar servicios o actividades que genera o puede generar emisiones contaminantes a la atmósfera, entre ellos, ruido.

La norma oficial mexicana indicada precisa como autoridades competentes para vigilar su cumplimiento a las siguientes:

a) La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

b) Los estados y, en su caso, a

c) Los municipios.

Consecuentemente, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario exhortar a dichas autoridades a vigilar el cumplimiento de tal normatividad en el caso que plantea el diputado Mancilla Zayas.

Cuarta.En conclusión, los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación del diputado Sergio Mancilla Zayas en el sentido de resolver la problemática expuesta.

A juicio de esta dictaminadora, también es responsable, por lo que toca a la observancia y debido cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT 1994 la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, de asumir el compromiso de atender esta situación, toda vez que representa molestias para los vecinos de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores y un riesgo potencial para la salud, así como un daño a su patrimonio.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Energía de la LXI Legislatura somete a consideración esta soberanía los siguientes

Acuerdos

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al gobierno del estado de México, así como a la presidencia municipal de Naucalpan de Juárez de la misma entidad, a vigilar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT-1994, en la operación y funcionamiento de la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, situada en el municipio referido, respecto a los límites máximos permitidos de emisión de ruido, conforme a la dicha norma.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a evaluar la operación de la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, colindante con los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México, respecto de la contaminación por ruido, vibraciones y emisiones y, de ser necesario, de acuerdo con los resultados obtenidos, se evalúe la necesidad de hacer las obras necesarias para reducir las molestias de los habitantes de dichos fraccionamientos, o bien, proceder a su reubicación.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar, conforme a sus atribuciones, la operación de la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, colindante con los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México, respecto a sus emisiones al medio ambiente y, conforme a los resultados y legislación vigente en la materia, emitir las medidas que considere necesarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de septiembre de 2010.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oceguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

GAS METANO ASOCIADO AL CARBON

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Energía a formular y ejecutar las políticas necesarias para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 38 y 40 de la normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2009, el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, a nombre propio y de diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República a emprender acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón.

El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Melchor Sánchez de la Fuente tiene como objeto central exhortar al Ejecutivo federal a emprender acciones contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón. Adicionalmente busca que con el aprovechamiento de este producto se eviten accidentes como los ocurridos en las minas Pasta de Conchos y Lulú en Coahuila.

Al respecto el promovente destaca que desde noviembre de 2004, México pertenece a la Asociación para el Mercado del Metano,por lo que tiene el compromiso de cooperar en el desarrollo de proyectos para la captura y uso del gas metano como fuente de energía limpia, mejorar el medio ambiente y reducir el efecto invernadero provocado por este gas.

Añade que el gas metano asociado a los yacimientos de carbón tiene una creciente importancia económica, sobre todo en los Estados Unidos de América y Canadá, según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera.

En relación con lo anterior, agrega que de acuerdo con la Cámara Minera de México y el Instituto Mundial del Carbón, en el país, se explotan más de 15 millones de toneladas de carbón mineral cada año y que a esta actividad minera se le suma la presencia de altas concentraciones de gas metano asociado.

Respecto de estas actividades señala el promovente que la ausencia de incentivos suficientes para invertir en el aprovechamiento de este gas asociado, eleva de manera considerable, no solo la presencia de contaminantes de efecto de invernadero, sino el riesgo que corren los trabajadores de las minas de carbón de sufrir accidentes como el ocurrido el 19 de febrero de 2006 con la explosión de gas metano, en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila.

Adicionalmente hace alusión a las reformas de 2006 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; y de la Ley Minera. En las cuales se establece el marco jurídico para la regulación del gas metano asociado al carbón; así como el Reglamento de la Ley Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral, publicado el 16 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

A decir del diputado, en estos momentos las altas cargas impositivas hacen imposible la explotación del gas metano y dejan sin sentido la reforma aprobada por esta soberanía.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente presenta a nombre propio y de diversos legisladores el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta al presidente de la República a que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón. Para evitar accidentes lamentables como sucedió en la mina Pasta de Conchos y, recientemente, en la mina Lulú; así como detener el deterioro ambiental de la región e impulsar el desarrollo económico.”

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo, la Comisión de Energía formula el presente dictamen conforme a las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Como resultado del estudio y análisis de la proposición suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, esta Comisión dictaminadora se muestra coincidente en la importancia económica y ambiental que representa la recuperación y el aprovechamiento de gases asociados a yacimientos de carbón mineral.

Segunda. Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Energía no pueden compartir con el diputado promovente la afirmación de que la seguridad de las minas y, por ende, de los trabajadores de las éstas esté sujeta a la recuperación y aprovechamiento del gas presente en las minas.

La seguridad de los trabajadores en las minas debe estar garantizada por los concesionarios; entenderlo de otra manera es una actitud inaceptable e irresponsable, ya que existen normas y medidas que pueden llevarse a cabo a fin de mantener requisitos de seguridad mínimos, cuyo cumplimiento debe vigilar la autoridad competente. Es decir, la seguridad de los trabajadores no puede depender de un supuesto incentivo económico que, además el proponente no identifica, pues en su exposición de motivos hay ideas vagas y generalidades.

Entre las disposiciones que contemplan la seguridad de los trabajadores destaca la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STP-2003 Trabajos en Minas-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los trabajadores que desa-rrollan actividades en las minas y daños a las instalaciones del centro de trabajo. Esta norma contempla las medidas para atender el problema que representa la presencia de gases, cuya toxicidad y riesgo de explosión son condiciones que ponen en peligro la seguridad y la vida de los trabajadores mineros.

Tercera. Por otra parte, de acuerdo con la Sociedad Geológica Mexicana, el carbón contiene en proporción más o menos significativa de materia volátil compuesta especialmente por hidrógeno y metano. Desde el punto de vista energético, el aprovechamiento del gas metano de las minas de carbón es una realidad desde hace más de medio siglo.

En lo que respecta a México, los principales yacimientos se localizan en Coahuila, Oaxaca y Sonora. La Cuenca Carbonífera en el estado de Coahuila es la más importante, se encuentra el 95 por ciento del carbón de todo el país. Asimismo respecto del gas metano se estima que se podrán extraer 500 millones de pies cúbicos diarios de metano, pues las reservas representan el 8 por ciento del total de gas que hay en los yacimientos a nivel nacional.

En relación con lo anterior, no obstante que las cantidades de gas no son tan grandes para su explotación comercial, si representan una fuente de energía que puede ser aprovechada.

A juicio de esta dictaminadora, los beneficios y oportunidades para el sector minero que se pueden obtener destinando el referido gas para el autoconsumo que puede ser empleado en el proceso o bien para generar energía eléctrica, deben ser una realidad mediante reglamentos y políticas públicas adecuadas, toda vez que el Congreso de la Unión ya ha dotado de los instrumentos legales adecuado mediante las reformas las reformas de 2006 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley Minera.

Los integrantes de la Comisión de Energía estimamos que para ello resulta primordial que el Ejecutivo promueva e incentive la recuperación de gas metano en las minas de carbón.

Por la importancia económica y ambiental de la recuperación del gas asociado en las minas de carbón, la Comisión de Energía incorpora este tópico a su agenda de trabajo, por lo que se solicitará, con base en los dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Energía la información relativa a las políticas necesarias para poder llevar a la práctica las disposiciones contenidas en la Ley Minera relacionadas con el aprovechamiento y recuperación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral así como la entrega a Petróleos Mexicanos.

Cuarta. El diputado proponente ha señalado una supuesta doble tributación como un elemento que imposibilita la explotación del gas asociado a las minas de carbón. Tomando en cuenta que un problema de esta índole está sujeto a las disposiciones fiscales, que es materia legislativa, esta dictaminadora considera que el diputado Sánchez de la Fuente puede contribuir a la solución del problema haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proponga una iniciativa a la ley fiscal que corresponda y, de ese modo se corrija esa doble tributación.

Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, la Comisión de Energía somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretarías de Economía, y de Energía para que se formulen y ejecuten las políticas necesarias para poder llevar a la práctica las disposiciones contenidas en la Ley Minera, así como en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, relacionadas con el aprovechamiento y recuperación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral para autoconsumo de concesionarios o su entrega a Petróleos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2010.

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores generales de Pemex y de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país para realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en los procesos de distribución de gasolina y diesel; y a emitir la normatividad que regule íntegramente el proceso

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en atención al contenido de los artículos 38 y 40 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2009, la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) a instruir al de Pemex Refinación para que revise los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, a fin de realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en los procesos de distribución de gasolina y diesel; y a emitir la normatividad correspondiente que regule integralmente el proceso.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la proposición

El contenido de la exposición de motivos de la diputada Guillén Padilla se centra en el tema de los contratos de franquicia que celebra Pemex Refinación. Señala: “... existen múltiples formatos de contratos de franquicia y suministro con los que operan la 8 mil 651 estaciones de servicio en el país, otorgando al franquiciante, que es Pemex Refinación, un trato diferenciado e inicuo, ante la misma oferta al público consumidor”.

Agrega que seis modalidades de contratos regulan las relaciones entre las estaciones de servicios y Pemex Refinación: desde 1982 se tiene un contrato de franquicia y otro de suministro para estaciones de servicio; desde 2006 se tienen dos nuevos contratos de franquicia y suministro para estaciones de servicio; y desde junio de 2006 dos convenios modificatorios de los contratos de franquicia y suministro. A decir de la diputada Guillén Padilla, tal diversidad de contratos no responde a la realidad con que opera en el mercado de gasolinas y el diesel en México.

En la propuesta, la diputada Guillén Padilla menciona la falta de transparencia de Pemex Refinación en la distribución de combustibles a las estaciones de servicio, mediante autotanques o pipas de su propiedad o de terceros y el incumplimiento por las Secretarías de Energía, y de Economía para establecer normas oficiales mexicanas que brinden certeza volumétrica en dicha distribución.

La diputada Guillén Padilla indica: “Los sistemas de control volumétrico que exigen Pemex Refinación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las estaciones de servicio son deficientes e inexactos”. Aunado a lo anterior, señala: “Desde su creación, en 2004, no se cuenta con un sistema de control volumétrico en actividades de distribución de combustibles, sustantivas, como son las ventas de mayoreo a través de distribuidores genéricos a clientes industriales, la distribución a estaciones de servicio y las estaciones de autoconsumo”.

La distribución del combustible se realiza sin certeza volumétrica porque no hay normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación.

El suministro de las principales zonas metropolitanas del país se lleva a cabo en pipas de Pemex que no son calibradas en términos de lo establecido en la norma oficial mexicana porque ésta no existe. Pemex realiza la certificación, sin ser autoridad, así la mayoría de las estaciones de servicio del país reclaman hasta 400 litros por pipa de 20 mil litros”.

Por último, la diputada manifiesta: “Durante años, el sector gasolinero ha solicitado a Pemex Refinación que facture con el sistema libre a bordo la estación de servicio, expidiendo factura con el volumen registrado en el medidor de flujo al momento de la descarga de los combustibles en los tanques de la gasolinera, sin obtener resultados de transparencia y equidad”.

Por ello, la diputada Guillén Padilla pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a instruir al de Pemex Refinación para que revise los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, que hagan un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a emitir la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral, e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente acuerdo.

Una vez expuesto el contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo planteada, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera.Se plantea la necesidad de exhortar al director general de Pemex a instruir al de Pemex Refinación para que se revisen los contratos de franquicia establecidos con las estaciones de servicio del país. Lo anterior, por considerar que existe un trato preferencial e inicuo con los franquiciatarios, el cual se ha generado por la multiplicidad de contratos de franquicia celebrados por Pemex Refinación.

La Comisión de Energía coincide con la diputada proponente en que los términos y las condiciones otorgados por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios a los franquiciatarios mediante los respectivos contratos de franquicia no deben contener rasgos de discriminación o trato preferencial.

En el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, reformado el 28 de noviembre de 2008, se establece lo siguiente:

El expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo operará en el marco del contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, de conformidad con la presente ley y lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera.

En la fracción II del artículo 15 de la ley referida se establece que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en materia de ventas de primera mano, deberán cumplir los términos y condiciones que al efecto se establezcan, entregar la cantidad y calidad de los productos obtenidos de la refinación del petróleo, pactadas y respetar el precio que se determine.

De conformidad con el marco normativo que rige el contrato de franquicia de Pemex Refinación, y con los principios de equidad e igualdad que prevalecen en el sistema jurídico, resulta evidente que no deben prevalecer prácticas discriminatorias o indebidas en las transacciones en torno de dicho contrato.

No obstante que en la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina no se consideró el hecho de que en la estructura de los precios de los combustibles también influyen factores como el costo de transporte y manejo, la Comisión de Energía reitera que los contratos de franquicia no deben contener rasgos de discriminación o trato preferencial.

Asimismo, como Petróleos Mexicanos y cada uno de sus organismos subsidiarios son dirigidos y administrados por un consejo de administración y un director general, la Comisión de Energía considera modificar la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al director general de Pemex y su Consejo de Administración, así como al director general de Pemex Refinación y a su respectivo Consejo de Administración para que al elaborar, aprobar y celebrar contratos de franquicia se eviten llevar a cabo prácticas indebidas como tratos preferenciales o discriminatorios hacia los franquiciatarios, y para el caso de existir estas condiciones en los contratos vigentes sean eliminadas.

Segunda. La diputada Olivia Guillén plantea la problemática de la falta de emisión de normas oficiales por lo que se refiere a los sistemas de control volumétrico en el despacho de gasolina y diesel a las estaciones de servicio del país. Los integrantes de la Comisión de Energía puntualizan lo siguiente:

1. En el quinto párrafo del artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, reformado el 28 de noviembre de 2008, se establece lo siguiente:

Los métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así como al volumen en la distribución y el despacho de gasolina y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan las Secretarías de Energía, y de Economía, en el ámbito de su competencia.

2. En la fracción XIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se dispone que corresponde a la Secretaría de Economía “XIII. Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial, así como las normas y especificaciones industriales”.

3. Con fecha 27 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, “Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación”.

El objeto y campo de aplicación de dicha norma consiste en establecer las especificaciones, y los métodos de prueba y de verificación aplicables a los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que se comercializan en territorio nacional.

Es evidente que este último instrumento jurídico cobró vigencia con antelación a las reformas del 28 de noviembre de 2008 aplicadas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; en especial, la adición del artículo 14 Bis. Asimismo, tras esa fecha no se actualizó dicha norma oficial conforme a la nueva legislación citada o, en su caso, se publicó una nueva norma.

Así, la Comisión de Energía es coincidente con la diputada Olivia Guillén en el sentido de que se debe exhortar a las Secretarías de Energía, y de Economía a expedir las normas oficiales referidas en el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a vigilar su correcta aplicación.

Tercera.La diputada Olivia Guillén señala en la exposición de motivos: “Durante años, el sector gasolinero ha solicitado a Pemex Refinación que se facture con el sistema libre a bordo la estación de servicio, expidiendo la factura con el volumen registrado en el medidor de flujo, al momento de la descarga de los combustibles en los tanques de la gasolina, sin obtener resultados de transparencia y equidad”.

No obstante que la diputada no plasma de forma directa su petición en los puntos de acuerdo propuestos, la Comisión de Energía considera que resulta procedente que se exhorte tanto a los directores de Petróleos Mexicanos y de Pemex Refinación así como a sus respectivos consejos de administración para que la transacción comercial derivada del contrato de franquicia se facture en la estación de servicio correspondiente con la cantidad de combustible registrada en el medidor de flujo.

Lo anterior permitirá adicionar certeza en las operaciones comerciales que realizan los franquiciatarios con Pemex Refinación con motivo del contrato de franquicia al facturar efectivamente el volumen de combustible entregado y, por tanto, Pemex Refinación entregará en cantidad los combustibles objeto del respectivo contrato.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Energía someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.Se exhorta a los directores generales de Pemex y de Pemex Refinación, así como a sus respectivos consejos de administración, a efecto de que al elaborar, aprobar y celebrar contratos de franquicia se evite llevar a cabo prácticas indebidas, como tratos preferenciales o discriminatorios hacia los franquiciatarios y, en caso de existir estas condiciones en los contratos vigentes, sean eliminadas.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal a expedir por las Secretarías de Energía, y de Economía las normas oficiales referidas en el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y a vigilar su correcta aplicación.

Tercero.Se exhorta tanto a los directores generales de Petróleos Mexicanos y de Pemex Refinación como a los respectivos consejos de administración a tomar medidas a fin de que en la transacción comercial derivada del contrato de franquicia, al realizar el suministro de los combustibles a las estaciones de servicio se facture de acuerdo con el volumen de combustible registrado en el medidor de flujo al descargarlo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2010.

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

ACCESO GRATUITO A INTERNET

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Educación Pública, y de Comunicaciones y Transportes a fin de que implanten un programa para proporcionar acceso gratuito a Internet en plazas públicas del país

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen respecto al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 7 de abril de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, instruya a las Secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones  y Transportes, a implementar un programa de gobierno, mediante el cual se proporcione acceso gratuito a Internet, en todas las plazas públicas del país, suscrita por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número. DGPL 61-II-3-444, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictaminación.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura, procedió al análisis y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

Manifiesta el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, que las modernas tecnologías de la información y comunicaciones constituyen una herramienta privilegiada para el desarrollo, ya que contribuyen no sólo al mejoramiento social sino también al crecimiento económico de una nación.

Respecto del grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del que México forma parte, el promedio de hogares con conexión a Internet es de 57 por ciento, en México el porcentaje es de 13.5 por ciento.

Que el 33.7 por ciento de los mexicanos son usuarios de computadora, pero sólo el 23.6 por ciento son usuarios de Internet. Son casi 3.4 millones de hogares con computadora en México que no tienen conexión a Internet, la razón principal es la “falta de recursos económicos” (53.7 por ciento).

El proponente señala que el último estudio de la OCDE, muestra que la calidad educativa en México está por debajo del promedio de los países miembros de ese organismo, por lo que es necesario eficientar los recursos para impulsar modelos educativos innovadores.

Que el rezago educativo ha crecido en la población, en el sector de los jóvenes, por lo que se debe replantear la estrategia con la ayuda de nuevas tecnologías y modelos más flexibles.

Refiere el proponente que resulta desalentador conocer este tipo de información; y lo es más cuando la educación es el eje primordial para que una sociedad progrese.

Que cada día más centros de enseñanza en todo el mundo están conectados a través de Internet. Los profesores y los alumnos utilizan esta conexión al mundo de diversas formas. El Internet es una fuente inagotable de información y datos de primera mano. Como red originariamente científica, en ella puede encontrarse gran cantidad de información útil para las clases.

Señala que en el internet se pueden encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros profesores. Existiendo archivos de programaciones y experiencias educativas, documentos para uso del profesor en la preparación de sus actividades de enseñanza-aprendizaje.

Destaca que en los países más desarrollados del mundo los profesores y estudiantes de centros educativos distantes entre sí, utilizan la red como medio de comunicación para rea-lizar proyectos en común, intercambiar datos sobre diferentes aspectos de su medio social o estudiar las diferencias y semejanzas culturales entre comunidades de diferentes países.

Que existen organizaciones dedicadas a facilitar el contacto entre estudiantes y profesores de cualquier parte del mundo, así como incrementar sus experiencias telemáticas proporcionando formación, ideas y experiencias anteriores que han tenido éxito.

Concluye señalando la responsabilidad que tienen los representantes populares de buscar los mecanismos para que todos los ciudadanos tengan nuevas tecnologías de la información, aprovechando la navegación abierta por Internet y con ello los jóvenes compitan en todos los aspectos con los países de primer mundo; por lo que es necesario digitalizar a México, realizar una gran cruzada para que todos los mexicanos tengan acceso al Internet de manera gratuita.

Consideraciones

1. Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones comparten la preocupación que existe por parte del diputado Carlos Samuel Terán, por mejorar los servicios de conexión a Internet, por los grandes beneficios que esto conlleva.

2. Es evidente que la Internet es una herramienta básica para la comunicación de la sociedad, constituyéndose éste en factor indispensable para la calidad educativa de los jóvenes, por la fuente de información a la que pueden tener acceso, lo cual se facilitará al contar con este instrumento en las plazas públicas, más aun considerando su acceso gratuito.

3. En este orden de ideas, los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen que con base en sus atribuciones legales, el titular del Poder Ejecutivo federal, puede implementar un programa de gobierno para proporcionar Internet gratuito en las plazas públicas del país, en un marco de coordinación, concurrencia, complementariedad y corresponsabilidad con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

En merito de lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para efectos de que instruya a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de sus respectivas competencias, para que en un marco de coordinación, concurrencia, complementariedad y corresponsabilidad con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; se implemente un programa de gobierno mediante el cual se proporcione acceso gratuito a Internet en plazas públicas del país.

Se solicita al Ejecutivo federal informe a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Comunicaciones, dentro del término de 45 días, la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.

Diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Pablo Rodríguez Regordosa, Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Maricarmen Valls Esponda, Adriana Fuentes Cortes, Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced.»

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de De-sarrollo Social a presentar un informe detallado sobre las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-3-390, de fecha 11 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de De-sarrollo Social para estudio y dictamen el expediente número 1567, que contiene proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apruebe la implantación de un plan urgente de desarrollo social en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado por el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la sesión de la misma fecha.

Con este antecedente, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

I. El diputado Di Costanzo Armenta plantea que la manera más eficaz de combatir la delincuencia y la violencia es garantizar el bienestar social de los mexicanos. Por ello propone que se apruebe de manera urgente la aplicación de un programa urgente de desarrollo social, que esté integrado por las siguientes ocho acciones:

1. Otorgamiento de becas a todos los estudiantes de educación media superior, de institutos y de universidades públicas.

2. Invertir en la construcción y operación de nuevas escuelas preparatorias y en la creación de mayores espacios en las universidades públicas para evitar que haya rechazados y se atienda a todos los jóvenes que está en edad de estudiar y que son en muchos casos excluidos por no tener para pagar colegiaturas en escuelas privadas.

3. Poner en práctica el seguro del desempleo, garantizando la entrega de un salario mínimo mensual en tanto se consigue trabajo.

4. Apoyar a todos los adultos mayores de 68 años de Ciudad Juárez con una pensión alimentaria de 855 pesos mensuales.

5. Apoyar con una pensión, con el mismo monto, igual a la de los adultos mayores, a todos los discapacitados de Ciudad Juárez.

6. Otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen derecho a la seguridad social.

7. Poner en práctica un programa integral de construcción de infraestructura urbana en colonias populares para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, instalaciones culturales y deportivas.

8. Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda.

II. El diputado proponente señala que con estas acciones se estarían apoyando de manera directa a un millón de personas y la inversión anual requerida sería de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, que pueden ser liberados si se eliminan del gasto público algunas prestaciones para los altos funcionarios del gobierno federal, como lo son el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, y se aplica una austeridad republicana.

III. El diputado Di Costanzo concluye que en Ciudad Juárez, como en todo el país, se requiere crear un ambiente de bienestar y progreso, que es indispensable para contrarrestar la sensación de miedo y frustración, que produce la inseguridad y la violencia.

IV. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social impulsó diversas acciones con una perspectiva transversal para la atención de los problemas sociales en Ciudad Juárez. Sin embargo, no se tiene información clara y precisa sobre el efecto y la evaluación de dichas acciones.

V. Por tanto, la comisión es partidaria de solicitar una evaluación integral de las acciones del gobierno federal en Ciudad Juárez para impulsar nuevas estrategias de atención o consolidad las existentes. El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente, con las modificaciones realizadas.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un informe detallado sobre las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicho informe deberá dar cuenta del efecto social de las acciones a través de indicadores comprobables de dicho efecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desa-rrollo Social a intensificar entre las organizaciones de mexicanos en el exterior la promoción del Programa 3x1 para Migrantes

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 38 segundo párrafo de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL 61-II-7-476, de fecha ­29 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 2375, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a realizar labores de promoción del Programa Federal 3x1 para Migrantes entre las organizaciones de mexicanos en el exterior, presentado por el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión de la misma fecha.

Con este antecedente, la comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

I. El diputado Castellanos expone en las consideraciones que motivan la proposición, que para el gobierno federal ha sido un eje fundamental en la elaboración de políticas públicas la realización de estrategias por las cuales la sociedad civil pueda participar en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos. Como resultado de ello, se implantó el Programa  3x1 para Migrantes, mediante el cual se apoyan las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y se les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen.

II. El proponente señala que de acuerdo con la normatividad que regula el diseño e implantación de los programas sociales en nuestro país, se establece que aquellos que se manejan con recursos públicos federales, serán destinados a las entidades federativas exclusivamente para la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, de manera que se les permita desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

III. Asimismo señala que si bien se sabe que el Programa 3x1 para Migrantes se basa específicamente en la inversión que hacen determinados migrantes en sus lugares de origen, también es oportuno que, para evitar concentrar los recursos en ciertas localidades, se promueva entre todas las organizaciones de mexicanos en el extranjero la necesidad de que se invierta en aquellas zonas de alta marginación, toda vez que la cobertura de éste programa aplica para las 32 entidades federativas en aquellas comunidades de origen u otras localidades que los migrantes decidan apoyar, que presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación.

IV. Para el legislador proponente esto es necesario, toda vez que de acuerdo a la evaluación realizada para el ejercicio de 2009, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que el Programa 3 x 1 para migrantes cuenta con las siguientes debilidades:

• La capacidad de atender de manera localizada o prioritaria a zonas de alta y muy alta marginación muestra avances modestos.

• Se atienden las necesidades de las comunidades marginadas pero no necesariamente las de las personas que habitan en localidades en condiciones de pobreza.

• Tres estados concentran más del 50 por ciento de los recursos federales asignados, mismos que se encuentran entre los principales expulsores de migrantes.

V. El legislador proponente expone que de acuerdo con datos sobre el padrón de beneficiarios de éste programa publicado en la página electrónica de la Sedesol, se da cuenta que únicamente aparecen las siguientes entidades federativas como beneficiarias: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí; entidades federativas que si bien han sido reconocidas como principales expulsoras de migrantes, cuentan con menor grado de marginación y pobreza en comparación con otros estados de la república tales como Oaxaca o Guerrero, sólo por señalar algunos ejemplos.

VI. Por lo anterior, el diputado Gumercindo Castellanos considera oportuno que la Secretaría de Desarrollo Social en ejercicio de las facultades que tiene para dar asesoría y apoyo técnico a los grupos de migrantes interesados en participar en el programa, amplíe dicha facultad para promover, con base en los datos que proporciona el Coneval sobre la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, cuales son aquellas regiones del país que requieren de inversión.

VII. El proponente concluye que con tales acciones, se contribuirá a dar cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ya que con la inversión de las organizaciones de migrantes, se llevarán a cabo obras de infraestructura social básica y otro tipo de programas orientados a disminuir las disparidades regionales que permitan la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detonen las potencialidades productivas de la región.

VIII. La Comisión de Desarrollo Social, además de lo expuesto por el legislador proponente, considera que la proposición con punto de acuerdo contribuye con los propósitos expresados por la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 11 al señalar como objetivos de la política nacional de desarrollo social el “garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social”.

IX. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desa-rrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social –a través de las instancias correspondientes– para que intensifique la promoción del Programa 3x1 para Migrantes entre los clubes y organizaciones de migrantes en el exterior, para fomentar la inversión y aplicación de éste programa en aquellas regiones de la República Mexicana que se encuentran en condiciones de pobreza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

MEDICION DE POBREZA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desa-rrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social información concreta sobre el efecto de las evaluaciones realizadas a los programas sociales del ramo 20

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-2-394, de fecha 11 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para estudio y dictamen el expediente número 1574, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que proporcionen información concreta sobre el empleo de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones o supresiones de programas que hayan resultado de la aplicación de dichas valoraciones, presentada por el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión estudió y analizó los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

I. La proposición con punto de acuerdo en comento argumenta que es competencia de la Sedesol lograr la superación de la pobreza, con el propósito de alcanzar niveles suficientes de bienestar, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y en los urbanos. Asimismo está obligada a impulsar el federalismo y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.

II. El legislador señala que corresponde al Coneval emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para la definición, identificación y medición de la pobreza; y revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

III. Argumenta que la Ley General de Desarrollo Social dispone que los lineamientos y criterios que establezca el Coneval para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y las dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social.

IV. El diputado Herrera Chávez señala que a seis años de la entrada en vigor del decreto que da origen a la creación del Coneval, cuya formación es sin duda un comienzo alentador para tener mayor transparencia en la utilización de recursos públicos, resulta urgente conocer el grado de consolidación y avance hacia los resultados que se han obtenido a la fecha. La información que se tiene sobre los índices de pobreza y la aplicación correcta de dicha información es parcial, de tal manera que resulta necesario exigir la actualización y conocer el rumbo que se ha tomado en el mejoramiento de cada programa social.

V. Para el legislador, se requiere evitar la discrecionalidad, pues lo único que permite es el manejo a conveniencia de la información. Por tanto, se debe obligar a la secretaría y al consejo a establecer con claridad la periodicidad con que se evalúa el cumplimiento de objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social. Señala que antes de la emisión de los indicadores de pobreza en el país por el consejo, éstos son sujetos de revisión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, quienes en su caso emiten sus recomendaciones; lo que debemos obtener como resultado final es que sirvan los datos obtenidos para que la secretaría identifique y contribuya en el mejoramiento de cada programa social y, por esa razón, se solicita conocer cualitativa y cuantitativamente dichos resultados.

VI. Para el diputado Herrera Chávez, la asistencia técnica brindada a programas para mejorar sus matrices de indicadores, las recomendaciones para programas federales y las evaluaciones de consistencia, por supuesto que deben tener un efecto, pero éste debe darse a conocer y ejemplificarlo de forma concreta para tener certidumbre sobre los avances que se obtienen con la formación del consejo, ya que la experiencia internacional en países como Chile y Colombia refleja que el resultado es un proceso gradual que lleva cierto tiempo, pero después de los años que han trascurrido, es momento de pensar en la obtención de logros tangibles.

VII. La Comisión de Desarrollo Social ha sostenido dos reuniones con los investigadores integrantes del Coneval, en las cuales se han intercambiado puntos de vista e información metodológica sobre la medición de la pobreza. De tal forma, se considera atendida la preocupación del legislador proponente en torno de la construcción de los indicadores y metodología para medir la pobreza en México.

VIII. Sin embargo, queda pendiente conocer del efecto real de las distintas evaluaciones de los programas sociales y, en especial, de las medidas de corrección propuestas por dichas evaluaciones. El esfuerzo de evaluación emprendido por el Coneval podrá ser infructuoso si no se corrigen desviaciones encontradas en el diseño y la aplicación de los programas.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre el efecto de las evaluaciones realizadas a los programas sociales agrupados en el ramo 20, así como las acciones para el mejoramiento de dichos programas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

NIÑOS JORNALEROS MIGRANTES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Desarrollo Social a atender la problemática de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 38 segundo párrafo de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL 61-II-4-231, de fecha 15 de diciembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 1006, que contiene una proposición con punto acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

I. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ramírez Hernández expone que en México existe una población numerosa de indígenas que aún conservan su cultura y lengua propias, sin embargo, se ven en la necesidad de aprender el español para poder relacionarse en términos de igualdad con el resto de la población.

II. El legislador explica que uno de los sectores más vulnerables de México está formado por los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes que son ejemplo de los niños y niñas más marginados de la sociedad mexicana, ya que no siempre cuentan con acceso a servicios básicos, lo que provoca impactos negativos en su nutrición, salud, desarrollo, educación y perspectivas futuras. La dinámica migratoria de jornaleros agrícolas es la incorporación de las mujeres y los niños a los movimientos migratorios y al trabajo laboral, como una forma de incrementar los precarios ingresos familiares.

III. El proponente fundamenta que en México un mínimo de 405 mil 712 familias en permanente movimiento entre las zonas de origen y las zonas receptoras; están integradas por jóvenes con una edad promedio no mayor de 30 años; 57 por ciento son hombres y 43 por ciento son de mujeres, y 40 por ciento de esta población son niños y niñas menores de 14 años.

IV. El legislador argumenta  que tanto en sus regiones de origen como en las zonas de destino, las familias jornaleras migrantes sufren la marginación y la extrema pobreza. En la mayoría de las zonas de atracción además de la explotación laboral enfrentan la discriminación; la falta de derechos y de prestaciones laborales, y en general las consecuencias de la miseria, lo que los ubica como uno de los sectores de la población nacional más vulnerable.

V. De acuerdo con el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, por la temporada alta de migración, que comprende de septiembre de 2008 a enero de 2009, los 8 mil 177 indígenas que migraron como jornaleros se emplearon en las zonas agrícolas de los estados Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

VI. Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que en México existen 3.6 millones de menores de cinco a 17 años que trabajan todos los días para ganarse la vida, y la tercera parte de esta cantidad corresponde al sexo femenino.

VII. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación, sin embargo, en materia de trabajo y explotación infantil, estima que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan en situaciones precarias para apoyar la economía de sus familias.

VIII. Las niñas y los niños jornaleros migrantes presentan altos índices de enfermedades, debido a diversos factores como los cambios constantes del clima y los efectos negativos del medio ambiente, la falta de defensas nutricionales, la exposición permanente a riesgos en el trabajo, el acceso limitado al agua potable, la inadecuada forma de aplicación que persiste en el uso de los plaguicidas de alta toxicidad que son utilizados en los cultivos agrícolas, la carencia de servicios básicos de salud que producen condiciones adversas y de alto riesgo.

IX. La Secretaría de Educación Pública solamente atiende un 12.5 por ciento de la demanda educativa de la población infantil agrícola migrante y se estima que alrededor del 20 por ciento del rezago educativo nacional en primaria se concentra en este sector de la población.

X. El legislador proponente señala que otro problema para la atención escolar del niño migrante es que existe un desfase entre los tiempos que rigen los ciclos agrícolas y el escolar convencional, lo que provoca la interrupción constante del proceso educativo que se manifiesta en repetición o deserción definitiva, por lo que se requiere un uso flexible del tiempo escolar.

XI. Como conclusión, el diputado proponente señala que ante esta situación y en medio de una crisis económica que aún podría agravarse, es necesario el trabajo conjunto con los gobiernos de los estados, las autoridades locales y municipales, el sector privado y toda la sociedad; son fundamentales, pues hacen posible detonar la participación de todos en la promoción y la protección de los derechos de los niños jornaleros migrantes.

XII. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social establece como uno de los objetivos de la Política nacional de Desarrollo Social “propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desa-rrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social”.

XIII. La Comisión de Desarrollo Social considera que la atención a niños jornaleros debe ser prioritaria y tener una estrategia transversal de los distintos programas coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social que garantice la plena vigencia de sus derechos sociales de los niños jornaleros. De esta forma, coincide plenamente en la proposición realizada por el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández. Por lo expuesto, la Comisión de Desarrollo Social, en su reunión plenaria del 12 de agosto del presente año, consideró procedente el punto de acuerdo en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Desarrollo Social a atender, con un enfoque integral, el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

ESTADO DE GUANAJUATO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desa-rrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población a llevar a cabo estudios técnicos para considerar como zona metropolitana a Irapuato y Salamanca, Guanajuato

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-2-570 de fecha 29 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 2362, que contiene una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a llevar a cabo estudios técnicos para establecer a Irapuato y Salamanca Guanajuato como zona metropolitana, presentado por el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional, en la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. El diputado señala en sus considerandos que la zona metropolitana se establece como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. Actualmente se encuentran decretadas 56 zonas metropolitanas en la República Mexicana, tal y como le refiere el Marco Geoestadístico Nacional actualizado al II Conteo de Población y Vivienda 2005.

II. El diputado proponente señala que el municipio de Irapuato se encuentra limitado al norte con el municipio de Guanajuato y Silao, al sur con el municipio de Pueblo Nuevo y Abasolo, al oeste con el municipio de Abasolo y Romita y al este con Salamanca, teniendo una extensión territorial de 845.16 kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 2.8 por ciento de la superficie total del estado. Cuenta con una población total de 463 mil 103 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi en el año 2005.

III. Por su parte, el municipio de Salamanca se encuentra limitado al norte con los municipios de Irapuato y Guanajuato, al noreste con San Miguel de Allende, al este con Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, al sureste con Cortazar, al sur con Jaral del Progreso y Valle de Santiago y al oeste con los municipios de Irapuato y Pueblo Nuevo. Cuenta con una población total de 233 mil 623 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi en el año 2005.

IV. El diputado Zetina Soto argumenta que ambos municipios representan un importante polo de desarrollo económico y social para el estado de Guanajuato y para la zona centro del país, además de que el crecimiento poblacional va creciendo día a día, por lo que la conurbación se va estrechando, lo cual hace que habitantes de éstos trabajen en alguno de los dos municipios aun viviendo en el otro. Debido a lo anterior, se refiere que es necesario integrar a los municipios de Irapuato y Salamanca al Atlas Nacional de Zonas Metropolitanas y así lograr que cuenten con políticas públicas adecuadas a su desarrollo, así como el manejo integral de su territorio y medio ambiente, además de que podrán ser beneficiados por las asignaciones de “Fondos Metropolitanos” ubicados dentro del Ramo 23, recursos federales que están destinados a gasto de inversión, con impacto directo en inversión privada, que tienden a cubrir la demanda de bienes y servicios y que generan empleos indirectos, sin que se generen erogaciones al gasto corriente y que están sujetos a la planificación metropolitana y a la coordinación entre los municipios y el estado.

V. El artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, establece la existencia de un Fondo Metropolitano que tendrá como objetivo fundamental financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que: a) impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

VI. Las Reglas de Operación señalan que la cobertura del fondo serán las zonas metropolitanas incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y que el ámbito de atención o población objetivo serán las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas metropolitanas indicadas, conforme a la delimitación que emita el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VII. Uno de los principales criterios que se toman en consideración por el grupo interinstitucional para determinar la delimitación de una zona metropolitana es que la población sea superior a 50 mil habitantes, criterio que es ampliamente superado por los municipios en cuestión, no obstante se debe tener en consideración que se deben observar otros criterios.

VIII. Otro es el criterio de conurbación, definido como la unión física, entre las localidades de dos o más municipios. Este es uno de los principales criterios en el que se sustentan las delimitaciones, las cuales se complementan con criterios de integración funcional y carácter urbano, cuyos indicadores y parámetros específicos varían.

IX. En el caso de los criterios que aluden a la integración funcional entre las unidades (delegaciones y municipios) que conforman las zonas metropolitanas, la falta de información sobre flujos de personas, bienes, servicios o información, llevó a utilizar en los primeros estudios una serie de indicadores alternativos que intentaban dar cuenta, en forma indirecta, de la interdependencia de los municipios de la periferia con la ciudad central, entre los que destacan la distancia entre el centro de la ciudad y la cabecera municipal, y la tasa de crecimiento de la población.

X. Actualmente, la base de datos de la muestra censal del año 2000 permite conocer tanto el municipio de residencia como el municipio donde trabaja la población ocupada del país, por lo que las propuestas más recientes incorporan indicadores relacionados con los desplazamientos habituales por motivo de trabajo entre los municipios de las zonas metropolitanas.

XI. Por su parte, los indicadores más utilizados para dar cuenta del carácter predominantemente urbano de las delegaciones y municipios han sido: el porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades no agrícolas, el porcentaje de población que reside en localidades clasificadas como mixtas y urbanas y la densidad de población. Otro criterio recurrente se refiere a la importancia económica de los municipios, medida la mayoría de las veces a través del valor de la producción en los sectores industrial, comercial y de servicios. Adicionalmente y con fines programáticos algunas propuestas incorporan como parte de las zonas metropolitanas a municipios que no necesariamente cumplen con los criterios generales antes señalados, pero que se considera tienen un carácter estratégico para la planificación del desarrollo urbano de las zonas metropolitanas en el mediano y largo plazos, ya sea porque estos municipios poseen a su interior áreas de alto valor ambiental que se deben preservar, o bien, porque cuentan con zonas aptas para el desarrollo urbano que deben ser incorporada de manera ordenada

XII. La proposición con punto de acuerdo en comento presentada señala la necesidad de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para que se lleven a cabo los estudios técnicos correspondientes para establecer si los municipios de Irapuato y Salamanca cumplen con los criterios anteriormente señalados para ser conformada una nueva zona metropolitana y pueda ser incluida dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, lo que se considera que la proposición en cuestión cuenta con fundamentación suficiente. No obstante, se estima pertinente que el exhorto se realice también al Inegi y a Conapo al ser parte del Grupo Interinstitucional que realiza la tarea de delimitación en la que también convergen estos organismos, correspondiéndole al primero de ellos la generación de estadística e información geográfica relevante para la planeación del desarrollo; y Conapo, analiza los referente a la formulación de políticas que armonicen el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable.

XIII. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de De-sarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población como integrantes del Grupo Interinstitucional que realiza la delimitación de las zonas metropolitanas, a llevar a cabo estudios técnicos necesarios que permitan considerar a Irapuato y Salamanca Guanajuato como zona metropolitana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a definir por la Secretaría de Desarrollo Social una política de Estado en materia de desarrollo social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-1-0264 de fecha 15 de diciembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1011, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, defina una política de Estado en materia de desarrollo social, presentado por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.

Con este antecedente, la comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. Bajo la consideración del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, la política de desarrollo social del gobierno federal requiere de una profunda revisión y un análisis exhaustivo para que pueda funcionar con eficacia, eficiencia y con un verdadero interés por mejorar los niveles de desarrollo social y humano de la población.

II. En su perspectiva, se requiere elevar la política pública al nivel de Estado que el desarrollo social necesita, para lograr trascender los periodos sexenales y evitar los cambios de visión partidistas. La visión de una política de Estado va mucho más allá de los periodos de gobierno. Basa su identidad en la concurrencia de la propia sociedad, que es la guía y el beneficiario último de esta política. El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) ha exhortado –en su último informe de evaluación de la política de desarrollo social– a los tres órdenes de gobierno para que exista una mayor participación en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas sociales.

III. Para el legislador se requiere que se fomenten mayores mecanismos de participación ciudadana tanto en la formulación y aplicación como en la evaluación de los programas sociales para el logro de los objetivos y para la mejora de la coordinación entre sectores y programas, y así el objeto de la política social no esté fragmentado y disperso. El Coneval, al evaluar programas como Oportunidades o el de Abasto Social, ha demostrado fallas en la metodología de selección de beneficiarios, en la focalización e implementación de ambos programas.

IV. El diputado Yunes señala que lamentablemente en gran parte de los programas sociales existe duplicidad de objetivos y metas, motivo por el cual la mayoría de los indicadores de gestión necesitan ser adecuados y ajustarse a las nuevas condiciones sociales que nuestro país enfrenta. De igual manera existe una evidente falta de claridad y actualización en la cuantificación de la población potencial y objetivo, ya que la cobertura es limitada es necesaria la evaluación de impacto que permita ponderar su contribución a la solución de la problemática social.

V. El legislador proponente señala que el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social dicta que la planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el programa nacional de desarrollo social; y el plan nacional de desarrollo. Cabe mencionar que en la praxis, lo estipulado no se aplica, ya que los municipios y entidades se encuentran muy limitados en la participación de la planeación del desarrollo social.

VI. Asimismo, señala que el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo federal. Lo anterior hace evidente la importancia que el orden municipal tiene en la definición activa de la planeación y diseño de las reglas de operación de los programas sociales.

VII. De igual modo apunta que el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 faculta a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Social para poder opinar sobre las reglas de operación emitidas por el Ejecutivo federal conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Lo anterior da pauta al diseño de políticas públicas de Estado en materia social, en la cual hay una participación activa del Poder Legislativo, Ejecutivo, entidades federativas y municipios.

VIII. El artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece la posibilidad de que el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia competente, suscriba convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación con las entidades federativas. Lo anterior abre una mayor posibilidad de cooperación entre la federación y los estados para ampliar los horizontes de planeación y dar seguridad a los proyectos sociales en beneficio de la población más marginada.

IX. De acuerdo a la última evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social en torno a la política social del gobierno federal, ésta arroja resultados negativos y preocupantes en cuanto a la transparencia de los recursos asignados. El Coneval ha presentado recientemente una nueva metodología multidimensional para medir la pobreza en nuestro país, lo que demuestra que es necesario emprender políticas transversales de largo aliento que consideren diversos factores como la exigibilidad de los derechos sociales como elemento fundamental para el desarrollo social.

X. Por último, el legislador apunta que si bien se ha tenido un avance en la descentralización de recursos federales en coordinación con las entidades federativas y los municipios, la transparencia de los recursos que son ejercidos para cada programa ha sido deficiente, ineficaz y alejada del principio de rendición de cuentas que debe contener toda Política de Estado en materia social. Por tanto, no existe una planeación estratégica de mediano y largo plazo que fomente la transparencia en la cobertura de los programas. Por ello, se requiere reforzar los sistemas de evaluación en el país, especialmente en los estados y municipios, a fin de que se cuente con un sistema nacional de evaluación de la transparencia y rendición de cuentas de cada programa de desarrollo social.

XI. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desa-rrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 12 de agosto del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal –a través de la Secretaría de Desarrollo Social– a definir una política de Estado en materia de desarrollo social, que sea incluyente y verdaderamente federalista, que tenga como principios rectores la transparencia y rendición de cuentas y la exigibilidad de los derechos sociales, presentado por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de diciembre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente mencionados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Señoras y señores diputados, les informo que se encuentran con nosotros alumnos y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por el diputado Sabino Bautista Concepción.

También se encuentran con nosotros alumnos de diversas instituciones de educación media superior de Villa Victoria, estado de México, a invitación del diputado Ignacio Pichardo Lechuga.

Igualmente, alumnos y maestros del IPADE que han sido invitados por un grupo de señores diputados.

Lo mismo saludamos al señor presidente electo, y ciudadanos del municipio de Domingo Arenas, Puebla, invitados por la diputada Janet Graciela González Tostado.

Se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios nos permitimos solicitar que tenga a bien consultar al pleno si pueden realizarse las modificaciones en el orden del día de hoy en el apartado correspondiente a efecto de incluir los siguientes asuntos:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita que se asignen inmediatamente recursos suficientes para atender los daños provocados por los fenómenos naturales que hay afectado diversas entidades del país, así como la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción.

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019.

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se reagendan y ajustan las comparecencias ante comisiones que los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Petróleos Mexicanos celebrarán en el marco del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos señalados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda entonces como aprobado este asunto.Continúe la Secretaría.

FENOMENOS NATURALES - FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita que se asignen inmediatamente recursos suficientes para atender los daños provocados por los fenómenos naturales que han afectado diversas entidades del país, así como la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que existe una situación de emergencia que nos han provocado los fenómenos naturales extraordinarios de este año, que si bien han sido intensos en todo el territorio nacional, han resultado particularmente devastadores en algunas entidades federativas.

II. Que los desastres naturales de este año, sin precedente en la vida moderna de nuestro país, han representado un costo de enorme magnitud en términos de vidas humanas, infraestructura, bienes patrimoniales, equilibrio ecológico y condiciones para el bienestar, y han provocado que los recursos de los gobiernos locales hayan sido totalmente rebasados para hacer frente a todas las necesidades originadas por estos fenómenos, sin contar con que muchas de sus consecuencias aún no se manifiestan.

III. Que aún frente a las tragedias más profundas, nuestros pueblos han puesto en juego toda su capacidad y su determinación para no dejarse vencer por la adversidad,  y permanecen luchando cada día con orgullo y esperanza.  Pero también es cierto que el esfuerzo a realizar es demasiado grande y, por lo mismo, superar este difícil trance demanda el respaldo y la solidaridad de todos los mexicanos.

IV. Que los actuales esquemas de previsión de desastres naturales, de auxilio a las poblaciones afectadas por ellos, de reconstrucción de infraestructura e incluso de coordinación entre los órdenes de gobierno, resultan claramente insuficientes, lo cual hace necesario ampliar la disponibilidad presupuestal para estos efectos, así como asegurar que las normas, procedimientos y reglas de operación correspondientes garanticen la transparencia y oportunidad necesarias para su correcto ejercicio.

V. Que el paquete presupuestal para el ejercicio 2011 fue elaborado antes de los desastres naturales que devastaron a diversas regiones del país, y que generan presiones presupuestales adicionales, lo cual exige un esfuerzo de todos los actores involucrados en este ejercicio presupuestal para atender las nuevas necesidades generadas por la tragedia.

En virtud de lo anterior, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Que el gobierno federal asigne recursos suficientes, en forma inmediata, para atender los daños provocados por los fenómenos naturales de este año, en todas las entidades federativas afectadas y, de igual manera, atienda debidamente a la población damnificada.

Segundo. Se creé de manera inmediata un Fondo Nacional de Reconstrucción, para iniciar en este mismo ejercicio presupuestal el apoyo a las entidades federativas afectadas por los fenómenos naturales de este año.

Tercero. Que se asignen a dicho fondo los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011.

Cuarto. Que se flexibilicen de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturalespara que, ocurrida una contingencia, existan recursos disponibles en forma inmediata que permitan a todos los órdenes de gobierno auxiliar oportuna y eficazmente a la población afectada, así como iniciar a la brevedad las tareas de reconstrucción de infraestructura.

Quinto. Se aumenten en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, los recursos asignados a los fondos de Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales, a fin de que existan los recursos suficientes que permitan prevenir daños a la población a causa de este tipo de fenómenos y, en su caso, hacer frente a las situaciones de emergencia provocadas por ellos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sobre este tema ha pedido la palabra el señor diputado Mario di Costanzo. Adelante, señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Seré breve.

Yo estoy en contra de este acuerdo, no porque no ayudemos a las entidades que están bajo los desastres que han provocado, por las propias ineficiencias del Poder Ejecutivo. Me parece que nuevamente estamos renunciando a la facultad que tenemos de incrementar los recursos, porque es facultad del Congreso, para este tipo de eventos. Me parece también muy grave, que precisamente los argumentos que han dado los secretarios, que han pospuesto y reagendado sus comparecencias, es porque están atendiendo los problemas suscitados por estos desastres.

En el caso particular del secretario de Hacienda, la comparecencia se puso a las 8 de la mañana del lunes, se nos limitó el tiempo para preguntar, se rompieron todos los formatos, se violó la ley de la oferta y la demanda, todo lo que pudo hacer porque el secretario tenía que ir a Veracruz a atender el desastre.

Y ahorita, casi cuatro días después, pues yo creo que entonces el secretario fue a perder el tiempo, porque si la Cámara está exhortando a que el Ejecutivo haga su trabajo, pues en lugar de quedarse a rendir cuentas en esta Cámara se fue, se fue a querer ayudar y ya vemos que no ha pasado nada. Tan no ha pasado nada que los estamos nuevamente exhortando.

Y así, así se dio, y como lo van a ver al rato, con esos mismos argumentos, el de Sedesol lo está haciendo, y el caso es que todo mundo se burla de esta Cámara de Diputados, y nosotros en lugar de reasignar un presupuesto —que ahorita debiera estar discutiéndose— empezamos con estos exhortitos, pidiéndole de favor, nuevamente al Ejecutivo, es más, colocándonos y ubicándonos como una oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Sedesol o de Pemex, en lugar de hacer nuestro trabajo.

Me parece que esto es demagogia barata, lo que estamos haciendo aquí, discutiendo cosas sin sentido, discutiendo cosas que debieran ser obligación del Ejecutivo y si no, en su caso, tenemos aquí las leyes y tenemos la decisión para asignar el gasto y decidir en qué y en qué momento se gastan. Pero sigan, sigan platicando, sigan denigrando a esta Cámara de Diputados, sigan haciendo como que trabajamos, total, el país ocupa los primeros lugares en competitividad, el país es un ejemplo de seguridad para los habitantes. Total, vivimos en un mundo en el que solamente los secretarios ven cuándo vienen a esta Cámara de Diputados.

Por cierto, presidente, le informo que el acuerdo que se hizo para estas comparecencias se ha violado en todas las comparecencias. Aquí el acuerdo que se firmó y que se aprobó el 13 de septiembre se ha modificado porque los señoritos secretarios no tienen tiempo para atender a los legisladores. Pero sigamos por ese camino y todos, yo les aseguro que todos y todo el país se va a arrepentir en un corto plazo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para hablar en pro, se ha inscrito el diputado Óscar Levin. Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Óscar Guillermo Levin Coppel:Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados.

No en todas las ocasiones se logra un acuerdo con la rapidez que se logró ayer, que las fracciones parlamentarias firmaran este punto de acuerdo, exhortativa, inicio de negociaciones, como lo quieran ustedes llamar.

Respeto enormemente al compañero que me antecedió en la palabra, pero quiero decir que en ningún momento se denigra a la Cámara con que le estemos proponiendo al gobierno federal una solución para un problema que nadie imaginó en el país.

El Presupuesto del año que viene no contempla ninguna situación para reconstrucción nacional de hechos tan graves como los que han ocurrido, ni lo contiene el Presupuesto de este año. Las reglas de operación de los fondos hoy existentes son tan duras con los pari passu que definitivamente no permiten el uso del recurso para bajarlo a las entidades federativas.

Creo que la solidaridad de los compañeros diputados, con la rapidez con que lo hicimos, va a tener definitivamente un gesto de fuerza en el inicio de las negociaciones políticas del Presupuesto de 2011 y del cierre de 2010.

Así que quisiera felicitar a los compañeros, éste es un esfuerzo que se hizo por varios coordinadores en las zonas en desastre. Ayudó, fundamentalmente, el grupo económico del PRI y con una gran solidaridad, insisto, las otras fracciones vieron que se trata de algo positivo, de algo que puede conducir al inicio de la reconstrucción.

Hay miles de hermanos en toda la república sufriendo drásticamente. Y no sólo eso sino que, aparte, no se han iniciado o apenas se empiezan a iniciar las obras de reconstrucción. Así que un fondo de reconstrucción nacional es la manera más positiva, sin reglas de operación, que lo aten como a los antiguos fondos. Tendría una capacidad enorme para dar respuesta en la reconstrucción que los mexicanos necesitan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Di Costanzo, dígame.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Por alusiones. Casualmente, yo soy el compañero que lo antecedió. Entonces, por alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene usted la palabra.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Entiendo muy bien la preocupación del diputado Levin, pero en ese sentido le suplicaría que permita una adición al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y es que se establezca un ramo administrativo especial para desastres naturales.

Lo digo porque la comparecencia, que fue a las 8 de la mañana, del secretario de Hacienda, dentro de todas las sandeces que dijo, dijo que los desastres naturales se irían incrementando. Si queremos tener esa gran visión y solidaridad, entonces propongamos un nuevo ramo administrativo en el Presupuesto que se va a aprobar, para hacer caso a lo que dijo el secretario de Hacienda y entonces estar en plenas condiciones.

Un ramo administrativo de reconstrucción y desastres naturales, sin ninguna regla de operación, que los gobernadores lo ejerzan a su entera disposición, a ver si esto no acaba financiando campañas políticas. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para hablar en contra del acuerdo se ha inscrito el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Tiene la palabra, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Compañeras diputadas, compañeros diputados. Señor presidente. No es que no queramos ser solidarios, pero también hay que ser serios en esta Cámara  y en este Congreso.

La naturaleza jurídica de los exhortos está en el terreno de las súplicas, en el terreno de las recomendaciones. La teoría del derecho dice que ni siquiera se trata de proposiciones prescriptivas. Es decir, dudosamente tendrían el carácter de normas jurídicas.

Un exhorto es una llamada a misa, es una llamada por si el Ejecutivo quiere atendernos o no quiere atendernos.

Dice el diputado Levin Coppel que el problema está en las reglas de operación, yo contesto y digo que asuma esta Cámara de Diputados, que asuma el Congreso, la Cámara de Diputados principalmente, las facultades presupuestales para determinar la manera en que se ejercen los recursos públicos.

No dejemos que sea la Secretaría de Hacienda o que sea otra secretaría de Estado la que en reglas de operación determine la manera en la que se ejerzan los recursos públicos. Ésa es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

Creo que este sistema de reglas de operación es violatorio del artículo 74, fracción IV, de la Constitución, porque la Cámara de Diputados no está indicando, no está estableciendo el lineamiento preciso de cómo se deben ejercer los recursos públicos.

Yo propondría que vayamos más allá de la solidaridad, de las buenas conciencias, a una solidaridad auténtica, y esa solidaridad auténtica lo que implicaría sería la transformación de la política integral.

Ayer, Calderón decía que hay quienes dudan del cambio climático y de los efectos del cambio climático.

Yo creo que en eso tiene razón Calderón, el cambio climático existe y está produciendo consecuencias naturales a las que no estábamos acostumbrados los mexicanos, pero no solamente tiene que ver esto con el cambio climático o con la ausencia de una política adecuada en materia de medio ambiente en el país. Esto también tiene que ver con la política energética del país. Por estar comprando gas a compañías españolas dejamos de estar utilizando los recursos hidráulicos del país, los recursos hídricos para generar electricidad.

Entonces sí seamos solidarios, hagamos lo que propone mi compañero Mario di Costanzo. Establezcamos en el Presupuesto las partidas correspondientes para atender debidamente los desastres naturales. Hagamos ejercicio pleno de nuestras atribuciones. Deroguemos este sistema de reglas de operación e indiquemos a las autoridades federales, estatales y municipales cómo se deben ejercer los recursos públicos en cada caso. Flexibilicemos el ejercicio de los recursos públicos. Dotemos a la Auditoría Superior de la Federación de suficientes competencias y atribuciones para fiscalizar esos recursos públicos para evitar que se utilicen y se desvíen en campañas electorales.

Yo creo que ése es el trabajo que tiene que realizar la Cámara de Diputados y no dedicarse a aprobar exhortos al Ejecutivo y a otras autoridades, que pueden escuchar o no pueden escuchar. Exhortos que no son vinculantes, exhortos que no constituyen auténticas normas jurídicas.

Seamos serios, seamos solidarios no para acallar nuestras buenas conciencias. Seamos solidarios auténticos. Cumplamos las atribuciones que la Constitución y la ley establecen a favor de esta Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para hablar en pro del acuerdo, hasta por 5 minutos, tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD.

Una vez concluida la participación de la diputada Incháustegui consultaré a la asamblea si el tema ha sido suficientemente discutido. Adelante, diputada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor presidente.

Yo quiero sumarme al acuerdo, justamente que no es un exhorto, sino que es una solicitud para que se asignen inmediatamente los recursos suficientes. Sin embargo, creo que hay que precisar también en esta solicitud la comparecencia del secretario de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Semarnat, porque ciertamente hay impactos que están ocurriendo en nuestro país por causa del cambio climático, por la situación geográfica de la República Mexicana, que es una cintura en el continente que es particularmente afectado tanto por el fenómeno de la Niña y el Niño como por todas las cuestiones que ocurren en El Caribe.

Esto ha hecho que se incrementen efectivamente todos estos desastres que afectan fundamentalmente a la infraestructura económica y las posibilidades, los esfuerzos de una gran cantidad de ciudadanos y población mexicana se están afectando en el país.

Quiero aclarar que no son desastres naturales sino muchos de estos desastres son androgénicos porque lo que acaba de ocurrir en Reforma, Chiapas y lo que ocurrió hace tres años en el caído de Juan de Grijalva, está también indicado por la tala inmoderada, por la manera en como se han deforestado los bosques y selvas en el país. Frente a eso no hay ninguna política que efectivamente esté tratando de reparar esa deforestación de manera que pueda prevenirse que sucesivos eventos de este tipo nos peguen.

Está también efectivamente el tema del manejo de las presas, que es también una cuestión que hay que atender, porque no podemos tolerar en este país que cada año se esté victimizando a la población que hace esfuerzos por sobrevivir en la pobreza y en las condiciones de vida en que la tenemos porque no le damos condiciones de vida digna ni empleos.

En ese sentido, digo al diputado del PRI que me antecedió que no es que nos sorprendan estos acontecimientos. Sa- bíamos desde hace años que esto iba a ocurrir y hemos sido omisos en tener una política de recuperación de medio ambiente que efectivamente prevenga estos desastres.

Yo me sumo a la propuesta, me parece que es urgente e importante atenderlo, pero no es tapando el pozo como vamos a terminar con estos problemas sino haciendo verdaderamente, haciendo una solución estructural.

Por eso yo pido que se solicite la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y que se encuentre en esta soberanía una solución de largo plazo a estos eventos. Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría si el tema ha sido suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea ...

El diputado Jaime Ãlvarez Cisneros(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Habíamos anunciado, señor diputado, que al término del anterior orador consultaríamos si el tema está suficientemente discutido. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Jaime Ãlvarez Cisneros(desde la curul): Quiero aclarar, porque me parece que no está firmado el documento por el Grupo Parlamentario de Convergencia, que nosotros por supuesto que nos sumamos a esta iniciativa y compartimos la postura de la diputada que nos antecedió en la palabra, de la importancia de que pueda participar en una comparecencia no solamente el secretario del Medio Ambiente sino el propio secretario de Gobernación, para que dé cuenta de todos estos temas tan importantes para la sociedad mexicana.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tomamos nota de su participación. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Continúe la Secretaría consultando a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Una moción, una pregunta, presidente, si ahorita que estamos exhortando a todo el mundo podemos exhortar al del Ferrari de CFE a que lo devuelva.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si tiene usted una propuesta preséntela por escrito. Continúe la Secretaría.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, dígame diputado Di Costanzo. Diputado Cárdenas. Diputado Di Costanzo, primero.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para resérvame el artículo 5o., fracción II, de la convocatoria.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se anota usted en la lista. Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para reservarme dos artículos, el artículo 6o., y el artículo 7o.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, nada más que no hemos terminado de escuchar la lectura.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Le pido que me anote en la lista.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se anota usted, está bien, queda anotado, queda anotado también el diputado Ibarra. Adelante, continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:De la H. Cámara de Diputados, para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales...

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, por favor, diputada secretaria. Dígame, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, sólo para efecto de comentarle que respecto del 6o. ya hay un acuerdo que se está presentando de la Junta de Coordinación Política, de modificación de redacción del texto, para que sea integrado en el cuerpo de la convocatoria.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En cuanto nos llegue la comunicación lo integraremos a la lectura que estamos dando. Continúe, por favor, secretaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el periodo 2010-2019

Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, incisos b) y h), y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se aprueba la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019.

Segundo.Se instruye a la Secretaría General a proveer a la Comisión de Gobernación de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, así como al área de Comunicación Social y al Canal del Congreso a dar la más amplia difusión a la presente convocatoria.

Transitorio

Único.La presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a los 30 días del mes de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica en abstención), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«De la honorable Cámara de Diputados para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019

La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 41, fracción V, párrafos segundo, tercero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 20 numeral 2, inciso i), 34 numeral 1, inciso h), y 34 Bis, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Convoca

A los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales, legales y que establece esta convocatoria, a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019, bajo el siguiente:

Procedimiento

Primero. Los aspirantes a candidatos deberán cumplir y acreditar debidamente los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no adquirir ninguna otra nacionalidad durante el periodo de su encargo, en caso de ser designado consejero electoral;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente;

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;

d) Poseer al día de la designación título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de cinco años.

e) Contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral que les permitan el desempeño de sus funciones;

f) Gozar de buena reputación y no haber sido encontrado responsable por sentencia irrevocable de delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

g) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor de seis meses;

h) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

j) No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal; jefe del Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador o secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento; y,

k) No ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral durante el último proceso electoral federal ordinario.

Segundo. Los grupos de ciudadanos, asociaciones e instituciones académicas, organizaciones ciudadanas o los propios aspirantes a candidatos, en su caso, dentro del plazo comprendido entre el 4 al 8 de octubre del año dos mil diez, con horario de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 19:00 horas, deberán acudir personalmente a entregar en las instalaciones de la Comisión de Gobernación, situadas en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio D, tercer piso, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, Distrito Federal, previa cita a los teléfonos 01800-122-6270; 5774-9023; o al conmutador 5036-0000, extensiones de la 57128 a la 57131, la siguiente documentación:

1. Currículum vitae con fotografía reciente, firmado por el candidato (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx).

2. Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía.

3. Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados. gob.mx).

4. Carta de aceptación de las bases y procedimientos de la presente convocatoria firmada por el candidato (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx).

5. Ensayo en un máximo de diez cuartillas en letra arial 12, márgenes de 2.5 centímetros y a 1.5 líneas, sobre el tema: los avances en la implementación de la reforma constitucional en materia electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 2007-2008; sus resultados y reformas pendientes en materia electoral. Dicho ensayo deberá entregarse en versión electrónica e impresa en dos tantos.

6. En caso de que la propuesta sea sustentada por un grupo de ciudadanos, deberá acompañarse, además, una carta en la que hagan constar su propuesta y la copia de la credencial de elector de los firmantes.

7. Si la propuesta es sustentada por una organización de ciudadanos, deberá acompañarse con una copia certificada del acta constitutiva correspondiente, así como una carta del representante legal en la que se haga constar la decisión de la organización de postular al aspirante.

8. Cuando la propuesta sea sustentada por una asociación o institución académica, deberá acompañarse de una carta suscrita por el presidente o director de la misma.

Tercero. Dentro del plazo comprendido entre el 4 y 10 de octubre del año en curso, la Comisión de Gobernación integrará los expedientes y revisará la documentación de los aspirantes a candidatos a fin de verificar que reúnen los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Para tales efectos podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes.

Cuarto.A más tardar el 11 de octubre de 2010, la Comisión de Gobernación elaborará la lista de candidatos a consejeros electorales que cumplan con los requisitos señalados en la presente convocatoria, misma que será remitida a la Junta de Coordinación Política y publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx. el 12 de octubre de 2010.

En dicha lista se indicará la fecha y la hora en que deberán acudir los candidatos para el desahogo de las entrevistas. Las citas se asignarán en estricto orden alfabético. Tal publicación surtirá efectos de notificación para los aspirantes.

Cualquier persona, física o moral, podrá presentar opiniones ante Comisión de Gobernación. Las objeciones deberán manifestarse por escrito, fundarse y motivarse, aportando los elementos de prueba que correspondan. Al escrito de referencia se acompañará copia de la credencial para votar del ciudadano que la suscribe y/o una copia certificada del acta constitutiva correspondiente, deberá entregarse en las instalaciones de la Comisión de Gobernación, en la dirección descrita en el procedimiento segundo, a más tardar el día 15 de octubre a las 19 horas.

Quinto.Las entrevistas tendrán una duración máxima de 40 minutos y se desarrollarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. Se realizarán entre el 17 y el 23 de octubre del año en curso. La Comisión de Gobernación se declarará en sesión permanente a efecto de entrevistar a cada uno de los candidatos quienes contarán con 5 minutos para exponer los puntos centrales de su ensayo y no podrán ser interrumpidos durante ésta. Cada grupo parlamentario presente, en orden ascendente, podrá formular una pregunta hasta por un minuto.

II. Las preguntas sólo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de la materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño eficaz y calificado de sus funciones.

III. Cada candidato contará hasta con tres minutos para responder las preguntas que se formulen.

IV. Las entrevistas se realizarán en sesiones públicas y serán transmitidas por el Canal del Congreso.

V. Antes del 11 de octubre, los grupos parlamentarios podrán acreditar por conducto de su coordinador, una relación de diputados federales que no formen parte de la Comisión de Gobernación, para participar con el carácter de sustitutos en la etapa de entrevistas.

El número de diputados federales sustitutos acreditados no podrá exceder el número de legisladores que le corresponde a cada grupo parlamentario en la proporción de la integración de la Comisión de Gobernación. Durante el desarrollo de las entrevistas, sólo podrá participar el número de legisladores que corresponda a dicha integración.

Los grupos parlamentarios sin representación en la Comisión de Gobernación podrán acreditar hasta un legislador para formular preguntas durante las entrevistas.

VI. Los candidatos deberán acudir en el día y hora señalados en la lista que se publique para tal efecto, sin que esta cita pueda reprogramarse, salvo por ausencia en caso fortuito o de fuerza mayor, a juicio de la propia Comisión de Gobernación.

VII. No podrán llevarse a cabo entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos fuera del procedimiento de esta convocatoria.

Sexto.Al término de las entrevistas y antes del 30 de octubre del presente año, la Comisión de Gobernación aprobará un dictamen que integre la lista de candidatos que hayan cumplido con la experiencia y formación electoral, así como el perfil académico, y lo remitirá, a través de su presidente, a la Junta de Coordinación Política.

Séptimo. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo las consideraciones y recomendaciones que establezca el dictamen de la Comisión de Gobernación, la propuesta de los nombres de los tres candidatos a Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, para el periodo del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019.

Octavo. En la sesión de la honorable Cámara de Diputados se dará a conocer al pleno las propuestas a que se refiere el procedimiento séptimo y se procederá a su discusión y votación.

Serán designados consejeros electorales del Instituto Federal Electoral los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Noveno. Los consejeros electorales durarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2019 y no podrán ser reelectos.

Décimo. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Décimo Primero. La presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación por la honorable Cámara de Diputados.

Décimo Segundo. Se instruye a la Secretaría General, al área de comunicación social y al Canal del Congreso a dar la más amplia difusión a la presente convocatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a los 30 días de septiembre de dos mil diez.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la honorable Cámara de Diputados.»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria. Proceda, por favor, a dar lectura a la modificación propuesta por la Junta de Coordinación Política...

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, para hablar sobre el antidoping.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Era eso don Emilio? A ver, sonido en la curul de don Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Aunque no lo tengo por escrito pero lo hago si usted considera, una propuesta de adición. Un requisito que debiéramos llenar todos, todos los candidatos, pasar el antidoping.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sea tan amable de enviárnosla por escrito para que se procese junto con las demás modificaciones, diputado Serrano, muchas gracias. Proceda la Secretaría.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica el artículo sexto de la convocatoria de la Cámara de Diputados sobre el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019

Texto actual en la convocatoria:

Sexto. Al término de las entrevistas y antes del 30 de octubre del presente año, la Comisión de Gobernación aprobará un dictamen que integre la lista de candidatos que hayan cumplido con la experiencia y formación electoral, así como el perfil académico, y lo remitirá a través de su Presidente, a la Junta de Coordinación Política.

Texto propuesto:

Sexto. Al término de las entrevistas y antes del 30 de octubre del presente año, la Comisión de Gobernación aprobará un dictamen que integre la lista de candidatos y candidatas que hayan reunido las mejores cualidades en términos de experiencia y formación electoral, así como el perfil académico, y lo remitirá a través de su presidente, a la Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«De la honorable Cámara de Diputados para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019

La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 41, fracción V, párrafos segundo, tercero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 20 numeral 2, inciso i), 34 numeral 1, inciso h), y 34 Bis, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Convoca

A los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales, legales y que establece esta convocatoria, a participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019, bajo el siguiente:

Procedimiento

Primero. Los aspirantes a candidatos deberán cumplir y acreditar debidamente los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no adquirir ninguna otra nacionalidad durante el periodo de su encargo, en caso de ser designado consejero electoral;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente;

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;

d) Poseer al día de la designación título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de cinco años.

e) Contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral que les permitan el desempeño de sus funciones;

f) Gozar de buena reputación y no haber sido encontrado responsable por sentencia irrevocable de delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

g) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor de seis meses;

h) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

j) No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o del Distrito Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal; jefe del Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador o secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento; y,

k) No ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral durante el último proceso electoral federal ordinario.

Segundo. Los grupos de ciudadanos, asociaciones e instituciones académicas, organizaciones ciudadanas o los propios aspirantes a candidatos, en su caso, dentro del plazo comprendido entre el 4 al 8 de octubre del año dos mil diez, con horario de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 19:00 horas, deberán acudir personalmente a entregar en las instalaciones de la Comisión de Gobernación, situadas en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio D, tercer piso, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, Distrito Federal, previa cita a los teléfonos 01800-122-6270; 5774-9023; o al conmutador 5036-0000, extensiones de la 57128 a la 57131, la siguiente documentación:

1. Currículum vitae con fotografía reciente, firmado por el candidato (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx).

2. Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía.

3. Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados. gob.mx).

4. Carta de aceptación de las bases y procedimientos de la presente convocatoria firmada por el candidato (conforme al formato publicado en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx).

5. Ensayo en un máximo de diez cuartillas en letra arial 12, márgenes de 2.5 centímetros y a 1.5 líneas, sobre el tema: los avances en la implementación de la reforma constitucional en materia electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 2007-2008; sus resultados y reformas pendientes en materia electoral. Dicho ensayo deberá entregarse en versión electrónica e impresa en dos tantos.

6. En caso de que la propuesta sea sustentada por un grupo de ciudadanos, deberá acompañarse, además, una carta en la que hagan constar su propuesta y la copia de la credencial de elector de los firmantes.

7. Si la propuesta es sustentada por una organización de ciudadanos, deberá acompañarse con una copia certificada del acta constitutiva correspondiente, así como una carta del representante legal en la que se haga constar la decisión de la organización de postular al aspirante.

8. Cuando la propuesta sea sustentada por una asociación o institución académica, deberá acompañarse de una carta suscrita por el presidente o director de la misma.

Tercero. Dentro del plazo comprendido entre el 4 y 10 de octubre del año en curso, la Comisión de Gobernación integrará los expedientes y revisará la documentación de los aspirantes a candidatos a fin de verificar que reúnen los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Para tales efectos podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes.

Cuarto. A más tardar el 11 de octubre de 2010, la Comisión de Gobernación elaborará la lista de candidatos a consejeros electorales que cumplan con los requisitos señalados en la presente convocatoria, misma que será remitida a la Junta de Coordinación Política y publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de Internet de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx. el 12 de octubre de 2010.

En dicha lista se indicará la fecha y la hora en que deberán acudir los candidatos para el desahogo de las entrevistas. Las citas se asignarán en estricto orden alfabético. Tal publicación surtirá efectos de notificación para los aspirantes.

Cualquier persona, física o moral, podrá presentar opiniones ante Comisión de Gobernación. Las objeciones deberán manifestarse por escrito, fundarse y motivarse, aportando los elementos de prueba que correspondan. Al escrito de referencia se acompañará copia de la credencial para votar del ciudadano que la suscribe y/o una copia certificada del acta constitutiva correspondiente, deberá entregarse en las instalaciones de la Comisión de Gobernación, en la dirección descrita en el procedimiento segundo, a más tardar el día 15 de octubre a las 19 horas.

Quinto. Las entrevistas tendrán una duración máxima de 40 minutos y se desarrollarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. Se realizarán entre el 17 y el 23 de octubre del año en curso. La Comisión de Gobernación se declarará en sesión permanente a efecto de entrevistar a cada uno de los candidatos quienes contarán con 5 minutos para exponer los puntos centrales de su ensayo y no podrán ser interrumpidos durante ésta. Cada grupo parlamentario presente, en orden ascendente, podrá formular una pregunta hasta por un minuto.

II. Las preguntas sólo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de la materia electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos poseen el perfil adecuado, así como los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño eficaz y calificado de sus funciones.

III. Cada candidato contará hasta con tres minutos para responder las preguntas que se formulen.

IV. Las entrevistas se realizarán en sesiones públicas y serán transmitidas por el Canal del Congreso.

V. Antes del 11 de octubre, los grupos parlamentarios podrán acreditar por conducto de su coordinador, una relación de diputados federales que no formen parte de la Comisión de Gobernación, para participar con el carácter de sustitutos en la etapa de entrevistas.

El número de diputados federales sustitutos acreditados no podrá exceder el número de legisladores que le corresponde a cada grupo parlamentario en la proporción de la integración de la Comisión de Gobernación. Durante el desarrollo de las entrevistas, sólo podrá participar el número de legisladores que corresponda a dicha integración.

Los grupos parlamentarios sin representación en la Comisión de Gobernación podrán acreditar hasta un legislador para formular preguntas durante las entrevistas.

VI. Los candidatos deberán acudir en el día y hora señalados en la lista que se publique para tal efecto, sin que esta cita pueda reprogramarse, salvo por ausencia en caso fortuito o de fuerza mayor, a juicio de la propia Comisión de Gobernación.

VII. No podrán llevarse a cabo entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos fuera del procedimiento de esta convocatoria.

Sexto. Al término de las entrevistas y antes del 30 de octubre del presente año, la Comisión de Gobernación aprobará un dictamen que integre la lista de candidatos y candidatas que hayan reunido las mejores cualidades en términos de experiencia y formación electoral, así como el perfil académico, y lo remitirá, a través de su presidente, a la Junta de Coordinación Política.

Séptimo. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo las consideraciones y recomendaciones que establezca el dictamen de la Comisión de Gobernación, la propuesta de los nombres de los tres candidatos a Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, para el periodo del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019.

Octavo. En la sesión de la honorable Cámara de Diputados se dará a conocer al pleno las propuestas a que se refiere el procedimiento séptimo y se procederá a su discusión y votación.

Serán designados consejeros electorales del Instituto Federal Electoral los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Noveno. Los consejeros electorales durarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2019 y no podrán ser reelectos.

Décimo. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Undécimo. La presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación por la honorable Cámara de Diputados.

Duodécimo.Se instruye a la Secretaría General, al área de comunicación social y al Canal del Congreso a dar la más amplia difusión a la presente convocatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días de septiembre de dos mil diez.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos, entonces, en el entendido de que la discusión se hará con la modificación propuesta por la Junta de Coordinación Política al punto de acuerdo.

Consulte a la asamblea si acepta la modificación propuesta por la Junta de Coordinación Política al punto de acuerdo. Consulte, señora secretaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al punto de acuerdo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es aprobada la modificación.

Está a discusión con la modificación aceptada el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política. Para tal efecto se han registrado ya para hablar en contra el diputado don Juan Enrique Ibarra Pedroza, el diputado Mario di Costanzo Armenta para referirse... No, es en contra.

Para razonar su voto y en posicionamiento el diputado Ibarra Pedroza.  El diputado Cárdenas con la misma intención, para hacer un razonamiento de su voto, el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Mario di Costanzo, él sí en contra de la fracción segunda del artículo 5o. de la convocatoria.

Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza para posicionar su voto.

Si me lo permite el diputado, abusando de su amabilidad, aprovecharé para presentar que se encuentran con nosotros la campeona mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Mariana Juárez. Y Johnny González Vera, campeón mundial de peso pluma de la Organización Internacional de Boxeo, invitados por el diputado David Hernández Pérez, junto con el licenciado Miguel García Monroy.

También nos acompañan compañeros invitados de Coincides, del municipio de Coyotepec, estado de México, invitados por el diputado don Raúl Domínguez Rex.

Perdón, diputado, invitados por el diputado José Arámbula López, de Acción Juvenil de Aguascalientes. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos.

Muchas gracias, diputado, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Señoras legisladoras y señores legisladores, a no dudarlo, con la presentación del proyecto de convocatoria, esta Cámara de Diputados va a iniciar hoy tal vez su decisión más importante en toda la Legislatura.

Hoy iniciamos un procedimiento que habrá de desembocar el último día de octubre con la elección, por esta representación, de tres consejeros electorales. La decisión es de la mayor relevancia porque de nuestra decisión va a depender el rumbo que tome el Instituto Federal no sólo a mediano plazo sino a largo plazo.

Por vez primera la Cámara de Diputados va a elegir tres consejeros que van a organizar y van a arbitrar dos elecciones presidenciales: la del 2012 y la del 2018. De ahí que la tarea será relevante, porque precisamente en toda nuestra historia política el tema de las elecciones y credibilidad ha sido el que infortunadamente nos ha acompañado. Y que se ha traducido en suspicacias, en desconfianzas y en gobiernos frecuentemente considerados ilegítimos por falta de certidumbre en los procesos electorales.

En estos días, en la Comisión de Gobernación y en la Junta de Coordinación Política hemos venido discutiendo este relevante acuerdo. Ha sido la posición del Partido del Trabajo que privilegiemos la transparencia, que privilegiemos el que la ciudadanía se dé cuenta cómo se elige, desde un principio, a quienes van a arbitrar las próximas elecciones presidenciales.

Por ello, nosotros le hemos apostado al fortalecimiento de los alcances de la Comisión de Gobernación, porque es un espacio donde los diversos partidos estamos presentes y en donde sus sesiones son enteramente no sólo públicas sino transmitidas en la señal del Canal del Congreso de la Unión.

Nosotros hemos apostado a fortalecer y que la Comisión de Gobernación tenga margen de dictaminar para en su momento, nombres con los criterios no sólo de idoneidad jurídica, sino de idoneidad política, que manden una señal a la ciudadanía de que vamos a elegir no por cuotas partidistas, de que vamos a elegir mexicanas y mexicanos que cubran los perfiles de imparcialidad, objetividad e independencia de los partidos políticos y de los factores reales de poder.

En el PT, nosotros, el día de hoy, después de una serie de modificaciones de las propuestas iniciales, en lo general, vamos a acompañar a esta asamblea en la emisión de la convocatoria, a reserva de algunos cuestionamientos, que en lo particular harán dos compañeros.

Pero que quede claro, no estamos extendiendo ningún cheque en blanco a ningún partido ni a ninguna ni a varias formaciones políticas. Es un proceso del que estaremos vigilantes.

No aceptaremos la reproducción de cuotas partidistas o acuerdos en la opacidad. Hay que recordar el desenlace desventurado de la elección de consejeros previo al 2006, cuando de esos acuerdos cupulares y opacos surgió una autoridad electoral que terminó por regresarnos a los ambientes de desconfianza y que coadyuvó a un fraude monstruoso electoral en la Presidencia, de la elección de 2006.

Reitero, no es un cheque en blanco, vamos a estar atentos, vigilantes y demandantes por la naturaleza de que la elección por definición constitucional, en su artículo 41, es un asunto de Estado, es uno de los asuntos de mayor interés público de todos los mexicanos y de lo que hagamos desde hoy hasta el día de la decisión dependerá que se restituya la confianza en nuestras elecciones y procesos políticos, y que de ella surjan autoridades no sólo con legalidad sino con plena legitimidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, éste, como dice nuestro compañero el diputado Enrique Ibarra, es tal vez uno de los actos más trascendentes, más importantes que realizará la Cámara de Diputados en el actual periodo de sesiones: la aprobación de tres nuevos consejeros electorales.

Debemos decir que el modelo de designación previsto en la Constitución, en el artículo 41 y en la ley, es un modelo totalmente agotado, porque es un modelo que ha respondido a un sistema de cuotas partidistas.

Tanto en el IFE como en el Tribunal Electoral los cargos se han repartido por la posición de la mayoría de los partidos políticos. Han sido los partidos mayoritarios, sobre todo los dos grandes partidos  mayoritarios, los que se han repartido la titularidad de los cargos en el IFE y en el Tribunal Electoral.

Es por eso fundamental que se modifique la Constitución. Nosotros, en los próximos días vamos a proponer un método nuevo de elección de consejeros electorales y de magistrados electorales y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que estos funcionarios se elijan por el voto ciudadano.

Si este método de elección democrática por voto ciudadano no convenciera, creo que entonces tendríamos que recurrir al otro modelo que algunos académicos como John Ackermann han propuesto: el modelo del azar. Es decir, que la Comisión de Gobernación, como en este caso, escoja a los mejores 6 y a los mejores 9, a los mejores 12; y que después, por azar, se determinara a la suerte quiénes son los tres consejeros electorales, para que esos consejeros designados no se la deban a ningún partido, a ningún grupo parlamentario.

El método actual de designación está agotado. El método actual partidiza la designación de consejeros electorales, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Yo quiero, señor presidente, en este momento entregarle reserva a dos artículos del acuerdo no por lo que ya votamos —la adición propuesta por la Junta de Coordinación Política—, sino para otro propósito que me parece fundamental y que es el de la transparencia.

Estamos solicitando en el punto sexto del acuerdo y en el punto séptimo del acuerdo que las deliberaciones y sesiones, tanto en la Comisión de Gobernación como en la Junta de Coordinación Política, sean totalmente públicas.

Nos preocupa muchísimo la opacidad en la que trabaja sobre todo la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política en esta Cámara es un órgano opaco, es un órgano que a mí en lo particular —aunque ahí participan compañeros nuestros— no me merece el menor respeto. Es un órgano donde todo se reparte no solamente mediante el sistema del voto ponderado sino se reparte por cuota de los partidos mayoritarios.

Si dejamos que este procedimiento sea opaco corremos el riesgo de lo que ocurrió en 2003, que de nuevo se repartan por cuotas a los consejeros electorales.  Tenemos que garantizar plena transparencia.

Yo le demando al diputado Corral —que sé que está convencido de ello— plena transparencia en las deliberaciones y en las sesiones de la Comisión de Gobernación.

Y también le reclamo a la diputada Vázquez Mota y a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política...

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un momento. La diputada Enoé Uranga. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Si el diputado me admite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Le admite usted la pregunta?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Con mucho gusto y más tratándose de Enoé.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Adelante, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco. Sorprendida porque por la experiencia del diputado en el tema, su uso del lenguaje me tiene preocupada. Yo supondría que la Cámara tendrá también que establecer un compromiso —compartiendo por cierto el texto que nos ha ofrecido la Mesa Directiva— por cuidar que la sustitución sea hecha por tres mujeres dada la desigualdad que hay en la integración del Consejo. Y en consecuencia, me llama la atención que siempre se refiere a los consejeros en masculino dada más la experiencia que tiene y que sin duda alguna —y sé que no estoy exagerando— la consejera más destacada durante la experiencia del diputado fue la hoy responsable del IFAI, Jacqueline Peschard.

En consecuencia yo le propondría también el que hablara en femenino en el resto de su debate, en la aspiración de que fueran tres. Y le pregunto, si está de acuerdo en que también deberían ser tres mujeres o al menos dos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Muchas gracias, diputada Enoé Uranga. Tiene usted toda la razón y hago una rectificación. De hecho para allá iba, diputada Enoé Uranga, estaba con el tema de transparencia y después iba a pasar al tema de equidad de género.

Por lo que ve a la equidad de género, la propia Ley Orgánica del Congreso de la Unión respecto del procedimiento de designación de consejeras electorales y consejeros electorales, establece la obligación de esta Cámara de respetar paridad y equidad de género.

Entonces, tiene usted mi respuesta en sentido positivo. Hago la rectificación si utilicé un lenguaje exclusivamente andrógino y no me referí también a la posibilidad y al deber de la Cámara de elegir, de designar consejeras electorales y no solamente consejeros electorales.

A continuación, continúo con mi intervención. Les estaba reclamando a la diputada Vázquez Mota y a todos los miembros de la Junta de Coordinación Política, para que las sesiones en la Junta de Coordinación Política fuesen totalmente públicas.

Yo le pido, diputada Vázquez Mota, le pido al diputado Rojas, le pido al diputado Encinas, le pido al coordinador de mi grupo parlamentario, le pido al coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, al coordinador del Grupo Parlamentario del Panal y del Verde Ecologista, para que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean públicas.

Si no hay transparencia en este proceso de designación y de elección de consejeras electorales y consejeros electorales, creo que estaremos contribuyendo —y termino— a la formación, a la integración de un órgano electoral por cuotas que no merecerá ninguno de nuestros respetos.

Debemos tomarnos muy en serio esta designación de consejeras y de consejeros...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:...es fundamental para garantizar la paz social de este país. Es una de las últimas llamadas que tenemos. Si no logramos integrar –termino, presidente– un órgano electoral imparcial y confiable y un Tribunal Electoral imparcial y confiable, estaremos al borde del precipicio. Espero que lo piensen muy bien y que los partidos mayoritarios no abusen con su mayoría legislativa y quieran imponer consejeras electorales y consejeros electorales, rehenes de esos partidos mayoritarios y de los poderes fácticos.

Muchas gracias por su atención y le pido también, presidente, el voto de reserva en el artículo 6o., y 7o., del acuerdo para efectos de transparencia en las sesiones de la Comisión de Gobernación y en las sesiones de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Muchas gracias, presidente. A nombre de la Junta de Coordinación Política, para efecto de que quede asentado en actas, sólo que quede constancia de que la Junta de Coordinación Política, como órgano colegiado de toma de decisiones de la Cámara, está obligado al cumplimiento irrestricto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a su reglamento respectivo.

Todos los acuerdos, las actas y los trabajos procesados en la Junta se publican y están en la página de Internet. Y sólo para dejar asentado en actas, esta convocatoria, a diferencia de otras que ha habido en el pasado, fortalece el trabajo de la comisión que será la que procesará a cada uno de los aspirantes a consejeros, será la Junta la que presentará la terna, pero no olvidemos un tema sustancial que debe quedar asentado en esa expresión, que serán las dos terceras partes del pleno de esta Cámara de Diputados, las que determinarán a los consejeros que ocuparán ese cargo de consejeros del Instituto Federal Electoral. Es cuanto, presidente.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para alusiones del diputado Pérez Cuevas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Pérez no estaba haciendo una intervención, la hizo desde su lugar, no se trataba de un discurso, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, para posicionar en contra del dictamen.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Con el objeto de tratar de arreglar un poco y que no quede tan peor, quisiera nada más mostrarles cómo el procedimiento que se ha establecido no va a permitir que conozcamos y que nos cercioremos de algo que es fundamental, que es la independencia, la autonomía de quienes vayan a ser consejeros del Instituto Federal Electoral.

En el artículo 5o. de la convocatoria, la fracción II señala exactamente lo siguiente: las preguntas  sólo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de la materia electoral y tendrán ... —y sigue el artículo.

Yo les quiero decir que por experiencia no solamente es importante el que los candidatos o los consejeros o quien vaya a desempeñar un cargo tengan la máxima experiencia en aspectos técnicos o jurídicos, sino que también tengan un comportamiento de autonomía y de probidad.

Como experiencia, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación —no voy a decir los nombres—hubo tres candidatos que yo no dudo de su conocimiento, pero uno había sido el director jurídico del Fobaproa. Imagínenselo como auditor. Otro había sido aprehendido; estuvo un rato guardado en la prisión. Y otro había trabajado y había sido parte activa de un despacho que se había peleado con la Cámara de Diputados para no entregar los papeles de trabajo del informe Mackey.

Por eso es que estoy proponiendo que en el artículo 5, fracción II, se añada y se modifique la redacción para quedar como sigue: las preguntas podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de la materia electoral, así como todos aquéllos que tengan por objeto conocer la autonomía y probidad que los candidatos puedan representar.

Esto es, como les digo, con el único objeto de conocer quiénes han sido estos personajes, de qué manera van a garantizar la autonomía, condición fundamental para que un consejero del Instituto Federal Electoral pueda garantizar imparcialidad en el desempeño de su encargo. Eso sería todo y muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Se recibe su propuesta de modificación.

Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña. Intervendrá posteriormente el diputado Pablo Escudero Morales y preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido para desahogar las modificaciones propuestas por los señores diputados.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la renovación escalonada de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019 exige, de los que conformamos la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, una responsabilidad y compromiso mayor con México.

En este contexto, el pleno de nuestra soberanía debe aprobar hoy la convocatoria que hará factible que el máximo órgano superior de deliberación en materia electoral quede conformado bajo criterios de ciudadanía, experiencia, perfil de los candidatos y candidatas, y el más amplio consenso posible de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Por ello es oportuno enfatizar que en este proceso de 2010 deben garantizarse los requisitos que el Constituyente Permanente instituyó a partir de 2007, en el sentido de privilegiar para la elección de los candidatos la amplia consulta a la sociedad, los perfiles y la experiencia que en la materia posea cada uno de los candidatos y candidatas, y no permitir la prevalencia en las cuotas de partidos que alimentan la suspicacia respecto de la independencia y autonomía de las decisiones del Consejo General del IFE, y más aún cuando corresponderá a éste la organización de las próximas elecciones federales y de presidente de la República.

Asimismo, para los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es fundamental que se hagan valer y aseguren las condiciones de oportunidad necesarias a las mujeres que participen en este proceso, y como prueba de ello presentamos una iniciativa de reforma constitucional vía el Cofipe.

De acuerdo con estos criterios las diputadas y los diputados que conformamos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos manifestamos a favor de la convocatoria para el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019, libre de los vaivenes e incertidumbre en las negociaciones políticas o posturas ideológicas.

Nos pronunciamos a favor de un proceso de candidaturas en las que la presencia de la mujer quede garantizada.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que uno de los enemigos de las mujeres continúa siendo la idea de que la vida social y política debe estar separada de la privada, y que a partir de la vida privada es posible transformar el espacio público para construir desde el diálogo y el acuerdo un orden en el que se ostente menos el poder y se ejerza más la autoridad democrática de ambos géneros. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Para fijar la posición del Partido Verde lo hago desde aquí para que sea un poco más ágil la asamblea. Decirle a la asamblea que en el Partido Verde estamos convencidos de que esta convocatoria es una buena convocatoria, una muy buena convocatoria.

Es evidente que esta convocatoria se encuentra plenamente motivada, se encuentra plenamente fundamentada y creo que tiene un elemento muy importante. En esta convocatoria podemos encontrar la participación de todos los grupos parlamentarios de esta asamblea.

Es de conocimiento público que el Grupo Parlamentario de Convergencia, pues no contaba con un lugar, con un asiento dentro de la Comisión de Gobernación y sí tiene un lugar, un asiento, tiene voz, tiene voto dentro de la Junta de Coordinación Política. Éste ha sido el razonamiento y una felicitación a todos los que participaron en esta convocatoria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El diputado Jaime Ãlvarez Cisneros (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Jaime. Sonido en la curul del diputado Jaime Ãlvarez.

El diputado Jaime Ãlvarez Cisneros(desde la curul): Presidente, creo que no podemos dejar de resaltar que una minoría como Convergencia, que no tiene participación en la Comisión de Gobernación, la visión y los puntos de vista como minoría los podemos aportar participando con derecho a voz en esta comisión, pero donde podemos ejercer un punto de vista de más fuerza es en la propia Junta de Coordinación Política.

Por eso, cuando lo platicamos con el diputado Javier Corral y con los compañeros de la Junta de Coordinación Política, nosotros tomamos la decisión de defender el procedimiento natural y darle el peso específico que tiene la Junta de Coordinación Política. En ese sentido poder ir vertebrando el proceso y, evidentemente, que sea un proceso de retroalimentación, de fuerza y en ese sentido Convergencia está satisfecho.

Creemos que podremos aportar mucho en la Comisión de Gobernación, y en ese sentido creo que habrá buenas cuentas para la sociedad.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Diputado Lerdo de Tejada, tiene el uso de la palabra. Nadie más ha solicitado el uso de la palabra. Al terminar el diputado Lerdo...

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): También solicito la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Castilla.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Con su permiso, compañero presidente. Seré lo más breve posible.

En primer lugar, celebrar con el pleno la conformación de esta convocatoria para renovar tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Me parece que se ha llegado a una convocatoria que queda perfectamente claro que no hay dobles intenciones. Está perfectamente apegada a derecho.

Yo quisiera, por el proceso de construcción que significó esta convocatoria, en primer término hacerle un reconocimiento ante el pleno a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, a la diputada Vázquez Mota, por la conducción en la elaboración de esta convocatoria.

En segundo lugar quisiera también, que quedara claro para que no hubiera suspicacia alguna. El artículo 34 Bis de la Ley Orgánica dice en su Apartado E, fracción I que el órgano o la comisión que se encargará de la recepción de documentos e integración de los expedientes, su revisión, e integración de la lista que contenga los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para que los grupos parlamentarios formulen sus propuestas con base en ella. Presentadas éstas, y después de las entrevistas, en el proceso de designación de los consejeros electorales del IFE se procurará la inclusión paritaria de hombres y mujeres y todo lo que contiene la convocatoria.

Lo que es relevante es lo que aquí se ha dicho en voz de Convergencia, la Junta de Coordinación Política —según lo establece nuestra propia ley— es el órgano responsable en la conducción de este proceso. Es, también, el órgano que, a diferencia de la Comisión de Gobernación, cuenta con la representación de todas las fracciones parlamentarias, de todas.

En la Comisión de Gobernación no está representado el Partido de Convergencia. En consecuencia, la Junta de Coordinación Política, estoy seguro que después de recibir el dictamen que contenga las valoraciones de las entrevistas y que refleje los criterios de la selección, que me parece que es una aportación adicional pertinente y adecuada, valorará los nombres que someterá a la consideración del pleno, que nos mandata la Constitución y las leyes, a que se dé este acuerdo por las dos terceras partes de la Cámara.

Esto blinda suspicacias, esto abre a la transparencia. Estamos hoy iniciando un proceso que habrá de culminar el 30 de octubre y que yo estoy seguro que la Comisión de Gobernación hará un espléndido papel ante esta soberanía, conduciendo un proceso pulcro, público, transparente y que la Junta de Coordinación Política, como órgano de gobierno, donde están representadas todas las fuerzas políticas, someterá a esta soberanía los tres nombres más adecuados para ocupar tan relevante cargo, que a todos nos tiene que dejar satisfechos el día que lo votemos en este pleno.

Enhorabuena, y reitero mi reconocimiento y felicitación por la conducción a la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Castilla Marroquín, por Acción Nacional.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Muchas gracias diputado presidente. Sin duda con la aprobación de la convocatoria se da inicio a un proceso de renovación de consejeros del Instituto Federal Electoral, que es seguramente una de las decisiones más importantes que habrá de tomar esta Legislatura, pero en la que además, la Cámara de Diputados está obligada a respetar la autonomía del instituto y a fortalecerlo, de tal forma que se consolide como una autoridad más confiable e imparcial. Es un asunto de responsabilidad y también de convicción democrática, por lo que es fundamental que traduzcamos los discursos en hechos a lo largo de todo este proceso.

Considero que hemos empezado bien porque se logró un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Desde luego, también reconozco el trabajo y la conducción de la presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos enfrente. Por supuesto sería muy delicado, como ya se ha mencionado aquí, que estos espacios se cubran bajo la lógica de reparto de cuotas políticas. O bien, que alguno o algunos de los sujetos regulados pudieran pretender incidir en el proceso. O que este proceso de nombramiento se contamine con otros temas que se discuten en la Cámara y que se pretenda convertir en una moneda de cambio.

Sin duda necesitamos recordar que los consejeros desempeñan una función de Estado para la cual se requiere de consejeros independientes, con una sólida trayectoria personal y profesional, que cuenten con conocimientos y experiencia en materia electoral.

Por ello es indispensable que llevemos a cabo un proceso transparente y en el que la designación de los futuros consejeros se dé a partir de un amplio consenso entre los grupos parlamentarios.

Celebro que se le haya dado una mayor participación a la Comisión de Gobernación, en donde de veras se privilegien los perfiles, se realice una análisis muy escrupuloso de los méritos de cada uno de los participantes y que el dictamen que emita la Comisión de Gobernación sea tomado en consideración por la Junta de Coordinación Política.

Celebro, pues, la aprobación próxima de esta convocatoria. Desde luego reitero el compromiso de mi grupo parlamentario por estar a la altura de las circunstancias, como estoy seguro de que lo habremos de estar todos los integrantes de la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Castilla. Para hacer lo propio, el diputado Jesús Zambrano Grijalva.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del PRD ha cuidado desde sus inicios la elaboración de la convocatoria, a través de los compañeros integrantes del PRD en la propia Comisión de Gobernación con su presidente, el diputado Javier Corral. Desde luego, también a través de nuestra participación directa en la Junta de Coordinación Política.

Estamos, por supuesto, convencidos de que no puede ni debe repetirse el error que se cometió en la designación de las consejeras y los consejeros electorales en 2003, que fueron los responsables y encargados de conducir la elección presidencial de 2006.

Desde nuestro punto de vista todo lo que se había avanzando por el primer Consejo General del IFE, nombrado en 1996 por esta Cámara de Diputados, lamentablemente se perdió en el camino y, justamente, como resultado de un acuerdo político entre los distintos grupos parlamentarios fue que se entró al proceso de la reforma política constitucional y legal de 2007 y 2008.

En función de eso y para recuperar la credibilidad que lamentablemente se perdió por nuestro máximo órgano electoral fue que se entró también en un proceso que le hará bien a la institución —estamos seguros— de renovación escalonada de sus integrantes.

Hoy, con este proceso que estamos iniciando al emitir la convocatoria, por supuesto que vamos a entrar en el último tramo de renovación completa de ese Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral que fungió durante las elecciones de 2006.

Por eso justamente y compartiendo aquí reflexiones, preocupaciones, consideraciones, puntos de vista que se han manifestado por quienes han hecho uso de la tribuna en este punto, nosotros estamos completamente de acuerdo en que no podemos entrar a un esquema de asignación o de designación y votación en su momento, por este pleno, de los tres consejeros y/o consejeras electorales, en la mecánica del establecimiento de cuotas, en la mecánica de que nos corresponde a cada grupo parlamentario tal o cual.

Creo que lo que le va a dar la mayor calidad para la actuación de los consejeros electorales, luego de su designación, será por supuesto que cuenten con el perfil más adecuado para el desempeño de su función, que es el que está establecido en la convocatoria que hoy estamos sometiendo a consideración del pleno, que se tenga plena autonomía en el desempeño de su función, que efectivamente responda a los criterios de ciudadanización y, desde luego también, con experiencia y con los conocimientos técnicos y profesionales que se requieren para tan alto cargo, para tan alta función de Estado.

Desde luego, transversalmente, desde el inicio, como hoy lo estamos haciendo, hasta su culminación debe ser un proceso absolutamente transparente.

Que no quede la menor duda que así se hará, porque vamos a pugnar nosotros y lo hemos compartido con el propio diputado Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, que la principal preocupación que nosotros hemos manifestado y que vamos a mantener vigente para que esto se haga realidad es que sea un esquema de trabajo absolutamente transparente.

Que no quede la menor duda —subrayo— de que vamos a buscar que esto se dé para que no quede, por tanto —válgase la expresión— en el extremo, en un escenario de opacidad el tramo final, sobre todo después de que la Comisión de Gobernación presente su propio dictamen con la lista de quienes hayan acreditado cumplir con los requisitos que se han establecido.

Por eso, aceptando además la modificación que se ha suscrito por la Junta de Coordinación Política a la cláusula sexta de la convocatoria, que nos parece a nosotros que todavía viene a precisar muchísimo más este esquema de que podamos lograr el propósito de un nombramiento que le haga bien al país, que conduzca bien el proceso de la elección presidencial y de las elecciones federales de 2012, la bancada del PRD votará a favor de la propuesta de convocatoria. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Se someterán al pleno a continuación las propuestas de modificación, en primer lugar las presentadas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia a la convocatoria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al punto de acuerdo, por el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Mario di Costanzo a la convocatoria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al punto de acuerdo por el diputado Mario di Costanzo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se desecha la propuesta de modificación presentada por el diputado Mario di Costanzo.

Póngase a votación entonces la convocatoria presentada por la Junta de Coordinación Política en los términos presentados, con la modificación aprobada.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada la convocatoria para la elección de los consejeros del Instituto Federal Electoral propuesta por la Junta de Coordinación Política, con la modificación aceptada. Aprobado. Comuníquese.

Hemos llegado al punto de la agenda política. Para hablar en este punto...

El diputado Jaime Ãlvarez Cisneros(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado.

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

El diputado Jaime Ãlvarez Cisneros(desde la curul): Presidente, antes de que entremos a agenda política, respetuosamente quisiera pedirle y comentar que dentro de las efemérides se inscribió la referente al natalicio del Siervo de la Nación, pero por cuestiones de tiempo seguramente no podremos tocar el tema.

Por tal motivo, pido que el discurso —y si algún compañero diputado más quiere aportar algún discurso o algunas palabras para conmemorar este natalicio— podamos inscribirlo en la Gaceta Parlamentaria.

«Efemérides con motivo del 245 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Jaime Ãlvarez Cisneros.

“La soberanía dimana inmediatamente del pueblo”

Hoy, el calendario cívico de nuestra patria marca la conmemoración de un año más del nacimiento del “Siervo de la Nación”, José María Morelos y Pavón, hombre de lucha, visión y justicia, quien ofrendo su vida por los ideales independentistas en la búsqueda de un país más libre, justo y soberano.

El general Morelos, buscó sustituir el campo de batalla por instituciones que dieran cabida a una nación legítima bajo una visión de Estado; desde un inicio impulsó la creación de un Congreso Constituyente, y nos dejó como legado la esencia de su pensamiento en los denominados “Los Sentimientos de la Nación”, en los cuales plasmó 23 preceptos que inspiraron su actuación en aquellos agitados días.

Cada uno de los artículos de los Sentimientos de la Nación, representan el ideario del cura de Valladolid, y su férrea decisión de cambiar los enfrentamientos bélicos, por un catálogo constitucional de derechos para los mexicanos.

Morelos, personaje de nuestra historia, de mente visionaria, incorporó en sus ideales la búsqueda e identidad de un pueblo, que se viera beneficiado por su propia Constitución; heredero del espíritu humanista de Miguel Hidalgo, Morelos abolía la esclavitud y luchaba por la libertad.

Morelos pasó de ser un gran improvisador a un excelente organizador de sus tropas, fue hombre de audaz estrategia y de ennoblecida valentía.

Sin embargo compañeras y compañeros debemos recordar que no sólo trasciende en el tiempo por su humildad o por su gran capacidad militar, sino por su gran anhelo de conformar lo que él llamaba la América Mexicana.

Su trayectoria y gran valentía nos debería inspirar y mover a darle la mayor importancia a la labor legislativa que en este recinto desempeñamos. Morelos decía: “que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte, se aumente el caudal del pobre, que mejore sus costumbres y evite la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

En consecuencia, con su ejemplo no sólo dejó grandes enseñanzas, sino una ardua labor de superación y transformación de la incipiente nación para superar las desigualdades; hoy en día su pensamiento debe ser guía para el cambio hacia un desarrollo que ayude a salir de la grave crisis en la que nuestro país se encuentra sumergido.

No podemos seguir caminando con un Gobierno federal que haga “oídos sordos” de los graves problemas económicos, de inseguridad, justicia, educación que tienen a nuestra nación sumergidos en el caos y la incertidumbre, es necesario que regresemos y volteemos a ver los necesidades del pueblo mexicano.

Hay que darle un buen festejo del Bicentenario, recordando al hombre que ha luchado por el bienestar; por ellos y para ellos hay que trabajar, así como Morelos vislumbró un papel activo y responsable del trabajo legislativo, nosotros debemos estar a la altura de la situación actual y en esa medida responder a la confianza ciudadana.

De esta manera será la mejor forma de honrarlo y celebrar la lucha que encauzó hace doscientos años. Muchas gracias.

Diputado Jaime Ãlvarez Cisneros  (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Insértese el texto íntegro del discurso del diputado, tal y como lo solicita el diputado Jaime Alvarez. Hágase lo propio en caso de que algún otro diputado registrara un texto con motivo de esta efeméride.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Lo que señala el diputado de Convergencia, mi tocayo Jaime, creo que sería también muy importante para el conocimiento de todos, que además de transcribir el discurso del diputado se transcribiera íntegro el proyecto alternativo de nación del Siervo de la Nación. Es decir, los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos. Que consten íntegros también los Sentimientos de la Nación en la Gaceta Parlamentaria.

«Efeméride: Los Sentimientos de la Nación.

1º Que la América es libre independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones.

2º Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.

3º Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda.

4º Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el Papa, los Obispos y los Curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó: omnis plantatis quam nom plantabit Pater meus Celestis Cradicabitur. Mat. Cap. XV:

5º Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias de números.

6º Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos.

7º Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos.

8º La dotación de los vocales, será una congrua suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de ocho mil pesos.

9º Que los empleos sólo los americanos los obtengan.

10º Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha.

11º Que los Estados mudan costumbres y, por consiguiente, la Patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el Gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha declarado contra nuestra Patria.

12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

13º Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.

14º Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles.

15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.

16º Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al Reino por más amigas que sean, y sólo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los demás, señalando el diez por ciento.

17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores.

18º Que en la nueva legislación no se admita la tortura.

19º Que en la misma se establezca por Ley Constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos, la devoción mensual.

20º Que las tropas extranjeras o de otro Reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta.

21º Que no hagan expediciones fuera de los límites del Reino, especialmente ultramarinas; pero (se autorizan las) que no son de esta clase, (para) propagar la fe a nuestros hermanos de Tierra dentro.

22º Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.— José María Morelos (rúbrica).

23º Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la Nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída; recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor Dn. Miguel Hidalgo y su compañero Dn.Ignacio Allende.

Repuestas en 21 de noviembre de 1813. Y por tanto, quedan abolidas éstas, quedando siempre sujetos al parecer de S.A.S.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me parece una iniciativa digna de tomar en cuenta, diputado. Como no está en el orden del día tengo que preguntárselo a la asamblea.

Le consulto a la asamblea si está de acuerdo que, en conmemoración a esta efeméride de tan distinguido personaje, prócer de nuestra Independencia, como homenaje se incluyera en la Gaceta de este día el texto íntegro de los Sentimientos de la Nación. Si están de acuerdo los señores diputados sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Es aprobado. Se integrará a la Gaceta como usted lo solicita, diputado. Muchas gracias, señores diputados.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al tema de la agenda política, cuyo tema es comentarios en relación con la reforma electoral del estado de México.

Este debate se desarrollará en los términos del acuerdo respectivo por rondas de menor a mayor, sin intervenciones para hechos y únicamente con intervenciones adicionales para el caso de que hubiere alusiones personales directas. Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos por ser el proponente del tema.

El diputado José Luis Jaime Correa:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con mucho orgullo vengo a esta tribuna a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario, del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la reforma electoral recientemente aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local del estado de México.

Iniciaré por comentar que las reformas electorales en este país se iniciaron en 1977 para abrirle cauce a los reclamos ciudadanos, para ampliar las libertades políticas y democráticas. Sin embargo, en ese momento cuando se iniciaron las reformas electorales, las grandes reformas electorales, fueron precisamente para cerrarle el paso a los caminos de la violencia. Era el momento de la guerra sucia, era el momento en el que se encontraban conculcados muchos de los derechos políticos y democráticos de los mexicanos.

Por eso ahora nos referiremos a la reforma electoral del estado de México, que fue aprobada el 14 de septiembre, precisamente en el mes patrio, para conculcar derechos ciudadanos a los mexiquenses.

Por eso decimos que la reforma del gobernador Peña Nieto ataca la vida democrática del estado de México, ya que reduce los derechos y las posibilidades de participación democrática y ciudadana.

Es absolutamente regresiva y nos traslada en automático a la actitud abusiva del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari al instruir a su bancada, la del PRI en esa época, para buscar la derogación de las candidaturas comunes en el marco legal federal.

Con esta contrarreforma, la del estado de México, se rompen tradiciones democráticas que los mexicanos y los mexiquenses habíamos venido construyendo, ya que todas las reformas electorales anteriores habían sido pactadas entre todas las fuerzas políticas y todas por ende habían gozado de un amplio consenso más allá de nuestras divergencias.

Pero, ¿por qué decimos que el autor de esta reforma fue Peña Nieto? Nada más hay que remitirnos a lo que él mismo publicó en el periódico El Universal en el mes de marzo. Qué bueno que el gobernador Peña Nieto se subió al debate, porque así es como se debe debatir, de frente, públicamente. Pues públicamente ahora vamos a contestar.

Primero. Él es el autor, porque desde el año 2007 había anunciado su pretensión de desaparecer las candidaturas comunes y de restaurar la cláusula de gobernabilidad, en un acto de aniversario, en el décimo aniversario de la integración del Instituto Electoral del estado de México.

El plan de restauración autoritaria de Peña Nieto, apenas comienza con estas reformas, ya que su proyecto más ambicioso se encuentra expuesto en su famosa agenda para el bicentenario, dada a conocer por él mismo en este año y en esta agenda se contiene, entre otras cosas, desaparecer la representación proporcional pura y retomar la ominosa cláusula de gobernabilidad para que el partido que alcance el 37 por ciento de la votación en automático tenga una mayoría absoluta en el Congreso local, es decir, una mayoría artificial y a todas luces antidemocrática y con sobrerrepresentación política.

Peña Nieto le encargó la iniciativa para eliminar las candidaturas comunes a sus socios, del Partido Verde, primero, mismos que presentaron el proyecto a pesar de haber sido beneficiarios del mismo en las elecciones del 2003, del 2005, del 2006 y del 2009.

Al Partido Nueva Alianza le encomendó la iniciativa para reducir el financiamiento público y dejar manga ancha al financiamiento privado sin reducir los topes de campaña y privilegiando con esto a los candidatos para que logren mayor financiamiento privado.

Finalmente a su propio partido, el PRI, en el Congreso local, el más beneficiado históricamente de las candidaturas comunes, le pidió presentara una iniciativa para reducir los tiempos de campaña, es decir, a su propio partido le cargó una propuesta de reforma más sencilla que no los desgastara tanto como a sus socios.

Ya en la reforma de 2008 se había reducido el tiempo para realizar la campaña para gobernador de 90 a 62 días, sin embargo, nunca se llegó a materializar este ejercicio puesto que no hubo elección, obviamente, y ahora se reduce a 45 días, dejando para la precampaña sólo 10 días.

Esto le facilita al gobernador 45 días más para promover la obra de gobierno en los medios de comunicación. Esto es inequitativo.

En cuanto a la duración de las campañas para diputados y ayuntamientos, la reforma pasa, la reforma de 2008, la redujo de 60 a 45 días y así fue la campaña del 2009. Ahora con esta reforma se reducen a 30 días y una precampaña de 10 días, es decir, ahora se pretende que en 45 días se posicionen frente a la opinión pública las candidatas y los candidatos a gobernador y en 30 días lo hagan los candidatos a diputados y presidentes municipales o candidatas a diputadas y presidentas municipales.

Ese dato también nos deja ver la confianza del actual gobernador en su liga íntima con los consorcios televisivos que le harán el favor de promover mediáticamente a sus candidatos en ese breve tiempo, violando, obviamente, los preceptos constitucionales de equidad en las contiendas electorales.

Estas piezas legislativas fueron la materia para dictaminar la ominosa ley Peña, contrarreforma electoral que deja ver la concepción autoritaria del gobernador actual.

En el PRD no tenemos problema para competir en el estado de México en el esquema de candidaturas comunes o en el de coaliciones electorales, aun con todas estas restricciones que recientemente se aprobaron.

Y si fuera el caso, habremos de suscribir agendas y acuerdos de cara a la sociedad, si son para la transformación democrática, para el desarrollo de nuestros pueblos y sociedades y para la erradicación de cacicazgos perniciosos que tanto han dañado al país. De hecho, ya lo hicimos en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa y estas amplias alianzas resultaron profundamente exitosas.

Sí vemos con preocupación que el gobernador Peña Nieto empieza ya su campaña presidencial de manera anticipada, creando marcos electorales a su gusto, a modo, mostrando su verdadero rostro autoritario, absorbiendo las facultades de otros poderes para el Ejecutivo, argumentando que la mayoría absoluta es eficaz y que la pluralidad nos conduce a la ingobernabilidad y al Estado fallido.

No, señor gobernador. Desde aquí le decimos: la pluralidad no nos conduce al Estado fallido. A ese ominoso destino nos ha conducido la miseria, la pobreza extrema, la corrupción y el autoritarismo, la falta de voluntad de arribar a los acuerdos que urgentemente requiere este país.

Pero también le decimos desde esta tribuna a usted y a sus correligionarios, diputadas y diputados federales: el Estado eficaz que usted reclama no es el que se construye a partir de mayorías absolutas, menos cuando éstas se pretenden construir artificialmente con cláusulas de gobernabilidad, que son instrumentos del pasado.

El Estado eficaz, en todo caso, es el Estado plural y democrático, es el Estado cuyas instituciones conviven en el sano equilibrio de los poderes, es el Estado que asume su responsabilidad con todos y con todas, y sobre todo con quienes menos tienen, con los más pobres.

El Estado eficaz es aquél que rinde cuentas, que es transparente e incluyente. En síntesis, el Estado eficaz no es una evocación del pasado autoritario que nuestra sociedad jamás volverá a recrear. Es una aspiración del futuro, es sin ambages un Estado democrático al que usted no sólo le rehúye, sino que manifiestamente le teme. Por eso lo han calificado muchos analistas políticos como un gobernador con mucho miedo, un gobernador miedoso.

Nosotros, en el PRD, hemos concluido que si las reformas electorales han servido para abrirle cauce a la participación democrática y no para conculcar derechos, entonces tendremos que recurrir, si es necesario, a todas las vías legales que sean necesarias, a las que nos deje abierta la Constitución y a lo que nos deje abiertos todos los derechos democráticos en este país, establecidos para poder detener esta reforma electoral que quiere echar atrás la rueda de la historia.

Con mayorías absolutas prefabricadas, ésa es la democracia que nos ofrecen. Ése es el Estado eficaz que ofrecen...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado José Luis Jaime Correa: ... Por eso lo dijimos en esta tribuna: vamos a triunfar y le vamos a ganar.

Por su atención, muchas gracias. El pueblo del estado de México estará atento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, por el Partido del Trabajo.

El diputado Óscar González Yáñez:Señor presidente, le quisiera pedir, de favor, pues solamente quiero hacer un comunicado antes de hacer mi intervención sobre el tema de la reforma electoral del estado de México, para fijar la posición de mi persona sobre hechos que sucedieron en estos tres últimos días.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado Óscar González Yáñez:Primero, plantear dos cosas. ¿Cuál es el camino y cuál es el rumbo que debía tomar nuestra convivencia parlamentaria?

Un servidor tiene dos opciones: o pedir una reflexión profunda...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, señor diputado. Usted tiene 5 minutos de tiempo. ¿Va usted a exponer su tema o va usted a exponer su comunicado? Si es así, remítalo a la Mesa, para que se le dé trámite. No está inscrito su comunicado en el orden del día.

El diputado Óscar González Yáñez:Está bien. Lo hago en torno de la intervención del estado de México.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entendido.

El diputado Óscar González Yáñez: No lo quería hacer así, pero acataré dado que el presidente así nos lo mandata.

Tenemos dos opciones: o salvaguardamos nuestra sana convivencia o la deterioramos. No es un tema personal, es un tema de la convivencia dentro de un poder donde se salvaguarda la ética y los principios. No se ha hecho.

El otro camino, más allá de la reflexión, es decir: pues entonces jugamos igual y todos nos atenemos a lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Quiero pedir a mis compañeros legisladores, de manera muy respetuosa, que no permitamos la irrupción de nuestra convivencia, de nuestros principios y la convivencia entre compañeros parlamentarios, entre pares.

Dice nuestra Ley Orgánica: el presidente dirigirá las sesiones, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima del interés particular o de grupo, actuará conforme a los principios de imparcialidad y objetividad. Deberá, en todo momento, salvaguardar la integridad de los integrantes del Congreso. Esta analogía es aplicable al presidente de la Comisión de Presupuesto, que ha roto estos principios con su actitud y con las prácticas que ha tenido en estos últimos tres días.

Formalmente le pido a los compañeros de todas las fracciones parlamentarias que quien en este momento tiene la Presidencia y un cargo tan honorable como ser presidente de una comisión, que no tiene las condiciones ni da las garantías para poder seguir siendo presidente de la Comisión de Presupuesto de esta honorable Cámara.

Le digo al compañero diputado Luis Videgaray, que yo a él sí me voy a referir con respeto, porque no quiero que esto sea una espiral negativa para nuestra Cámara, y queremos abonar en un círculo virtuoso, que le garantice a nuestra Cámara nuestra sana convivencia para despachar los asuntos de interés para la nación. Y por ende pido formalmente la separación del cargo como presidente, de nuestro compañero Luis Videgaray, por no ser garante de esta sana convivencia en una comisión tan importante.

Dejaría ahí ese tema y entraría al tema que nos acoge.

Hay quien escucha y hay quien no escucha.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe con su intervención y le solicitamos que se ajuste al tema.

El diputado Óscar González Yáñez:Le pido amablemente, si puede pedirle a los compañeros diputados que están haciendo expresiones desde su curul, mantener respeto a la intervención de un servidor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Atiendan con respeto, por favor, la intervención del señor diputado González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez:La ley Peña Nieto tiene un problema de origen, el problema es que no tiene mayoría en el Congreso, porque no obtuvieron la mayoría de los votos.

Al Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista y PCD, cada diputado en el estado de México le costó 45 mil votos. Al Partido Acción Nacional, 95 mil. Al PRD, 102 mil. A Convergencia, 103 mil y al PT, 103 mil.

Gracias a un convenio faccioso que hicieron tienen mayoría en la Cámara local, ¿cómo debería ser? El PRI debería tener, conjuntamente con sus aliados, 35 diputados. El PAN debería tener 18, PRD 12, Convergencia 5 y PT 5; o sea, no tienen la mayoría en la Cámara y éste es el círculo vicioso al cual nos enfrentamos en el estado de México.

No tienen los votos suficientes para hacer lo que están haciendo. Lo han obtenido, no producto de la voluntad ciudadana ni producto de la democracia. Ahora con esta nueva ley quieren ganar, seguir ganando en la ley, en la mesa, lo que la ciudadanía no les ofrece, no se los ha dado.

Yo le haría un respetuoso llamado a mis compañeros del estado de México, sobre todo al gobernador Enrique Peña Nieto. Lo que le diría es: ganen con la ciudadanía lo que tengan que tener, pero no a través de leyes facciosas que solamente encajonan a los ciudadanos.

Voy a dejar mi intervención ahí a esperar a tener otro momento para poderlo hacerlo. Simplemente quiero dejar en la mesa estas dos reflexiones. Muchas gracias por su atención, a los que se condujeron con respeto y a los que no, de todos modos gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Luis Videgaray para responder a alusiones personales. Pase, por favor, al uso de la tribuna.

El diputado Luis Videgaray Caso:Gracias, señor presidente.

Este es un día que yo no esperé que veríamos en esta Cámara de Diputados. La verdad no, la verdad no. Creo que si algo ha acreditado en esta tribuna y en la actuación de esta Legislatura, en la Cámara de Diputados, es que el Partido del Trabajo, sus integrantes, están dispuestos a tener toda clase de conductas, desde tomas de tribuna, irrupciones al orden, vamos, hasta flores le llevan a los secretarios, cantos. Aquí alguna vez escuchamos los cánticos, y los hemos respetado, los hemos respetado.

En la comparecencia del secretario de Hacienda ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y de Hacienda, y de Gastos Fiscales, una compañera de partido se refirió, en lo que yo consideré, era un tono incorrecto, o tal vez una alusión no cortés hacia el compareciente, y la exhorté a tratar con respeto al compareciente, al secretario de Hacienda.

Inmediatamente un diputado del Grupo Parlamentario del Trabajo me recordó, y debo decirlo, me lo recordó correctamente el diputado Gerardo Fernández Noroña, me dijo que nadie puede coartar la libertad de expresión de un diputado.

Pasaron solamente tres días, solamente tres días para que un diputado de ese mismo grupo parlamentario, de ese mismo grupo parlamentario, en un acto de evidente intolerancia, de evidente intolerancia, venga aquí con una propuesta para coartar ahora la libertad de expresión de otro diputado, su servidor, alegando que el publicar una fotografía viola, no sé de qué manera viola el orden o no sé qué es lo que viola. No entiendo, no lo entiendo.

Me apena mucho, señor diputado Óscar González, que su comportamiento en la Cámara haya trascendido a los medios de comunicación porque usted se durmió en la sesión. Me apena mucho.

Lo que pasa en la Cámara de Diputados es público. Éste es el espacio más público de la nación y aquí, perdón señor diputado, no se viene a dormir. Aquí se viene a trabajar. Si usted cree que el hecho de que lo haya...

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Videgaray.

Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Si me permite el orador hacerle una pregunta.

El diputado Luis Videgaray Caso: Con mucho gusto, cuando termine. Con mucho gusto, diputado Cárdenas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se admitió. Adelante, diputado Videgaray.

El diputado Luis Videgaray Caso: Aquí lo que estamos discutiendo, a final de cuentas, es algo muy profundo y es una de las causas que creo que ha abanderado con gran claridad el Partido del Trabajo: la libertad de expresión.

Tenemos dos tesis: la de alguien que promueve el que se sancione y se le destituya del cargo que ocupa en la Cámara de Diputados porque tomó una fotografía y la hizo pública. Y la otra tesis, que es el proteger la libertad de expresión.

¿Qué acaso lo que pasa en la Cámara debe ser privado? Oiga, somos compañeros, no cómplices. Somos compañeros, no cómplices. Por lo mismo, señor diputado, quiero decirle que cuenta usted con todo mi respeto. Estoy dispuesto a respetar su libertad de expresión, respete usted la mía.

Mejor vamos a ponernos a trabajar en lugar de andar pidiendo que nos destituyamos unos a otros. Vamos a ponernos a trabajar, que mucho lo necesita este país. Yo estoy a sus órdenes, pero para trabajar.

Creo, compañeras y compañeros, que el día en que esta Cámara de Diputados opte por limitar la libertad de expresión no pierden los diputados, pierde México.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Óscar González, ¿con qué objeto?

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Por alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado, lo registro. El diputado Videgaray va a contestarle al diputado Cárdenas Gracia.

Adelante, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, señor diputado Videgaray. Usted dice que todo lo que ocurre en la Cámara es público y yo me pregunto si lo que ocurre en la Junta de Coordinación Política es público, por este debate que tuvimos hace un momento para la elección de los consejeros electorales.

Si es público, entonces también deben ser públicas las sesiones de la Junta de Coordinación Política para elegir a los consejeros electorales. ¿Qué opina al respecto?

También preguntarle sobre la negociación del Presupuesto, para que todas las sesiones de aprobación del Presupuesto se verifiquen en los recintos parlamentarios, en este pleno, en las comisiones correspondientes y no en lugares ajenos a las instalaciones de la Cámara.

Que toda la negociación del Presupuesto y la deliberación sobre el mismo sea totalmente público. ¿Qué opina? ¿Y qué opina de la publicidad de las sesiones de la Junta de Coordinación Política para elegir a consejeros electorales?

El diputado Luis Videgaray Caso: Que todo sea público, señor diputado. Déjeme contestarle respecto de la Comisión de Presupuesto. Todo lo que se hace en Presupuesto se hace en la Cámara y se hace de manera pública. Y sabe qué, enhorabuena que así sea y no puedo estar más de acuerdo con usted.

No soy integrante de la Junta de Coordinación Política, creo que es una decisión que se tiene que tomar en el seno de la Junta. La comisión que a mí me toca, que es la Comisión de Presupuesto, tenga usted la garantía, y no puedo estar más de acuerdo con usted, tiene que ser absolutamente pública. Éste es un espacio de la gente, no nada más de los diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Videgaray. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez para contestar alusiones personales.

Voy a suplicar a los señores diputados guardar el orden debido para el desarrollo de la sesión. Estamos desahogando la agenda política.

El diputado Óscar González Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. Los primeros minutos de mi intervención fueron para hacer un llamado a cuál iba a ser nuestra espiral, en positivo o en negativo.

Nosotros dijimos que no queríamos irrumpir la tranquilidad de la Cámara, lo dijimos. La respuesta fue que quieren entrarle al círculo vicioso. Así está el tema.

Lo lamento sinceramente porque consideraba que el diputado Luis Videgaray era un caballero. Lo lamento sinceramente. Significa que en tantos años que lo he conocido era simplemente una farsa. Lo lamento sinceramente, incluso, porque hasta en algún momento nos hemos llegado a considerar amigos.

¿Qué sucede al final? Se irrumpen sanas convivencias, porque ahora la pregunta, yo les voy a decir, y ahora al compañero “Videogaray”, ¿alguien le va a tener confianza para sentarse con él? Cuando vayamos a alguna comisión y él esté presente ¿le vamos a pedir que deje sus aparatitos? ¿Ahora eso vamos a hacer? Porque ahora con qué confianza podemos estar a equis horas de la madrugada discutiendo en Hacienda el Presupuesto, como eso se acostumbra en nuestra Cámara, por su propia naturaleza. ¿Qué vamos a hacer?

Porque, por ejemplo, el diputado dice que una actitud mía. Está bien. ¿Por qué no dijo todo lo demás? ¿Por qué no dijo que yo tuve una participación muy activa en la comparecencia del secretario? ¿Por qué no lo dijo? Entonces es buscar denostar a una persona que no le gustó el comentario que yo hice. Violentó mi libertad de expresión cuando yo hice un comentario sobre una persona que él entendió que era su gobernador, que nunca dije el nombre pero él así lo entendió, porque ya ven que no se le puede tocar ni con el pétalo de un comentario ni con el pétalo de una manta. Eso es lo que hacen ahora.

Tiene usted razón, ¿por qué no nos dedicamos mejor a sacar los grandes asuntos del país? Es cierto. Entonces cada que usted vaya a una comisión le vamos a pedir que deje su aparatito y que deje de estar mandando mensajes y se dedique a sacar los asuntos de la nación, en lugar de estar mandando mensajes todo el tiempo, como usted lo hace.

¿Por qué no se concretó a garantizar que las respuestas del secretario de Hacienda fueran certeras a los cuestionamientos que hacíamos todos los diputados? A usted no le importó, usted estaba tomando fotografías. Así está, por eso insisto en mi comentario. Quien tiene una alta responsabilidad, tiene la alta responsabilidad de su comportamiento.

Me queda claro que usted podría ser, en lugar de presidente de la Comisión de Presupuesto, el director de Comunicación Social de la Cámara, porque es muy evidente que le interesa que todos se enteren. Y yo lo percibo a usted como muy inquieto, la verdad.

Cuando usted habla de cómplices, ¿cuáles cómplices? Cómplices ustedes. Aquí están quienes de veras son los cómplices. Yo supongo que esa foto también la tomó usted, también, porque usted estaba en ese lugar curiosamente. Usted debe haber tomado esa foto, esa foto usted la tomó...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver diputado, permítame un momento.

El diputado Óscar González Yáñez: ... esa foto usted la tomó, supongo yo, percibo que usted es bueno para tomar fotografías...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un momento, diputado González Yáñez. Diputado González Yáñez, permítame un momento.

Señores diputados, vamos a agradecer que por favor permitan el desarrollo del debate, y si son tan amables, no coarto su libertad, solamente los llamo al orden.

El diputado Óscar González Yáñez:Es la libertad de expresión, ¿no? En eso habíamos quedado. Yo vi aquí al diputado Videogaray defender la libertad de expresión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputados.

El diputado Óscar González Yáñez:Es que lo veo que usted es muy inquieto con sus Twitter, hace bien, pero también tenga cuidado, ya ve, también se le cuelan. ¿Qué le va a decir ahora a su jefe?

Ya veremos, pues, ya veremos y todos estamos caminando. Sólo que quede claro, yo vine a hacer un comentario de buscar un círculo virtuoso de sana convivencia de nuestra Cámara, y la respuesta fue al revés. En consecuencia, compañeros, no nos quejemos, no nos quejemos, no nos quejemos, y a partir, entiendo que a partir de este momento muchos protocolos se terminan lamentablemente.

Ojalá, y se los insisto una vez más, ojalá regresemos al carril que requiere el trabajo legislativo, pero percibo que algunos no tienen esa intención. Ésa es mi percepción, así lo intenté hacer yo, parece que no se entendió y se buscó del otro lado.

En consecuencia, diputado “Videogaray”, diputado que quiere ser de Comunicación Social, pues ahí andamos. Arrieros somos, compañero diputado. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Rafael Pacchiano Alamán.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán:Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Me gustaría empezar esta intervención haciendo una cita a un documento que creo que es de vital importancia para el tema que estamos discutiendo.

Inicio la cita. “En una candidatura común se altera el respeto a la normatividad y en consecuencia los derechos de los militantes. Con la coalición se asegura a la ciudadanía certidumbre respecto a la ideología y oferta política de los candidatos y que a la postre se traducirán en niveles reales de compromiso y gobernabilidad. Con la candidatura común no hay tal.

Cuando en 1990 el Congreso de la Unión decidió suprimir la figura de la candidatura común, el principal argumento fue el de transparentar los procesos electorales. Si se cuenta ya con una figura que permite que se coaliguen los partidos políticos para alcanzar un fin electoral perfectamente definido, ¿por qué mantener entonces una figura vana y carente de formalidades? Las diversas banderas que apoyan al candidato son un gasto innecesario y técnicamente se duplica o triplica la presencia del candidato común.

Continúo con la cita: ... “La coalición garantiza condiciones de equidad entre los contendientes en una elección, favorece la legalidad y abona a transparentar procesos de postulación de candidatos.

“Los electores serán beneficiados. Tendrán la certeza que el candidato que apoya la coalición tiene una plataforma política aprobada por los partidos, lo que a la larga asegura que el gobierno emanado de esa coalición tenga un verdadero sustento político.

“La ciudadanía exige bajar el costo electoral y eficientar la respuesta y actuar de quienes hayan resultado electos. Para ello cada partido debe postular a sus mejores hombres y mujeres en una contienda pareja, equitativa, legal y congruente con sus propios estatutos y principios a la luz de la democracia.

“Los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la candidatura común contravienen la incipiente naturaleza de la figura que se propone suprimir. No debemos permitir, en primer lugar, que exista una duplicidad innecesaria de figuras cuyo objeto es el mismo aún y cuyas diferencias sean claras y contradictorias a la democracia.

Compañeros legisladores, por la democracia en la que cree-mos y que día a día construimos los ciudadanos, es que les pido un voto a favor del dictamen que hoy tienen en sus manos. Compañeras diputadas y compañeros diputados”.

Termino la cita y con esta aclaración, este documento a que acabo de hacer referencia no es un documento que haya sido elaborado ni por el Grupo Parlamentario del Partido Verde ni por el PRI. Se refiere a la intervención a favor del dictamen que reforma al artículo 17 de la Constitución del estado de Guanajuato, intervención realizada por la diputada Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional.

Si comparamos estos argumentos a favor, presentados por la diputada, con algunas declaraciones de algunos miembros del PAN como Maximiliano Cortázar, realizadas el 14 de septiembre, donde describe la eliminación de las candidaturas comunes como un duro golpe a la democracia y al derecho de los mexiquenses o como que el PAN reprueba estas decisiones antidemocráticas, pues representan un retroceso en la vida política de México y son una falta de respeto a la voluntad ciudadana, sería interesante que alguien del Partido Acción Nacional nos viniera a presentar cuál es la verdadera postura de su partido en este tema.  Si es la que propusieron en Guanajuato, si es la que están proponiendo ahorita o, de plano, va a ser la postura que más le convenga dependiendo del momento electoral.

También es interesante que alguien del Partido de la Revolución Democrática nos explique qué opinan de estos argumentos de la diputada de Guanajuato, cuál es la postura verdadera del PRD, que nos expliquen también cómo en Tabasco, en Puebla y Zacatecas fue el PRD quien propuso iniciativas para eliminar las candidaturas comunes. Por favor, seamos congruentes.

Por último, presidente, y con esto concluyo, es que nos expliquen ambos partidos por qué hay gobiernos de estados que presentan como única figura la figura de las coaliciones en gobiernos emanados del PAN y del PRD, sólo por mencionar a algunos Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Jalisco y en caso del PRD, Guerrero y Chiapas.

Por último me gustaría hacer una pregunta a ambos grupos parlamentarios y es, que nos expliquen con qué cara le dicen a la ciudadanía que están en contra de ofrecer una mejor forma de gobierno más transparente, más equitativa, más consistente. La única que existe en el Código Federal Electoral y que además ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia y que además cumple con un reclamo ciudadano, que es el de bajar los costos de las campañas electorales.

Por favor, compañeros, esperamos su respuesta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Instruya a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Está abierto el sistema.

¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay un registro de asistencia de 435 diputadas y diputados.

Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias y aprovechamos la ocasión para saludar cumplidamente a los maestros del estado de Morelos, invitados del diputado Francisco Moreno Merino, muchas gracias, por acompañarnos.

Y a alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitados por el diputado Alberto Jiménez Merino. Muchas gracias a todos y bienvenidos.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, por el Partido Acción Nacional.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Compañeros diputados, la transición democrática en México se ha prolongado demasiado, lleva más de 25 años. Algunos creemos que se ha estancado y lo que es todavía peor, pareciera haber sido secuestrada por los partidos políticos.

Este ambiente nos pone en una situación de gravísimos riesgos de retrocesos autoritarios. Es tiempo, pues, de darle un nuevo impulso a la transición democrática a través de la participación ciudadana. Nos hace reflexionar que es importante recordar el planteamiento de Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía en 1998, cuando nos decía que el desa-rrollo es la ampliación de las libertades y a su vez la ampliación de las libertades su mejor medio para lograr el de-sarrollo.

México necesita ampliar sus libertades, no restringirlas, y especialmente en el ámbito político. Así, pues, con este criterio, el presidente Calderón ha propuesto, ha sometido a consideración de este Congreso una reforma política que entre otras cosas pretende las candidaturas independientes y la reelección, como criterios de ampliación de estas libertades y los derechos.

Los enemigos de la democracia son enemigos de la libertad. Nuestra incipiente democracia ha costado muchos años, muchas luchas y muchas vidas. La democracia participativa debe fomentar la participación.

La ley Peña Nieto evidencia un carácter antidemocrático y al mismo tiempo nos ilustra el miedo que se tiene a la competencia electoral.

Gracias, señor Peña Nieto porque nos permite saber hoy –que todos sabemos sus aspiraciones para contender en el año 2012–, tiene también usted un carácter antidemocrático, pero especialmente tiene miedo a la competencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Para concluir esta primera ronda, tiene la palabra el diputado Morelos Canseco Gómez, del Partido Revolucionario Institucional

El diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez:Con su permiso, señor presidente de esta Mesa Directiva; honorables diputadas y diputados de esta Cámara, no estamos en la actitud de negar la convivencia democrática auténtica. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, más allá del incidente que provocó la concertación de este debate y de cualquier otro señalamiento de provocación, está por una deliberación de altura basada en argumentos que convenzan aquí en esta Cámara y particularmente a nuestra sociedad.

Qué es lo que se está debatiendo. Tres reformas hechas en el ejercicio de sus atribuciones soberanas por la legislatura del estado de México. En primer término, la supresión de un párrafo relativo a limitaciones para figurar como candidatos a determinados individuos que la corte declaró inconstitucional y que nadie ha mencionado.

Por otra parte, el tiempo de la duración de las campañas electorales y de las precampañas en términos estrictos de lo que previene el artículo 116, fracción IV, de la Constitución y, lo más sonado, la supresión de la figura de las candidaturas comunes.

Requerimos establecer algunas premisas. En primer término, la Constitución General de la República no ordena el establecimiento de candidaturas comunes y deja la atribución libre a las legislaturas de los estados, a los órganos revisores de las constituciones políticas estatales, para establecer las formas de participación de los partidos en los procesos electorales.

Nadie necesita en esta Cámara que se recuerde que los partidos políticos son entidades de interés público y que en esa tesitura participan en los procesos electorales.

Nuestra Carta Magna señala a las legislaturas de los estados o a la Legislatura federal que mediante un ordenamiento legal se establezcan las formas específicas de participación en el proceso electoral, y eso es lo que ha ocurrido en el estado de México.

La Constitución ordena un sistema de partidos y ese sistema de partidos se basa en dos premisas fundamentales: por una parte, recoger del rico mosaico nacional la pluralidad ideológica y, por otra, que a partir de esa pluralidad existan propuestas nítidas sobre el ejercicio del poder público, cuando el elector defina su voto.

Pluralidad ideológica y propuestas basadas en los postulados de los partidos es lo que permite el enriquecimiento de nuestra democracia en términos de la diversidad de las ideas y también de la gobernabilidad democrática.

¿Es acaso dable conocer cuál es la propuesta de gobierno de una candidatura común? Desde la perspectiva hipotética de señalar: ¿Nos pondremos de acuerdo? Sí. ¿Pero, desde la perspectiva del compromiso inscrito en el orden jurídico? No.

La candidatura común presenta una misma persona para alcanzar un cargo de elección popular postulado por dos o más partidos que sostienen declaración de principios, programa de acción y plataforma electoral distintos.

Cuando se pacta una alianza, cuando se pacta una coalición hay que someter a las asambleas u órganos partidarios a tres decisiones: ir en alianza, postular un candidato y por supuesto, sostener una misma plataforma ideológica. Las candidaturas comunes no permiten certeza al elector y la coalición afirma que en el centro del debate político y en el centro del debate democrático lo que cuenta es la determinación del elector con base en el conocimiento del plantea-miento que han hecho los partidos.

Se dirá que hay dos normas en conflicto: la norma del artículo 9o., que señala la libertad de asociación y la norma del artículo 41, que señala la facultad de las legislaturas para establecer las formas de participación de los partidos en los procesos electorales.

Parecería que esto no está definido...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez:Con mucho gusto, señor presidente.

Parecería que esto no está definido, pero aquí, muchas distinguidas diputadas y distinguidos diputados saben que este asunto, que ya se refirió por el diputado Pacchiano, fue objeto de reformas en el Congreso de Guanajuato. La Corte conoció sendas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, y se estableció un criterio, una tesis jurisprudencial cuyo rubro simplemente me permitiré leer.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Sí, señor presidente. Es la tesis jurisprudencial 30/2010. Candidaturas comunes. Su expulsión del marco jurídico estatal no infringe el derecho de asociación política. La actuación llevada a cabo por el Congreso del estado de México no vulnera la libertad de asociación ni vulnera los principios democráticos. Gracias por su tolerancia, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señor diputado.

Para la segunda ronda tenemos inscritos a los Grupos Parlamentarios del PRD, del PAN y del PRI. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas, por el Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con su permiso, señor presidente.

Independientemente del asunto técnico de la constitucionalidad o no, y si en otros estados del país se han aprobado reformas similares a la del estado de México, hay un tema fundamental que está en el centro del debate y que me parece que es la razón por la que este tema llega a la máxima tribuna del país. Tiene que ver con cambiar las reglas de la competencia. Cambiarlas, además, sin el consenso del resto de los actores políticos. Esto me parece, sí es la parte central de la gravedad de un asunto como el que estamos tratando el día de hoy.

Los partidos políticos tienen el derecho a que las reglas siempre estén bien definidas y que sepamos siempre el juego que vamos a jugar. No es conveniente para la democracia del país, una democracia que apenas se está construyendo, que porque la perspectiva electoral no sea favorable o se vea en el futuro que algunos partidos políticos pueden tener alguna alianza, se cambien las reglas del juego político.

Este tipo de actitudes le han costado y le han costado mucho al país. En algún momento se excluyó al Partido de la Revolución Democrática de la elección de consejeros electorales. Esto fue una de las causas fundamentales de una gran crisis electoral que tuvo este país, porque no hubo confianza en el órgano electoral.

Por eso es importante que tomemos en serio la construcción del panorama electoral del país. Si no existen consensos, si todos los actores políticos no están de acuerdo en cómo van a ser las reglas del juego, siempre habrá una duda legítima en el resultado de la elección, en las condiciones, en el árbitro.

Por eso no podemos permitir que pasen cosas como las que hoy estamos viendo en el estado de México. Por eso es importante que aquí alcemos la voz y exijamos que todo cambio electoral tenga que ser por el consenso de los partidos políticos, al no hacerlo nos dan la razón a quienes pensamos que en ciertas ocasiones, en algunas entidades del país, es importante que distintos partidos políticos, con visiones diversas del país, se unan y hagan un frente común, porque no existen las condiciones mínimas para competir en la democracia.

Nosotros quisiéramos competir con distintas plataformas y con distintas perspectivas del país que tenemos, pero en muchos estados del país, simplemente no es posible. Solamente así fue posible cambiar las cosas en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa, y tristemente parece que lo que no se entiende es que tenemos que construir a nivel local un país diferente. Un país con reglas del juego democráticas, que sean aceptadas por los actores políticos, que no se puedan cambiar de un día para otro, que con un capricho no se puedan cambiar las condiciones del juego electoral. Esto tiene que quedar muy claro en el país.

Por eso rechazamos lo que pasó en el estado de México. Vamos a ir a la instancia judicial, a la Suprema Corte, para litigarlo también y hacer valer el derecho de los ciudadanos y de los partidos políticos de contar con un marco electoral cierto, consensuado, que dé a todos los actores políticos la posibilidad de competir en condiciones igualitarias.

Creemos también...

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, diputado Llerenas.

Diputado Fayad ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente, quiero preguntarle al diputado que está en tribuna si acepta el que le haga un cuestionamiento sobre lo que está diciendo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llenas Morales:Sí, por favor, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el diputado. Proceda diputado.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Diputado, ¿está usted enterado de que hay una resolución ya de la Corte en este sentido, porque en el estado panista de Guanajuato cuando se discutió el mismo tema, este asunto llegó al máximo Tribunal y ha sido resuelto?.

Me parece que usted está pecando de ignorante cuando refiere una serie de causas que nada tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Y para ilustrarlo le quiero decir que las candidaturas comunes permiten la postulación de un mismo candidato sin tener ideas afines, que eso es lo que sé que a ustedes les gusta y que es lo que quisieran, porque es lo que les conviene.

Pero también le digo que se fortaleció con esta reforma del estado de México la coalición entre dos o más partidos que permite postular, también a un mismo candidato, pero obliga a los partidos políticos a establecer una plataforma común, por eso se hizo.

También permítame ilustrarle, diputado, que las candidaturas comunes aparecen dos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado. Diputado Fayad, ¿hace usted una pregunta o se inscribe en la lista?

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Le pido, si me permite, le acabo de hacer una pregunta, lo quiero ilustrar porque ha demostrado una enorme ignorancia en el...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si es tan amable de concretar su pregunta.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Entonces, le ruego, me registre, por favor, si esto es posible, para tener una intervención y entonces podré aludir a la ignorancia del señor diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado.

El diputado Vidal Llenas Morales:Gracias. Entiendo que este caso tiene peculiaridades propias, da la posibilidad de impugnarlo por la vía judicial y, en todo caso, será la Corte quien lo decida.

Lo que es interesante de la intervención del diputado Fayad es precisamente el hecho de que todavía, en este país, a nivel local, no existen las condiciones políticas, la equidad en la competencia, para que de manera plural distintos partidos podamos competir. Y por eso es necesario que en algunas ocasiones, como lo fue en Oaxaca, como lo fue en Puebla, como lo fue en Sinaloa, partidos, sí con visiones diferentes del país, tengan que competir juntos para lograr la alternancia y por tanto, la competencia política.

Es triste saber que lo que pasa en el estado de México nos da, precisamente, la razón de que en ocasiones, como en el estado de México, partidos como el PAN y como el PRD tienen que plantearse seriamente la posibilidad de sí competir juntos, porque de otra manera existen mecanismos para que no exista una competencia equitativa. Señor presidente, continúo con mi tiempo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, diputado. El diputado Carlos Bello. ¿Le acepta usted la pregunta?

El diputado Vidal Llerenas Morales:Por favor.

El diputado Carlos Bello Otero (desde la curul): Sólo para solicitar al orador si es posible hacerle una pregunta.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Por favor.

El diputado Carlos Bello Otero(desde la curul): Respecto de lo que comentaba el diputado Fayad quisiera preguntarle. En el Diario de los Debates del 8 de agosto de 2009, cuando en Guanajuato se discutía lo de la supresión de la candidatura —en el Diario de los Debates de ese Congreso, del estado de Guanajuato—, la entonces diputada local del PRI, Yulma Rocha, y en esta legislatura diputada desde septiembre de 2009 a enero de 2010 y ahora secretaria general del comité estatal de ese partido dijo textualmente, lo cito como está en el Diario de los Debates...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, voy a hacerle la misma observación que al diputado Fayad: concrete usted por favor una pregunta o inscríbase en la lista.

El diputado Carlos Bello Otero(desde la curul): Gracias, presidente.

Le pregunto a usted ¿qué opina de esta expresión? Los animales cuando tienen miedo se esconden, para luego enfrentarse. Ustedes se están enfrentando a la sociedad. Muchas gracias.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Desconozco realmente el contexto de la expresión. Lo que sí creo es que la discusión en el estado de Guanajuato, con otro contexto, entiendo que fue después de una elección, no pocos meses antes de una elección.

Continúo con mi tiempo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe, señor diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Creo, por tanto, que es importante dejar en claro el derecho no solamente de que los partidos decidan qué quieren hacer, decidan cómo enfrentar a la sociedad, presentar sus propuestas y buscar representantes.

Creo, sobre todo, que no podemos pasar por alto la necesidad de acabar de construir un sistema electoral sólido. Ya nos pasó una vez, ya fallamos en la construcción de la democracia mexicana por no tener cuidado en esta Cámara de Diputados.

Insisto, uno de los principales partidos políticos del país quedó fuera de la discusión en torno a un consejo electoral que tuvo que dirimir una elección realmente crítica que, en nuestra opinión, ganó el Partido de la Revolución Democrática.

Ese fallo que hubo al final del día le costó mucho al país porque el árbitro electoral no tuvo la credibilidad de los actores políticos, eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos jugar con la pequeña política y poner en riesgo a las instituciones del país. Si se cambia la Ley Electoral los actores políticos en disputa tienen que estar de acuerdo. Ése es un principio básico, eso es lo que le debemos a la ciudadanía.

De otra manera, la democracia estará en riesgo. De otra manera, quien triunfe en la elección del estado de México estará sujeto a una posible descalificación del resto de los partidos. No lo hagamos, actuemos con responsabilidad. Construyamos instituciones políticas pensando en el largo plazo, pensando en México. No pensando en ganar o perder la siguiente elección. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo de Acción Nacional. Sergio Octavio Germán Olivares.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares:Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores.

El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos textualmente dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir información y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de San José, Costa Rica, de 1969 señala en artículo 13 la libertad de pensamiento y de expresión que va en el mismo sentido: a difundir esa libertad de expresión.

Estamos aquí porque precisamente el 21 de septiembre de este año ocurrieron en este recinto parlamentario hechos que son indignos de nuestra cultura, más bien, pertenecen a una cultura retrógrada que pocos pueden desarrollar, que vulneran uno de los derechos más esenciales y es precisamente el derecho que tiene el ser humano a la libre expresión.

Estoy aquí en mi calidad de mexicano y de mexiquense. Desde luego que sí me preocupa mi estado y por eso hemos de decir que la ley Peña asesina la democracia y que es una ley que es retrógrada y que atenta contra la vida y la dignidad de todos los mexiquenses.

Valiéndose de la mayoría de diputados, inclusive de otros partidos, hace creer el gobernador Peña que su ley para eliminar candidaturas comunes, para reducir el plazo de elecciones, para reducir también los montos de financiamiento es algo que le va a beneficiar a la democracia en el estado de México. Nada más falso y erróneo que esto.

Qué casualidad que en el año 2009, los 125 municipios del estado de México fueron en candidatura común. Qué fácil es después de recibir el beneficio venir y criticar, denostar y quitar la ley que permitía las candidaturas comunes.

Causa extrañeza que quien fue presidente municipal de Huixquilucan por el Partido Revolucionario Institucional, hoy diputado local por el Verde, sea quien presente esta iniciativa para derogar esa figura que permitía las candidaturas comunes.

Estoy aquí porque la ley Peña no es solamente quitar las candidaturas comunes. Quizá el propio gobernador no se ha dado cuenta de que el estado de México tiene 125 municipios, entre ellos el más grande de Latinoamérica, como es Ecatepec. Cuarenta y cinco días para visitar 125 municipios, ¿ésa es la participación que se va a tener?

Reducción de tiempos de campaña no son buenos para un estado tan grande, queremos decir que más bien es la preocupación y el miedo que tiene el gobernador Peña Nieto a perder la oportunidad de seguir en su carrera política, pero hay que decir bien claro que ha estado ausente y viajando por todos lados y que no se preocupa por las cosas que suceden en el estado de México.

¿Cómo andamos en la seguridad pública? El estado de México es el número 3 en el país en incidencia delictiva. Es el número 1 en feminicidios. Es el número 1 en robo de autos. Es un estado en donde los secuestros ocupan el segundo lugar a nivel nacional. Es un estado que requiere urgentemente atención y lo que nos hemos encontrado es un gobernador que está preocupado por ir a la silla presidencial.

El estado de México no puede decir que no tiene recursos, el estado de México es el que más recursos recibe a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con más de 5 mil 438 millones de pesos y la delincuencia sube. De lo que se trata es aquí hacer una enorme reflexión. No por los caprichos y oportunismo de un gobernador se ponga en juego la participación ciudadana de todos los mexiquenses.

Queremos —y voy a concluir con esto...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor orador.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares: Sí, señor presidente.

El estado de México merece atención no solamente de los mexiquenses sino de todos los mexicanos. Hay que decir la verdad, seguramente no nos gusta a muchos el entender lo que ocurre en el estado, pero no podemos permitir que se sigan realizando en el estado de México medidas como las que hoy se pueden vivir en países centroamericanos, como es Venezuela y el caso Hugo Chávez. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra y con él concluimos la segunda ronda, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:Buenas tardes, compañeros diputados.

Primer, hay que dejar muy claro que el PRI demuestra en los hechos que está dispuesto a debatir con respeto y en el marco de un acuerdo parlamentario como este. Jamás nos hemos rehusado a ello. ¿Por qué? Porque en un debate parlamentario se permite conocer qué es lo que subyace detrás del debate. De qué se trata el debate. Si hay argumentos de fondo sobre lo que se pretende debatir o si lo que se pretende es engañar bajo un falso debate y traer a cuenta otro tema que no tiene que ver con el debate parlamentario. Por eso es bueno debatir en un marco. Sobre todo en un marco jurídico.

En relación con las candidaturas comunes, lo único que hizo el Congreso del estado de México en la iniciativa que, por cierto presentó el Partido Verde —quien está dignamente representado en esta Cámara y a quien mucho respetamos—, fue actualizar el marco jurídico.

Hay 22 estados de la república, incluyendo a la federación, que en el año 2007 suprimió las candidaturas comunes. La razón de que 22 estados de la república hayan suprimido esta figura es una: es absolutamente inequitativa en materia electoral.

¿Qué estados han suprimido la candidatura común? Yo les quiero poner el estado que ya se ha vuelto ícono en esto, que en el año 2009 hizo de la candidatura común y su supresión, la bandera con la cual se modificó su Constitución. Es el estado de Guanajuato.

La bancada del PAN en Guanajuato —completa— en su exposición de motivos de esta ley señaló —no me refiero al debate que ya muy bien lo ha expresado el compañero del Verde Ecologista sino a lo que consta en documentos, que pediré que se integren a este debate y entregaré por escrito— que en la candidatura común no existe una identificación del candidato con los principios de los partidos que lo postulan, toda vez que no existe un proceso previo que asegure al candidato que se pretende postular, realmente comulgue con los principios de los partidos postulantes. Es interesante si vemos después a quiénes buscan para que les abanderen las alianzas.

No se da certidumbre sobre dicha oferta política degradando así el sentido del voto, porque se estaría sufragando por personas que no coinciden o comparten un proyecto político definido.

La candidatura común no asegura que la oferta política de los candidatos sea genuina y que a la postre se traduzca en niveles mínimos de compromiso y gobernabilidad, por lo menos en los territorios de formalidad.

Nos lleva a realizar pactos sin contenido, cuya consecuencia sea configurar una simple suma de fuerzas para mejorar la posición de competencia soslayando la visión de un proyecto político-social de trascendencia.

La candidatura común fomenta una situación de inequidad sobre los partidos coaligados en lo que respecta a su presencia en las boletas electorales, toda vez que el candidato común aparecerá en una misma boleta tantas veces como los partidos lo hayan registrado, lo cual implica una clara desventaja sobre el candidato que participa en una coalición.

Resulta muy interesante ver que estos argumentos de toda una bancada el día de hoy se desconozcan por la misma expresión política partidista. Y porque en el fondo el debate no son las candidaturas comunes, sino el golpear políticamente figuras públicas.

Más aún, siguiendo el camino institucional se fueron ante la Suprema Corte de Justicia a presentar una controversia constitucional. La Corte resolvió que las candidaturas comunes, su expulsión del marco jurídico estatal no infringe el derecho de asociación político, y esto es jurisprudencia firme.

Otros estados que tienen esta figura son Jalisco gobernado por el PAN y Guerrero gobernado por el PRD, qué curioso resulta analizar estos casos.

El debate de hoy, así las cosas, la pregunta es, si el argumento es legítimo o simplemente es una mediocre estrategia de querer golpear a cualquier costo a una figura política que  —les repito la intervención de hace unos días—, guste o no, hoy encabeza las preferencias electorales por la carrera presidencial.

Ése es el fondo del debate que se vino aquí a traer a la tribuna, no las candidaturas comunes. Y si ese es el fondo, al menos hay que tener la claridad para decirlo y entonces sí saber qué es lo que busca decirle a la gente cada partido político.

Yo les quiero decir con toda claridad cuál es la mayor aspiración del gobernador del Estado de México en este momento, se resumen en una palabra que se llama: cumplir compromisos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Abrimos la tercera ronda de oradores y tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, por el Partido de la Revolución Democrática.

A esta ronda sólo han inscrito oradores del Partido de la Revolución Democrática, del PAN y del PRI.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Con el permiso de la Presidencia. Yo creo que no deberíamos de sacarle la vuelta al centro del debate. El Partido de la Revolución Democrática se opuso a la desaparición de las candidaturas comunes después de que en 1988 esta figura fue utilizada por el Frente Democrático Nacional, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y posteriormente quitada de la Ley Electoral.

Cuando en Guanajuato se intentó el PRD votó en contra. Hoy que lo están haciendo en el Estado de México el PRD votó en contra. Lo que el PRI nos debería explicar es por qué el PRI votó a favor en 2008 de la reforma constitucional y de la reforma legal que en los hechos incorpora la candidatura común como una forma de participar electoralmente a nivel federal.

Hoy la legislación permite que los emblemas de los partidos vayan por separado. La legislación permite que cada emblema aparezca por sí solo, que cada quien presente su lista de diputados de representación proporcional y cada quien tenga los votos que los ciudadanos deciden se le otorguen a cada partido político.

Y de lo que no hacen referencia sobre la Corte, es que la Corte validó este mecanismo ante partidos que impugnaron ante la Corte y no fue otorgada a su favor la resolución.

Por eso estoy seguro de que vamos a ganar el recurso que presentaremos ante la Corte. Porque lo que evitamos, y dice la exposición de motivos firmada por el PRI, en el 2008, es que no debía haber transferencia de un partido a otro, puesto que deben ser los ciudadanos los que digan qué porcentaje debe tener cada partido político.

Hoy mediante convenios ajenos a la decisión de las urnas se va a decidir que tal vez un partido aliado tenga el 5, el 10, el 15, lo que decida un convenio por fuera de las urnas.

Es un retroceso esta reforma, porque independientemente de que haya gente que esté en contra de que un partido se alíe con otro u otro con otro, que le parezcan incompatibles sus programas, como por ejemplo a mí me parece incompatible que el PRI esté en contra de la pena de muerte y el Verde esté a favor de la pena de muerte.

Ellos deciden aliarse. ¿Y quién es el que debe resolver si esa alianza es la adecuada? Eso deben decidirlo los ciudadanos.

Hoy le están quitando un derecho ciudadano, ganado constitucionalmente y votado por ustedes a favor, primero en el estado de México, cuando se incorporó esa figura, porque no se aprobó sin el voto favorable de ustedes, en el Estado de México y ahora a nivel federal, que acaba recientemente de ser aprobada por unanimidad de votos del Partido Revolucionario Institucional. Eso fue después del 2007, a las resoluciones de la Corte de las que ustedes hacen ahora mención.

Qué raro que ahora se venga, de parte del PRI, a decir que en Guanajuato se quiso modificar y se modificó esa legislación y el PRI votó en contra de que se modificara en Guanajuato.

Qué discusión tan rara tenemos aquí. No se debe hacer la ley a gusto de un partido político o de un personaje. Los dos señores que están en esa foto, puesta por el diputado del PT, los dos han impulsado, uno en el 88 y otro en este momento, que se coarten los derechos ciudadanos de elegir de manera libre a sus candidatos. De todos modos vamos a ir en coalición y de todos modos los vamos a enfrentar y a derrotar en las urnas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Informo a la asamblea que para efecto de equilibrar el debate tenemos inscritos para una siguiente ronda, a la que está empezando, a un solo orador. Si la asamblea me lo permite, voy a incluir en este momento...

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fayad, con qué objeto.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Creo que me tiene inscrito como orador para esta ronda. Le quiero pedir  amablemente retire mi petición. Me doy por contestado y los argumentos jurídicos que tengo se los haré llegar a los diputados a través de un documento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Está inscrito solamente, además del diputado Fayad que acaba de declinar, lo cual se agradece, don Emilio Serrano Jiménez. Si la asamblea lo acepta, procesaríamos de inmediato a don Emilio Serrano Jiménez, cerraríamos la ronda con los diputados Landero y Lerdo de Tejada y al concluir preguntaré si está suficientemente discutido en la tercera ronda. Don Emilio Serrano.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame don Emilio Serrano. Diputado González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Solamente para que me inscriba, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No le voy a inscribir porque al término de la tercera ronda, como anuncié, cerrándose el ciclo de los partidos, voy a preguntar si está suficientemente discutido. Si no está, por supuesto lo inscribo. Gracias, diputado. Adelante, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Muchas gracias, con su venia, diputado presidente. No cabe duda, y les hago una pregunta a mis compañeras, compañeros diputados, que cuando se gana una elección limpiamente, sin trampas, se siente bonito y se reconoce el triunfo a quien gana legal y limpiamente. Pero cuando no es así, tendrán siempre el dedo que señala a los tramposos, a los corruptos, a los transas.

Yo les pregunto a mis compañeros del PRI por qué si el año pasado en 125 municipios se participó en coalición con el Verde, que por cierto el diputado Videgaray se equivocó o creyó haberse equivocado cuando dijo el Verde Ecologista: no, son lo mismo, son similares. Uno sale más barato que el otro.

Participaron y ganaron, de 125, 97 presidencias municipales. Ahora se pretende evitar que otros hagan lo mismo. Yo les pregunto: en este momento, ¿es capaz algún partido político de ganar las elecciones por sí mismo? No. Desde hace tiempo no está ganando sólo un partido. Se viene en alianza, se viene en coalición y es la única manera de ganar unas elecciones. Lo que nosotros pedimos es que sean limpias las elecciones; que no haya ventaja.

Peña Nieto está en campaña desde hace más de un año y me consta cómo abusó de los recursos económicos y superó el techo de campaña con mucho. En este momento está en plena campaña a través de medios de comunicación, y está pagando. Aquí les pido a los diputados del PRI que si de veras quieren hacer las cosas limpias que le hagan una auditoría a la Policía Auxiliar del estado de México, que le deja a Peña Nieto más de 2 mil millones de pesos al año, que no es auditado ese dinero.

No está investigado, no se sabe qué se hace con el dinero; pero nosotros sí. Se pagan los medios de comunicación. ¿Ésa es la manera con la que se quiere competir? ¿Haciendo trampa? ¿Dejando menos tiempo para campañas?

Cuando una persona gobierna, y gobierna bien, no son necesarias las trampas ni los obstáculos electorales. La gente sabe reconocer a quién le va a dar su voto. Y no es necesaria la compra con despensas, con tinacos, con todo lo que está haciendo Peña Nieto, menos atendiendo a la población más desprotegida.

Un transporte deficiente, peligroso. Comunidades abandonadas, gente que vive en la miseria y que obviamente esa gente no va a votar por quien le diga Peña Nieto, porque está muy quemado en esas comunidades.

Creo que es importante que hagamos una reflexión. Jurídicamente lo va a decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero políticamente lo van a decidir no solamente los partidos políticos, sino la gente que va a votar. Ténganlo como cierto: en el estado de México va a perder el PRI. Va a salir derrotado.

No le echen más leña a la hoguera con argucias y con trampas. Hay que jugar limpio. Si tienen la fortuna de ganar limpiamente serán reconocidos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez, tiene el uso de la palabra.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:A ver, diputados, vamos poniendo las cosas en su lugar. Antes de realizar cualquier reforma política habría que ver temas que son más sensibles a la sociedad, como la seguridad y la educación; declaraciones del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, contestando a la opinión sobre la reforma política que mandaba el Ejecutivo a este Congreso. Primera incongruencia, ¿no? Y él manda, de un momento a otro, una reforma política para aprobarla de manera inmediata.

Justamente, en lugar de temas que apremian al estado de México, como la seguridad: estado de México, primer lugar en feminicidios, y no solamente eso, sino 9 de cada 10 están en la impunidad. Primer lugar en corrupción a nivel nacional, primer lugar en opacidad, recordemos, y ese lugar se consolidó con el famoso caso Paulet. Segundo lugar nacional en secuestros. Primer lugar nacional en la explotación sexual infantil y de trata de personas, en fin. Podría-mos seguir un largo rato, pero sólo quedan 3 minutos y medio.

El primer tema es, ¿dónde está la prioridad?, y cómo hay incongruencias en las declaraciones.

Segundo tema. Cambiar una ley a la conveniencia del momento político. El gobernador Peña lo hizo y lo mandó a través del Verde, previendo la victoria que viene de la oposición el próximo año. Y justo cuando se había hecho, no hace más de dos años otra reforma política, ¿cómo es posible esa cuestión?

Siguiente tema, las reformas electorales: desde hace 17 años, en el estado de México se han estado haciendo por consenso o por lo menos con diálogo entre las diferentes fracciones políticas y la sociedad. En esta ocasión no hubo nunca una llamada a los partidos políticos para que los dirigentes estatales fueran a dialogar con el Ejecutivo o con los partidos representados en el Congreso. En el estado de México no hubo diálogo y no hay diálogo.

Por ello, el diputado Carlos Bello, que habló anteriormente, señalaba efectivamente, ¿dónde estuvo la consulta, no sólo a los partidos, sino a la sociedad? ¿Dónde estuvo lo más conveniente para cada una de las fuerzas políticas y de cada uno de los ciudadanos? No la hay, no hay diálogo y ha sido otra de las determinantes del gobierno de Peña Nieto.

Siguiente punto, Guanajuato. Guanajuato es un caso diferente, cada entidad —por si no lo saben los legisladores del Revolucionario Institucional— cada entidad tiene una realidad y un momento específico propio. La reforma en Guanajuato fue después del proceso electoral, cuando iniciaba una nueva legislatura, un nuevo gobierno, no al revés. Antes, cuando estamos a menos de un año de un proceso electoral.

Entonces hay que entender los momentos políticos y el daño que se le hace a la democracia por querer imponer una reforma de último momento, sin consulta y sin debate.

También es importante señalar que se preocupan mucho por si se golpea una figura, un equipo. ¿Y se han preguntado ustedes cómo están golpeando con esto a la democracia, a los ciudadanos?

Por supuesto que no lo hacen. Siempre hablan de la entronización de una persona, de la ubicación de una persona, pero nunca se habla de la democracia, de la participación. A esto, además hay que añadir que el estado de México es la entidad en que menos organizaciones de la sociedad civil registradas tiene. Menos participación hay, no se instalan consejos de participación ciudadana, consejos escolares. No la hay. Precisamente porque, como decía Jesús Silva Herzog: “la forma es fondo”. Y la forma en cómo el gobernador Peña —a través del Partido Verde hizo esto— pues nos está dando el mensaje claro, el mensaje de que lo que le interesa es romper con la democracia y las oportunidades que deben fomentar las coaliciones.

En fin, ahí podemos ver que no solamente es el tema de la controversia o no, sino también las formas y la imposición que se quiere hacer y el estilo de un gobierno. Por ello, en Acción Nacional convocamos al gobernador Peña a que nos sentemos a dialogar esta iniciativa...

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, señor diputado. Permítame. Párese el reloj. Diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted la pregunta, diputado?

El diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez: Sí, presidente.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Señor diputado, usted lo que acaba mencionar al último de la reforma, que la iniciativa que ingresa el Partido Verde en el estado de México, ¿cree usted, como diputado del estado de México, que el PRI y el gobernador tienen miedo de perder el próximo proceso electoral?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conteste usted, señor diputado. Le quedan dos segundos. Le voy a dar tiempo para que conteste esta pregunta. Adelante.

El diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez:Sí, mire. Hay que recordar que la figura de las coaliciones permite, efectivamente, a las fuerzas políticas, ganar elecciones y se hacen apuestas. En ese sentido, se puede ganar o perder.

Recordemos, por ejemplo, por si ya se les olvidó a los diputados del estado de México o al propio gobernador, que el año pasado la mayoría de las presidencias municipales que ganaron lo hicieron en coalición con el Partido Verde y otros partidos, como el Nueva Alianza, como el PCD.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conteste usted la pregunta, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez:Sí, presidente, a eso voy, es el contexto.

El PCD y el partido del futuro democrático, que es otro de los brazos del gobernador que tiene ahí. Entonces, ganaron muchas de esas presidencias municipales por esta coalición.

En respuesta a lo que dice el diputado, por supuesto, el PRI le tiene miedo a la coalición social y con diversos partidos, que se va a llevar a cabo el próximo año. Así es, diputado.

Presidente, si me permite, continúo. Termino la intervención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya. Muchas gracias.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Les señalábamos, finalmente, que la forma es fondo y que convocamos al...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Convocamos al gobernador Peña a que nos sentemos las diferentes fuerzas políticas a dialogar sobre este tema. No lo hizo antes, le damos el reto a que lo haga en este momento y que convoque a los diferentes partidos y a la sociedad a debatir la ley Peña. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Al concluir el diputado Lerdo preguntaré  si está suficientemente discutido.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Carlos Bello Otero(desde la curul): Señor presidente, para solicitar el uso de la palabra por alusiones personales. El diputado Landero me aludió en su intervención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, si quiere abrimos otra ronda después de que yo pregunte si está suficientemente discutido. Pero, obviamente, la alusión no fue en sentido peyorativo. Le pregunto: si quiere abrimos otra ronda.

Estamos llevando un debate absolutamente en orden. La Mesa Directiva no va a permitir que excedamos ese orden. Si quieren, abrimos otra ronda.

Adelante, diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Gracias, diputado presidente. Yo, en primer lugar, quisiera reconocer –seguí con mucha atención el debate que se ha sostenido en esta tribuna– y en primer término quisiera reconocer la serenidad de mis compañeros priistas y, fundamentalmente, del estado de México. Porque, ante la provocación reiterada, pareciera que lo que están buscando es el escándalo y no la confrontación de argumentos.

En segundo lugar —déjenme decirlo con toda claridad— me preocupa esta obsesión centralista de la derecha, de querer traer temas al Congreso de la Unión que son atribución y facultad de las soberanías estatales.

La vocación del PRI es una vocación federalista y me parece que, más allá del debate eminentemente político, el venir a cuestionar normas discutidas, votadas y validadas en soberanías estatales no refleja más que una votación centralista de la derecha.

Lo que me llama la atención, porque entiendo que la izquierda o buena parte de la izquierda tiene una vocación federalista, que caigan en esta puesta de muleta de la derecha y embistan genuflexos sucumbiendo ante los intereses de Acción Nacional, francamente lo lamento.

Lo lamento mucho porque es un tema en el que no debería-mos estar. Deberíamos estar defendiendo la soberanía de las entidades federativas, de las soberanías y de los legisladores locales. Muchos de ustedes han sido legisladores locales y saben muy bien cómo es molesto que los legisladores federales pretendan asumir funciones de legisladores locales y que no refleja más —insisto— que una vocación centralista.

También creo que es un falso debate —si le quieren entrar a la sustancia— porque como aquí se ha explicado muy bien por mis compañeros diputados...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. ¿Diputado Acosta, con qué objeto?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Si me permite el diputado Lerdo hacerle una pregunta.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Encantado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta, señor diputado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Tres preguntas para nuestro amigo Lerdo.

La primera. ¿Cree usted que el hecho de que el Tribunal Federal Electoral o la Suprema Corte conozcan de controversias que pasan en los estados es violar el pacto federal?

Dos. ¿Qué opina usted de la alianza que hicieron el PRI y el PAN en octubre de 2006 en Chiapas para gobernador? ¿También fue una alianza perversa?

Tres. ¿Por qué razón el PRI votó de manera unánime en la reforma electoral de 2008 para que se pudiera incorporar en la legislación federal la figura en los hechos de candidatura común, donde aparecen los emblemas por separado, los porcentajes se distribuyen por separado y la lista de representación proporcional también se hace por separado? ¿Por qué eso no le gustó?

Por último, si estaba tan mal esta reforma en Guanajuato, por qué la votaron en contra, cuando el PAN la propuso. Por sus respuestas, muchas gracias.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias: ¿Alguna otra pregunta, diputado? ¿Ya con eso? Muy bien.  Con su permiso, diputado presidente.

Decía yo que estamos enfrentando un falso debate —voy a terminar esta línea de argumentación para contestar puntualmente al amigo Acosta Naranjo— porque al final si quieren ir juntos el PAN y el PRD en el estado de México, pueden ir juntos.

El tema de fondo, y hay que decírselo a la gente, es que tienen que registrar una plataforma común. Sé que les va a costar trabajo en términos de si van a defender el aborto o no, en fin. Entiendo que son agendas complejas de armar. Es un debate que no quieren dar públicamente, quieren echarle la culpa a otro, pero ése es el tema de fondo.

Entonces el tema de fondo es que tienen que registrar una plataforma común, y el tema de fondo también es...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le pido contestar a las preguntas, señor diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:El tema de fondo también es el hecho de que cuando van juntos se financian como un solo partido.

Yo les preguntaría, si el tema es que no se pueden poner de acuerdo en las ideas o el tema es que quieren más dinero, díganlo así de claro y ya no le demos vueltas. ¿Es un tema de dinero o es un tema de ideas? Porque ni en una ni en la otra se van a poner de acuerdo. Ya lo he dicho yo en esta tribuna, cuando la alianza es brava, hasta al de casa muerde.  Pero contesto puntualmente.

Me hace una pregunta que pareciera interesante, pero que al final refleja desconocimiento profundo del derecho. ¿Por qué un asunto local se puede discutir en un órgano jurisdiccional federal? Porque son instancias que se van agotando. El tema de una legislación local no tiene una instancia superior, no caiga usted en la tentación centralista de la derecha, su formación no es ésa. Aunque su interés sea mucho, no caiga en eso, hombre.

Las otras preguntas precisas tienen que ver, otra vez, con temas de resolución local. El asunto de Chiapas, respeto absoluto a la soberanía local, absoluto a la soberanía local a todos los legisladores, hasta a los de su partido, en esa soberanía local.

Vale la pena que estas reflexiones se hagan integralmente. No es un tema de atacar siempre al mismo o de defender siempre al otro, digan la verdad, lo que les preocupa de este debate de fondo, de fondo, no la coyuntura y los actores, de fondo, es que la construcción de una plataforma común entre ideologías aparentemente irreconciliables resulta complejo en la oferta política que se le hace a la sociedad.

El segundo, que me parece más mezquino, pero que evidencia que es el más importante, es que se van a financiar como si fueran una sola fuerza política. Si lo que les duele es el dinero, díganlo claramente, pero no vengan a litigar a esta máxima tribuna de la nación pesos y centavos que están resueltos en las soberanías estatales. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los diputados y las diputadas que consideren que está suficientemente discutido, favor de levantar su mano. Las diputadas y los diputados que consideren que no está suficientemente discutido, hagan favor de emitir su voto.

Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Continúe la Secretaría con el punto de acuerdo relativo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que dejamos pendiente para dar paso a la agenda política.

ANALISIS IV INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican en la agenda y se ajustan las comparecencias ante comisiones que los titulares de las Secretarías de Desa-rrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Petróleos Mexicanos, celebrarán en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno del presidente de la república, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Que, derivado de que el 1 de septiembre de 2010 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó su IV Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados aprobó los siguientes acuerdos:

a) Relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dentro del marco regulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política, aprobado el 14 de septiembre de 2010.

b) Por el que modifica y adiciona el diverso relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, aprobado el 21 de septiembre de 2010.

II. Que los acuerdos referidos en el numeral anterior, contemplaban la cita a comparecer ante esta soberanía, de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa); y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

III. Que, el 28 de septiembre del presente año, el pleno conoció oficios que la Secretaría de Gobernación remitió a esta Cámara de Diputados, en los que señalaba que por diversas situaciones atípicas en el país y compromisos adquiridos con anterioridad, los titulares de la Sedesol y de Pemex, se veían imposibilitados para acudir a las comparecencias señaladas.

IV. Que, por otra parte, este órgano de gobierno recibió la solicitud de la Comisión de Desarrollo Rural para participar en la comparecencia del titular de la Sagarpa.

V. Que, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

VI. Que en el ánimo de procurar la cordial relación entre los poderes de la Unión, y con la finalidad de que los titulares de la Sedesol, de la Sagarpa y de Pemex den cumplimiento al mandato, que en el marco de sus facultades legales esta Cámara de Diputados ha acordado, los integrantes de este órgano de gobierno determinan reagendar y realizar ajustes para que se lleven a cabo dichas comparecencias.

Por lo antes expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se acuerda reagendar las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de Petróleos Mexicanos, aprobadas por el Pleno de esta Cámara de Diputados el 14 de septiembre de 2010, para quedar la siguiente manera:

Fecha: 11 de octubre de 2010

Hora: 10:00 horas

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Titular: Heriberto Félix Guerra

Comisión: Desarrollo Social

Fecha: 13 de octubre de 2010

Hora: 17:00 horas

Dependencia: Petróleos Mexicanos

Titular: Juan José Suárez Coppel

Comisión: Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Se acuerda que en la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aprobada por el Pleno de esta Cámara de Diputados el 21 de septiembre de 2010, se incluya la participación de la Comisión de Desarrollo Rural, para quedar la siguiente manera:

Fecha: 5 de octubre de 2010

Hora: 17:00 horas

Dependencia: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Titular Francisco Javier Mayorga Castañeda

Comisiones: Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural

Tercero. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, por mayoría afirmativamente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy, en el número correspondiente al orden del día, 20 proposiciones con punto de acuerdo y la proposición marcada con el número 32. Estas proposiciones han solicitado los proponentes sean turnadas directamente a las comisiones.

En obvio de tiempo la Presidencia dicta el siguiente trámite:

Insértese en el Diario de los Debates, publíquese el turno de cada una en la Gaceta Parlamentaria y remítanse a las comisiones correspondientes.

SECUESTRO DE MIGRANTES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía a la comisionada del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe respecto a las acciones emprendidas para combatir el creciente secuestro de migrantes y a las realizadas en torno de las propuestas que la CNDH le formulara en el informe especial sobre tal delito, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante de la coordinación de la diputación federal por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 25 de agosto del año en curso, el nombre de México se leyó, y se escuchó en los medios escritos y electrónicos del ámbito internacional; lamentablemente, como en otras ocasiones no fue para dar a conocer algo positivo.

Nuestro país y el mundo entero se conmocionaron y estremecieron con la trágica noticia de que en nuestro territorio, en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, fueron asesinados 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.

El conocimiento de este hecho no se dio gracias a los tan pregonados servicios de inteligencia utilizados en la guerra contra la delincuencia organizada, sino por el único sobreviviente de esta masacre.

Vemos con molestia y tristeza que el Ejecutivo federal de forma recurrente sólo enfrenta este tipo de situaciones cuando ya su capacidad de reacción ha sido rebasada y casi nunca de manera preventiva. La indiferencia, la ineptitud y la ineficacia han sido características marcadas de los altos funcionarios de este gobierno.

Todos los días en la ruta tradicional que comprende Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas miles de migrantes cruzan nuestro país; esto no sería posible sin la complacencia de las autoridades migratorias y de la policía federal, local y municipal, por supuesto ésta no es gratis ya que es producto de una cadena de abusos y corrupción de autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de ser blanco de bandas de delincuentes que asolan toda la ruta migratoria.

Desafortunadamente, éste no es un hecho aislado, y confirma lo que en diversos espacios han venido denunciando de manera reiterada, legisladores y diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), preocupada por los constantes y graves eventos de secuestro de que son víctimas los migrantes en su trayecto por el territorio nacional, presentó el 15 de junio de 2009 el Informe especial sobre los casos de secuestros a migrantes.

En las conclusiones del informe destaca que México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo. Cada año alrededor de 550 mil mexicanos emigran a Estados Unidos. En los últimos 3 años, el Instituto Nacional de Migración aseguró un promedio anual de 140 mil migrantes sin documentos, en su mayoría de países de Centroamérica con la intención de llegar a Estados Unidos de América.

De acuerdo con este informe, la autoridad migratoria, la Policía Federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir el secuestro y en la inmensa mayoría de las ocasiones, los delitos permanecen impunes y revelan rasgos de apatía, omisión o corrupción.

El sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, es ineficiente y es evidente el desinterés de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas. Además, por el contrario, muchos de los secuestros son cometidos por integrantes de corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad pública.

No hay coordinación por las autoridades responsables de la seguridad y de la persecución de los delitos, las que tienen la obligación de investigar los hechos y someterlos al imperio del juzgador.

En los últimos años, la impunidad ha sido un incentivo fundamental para el incremento del secuestro de migrantes. Esto se da por la falta de denuncia de las víctimas, quienes tienen miedo de ser deportados y por la indiferencia de nuestro sistema de justicia para castigar el delito.

En su informe, la CNDH argumenta que el incremento de este flagelo debería constituir una señal de alarma que debe ser atendida debido a la injusticia que representa, al grave sufrimiento que implica para las víctimas, a la afectación directa a patrimonios familiares de por sí limitados y a la afrenta que significa para el país el hecho de que en su territorio se estén realizando secuestros colectivos, lo que a pesar de su gravedad ha recibido poca atención.

Cabe destacar que en su informe la CNDH realiza propuestas a los titulares de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se emprendan acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno con el fin de dar un impulso decisivo al combate al secuestro de migrantes. Particularmente a la comisionada del Instituto Nacional de Migración se le hicieron cinco propuestas:

1. Que emitiera los lineamientos internos para garantizar a los migrantes víctimas de delito la posibilidad de presentar denuncias y tener acceso a la protección del Estado.

2. Que instruyera al personal del instituto para que de manera obligatoria se informara a los migrantes asegurados, o puestos a su disposición, del procedimiento de regularización migratoria, para que en caso de que haya víctimas de un delito o de violaciones a sus derechos humanos tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño.

3. Que emitiera los lineamientos internos para que se cumpliera lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México en materia de acceso a la justicia, respeto al debido proceso y protección a las víctimas de delito.

4. Que instruyera para que se proporcionen a los migrantes que hayan sido víctimas de secuestro los medios necesarios para trasladarse a cumplir con las diligencias correspondientes, tanto las de carácter penal como las de índole administrativo.

5. Que se promoviera las adecuaciones necesarias para modificar los artículos 67 de la Ley General de Población y 201 de su reglamento, para evitar que el contenido de tales ordenamientos resulte discriminatorio y violatorio a los derechos de los extranjeros, especialmente de las víctimas del secuestro, ya que impide su acceso a la justicia en razón de situación migratoria.

Es muy lamentable que durante su paso por la república los migrantes sean víctimas de secuestro, robo, violaciones y como lo sabemos el día de hoy de masacres, cuando la Carta Magna en el artículo 1o. reconoce el derecho de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional a gozar de las garantías que ésta otorga y que no pueden restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que prevé.

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece también el derecho a la libertad de tránsito, que implica la posibilidad de toda persona de entrar y salir del país y desplazarse por su territorio, sin más limitaciones que las señaladas en la Carta Magna.

Compañeros diputados: dada la magnitud de la trágica situación que viven día tras día los migrantes que cruzan nuestro país, acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cita a comparecer a la comisionada del Instituto Nacional de Migración ante la Comisión de Derechos Humanos con objeto de que informe detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes y particularmente las acciones realizadas respecto de las propuestas que le hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe especial sobre los casos de secuestros a migrantes; y en caso de estar acéfalo dicho instituto, se cita a comparecer al secretario de Gobernación para el mismo fin.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2010.— Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados a implantar campañas de prevención de la transmisión, de detección oportuna y de no discriminación de las personas con VIH/sida; y a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 mayores recursos para los institutos que atienden a éstas, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de los estados a implantar campañas de prevención de la transmisión, detección oportuna y de no discriminación de las personas conVIH/sida, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para  que se destinen mayores recursos a los institutos que atienden a personas con VIH/sida, en especial al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para la construcción de un nuevo servicio clínico para la atención de las personas con VIH/sida,al tenor de las siguientes

Consideraciones

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) fue identificado oficialmente en 1981 en Estados Unidos de América y en 1983 en México. Desde su aparición, el sida ha cobrado más de 25 millones de muertes en el mundo y su agente causal, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es responsable de unos 2.5 millones de nuevas infecciones cada año. Hasta el 17 de noviembre de 2009, en el Registro Nacional de Casos de Sida se han contabilizado 135 mil 3 casos documentados de sida, de las cuales el 82.3 por ciento son hombres y el 17.7 por ciento son mujeres, para una razón hombre/mujer de 4.6 a 1.

La evolución hombre/mujer se ha reducido a lo largo de la epidemia del sida en México. Dicha razón disminuyó de 10.8 en 1985, hasta 3.6 en el 2008 y aumentó a 4.0 para el 2009. El 60 por ciento de los casos de sida en México, corresponde a hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH); el 23 por ciento a mujeres heterosexuales; 6 por ciento a clientes de trabajadoras sexuales, principalmente heterosexuales; 5 por ciento a hombres heterosexuales y 3 por ciento a trabajadoras y trabajadores sexuales. Finalmente, las personas privadas de su libertad (2 por ciento) y los usuarios de drogas inyectadas (1 por ciento) aportaron las proporciones restantes del total de personas que viven con sida en México. Sin embargo, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida) y Onusida, estimaron que por lo menos  220 mil personas adultas en México viven con VIH, la mayoría de ellas sin saberlo. En América Latina, México ocupa el segundo lugar, sólo después de Brasil, con el mayor número de personas que viven con VIH.

Antes de la llegada a México de los tratamientos antirretrovirales, la tasa de mortalidad general por el VIH/sida era de 1.8 muertes por cien mil habitantes en 1990, con su mayor tasa en 1996 con 4.8 muertes. A partir de entonces, el acceso cada vez mayor a las diferentes clases de fármacos antirretrovirales (TAR), ha cambiado radicalmente el pronóstico de los pacientes con VIH/sida. Se demostró que la combinación apropiada de las diferentes clases de TAR controla la replicación del virus, restaura el daño del sistema inmunológico, mejora substancialmente la calidad de vida e incrementa significativamente el tiempo de supervivencia.

Una de las instituciones de salud más reconocida a nivel nacional es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que atiende consistentemente, en promedio, a mil 300 pacientes con VIH/sida, según informa un estudio elaborado recientemente por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el INER es el Instituto Nacional de Salud en México que hospitaliza al mayor número de personas con VIH y, además, a los más graves, que requieren cuidados intensivos, ya que el sida es la principal causa de letalidad hospitalaria y la principal causa de mortalidad en personas menores de 50 años de edad en el instituto.

En el período de 2006 a 2009, se hospitalizaron en el INER 138, 207, 222 y 238 pacientes, respectivamente, debe reconocerse que en un período tan corto como 4 años, hubo un incremento de 86 por ciento en el número de personas con sida y enfermedad pulmonar grave. Acorde con el aumento de hospitalizaciones de pacientes graves, que reflejan una detección tardía de la infección en México, la cifra de personas con VIH que son atendidas por la consulta externa del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Cieni del INER, se ha incrementado de 429 (en 2006) a mil 300 (en 2010). Es decir, casi 3 veces más. Se observa, además, un aumento paulatino pero consistente en el número de mujeres.

Debido a que los pulmones son el órgano blanco de las enfermedades oportunistas que definen al sida y finalmente conducen a la muerte a las personas con VIH sin atención y tratamiento apropiados, el INER ha sido, desde el principio de la epidemia, el instituto nacional de salud más afectado por este problema de salud pública. Por ello, el 9 de marzo de 2004 se inauguró el Cieni del INER, cuya misión primaria es la atención clínica, la investigación y la enseñanza, la labor del CIENI ha sido importante desde entonces, tanto de su grupo multidisciplinario de médicos para la atención clínica hospitalaria y ambulatoria, como del grupo de investigadores y estudiantes de postgrado. En la clínica, se brindan tratamientos a personas predominantemente de escasos recursos y los pacientes que deben ser  internados, generalmente requieren de la atención de diversas especialidades, tales como infectología, neumología, nutrición, oftalmología, psicología, dermopatología, psiquiatría, ginecología, otorrinolaringología, gastroenterología, nefrología y hematología.

Las enfermedades pulmonares que motivan las hospitalizaciones de las personas con VIH/sida son múltiples (por ejemplo neumonías por tuberculosis, hongos y otros virus y bacterias), y ocurren por el grave deterioro del sistema inmunológico producido por el VIH. Los pacientes son admitidos en INER generalmente por falla respiratoria y requieren, por tanto, de cuidados intensivos respiratorios y deben ser evaluados, tratados y vigilados por profesionales de las especialidades médicas, descritas, la gravedad de los casos y sobre todo la naturaleza infecciosa de sus causas específicamente la tuberculosis, otro problema de salud pública muy asociado al VIH/sida, demanda que los pacientes sean atendidos y tratados en áreas independientes y con características especiales de su infraestructura, para evitar la transmisión de las enfermedades respiratorias entre los propios pacientes y bidireccionalmente entre los pacientes y el personal de salud.

Actualmente, los pacientes con VIH/sida son hospitalizados en el servicio clínico 4 del INER, las características físicas del servicio clínico no son las adecuadas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,  debido a que actualmente incluyen cuartos compartidos hasta por cuatro pacientes, cuenta con solamente 4 regaderas y 4 retretes por cada 16 pacientes, las áreas están divididas por género, carece de sistema de aire acondicionado y de presiones diferenciales apropiadas en los cuartos, la circulación de aire es a través de ventanas abiertas y ventilas en los cuartos, el piso es de loseta vinílica, la pintura de los muros y plafones son de aceite, el equipamiento es incompleto y algunos obsoletos para la atención apropiada de los pacientes. Las condiciones actuales del Servicio Clínico 4 del INER implican los siguientes riesgos:

1) Riesgo ocupacional: el personal de trabajo queda expuesto a los microorganismos infecciosos presentes en los pacientes. 2) Riesgo de infecciones nosocomiales: la presencia de pacientes con distintos padecimientos infecciosos que se transmiten por la vía en el mismo cuarto y el mismo servicio clínico, facilita la infección cruzada, aumentando el tiempo potencial de tratamiento y estancia hospitalaria. Esto es particularmente riesgoso para los pacientes con VIH/sida por su inmunodeficiencia grave que los hace susceptibles a infecciones oportunistas y no oportunistas. 3) Riesgo a la comunidad: El Servicio Clínico 4 se encuentra en un área cercana a una zona residencial. la diseminación de infecciones que afectan las vías respiratorias tendrían repercusiones en la salud pública del lugar.

Por todo lo anterior, la construcción del servicio clínico para la hospitalización de pacientes con VIH/sida en el INER requiere de un diseño especial con diversas áreas que incluyan las recomendaciones internacionales de bioseguridad, que se cumplan con los criterios de la Organización Mundial de la Salud y cuenten con los criterios óptimos de funcionalidad. El contar con un área apropiada de contención de enfermedades infecciosas de transmisión aérea (como la tuberculosis) que concurren en el paciente con VIH/sida que necesita la hospitalización en el INER, es fundamental cumplir con los siguientes objetivos primarios del instituto:

• Disminuir la mortalidad hospitalaria de los pacientes con VIH/sida en el INER.

• Reducir el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con VIH/sida.

• Reducir el riesgo de infecciones nosocomiales (entre pacientes y el personal médico y no médico).

• Reducir el riesgo ocupacional dentro y fuera del área de contención.

Este proyecto será el primero en el país que se construya con base en el concepto de contención y bioseguridad y servirá de modelo para que las clínicas y hospitales que se construyan en el futuro consideren los aspectos de aislamiento. La repercusión de los beneficios de la obra, por tanto, trasciende a la institución y afectará benéficamente la atención de las enfermedades infecciosas que representan problemas de salud pública tanto a nivel nacional como incluso internacional.

El diseño arquitectónico y las ingenierías del edificio que se pretende construir incluyen conceptos como: 1) Cuartos aislados independientes 2) Esclusa de entradas que permite mantener presión negativa diferencial dentro del cuarto del paciente 3) Sistema de aire acondicionado con filtración de alta eficiencia 4) Ãreas de descontaminación para el personal y para los desechos generados en la atención de los pacientes 5) Distribución de áreas para la atención en infectología, cuidados intensivos y enfermedades de transmisión.

En este sentido, con la ejecución de este nuevo proyecto, se reducirá la letalidad y la mortalidad hospitalaria por VIH/sida en el INER, así como los costos asociados con su atención clínica, y se incrementará la calidad de la atención de los pacientes con VIH/sida. El beneficio será también para los pacientes con otras enfermedades respiratorias por agentes infecciosos emergentes con potencial epidémico o pandémico.

Por otra parte, el modelo de diseño del servicio clínico para la atención de pacientes con VIH/sida permitirá, si es necesario en caso de contingencia por enfermedades respiratorias (que son las más frecuentes), cambiar los protocolos de seguridad e incorporar los conceptos de aislamiento para admitir a personas con otras enfermedades infecciosas, como la influenza, con potencial epidémico o pandémico.

Los recursos autorizados al INER por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 8 número O.V. 76/0708, permitieron el desarrollo del proyecto ejecutivo contratación y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/sida, pero para la construcción de la nueva clínica se requiere de 213 millones de pesos, y se contará con el servicio clínico de 25 a 28 camas censables, así como diversos servicios complementarios para la atención de pacientes hospitalizados.

Es importante considerar, según el análisis de Fundar, que el presupuesto más alto para VIH/sida ha sido otorgado al Hospital General de México, con 64 millones de pesos, mientras que el más bajo fue al Instituto Nacional de Cardiología, con 4 millones. En contraste, el INER, que atiende a más de mil personas que viven con VIH/sida, pero que da el mayor número de consultas multidisciplinarias (más de 8 mil en 2009) y el hospital con la tendencia anual cada vez mayor tanto en el número de pacientes hospitalizados como en los atendidos en forma ambulatoria, se le destinaron 17 millones de pesos para atención y prevención de VIH/sida. Esta cifra representa una reducción de 30 por ciento de los recursos que se otorgaron en 2009, que fueron de poco más de 25 millones de pesos. Sin duda, esta reducción ha afectado gravemente a todos los pacientes que atiende el instituto, ya que  pone en gran riesgo su vida, debido a que les impide contar con los medicamentos, materiales y servicios médicos hospitalarios e intensivos que son necesarios para garantizarles la atención óptima de un instituto nacional de salud, considerados como los modelos a seguir.

Finalmente, cabe mencionar que desde el comienzo de la epidemia, las personas con VIH/sida o aquellos vulnerables a la infección han sido sistemáticamente objeto de estigma y discriminación, pues se han documentado experiencias como la pérdida de la familia, amigos, trabajo, vivienda, maltrato verbal y físico, en diferentes contextos sociales y políticos. Por ello, es indispensable que se impulsen  campañas de prevención de la transmisión del VIH, así como de la detección de personas con la infección en sus etapas tempranas, para reducir el número de contagios así como campañas de no discriminación hacia este sector de la sociedad.

En tal virtud, el gobierno federal, los gobierno locales y la Cámara de Diputados debemos hacer un esfuerzo extraordinario por dotar de mayores recursos a la atención y prevención de pacientes con VIH/sida, pues lo que esta en juego es la salud y el respeto a la dignidad de miles de mexicanos, y esta debe ser una responsabilidad compartida entre todos.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a que refuercen las políticas de prevención de la transmisión de la infección por VIH, para disminuir el número de casos de nuevas infecciones, así como se implementen campañas preventivas, en especial en instituciones educativas públicas y privadas

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se destinen los recursos necesarios para la construcción de un nuevo servicio clínico, como parte del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que cumpla con los criterios internacionales de contención y brinde atención médica especializada a las personas con VIH/sida y enfermedades respiratorias asociadas.

Tercero.Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se destinen mayores recursos a las instituciones de salud que  brindan atención a personas con VIH/sida, tales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de la Nutrición y el Hospital General de México.

Dado en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil diez.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública.

PROCESOS ELECTORALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que cree la comisión especial o, en su caso, un grupo de trabajo que determine la viabilidad técnica, presupuestaria y legislativa de implantar los instrumentos de votación electrónica en los procesos electorales, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Agustín Castilla Marroquín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, crear la comisión especial o en su caso un grupo de trabajo que determine la viabilidad técnica, presupuestal y legislativa para implementar los instrumentos de votación electrónica en los procesos electorales, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En fecha 15 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el cual se determinó en su artículo vigésimo quinto transitorio que del presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral para dicho ejercicio, podría destinar recursos para iniciar investigaciones o estudios técnicos que permitan determinar la viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en los procesos electorales federales, que garanticen la efectividad y autenticidad del sufragio, así como el posible recuento de la votación sin afectar el principio del secreto del voto.

Derivado de lo anterior, en fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la creación de la “Comisión Temporal del Consejo General del Instituto Federal Electoral para Realizar las Investigaciones y Estudios Técnicos que Permitan Determinar la Viabilidad o No de Utilizar Instrumentos Electrónicos de Votación en los Procesos Electorales Federales”, en base al artículo vigésimo quinto del presupuesto, la cual tuvo como objetivo determinar la viabilidad y presentar un diagnostico como un informe, el cual deberá de ser entregado al Consejo General por la Comisión Temporal a más tardar el último día del mes de julio de 2010.

Durante este lapso, la Comisión Temporal realizó un arduo trabajo, en el que se analizaron las experiencias de diversos países como son Brasil, la India y los Países Bajos entre otros, y de diferentes entidades federativas de la República Mexicana, como son el Distrito Federal, Coahuila y Jalisco, lugares donde ya se aplican estos sistemas de votación electrónica, contemplándose las ventajas y desventajas del mismo.

En fecha 21 de julio del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó la viabilidad sobre la utilización de instrumentos electrónicos de votación en los procesos federales, siempre y cuando se cumplan dos premisas: que se modifique el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se dote de suficiencia presupuestal al Instituto. Asimismo, señaló, que se deberían reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en su caso, el Código Penal Federal.

De cumplirse ambos supuestos, el Instituto Federal Electoral estaría en aptitud de realizar una prueba piloto vinculante en el proceso electoral 2011-2012, instalando cuatro urnas electrónicas en cada uno de los trescientos distritos que integran la geografía electoral nacional. Proponiendo que se utilicen solamente en las elecciones de senadores de la República, como primera prueba vinculante. Así como, en dos ciudades de los Estados Unidos, que se seleccionarían en función de la concentración de ciudadanos mexicanos en el extranjero, se sugiere sean Los Ãngeles y Chicago; la instalación de una urna en Canadá en la ciudad de Ontario; y la instalación de una urna electrónica en Madrid, España.

Lo anterior, permitiría al Instituto avanzar en la implementación de los instrumentos electrónicos de votación en México, donde se considera que para poder llegar a una implementación total, llevaría mínimo seis procesos electorales federales. De ahí la necesidad de iniciar en el proceso 2011-2012.

En dicho informe se señala que los beneficios de un sistema electrónico de votación de esta naturaleza serían:

• Eliminación de la impresión previa de boletas electorales y de algunas de las actas que se utilizan actualmente;

• Sustitución del acto de recepción de boletas electorales en los consejos distritales (conteo, sellado y enfajillado) por un protocolo acorde para la recepción de los equipos electrónicos de votación;

• Disminución de la impresión de documentación complementaria;

• Reducción de costos en el almacenamiento de la documentación y materiales electorales en la bodega central y en los transportes para su distribución;

• Eliminación en las casillas del escrutinio y cómputo actual;

• Eliminación de errores de escrutinio y cómputo;

• Desaparición de los votos nulos por error;

• Eliminación del uso de crayones;

• Desaparición de boletas sobrantes;

• Eliminación de la ilegibilidad de las actas de cómputo;

• Simplificación en la integración del paquete electoral;

• Modificación del proceso realizado por los consejos distritales para la captación de los resultados preliminares y, en su caso, los cómputos distritales;

• Sustitución del PREP y los conteos rápidos;

• Posibilidad de utilizarse para elecciones estatales, con todos los beneficios descritos;

• Que no es necesario que se ejercite a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo;

• Que al eliminarse la urna, no se requiere capacitación a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, en el armado de ese material;

• Que no será necesario que los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla realicen la clasificación, conteo y registro de votos en la casilla, ya que la máquina electrónica lo realiza de manera automática y emite el acta de escrutinio y cómputo, y

• Que la integración del paquete electoral se simplifica por lo que sería más sencillo explicar y ejercitar su conformación, por los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.

Asimismo, en dicha sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se planteó la conveniencia de que el órgano competente para hacer las adecuaciones legales, lograra crear una Comisión Especial que pudiera retomar las conclusiones en atención del informe y el diagnóstico que presentó el Instituto, mismo planteamiento fue retomado por los consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Asimismo, el Instituto señaló que estaría en la mejor disposición de coadyuvar en los trabajos que se pudieran generar con el órgano legislativo.

Ante la necesidad de dar continuidad y en congruencia con los trabajos y esfuerzos realizados por el Instituto Federal Electoral, ahora corresponde a esta Cámara de Diputados determinar la viabilidad técnica, presupuestal y legislativa para implementar los instrumentos de votación electrónica en el próximo proceso electoral federal.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial o en su caso un Grupo de Trabajo que determine la viabilidad técnica presupuestal y legislativa para implementar los instrumentos de votación electrónica en los procesos electorales.

Segundo.La Junta de Coordinación Política presentará al pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.

Tercero.La comisión especial contará con un plazo para efectuar sus trabajos  cuando se haya cumplido el objetivo por la que fue creada y presentará un informe de los resultados ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Cuarto.Se instruye al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta H. Cámara de Diputados que en base al diagnóstico e informe presentado por el Instituto Federal Electoral sobre la viabilidad sobre la utilización de instrumentos electrónicos de votación en los procesos federales, realice estudios sobre la factibilidad técnica, presupuestal y legislativa sobre la implementación de estos instrumentos en los procesos electorales e informe a esta comisión especial.

Dado en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a los 7 días del mes de septiembre del año 2010.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para dar efectividad a la reciente reforma integral dirigida a prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, y atender tanto a las víctimas como a sus familiares, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Justicia, y de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados a que otorguen los recursos necesarios y suficientes para dar efectividad a la reciente reforma integral para prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, así como para la atención de las victimas y sus familiares, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una importante iniciativa en contra de la pederastia, que además contempla diversos mecanismos de protección a los menores, así como obligaciones del Estado y los particulares para garantizar y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de que no sean víctimas del abuso sexual infantil.

En fecha 19 de agosto de 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asociaciones Religiosas y Culto Público; Federal de Protección al Consumidor y Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Destacan entre las principales aportaciones de la reforma lo siguiente: se establece el delito de pederastia como delito grave; se incorporan medidas de protección a favor de las víctimas u ofendidos; el término de la prescripción de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, correrá a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad; se procurará el interés superior de la infancia para la aplicación de la ley; se incluye a los dueños, directivos y personal administrativo de escuelas e instituciones similares, como responsables de evitar cualquier abuso o explotación en contra de menores; se establece como infracción por parte de las asociaciones religiosas la comisión de delitos en contra de menores por parte de ministros de culto, y se establece como obligación de la Dirección General de Profesiones llevar un registro de las personas que hayan sido sancionadas por delitos en perjuicio de niñas, niños o adolescentes.

Derivado de la aprobación de estas reformas, se armonizó la legislación nacional sobre la protección de los menores acorde a los compromisos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y se tutela el principio del interés superior de la niñez.

Así, el objeto primordial de estas reformas es velar por la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en las que se adoptan y establecen diversas medidas legales, que van desde lo administrativo hasta lo punitivo, para que los menores no sean víctimas de delitos sexuales.

Sin embargo, toda reforma se encontrará siempre inacabada si no puede ser traducida en su aplicación, es decir, se necesita brindar los soportes administrativos y presupuestales para que una modificación a la ley, no se quede como letra muerta.

La reforma que tipifica el delito de pederastia y que busca prevenir, sancionar y erradicar este delito, así como la atención a las víctimas y sus familias, corre el riesgo de no hacerse efectiva en su totalidad, si no se le otorgan los recursos necesarios y suficientes por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ya que en los diversos ordenamientos se plantea en artículos transitorios que las acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, para ser aprobada la reforma en comento, se contó con el amplio consenso de los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, por lo que ciertamente, ahora se necesita nuevamente que los legisladores cumplan con su obligación de dotar de suficientes recursos a las instancias correspondientes para que realmente puedan aplicar la modificación legal.

Con la reforma de referencia se ha avanzado en gran medida en este tema, por lo que resultaría lamentable que por un asunto meramente presupuestal, se dejara a la infancia de nuestro país desprotegida.

Es así que para la implantación de esta reforma se hace necesario destinar recursos para los siguientes grandes rubros:

1. Capacitación en general, especialmente para las autoridades;

2. Atención a las víctimas y familiares; y

3. Coordinación interinstitucional.

En efecto, las modificaciones a los ordenamientos legales antes citados, implican un cambio sustancial de políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación del abuso sexual infantil, lo que hace necesaria una inversión de recursos en la creación de instrumentos y mecanismos de coordinación interinstitucional para la planeación de programas y proyectos en las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia.

Asimismo, se requieren recursos para la inversión en la formación de capital humano, a través de la capacitación y entrenamiento técnico-operativo en diversas materias, entre ellas, las relativas al respeto y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, enfocadas a los especialistas criminalísticos, psicólogos, trabajadores sociales o universidades públicas, por mencionar algunas. De igual manera, dicha capacitación debe ser dirigida a educandos, docentes, autoridades educativas, asociaciones religiosas, autoridades judiciales del ámbito de procuración e impartición de justicia, así como hacia la SEP, la Secretaría de Salud, la SSP y la Procuraduría Federal del Consumidor, por mencionar algunas.

En este sentido, ante la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se debe tomar en consideración los aspectos mencionados, para así estar en posibilidades de transitar a una verdadera salvaguarda del interés superior de la niñez.

Por lo planteado, con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, y a fin de que la reforma multicitada pueda ser efectivamente aplicada, presento para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Justicia y de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados, a que otorguen los recursos necesarios y suficientes para dar efectividad a la reciente reforma integral para prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, así como para la atención de las víctimas y sus familiares.

Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2010.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ANASTASIO HERNANDEZ ROJAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intervenir ante las autoridades estadounidenses para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables en el caso de Anastasio Hernández Rojas, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal Domingo Rodríguez Martell, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 28 de mayo del presente año, en la garita de San Isidro, Baja California, la Policía Fronteriza de Estados Unidos de América golpeó y le dio electrochoques al señor Anastasio Hernández Rojas.

Alrededor de 20 policías agredieron irracionalmente a Anastasio, quien estaba esposado, sometido y boca abajo, sin ninguna oportunidad de defenderse. Después de recibir una infinidad de ataques, fue trasladado de urgencia al hospital Scrips Memorial de Chula Vista, San Diego, California, donde le diagnosticaron muerte cerebral el 31 de mayo.

Cabe recordar que nuestro hermano Hernández Rojas tenía más de 20 años viviendo en el condado de San Diego, California, como muchos connacionales que cruzan la frontera, porque en México no existen las oportunidades mínimas de desarrollo ni empleo para los millones de mexicanos que viven en extrema pobreza.

Ante tal situación, los familiares de Anastasio solicitaron apoyo a este Congreso para exigir que se haga justicia y se condenen a los responsables.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades estadounidenses a deslindar responsabilidades y castigar a los responsables en el caso Anastasio Hernández Rojas.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a solicitar la extradición de los culpables, a fin de procesarlos en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PRECIO DE GASOLINA Y DIESEL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dejar sin efecto legal mediante la SHCP las disposiciones del artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en las que se establecen aumentos del precio final de gasolina y diesel, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Óscar Román Rosas González, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En diciembre del 2007 el Congreso de la Unión adicionó el articulo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, LIEPS, que establece la aplicación de un gravamen a la venta final de las gasolinas y el diesel, éste consiste en una tarifa a la venta final al público en general de gasolinas y diesel, que será de 36 centavos por litro para la gasolina Magna, de 43.92 centavos por litro para la gasolina Premium UBA, y de 29.88 centavos por litro para el diesel, aplicado de manera mensual por un lapso de 18 meses.

Con ello, a partir de 2008 el aumento en el precio de estos productos petrolíferos no ha cesado, a pesar de que el aumento sería en un inicio 2 centavos para Magna, 2.44 para Premium y 1.66 para el diesel por 18 meses, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece incrementos graduales al precio final, así todo el año continuaremos con incrementos sustanciales en el precio de los combustibles.

El monopolio estatal en la oferta de productos petrolíferos, conlleva a una política de precios administrados por el gobierno, tal es el caso del IEPS en gasolinas y diesel, particularmente el estipulado en el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, que mediante una política de deslizamiento de los precios mes con mes intenta reducir el subsidio generalizado a los combustibles, aumentando el precio final de venta de los productos.

De acuerdo con el gobierno federal, esta política es de corte progresivo ya que impacta directamente a las familias de mayores ingresos y en menor medida a los hogares con menor ingreso económico.

Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, los hogares con los ingresos más bajos del país realizan el 0.80 por ciento del consumo total de gasolina y el 0.40 por ciento del consumo total del diesel (decil I), mientras que, los hogares con los ingresos más altos realizaron el 32.30 por ciento del consumo total de gasolina y el 39.80 por ciento del consumo total de diesel.

Sin embargo, cabe destacar que a la SHCP, se le olvido una variable en sus cálculos: la inflación. La inflación que genera en todas las cadenas productivas el alto precio de los energéticos, en especial gasolinas y diesel.

En el presente año, la SHCP autorizó el noveno incremento a los precios de las gasolinas y diesel en lo que va del presente año. Como se observa en el siguiente cuadro. A partir del sábado 11 de septiembre los precios de la gasolina Magna y diesel se incrementaron 8 centavos por litro, mientras que la Premium subió 4 centavos por litro.

Los millones de conductores tienen que pagar 8.52 pesos por cada litro de gasolina Magna que consuman a partir de del sábado 11 de septiembre del presente, cuando la semana pasada pagaron 8.44 pesos. En el caso de la Premium, desembolsan 9.98 pesos por litro, a diferencia de los 9.94 que pagaron hasta este viernes 10 de septiembre. El litro del diesel cuesta 8.88 pesos, contra los 8.80 pesos que pagaron antes del noveno ajuste.

El incremento que ha tenido la gasolina Magna en los últimos 9 meses ha sido del 9.23 por ciento, de la Premium, 4.28 por ciento,en tanto que del diesel ha sido del 7.84, porcentajes que se verán incrementados por lo que resta del año, cada segundo sábado de los siguiente meses.

Así, el precio de la Gasolina Magna en el mes de enero era de 7.88 para pasar a 8.52 pesos por litro; la Premium paso de 9.66 a 9.98 pesos; y el diesel de 8.24 a 8.88 pesos, respectivamente.

Precio de las gasolinas (precios por litro)

Con estos aumentos y bajo la lógica de Hacienda, el costo es para los hogares con más altos ingresos, pero el efecto negativo en el plano social comienza con el impacto que tiene el permanente aumento de precios de los combustibles en toda la cadena productiva, generando incrementos de bienes y servicios en proporciones mucho mayores a los registrados en los propios combustibles, lo que afecta de inmediato y fundamentalmente a los sectores más empobrecidos del país, que al final de cuentas son el grueso de la población, reduciendo aún más su de por sí famélico poder adquisitivo y deteriorando al extremo su precaria condición de vida.

Ahora bien, los productos petrolíferos son usados en variados sectores de la economía, desde la agricultura- que al ver cada día más caro el precio del diesel y la falta de una política de apoyo al sector se profundiza su crisi- hasta la industria de la transformación. En sectores productivos como la pesca ribereña en los estados sureños como Campeche, las Gasolinas y el Diesel, son el insumo principal de la actividad y al pagar mes con mes un costo mayor por el combustible se ve mermada su productividad y por ende la única fuente de ingresos, de las familias que de ella dependen.

La tendencia inflacionaria que generan los aumentos a los precios finales de los combustibles, repercuten directamente en el incremento de los costos de la canasta básica, en el encarecimiento de los precios de los insumos agropecuarios, en consecuencia  en el transporte, en la educación, en los enseres domésticos, en la salud y otros sectores más.

Dicha visión es compartida por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) al exponer que la anterior preocupación tiene su origen en la permanencia de los ajustes de precios y tarifas públicas, por lo que las previsiones inflacionarias pueden ser superiores a 4.5 por ciento anual.

Asimismo, el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, durante la presentación del informe sobre la inflación abril-junio de 2010 anticipó que la política de deslizamiento de bienes administrados (como son las gasolinas y el diesel) continuará en 2011, la cual tendrá un impacto en la inflación, y aunque si bien ésta disminuyó en el primer semestre de 2010, espera que en la segunda mitad del año repunte. Por ello, agregó que la proyección de inflación para 2010 es de entre 4.75 y 5.25 por ciento.

Como podemos apreciar, no sólo los consumidores de combustibles en el país y millones de familias que se ven perjudicadas por el alza de precios, perciben el efecto inflacionario de este gravamen, sino el sector empresarial y el propio Banco de México concuerdan en que aumento empuja la inflación a nivel general.

Ante esta situación, es importante que el gobierno federal reconsidere la aplicación del IEPS a la venta final de gasolinas y diesel, al encontrarse en una disyuntiva, ya que por un lado es progresivo pues le permite captar recursos de los decibeles con mayores ingresos, pero es altamente inflacionario, impactando directamente a la población general al disminuir capacidad de consumo y con ello su calidad de vida.

De lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dejar sin efecto legal las disposiciones contenidas en el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, en las que se establecen aumentos al precio final de gasolinas y diesel, como una medida que incentive la demanda y la economía del país.

Palacio Legislativo a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para Nuevo León en el rubro de seguridad pública, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes por Nuevo León de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan al pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema de seguridad es uno de los más importantes de la agenda pública de los diferentes órdenes de gobierno, pues la función básica del Estado es mantener la estabilidad, viabilidad y libertad de sus ciudadanos, salvaguardándolos de cualquier amenaza.

Lamentablemente, esta función básica y estructural del Estado no se lleva a cabo con la eficiencia necesaria que provea en el corto y mediano plazos de la seguridad que exige la población día con día, además de que es visible el deterioro de las instituciones encargadas de mantener el orden público.

Esta situación es palpable en todo el país, aunque de forma más aguda en los estados fronterizos, como Nuevo León, pues es un lugar estratégico que ha utilizado el crimen organizado para llevar a cabo sus actividades delictivas, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas y el contrabando, las cuales en su desarrollo generan el incremento de la violencia en el país.

Para constatar lo anterior, tan sólo hay que recordar que estos delitos, pertenecientes al fuero federal, han producido en lo que va de los primeros 5 meses de este año más de 21 mil casos de delitos relacionados con violencia extrema, que evidencian la complicada situación que viven los municipios de Nuevo León.

Lo anterior se debe a la vasta capacidad organizativa de las estructuras criminales, y a su capacidad de fuego y violencia, lo cual complica la tarea de combatirlas de forma eficiente, puntual y contundente.

La policía de Nuevo León ha realizado tareas de suma complejidad para combatir el crimen organizado. Sin embargo, es imperioso otorgarle equipamiento, infraestructura y capacitación, las herramientas necesarias para que cumpla su tarea.

También es necesario profundizar en los mecanismos de colaboración entre el gobierno federal y las autoridades estatales, con la finalidad de reproducir un modelo policiaco exitoso. Ello es posible sólo a través de la cooperación, por un lado, y de los recursos presupuestales, por el otro, pues los montos con que los municipios y el estado de Nuevo León cuentan son insuficientes para mantener la seguridad en tan importante y estratégica entidad.

En este año fiscal se otorgaron recursos presupuestarios dirigidos a Nuevo León, vía el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, por un monto, según la Secretaría de Seguridad Pública, de 172 millones 110 mil pesos, y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que contabilizó 265 millones, los cuales se dirigieron al pago de equipamiento, capacitación y salarios. Dichas cifras son iguales a las del ejercicio fiscal de 2009; sin embargo, en términos reales representan una reducción de 4.6 por ciento si tomamos en cuenta la inflación.

Los mencionados recursos se han implantado para dar viabilidad a programas de prevención y mantenimiento de la seguridad pública, pero es fundamental realizar diversos proyectos de infraestructura, modernizar el equipo de acción y reacción, profesionalizar y fortalecer las policías municipales y del estado, de tal forma que un incremento presupuestario en la materia no sería catalogado como inercial.

Finalmente, me permito solicitar la comprensión de esta soberanía y del Ejecutivo federal, pues dichos recursos son necesarios para conseguir diversos proyectos y programas en materia de seguridad pública, urgentes para preservar el orden y la paz en Nuevo León. Así, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar mayores recursos presupuestarios en el ejercicio fiscal de 2011 para el estado y los municipios de Nuevo León, en el rubro de seguridad pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Reyes Tamez Guerra, Felipe Enríquez Hernández, Ildefonso Guajardo Villarreal, Pedro Vázquez González, Gregorio Hurtado Leija, Eduardo Bailey Elizondo, María Cristina Díaz Salazar, Camilo Ramírez Puente, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Rogelio Cerda Pérez, Fermín Montes Cavazos, Guillermo Cueva Sada, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol y al director de Liconsa a disponer el funcionamiento del centro de abasto situado entre las Avenidas de la Cuesta y de los Maestros, en San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI

Sergio Mancilla Zayas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea las consideraciones y la proposición con punto de acuerdo, siguientes

Consideraciones

En el año de 1944, el Programa de Abasto Social de Leche inició con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y Reguladora, SA de CV. (Nadyrsa).

En 1945, un grupo de empresarios, conscientes de la necesidad de aumentar la oferta de leche en la Ciudad de México, constituyeron la empresa “Lechería Nacional, SA de CV”. Para 1950 la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, SA, (CEIMSA) asumió las funciones de elaboración, distribución y venta de leche importada que se reconstituía en el país, asegurando que ésta fuera de buena calidad y a precios accesibles para la población de escasos recursos.

En 1954 comenzó a operar en Tlalnepantla la que hoy es la planta de Liconsa que produce el mayor volumen de lácteo de todas sus unidades industriales; esta planta que inicialmente tenía capacidad para rehidratar 30 mil litros diarios de leche, a la fecha tiene capacidad para producir un millón 230 mil litros de leche al día.

Por disposición del gobierno federal, en 1961 se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, SA, en 1963, esta empresa cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, SA. Posteriormente, en 1972, se modificó para quedar como Leche Industrializada Conasupo, SA de CV. A partir de 1994, con su resectorización en la Secretaría de Desarrollo Social cambió su denominación a Liconsa, SA de CV.

Actualmente Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, fundamentalmente de niños de hasta 12 años de edad, así como de otros sectores vulnerables de la población, como mujeres de 13 a 15 años, en estado de gestación y lactancia y de 45 a 59 años, enfermos crónicos, discapacitados y adultos de 60 y más años.

Toda la leche Liconsa está fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes de los que la dieta de un gran número de mexicanos, especialmente niños, acusa déficit.

Estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que los niños que consumen de manera constante la leche fortificada Liconsa tienen menores tasas de anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica; alcanzan más estatura y masa muscular; despliegan mayor actividad física y registran mejor desarrollo mental.

La población objetivo del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV, de conformidad con las reglas de operación vigentes, otorga mediante una transferencia de ingreso una dotación de leche de la más alta calidad nutricional, a precio subsidiado, a los hogares en condiciones de pobreza con niñas y niños de seis meses a doce años de edad, mujeres en período de gestación o lactancia, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres de 45 a 59 años de edad, enfermos y discapacitados o ambas cosas, y adultos de 60 y más años, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos que justifiquen su condición.

El Programa de Abasto Social de Leche opera en localidades, colonias, zonas urbanas, semiurbanas y rurales de las 32 entidades federativas, mediante los puntos de atención autorizados por Liconsa.

Para ello, se seleccionarán las localidades, colonias o zonas susceptibles de atender, considerando las microrregiones definidas por la Sedesol, las cuáles fueron publicadas el 31 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, y la información socioeconómica disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las solicitudes de instalación de los puntos de venta, podrán provenir de instancias de gobierno, así como de los propios estudios que elabore Liconsa. En todos los casos será necesario realizar el análisis de las características de la zona, mediante el levantamiento del “Estudio de factibilidad para la instalación de una lechería”, el cual es el instrumento metodológico que permite a Liconsa recabar la información básica sobre las características de las localidades o colonias, la población objetivo, los servicios urbanos, medios de transporte, particularidades del predio o local propuesto para operar el punto de venta, todo ello con el propósito de analizar la factibilidad de apertura.

Para facilitar la operación y mejorar la atención al mayor número de familias, las lecherías o puntos de venta se ubicarán en localidades que brinden una mejor opción de acceso y funcionamiento de servicios públicos.

Ahora bien, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, fue autorizada la obra correspondiente a la lechería o centro de abasto correspondiente, mediante la aprobación del punto séptimo del orden del día de la trigésima segunda sesión ordinaria (pública de cabildo, resolutiva cuadragésima sexta, del día 05 de julio de 2007, con un techo financiero de 600 mil pesos. Es de señalar que la fecha de terminación de la obra de referencia fue el 30 de julio de 2009, por lo que sólo es necesario el estudio de factibilidad de Liconsa, para dotar de este importante servicio a la comunidad mencionada.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal y al director de la empresa de participación estatal mayoritaria Liconsa, para que se disponga el funcionamiento del centro de abasto ubicado en avenida de la Cuesta esquina avenida de los Maestros, San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.— Diputado Sergio Mancilla Zayas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incorporen a la zona metropolitana de Cuautla los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa y Jaime Sánchez Vélez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea exhorto con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La concentración poblacional en los centros conurbados demanda mayores servicios públicos de agua potable, adecuada infraestructura, vías de comunicación y la preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende a su vez a los niveles político, administrativos y de gobernabilidad de los centros conurbados de los municipios y entidades, que por su vinculación se consideran como zonas metropolitanas.

Cabe recordar que la clasificación de zona metropolitana fue reconocida oficialmente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); considerándose actualmente 56 zonas metropolitanas en todo el país: 29 son ciudades con menos de 500 mil habitantes; 18 entre 500 mil y un millón, y nueve zonas con más de un millón de habitantes, de ellas 6 son de ámbito interestatal. En este momento sólo 33 zonas metropolitanas tienen acceso a los recursos del Fondo Metropolitano.

Dicho fondo se creó a partir de 2006 en respuesta a los problemas y con el objetivo de reordenar la vida en la zona metropolitana del valle de México, posteriormente en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incluyó a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara; en 2008 se amplió por la Cámara de Diputados a las zonas de ciudad de León, Puebla, Querétaro y La Laguna, y en 2009 Aguascalientes, Acapulco, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, anexándose en el PEF de 2010 nuevas zonas. En este esquema, los recursos si bien se han incrementado anualmente, su distribución sigue concentrándose en las dos principales zonas metropolitanas (valle de México y Guadalajara) con el 51.08 por ciento y el 17.02 por ciento, respectivamente, por lo que la diferencia del 31.9 por ciento se reparte entre las 31 zonas metropolitanas en mención, sin considerar las 23 restantes en el país.

Por ende, las políticas públicas y las estrategias de desa-rrollo sustentable como son los recursos en las zonas metropolitanas, deben ser capaces de coordinar y promover que los municipios como sedes atiendan en primera instancia sus propias características, las desigualdades que se dan por el crecimiento desbordado y por consiguiente las relaciones con los municipios al extenderse su mancha urbana.

Estas tendencias de urbanización y el acelerado crecimiento de la población urbana ya no son privativas de las grandes ciudades capitales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), también la serie de problemas y demandas sociales han alcanzado al estado de Morelos, donde se reconocen 2 zonas metropolitanas: la de Cuernavaca y la de Cuautla.

De ésta última, los municipios deCuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla ,por la falta de infraestructura y de desarrollo urbano comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales y urgentes dado que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos, para realizar las obras y servicios que demanda esta zona metropolitana.

Tenemos que recordar que Cuautla fue por un tiempo capital del estado y actualmente es uno de los centros de atención de los festejos del bicentenario y centenario de la Independencia y la Revolución Mexicana.

Hoy por hoy, el crecimiento poblacional propio aunado a la cercanía con la Ciudad de México, hacen que esta zona metropolitana tenga la necesidad de prevenir y atender esta relación económico-social; ya que para 2017 Conapo estima que Cuautla como zona metropolitana superará el medio millón de habitantes e Inegi prevé que para el Censo 2010 el número de habitantes será cercano a 450 mil; por lo que en este momento estas ciudades han superado la posibilidad por si solas de emprender las acciones para alcanzar un desarrollo integral sustentable y por ende, se requiere de la intervención oportuna de las estructuras de gobernabilidad capaces de impulsar las políticas y estrategias de desarrollo que garanticen la cohesión social, abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan la tendencias a la segregación residencial y la exclusión social, en esta parte del país.

El artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo urbano; por lo que se convierte en el instrumento jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de estas zonas metropolitanas.

La Ley General de Asentamientos Humanos, en el artículo 20, capítulo IV, faculta a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus competencias, a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la conurbación, a través de los convenios correspondientes para la ordenación de zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; convenios que suscribirán las entidades y municipios que los lleven a cabo, igualmente con la Secretaría de Desarrollo Social, donde posteriormente será con programas, obras o acciones, en congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo.

En este sentido, existe un Convenio de Coordinación por el que se reconoce la existencia de la zona conurbada de los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla ,desde diciembre de 2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. A su vez, el marco jurídico en la entidad, fue adecuado para este fin, el pasado 26 de agosto la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Morelos y en marzo del presente año, el Congreso local aceptó una iniciativa para crear la Ley de Coordinación de Zonas Metropolitanas para el Estado de Morelos, que integra el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, se han sentado las bases para el fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establecen las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables.

La suscripción del Convenio de la Zona Metropolitana deCuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla ,se ha ajustado a la necesidad de acciones conjuntas de los gobiernos para eliminar los rezagos en servicios y obras prioritarias y con ello atender el desarrollo de la zona metropolitana, así como promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas como marca la Ley Presupuestaria en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano.

Cabe hacer hincapié que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano se sujetan a los criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por lo que tenemos que considerar la colindancia tan próxima con la Ciudad de México, sus relaciones sociales, económicas y culturales cotidianas, así como ser el paso a otra zona metropolitana tan importante como es Acapulco, cuyos problemas semejantes en muchos asuntos deben ser previstos por esta honorable Cámara.

En sujeción al espíritu federalista de nuestra nación para hacer valer las condiciones de igualdad y equidad plasmadas en la Carta Magna, solicitamos sea considerada como zona metropolitana y beneficiaria del fondo en cuestión aCuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec Y Yecapixtla; lo que sin duda ayudará a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En virtud de lo anterior, se somete al pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, a incorporar e integrar a la zona metropolitana de deCuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla , como beneficiaria del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2011, a efecto de prever, atender y solucionar los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, por los motivos y fundamentos legales antes citados.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos Federal del próximo año fiscal 2011, en su artículo 42 y en el anexo 12 correspondiente, sea incorporada la zona metropolitana de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla ,como beneficiaria del Fondo Metropolitano del Ramo 23.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2010.— Diputados: José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa, Jaime Sánchez Vélez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO - CHILE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de que se efectúe una reunión interparlamentaria México-Chile, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, firmado el 17 de abril de 1998, entró en vigor el 1 de agosto de 1999 y ha permitido un intercambio enriquecedor de experiencias, e identificado nuevas oportunidades para incrementar aún más las relaciones económicas, las comerciales y las inversiones entre ambos países, con objeto de alcanzar mayores beneficios mutuos. Podemos decir que dicha relación es benéfica para ambas economías, ya que México y Chile tienen economías complementarias, por lo cual resulta posible impulsar su productividad y competitividad en el ámbito internacional.

Las relaciones económicas y culturales que México y Chile han tenido a lo largo de su historia hizo posible y necesaria la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones, el cual ha resultado un instrumento eficaz para aumentar el intercambio comercial entre ambas naciones. La misma situación ha sido aprovechada por la nación chilena –el país con mayor número de tratados de libre comercio firmados en el mundo– para diversificar su comercio alrededor del mundo; le ha permitido ser la única nación latinoamericana con un crecimiento del PIB en 2009.

Ambos países tenemos temas en común que en conjunto se deben trabajar. Ambas naciones debemos resaltar el papel que desempeñan en el desarrollo económico y social, teniendo en cuenta su capacidad productiva y empleadora. Es fundamental favorecer su desarrollo e intercambio para que estos sectores se modernicen y puedan enfrentar los desafíos de la globalización. Chile y México han asumido el libre comercio como un camino necesario en el actual contexto internacional para alcanzar el bienestar ciudadano. Los acuerdos comerciales suscritos por ambos países, entre sí y con otras naciones o bloques comerciales, ratifican esa estrategia de desarrollo. Otro tema de gran importancia en el cual podemos compartir experiencias es el ambiental y que debería ser incluido en lo sucesivo por tratarse de un asunto de gran relevancia para un desarrollo equilibrado y sustentable de ambos países.

En la relación México-Chile se reconoce y aprecia el excelente nivel que se ha alcanzado en las relaciones entre ambos países, con múltiples coincidencias frente a los asuntos regionales y los principales temas de la política mundial, apreciando así el alto valor de la diplomacia parlamentaria. En esta instancia, los parlamentarios debemos desempeñar el papel que nos corresponde como representantes de la sociedad en sus diversas manifestaciones políticas y culturales.

A pesar de haber tenido un importante intercambio parlamentario entre ambas naciones desde comienzos de los años noventa, esta práctica se interrumpió en 2004. La Reunión Parlamentaria fue celebrada en Valparaíso, Chile; en ella se lograron avances y negociaciones de acuerdos y el Tratado de Libre Comercio.

Por lo anterior resulta impostergable restablecer las relaciones interparlamentarias entre México y Chile para impulsar y fortalecer la amistad entre nuestras dos naciones hermanas, contribuyendo con ello a elevar el diálogo político al más alto nivel, lo cual permitirá favorecer las coincidencias en los temas que nos son comunes en esta relación, profundizándola en todos los ámbitos y, de manera destacada, en el comercial, financiero, técnico, científico, educativo y cultural para el beneficio de nuestros pueblos. Nuestro país sería el anfitrión de tan importante encuentro interparlamentario, por lo que es de suma importancia no retrasar más la designación de los representantes de esta soberanía para dicha interparlamentaria.

Con la medida planteada en el presente punto de acuerdo se impulsará la ejecución de una agenda binacional México-Chile, que deberá obedecer a una visión de Estado y de gestión compartida por el bien común.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de una reunión interparlamentaria entre México y Chile, y nombrar a los diputados que representen a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, José Ricardo López Pescador, Mauricio Toledo Gutiérrez (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar de manera adecuada, justa y transparente por la Sagarpa el padrón de beneficiarios del Procampo, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada por Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permito someter a su consideración proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado.

La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen carácter estratégico: son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El campo mexicano ha desempeñado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población: también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, el resto de la economía.

El Poder Ejecutivo federal opera a través de sus dependencias –principalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– diversos programas que pueden ser utilizados para proteger los productos básicos y estratégicos; entre éstos figura el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

El Procampo es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la Sagarpa, el cual tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales y consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el programa; o bien, la mantiene en explotación pecuaria o forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple lo establecido en la normatividad operativa.

Dicho programa está orientado principalmente a atender a los pequeños productores. Muestra de ello es que 85 por ciento de los empadronados es propietario de cinco o menos hectáreas. Lo anterior es un elemento fundamental que motiva la existencia del Procampo.

El Procampo se regula por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994 y su fe de erratas del 26 de septiembre del mismo año.

La operación se ha realizado con base en un conjunto de reglas, establecidas en el decreto referido, que son de observancia obligatoria y constituyen la base para que la asignación del subsidio sea transparente.

Actualmente, la Sagarpa, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inició la segunda etapa del programa de actualización del directorio del Procampo, el cual se puso en marcha el 3 de noviembre de 2009, como parte del compromiso del gobierno federal para optimizar los procesos de mejora continua y tener mayor control y transparencia en la aplicación de los recursos federales al campo mexicano.

La primera etapa, que cubrió Aguascalientes, Colima, Baja California y Baja California Sur, cerró con la baja de 14.4 por ciento del directorio del Procampo original en esas entidades. En la segunda, integran el bloque Chiapas, Chihuahua, México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Distrito Federal.

La segunda etapa de revisión afecta todos los estados involucrados, en particular Sinaloa, pues la actividad agrícola es primordial para el desarrollo del estado.

Pese a la gran crisis económica actual, se asignaron a Sinaloa 600 millones de pesos para 2010 en apoyos al sector agrícola en programas activos productivos.

Sinaloa ocupa el primer lugar en producción de granos. El pasado ciclo de producción agrícola 2008-2009, el estado produjo alrededor de 163 mil toneladas, en una superficie de 94 mil hectáreas, con valor aproximado de 2 mil 325 millones de pesos.

Para este año, la superficie sembrada aumentó considerablemente, hasta llegar a 138 mil hectáreas, las cuales con un rendimiento unitario de 1.8 toneladas (el más alto del país) se estiman que eleven la producción a 248 mil toneladas.

Productores y líderes de organismos agrícolas han expresado su malestar por este proceso, que consideran no se justifica y representa molestias, gastos y pérdida de tiempo para los campesinos.

El 8 de abril de 2009 se acordó modificar las Reglas de Operación del Procampo, estableciendo la nueva Cuota Alianza, que otorga mil 300 pesos a los productores de menos de 5 hectáreas, lo que favorece a 1 millón 864 mil propietarios inscritos. Las nuevas reglas establecen también un límite de 100 mil pesos para quienes recibían más de esa cantidad por concepto de apoyos directos.

Con esas acciones se actualizará la información de aproximadamente 2.7 millones de propietarios con 4.1 millones de predios y una superficie de 14.1 millones de hectáreas, pero así como se actualizará la información se afectará a millones de productores agrícolas que no podrán cumplir los requerimientos de las nuevas reglas de operación, pues eran mucho más flexibles que las vigentes.

Estamos de acuerdo en contar con un padrón actualizado, georreferenciado, digitalizado, confiable y moderno, que permita la mejor toma de decisiones, vinculando la tierra con el propietario, pero no hay que olvidar que el Procampo no son 8 o 10 nombres: son 2.7 millones de productores registrados. Por tanto, hay que cuidar mucho el proceso de censo que se lleva a cabo. Creo que no todo el programa hay que echarlo a perder, pues 99.9 por ciento trabaja correctamente con los apoyos y los subsidios.

Por ser del mayor interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo a actualizar de manera adecuada, justa y transparente mediante el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el padrón de beneficiarios del Procampo, con la finalidad de que los actuales beneficiarios no resulten afectados con las recientes modificaciones de las reglas de operación.

Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar, una vez actualizado el padrón de beneficiarios del Procampo, mayores oportunidades a los productores agrícolas que no han sido beneficiados con el programa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incorporen a la zona metropolitana de Cuernavaca, como beneficiarios del Fondo Metropolitano, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado federal José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente exhorto con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La concentración poblacional en los centros conurbados demanda una mayor y más adecuada infraestructura de servicios públicos como son el de agua potable, vías de comunicación, suministro de energía entre otros; en armonía con la preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende e implica a los ámbitos de lo político, administrativo y de gobernabilidad de los centros conurbados de los municipios y entidades, que por su vinculación se consideran como zonas metropolitanas.

Cabe recordar que la clasificación de zona metropolitana fue reconocida oficialmente por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); considerándose actualmente 56 zonas metropolitanas en todo el país: 29 son ciudades con menos de 500 mil habitantes; 18 entre 500 mil y un millón; y nueve zonas con más de un millón de habitantes, de ellas 6 son de ámbito interestatal. En este momento sólo 33 zonas metropolitanas tienen acceso a los recursos del Fondo Metropolitano.

El Fondo Metropolitano se creó a partir de 2006 en respuesta a los problemas y con el objetivo de reordenar la vida en la zona metropolitana del valle de México, posteriormente en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se incluyó a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara; en 2008 se amplió por la Cámara de Diputados a las zonas de ciudad de León, Puebla, Querétaro y La Laguna, y en 2009 Aguascalientes, Acapulco, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, anexándose en el PEF 2010 nuevas zonas. En este esquema, los recursos si bien se han incrementado anualmente, su distribución sigue concentrándose en las dos principales zonas metropolitanas (Valle de México y Guadalajara) con el 51.08 por ciento y el 17.02 por ciento respectivamente, por lo que la diferencia de 31.9 por ciento se reparte entre las 31 zonas metropolitanas en mención, sin considerar las 23 restantes en el país.

Por ende, las políticas públicas y las estrategias de desa-rrollo sustentable como son los recursos en las zonas metropolitanas, deben ser capaces de coordinar y promover que los municipios, como sedes, atiendan en primera instancia a sus propias características, las desigualdades que se dan por el crecimiento desbordado y por consiguiente las relaciones con los municipios al extenderse su mancha urbana.

Estas tendencias de urbanización y el acelerado crecimiento de la población urbana ya no son privativas de las grandes ciudades capitales como son las metrópolis de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey,  actualmente los problemas y demandas sociales de las grandes urbes, han alcanzado a los gobiernos municipales, cito a Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán pertenecientes al estado de Morelos, municipios que por la falta de infraestructura y de desarrollo urbano comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren soluciones integrales y urgentes dado que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos, para realizar las obras y brindar servicios que demanda esta zona metropolitana.

Tenemos que recordar que Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, fueron parte de la concentración regional de la población de la Ciudad de México a partir de 1985; paulatinamente por sus vínculos y relacionales poblaciones se han ido incrementando.

Actualmente, el crecimiento poblacional propio aunado a la cercanía con la Ciudad de México, hacen que esta zona metropolitana tenga la necesidad de prevenir y atender esta relación económico-social; ya que para 2017, Conapo estima que Cuernavaca, como zona metropolitana, superará el millón de habitantes, el Inegi prevé que para el Censo 2010 el número de habitantes estará cercano a los 900,000.

En este momento, estas ciudades han superado la posibilidad por sí solas de emprender las acciones para alcanzar un desarrollo integral sustentable y por consecuencia se requiere de la intervención oportuna de las estructuras de gobernabilidad capaces de impulsar las políticas y estrategias de desarrollo que garanticen la cohesión social, abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan la tendencias a la segregación residencial y la exclusión social, en esta parte del país.

El artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo urbano; convirtiéndose así en el instrumento jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de estas zonas metropolitanas.

La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 20 del capítulo IV, otorga las facultades a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus competencias, a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la conurbación, a través de los convenios correspondientes para la ordenación de zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; convenios que suscribirán las entidades y municipios que los lleven a cabo, también con la Secretaría de Desarrollo Social, donde posteriormente será con programas, obras o acciones, en congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo.

En este sentido, existe un convenio de coordinación por el que se reconoce la existencia de la zona conurbada de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán desde diciembre de 2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin, el pasado 26 de agosto la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos y en marzo del presente año, el congreso local aceptó una iniciativa para crear la Ley de Coordinación de Zonas Metropolitanas para el Estado de Morelos, que integra el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, sentando así las bases para el fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establecen las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables.

La suscripción del Convenio de la Zona Metropolitana Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán se ha ajustado a la necesidad de acciones conjuntas de los gobiernos para eliminar los rezagos en servicios y obras prioritarias y con ello atender el desarrollo de la zona metropolitana, así como promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas como marca la ley presupuestaria en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano.

Cabe destacar que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, se sujetan a los criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por lo que tenemos que considerar la colindancia tan próxima con la Ciudad de México, sus relaciones sociales, económicas y culturales cotidianas, así como ser el paso a otra zona metropolitana tan importante como lo es Acapulco, cuyos problemas semejantes en muchos asuntos deben ser previstos por esta honorable Cámara de Diputados.

En apego al espíritu federalista de nuestra nación y para hacer valer las condiciones de igualdad y equidad plasmados en la Carta Magna, solicito sea considerada como zona metropolitana y beneficiaria del Fondo en cuestión a Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán; lo que sin duda ayudará a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ésta. Por lo expuesto, solicito al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, a incorporar e integrar a la zona metropolitana de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, como beneficiaria del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio del año 2011, a efecto de prever, atender y solucionar los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, por los motivos y fundamentos legales antes citados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos Federal del próximo año fiscal 2011, en su artículo 42 y en el anexo 12 correspondiente, sea incorporada la zona metropolitana de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata,  Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán como beneficiaria del Fondo Metropolitano del Ramo 23.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2010.— Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a los gobiernos de Jalisco y de Nayarit a destinar en su Presupuesto de Egresos de 2011 recursos adicionales a Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, para diversas obras que les permitan contar con infraestructura y servicios de calidad, acorde con la importancia de esos destinos turísticos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La inversión, conservación y modernización de infraestructura carretera, reconstrucción de puentes y la construcción de obras de infraestructura vial son los principales motores de reactivación económica y de generación de empleos en el país.

En el ejercicio fiscal de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invirtió 19 mil 906 millones de pesos para construir y modernizar la red carretera federal. De ese monto, 603 millones se asignaron a Jalisco, lo que representa 3 por ciento de lo ejercido en ese programa.

A Nayarit no se asignó presupuesto en 2009 para ese rubro.

En el programa de construcción y modernización de corredores interestatales, de los mil 324 millones de pesos ejercidos en 2009 y 259 kilómetros construidos, Jalisco no tuvo asignación, y sólo se destinaron 93 millones de pesos para este programa en Nayarit.

Para obras de reconstrucción de puentes durante este año, la SCT asignó 567 millones de pesos; realizó con ello 121 obras en 28 estados. De éstas, en Jalisco se realizaron sólo 2 obras de reconstrucción de puentes federales.

Respecto a la inversión realizada en 2009 en rehabilitación de caminos rurales por el gobierno de Jalisco, el tercer informe estatal señala que la proporción de caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal fue de 24.9 por ciento, lo que corresponde a una disminución de 3.4 por ciento respecto a lo rehabilitado en 2008, 28.3 por ciento.

En Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Atengo, La Huerta y Cihuatlán, lo rehabilitado a agosto de 2009 correspondía a 44, 62, 84, 0, 0 y 27 por ciento, respectivamente, lo cual refleja un rezago importante en rehabilitación de caminos rurales en esta región.

Para 2009, el gobierno de Jalisco reporta la construcción de 54 kilómetros de la red de carretera estatal, que significa una disminución de 23 por ciento en comparación con lo construido en 2008, 70 kilómetros, y de 67 por ciento respecto a la nueva red carretera de 2006, con 166 kilómetros construidos.

Las cifras anteriores reflejan una importante disminución en Jalisco y en Nayarit en cuanto a recursos asignados para obras de construcción, conservación y modernización de infraestructura carretera, de construcción y conservación de puentes, de rehabilitación de caminos rurales, y de obras de infraestructura vial prioritarias, particularmente en Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco; y en Bahía de Banderas, Nayarit.

La madrugada del 31 de agosto de 2010, los habitantes de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas vivimos uno de los sucesos más desafortunados de los últimos años, derivado de las fuertes lluvias que azotaron a estos destinos, ocasionando el desbordamiento del río Ameca y la caída del puente del mismo nombre, que comunica diariamente a más de 25 mil personas de ambos municipios, y en el que lamentablemente perdió la vida una persona, desapareció otra, se hospitalizó a 2 más, y se paralizó por 12 horas la actividad económica y turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Además, se reportó la caída de 2 puentes más: Arroyo Seco y De los Menores, en la carretera libre Vallarta-Mascota; de otros 2 en el municipio Conurbado y de graves afectaciones a la infraestructura de comunicaciones y de servicios de diversos municipios de Nayarit.

Las oportunas acciones de los alcaldes de Puerto Vallarta, Jalisco, licenciado Salvador González Reséndiz, y de Bahía de Banderas, Nayarit, contador público Héctor Paniagua Salazar, así como la cooperación y disposición de los gobernadores de los estados afectados, licenciados Emilio González Márquez y Ney Manuel González Sánchez, de Jalisco y Nayarit, respectivamente, para solucionar este lamentable acontecimiento nos permitirá contar con recursos para enfrentar la contingencia y dar pronta respuesta a los habitantes, además del compromiso que asumió la SCT para reconstruir el puente que sustituirá el colapsado.

Por otra parte, el punto de acuerdo presentado ante el pleno el pasado martes 7 de septiembre para exhortar a las Secretarías de Gobernación, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir la declaratoria de emergencia y de desastre natural respecto a los municipios de estas entidades permitirá acceder a recursos inmediatos del Fondo Nacional de Desastres y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas para hacer frente a esta contingencia, reconstruir el puente colapsado y resarcir los innumerables daños materiales ocasionados por las fuertes lluvias de las ultimas semanas en Puerto Vallarta y de los municipios de Nayarit, incluido Bahía de Banderas.

No obstante lo anterior, esta contingencia nos hace reflexionar sobre el estado de conservación en que se encuentra la actual infraestructura vial, urbana, federal y rural, así como el de la infraestructura turística con que cuentan Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a fin de estar en mejores condiciones para hacer frente a este tipo de contingencias y ofrecer servicios turísticos de calidad, acordes con la importancia que tienen, en beneficio de la población, de la economía y del turismo nacional y del extranjero que visita anualmente estos destinos de Jalisco y Nayarit.

La participación económica de Puerto Vallarta incide de manera importante en la actividad económica de Jalisco. Lo mismo sucede con Bahía de Banderas, como indican las siguientes cifras:

• La derrama económica generada por el turismo en Jalisco es de cerca de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Sectur de Jalisco para 2009, y para el cierre de 2010 se espera una derrama de 29 mil millones de pesos.

• De la derrama, Puerto Vallarta participa con 43 por ciento.

• La afluencia de turistas nacionales en Jalisco para el cierre de 2010 se calcula en 19 millones de visitantes y de 4 millones de turistas extranjeros, que en un gran porcentaje visita Puerto Vallarta, Jalisco.

• A lo anterior debemos agregar la afluencia y la derrama económica correspondientes a Costa Alegre y Bahía de Banderas, Nayarit, que también son muy importantes.

Por ello, señores legisladores, considero indispensable que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la SCT, y los gobiernos de Jalisco y de Nayarit asignen mayores recursos a Puerto Vallarta y Costa Alegre, así como Bahía de Banderas, para la construcción, la conservación y el mantenimiento de obras de infraestructura carretera; construcción y conservación de puentes federales, rehabilitación de caminos rurales, y obras viales prioritarias: puentes peatonales, vialidades, túneles, pasos a desnivel, etcétera, con la finalidad de que estos destinos turísticos cuenten con infraestructura turística digna y acorde con su importancia y participación económica, que a su vez permita hacer frente de manera más eficaz a contingencias futuras y ofrecer servicios de calidad, en beneficio del turismo, del nivel de vida de la población y de Jalisco y Nayarit.

Por mencionar algunas de ellas, se requieren en Puerto Vallarta recursos adicionales para obras prioritarias, como la construcción del nuevo puente Río Ameca, el Museo de Arte, avenida Los Poetas, avenida Federación; y el paso a desnivel Las Juntas.

Recursos para continuar la construcción de la carretera federal 200, Puerto Vallarta-El Tuito, y realizar el tramo en la carretera Tuito-Chacala; la asignación de recursos para la construcción del puente de ingreso principal en San Francisco y de 2 puentes peatonales en Sayulita, en Bahía de Banderas, además de otras obras prioritarias en los municipios de la Costa Alegre.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los gobiernos de Jalisco y de Nayarit a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales a Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco; y Bahía de Banderas, Nayarit, para la construcción, la conservación y el mantenimiento de obras de infraestructura carretera, construcción y conservación de puentes, rehabilitación de caminos rurales, y obras viales, que les permitan contar con una infraestructura y servicios de calidad, acorde con la importancia de estos destinos turísticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes

TARIFAS AEREAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.

Exposición de Motivos

A partir del 12 de mayo de 1995, con la publicación de la Ley de Aviación Civil, se estableció un nuevo marco regulatorio para el transporte aéreo en México, que introdujo nuevos conceptos, entre los que destaca la liberación de tarifas de los servicios domésticos.

Asimismo, para evitar prácticas monopólicas y asegurar una competencia efectiva en el mercado, la Ley de Aviación Civil establece un mecanismo de vigilancia, corrección y regulación,

Sin embargo, después de la liberación de las tarifas se han suscitado eventos en el mercado que han puesto de manifiesto la necesidad de un procedimiento de monitoreo de precios que detecte oportunamente tendencias que amenacen el eficiente progreso de los servicios de transporte aéreo, así como una regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.

Asimismo, unos meses después de la liberación de tarifas, se manifestó una controversia sobre prácticas monopólicas de Cintra, la empresa tenedora de acciones de Aerovías de México, de la Corporación Mexicana de Aviación y de sus filiales, constituida el 23 de mayo de 1995 para la capitalización de pasivos y la reestructuración financiera de esas aerolíneas en la cual, de acuerdo con el presidente de la Comisión Federal de Competencia, se detectaron abusos en las tarifas de algunos destinos, principalmente turísticos, donde los precios eran impuestos por la empresa, como es el caso de Huatulco, Ixtapa, el Bajío y Veracruz.

Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, derivado del aumento en la demanda de boletos en las diferentes temporadas vacacionales, lo que ha provocado el encarecimiento de las tarifas aéreas: hasta tres veces más que el precio regular.

De acuerdo con un comparativo de precios, las tarifas para volar a destinos como Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta y Los Cabos se incrementan más del doble, según la aerolínea, además de que presentan una limitada disponibilidad.

Incluso, las tarifas para viajar a algunos destinos turísticos del país superan los de ciudades internacionales como Nueva York y Los Ãngeles.

Por ejemplo, la cotización de un vuelo redondo México-Cancún, saliendo el 28 de marzo, día que inicia la Semana Santa, y regresando el 4 de abril, fecha en que concluye, era de hasta 10 mil 400 pesos si se contrataba con Mexicana, mientras que en Aeroméxico se ubicó en 7 mil 500 pesos.

Asimismo, las aerolíneas “de bajo costo” también elevaron de manera considerable los precios, ya que aun cuando en temporada regular un vuelo a Cancún se puede encontrar en 2 mil 500 pesos, actualmente Volaris lo cotiza entre 7 mil y 9 mil pesos.

Aunado a lo anterior, en este año la suspensión de manera indefinida de Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click), el pasado 28 de agosto, ha perjudicado a los viajeros ya que, además de la saturación, hay el problema del precio del pasaje, que en algunos destinos aumentó hasta 100 por ciento, como el caso de la ruta Guadalajara-Tijuana, donde el pasajero tiene que pagar, en caso de encontrar un asiento disponible, hasta 4 mil pesos, no los 2 mil que costaba el boleto hasta antes de la crisis de Mexicana.

Una de las razones es que los pasajeros que ya no pueden tomar los vuelos directos que operaba en exclusiva Mexicana ahora son obligados a recurrir a viajes con escalas, lo que aumentó los costos de las rutas y saturó los aviones.

Por ejemplo, un vuelo Guadalajara-Mexicali, que tenía un costo de alrededor de 4 mil 500 pesos con Mexicana, ahora se oferta hasta en 8 mil con otras líneas aéreas. De la misma forma, un viaje redondo Tabasco-Ciudad de México, que costaba 3 mil 800, actualmente se ofrece en 4 mil 900.

El disparo de los precios inició a principios de agosto, cuando la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes señaló que un vuelo sencillo Guadalajara-Los Ãngeles costaba 6 mil pesos, lo que antes valía uno redondo.

En mérito de lo expuesto, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia para que se establezcan procedimientos de regulación y vigilancia tarifaria, así como la definición de tarifas máximas de acuerdo con el precio promedio observado el año anterior, por los efectos del alza de tarifas aéreas derivada de la suspensión indefinida, en agosto de 2010, de las operaciones de Grupo Mexicana, en consonancia con lo que dicta el artículo 43 de la Ley de Aviación Civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputada Georgina Trujillo Zentella (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para reconstruir el camino San Juan Copala-La Sábana, Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pueblo triqui de San Juan Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, tiene 786 habitantes, según el conteo de población y vivienda de 2005, está a 1 578 metros de altitud. Cuando en 1948 las autoridades estatales retiraron el título de municipio a San Juan Copala, provocaron la división del pueblo triqui, al reagruparlos en los municipios mestizos de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, que desconocen  su autonomía y por años la región triqui y las 36 comunidades que la conforman han tenido constantes  conflictos políticos.

De los triquis de San Juan Copala se valoran sus tierras y sus cosechas: café, plátano manila, maíz; los huipiles triquis bordados por las mujeres triquis son una muestra de la gran destreza con que cuentan estas mujeres indígenas y que incluso se considera que es el símbolo que representa a esta etnia. Pero en la región se padece una impunidad  muy grande, cualquiera  sabe que se puede matar sin que pase algo; y ello les ha generado una resistencia y un orgullo fuertes, los perversos les han querido hacer fama de violentos y asesinos, de flojos y de ignorantes; y la única realidad es que son una cultura ancestral un tanto diferente a la nuestra y las oportunidades de desarrollo no les han sido dadas, se les ha marginado por ser indígenas, y  los gobiernos de los tres ámbitos, no los han visto como prioridad.

San Juan Copala se encuentra localizado en el extremo occidente del estado de Oaxaca y en el centro del municipio de Santiago Juxtlahuaca, se localiza a unos 20 kilómetros al sur de la cabecera municipal, Santiago Juxtlahuaca, con la que se comunica por una carretera  pavimentada que llega hasta la localidad de La Sabana.

Sin embargo, el paso del tiempo, el flujo constante del autotransporte, la falta de mantenimiento y las inclemencias del tiempo, han propiciado que una carretera antes pavimentada hoy requiera la reconstrucción total del pavimento del camino de 4 kilómetros De longitud mediante la recuperación de la base hidráulica, renivelaciones y carpeta en tramos aislados sobre la superficie de rodamiento, además de la construcción de obras complementarias de drenaje.

El proceso de deterioro del pavimento empieza con grietas diagonales, longitudinales o transversales, causadas por la contracción del suelo, continúa con hundimientos y desplazamientos laterales del pavimento generalmente causados por la humedad, cuando existe acumulación de agua en la estructura del pavimento, las deflecciones de las losas de concreto en las juntas, las grietas y a lo largo de borde de las losas bajo efecto de cargas pesadas, se produce desplazamiento y eyección de agua. Esta acción contiene partículas de suelo en suspensión y bajo constantes repeticiones remueve parte de la superficie del suelo provocando primero descaramientos y luego socavaciones (baches), que conducen a una falla de soporte y consecuentemente la falla del pavimento; este fenómeno se conoce como bombeo.

Si el proceso de deterioro antes referido no se detiene, las  zonas específicas de la carpeta de rodamiento se van desintegrando por acción del tránsito, y llega un momento en que  necesita una reconstrucción total.

Como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo, en el tema de  la igualdad de oportunidades, refiriéndose a los pueblos y comunidades indígenas, “Estrategia 15.5 Fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas”:

“Las estrategias mencionadas sobre la construcción y el mejoramiento de caminos rurales, así como las del reordenamiento territorial para lograr una provisión de servicios más eficiente, tendrán como uno de sus principales beneficiarios a los pueblos y comunidades indígenas, que son los grupos sociales con mayor dispersión demográfica e incomunicación”.

“La estrategia regional de caminos implica el diseño de un plan de pavimentación y modernización de ejes troncales acordes con la dinámica regional social y productiva a la que se aspira...”

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar la cantidad de ocho millones de pesos para la reconstrucción del camino San Juan Copala-La Sabana, Oaxaca, tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 4+500, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, en el Ramo 09, “Programa de mantenimiento de carreteras”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno federal a revocar la concesión otorgada a Ferrosur, SA de CV (actualmente Ferromex), y a donar las vías en desuso y abandonadas del tramo comprendido de San Antonio Nanahuatipan a Oaxaca de Juárez, a cargo de la diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Ifigenia Martínez y Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al gobierno federal a revisar la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca; y, de esa forma, revocar la concesión otorgada a Ferromex, y donar los segmentos de vía en desuso y abandonada del tramo comprendido de San Antonio Nanahuatipan a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de que las comunidades y los municipios comercialicen los remanentes del tramo mencionado y los ingresos se destinen a la construcción de un camino rural intermunicipal y obras en beneficio de los habitantes de esos lugares, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, como parte del proceso de desincorporación de bienes públicos del Estado que no supieron utilizarse en beneficio de la nación. Este hecho se sumó a una estrategia implantada con la supuesta finalidad de hacer más eficiente el sistema ferroviario nacional de carga y de pasajeros.

Derivado de ello, el 9 de noviembre de 2004 la SCT publicó la convocatoria y las bases correspondientes a la licitación para concesionar la operación de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Por ello, después del proceso mencionado, la misma secretaría otorgó el título de concesión el 11 de octubre de 2005 en favor de Ferrosur, SA de CV (hoy Ferromex), con una vigencia de 30 años. Así, la concesionaria inició operaciones haciendo pruebas y dando cuenta de que en varias partes ya faltaban rieles, durmientes y accesorios producto de robos; en otros, las condiciones de la vía hacían necesarias labores de reparación y mantenimiento, por lo que el concesionario no prestó el servicio. Al poco tiempo de que Ferrosur obtuvo la concesión de la línea Sur-Oaxaca, la empresa fue adquirida por Ferromex. Si bien este proceso de compra o fusión todavía presenta cuestionamientos legales por la Comisión Federal de Competencia para todo efecto práctico, Ferrosur opera conforme a las directrices de Ferromex.

La situación operativa de la línea Sur-Oaxaca se caracteriza por lo siguiente: el concesionario opera la línea sólo parcialmente en algunos tramos brindando el servicio de carga; no hay servicio de pasajeros; y en el caso del tramo Sánchez-Oaxaca no se brinda ningún servicio, lo que ha ocasionado que el robo de rieles, durmientes y accesorios se dé con frecuencia.

Ante la situación, la SCT, como autoridad reguladora, ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión. Sin embargo, no ha habido resultados positivos. De hecho, en fechas recientes el concesionario ha manifestado su intención de renunciar a la concesión. Frente a esa postura, la SCT inició conversaciones con el concesionario para concretar la revisión de la concesión. Empero, en estas circunstancias, el concesionario ha modificado su postura, planteando a la autoridad quedarse con la parte de la concesión “Sur”, donde ha mantenido el servicio de carga, y renunciar a la denominada “Oaxaca”, que no es operable con sus estándares.

Ante esa situación y la irresponsabilidad de la empresa por brindar el servicio, ciertos grupos han comercializado los rieles y accesorios sin ningún tipo de autorización o acuerdo y en beneficio propio afectando no sólo el interés de la empresa concesionaria sino de los jubilados ex ferrocarrileros y de las comunidades donde se encuentran estos tramos.

Vale recordar que el propio decreto de liquidación, en el artículo 2, párrafo cuarto, menciona que la SCT tramitará los activos que han estado en posesión de los jubilados para una posible donación a los estados, los municipios y los organismos que no persigan fines de lucro.

Ese escenario de indefiniciones ha provocado, primero, que la empresa no se haga responsable de la prestación del servicio como obliga el título de concesión; segundo, que el gobierno federal tampoco tome cartas en el asunto por el incumplimiento de la empresa concesionaria; tercero, que diversos grupos, ajenos a los intereses de los jubilados y las comunidades, quieran beneficiarse de los tramos en desuso y comercializar las vías; cuarto, que derivado de ello, se han registrado confrontaciones entre las comunidades y los grupos que roban el material, lo que ha ocasionado detenciones de gente de las comunidades que son sorprendidas por los ladrones; y, por último, que los más afectados por la falta de transporte y oportunidades de desarrollo sean los habitantes de esas comunidades y municipios, que gastan lo poco de sus ingresos en transporte caro y deficiente.

Algunas autoridades municipales del estado de Oaxaca han firmado un acuerdo de colaboración intermunicipal con el objetivo de invertir recursos en la construcción de un camino rural sobre la vía en desuso, el cual servirá para tener intercomunicación y desarrollar una política de desarrollo regional. Asimismo, se prevé la venta de los desechos ferroviarios y el ingreso de éstos canalizarlo para realizar obras en beneficio de los habitantes de los municipios y de su actividad productiva.

Dicho acuerdo se firmó el 11 de agosto de 2008 en San Francisco Telixtlahaca, con la participación de nueve municipios del distrito de Etla, en Oaxaca.

Este camino será el detonante de la regeneración de la actividad económica y del intercambio comercial de los productos de la región hacia la ciudad de Oaxaca y Tehuacán, Puebla, para que con ello eviten los elevados costos de traslado y el riesgo de accidentes por los caminos rurales actuales.

Por lo descrito, se somete consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a Ferrosur, SA de CV (actualmente Ferromex), respecto al tramo descrito y que se solicite la donación de los tramos de vía en desuso y abandonada del tramo comprendido de San Antonio Nanahuatipan a Oaxaca de Juárez, con la finalidad de que las comunidades y los municipios comercialicen los remanentes del tramo mencionado y los ingresos se destinen a la construcción del camino rural intermunicipal y de obras en beneficio de los habitantes.

México, Distrito Federal, a 30 de septiembre de 2010.— Diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a cumplir con base en los convenios de coejercicio su aportación de gastos respecto a los programas del campo para el ejercicio de 2011, a fin de propiciar un eficiente y eficaz uso de los recursos en beneficio de la población rural, a cargo del diputado Fernando Santamaría Prieto, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Fernando Santamaría Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Es preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural sean utilizados de manera eficiente y cumplan su objetivo de atender la problemática en la que está inmerso el sector. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, señala en sus Reglas de Operación 2010, para ocho de sus programas, que uno de los objetivos que pretende alcanzar con los tres órdenes de gobierno, es elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

2. Es pertinente señalar que una de las modalidades de los programas sujetos a reglas de operación, es a través de la concurrencia de recursos convenidos con las Entidades Federativas, acción que el Partido Acción Nacional ha impulsado a lo largo de su historia, porque somos un partido convencido de un verdadero federalismo.

3. La misma Sagarpa señala que con el propósito de que los recursos que administran y operan los Fofaes en la modalidad concurrente con entidades federativas, estos recursos deben ejercerse considerando las diferencias regionales y locales, así como criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad.

4. Por otra parte, el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales; modalidad de operación que es conveniente al sector agropecuario, dado que los gobiernos de los estados, con base al conocimiento de su población, tienen la responsabilidad de atender en tiempo y forma la ejecución de los proyectos en beneficio de la población rural asentada en sus territorios.

5. Sin embargo, la misma ley es puntual respecto a los requisitos que deberán observarse en la  suscripción de convenios; y señala que deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes e incluirse criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos. En el mismo artículo 82, en su fracción III, se manifiesta que deberán establecerse los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas.

6. En ese orden de ideas, el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 29 de diciembre de 2009, señala que en los convenios de coordinación que se suscriban con las entidades federativas, se deben establecer  los términos, facultades y responsabilidades que asumen cada una de las partes que lo suscriben y deberán especificarse tanto el monto y aportaciones comprometidas, como las metas y los calendarios de ejecución.

7. A pesar de la normatividad señalada en las consideraciones anteriores, algunas entidades federativas no cumplen con oportunidad con sus  aportaciones, lo que retrasa la ejecución de los programas, siendo los productores los más afectados, lo que constituye un freno al desarrollo rural. Tal es el caso de Puebla, Veracruz, Coahuila, Chihuahua e Hidalgo, que al 31 de agosto de 2010 no habían radicado un sólo peso a los programas que les corresponde en coejercicio con la Sagarpa, situación que refleja una falta de compromiso con el sector rural

8. En virtud de lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lamentamos que en el ejercicio presupuestal de Sagarpa para 2010, del total comprometido por los gobiernos estatales, de los 3 mil 9.1 millones de pesos convenidos, sólo hayan radicado mil 72.1 millones de pesos, lo que significa 35.6 por ciento del total convenido; en contrapartida del gobierno federal de los 8 mil 958.2 millones de pesos, al 31 de agosto ya ha radicado 7 mil 467.4 millones de pesos, que representan 83.4 por ciento del total comprometido.

9. Lo grave del caso es que a consecuencia de la falta de aportación de los recursos estatales, sólo se haya pagado, al mismo 31 de agosto, la cantidad de 379.8 millones de pesos (trescientos setenta y nueve punto ocho millones de pesos) lo que representa sólo el 3.2 por ciento del total convenido que es de 11 mil 967.3 millones de pesos.

10. Las cifras señalan que los estados, en su mayoría no han cumplido con su parte en los  presupuestos convenidos y en su discurso siempre aluden a un subejercicio de los programas del campo, siendo que es su falta de responsabilidad la que ha originado tal subejercicio. Ante tal situación el Grupo Parlamentario del PAN hace un respetuoso exhorto a los gobernadores de los estados a cumplir con los compromisos suscritos en los convenios con la federación y sean los principales promotores del desarrollo del campo y de la sociedad rural que espera de sus gobernantes apoyos subsidiarios para alcanzar un desarrollo sostenido que les permita vivir mejor.

11. Estamos a unos días de aprobar el PEF de 2011 y para el ejercicio oportuno de los recursos en los programas de la Sagarpa, es indispensable que los gobiernos estatales cumplan con sus aportaciones en los términos que señalan las leyes y reglas de operación respectivas y no sólo soliciten mayores recursos de forma inercial.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas para que, con base a los convenios de coejercicio, cumplan con su aportación de gasto en lo que se refiere a los programas del campo para el ejercicio presupuestal 2011, a fin de propiciar un eficiente y eficaz uso de los recursos en beneficio de la población rural, presentado por el diputado Fernando Santamaría Prieto y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Fernando Santamaría Prieto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la segunda etapa del campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Considerada como una de las universidades más importantes del país, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene encomendadas, desde sus inicios, tres funciones sustantivas: La Docencia, la Investigación y la Difusión de la cultura. Hoy en día, la universidad contribuye con más de la tercera parte de la cobertura estatal para jóvenes de entre 18 y 22 años.

2. Como muestra del avance de esta institución durante los últimos años podemos mencionar los siguientes datos: El número de egresados de educación media superior a nivel estatal es de aproximadamente 54 mil estudiantes. En junio de este año, la universidad recibió 14 mil solicitudes para ingresar a la licenciatura, de las cuales se pudieron atender 5 mil, es decir, sólo se atendió el 36 por ciento de la demanda estudiantil. Actualmente la población es de 20 mil 418 estudiantes.

3. Pero el esfuerzo sigue siendo rebasado por la realidad en la entidad: La demanda de ingreso es creciente, y supera con mucho, a la capacidad instalada. En el ciclo escolar 2002-2008, en licenciatura solamente se aceptó a uno de cada tres aspirantes.

4. En atención a lo anterior, a la vanguardia educativa, el liderazgo académico y la cobertura de calidad que ejerce el Alma Máter queretana, el gobierno del estado a donado a la Universidad Autónoma de Querétaro 43-74-27 hectáreas de los terrenos del antiguo aeropuerto.

5. Esta área se encuentra ubicada en la parte noreste de la ciudad de Querétaro, en una zona donde se enlaza con importantes polos industriales del norte y tiene cercanía al centro de la ciudad, a través del anillo vial Fray Junípero Serra.

El Campus Aeropuerto, es la nueva opción para crecer en cobertura y se contempla que para el 2011 esté en condiciones de atender al 40 por ciento de la demanda estudiantil por año.

El proyecto contempla el aprovechamiento de la antigua aeropista como vialidad principal a lo largo del Campus. Se ha dividido en cuatro fases de acuerdo al avance en el proceso de construcción. Esta previsión permite un crecimiento ordenado y sostenido. La fase I  corresponde a la zona donde se han edificado las primeras construcciones. Y la fase II a la zona de acceso y servicios generales del Campus.

La segunda etapa está dirigida a la consolidación del Campus con el inicio de actividades de nuevas opciones educativas como son la licenciatura en genómica, la licenciatura en gastronomía e ingeniería bioquímica y el incremento de matrícula en los programas educativos de licenciatura y posgrado que atienden a sus primeras generaciones.

Un requisito básico de calidad educativa es disponer de una infraestructura académica funcional que apoye la organización de las actividades de las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y gestión.

Con el aumento de infraestructura se atenderá el crecimiento de la demanda real en las áreas de conocimiento, incrementando la matrícula y diversificando los programas educativos, teniendo como referente el estudio de ANUIES sobre el mercado laboral de profesionistas en México.

Por lo expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos necesarios destinados a la construcción de la segunda etapa del Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TENENCIA VEHICULAR

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el alcance del decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para que los consumidores que adquieran uno nuevo en el último trimestre de 2010 tengan la seguridad de que quedará pagada la tenencia de 2010 y 2011, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la industria automotriz

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados J. Guadalupe Vera Hernández, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Juan José Guerra Abud, Herón Agustín Escobar Gorda, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, José Luis Velasco Lino, Jorge Juraidini Rumilla, Alejandro Bahena Flores, Jesús María Rodríguez Hernández, Nancy González Ulloa, Salvador Caro Cabrera, José Oscar Aguilar González, y el de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz presentamos a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 24 de junio de 2010, el titular del Ejecutivo Federal, anunció el “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos” mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente que señala lo sucesivo:

“Que la crisis económica mundial que se presentó en 2009 impactó de forma negativa a la industria automotriz en todo el mundo y provocó en el mercado interno mexicano una contracción significativa de esta industria, reduciéndose la venta de vehículos nuevos en un 26.3% en ese año y presentándose en el primer trimestre de 2010 una caída adicional de 3.3%, por lo que era necesario otorgar un estímulo fiscal a los fabricantes, ensambladores, distribuidores y comerciantes en el ramo de vehículos, que opten por pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, federal o local, correspondiente a los vehículos nuevos que, a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, es decir, el 25 de junio de 2010, y hasta el 31 de diciembre de 2011, enajenen a personas físicas, cuyo valor total no exceda de doscientos cincuenta mil pesos, considerando que en México el promedio de la venta anual de vehículos con ese valor represento más del 90% en el periodo 2000 a 2009”.

De lo establecido en el decreto, se procede a hacer un análisis para ilustrar la necesidad imperante de que se amplíe el alcance del estímulo con la finalidad de no tener un efecto contraproducente al que se propuso para apoyar a la industria automotriz.

Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, el importe del impuesto se calcula aplicando un factor del 3% sobre el precio del vehículo antes de IVA. Es importante anotar que el pago del impuesto se hace de forma proporcional al mes en que se realiza, disminuyendo 1/12 cada mes.

Conforme esta el decreto actualmente, en el mes de Septiembre el estímulo corresponde a un máximo de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), es decir, lo proporcional al pago anual y va disminuyendo en $625.00 (Seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) cada mes que pasa.

Mientras que en enero de 2011 el estímulo corresponderá a $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para todo el año.

Lo preocupante es que si una persona adquiere el vehículo en lo que resta del año, deberá pagar los $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el mes de enero de 2011, debido a que su vehículo ya no se considera como nuevo.

Lo anterior, trae como consecuencia que empezando en el mes de septiembre, y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el estímulo operará estrictamente en sentido contrario, posponiendo la venta del consumidor hasta enero afectando severamente a la industria automotriz.

Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), no hay forma de que fabricantes y distribuidores puedan cubrir la diferencia que supondría esta distorsión de mercado porque necesariamente tendrían que compensar la diferencia contra su margen operativo para volver indiferente el estímulo respecto de la venta enero de 2011. Esta diferencia impactaría negativamente el margen operativo sufriendo el distribuidor un daño irresarcible.

De igual forma, en caso de que se desfase la compra de vehículos del último trimestre de 2010 hacia 2011, se está poniendo en riesgo a toda la planta productiva de las distribuidoras automotrices con su consiguiente descapitalización porque sería el peor año de cierre en la historia de ventas del mercado, acentuando, y no ayudando como es el objetivo del decreto, la grave crisis financiera que afectó duramente al sector en 2008 y 2009. Lo anterior porque el patrón de compra en enero no tiene capacidad de restituir las ventas pérdidas de los meses de octubre, noviembre y diciembre, este impacto podría extenderse a 250,000 vehículos que es el promedio de ventas esperado para el último trimestre de este año.

Por otra parte, dicho desfasamiento en la venta al público de dichos inventarios conlleva un doble efecto perjudicial para el distribuidor porque tiene que incurrir y mantener el costo financiero de un inventario que no se podrá colocar en el último trimestre, lo cual impacta negativamente su costo de ventas más allá de cualquier beneficio que supone el estímulo de la tenencia orientado al mercado; y potencializa el impacto desfavorable de su posición tributaria en IETU para el ejercicio 2010, al quedarse contablemente con un inventario que sólo es deducible en ese ejercicio y sin poder acompañar la deducción correspondiente al ingreso derivado de la venta en el ejercicio de 2011 .

De igual forma afecta a las armadoras porque al cerrar el ejercicio fiscal de este año tendrá un impacto directo en sus ventas, rentabilidad y podrá generar la disminución de actividades y paros técnicos poniendo en riesgo a nuestra economía y el empleo de muchos trabajadores.

De igual forma, el mantener el decreto de la manera en la que se encuentra tendrá el impacto anteriormente señalado y en la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de IVA e ISAN, repercutiendo en las finanzas públicas, estimando la AMDA el impacto en más de 2,600 millones de pesos, equivalente a 60,000 unidades, lo cual es superior al costo total del programa de estímulo de tenencias 2010 y 2011.

Por todo lo anteriormente expuesto y en total apoyo a la industria automotriz para no afectar su continuidad e impactar en sus operaciones y el empleo de nuestros trabajadores, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que amplíe el alcance del “decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos” para que los consumidores que adquieran un vehículo nuevo durante el último trimestre de 2010, tengan a su vez la seguridad de que quedará pagada la tenencia respecto del año 2010 y 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre del 2010.— Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente, Jesús María Rodríguez Hernández, Juan José Guerra Abud, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Salvador Caro Cabrera, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, José Luis Velasco Lino, Nancy González Ulloa, J. Guadalupe Vera Hernández, José Oscar Aguilar González, Herón Agustín Escobar Gorda, Alejandro Bahena Flores (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

TAUROMAQUIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, a retirar la emisión Toros y Toreros, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Agustín Torres Ibarrola del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que la promoción de la tauromaquia, por tener una naturaleza de espectáculo, no puede ser financiada con recursos públicos.

2. Que las nuevas generaciones requieren de una educación ética donde valoren y respeten al individuo y su entorno medioambiental, comprendan sus necesidades y dejen de ver a las personas y los animales como cosas.

3. Que es necesario fomentar la educación ambiental, así como el respeto al medio ambiente y a todas las especies. Está comprobado que una educación ambiental adecuada contribuye a la mejora del medio ambiente, una cultura de la conservación ambiental y respeto a todas las especies.

4. Que Canal Once, por ser un canal del Estado y financiado por éste, tiene la obligación de cuidar la calidad  de su programación, la cual debe seguir una línea de promoción de los buenos valores y acciones, como lo es la educación sobre el medio ambiente.

5. Que programas relacionados con la educación ambiental son necesarios, la transmisión de éstos en lugar de programas que promuevan la violencia y agresión ambiental. Dado el contexto en el que se encuentra el mundo en materia ambiental, es preciso que se tomen medidas a corto plazo, ya una de ellas es la educación.

6. Que el artículo 2 de la Ley Federal de Sanidad Animal reconoce jurídicamente el término de “trato humanitario” como aquellas “medidas para evitar el dolor innecesario a los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio”. Esta definición es coincidente con la que está contenida en la NOM-033-ZOO-1995, sobre el Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres.

7. Que el ordenamiento citado en el párrafo anterior define como trato digno y respetuoso como aquellas medidas establecidas para “evitar el dolor o angustia durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio.”

8. Que existe una larga lista de estudios científicos que establecen un vínculo directo entre maltrato a los animales y la criminalidad, por lo que la concepción de catarsis social y reducción de la violencia es meramente especulativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al director de Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, para que retire del aire la emisión denominada “Toros y Toreros”, y que en lo general se ocupe ese tiempo en programas que fomenten la educación ambiental y de respeto hacia los animales.

Nota:

1. Véase a Ascione, F.R. (1993). Children who are cruel to animals: Review of research and implications for developmental psychopathology, Anthrozoos, 6, 4, 226-247; Boat, B.W. (1985). The relationship between violence to children and violence to animals: An ignored link?, Journal of Interpersonal Violence, 10, 2, 229-235; Loar, L and White, K. (1992), Connections draw between child and animal victims of violence, The Latham Letter, 13,3, 1-3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.— Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió solicitud de excitativa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo del PRD, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, que en uso de sus facultades y buen despacho, formule excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión pública ordinaria de fecha jueves 29 de abril de 2010, presenté ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. En dicha sesión, la Iniciativa en comento fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio, análisis y dictamen a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

3. Es el caso que las comisiones referidas hasta la fecha no han emitido el dictamen correspondiente, no obstante que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debieron presentarlo dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en la que recibieron dicha iniciativa.

Consideraciones

La iniciativa de la que solicita se formule excitativa, tiene como objeto exentar del pago del Impuesto sobre la Renta a las pensiones de los trabajadores superiores a los nueve salarios mínimos, bajo las siguientes consideraciones:

Como bien se sabe a finales del año pasado con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el IMSS y el ISSSTE les entregó a sus pensionados y jubilados una circular a través de la cual, se notificaba que a partir de enero de 2010, se comenzaría a aplicar el impuesto sobre la renta (ISR) a las pensiones superiores a nueve salarios mínimos, es decir mayores a 517.14 pesos; en virtud de que hasta el año pasado las pensiones de seguridad social por este monto estuvieron exentas de impuestos, por lo que deberían entregar su hoja de retención.

Podrá haber opiniones de que son muy pocas las personas jubiladas y pensionadas, a las que se afecta con este gravamen, por lo que ésta situación no causa ningún perjuicio; luego entonces, les quiero preguntar compañeras y compañeros diputados:

¿Por qué no, con el mismo criterio, eliminamos de una vez por todas las pensiones vitalicias de los ex presidentes, ya que sólo son cinco los ex titulares del Poder Ejecutivo federal y sus viudas, a quienes se les asigna insolentemente este dinero público, por haber estado en el cargo tan sólo seis años y no treinta, como todo trabajador jubilado?

¿O por qué no tomamos otra opción, que sería la de gravar en un 50 por ciento los ingresos de nuestros ilustres ex mandatarios?

Cabe referir, que se estima que son 70 mil pensionados los que se encuentran dentro del rango citado, por lo que el gravamen a sus pensiones equivale a la cantidad aproximada a mil 500 millones de pesos, calculado con una tasa promedio del 12 por ciento.

Es perfectamente claro, que se está gravando fuertemente y recargando la recaudación fiscal en la clase media, que con estas medidas cada vez más, se sumerge en niveles de vida insostenibles e indignantes, en los que ya se encuentran 60 millones de compatriotas.

Existen razones de toda índole que justifican el rechazo de este cobro injusto que se les hace a los jubilados y pensionados:

1. El espíritu de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola a todas luces la norma constitucional que contiene el principio de la Supremacía Constitucional, toda vez que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que ratificó nuestro país en 1985, establece que el total de las prestaciones de seguridad social, como lo son las pensiones y jubilaciones, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes; además de que categóricamente el artículo 71.1. de ese importantísimo instrumento jurídico internacional, establece que: “El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del miembro y la de las categorías de personas protegidas”.

2. La aplicación del impuesto multicitado, es contrario al concepto de la exención en materia tributaria, ya que al no exentar a dichos trabajadores jubilados y pensionados, se desvirtúa la finalidad de asistencia social de dicha figura, toda vez que la política fiscal en su diseño y aplicación no es ni debe ser ajena a la política social y económica del Estado mexicano.

3. El impuesto sobre la renta que se aplica a jubilados y pensionados, entraña una doble tributación, si consideramos que la pensión es producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante un determinado número de años, el cual ya fue objeto del cobro de impuestos, por lo que no debe ser sujeta a la aplicación de un nuevo gravamen; además de que dichas pensiones no constituyen una fuente de capital o de un rendimiento.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, formule la siguiente

Excitativa

Único.Esta Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, excita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

ARTICULOS 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del propio diputado Alonso Toledo, excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Excitativa a  la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, que en uso de sus facultades y buen despacho, formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de prohibir y suprimir las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión pública ordinaria de fecha jueves 29 de octubre de 2009, presenté ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 127 constitucional y un artículo Sexto Transitorio al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales.

2. En dicha sesión, la iniciativa en comento fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio, análisis y dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

3. Es el caso que la Comisión de Puntos Constitucionales hasta la fecha no ha emitido el dictamen correspondiente, no obstante que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debió presentarlo dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en la que recibió dicha iniciativa.

Consideraciones

La iniciativa de la que solicita se formule excitativa, tiene como objeto suprimir las llamadas pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, bajo las siguientes consideraciones:

Las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos, se han recrudecido como consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas y consensuadas por los gobiernos federales anteriores, incluido, el de estos tres últimos años.

Hoy en día, tenemos como resultado de un mal gobierno: 60 millones de mexicanos sumidos en circunstancias de extremo rezago y marginación, y 20 millones de compatriotas en pobreza alimentaria.

Si revisamos las cifras, ocupamos los últimos lugares en educación, nutrición, salud y desarrollo humano, según organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unicef; pero en contraste, las percepciones y remuneraciones económicas que año con año reciben quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo y lo han ejercido para ubicarnos en esos lugares vergonzosos, continúan previéndose en su monto de primer nivel sin razonamiento y sustento alguno, como parte del gasto público.

Con base en estudios, se ha señalado que con los recursos que se destinan en un año al pago de estas compensaciones vitalicias de cada uno de los ex presidentes, se podrían pagar anualmente 17 mil salarios mínimos mensuales, 4 mil 814 salarios de policías en el Distrito Federal en el mismo periodo, así como emprender la construcción de más de mil 500 viviendas populares.

Socialmente, no es justo que quienes han conducido al país por un camino contrario al de bienestar y desarrollo económicos, sigan percibiendo de forma considerable ingresos compensatorios que constituyen privilegios. Y jurídicamente, es inconstitucional que sigamos asignando y aprobando recursos presupuestarios para tal objeto, toda vez que se continúa dando vigencia a decisiones que de origen se tomaron de forma unilateral y contraria a la voluntad popular y que nunca han tenido respaldo en la ley fundamental.

En suma, con dicha iniciativa se propone eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, a fin de armonizar nuestro orden jurídico con la realidad económica y social, por lo que se convoca al Congreso de la Unión, para aprobar la decisión política fundamental de suprimir privilegios o prerrogativas contrarias al interés colectivo y superior de la Unión.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, formule la siguiente

Excitativa

Único.Esta Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 127 constitucional y un artículo sexto transitorio al decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales, con el objeto de prohibir y suprimir ,las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

LEY DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN, a las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y de Estudios Legislativos y Primera del Senado de la República.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Excitativa al Senado de la República, a solicitud del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, en su calidad de diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos artículos 67, inciso g), 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a excitar a las Comisiones Unidas de Justicia, deSeguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo federal.

Antecedentes

El 23 de abril de 2009, el Ejecutivo federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con la posesión y uso de armas de fuego y explosivos por parte de los ciudadanos. En este sentido, se amplía el rango de armas o cartuchos prohibidos y el catálogo de delitos graves relacionados con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y municiones reservadas al Ejército, Armada o Fuerza Aérea; se propone que cuando varias personas porten o posean ilícitamente de manera conjunta armas de fuego, se les aplique una pena gradual y proporcional en función del número de armas portadas y el número de individuos que integran el grupo delictivo; se suprime el término “clandestinidad” del texto que tipifica y castiga la introducción de armas a territorio nacional; y sancionar con mayor rigor a quienes sean integrantes de una corporación policiaca, de un servicio de seguridad privada o del Ejército, ya sea en activo, reserva o en retiro, o planeen el delito al interior de la institución para la cual laboran.

Una vez recibida la citada iniciativa, en la misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, en las que se encuentra pendiente de dictamen.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos en que es necesario que se reformen y adicionen los ordenamientos pertinentes, con objeto de contar con el marco legal necesario que permita prevenir y sancionar, oportunamente, las conductas relacionadas la posesión y uso de armas de fuego y explosivos.

Consideraciones

La seguridad pública es una de las funciones más arraigadas de cualquier Estado y tiene por objeto, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, preservar la libertad, el orden y la paz públicos, así como hacer frente a quienes pretenden poner en riesgo la estabilidad de nuestro país; es, sin duda, una de las prioridades del gobierno federal.

Asimismo, la seguridad pública es un derecho fundamental de los habitantes que para su concreción requiere de la colaboración y participación de todos los Poderes de la Unión. Ahora bien, uno de los factores que han detonado los problemas de violencia que se viven en diversas partes de nuestro país se debe a la introducción y comercialización de armamento cada vez más sofisticado y con mayor capacidad vulnerante.

Por consiguiente, para combatir con mayor eficiencia los altos índices de violencia, es necesario establecer en nuestro marco jurídico controles efectivos y sanciones adecuadas que permitan atacar la compra-venta ilícita de armas de fuego. Por tal motivo, es necesario actualizar la restricción de posesión de municiones modificadas o con artificios destinados a infringir un mayor daño a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que se enfrentan a la delincuencia.

De esta manera, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en el Senado de la República propone definir la naturaleza y composición de los cartuchos ordinarios, así como las características de las municiones que tienen un poder superior al de una bala ordinaria del mismo calibre, es decir, evitar y sancionar la posibilidad de poseer un arma permitida por la legislación, pero con cartuchos que maximicen el daño.

En ese mismo sentido, la iniciativa propone que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectiles alterados serán consideradas como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por tanto, su posesión o portación será sancionada con mayor una punibilidad.

Asimismo, se propone que cuando varias personas porten o posean ilícitamente de manera conjunta una o varias armas de fuego se les aplique una pena gradual y proporcional en función del número de armas portadas y el número de individuos que integran el grupo delictivo.

Sumado a lo anterior, se propone sancionar con mayor rigor a quienes son integrantes de una corporación policíaca o miembros de algún servicio de seguridad privada o del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ya sea que éstos se encuentren en activo, reserva o en retiro. En estos casos, la iniciativa en comento prevé la imposición de una sanción agravada para quienes incurran en delitos específicos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por otro lado, con la aprobación de la citada iniciativa se establecería una pena más severa para quienes acuerden o resuelvan por concierto previo cometer alguno de los ilícitos señalados dentro de la misma iniciativa, toda vez que dicha conducta presupone una actividad delictiva anterior que aumenta el grado de peligrosidad de los sujetos activos.

Además, se ampliaría el catálogo de delitos graves previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se incorporarían las conductas ilícitas relacionadas con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y municiones reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Por último, con la finalidad de evitar impunidad por parte de los integrantes de estas organizaciones, se propone incluir en el catálogo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la posesión, portación colectiva, la introducción ilegal de armas y municiones al país, así como el transporte de material o armas de fuego.

Por lo anterior, expreso las siguientes

Consideraciones de derecho

Desde el 23 de abril de 2010 a la fecha, ha transcurrido en exceso el tiempo para que, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones del Congreso de la Unión, en este caso especifico a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera,  presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.

En tal virtud, es procedente exhortar al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que en los términos de lo dispuesto por el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo federal.

Por lo expuesto y fundado:

Único. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a efecto de que en términos de lo dispuesto en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Justicia, deSeguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica).»

ARTICULOS 111 Y 112 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, también del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica, y en la fracción XVI del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes del proceso legislativo

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura celebrada el 6 de octubre de 2009, el que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, con diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada que fue en el día de referencia, el presidente de la Mesa Directiva dio el turno correspondiente a la iniciativa de referencia, remitiéndola a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

La multicitada iniciativa ha sido recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales. En la actualidad se encuentra el trabajo legislativo materia de la presente excitativa pendiente para su dictamen.

Considerandos

La responsabilidad de los servidores públicos puede definirse como el conjunto de disposiciones constitucionales y legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal.

En la Constitución, las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran reguladas en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”.

Todas las Constituciones promulgadas a partir de la Independencia han previsto y regulado la responsabilidad de los servidores públicos, en especial la correspondiente a los de alto rango de los Poderes de la Unión.

En este sentido, la iniciativa busca que los servidores públicos, de acuerdo con las atribuciones importantes que la Constitución y las leyes confieren, realicen éstas con estricto arreglo a la ley, actuando con eficacia, eficiencia y honradez, siendo los servidores públicos responsables ineludiblemente del cumplimiento de las bases respectivas.

La enorme responsabilidad de los altos funcionarios de la nación, como los señalados en los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, origina la creación de mecanismos protectores para que éstos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que de-sempeñen, y en donde el llamado “fuero constitucional” es el principal mecanismo protector, como lo ha sido para los diputados y los senadores, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus encargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en el artículo 61 constitucional.

El fuero constitucional de que gozan ciertos servidores públicos puede definirse como un privilegio del cual está investido el encargo que desempeña una determinada persona, en virtud del cual ésta no puede ser ajuiciada por los tribunales comunes, con objeto de que no se entorpezca el ejercicio de sus funciones.

Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido el término fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, en regímenes democráticos; es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional.

Asimismo, el máximo tribunal ha reconocido la existencia de diversos tipos de responsabilidades a que pueden quedar sujetos todos los servidores públicos federales según la conducta de que se trate, siendo éstas la responsabilidad penal, civil, administrativa y política, contando cada una de ellas con órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, pudiendo incluso presentarse al mismo tiempo y, por tanto, el servidor público podrá ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Así pues y partiendo de aquel principio que establece que todos los hombres somos iguales ante la ley y que no hay cabida para fueros ni tribunales especiales, la responsabilidad penal responde al criterio de que los servidores públicos que cometan delito podrán ser encausados por el juez ordinario con sujeción a la ley penal como cualquier ciudadano y sin más requisito, cuando se trate de servidores públicos con fuero, de la declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados (Herrera Pérez, Agustín. Legislación federal sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, segunda edición, Porrúa, México, 2001, página 29).

La propuesta de la iniciativa de delimitar el fuero de no procesabilidad obedece a la premisa de regular el fuero de los servidores públicos que se señalan en el párrafo primero del artículo 111 constitucional, argumentando principalmente que la inmunidad procesal o fuero corresponde al cargo público y no a la persona que lo ocupa; es decir, que la persona goza de la inmunidad procesal sólo respecto a la función que desempeña, y derivada del cargo que tiene.

En algunos países de América Latina ya se prevé que ciertos servidores públicos puedan ser sometidos al procedimiento penal correspondiente por la comisión de un delito en flagrancia.

En efecto, los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos pueden incurrir en responsabilidades que redunden en perjuicio del interés público; deriva de ello la relevancia de una iniciativa que evite la impunidad de servidores, como nosotros, los propios legisladores.

A usted, presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido que se sirva

Único. En los términos de lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica; y 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítanse al Senado y a las comisiones correspondientes. Se encuentran bajo el término de excitativa.

Se encuentran, de Nayarit, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica del Sur, invitados de la diputada Felícitas Parra Becerra. Bienvenidos al final de esta sesión.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de octubre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio del Banco de México

Con el que remite informe del Banco de México sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2010, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 16:00 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 5 de octubre de 2010 a las 11 horas, informándose que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 4 horas 37 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 267 diputados • Asistencia al cierre de registro:  435 diputados • Diputado que solicita licencia: 1 • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2 • Puntos de acuerdo aprobados:  1 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3 • Oradores que participaron: 87 PRI                          28PAN                     20PRD                     13PVEM                  3PT                                   19Convergencia                   1Nueva Alianza       2Diputados de la Comisión Especial de la Industria Automotriz                   1 Se recibieron o presentaron: • 3 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunican cambios de integrantes en las Comisiones Especial de seguimiento a las evaluaciones practicadas a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo; de Comunicaciones; de Derechos Humanos; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Asuntos Indígenas; de la Función Pública; y de Cultura; • 2 invitaciones de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a ceremonias cívicas conmemorativas; • 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remite el IV informe de labores de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; y de Energía; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 3 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que ocho ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, respectivamente, y se informa que una ciudadana ha dejado de prestar servicios; • 1 iniciativa de senador del PRI; • 3 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite acuerdos con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011; • 1 comunicación de un ciudadano con la cual solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar condecoración que le confiere el Reino de España; • 5 iniciativas del PRI; • 2 iniciativas del PAN; • 1 iniciativa del PVEM; • 2 iniciativas del PT; • 20 proposiciones con puntos de acuerdo; • 4 excitativas a comisiones; • 1 tema de agenda política Dictámenes aprobados: • 1 comunicación de la Mesa Directiva respecto de 8 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de punto de acuerdo de diversas comisiones; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar con el gobierno de Quintana Roo un programa de acción para la conservación y el manejo de la especie Carcharhinus leucas, o tiburón toro, como un recurso natural de aprovechamiento turístico en las costas de dicho estado; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a las legislaturas locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a expedir y aplicar las disposiciones legales que prevengan, controlen y combatan de manera eficiente e integral la contaminación por ruido; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al gobernador de Baja California a promover, mediante la Secretaría de Protección al Ambiente, la realización de estudios técnicos justificativos para decretar el área natural protegida de competencia local, con categoría de parque estatal, Benito Juárez, en el municipio de Tijuana; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida Parque Nacional los Mármoles como área de protección de flores y fauna, en Hidalgo; • 1 de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones -de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes- a fin de capturar los gases de efecto invernadero producidos en el relleno sanitario Bordo Poniente y canalizarlos a la generación de energía eléctrica para servicios de la Ciudad de México; • 1 de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a verificar, en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes destinados a la Línea 12 del Metro, que se cumplan cabalmente los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio establecido en los procesos de compra del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo; • 1 de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo; • 1 de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ejercer con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa; • 1 de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a revisar y adecuar, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la infraestructura de las 175 estaciones, a fin de permitir a las personas con discapacidad que cuenten con las facilidades y preferencias en su transporte y libre desplazamiento; • 1 de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito Federal, al delegado de La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal a respetar el programa delegacional de desarrollo urbano vigente, llevar a cabo las visitas de verificación administrativa y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes por violaciones de los usos de suelo y de la normatividad sobre construcciones y funcionamiento de establecimientos mercantiles en esa demarcación; • 1 de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a disponer la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la misma subestación Los Remedios, en razón de que genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México; • 1 de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Energía a formular y ejecutar las políticas necesarias para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón; • 1 de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a instruir al titular de Pemex Refinación para que revise los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, a fin de realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en los procesos de distribución de gasolina y diesel; y a emitir la normatividad correspondiente que regule integralmente el proceso; • 1 de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Educación Pública, y de Comunicaciones y Transportes para que implanten un programa gubernamental de acceso gratuito a Internet en todas las plazas públicas de todo el país; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo relativos a la proposición para que la Cámara de Diputados apruebe la implantación de un plan urgente de desarrollo social en Ciudad Juárez, Chihuahua; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a promover entre las organizaciones de mexicanos en el exterior el Programa 3x1 para Migrantes; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones en el Ramo 20; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Desarrollo Social a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población a llevar a cabo estudios técnicos para considerar como zona metropolitana a Irapuato y Salamanca, Guanajuato; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo relativos a la proposición por la que se exhorta al gobierno federal a definir a través de la Secretaría de Desarrollo Social una política de Estado en materia de desarrollo social