SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:50 horas): Se abre la sesión. La reanudamos exactamente en el punto en que la concluimos

ORDEN DEL DIA

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de febrero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Comisión Permanente.

Protesta del ciudadano diputado.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

Del Gobierno del Estado de México.

De la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

De los diputados Arturo Zamora Jiménez, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Leonardo Arturo Guillén Medina y Salvador Caro Cabrera.

De la Cámara de Senadores, con la que devuelve expediente de la minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 277 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores, con la que remite Fe de erratas al artículo 614 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre. (Turno a Comisión)

Con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley o decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso del estado de Jalisco

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (Turno a Comisión)

Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la lxi legislatura. (Votación)

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1º de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones XV y XVII y adiciona las fracciones XXII y XXIII al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que detenga la implementación del Proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora y suscrito por las diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yolanda De la Torre Valdez y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación política del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios en relación con los nuevos asesinatos en Villas de Salvácar en Ciudad Juárez, Chihuahua, que demuestran el fracaso del Gobierno Federal, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación de seguridad del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios para denunciar el trasfondo político de la alianza PRD-PAN, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación de los derechos humanos en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios para denunciar la sobre explotación y la violación de los derechos humanos de los trabajadores de limpieza de esta H. Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo

Que reforma el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Coordinación de la Educación Media Superior, a cargo del diputado Javier Landero Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 67 y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide de la Ley General de Candidaturas Independientes, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales de las entidades federativas, legislen en materia de custodia compartida, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, consideren la pertinencia de crear un Fondo de Estabilización Económico con la finalidad de solventar las crisis económicas que afecten sus ámbitos de gobierno, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, a la SFP y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, realicen una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos que estaban destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas, realicen las acciones necesarias e implementen las medidas tendientes a esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio de mujeres, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, instrumenten las acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas, a efecto de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables, cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a las personas con mayoría de edad comprobada, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, impulsen acciones para que se cubran las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos de salud de carácter público en todo el país, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, verifique que todos los ingenios azucareros del país y en particular el José María Morelos, ubicado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, cumplan con la normatividad ambiental sobre los límites máximos permisibles de emisiones de humo, gases y partículas sólidas a la atmósfera, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas Federal y locales, realicen las acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la problemática de la violencia verbal, física, psicológica y social entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas estatales, incorporen el tipo penal del delito de vigilancia y acecho contra las instituciones oficiales y servidores públicos en sus legislaciones penales, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sea tan amable, señor secretario, de tomar la votación del acta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de febrero de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos un diputadas y diputados, a las once horas con veintiocho minutos del jueves tres de febrero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura al orden del día y al Acta de la sesión anterior. Se concede el uso de la palabra al diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, quien hace las siguientes observaciones:

“Diputado presidente, la sesión pasada, tanto el diputado Cárdenas como un servidor insistimos -no veo esa precisión en el acta- de que el acuerdo que había en torno al Reglamento era en acuerdo de entrada en vigor a partir del primero de septiembre. Yo me fui a la versión estenográfica y en la versión estenográfica del acuerdo presentado dice, a diferencia del reglamento que se nos ha entregado: “El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero”. Alguien me podrá decir que eso es lo mismo; no lo es en sentido estricto. Luego está el decimosegundo que habla de que el reglamento entrará en vigor a partir del primero de septiembre, aunque tiene ahí un añadido que dice: “será aplicado a plenitud a partir de esa fecha”. Y un decimotercero que habla de la preclusión de las iniciativas que tenemos de rezago parlamentario y que plantea que entraría en vigor a partir del primero de enero de dos mil once. No tendría sentido que entrara en vigor todo el reglamento y que estuviera este transitorio décimo tercero hablando de que a partir del primero de enero entra en vigor la preclusión porque todo entraba en vigor. Entonces, nosotros insistimos que el acuerdo y la esencia del acuerdo, el espíritu del acuerdo sobre el Reglamento era, que entrara en vigor una vez discutido, desahogadas las reservas, votado en todas sus partes a partir del primero de septiembre. Sin embargo, la sesión pasada, ya usted lo puso en aplicación, y en vigor, y entonces le pregunto, tanto para las precisiones del acta como para resolver este reclamo que nosotros hemos venido planteando, cómo vamos a resolver ésta, además de muchas otras contradicciones que el Reglamento tiene. Nosotros insistimos que el espíritu del acuerdo fue que entrara en vigor hasta el primero de septiembre. Ya se dio de otra manera y manifestamos nuestro reclamo y nuestra preocupación por esta situación. Estas son tanto las precisiones al acta como la preocupación de fondo que le plantearía a la Mesa Directiva que usted preside, diputado Ramírez Marín”.

El Presidente instruye que se inserten en el acta de la sesión anterior las expresiones de los diputados Fernández Noro-ña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia con respecto al Reglamento; y da la siguiente respuesta:

“Tiene razón el diputado Fernández en cuanto a el espíritu de la aprobación que hicimos en la última sesión del perío-do ordinario anterior, que es tener en el Reglamento un instrumento base que está siendo perfeccionado por los señores diputados, para lo cual se tomaron dos medidas: La primera aceptar todas las observaciones que se hicieron en esa sesión y que dejaron de ser reservas para ser la base de trabajo del grupo de trabajo que ajustará el Reglamento. Así es que dice la verdad el diputado Fernández en cuanto a que el espíritu del Reglamento es que sea perfeccionado. ¿Cómo lo va a aplicar la Mesa Directiva? Antes del Reglamento está la Constitución General de la República y la Ley Orgánica que serán aplicadas a rajatabla por esta Mesa Directiva. Y en cuanto al Reglamento seremos flexibles en todo lo posible en aquellas expresiones, sobre todo, que tienen que ver con los artículos que están reservados. El objeto de la Presidencia es aplicar las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley Orgánica a fin de que puedan conducirse las sesiones debidamente y cumplirse el objeto de la Cámara de Diputados”.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a la aplicación del Reglamento los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones; Laura Itzel Castillo Juárez; y Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en tres ocasiones; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, en dos ocasiones; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones, y quien solicita una moción de orden; Porfirio Muñoz Ledo; y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, ambos del Partido del Trabajo; Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones y con fundamento al artículo ciento catorce del Reglamento, llama al orden de los diputados; y a las doce horas con siete declara un

RECESO

A las doce horas con doce minutos se reanuda la sesión.

Desde sus respetivas curules realiza comentarios los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. Con fundamento en el artículo ciento quince del Reglamento, el Presidente declara a las doce horas con quince minutos concluida la sesión por no existir condiciones de orden necesarias.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, porque consideramos que ha habido una interpretación incorrecta por parte de algunos grupos parlamentarios respecto del Reglamento que entró en vigor el 1 de enero, que tiene dos fechas de entrada en vigor. Me llamó mucho la atención...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, el acta ya se aprobó.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Bueno, me preocupa. Déjeme hacer mis manifestaciones, presidente. Me preocupa muchísimo que este Reglamento se vaya a interpretar violando las libertades, los derechos, las facultades de los legisladores.

Estoy en desacuerdo con la posición del diputado Pérez Cuevas, en el sentido de que el Reglamento debe aplicarse a rajatabla. Desde mi punto de vista cualquier norma, como usted bien lo señaló en la sesión anterior, en la sesión del jueves, debe ser interpretada tomando en cuenta los principios constitucionales y legales.

Yo no acepto una interpretación y aplicación del Reglamento a rajatabla que vulnere mis derechos como legislador, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tienen por hechas sus manifestaciones, diputado Cárdenas, y registradas debidamente en el Diario de los Debates.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Ha habido algunos planteamientos de algunas bancadas respecto de debatir un tema que está hoy en torno de la problemática nacional.

Nosotros en la bancada lo hemos discutido y hemos accedido a que en uno de los puntos, para no descomponer el orden del día, toda vez que así nos quedamos en la sesión anterior, pueda caber ahí concretamente el tema sobre lo sucedido con una periodista y el tema noticioso, que es sujeto de debate de este propio Congreso y que cada quien comentará lo que satisfaga sus derechos con los argumentos necesarios.

A la bancada del PAN le interesa que estos temas se debatan, a eso estamos dispuestos, que los temas se abran, se discutan, siempre que haya argumentos, esperamos que no sea con especulaciones, pero concretamente en esa propuesta le hemos pedido por vía de nuestros diputados integrantes en la Mesa Directiva, que se pueda acceder a que ese tema se discuta en el punto uno, que es la problemática nacional y dado que éste es un tema que se considera por quien lo propone como una problemática nacional, noso-tros estaríamos de acuerdo en que se debata en ese punto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entiendo que se refiere usted al caso de la periodista Carmen Aristegui. Registra esta Presidencia que se debatirá en el tema de agenda política con la disposición de la bancada del PAN para aceptarlo. Muchas gracias, señor vicecoordinador.

Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Energía

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Nacional y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 considere el subsidio del diesel marino para apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional.

Salud

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal,. por medio de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, a cancelar el proyecto para que los antibióticos que se expendan sólo se efectúe mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a supervisar la correcta aplicación del programa Seguro Popular en Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Energía, respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el subsidio del diesel marino para apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2010, la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo nacional y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 considere el subsidio de diesel marino, a fin de apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional.

2. La Presidencia de la Cámara de Senadores dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados.

3. En sesión celebrada el 2 de diciembre de 2010 el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la proposición en comento y acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de proposición

La proposición materia del presente dictamen tiene como objeto acordar que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 contemple el subsidio de diesel marino a fin de apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional.

En la exposición de motivos, la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz destaca el potencial de recursos pesqueros con los que cuenta el país por albergar múltiples especies susceptibles de aprovechamiento mediante la pesca y la acuacultura. En ese sentido, Campeche es una de las entidades donde la actividad pesquera representa uno de los pilares para el desarrollo económico y social al contribuir a la entrada de divisas derivadas de la exportación de productos pesqueros.

A decir de la senadora, esta actividad no está lo suficientemente desarrollada; toda vez que en los últimos años este sector se ha visto limitado en función de desarrollo, modernización y la protección al medio ambiente, generando así además de la escasa productividad, problemas sociales alternos como el desempleo y la disminución de productos pesqueros. A esta problemática se agrega el aumento de combustibles e insumos.

Por ello, la proponente considera necesario implantar medidas emergentes para que bajen los precios al diesel, la gasolina y la electricidad en apoyo a la economía de miles de pescadores; además que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspenda los incrementos al diesel marino, el cual en palabras de la senadora Fonz, es el único apoyo que reciben la pesca y acuacultura contra los muchos programas que benefician a las otras actividades del sector primario.

Finalmente, afirma que “...se requiere mantener el subsidio para el sector pesquero nacional para que fije su competitividad ya que sin él millones de familias que dependen directa e indirectamente de las actividades relacionadas con la pesca quedarían a la deriva”.

En virtud de lo anterior la senadora Fonz Sáenz plantea el siguiente punto de acuerdo:

“Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo nacional y a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 el subsidio de diesel marino a fin de apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional.”

III. Consideraciones

Primera. A partir del estudio y análisis de la proposición materia del presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Energía reconocen la relevancia de la problemática expuesta por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y comparten su preocupación en el sentido de que es necesario reforzar al sector pesquero.

Segunda. En atención a la propuesta para que se contemple otorgar el subsidio de diesel marino a fin de apoyar al sector pesquero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 esta Comisión de Energía considera necesario apuntar que la discusión y aprobación del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación concluyó el pasado día 15 de noviembre, como lo dispone el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, de acuerdo con lo que establece dicho ordenamiento, “...el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre (...) La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Es decir, a la fecha de presentación de la proposición con punto de acuerdo en cuestión, la misma ya era improcedente.

Cabe señalar, finalmente, que el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2011 fue publicado el pasado 7 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Tercera.Respecto a los apoyos al sector pesquero, en el artículo 38 del PEF 2011 se establece que se apoyarán con recursos fiscales a las actividades agropecuarias y pesqueras con los siguientes programas sujetos a reglas de operación de

I) Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura;

II) Apoyo al Ingreso Agropecuario: Procampo para Vivir Mejor;

III) Prevención y Manejo de Riesgos;

IV) Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; y,

V) Sustentabilidad de los Recursos Naturales;

Los programas antes mencionados se sumarán a la perspectiva transversal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de incrementar la producción de alimentos de calidad en beneficio de las familias y se ejecutarán observando las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su programa sectorial y en los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

Asimismo, el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, tiene como objeto proporcionar recursos complementarios a las unidades económicas rurales para la ejecución de proyectos productivos, que permitan impulsar la viabilidad y competitividad de sus proyectos productivos, e incorporarlas a los procesos de agregación de valor (postproducción). También otorga recursos para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura, a fin de incrementar el acceso a los mercados y reducir los costos de producción.

Este programa consta de dos vertientes, la de activos productivos tradicional y la de proyectos estratégicos, cada una de las cuales está conformada a su vez por distintos componentes incluida la pesca.

Los proyectos estratégicos corresponderán a los siguientes componentes: modernización sustentable de la agricultura tradicional, agricultura protegida, desarrollo de zonas áridas, electrificación para granjas acuícolas, infraestructura pesquera y acuícola, manejo postproducción, modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero, recursos genéticos (agrícolas, pecuarios y acuícolas), tecnificación del riego, y trópico húmedo.

Por otra parte el Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario Procampo Para Vivir Mejor está integrado por los componentes de Procampo: Para Vivir Mejor, diesel agropecuario/modernización de la maquinaria agropecuaria, diesel marino, fomento productivo de café, gasolina ribereña y apoyo a agricultura de autoconsumo de pequeños productores hasta 3 hectáreas.

Los beneficiarios de diesel agropecuario/modernización de la maquinaria agropecuaria, diesel marino, gasolina ribereña, podrán optar por continuar recibiendo este subsidio o, renunciar a éste y adherirse a los apoyos previstos en el presente decreto para la modernización de la maquinaria agropecuaria, modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero según corresponda.

En suma, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 contempla, como lo propone la senadora Carmen Fonz, seguir otorgando el subsidio de diesel marino o, en su caso, el beneficiario podrá optar por modernizar su maquinaria. Consecuentemente, los plantea-mientos de la proposición con punto de acuerdo ya fueron considerados en el presupuesto referido aun antes de que la proposición que aquí se dictamina fuera presentada.

Tercera. Finalmente es importante destacar que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el objetivo de detonar el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable del sector agropecuario y pesquero y de las comunidades rurales, ejercerá en el 2011 un presupuesto histórico de 4,003.60 millones de pesos (MDP), lo que representa un aumento del 10.8 por ciento en comparación con el de 2010. Tanto en el presupuesto autorizado de 2010 como en el de 2011, se incluye el apoyo al diesel marino y la gasolina ribereña.

Asimismo de acuerdo con la Conapesca los apoyos serán destinados a través de los programas líneas arriba señalados: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que cuenta con 1,635 MDP (67 por ciento), y el de Apoyo al Ingreso Agropecuario Procampo: Para Vivir Mejor, que tiene 800 MDP destinados a diesel marino y gasolina ribereña.

Adicionalmente, se contemplan 650 MDP en apoyos orientados al ordenamiento pesquero y acuícola, disminución del esfuerzo pesquero y el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia, todo esto enfocado a la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Energía considera que ha quedado sin materia la proposición planteada por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz por dos razones fundamentales:

— Por haber sido presentada para afectar un proceso (aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011) que ya había ocurrido previamente.

— Por haberse alcanzado los objetivos perseguidos por la diputada proponente con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía somete ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

lV. Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo nacional y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 considere el subsidio de diesel marino, a fin de apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional, suscrito por la senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de La Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Eric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña(rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca(rúbrica), Ramón Jiménez López(rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por medio de la Secretaría de Salud y de la Cofepris el proyecto para que los antibióticos se expendan sólo con la presentación de recetas extendidas por facultativos en ejercicio pleno de su profesión

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de lanión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a cancelar el proyecto de que los antibióticos que se expendan, sólo se efectúe mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión, hasta en tanto se exploren procedimientos viables a seguir para evitar el abuso en el consumo de los medicamentos mencionados y se dé la publicidad idónea con el fin de que la población consumidora y las farmacias y demás sitios en los que se vendan estén debidamente enterados, presentado el 22 de abril de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud Somete a su consideración el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en la sesión del 22 de abril del 2010 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha, a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración de dictamen previsto en los artículos 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta en relación con el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y distribución de antibióticos, publicado el 27 de mayo del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

III. Expone, el promovente, exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Salud y de la Cofepris, se cancele el acuerdo mencionado en el punto anterior, siendo que afectaría a la población en sus ingresos, ya que ésta no fue consultada por tal decisión.

IV. Los integrantes de esta comisión coinciden con el promovente, en cuanto a que el derecho a la salud es un derecho establecido en nuestra Constitución en el artículo 4o.: “...toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

V. Esta comisión cree conveniente considerar en primer instancia, que la Cofepris no es la instancia pertinente para cumplir con el exhorto mediante la cancelación del acuerdo antes referido, ya que las facultades conferidas a este órgano desconcentrado son las de vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones conferidas en dicho acuerdo y no así su aplicación.

VI. Debemos considerar también que dicho acuerdo no crea la obligación de solicitar receta médica para la adquisición de antibióticos, sino que la misma se encuentra prevista en el artículo 226 de la Ley General de Salud, específicamente en las fracciones I, II, III y IV de dicho precepto.

VII. Por lo anterior, consideramos inviable la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, ya que lo que se pretende con la publicación de dicho acuerdo es establecer mayores restricciones para que los establecimientos que venden este tipo de medicamentos, observen lo previsto en el citado artículo de la Ley General de Salud, proveyendo a la Cofepris la verificación federal de las herramientas y elementos que permitan vigilar el cumplimiento de una disposición legal vigente.

VIII. Por último, debemos señalar que las disposiciones que se establecen en el acuerdo antes mencionado, tiene por objeto únicamente frenar la adquisición de antibióticos sin control, ya que el alto consumo sin restricción de los mismos, puede desencadenar en un grave problema de salud pública, y favorecer condiciones para que se presenten contingencias difíciles de controlar, como en el caso de la influenza A(H1N1).

En mérito de lo expuesto anteriormente, la comisión dictaminadora, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se desecha el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, a cancelar el proyecto de que los antibióticos que se expendan, sólo se efectúe mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión, hasta en tanto se exploren procedimientos viables a seguir para evitar el abuso en el consumo de los medicamentos mencionados y se dé la publicidad idónea con el fin de que la población consumidora y las farmacias y demás sitios en los que se vendan estén debidamente enterados.

Segundo.Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica en contra), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a supervisar la correcta aplicación del programa Seguro Popular en Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, en uso de sus atribuciones, supervise la correcta aplicación del programa del Seguro Popular en la jurisdicción de Veracruz.

Segundo. Se exhorta a la Contraloría General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que verifique que el funcionamiento del programa de Seguro Popular se asigne e imparta a la población, sin fines político-partidistas, presentado el 29 de abril de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a su consideración el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Presentada por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión del 29 de abril del 2010 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha, a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración de dictamen previsto en los artículos 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustenta en exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a supervisar la correcta aplicación del programa del Seguro Popular en Veracruz.

III. Objeta el promovente que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para la implementación cabal de los compromisos adquiridos, se basa en particular al Gobierno de Veracruz, el cual, mediante la Junta de Gobierno del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 8, fracción II, de su decreto de creación y 4 transitorio del decreto de reforma a la Ley de Salud de Veracruz de fecha 17 de abril de 2008, expidió el Reglamento Interno del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en donde se implementa la operación de las actividades relativas al programa Seguro Popular en el estado y establece que dicho régimen tiene un órgano de control interno como parte integral de su estructura y que depende por cuanto a su conformación y supervisión, de la Contraloría General del estado. Asimismo se menciona que en Veracruz se está realizando un proceso electoral local 2009-2010 para elegir gobernador, 212 presidentes municipales y 50 diputados locales; el cual está enmarcado en una contienda sin precedentes por lo reñido de la competencia; por lo que es fundamental, garantizar a los veracruzanos la imparcialidad en la asignación y prestación del programa del Seguro Popular.

IV. Esta comisión considera que la vigilancia de la aplicación de los programas sociales con fines electorales, debe ser observada, en este caso, por el Instituto Estatal Electoral de Veracruz, tomando en cuenta que la correcta aplicación del Seguro Popular, compete al Gobierno Federal y las Entidades Federativas, respecto a lo que la Ley General de Salud en su Título Segundo establece y el reglamento que al respecto emitió el Congreso del Estado de Veracruz, al cual a través de su Contraloría General le corresponde la vigilancia y correcta aplicación de dicho programa.

En merito de lo expuesto anteriormente, la comisión dictaminadora, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, en uso de sus atribuciones, supervise la correcta aplicación del programa del Seguro Popular en la jurisdicción de Veracruz.

Segundo. Se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que verifique que el funcionamiento del programa de Seguro Popular se asigne e imparta a la población, sin fines político-partidistas.

Tercero. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica en contra), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

COMISION PERMANENTE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la Comisión Permanente durante el primer receso, del segundo año de ejercicio de la sexagésima primera legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.

La presidencia dictó el siguiente trámite: “de enterado, insértese en el Diario de los Debates y remítase a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores”.

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria; diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Comisión PermanentePrimer receso del segundo año de ejercicio de la LXI LegislaturaInforme sintetizado de actividades

Asunto                                                  Cantidad

Sesiones celebradas                                          7

Acuerdos parlamentarios aprobados                 6

Oficios del Senado, Asamblea Legislativa             del Distrito Federal, instituciones públicas                 federales y estatales recibidos                                           19

Presentación y recepción del informe de                actividades de la Comisión Nacional de los               Derechos Humanos, correspondiente al 2010                  1

Solicitudes de licencias de legisladores                  aprobadas        7

Reincorporaciones de legisladores                    2

Iniciativas turnadas                                         53

Contestaciones recibidas a puntos de acuerdo       aprobados por la Cámara de Diputados,                     por la Cámara de Senadores y por la                                Comisión Permanente 117

Proposiciones con puntos de acuerdo                     presentadas     107

Proyectos de decreto aprobados para                     permisos constitucionales        12

Dictámenes con ratificación de nombramientos 1

Dictámenes con puntos de acuerdo aprobados 53

Dictámenes negativos aprobados por los que         se desechan proposiciones      1

Dictámenes por los que se consideran                    atendidas o desahogadas proposiciones                     con puntos de acuerdo                                                        5

Minutos de silencio guardados                         3

Informes de las comisiones de trabajo              3

Posicionamientos y pronunciamientos de la           Mesa Directiva, de grupos parlamentarios                  y de legisladores                                                       4

1 de febrero de 2011.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Insértese en el Diario de los Debates.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, presentada a la Mesa Directiva el 22 de diciembre del 2010, aprobándose los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

“Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez para separarse de sus funciones como diputado electo en el 05 distrito electoral federal del estado de Tamaulipas, a partir del 1 de enero del 2011.”

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados”.

México, DF, a 4 de enero de 2011.— Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado.

COMISION PERMANENTE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen en el inventario que se anexa.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Inventario de asuntos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión remite a la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

En trámite

Expediente 231.Proposición con punto de acuerdo en relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, presentada por la diputada Magdalena Torres Abarca y suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Expediente 272. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que detenga la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”, y se exhorta a la CDHDF a emitir la recomendación correspondiente al jefe de Gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Expediente 320. Proposición con punto de acuerdo para que el ex titular de la SCT Juan Francisco Molinar Horcasitas responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Expediente 332. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, presentada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Expediente 349.Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del año 2011, con la finalidad de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados, remite la relación de proposiciones con punto de acuerdo presentadas por diputados de diversos grupos parlamentarios, ante la Comisión Permanente, con el trámite correspondiente para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

1. Proposición con punto de acuerdo en relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, presentada por la diputada Magdalena Torres Abarca y suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Justicia.

2. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que detenga la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”, y se exhorta a la CDHDF a emitir la recomendación correspondiente al jefe de Gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Distrito Federal.

3. Proposición con punto de acuerdo para que el ex titular de la SCT Juan Francisco Molinar Horcasitas responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Derechos Humanos.

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, presentada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

5. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del año 2011, con la finalidad de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.»

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con el homicidio de la señora Marisela Escobedo, suscrita por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Las diputadas Enoé Uranga Muñoz, Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca y los suscritos, senadores y diputados ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

A 17 días de acontecido el caso del asesinato a mansalva de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se torna cada vez más turbio e indignante entre tanta impunidad y una cadena subsecuente de crímenes que no se detienen. La insostenible y vergonzosa impunidad de los feminicidios de su hija Rubí Marisol Frayre y el de Marisela Escobedo, el cual aconteció 16 de diciembre de 2010, en circunstancias tan previsibles que la propia víctima las describió antes de ser ejecutada y que sin embargo fueron ignoradas por las autoridades responsables, la persecución y amenazas a los familiares de las víctimas, incendio de la maderería de su pareja, el asesinato de Manuel Monge Amparán, cuñado de Marisela Escobedo, horas después de que fuera “levantado” por un comando.

Estamos viviendo momentos muy graves que ponen en riesgo la paz y la seguridad interior de la nación, mientras en este país el Ejecutivo sólo parece tener capacidad para “condenar el asesinato”, mientras en otras latitudes, gobiernos y organizaciones exigen tomar acciones más drásticas y contundentes sobre el caso.

El martes 21 de diciembre, es decir, el mismo día que la Comisión Permanente presentaba un punto de acuerdo respecto al caso en el que hacía la condena del Congreso de la Unión por el asesinato, exigía a las autoridades el total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación de la ley contra los responsables y el exhorto a las autoridades locales y federales para la inmediata protección de familiares y activistas relacionados con el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a investigar el asesinato de Marisela Escobedo para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y a adoptar las medidas necesarias con el fin de ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, cuyo asesino confeso Rafael Barraza, pese haber sido condenado a 50 años de cárcel, permanece prófugo, debido a la actitud corrupta de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado, y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

El miércoles 22 de diciembre la Unión Europea se pronunció a través de un a comunicado de la delegación diplomática de la UE en México sobre el asesinato de la activista mexicana expresando que “luchaba para exigir justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí Marisol y en contra de la impunidad en casos de asesinatos de mujeres en Chihuahua”, condenó además el crimen e hizo un llamamiento a las autoridades para “esclarecer los hechos e identificar y llevar a juicio a los responsables de este asesinato”.

La mirada internacional al respecto y la de los defensores de derechos humanos en el país no dan crédito a la inmovilidad institucional y la falta de resultados positivos respecto del caso. La situación que rodea el asesinato de hija y madre sólo parece empeorar.

Ante la falta de garantías y la ya probada incapacidad o indolencia de quienes son responsables de salvaguardar las vidas de los habitantes del país, los hijos de Marisela Escobedo, quienes ven amenazada su vida en nuestro país, fueron escoltados por autoridades del gobierno de Chihuahua hasta uno de los puentes que hacen frontera con EUA.

La secretaria de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, confirmó que cuatro familiares de la activista social, Marisela Escobedo, huyeron de México y se refugiaron en EUA, por las amenazas de muerte que han recibido. Sin embargo, su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo fue detenido por las autoridades migratorias de EUA, país al que acudió en busca de asilo y está custodiado desde el 19 de diciembre en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas.

Toda esta desgracia que deshonra a la nación, nació el día en que quienes eran encargados de hacer justicia en el caso del asesinato de Rubí Marisol Frayre, le fallaron a la sociedad y creció por una cadena de errores, corrupción, complicidad, ineficiencias, indiferencia institucionales. Es decir, por el trato y la atención que las diferentes instituciones responsables de cada tramo; investigación, procuración y seguridad, le han dado a los feminicidios.

En una carta abierta con relación a los asesinatos de Marisela y Rubí, dirigida al presidente Calderón, la ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, hoy Fevimtra, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, denunciaba la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia, su incapacidad de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, así como el desperdicio de energía y de recursos que ministros, ministras, magistrados y magistradas, juezas y jueces, canalizan a garantizar la solidez del fideicomiso para su jubilación, en vez de utilizarlos para simplemente hacer justicia.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que en el transcurso del año pasado se llevaron a cabo múltiples foros de consulta, debate y opinión en colaboración con la Secretaría de Gobierno, respecto de la necesidad apremiante de hacer una revisión exhaustiva al sistema penal acusatorio que ya opera desde hace mucho tiempo en Chihuahua, así como la urgencia de proteger cada vez más a las víctimas u ofendidos de un delito, dada la impunidad y corrupción que permea en aquella entidad y en otras tantas, y a la fecha nada pasa.

Ante la inoperancia de los responsables de la seguridad del país, se ha abierto una peligrosísima puerta falsa hacia la punición malsana, para la que el gobierno ha mostrado la sorprendente pasividad, misma que hace emergente reaccionar desde esta soberanía: nos referimos, desde luego, a los grupos de la delincuencia organizada que se autodeclaran paladines de la venganza y hoy, por medio de comunicados públicos, ofrecen hacer el trabajo que no hace justicia en Juárez y prometen castigar a los asesinos de la activista Marisela Escobedo sin importar a qué grupo del crimen organizado pertenezcan, pues afirman que el gobierno del estado es quién protege a estos grupos criminales. Es decir ante la falta de justicia tenemos a un cartel ungiéndose como salvador de la patria, mismo que además apunta su solidaridad “con los familiares de la activista y con el pueblo chihuahuense”.

Resulta toral exigir a las autoridades correspondientes que se responsabilicen y éste crimen se esclarezca y se castigue a todos los culpables de éste y de los demás crímenes “colaterales” a él. Advertimos el riesgo palpable de que, al ser el crimen organizado el que ilegalmente “castigue a los culpables” como ha amenazado, lleguemos a extremos que nos convertirán en territorio sin ley y la credibilidad en la justicia caerá a un atascadero impensable en este siglo y lucrativo para la inseguridad en el país.

Es evidente que el asesinato de Marisela Escobedo es consecuencia de un contexto de violencia contra las mujeres en general y las luchadoras sociales contra la violencia de género en particular, por lo que además de otras medidas debemos insistir en la exigencia a las autoridades para cumplir con la sentencia del Campo Algodonero emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar debidamente la violencia sexual y las desapariciones y homicidios de mujeres.

Por lo anterior, y dado que el punto de acuerdo aprobado el día 21 de diciembre del 2010 no ha rendido resultados a la fecha, y antes al contrario la situación en torno al caso empeora, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, fijar plazos para dar avances en las investigaciones de ambos asesinatos y que informe a esta Soberanía sobre la falta de resultados hasta la fecha.

Segundo. La Comisión Permanente solicita al Consejo de la Judicatura del Estado la investigación y sanción a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado que fueron omisos y negligentes al emitir sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, así como a los agentes del Ministerio Público y policías judiciales que permitieron la huida de Sergio Barraza Bocanegra.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua a que en el ámbito de su competencia y en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad, admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista Marisela Escobedo y reparen el daño a las víctimas de dicho homicidio, incluyendo en dicha reparación el lucro cesante de las víctimas directas, la atención terepeútica para todos los familiares involucrados y el pago de una pensión alimenticia vitalicia, hasta que cumpla la mayoría de edad y/o obtenga una profesión u oficio, a la hija de Rubí Marisol Frayre quien apenas cuenta con dos años de edad.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República haga una evaluación muy seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que tiene como objetivo ser una instancia modelo en el ámbito nacional e informe sobre las limitaciones que le impiden conducir una investigación ministerial de los delitos de violencia contra las mujeres, que como sabemos debe estar centrada en la atención integral de las víctimas que concluya en resoluciones sólidamente sustentadas; y por su interlocución con otras instituciones públicas y con la sociedad civil, para la construcción corresponsable de una cultura que propicie el ejercicio igualitario del derecho a una vida libre de violencia y combata la impunidad.

Quinto. La Comisión Permanente solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de Estados Unidos de América para que puedan recibir asilo por temor a su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo.

Sexto.La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares y amistades cercanas a la familia de Marisela Escobedo.

Séptimo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades estatales para que acaten la demanda urgente de implantar el protocolo de protección a Derecho-Humanistas en el estado.

Dado a los cuatro días del mes de enero de dos mil once, Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a detener la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”; y a la CDHDF, a emitir la recomendación correspondiente a dicho servidor público por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PRI

María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al jefe de gobierno a que detenga la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, y exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras.

Exposición de Motivos

La sociedad le confirió al jefe de gobierno la responsabilidad y el poder para defender sus derechos, para vigilar la legalidad y para promover su desarrollo y el de las comunidades, pero siempre con una visión que integre los intereses, preocupaciones y necesidades de toda la población.

Es su obligación velar por la vigencia de los derechos de los habitantes del Distrito Federal, actuar siempre dentro del marco de la ley y promover acciones que consideren siempre la opinión de todos, mayorías y minorías.

Es su deber informar clara, amplia y oportunamente a los ciudadanos de su ejercicio, las obras y los proyectos que su gobierno realice, es su obligación consultar e integrar las opiniones de los ciudadanos y sus comunidades en estos proyectos.

Cuando se utiliza a la fuerza pública para imponer obras y proyectos el gobierno está incumpliendo con sus principales responsabilidades, está violando los derechos básicos de los ciudadanos y está realizando proyectos que no satisfacen las expectativas de todos los habitantes de esta capital, cancelándoles a muchos de ellos la oportunidad de rea-lizar su proyecto de vida.

Para evitar la imposición debe prevalecer el diálogo, el cual debe estar enmarcado dentro del respeto a los derechos de los ciudadanos y con una clara intención de consultar e integrar la opinión y preocupaciones de la comunidad, para definir la viabilidad de los proyectos y su legalidad, y no como una estrategia dilatoria para impulsar proyectos que sólo beneficiarán a unos cuantos.

Como somos testigos, las obras que realiza el jefe de gobierno las ha tenido que imponer con el uso de la fuerza. En el caso del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente, quienes violan la ley son el titular del Ejecutivo local y la empresa concesionaria; la violan al pasar por encima de los derechos que la Constitución, el Estatuto de Gobierno y otras leyes establecen.

La empresa concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, por su parte, incumple desde lo más básico que son los permisos para la demolición, hasta la inejecución de las condicionantes que le fueron establecidas en materia de impacto ambiental. En ello el gobierno del Distrito Federal es omiso, puesto que dicha autorización debió de haber sido revocada ante el incumplimiento de la mayoría de dichas condicionantes por parte de la empresa concesionaria en los tiempos que le señalaron. Por lo demás, y como ha sido mencionado por innumerables personas, expertos en materia ambiental y urbanismo, esta obra afectará gravemente el entorno, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

El uso de la fuerza pública sólo se justifica cuando se viola la Ley, cuando se pone en riesgo la paz pública o cuando se comprometen los derechos ciudadanos.

Esta obra se realiza en la ilegalidad, compromete los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la paz social. Es entonces al gobierno y a la empresa concesionaria a quienes deberían de aplicarle la fuerza pública y no a la comunidad; el mundo al revés.

Por otra parte, si bien es importante buscar los caminos que conduzcan al diálogo entre sociedad y gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tiene como función principal la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal y para ello cuenta con un elemento institucional que es fundamental, la emisión de recomendaciones, por lo que su función primera es servirse de dicho instrumento para apoyar a los habitantes del Distrito Federal en la defensa y protección de sus derechos, más aún cuando cuenta con los elementos suficientes para cumplir con sus responsabilidades.

Por lo expuesto, se someten a discusión y aprobación por el pleno de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al jefe de gobierno a detener la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, hasta en tanto la empresa no cumpla con la ley, se den por concluidos los procesos jurisdiccionales en proceso de resolución, sean resarcidos los derechos de los ciudadanos de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, informando con veracidad, y consultando e integrando su opinión para definir la viabilidad de esta obra.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a cumplir con sus atribuciones y emita la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras inconformes con la obra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para que Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex titular de la SCT, responda ante la ley por sus actos violatorios del estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Consideraciones

Los puestos públicos no debieran ser medio de corrupción; en general, instrumento privilegiado para la comisión de delitos, con el respaldo de la impunidad.

La actuación de Juan Francisco Molinar Horcasitas no debe quedar en una simple remoción, sino que ésta lleva al centro de las preocupaciones y reclamos nacionales, el que este funcionario público responda ante la ley, por sus múltiples actos violatorios a nuestro estado de derecho. Destacadamente, es llegado el momento de que la Procuraduría General de la República, atraiga el asunto relativo al incendio en la Guardería ABC y proceda a consignarlo ante las autoridades judiciales por la irresponsabilidad que se condujo al frente del instituto.

Ninguno de los hechos turbios de este funcionario deben quedar sin sanción, mucho menos la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC; y las lesiones sufridas por cientos de niños, trabajadoras y miembros de la comunidad, víctimas de este hecho.

La reparación de la violencia que azota al país exige justicia en un doble sentido, justicia social, redistribución de la riqueza, inclusión de los más al desarrollo del país; pero también justicia, como antípoda de la impunidad. La comisión de delitos debe pasar de  un acto de cinismo de los que tienen poder; para ser decisión de que se repare la dignidad y derechos de los ofendidos, incluidos la nación mexicana.

Los familiares de estas niñas y niños siguen exigiendo que se sancione con firmeza a Molinar Horcasitas, que en abierta violación a la letra y espíritu de la Ley del Seguro Social se dedicó a firmar contratos de subrogación de servicios de guarderías, sin cubrir los requisitos mínimos para la seguridad de las niñas y niños derechohabientes, dentro de un marco de anarquía y menosprecio a los derechos humanos a la vida y salud, privilegiando en todo momento el negocio, el lucro, el tráfico de influencias; manejando al IMSS, como si se tratara de una empresa de su propiedad, perdiendo la perspectiva de legalidad y servicio social.

No basta con que Molinar Horcasitas se vaya del gabinete, debe, como cualquier otro ciudadano, responder por sus corruptelas y demás delitos (licitaciones 20 y 21, inversión ilegal de las reservas del IMSS; irregularidades en torno a Mexicana de Aviación, entre otros), lo que será uno de los medios indispensables para que hechos como el crimen de la Guardería ABC no se repitan. Será un medio para atender la dignidad y la memoria de los fallecidos y la ruta para que México vea con fuerza moral al resto de los países de la comunidad internacional.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Esta Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer, con la brevedad posible, la investigación del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a efecto de que el señor Juan Francisco Molinar Horcasitas y demás implicados en este hecho sean consignados ante las autoridades judiciales y sean sancionados con todo el peso de la ley.

Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que en el marco de sus respectivas atribuciones investiguen la gestión de Molinar Horcasitas como director general del IMSS, procediendo al deslinde de responsabilidades.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar medidas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El pasado lunes 10 de enero, regresaron a clases poco más de 27 millones de niños y jóvenes a continuar con sus estudios de educación básica. El asunto novedoso en este regreso a clases es que se empezaron a aplicar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar y cooperativas  de los planteles de educación básica.

Es decir, a partir de  esta fecha, los planteles escolares deberán contar con alimentos y bebidas con alto valor nutricional y no el contenido exhibido en los empaques que sustituyen los nutrimentos necesarios para complementar la dieta diaria de nuestros infantes.

Debemos recordar que esta ha sido una lucha que distintos sectores de la sociedad han emprendido, que viene de la alarma provocada por el incremento de la obesidad infantil y enfermedades crónico-degenerativas a muy corta edad, como la diabetes infantil y los cada vez más numerosos problemas de hipertensión.

En este sentido, ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron reformas  a la ley General de Salud y a la Ley General de Educación para prever en ellas una serie de disposiciones para fomentar una vida sana partiendo del entorno escolar, entre las niñas y los niños mexicanos.

Este tipo de acciones provocaron que las empresas productoras mostraran una férrea resistencia a que los productos que elaboran y venden fueran regulados y prohibido su consumo dentro de los planteles escolares. Presiones a las que fuimos sometidos legisladores y funcionarios del gobierno federal.

Los poderes fácticos iniciaron una campaña para denostando al Congreso pretendiendo obstaculizar la aprobación de los cambios en las leyes y después para que se aprobaran unos lineamientos a modo para dichas industrias.

Es por ello que el Ejecutivo federal tuvo que doblar las manos y permitir que las reformas originalmente planteadas, fueran sólo el matiz de este grave problema y así seguir sirviendo a los intereses económicos de los empresarios.

El negocio del que estamos hablando no es menor. La estimación que se hace que se obtienen utilidades por 40 mil millones derivada de la venta de los productos en las cooperativas escolares.

Vemos con mucha preocupación que los lineamientos dados a conocer por la SEP el año pasado y que están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de agosto de 2010, son sólo un paliativo, una medida parcial al problema de fondo, que es modificar los hábitos alimenticios de la niñez mexicana.

A pesar de ello, los funcionarios de la SEP se ufanan en señalar que, gracias a sus esfuerzos las empresas productores de alimentos y bebidas que se venden en las escuelas mostraron voluntad y disposición para modificar sus productos, que incluso estuvieran abiertas a instrumentar convenios para implementar programas de vida saludable en las escuelas.

Empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola y Pepsico, señalan en su publicidad que los productos que ahora comercializan en las escuelas están avalados por la Secretaría de Educación Pública y son los recomendados para su consumo en la población infantil.

Como medida, ahora las empresas comercializan sus productos no necesariamente con una modificación a los contenidos nutrimentales de lo que ofrecen, sino sencillamente, surten para su venta productos con menores cantidades de envasado.

No comprendemos como los lineamientos aun permiten la venta de galletas, pastelitos, confites y postres de hasta 140 kilocalorías y bebidas con edulcorantes, cuando se ha demostrado que este tipo de productos son los que provocan obesidad y sobrepeso en los niños.

No se trata de ahora poner a disposición de los alumnos porciones pequeñas de los mismos productos que les pueden provocar obesidad. ¿Qué va a suceder si consumen varias de estas porciones? El resultado será el mismo, las niñas y los niños estarán consumiendo la misma comida basura.

Compañeras y compañeros legisladores: los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que se deben tomar medidas de fondo para atender el problema del sobrepeso y la obesidad infantil.

Nuestro grupo parlamentario ha hecho una serie de propuestas que permitirían ir resolviendo este problema de salud pública.

Una de las propuestas que hemos realizado es la relativa a instaurar en los planteles escolares públicos, las áreas de comedores, donde los alumnos puedan recibir una alimentación lo mejor balanceada posible y que sea garantía de proporcionar en los niños, los micro y neuronutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de ellos.

Una segunda propuesta, radica en que en dichos comedores escolares, puedan intervenir directamente los padres en la elaboración, el control y la supervisión del suministro de los alimentos para los educandos, además de ser los encargados de coordinar las mesas de trabajo para complementar la composición alimentaria de las comidas, con personal profesional y especializado en el área nutricional.

Finalmente, hemos de decir que esta propuesta es noble, toda vez que no tratamos de desproteger a las industrias productoras de los alimentos procesados, sino de garantizar que la alimentación de los niños sea lo más completa y balanceada posible, donde pueda incluir la posibilidad de ofrecer desde uno de estos alimentos, hasta complementos alimenticos de origen naturista.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política; y 58 a 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.

Ante las múltiples manifestaciones de rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto por los constantes incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel, es necesario conocer el comportamiento que éstos han tenido desde el 1 de diciembre de 2006. Con el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a cuatro años de distancia, se refleja una anarquía en los métodos y procedimientos para fijar estos precios oficiales al consumidor, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Marco jurídico

Precios de combustibles

En México, los precios al público de las gasolinas y del diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer dichos precios, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que dicha dependencia se la encarga de tales funciones atendiendo los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado.

Lamentablemente, por no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en el país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, que es urgente rectificar en beneficio de la economía del país y de las clases populares.

La SHCP mensual o semanalmente autoriza a Petróleos Mexicanos (Pemex) los precios al público de las gasolinas Magna y Prémium, así como del diesel comercializado por Pemex Refinación, que a través de la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial, Subgerencia de Estrategia de Precios, se transmitan para su comercialización.

Precios de gasolinas y de diesel en 2007

El 1 de diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón asumió el encargo, el precio de la gasolina Magna era de 6.74 pesos. La Prémium costaba 8.29 y el diesel 5.70, por litro. La política de incrementos consistía en incrementar de 2 a 4 centavos por litro, cada primero de mes, buscando equiparar el impacto inflacionario decretado por el Banco de México (Banxico), equilibrando los factores económicos por el uso de los energéticos.

En septiembre de 2007, el presidente Calderón anunció la congelación de precios de la gasolina Magna y el diesel, medida populista “para evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos”. No subieron la Magna ni el diesel, pero la Prémium continuó con aumentos mensuales.

En resumen, en 2007 la Magna de 6.74 pesos el litro, subió 27 centavos para quedar en 7.01, incremento de 4 por ciento. Mientras, la Prémium, de 8.29 el litro, subió 44 centavos y quedó en 8.73, lo que representó 5.3 por ciento de incremento. El diesel, con precio de 5.70 el litro, subió 23 centavos y quedó en 5.93, un aumento de 4 por ciento.

Si comparamos esos incrementos con la inflación general de que informó el Banxico en 2007, que fue de 3.76 por ciento., se observa una política aceptable en ese primer año de gestión del presidente Calderón.

Precios de gasolinas y de diesel en 2008

Para 2008, la metodología aplicada por la SHCP en la fijación de los precios de las gasolinas y el diesel fue de excesos: 33 incrementos en el año, los primeros 6 meses continuaron subiendo los precios de estos combustibles cada día primero.

Para julio, los aumentos fueron semanales, con la única idea de desorientar al público consumidor, con incrementos de 2 a 5 centavos por litro semana a semana.

El diesel inició con un precio de 5.93 pesos por litro, se incrementó en 1.40 para quedar en 7.33. El efecto inflacionario fue brutal para los automotores que mueven la economía del país, la carga pesada de comestibles, bienes y personas. El incremento fue de 23.61 por ciento en un solo año, con módicos 33 incrementos programados por el Ejecutivo federal.

Pese a que la inflación de 2008 anunciada por el Banxico fue de 6.53 por ciento, la más alta en 8 años, los incrementos del precio del diesel representaron 3 veces más que ésta, un exceso de 17 por ciento que afectó negativamente la economía del país, pues el transporte público, entre otras actividades que tienen precios oficiales, no pudo asimilar el aumento de sus costos de operación con las consecuencias ya conocidas de paros escalonados, incendio de automotores y camiones en las carreteras de todo el país, como protesta por los incrementos del diesel.

La gasolina Magna inició 2008 con un precio de 7.01 pesos, subió 69 centavos para quedar en 7.70. El incremento significó 9.84 por ciento, muy por encima de la inflación anual anunciada por el Banxico.

En la misma proporción, la gasolina Prémium, que arrancó con un precio de 8.73 pesos, subió 84 centavos para quedar en 9.57; es decir, casi 10 por ciento de incremento.

En 2008 entró en vigor la modificación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. La fracción II del artículo 2o.-A de dicho ordenamiento estableció cuotas para la gasolina Magna de 36 centavos por litro, gasolina Prémium de 43.92 centavos por litro y del diesel de 29.88 centavos por litro, para que Pemex y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen ventas de combustibles al público en general trasladen dicha cuota en el precio final al público.

El aumento fue gradual de 2 centavos por mes, durante 18 meses, hasta llegar a la cuota arriba mencionada para cada producto. Lo negativo de los incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel es que los aumentos fueron hasta de 25 centavos mensuales, 10 veces más de la cuota del IEPS autorizada por la Cámara de Diputados. Es decir, hubo un libertinaje al amparo de la autorización de esta cuota que se entrega mensualmente a los gobiernos estatales y que representan una aportación de 22 mil millones de pesos anuales.

Precios de gasolinas y de diesel en 2009

Ante el rechazo generalizado de los sectores productivos del país por los 33 incrementos de los precios de los combustibles líquidos tenidos en el año anterior, el presidente Calderón dio un cambio en sus decisiones, al anunciar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, ya cuando el daño estaba hecho, aumentando hasta la cuarta parte del precio de los combustibles, como fue el caso del diesel, rebasando toda proporción económica entre los factores de producción y consumo del país.

Los precios de las gasolinas Magna y Prémium se congelaron hasta el 18 de diciembre de 2009. No respetó su palabra y pacto, y volvió a haber incrementos semanales en estos combustibles. La Magna inició en 7.70 el litro, subió 10 centavos para quedar en 7.80, tuvo un efecto de sólo 1.3 por ciento, mientras que la Prémium se congeló en 9.57 todo el año.

En el caso del diesel no se respetó ese acuerdo y el presidente Calderón autorizó 18 incrementos: inició con un costo de 7.33 el litro, subió 83 centavos para finalizar en 8.16. El incremento representó 11.32 por ciento en un combustible que mueve al país, que utilizan los automotores pesados con la carga de bienes, comestibles y de personas. Si se compara con la inflación decretada por el Banxico para 2009, de 3.57 por ciento, el aumento del diesel fue 3 veces mayor.

Precios de gasolinas y de diesel en 2010

En 2010, los precios de la Magna, de la Prémium y del diesel fueron incrementados en 12 ocasiones, el segundo sábado de cada mes, sin oficio, sin metodología y con el único afán de desorientar al público consumidor. La Magna arrancó con 7.80, subió 96 centavos para quedar en 8.76. El efecto fue de 12.3 por ciento, muy superior a la inflación anual, de 4.40, reportada por el Banxico.

La gasolina Prémium inició con un precio de 9.57 el litro, subió 53 centavos para terminar en 10.10, un efecto de 5.5 por ciento, mientras que el diesel costó al arranque del 2010 8.16 el litro, subió 96 centavos para finalizar en 9.12, lo cual refleja 11.8 por ciento de incremento.

En el caso de la gasolina Magna y del diesel, que representan 95 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, el efecto inflacionario fue de 12 por ciento en números cerrados, 3 veces más que la inflación oficial del Banxico. Los precios fueron desfasados respecto a la realidad económica de los sectores de la producción y el servicio del país.

Conclusiones

La gestión del presidente Calderón en materia de fijación de precios de energéticos en las gasolinas y el diesel ha sido errónea, pues ha provocado desigualdades entre los sectores productivos del país: hasta los particulares que sin tener la posibilidad usar automóvil propio pagan excesivo costo de los combustibles en todo lo que se consuma por efecto del pago en transporte que llega a niveles muy superiores a la realidad de la economía del país.

71 aumentos en 4 años

La arbitrariedad con que se dieron estos aumentos se refleja en los 9 incrementos de 2007, 33 en 2008, 17 en 2009 y 12 en 2010. Las gasolinas en México han subido en 71 ocasiones en los 4 años de gobierno de Felipe Calderón.

El diesel inició el 1 de diciembre de 2006 con un precio de 5.70 el litro, y al 31 de diciembre de 2010 su precio era de 9.12. Se ha incrementado 3.42 pesos cada litro, lo que representa un aumento de 60 por ciento.

La gasolina Magna inició el 1 de diciembre de 2006 con 6.74, al 31 de diciembre de 2010 el precio por litro era de 8.76. En cuatro años ha subido 2 pesos con 2 centavos, que significa un aumento de 30 por ciento.

La gasolina más cara es la Prémium, que representa sólo 5 por ciento de los combustibles vendidos en el país, con precios prohibitivos, en varias ocasiones, superiores a los que rigen en Estados Unidos, como marco de referencia del mercado internacional de los combustibles. Inició la gestión del presidente Calderón con un precio de 8.29, subió 1.81 pesos para quedar el 31 de diciembre de 2010 en 10.10, teniendo el efecto de 22 por ciento.

Todos estos aumentos, muy superiores a los referenciados a los índices de inflación anualizada reportada por el Banxico y que predicen efectos inflacionarios serios en la economía del país.

La política señalada por la SHCP no sólo rebasa los factores económicos de la economía, en materia de costos energéticos, sino pretende homologar los precios internos con los internacionales de los combustibles, referenciados a los que rigen en el mercado de Estados Unidos de América.

Hay iniquidades sustantivas por señalar en esta equívoca pretensión de la SHCP:

a) La capacidad de compra de los ciudadanos estadounidenses es muy superior a la que rige aquí: mientras que un trabajador en México gana 59.82 pesos de salario por día, en el país del norte un trabajador los gana en una hora. Por tanto, puede adquirir sin problema los combustibles a esos precios.

b) La calidad de las gasolinas y del diesel en el país no es la misma con que se vende en Estados Unidos de América: la gasolina regular equiparada con la Magna de México, de 87 octanos, ni la Prémium, con el mismo nombre en el país del norte, que tiene las características de 92 octanos, son de distinta especificación técnica en cuanto a las partes por millón de azufre, que rigen las normas internacionales y la aplicable en México, que es la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”.

c) Sólo la gasolina Prémium en México cumple las 15 partes por millón de azufre, que establece como parámetro internacional en calidad de gasolinas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnense a las comisiones correspondientes para dictameny publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

RAMON ANGELES ZALPA - MARIA ESTELA AGUILAR CANSINDE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-855, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0070/11, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las investigaciones de localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde, así como el fallecimiento del licenciado Enrique Villacaña Palomares.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/3U/4259/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, se realicen las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde, así como para esclarecer la privación de la libertad y el fallecimiento del licenciado Enrique Villacaña Palomares, me permito informarle que con motivo de los hechos que motivaron la desaparición de María Esther Aguilar Canside y Ramón Ángeles Zalpa, se dio inicio a la averiguación previa correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y en auxilio de ésta, la Procuraduría General de la República inició indagatoria el 25 de noviembre de 2010 y acta circunstanciada el 7 de abril de 2010, respectivamente, realizando un sinnúmero de diligencias en coordinación con las autoridades locales, a fin de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.

En lo que se refiere al periodista Enrique Villacaña Palomares, le informo que en fecha 10 de abril de 2010 se dio inicio a una averiguación previa por el delito de homicidio calificado por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, la cual sigue actualmente con las investigaciones.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 12 de enero de 2011.— Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Justicia.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-793, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-008/2011, suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, encargado del Despacho de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los trabajos de infraestructura carretera en el estado de Guerrero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/095/11, recibido en esta secretaría el 18 del presente mes, mediante el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que esa soberanía solicita información sobre el ejercicio del presupuesto destinado a infraestructura carretera, nos permitimos comunicar lo siguiente:

1. Causas del subejercicio

Es preciso señalar que las metas físicas alcanzadas en la aplicación de los recursos del presupuesto para infraestructura carretera se definen en función de los montos asignados para cada proyecto por la honorable Cámara de Diputados, y la aplicación de esas cantidades sólo se puede realizar si se cuenta con los proyectos ejecutivos, derechos de vía y permisos ambientales requeridos por la legislación vigente en materia de obras públicas, lo que no ocurre para la totalidad de los proyectos autorizados por los legisladores.

En consecuencia, los montos en subejercicio son atribuibles en su mayoría a retrasos en la licitación de las obras por falta de dichos elementos.

Adicionalmente, 2010 registró una intensa temporada de fenómenos hidrometeorológicos que afectaron el desarrollo de las obras. Sin embargo, concluida la época de lluvias, se realizaron esfuerzos para aumentar el número de proyectos contratados y así incrementar significativamente el ritmo de ejecución del programa carretero en los meses de octubre a diciembre, logrando un monto record en el ejercicio de más de 50 mil millones de pesos.

Por último, es necesario precisar que el ejercicio de los recursos obedece a la evolución característica de las obras carreteras, que requiere menos recursos en los trabajos iniciales, como terracerías, y demandan mayores cantidades conforme avanzan, en trabajos como pavimentaciones o colocación de superestructuras.

2. Avances en el ejercicio del presupuesto carretero

Respecto al ejercicio del presupuesto de 2010, nos permitimos informar que de los 54 mil 445 millones de pesos autorizados para el programa carretero, al final del año se ejerció un monto superior a los 50,000 millones de pesos, lo que representa más del 90 por ciento del total y supera en más de 20 por ciento al monto ejercido en 2009.

Las cifras del cierre del ejercicio 2010 se integrarán en el Informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al último trimestre del año, que enviará próximamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la honorable Cámara de Diputados.

Cabe destacar que durante la presente administración, bajo la orientación del Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha desarrollado un programa carretero sin precedentes en el que durante el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2010 ha invertido 144 mil millones de pesos, provenientes tanto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como de fuentes privadas, con los que se ha conservado la red carretera federal y se han construido, pavimentado o ampliado más de 15 mil 300 kilómetros de carreteras y caminos de todos tipos, lo que supera lo logrado en administraciones anteriores.

3. Programa de Construcción y Modernización en Guerrero

(Evaluación del ejercicio)

Por lo que se refiere a la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, en Guerrero, la Subsecretaría de Infraestructura precisó que de los 83 millones de pesos autorizados para esa obra en el PEF de 2010, se ejercieron 82.6 millones, y que el aspecto más relevante que ha influido en el ritmo de ejecución de los trabajos es la disponibilidad del derecho de vía.

Asimismo, informó que en el PEF de 2011 se autorizaron 50 millones de pesos para continuar los trabajos de modernización de la obra en cita, entre el kilómetro 5+317 y el 6+750, incluyendo el viaducto en el kilómetro 6+300.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México DF, a 25 de enero de 2011.— Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica), encargado del Despacho.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0611, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 104 02 00 00 00­-2011/022 suscrito por el licenciado Nicolás Gutiérrez Chávez, administrador central de Inteligencia Tributaria de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las empresas sujetas al régimen de importación temporal con perfil de operación riesgoso.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/3384/10, fechado el 13 de octubre de 2010, mediante el cual remite el diverso número D.G.P.L. 61-II-6-0611, enviado por el presidente y el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en los siguientes términos:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias competentes a fin de que tomando en cuenta las bases de datos de la Agencia General de Aduanas y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se diseñen y ejecuten mecanismos pertinentes y adecuados para identificar empresas que tengan un perfil de operación riesgoso y prevenir que empresas sujetas al régimen de importación temporal, dejen de cumplir puntualmente con sus obligaciones patronales, buscando en todo momento mantener la competitividad del sector.”

Sobre el particular, me permito realizar las siguientes consideraciones:

1. El Servicio de Administración Tributaria estableció un modelo de riesgo básico que permite detectar conductas irregulares en materia de impuestos internos, que se puede aplicar a las empresas sujetas al régimen de importación temporal.

2. El funcionamiento técnico del modelo tiene las siguientes características:

• Es alimentado por un padrón específico a revisar, considerando datos como el tipo de operación, clave y tipo de pedimento, bandera de despacho, fecha de pago e identificadores especializados.

• Determina inconsistencias derivadas de importaciones y/o exportaciones, confrontando el comportamiento de ISR, así como de IETU.

• Identifica inconsistencias relacionadas con los datos manifestados por los contribuyentes en su declaración anual, en la determinación del ISR y del IETU, así como de la aplicación de pagos provisionales y créditos fiscales de IETU.

• Valida la aplicación de pagos manifestados por los contribuyentes en materia de ISR anual, provisionales y retenciones por salarios, anual de IETU y sus provisionales.

• Verifica ingresos globales a través de la información obtenida de declaraciones informativas de operaciones con terceros.

• Calcula el IVA a cargo y/o a favor de los periodos comprendidos en el ejercicio fiscal.

• Identifica distintos tipos de inconsistencias en el IVA, en razón de los pagos y avisos.

Los resultados de este modelo se enviaron a las áreas fiscalizadoras del SAT para su seguimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2011.— Licenciado Nicolás Gutiérrez Chávez (rúbrica), administrador Central de Inteligencia Tributaria de Impuestos Internos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-834 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 702.1036/2011 suscrito por el licenciado Gualberto José Garza Cantú, director general adjunto de Vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Censo de Población y Vivienda 2010.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/4052/10 de fecha 8 de diciembre de 2010, mediante el cual se comunica a este instituto sobre la aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados de un punto de acuerdo presentado en la sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2010 de dicha soberanía, en cuyo resolutivo se establece:

“ Único. La Cámara de Diputados solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que el censo de población que se lleva a cabo en este año 2010, contenga el mayor número de elementos similares a los que se recabaron en 2000, en función de la disponibilidad presupuestal aprobada por esta Cámara de Diputados, y de esta manera contar con la información suficiente que nos proporcione los datos que se requieren”.

Al respecto, me permito emitir los siguientes comentarios:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concluyó ya el levantamiento censal correspondiente al Censo de Población y Vivienda 2010, inclusive ya se emitieron los resultados preliminares de este importante ejercicio estadístico de trascendencia nacional, mediante el cual se pudo determinar que al 12 de junio de 2010 en México residían 112 millones 322 mil 757 personas, dichos resultados ya pueden ser consultados en la página del Inegi: www.inegi.org.mx

Además, en el lapso de los tres primeros meses del año en curso se presentarán los resultados definitivos.

Dentro de las consideraciones del punto de acuerdo en comento, se manifestaron algunas inquietudes por parte de la Comisión de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, que pueden resumirse en que las características del censo de 2000 se conserven en el de 2010, que la información que arrojé el censo de 2010 permita apoyar las acciones que lleva a cabo el gobierno federal.

Para la realización del censo de 2010, se fijaron como objetivos:

• Realizar una enumeración exhaustiva de la población y las viviendas existentes en el país.

• Actualizar la información sobre sus características demográficas y socioeconómicas.

• Ubicar su distribución en el territorio nacional

• Captar datos sobre las características de las viviendas

• Ampliar el conocimiento de algunos temas prioritarios.

• Obtener información de óptima calidad.

• Entregar los resultados de manera oportuna.

Además se buscó enriquecer la serie histórica de información censal, manteniendo en lo posible la comparabilidad con los operativos efectuados en México y otros países.

Para información más detallada en cuanto a la metodología empleada en la elaboración del Censo de Población 2010, se puede consultar la página web del instituto.

En conclusión, los aspectos planteados en el punto de acuerdo fueron contemplados en su momento por el Inegi y se considera que responderá en gran medida a las necesidades tanto del gobierno como de la sociedad en general, a pesar de las restricciones presupuestales.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Gualberto José Garza Cantú (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

PROGRAMA ENCICLOMEDIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-759 signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Luis Alberto Villarreal García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/009/2011 suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al programa Enciclomedia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 12 de enero del actual, relativo al programa Enciclomedia.

Sobre el particular, remito a usted el informe rendido por la Subsecretaría de Educación Básica y por la oficialía mayor de esta secretaría mediante oficio número DGME/0234/11, OM. DGTEC.009/2011.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Francisco Dufour Sánchez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.

Nos referimos a sus oficios con números UCE/CECU/0064/11 y UCE/CECU/0065/11, ambos de fecha del 18 de enero del presente año, por medio de los cuales remite el punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el 12 de enero del actual, que señala lo siguiente:

“ Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que a la brevedad, se: a) Concluyan, conforme a lo que a derecho proceda, los contratos que se firmaron en el marco del programa Enciclomedia; b) Lleve a cabo un proceso de transición de dicho programa al programa Habilidades Digitales para Todos, de manera transparente, en los términos en que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, y c) Informe sobre el estado que guardan las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Información, con relación a los recursos públicos destinados al programa Enciclomedia, respecto a los 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 del programa Enciclomedia, el cual deberá entregarse a esta soberanía en un plazo no mayor a ocho días naturales.”

Al respecto y, por instrucciones del subsecretario de Educación Básica, maestro José Fernando González Sánchez y del oficial mayor, licenciado Guillermo Bernal Miranda, remitimos a usted el informe requerido en el punto de acuerdo objeto del presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2011.— Maestra María Edith Bernáldez Reyes (rúbrica), directora General de Materiales Educativos; licenciado Manuel Fonseca López (rúbrica), director general de Tecnología de la Información.»

«Dictamen por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a resolver e informar sobre diversos asuntos relacionados con la operatividad del programa Enciclomedia

Informe de la Secretaría de Educación Pública

Conforme al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el 12 de enero de 2011, turnado a la Secretaría de Educación Pública el día 19 de enero del 2011, se expone de manera respetuosa a esa soberanía lo que a mérito de la Secretaría de Educación Pública se estima acorde a cada uno de los apartados que en el diverso, objeto del presente, se establecen.

En relación al apartado:

“... a) Concluyan, conforme a lo que a derecho proceda, los contratos que se firmaron en el marco del programa Enciclomedia,...”, se manifiesta lo siguiente:

La Secretaría de Educación Pública en el año 2005 elaboró el Modelo Multianual de Servicios (MMS), que consiste en contratar la prestación de los servicios de terceros para habilitar la infraestructura y mecanismos de soporte técnico y académico necesarios para la ejecución del programa Enciclomedia, conceptualizándose en tres rubros principales:

• Habilitar. Proporcionar el equipamiento (hardware), instalación, configuración y puesta en operación de los equipos Enciclomedia en todas las aulas MMS.

• Solventar. Prestar los servicios inherentes a la atención y resolución de incidentes, a través de un sólo punto de contacto o mesa de ayuda (mesa de servicios y control de calidad).

• Mantener. Tener disponible durante el periodo operativo el uso, operación y mantenimiento de la infraestructura del programa Enciclomedia.

Dichos servicios se contrataron mediante el procedimiento de licitación pública, lo cual permitió que en promedio 3 millones de alumnos de 5o. y 6o. grados de educación primaria por ciclo escolar tuvieran acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), por medio de las aulas habilitadas para el programa Enciclomedia (125,562 aulas), desde el periodo lectivo 2005-2006. Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suscribió 15 contratos por un periodo de cinco años.

Es importante tener presente que el objeto de los contratos MMS es la prestación de servicios para habilitar la infraestructura tecnológica en las aulas para la ejecución del programa Enciclomedia, por lo tanto dicha infraestructura no es propiedad de la SEP y por ende, no se rige bajo los principios que controlan, administran y prevén la enajenación de bienes del sector público.

Para llevar a cabo la operación de las aulas MMS fue necesario celebrar convenios de coordinación y operación con todas las entidades federativas y el Distrito Federal, con el fin de establecer los mecanismos para desarrollar, operar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados para el programa.

Procede destacar que 12 de los 15 contratos vencieron el 31 de diciembre de 2010, fecha que coincide con la mitad del ciclo escolar 2010-2011, por lo que el no prorrogar la vigencia de estos instrumentos, representaría para esta secretaría dejar sin cobertura de soporte y operación a partir del 1o. de enero de 2011, a 25 de las 32 entidades federativas (78 por ciento), que representan e181 por ciento (101,853) de las 125,562 aulas actuales.

Adicionalmente, los tres contratos restantes continúan vigentes hasta el 30 de junio de 2011. De los doce que hubieran vencido el 31 de diciembre de 2010, 11 son de los prestadores de servicios que operan directamente el programa en las escuelas y proporcionan equipamiento y soporte técnico, mientras que el último es de la Mesa de Servicio y Control de Calidad (MSC), misma que es la responsable de dar seguimiento a las incidencias (fallas, interrupciones, etcétera) que se presentan en todas y cada una de las aulas MMS, así como de proporcionar soporte académico en caso de ser requerido por los docentes. De no haberse prorrogado el contrato de la MSC, las funciones de control administrativo sobre la prestación de los servicios para las aulas MMS y el medio de contacto consolidado para el soporte técnico y académico para las mismas, se habría terminado, dejando sin supervisión los tres contratos que continuarían vigentes hasta junio de 2011. La terminación natural de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios de infraestructura de Aulas MMS obligó a la SEP a emprender diversas acciones administrativas relacionadas a todo el proceso requerido para cumplir con la conclusión de vigencia de los instrumentos jurídicos, tomando como base el acuerdo número R.21ª .14 adoptado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) relativo al “Levantamiento de un inventario previo sobre las aulas de los Contratos Multianuales de Servicios (MMS) Primaria que se encuentran en cada una de las entidades federativas y definan las bases administrativas previas en coordinación con la Subsecretaria de Educación Básica, que articulen el proceso de donación, previendo la conclusión de los contratos de servicios...”

En adición a lo anterior, para el mes de diciembre de 2010 se habían pronunciado de manera formal por la aceptación de los bienes Enciclomedia, nueve entidades federativas (Sonora, Tabasco, Coahuila, estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Veracruz), mientras que en 22 entidades federativas y el Distrito Federal, dicho pronunciamiento se encuentra en trámite en su área jurídica, lo que aunado al receso vacacional de fin de año ha impedido concluirlo. Por otro lado, 14 estados (Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa) concluyeron la validación del funcionamiento y ubicación de las aulas MMS (41435), mientras que las entidades federativas restantes se encuentran a 30 por ciento de avance.

En ese sentido, la SEP puso de manifiesto el interés público y bien común de los alumnos de 5o. y 6o. grados de primaria, de los padres de familia y de los docentes que se han beneficiado con el uso y aprovechamiento de las TIC en las aulas a través del programa Enciclomedia, y decidió ampliar la vigencia de los doce contratos que vencían el 31 de diciembre de 2010, en estricto apego a la ley en la materia, con la finalidad de que todas las aulas que integran el programa Enciclomedia en la modalidad MMS (125,562), cuenten con los servicios hasta el fin del ciclo escolar actual.

Adicionalmente al acto de ampliación, los prestadores del servicio que habilitan la ejecución del programa Enciclomedia se comprometieron con la SEP a sustituir 45 por ciento (lo que representa 56,502 equipos nuevos aproximadamente) de los equipos de cómputo —sólo el CPU— y a realizar el inventario físico de los bienes que integran las aulas MMS del programa Enciclomedia conforme a las normas aplicables en la administración pública federal, sin costo adicional para la dependencia y con el objeto de donar y/o transferir el programa a las entidades federativas y el Distrito Federal.

Con lo anterior, se evita la afectación a los procesos de organización de asignaturas y la articulación de clases planeadas para el ciclo en curso, y se contribuye a la transformación del programa Enciclomedia en la estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT), al contar con mayor tiempo para el desarrollo de las acciones necesarias que permitan generalizarlo en el país.

Por último, la SEP dispondrá del tiempo necesario que le permita realizar los procesos de cierre de los contratos; aceptar la transmisión a título gratuito de las aulas; levantar el inventario de las mismas, y donarlas a las entidades federativas.

Respecto al inciso b) del punto de acuerdo único, que señala:

“... b) Lleve a cabo un proceso de transición de dicho programa al programa Habilidades Digitales para Todos de manera transparente, en los términos en que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, y...”, se comenta:

El presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 al programa Habilidades Digitales para Todos, es de cuatro mil novecientos tres millones de pesos, el cual se ejercerá conforme a lo planeado en los siguientes rubros

• Equipamiento y conectividad de aulas para secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias;

• Conectividad en edificios de escuelas primarias;

• Formación para maestros de secundarias y primarias;

• Desarrollo de objetos de aprendizaje, planeaciones de clases y reactivos;

• Fortalecimiento de los portales: federal, estatales y de aula, y

• Operación del programa.

Procede destacar que, aproximadamente 90 por ciento del presupuesto se enviará a las entidades federativas para el equipamiento y conectividad de aulas, y se ejercerá de acuerdo con los lineamientos de austeridad y las reglas de operación autorizadas mediante el acuerdo número 577, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2010.

Finalmente, en cuanto al inciso c), del punto de acuerdo único relativo a:

“... c) Informe sobre el estado que guardan las observaciones formuladas por la Auditoria Superior de la Federación, respecto a los once mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 del programa Enciclomedia, el cual deberá entregarse a esta soberanía en un plazo no mayor a ocho días naturales”, se señala que:

La Subsecretaria de Educación Básica y las áreas correspondientes de la Oficialía Mayor, atendieron las auditorías que se realizaron en el periodo comprendido del 27 de marzo de 2007 al 8 de diciembre de 2010, contando con información detallada de las diversas respuestas que fueron enviadas a las distintas entidades fiscalizadoras. En este periodo, el programa fue sujeto a 13 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las auditorías efectuadas por la ASF corresponden a las cuentas públicas de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en las que se auditaron un total de doce mil trescientos setenta y seis millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos y sesentaicuatro centavos ( 12,376,594,784 de pesos 64/100), generándose 39 acciones, de las cuales 28 corresponden a solicitudes de aclaración y once a pliegos de observación, quedando atendidas y/o solventados 25 solicitudes de aclaración y cuatro pliegos de observación, tal y como se acredita con los siguientes oficios emitidos por la ASF en donde se señalan las acciones que han sido aclaradas y/o solventadas: AECF/0046/20l1 y AECF/0047/20l1 de fecha 12 de enero de 2011; AECF/2051/2010 de fecha 9 de diciembre de 2010; OAEPI-1988/2010 y OAEPI-1678/2010 de fecha 8 de octubre de 2010, y OAEPI-0338/2008 de fecha 10 de abril de 2008. En este tenor, únicamente se encuentran en trámite y/o proceso de atención y/o solventación, 10 acciones, las cuales representan la cantidad de ......... ............ $2,646,747,034.74; mismas que se detallan a continuación:

En particular, se atendieron: Una auditoría de la Cuenta Pública 2004 (la número 345) la cual está concluida; u na auditoría de la Cuenta Pública 2005 (la número 584) que está concluida; cuatro auditorías de la Cuenta Pública 2006 (las número 99, 562, 563 y 957), de las cuales están concluidas las tres últimas; cuatro auditorías más de la Cuenta Pública 2007 (las número 438,447,451 y 461), estando concluida la 451, y tres auditorías de la Cuenta Pública 2008 (las número 274, 176 y 182), encontrándose en trámite la primera de ellas, en cuanto a una solicitud de aclaración y las dos últimas, en cuanto a cuatro pliegos de observación.

Resulta procedente precisar que durante la vigencia del programa, de acuerdo con lo informado por el Congreso de la Unión, se han formulado actos de fiscalización por un monto que asciende aproximadamente a los 11,000 (once mil millones) de pesos; esta circunstancia ha generado una confusión en cuanto a que dicha cifra se refiere a irregularidades en el manejo de los recursos de Enciclomedia, lo cual resulta incorrecto, como se señaló anteriormente, ya que conforme a la documentación que obra en los expedientes correspondientes, se han atendido en tiempo y forma las diversas acciones formuladas, por lo que a la fecha las observaciones que restan por atender son diez y suman alrededor de $2,646,747,034.74. Adicionalmente, resulta necesario recordar que las auditorías son procesos en los cuales el ente fiscalizador genera observaciones preliminares a los que por metodología se les asigna un valor, sin que ello implique que dicho monto de recursos haya sido efectivamente utilizado de manera incorrecta. La unidad auditada tiene, dentro del proceso de auditoría, tiempos y formas de aclarar las observaciones iniciales y, sólo después de una serie de pasos metodológicos, es que una observación inicial se convierte en definitiva.

Cabe destacar que, más allá de las solicitudes de aclaración referentes a la distribución de los recursos financieros, la ASF emitió importantes observaciones relativas a la operación y administración del programa, aportando valiosas reflexiones en torno a cómo debía mejorarse desde la Subsecretaría de Educación Básica, el monitoreo y seguimiento puntual de las aulas. Así, la Subsecretaría de Educación Básica implementó a través de la Dirección General de Materiales Educativos diversos controles relacionados con la atención a los docentes, la coordinación con las entidades federativas, el seguimiento a los servicios de atención contratados con terceros, el apoyo para el reporte de robos, etcétera. Todos estos procesos facilitaron el impacto positivo y la gran aprobación que hasta este momento ha tenido el programa Enciclomedia con los docentes, los alumnos y los padres de familia, y han sido reconocidos como acciones de mejora por la propia ASF que ha resuelto reportar atendidas la gran mayoría de las auditorías.

En conclusión, el análisis de la situación que guarda el programa debe tomar en cuenta tanto las lecciones derivadas de la aplicación de los recursos y todos aquellos aspectos administrativos que indudablemente tienen margen de mejora, como las acciones que se implementaron para potencializar los beneficios resultantes de la sustantiva inversión y que, hasta este momento, continúan recibiendo directamente la gran mayoría de los alumnos de 5o. y 6o. de primaria.

México, DF, a 25 de enero de 2011.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

CENTROS DE READAPTACION FEDERAL Y ESTATAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado señor diputado:

Por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México y en relación con el comunicado con número de oficio D.G.P.L. 61-II-9-2459, sobre la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública Federal, al subsecretario del Sistema Penitenciario nacional, en lo general, y a las autoridades correspondientes del sistema penitenciario de los tres órdenes de gobierno en lo particular, para que se tomen las medidas técnicas de seguridad, con la finalidad de evitar la salida de ondas de radio en todas las frecuencias utilizadas por los prestadores de servicio de telefonía celular en nuestro país, de todos los penales de la nación, para evitar o disminuir, las extorsiones que se originan en el interior de los centros de readaptación federales y estatales.”

Me permito hacer de su conocimiento, que el sistema penitenciario del estado de México es uno de los más grandes del país, dispone de una capacidad instalada de 10 mil 379 espacios en 23 centros penitenciarios y una escuela de reintegración social para adolescentes.

Como medida para mejorar el funcionamiento de las instalaciones penitenciarias y la seguridad de los mismos, se instalan sistemas tecnológicos de vanguardia.

Se ha implementado el sistema de inhibidores de telefonía celular en los tres centros de mayor capacidad y se proyecta su instalación en cinco centros más, con lo cual quedará bloqueado cualquier tipo de señal celular para el 92 por ciento de la población interna.

Adicionalmente, se puso en funcionamiento el centro de monitoreo en la unidad central y en seis centros preventivos se instalaron circuitos cerrados de videovigilancia. En breve se instalarán en tres centros más, lo Que representa una cobertura del 90 por ciento de la población.

Se instalaron sistemas detectores de drogas y explosivos (sniffer) en 17 centros y entró en operación el sistema de control de acceso mediante biometría en los 3 centros metropolitanos más poblados. En breve se instalará en 5 más.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarnos a sus órdenes y enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 17 de enero de 2011.— Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), decretario General de Gobierno.»

«Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva; diputado Herón Escobar García, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

El jefe de la Oficina de Ejecutivo estatal, contador público Luis Erasmo Terán Balaguer, turnó a esta Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que preside el suscrito, Ernesto Munro Palacio, para su atención, el oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2459, que ustedes en su calidad de vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dirigieron al gobernador del estado, licenciado Guillermo Padrés Elías, y en el cual hacen de su conocimiento el punto de acuerdo a través del cual exhortan para que se tome las medidas técnicas de seguridad, con la finalidad de evitar la salida de ondas de radio en todas las frecuencias utilizadas por los prestadores de servicios de telefonía celular en nuestro país, de todos los penales de la nación, para evitar o disminuir las extorsiones que se originan en el interior de los centros de readaptación federales y estatales, por lo que, con el debido respeto, me permito informarle lo siguiente:

Que en lo que compete a esta Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en cumplimiento del compromiso adquirido con la federación, a través del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010, en la cláusula décima sexta, respecto a adquirir la tecnología que garantice la seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social, así como de lo establecido en el anexo único del citado convenio, referente a erradicar la operación delictiva intramuros, a través de la implementación de sistemas inhibidores de señales de frecuencia tales como celulares, VHF, UHF, entre otras, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Información y lo establecido en el Eje Plataforma México del citado anexo técnico, previo al diagnóstico técnico realizado en todos los centros penitenciarios del estado de Sonora, se llevaron a cabo los actos jurídicos necesarios para el suministro e implementación del sistema de inhibidores de señal de radiocomunicación para los centros de readaptación social en el estado de Sonora, con la finalidad de lograr objetivo descrito anteriormente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 14 de enero de 2011.— Ernesto Munro Palacio (rúbrica), Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:También se recibió una comunicación...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, señores diputados, por favor, señores diputados Torres Ibarrola y Fernández Noroña, voy a proceder a aplicar las sanciones que prevé el Reglamento de no guardar el orden respectivo.

RECESO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:55 horas): Se declara un receso. Por favor, señores de los medios de comunicación, sean tan amables de retirarse al lugar previsto.

(Receso)

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 12:02 horas): Se reanuda la sesión.

Señor secretario, continúe con la sesión en el apartado de comunicaciones.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe sobre las denuncias que se han presentado con motivo de la comisión de delitos en agravio de Petróleos Mexicanos y el estado que guardan, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe sobre las denuncias que se han presentado con motivo de la comisión de delitos en agravio de Petróleos Mexicanos y el estado que guardan.

Consideraciones

En fechas recientes han cobrado relevancia ante la opinión pública las conductas desplegadas por miembros de la delincuencia organizada, que ponen en grave riesgo a la población civil con el objeto de sustraer combustibles de las instalaciones, ductos o poliductos de Petróleos Mexicanos, para posteriormente enajenarlos de manera clandestina.

Con fecha 13 de enero compareció ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Juan José Suárez Coppel, titular de Petróleos Mexicanos, a quien se cuestionó sobre las causas de la tragedia ocurrida en San Martín Texmelucan, así como la medidas para evitar y perseguir estos ilícitos que afectan el patrimonio de la paraestatal, pero sobre todo, ponen en riesgo la integridad física y el patrimonio de la población.

El funcionario reconoció que se incrementaron las tomas clandestinas; que en 2009 eran 436 y pasaron a 712 en 2010. Señaló que se calcula que el robo de hidrocarburos es de 0.8 de las ventas de petrolíferos y el 0.4 de la producción de crudo.

Por otra parte, Suárez Coppel subrayó que se capturó a los integrantes de tres bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, y que 75 empleados de la paraestatal están en investigación. Estas acciones, dijo, son resultado del trabajo del grupo interinstitucional para el combate de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que participan expertos de las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, además de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.

Durante dicha comparecencia, hice notar al director general de Pemex que si bien las normas jurídicas son siempre perfectibles, en este momento se cuenta con herramientas jurídicas que permiten el combate a los ilícitos que afectan el funcionamiento y el patrimonio de la paraestatal, tales como:

• Sabotaje, previsto en el artículo 140 del Código Penal Federal.

• Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, previstos en los artículos 254 fracción VII y 254 ter del Código Penal Federal.

• Robo, previsto en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

• Daño, previsto en los artículos 397 a 399 Bis del Código Penal Federal.

Asimismo, en caso de que se presenten siniestros que afecten la integridad física o el patrimonio de particulares, se podrían actualizar los delitos de lesiones, daño en las cosas y homicidio, entre otros.

De lo anterior se advierte que el marco jurídico vigente ofrece una serie de posibilidades para que las autoridades persigan la comisión de estas conductas antijurídicas, por lo que, en ejercicio de la función de control en la que reside la esencia de los parlamentos modernos, como poder legislativo ahora nos corresponde vigilar la forma en que el ejecutivo aplica las normas y los presupuestos que han sido aprobados por el Congreso.

Información disponible en la página web de la dependencia señala que el área jurídica de Pemex presentó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público Federal, con objeto de proceder con las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades; acción que permitió que las autoridades capturaran algunas bandas que traficaban con productos robados.

No obstante, dicha información carece de detalles sobre el número de denuncias, la consignación de éstas ante los jueces penales, los delitos que se configuraron, personas detenidas, así como juicios en curso y sentencias condenatorias o absolutorias.

Estas conductas, atendiendo al propósito delictivo, bien jurídico protegido, objeto material sobre el que recae la conducta, calidad del sujeto activo, etc. son de tipos muy variados, por lo que resulta de suma importancia conocer con detalle la información detallada que hará posible un análisis serio de la incidencia delictiva, las modalidades en que se presenta, la eficiencia, eficacia o ineficacia de las autoridades en la persecución de estos delitos.

Sin la información detallada sobre los ilícitos cometidos en contra de Petróleos Mexicanos, resulta imposible realizar una revisión integral del marco jurídico de manera seria y responsable, de modo que esta soberanía pueda realizar las adecuaciones necesarias para modernizar y hacer más eficaz la norma que sanciona este tipo de conductas nocivas.

Como ha quedado de manifiesto, los diputados del PRI somos oposición crítica, responsable y por tanto propositiva, por lo que pretendemos ser constructivos a fin de proteger de manera más intensa el patrimonio y la integridad física de todos los mexicanos.

Para ello, es necesario que contemos con la información adecuada y puntual sobre la forma, medios y características de los ilícitos cometidos contra Pemex, así como las consecuencias jurídicas que se han tomado para la persecución de dichas conductas.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que informe a esta soberanía:

1. Durante los años 2009 y 2010, cuántas denuncias se han iniciado por hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la sustracción ilícita de hidrocarburos.

2. Cuántas de estas denuncias han sido consignadas por el Ministerio Público ante el juez penal que corresponda.

3. Por qué delitos han sido consignadas cada una de dichas averiguaciones.

4. En cuántas se giraron órdenes de aprehensión y en cuántas se negaron.

5. Número de sujetos detenidos por hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la sustracción ilícita de hidrocarburos.

6. Cuántos de ellos recibieron sentencia condenatoria y cuantos recibieron sentencia absolutoria.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 79, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite al Ejecutivo.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, se exhorta a la Cámara de Diputados a que instruya al área administrativa que corresponda, para que emita el informe relativo al avance del cumplimiento que tiene que ver con otorgar al personal de la Cámara de Diputados las prestaciones de seguridad social, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT.

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B señala los derechos de los trabajadores al servicio del Estado;

Que la fracción XI de dicho artículo señala las bases mínimas que deberá contener la seguridad social que se otorgue a los trabajadores al servicio del Estado;

Que la Cámara de Diputados cuenta con personal de base y sindicalizado que está adscrito al régimen de seguridad social correspondiente y que cuenta con las prestaciones que ésta otorga a través del Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado;

Que la Cámara de Diputados cuenta con personal adscrito al régimen de honorarios que no cuenta con prestaciones de seguridad social;

Que en el análisis y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprobó la inclusión en el decreto de un artículo transitorio que señala de manera textual señala lo siguiente:

Vigésimo Segundo. La Cámara de Diputados proveerá a cargo del Presupuesto de 2011, las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la misma, realizando los ajustes y transferencias a las partidas que correspondan.

Que hasta el momento no conocemos de manera clara cuáles serán las acciones y procedimientos administrativos que seguirá esta soberanía para dar cumplimiento al artículo vigésimo segundo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011;

Que es necesario que los integrantes de esta soberanía conozcan el estado que guarda el cumplimiento del artículo transitorio vigésimo segundo;

Que la finalidad de la proposición que sometemos a su consideración es que se remita un informe al pleno de la Cámara de Diputados sobre el avance en el cumplimiento del multicitado artículo vigésimo segundo transitorio;

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que instruya al área administrativa que corresponda, para que emita el informe relativo al avance del cumplimiento del artículo vigésimo segundo transitorio, que tiene que ver con otorgar al personal de la Cámara de Diputados las prestaciones de seguridad social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de febrero de dos mil once.— Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 79, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite al Comité de Administración, para su atención.

SATELITES MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a informar a esta soberanía sobre la situación económica y financiera de la empresa Satélites Mexicanos, SA de CV., a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a informar a esta soberanía sobre la situación económica y financiera de Satélites Mexicanos, SA de CV (Satmex), con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el comunicado número 003-11, la SCT informó que inició el proceso de reestructuración corporativa y financiera de Satmex, por diversos problemas sobre los que ya se había acordado desde 2006.

Si bien la argumentación de la SCT es que el proceso de reestructuración busca garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio satelital, la preservación de la reserva con que cuenta el Estado, la capitalización de la empresa y su viabilidad en el largo plazo.

En 2006, los actores involucrados que en este caso serían los acreedores y accionistas de Satmex pactaron la forma y términos en que dicho proceso se llevaría a cabo, el cual iniciaría con la venta conjunta de 100 por ciento de las acciones de Satmex, donde el Estado mexicano conservaba 4 por ciento de títulos y 20 de los derechos económicos.

En septiembre de 2010, un grupo de acreedores e inversionistas formuló una propuesta que comprende lo siguiente:

• La adquisición de la totalidad de las acciones de Satmex en 6.25 millones de dólares;

• La capitalización de deuda por 198 millones de dólares; y

• La aportación de capital fresco por 90 millones de dólares más.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la SCT, la propuesta fue sometida a consideración del comité técnico previsto en los fideicomisos y se obtuvo la opinión independiente de una institución financiera internacional de reconocido prestigio.

Al reunirse los requisitos pactados, se escogió una institución fiduciaria, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. Con plena aprobación de la SCT, se procedió el 13 de enero de 2011 a formalizar la venta de las acciones en los términos y con las condiciones previstos en los acuerdos de reestructura de 2006.

La SCT considera que la enajenación de las acciones de Satmex forma parte del proceso de reestructura y está condicionada al cumplimiento de ciertos compromisos de aportación y capitalización por los nuevos accionistas, lo cual se tiene previsto concluir para mayo próximo.

Con base en lo anterior, es necesario que la SCT y la Cofetel entreguen un informe integral y detallado a esta soberanía sobre la situación económica y financiera por la cual atraviesa Satmex, así como las decisiones y acciones que se han implantado a fin de proporcionar viabilidad financiera a la empresa.

Es necesario que explique la dependencia reguladora del sector cuál va a ser la política satelital que seguirá el gobierno federal, pues el Congreso de la Unión aprobó importantes recursos para el lanzamiento y la puesta en órbita de tres satélites como parte de un proyecto satelital.

Estos satélites se informó por la SCT que se podrán en órbita en 2012, 2013 y 2014 para atender la comunicación en todo el país, dotar a las entidades de seguridad nacional, dar servicio a las poblaciones más aisladas del país con los servicios de telefonía y banda ancha, así como atender a la población e instituciones de gobiernos en situaciones de desastres naturales, por lo que es necesario que se informe cuál es el estatus que tiene hasta este momento este proyecto nacional.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a informar a esta soberanía sobre la situación económica y financiera de la empresa Satélites Mexicanos, SA de CV.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a informar sobre la situación de los recursos aprobados para la construcción y puesta en órbita de tres satélites.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 79, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite al Ejecutivo.

SEGURIDAD PUBLICA DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por que se solicita la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que explique la situación actual de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación, las entidades federativas y los municipios del país, ante el aumento, en las últimas semanas, de la violencia asociada al crimen organizado en México y en particular, en el estado de Jaliscoa cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se solicita la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que explique la situación actual de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios del país, ante el aumento, en las últimas semanas, de la violencia asociada al crimen organizado en México y en particular, en el estado de Jalisco.

Exposición de Motivos

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 21, noveno párrafo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

2. De igual manera, el artículo de referencia señala en su párrafo décimo que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública;

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

3. En este orden de ideas, el país vive actualmente una delicada situación de violencia y desbordamiento de los hechos delictivos, particularmente relacionados con la comisión de homicidios y la delincuencia organizada, lo que ha implicado serios desafíos, tanto a la capacidad de respuesta de las instancias de gobierno encargadas de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno, como en el planteamiento de nuevas políticas, estrategias y líneas de acción en el combate a la inseguridad pública. En este sentido, en el estado de Jalisco durante el año 2010 se contabilizaron 505 muertes tipificadas como ejecuciones; sin embargo, en las últimas semanas ha existido un súbito y acentuado aumento en la violencia, y donde se han verificado una serie de ejecuciones, ataques con granada y enfrentamientos a plena luz del día, que han afectado de manera grave a los ciudadanos pacíficos de la entidad.

4. Así las cosas, en los últimos 4 días del mes de noviembre del año pasado sucedieron en diferentes municipios de Jalisco un total de 14 asesinatos, todos con características propias de ejecución; en este sentido, diarios de circulación nacional dieron cuenta, en sendas reseñas, de los acontecimientos de esos 4 días.

5. Por otra parte, un suceso de lesa gravedad ocurrió el 11 de enero del presente año en Guadalajara, cuando un grupo de sujetos armados arribó a una tienda situada en el cruce de las calles Fresno y Encino de la colonia El Fresno, e intentó levantar a varios sujetos que se encontraban en el interior de una tienda de abarrotes; al momento de la agresión murieron dos niñas de entre ocho y trece años de edad que se encontraban en el lugar y resultaron heridas cuatro personas más, entre ellos tres hombres y una mujer .

6. Asimismo el día 15 de enero, varios hombres armados realizaron un bloqueo en la carretera Guadalajara-Chapala, casi a la altura de la carretera a El Salto. En este lugar lanzaron granadas a varios vehículos, quemaron dos de ellos y parcialmente el remolque de un tráiler de una empresa refresquera.Al día siguiente, hubo en el estado de Jalisco diversos ataques con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación que dejaron tres muertos, un herido y cuantiosos daños materiales. Los acontecimientos sucedieron en los municipios de Guadalajara y de Chapala; en éste último municipio, la casa del director de Seguridad Pública fue atacada con una granada.

7. El abrupto aumento de la violencia asociada al crimen organizado en el estado de Jalisco, generó una serie de confrontaciones públicas entre autoridades de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y del gobierno del Estado, cuyas disputas giraron en torno a cuáles son las competencias en cada nivel de gobierno en el combate a la inseguridad así como responsabilizándose mutuamente de falta de acción inmediata ante los hechos delictivos acontecidos. Esta situación dejó entrever la falta de coordinación y de acuerdos básicos en materia de seguridad pública entre niveles de gobierno; por otra parte, fue de destacar la poca visibilidad del gobierno federal durante los hechos señalados anteriormente.

8. Por otra parte, es de destacar el aumento de la violencia en nuestro país en el año que comienza; en este sentido, el Diario Reforma dio a conocer que a 14 días de haber iniciado el año 2011 se habían verificado un total de 507 muertes, lo cual significó un aumento de 18 por ciento de las mismas, en relación al mismo periodo del año 2010. De igual manera, en 2010 sumaron 13 las ejecuciones de alcaldes municipales, sin contar las de funcionarios y servidores públicos adscritos al área de seguridad pública y a otros ámbitos de la administración pública.

9. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 4 que la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

10. Por otra parte el artículo 10 de la citada ley señala las instancias de coordinación y distribución de competencias en el SNSP, las cuales son: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas; la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; los Consejos Locales e Instancias Regionales, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema.

11. En este sentido, el artículo 18 de la ley en comento dispone que el secretario ejecutivo del SNSP tiene como atribuciones, entre otras: verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional; verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo; supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios y coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública.

12. Cabe señalar que el presupuesto aprobado para seguridad pública (que incluye Secretaría Federal, Fondos y Subsidios a Estados y Municipios) dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, asciende a $49,346.3 millones de pesos; esto es. $9,991.7 millones de pesos más que lo aprobado en 2010 (25 por ciento).

13. En este orden de ideas, el aumento generalizado de la violencia en el país y en particular en el estado de Jalisco, los reiterados ataques a funcionarios municipales y la evidente falta de coordinación entre instituciones de seguridad pública, hacen necesaria la comparecencia, ante la Comisión de Seguridad Pública de éste órgano de representación popular, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que explique la situación de la coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios en el país y en particular, en el estado de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que explique la situación actual de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación, las entidades federativas y los municipios del país, ante el aumento, en las últimas semanas, de la violencia asociada al crimen organizado en México y en particular, en el estado de Jalisco.

Notas:

1 Fuente: Sistema de consulta de la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada de la Presidencia de la República.

 http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=119

2 http://eleconomista.com.mx/estados/2010/11/30/violencia-jalisco-deja-14-muertos

3 http://www.milenio.com/node/619186

4 http://www.milenio.com/node/622921

5 http://www.eluniversal.com.mx/notas/737681.html

6 www.reforma.com 15/enero/2011

7 Fuente: Comisión de Seguridad Pública de la honorable Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 79, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite a la Comisión de Seguridad Publica, para su opinión.

Hago la observación de que todas estas comunicaciones deberán ser puntualmente contestadas con el rigor, como si hubieran sido aprobadas por el pleno.

Continúe, señor secretario. Permítame, señor secretario. Señores de Comunicación Social de Cámara, retiren a los medios de comunicación de la sala para que la sesión pueda continuar.

Voy a suplicar que sean tan amables de dar las conferencias en el lugar previsto para tal efecto, porque no pueden ocupar su lugar los diputados. Continúe, señor secretario.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 277 de la Ley del Seguro Social.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su dictamen.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES - CODIGO CIVIL FEDERAL - LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE  - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago referencia al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, enviado a esa Cámara mediante oficio DGPL-1P2A.-4654.

Sobre el particular, me permito manifestar a usted el interés de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, encargas del dictamen de dicho proyecto en el Senado, en el sentido de que se aplique una fe de erratas al artículo 614 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La corrección es la siguiente:

Dice:

“Articulo 614. La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada y vinculará a todos los miembros de la colectividad.”

Debe decir:

“Articulo 614. La sentencia no recurrida tendrá efectos de cosa juzgada.”

El texto corregido corresponde con lo aprobado por el Pleno del Senado de la República.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones de Justicia, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda, para que se incorpore al expediente de la minuta turnada en la sesión del 14 de diciembre de 2010.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, recorriéndose en su orden el subsecuente párrafo para quedar como sigue:

Artículo 60 Bis. ...

...

Para el caso de varamientos de mamíferos marinos se procederá siempre a lo determinado en el “Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos”.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre y el Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos.

Tercero. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único.Se adiciona un inciso y se reforma el último párrafo del artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 40. Para registrar los predios como unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, la Secretaría integrará, de conformidad con lo establecido en el reglamento, un expediente con los datos generales, los títulos que acrediten la propiedad o legítima posesión del promovente sobre los predios; la ubicación geográfica, superficie y colindancias de los mismos; y un plan de manejo.

El plan de manejo deberá contener:

a) Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito.

b) Información biológica de la o las especies sujetas a plan de manejo.

c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura.

d) Los métodos de muestreo.

e) El calendario de actividades.

f) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.

g) Las medidas de contingencia.

h) Los mecanismos de vigilancia.

i) En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de manera sustentable.

El plan de manejo deberá ser elaborado por el responsable técnico, quien será responsable solidario con el titular de la unidad registrada, del aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, su conservación y la de su hábitat, en caso de otorgarse la autorización y efectuarse el registro.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El titular de Poder Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen, en el caso de ambas minutas.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo Primero. Se reforman: la fracción VII del artículo 209; la fracción XXVII y XXVIII del artículo 213, recorriéndose ésta última para quedar como fracción XXX; y se adicionan: un segundo párrafo al artículo 183; un tercer párrafo al artículo 205; un segundo párrafo a los artículos 206 y 208; una fracción XXIX al artículo 213; y dos párrafos al artículo 220 todos ellos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 183. ...

En los procedimientos de declaración administrativa previstos en la presente ley, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas dentro de los mismos, así como todas aquellas dictadas en procedimientos seguidos en rebeldía, podrán ser notificadas a las partes por estrados en el instituto y mediante publicación en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 205. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.

...

El personal comisionado a las visitas de inspección podrá, durante el desarrollo de las diligencias, tomar fotografías o video filmaciones o recabar cualquier otro instrumento considerado admisible como prueba., en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las fotografías que se tomen, los videos que se filme y los demás instrumentos recabados en términos de este artículo, podrán ser utilizados por el instituto como elementos con pleno valor probatorio.

Artículo 206. ...

Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva y se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente.

Artículo 208....

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar copia de la misma, o no se proporcionan testigos para firmar la misma, dichas circunstancias se asentarán en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 209. ...

I. a VI. ...

VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia, aún y cuando dicha circunstancia o hecho no estén contenidos en los puntos del acta de inspección, y la mención de si se han tomado fotografías, realizado video filmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;

VIII. a X. ...

Artículo 213. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción;

XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, en términos de lo establecido en el artículo 206 de esta ley;

XXIX. No proporcionar información, sin causa justificada, y datos al instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203, y

XXX. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Artículo 220. Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II. Las condiciones económicas del infractor, y

III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora.

Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular, a través de las leyendas a que se refieren los artículos 261 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial y 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Gaceta de la Propiedad Industrial, incluyendo las publicaciones en diarios de circulación nacional y las notificaciones con acuse de recibo.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstas en la presente ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:

I. De cinco hasta cuarenta mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior,

II. ...

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 14 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Cultura.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio de nueva cuenta le envió el oficio de número DPL-517-LIX que corresponde al acuerdo legislativo 588-LIX-10, el cual fue recibido el 18 de noviembre de 2010, por el Poder Legislativo federal (Cámara de Diputados), lo anterior para el seguimiento legislativo correspondiente.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero de 2011.— Licenciado José Manuel Correa Ceseña (rúbrica), secretario general del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Congreso de Jalisco.— Presente

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 64, 97 y 157, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, tiene a bien someter a consideración de esta asamblea el presente dictamen de acuerdo legislativo, mediante el cual se presenta ante el Congreso de la Unión iniciativa que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por ello, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco y para dar continuidad al proceso se realiza la siguiente

Parte Expositiva

1. Con fecha 26 de agosto de 2010, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, en uso de las facultades que le confiere el artículo 147, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, presentó ante el pleno de este congreso del estado iniciativa de acuerdo legislativo mediante el cual se plantea ante el Congreso de la Unión iniciativa que adiciona tres párrafos al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

2. Con fecha 13 de septiembre de 2010 fue turnada para estudio y dictamen, de conformidad con lo establecido en el artículo 152, numeral cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios legislativos y Reglamentos.

3. La Iniciativa en comento considera la siguiente exposición de motivos:

Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, actualmente el armamento asegurado por personal militar es puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinan que dicho armamento quede bajo guarda y custodia en sus depósitos; una vez ingresado en ellos, se clasifica y es sujeto a un control individualizado, con objeto de garantizar que durante el proceso jurídico se esté en condiciones de presentar dicho armamento ante la autoridad ministerial que lo requiera las veces que sea necesario; concluido el proceso judicial, el juez pone a disposición de esa secretaría las armas producto del delito, la que de conformidad con el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos realiza un dictamen técnico y, en caso de ser armamento nuevo, usado-útil o reparable se concentra en sus almacenes para su utilización lícita y las armas inútiles o chatarra son destruidas, elaborando para el efecto las actas donde conste su destino final.

El artículo 88 invocado textualmente establece:

Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo serán decomisadas para ser destruidas. Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, y las de valor histórico, cultural, científico o artístico, que se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social.

De lo anterior se desprende que toda arma de las señaladas en los artículos 9 y 10 de la multicitada ley federal siempre serán destruidas, con excepción de las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se encuentran definidas en el artículo 11 de la misma ley, y destacan los revólveres .357 Mágnum, las superiores a .38 especial, pistolas 9 mm, .38 súper, pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres, etcétera.

Por disposición expresa del propio artículo 88 invocado textualmente, el destino de las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea siempre será dichas instituciones, sin importar si alguna corporación o institución policial intervino en el aseguramiento.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Almacén de Materiales de Guerra, informa que el Ejército y la policía mexicanos han decomisado al crimen organizado 180 mil armas en los últimos 3 años.

Aún más: se señala que a la fecha hay 160 mil armas a disposición de los jueces federales y a la espera de ser liberadas para ser destruidas y tan sólo en el referido almacén hay 13 mil armas y al día son destruidas mil.

Es claro que no se está utilizando en favor de la sociedad y de los cuerpos policiales locales la oportunidad de dotar de más y mejores armas a los elementos policiacos.

Queda en evidencia que pese al insuficiente armamento con que cuentan todas las corporaciones policiacas locales del país, aunque ellas hubieran descubierto del hecho delictivo, para la ley federal en comento eso es irrelevante jurídicamente, ya que siempre, sin variación, usufructuarán el armamento no destruible por disposición de ley el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.

Aunado a lo anterior, cualquier institución policial del país que pretende comprar un arma de las clasificadas como de uso exclusivo necesariamente tiene que acudir ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pues la facultad de comercializar esas armas y sus cartuchos es privativa de la propia secretaría, a través de la Dirección General de Industria Militar, la cual vende directamente y sin intermediarios a los cuerpos de seguridad pública. Ella misma, a su juicio y previa justificación de la necesidad, puede o no autorizar a la corporación local para portar el armamento de mérito. Lo expuesto muestra que es compleja la adquisición de este armamento especial por las corporaciones policiales locales y, además, que cuando aseguran este tipo de armamento a la delincuencia, ellas de ninguna manera serán destinatarios del futuro uso lícito de él, ya que la única manera que la ley consagra para portarlo son la previa autorización y compra en la industria militar nacional.

También queda en evidencia que hay desperdicio de armamento de calibres bajos, que pudiera ser nuevo o útil, pues siempre por disposición de la ley éste debe ser destruido, por lo que la iniciativa abre dos frentes para utilizarlo:

El primero, que las pistolas .380, revólveres .38 especial, 38 súper y escopetas en todos sus calibres y modelos que también hayan sido aseguradas por una corporación local queden en propiedad de la propia corporación local y para el beneficio directo de la ciudadanía, conforme a las mismas reglas de asignación y donación del armamento de uso exclusivo que aquí se propone.

El segundo, tomando conciencia de la difícil situación presupuestaria de diversos municipios, la cual repercute en poca inversión en armamento y equipo policiaco, la iniciativa también pretende que se rescaten las armas que se encuentren en buen estado de calibre .380, revólveres .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos (que no se sitúen en los supuestos mencionados en el párrafo anterior), para que la Sedena las done entre las corporaciones policiacas municipales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le indique. Para tales efectos, el secretariado ejecutivo tendrá que publicar los lineamientos de asignación y el padrón de municipios elegibles.

Otorgar a las corporaciones policiales estatales y a las municipales el derecho a que se constituyan como los usufructuarios finales de las armas de fuego que hayan asegurado a la delincuencia, por sentido de equidad, justicia y reconocimiento del pertinente trabajo realizado, al haber retirado de la circulación ilícita armas tan peligrosas, convirtiendo lo que en algún momento era dañino y lesivo para la sociedad en un elemento para su defensa, que será portado por el servidor público que de forma más cercana vela por su seguridad: el policía local.

De forma secundaria, también se pretende rescatar de la destrucción, para las instituciones mencionadas, algunas de las armas calibre .380, revólveres .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos, incluidas, en su caso, las municiones, para los efectos descritos en el párrafo anterior.

Finalmente, tomando en cuenta que después de lo señalado en el punto que antecede pudieran quedar armas de fuego en buen estado o nuevas en calibres .380, revólveres, .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos, que según el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tendrían que destruirse, se pretende que también se rescaten de la destrucción para su donación a los municipios que más lo requieran con motivo de sus dificultades presupuestarias en materia de seguridad.

Así, se propone reformar el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para lo cual se delimita que el armamento que no sea basura o chatarra y, específicamente, posea las siguientes características:

a) Armas de funcionamiento semiautomático en calibre .380, revólveres.38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos.

b) Revólveres calibre .357 Mágnum y los superiores a .38 especial.

c) Pistolas calibre 9 mm Perabellum, Luger y similares, las .38 súper y comando, y las de calibres superiores.

d) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm, 7.62 mm y carabinas calibre .30 en todos sus modelos.

e) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.

f) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm (25), las de calibre superior a 12 (.729 o 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.

Sea adjudicado a las corporaciones locales, siempre que ellas hayan efectuado el aseguramiento, otorgando a la corporación municipal un derecho de preferencia para que se beneficie cuando hayan sido varias las corporaciones participantes, aclarándose que la corporación municipal será la de la circunscripción geográfica donde se hayan suscitado inicialmente los hechos que finalmente llevaron al aseguramiento.

También se considera que cuando el aseguramiento haya sido por dos o más corporaciones estatales, el Poder Ejecutivo estatal decidirá a qué corporación se adjudicará el armamento.

Se pretende rescatar de la destrucción las armas que resten después de los procesos descritos, con la condición de que se encuentren nuevas o en buen estado y que sean también solamente en calibre .380, revólveres, .38 especial y escopetas en todos sus calibres y modelos, para ser donadas entre las corporaciones policiacas municipales que por sus carencias presupuestarias requieran ellas, facultando al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que publique los lineamientos de asignación y el padrón de municipios elegibles.

Así, se establece la obligación de la Sedena de realizar las adecuaciones administrativas necesarias a la licencia oficial colectiva que ampare la portación de arma de fuego de la corporación de que se trate, a fin de que sea ágil, a partir de la legal y libre disposición de las armas, el uso de ellas por los elementos.

En virtud de lo expuesto, emitimos las siguientes

Consideraciones

I. De conformidad con el artículo 22, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es derecho de los diputados presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativo.

II. Queda plenamente demostrado que la iniciativa es admisible en virtud de que cubre debidamente las formalidades que establece el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.

III. En cuanto a la competencia para el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto que nos fue turnada, de conformidad con el numeral 97, fracción quinta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que a la letra dice:

Artículo 97.1. Corresponden a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con

I. Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del estado;

II. Las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del estado y los que la Constitución federal le autorice reglamentar;

III. Las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76, fracción VI, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo;

V. El reglamento de esta ley y demás disposiciones reglamentarias;

VI. La revisión de los dictámenes de las demás comisiones relativos a leyes del estado en cuanto a la constitucionalidad, contravención de otras normas legales, técnica legislativa, congruencia interna y la corrección de estilo;

VII. El análisis y la revisión permanente de la legislación sustantiva jalisciense buscando su codificación y armonía;

XI. (sic) La propuesta ante la Junta de Coordinación Política de la terna para el nombramiento del titular del órgano técnico de puntos constitucionales y técnica legislativa;

XII. (sic) La supervisión y coordinación del órgano técnico de técnica legislativa; y

XIII. (sic) La propuesta a la asamblea del nombramiento y la remoción de los servidores públicos del órgano técnico de técnica legislativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos resulta competente para dictaminar dicha iniciativa.

IV. Los índices delictivos del país se han incrementado considerablemente. La política en materia de seguridad pública que afronte la inseguridad y la disminución de los delitos no ha dado los resultados que todos esperábamos, pues cada día que pasa nos damos cuenta de que la delincuencia organizada está en aumento, lo que nos obliga a buscar mecanismos que ayuden a la autoridad en el combate de las organizaciones criminales.

En este sentido, y como parte de una efectiva acción que afronte estas bandas criminales, es necesario que las corporaciones policiacas en toda la república cuenten con una adecuada capacitación y el equipo necesario que esté en condiciones de enfrentar a los criminales.

V. Es lamentable que en algunos municipios, las corporaciones policiacas no cuentan con armamento suficiente para sus elementos de seguridad, además que en su mayoría es obsoleto, lo que los deja en desventaja en comparación con el armamento que utiliza la delincuencia organizada, pues en repetidas ocasiones nos enteramos de que las armas aseguradas por las corporaciones policiacas a las agrupaciones delictivas superan por mucho las usadas por la autoridad, lo cual lamentablemente refleja que las policías no cuentan con capacidad de equipamiento armamentista para hacer frente a la delincuencia; siendo algunas de las razones el poco presupuesto con que cuentan para adquirir armamento.

VI. Las corporaciones policiacas en diversas operaciones aseguran armas, las cuales de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se decomisan para ser destruidas, excepto las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, destruyéndose así gran cantidad de armamento que podría donarse a los municipios que han participado en dichos aseguramientos; o bien, que la Secretaría de la Defensa Nacional done dicho armamento a los municipios que por sus carencias presupuestarias requieran equipamiento de armas.

VII. Lograr las adecuaciones legales en el artículo en estudio permitirá que los municipios tengan acceso a armamentos que no pueden adquirir por sus limitaciones financieras; se aumenta la capacidad de respuesta y defensa ante los eventos que se presentan y se reconoce el esfuerzo policiaco local, sin dejar de mencionar que puede ser un mecanismo que reduce el posible acto de no entregar las armas decomisadas, al saber que tienen como fin la destrucción

Por ello, la comisión dictaminadora somete a consideración de la asamblea que se envíe al Congreso de la Unión la iniciativa que ahora se dictamina, pues con ella se fortalecerán las corporaciones policiacas de las entidades federativas y sus municipios, dotándolas de armamento en buen estado, y consecuentemente los elementos operativos podrán hacer frente a los grupos criminales.

Así razonamos, pues el número de armamento que se destruye es considerable, por lo que viéndolo desde una perspectiva en la que la autoridad puede beneficiarse con el armamento que se asegura a las organizaciones criminales vendría a reforzar a todas las corporaciones policiacas del país, pues serviría en gran medida a brindar mejor respuesta en el combate de la delincuencia, volviendo eficiente su labor y de contar con policías mejor equipados con una mejor respuesta al combate de la inseguridad.

Una vez analizada la iniciativa que se dictamina por los integrantes de la comisión, emitimos la siguiente

Parte Resolutiva

Por lo expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, resuelve someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen de

Acuerdo Legislativo

Que plantea ante el Congreso de la Unión iniciativa que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Único. Envíese al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la LIX Legislatura del Congreso de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, la siguiente

Iniciativa de Ley

Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Único. Se reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 88

Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo serán decomisadas, y las que se encuentren en estado nuevo, usado-útil o reparable, de funcionamiento semiautomático de calibre .380, revólveres .38 especial, 38 súper, escopetas en todos sus calibres y modelos y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea considerados en los incisos a, b, e, d y e del artículo 11 de esta ley y, en su caso, sus municiones y cartuchos, que hayan sido asegurados por corporaciones policiacas pertenecientes a los estados o sus municipios, una vez que hayan sido adjudicados a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, serán donados a una de ellas por ésta. Cuando fueran varias las corporaciones que hubieran participado en el aseguramiento, la donación será adjudicada a la corporación policiaca perteneciente al municipio donde se hayan suscitado inicialmente los hechos que llevaron al aseguramiento. En caso de que el aseguramiento lo hayan efectuado dos o más corporaciones estatales, la adjudicación se hará a favor del Poder Ejecutivo del estado, que decidirá qué corporación será la beneficiada.

Las armas que se encuentren en el estado de funcionamiento descrito en el párrafo anterior y que no se ubiquen exactamente en los supuestos de donación señalados no se destruirán y serán distribuidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, también en donación, entre las corporaciones policiacas municipales que por sus carencias presupuestales las requieran; lo anterior, conforme a los lineamientos y al padrón de municipios elegibles que determine el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El armamento señalado en el primer párrafo de este artículo y que sea asegurado por el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea se sujetará al mismo procedimiento de donación.

La Secretaría de la Defensa Nacional deberá realizar las adecuaciones necesarias a la licencia oficial colectiva respectiva para que la corporación beneficiada de la adjudicación comience a utilizar con la mayor prontitud el armamento.

Las armas decomisadas que contengan un valor histórico, cultural, científico o artístico se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social. El armamento que resulte inservible, que no se pueda utilizar o que por su uso o deterioro represente un riesgo en su manejo será destruido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de septiembre de 2010.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: Jesús Casillas Romero (rúbrica), presidente; Javier Gil Olivo (rúbrica), Carlos Albero Briseño Becerra (rúbrica), Mariana Fernández Ramírez (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Raúl Vargas López, José María Martínez Martínez, Abraham Kunio González Uyeda, vocales.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Ricardo Urzúa Rivera y María del Carmen Guzmán Lozano, diputados electos en el I distrito del estado de Puebla y de la cuarta circunscripción plurinominal, respectivamente.

Se designan en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados: José Alberto González Morales, Olivia Guillén Padilla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Oralia López Hernández, Camilo Ramírez Puente, Maricarmen Valls Esponda y Juan Carlos Natale López.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciudadanos Ricardo Urzúa Rivera y María del Carmen Guzmán Lozano, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Ricardo Urzúa Rivera, María del Carmen Guzmán Lozano: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.Bienvenidos, diputados.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 389 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad al artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe con la declaratoria de cierre.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. En sesión celebrada el 8 de abril de 2010, las diputadas Ninfa Salinas Sada y Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, respectivamente, presentaron la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

II. Objeto y contenido de las iniciativas

Las iniciativas que aquí se dictaminan parten de la consideración de que el cambio climático generado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los problemas ambientales más trascendentes y uno de los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad.

Asimismo, se señala en la exposición de motivos que la mitigación del cambio climático es un reto que exige responsabilidades que deben ser asumidas por todos los países del mundo, pues sus impactos van más allá de lo ambiental: es un problema transversal que requiere ser tratado con un enfoque multilateral. Se trata de un problema con dimensiones que exige la implementación de acciones a largo plazo y actuación inmediata.

México no puede omitir responsabilidades en este problema de dimensiones globales, pues es responsable de emitir el 1.5 por ciento de los GEI, por lo que se encuentra dentro de los 15 países con mayores emisiones por quema de combustibles.

Por otra parte, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que, por una parte, tenemos zonas susceptibles de ser impactadas con sequías nunca vistas que incidirán principalmente en el noroeste del país y, por otra, zonas que podrían sufrir graves inundaciones, como en los estados del sur-sureste. Esto, sin contar cambios en los ecosistemas terrestres y marinos, desertificación, erosión de los suelos, problemas en las zonas costeras, en el sector hídrico, afectaciones a la salud, problemas de seguridad alimentaria, etcétera.

Usar la energía disponible de la mejor forma posible (eficiencia energética) contribuye a la competitividad del país y contribuye a la reducción de emisiones de GEI a la atmósfera, por lo que la promoción de la eficiencia energética es una forma importante de combatir el cambio climático, ya que al requerir de menos energía se deja de quemar combustibles fósiles, que son la principal fuente primaria de energía.

A este respecto, un campo que permite avanzar en materia de eficiencia energética es el de la iluminación. En la actualidad el elemento más utilizado para este propósito son las lámparas incandescentes o bombillas, en México conocidas como focos, los cuales son equipos altamente ineficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico. Del total de la energía que estas lámparas utilizan, el 90 por ciento se transforma en calor. Si bien los focos son dispositivos ineficientes, son muy baratos, no obstante que tienen una vida útil muy breve.

Es importante destacar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes o focos, son usados para el sector residencial, comercios y servicios.

Desde hace varios años ya se cuenta con lámparas ahorradoras, las cuales tienen el inconveniente de su precio que no puede competir adecuadamente con los precios de las lámparas incandescentes.

Las diputadas proponentes mencionan datos importantes en su iniciativa, los cuales, al tomarse en cuenta, muestran notables ventajas sobre las lámparas incandescentes:

- Una lámpara ahorradora cuenta con una vida útil hasta 10 veces mayor a la de una lámpara incandescente, es decir, alrededor de 10 mil horas, por lo que al tener que reemplazar el foco común en diez ocasiones, los costos se equiparan al de un solo foco ahorrador.

- Las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía refieren que en cada hogar son utilizados alrededor de 8 focos que, de ser sustituidos por focos ahorradores, se generaría un ahorro de energía que, en términos económicos, oscila entre los 826 y los mil 106 pesos anuales.

Afirman las diputadas proponentes que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones: 160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO2.

Debido al precio relativamente alto de las lámparas ahorradoras, el costo económico de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras es mucho, pero también es cierto que no hacerlo representa mayores costos en el mediano y largo plazo, pues la sustitución de lámparas incandescentes por otras energéticamente más eficientes representa una oportunidad para colaborar en la mitigación del cambio climático.

Se reconoce en la iniciativa que el Ejecutivo federal ha planteado esfuerzos para combatir el cambio climático tanto en el ámbito nacional, como internacional. Sin embargo, hace falta reforzarlos, ya que los resultados aún son reducidos respecto de lo que debe lograrse para que haya impacto significativo.

En este sentido, resulta oportuno reconocer que el pasado 21 de abril de 2010, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Energía, los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, instrumento mediante el que se refleja la determinación del gobierno federal para descontinuar definitivamente el uso de lámparas incandescentes en sus edificios e instalaciones.

Dicho documento indica en su capítulo II, que los edificios propios y arrendados de la administración pública federal deben considerar el uso de equipos eficientes de iluminación, como lámparas fluorescentes compactas, tubos fluorescentes T8 y T5, con balastro electrónico y luminarios normalizados. Asimismo, se deberá evitar el uso de lámparas incandescentes, halógenas, luz mixta y vapor de mercurio, puesto que estas tecnologías no cumplen la eficacia mínima de 60 lumens por watt (lm/W).

Por otra parte, se afirma que hay muchos inmuebles que son ocupados por la administración pública y que no utilizan lámparas ahorradoras, por lo que es necesario que se proponga un plazo para que sean sustituidas las lámparas incandescentes por dispositivos ahorradores.

El problema no es sencillo, ya que si bien el uso de lámparas ahorradoras contribuye a reducir las emisiones de GEI, es preciso señalar que las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para realizar su función de iluminar.

Se estima que al romperse una lámpara fluorescente el 25 por ciento de su contenido de mercurio es emitido al aire, por lo que las emisiones de mercurio generadas por la rotura de lámparas fluorescentes representan en promedio 0.229 toneladas al año. Lo cual se agrega a las emisiones provenientes de las plantas generadoras a partir de carbón, que es de 0.785 de toneladas al año.

Si bien el uso de lámparas fluorescentes plantea el problema de la disposición de las lámparas desechadas, también representan la oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas generadoras de energía que usan carbón, debido a que para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta se requiere generar menos electricidad.

En la particular opinión de las diputadas proponentes, México no cuenta con una legislación adecuada para el manejo de desechos de lámparas fluorescentes, ni con una regulación que exija a los fabricantes que proporcionen información a los consumidores sobre el manejo y disposición de aquéllas que ya no tienen vida útil, por lo que es necesario un plan de manejo de estos residuos que, por sus características son peligrosos.

Por ello, las diputadas Díaz de Rivera y Salinas Sada consideran que es urgente establecer en la legislación las disposiciones adecuadas para obligar al manejo, recolección y disposición final de estos elementos. Señalan que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cataloga a las lámparas fluorescentes y al vapor de mercurio como residuos peligrosos que deben estar sujetos a un plan de manejo. Por ello, las reformas propuestas estarían dirigidas a introducir las modificaciones que establezcan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Secretaría de Energía, definan los lineamientos a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio, con el objeto de que existan pautas claras en tales acciones.

Se citan en las iniciativas casos de países en los que se ha empezado a tomar medidas imperativas para favorecer el uso eficiente de la energía: Cuba, Ecuador, Venezuela, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. En estos tres últimos ya se han modificado disposiciones legales para prohibir las lámparas incandescentes a partir del 2010.

Por las razones expuestas, las diputadas Díaz de Rivera y Salinas Sada proponen modificar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en los siguientes términos:

1. Se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI, ambas del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el objetivo de establecer que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía incluirá una estrategia para inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional y que establecerá estrategias y programas para sustituir las lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.

2. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de incorporar a la Secretaría de Energía en la tarea de establecer lineamientos y estrategias a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio.

Asimismo, se propone introducir en los artículos transitorios, además de la fecha de entrada en vigor, algunas disposiciones, tales como el establecimiento de un límite temporal a partir del cual queda prohibido el uso y la comercialización de lámparas incandescentes, la disposición que obliga a las secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público a elaborar normas oficiales cuyo objeto sea favorecer el uso, producción y comercialización de lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente que las lámparas incandescentes.

Asimismo, se establece que a partir del 30 de junio de 2010, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los Poderes Legislativo y Judicial, únicamente podrán utilizar lámparas y equipos de iluminación con tecnología energéticamente más eficiente que la utilizada por las lámparas incandescentes.

Finalmente, las mismas disposiciones transitorias establecen que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantarán acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos con tecnología energéticamente más eficiente.

III. Consideraciones

México es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue signada en el año de 1992 y ratificada por nuestro país en 1993, así como la adición al Protocolo de Kioto. La Convención define al cambio climático como el cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

México emite 1.5 por ciento de las emisiones globales de GEI, por lo que se encuentra dentro de los 15 principales países emisores. El 61 por ciento de las emisiones tienen como fuente responsable al sector energético. Dentro del sector energético en particular, la generación de electricidad representa el 24 por ciento de las emisiones. Es por ello, que ha impulsado políticas públicas que implementen acciones para disminuir los efectos del cambio climático, entre otras, para la eficiencia en la generación y uso de energía.

Por lo que hace a la sustentabilidad energética, las lámparas incandescentes conocidas coloquialmente como focos, no son los equipos más eficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joulede un filamento metálico con dispositivo muy ineficiente, aunque muy barato.

Imagen: Fideicomiso para el Ahorro de la Energía2

En este sentido, es importante señalar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes, son usados para el sector residencial, comercios y servicios.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrico, de conformidad con la fracción VII del  artículo 11 de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, constituido por el gobierno federal, recibe recursos federales en los cuales el gobierno federal constituye garantías, su objeto es apoyar el aprovechamiento sustentable de la energía

Según datos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica sobre la eficiencia de los focos convencionales y la lámpara fluorescente compacta (LFC) es el siguiente:

Las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para emitir luz, éste es un metal pesado que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre, se halla presente en el carbón mineral que suele ser utilizado en los generadores de electricidad.

El Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio en México de 2001 señalaba que al romperse una lámpara fluorescente, el 25 por ciento de su contenido es emitido al aire; sin embargo las emisiones estimadas representan en promedio 0.229 ton/año, comparado con el 0.7855 ton/año de las plantas carboeléctricas.

Las lámparas fluorescentes representan una oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas debido a que en promedio una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir la electricidad requerida para hacer funcionar una lámpara incandescente, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones;160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO2 para combatir los efectos del cambio climático. Lo cual representa resultados medibles y eficaces en las medidas propuestas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).

El gobierno federal ha diseñado políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático, asumiendo a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como principio básico de la administración, el Desarrollo Humano Sustentable, como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades. En este sentido, el Plan Nacional prevé diversas estrategias, correspondiendo al tema que nos ocupa diversos apartados del Eje 4, Sustentabilidad Ambiental, y el Eje 2, Economía competitiva y generadora de empleos.

Dentro del Eje 4 ,Sustentabilidad ambiental, se establece el apartado 4.6., Cambio Climático, el cual señala:

Objetivo 10. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Del apartado 4.6 del Cambio Climático, se señala que un tema central en esta tarea es la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en sectores estratégicos en los que existen cobeneficios muy importantes como la eficiencia energética, la competitividad industrial, la seguridad y el cuidado al medio ambiente.

Por su parte el Eje 2, Economía competitiva y generadora de empleos, establece en su apartado 2.11. , Energía, electricidad e hidrocarburos,lo siguiente:

Objetivo 15. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.

Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, se propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. De esta forma, se pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles.

En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos.

Estrategia 15.13Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros a los consumidores.

Con sujeción a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, (PECC) emitido de conformidad con los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los Programas Sectoriales, establece las acciones que el Gobierno Federal encabezará de manera coordinada para atender los desafíos de este fenómeno global, tanto en su vertiente de mitigación, que consisten en el control y la reducción de las emisiones, así como en la adaptación, que abate la vulnerabilidad y limita los impactos negativos del cambio climático.

Las acciones de mitigación,conforme al PECC,requieren de una profundatransformación de las formas de producción y consumo, de la utilización de energía y del manejo derecursos naturales, así como de las formas de ocupación y utilización del territorio, inducen una disminución de la intensidad de carbono, expresada como la relación entre emisiones y producto económico.

La trayectoria de mitigación para que México reduzca a la mitad sus emisiones en 2050, integra, en un primer momento sus metas al 2012. El cumplimiento cabal del Programa  podría alcanzar una reducción total de emisiones anuales, en 2012, de alrededor de 100 millones de toneladas de CO2, al contabilizar las acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo, y dese-chos.

En lo que se refiere a las acciones relacionadas a la sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía el PECC señala:

Sector residencial, comercial y administración municipal

A partir de los resultados del Inegi, en 2006, este sector emitió 20.2 MtCO2e que representan el 3 por ciento del total nacional de emisiones. Los esfuerzos más relevantes para la mitigación de GEI se incluyen en los siguientes objetivos.

Objetivo 2.2.11 Implementar el Programa de ahorro de energía “Para Vivir Mejor” (con inversión pública de 3,000 millones de pesos, 750 por año, entre 2009 y 2012), para la sustitución de electrodomésticos por tecnologías eficientes.

Metas

M.44. Ahorrar energía eléctrica por 5 mil 290 GWh entre 2009 y 2012, 2 mil 524 GWh/año en 2012, por la sustitución de 47.2 millones de focos incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas u otras de mayor eficiencia: 3.53 MtCO2e (2009–2012); 1.68 MtCO2e /año (en 2012).

M.45. Ahorrar energía eléctrica por 3,650 GWh entre 2009 y 2012 por sustitución de 482,000 refrigeradores y equipos de aire acondicionado por año entre 2009 y 2012; 3.1 MtCO2e (2009–2012); 0.88 MtCO2e /año (en 2012).

(Cifras preliminares por confirmar por parte de la SENER. Estas estimaciones se calculan con base en la meta de sustitución de equipo esperada para 2009. Se tiene contemplada la continuación del programa hasta el 2012, está pendiente la confirmación del número de unidades a reemplazar en esos años, así como sus impactos de mitigación).

Objetivo 2.2.12. Fortalecer las acciones de ahorro de energía en el sector residencial mediante instrumentos normativos.

Metas

M.46. Reducir emisiones de GEI, como consecuencia de ahorros de energía eléctrica mediante la elaboración y aplicación de un instrumento normativo que propicie el uso generalizado de lámparas eficientes e impida la comercialización futura de lámparas incandescentes. Esta acción deberá acompañarse de un programa que contemple mecanismos de mercado que permitan crear los incentivos para los sectores involucrados.

Administración pública federal

Las acciones de mitigación en la APF se concentran en el impulso al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en sus inmuebles. Se prevé el reforzamiento y ampliación de un programa de ahorro de energía eléctrica a partir de 2009 dando continuidad a los esfuerzos desa-rrollados en los últimos años.

Objetivo 2.2.15. Reforzar y ampliar el programa de ahorro de energía eléctrica en la APF.

Meta

M.52. Ahorrar energía eléctrica en inmuebles de la APF por 375 GWh entre 2008 y 2012, y por 125 GWh/año en 2012; 0.25 MtCO2e (2008-2012); 0.08 MtCO2e/año (en 2012).

Con apego a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en el cual se establecen los compromisos, estrategias y las líneas de acción del Gobierno Federal en materia energética. El Programa busca promover el desarrollo integral y sustentable del país, manteniendo el horizonte de largo plazo que se encuentra plasmado en la Visión 2030. Uno de los principales objetivos es mitigar el impacto ambiental, promoviendo además el uso racional de la energía.

Dicho programa establece en su apartado III lo siguiente:

Objetivo III.1., perteneciente al apartado III, de  Eficiencia Energética, Energías Renovables y Biocombustibles establece que, acorde con los dos de los ejes centrales de las políticas públicas de México sustentabilidad ambiental y economía competitiva y generadora de empleos, debe de promoverse el uso y producción eficiente de la energía.

Dentro de las líneas de acción se señalan las siguientes:

Dentro de la Estrategia III.1.2. Impulsar la optimización en el abastecimiento y uso de la energía por parte de las dependencias y entidades que conforman la administración pública federal.

Líneas de acción

• Verificar que los inmuebles de los cuales hagan uso las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de eficiencia energética aplicables.

• Establecer un programa de ahorro de energía en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dentro de un proceso de mejora continua, que permita, paulatinamente, incrementar la eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

• Incorporar criterios de eficiencia energética en las adquisiciones de equipos transformadores y consumidores de energía que realice la Administración Pública Federal.

Dentro de la Estrategia III.1.3.- Ampliar las acciones coordinadas entre los sectores público, social y privado, para el fomento del uso eficiente de la energía entre la población.

Líneas de acción.

• Impulsar programas de normalización y etiquetado de eficiencia energética, que permitan a los consumidores distinguir productos eficientes.

En cumplimiento a las metas y estrategias de los planes y programas antes señalados, se ha destinado $618,713,991.50 M.N., como egreso final, a tres programas, entre ellos  el denominado Proyecto Piloto de sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas, con el objeto de impulsar el sector energético nacional a través de proyectos, programas y acciones encaminadas a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias. Aún y cuando existen acciones encaminadas a impulsar la eficiencia energética, es necesario el sustento legal que de fuerza y alcance jurídico a lo ya realizado y a lo planeado por el sector.

Es importante mencionar que, gobiernos de diferentes partes del mundo, desde América, Asia y Europa, hasta Oceanía y África han puesto especial interés en la implementación de medidas que contribuyan a la disminución del consumo de energía y por ende, en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Al respecto, una de las medidas que con éxito ha sido implementada es el reemplazo obligatorio de los tradicionales focos incandescentes, en donde se han modificado disposiciones legales para prohibir el uso, la producción, la importación y/o la comercialización de las lámparas incandescentes y que además incluyen sanciones, normas técnicas y la obligación para proporcionar información al público sobre la disposición final de las lámparas fluorescentes, después de su vida útil, así como la obligación para diseñar programas de manejo para una adecuada disposición y/o reciclado del mercurio. Son de resaltar las siguientes experiencias:

- Argentina en la Ley 26 473, publicada el 21 de enero del 2009, prohíbe, a partir de diciembre de 2010 la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general.

- Colombiaen el Decreto No. 3450del 12 de Septiembre del 2008 establece que a partir del 2011 no se permitirá la importación, distribución, comercialización y utilización de las fuentes de iluminación de baja eficiencia lumínica.

- Perú en su Decreto Supremo No. 034-2008-EM, que entró en vigor el 20 de junio de 2008, por medio del cual se dictan medidas para el ahorro de energía del Sector Público, establece el remplazo de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas.

- EstadosUnidos de América,en elestado de Connecticut,el Proyecto de Ley número 1432, de enero de 2007 en el que se prohíbe la venta de lámparas incandescentes.

- Australia, en las Normas de Desempeño (MEPS) para la eficiencia energética, Normas:AS /NZS 4782.1 AS/NZS 4782.3,publicada por primera vez como AS/NZS4782.2:2004 en abril de 2004, esta norma entró en vigor el 1 de octubre del mismo año y tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética, mediante la eliminación de lámparas incandescentes en el mercado. Fomentar la compra-venta de lámparas fluorescentes de mayor eficiencia.

Lo anterior, tiene como fin reducir el gasto en insumos energéticos, aumentar la competitividad de la producción, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar los recursos energéticosde nuestro país.

En razón de las consideraciones antes expuestas, resulta procedente la iniciativa propuesta, tal y como se señaló en el mismo apartado, se encuentran acordes con los objetivos, metas y estrategias de los instrumentos de política ambiental que el gobierno federal ha impulsado, los cuales tienen como directriz a seguir la política de ahorro de energía y sustentabilidad energética, así como de eficiencia energética que busca la reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía.

Asimismo, las iniciativas cumplen con los objetos que señala la ley respectiva.

La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece:

Artículo 1.La presente ley es de orden público e interés social. Tiene como objeto propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establece:

Artículo 1. ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación...

IV. Modificaciones a las iniciativas

Primera. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras reconocen que existe el problema del cambio climático, el cual indudablemente se debe a la actividad humana fundamentalmente.

Segunda. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden en que es una necesidad legislar en el sentido en que lo proponen las diputadas, con el fin de establecer la prohibición de importar, distribuir y comercializar lámparas energéticamente ineficientes,  así como establecer una sanción en torno a dichas conductas.

Tercera. Estas comisiones unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideran que el objeto de las iniciativas es plausible y factible. Sin embargo, se estima que deben realizarse diferentes modificaciones con la finalidad de lograr los objetivos que se persiguen con las reformas planteadas, tomando en cuenta las disposiciones legales existentes en la materia y atendiendo las mejores prácticas en materia de técnica legislativa.

En atención a lo anterior, estas comisiones dictaminadoras realizan las siguientes observaciones, precisiones y modificaciones al proyecto de decreto contenido en las iniciativas que se examinan:

A. Con respecto a la reforma del artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Ninfa Clara Salinas Sada proponen la reforma de la fracción X con la siguiente redacción: “X. Formular una estrategia para inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional.” Asimismo, plantea la adición de la fracción XI al mismo artículo, en los siguientes términos: “XI. Establecer acciones, estrategias y programas para favorecer que los consumidores del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.”

La redacción vigente de dicha fracción X de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía es la siguiente: “X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica”.

Estas comisiones estiman viable conjuntar la redacción de ambas fracciones para quedar como sigue: “X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas energéticamente ineficientes por lámparas con mayor eficiencia energética, en términos de las normas oficiales mexicanas vigentes.”

Con la redacción anterior se permite determinar de forma general la sustitución de un producto “lámparas energéticamente ineficientes” por otro distinto “lámparas con mayor eficiencia energética” en atención a las características y/o especificaciones que debe reunir dicho producto conforme a las normas oficiales mexicanas. Es decir, se toma en consideración la legislación vigente, de forma específica, lo establecido en el artículo 3o., fracción XII, en relación con el artículo 40, ambos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Consecuentemente, no resulta necesario crear una fracción XI dentro del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

B.Se propone en las iniciativas en estudio, la adición de diversas hipótesis, consideradas como conductas para sancionar por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Al analizar el contenido y la estructura de la norma se consideró establecer un nuevo título en el que se reflejen las citadas prohibiciones, mismas que constituyen disposiciones jurídicas en atención a la conservación y cuidado del medio ambiente.

En ese sentido se propone la adición de artículo 34 a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con la siguiente redacción:

“ Artículo 34. Se prohíbe la importación, distribución y comercialización de lámparas, tanto al mayoreo como al menudeo, que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Lo anterior, con las excepciones que se establezcan en dichas normas.”

En la redacción transcrita se pretende establecer la prohibición a diversas conductas (importar, distribuir o comercializar) en relación con un producto (lámparas que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas). Asimismo, se prevé que en dichas normas oficiales mexicanas se establezcan las excepciones que pudieran existir.

Lo anterior es así, pues no obstante que resulta viable establecer una sanción a dichas conductas, en atención a que el espíritu de la ley es proscribir dichas lámparas por su ineficiencia energética en comparación con diversas lámparas y equipos de iluminación existentes en la actualidad, estas comisiones dictaminadoras estiman que debe establecerse en el cuerpo de la ley la prohibición expresa a dichas conductas.

C.En concordancia con lo anterior, estas comisiones consideran adicionar la fracción I del artículo 30 de la vigente Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía con la finalidad de establecer una sanción al hecho de contravenir la prohibición establecida en el artículo 34 que se adiciona. Es decir, se prevé una sanción para establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor sancionará de cien a diez mil veces el salario mínimo a quien realice las conductas prohibidas: importar, distribuir o comercializar, tanto al mayoreo como al menudeo, lámparas que no tengan las características y/o especificaciones mínimas que se establezcan en las normas oficiales mexicanas para tenerlas como lámparas energéticamente eficientes.

También, se establece la salvedad de que la aplicación de las sanciones propuestas será sin perjuicio de lo establecido en diversas leyes. Con lo anterior, se tomaría en cuenta, por ejemplo, la facultad prevista para las autoridades aduaneras en el artículo 151, fracción II, de la Ley Aduanera, relativa al embargo precautorio cuando se trate de mercancías de importación prohibidas. De esta forma, la sanción correspondiente no dejaría sin efectos la facultad de realizar el embargo precautorio de una mercancía cuya importación se encuentra prohibida.

D.Por otra parte, se ha estimado procedente establecer sólo la fecha de iniciación de vigencia en el contenido de los artículos transitorios y no se consideró viable establecer en dicho régimen transitorio las prohibiciones en comento, como se proponía en las iniciativas en comento; lo anterior, por razones de técnica jurídica y en aras de establecer una adecuada estructura de la ley.

De esta forma, en el régimen transitorio, estas comisiones dictaminadoras prevén en el primer artículo transitorio establecer la entrada en vigor del decreto que se plantea.

Asimismo, las comisiones dictaminadoras han considerado establecer en un artículo Segundo transitorio que la Secretaría de Energía elabore anualmente un informe en el que se evaluarán los resultados de la estrategia establecida en la fracción X del artículo del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Lo anterior, para dar seguimiento puntual a la ejecución y avance de los objetivos que se pretenden alcanzar con dicha estrategia. 

Finalmente, no se soslayan algunas propuestas contenidas en las iniciativas que se dictaminan y que estas comisiones no estiman como procedentes para su aprobación conforme a lo establecido en las consideraciones subsecuentes.

E. En el artículo quinto transitorio del artículo primero de ambos proyectos de decreto de las iniciativas que se dictaminan se propone que “la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantarán acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por ahorradoras”.

Al respecto, se debe precisar que esta disposición se encuentra repetida en el contenido de la adición de una fracción XI al artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de las propias iniciativas. Asimismo, por razones de técnica jurídica y un adecuado diseño estructural de la ley este tipo de disposiciones no debe contenerse en un régimen transitorio. En atención a lo anterior y al haberse considerado la propuesta en la reforma planteada por estas comisiones dictaminadoras en el contenido de la fracción X del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, resulta improcedente la inclusión de este artículo transitorio.

F.En el artículo quinto transitorio de las iniciativas propuestas se prevé que “en un plazo máximo de tres meses posteriores a la publicación del presente decreto, y con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Energía elaborará el anteproyecto de actualización de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, para incorporar en la sección 6, ‘Especificaciones’, los parámetros de contenido máximo de mercurio y vida útil mínima”.

Se precisa que la información que se debe contener en las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, las cuales se consideran como residuos peligrosos sujetos a planes de manejo en el artículo 31, fracción VI, de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos,  debe incluirse en una norma oficial mexicana de conformidad con lo establecido en el artículo 32 vigente de la misma ley, mismo que se transcribe:

“Artículo 32. Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular los planes de manejo, se especificarán en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y estarán basados en los principios que señala la presente ley.”

En consecuencia, estas Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideran no aprobar la reforma planteada a la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos para adicionar un artículo 39 Bis y adicionar una fracción XXIV al artículo 106.

Cabe citar que el incumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 se sancionará de conformidad con lo establecido en su numeral 13,“Sanciones”, por lo cual la sanción a la no inclusión de la información relativa al manejo de los residuos peligrosos –lámparas fluorescentes- ya se encontraría prevista.

G.Por otra parte, se propone en las iniciativas en comento la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos para establecer que “la secretaría, en colaboración con la Secretaría de Energía, establecerá lineamientos y estrategias por observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio”.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estiman que dicha reforma es improcedente, ya que es contraria a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, en el que se establece que los lineamientos y procedimientos que se deban considerara al formular los planes de manejo se deben especificar en normas oficiales mexicanas y, además, deben estar basados en los principio de la misma ley. En consecuencia, se considera de no aprobar la reforma planteada en este sentido por las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Ninfa Clara Salinas Sada.

Por las razones expuestas con antelación, las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Artículo Único.Se reforma la fracción X del artículo 7; se reforma la fracción I del artículo 30; y se adiciona el título séptimo, “Otras Disposiciones”, con un artículo 34, todos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para quedar como sigue:

“Artículo 7. El programa incluirá al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendentes a:

I. a IX. ...

X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas energéticamente ineficientes por lámparas con mayor eficiencia energética, en términos de las normas oficiales mexicanas vigentes.”

“Artículo 30. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa las conductas u omisiones siguientes:

I. De cien a diez mil veces el salario mínimo a la persona que fabrique, importe, distribuya o comercialice los equipos o aparatos a que hace referencia el artículo 23 del presente ordenamiento, que no incluyan la información acerca del consumo energético, o cuando la incluyan de forma diferente a la que establezca el reglamento, siempre que no implique engaño al consumidor o no constituya una práctica que pueda inducir a error; asimismo, a la persona que contravenga lo dispuesto en el artículo 34 de este ordenamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales;

II. y III. ...

...”

“Título SéptimoOtras Disposiciones

Artículo 34. Se prohíbe la importación, distribución y comercialización de lámparas, tanto al mayoreo como al menudeo, que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Lo anterior, con las excepciones que se establezcan en dichas normas.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría, a través de la comisión deberá elaborar anualmente un informe en el que se evaluarán los resultados de la estrategia establecida en la fracción X del artículo 7 de esta ley.

Notas:

1 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental/ cambio-climatico.html

2 http://www.fide.org.mx/LFC/diferencia.html

3 http://www.ine.gob.mx/descargas/sqre/mxhg_airefinal_todo_v3.pdf

4 http://www.epa.gov/mercury/consumer.htm

5 Programa de Ahorro de Energía Eléctrica 2007-2012. Ver en:  http://www.conae.gob.mx/wb/

6 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-emp leos/energia-electricidad-e-hidrocarburos.html

7 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012.

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5030251&fecha=21/02/ 2008

9 El Indicador del Objetivo III.1

Nombre del Indicador Ahorro en el consumo de energía eléctrica

Unidad de medida: Gigawatts-hora

Línea base (2006): 21,685

Meta 2012: 43,416

Véase en Programa Sectorial de Energía 2007-2012

10 Información al 31 de Diciembre del 2009 del Fideicomiso denominado Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Véase en: http://www.energia.gob.mx/webSener/res/0/Fideicomiso_2145.pdf

11 http://www.puntofocal.gov.ar/doc/arg2009/246_t.pdf

12 http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_ normatividad/ form_consultar_normas_energia.jsp?parametro=1662& site=1

13 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia por ciento20energetica/ds por ciento20034-2008-em.pdf

14 http://www.cga.ct.gov/2007/TOB/S/2007SB-01432-R00-SB.htm

15 http://www.clasponline.org/clasp.online.worldwide.php?programinfo=704

16 El artículo 2 de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece  en su fracción I que para los efectos de esta ley se entenderá por aprovechamiento sustentable de la energía “El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.” Asimismo, en su fracción V establece que la eficiencia energética son todas aquellas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oceguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo.»

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención del contenido de los artículos 38 y 40 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de agosto de 2010, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa del diputado Juan José Guerra Abud propone reformar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), a fin de incorporar como objeto de aplicación de ésta los proyectos hidroeléctricos que, aunque tengan capacidad de generación superior a 30 megawatts, requieran embalses con superficie menor de 1 hectárea o con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos.

Para ello propone reformar la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar con la siguiente redacción:

Artículo 1o. ...

Se excluye del objeto de la presente ley la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad:

I. ...

II. Energía hidráulica que requiera crear nuevos embalses con superficies mayores a una hectárea o con capacidad de almacenamiento mayor a 50 mil metros cúbicos; en el entendido que cualquier nuevo embalse debe estar ubicado dentro del inmueble sobre el cual el permisionario de la planta hidroeléctrica tenga un derecho real;

III. y IV. ...

El diputado Guerra Abud justifica su propuesta en los siguientes términos:

1. La energía hidroeléctrica es renovable si le damos al agua un uso sustentable, esto es, evitando o disminuyendo al máximo los impactos ambientales, económicos y sociales.

2. Las grandes plantas hidroeléctricas requieren de la inundación de una gran superficie de terreno de distinta clase de usos de suelo, agrícola, forestal, de conservación, zonas recreativas e incluso sitios de valor cultural e histórico, que quedan inhabilitados para dichos usos. En algunos casos, se afecta la calidad y flujo del agua, de modo que intermitentemente, disminuye el suministro para consumo humano, afectando las poblaciones ubicadas río abajo; además, el agua se vuelve inadecuada para piscicultura ya que el dique constituye una barrera para la migración de los peces.

3. La opción más conveniente para generar electricidad a través del recurso hidráulico, son las centrales minihidroeléctricas, ya que tienen menor impacto ambiental porque utilizan un embalse pequeño, permitiendo aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes presas.

4. En la redacción actual de la LAERFTE se excluyen del objeto de la Ley, las centrales hidroeléctricas con capacidad mayor de 30 MW, lo cual deja fuera de los apoyos previstos para las energías renovables los proyectos de mayor capacidad.

5. Es incorrecto excluir por completo estos proyectos, en virtud de que algunas de estas centrales no utilizarían embalses nuevos o embalses con superficie menor de una hectárea y, por consiguiente, tienen bajo impacto ambiental, por lo cual deberían considerarse renovables y, en consecuencia, ser promovidas y apoyadas.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa planteada por el diputado Guerra Abud, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Actualmente se considera fuente de energía renovable la energía hidráulica de fuentes con capacidad menor a 30 megawatts –energía minihidráulica–. El diputado Guerra Abud estima que existen proyectos con mayor capacidad y que pueden ser considerados como fuentes de energía renovables y que, por tanto, no deben excluirse del objeto de la ley que se intenta modificar. Por tanto, propone modificar la redacción actual para considerar como energía minihidráulica la derivada de proyectos que requieren nuevos embalses con superficies menores de 1 hectárea, o con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos.

Segunda. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el criterio expresado por el diputado Guerra Abud en el sentido de aprovechar al máximo el potencial que representan las energías renovables, manteniendo el uso responsable de los recursos naturales.

El mismo criterio está presente en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, ya que reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, considera, entre otras, como fuente de energía renovable, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.

Sin embargo, la ley en cita excluye de su objeto algunas fuentes para generar electricidad, entre las cuales se encuentra la energía hidráulica de fuentes con capacidad de generar más de 30 megawatts. De esta forma, se acota la energía minihidráulica, tal y como se reconoce en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.

En ese instrumento de regulación y planeación derivado de la misma ley en comento, se establece que la energía minihidráulica es producida en instalaciones hidroeléctricas de capacidad limitada, utilizando la energía potencial o cinética generada por el agua que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos. Este tipo de energía se considera renovable, pues no agota la fuente primaria al explotarla, y no implica la emisión de contaminantes o residuos.

Tercera. Los integrantes de la Comisión de Energía consideran apropiado modificar el concepto actual de la energía minihidráulica para ampliar su alcance e incluir todos los proyectos que cumplan las características que se proponen en la iniciativa; es decir, que requieran embalses con superficies no mayores de 1 hectárea o con una capacidad de almacenamiento de agua menor de 50 mil metros cúbicos, sin que la capacidad de generación sea una limitante.

Estos proyectos, igual que los ya considerados en la actual legislación, por su escala limitada, permiten reducir los impactos sobre el ambiente, y permiten aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes instalaciones.

Los proyectos minihidráulicos, además de contribuir con la diversificación de las fuentes primarias de energía, se adecuan a los principales beneficios económicos y sociales de este tipo de energía señalados en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables: reducción de riesgos por inundaciones; mitigación de erosión de cuencas; mejoramiento de labores agrícolas; desarrollo agroindustrial; derrama económica por la construcción y operación, y arraigo en las zonas rurales y capacitación.

Sin embargo, la Comisión de Energía no pasa por alto que en todo proyecto siempre será necesario valorar qué impacto adicional se generará por la ejecución de los proyectos, los cuales llevan asociados a la operación central la construcción de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, caminos de acceso, etcétera, que en su conjunto, producen una serie de efectos ambientales acumulativos o sinérgicos. Por ello, cada proyecto debe evaluarse de manera integral, para evitar sesgos en la interpretación de los posibles efectos que se ocasionarían al ambiente. Asimismo, deberán cumplir la normativa vigente en materia de exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas.

Cuarta. No obstante que la Comisión de Energía coincide con el planteamiento realizado por el diputado en la exposición de motivos, se estima que la reforma legislativa planteada debe ser modificada.

Lo anterior, en virtud de que propone considerar solamente como energía minihidráulica la derivada de proyectos que a) requieren nuevos embalses con superficies menores de 1 hectárea; o b) con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos. Asimismo, elimina considerar como energía minihidráulica la proveniente de fuentes de generación menores de 30 Mw.

Con dicha redacción no sólo indica su objetivo sino que además restringe el universo de los proyectos que actualmente se consideran renovables y que actualmente son objeto de la ley, pues lejos de ampliar el concepto de energía minihidráulica, como se manifiesta en la exposición de motivos, se limita aún más.

Asimismo, se considera factible modificar el término “permisionario de la planta hidroeléctrica” por el de “el generador”, a fin de homologar dicha referencia con la redacción actual de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. En la fracción V del artículo 3 de esta ley se establece que por “generador” se entenderá la “persona física de nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que genere electricidad a partir de energías renovables.

En consecuencia, la Comisión de Energía plantea que la redacción de la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética quede como sigue:

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de 1 hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.

Quinta. Finalmente, en atención de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Comisión de Energía estima conveniente precisar que con la eventual aprobación de la reforma planteada en la iniciativa que se dictamina no se incide en materia de gasto y, por tanto, no causa ningún impacto presupuestario.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Energía sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Artículo Único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

I....

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de 1 hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.

III. y IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones XV y XVII y adiciona las fracciones XXII y XXIII al artículo 25 de la Ley de Seguridad Privada.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma las fracciones XV y XVII y adiciona la XXII y XXIII al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y análisis correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan la XXII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política; y 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al examen de la minuta descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 11 de octubre de 2007, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I del artículo 15, y XV y XVII del 25, y se adicionan la XXII, XXIII y XXIV al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Con fecha 3 de septiembre de 2009 se turnó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan la XXII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Análisis y consideraciones de la minuta

Primero. La problemática en el aumento de la incidencia delictiva, además de exigir mayor eficiencia en el funcionamiento de los cuerpos policiales, propicia que la sociedad busque medios y mecanismos alternativos para proteger su patrimonio y su integridad personal. Así, el sector de la seguridad privada cobra auge, al constituirse como una actividad estratégica coadyuvante de la seguridad pública.

Segundo. De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, la seguridad privada es la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública.

Tercero. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Luego entonces, si la seguridad privada, por ser una función auxiliar de la seguridad pública de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, ésta también deberá regirse por los citados principios, lo cual implica que se requiere un estricto control y seguimiento de las instituciones de seguridad privada.

Cuarto. No obstante lo mencionado, existen ya en el sistema jurídico normas y lineamientos que regulan el marco de actuación de quienes prestan servicios de seguridad privada, los cuales reflejan la labor conjunta que tienen el deber de realizar tanto las instituciones de seguridad privada como las de seguridad pública. Así lo reafirma la siguiente tesis aislada:

Seguridad privada. Es improcedente conceder la suspensión provisional contra las medidas de control y verificación de las corporaciones que prestan esos servicios.

La sociedad está interesada en que las empresas que se dedican a prestar el servicio de seguridad privada –lo que implica la guarda, custodia, uso y manejo de armamento, patrullas e insignias oficiales– funcionen con las medidas legales establecidas, pues ello incide en la materia de seguridad pública, de la cual son auxiliares, toda vez que coadyuvan en el combate de la delincuencia y participan en el cuidado de las personas que las contratan, con lo que se pretende garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, cuidando la paz y el orden público. De ahí que deba negarse la suspensión provisional solicitada contra las medidas de control y verificación de la autoridad, por no cumplirse con las exigencias del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Queja 304/2004. Seguridad Privada y Servicios Cooperativos, SA de CV; 18 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia. Queja 1/2006. Crecimiento de Jalisco, SC; 4 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

Quinto. Esta comisión considera que, en el marco del combate de la delincuencia, es importante actualizar el contenido de la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de que las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico eleven el nivel de seguridad de los usuarios, estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas a fin de que éstas sean identificadas de forma clara y precisa y, con ello, desde luego, sin suplantar a las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de dicha función, coadyuvan también desde su ámbito a consolidar la seguridad pública. Esta dictaminadora coincide con la colegisladora en perfeccionar el ordenamiento regulador en el plano federal de la seguridad privada.

Sexto. El contenido de la minuta que nos ocupa satisface el requisito de implantación de las normas constitucionales de la materia de seguridad privada, sin contener disposición alguna que exceda o contravenga el texto de la ley suprema, lo que evidencia su carácter congruente con esta.

Séptimo. La minuta materia del presente dictamen tiene como objetivos adecuar la ley a los nuevos requerimientos tecnológicos, reforzar los requisitos a cargo de las empresas privadas que ofrecen servicios de vigilancia, rastreo, monitoreo y seguimiento de personas y vehículos, como dispositivos de localización que operan vía satélite integrado, que puede ser un sistema de localización vehicular satelital GPS-GPRS (e-tracker), un dispositivo de localización satelital de personas GPS-GPRS-SMS (Xega SOS, E-Phone Pro, E-Phone Esc, o VIP 911), y un chip de identificación implantable en el cuerpo humano, denominado “Verichip”, entre otros.

Debido a que el principal problema del secuestro es la localización de las víctimas, se piensa que este tipo de equipos se puede usar como dispositivo antisecuestro. No obstante y sorprendentemente, las empresas que prestan este servicio no están incluidas en la Ley Federal de Seguridad Privada, aun cuando las autoridades de seguridad pública trabajan muchas veces con algunas de éstas en operaciones y a pesar de todas las expectativas que se tienen en estos equipos, así como la importancia que tiene para la salud de los usuarios de dichos dispositivos.

Octavo. En el caso en estudio destacan lo relativo a las modalidades del servicio y el equipo relacionado con los servicios de seguridad privada, así como las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada. En cuanto a la definición de las modalidades, se prevén dos supuestos: la descripción de seguridad privada a personas y la actividad vinculada con servicios de seguridad privada. La primera se describe como la protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal; la segunda, como la actividad relacionada directa o indirectamente con la instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados. Una de las obligaciones de los prestadores de servicios es la relacionada con el tema es la de utilizar únicamente el equipo y armamento registrado ante la dirección general y que cumpla las normas mexicanas correspondientes.

Noveno. Indudablemente, toda reforma legal debe guardar una exacta adecuación y concordancia con el texto constitucional, de modo tal que los mismos principios, lineamientos y directrices que en éste se encuentran detallados sean introducidos en cada uno de los ordenamientos respecto a los cuales tengan aplicación. Las leyes reglamentarias son leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan uno o varios preceptos de la Constitución, a fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que regulan; por tanto, el carácter reglamentario de la ley radica en su contenido.

En efecto, la minuta que se dictamina tiene el propósito fundamental de hacer congruente la normatividad de la Ley Federal de Seguridad Privada, pues con independencia de la regulación específica que la legislación contiene en materia de seguridad privada se hace necesario adecuar la legislación, en plena concordancia con lo que en la realidad actual se presenta con el avance tecnológico en materia de seguridad privada.

Décimo. Respecto a la propuesta de reforma de la fracción I del artículo 15, consistente en incorporar en las modalidades de seguridad privada para que ésta se realice a través de los servicios de custodia o equipo de localización e identificación personal, se coincide con la colegisladora, al considerar que tal supuesto ya se encuentra previsto en el cuerpo de la ley y su reglamento, específicamente en la fracción IV del artículo 15, relativa a la actividad vinculada con servicios de seguridad privada, que refiere a la actividad vinculada directa o indirectamente con la instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados. Por tanto, se coincide en que dicha reforma es innecesaria en virtud de que los equipos de localización e identificación están previstos en distintos ordenamientos, dentro de los llamados “dispositivos, sistemas o procedimientos técnicos especializados”.

Respecto a la reforma de las fracciones XV y XVII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada, se consideran adecuados en los términos propuestos, ya que al incluir el término telecomunicaciones y red de telecomunicaciones se incluye a las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, pues dicho término corresponde a una red de enlaces y nodos ordenados para la comunicación a distancia, donde los mensajes pueden pasarse de una parte a otra de la red sobre múltiples enlaces y a través de varios nodos.

De igual modo, respecto de la adición de las fracciones XXII, XXIII y XXIV del artículo 25 de la ley, se coincide en cambiar la redacción propuesta de la fracción XXII, a fin de hacerla congruente con las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y el marco legal.

Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad VI del artículo 15 de la ley en comento, y específicamente en dispositivos, sistemas o procedimientos técnicos especializados será requisito indispensable presentar una relación y muestra física de los equipos que utilicen para el servicio, por lo que se considera procedente suprimir la fracción XIV, aunado a que ya están previstas en las facultades de verificación (artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Seguridad Privada) para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Undécimo. Se considera que el uso de este tipo de equipos en el ámbito de la seguridad personal es una alternativa viable que coadyuvará a enfrentar el terrible mal de la delincuencia. Por otro lado, se tiene confianza en que a través de la vinculación directa que se ha establecido entre estas empresas y los cuerpos de seguridad pública se agilizará la captura de bandas de secuestradores que operan en el país.

Duodécimo. Esta comisión considera pertinente señalar la existencia de la minuta enviada al Senado de la República que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada, para incorporar conceptos tecnológicos que emplean las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada y reforzar su reglamentación, presentada por el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, publicada en su Gaceta el 30 de abril de 2009 y turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera.

Por lo expuesto, estas comisiones determinan que es procedente aprobar la minuta en estudio, toda vez que el diseño de las medidas legislativas analizadas permitirá el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y operación de las empresas dedicadas a brindar seguridad privada a la ciudadanía, dando congruencia a las leyes secundarias con el texto constitucional.

Por los argumentos vertidos en párrafos que anteceden, esta comisión manifiesta la aprobación de la minuta objeto del presente dictamen, ya que de esta forma se cumple la protección de la garantía de seguridad pública que el Estado debe proveer a todos los individuos que están en el territorio mexicano, consignada en la Constitución Política.

Por todo lo anterior y para los efectos del Apartado A del artículo 72 constitucional, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, con base en las consideraciones, expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan la XXII y XXIII al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada

Único. Se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan la XXII y XXIII al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a XIV. ...

XV. Relación de bienes inmuebles que se utilicen para el servicio, incluido equipo de telecomunicaciones, armamento, vehículos, equipo en general, así como los aditamentos complementarios al uniforme, en los formatos que para tal efecto establezca la dirección general;

XVI. ...

XVII. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radiocomunicaciones o red de telecomunicaciones, o contrato celebrado con concesionaria autorizada;

XVIII. a XXI. ...

XXII. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad VI del artículo 15 de la presente ley, y específicamente en dispositivos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, será requisito indispensable presentar una relación y muestra física de los equipos que utilicen para el servicio;

XXIII. Registro sanitario de los dispositivos de identificación personal; asimismo, para su almacenamiento y transportación deberán cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de salud aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de conformidad con el artículo 104, numeral 1 del Reglamento de la Cámara hasta por 10 minutos.

:Gracias, presidente. Es muy simple mi intervención.

Es para señalar, presidente, que efectivamente se trata de una reforma que parece adecuada a la Ley Federal de Seguridad Privada, para exigirles a estas empresas que tienen funciones que laboran en más de un estado, requisitos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, yo no quería dejar pasar por alto, presidente, que me parece indebido, en términos generales, que en este país, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel también municipal, en ocasiones empresas de seguridad privada realicen funciones que debe ejercer el Estado. La seguridad, como todos sabemos, en sus distintas vertientes es una función del Estado.

El Estado surge, por lo menos en algunas teorías del pensamiento político, para brindar seguridad a las personas. Entonces, si el Estado tiene por origen la garantía de la seguridad a las personas, no veo por qué este tipo de actividades también desde hace algunos años en nuestro país se estén privatizando y empresas de seguridad privada realicen funciones que le corresponden al Estado.

En fin, no tengo mayor objeción a este reforma, que implicará requisitos más exigentes para las empresas de seguridad privada, pero me parece en sí misma la noción de seguridad privada anticonstitucional, porque la seguridad es una función a cargo del Estado, a cargo del sector público, que no puede estar realizada por particulares, presidente.

No quería que este punto se aprobara sin que hiciese estas manifestaciones.

Espero también que los señores legisladores y las señoras legisladoras tomen conciencia de este asunto, para proponer una reforma que proponga la abrogación de estas leyes de seguridad privada, que permiten que particulares ejerzan funciones que corresponden al sector público.

Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra, en la discusión en lo general y en lo particular, la diputada Araceli Vázquez Camacho, quien la había solicitado, e interviene también por la Comisión la diputada Araceli Vázquez Camacho.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente. Agradezco en mi nombre y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el que la Comisión de Puntos Constitucionales me haya conferido el honor de dar lectura al dictamen en contra de la trata de personas. Este dictamen es muy importante...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdone, diputada, estamos en otro...

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:... porque se trata de un cambio constitucional...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, diputada, estamos discutiendo otro dictamen. Usted efectivamente estaba anotada para el otro. No se preocupe. Estamos en el de armas de fuego.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:¿De armas de fuego, de seguridad pública?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, de seguridad privada. Disculpe usted, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Mil perdones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, perdónenos usted a nosotros, diputada. La diputada Teresa Incháustegui, por el PRD sobre Ley de Seguridad Privada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, a nombre del PRD en la Comisión de Seguridad, nosotros votamos a favor de este dictamen, porque ciertamente cada vez es mayor la presencia de organizaciones privadas, de empresas. El crecimiento de este tipo de empresas es exponencial.

Hay una desigualdad ciertamente, en lo que significa la seguridad para la población sin recursos. Prácticamente no existe la seguridad y las empresas privadas están proveyendo seguridad sobre todo a empresas del país que cada vez gastan un porcentaje mayor en este tipo de servicios.

A pesar de que la existencia de la seguridad privada entraña una desigualdad que debemos corregir en materia de seguridad, no por eso debemos dejar al garete el crecimiento de estas empresas sin que estén sometidas a la regulación que en todo su equipo tecnológico y balístico deben tener.

En este sentido es importante que estas empresas rindan cuentas a la autoridad sobre su existencia, sobre su equipo y en este caso, también el equipo de las armas de fuego, porque si no tenemos este control, estas mismas empresas pueden también eventualmente entrar en complicidad con organizaciones criminales.

En este caso, creo que la regulación del Estado debe entrar. Por eso la posición del PRD en este dictamen es a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Incháustegui. Tiene la palabra el diputado Gustavo Ortega Joaquín.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a su consideración el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV, XVII y adicionan la XXII y XXIII del artículo 25 de l a Ley Federal de Seguridad Privada.

La problemática en el aumento de incidencia delictiva, además de exigir una mayor eficiencia en el funcionamiento de los cuerpos policiales, propicia que la sociedad busque medios y mecanismos alternativos para proteger su patrimonio y su integridad personal. Es así como el sector de la seguridad privada cobra auge al constituirse como una actividad estratégica coadyuvante a la seguridad pública.

Al respecto, el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada la define como la actividad a cargo de los particulares autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluido su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares en la función de seguridad pública, en el marco del combate a la delincuencia. Es importante actualizar el contenido de la ley en comento.

Es por esto que la Comisión de Seguridad Pública emite el presente dictamen, a fin de que las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico eleven el nivel de seguridad de los usuarios, estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas de esta manera, para ser identificadas de forma clara y precisa sin suplantar a las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de dicha función, coadyuvando a consolidar la seguridad pública en este orden de ideas, debiendo perfeccionar el ordenamiento regulador en el plano federal de la seguridad privada.

Como legisladores tenemos el gran compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos, resultando necesario regular de manera clara y expresa la utilización de diversos sistemas tecnológicos, reforzar los requisitos a cumplir por las empresas privadas que ofrecen servicios de vigilancia, rastreo, monitoreo y seguimiento de personas y vehículos, así como dispositivos de localización integrados que operan vía satélite, que pueden ser sistemas de localización satelital de vehículos y personas, entre otros.

Al ser uno de los principales problemas en nuestro país el delito del secuestro, en materia de localización de las víctimas, se piensa que el uso de ese tipo de equipos se puede utilizar como dispositivo antisecuestro. No obstante y sorprendentemente, las empresas que prestan este servicio no incluyen la utilización de este tipo de dispositivos en la Ley Federal de Seguridad Pública, aún cuando las autoridades de Seguridad Pública trabajan muchas veces con algunos de esos operativos y a pesar de todas las expectativas que se tienen en estos equipos, así como la importancia que se tiene para la salud de los usuarios de dichos dispositivos.

Por ésta y un sinnúmero de razones más, consideramos necesario que las fracciones XV y XVII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Pública, ya que al incluir el término telecomunicaciones y la red de telecomunicaciones, se incluya a las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, pues dicho término corresponde a una red de enlaces y nodos ordenados para la comunicación a distancia, donde los mensajes pueden pasarse de una parte a otra de la red sobre múltiples enlaces y a través de varios nodos.

Con la utilización de este tipo de equipos en el ámbito de la seguridad personal se abre una alternativa viable que coadyuvará a enfrentar el terrible mal de la delincuencia, teniendo la plena confianza de que a través de la vinculación directa entre empresas y los cuerpos de seguridad pública se agilizará la captura de bandas de secuestradores y de delincuentes en general que operan en el país.

Cabe señalar que durante la LX Legislatura, diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas en torno al tema, mismas que fueron objeto de dictaminación por parte de la Comisión de Seguridad Pública, siendo aprobado y enviado al Senado de la República, sin que a la fecha se haya emitido el dictamen respectivo, razón por la cual esta comisión considera impostergable regular la utilización de dispositivos de tecnología que sea utilizada por parte de las empresas de seguridad privada, a efecto de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas, con estricto apego y observancia de las instituciones encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos.

Por lo antes expuesto solicito su voto a favor del presente dictamen. Al ser el tema relativo a la seguridad uno de los temas más sensibles para el país, es necesario contar con herramientas jurídicas que permitan dar certeza al funcionamiento y desarrollo tecnológico de actividades por parte de las empresas de seguridad privada, mismas que son coadyuvantes a las instituciones encargadas de tan importante labor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. No hay más oradores inscritos, por lo que le solicito, secretaria, pregunte si está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea  si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda suficientemente discutido. Por consiguiente, ábrase el sistema de votación hasta por 10 minutos, para recoger la votación de los señores legisladores.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Ricardo Urzúa Rivera(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Guzmán Lozano(desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Lepe Lepe(desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh(desde la curul): A favor.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul): A favor.

El diputado Eviel Pérez Magaña(desde la curul): A favor.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero(desde la curul): A favor.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto(desde la curul): A favor.

El diputado José Francisco Rábago Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Lauro Rojas San Román(desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 399 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 399, el proyecto de decreto que reforma las fracciones XV y XVII, y adiciona las fracciones XXII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. No habiendo oradores para fundamentar el dictamen, se encuentra a discusión en lo general.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avoca al examen de la minuta descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 27 de noviembre de 2008, los senadores Humberto Aguilar Coronado y Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

II. Con fecha 7 de septiembre de 2010, se turnó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Contenido de la minuta

1. La pretensión de los proponentes tiene como objetivo regular en la Ley Federal de Seguridad Privada a las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico; estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas a fin de que estas sean identificadas de forma clara y precisa.

2. La colegisladora manifiesta en la minuta, objeto del presente análisis, que el uso de tecnologías principalmente de la información que permitan una reacción inmediata está cada vez más extendida en el territorio nacional, debido a que en muchos municipios, gracias al Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun), se han concretado instalaciones que permiten el arribo de la patrulla en unos cuantos segundos a partir de que se recibe la llamada de auxilio, lo cual eleva el nivel de seguridad de las personas y permite un mayor número de detenciones.

3. En consecuencia, la colegisladora coincide con los autores de la iniciativa en que las alarmas entrañan un medio eficaz, tanto para disuadir la comisión de delitos como para hacer efectiva y oportuna la reacción cuando se está perpetrando algún ilícito, principalmente de aquellos que vulneran la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas y que su uso cada vez más extendido entre la población requiere de una perspectiva que aporte a los usuarios certeza de que recibirán un servicio de calidad y que asegure que en efecto la seguridad privada, mediante este tipo de dispositivos, coadyuve con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, dándoles aviso oportuno de cualquier incidencia que registre el monitoreo con el propósito de agilizar la intervención de dichas autoridades en pro de la seguridad de las personas y sus bienes. Por lo anterior, es necesario regular la prestación de dicho servicio con la finalidad de asegurar a los usuarios calidad a nivel internacional.

Sostiene que la técnica adoptada por la ley, en su artículo 15, respecto a las otras modalidades restantes de la seguridad privada es la adecuada, en función de precisar en qué consiste el servicio que nos ocupa destacando la conexión de los sistemas de alarma y monitoreo con los centros de emergencias de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

4. Enfatiza que la certeza sobre la existencia y viabilidad del prestador de los servicios queda demostrada a cabalidad si, además de los requisitos a que se contrae el artículo 25 de la ley para obtener la autorización para funcionar, se solicita acreditar que se encuentra inscrito en el Fisco y se exhibe un medio probatorio de la realidad física del edificio donde tenga su domicilio el interesado peticionario, por lo que se coincide.

Finalmente por lo que respecta a la mención de que los prestadores del servicio no entrañan en su actividad la contratación de seguros, la colegisladora considera que no es necesario reproducir esta cita en la ley, ya que este deber ya está comprendido en la fracción XXIII del artículo 32 de la ley, relativo a la suspensión de actividades para cualquier prestador de servicios, independientemente de la modalidad bajo la cual opere.

Análisis y consideraciones de la minuta

Primero.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios cuya ejecución deberá realizarse en forma coordinada entre los distintos ordenes de gobierno y que la seguridad privada no puede desligarse de la seguridad pública en su carácter de actividad complementaria.

A su vez, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Que la misma ley general determina que los servicios privados de seguridad son auxiliares a la función de seguridad pública y quienes se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas que determine la ley, incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segundo.La Ley Federal de Seguridad Privada fue publicada el 6 de julio 2006, tiene por objeto que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal regule la prestación de dichos servicios, reconociendo la importancia que esta actividad tiene en su carácter complementario a las labores de las corporaciones de seguridad pública, situada en el ámbito de la seguridad intramuros y en otros entornos de los particulares, sus personas y patrimonio.

Como resultado de tal disposición, la Secretaría de Seguridad Pública creó la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, cuya tarea principal se prevé en la misma Ley para expedir las autorizaciones que permitan a una persona física o moral prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas.

Tercero.En el mercado de los servicios de seguridad privada se ha producido un acelerado avance tecnológico, que aplicados a instalaciones, equipos, sistemas de comunicación, monitoreo de movimientos por cámaras y sensores, localizadores satelitales y equipos de intercepción de señales de aparatos de comunicación, entre otros, ha provocado que la ley vigente resulte inaplicable, ya que no contempla los nuevos equipos con los que las empresas están ofreciendo sus servicios, más aún, en aquéllas que prestan servicios de seguimiento, monitoreo y rastreo de llamadas, y/o personas, bienes muebles, etcétera.

Como resultado de todo lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública consideró en su actual modelo de gestión la reestructuración a la dirección general creada para la autorización de los servicios de seguridad privada, transformándola en la Dirección General de Seguridad Privada la cual deberá asegurar que los servicios de seguridad proporcionados por particulares en dos o más entidades federativas, se apeguen a la normatividad aplicable en la materia y aplicar en su ámbito de competencia la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo los mecanismos necesarios para su debida regulación y supervisión, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la estrategia nacional para la prevención del delito y el combate a la delincuencia.

Es por ello, que el objetivo de las modificaciones que se proponen en la Minuta es el de adecuar la ley a los nuevos requerimientos tecnológicos, que los servicios privados de seguridad son auxiliares a la función de seguridad pública y quienes se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, rigiéndose por las normas que determine la ley, incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Derivado de las consideraciones anteriormente expuestas y dada la trascendencia de la labor que desempeñan las empresas de seguridad privada, es fundamental contar con un marco legal uniforme y actualizado, evitándose con ello la laxitud y dispersión de normas locales y federales que no puedan complementarse por efecto de su posible localismo o generalidad.

Cuarto.Toda vez que la supervisión de los servicios de seguridad privada es competencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de conformidad con lo que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y dada la importancia que representa el regular el funcionamiento de las empresas que operan con nuevas tecnologías, específicamente con sistemas de alarma y monitoreo, siendo una actividad útil a los fines que persigue la Seguridad Pública, esta Comisión considera adecuada en lo general la propuesta planteada por la Colegisladora.

Sin embargo, a efecto de brindar mayor claridad al contenido de los preceptos normativos que se proponen reformar, esta Comisión considera necesario modificar el contenido del  artículo 2º, fracción  XIV de la Ley Federal de Seguridad Privada propuesto por la colegisladora a fin de establecer en el contenido de la definición de “Sistemas de Alarma” para el caso de que se haya contratado el servicio de monitoreo electrónico, el sistema las reportará automáticamente a una central de monitoreo.

A su vez, se propone modificar la propuesta de redacción de la fracción XV del citado artículo 2º de  la ley en comento, a fin de establecer en el contenido de la definición de “Monitoreo Electrónico” el seguimientode señales emitidas por sistemas de alarma, así como dar aviso de las mismas, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios de los sistemas.

De tal manera que la redacción de las citadas fracciones quede de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

I. a XIII. ...

XIV. Sistemas de Alarmas. Son sistemas que constan de diversos dispositivos electrónicos instalados en muebles e inmuebles cuya función es disuadir y detectar incidencias. Para el caso de que se haya contratado el servicio de monitoreo electrónico el sistema las reportará automáticamente a una central de monitoreo.

XV.Monitoreo Electrónico. Consiste en la recepción, clasificación, seguimiento y administración de señales emitidas por sistemas de alarma, así como dar aviso de las mismas, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios de los sistemas.

XVI. ...

XVII. ...

Quinto.Respecto al artículo 25, a fin de fortalecer el marco normativo en comento, se sugiere modificar y adicionar la propuesta planteada por la colegisladora en la fracción V, a fin de establecer como obligación de las empresas de seguridad privada actualizar las fotografías de la fachada de los inmuebles referidos en la citada fracción cuando la misma sufra modificaciones de cualquier índole, quedando la redacción de la siguiente manera:

Artículo 25. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c) En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante y

d) Copia de Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Señalar el domicilio de la matriz y en su caso de las sucursales, precisando el nombre y puesto del encargado en cada una de ellas, además de adjuntar los comprobantes de domicilio correspondientes y acompañarse de fotografías a color de la fachada de los inmuebles antes referidos, las cuales deberán actualizarse cada vez que sufra alguna modificación de cualquier índole;

VI. a XXI. ...

Tomando en consideración las modificaciones propuestas, esta Comisión considera de gran utilidad que las empresas encargadas de proporcionar servicios de instalación de alarmas y monitoreo de señales estén en permanente comunicación con las instituciones encargadas de la Seguridad Pública, resultando necesario que aquellas reúnan los requisitos establecidos en el ordenamiento legal conducente, y así se brinde certeza tanto a la propia autoridad como a los usuarios, sobre la seriedad y formalidad en la prestación de estos servicios, así como el personal que los opera cuente con la debida capacitación y profesionalización.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Pública, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 2o.; una fracción IV recorriéndose la numeración de las fracciones al artículo 15, se adiciona el inciso d) a la fracción IV y se reforma la fracción V del artículo 25; se adiciona al artículo 32 una fracción XXX y se recorren las subsecuentes; se adiciona el Título Séptimo, con Capítulo Único denominado De los prestadores de servicios de alarma y monitoreo, artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue:

Artículo 2....

I. a XIII. ...

XIV. Sistemas de alarmas. Son sistemas que constan de diversos dispositivos electrónicos instalados en muebles e inmuebles cuya función es disuadir y detectar incidencias. Para el caso de que se haya contratado el servicio de monitoreo electrónico, el sistema las reportará automáticamente a una central de monitoreo.

XV. Monitoreo electrónico. Consiste en la recepción, clasificación seguimientoy administración de señales emitidas por sistemas de alarma, así como, dar aviso de las mismas, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios de los sistemas.

XVI. Central de monitoreo. Es el lugar donde se reciben las señales emitidas por los sistemas de alarma, que cuenta con la infraestructura y el personal necesario para realizar las funciones de los servicios de monitoreo.

XVII. Sistema de redundancia. Es la acción a través de respaldos físicos y tecnológicos para casos de contingencia, fallas de equipos o sistemas, fallas en las comunicaciones o en él suministro eléctrico que asegure la continuidad de la prestación del servicio de monitoreo.

Artículo 15...

I. a III. ...

IV. Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico. La instalación de sistemas de alarma en vehículos, casas, oficinas, empresas y en todo tipo de lugares que se quiera proteger y vigilar, a partir del aviso de los prestatarios, así como recibir y administrar las señales enviadas a la central de monitoreo por los sistemas, y dar aviso de las mismas, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios de los sistemas y equipos, así como a los prestatarios, en forma inmediata;

V. Seguridad de la información. Consiste en la preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a través de sistemas de administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia;

VI. Sistemas de prevención y responsabilidades. Se refieren a la prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas, y

VII. Actividad vinculada con servicios de seguridad privada. Se refiere a la actividad relacionada directa o indirectamente con la instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados.

Artículo 25.Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Dirección General, señalando la modalidad y ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes requisitos:

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c) En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante, y

d) Copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Señalar el domicilio de la matriz y en su caso de las sucursales, precisando el nombre y puesto del encargado en cada una de ellas, además de adjuntar los comprobantes de domicilio correspondientes, y acompañarse de fotografías a color de la fachada de los inmuebles antes referidos las cuales deberán actualizarse cada vez que sufra alguna modificación de cualquier índole;

VI a XXI. ...

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios:

I. a XXIX. ...

XXX. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad prevista en la fracción IV del artículo 15, deberán cumplir con lo previsto en el Título Séptimo de la presente ley, y

XXXI. Registrar ante la Dirección General los animales con que operen y sujetar su utilización a las normas aplicables.

Título Séptimo

Capitulo ÚnicoDe los prestadores de servicio de alarma y monitoreo

Artículo 45.Los prestadores de servicios deberán colocar en lugar visible y de acceso al público, en los inmuebles de los prestatarios y en los propios, de manera clara y permanente, la siguiente información:

I. Logotipo;

II. Nombre o razón social;

III. Domicilio, teléfono, y

IV. Número o registro de autorización oficial otorgado en favor de la empresa privada.

Artículo 46.La autorización otorgada por la Dirección General sólo es de operador del servicio de alarma y monitoreo electrónico, el prestador de servicio no cumple funciones de empresa de seguros de bienes, en ninguno de sus tipos.

Artículo 47.La central de monitoreo para la atención de las señales, deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Establecer un inmueble dedicado exclusivamente a la supervisión, control y administración de las señales, el cual no será lugar de paso a sectores asignados a otras actividades y contará como mínimo con dos puertas previas de acceso, antes de ingresar a dicho recinto;

II. Contará en todo momento con protección física, electrónica y mecánica, evitando la observación directa desde el exterior;

III. Tener como mínimo un equipo de recepción de señales, las cuales son generadas por los sistemas instalados en vehículos, casas, oficinas, empresas y en diversos lugares; además de que este equipo podrá ser de naturaleza análoga o digital, garantizando una correspondencia inequívoca entre las señales recibidas;

IV. Cumplir con los reglamentos y normas de seguridad emitidas para la seguridad y sanidad;

V. Contar con equipos y programas informáticos de gestión de supervisión de alarmas y eventos, que permitan llevar un adecuado registro de dichas señales;

VI. Tener un generador de energía eléctrica de servicio continuo y/o sistema alternativo que garantice un servicio de energía ininterrumpido, así como sistemas de iluminación de emergencia;

VII. Tener de manera obligatoria un mínimo dos operadores por turno, destinados a las tareas específicas de supervisión, administración y control de las señales;

VIII. Mantener el sistema de redundancia para asegurar la continuidad de la prestación del servicio, y

IX. Contar por lo menos con 3 líneas activas de teléfono, exclusivas cada una para las siguientes funciones:

a) La recepción de señales;

b) El reporte a las autoridades competentes y a los usuarios de las señales recibidas, y

c) La atención de llamadas del público en general.

Artículo 48. Los prestadores de servicio a que se refiere el presente capítulo exhibirán ante la Dirección General copia certificada del modelo de contrato de servicios presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, de igual forma, darán aviso cada vez que sea necesaria su renovación, y exhibir el nuevo contrato autorizado.

Artículo 49.En caso de que un prestador de servicios subcontrate el servicio de monitoreo, la responsabilidad recae sobre el prestador que contrató el prestatario.

El prestador de servicios subcontratado deberá cumplir con lo establecido en la presente ley.

Artículo 50.El prestador de servicios deberá informar por escrito en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a la Dirección General, sobre cualquier suspensión temporal o definitiva de labores, así como de la disolución o liquidación del prestador de servicios y de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda tener como consecuencia la interrupción de sus actividades, en perjuicio de los prestatarios de dicho servicio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario los siguientes diputados: por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Arturo Santana Alfaro, y por el Partido Acción Nacional, el diputado Sergio González Hernández. Tiene la palabra el diputado Arturo Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con su venia, diputado presidente. La seguridad es un bien público que el Estado debe garantizar por igual a toda la ciudadanía, incluso se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan a la población, a la par del desempleo y la mala situación económica que estamos padeciendo los mexicanos.

El miedo a la inseguridad provocado ya hace un tiempo ha traído consigo un auge de empresas privadas que prestan servicios de seguridad, ya sea mediante efectivos o el control satelital de casas y vehículos. Al ser ésta una actividad sumamente delicada es necesario que el Estado tenga un papel firme en cuanto a definir el marco de actuación y a tener un control muy efectivo sobre este tema.

La seguridad privada en tanto se encuentre mejor regulada y controlada puede colaborar con el Estado en la reducción de los niveles de violencia y delincuencia; en la protección efectiva a la ciudadanía y en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Es por ello que con el objetivo de coadyuvar en materia de seguridad, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera necesario regular en la Ley Federal de Seguridad Privada a las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y monitoreo electrónico estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas, a fin de que éstas sean identificadas de forma clara y precisa.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 21, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, cuya ejecución deberá realizarse en forma coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y que la seguridad privada no puede desligarse de la seguridad pública en su carácter de actividad complementaria.

Es por ello que hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que con estas herramientas que hoy por hoy le está entregando el Legislativo se controle eficazmente a este tipo de empresas privadas que prestan la seguridad en nuestro país. Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoya en sus términos el sentido del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio González Hernández:Con su venia, señor presidente. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra sociedad. El ámbito de la seguridad y de la justicia ha pasado a ser objeto de análisis y críticas constantes debido a que se ha convertido en una exigencia de las más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por los distintos órdenes de gobierno, así como por los diferentes Poderes de la Unión en sus respectivas obligaciones y atribuciones.

Un legítimo sistema de gobierno democrático, respetuoso en todo momento, de un verdadero Estado de derecho, se distingue por el auténtico interés de respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido y, específicamente, garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su ámbito territorial, adoptado para tal efecto una política preventiva del delito.

Es claro que los resultados favorables al fenómeno de la delincuencia no deben cesar ni dar tregua; al contrario, deben fortalecer la estrategia para brindar seguridad y tranquilidad a los mexicanos. Es decir, la seguridad pública compone un elemento esencial en el funcionamiento de toda la nación debido a que se encarga de la protección, de la integridad física de las personas, de su patrimonio, así como del orden y la paz pública.

Por ello, garantizar un ambiente ajeno de todo tipo de delitos constituye la base para la gobernabilidad y el adecuado desarrollo social. En tal sentido, el Estado se encuentra obligado a establecer mecanismos legales y políticas públicas que tiendan a la estructuración de un eficaz sistema de seguridad dentro del ámbito público, así como en el privado.

Por ello la relevancia del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Pública. Tal y como lo señala el propio dictamen, los servicios de alarma y de monitoreo electrónico entrañan un medio eficaz, tanto para disuadir la comisión de delitos como para hacer efectiva y oportuna la reacción cuando se ha perpetrado algún ilícito, principalmente de aquellos que vulneran la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas y que su uso cada vez es más extendido entre la población que requiere una perspectiva que aporte a los usuarios certeza para recibir un servicio con calidad.

Asimismo, cada usuario debe tener la garantía de que, en efecto, la seguridad privada mediante este tipo de dispositivos coadyuve con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, dándoles aviso oportuno de cualquier incidencia que registre el monitoreo, con el propósito de agilizar la intervención de dichas autoridades en beneficio de la seguridad de las personas y sus bienes.

Por lo anterior, es necesario regular la prestación del servicio de las empresas dedicadas a este tipo de servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas a fin de que éstas sean identificadas en forma clara y precisa.

De igual forma es imperioso precisar en qué consiste el servicio que nos ocupa, destacando la conexión de los sistemas de alarma y monitoreo con los centros de emergencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública, o sea, los C4, C3.

Otro punto a destacar es la solicitud de un requisito de inscripción en el fisco para obtener la autorización para poder funcionar dentro del marco legal. No olvidemos que en todo el país existen empresas que prestan servicios de seguridad privada, mismas que se obligan a colaborar y apoyarse con las corporaciones de policía, incluidas las federales, estatales y municipales para enfrentar a la delincuencia.

En este sentido, es indispensable contar con un marco jurídico preciso para las empresas de seguridad privada, con el objeto de cuidar un adecuado funcionamiento, coordinación y unidad en labores de seguridad pública por parte de estas empresas.

Señoras diputadas y señores diputados, la bancada de Acción Nacional tiene claro el compromiso de generar las condiciones que permitan al individuo desarrollar sus tareas cotidianas con la confianza de que su vida y su patrimonio serán resguardados.

Por ello, con la aprobación del señalado dictamen, estaremos abonando en la atención de la problemática social y, sobre todo, atacando a la delincuencia y generando sistemas de seguridad privada eficientes, confiables para nuestros ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría si está suficientemente discutido y dado que no se han presentado reservas, pregunte si está suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentra suficientemente discutido. Dado que no hay reservas, en virtud de que no existen éstas, ábrase el sistema electrónico para votar en lo general y en lo particular hasta por 10 minutos el dictamen de referencia.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queremos aprovechar. Damos la bienvenida a líderes del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Muchas gracias, líderes de Ecatepec en el estado de México, bienvenidos.

Asimismo, invitados por el diputado José Óscar Aguilar González, recibimos un grupo de 25 estimados ciudadanos de Puebla. Muchas gracias, señores, por acompañarnos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Ricardo Urzúa Rivera(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Guzmán Lozano(desde la curul): A favor.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): A favor.

El diputado Julio Saldaña Morán(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Hernández Cruz(desde la curul): Cambio de sentido del voto. A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Mejía de la Merced (desde la curul): A favor.

La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Diputado presidente, la votación es la siguiente...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Repita, por favor.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): A favor. Cambié el voto de abstención a favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Cambia el voto de abstención a favor. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 403 votos a favor, 0 en contra, 11 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con 403 votos que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 76, fracción VI del Reglamento, tiene la palabra ahora en el siguiente punto del orden del día el diputado Canek Vázquez Góngora, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que detenga la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, suscrito por las diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yolanda de la Torre Valdez y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del Partido del Trabajo. Diputado Canek Vázquez, suya la tribuna hasta por 5 minutos.

El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora:Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente.

Informarle también, presidente, que acaban de hacer de nuestro conocimiento, el Grupo Parlamentario de Convergencia y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que se suman a este punto de acuerdo, al igual que el Partido Verde Ecologista de México.

Con el pretexto de combatir la inseguridad pública, hoy en día el presidente de la República pretende justificarlo todo y su forma apresurada de proceder sólo se traduce en una suma de tropiezos y errores por las prisas del Ejecutivo federal. Tal parece que este Ejecutivo federal ni nos ve ni nos oye y me refiero no sólo a esta Cámara; al Congreso.

Recordemos que en días pasados el secretario de Gobernación canceló su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, donde lo citamos para que nos explicara qué es lo que iba a hacer, qué es lo que pretenden hacer. Cómo van a asegurar los datos de este proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana.

No podemos decirlo de otra manera. El Ejecutivo primero avienta la piedra y después esconde la mano. Este Ejecutivo publicó un decreto hace unas semanas para poner en marcha de inmediato este proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana y nosotros le decimos: ¿quién confía en la Secretaría de Gobernación? ¿Quién está dispuesto a confiarle los datos de sus hijos a la Secretaría de Gobernación?

Hemos visto que las bases de datos que se tienen se pueden conseguir en Internet, se pueden conseguir en lugares como Tepito. ¿Les parece justo, señores legisladores, que los datos de los niños de este país estén en la Secretaría de Gobernación sin siquiera tener la certeza del resguardo de estas bases de datos? Yo creo que no.

Nosotros por eso le pedimos al Ejecutivo federal que se serene. Que no asuma este proyecto con prisas. Que este es un proyecto de Estado. Que no es un proyecto de Felipe Calderón, es un proyecto de Estado.

Por eso les pedimos, compañeros legisladores, que con responsabilidad asumamos nuestro compromiso y exhortemos de manera conjunta al Ejecutivo federal y, en especial a la Secretaría de Gobernación, a que detenga la implementación de este programa y de este proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana, en tanto no reformemos el marco jurídico y les demos las garantías a todos los mexicanos y a las distintas organizaciones no gubernamentales y organismos públicos, quienes han manifestado sus reservas sobre este proyecto de la Cédula de Identidad.

También decirles que nos parece muy grave que se inicie este proyecto sin el consentimiento de las entidades federativas. Recordemos que en las entidades federativas recae la importancia, recae la responsabilidad de manejar el Registro Civil.

Nosotros hemos también compartido las reservas de los propios consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, quienes han manifestado que si tenemos dos documentos de identidad se vería seriamente afectado el padrón electoral.

No pongamos en duda, no pongamos nuestro granito de arena para poner en duda cualquier cuestionamiento del proceso electoral de 2012. Este Ejecutivo tal parece que quiere gobernar por decretos, y ahora resulta que a través de correos electrónicos que envían a los consejeros electorales pretenden no hacer valer los decretos que han expedido en días pasados.

Nuevamente, compañeros, los invito a que nos acompañen en este exhorto al Ejecutivo federal y sobre todo decirle a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo federal que se serenen, que éste es un proyecto del Estado mexicano y no es un proyecto de ellos. Muchas gracias a todos ustedes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a detener la implantación del proyecto de cédula de identidad ciudadana, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora y suscrita por las diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yolanda de la Torre Valdez y Canek Vázquez Góngora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob) a detener la implantación del proyecto de cédula de identidad ciudadana.

A raíz del anuncio del presidente Calderón, en junio de 2009, sobre la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, se expresaron diversas inquietudes por el Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil, en razón de que la medida desconocía la nueva realidad política del país, implicando una innecesaria e inexplicable duplicación de esfuerzos, recursos y experiencia, además de hacerse evidente una discrecional urgencia por agilizar el proyecto.

El Congreso de la Unión, sensible a la expresión de estas inquietudes, generó exhortos para que el gobierno federal detuviera la implantación del referido proyecto. Las medidas incluyeron la creación, por la Cámara de Diputados, de un grupo plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y, de esa forma, impulsar los cambios legislativos pertinentes.

Incluso, hace unos días la Comisión Permanente, de manera unánime, exhortó a la Segob a abstenerse de implantar, instaurar y aplicar cualquier medida tendiente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluidas las proyecciones de impacto social presupuestal y jurídico.

El acuerdo planteaba solicitar la comparecencia del titular de la Segob, Francisco Blake Mora, para que informara sobre los avances, alcances, fases de implantación y, en general, respecto a todo aspecto social jurídico y técnico relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

No obstante el acuerdo del pleno de la Permanente que, por cierto, representa uno de los Poderes de la Unión, el titular de la Segob decidió de manera unilateral cancelar la reunión argumentando compromisos adquiridos con anterioridad

Las dudas que la Segob no resuelve siguen presentes. Por ejemplo, la activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no sólo en la circunstancia durante la minoría de edad sino también, cuando cumplan 18. Contando con esta plataforma, ¿qué va a impedir a la Segob dar inicio con el registro de los mayores de 18 años? ¿Qué va a pasar entonces con la credencial con fotografía para votar? Se debe concluir entonces que la Segob insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no solo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación para los mexicanos.

El gobierno federal estaría trasgrediendo claramente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La Segob no precisa cómo se garantizará el blindaje de los datos a efecto de evitar su filtración. No hay elementos de confianza que hagan pensar que la información de este nuevo registro no acabe igual que otras bases de datos gubernamentales, en manos del mercado negro, vulnerando garantías individuales de los mexicanos, exponiendo sus datos a diferentes expresiones de delincuencia.

Es necesario cuestionar cómo decidió el gobierno federal que es necesario registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos. La información personal que se busca recabar está fuera de proporción con los fines planteados; no se busca generar un documento de identificación personal y éste parece más un instrumento de control ciudadano, propio de regímenes ajenos a prácticas democráticas.

¿Cuáles serán los controles de confianza para el personal que realice los registros y administre la información? ¿Cómo se va a garantizar lo establecido en el artículo 16 de la CPEUM en cuanto al derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva? Éstas son preocupaciones planteadas no sólo por los legisladores sino también por el IFAI.

La Segob anuncia que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de poco más de 300 millones de pesos. En el marco del análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, los diputados reasignamos los recursos que en 2010 el gobierno federal proponía para el proyecto de la cédula. Para 2011, mantuvimos nuestra decisión y no aprobamos recursos específicos para el referido proyecto. Esta disposición se enmarca en la fracción IV del artículo 74 de la CPEUM, que plantea que los diputados federales deberán aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo y se inserta en una dinámica que genera arduas negociaciones que derivaron en una decisión colegiada que la Segob no reparó en anular.

La Cámara de Diputados reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la CPEUM de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente.

Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implantación irresponsable y arbitraria de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano.

Por todo lo referido, nos permitimos proponer, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reitera el exhorto, al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, detenga la implantación relativa al proyecto de la cédula de identidad, hasta en tanto el Congreso de la Unión no defina las medidas legislativas pertinentes en torno del tema que precisen certeza jurídica, que garanticen el respeto del derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva y, de la misma forma, reconozcan las condiciones políticas enmarcadas en la realidad y desarrollo democráticos en el país.

Palacio de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Yolanda de la Torre Valdez, Canek Vázquez Góngora (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría si la asamblea considera la proposición de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es de urgente resolución.

Se han inscrito los siguientes diputados para su discusión: por el Partido del Trabajo, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Por el Partido Verde Ecologista, el diputado Pablo Escudero Morales. Por el PRD, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera y por el PAN la diputada Rosi Orozco. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Buenas tardes. Este tema de la Cédula de Identidad ha sido un tema que ha concitado a diferentes grupos parlamentarios, entiendo que salvo el PAN, casi todos o todos estamos en el tenor de que este elemento que ahora se plantea como de identidad de todos los habitantes de este país puede ser trastocado en un elemento más de seguridad nacional, en un elemento más de un intento de control, principalmente de los ciudadanos, y no tanto en un instrumento de identificación.

Al señor Blake Mora se le citó en tiempo y forma por la Permanente, a fin de que compareciera y explicara precisamente las condiciones y las características por las cuales había tomado la decisión –algunos creemos que sin las facultades correspondientes– para echar a andar la Cédula de Identidad respecto de los menores de edad.

El señor Blake Mora no se presentó ante la Permanente, y uno de los elementos que hemos comentado entre diversos grupos parlamentarios es que al señor Blake Mora se le tiene que citar aquí  frente al pleno, y tiene que atender esa invitación, esa cita para que justifique y explique por qué, por ejemplo, desde 2010, que no había recursos asignados para la partida correspondiente a la Cédula de Identidad, resultó que al paso del tiempo, durante los meses del año resultó que sí se realizaron licitaciones, y lo ponemos entre comillas, donde fueron adjudicadas empresas como Smartmatic, que es de muy dudosa reputación y que incluso el proceso de licitación fue impugnado, entre otros, por empresas como Cosmocolor.

De hecho se ha solicitado información vía el IFAI, que no ha sido atendida por la Secretaría de Gobernación y que no ha presentado la documentación correspondiente a esas licitaciones.

Otro de los elementos, que lo planteamos desde el presupuesto que se aprobó en 2009 y que correspondía al año 2010, era con base en qué se había determinado que las características de la Cédula de Identidad tuvieran que tener elementos como el iris del ojo y parámetros que no corresponden sino a algunos estados que han sido persecutorios de sus ciudadanos y que no están considerados dentro de los estándares internacionales para cédulas o documentos de identificación. Eso tampoco, nunca lo han aclarado.

Nuevamente en el 2010 esta soberanía decidió no adjudicar recursos a esta cédula y sin embargo, ahora están planteando que la cédula se instrumente con los menores de edad. Es un desacato, es un arrebato, es falto de facultades.

Requiere que informe a esta soberanía, sobre todo ahora que Naciones Unidas ha denunciado que en este país el tema de los menores de edad es de alto riesgo, porque hay una trata de personas, específicamente de menores de edad, de altísimo riesgo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Sí. Ya no nos queda tiempo. Le exigimos a Blake Mora que venga aquí y que aclare por qué esta cédula la quiere instrumentar así, y de aquí a entonces la pare.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Pablo Escudero Morales.

El diputado Pablo Escudero Morales:Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, antes que nada quiero aclarar que el Partido Verde sí estamos de acuerdo en que la ciudadanía requiere un instrumento de identificación. De eso estamos ciertos. No tenemos la menor duda.

La litis, el problema de este asunto, es quién va a ser la autoridad responsable. Por ningún motivo nosotros creemos que la Secretaría de Gobernación puede ser, y esto pareciera ser un deja vu. Es un tema que ya discutimos el año pasado. Es un tema en el que ya nos reunimos en Bucareli, en ese momento, con el secretario Gómez Mont, con el subsecretario Poiré, con el oficial mayor, y les expresamos cuáles eran nuestras dudas e inquietudes, cuáles eran las modificaciones legales que teníamos que hacer, y sorpresivamente nos encontramos con que ahora se emite un decreto, salen por la puerta de atrás y hacen a un lado al Congreso. No lo vamos a permitir.

La Secretaría de Gobernación ya ha demostrado que no puede guardar ninguna información sensible y menos la información de los menores, menos la información de nuestros hijos. Ésa es la litis.

Ya lo ha dicho aquí el diputado Canek Vázquez, ¿qué va a pasar cuando esos padrones de información se vendan en Tepito, en Santo Domingo y el crimen organizado tenga las fotos de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar?

Es el momento de dialogar, de ponernos de acuerdo y de reconstruir este tema tan importante. Pero además de ello quiero decirles que ya hay un tema muy complicado, que es el tema administrativo. Se pagaron 600 millones de pesos por equipos que tenían tecnología de punta. ¿Y en qué consistía esta tecnología de punta? En que se iban a resguardar los datos del iris. Eso fue lo que nos costó tanto, 600 millones de pesos.

Presidente, le pido una moción ilustrativa, si se puede detener el reloj para que se lea el decreto del presidente Felipe Calderón, en el cual adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población, en específico el transitorio segundo y el artículo 72, fracción II a la que hace mención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Deténgase el reloj para, mostrando un minuto con 15 segundos para el orador, y proceda la Secretaría a dar lectura al documento solicitado por el diputado Escudero.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Transitorio segundo. Durante los siguientes 5 años a la entrada en vigor del presente decreto, el Registro Nacional de Población podrá registrar mexicanos y mexicanas que hayan cumplido 18 años de edad y expedir la Cédula de Identidad Ciudadana, sin necesidad de contar con la información que el Registro Nacional de Población, a que se refiere a la fracción II del artículo 72 del presente Reglamento.

Artículo 62, fracción II. Registrar la imagen de sus iris y...”

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, señor presidente. Es decir, con este decreto deja sin efectos los equipos que pagamos en 600 millones de pesos, que son caros por la tecnología de punta, que son caros porque van a guardar los biométricos del iris y ahora nos dicen que no, que durante 5 años no se van a guardar ni son necesarios. Es un problema administrativo serio.

Existe un daño patrimonial en automático contra lo que se pagó y contra lo que ahora dice el decreto, que no lo vamos a usar por los siguientes 5 años.

Los exhorto, compañeros diputados, exhorto al Ejecutivo a que nuevamente iniciemos los diálogos con la Secretaría de Gobernación, que nos aclaren la responsabilidades administrativas que existen en este desorden que tiene el gobierno, porque no es posible que sigamos perdiendo recursos importantes, más de 200 ó 300 millones en un desorden generalizado de este gobierno.

Sentémonos a aclarar la situación y a aclarar el cómo sí tenemos todos los ciudadanos un documento de identificación que nos garantice la seguridad constitucional que todos tenemos, nosotros y nuestros hijos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda el tema de la Cédula de Identidad lo hemos estado abordando en esta Cámara en reiteradas ocasiones como un problema para la seguridad nacional de las mexicanas y los mexicanos.

Quiero iniciar con un dato. Los compañeros que me antecedieron ya han dado muchos datos, pero resulta que en Baja California Sur se ha generado un problema de grandes dimensiones porque se le dio a la empresa Colegio de la Frontera Norte la posibilidad de que ellos tengan la captura de los datos y esto significa que un tercero, un particular tiene la información y se están capturando los datos a través de alguien que no está autorizado, a través de alguien que no tiene una concesión, que no son los planteamientos que se nos han hecho, para empezar, dentro de tantos problemas que tiene este proyecto.

En segundo lugar, hemos platicado y platicamos en su momento, como ya se dijo aquí, con el secretario de Gobernación para que este proyecto fuera aprobado por consenso de las mexicanas y los mexicanos, para que este proyecto no pusiera a competir la Credencial de Elector contra la Cédula de Identidad, porque ni siquiera la Credencial de Elector se ha logrado renovar con este asunto del 03, y menos vamos a poder nosotros ampliar un documento a todas las mexicanas y los mexicanos.

Tiene muchos problemas en esencia. Primero, hay varios actores involucrados que han emitido recomendaciones constantes a la Secretaría de Gobernación para que no se aplique. Dentro de estos actores está el propio IFAI, está el IFE, está la CNDH y esta Cámara de Diputados, que también en otro momento ya había aprobado un exhorto para que este proyecto no se llevara a cabo.

Hay una necedad de este gobierno federal por crear un proyecto que manifiesta la constitución de un Estado policiaco que pueda tener controlados a las y los mexicanos. ¿Qué certeza le vamos a dar ahora con esta parte de que van a registrar a los menores y qué certeza vamos a tener de que los menores tengan los datos seguros? ¿Dónde se van a guardar los datos?

La Secretaría de Gobernación en primera instancia nos dijo que se iban a guardar en la propia instalación de la Secretaría. No hemos aprobado nosotros una ley de protección de datos personales en materia de entes públicos que nos permita que la gente tenga certeza del derecho a la privacidad de las mexicanas y los mexicanos. Ésta es una arista de la que ya habíamos platicado y que el día de hoy no se ha cumplido, e insisto, hay una necesidad en el tema.

Por último, quisiera decirles que es realmente preocupante que se sigan invirtiendo recursos en el tema. De manera discrecional, en cada presupuesto, año con año, se le van orientando, a través de Renapo o a través de diferentes partidas para la Secretaría de Gobernación para que se apruebe.

Yo creo que esta Cámara de Diputados, sin duda, tiene que llamar a comparecer al secretario de Gobernación para que nos explique qué está pasando con este proyecto que por supuesto el Grupo Parlamentario del PRD no comparte. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del PAN, hasta por 3 minutos.

La diputada Rosi Orozco:Compañeros y compañeras, el tema de la Cédula de Identidad, tomando en cuenta que se trata de niños y niñas de 4 a 17 años, no debería estar siendo politizado porque es un proyecto noble que requiere México para poder realmente responder a un tema tremendo como es la trata de personas.

En lo que son los diálogos por la seguridad con diversas organizaciones de la sociedad civil se comprometió el gobierno federal a contar con una cédula de identidad, especialmente tratándose de niños y niñas. Esta cédula, repito, es de niños y niñas de 4 a 17 años.

En primer lugar, otorga seguridad a menores; dificulta la creación de identidades falsas e impide la suplantación de identidades, ya que la unicidad está dada por el registro físico de una persona aunque ésta cambie de nombre, rostro o sexo.

Cada año alrededor del mundo miles de menores son víctimas de trata. La Cédula de Identidad se muestra como una herramienta eficaz para prevenir a los menores contra esta lacerante realidad al ser un documento que indica cuál es su identidad y quiénes son sus padres.

Muchos de nosotros conocemos a estos niños y niñas. El 14 de octubre una niña de 9 años, Lisset Soto, fue extraída de su domicilio, afuera de su casa. Lo único que sabe el procurador de Baja California Sur es que fue llevada a un salón de belleza para rapar su cabeza. La gente del salón dijo que esta niña estaba en un estado emocional grave, crítico. Esa niña sólo va a ser recuperada si años después, esperemos que no sea así, meses después, se puede identificar a través del iris o de la huella digital.

Esta cédula no incluye la dirección de los niños y niñas. No tiene datos personales excepto iris, su huella y también el nexo con sus propios padres.

En segundo lugar, la Cédula de Identidad Personal agiliza trámites y servicios mediante la identificación eficiente y efectiva de menores para inscripción al sistema educativo, si es derechohabiente de salud o de pasaportes, entre otros.

Por último, protege la confidencialidad de los datos personales ya que no incluye, repito, no incluye el domicilio. Finalmente, acerca de la seguridad que tienen estas bases de datos. Por un lado, hay controles de confianza a las personas involucradas, hay un registro desde su procesamiento, resguardo y expedición de la cédula; y por otro lado, los equipos con los que cuentan son inviolables...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señora oradora. El diputado Solís Acero.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Gracias, presidente. Preguntar si me acepta una pregunta la oradora.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, ¿acepta usted la pregunta del diputado Solís Acero?

La diputada Rosi Orozco:Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí la acepta, señor diputado.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Gracias, señor presidente, y gracias diputada. Escucho con todo interés la argumentación que usted nos ofrece para la validez de la cédula.

Le comento que hoy por la mañana, hace un rato, el secretario de Gobernación fue a Guanajuato a la escuela Hermanos Aldama, a hacer la presentación de la cédula y ahí dijo literalmente –tengo el discurso: “Yo invito a los padres de familia –estoy citando al secretario de Gobernación- a las organizaciones de los consejos de padres de familia a que expresen su libertad para que las niñas y niños, los jóvenes y adolescentes puedan contar con este instrumento que les reconoce su derecho de identidad”.

Le pregunto, ¿no creería usted, como parlamentaria y como diputada, conveniente que las argumentaciones relacionadas con la validez, pertinencia y legalidad de la Cédula de Identidad, todo eso que usted nos ha dicho y que el secretario hoy ha señalado en su discurso en la escuela Hermanos Aldama de Guanajuato, sería conveniente que lo viniera a decir a la soberanía popular? Por su respuesta, muchas gracias.

La diputada Rosi Orozco: Muchas gracias, diputado. Creo que esta iniciativa o este documento es algo que urge demasiado. De cada 10 niños, nos lo pueden decir las organizaciones que tienen niños extraviados, de cada 10 niños sólo recuperan uno, hoy en día. Los medios de comunicación también nos los pueden afirmar, cada día llegan más fotografías y más datos de niños que están siendo víctimas de secuestro o de trata de personas y creo que para encontrar a esos niños y niñas, sobre todo yo hablo por los papás de muchos de ellos, que de verdad hoy si tuvieran el registro de la huella y del iris sería mucho más fácil encontrar a sus hijos. Es muy importante ese dato. Yo creo que es urgente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Rosi Orozco, permítame preguntarle al diputado Pablo Escudero, ¿con qué objeto?

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Si me permite una pregunta la diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiere hacerle una pregunta, diputada.

La diputada Rosi Orozco:Sí, Pablo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Sí, gracias. Gracias diputada, colega, yo la respeto mucho, creo que usted toma los temas en serio.

Yo quisiera preguntarle, si usted tiene conocimiento de que el año pasado hubo una grave fuga de información en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se subieron en la página de Internet los domicilios de los bie-nes inmuebles del Cisen, dónde están las oficinas del Cisen, se subió qué vehículos tiene el Cisen, de qué colores son los vehículos del Cisen y las placas. Toda esa información por error se subió a la página de Internet y se puso en riesgo a todos los servidores públicos del Cisen.

Yo le pregunto, ¿sabiendo eso, usted quiere que le demos la información de nuestros hijos a Gobernación? Por su respuesta, muchas gracias, diputada.

La diputada Rosi Orozco:Gracias, diputado Escudero. También yo siento un gran respeto por usted, y precisamente por eso considero la cédula importante, porque no tiene datos personales de domicilio ni teléfono de los niños; es su iris y su huella dactilar que nos servirá para encontrarlos en un futuro cuando son extraídos de sus hogares. Gracias, diputado.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Diputado Solís Acero.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Presidente, formulé una pregunta y quisiera, con su venia y la de la señora diputada, insistir en la pregunta; porque no se respondió.

Mi pregunta concreta, si me acepta la señora diputada que le recuerde, ya la formulé, pero si me aceptara ella y usted, señor presidente, conforme al Reglamento...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Reformúlela, diputado.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Gracias. La recuerdo, no la reformulo, simplemente la recuerdo.

Yo pregunté expresamente si estaría usted de acuerdo en que es conveniente que el secretario de Gobernación venga a esta soberanía, venga a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores a explicar el alcance y contenido de la cédula. A explicar las bondades para usar el adjetivo que usted utiliza, compañera diputada, sobre la Cédula de Identidad, antes de andar recabando el apoyo de los padres de familia y de los niños.

Por eso le quise leer directamente el discurso de hoy del secretario de Gobernación, antes de andar recabando el presunto apoyo de los niños y de sus papás para la cédula. ¿No le parece a usted conveniente que venga el secretario de Gobernación, nos explique el alcance y contenido del proyecto y nos diga, con fundamento en qué y con qué intención el Estado mexicano, a través del Poder Ejecutivo, está llevando a cabo este proyecto? La respuesta se la agradecería.

La diputada Rosi Orozco:Sí, diputado. Yo le diría que no es excluyente. Creo que sería conveniente que nos expliquen más aún a todos, pero por esos padres que hoy tienen perdidos a sus hijos y que no tuvieron esa opción de tener la huella y el iris, yo le puedo decir: esto es urgente para nuestra nación, es considerado por la ONU, —estuvo Mazzitelli cuando empezó este registro— es considerado a nivel mundial uno de los cinco países que tiene más problema de trata de personas, y eso mayormente son niños y niñas, más de la mitad son niños y niñas y jóvenes.  Por eso considero urgente esta medida de tener la huella y el iris de nuestros niños, niñas y jóvenes para evitar que en otros países sean vendidos y en muchos lugares de México sean comercializados como objetos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Ya concluyó el tiempo de la oradora.  Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre, por el Partido Revolucionario Institucional.

Quiero, en este espacio, saludar la presencia de los alumnos y alumnas del Colegio Jean Piaget, del municipio de Chalco, estado de México. Bienvenidos compañeros, amigos y alumnos del Colegio Jean Piaget, particularmente a la distinguida alumna Yáñez que está en el equipo que nos visita y que es hija de Eduardo Yáñez, quien los invita a esta sesión. Muchas gracias.

También están con nosotros invitados de La Villa de los Niños de Chalco, estado de México. Ellos son invitados de nuestra diputada María Joann Novoa Mossberger.

Muchas gracias por su presencia a los alumnos de Jean Piaget y de La Villa de los Niños de Chalco.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, creo que estamos en un perfecto caso de hacer mal lo que es bueno.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en un registro de identidad de los menores; en lo que no estamos de acuerdo es en la manera en cómo se hacen las cosas.

Personalmente me angustia, me preocupa, me duele y no podría darle la cara a la nación si los diputados y las diputadas de esta Legislatura no hacemos algo por resguardar los datos de las niñas y los niños de este país.

No quedo satisfecha con el planteamiento que hace la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, porque eso no significa nada. A mí me duele y me desgarra el alma si los datos de cualquiera de los hijos de este país van a estar en Tepito, o en Santo Domingo, o en el Internet, como ya pasó con los datos del Cisen o como pasó con el Renave.

Si alguien en esta Cámara de Diputados ha demostrado que se muere en la raya por las niñas y los niños de este país, me parece que he sido una de ellas. Pero me preocupa profundamente que no estén garantizados los datos de las niñas y los niños de este país. Sí hay datos sensibles; el dato del iris, su nombre, sí es un dato sensible.

Además, creo que hay muchas cosas qué hacer primero. Diez millones de personas en este país no tienen acta de nacimiento. Un millón de niños en este país está en la nada jurídica, porque no tiene acta de nacimiento.

¿Por qué de 4 a 17 años? ¿Por qué no iniciamos con un profundo apoyo a los registros civiles para que entre los niños y niñas de este país no haya uno solo que no tenga acta de nacimiento? Primer elemento para la identificación.

Vamos a sumar esfuerzos. Que venga aquí el secretario de Gobernación y juntos construyamos el andamiaje jurídico que se requiere para proteger a los demás desprotegidos de este país: a los niños y a las niñas de este país.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada Yolanda de la Torre, el diputado Cárdenas quiere formularle una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, diputada?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Adelante, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): ¿Lo puedo hacer de viva voz, presidente?

Preidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El sistema de sonido está bloqueado. Mientras, pedimos el auxilio para un micrófono inalámbrico, porque de viva voz a lo mejor no se le escucha y es que no quedaría registrado en la versión estenográfica. Diputado, permítanos.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Puede usted usar cualquiera de las curules cercanas, diputado. Parece que tienen que resetear todo el sistema de sonido. Hágalo usted de viva voz. Usted es de los que pueden.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Yo estimo en lo particular que ni siquiera los padres de familia podríamos disponer de esa información que solamente pertenece a nuestros menores hijos, porque se trata de información personalísima.

Para mí lo más grave de todo este decreto y de toda esta iniciativa de parte del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación es la afectación de los derechos fundamentales de los menores y la violación de los datos personales de los menores, cuando Gobernación exige, reclama o permite que los padres de familia podamos autorizar algo que solamente corresponderá, en su momento, cuando alcancen la mayoría de edad a los menores hijos. ¿Cuál es su opinión, diputada?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Yo creo que partiríamos desde el hecho de que el titular del derecho son los niños y las niñas. Los padres y los jueces o quienes por mandato judicial pueden tener la tutela y custodia de los hijos es en razón de velar por la protección de sus derechos. Pero esencialmente es el niño titular de los derechos. En eso, en la propia Convención de los Derechos del Niño y la propia ley que se ha dado en este país y el andamiaje jurídico, va encaminado a eso.

Yo estoy de acuerdo en generar una cédula de identidad pero con las garantías y la certeza del resguardo de sus datos. Seré la primera en apoyarlo, pero me parece que de esta manera estamos fallando nuevamente con las niñas y los niños.

Terminaría, señor presidente,...

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Antes de que usted concluya, los diputados Enoé Uranga y Pablo Escudero quieren formularle preguntas.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Declino, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Escudero declina. ¿Acepta usted la pregunta de la diputada Uranga?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco, presidente. Le agradezco, diputada. Hace unos días el Ejecutivo publicó con tres años de retraso el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Programa que ha sido descalificado por las organizaciones más serias y los especialistas más serios en la lucha contra la trata. Justamente uno de los señalamientos es la carencia de un planteamiento integral.

Hay evidentemente en el Ejecutivo una falta de comprensión de cómo atender este problema y se reduce desde la visión de ellos a una persecución de la delincuencia organizada y a este salto de ideas que más parecen untadas de ocurrencias diarias.

Compartiendo con usted la reflexión de que el secretario de Gobernación debería venir a hacer una exposición, ¿no cree que lo conveniente también sería el que estando de acuerdo con los planteamientos de usted, se intentara el que presentara un planteamiento integral que no se reduzca a la Cédula de Identidad, sino a la visión que como Ejecutivo tienen, como política pública tienen para combatir el problema de trata en forma integral, incluida ésta como una de sus partes?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Evidentemente que la trata de personas es un tema fundamental. Diversas organizaciones han manifestado públicamente en desplegados y escrito al tema. Es un programa vacío de contenido, totalmente discriminador. No voy a abundar en todos los pormenores, solamente registraré el tema de indígenas y cómo un propio programa discrimina per se a lo que combate, independientemente de todos los pormenores que se han detallado ampliamente por diversos medios.

Creo que sería un tema. A mí sí me preocupa la trata. El enganchar a los niños y niñas de este país que son los más susceptibles y los más vulnerables, me parece que requiere mecanismos importantes. Pero de una política de Estado y no de ocurrencias.

Se lo reitero: que venga el secretario de Gobernación. Construyamos en positivo con él y de buena fe. De verdad, sumando esfuerzos, voluntades y recursos, pero no con ocurrencias, Si algo me dolería es haber pasado por esta Legislatura y no haber hecho algo por las niñas y los niños de este país que proteja sus derechos. Gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Pregunte el secretario si se encuentra suficientemente discutido el tema.

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Orozco, ¿con qué objeto, diputada Orozco?

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): Diputada Yolanda, yo sé el compromiso que tienes para proteger a niñas, niños y jóvenes. Tal vez la situación podría ser llegar a un punto de acuerdo de cómo todos consideramos que se deben resguardar los datos, porque los padres que hoy tienen extraviados a sus hijos habrían dado cualquier cosa porque hubiera una huella, un iris registrado para localizarlos mucho más fácilmente.

Entonces, como no hay la dirección de ellos, etcétera, que hubiera un acuerdo para lograr identificar cuál sería el método que dejaría tranquilos a todos los diputados, para resguardar esos datos de iris y huella de esos menores.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Yo sé lo profundamente doloroso —y aquí lo hemos visto—, lo que es para un padre perder un hijo, pero también sé que hay millón y medio de niños que no tienen ni siquiera acta de nacimiento.

No podemos ir al paso 3 cuando no hemos llegado al paso 1. Me parece que tendremos que hacer las cosas como debe ser, y aquí debe venir el secretario de Gobernación y tendrá todo el apoyo del Grupo Parlamentario del PRI para construir en positivo.

Me parece que tiene usted la razón y coincido, pero que venga aquí el secretario de Gobernación. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Ya le dimos la palabra a la diputada Orozco, por tanto, le daré la palabra para hacerle preguntas –me imagino que ese es el objeto– al diputado Arturo Zamora y al diputado Muñoz Ledo. Óscar González Yáñez y el diputado Pérez Cuevas.

Les suplico concreción a los señores diputados, y les recuerdo a los diputados que la Presidencia es la que autoriza el uso de la palabra para formular las preguntas. Diputado Zamora.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para decir que la postura, por lo que yo estoy observando, es que no estamos en de-sacuerdo con que exista una Cédula de Identidad, en lo que hay desacuerdo es en el procedimiento, la forma y la posible mala utilización de una Cédula de Identidad.  Y quisiera preguntarle a la compañera diputada que está en uso de la palabra, si está consciente que el año pasado realizamos un foro sobre el derecho a la identidad, y en ese foro las propias autoridades de la Secretaría de Gobernación reconocen que en este país hay más de 7 millones de menores de edad que no tienen acta de nacimiento, y por tanto, entonces el procedimiento va a ser un procedimiento que no va a cumplir las expectativas que se plantean en el mismo.

Yo quisiera preguntarle, además de esto y hacer una aseveración, de que hay una Ley Federal contra Trata de Personas, que tiene más de 2 años de vigencia y que por tanto, no es por falta de Cédula de Identidad el que se sigan cometiendo este tipo de delitos.

En concreto le quisiera referir a la diputada que esté en  uso de la palabra, si está consciente si esta cédula de identidad va a tener eficacia a partir del reconocimiento que hace la autoridad federal, de más de 7 millones de personas que no cuentan con acta de nacimiento.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Señor diputado, creo que usted hace una gran precisión en cuanto a que primero es lo primero, que es lo que decía.

Si tenemos casi 10 millones de personas sin acta de nacimiento, que están en la nada jurídica, que no existen y de ellos se presume que más de un millón y medio de niñas y niños en este país están en la nada jurídica, ¿cómo vamos a garantizarles su derecho a educación, salud, lo básico, pero cómo vamos a garantizar que no sean susceptibles de enganchar, de sustraerlos de su entorno, de ser susceptibles de trata de personas, tráfico de órganos, prostitución, pornografía y una serie de delitos, si ni siquiera existen?

Por eso me refiero a que hay que construir el andamiaje jurídico necesario, para verdaderamente garantizar los derechos de los niños y realmente protegerlos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas, luego el diputado González Yáñez y luego la diputada Diva Hadamira y con ella concluimos las preguntas, y el diputado Escudero.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. La pregunta y el comentario van en razón de una visión que se acaba de expresar respecto de si hubiese violación de derechos fundamentales si los padres tienen derecho sobre los hijos.

A todas luces en el esquema del debate académico es un tema que no está acabado, aún cuando hay legislaciones que ya lo contemplan, pero eso es sólo una parte de ver el problema. La otra parte es justo la violación de sus derechos fundamentales, al no tener datos tan específicos se generan problemas en el tema de secuestro, en el tema de trata de personas, en el tema de robo de órganos.

Entonces no es un tema menor, que seguramente se tendrá que debatir en las propias comisiones. Yo celebro que sea con este ahínco, pero es ahí a donde lo tenemos que llevar.

Y un segundo punto. Los otros poderes están en una correlación de equilibrio de poderes. No puede haber supra a subordinación de un poder a otro, ni del Ejecutivo a esta Cámara ni de la Cámara al Ejecutivo, y lo digo por lo siguiente: en el tema de las citas, porque ha ocurrido mucho que el secretario no participó en la sesión pasada, pero lo que habrá que cuidar de esta Cámara es que las citas a veces no se hacen ni siquiera con un día de anticipación y no por los órganos, sino porque a veces se opera en las propias comisiones en sesiones de unas cuantas horas previas y se pide que los secretarios comparezcan inmediatamente después. Disposición hemos encontrado, pero también es un poder autónomo que...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su pregunta, diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Voy a encaminarla hacía allá, presidente. Tiene sus tiempos y tiene sus momentos. La pregunta es eso, si verdaderamente hay un debate serio.

Yo lo que quisiera escuchar es que hagamos cronogramas de tiempos, no temas de interés electorales o partidistas, y ésa es la pregunta. Si la disposición de que los secretarios vengan, en este caso concreto es, para hablar del tema concreto, buscar mecanismos, lo que no nos guste lo debatamos, lo que nos guste tratemos de consensarlo o sólo es un aspecto como se ha dado muchas veces en esta Cámara de show o de circo mediático, al cual yo creo que ya nadie quiere. Ésa es la pregunta concreta.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Señor diputado, con todo respeto le diría, que es muy claro y preciso el espíritu del punto de acuerdo que se plantea. Yo creo que siempre tendrá usted del Grupo Parlamentario del PRI una actitud positiva. No de un show mediático. Al contrario, estamos comprometidos con la infancia de México.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Yo nada más para comentarle, a mí me parece muy interesante el conjunto del debate que se está haciendo aquí, pero percibo que está mal orientado.

Este debate lo debemos dar con el secretario, o sea, no tiene sentido que un diputado le esté preguntado a otro diputado las virtudes o no virtudes. Esto, todo esto, se lo tenemos que hacer al secretario.

Aquí estamos teniendo un problema, la no presencia en la anterior comparecencia del secretario propició esto. Precisamente la presencia del secretario puede dirimir todas estas interrogantes y ahora sí, como bien dice, incluso el diputado Pérez Cuevas, podemos hacer una cronología y ahora sí verdaderamente debatir las virtudes o no de este proyecto que tiene el Ejecutivo.

No veo sentido de que algunos diputados defiendan al secretario, cuando no es su tarea. Aquí somos 500 legisladores que nuestra tarea es otra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su pregunta, diputado.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Mi pregunta es por qué estamos haciendo esto, estas preguntas. Aprecio mucho a la diputada y le tengo mucho cariño y agradezco su actitud, pero no está compareciendo ella; quien debe estar ahí es el secretario, no los diputados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Diputada Yolanda de la Torre.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Gracias. Concluyo invitándolos a sumar esfuerzos y voluntades. Juntos y juntas podemos construir un mejor escenario, un andamiaje jurídico justo, equitativo e igualitario para los más desprotegidos de este país: las niñas y los niños. Gracias por su apoyo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dos diputados más querían hacerle preguntas, pero entiendo por esto... A ver, permítame usted, diputada. Entiendo que la diputada ha dado por concluida su participación, señores diputados. Muchas gracias, gracias, diputada.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer una rectificación de hechos, con fundamento en el Reglamento, que me lo permite, y creo que esta discusión sí sirve porque hay que ilustrar el tema y hay que conocerlo para poderlo debatir, no creo que sea ocioso.

Comparto que tiene que venir el secretario, evidentemente, pero creo que vale la pena, es un tema delicado y vale la pena que lo estemos discutiendo.

En la rectificación de hechos, presidente, nuestra compañera Rosi, que nos decía que no se requería el domicilio para hacer este registro, bueno, el decreto que emitió el presidente Calderón, aquí en el artículo 59 y 62, nos dice lo contrario y lo leo brevemente:

“Para la inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos, los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido 18 años, así como las y los menores de edad que soliciten su Cédula de Identidad Personal, deberán presentar su solicitud en el formato”.

Y el 62 nos habla del formato y tiene tres puntos:

Uno. Estampar su firma y huellas dactilares.

Dos. Registrar la imagen de su iris, que ahora con el transitorio sabemos que ya no es necesario porque hay que esperar cinco años.

Pero el tercero y más importante es manifestar su domicilio bajo protesta de decir verdad.

Esto queda claro, que es necesario que acuda el secretario a aclararnos estos decretos que nadie entiende y que contradicen lo que decimos los legisladores. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha rectificado hechos el diputado Escudero, ha solicitado lo mismo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, tiene el derecho de hacerlo desde su curul o desde la tribuna.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(Desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): También para rectificar hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para rectificar hechos también, gracias. Al terminar el diputado Rubí preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Señor presidente, como decía un clásico: para qué tantos brincos si el suelo está tan parejo.

En este caso tenemos que actuar como Poder Legislativo. No tenemos por qué preguntarle al secretario de Gobernación, quien solo tiene como fundamento legal la Cédula Nacional de Identidad y el Registro Nacional del Ciudadano, de mexicanos en el país y en el extranjero.

En tres palabras: ésta es una historia de agandaye, ésta es de invención del hilo negro y esta es una historia de estado policiaco.

El proyecto de cédula nacional de identidad viene desde fines de los años sesenta a instancias de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salubridad. Cuando se expide la Ley General de Población y se crea Conapo hay un agandaye de la Secretaría de Gobernación.

Durante 28 años, dizque coordinando por decreto los registros civiles, sólo ha metido en la computadora a 13 grupos de edad hasta hoy, en 28 años. Y ahora les vienen las prisas porque estamos en un estado policiaco y les vienen las prisas como se descubre el agua tibia, sin saber lo que ha pasado.

Me remito a cuatro cosas fundamentales: esta decisión requiere un acto formalmente legislativo porque existen disposiciones en la Ley General de Población que no afectan a los menores; por qué Registro Nacional Ciudadano y Registro Nacional de Población.

Segundo. Esta legislación la tenemos que hacer nosotros, sin preguntarle al señor Blake. No le tenemos que preguntar más que de dónde está sacando el dinero que no está previsto en el presupuesto.

Tiene que tomarse en cuenta la evolución de las instituciones del derecho del país y del derecho internacional. Primero, tiene que ser una institución autónoma; no puede depender de Gobernación. Originalmente habíamos pensado que fuera el Inegi. Puede ser un organismo nuevo que tenga acceso al IFAI por lo que hace a la protección de datos personales, a la CNDH, por lo que hace a la protección de los datos de menores. Tiene necesariamente que estar presente toda la legislación contemporánea, como lo ha dicho la señora diputada, en materia de protección a los menores.

Pero aquí, como aquél que iba a pagar la factura –no se nos adelante, compadre—, pues no nos retrasemos nosotros porque con estas prisas al rato lo que van a querer es que el registro sea a partir de la concepción y eso ya sería demasiado.

Hagamos un órgano democrático que resguarde los derechos de los menores y que simplifique para siempre los trámites kafkianos del Estado mexicano. Nunca más, nunca más un acta de nacimiento para cada registro. Basta la primera y ésa tiene que ser la última. Seamos un país racional y un Poder Legislativo consecuente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Arriaga. Puede hacerlo desde su lugar. Opta por su lugar. Gracias, diputado.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para rectificar hechos sobre lo que comentan los diputados. Sobre el andamiaje jurídico que había comentado la compañera diputada, el fundamento jurídico está clarísimo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36, fracción I, que establece que es obligación de los ciudadanos inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

De igual forma, esta norma señala que la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento acredite la ciudadanía mexicana.

También está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece en su artículo 27, fracción V, que corresponde a la Secretaría de Gobernación manejar el Servicio Nacional de Identificación Personal y todo lo que nos acaba de decir el diputado Porfirio Muñoz Ledo, bueno, son una serie de buenas intenciones y que él, en su amplia trayectoria política, a final de cuentas conoce muy bien del tema, pero la ley es lo que está. Nos tenemos que regir precisamente sobre el ordenamiento jurídico actual en el que estamos viviendo y en el que este país está trabajando.

Y sobre la Ley General de Población, de la que hizo mención también el diputado Muñoz Ledo, en los artículos del 85 al 112, establece que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, así como el Reglamento de la Ley General de Población, que señala que el Registro Nacional de Población, coordinará los métodos de identificación y registro de personas de la administración pública federal, de las administraciones públicas estatales y la información que contendrá el Registro Nacional de Ciudadanos y de menores de edad.

El punto que quiero tocar, presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que el marco jurídico, el fundamento jurídico está clarísimo: nosotros no tenemos ninguna duda de esta Cédula de Identidad para menores de edad. No tenemos que discutir sobre el fundamento jurídico.

Podemos discutir, sí, sobre los detalles y la implementación que es parte del debate de esta Cámara de Diputados, estoy de acuerdo; pero no sobre el fundamento jurídico ni el marco legal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Ignacio Rubí. Al terminar el diputado Rubí preguntaré si está suficientemente discutido, toda vez que llevamos ya nueve intervenciones, que son tres más de las permitidas. Adelante, diputado Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): Gracias, señor presidente. Creo que la discusión aborda elementos muy importantes que tienen que ver con la integración y el funcionamiento del Poder Legislativo.

Se está cuestionando la legalidad de estas acciones que desde el Poder Ejecutivo, particularmente desde la Secretaría de Gobernación se están llevando a cabo. Se está cuestionando la invasión de ámbito de competencia de la federación respecto de las entidades federativas; el riesgo que hay de violación a la privacidad de las personas.

Escucho sistemáticamente una negativa para que comparezca el secretario de Gobernación y pudiese aclarar precisamente esta gran cantidad de dudas en torno a los temas ya señalados y a algunos otros que existen aquí en la Cámara de Diputados.

Pero lo que más me preocupa es el punto que en esencia estamos discutiendo: la naturaleza del punto de acuerdo, que no es otra cosa que un exhorto, nos debe hacer pensar que este llamado a misa, que no es otra cosa este exhorto más que ello, nos debe obligar a replantear la estrategia para poder atender este asunto, y me refiero a cuidar de la legalidad, a que institucionalmente la Cámara de Diputados debe identificar el mecanismo legal a través del cual puede hacer frente a una negativa, a la atención que se está pidiendo por parte del Ejecutivo para atender este delicado tema.

Dicho de otra forma, institucionalmente la Cámara de Diputados debe identificar y prever el mecanismo a través del cual si el exhorto no prospera, si las reiteradas invitaciones al secretario de Gobernación no prosperan, el mecanismo legal que nos permita garantizar el Estado de derecho de nuestro país.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte el secretario si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está suficientemente discutido. Por consiguiente, tome usted la votación nominal del punto de acuerdo. Ordene los avisos necesarios, será hasta por 5 minutos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico.

El diputado Ricardo Urzúa Rivera(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Guzmán Lozano(desde la curul): En contra.

El diputado Gerardo Leyva Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): A favor.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): A favor.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Piña Olmedo(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Ruíz Massieu Salinas(desde la curul): A favor.

La diputada Adela Robles Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Lauro Rojas San Román(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Marcos León Perea(desde la curul): A favor.

La diputada María Isabel Pérez Santos(desde la curul): A favor.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat(desde la curul): En contra.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores(desde la curul): En contra.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, se registraron 288 en pro, 104 en contra, 0 abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.

VOLUMEN II

SITUACION POLITICA DEL PAIS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es: comentarios relativos a la situación política del país.

Tiene la palabra el señor diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.

El diputado José Ramón Martel López:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, señor diputado.

El diputado José Ramón Martel López:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no podríamos iniciar este análisis sobre la situación que guarda el país sin hacer referencia a nuestra preocupación por el pleno respeto a la libertad de expresión y las instituciones fundamentales de nuestro país, pilares de nuestra vida democrática.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame un momento, señor diputado Martel...

El diputado José Ramón Martel López:Hoy y siempre...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Martel, ¿me permite un momento, por favor? Dígame, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más con el objeto de puntualizar. Según esto había habido un cambio en la agenda política, ¿este es el tema que se refiere al asunto de Carmen Aristegui, verdad?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No, señor, es el asunto relativo a la situación política del país, en donde se podrá abordar ese tema, es optativo a los diputados. Adelante, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jaime Cárdenas. ¿Me permite, señor diputado? Adelante, diputado Cárdenas.

(desde la curul): Sí, presidente, el tema que íbamos a tratar, hasta donde tenemos entendido, era el tema de Carmen Aristegui.

Por otra parte, presidente, yo había solicitado con anticipación que se me agendara en ese punto y ahora que voy a preguntar a la Mesa Directiva me dicen que yo no estoy inscrito. Yo quiero participar en este punto también y que se me apunte en una tercera ronda, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, ese tema estaba inscrito así desde la semana pasada. Lo de la periodista que usted menciona sucedió el fin de semana, por tanto, no podía haber estado inscrito así. Sin embargo, el acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política fue que, durante el debate, el diputado que quisiera podría abordar el tema.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): En ese mismo sentido, diputado presidente. Efectivamente el tema de la situación política nacional está acordado ya desde la sesión anterior. Se acordó que el primer tema en el contexto de la situación política nacional es en torno a Carmen Aristegui. Cada quien puede abordarlo de la manera que lo crea conveniente. Pero no es la situación política y si se quiere abordar el tema de Carmen Aristegui, sino es que en el tema de la situación política se hablará de la represión a Carmen Aristegui y del grave ataque a la libertad de expresión, efectivamente. Le agradezco, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado Martel.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El Reglamento prevé dos rondas. Usted puede ponerse de acuerdo en su grupo parlamentario para que usted quede inscrito en alguna de esas dos rondas. Lo consultaremos con la asamblea después de terminar las dos rondas, señor diputado. Continúe, diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López: Coincidencia nuevamente en los temas. Hoy y siempre, nuestra fracción parlamentaria defenderá el derecho de los comunicadores a expresar su opinión. Ése es el marco de libertad de expresión que nos rige y es el que deseamos que prevalezca.

Injustificable sería, en el marco de libertades en las que vivimos, que una comunicadora como Carmen Aristegui hubiese sido despedida por emitir opiniones o comentarios, que una parte u oficina gubernamental hubiese decidido por quien la contrató ser despedida, afectando de manera fundamental aquellos derechos por los que estamos luchando.

Pero lo quiero reafirmar categóricamente. En este ambiente se está iniciando el quinto año de gobierno de la administración del presidente Felipe Calderón y es momento de hacer un balance global del estado que guarda la República y del cómo se entregarán cuentas de su administración a la nación.

Vemos cómo el país pierde capacidad, su paz social, las oportunidades de crecer con orden y consistencia y de resolver los grandes rezagos sociales que lo aquejan.

A 10 años de administraciones, no es momento de seguir amparándose en el pasado como si el tiempo no transcurriera; menos aún cuando Acción Nacional recibió instituciones sólidas y eficientes que hoy se enfrentan al descrédito social ante la ineficacia de las acciones gubernamentales.

Hace 10 años se entregó un país con solidez financiera y estabilidad social, con una administración pública en orden. Sí con muchos retos, es cierto; con problemas aún en marcha, pero con amplias posibilidades de atenderlos y resolver los temas que para la nación son prioritarios.

Es la misma sociedad que hoy, decepcionada y con sentimientos de desesperanza, se pregunta en dónde estuvo el cambio. ¿Hacia dónde se ha llevado al país? ¿Qué se ganó y cuánto se ha perdido? Es obvio. Transición democrática no la hay; alternancia sí la tuvimos.

La responsabilidad del titular del Ejecutivo, quiero afirmarlo, no concluye al fin de la administración. Quedan sus decisiones marcadas en el tiempo y en sus defectos. Por ello serán permanentemente evaluadas y sometidas al escrutinio social y político.

Tan solo en materia de competitividad, de acuerdo al reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, pasamos del lugar 42 en el año 2000 al 66 en el año 2010. Perdimos 24 posiciones.

¿Dónde está la política de creación de empleos a que se comprometió el hoy presidente? De una población económicamente activa de 47 millones de personas, sólo 15 millones tienen empleo formal y se ha aumentado la proporción de empleos eventuales: los que trabajan menos de 15 horas a la semana y los que perciben ingresos de alrededor de dos salarios mínimos.

Afirmó el titular del Ejecutivo que el 2010 debía ser el año de la recuperación. Lo cierto es que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos meses son temporales y no compensan la enorme pérdida de los años anteriores.

En la pasada década se generaron en promedio 141 mil empleos al año, menos de los 440 mil empleos registrados en el periodo 94-2000 y cifra muy lejana -aún más- a los más de un millón 200 empleos que los jóvenes y los ciudadanos requieren cada año. El desempleo abierto en el 2000 fue del 2.3 de la población económicamente activa y se elevó en un 300 por ciento, alcanzando el 6.2 en el 2009.

¿Cómo justificar, por otro lado, los más de 30 mil muertos contra los 19 delincuentes de alto perfil asegurados? Pero la violencia, hay que decirlo, no se agota en el crimen organizado. La violencia avanza en todos los frentes de manera irrefrenable. Aún así, se insiste en que el país no está en guerra, se reafirma tercamente que la lucha se va ganando, y ello no es posible de acreditar cuando prácticamente no hay comunidades libres de balas o de ejecuciones, y mucho menos en Michoacán o Ciudad Juárez, los dos espacios mediáticos que se eligieron para vestirse de verde olivo e iniciar una batalla en la que sobra sangre y falta trabajo de inteligencia y resultados sólidos.

No es una guerra, pero el trato de víctimas colaterales a los ciudadanos que han perdido la vida señala lo contrario, cuando es el Estado el que debe garantizar su seguridad plena y es el mismo Estado quien los reduce a estadísticas menores.

Hoy nos enteramos de que las narcopistas se han multiplicado en un 700 por ciento en los últimos 4 años, y de las 25 mil hectáreas de mariguana destruidas en administraciones pasadas se disminuyó a 17 mil hectáreas, como lo consigan los periódicos Milenio y Reforma.

¿Qué resultados podré enumerar de las profundas reformas realizadas al sistema de procuración de justicia aprobadas por esta soberanía, y que no se aplican cabalmente porque fue reducido en su instrumentación a un programa menor, sin el compromiso político de consolidar la modernización que implica su pleno ejercicio?

Los datos están ahí, datos que elabora la propia administración. Ahí están las decisiones que hicieron, a partir de un catarrito económico, que se multiplicaran las familias en pobreza. Qué decir de la protección a nuestros paisanos que regresan a México y que aportan más de 20 mil millones anuales de dólares, sin los cuales la pobreza aún sería mayor y aun así prácticamente son asaltados a veces cuando regresan a nuestra patria.

Qué declarar ante la muerte y secuestro de migrantes centroamericanos, que nos coloca como un país incapaz de garantizar los derechos humanos fundamentales.

No entender estas razones es no entender la lógica de los sistemas democráticos y representativos, es no entender los contrapesos que implica un sistema republicano y federalista. Como nunca en la historia, el Poder Ejecutivo ha dispuesto de recursos, incluso superiores a los inicialmente solicitados a esta honorable Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros, los mexicanos nos exigen condiciones sólidas que garanticen su bienestar individual y colectivo. Cómo lograr este propósito si hemos insistido en la ausencia de rumbo, en la carencia de un proyecto nacional y de políticas públicas efectivas, en una administración que privilegia medidas anticíclicas que no permiten sentar las bases de un desarrollo de largo plazo.

Por eso resulta injustificable que ante el desmedido incremento de productos básicos, y en especial de los alimentos, nuevamente se recurra a explicaciones económicas, a sostener que son efectos del libre mercado o de la demanda generalizada, en lugar de regularlos y poner freno a una conducta especulativa.

Señoras diputadas y señores diputados, es aquí y ahora que las familias requieren de la acción de un Estado sólido y con capacidad de solución de problemas. Que quede claro que las medidas económicas no pueden destejer lo que de día intenta construir la política social.

En consecuencia, las legisladoras y los legisladores de mi fracción parlamentaria exigimos a las autoridades federales que se ejerzan las medidas pertinentes para poner un alto a los abusos y a la especulación.

La seguridad que demandan los mexicanos es integral y permanente, abarca el empleo, la salud, la educación, la alimentación y, por supuesto, la seguridad pública y la paz...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya usted, señor diputado.

El diputado José Ramón Martel López:Lo voy a hacer con todo gusto, señor presidente. La forma de lograrlo es con la convocatoria amplia a una alianza por México para que gobierno, partidos y sociedad aportemos nuestras mejores ideas de cómo avanzar con mayor rapidez ante esta parálisis en el desarrollo de la nación.

Cogobernar no es perder control. Es reafirmar los proyectos y dar la base social y política que hagan de nuestro México un mejor país que defina un rumbo incluyente y equitativo para todos. Por ello, ante la gravedad de la situación proponemos que...

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Ramón Martel López:... de inmediato se reúna el gabinete económico y social para articular propuestas efectivas que den cuenta a esta soberanía.

Es tiempo, efectivamente, de un cambio. Es momento de un giro de timón. Queremos seguir convocando a quienes con altura de miras pensamos en México y que sean las fuerzas políticas y sociales los que reorienten el rumbo de esta nación. Ésa es nuestra propuesta y éste es nuestro compromiso con nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. De acuerdo a lo acordado hoy por la mañana, todos los participantes en esta primera ronda podrán disponer de hasta 10 minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Diputados y diputadas, compañeros, artículo 61 constitucional: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño en sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Lo que les quiero decir con esto es que pueden acordar lo que quieran, pero la Constitución está por encima de cualquier reglamentación, y el derecho a la libre expresión es un derecho carísimo al pueblo de México y en este espacio es por excelencia.

El fuero, para quienes no entienden lo que es el fuero, justo cubro eso, el derecho de cada legislador de decir lo que piense con absoluta libertad. Y voy a ir más lejos, tenga razón o no. De ese tamaño es el tema del que estamos hablando, porque éste es el espacio del debate.

Yo a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa le he dicho de todo y sin medida. Le he dicho usurpador, le he dicho pelele, le he dicho vendepatrias, le he dicho entreguista, le he dicho corrupto, le he dicho todo, y ahora que le digo borracho parece que llegó el momento...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le solicito al señor orador recordar el artículo del Reglamento que solicita a los oradores intervenir con respeto a los demás compañeros y a las instituciones.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Se robó la Presidencia, entrega el patrimonio nacional, es un corrupto, está vinculado al narco y además tiene un problema de salud pública que se llama alcoholismo. Lo he dicho, lo sostengo y lo mantengo y no lo agravio, porque una manera de decir que la investidura usurpadorcial es intocable ¿no?

Quien ha agraviado la figura presidencial es quien se la robó; quien ha agraviado este país es violentando el voto ciudadano, es quien violentó el proceso electoral de 2006.

Vuelvo a retar a los panistas, que se cuenten los votos, ahí están, voto por voto y que se sepa la verdad histórica de quién ganó la elección presidencial en el 2006; que se conozca. ¿Cuál es el temor? Ahí está, se acaba la discusión y el problema de la legitimidad de quien usurpa la Presidencia de la República.

Pero además miren, en el estado de México conducir un auto en estado de ebriedad es delito penal. En el Distrito Federal es una falta administrativa que te lleva 48 horas de detención sin posibilidad de canjearlo por nada.

Cómo va a ser que quien está al frente de la responsabilidad pública del país tenga un problema de salud pública llamado alcoholismo y le puedes llamar dipsómano si les molesta la palabra borracho, y siga al frente de estas responsabilidades públicas.

Calderón debería ser removido de esa responsabilidad y debería ser removido además, porque ahora ya no acepta que se le toque ni con el pétalo de una pregunta, porque Carmen Aristegui preguntó si era cierto o no que tenía problemas con el alcohol. Fue lo único que hizo, no hizo más. Dio la nota y preguntó si era verdad o no.

Ha habido caricaturas presentando a Calderón borracho, caricaturas de caricaturistas de los diarios mexicanos, muchas, cualquier cantidad. En las redes, como se ha dicho, de Internet, circula todo el tiempo este planteamiento. No es la primera vez ni la última que se dice.

En esta tribuna denuncié el palacio de los excesos, la casa de Manuel Ávila Camacho, que fue donada al Estado mexicano para visitas de jefes de Estado y que desde Zedillo la usaban sus hijos para sus francachelas, luego la usaban los hijos políticos de Fox, los Bribiesca y luego está documentado que la usaba Calderón, cuando vivía Mouriño y ahí se iban a hacer sus francachelas, por decirlo suave. Está absolutamente documentado.

Y está documentado también que el año pasado se pidió un gasto mayor para bebidas alcohólicas en la Residencia Oficial de Los Pinos. Está documentado por el IFAI, fue entregado, aunque no te guste, compañera, así está.

Entonces no es un problema menor. Pero miren lo que son las cosas, mil 59 niños y niñas han muerto en la guerra contra el crimen organizado. ¿Indigna esto a la fracción del PAN? No se les mueve una pestaña; 35 mil muertos en la mal llamada guerra contra el narco, que ahora dice que no lo dijo. Calderón dijo que era la guerra contra el narco, ahora dice que no lo dijo. Me parece que tiene un problema con lo que está consumiendo.

Hay 7 y medio millones de jóvenes sin acceso a la universidad y no se les mueve nada; 40 millones ganando un dólar al día, muriéndose de hambre literalmente y les importa nada. La planta productiva del campo y la ciudad, hecha pedazos. La miseria terrible en la que se desenvuelve la población no les indigna.

Ah, pero no se le ocurra a un grupo de diputados poner una lona diciendo que Calderón tiene problemas de alcoholismo porque entonces sí les parece gravísimo, entonces sí les parece que eso es terrible, que es espeluznante, que es de una majadería feroz, porque este tipo de cosas  sí que son importantes.

Que se muera de hambre el pueblo de México no es importante. Que rematen el patrimonio violando la Constitución, a las trasnacionales del petróleo, no es importante. Que se entregue la energía eléctrica no es importante. Que se viole la libertad de expresión no es importante. Que se violente el voto de la ciudadanía, se compre y se utilice su pobreza y su desesperanza para estar manipulando los procesos electorales no es importante.

Lo único importante aquí es que no se le diga borracho a quien tiene problemas de alcoholismo, que no se le diga. Puedo decirle dipsómano, insisto. De esa manera sus buenas conciencias no serán alteradas, de esa manera no habrá mayor litigio.

Hace rato la lona decía: el senador Belisario Domínguez acusó de traidor y asesino a Victoriano Huerta. Fue mandado asesinar por éste, previamente la cortaron la lengua. Obviamente el senador Domínguez no presentó nunca pruebas de que fuera traidor y asesino Victoriano Huerta, pero todo mundo lo sabía, todo mundo lo sabía, como todo mundo sabe lo que Calderón es, que no voy a volver a repetir, porque además me he quedado corto.

Es una vergüenza para nuestra nación que un tipo como ése esté al frente de la responsabilidad pública. Eso es lo que daña la imagen de las instituciones porque de lo que yo estoy cansado, compañeros y compañeras, es de la simulación: señor secretario, señor secretario.

Ah, el criminal más peligroso que hay en el país, que es García Luna, vinculado a secuestradores y a narcotraficantes, absolutamente documentado, absolutamente documentado. Su asunto de corrupción documentado frente a ustedes y qué ha pasado. Nada, absolutamente nada, como no pasa nada en este país, hasta que la gente no tome conciencia de que sólo un poderoso movimiento popular va a cambiar las cosas de raíz para beneficio de la gente.

Estamos en una situación peligrosísima porque lo que acaba de hacer Calderón con Carmen Aristegui es uno de los ataques más brutales a la libertad de expresión ya, cerrando todos los espacios posibles.

Dice MVS que Carmen Aristegui violó el código de ética por haber aceptado una presunción. No dice MVS que no sea alcohólico Calderón; tampoco dice que lo sea. Dice que es una presunción y que Carmen Aristegui la dio por buena. Es falso: Carmen Aristegui únicamente preguntó si eso era cierto o no.

En este país, donde le pueden hacer un dictamen médico a Calderón que diga que está más sano que un caballo pura sangre, no veo por qué no presentó el dictamen correspondiente para que se acabara el debate y dijeran que está sano, sanísimo, y que no tiene ningún problema de adicción de ningún tipo.

¿Podrían hacer eso? Pues claro que lo podrían hacer. ¿No dijeron que la indígena Ernestina Asencio, violada, mancillada y asesinada fue muerta por gastroenteritis? Pueden hacer lo que quieran en un país como el nuestro donde la simulación, la mentira, el fraude, el asesinato es lo que priva.

Vivimos tiempos canallas y quienes más canallas son quienes más se escandalizan frente al asunto de las aparentes formas y los buenos modales.

No, compañeros y compañeras, no vamos a tener medida para denunciar los atropellos, los crímenes, las ilegalidades, las violaciones, las cosas contrarias al interés nacional que salen de las supuestas instituciones que deberían velar por el interés de nuestro pueblo.

Yo hago un llamado a todos, porque aún estamos a tiempo, para corregir el rumbo y responder al pueblo de México, que es al que nos debemos, y no a ninguna cúpula de ningún partido y mucho menos a un puñado de gente que se ha hecho rica bajo este esquema profundamente injusto.

Y exijo que le regresen su espacio a Carmen Aristegui, se lo exijo a MVS. Le exijo a Calderón que deje de presionar a los medios. Le exijo que respete la libertad de expresión. Le exijo que se atienda en una clínica y le exijo que deje la responsabilidad pública que no le dio el pueblo de México y que no le pertenece. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recuerdo a los señores diputados el contenido del artículo 8o. en su fracción IV:

IV) Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados y diputadas, e invitados, con apego a la normatividad reglamentaria.

Y la propia disposición de la Ley Orgánica, en el artículo 23, con respecto a las atribuciones del presidente para la conducción de los debates.

Una vez más, llamo a los señores oradores a conducirse con respeto parlamentario a los demás diputados y a las instituciones de este país.

Tiene la palabra el diputado Carabias Icaza, por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda hay mucho que está ocurriendo en la política nacional, pero no podemos dejar fuera, por supuesto, lo que está ocurriendo también en cuestiones de la política partidista electoral. No lo podemos dejar fuera porque es preocupante lo que está sucediendo y hacia dónde se está perfilando este tema.

Hoy estamos transitando una ruta que si no se corrige a tiempo va a provocar que lleguemos a la elección de 2012 bajo un clima de encono, de conflicto partidista sin precedente y con repercusiones que pueden ser graves para la gobernabilidad democrática.

Gobernabilidad democrática de por sí cuestionada desde el proceso electoral de 2006 que dejó en entredicho la capacidad de las autoridades electorales y la limpieza del proceso de donde emanó el actual presidente de la República.

Gobernabilidad democrática que, sin embargo, se ha sobrellevado gracias a la responsabilidad, madurez y altura de miras de actores político-partidistas como los que integran la coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, que han privilegiado el diálogo y el acuerdo y se han alejado de la tentación del uso del mayoriteo en esta Cámara.

Responsabilidad que mantenemos a pesar de la falta recurrente a la honorabilidad, a la falta de los principios y a la falta de respeto a los acuerdos por parte de nuestras contrapartes políticas.

Responsabilidad que mantenemos a pesar de recibir ataques y golpes continuos de actores políticos que pareciera que su principal preocupación es cómo bloquear y descalificar al adversario, cueste lo que cueste.

Tristemente hoy la oferta política de algunos partidos se reduce a gobernar sólo para que no gobierne el de enfrente.

Si el clima político hacia el 2012 se sigue contaminando desde hoy, como hemos sido testigos recientemente, estaremos entrando en una situación delicada, una espiral de descomposición de civilidad política y relación entre partidos que no abonará en nada a la gobernabilidad democrática de este país, porque en las contiendas electorales se puede ganar y se puede perder. Eso lo sabemos bien todos los que estamos aquí, pero ante todo, debe prevalecer la garantía, las condiciones y el convencimiento de que el que ganó o perdió lo hizo bajo condiciones mínimas; mínimas de legalidad y de equidad, porque si no es así, los agravios son grandes.

Si en la política se generaliza la noción de que todo se vale, si justificamos que así es la política, que cualquier acción por ilegal, sucia e inmoral que sea se vale para alcanzar el poder y sin árbitros efectivos, pues es evidente lo que se viene, una competencia feroz para ver quién propina más golpes bajos, quién incurre en más faltas y delitos para poder ganar elecciones.

Finalmente, yo les pido de manera muy respetuosa que reflexionemos: hacia adónde nos dirigimos. Yo sólo apunto que en las condiciones actuales, el que agravia hoy no está exento de ser agraviado en el futuro y que con cada acción de agravio de unos y otros la gobernabilidad democrática en México se nos puede ir de las manos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Carabias. Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna el tema de agenda política que hoy nos ocupa es de la mayor relevancia por la situación que actualmente vive el país. Hablar de ya más de 35 mil muertos que ha cobrado ésta, que pareciera ser que para el gobierno no tiene nombre, esto que primero le llamó guerra contra el narcotráfico, guerra contra el crimen organizado y que ahora trata de desdecirse de lo que planteó como su único instrumento de legitimidad política, pues es hablar de la desesperación y de la situación que viven muchos hombres y mujeres en toda la república, en donde junto con el desempleo, junto con la pobreza la violencia se ha convertido en el pan de cada día y en una desilusión puntual del ser mexicano.

Hoy, en el Congreso, plantear como agenda política la situación que tiene el país es hablar de cómo vamos a reconstruir una nación que día con día pareciera irse entre las manos y que aquí el espectáculo que se da por parte de los legisladores, por parte de los representantes es de grandes discursos para construir, acercamientos de grandes discursos para construir acuerdos, pero al final del día una enorme crispación.

¿Y qué es lo que encuentran los políticos, qué es lo que encuentran los diputados y los legisladores? Encuentran que en Baja California Sur el pasado domingo los ciudadanos salieron a votar y volvieron a confiar en las elecciones y en el voto como un instrumento para construir el país que quieren. Encontraron, pese a un enorme escenario de desolación y de posible violencia en Guerrero, encontraron a miles de ciudadanos que sintieron y que pensaron que el voto puede seguir siendo el instrumento para construir país.

¿Y qué es lo que tenemos? Legisladores que no logran ponerse de acuerdo y que no logran construir. Pero no logramos ponernos de acuerdo, porque lo que está en duda y lo que se está poniendo en riesgo son precisamente las principales libertades que nos llevan a ser legisladores.

Hoy, hablar de la libertad de expresión es precisamente defender el para qué, quienes fuimos votados, tenemos la oportunidad de subir a esta tribuna y defender lo que quieren esos votantes. Esos votantes lo que quieren son acuerdos, lo que quieren son soluciones al tema del desempleo, lo que quieren son soluciones al tema de la pobreza que es lo que hoy está en riesgo en este país.

Pero también lo que los ciudadanos quieren es que se respeten las garantías de lo que significa ser mexicano. Y ser mexicano significa respetar las garantías que están constituidas en las garantías individuales. Ser mexicano significa respetar la libertad de expresión. Significa que un legislador si quiere subirse a esta tribuna a decir los planteamientos que debe hacer –porque así lo quieren sus representados– pues que tengamos la altura de miras para decirlo, como lo dicen los mexicanos, y para que se entienda que aquí es la caja de resonancia de lo que está pasando en el país.

La libertad de expresión es también defender que si alguien en los medios, de los amigos periodistas, de esos que deben ser aliados y que son aliados en la construcción de un México democrático, de un México de libertades, pues también que ese derecho le sea precisamente garantizado.

Y por eso hablar de la solución del país es hablar del tema de Carmen Aristegui. Es no solamente ser solidarios con Carmen Aristegui, sino entender que eso, cuando se coarta la libertad de expresión de un comunicador, por presiones de carácter económico, que da pena que MVS que ha sido una empresa que ha sido adalid en la lucha contra el duopolio televisivo, pues hoy esté cayendo en la trampa. En la trampa de que sea el gobierno quien con  chantajes le pida que para renovarle la concesión acalle una voz que es importante que sea escuchada.

Puede no gustar esa voz. Puede la gente no estar de acuerdo con lo que diga Carmen Aristegui, pero hay gente que cree lo que dice Carmen Aristegui porque representa ese gran universo que somos como país. No podemos regresar a ese México ideologizado, a ése México autoritario en el que solamente una voz cuenta.

Y por eso hablar de la situación del país para pensar en cómo vamos a resolver los grandes problemas nacionales, es no solamente ser solidarios con Carmen Aristegui, no solamente ser solidarios con todos y cada uno de los medios de comunicación y con cada uno de los comunicadores, es entender que ellos son parte clave para la construcción de ese México democrático que hoy pareciera no tener una ubicación en el espectro político.

Hoy ser solidarios con Carmen Aristegui y exigirle, desde esta tribuna, exhortar desde esta tribuna a MVS a que la reinstale en ese cargo, es pensar que no es solamente un tema entre particulares o entre privados, es un tema de interés social y refleja también la construcción de país que desde esta tribuna tenemos que estar haciendo.

Para nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática este tema, el tema de la libertad de expresión, es entender que un México democrático como el que queremos, ese México democrático que se expresa en las elecciones y que los ciudadanos han dado muestra clave y firme votando, saliendo a las elecciones, a las urnas, es precisamente el México que deberíamos estar garantizando aquí.

Nosotros planteamos que en un país en el que el desempleo, la inseguridad son los temas que más le aquejan a los ciudadanos, a esa gente que ve el canal de la televisión, a esa gente que nos ve en las calles cuando regresamos, en nuestros distritos, solamente se construye a través de un México de libertades.

Un México en el que sin duda alguna la libertad de expresión es una de las puntas de lanza para construir la nueva etapa que una república que se resquebraja puede tener como sostén para construir ese México que quieren esos mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arturo García Portillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Arturo García Portillo:Gracias, presidente, con la venia. Pues sí, el tema es precisamente la libertad de expresión y ese es el eje del debate que nos mueve y nos convoca esta tarde ya en la Cámara de Diputados.

La libertad de expresión manifestada en la calle, en los medios y aquí mismo, de una manera que hoy ya nos parece tan familiar, pero que hasta hace tan pocos años era prácticamente desconocida en cualquiera de estas tribunas.

La libertad de expresión, que es una muestra inequívoca de la superación de la etapa autoritaria y el adentramiento en la etapa de la democratización, que debemos terminar de solidificar en este país.

Una libertad de expresión que tan existe, que aquí mismo, en esta tribuna puede venir a manifestarse aún y cuando sea únicamente para darle rienda suelta a lenguas viperinas, a actitudes incontinentes, a desplazamientos que no proponen ni construyen, para venir a vomitar aquí frustraciones de los propios errores políticos del pasado.

Porque eso es y no más, lo que hemos venido a escuchar una y otra vez en esta tribuna, de quienes sistemáticamente y sólo por afanes protagónicos, sin ningún objeto constructivo, vienen aquí a obstaculizar el debate de los temas de fondo, justo esos, los que la sociedad nos demanda el día de hoy a través de los medios de comunicación también, los temas profundos que México está esperando resolver, ciertamente los de la seguridad, ciertamente los del progreso económico, los de la superación de la pobreza, los de la educación, y en lugar de eso, en lugar de eso entretenernos con espectáculos mediáticos que solamente tienen, seguramente, por objeto verificar, como hemos visto, atraer los reflectores para futuras campañas políticas rumbo al gobierno del Distrito Federal, sin tener la valentía de dar respuesta justamente a denuncias, como las que acabamos de conocer hace unos momentos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Serrano, en la agenda política son intervenciones libres, sin interrupción de los señores oradores. Continúe, diputado.

El diputado Arturo García Portillo:¿Por qué no usamos esta libertad de expresión precisamente para dar respuesta, por ejemplo, a María Alma Velázquez Rivera, suplente del diputado Fernández Noroña, donde le dice que existe un clima de descontento debido a la falta de compromiso que usted ha mostrado hacia la ciudadanía del XIX distrito electoral federal de Iztapalapa, en virtud de que en 1 año, 5 meses en su cargo, en el Congreso no han cumplido con sus promesas de campaña?

Sí, efectivamente, compañeras y compañeros, es la libertad de expresión la que debe abanderar nuestra defensa de México en sus problemas más profundos y sus necesidades más sentidas. Pero una libertad acompañada de la responsabilidad de sostener, con pruebas, de sostener cuando menos con el argumento probable las propias afirmaciones. De otra manera, cualquiera puede venir aquí a esta tribuna o a cualquier espacio de difusión a decir lo que se le antoje sobre cualquiera de nosotros sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia.

La libertad va acompañada de la libertad y la libertad exige el compromiso ante cada una de las afirmaciones y a sostenerlas rigurosamente con pruebas y no solamente andar vomitando las propias especulaciones y frustraciones que cada quien carga en sus alforjas. Los problemas de México son mucho más importantes que venir aquí a pretender a armar circos multicolores para atraer algún espacio en líneas y en tiempo de televisión y radio.

Respetamos a cada uno de los comunicadores que dice con valentía su opinión. Respetamos a todos los que disienten. Respetamos a todos aquellos que en uso de esas mismas facultades quieren construir y buscar lo mejor de México. A todos ellos les damos la bienvenida, pero con datos, con información, con responsabilidad, con actitud sensata que construya.

Aquí nadie va a venir a reconocer nuestras frustraciones, sino solamente lo que hagamos en nuestro ejercicio de responsabilidad, votando y reformando las leyes que sean necesarias y que transformen la realidad de México no con discursos sino con hechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Fernández?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Con fundamento en el artículo 120 y por alusiones personales le pido la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Agradezco al diputado García Portillo, aunque le costaba trabajo aludirme personalmente, al final tuviera arrestos para hacerlo, porque es incorrecto estar haciendo alusiones y no dar el nombre del diputado. Si mal no recuerdo, el diputado García Portillo fue a jalonear la lona porque no le gustaba el recuerdo histórico sobre Belisario Domínguez.

Miren, hay 42 periodistas asesinados durante el gobierno de Calderón, tengo los nombres aquí; 12 desaparecidos en Iztapalapa, no sé si han desaparecido, pero están 42 desaparecidos. Ésos son los temas. Los temas son muy sencillos.

Como a los compañeros no les da en el debate sobre el entreguismo del petróleo, ahí están las trasnacionales saqueando el petróleo nacional. Cometieron la canallada de correr a 42 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas para meter a las trasnacionales al abastecimiento de la energía eléctrica. Decían que no era para hacer negocio y andan haciendo negocio, porque llevan comisiones todo el tiempo en ese tipo de cosas.

Le documenté la corrupción a García Luna: bienes inmuebles por 42 millones de pesos, con domicilio y datos y todo, ¿y qué pasa? Anabel Hernández está acosada y amenazada de muerte por el libro Los señores del narco, donde con todo valor sostiene los vínculos de García Luna y de Calderón con el grupo del Chapo Guzmán. Yo aquí mismo lo he dicho en tribuna.

Y a los compañeros del PAN les da por utilizar un ataque de mi suplente, que quiere que yo me vaya. Ustedes se imaginarán por qué querrá mi suplente que yo me vaya. Está muy claro. Y los del PAN también quieren que yo me vaya, claro que sí. Por eso la están auspiciando. Eso está clarísimo. Son burdos, burdos. Son pobres, pobres. Son elementales, elementales. Vuelvo a insistir, mil 59 niños asesinados y no les importa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados, por favor permitan que concluya el orador.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Iztapalapa les importa, claro, por eso Conagua no manda agua a Iztapalapa, porque le importa mucho; y manda agua contaminada y manda agua de tercera robándose el patrimonio de la gente. No les duele la gente de Iztapalapa ni les duele la gente de ningún lugar del país.

Son unos cínicos, son unos desvergonzados, porque además nunca le dijeron a la gente que iban a votar a favor de aumentar el IVA. Nunca le dijeron a la gente que les iban a entregar privilegios a los 30 que no pagan impuestos.

Y Speedy González que me plantea lo de la Ley Federal del Trabajo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Nuevamente le recuerdo al señor diputado dirigirse con respeto a sus pares. Señores diputados, permitan que concluya el orador. No hay intervenciones que interrumpan a los oradores en esta sesión de la asamblea.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Miren, los del PAN son tan valientes que desde su curul gritan, pero no suben a tribuna. El único en año y medio que ha tenido valor de citar mi nombre en esta tribuna es García Portillo. Es el único. Los demás gritan desde allá desaforados cuando le digo borracho, al borracho de Calderón, pero no son capaces de venir a dar un debate aquí serio.

Lo más importante: lucharon durante décadas por que se respetara el voto y hoy violentan el voto de la gente. Se robaron la Presidencia. Lucharon durante décadas y toman a cualquier ex priista para que sea su candidato. Hacen alianza del poder por el poder, porque no les importa la gente ni les importa el proyecto ni les importa la transformación de la nación.

Sólo les interesan sus bolsillos. Los panistas se han convertido en hombres prósperos de negocios –que eso es lo más grave y lamentable. Vinculados al narco muchos de ellos, teniendo candidatos a gobernadores como Guillermo Anaya que está vinculado al narco y que lo quieren como gobernador en Coahuila. De ese tamaño son las cosas. De ese tamaño son.

Sube a la tribuna a decir lo que quieras decir. Le pido si para un momento el reloj, diputado presidente. Bueno, no lo está parando.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe, diputado. Nuevamente, señores diputados, permitan que concluya el orador. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Yo vuelvo a plantearles: los diputados del PAN y las diputadas del PAN –varias, como lo estoy viendo- no pueden debatir. Lo único que pueden hacer es gritar desde su curul que concluya y que no sé cuántas cosas.

Ven a la tribuna; deja de gritar, bigotón, ven a la tribuna. No te digo por tu nombre porque ni siquiera lo sé, por que nunca te he visto en tribuna. Nunca te he visto en tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado Fernández Noroña, refiérase con respeto a sus pares.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Nunca te he visto defender una idea. Nunca te he visto plantear una sola cosa. Ahora quieren la Ley Federal del Trabajo para acabar con los derechos de los trabajadores de este país. Tampoco se los vamos a permitir. Vamos a seguir manifestándonos y vamos a seguir criticándolos. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Para alusiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdone, diputado, pero no cabe responder a las alusiones.

Le voy a leer el artículo 120. La moción para alusiones personales procede:

Fracción II. El orador que hubiera hecho la alusión personal –usted– no podrá replicar a continuación, aun cuando sea aludido.

No procede la intervención del diputado.

Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, para continuar con el desahogo de las rondas. Diputado Pérez Cuevas, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): En términos del 114, para hacer un llamado de moción de orden, y los hechos registrados en la Gaceta Parlamentaria con las ofensas personales hacia los diputados, la Mesa Directiva pueda tomar una sanción al diputado que ha hecho esas alusiones sin sustento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes de concluir la asamblea la Mesa Directiva tomará una determinación al respecto. Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): En caso de que sea en su momento sancionado, me gustaría que se impusiera la sanción simplemente para retar a esta Cámara, que aprobó por mayoría un reglamento anticonstitucional, y demostrar en tribunales que en un reglamento no caben las sanciones.

Diputado Pérez Cuevas, hay que leer el artículo 113 de la Constitución, que establece un principio de reserva de ley. Solamente en ley se pueden establecer sanciones, diputado Pérez Cuevas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, gracias. Inicie, diputado Di Costanzo. ¿Con qué objeto, diputado Fernández?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para insistir en el artículo 61 constitucional, en insistir en que no voy a permitir estos arranques de autoritarismo, donde quieren además limitar el debate. Yo no ofendí a ningún diputado, les exijo que muestren en la versión estenográfica en qué momento los ofendí, y sí hay permanentemente de los diputados del PAN desde sus curules, cobardemente majaderías a los oradores, donde ha sido una...

Entonces yo lo que pido es, primero respeto parejito, y segundo, que si quieren debate, debate tenemos y si quieren manifestaciones, manifestaciones habrá, porque lo que no van a hacer es tratarnos como niños pequeños. Somos hombres y mujeres libres y además legisladores, que el artículo 61 nos ampara con toda claridad y firmeza, y a ése nos amparamos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sin lugar a dudas, diputado, el artículo 61 se refiere a una potestad que en un caso extraordinario la sociedad le otorga a los señores diputados y además le exige al Presidente de la Mesa Directiva velar por su estricto cumplimiento, refiriéndose a aquellas personas que no son diputados.

Ésta es una asamblea de pares, y en pares que tienen que tener una autoridad, estos pares designaron a la Mesa Directiva para llevar las sanciones correspondientes, o como se les llame, finalmente el Reglamento lo determinará, pero en todo caso aplicar las medidas necesarias para guardar el orden a la asamblea.

Le pido a los señores diputados permitan el desahogo del debate y les exijo a los señores diputados, en términos del Reglamento, artículo 8º, fracción VII, referirse por su nombre estrictamente, a los señores diputados. Muchas gracias.

Continúe, diputado Di Costanzo. Inicie, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. ¿No eran 10 minutos?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Los primeros oradores, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Ah. Miren, compañeros, lo que ha sucedido con Carmen Aristegui, no nos hagamos; es un atentado a la libertad de expresión.

Si ponemos la grabación de su programa, en ningún momento da por hecho ningún rumor. Es el reflejo de la denigración política en el país.

Hace unos momentos discutíamos sobre una cédula de identidad, el fondo no son las atribuciones, el fondo no es el presupuesto, porque también la Secretaría de Hacienda lo ejerce como quiere. El fondo es la credibilidad y la desconfianza de nosotros y de los ciudadanos sobre qué va a hacer Gobernación con esa información.

¿Y por qué lo digo? ¿Por qué desconfían? ¿Por qué dicen que no tenemos propuestas? Tenemos iniciativas congeladas por ustedes, porque su presidente de la Comisión de Hacienda no llama a sesión.

El SAT les vino a decir que hay 422 grupos que no pagan impuestos. ¿Y qué hicieron? Se escondieron y rehúyen el debate. Lozano nos dice que ha generado muchos empleos y la tasa de desempleo es históricamente alta en el país.

Si revisamos los datos del IMSS nos damos cuenta que se han creado 773 mil empleos en más de 4 años del presidente del empleo. Aquí están y hemos hecho propuestas. Si nos quejamos de los monopolios y proponemos iniciativas ustedes no las quieren discutir, ¿ése es el debate? ¿Ése es el debate con un presidente de una Comisión de Hacienda que convocó una vez antes de aprobar la Ley de Ingresos?

Tenemos información de Hacienda que habla de que en 2010 se tuvieron 163 mil millones de pesos de ingresos excedentes y 100 mil de ellos se gastaron en gastos de operación, y aquí está.

Propusimos una ley de austeridad republicana para no aprobarles bonos de riesgo a los secretarios de Estado y, ¿qué hicieron? Se rieron. Salen a decir que no tenemos propuestas. Ahí está durmiendo el sueño de los justos la propuesta, y ya se va el presidente de la Comisión de Hacienda. Oiga, no se vaya, va a detener el avance del país.

Y se escandalizan por una manta y se escandalizan por la forma en cómo pusimos una manta, pero no se escandalizan cuando saben que un salario mínimo en el 2006 compraba 2.4 kilogramos de frijol y ahora compra la mitad. Eso sí, éstos no son datos oficiales, son datos de la Profeco, compañeros.

Hemos hecho propuestas para detener los incrementos a la gasolina y no son discutidas, pero eso sí, deciden de un día para otro cobrarle impuestos a los jubilados. O sea, que ni discuten ni debaten ni aprueban.

Su discurso es: “pongámonos de acuerdo”, ¿con un IVA en alimentos y medicinas? ¿Ése es el acuerdo? Mientras que Telmex o Cemex tienen 32 mil millones de pesos de impuestos diferidos y se los han dicho, ¿y qué hacen con una información oficial? La convierten en rumor, porque este papel ha desaparecido de la Cámara de Diputados, les da pavor hablar de esta información. Ése es el fondo del asunto y cuando alguien se los dice se escandalizan por su doble moral.

¿Dónde está el trabajo de las comisiones? Retiran sus firmas de dictámenes con tal de que Hacienda no les llame la atención, por eso les digo que el punto es la pérdida de confianza en este gobierno, más allá de cualquier posible enfermedad de Calderón, es la pérdida de confianza, pérdida que se han ganado a pulso, y lo único que hacen es tratar de acallar las voces, adentro del recinto y fuera de la Cámara de Diputados. Es lamentable su actitud y pronto la historia se los va a cobrar. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Di Costanzo. Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Con su permiso, diputado presidente. En nuestro país la profesión de periodistas, de reporteros, de trabajadores de los medios de comunicación se ha venido convirtiendo en los últimos 10 años en un oficio de alto riesgo, de alta peligrosidad, diríamos, de un deporte extremo donde la integridad de quienes se dedican a esta actividad se encuentra en todo momento en peligro, en riesgo.

Ya se ha documentado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que México es el país donde más violaciones a las garantías de los trabajadores de los medios de comunicación se cometen.

Sesenta y seis periodistas asesinados en estos últimos 10 años. Ningún otro país de América Latina, ningún otro país del resto del mundo tiene más periodistas asesinados que el nuestro, incluyendo a aquellos que se encuentran en estado de guerra.

En los años del calderonato hay, además, 12 reporteros de-saparecidos, que no se dice absolutamente nada sobre las investigaciones, sobre el posible paradero de los responsables. De diversos medios, de medios que colaboran con Calderón y de medios que han tenido una voz crítica frente a este gobierno.

Dieciocho instalaciones de periódicos, de televisoras, de radio han sido agredidas en estos 10 años y campea la impunidad. No hay un solo detenido en nuestro país en estos 10 años, como responsables de estos 66 asesinatos a periodistas, no hay un solo detenido.

Pero son más graves estas agresiones a los medios de comunicación y particularmente a los periodistas y reporteros, cuando estas agresiones vienen desde el gobierno, cuando estas agresiones vienen desde Los Pinos.

En el caso de Carmen Aristegui en estos tiempos de la guerra que ha emprendido Felipe Calderón no sólo en contra del narcotráfico, sino también ya en contra de la sociedad, podríamos decir que Carmen Aristegui, sin deberla ni temerla, es una víctima más, un daño colateral de esta estúpida guerra de Felipe Calderón.

Y digo daño colateral porque la noticia se produjo aquí; aquí fue donde se presentó una manta que a algunos diputados no les gustó y están en su derecho de que no les guste, eso se vale. Pero lo que no puede ser es esta reacción cavernícola desde Los Pinos de censurar una noticia, no una opinión.

Porque lo que Carmen Aristegui hizo no fue emitir un juicio personal, a lo que también tendría derecho si así lo hubiera hecho, sino simplemente dar a conocer una noticia que ocurrió aquí. Y no les gustó y entonces, a través del chantaje de las concesiones que tiene el gobierno de la República: –o la despides o no se te ratifica la concesión. Ése es el asunto de fondo.

La agresión a la libertad de expresión, cuando viene desde el Estado, es inaceptable, es inaceptable y creo que esta Cámara de Diputados tiene que alzar la voz y exigirle a Felipe Calderón que no ponga las concesiones de un servicio público como medio de presión a la libertad de los medios de comunicación, porque es un servicio público. Porque es eso lo que está en el fondo también.

El servicio público que ejerce MVS no es un asunto de particulares, es una concesión púbica que el Estado le brinda a un particular para ejercer el derecho a la comunicación y a la expresión, pero también para que los mexicanos tengamos nuestro derecho a la información.

Y eso es lo que se está vulnerando, porque es grave esta autocensura también de MVS. Aquí ha habido voces que exigen la reinstalación inmediata de esta relación con la periodista Carmen Aristegui. Pero me parece que el asunto más importante es que también se dé respuesta a estas agresiones que se han expresado en estos 10 años, y que esta década, que ha sido una década de terror para los periodistas bajo el panismo, pueda concluir lo más rápido posible. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Jaime Cárdenas, con qué objeto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para participar en este tema de la agenda política.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo tengo inscrito como parte de una ronda que aún no empieza. Al término de esta ronda preguntaré a la asamblea si está suficientemente discutido. Diputado Justino Arriaga tiene la palabra. No. Tiene la palabra Rafael García Bringas, hasta por 5 minutos.

El diputado Leandro Rafael García Bringas:Con su permiso, señor presidente.

A quienes integramos al Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos parece que no había mejor momento que esta semana para analizar la situación política del país. Observamos, por ejemplo, la realización de los procesos electorales altamente competidos donde el electorado opta por la continuidad o por la alternancia.

El inicio de la gestión de gobiernos estatales donde se abren nuevas perspectivas de avance y consolidación de la cultura democrática y ciudadana en el ambiente local. La apertura de este periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión abre también la oportunidad de demostrar que la coyuntura electoral no es motivo para frenar acuerdos políticos y las reformas al marco jurídico que demandan los mexicanos.

Desde nuestra perspectiva, la situación política del país no la marcan solamente las coyunturas electorales o la competencia política entre los partidos. Para nosotros es fundamental la capacidad del país para afrontar, desde la acción pública, los retos que tiene el país en materia de gestión, de seguridad, de bienestar, de cumplimiento de responsabilidades, y de satisfacción y expectativas sociales.

Al respecto, nos parece que esta Cámara debe asumir la responsabilidad de cumplir con una oportuna regulación de las actividades sociales que brinden condiciones propicias para que los mexicanos trabajen, generen empleo y riqueza, resuelvan sus controversias y se fortalezcan las instituciones garantes del orden necesario para que el país avance. Si permitimos que la coyuntura electoral contamine nuestras decisiones retardamos la creación del orden jurídico requerido para alcanzar el bienestar.

El gobierno federal, por su parte, se ha dedicado a ampliar sus márgenes de acción para atender y resolver las exigencias y demandas de la sociedad. En este aspecto vemos que la política social ha ensanchado sus horizontes para afrontar el reto del combate a la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades de amplios sectores, que la política económica afrontó una grave crisis internacional pero que ya ha colocado de nueva cuenta al país en la ruta del crecimiento, pero el gobierno debe seguir adelante en su tarea de organizarse y funcionar de una manera cada vez más eficiente y eficaz, lo cual precisa que esta Cámara apruebe algunas reformas que se requieren en rubros como la seguridad y el trabajo.

Más allá de la situación de la inseguridad provocada por la actividad del crimen organizado y su combate en algunas zonas del país, México disfruta de un clima de gobernabilidad, patente en la operación de continuidad de los órganos del Estado, de la existencia de una actitud de diálogo y de las posibilidades de entendimiento entre los actores políticos, así como del respecto a las libertades, a los derechos humanos, a la posibilidad abierta para que los ciudadanos participen en todo tipo de expresiones y organizaciones políticas sin cortapisa alguna.

En estos marcos, no exentos del debate y de la deliberación sobre los grandes temas nacionales, transcurre la consolidación de nuestra vida democrática, que en el pasado las actitudes de conflicto electoral, de exclusión política, de mayoriteo de decisiones llevaron a que los políticos de entonces no asumieran una actitud madura, conforme a las exigencias de impulsar la acción política, conforme a las exigencias de un régimen democrático.

Para nosotros venir a discutir nuestros puntos de vista sobre la situación política del país en esta tribuna no es una ocasión para intercambiar acusaciones o reclamos de carácter electoral o poselectoral, como tampoco oportunidad para descalificar o desprestigiar a nuestros adversarios políticos.

Entendemos la política y su gestión en los partidos o en el gobierno como una dinámica...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Leandro Rafael García Bringas:En un momento, señor presidente. Yo quisiera pedir un momentito de parar el reloj para leer. Si pudiéramos leer esto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es una moción de ilustración. Con mucho gusto, diputado.

Señor secretario, sea tan amable de dar lectura a la solicitud, al texto que solicita el diputado García Bringas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: “Arma Noroña campaña desde Cámara”. Reforma, 6 de febrero de 2011.

Gerardo Fernández Noroña inició la organización de su campaña por el gobierno del Distrito Federal en las instalaciones de la Cámara de Diputados. El diputado del PT dispuso de personal, instalaciones y equipo de la institución para recibir a sus seguidores y hablar de sus intenciones electorales. Citados ayer al mediodía, al salón Protocolo del edificio C, llegaron cerca de 50 personas que tienen contacto con el legislador a través del Twitter, red social por la que fueron convocados.

Rumbo al gobierno del Distrito Federal era el título del evento, elaborado con los mismos materiales, como cuando citan las comisiones. Incluso, fue colocado a un lado del título el logotipo oficial de la LXI Legislatura. Para el evento hubo el servicio de las edecanes de la Cámara, el equipo de sonido y botellas de agua para los invitados. El personal de resguardo también se desplazó a la reunión. En sábado sólo acude el personal de guardia y el de limpieza, pues los legisladores no acostumbran realizar actividades legislativas los fines de semana y menos encuentros que tengan que ver con proyectos personales sobre candidaturas a otros cargos de elección.

El diputado Leandro Rafael García Bringas:Termino, señor presidente, y felicito a nuestro compañero García Portillo por el nombramiento que hizo con tanta valentía aquí en la tribuna.

En el presente y de cara al futuro nuestro país requiere que sigamos consolidando una perspectiva en nuestra actividad política que anteponga la responsabilidad, la creación de bienes públicos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Leandro Rafael García Bringas:... el respeto entre los adversarios y el diálogo, a quien termina dañando gravemente es al pueblo de México, y no deseo que se vaya, señor diputado. Aquí lo quiero, me gusta cómo se viste y todas sus payasadas, eh. Muchas gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández. Sonido en la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Primero, diputado presidente, le tolera que hable payasadas un par, que me falte al respeto de manera evidente. Y segundo, por el artículo 120 le pido por alusiones la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted en ambos casos razón, señor diputado. Nuevamente exhorto a los diputados a conducirse en los términos del artículo 8o., fracción IV. Señor diputado Fernández Noroña, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos, por alusiones personales.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, espero que tengan el valor de escuchar y luego pedir la palabra si quieren intervenir. Voy a aludir a quien desde su curul grite para que pueda subir a la tribuna a decirlo con calma.

Miren, compañeros diputados, compañeras diputadas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado. Señores diputados, necesitamos que el debate concluya. Voy a suplicarles escuchen a los oradores y después decidan qué tipo de intervención procede. Les suplico permitan escuchar a los oradores. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Celebro que los diputados del PAN quieran debatir, aunque no debatan los problemas de la situación nacional, sino se preocupen por encontrarme algún punto frágil, porque no pueden debatir la entrega del petróleo, los asesinados, los retenes militares, el ensangrentamiento de la nación, la pobreza, el deterioro, todas estas cosas o el brutal ataque a la libertad de expresión de Carmen Aristegui, sobre eso no pueden decir absolutamente nada.

No pueden decir absolutamente nada sobre el entreguismo de este gobierno, sobre que se robaron la Presidencia, no aceptan que se recuenten los votos. No pueden decir nada sobre ningún tema serio. Tienen que recurrir a recovecos. Yo les agradezco la propaganda, además, porque sigo sin hacer público mi interés de buscar la candidatura a jefe de gobierno. Entonces, les agradezco muchísimo esa propaganda gratuita.

La reunión del sábado fue la cuarta reunión de usuarios de Twitter, como consta en el propio Twitter y como consta a los que vinieron. No convocamos prensa, no convocamos a nadie que no fueran los usuarios de Twitter que querían platicar conmigo sobre si tengo aspiraciones para buscar la candidatura a jefe de gobierno en la Ciudad de México.

Es cierto, usamos el salón de Protocolo y está el oficio de la petición, donde dice, el texto concreto es: rumbo DGF. Ahí está en el oficio. Los reto a que lo busquen en el archivo: rumbo de Gerardo Fernández, no era rumbo al gobierno del Distrito Federal, que mucho, insisto, les agradezco la propaganda. Ahí está el oficio, a las pruebas me remito.

Pero si quieren hacer una acusación formal porque esté usando recursos públicos, ustedes que son verdaderos viciosos en el uso de recursos públicos para los procesos electorales; ustedes que van a entregar programas sociales para la compra de votos; que superaron con mucho las triquiñuelas que el PRI hacía; ustedes que condicionan a la pobreza de los votantes y que usan las delegaciones de los estados para condicionar a la gente en los estados y en los procesos electorales, sería muy bonito, sería muy bueno que me acusaran de uso de recursos públicos, realmente sería encantador. Sería de una ternura inigualable. Lo pueden hacer si tienen elementos. No tienen ninguno.

Entonces, si van a usar a mi suplente y van a usar este tipo de acusaciones están perdidos, compañeros diputados, francamente, porque les vuelvo a plantear que aunque me descuenten los 30 días de la dieta voy a seguir diciendo que Calderón se robó la Presidencia. Aunque me descuenten los 30 días de la dieta voy a seguir diciendo que es un usurpador y que remata el patrimonio nacional y que está vinculado al narco y que está vinculado a los grupos de secuestradores García Luna y que es un gobierno de canallas los que están al frente de la responsabilidad. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país.

Voy a seguir reclamándoles que tomen decisiones contrarias al interés nacional, porque ya lo dije: van por la ley Federal del Trabajo, no para fortalecer los derechos de los trabajadores; no para aumentar el misérrimo salario mínimo; no para fortalecer contratos colectivos; no para fortalecer sindicatos, sino para empobrecer más a los trabajadores, para precarizar sus condiciones de trabajo, para sumirlos en una miseria y en una desesperanza mayor.

Para eso de verdad que no fueron electos. Ninguno de ustedes le dijo a sus electores lo que iban a hacer en esta Cámara, si no, no estarían aquí. Están votando en contra del interés nacional, en contra del pueblo de México, desmantelando la estructura del Estado benefactor, acabando con la educación, la salud, la vivienda, el empleo y las mejores condiciones de vida para la gente. Están deshonrando el voto de la gente.

Yo puedo ir a mi distrito, a todos los lugares, a todas partes con la frente en alto, porque a mucha honra puedo decir que mucha gente...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Fernández. Diputado Di Costanzo, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Si me permite una pregunta el diputado Noroña.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay preguntas, las intervenciones de agenda política son sin interrupciones al orador. Continúe, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Termino planteando que no habrá amenaza, ataque, calumnia, difamación, acoso que eviten que usemos esta tribuna para defender el interés nacional. Que no habrá ninguna manera de que callen nuestra voz y que no habrá ninguna forma de que cambie nuestra determinación de luchar por una transformación profunda para el país, donde haya libertades, igualdad y justicia. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado García Portillo, usted estaba pidiendo la palabra para alusiones personales, pero usted fue aludido por un diputado de su propio grupo parlamentario y estamos en agenda política.

En tal sentido, le voy a dar la palabra al diputado Jaime Cárdenas, quien es el segundo orador y último que el PT puede inscribir en esta lista y, si a usted le parece, usted sería el segundo orador y último que inscribe Acción Nacional en esta lista.

Tiene la palabra el diputado Cárdenas. Voy a concluir la discusión con la diputada Paredes Rangel en el turno que le corresponde a su grupo parlamentario.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Cárdenas. Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Solicitar, nada más presidente, que quede asentado en el acta de hoy que el diputado Pocoroba y varios diputados del PAN se retiraron del salón de sesiones cuando yo estaba interviniendo, porque luego hablan de debate y se van cuando uno habla.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registra su intervención, diputado. El diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Una pregunta de trámite y con el único objeto de ilustrar a la asamblea y saber cuál es el criterio que vamos a seguir en los debates.

Hace un momento, un diputado usó la figura de ilustración al pleno y dio un artículo de un periódico. ¿Se va a poder eso seguir haciendo? ¿Se puede presentar un reportaje, de tener el tiempo, y leer un artículo periodístico? Para saber cómo nos vamos a regir en este debate. Es una pregunta con el objeto de ilustrar y ordenar los debates, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es irrestricto el uso de la tribuna por parte del orador, así es que él puede utilizar los elementos que tenga a bien solicitar y sea posible físicamente presentar.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Con todo respeto, señor presidente. No sé si haya empezado la tercera ronda, porque para poderlo hacer primero se necesitaría someter a consideración de esta asamblea si ya concluyó la segunda ronda, que creemos que no es así, puesto que falta un orador registrado en la segunda ronda.

Después de haber hablado este orador de la segunda ronda, según el Reglamento, tendría que ponerse a consideración si el tema está o no suficientemente discutido. De manera que le suplico que nos oriente porque, reitero, nuestra fracción parlamentaria no ha concluido la segunda ronda, no se ha expresado en esta segunda ronda, habiéndolo hecho ya dos militantes de las demás fracciones parlamentarias que así lo solicitaron.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, diputado Martel. En primer término, estoy respetando irrestrictamente el orden que le corresponde a los grupos parlamentarios, este orden se establece de menor a mayor en deferencia a que el grupo parlamentario con más miembros debe ser el grupo que concluya el debate.

En segundo lugar, aplicamos en la primera ronda y lo especifiqué al inicio de esas intervenciones, un criterio de 10 minutos por cada orador y concluyó la ronda. En segundo lugar, tal y como señala el artículo 101: inscriba un máximo de dos oradores por ronda de intervención. Así es que la segunda ronda va a concluir precisamente con la diputada Paredes Rangel y preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Nada más para ilustrar, porque no se nos ha comunicado ningún registro de dos oradores de una misma fracción parlamentaria por turno en el segundo turno. O sea, no tenemos nosotros registrado, aparte de que ya habló el diputado Mario di Costanzo, no tenemos registrado ningún otro orador en los documentos que la Presidencia tuvo a bien instruir que se nos distribuyeran.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La Presidencia no distribuye ningún formato de registro, diputado, pero usted puede inscribir un segundo orador porque tiene derecho a ello. Continúe, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. El asunto de Carmen Aristegui, su despido injustificado de la empresa MVS Medio, es un hecho ominoso, es un hecho abominable de la historia política de nuestro país. Digo ominoso porque augura seguramente acontecimientos de mayor autoritarismo en la vida política de México.

Con esta decisión el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón está demostrando que es un censor, está demostrando que es un violador de las garantías individuales, principalmente de la libertad de expresión. A mí no me queda duda de que la Presidencia de la República influyó en la destitución, en el despido injustificado de Carmen Aristegui. No hay ninguna duda.

La empresa MVS tiene en este momento en trámite prórrogas en sus concesiones radiofónicas. La empresa MVS sabe cómo actúa el gobierno federal. Cómo limita la libertad de expresión de sus comunicadores, de sus reporteros, a fin de obtener la prórroga de las concesiones.

Llama también mucho la atención que el reclamo que hicimos algunos legisladores en la manta del jueves pasado, en donde exponíamos el alcoholismo de Felipe Calderón, haya suscitado el reclamo de un Grupo Parlamentario del PAN que, como bien saben los abogados del PAN, en este tipo de asuntos que tienen que ver con la vida privada -como adujeron algunos de ellos y me lo señalaron posterior al debate-, la única legitimación procesal para cualquier reclamo es del propio Felipe Calderón. Y hasta el momento Felipe Calderón no ha exigido una disculpa de parte de los legisladores; no ha entablado ninguna demanda de carácter civil para demandarnos reparación de daño moral por los comentarios y los contenidos de esta manta.

Esto lo señalo porque hay aquí defensores oficiosos de Calderón y el que debe reclamar la violación, en todo caso, a sus derechos, a su intimidad, a su vida privada, a sus datos personales es el propio Felipe Calderón.

Señor presidente, quiero informar a este pleno y a usted mismo, que he presentado el día de hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para adicionar un artículo 19 Bis a esa ley, a efecto de que el expediente médico y los datos médicos de los titulares de los tres poderes públicos, de los órganos constitucionales autónomos y los titulares de los sujetos obligados a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea información de conocimiento general, sea información de carácter público.

Yo entiendo que el expediente médico, las enfermedades o las adicciones de los particulares, de los gobernados, deben entenderse como información confidencial y están protegidas por el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, pero en tratándose de servidores públicos, sobre todo los servidores públicos más encumbrados, como somos los diputados, los senadores, los ministros de la Suprema Corte, el titular del Poder Ejecutivo, los titulares de los órganos electorales, del Banco de México, esa información debería ser totalmente pública.

En qué me apoyo. Me apoyo en el derecho comparado. En la jurisprudencia norteamericana se ha sostenido que los ciudadanos tienen derecho a conocer de las actividades sexuales y los problemas médicos de los servidores públicos. Este mismo principio existe en distintos sistemas jurídicos de la Commonwealth.

La polémica que provocamos el jueves pasado algunos diputados, y que ha generado como dijo bien el diputado del PRD, Agustín Guerrero, la primera víctima con el despido injustificado de Carmen Aristegui, exige medidas legislativas del Congreso de la Unión. Esas medidas legislativas estimo yo tienen que ver con reformas de este tipo, para que todos los altos servidores públicos del país hagamos público nuestro expediente médico, porque nuestra misión...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Termino, presidente. Nuestra función puede afectar, puede determinar el funcionamiento de las instituciones.

Nuestras decisiones y omisiones afectan a millones de personas, por eso esta información debe ser de carácter público, y por eso esa información no es de carácter confidencial ni reservado cuando se trata de los servidores públicos más importantes de este país.

Entrego a usted desde este momento, presidente, copia de esta iniciativa que en el momento procesal y parlamentario correspondiente presentaré y argumentaré ante este pleno. Por su atención, muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado García Portillo.

El diputado Arturo García Portillo:Con su permiso, señor presidente. Ya afortunadamente termina este penoso debate, esta colección de infundios, de mentiras, hay que decirlo así con todas sus palabras.

Hace un momento que el diputado Fernández Noroña tomaba la palabra y me acusaba de haberle arrebatado la manta y haberlo empujado, cosa que es absolutamente falsa, es una mentira en toda su expresión. Y justamente eso es lo que hace permanentemente: mentir sin tomarse ninguna molestia por sostener, de ninguna manera, sus afirmaciones, de ningún tipo ni en lo referente al caso de la señora periodista Aristegui ni en el caso de la conducción del país ni en el caso de la situación política de nuestra nación ni en las situaciones que se debaten en esta Cámara.

Ciertamente este debate tiene que dar pie al abordaje de los asuntos que verdaderamente interesan a la nación, al abordaje de las leyes que están pendientes y que se niegan sistemáticamente a discutir en comisiones y que esperan el dictamen, la puesta por lo menos, la afirmación y el compromiso con una postura clara e irrevocable con cada una de las iniciativas que están pendientes en los temas de seguridad, en los temas de reforma fiscal, en los temas educativos, en toda esa agenda amplia en la cual deberíamos estar aprovechando el tiempo en lugar de estar viniendo a debatir si el diputado Fernández Noroña no va a Iztapalapa porque no puede entrar con un automóvil Volvo o ese tipo de situaciones que ciertamente no quiere ni espera el pueblo de México.

Vamos a cerrar este capítulo y vamos a invitarnos a participar como debe ser en otro tipo de temas y a esperar que en uso de esa libertad de expresión, de la que han hecho gala y que tanto presumen defender, la conviertan también en responsabilidad, en compromiso, en propuestas para sacar adelante todos los temas y todas las necesidades de nuestro pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Diputado Fernández Noroña, con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Con fundamento en el artículo 120, por alusiones personales, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Solamente que voy a explicar a los señores diputados que conforme al artículo 103 están estrictamente prohibidos los diálogos y las discusiones fuera de orden.

En este momento la discusión está fuera de orden. No estamos discutiendo sobre la personalidad de ningún diputado, tenemos un tema registrado en la agenda política. Quisiera preguntarle al diputado Fernández si hace uso de la tribuna o desde su lugar hace la aclaración respectiva.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Haré uso de la tribuna si me lo permite, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conforme a su derecho, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias. Diputados y diputadas, tiene razón el diputado presidente que el tema es el atropello a la libertad de expresión de Carmen Aristegui, que lo único que hizo fue preguntar si efectivamente había un problema de alcoholismo o no en quien ostenta la Presidencia de la República, nosotros sostenemos, robada. Ese simple hecho generó que de manera fulminante le fuera cerrado el espacio que tenía en MVS.

Insisto, si ustedes ven el documento de la propia estación de radio, lo que dice es que Carmen Aristegui aceptó presunciones y que violó el código de ética.

Ahora resulta que informar lo que sucedió en una sesión de la Cámara y luego preguntar frente a la acusación si es cierta o no, eso es dar por buena una presunción. No, no es así. Carmen Aristegui nunca dio por buena esa presunción.

Sobre los otros temas que toca el diputado García Portillo y que lamento que no pueda subir a tribuna por como está hecho el Reglamento de mal.

Miren el libro de Camisas azules manos negras aquí lo presentamos con todas las denuncias de los negocios hechos al cobijo del poder en Pemex, con nombres de César Nava, de Nordhausen, del propio Mouriño. Está documentadísimo, a tal grado que a tanta presión se acabó formando una comisión de esta Cámara.

He pedido formalmente que esta Cámara forme una comisión especial para investigar los presuntos vínculos con el narco del gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa; lo he pedido formalmente, lo pedí desde el periodo pasado y no se ha presentado al pleno.

He pedido insistentemente que a Lozano se le determine interlocutor no válido, porque el tipo es totalmente contrario a los intereses de los trabajadores. Debería ser removido. Y sesión tras sesión lo he pedido, habiéndolo presentado por escrito y esta Legislatura no decide nada, porque quienes paran los trabajos parlamentarios son las cúpulas del PRI y del PAN, no me salgan ahora con que una mantita es la que para el trabajo legislativo.

De verdad se necesita doble moral para plantear este tipo de cosas. He hecho una serie de señalamientos muy fuertes, consistentes, permanentes. Y los reto, vuelvo a insistirlos, abran las urnas, juntemos los votos, que se sepa quién ganó la elección del 2006. Es tan simple.

¿Por qué le tienen miedo a la verdad? ¿Por qué le tienen miedo a que se sepa verdaderamente lo que pasó en la elección presidencial del 2006? Porque saben que Calderón no ganó. El propio Luis Carlos Ugalde... Les he recomendado el libro Así lo viví muchas veces, para que lo revisen.

Y miren, termino planteando, Gandhi era un hombre excepcional. Hay una biografía, se las recomiendo, de Louis Fischer, sobre él, y él llevó la renunciación a un grado máximo. Cuando murió tenía sus lentes, su taparrabos, su escudilla, las chancletas de madera, nada más. A los 38 años renunció a la sexualidad, eso es renunciación. Yo no aspiro a tan grandes alturas.

Lo único que yo he hecho es donar 50 mil pesos de mi sueldo, porque no han querido bajar los sueldos. Tenemos una iniciativa para bajar a la mitad los sueldos; dijeron ustedes, panistas, que lo iban a bajar a 10 y no han bajado nada. Nosotros hemos planteado bajar los sueldos a la mitad, de todos: senadores, diputados, funcionarios, de todos.

Yo, a pesar de que dono 50 mil pesos, a pesar de que renuncié al seguro médico privado, a pesar de que renuncié al seguro privado de vida, a pesar de todo eso me alcanza para comprarme un Volvo que uso sin ningún problema, producto de mi trabajo.

Pero ustedes, muchos, no todos los panistas, se hacen ricos al cobijo del poder. Dinero mal habido. Todo lo que tengo lo he ganado con mi trabajo y mi esfuerzo; no tengo ningún problema en usarlo y en disfrutarlo. Y quiero que todo el pueblo tenga buenas condiciones de vida. Todo. Educación.

Los reto. Firmemos juntos una iniciativa para que los siete y medio millones de jóvenes sin acceso a la universidad la tengan ya, no como en la preparatoria, que los mandaron a 10 años. Que la salud todos –me costó 250 mil pesos, compañero, si quiere comprármelo, se lo vendo mañana mismo. Ah, bueno.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado. Por favor, les pido nuevamente guardar el orden debido.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Y no puedo aludir al diputado porque de verdad ni siquiera sé su nombre porque nunca lo he visto en tribuna. No tengo ni la menor idea de quién es. Es uno más de la bola de diputados que nomás vienen a cobrar, que cobran seguro médico privado, que cobran seguro de vida, que se llevan todo y que votan en contra de la gente por más impuestos, que votan por acabar los derechos de la gente, que votan por rematar el patrimonio nacional. De verdad que se necesita ser caradura para hacer esas cosas. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Vamos a concluir este debate con la intervención de la diputada Beatriz Paredes Rangel, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:Gracias, señor presidente. Mi participación está inscrita en el marco de este debate y estas reflexiones en torno a la política interior, en esta etapa de la vida del país. Quisiera señalar que ratifico en todos sus términos, la intervención del diputado José Ramón Martel, que por decisión de nuestro grupo parlamentario, hizo el planteamiento general del posicionamiento de nuestra bancada.

Sin embargo, cuando en el marco de este debate los grupos parlamentarios coincidieron que era pertinente abordar el tema vinculado con la periodista Carmen Aristegui, estimé conveniente que el tiempo que se me ha destinado, me permita compartir con ustedes algunas reflexiones.

¿Por qué la circunstancia de Carmen Aristegui provocó una reacción tan amplia en comunicadores y en la opinión pública?

Independientemente de que el prestigio de la comunicadora tiene años de sustentación y no se ha caracterizado por ser obsecuente con el poder, cualquiera que sea el signo de éste; por encima del derecho que tienen los empresarios de la comunicación de decidir sobre quiénes colaboran en sus medios, lo que proyecta, lo que evidencia la reacción de tantas y diversas voces, es la convicción de que la libertad de expresión es un valor irrenunciable, y sobre todo, lo que se aprecia, es el derecho a la crítica.

El pluralismo no sólo es un tema de orden electoral. El pluralismo tiene que ver con una visión del mundo en donde reconoces que hay distintos, diferentes, que hay otros que no tienen que ser como tú, ni profesar los mismos valores o dogmas o convicciones que tú profesas.

El pluralismo refleja la capacidad de las sociedades, de trasladar la utopía de las uniformidades, que siempre es una utopía fascista, a la convicción de que en un mundo donde las personas son diferentes, hay un pleno derecho a opiniones diferentes.

Supone reconocer que hay ideas distintas, posiciones encontradas, perspectivas incluso antagónicas, y supone sobre todo, el respeto a esa realidad heterogénea y diversa que enriquece, que permite que la humanidad sea este extraordinario mosaico creativo.

El derecho a la crítica, en regímenes políticos en transición, es indispensable, porque en los procesos de transición siempre hay riesgo de posiciones regresivas y, en esas etapas, que se caracterizan por la confusión, la diatriba y en muchos casos por las acusaciones infundadas, la crítica es una práctica que oxigena y que obliga a todos a mirar con mayor objetividad y humildad, qué percepciones diversas existen.

El país tiene una gran tradición de ejercicio de la crítica política. Tradición no sólo de crítica, incluso de sátira política, donde el escalpelo fino de un caricaturista, como el caso de José Guadalupe Posada, en el Ahuizote, y de muchos grandes caricaturistas de la época prerrevolucionaria y de la época contemporánea, o la expresión libre de periodistas, editorialistas, comunicadores y políticos, reflejan cómo hay opiniones distintas, puntos de vista diversos y eso es lo que construye la democracia.

El desarrollo democrático del país demanda convicciones democráticas, desde luego, y requiere tolerancia.

Quiero concluir señalando lo que un pensador, Voltaire, que fue destacado filósofo, perseguido y encarcelado por sus principios expresó: “detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo”.

No sólo es Carmen Aristegui. Carmen Aristegui simultá-neamente se convierte en un símbolo.

En el país necesitamos que exista la crítica, la crítica objetiva, la crítica veraz, la crítica que no confunda al poder en su propio espejo. Muchas gracias.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ortega.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín(desde la curul): Con su venia, señor presidente.

Nada más para preguntarle, si ya se les olvidó cuando Carlos Salinas mandó correr a Guillermo Ochoa en el programa Hoy mismo, por hacer críticas en contra del presidente de la República.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La próxima vez yo le voy a preguntar, ¿con qué objeto? Y le voy a suplicar que se ajuste usted al orden previsto, señor diputado.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hemos recibido de la Junta de Coordinación Política un acuerdo al que daré, por su importancia, puntual lectura.

En Sinaloa la actividad económica se sustenta principalmente en la agricultura, desde hace seis décadas desarrolla una agricultura tecnificada y moderna de las más importantes del país, con una producción anual de 8 millones de toneladas.

Sinaloa destaca como uno de los principales productores de alimentos agrícolas, participa en los primeros lugares de la producción de maíz blanco, insumo fundamental para las tortillas, hortalizas, garbanzo, frijol, mango, entre otros.

La semana pasada se presentó en Sinaloa la peor tormenta invernal de los últimos 50 años y posiblemente de su historia, provocando daños de proporciones catastróficas. En razón de lo anterior hacemos un respetuoso exhorto al presidente de la República para que realice urgentemente una gira de trabajo por el estado de Sinaloa y que instruya a los titulares del gabinete en la materia en el mismo sentido y se constate y atienda la gravedad de los daños y sus repercusiones, sobre todo en lo que respecta al precio y abasto nacional de alimentos.

Se solicita, además, se otorguen facilidades presupuestales, fiscales y financieras que permitan reactivar en forma inmediata a los diversos sectores productivos de Sinaloa, se liberen los recursos del Fonden y apliquen apoyos extraordinarios para enfrentar el desastre ocasionado y restablecer la producción en los sectores agrícola, hortícola, ganadero y pesquero, e implementar de manera urgente un programa de empleo temporal en las zonas afectadas, así como la declaratoria de zona de desastre en la totalidad del territorio sinaloense.

Hemos dado lectura a petición de la Junta de Coordinación Política. Lo firma su presidenta, la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota; el diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, por el PRI; el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, por el PRD; el diputado Pedro Vázquez González, por el Partido del Trabajo; el diputado Pedro Jiménez León, por Convergencia; el diputado Juan José Guerra Abud, por el Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Reyes Tamez Guerra, por el Partido Nueva Alianza.

La unanimidad de los señores coordinadores y la totalidad de los diputados sinaloenses, a cuyos nombres doy lectura: el diputado Alfredo Villegas Arreola, el diputado Óscar Lara Aréchiga, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, el diputado Germán Contreras García, el diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez, Miguel Ángel García Granados, Rolando Zubia Rivera, Óscar Levin Coppel, Óscar Lara Salazar, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Aarón Irízar López, Manuel Clouthier Carrillo y Adolfo Rojo Montoya.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, respecto al desastre agropecuario ocasionado en Sinaloa por las intensas heladas de los días 2, 3 y 4 de febrero del año en curso

Consideraciones

En Sinaloa, la actividad económica se sustenta principalmente en la agricultura. Desde hace seis décadas desarrolla una agricultura tecnificada y moderna, de las más importantes del país.

Con una producción anual de 8 millones de toneladas, Sinaloa destaca como uno de los principales estados productores de alimentos agrícolas. A nivel nacional participa en los primeros lugares en la producción de maíz blanco (insumo fundamental para la elaboración de tortillas), hortalizas, garbanzo, frijol, mango, entre otros.

La semana pasada se presentó en el estado de Sinaloa la peor tormenta invernal de los últimos 50 años y probablemente de su historia.

Esto provocó daños a la actividad agropecuaria, de proporciones realmente catastróficas.

Ante la gravedad de la situación, Sinaloa requiere urgentemente del apoyo inmediato de todas las instancias federales competentes para atender la emergencia, reactivar desde ahora el ciclo agrícola primavera-verano y evitar con ello un serio problema en materia de seguridad alimentaria del pueblo mexicano.

En razón de lo anterior hacemos un respetuoso exhorto al presidente de la república para que realice urgentemente una gira de trabajo por el estado de Sinaloa e instruya a los titulares del gabinete en la materia en el mismo sentido y se constate y atienda la gravedad de los daños y sus repercusiones, sobre todo en lo que respecta al precio y abasto nacional de alimentos.

Solicitamos además que se otorguen facilidades presupuestales, fiscales y financieras que permitan reactivar, en forma inmediata, a los diversos sectores productivos de Sinaloa;

Se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales y se apliquen apoyos extraordinarios para enfrentar el desastre ocasionado y restablecer la producción en los sectores agrícola, hortícola, ganadero y pesquero;

Se implemente de manera urgente un programa de empleo temporal en las zonas afectadas, así como la declaratoria de zona de desastre en la totalidad del territorio sinaloense.

Dado en la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 8 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Diputados de Sinaloa: Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Óscar Lara Aréchiga (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Germán Contreras García, Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Óscar Levín Coppel (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Manuel Clouthier Carrillo (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica). Diputados: Óscar González Yáñez (rúbrica), Herón Escobar García (rúbrica).»

Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto propuesto por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Gracias señores diputados por su solidaridad con Sinaloa. Queda aprobado el punto, comuníquese.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hemos recibido del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Kahwagi Macari, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I., 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ante esta honorable soberanía, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública se ha convertido en un asunto de la máxima importancia en la agenda social, política y económica de este país. La seguridad, como bien público, es responsabilidad primaria del Estado, sin embargo hay que reconocer que para ello es necesario un marco jurídico que les permita actuar con flexibilidad y eficacia. Por ello, una estrategia eficiente frente a la violencia requiere no sólo de la participación integral y responsable de todos los actores institucionales, sino del fortalecimiento del estado de derecho.

Hoy el tema que nos atañe es de vital importancia y tiene que ver no sólo con el combate diario a las organizaciones del crimen, sino también con que el Estado mexicano pueda sancionar una serie de delitos que alimentan la operatividad y los recursos de las organizaciones criminales. Por ello, el contenido de la presente iniciativa consiste en ampliar los delitos enunciados en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Mucho se ha hablado de que no hay una estrategia efectiva ni clara por parte del gobierno federal para enfrentar esta guerra contra las organizaciones del crimen organizado. Sin embargo, el mal diseño de la estrategia, o la falta de ella, no es la única responsable de este fallido intento en contra del crimen organizado. Haciendo un repaso detallado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, encontramos que el modelo institucional no está actualizado de tal forma para que el Estado mexicano cuente con facultades suficientes para combatir al crimen organizado moderno, y menos aun, para lograr un combate estratégico a todos los componentes de las organizaciones criminales.

Desde una perspectiva histórica, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promulgada en 1996, es resultado primero del entendimiento de establecer leyes específicas para el combate de éstas organizaciones y, segundo, de una serie de legislaciones internacionales que influyeron en la redacción de la nuestra.

En el aspecto internacional, pueden destacarse los siguientes: A) La Ley RICO –Racketeer Influenced and Corrupted Organization– de 1970 de Estados Unidos de América. B) El modelo de la Ley Rognoni –La Torre de 1982, en Italia. C) La elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en Viena, en 1988. D) La elaboración de normas regionales como la de la Organización de Estados Americanos, mediante los trabajos de la Comisión Interame-ricana para el Control del Abuso de Drogas. E) La normativa europea de legislación contra drogas y delincuencia organizada, así como la normativa internacional de lucha contra el lavado de dinero de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos. F) La Conferencia Mundial de Nápoles, de 1994, que dio la pauta para establecer el referente más importante en la determinación de las maneras más efectivas de combatir a la delincuencia organizada, éste fue G) La Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional que fue suscrita por 124 países –incluido México– en Palermo, Italia, en diciembre de 2000.

Como se observa, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es resultado del análisis de otras leyes que han marcado la pauta para el combate al crimen organizado, especialmente de los protocolos de la Convención de Palermo, como es comúnmente conocida, que es el instrumento más influyente en la definición de las legislaciones internacionales en materia del combate al crimen organizado. Sin embargo hoy es por todos reconocido que el crimen organizado ha evolucionado radicalmente y sus esferas de acción, así como los recursos que obtiene para la consecución de su fin, no son producto o resultado de una sola actividad, por el contrario, hoy las organizaciones criminales son empresas con ramificaciones muy diversas, por lo cual requieren que las leyes evolucionen en este sentido.

Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada, y debido a que estas organizaciones evolucionan y se transforman con relativa facilidad, por ello las legislaciones tienen que representar nuevos paradigmas jurídico-dogmáticos para estar a la altura de las circunstancias.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo segundo, establece que cuando tres o más personas cometan alguno de los delitos siguientes, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada. Los delitos son:

1. Terrorismo.

2. Acopio y tráfico de armas.

3. Tráfico de indocumentados.

4. Tráfico de órganos.

5. Corrupción de menores de dieciocho años de edad.

6. Trata de personas.

7. Secuestro.

Sin embargo, según la Oficina de Naciones Unidas para el Combate a las Drogas y al Crimen Organizado, la Procuraduría General de la República y diversos expertos en la materia, el crimen organizado en México participa en 22 tipos de delitos graves. Estos son:

1. Fraudes de tarjeta de crédito,

2. drogas,

3. tráfico de personas,

4. contrabando de comida y servicios,

5. tráfico de armas,

6. tráfico de cigarros,

7. robo de autos,

8. lavado de dinero,

9. secuestro,

10. extorsión,

11. ejecuciones de funcionarios públicos,

12. piratería,

13. infiltración patrimonial,

14. tráfico de indocumentados,

15. falsificación de documentos,

16. trata de personas,

17. falsificación de dinero/bonos/valores,

18. pornografía,

19. lenocinio,

20. homicidios pagados,

21. lesiones/intimidaciones

22. actos de terrorismo.

Debemos plantearnos la necesidad de que nuestras leyes evolucionen y más en el tema de la seguridad, ya que como explicábamos, si las organizaciones evolucionan y la legislación para combatirlas no, entonces el Estado mexicano pierde terreno para poder proveer seguridad a sus ciudadanos.

Sin embargo la evolución en las leyes tiene que ser cuidadosa para evitar problemas futuros, esto es, evitar que hoy se propongan nuevos delitos considerados como parte de la delincuencia organizada y mañana tengamos que hacer nuevas modificaciones para adaptarnos al esquema de las organizaciones. La forma de resolverlo y evitar estas complicaciones futuras, es referirnos a los delitos graves previstos en el Código de Procedimientos Penales.

Por ello, se propone reformar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objeto de considerar dicho delitos y catalogados como graves de acuerdo con lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene que atender los delitos que están previstos en los ordenamientos específicos y no ir acomodándolos los que a su parecer considere importantes. La delincuencia organizada evoluciona porque encuentra espacios en la Ley para que sus miembros no sean castigados o sean castigados de una forma menor, por ello es imprescindible cerrarle estos espacios y sancionarlos de una manera completa y eficiente.

Finalmente, insistimos que la delincuencia organizada es un fenómeno grave que afecta a la sociedad mexicana y amenaza al estado de derecho. Muchas naciones democráticas han adoptado sistemas con amplias facultades para combatirlo y la razón para ello es simple: si no se toman medidas realistas, se tenderá a llevar a cabo prácticas estatales ocultas y fuera de la norma. Esto es lo que ha pasado recientemente en el país. Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia detienen a los delincuentes sin contar con elementos o pruebas suficientes, sin embargo, posteriormente los tienen que soltar por falta de elementos contundentes. Recordemos que los vicios ocultos en la ley también están determinando que la guerra que hoy se libra contra las organizaciones criminales se vaya perdiendo.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Único.Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

“ Artículo 2.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos graves establecidos en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.”

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De la diputada Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El Instituto Federal Electoral (IFE) constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana. Sobre todo a partir de 1996, cuando en el marco de una amplia reforma política, se constituyó como el organismo público autónomo que realiza la función estatal de organizar las elecciones federales, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Esta transformación generó un fuerte respaldo social hacia el IFE, así como el reconocimiento de los actores políticos como el árbitro confiable que necesitaba México para realizar elecciones limpias, confiables y competitivas.

El principal rasgo que caracteriza al IFE y que le genera el amplio reconocimiento social que aún mantiene, es la participación ciudadana en la organización de las elecciones. La realización de la jornada electoral está en manos de cientos de miles de ciudadanos, que acuden a recibir capacitación y se comprometen a instalar las casillas electorales, recibir el voto de sus vecinos ciudadanos, contar los votos y publicar los resultados.

De este modo las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y elegir presidente de la república, desde 1997 han sido organizadas por un IFE ciudadanizado que en términos generales ha entregado buenas cuentas. En la elección de 2006, sin embargo, se presentaron una serie de hechos que obligaron a una revisión de la normatividad electoral con el objeto de actualizar y fortalecer el marco jurídico e institucional de los procesos electorales en México. En 2007 se concretó una nueva reforma electoral, vigente al día de hoy.

Cabe señalar como uno de los aspectos más importantes de la última reforma electoral, que el legislador abordó el importante tema de la relación entre los poderes fácticos y las instituciones político-electorales. De manera específica, se creó un nuevo modelo de comunicación política, donde los partidos políticos, candidatos y ciudadanos en general no podrán contratar espacios en los medios de comunicación, en especial radio y televisión, para promover o denostar candidaturas o partidos. La promoción electoral por esos medios debe hacerse a través de los tiempos del Estado. De esa manera, se busca evitar que el poder económico que permite una presencia abrumadora en los medios masivos de comunicación, pueda generar condiciones que vulneren la equidad en la competencia político electoral en México.

En este orden de ideas, uno de los baluartes de la autonomía del IFE consiste en que su órgano superior de dirección, el Consejo General, se integra con Consejeros Electorales nombrados por la Cámara de Diputados por mayoría calificada. El espíritu de esta disposición fundamental, es que en la integración del Consejo General no participen ni tengan presencia el gobierno federal ni algún otro tipo de poder. Cabe señalar que también forman parte del Consejo General los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos, pero estas figuras tienen derecho a voz sin voto. Solamente tienen voto los ocho consejeros electorales y el consejero presidente.

Sin embargo, en los últimos procesos de renovación de los integrantes del Consejo General del IFE, se han venido presentando fenómenos que tienden a debilitar a este importante órgano y al propio Instituto. En las renovaciones de 2003 y la anticipada de 2008, se hizo evidente que los partidos políticos, a través de su representación en la Cámara de Diputados, han desplegado una operación política encaminada a elegir Consejeros Electorales afines a sus intereses partidistas. Esta situación conlleva el riesgo de retroceder a la época anterior a 1996, con la diferencia de que ahora el IFE no está en riesgo de ser dominado por el Ejecutivo federal, sino por los partidos políticos.

En función de tales estrategias partidistas, la renovación de tres consejeros electorales para el período 2010-2019 ha dejado de realizarse en los tiempos legales, dado que los consejeros electorales salientes terminaron su encargo el último día de octubre de 2010, mientras la Cámara de Diputados no pudo construir el acuerdo correspondiente para la renovación en tiempo y forma de dichos consejeros. A la fecha de presentación de esta Iniciativa, han transcurrido tres meses de retraso en el cumplimiento de la disposición establecida en el artículo 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a la Cámara de Diputados a realizar el proceso antes señalado.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la democracia que ha costado tanto trabajo construir en México debe entrar en una fase de plena consolidación; es preciso superar los riesgos que puedan implicar una regresión o un deterioro de las instituciones que la sustentan.

La Constitución establece que el Consejo General del IFE se integra con ocho Consejeros Electorales y un Consejero Presidente, y así debe funcionar permanentemente. Nos se establece ni se prevé una situación donde dicho órgano tenga solamente seis consejeros nombrados por la Cámara de Diputados; no existe disposición alguna que justifique la decisión de no realizar los nombramientos de nuevos consejeros electorales cuando se termina el período del encargo de los mismos.

Esta situación debilita al IFE, porque el Consejo General, en tanto su órgano superior de dirección, realiza tareas de manera permanente. El Consejo General del IFE no trabaja solamente durante sus sesiones de pleno, sino que realiza un trabajo cotidiano a través de las distintas comisiones y comités, órganos integrados y presididos por los propios consejeros electorales.

El Consejo General del IFE, por lo tanto, no solamente trabaja o tiene importancia durante los procesos electorales, sino que desarrolla sus funciones de manera permanente y sus atribuciones no se circunscriben al ámbito de los procesos electorales federales, dado que en función de la reforma electoral de 2007, ahora tiene atribuciones para definir las pautas publicitarias en los tiempos del Estado para los partidos políticos y candidatos durante los procesos electorales locales.

Por todo lo expuesto, es indispensable modificar el tercer párrafo, de la fracción V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer que si al término del encargo de los consejeros electorales la Cámara de Diputados no ha elegido a los nuevos consejeros, los consejeros electorales salientes permanecerán en su cargo hasta que concluya el próximo proceso electoral.

De esta manera, el Consejo General del IFE evitaría quedar en un estado de indefensión cuando, por la razón que fuera, la Cámara de Diputados incumpla en tiempo y forma la función de elegir a los nuevos consejeros electorales, de acuerdo a la renovación escalonada que establece el citado artículo constitucional.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma el artículo 41, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

I. a IV.

...

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral...

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales...

El consejero presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. Si al término del encargo de los consejeros electorales la Cámara de Diputados no ha elegido a los nuevos consejeros, los consejeros electorales salientes permanecerán en su cargo hasta que concluya el próximo proceso electoral. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 3 de febrero de 2011.— Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población. Esta asamblea continuará hasta las 4:30 de la tarde, para agotar el tiempo reglamentario.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, presentaré a nombre de mi fracción parlamentaria, del Partido Revolucionario Institucional, a consideración de ustedes, iniciativa que propone modificar la Ley General de Población, en lo que se refiere específicamente al tema de migración.

Hemos tenido la oportunidad de estudiar, de ver, de vivir de cerca el problema que padecen, la situación en la que se ven envueltos y que padecen muchas y muchos hermanos nuestros, que tienen como interés, como fin, el cruzar nuestro país para alcanzar el Estado vecino del norte y buscar con esto mejores condiciones de vida.

Esta migración, transmigración, este paso por nuestro país por desgracia va acompañado por una serie de calamidades, que no solamente debieran ocuparnos como diputados, sino que debieran preocuparnos: violaciones, secuestros, extorsiones, maltrato, tráfico de niñas y de mujeres para la prostitución, inclusive hay quienes dicen que secuestros para tráfico de órganos.

Esta circunstancia que nosotros podemos conocer o entender a través de lo que leemos, de verdad que estruja el corazón cuando lo vemos físicamente y cuando tenemos oportunidad de comentarlo, y mucho de esto que es un padecimiento diario, recurrente, pudiera si no solucionarse de manera definitiva sí pudiera aligerarse si hiciéramos los diputados federales la parte que nos corresponde: esto es proponer una ley, proponer un andamiaje jurídico que permita a la autoridad federal, que hace muy poco, por no decir nada, para resolver este problema.

Los argumentos son muchos, pero entre otros, la falta de una ley que les permita hacer de su actividad también una actividad que cuide los derechos humanos de los migrantes y de los transmigrantes.

Esta iniciativa que hoy propongo, compañeras diputadas, compañeros diputados, tiene como objetivo modificar dos artículos, el artículo 32 de la Ley General de Población, para adicionar un primer párrafo de la mencionada ley para quedar como sigue:

Artículo 32. El Estado mexicano, a través de los tres órdenes de gobierno, está obligado a proteger y garantizar el trato digno y humano a todos los inmigrantes y transmigrantes, independientemente de su forma de internación y calidad migratoria con que se encuentren en el país.

Este primer párrafo ubica en el primer plano un tema que debiera ser de la mayor prioridad para nosotros, que el Estado mexicano y los tres órdenes de gobierno se comprometan a garantizar y procurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los transmigrantes.

Un segundo punto que destaco de esta iniciativa es el que haya una corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno. La potestad legal la tiene totalmente el gobierno federal, pero los problemas existen y persisten sobre todo en los estados y de manera muy importante en los municipios.

Otro aspecto que destaco de esta iniciativa es que se cree un fondo que permita a los estados y municipios que tienen el problema de la migración y transmigración, para que puedan acceder a él y puedan de esa manera ofrecer una mejor ayuda humanitaria a quienes la necesitan en este tránsito.

Un cuarto punto que también es de la mayor importancia y que permitiría ver desde otra perspectiva el problema es reconocer a los organismos no gubernamentales o a la sociedad civil como coadyuvantes en la prestación de la ayuda humanitaria a migrantes y transmigrantes.

Otro aspecto que destaco de esta iniciativa es que sea también accesible a esas organizaciones no gubernamentales, a esta sociedad civil, parte de esos recursos y puedan prestar, como lo están haciendo ahora, ayuda humanitaria y transparentar el que a través de recursos públicos también se les pueda dar la ayuda a estas y a estos compañeros.

Un quinto punto que destaco es el que se cree la fiscalía federal para atender delitos que se cometan contra migrantes y transmigrantes.

Quisiera destacar otro punto más. Esta iniciativa va acompañada de más de 150 firmas, va respaldada por el apoyo de la bancada de mi partido, pero también impulsada por muchos otros compañeros y compañeras diputadas de las diferentes bancadas que se suman a esta propuesta para poder empezar a poner orden y hacer justicia en esta tan sentida región...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:... del sur de nuestro país. Esto lo hemos hecho varios compañeros...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Perdón, termino, señor presidente. Destaco a mis compañeros Juan Carlos, del PRD y a Ariel también del PRD que hicieron junto con nosotros este recorrido.

Pero también destaco la suma del diputado Alejandro Encinas, la suma del diputado coordinador Juan Guerra, del Verde Ecologista. Nuestro compañero coordinador del Partido Convergencia, de diputadas, de diputados del PT y de muchos otros diputados del Partido de la Revolución Democrática.

Esto que estamos proponiendo no es nuevo. Se está haciendo en Chiapas y está resultando, lo digo de verdad, de manera muy exitosa. En Chiapas el actual gobierno, el gobernador Sabines tiene iniciativas parecidas a ésta que demuestran que con voluntad, con deseos sí se pueden hacer las cosas y podemos hacer justicia en una parte de nuestro país en el que no hacemos lo que nosotros exigimos y pedimos permanentemente que se realice en el norte del país.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Estuvieron con nosotros seis países centroamericanos. Estuvieron con nosotros cuatro embajadores y dos representantes consulares.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Estuvieron con nosotros el padre Solalinde, entre otros muchos que, interesados, que llamada su atención a esta iniciativa, esperan de nosotros que se pueda hacer ley y podamos empezar a poner orden en esta –insisto- tan sentida región de nuestro estado, de nuestro país. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal Jorge Venustiano González Ilescas, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea lo siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos diez años, la entrada de inmigrantes ilegales a nuestro país ha crecido significativamente. Este fenómeno tiene su origen en causas ajenas a nuestro país, tales como las difíciles condiciones de vida y subsistencia en nuestros vecinos países del sur del continente, la atracción por llegar a los Estados Unidos de América, e incluso factores culturales, económicos, demográficos y políticos que, si bien son ajenos a nuestro país, sí lo afectan por el abundante flujo de migrantes provenientes de otras naciones sureñas.

Particularmente, en los estados Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, y otros, a lo largo de los últimos años se han registrado hechos delictivos, altamente preocupantes, en contra de los no inmigrantes que se internan en nuestro país, como un sitio de tránsito en su intento por llegar a los Estados Unidos.

En este sentido, sólo en 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que en ese periodo habían ocurrido más de doscientos secuestros masivos en contra de transmigrantes. Además de ello, en las entidades antes mencionadas, todos los días se registran innumerables hechos delictivos, tales como secuestros, robos, extorsiones, trata de personas y demás, que afectan gravemente la vida, la dignidad y la integridad humana de esas personas que, si bien son inmigrantes irregulares en nuestro país, sí gozan de los derechos y garantías fundamentales que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan las leyes para proteger a todos quienes se encuentren presentes en territorio nacional.

En función de ello, es prioritario emprender una serie de medidas legislativas, a través de las cuales se puedan garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos esos individuos que, antes de ser inmigrantes o transmigrantes, son personas; y que por tanto necesitan tener plenamente garantizados los derechos fundamentales que las leyes nacionales les otorgan y reconocen.

México, al ser una nación reconocida en el concierto internacional por la protección y defensa de las garantías individuales, y al tener un catálogo constitucional caracterizado por los derechos a favor de las personas, necesita dejar atrás todas aquellas prácticas y vicios que hoy ponen en riesgo a quienes se aventuran a cruzar la frontera sur de México, en busca de conseguir el paso a la Unión Americana.

Por esa razón, se pone a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa que reforma el artículo 32 y adiciona el artículo 43 Bis de la Ley General de Población.

Esto es con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el Articulo 32º en que se adiciona un primer párrafo y el primer párrafo actual, pasa a ser el segundo párrafo y se adiciona el artículo 43 Bis de la Ley General de Población

Primero. Se reforma el artículo 32 para adicionar un primer párrafo de la mencionada ley, para quedar como sigue:

Artículo 32. El Estado mexicano, a través de los tres órdenes de gobierno, está obligado a proteger y garantizar el trato digno y humano a todos los inmigrantes y transmigrantes, independientemente de su forma de internación y calidad migratoria con que se encuentren en el país.

La secretaría...

Segundo. Se adiciona el artículo 43 Bis.

Artículo 43 Bis. El gobierno de la república creará un fondo, a través del cual las entidades federativas y los municipios, así como las organizaciones civiles que coadyuven a la defensa de los derechos humanos de los transmigrantes, puedan acceder a recursos del Estado mexicano para cumplir con sus fines humanitarios y de ayuda, en los lugares que determinen una alta incidencia en el flujo migratorio de la frontera sur, previo registro regulado por la Secretaría de Gobernación.

Del mismo modo, el Estado mexicano, a través del Ministerio Público de la Federación, tendrá la obligación de crear una fiscalía de atención a delitos contra transmigrantes, además de brindar las condiciones mínimas de seguridad, independientemente de su forma de internación y calidad migratoria con que se encuentren en el país.

Sin menoscabo e independientemente del trabajo y de las atribuciones que esta ley contempla para el instituto nacional de migración.

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2011.— Diputados: Jorge Venustiano González Ilescas, Emilio Serrano Jiménez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Juan Carlos López Fernández, Humberto Lepe Lepe, Diana Patricia González Soto, Hugo Héctor Martínez González, Jorge Humberto López Portillo Basave, Francisco José Rojas Gutiérrez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Juan Pablo Jiménez Concha, José Alberto González Morales, María del Carmen Izaguirre Francos, Jesús Alberto Cano Vélez, Leticia Quezada Contreras, Heriberto Ambrosio Cipriano, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Antonio Yglesias Arreola, Lorena Corona Valdés, Felipe Solís Acero, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, María del Rosario Brindis Álvarez, Guillermo Cuevas Sada, Juan Gerardo Flores Ramírez, Benjamín Clariond Reyes Retana, Gerardo Sánchez Gracia, Cristabell Zamora Cabrera, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Isaías González Cuevas, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Carlos Flores Ríos, Olivia Guillen Padilla, Janet Graciela González Tostado, Ana Georgina Zapata Lucero, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Mario Alberto Di Constanzo Armenta, Laura Itzel Castillo Juárez, Sami David David, Aarón Irízar López, Oscar Javier Lara Aréchiga, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Cruz López Aguilar, Francisco Alberto Jiménez Merino, José Oscar Aguilar González, José Ramón Martel López, Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marcos León Perea, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Felipe Cervera Hernández, Marcela Guillén, Maricela Serrano Hernández, Ildefonso Guajardo Villarreal, Sofía Castro Ríos, Alejandro Canek Vazquez Góngora, César Augusto Santiago Ramírez, Roberto Armando Albores Gleason, Andrés Aguirre Romero, Hilda Ceballos Llerenas, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Vallín, Narcedalia Ramírez Pineda, Guadalupe Pérez Domínguez, Margarita Gallegos Soto, Teófilo Manuel García Corpus, Rosalina Mazari Espin, Carlos Manuel Joaquín González, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Margarita Liborio Arrazola , Armando Jesús Báez Pinal, José del Pilar Córdova Hérnández, Ana Estela Durán Rico, Héctor Pedraza Olguín, Manuel Humberto Cota Jiménez, Juan Carlos Lastiri Quirós, Víctor Antonio Benítez Lucho, José Francisco Yunes Zorrilla, Ricardo Ahued Bardahuil, Francisco Herrera Jiménez, Nelly Edith Miranda Herrera, Daniela Nadal Riquelme, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Patricio Chirinos del Ángel, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Mario Moreno Arcos, Reginaldo Rivera de la Torre, Susana Hurtado Vallejo, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Cuauhtémoc Salgado Romero, Esteban Albarrán Mendoza, Felipe Enríquez Hernández, Georgina Trujillo Zentella, José Antonio Aysa Bernat, Héctor Guevara Ramírez, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Jesús Alberto Cano Velez, Ninfa Clara Salinas Sada, Juan José Guerra Abud, Juan Carlos Natale López, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Rafael Rodríguez González, Víctor Félix Flores Morales, Víctor Manuel Anastacio Galicia Ávila, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Francisco Saracho Navarro, Paula angélica Hernández Olmos, María Marcela Torres Peimbert, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Rubén Arellano Rodríguez, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Laura Viviana Agundiz Pérez, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbricas).»

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Señor presidente, para pedirle muy respetuosamente le pregunte al señor diputado Ilescas si me permite adherirme a su propuesta que es de interés para mi estado, Chiapas.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas(desde la curul): Cómo no, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Ilescas accede con mucho gusto.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado Presidente, si es tan amable de preguntarle al orador si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado accede en un gesto que lo expresa claramente. Muchas gracias, don Emilio.

Se turna la anterior proposición con iniciativa a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY DE COORDINACION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Javier Landero Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Coordinación de Educación Media Superior, suscrita por integrantes de su grupo parlamentario.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:Legisladores y legisladoras, hago uso de esta tribuna el día de hoy porque me parece fundamental exponer ante ustedes esta iniciativa de la Ley de Coordinación de Educación Media Superior.

La educación, tema que debe ser incluido en la agenda de seguridad pública. ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro y por qué me atrevo a afirmar esto? Porque la educación es prevención y también la educación es parte de la prevención y de la estrategia de la seguridad para obtener resultados en este tema a mediano plazo.

En el mes de noviembre del año pasado, esta Cámara de Diputados aprobó la obligatoriedad de la educación media superior. De igual manera, durante la Legislatura anterior ya se había aprobado una iniciativa con la misma finalidad y que ahora se encuentra en el Senado esperando su aprobación también.

Son claros estos ejemplos de que el tema está entre las prioridades de los legisladores por ser un factor de gran impacto a favor del desarrollo de los jóvenes de nuestro país. En la actualidad el número de jóvenes que concluyen su educación básica ha aumentado de manera considerable, sin embargo, es necesario reconocer que la educación media superior hoy se hace indispensable para afrontar los múltiples retos de la vida y los múltiples retos que como nación tenemos y como también tenemos retos en materia de seguridad.

La iniciativa pretende complementar, con el mejoramiento de la calidad, la ampliación de la cobertura educativa que se deriva de esa obligatoriedad. Además, esta iniciativa establece el marco jurídico que dará sustento legal e identidad a la educación media superior, y que actualmente no existe. La iniciativa propone:

1. Hacer efectivo el derecho a la educación media superior.

2. Alcanzar la calidad que debe ser inherente a los servicios que se prestan; cobertura por un lado y calidad por el otro.

3. Cubrir la diversidad de opciones y de fines a los que debe responder la educación media superior con mayor eficiencia.

La presente iniciativa da sustento legal al Sistema Nacional de Bachillerato que ya existe en nuestro país, y que respetando la diversidad de opciones que hay en él dota de relevancia y adecuación este nivel educativo, conforme a las necesidades que hay en cada región del país y en cada parte de la sociedad.

Asimismo, busca fortalecer el tránsito de los estudiantes que desean pasar de un subsistema a otro. Por ejemplo, jóvenes que están en el Colegio de Bachilleres pueden pasar de una escuela vocacional o de un Conalep a un instituto tecnológico, lo cual a la fecha es casi imposible, y hace que los jóvenes deserten.

Otra aportación de esta iniciativa es la atribución que se otorga a la SEP para definir el perfil básico del egresado, del docente y del director. Es decir, qué tipo de alumno queremos para esta nación, qué tipo de docente y de director se requiere para tener una sociedad y unos jóvenes que salgan preparados para el mercado laboral y para servir a su país.

El perfil básico del egresado es con el fin de que los alumnos posean una base fundamental de valores cívicos y esenciales para la convivencia en la sociedad de las que forman parte. Asimismo, proporcionar conocimientos, habilidades y aptitudes que le permitan desplegar su potencial.

El perfil del docente, orientado a que su función vaya más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza, adoptando un enfoque centrado en el aprendizaje y en el que se apoye de manera integral la formación de los jóvenes.

El perfil del director, de acuerdo a esta propuesta, busca propiciar un clima de trabajo, un ambiente escolar favorable al aprendizaje y que los directores cuenten con los recursos para llevar a cabo su gestión de una manera más adecuada.

Otro resultado que se obtendría con esta iniciativa es la transparencia y rendición de cuentas de la educación media superior, para que tanto padres, alumnos y sociedad estén informados sobre lo que ocurre en cada plantel y a través de Internet puedan saber, por ejemplo, la planta docente, los indicadores de calidad, los resultados de las distintas evaluaciones que se lleven a cabo.

Entonces, esta iniciativa contempla también como aspecto fundamental la evaluación de la educación media superior, y le da fortaleza para una continuidad independientemente de la persona que dirija la Secretaría de Educación Pública o los cambios sexenales.

También ésta es una ley que va dirigida para las y los jóvenes, para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan; para aquellos jóvenes, justamente de los que se habla constantemente en esta tribuna, pero muchas veces sin llevar a cabo acciones concretas a favor de ellos.

Por eso, compañeros legisladores, queremos que la educación media superior sea obligatoria, pero también queremos que tenga calidad, y por todo lo anterior es que les pido su apoyo decidido, para que consideremos con todo detenimiento la relevancia de esta iniciativa, y en especial les pido a mis compañeros miembros de la comisión...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:Voy terminando, presidente. Les pido a mis compañeros miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para que dictaminemos y analicemos lo más pronto esta iniciativa, ya que este nivel educativo requiere de este marco jurídico y además que va insertada dentro de esta estrategia de la seguridad pública.

Es el tiempo de actuar, no perdamos más generaciones de jóvenes, apostemos por su educación y por su seguridad. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Coordinación de la Educación Media Superior, a cargo del diputado Javier Landero Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Josefina Vázquez Mota, María de Lourdes Reynoso Femat, Paz Gutiérrez Cortina, Alejandro Bahena Flores y Jaime Oliva Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Coordinación de la Educación Media Superior, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Durante décadas el sistema educativo nacional ha impulsado un crecimiento sostenido de los servicios de educación básica. El Estado mexicano se ha servido de diversos medios y ha empleado una gran variedad de recursos para cumplir con el principio de obligatoriedad establecido en el texto constitucional.

La educación primaria, mediante distintas modalidades, ha alcanzado una cobertura casi plena y la secundaria ha logrado una expansión que la hace presente en la vastedad del territorio nacional. La telesecundaria y los apoyos económicos que se brindan a las familias de más escasos recursos han contribuido a materializar este propósito.

Como consecuencia de lo anterior, el número de jóvenes que concluyen su educación básica ha aumentado de manera considerable. Sin embargo, es necesario reconocer que si bien la educación básica es indispensable para el desarrollo individual y social del ser humano, ésta no prepara suficientemente para afrontar los múltiples retos de la vida y especialmente el mundo complejo de nuestros días. Tampoco resulta suficiente para respaldar la aspiración de los mexicanos de ampliar sus conocimientos y participar activamente en el desarrollo del país.

Es de reconocer, además, que frente a otros países del mundo, México cuenta con bajos índices de atención educativa destinada a los jóvenes ubicados en el grupo de edad situado entre los 15 y los 25 años. Por todos conceptos es de gran importancia elevar dichos índices de atención y aumentar los niveles de escolaridad de la población.

Durante las dos últimas décadas la matrícula de la educación media superior se ha ampliado significativamente. No obstante, debemos reconocer que la calidad que ha acompañado ese crecimiento no siempre ha sido la deseable. Por ello, el Ejecutivo federal creó en la Secretaría de Educación Pública la instancia administrativa responsabilizada de atender y fortalecer cualitativa y cuantitativa este tipo educativo; separándolo del ámbito de la educación superior y dotándolo de la jerarquía necesaria para impulsar políticas y acciones que permitan avanzar con el ritmo pertinente para el logro de los propósitos enunciados.

Se ha impulsado desde esta honorable Cámara de Diputados la reforma al artículo 3o. constitucional para establecer la obligatoriedad de la educación media superior de tal manera que se atienda el crecimiento gradual en la cobertura con criterios de calidad, equidad y pertinencia, tal reforma sigue pendiente siguiendo su proceso legislativo.

El legislador tiene plena conciencia de que la educación media superior es fundamental para el desarrollo económico, para la formación de ciudadanía, para el impulso de la democracia y para el fortalecimiento del estado de derecho. Por ello, la educación media superior es una inversión estratégica para nuestro país, ya que requiere de ciudadanos informados, participativos, con valores personales y sociales, y capacidad de análisis.

Elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá de manera muy importante a su consolidación. En razón de ello la Cámara de Diputados ha aprobado recursos crecientes para que la educación media superior tenga un lugar más destacado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al prever ampliaciones en los rubros siguientes: formación de docentes, becas, expansión de la oferta educativa, programa de infraestructura (equipamiento, laboratorios y talleres) y acciones de educación para discapacitados, entre otros.

¿Por qué una Ley de Coordinación de la Educación Media Superior? A medida que las necesidades crecen y conforme se avanza en las acciones de lo que ha sido la reforma integral de la educación media superior, se hace más evidente la conveniencia de dar plena fisonomía a su identidad. Es esta la intención a la que responde la presente iniciativa. Al abordar el propósito, el legislador tiene en cuenta la complejidad de la materia que se pretende regular e intenta facilitar el logro de los objetivos que el país se propone:

• Hacer efectivo el derecho constitucional a recibir la Educación Media Superior;

• Alcanzar la calidad que debe ser inherente a los servicios que se prestan, y

• Cubrir la diversidad de opciones y de fines a que debe responder la educación media superior.

Ciertamente que una reforma o modificación a la Ley General de Educación no sería capaz de satisfacer estos propósitos y de abarcar toda la materia que se contempla en esta propuesta con el fin de garantizar el avance y consolidación del tipo educativo.

El primer objetivo demanda el fortalecimiento y readecuación de la organización institucional para imprimir un avance eficaz en la ampliación de la cobertura educativa necesaria.

El segundo objetivo enunciado, relativo a la calidad, atiende a la necesidad de hacer compatible la ampliación de la cobertura con la obtención real de los logros educativos. Por ello es fundamental dotar a los servicios educativos de las propiedades inherentes a la delicada tarea de asegurar la continuidad de la formación de los jóvenes y permitirles acceder a los conocimientos correspondientes al tipo educativo.

La iniciativa de ley se propone construir las premisas que contribuyan a evitar los riesgos de que la ampliación de la cobertura o la expansión del nivel, resulte en demérito de la calidad de los servicios. Se trata de brindar satisfacción a las legítimas expectativas que los jóvenes y sus familias depositan en los servicios educativos a los cuales acceden con el fin de adquirir la preparación para lograr superiores niveles de bienestar en la compleja y competitiva sociedad global.

El tercer objetivo que la iniciativa se propone es alentar la pluralidad de alternativas y opciones que los jóvenes deben encontrar cuando llegan a la edad de cursar el bachillerato. Esa necesidad de contar con una variedad de alternativas posibles corresponde a factores diversos. Estos giran alrededor de las muy variadas circunstancias de los jóvenes y además tienen que ver con su vocación ante las distintas expectativas que el ciclo de estudios puede ofrecerles.

Para hacer frente a los anteriores propósitos, la presente iniciativa de ley prevé las reglas y los mecanismos institucionales para alcanzar los acuerdos indispensables entre quienes operen servicios de educación media superior en el ámbito nacional. Ello permitirá integrar el sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad, y dotar de relevancia y pertinencia al tipo educativo, así como atender a la imperiosa necesidad de facilitar el tránsito de estudiantes entre los planteles de los distintos subsistemas.

El sistema nacional de bachillerato está orientado a garantizar las necesidades de expansión del nivel y la calidad educativa en un marco de diversidad. Para tales efectos son elementos estructurales del Sistema: el marco curricular común; las opciones educativas que atienden a la diversidad de la población; los mecanismos de gestión necesarios, y la evaluación con fines de acreditación y permanencia de las instituciones dentro del propio sistema nacional de bachillerato.

La articulación equilibrada entre dichos elementos proporciona al sistema nacional de bachillerato una estructura incluyente de los distintos modelos educativos, compartiendo una visión de conjunto y una identidad común a partir de una diversidad de opciones educativas.

En correspondencia a las premisas anteriores se hace necesario definir un perfil básico del egresado. Este orientará al conjunto de los esfuerzos a fin de que todo bachiller posea una cultura general que comprenda el aprecio y la práctica de los valores esenciales del ser humano y de la sociedad de la que forma parte. En el México de hoy es indispensable que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal como para contribuir al de la sociedad.

El perfil básico del egresado es el que todos los bachilleres deben cubrir, el cual hace referencia a su capacidad de de-sempeño, autodeterminación y aptitud para desenvolverse en el medio que le corresponde; desarrollar sus potencialidades de expresión, comunicación y pensamiento crítico y reflexivo; trabajar en forma colaborativa y, participar activa y responsablemente en los diversos ámbitos de la actividad económica, política y social. Por todo ello el perfil representa un eje conductor del sistema nacional de bachillerato.

El artículo 46 de la Ley General de Educación establece tres tipos de modalidades: la escolar, la no escolarizada y la mixta. Las dos últimas han tenido en los años recientes un crecimiento notable en su cobertura y diversidad; sin embargo se requiere impulsar su adecuado desarrollo como opciones para la atención de una población escolar cada vez más amplia y heterogénea.

Otro de los ejes del sistema nacional de bachillerato está representado en el principio de diversidad, el cual da lugar a la variedad de opciones educativas a las que puede acceder la población. La definición y regulación que esta iniciativa establece permite a las autoridades contar con elementos para asegurar el cumplimiento de los estándares de operación correspondientes al tipo educativo.

En el México actual ya no es suficiente que los docentes de la educación media superior centren su acción pedagógica en facilitar la adquisición de conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que los maestros trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la formación de los jóvenes. Es también necesaria una comprensión de la función del docente que vaya más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes.

Por las anteriores consideraciones el perfil del docente debe estar constituido por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para guiar la formación y el aprendizaje de los alumnos en correspondencia a los contenidos curriculares. El perfil debe ser alcanzado por todos los docentes que prestan sus servicios en la educación media superior y ser garantía de su óptimo desempeño y continua superación.

Asimismo, la intención de esta iniciativa es fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

En ese sentido el perfil del director deberá propiciar un clima de trabajo, un ambiente escolar favorable al aprendizaje y al logro del perfil del egresado; para coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo; para realizar los procesos administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad de manera efectiva; para diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua de su plantel, entre otras acciones fundamentales y tendientes a asegurar la calidad y pertinencia de la educación media superior.

Los directores y docentes de la educación media superior son actores determinantes, ejercen liderazgo y son guía de la buena marcha de las instituciones educativas. Deben, en consecuencia, reunir las cualidades personales y profesionales derivadas de los valores éticos y académicos que aseguren el cabal cumplimiento de su función.

En el contexto del sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad, son ineludibles los temas de la evaluación y la acreditación, así como las condiciones en que éstas deban realizarse y el funcionamiento de los organismos encargados de hacerlo.

La evaluación de la educación media superior debe ser un proceso integral y continuo a través del cual se busque identificar fortalezas y debilidades en el tipo educativo, con el propósito de realizar correctivos y asumir las mejores prácticas. La evaluación debe tener propósitos de diagnóstico y de formulación de recomendaciones encaminadas a elevar la calidad de las instituciones y de sus programas. Por ende, está ligada a la toma de decisiones y a la formulación de políticas por parte de las instituciones que se evalúan.

La evaluación con fines de acreditación deberá ser un procedimiento sistemático, confiable y periódico que comprenda a los directivos, docentes, alumnos, programas e instalaciones; y asimismo que atienda varios propósitos: el diagnóstico, la retroalimentación, la rendición de cuentas y mecanismos de reconocimiento a partir de los estándares establecidos por el organismo externo dotado de facultades para otorgar la correspondiente certificación. Sus implicaciones buscan dar cuenta de la calidad de los programas y de las instituciones, y su objetivo específico se orienta al otorgamiento de credenciales y reconocimiento público.

Bajo este enfoque se considera que la evaluación con fines de acreditación debe ser el mecanismo a seguir para que las instituciones garanticen su permanencia dentro del sistema nacional de bachillerato, así como para asegurar la calidad de este tipo educativo en nuestro país.

En el marco de los objetivos de esta iniciativa de ley, el Estado –federación, entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados–, así como los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán encauzar sus esfuerzos para que su oferta de estudios de bachillerato y demás niveles equivalentes a éste se incorpore al sistema nacional de bachillerato. Para facilitar este proceso se sentarán las bases y establecerán los procedimientos de ingreso y operación. Las instituciones podrán mantener su oferta vigente y según su propia decisión integrarse progresivamente al sistema nacional de bachillerato en un plazo perentorio que fijara la SEP. Las instituciones públicas que no formen parte del sistema nacional de bachillerato recibirán apoyos para mejorar la calidad de su oferta y así facilitar su ingreso al sistema.

Legislar para consolidar a la educación media superior es premisa fundamental de este ordenamiento. La presente iniciativa de ley impulsará la ampliación de la cobertura del tipo educativo. Asimismo propiciará que se preste con la calidad necesaria para facilitar a las nuevas generaciones el logro de sus aspiraciones y una participación activa y responsable en el desarrollo de México.

Cabe mencionar que las estructuras y funciones que crea la presente ley no implican un mayor gasto al gobierno federal, ya que todas ellas, salvo el Consejo de Participación y Vinculación, son estructuras ya existentes que operan con el presupuesto actual que ejerce la SEP, ya que tienen su origen en la Reforma Integral a la Educación Media Superior, RIEMS, la cual se encuentra vigente, pero operando en función de acuerdos secretariales. Así existe hoy la Comisión de la Educación Media Superior que se integra con algunos de los miembros del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El sistema nacional de bachillerato se encuentra ya operando y lo coordina el Comité Directivo del sistema nacional de bachillerato creado por el acuerdo secretarial 484 publicado en el Diario Oficial el 19 de marzo de 2009. De la misma manera se encuentra ya en funciones la Comisión Para la Evaluación de la Educación Media Superior, todo lo cual nos confirma que estas funciones se están realizando con el presupuesto que actualmente se destinan a la educación media superior y no significa un gasto mayor para el Estado.

El consenso que ha suscitado la realización de la reciente reforma a la educación media superior, debido a los beneficios que se persiguen para el mejoramiento de la calidad, y por tanto, para nuestros jóvenes, es una manifestación patente de la demanda amplia de la sociedad para que el Estado haga todo lo necesario y de ese modo garantice que este tipo educativo ofrezca, no solamente espacios de estudio, sino que además todos sus matriculados obtengan la mejor preparación posible. Hoy nos encontramos en la oportunidad de hacerlo a través de la ley.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que expide la Ley de Coordinación de la Educación Media Superior

Artículo Único. Se expide la Ley de Coordinación de la Educación Media Superior.

Título PrimeroDe los Conceptos y Disposiciones Generales Capítulo IDe los Principios y Fines

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y obligatoria para la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo a las autoridades educativas de la federación, estados y municipios, en los términos que la propia ley establece.

Artículo 2.Esta ley y sus reglamentos tienen como objeto definir, ordenar y coordinar la educación media superior que imparten la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, sus organismos descentralizados, así como los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Las universidades y demás instituciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impartan educación media superior se regularán por las leyes que rigen a dichas instituciones.

Artículo 3. La educación media superior es el tipo educativo que tiene por objeto proporcionar a los estudiantes la formación integral y académica para que puedan forjarse un proyecto de vida, de desarrollo personal y social, basado en el conocimiento de sí mismos, de la sociedad y del contexto global en el que les tocará desenvolverse, y que dependiendo de su modalidad, les permita continuar sus estudios superiores, incorporarse al trabajo productivo o ambas cosas.

Artículo 4.El Estado prestará servicios educativos para hacer posible paulatinamente que todos los mexicanos que concluyan la educación básica puedan cursar la educación media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos de la distribución y concurrencia de la función social educativa establecida en la Ley General de Educación y en la presente ley.

Artículo 5. La educación media superior que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios atenderá a los criterios establecidos en los artículos 3o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley General de Educación. Para tales propósitos deberá asegurar:

I. Una formación integral que permita a los egresados desenvolverse satisfactoriamente de acuerdo con los retos y exigencias de la sociedad y del mundo, así como contribuir eficazmente al desarrollo social, económico y político de México;

II. Una identidad de la educación media superior, claramente definida y tendiente a la realización de los objetivos propuestos;

III. El establecimiento de criterios que proporcionen orden y articulación en la educación media superior;

IV. La extensión y la evolución de la educación media superior conforme a las necesidades nacionales, regionales y estatales, en atención a lo previsto en esta ley y en los programas institucionales respectivos, y

V. Los acuerdos indispensables entre quienes operen servicios de educación media superior en el ámbito nacional, con la finalidad de impulsar el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, que brinde pertinencia y relevancia a estos estudios, propicie el libre tránsito de los estudiantes y cuente con una certificación nacional de los estudios realizados dentro del propio sistema.

Artículo 6.Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal: a la Secretaría de Educación Pública;

II. Autoridad educativa local: al Ejecutivo de cada uno de los Estados de la Federación, así como a las entidades que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

III. Bachillerato: a la educación media superior en su carácter ya sea propedéutica o bivalente y/o a la educación técnica profesional.

IV. Comisión: a la Comisión para la Educación Media Superior;

V. Entidades: a los estados y al D.F.

VI. Institución educativa o plantel: a la escuela pública o particular con reconocimiento de validez oficial de estudios, que imparta educación media superior;

VII. Ley: a la Ley General de Coordinación de la Educación Media Superior;

VIII. Particular: a la persona física o moral de derecho privado que imparta Educación media superior con reconocimiento de validez oficial de estudios;

IX. Personal docente: al conjunto de educadores que satisfacen los requisitos establecidos en la presente ley y que como promotores y agentes del proceso educativo ejercen la docencia a través de la cátedra, la orientación, la tutoría y en general, toda actividad propia de dicho proceso;

X. Política educativa: a las políticas y los programas públicos, así como los instrumentos y apoyos a la educación media superior;

XI. Reconocimiento: a la resolución de la autoridad educativa, federal o local, que reconoce la validez de estudios impartidos por un particular;

XII. Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal; y

XIII. Sistema o SNB: al Sistema Nacional de Bachillerato.

XIV. Conocimientos básicos: los contenidos, conocimientos o competencias mínimos que en cada campo disciplinar deben ser incluidos en los programas de todos los subsistemas de educación media superior, fijados por la autoridad educativa federal.

Artículo 7. La educación media superior se imparte después de la educación básica y comprende:

I. El nivel de bachillerato que puede ser propedéutico o bivalente.

El bachillerato propedéutico es el que orienta la formación del educando para que se incorpore a la educación del tipo superior.

El bachillerato bivalente es el que, además de la formación a que se refiere el párrafo anterior, ofrece una preparación terminal que permite al egresado contar con las habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para desempeñar un trabajo productivo; y

II. La educación técnica profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes como antecedente.

La educación técnica profesional es la que tiene como finalidad preponderante ofrecer la formación técnica que capacite con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere el estudiante para desempeñar un trabajo productivo y que a la vez responda a las necesidades económico productivas. .

Capítulo IIDe la Coordinación Interinstitucional

Artículo 8. La Federación, los Estados y los Municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación media superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades y conforme a lo dispuesto por la Ley General de Educación y el presente ordenamiento.

Artículo 9. Para llevar a cabo la coordinación a que se refiere el artículo anterior, la Federación realizará las funciones siguientes:

I. Promover e impulsar una planeación interinstitucional que asegure la vinculación, la corresponsabilidad y la comunidad de fines entre las autoridades que participan en la prestación del servicio;

II. Establecer los planes y programas de estudio de educación media superior de los subsistemas federales y elaborar el marco curricular común que regirá a los planes y programas de toda la educación media superior, tomando en consideración la opinión de los órganos consultivos, conforme a lo que se prescribe en esta ley en los artículos 11 y 13;

III. Formular el perfil de egreso del alumno, el perfil del directivo y del docente, para lo cual también considerará la opinión de los órganos consultivos establecidos para ello en esta ley;

IV. Establecer la normatividad y ejecutar las acciones necesarias para la adecuada operación del Sistema Nacional de Bachillerato, conforme a los fines a que se refiere el artículo 5 de esta ley;

V. Auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de los convenios necesarios para el fomento y desarrollo armónico de la educación media superior, entre la Federación, los estados y los municipios;

VI. Impulsar y prever lo necesario para que se lleve a cabo la evaluación y la acreditación de la educación media superior conforme a lo previsto en esta ley;

VII. Apoyar la educación media superior mediante la asignación de recursos públicos federales, y

VIII. Las demás previstas en la presente ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 10. Las autoridades educativas de las entidades tendrán como funciones:

I. Prestar los servicios de educación media superior directamente o a través de los organismos descentralizados que creen para ello en todas sus modalidades;

II. Elaborar planes y programas de estudio de educación media superior para los subsistemas o instituciones que establezcan en su territorio, observando las normas que la autoridad federal a este respecto establezca, a partir de lo que la presente ley prescribe sobre el marco curricular común, el perfil del egresado, los conocimientos básicos de cada campo disciplinar y las directrices generales que se deberán considerar para las competencias académicas o profesionales que correspondan a cada subsistema;

III. Establecer el calendario escolar de sus escuelas y de las particulares a las que otorgue incorporación o registro de validez oficial;

IV. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación media superior, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine;

V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudio de educación media superior;

VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir educación media superior en todas sus modalidades para planteles que se encuentren dentro de su territorio;

VII. Establecer los mecanismos de ingreso y evaluación del desempeño de los docentes y directivos para su permanencia y promoción con base a su preparación y resultados, atendiendo al perfil del docente y del director.

VIII. Promover la participación directa de los municipios en la impartición de educación media para proveer de equipo básico y dar mantenimiento a las escuelas de educación media superior públicas municipales.

IX. Las demás previstas en la presente ley y otras disposiciones aplicables.

Entre el gobierno de cada Estado y sus Municipios se deberán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

De los órganos consultivos

Artículo 11.Se crea la Comisión de Educación Media Superior como órgano de consulta de la Secretaría y de carácter permanente. Para integrarla, la Secretaría convocará a las autoridades educativas de las entidades, conforme a las normas que para ello establezca, para que se elija a sus miembros y directiva en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Artículo 12. La Comisión para la educación Media Superior tendrá como objetivos:

I. Proponer acciones para promover la coordinación, desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la educación media superior de conformidad con la presente ley;

II. Analizar e intercambiar opiniones y construir criterios comunes para el desarrollo de la educación media superior, y

III. Formular recomendaciones sobre asuntos de la materia que le someta a su consideración la Secretaría.

Artículo 13. Se establece el Consejo Nacional de Participación Social y Vinculación en la Educación Media Superior, órgano consultivo de la Secretaría, para lo cual, ésta misma convocará a representantes nacionales del sector productivo, de la educación particular, de los padres de familia, de los alumnos, del sector académico y social para que formen parte del Consejo, conforme a las bases que expida para este efecto.

Artículo 14. El Consejo Nacional de Participación Social y Vinculación en la Educación Media Superior tendrá como objeto dar su opinión y hacer propuestas respecto a: Las políticas, la normatividad, las estrategias, planes y programas destinados a promover la calidad en la educación media superior; Su pertinencia, relevancia, equidad y el incremento de la cobertura; y además proponer y opinar en materia de:

I. La vinculación con el sector productivo y con la sociedad;

II. La adecuación con las necesidades sociales y con las de los jóvenes en esta etapa;

III. La formación integral de los jóvenes, el cumplimiento del perfil de egreso, así como del marco curricular común;

IV. El buen funcionamiento del Sistema Nacional de Bachillerato, las evaluaciones que se le practiquen; y

V. Acciones de parte de la sociedad que coadyuven al cumplimiento de los fines educativos de la educación media superior.

La participación dentro de este órgano de consulta será a título honorario.

Capítulo IIIDel Marco Curricular Común en un Esquema de Diversidad

Artículo 15.El marco curricular común dotará a la educación media superior de una identidad que responda a las necesidades formativas, presentes y futuras, de quienes cursen dicha educación.

Artículo 16. Los contenidos de la educación media superior tendrán como premisa fundamental el marco curricular común en un esquema de diversidad. Atenderán al perfil delineado para todo egresado del bachillerato, el cual deberá incluir:

I. La capacidad del egresado de conocer sus cualidades, talentos, intereses y debilidades, comprender el medio en que se desenvuelve, cuidar de sí, autodeterminarse y formular su plan o proyecto de vida;

II. Las habilidades que le permitan el desarrollo de sus potencialidades, incluidas las de expresarse y comunicarse, y pensar crítica y reflexivamente;

III. La preparación para trabajar aprovechando los aprendizajes adquiridos y hacerlo en forma colaborativa;

IV. La formación para participar activa y responsable en los diversos ámbitos de la actividad económica, política y social, y contribuir al mejoramiento del bienestar colectivo; y

V. Las capacidades para el aprendizaje continuo y autónomo a lo largo de la vida.

El perfil orientará al conjunto de la educación media superior a fin de que todo egresado posea una cultura general que comprenda el aprecio y la práctica de los valores humanos universales esenciales para el desarrollo integral del ser humano y de la sociedad de la que forma parte.

Artículo 17. Con independencia de la diversidad de planes y programas de estudio en el ámbito de la educación media superior, el marco curricular común estará integrado por:

I. El perfil general de todo egresado;

II. Los conocimientos básicos de cada campo disciplinar, y

III. Los conocimientos y habilidades, académicos o profesionales, que correspondan a los distintos subsistemas.

Artículo 18.El perfil del egresado tendrá validez para todos los estudiantes independientemente de la opción educativa que elijan. Deberá tener las características siguientes:

I. Orientar el desarrollo integral de los alumnos, al potenciar sus dimensiones física, cognitiva, afectiva y social;

II. Orientar la formación de capacidades estrechamente vinculadas con las disciplinas, e

III. Impulsar la integración del individuo en los ámbitos de la vida ciudadana y profesional.

Artículo19.Los conocimientos básicos de cada campo disciplinar se referirán a las capacidades y competencias que todos los estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y programas de estudio que decidan cursar y de la trayectoria académica o laboral que habrán de elegir al terminar su bachillerato.

Dichos conocimientos deben:

I. Organizarse en los campos disciplinares siguientes: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Humanidades y Ciencias Sociales, y Comunicación;

II. Aplicarse a través de distintos enfoques educativos, contenidos y estructuras curriculares, según la oferta educativa de que se trate para responder adecuadamente a las características del alumnado que corresponda, y

III. Brindar sustento a la formación de los estudiantes para el logro del perfil del egresado.

Artículo 20. Los conocimientos y habilidades, académicos o profesionales, que correspondan a cada subsistema serán los que amplían y profundizan los alcances en cada campo disciplinar, y los que preparan a los jóvenes para desempeñarse en un ámbito determinado de la actividad económica o social, respectivamente. Se definirán al interior de cada subsistema, según sus objetivos particulares.

Artículo 21.Conforme a lo previsto en este Capítulo y considerando la diversidad que caracteriza a la educación media superior, la Secretaría determinará:

I. El perfil del egresado;

II. Los conocimientos básicos de cada campo disciplinar, y

III. Las directrices generales que se deberán considerar para los conocimientos y habilidades, académicos o profesionales, que correspondan a cada subsistema.

Artículo 22.El marco curricular común tendrá aplicación en los ámbitos siguientes:

I. De las autoridades educativas. En sus distintas acepciones y espacios de responsabilidad trabajarán para asegurar, dentro de sus respectivas competencias, la aplicación del marco curricular común;

II. De las escuelas. Los planteles adoptarán estrategias y emplearán los mecanismos de gestión necesarios para facilitar que con el quehacer académico que en ellos se realiza, sus alumnos alcancen el perfil del egresado a que se refiere la presente ley, y

III. De los docentes. Aplicarán en el aula estrategias congruentes con lo establecido en el marco curricular común, con el objetivo de asegurar la generación del perfil del egresado de la educación media superior.

En el diseño de los planes y programas de estudio que habrán de observar las escuelas públicas, las autoridades educativas deberán prever los espacios de decisión necesarios para que las escuelas y docentes puedan hacer la aplicación del marco curricular común en el ámbito que les corresponde, a efecto de que estudiantes con orígenes, circunstancias e intereses diversos puedan alcanzar el perfil del egresado.

Las escuelas particulares seguirán en cuanto a los planes y programas de estudio, de acuerdo a los términos que disponga la autorización o reconocimiento de validez de estudios respectiva los planes y programas que le señale la autoridad educativa que se la otorgó, o bien, según sea el caso, harán las modificaciones que le estén autorizadas, o elaborarán sus propios planes y programas, para lo cual siempre observarán lo señalado en la presente ley sobre el marco curricular común.

Capítulo IVDe las Opciones Educativas

Artículo 23. Los servicios educativos correspondientes a la educación media superior se agruparán en las opciones siguientes:

I. Educación presencial: la opción de la modalidad escolarizada que se caracteriza por la existencia de coincidencias espaciales y temporales entre quienes participan en un programa académico y la institución que lo ofrece.

II. Educación intensiva: la opción de la modalidad escolarizada que comparte los elementos de la educación presencial. Su diferencia radica en la condensación curricular y la reducción de los calendarios.

III. Educación virtual: la opción en la que no existen necesariamente coincidencias espaciales o temporales entre quienes participan en un programa académico y la institución que lo ofrece. Esta circunstancia implica estrategias educativas y tecnológicas específicas para efectos de comunicación educativa, acceso al conocimiento, procesos de aprendizaje, evaluación y gestiones institucionales. Esta educación se ubica dentro de la modalidad no escolarizada.

IV. Educación mixta: la opción que combina estrategias, métodos y recursos de las distintas opciones de acuerdo con las características de la población que atiende, la naturaleza del modelo académico, así como los recursos y condiciones de la institución educativa.

V. Educación autoplaneada: la opción de la modalidad mixta que se caracteriza por la flexibilidad en el horario y para acreditar la trayectoria curricular, así como por la variable que refleja en el ámbito de la mediación docente.

VI. Certificación por evaluaciones parciales: que constituye un servicio a cargo de la autoridad educativa, la opción de la modalidad no escolarizada que se caracteriza por la flexibilidad de los tiempos, de la trayectoria curricular y de los periodos de evaluación con propósitos de certificación.

VII. Certificación por examen: que constituye un servicio a cargo de la autoridad educativa federal, la opción que se caracteriza por brindar la posibilidad de acreditar conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.

Artículo 24.Los elementos que deben considerarse en las distintas opciones de la educación media superior, de manera que se asegure el cumplimiento de estándares mínimos de calidad, son:

I. Estudiante;

II. Trayectoria curricular;

III. Mediación docente;

IV. Mediación digital;

V. Espacio;

VI. Tiempo;

VII. Instancia que evalúa;

VIII. Requisitos para la certificación, e

IX. Instancia que certifica;

La Secretaría definirá las características que deberán tener dichos elementos para cada una de las opciones educativas mencionadas.

Capítulo VDe los Mecanismos de Gestión

Artículo 25.Los mecanismos de gestión son los procesos y acciones institucionales orientados a la consecución de los fines establecidos por la presente ley. Definen estándares y procedimientos que propician el apego al marco curricular común en las distintas opciones de oferta de la educación media superior.

Artículo 26.Los mecanismos de gestión deben referirse a:

I. La formación y actualización de la planta docente;

II. La eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos, así como al fortalecimiento del liderazgo académico del director del plantel;

III. La capacidad, mantenimiento y el buen uso de las instalaciones físicas de los planteles;

IV. La generación de espacios de comunicación y diálogo que alienten la superación académica y la atención de las necesidades de los alumnos;

V. La facilidad para el tránsito entre subsistemas y escuelas, y

VI. La evaluación para la mejora continúa.

Todos estos aspectos serán objeto de los proyectos de mejoramiento y de la evaluación para la acreditación y certificación.

Sección PrimeraDe los Directores y Docentes

Artículo 27. Los directores y docentes de la educación media superior son actores determinantes, ejercen liderazgo y son guía de la buena marcha de las instituciones educativas. Deben, en consecuencia, reunir las cualidades personales y profesionales derivadas de los valores éticos y académicos que aseguren el cabal cumplimiento de su función.

Artículo 28. El perfil del director será determinado a partir de:

I. Los conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para propiciar un ambiente escolar favorable al aprendizaje y al logro del perfil del egresado que establece esta ley;

II. Las capacidades necesarias para coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo;

III. Las aptitudes para realizar los procesos administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad de manera efectiva;

IV. La capacidad para diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua de su plantel;

V. La disposición a ser evaluados en el desempeño, mediante distintas estrategias e instrumentos, así como a rendir cuentas de su gestión, y

VI. Las demás cualidades tendientes a asegurar la calidad y pertinencia de la educación media superior.

Artículo 29.Las autoridades educativas establecerán un sistema de concursos por méritos académicos y experiencia profesional para la selección y nombramiento de los directores en los planteles públicos así como para la selección y promoción de los docentes que ocuparán las plazas vacantes. Para dichos propósitos se tomará en cuenta el perfil que para el director y para el docente se definan por la SEP en los términos de lo previsto en esta ley.

Artículo 30.En el ámbito de la educación media superior es indispensable que los docentes, además de impartir su disciplina, apoyen la formación integral de los jóvenes.

El trabajo de los docentes deberá permitir que los estudiantes adquieran el perfil de egreso a que se refiere esta ley.

Artículo 31. El perfil docente deberá responder a las necesidades siguientes:

I. Poseer cualidades personales y/o la disposición al ejercicio del magisterio con jóvenes de esta edad;

II. Contar con las cualidades éticas y académicas que aseguren su desempeño docente;

III. Considerar la permanente actualización de sus conocimientos;

IV. Contribuir a la generación de ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, así como para el desarrollo integral de los estudiantes;

V. Guiar la formación y el aprendizaje del alumno en correspondencia a los contenidos curriculares;

VI. Propiciar que los procesos de enseñanza y de aprendizaje se realicen de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional;

VII. Evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo, y

VIII. Participar en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoyar la gestión institucional.

El perfil que se establezca debe ser alcanzado por todos los docentes que prestan sus servicios en la educación media superior, y ser garantía de su óptimo desempeño y continua superación.

Artículo 32. A partir de lo previsto en los artículos 28 y 31 de esta ley, la Secretaría definirá los perfiles del director y del docente considerando la opinión de la Comisión y el Consejo de Participación Social y Vinculación.

La Secretaría proveerá lo conducente para que se cumplan las siguientes funciones respecto a la formación, actualización de los docentes y directores de manera que se tienda a cumplir con los perfiles establecidos en el Sistema Nacional de Bachillerato:

I. Promover la investigación sobre la formación y actualización que requieren los docentes de educación media superior, investigación que puedan emprender las distintas autoridades educativas, las universidades y demás centros de investigación educativa.

II. Elaborar la normatividad bajo la cual se debe realizar la formación y actualización docente, y

III. Coordinar y promover los esfuerzos de las entidades para proporcionar formación y actualización a los docentes y directores.

Sección SegundaDe los Espacios Educativos

Artículo 33. Los planteles deberán contar con los espacios e instalaciones necesarias y adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, acordes a la modalidad y opción educativa en la que brindan el servicio.

Artículo 34. Los planteles deberán guardar la apropiada relación entre la matrícula y la capacidad física y tecnológica instalada, de tal manera que se propicie y garantice el adecuado desarrollo del proceso educativo. Para estos propósitos deberán responder a las necesidades siguientes:

I. Corresponder a la naturaleza de los estudios que se imparten;

II. Contar con el equipamiento necesario para impartir el plan y programas de estudio;

III. Estar dotado de los materiales y equipos necesarios, y

IV. Tener la disposición para admitir las innovaciones favorables a la superación académica.

Sección TerceraDel Apoyo al Estudiante

Artículo 35. Para propiciar un servicio educativo integral es necesario que el marco curricular común se acompañe de esquemas de orientación, tutoría y atención a las necesidades de los alumnos. Por ello, las instituciones educativas deberán prever y propiciar:

I. El apoyo profesional necesario para el desarrollo de actitudes, comportamientos y habilidades favorables para el autoconocimiento, la autoestima y la comunicación;

II. El seguimiento individual y grupal de alumnos en relación con los procesos de aprendizaje y su trabajo académico;

III. El desarrollo de estrategias con la finalidad de fortalecer hábitos y técnicas de estudio, que contribuyan a elevar el aprovechamiento académico;

IV. La implementación de acciones preventivas y remediales;

V. El apoyo pedagógico para atender problemáticas particulares, mediante un tratamiento individual o grupal, según corresponda, y

VI. La orientación vocacional para identificar y elegir con mayor certeza las opciones educativas, profesionales y laborales.

Artículo 36. El marco curricular común y el perfil del egresado proveen elementos de identidad que deben hacer viable el tránsito de los alumnos entre subsistemas e instituciones.

En el ámbito de las atribuciones que la Ley General de Educación les confiere, las autoridades educativas deberán asegurar y facilitar dicho tránsito.

Título SegundoDel Sistema Nacional de Bachillerato Capítulo IDe las Disposiciones Generales

Artículo 37.Se crea el Sistema Nacional de Bachillerato .El Sistema Nacional de Bachillerato es el sistema de evaluación, acreditación y certificación, que establece los ejes rectores para impulsar la calidad y la pertinencia de los estudios en la educación media superior respetando el marco de diversidad existente introduciendo a las instituciones educativas en una dinámica de evaluación y mejoramiento continuo, lo cual tiene como finalidad última el beneficio en la formación y preparación de los alumnos, quienes también obtendrán como ventaja una mayor facilidad de transitar de un plantel a otro, aún entre diferentes subsistemas y entidades federativas, conforme a sus necesidades y a la normatividad respectiva.

La conclusión de los estudios en el Sistema Nacional de Bachillerato se verá expresada en una certificación nacional, complementaria al certificado de estudios que el plantel expida.

Para tales efectos la Secretaría proveerá las disposiciones administrativas necesarias.

Artículo 38. El Sistema Nacional de Bachillerato tendrá como ejes rectores los siguientes:

I. El marco curricular común en un esquema de diversidad;

II. Las opciones educativas de acuerdo a las necesidades de una población diversa;

III. Los mecanismos de gestión necesarios, y

IV. La evaluación de instituciones con fines de acreditación y permanencia dentro del Sistema Nacional de Bachillerato.

Artículo 39. La pertenencia al SNB es obligatoria para todas las instituciones a las que es aplicable la presente ley, para tal fin la autoridad educativa federal llevará un registro nacional y expedirá una certificación a las instituciones que formen parte del mismo.

Para obtener el registro y la certificación correspondientes, las instituciones deberán solicitarlo y cumplir con los requisitos y evaluaciones que la SEP determine. La pertenencia al SNB será objeto de evaluación periódica observando estándares de calidad satisfactoria que sean la base de posteriores y mayores avances conforme a las normas que para ello se establezcan.

La federación, las entidades y los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento, trabajarán haciendo todo lo necesario para que su oferta educativa sea objeto de registro en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Artículo 40.La Secretaría determinará las normas de carácter general aplicables a la operación del Sistema Nacional de Bachillerato, así como los lineamientos que faciliten el tránsito de alumnos, para cuyo efecto considerará la opinión de la Comisión.

Para estos efectos la Secretaría definirá:

I. El órgano encargado de dirigir el SNB y su normatividad

II. El organismo asignado a coordinar y conducir el proceso de evaluación institucional de los planteles y su acreditación en el SNB, y su normatividad, y

III. Las normas, criterios y requisitos bajo las cuales se determinará el ingreso al SNB, la salida del mismo y la forma de reingreso.

Capítulo IIDe las Instituciones

Artículo 41. Las instituciones públicas y los particulares con reconocimiento participarán en la prestación de servicios de educación media superior, de acuerdo con las disposiciones de este ordenamiento.

Artículo 42. Los planteles públicos tendrán a disposición del público en Internet:

I. La información sobre el alumnado que incluya indicadores de demanda educativa, atención y cobertura; procesos escolares y eficiencia interna; eficiencia terminal y seguimiento de egresados; resultados en las evaluaciones estandarizadas, y otros que den cuenta del avance académico de los alumnos de los planteles;

II. La información que incluya indicadores de infraestructura; equipamiento; recursos humanos, y actividades de desarrollo y formación;

III. Los planes de mejoramiento para el logro de metas y objetivos, conforme a indicadores definidos y considerando los lineamientos del subsistema al que pertenezcan;

IV. La información sobre los ingresos autogenerados y los egresos de los planteles, y

V. Otros que la autoridad educativa respectiva considere relevantes para asegurar la transparencia en la gestión y la capacidad de los planteles para la toma de decisiones propias de su ámbito y tendientes a mejorar su funcionamiento.

Artículo 43. Los planteles públicos, en los casos que la normatividad o disposiciones que los rijan particularmente, establezcan que los ingresos autogenerados pueden ser dispuestos por ellos libremente, podrán decidir sobre la utilización más conveniente de éstos para el logro del perfil del egresado. Los criterios para la asignación de estos recursos se harán públicos de conformidad con el artículo anterior.

Artículo 44. Los particulares podrán solicitar a la autoridad educativa el reconocimiento de validez a sus estudios en las opciones educativas siguientes: presencial; intensiva; virtual; auto planeada o mixta.

Artículo 45. El reconocimiento que los particulares soliciten a la autoridad educativa, federal o local, para impartir estudios de educación media superior se regirá por la Ley General de Educación, por la presente ley y por las disposiciones que con fundamento en dichos ordenamientos la Secretaría determine.

El reconocimiento podrá ser otorgado por la autoridad educativa local o por los organismos descentralizados creados por los gobiernos de los Estados, sólo respecto de los planteles que funcionen y los planes de estudio que se impartan en el territorio de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 46. Las instituciones públicas de educación superior que tengan el carácter de organismos descentralizados, cuando estén facultadas para ello, podrán otorgar, negar o retirar reconocimiento de validez oficial a estudios del tipo medio superior, en términos de lo previsto por la Ley General de Educación, por la presente ley y por las disposiciones que con fundamento en dichos ordenamientos la Secretaría determine.

Artículo 47.La autoridad educativa, federal o local, o el organismo público descentralizado que otorgue el reconocimiento de validez oficial será directamente responsable de la supervisión de los servicios educativos respecto de los cuales concedió dicho reconocimiento.

Artículo 48.La Secretaría emitirá y vigilará el cumplimiento de los lineamientos mediante los cuales los particulares pueden solicitar su registro como Centros que brindan asesoría académica a quienes tienen interés en acreditar su educación media superior a través de las opciones educativas a que se refiere el artículo 23 de la presente ley.

Capítulo IIIDe la Evaluación

Artículo 49. Los procesos de evaluación que tienen por objeto el ingreso y la permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato serán responsabilidad de los órganos que para ello determine la Secretaría.

Los procesos de evaluación de la educación media superior, en todas sus modalidades, así como de las instituciones públicas y particulares con reconocimiento, tienen por objeto impulsar la calidad educativa y se realizarán con la periodicidad que establezca la Secretaría.

Artículo 50.Las instituciones de educación media superior, públicas y privadas con reconocimiento, tienen la obligación de realizar los procesos de evaluación y acreditación que determine la Secretaría.

Artículo 51.Las evaluaciones que se practiquen conforme a este Capítulo conllevará el análisis, opinión y, en su caso, recomendaciones que se estimen pertinentes, tendientes a implementar un plan de trabajo y mejora, dentro de los plazos que al efecto se determinen.

Capítulo IVDel Financiamiento, Asignaciones y Estímulos

Artículo 52.El financiamiento de la educación media superior que imparta el Estado, se hará de manera corresponsable entre los tres ámbitos de gobierno.A fin de desarrollar la educación media superior que imparta la Federación, entidades federativas y municipios; en atención a las necesidades nacionales, regionales y estatales, la asignación de recursos públicos disponibles para dicho servicio se hará en términos de lo previsto por la Ley General de Educación en sus artículos 25, 26, 27, y conforme a los objetivos y lineamientos de esta ley.

Artículo 53.Con la concurrencia de los gobiernos federal y estatales se establecerán fondos de apoyo con el objeto de financiar los proyectos de mejora de infraestructura y equipamiento tecnológico y didáctico que necesiten realizar las instituciones públicas para cumplir con los requisitos que se establecen en esta ley. La Secretaría a propuesta de la Comisión de la EMS determinará las reglas para el otorgamiento y operación de estos fondos.

De la misma manera el gobierno federal integrará fondos concursables que sirvan para incentivar los proyectos de mejoramiento e innovación y a los cuales podrán acceder aquellos planteles educativos que ya acreditados como integrantes del Sistema Nacional de Bachillerato bajo las reglas que la Secretaría expedirá.

En todo caso dichos apoyos se formalizarán mediante la celebración del o los convenios respectivos.

Artículo 54. La Secretaría y las autoridades educativas locales proveerán programas de estímulo al desarrollo de los planteles pertenecientes al SNB, con el objeto de promover y reconocer la excelencia académica de directivos, docentes y alumnos.

Los estímulos a que hace referencia el párrafo anterior podrán ser: intercambios académicos, becas, visitas de estudio y demás que determinen la Secretaría y las autoridades educativas locales en el ámbito de su competencia.

Título TerceroDe las Infracciones, Sanciones y del Recurso Administrativo Capítulo IDe las Infracciones y Sanciones

Artículo 55. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en la presente ley y en la Ley General de Educación, así como las disposiciones que se expidan con fundamento en ellas.

II. Los supuestos previstos en el artículo 75 de la Ley General de Educación a excepción de los correspondientes a las fracciones IV y V.

III. El incumplimiento de las responsabilidades para obtener o recuperar el registro de su institución, en el SNB, tratándose de un plantel público y como consecuencia de actos u omisiones imputables a o las personas involucradas.

Artículo 56.Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia;

II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.

III. Pérdida del registro dentro del SNB y de la certificación correspondiente.

La imposición de las sanciones de las fracciones I y II no es excluyente.

Artículo 57.Además de las previstas en el artículo 55, también son infracciones a esta ley:

I. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;

II. Ostentarse como integrante del SNB sin serlo; e

III. Impartir la educación media superior, sin contar con la autorización correspondiente, y

IV. Incumplir con los compromisos y plazos fijados con la autoridad educativa federal para que la institución pública en la que se trabaja recupere su inscripción en el SNB.

Cuando se presenten los supuestos I y III de este artículo, además de la aplicación de sanciones señaladas en la fracción I del artículo 56, se procederá a la clausura del plantel respectivo. En el caso del supuesto de la fracción II se aplicará la multa y se ordenará que la institución deje de mencionar por cualquier medio la pertenencia al SNB.

Artículo 58.Para la aplicación de las disposiciones previstas en el presente capítulo se seguirá el procedimiento establecido en el capítuloVIII, sección 1, en la Ley General de Educación.

Artículo 59.El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las leyes de la materia estatales, atendiendo a lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo IIDel Recurso Administrativo

Artículo 60.Será aplicable el procedimiento previsto en la Ley General de Educación Capítulo VIII, sección 2.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Tercero. La Secretaría coordinará y emprenderá las acciones necesarias para que durante el ciclo escolar siguiente a la promulgación de esta ley, se concrete la operación generalizada del Sistema Nacional de Bachillerato.

Las autoridades educativas, federal, estatales y municipales, los órganos desconcentrados de la Secretaría y los organismos públicos descentralizados que impartan educación media superior, encauzarán sus esfuerzos para que, conforme a lo previsto en esta ley, su oferta educativa se incorpore al Sistema Nacional de Bachillerato teniendo como límite la fecha que fije la Secretaría de acuerdo con el artículo sexto transitorio.

Cuarto. Los particulares que imparten Educación media superior con fundamento en decretos presidenciales o acuerdos secretariales mantendrán el régimen jurídico que tienen reconocido, y por lo tanto sus relaciones con la Secretaría se conducirán de conformidad con dichos instrumentos jurídicos.

Los particulares que a la entrada en vigor de esta ley imparten educación con acuerdo de reconocimiento de validez oficial, podrán continuar prestando el servicio educativo al amparo de dicho reconocimiento, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación, en la presente ley y en las demás disposiciones administrativas aplicables.

Las instituciones a que se refiere este artículo podrán incorporarse y operar en el Sistema Nacional de Bachillerato siempre y cuando cumplan con lo establecido en la presente ley.

Quinto.La Secretaría emprenderá las acciones necesarias para la adecuada operación y cumplimiento de las finalidades de la Comisión.

Sexto.La Secretaría llevará a cabo las acciones conducentes para que la operación del órgano que dirigirá y será responsable del Sistema Nacional de Bachillerato así como del órgano responsable de la Evaluación de la Educación Media Superior se lleve a cabo de conformidad con esta ley. La Secretaría de acuerdo con la Comisión establecerá un plazo perentorio para que las instituciones públicas y privadas se encuentren ya integradas al SNB.

Séptimo.El Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato y la Comisión Para la Evaluación de la Educación Media Superior, creados por la Reforma de la Educación Media Superior y que corresponden a los órganos señalados en el artículo 40 fracciones I y II de esta ley, de-sarrollarán las atribuciones que les confiere la misma con los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuentan actualmente.

México, DF, a 25 de enero del 2011.— Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Ma. de Lourdes Reynoso Femat, Paz Gutiérrez Cortina, Alejandro Bahena Flores, Jaime Oliva Ramírez, María Dolores del Río Sánchez, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Yolanda del Carmen Montalvo López, Juan José Cuevas García, Sergio Tolento Hernández, Gloria Romero León, Ovidio Cortazar Ramos,  Josefina Eugenia Vázquez Mota, María del Carmen Guzmán Lozano, Oralia López Hernández, María Joann Novoa Mossberger, Arturo Ramírez Bucio, César Octavio Madrigal Díaz, María Sandra Ugalde Basaldúa, José Ignacio Seara Sierra, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Laura Margarita Suárez González, Rubén Arellano Rodríguez, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Gastón Luken Garza, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, María Marcela Torres Peimbert, Enrique Octavio Trejo Azuara, Miguel Martínez Peñaloza,  Tomás Gutiérrez Ramírez, Julio Saldaña Morán, Bonifacio Herrera Rivera, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.Tiene...

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado don Jaime, a sus órdenes.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para preguntarle, a través de su conducto, al diputado Landero si me permite adherirme a esta valiosa iniciativa.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez(desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el diputado Landero. El diputado Landero acepta todas las adhesiones. Muchas gracias, señores diputados.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La última iniciativa que escucharemos el día de hoy corre a cargo del diputado Ariel Gómez León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley de Educación. Don Pedro Vázquez será la última iniciativa que escucharemos el día de hoy, con mucho gusto. Adelante, diputado.

El diputado Ariel Gómez León:Gracias, señor presidente. Hace unas horas fue publicada una nota muy importante donde se señala, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que los más discriminados en las escuelas son quienes padecen una enfermedad crónica: los obesos, los pobres, los alumnos de lento aprendizaje, los de coeficiente intelectual muy alto también o los que tienen precisamente enfermedades o discapacidades.

Según esto, México está ocupando el primer lugar en el ambiente escolar tan violento de exclusión y de estar presionando a los jóvenes. De 23 países México está ocupando el primer lugar triste y deshonroso, pero podemos hacer cosas importantes para que estos jóvenes y para que estos niños tengan ese derecho que ha sido plasmado en la Convención de los Derechos de los Niños, para garantizarles a ellos evitar toda forma de discriminación.

La actual legislación en materia de educación señala que la integración educativa de las niñas y los niños con necesidades especiales, asociadas a alguna discapacidad, para que puedan estudiar en las aulas regulares, debería hacerse no sólo letra muerta.

Estos niños y estas niñas deberían recibir apoyos necesarios para tener ese acceso y para que el propósito general de la educación funcione. Nos estamos dando cuenta que en nuestra ley actual no existe textualmente un término que diga: trastorno generalizado en el desarrollo. En la práctica le hace falta mucha información al padecimiento y no tenemos datos del total de niños que están padeciendo estos trastornos y que están en las aulas, y que al estar en las mismas son discriminados.

Los padres de niños con autismo, de alto rendimiento, de Asperger, de síndrome de Rett y demás, tienen que salir a buscar escuelas particulares porque sus niños están siendo abusados, sus niños están siendo discriminados, excluidos, porque van con otro tipo de aprendizaje, en otra velocidad, y el maestro, bien gracias, porque no les hemos dado a los profesores ni a las profesoras la herramienta, primero en la ley y después en la capacitación.

Un ejemplo señalado, los resultados que acaban de sacar de la Encuesta de Epidemiología Psiquiátrica, esta encuesta señala que el 50 por ciento de los niños con trastorno de déficit de atención, los hiperactivos que no han sido diagnosticados están en las escuelas y cuando están en las escuelas, están reprobando y el 60 por ciento al ver que sus maestros no les dan ese apoyo ni existe en la ley ni existe tal desarrollo educacional para ellos, tienen que desertar y sus padres tienen que cargar con eso.

Estas niñas y estos niños con dificultades necesitan ayuda porque tienen deficiencias crónicas.

El trastorno generalizado del desarrollo, es un conjunto de cambios en la persona, en la conducta de los niños y los señalamos y los excluimos y los discriminamos y los mismos maestros no tienen esas herramientas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en ocasiones anteriores ante esta tribuna les he pedido que ustedes que amablemente han participado ya en la Comisión de Salud, para que ahora me ayuden y nos ayuden a todos los mexicanos a que esta reforma proceda para que a través de la Comisión de Educación podamos, en esta propuesta, cambiar el enfoque educativo, que se les dé a todas estas personas con dichos trastornos, igualdad frente a los demás niños, que tengan la oportunidad de asistir a la escuela tradicional sin posibilidades de excluirlos, las niñas y los niños, no importando su calidad de aprovechamiento, no importando sus deficiencias.

La Carta Magna nos brinda esta oportunidad. Pongamos el concepto trastorno generalizado del desarrollo y los síndromes que de ahí se desprenden, para que estos niños continúen con su educación.

Muchas gracias a cada uno de los compañeros de ambas comisiones que han permitido esto y en especial a mi compañera Claudia Anaya, que siempre nos apoya en este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD

La actual legislación en educación señala a la integración educativa como el proceso que implica a los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otros factores, que estudien en aulas y escuelas regulares, recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los propósitos generales de la educación. En este sentido nos damos cuenta que en la ley no existe textualmente la existencia del Trastorno Generalizado en el Desarrollo, ya que en la práctica falta información precisa sobre el total de niños que lo padecen, observando la inexistencia de acceso a educación básica y mucho menos el apoyo necesario para acceder a la misma por parte de los niños que padecen síndrome autista y/o de Asperger entre otros, teniendo que buscar de manera privada, educación que en muchos de los casos los padres de familia no pueden costear.

Un ejemplo de lo antes señalado son los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, donde señala que 50 por ciento de los niños con Trastorno de por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que no han sido diagnosticados, reprueban por lo menos un año escolar, y casi 70 por ciento abandona los estudios en una edad más avanzada, sin embargo, el rendimiento escolar no es el único aspecto que se ve afectado por el padecimiento, puesto que un niño con TDAH sufre regularmente vulnerabilidad emocional, baja autoestima, aislamiento social y conflictos interpersonales. Es de vital importancia señalar que los niños con algún trastorno generalizado en su desa-rrollo, cuentan con un conjunto de dificultades de manera crónica, ellos requieren, para satisfacer sus necesidades, orientación para sus padres y maestros.

Cabe señalar que el Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) es un conjunto de cambios en la persona y en la conducta, desde las aulas puede buscarse la forma de compensar, potenciar o reforzar sus habilidades y capacidades, abriéndose paso a una mayor autonomía personal en los aspectos de su vida y su conducta. En este sentido, el trastorno será tan sólo expresión de una alteración específica de un niño, ya que es indudable que su contexto y ambiente son los que condicionan a favorecer o limitar su progreso, por lo que son de suma importancia los elementos del sistema educativo, la instrucción y la formación, e intervenir, en definitiva, en su evolución personal y social.

En la medida en que se haga más equitativo el sistema educacional o se mejore la distribución educativa, habrá mayor calidad en la educación, es decir, que el problema de la calidad educativa se atribuye a la expansión que alcanza a grupos que no estaban contemplados en el diseño institucional.

La propuesta que aquí se presenta es cambiar el enfoque educativo, que se le dé a las personas con dichos trastornos, igualdad frente a los demás niños, la oportunidad de asistir a la escuela tradicional sin hacer exclusión de personas con el fin de que ésta sea la más apropiada para su tratamiento, evitando que el propio sistema siga limitándolos por la estructura y contenidos actuales, que no permiten abarcar los aspectos personales, de salud, sociales y de educación, esenciales propios de su naturaleza humana. Con esta iniciativa pretendo no una revolución educativa, sino el primer paso para la modernización incluyente de todos los mexicanos que no importando su calidad de aprovechamiento tenga las mismas oportunidades que nuestra Carta Magna brinda, incorporando textualmente a la ley secundaria el concepto de Trastorno Generalizado del Desarrollo y los síndromes que se desprenden.

Argumentos

En cuanto al concepto de educación, es importante recordar lo que establece el artículo 2o. de la Ley General de Educación, que señala

Artículo 2o. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

En nuestro país se aprecia, hoy, una concentración desigual del ingreso, en la vivienda, en los servicios de salud, no permitamos que esto también ocurra en nuestras escuelas, no podemos permitir que exista desigualdad desde la omisión en la ley a los niños que tengan un trastorno generalizado en su desarrollo, debemos estimular el desarrollo personal y colectivo de nuestros niños propiciando la participación de los últimos en el desarrollo de nuestro país, esto consiste en brindarles alternativas de futuro y prepararlos para el mañana como cualquier mexicano en el pleno goce de sus derechos constitucionales. Tales derechos están contemplados en nuestra Constitución Mexicana en el artículo 3o. donde señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, ésta no hace excepciones, es decir, es una disposición incluyente y no excluyente como en la práctica se da. ¿Por qué permitir que la legislación secundaria siga así? Si tenemos la oportunidad de preservar los principios de la misma que nos rige.

La escritora Teresa Bracho señala que para revertir la de-sigualdad lo primero que se debe hacer es entender de dónde viene y cómo se transmite. Una forma de transmisión es negarla, otra es verla como un problema que el estado no ha podido solucionar y que tiene que ser atendido con mecanismos de mercado, estos argumentos los apoya en la evaluación del Programa Escuelas de Calidad (PEC), cuyo objetivo es instituir en las escuelas públicas de educación básica un modelo de autogestión enfocado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente mediante una autogestión centrada en la escuela, que pretende atender a los alumnos con criterios de equidad e igualdad.

Es decir, al negar la desigualdad, o en su versión más moderada, reconocerla como un fenómeno “natural”; esta condición de “naturalidad” significa que la desigualdad no tiene relación con el desarrollo; es decir, siempre habrá gente con mayores capacidades que les permitan llegar a niveles superiores en el sistema educativo.

La desigualdad educativa es atribuible a diferencias de coe-ficiente intelectual y capacidades individuales. La desi-gualdad educativa, según se ha analizado en la literatura relevante, se refiere a oportunidades de acceso, oportunidades de permanencia, oportunidades de logro académico de los estudiantes, de conclusión de los ciclos y de transición de un ciclo a otro. Éstos son los enfoques más tradicionales que fundamentalmente identifican el ingreso y la permanencia, la conclusión y el aprendizaje logrado. Pero vale la pena tomar en cuenta ahora enfoques más recientes que involucran la calidad de las experiencias que se abren en el sistema educativo, refiriendo no sólo a los individuos y su paso por las instituciones educativas, sino que incluye a estas instituciones en su capacidad de abrir oportunidades de aprendizaje equitativas. Creo que este tema irá adquiriendo mayor relevancia en la política educativa en el país, conforme vayamos trabajando en ella.

Es decir, se trata no sólo de hacer crecer la oferta educativa, sino mirar la calidad de esta oferta y no únicamente el producto en aprendizaje, se refiere no sólo a que los niños asistan a la escuela, sino que en ella tengan un espacio para ampliar sus horizontes de vida, razonablemente rico en oportunidades para aprender y para desarrollar sus habilidades. Oportunidades de que las credenciales obtenidas en el sistema y los aprendizajes que se obtienen en él sirvan a una inserción en la vida adulta.

Retomo la definición de Amartya Kunar Sen, quien define la igualdad como libertad sustantiva para alcanzar lo que el sujeto aprecia, en particular el desarrollo de capacidades y habilidades para poder llegar a los logros valorados, a los funcionamientos valorados por la sociedad y por los individuos. En suma, lo que quiero identificar aquí es que el tema de la desigualdad no se agota en la identificación de cuántos niños quedan fuera del sistema, cuántos transitan por él o cuánto aprenden, sino que debe ser explícito, para poder resolverlo, el problema de qué clase de igualdad educativa buscamos, igualdad entre quiénes y qué esperamos de ella en términos de ampliación de las capacidades de los ciudadanos que se forman en nuestro sistema educativo.

La desigualdad en la instrucción es una de las tres fuentes de distinción social, junto con las relativas a la riqueza y al trabajo, por lo que la educación es uno de los medios para lograr la igualdad social.

Todo el alumnado tiene necesidades educativas derivadas de sus propias individualidades e historias personales, por lo que ese término de necesidad educativa hace referencia a aquello que cualquier persona precisa para tener acceso a conocimientos, a descubrir sus habilidades, a sociabilizar, a construir su propia autonomía, del grupo social en el que está inmerso y en el que ha de integrarse como persona, adecuando el sistema educativo, el niño en el futuro próximo puede lograr dejar de ser especial y requerir simplemente necesidades como las del resto del alumnado.

La educación es un mecanismo que permite generar oportunidades para las personas, una persona con mayor nivel educativo tendrá mayores oportunidades de obtener empleo, mejores salarios, posibilidades de esparcimiento, entre otros. Es así que la educación es un elemento que ayuda a romper las cadenas que hacen que las personas no desarrollen sus potencialidades.

Estos trastornos se deben de presentar, no cómo un problema minoritario, ni tampoco con una deficiencia visible, cualquier persona que esté afectada por algún trastorno, enfermedad o cualquier alteración, que vea reducida sus posibilidades de participación activa en una profesión y/o actividad, puede considerarse con discapacidad.

La educación es un mecanismo que permite generar oportunidades para las personas, una persona con mayor nivel educativo tendrá mayores oportunidades de obtener empleo, mejores salarios, posibilidades de esparcimiento, entre otros. Es así que la educación es un elemento que ayuda a romper las cadenas que hacen que las personas no desarrollen sus potencialidades.

Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, 78, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

La presente iniciativa con proyecto de decreto adiciona un párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación, a efecto de incorporar el concepto de Trastornos Generalizados del Desarrollo, y los síndromes que de éste se desprenden.

Decreto

Por el que se reforma el quinto párrafo, y se adiciona un último párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Artículo 41

...

Párrafo sexto

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación, como los Trastornos Generalizados del Desarrollo.

Para efectos del presente artículo, se entenderá como Trastornos Generalizados del Desarrollo, al conjunto de dificultades que presenta una persona, de carácter crónico en alteración, disfunción o dificultad en general del funcionamiento intelectual general y de la conducta adaptativa de una persona, que conlleva la necesidad de elementos de apoyo y recursos en el contexto donde se desenvuelve como lo son el síndrome autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.— Diputados: Ariel Gómez León, Claudia Edith Anaya Mota, José María Valencia Barajas, Juan Carlos López Fernández, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Jorge Venustiano González Ilescas, Balfre Vargas Cortez, Cristabell Zamora Cabrera, Emiliano Velázquez Esquivel  (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Se turna su iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para el dictamen.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputada Claudia Anaya.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Si me permite el diputado adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Anaya le solicita, diputado Ariel, si permite usted que se adhiera a su iniciativa.

El diputado Ariel Gómez León:Sería un honor para mí, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo considera un honor, está usted adherida. González Ilescas.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas(desde la curul): Por favor preguntarle al diputado Ariel si permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Intercambian honores. El diputado Ariel con mucho gusto acepta. Gracias.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro concepto, víctima es todo aquél a quien se cause un daño en lo individual o colectivo, físico o mental, patrimonial o moral.

A partir de 1993, por reforma al artículo 20 constitucional, se agregó un párrafo en el que se consagran por primera vez los derechos de las víctimas u ofendidos, a fin de que reciban asesoría jurídica, satisfacción del pago de la reparación del daño, la atención médica de urgencia, a coadyuvar con el Ministerio Público, entre otros.

En el 2000 se aprobó una nueva modificación al artículo 20 constitucional que incluía dos apartados: el A, relativo a los derechos del inculpado, y el B de las víctimas u ofendidos del delito, señalando recibir asesoría gratuita, ser informados de sus derechos constitucionales, así como ser igualmente informados del desarrollo del procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público, pudiendo aportar datos o elementos de prueba, tanto en la averiguación previa como en el proceso, entre otros derechos.

Por la reforma penal de la Constitución mexicana en 2008, se adopta un rol de igualdad de derechos tanto de los imputados, procesados o sentenciados con las víctimas u ofendidos, pues de nueva cuenta se modifica el artículo 20, y el apartado B pasa a ser el C, por lo que se amplían los derechos de la víctima u ofendido, respetando en lo general los otorgados con las anteriores reformas y reconociendo otros, como es el resguardo de su identidad y otros datos personales.

Con esta reforma se incluyó que la víctima pueda solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

En nuestra perspectiva, el panorama de las víctimas u ofendidos del delito se ha transformado. Esta Cámara de Diputados ha otorgado mayor apoyo en el reconocimiento de sus derechos como sistema de garantías en el proceso penal, sin embargo, creemos que podemos hacer aún más, pues no olvidemos que la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de que se le pueda suplir la deficiencia de la queja ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, como acontece en materia penal, concretamente en el artículo 76 Bis.

De igual manera pretendemos en esta iniciativa establecer una fracción IV al artículo 10 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución federal para establecer los supuestos que señala la norma constitucional en el artículo 20, apartado C, pues en la praxis los jueces de distrito sobreseen los juicios de garantías que promueven las víctimas u ofendidos, argumentando que los supuestos de los que se duelen no están contemplados en la Ley de Amparo, teniendo en su actuar una visión estrictamente letrista, dejando a los solicitantes del juicio constitucional en total estado de indefensión.

Esto es así, pues desde nuestro punto de vista la norma constitucional le permite a la víctima u ofendido tener una participación activa en el proceso penal y cualquier restricción a la misma implica una afectación directa, personal y concreta a su esfera de derechos.

En este tenor se concluye que si la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el apartado C del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una violación a cualquiera de ellas, cuando se cause un agravio personal y directo.

Como conclusión existen nuevas reflexiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, obliga a los jueces de distrito a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios a favor de las víctimas u ofendidos; y por otro, permite la legitimación activa a favor de éstos.

Lamentablemente estos nuevos criterios no están reflejados en la actual Ley de Amparo, estando ante una evidente omisión legislativa, pretendiendo con esta iniciativa resarcir dicho vacío.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la norma que regula el juicio de garantías, el cual representa en el sistema jurídico mexicano la piedra angular para la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El juicio de amparo es la forma más elevada para asegurar la vigencia de la voluntad popular, ya que con la labor del juez de amparo se convierte en el principal instrumento a partir del cual se garantiza la vigencia del orden constitucional que permite una pronta, completa e imparcial administración de justicia.

Señor presidente, respetuosamente le solicito que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y ésta pueda ser turnada a la Comisión de Justicia. Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 10 y 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 6 numeral 1, Fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable  Congreso de la Unión la presenteiniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 10 y una fracción VII al artículo 76 bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro concepto, víctima es todo aquel a quien se causa un daño en lo individual o colectivo, físico o mental, patrimonial o moral.

A partir del año de 1993, por reforma al artículo 20 constitucional, se agregó un párrafo en el que se consagran por primera vez los derechos de las víctimas u ofendidos a fin de que reciban asesoría jurídica, satisfacción del pago de la reparación del daño, la atención médica de urgencia, a coadyuvar con el Ministerio Público entre otros.

En el año 2000, se aprobó una nueva modificación al artículo 20 constitucional, que incluía dos Apartados el A, relativo a los derechos del inculpado, y el B de las víctimas u ofendidos del delito, señalando a recibir asesoría gratuita, a ser informado de sus derechos constitucionales, a si como a ser igualmente informado del desarrollo del procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público pudiendo aportar datos o elementos de prueba tanto en la averiguación previa como en el proceso, entre otros derechos.

Por reforma penal a la Constitución Mexicana en el 2008, se adopta un rol de igualdad de derechos tanto de los imputados, procesados o sentenciados con las víctimas u ofendidos, pues de nueva cuenta se modifica el artículo 20, el Apartado B, pasa a ser el C, por lo que se amplían los derechos de la víctima u ofendido, respetando en lo general los otorgados con las anteriores reformas y reconociendo otros, como es el resguardo de su identidad, y otros datos personales,  con esta reforma se incluyó que la víctima pueda solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

En nuestra perspectiva, el panorama de las víctimas u ofendidos del delito se ha transformado, esta Cámara de Diputados, ha otorgado mayor apoyo en el reconocimiento de sus derechos como sistema de garantías en el proceso penal, sin embargo creemos que podemos hacer aún más, pues no olvidemos que la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de que se le pueda suplir la deficiencia de la queja ante la ausencia de conceptos de violación o de los agravios como acontece en materia penal concretamente en el artículo 76 Bis.

De igual manera, pretendemos con esta iniciativa, establecer una fracción IV al artículo 10 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para establecer los supuestos que señala la norma constitucional en el artículo 20 Apartado C, pues en la praxis los jueces de distrito sobreseen los juicios de garantías que promueven las víctimas u ofendidos argumentando que los supuestos de los que se duelen no están contemplados en la ley de amparo, teniendo con su actuar una visión estrictamente letrista, dejando a los solicitantes del juicio constitucional en estado de indefensión.

Esto es así, pues desde nuestro punto de vista la norma constitucional le permite a la víctima u ofendido tener una participación activa en el proceso penal y cualquier restricción a ésta, implica una afectación directa, personal y concreta a su esfera de derechos.

En ese tenor, se concluye que si la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el Apartado C del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una violación a cualquiera de ellas, cuando se cause un agravio personal y directo.

En este orden de ideas, en el procedimiento penal, la víctima ha sido desamparada ante la omisión legislativa, lo consideramos así, pues primero es víctima del delincuente, para después serlo de nueva cuenta, pero ahora por la ley o la autoridad, muestra de este abandono lo es el juicio de amparo en materia penal donde solo el reo es el único que tiene derecho a la suplencia de la queja.

Esta omisión, afecta de manera considerable a la justicia penal, de la víctima u ofendido, en primer lugar, porque el control constitucional de la garantía, como único medio de impugnación por vía del amparo, deja afuera algunos caminos escondidos y pocos claros de la norma, que a la postre se traducen en impunidad. Y, por otro lado, es sabido que la praxis revela que la demanda de amparo presenta, por lo regular, deficiencia tanto en los conceptos de violación como en los agravios, lo que con toda seguridad conlleva a la negación de la protección solicitada. Y aún más: Si el gobernado-víctima logra el amparo para efectos, es claro que el Ministerio Publico en la mayoría de los casos, puede volver a negarse a ejercitar la acción penal, señalando otros motivos o practicando otras diligencias; todo lo cual deja en estado de indefensión al ofendido o bien, en una historia que se repetirá cuantas veces gane el amparo.

Esta laguna reglamentaria, por ende, es una puerta de entrada a la impunidad que lleva a buscar de entre todas las posibilidades una solución viable. De lo contrario, la imprecisión de la norma constitucional puede llegar a ser nugatorio o contraproducente el interés legítimo de impugnar tales resoluciones.

Con la presente reforma, no pretendemos restarle al monopolio de la acción penal al representante social, pretendemos que sea la víctima u el ofendido que de manera directa acuda a solicitar la protección de la justicia federal, y que éstos no dependan del ministerio público.

Como conclusión, existen nuevas reflexiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, obliga a los jueces de distrito a  suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios a favor de la víctimas u ofendidos, y por otro, permite la legitimación activa a favor de éstos, lamentablemente estos nuevos criterios no están reflejados en la Ley de Amparo, estando ante una evidente omisión legislativa, pretendiendo con esta iniciativa resarcir dicho vacio.

Desde nuestro punto de vista, toda institución que regule el procedimiento penal debe buscar ante todo el equilibrio entre las partes, si el inculpado cuenta con la suplencia de la queja, por igualdad jurídica la víctima u ofendido también deben gozar de ese derecho como instrumento de protección jurisdiccional a favor de éstos.

Compañeras y compañeros diputados: la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la norma que regula el juicio de garantías, el cual representa en el sistema jurídico mexicano la piedra angular para la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El juicio de amparo es la forma más elevada para asegurar la vigencia de la voluntad popular, ya que con la labor del juez de amparo se convierte en el principal instrumento a partir del cual se garantiza vigencia del orden constitucional que permite una pronta, completa e imparcial administración de justicia.

El juicio constitucional se manifiesta como un conjunto de actos procesales que culminan con una resolución judicial y como un derecho que tiene la persona para hacer que se repare en su favor cualquier violación a sus garantías individuales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este  Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero: Se adiciona una fracción cuarta al artículo 10, y se adiciona una fracción séptima al artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para quedar  como sigue:

Artículo 10.-...

I...

II...

III...

IV.- Contra actos que vulneren las garantías previstas en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 76 bis.-

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII.- En favor de las víctimas u ofendidos.

Transitorio

Único. el presente decreto entrará  en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, don Pedro, muchas gracias. Su iniciativa será turnada a la Comisión de Justicia para su dictamen.

TRABAJO LEGISLATIVO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de los dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite, serán turnadas a las comisiones correspondientes, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las iniciativas que se han retirado y que corresponden a los diputados Jaime Cárdenas, Jorge Arana, Omar Fayad, Arturo Zamora, César Augusto Santiago y Juan Carlos López Fernández.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR - LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Gerardo del Mazo Morales  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 67 y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, respecto a la regulación de la publicidad en el combate al problema del sobrepeso y la obesidad en la población infantil.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 67 y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 67, y se adicional un segundo párrafo al artículo 72, de la Ley Federal de Radio y Televisión; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Atendiendo a la definición emitida por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la obesidad es “una enfermedad crónica, compleja, multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético”.

Por su parte, desde el año 2006 el INSP alertó que, de acuerdo a estudios realizados, la incidencia y prevalencia de la obesidad había aumentado de manera progresiva en los últimos decenios; pero los focos rojos se encendieron en los últimos 20 años.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2006) del INSP revelaban que “el incremento más alarmante fue en la prevalencia de la obesidad en los niños (77 por ciento) comparado con las niñas (47 por ciento)”.

De acuerdo a la encuesta referida, en el país contamos con 52.2 millones de personas con sobrepeso y obesidad, lo cual es una cifra alarmante cuando se sabe que una proporción importante de éstos son niños y niñas.

Desde que estas cifras se conocieron, se hacía necesaria la intervención por medio de políticas públicas de combate y prevención de este mal y sus consecuencias tanto en la salud de los individuos como en la de las finanzas públicas del sector.

Sin embargo, las acciones emprendidas no tuvieron el alcance esperado en la población, ya sea por falta de apoyo gubernamental, por la poca atención que los ciudadanos prestaron a ellas o por la poca difusión de las consecuencias de contar con un país con obesidad y sobrepeso.

A poco más de 4 años de esta alerta fundamentada, la situación no ha mejorado:

Conforme a lo señalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “el 32 por ciento de los derechohabientes adultos, así como el 12 por ciento de los niños afiliados, sufren de obesidad”.

El IMSS destaca que “la incidencia entre los menores de edad pasó de 18.6 por ciento a 30 por ciento en un periodo de tan sólo 7 años”.

En la reciente publicación “Fit not fat” de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se expone que México es el segundo país de la OCDE con mayor proporción de población obesa: 3 de cada 10 personas son obesas y casi 7 de cada 10 tienen sobrepeso. Pero el principal problema está en la población infantil, pues 1 niño de cada 3 tiene sobrepeso ó es obeso, lo que nos coloca en el primer sitio en este rubro de entre los países miembros.

Ante las cifras debemos considerar no sólo el problema en sí mismo sino sus consecuencias: La obesidad trae consigo muchas otras enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares; que además de representar un riesgo de salud, significan erogaciones monetarias para el sistema de salud pública de tal magnitud que tienden a desestabilizarlo.

Tan sólo para el IMSS, los gastos en atención a pacientes con diabetes representan el 34 por ciento de su presupuesto. Especialistas calculan que la cifra tenderá a duplicarse en tan sólo cinco años, por lo que las medidas para su prevención deben tomarse desde la población infantil.

Atendiendo a lo señalado en el estudio “Impacto Financiero de la obesidad y el sobrepeso en México, 2000-2017”, realizado por la Secretaría de Salud (SS); el gasto del Gobierno Federal en atención a la obesidad y enfermedades relacionadas era de 33.2 por ciento. (Cabe señalar que en este cálculo no se lograron incorporar todos los padecimientos relacionados, debido a limitaciones originadas por la información disponible).

Pese a que no hay una cifra consensada, en todos los casos el cálculo apunta a un problema de grandes dimensiones que en el corto plazo mermará las finanzas públicas, por lo que requiere de acciones inmediatas e integrales.

Por lo expuesto, en Nueva Alianza consideramos que es prioritario atacar las causas como el primero de una serie de pasos a seguir. Algunos especialistas señalan que éstas son principalmente dos: el estilo de vida y el tipo de alimentación.

Respecto a la primera, la Ensanut plantea que “el 60 por ciento de los niños mexicanos de entre 5 y 11 años de edad pasan más de dos horas frente al televisor; de éstos, 22.1 por ciento ingieren más de un refresco al día y 30 por ciento consume cantidades considerables de alimento chatarra, como frituras, hamburguesas y pastelillos industrializados”. Por lo tanto, podemos afirmar que el estilo de vida y el tipo de alimentación están directamente relacionados.

Estamos convencidos que el problema se debe atacar desde diversos flancos, pero que el objetivo principal al día de hoy es fomentar desde la publicidad estilos de vida saludable para todos los niños y niñas del país.

Experiencias internacionales emprendidas para prevenir y combatir la obesidad en la población infantil hay varias: Chile, Perú, Argentina, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Todas ellas han coincidido en la regulación de la publicidad sobre productos con alto contenido calórico y de azúcares en su población infantil.

Tal y como en su momento lo reconocieron los empresarios de la industria de alimentos en Chile, la publicidad “no sólo vende productos, sino también estilos de vida y en ese sentido, puede ser un gran aporte a los programas de Gobierno tendientes a disminuir el sedentarismo y la obesidad en el país”.

En México, muchas son las estrategias que recientemente se han emprendido para combatir la obesidad, desde que ésta fue reconocida como un problema de salud pública y de prioritaria atención. Sin embargo, ninguna de ellas se ha encaminado a la búsqueda concreta de incentivos y consensos con la comunidad de empresarios de la industria de alimentos respecto al modo y forma en que deberá darse la publicidad de sus productos. Al respecto, gozamos de una gran laxitud.

Aunque contamos con normatividad jurídica que da pie a la regulación de la publicidad de productos, como la Ley Federal de Protección al consumidor y la Ley Federal de Radio y Televisión; carecen de especificidad al respecto, lo que impide hacer coercitiva la obligación de cuidar los contenidos referentes a la “comida chatarra” en la población infantil, y aquellos que vayan en detrimento de la salud de éstos, ó permiten la simulación en su cumplimiento.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, cuenta con un capítulo específico respecto a la Información y la publicidad: El tercero.

Específicamente en su artículo 32 destaca lo siguiente:

Artículo 32.La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Sin embargo, el mismo se refiere a la “información o publicidad engañosa o abusiva”, como aquella que “Refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.”

Dentro de esta definición no se considera que el engaño o abuso en la publicidad se dé cuando se omite que el consumo del producto es nocivo para la salud, en cuyo caso se atenta contra la salud de la persona, pues no se le comunica de las consecuencias en el consumo. Dado que esta omisión se presenta en el caso de la publicidad dirigida a la población infantil, consideramos que el vacío legal es grave.

A modo de ejemplificar que dicha omisión no es menor, tenemos el caso de la publicidad de cigarrillos, que pese a ser dirigida a población mayor de edad que cuenta con libre albedrio y mayor conciencia de lo que consume (contrario a lo que ocurre con un menor de edad), en su publicidad se hizo necesario exigir la leyenda “fumar es causa de cáncer”, pues los problemas de salud relacionados a su consumo fueron comprobados.

Hoy día, se sabe que el consumo de la mayor parte de los productos que se publicitan a la población infantil, dado su alto contenido calórico, generan inevitablemente sobrepeso y obesidad.

En el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión se señala en el artículo 67 lo siguiente:

Artículo 67.La propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión se ajustará a las siguientes bases:

I. a III. ...

IV.No deberá hacer, en la programación referida por el Artículo 59 Bis, publicidad que incite a la violencia, así como aquélla relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición.

Si se refiere a distorsión, ésta se encuentra definida por la Real Academia de la Lengua Española como “deformación de imágenes, sonidos, señales, etcétera, producida en su transmisión o reproducción”. Sin embargo, la publicidad en alimentos y bebidas más que distorsionar, influye. Por lo que consideramos necesario que en el texto se señale que esa información no deberá distorsionar ni influir en los hábitos de la buena nutrición, sobre todo en la población infantil.

Además de ello, proponemos que esta consideración sea objeto de una nueva fracción, puesto que la actual (IV), hace referencia al artículo 59 Bis que regula la programación con motivo de procesos electorales.

En suma, consideramos la necesidad de adicionar la fracción V que verse respecto a la publicidad de productos y bebidas que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, sobre todo en población infantil; y la eliminación de esta materia de la fracción IV.

Adicionalmente, el artículo 72 de este mismo ordenamiento jurídico, señala que:

Artículo 72.Para los efectos de la fracción II del artículo 5o. de la presente ley, independientemente de las demás disposiciones relativas, la transmisión de programas y publicidad impropios para la niñez y la juventud, en su caso, deberán anunciarse como tales al público en el momento de iniciar la transmisión respectiva.

Al respecto, consideramos necesario especificar en este artículo la obligación que se tiene de anunciar al inicio de la publicidad cuando se trate de bebidas y alimentos no considerados por la Secretaría de Salud como parte de una dieta sana; ya que su anuncio es “impropio” para la niñez, pues propician obesidad y problemas de salud, e influyen en los cambios de los hábitos de la buena nutrición.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, las medidas que proponemos en la presente iniciativa, son impostergables. No hay duda de ello, pues son parte de un análisis de las diversas propuestas y opiniones que respecto al tema han emitido ciudadanos, especialistas, e incluso organismos internacionales. Al respecto, coincidimos en que la regulación de la publicidad, es una estrategia que no se ha agotado hasta el momento.

Una de las propuestas más recientes y que ha levantado eco entre la población es la del secretario general de la OCDE, quien expuso un cuarteto de medidas para combatir la obesidad, mismos que se lograrían si se invirtieran 5 dólares anuales por persona:

1. Una campaña nacional de promoción de la salud en los medios de comunicación.

2. Un programa etiquetado alimentario obligatorio.

3. Una normativa sobre publicidad alimentaria para niños.

4. Medidas fiscales consistentes en una combinación de impuestos y estímulos.

Señaló que con ello se podrían salvar hasta 55 mil vidas anuales. Sin duda, dichas medidas pueden ser plausibles; sin embargo, la restricción presupuestal por la que atraviesa el país no hace viables medidas que impliquen incrementar la carga tributaria.

Por lo expuesto, se propone reformar el artículo 32 de la Ley Federal del Consumidor con el objeto de considerar como engaño o abuso en la publicidad la omisión de que el consumo de determinados productos y bebidas son nocivos para la salud, principalmente aquellos dirigidos a la población infantil.

De igual forma, se reforma la fracción IV del artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, por considerar que el contenido de la citada se refiere a distintos objetos, de los cuales, uno no  se vincula con el artículo 59 Bis. Asimismo, se adiciona una fracción V al citado ordenamiento para que la propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisiónevite la publicidad de productos alimenticios y bebidas que no hagan explicitas las consecuencias de su consumo cuando influyen en la salud y los hábitos de la buena nutrición.

Finalmente, se adiciona un párrafo al artículo 72 Ley Federal de Radio y Televisión, con el objeto de regular la publicidad de productos alimenticios y bebidas que no sean considerados por la Secretaría de Salud como parte de una dieta sana.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que al reforzar la normatividad existente respecto a la regulación de la publicidad, tendremos efectos positivos en el combate al problema del sobrepeso y la obesidad en la población infantil de nuestro país.

Si las modificaciones propuestas cuentan con el consenso de los diversos partidos políticos y el compromiso de las secretarías correspondientes de su implementación y cumplimiento, no hay duda que en el mediano plazo podremos observar los resultados.

Además de éstas medidas que desde el espacio legislativo pueden ser emprendidas, será necesario que se impulse una campaña intensiva para que la participación de los padres de familia o tutores sea activa, pues son ellos una pieza clave para cualquier estrategia que al respecto se emprenda.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y se reforma la fracción IV, se adiciona una fracción V al artículo 67, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 72, de la Ley Federal de Radio y Televisión

Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 32.  ...

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta; u omite que su consumo es nocivo para la salud, principalmente de la población infantil.

Segundo. Se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

“Artículo 67.-La propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión se ajustará a las siguientes bases:

I.a III....

IV. No deberá hacer, en la programación referida por el Artículo 59 Bis, publicidad que incite a la violencia.

V. No transmitirá la publicidad de productos alimenticios y bebidas que no hagan explicitas las consecuencias de su consumo cuando influyen en la salud y los hábitos de la buena nutrición, sobre todo en la población infantil,  de acuerdo con los estándares que establezca la Secretaría de Salud.

Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

En el caso de la publicidad de productos alimenticios y bebidas que no sean considerados por la Secretaría de Salud como parte de una dieta sana, se  deberá anunciar al inicio de la publicidad. Si se trata de productos que propician la obesidad y problemas de salud en la población infantil; e influyen en el cambio de los hábitos de la buena nutrición, su publicidad deberá hacerlo explicito.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 3 de febrero de 2011.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Rubén Arellano Rodríguez  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud, para la actualización constante del Cuadro Básico de Medicamentos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Rubén Arellano Rodríguez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, fracción V, y 28 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ser humano, como parte de su naturaleza creativa, genera conocimientos y desarrolla tecnologías que sirven a su bienestar. La ciencia y la tecnología son instrumentos al servicio de la vida de las personas y de su comunidad.

El desarrollo del conocimiento, la innovación y el proceso tecnológico debe ser certeramente responsable cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo. El certero de-sarrollo de la investigación es fundamental para proteger y mejorar la vida de las personas.

En esa tesitura, y sabiendo de la importancia del adecuado uso de la investigación y el conocimiento que tiene que ir aplicado directamente en el ser humano, como en el caso de la medicina, resulta imperativo que se esté en constante actualización.

El sector salud realiza el “cuadro básico de medicamentos del sector público” por la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública, Asistencia y Seguridad Social. Derivado de que en 1975, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de abril de ese año, se consideró la necesidad de impulsar la codificación uniforme de los insumos que se emplean en el sector y generalizarla a fin de aprovechar al máximo los recursos con que se cuenta para la atención a la salud.

De tal forma, dos años después se integró con funcionarios de las instituciones de salud la Comisión del Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público, que elaboró un cuadro básico de medicamentos tipo, que fue publicado en el DOF el 2 de diciembre de 1977. Al cuadro se hicieron modificaciones en 1979 y fue adicionado por el acuerdo publicado el 15 de enero de 1979.

Por acuerdo presidencial publicado en el DOF el 9 de junio de 1983, se instituyó el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, que amplió el campo de acción de la comisión interinstitucional, dependiente del Consejo de Salubridad General, al tomar en cuenta además los cuadros básicos de material, reactivos y medios de diagnóstico para laboratorio y gabinete, instrumental y equipo médico, y material de curación y prótesis. El mismo ordenamiento ratificó a la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos como el grupo de trabajo del Consejo de Salubridad General encargado del análisis.

Su reglamento instituye la formación de comités específicos dedicados a cada uno de los tipos de insumos. La comisión es presidida por el secretario del Consejo de Salubridad General y sus miembros titulares son el subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, el subdirector de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el subdirector médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el director general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La revisión de los cuadros básicos de insumos realizada en el primer semestre de 1995 arrojó una serie de datos que, en su oportunidad, fueron presentados en las sesiones ordinarias del Consejo de Salubridad General. Por lo que se refiere al capítulo de medicamentos, se observó que contaban con su aceptación poco más de 300 genéricos con más de 400 claves o presentaciones. Estas cifras se modificaban casi de continuo debido a la entrada y a la salida de genéricos en el cuadro básico, fenómeno que, por otra parte, es natural y constante. Se pensó entonces en la conveniencia de publicar con la mayor brevedad tal cuadro básico.

Sin embargo, en el proceso de preparación del material se conoció un hecho que obligó a hacer un cambio en la decisión de publicar el Cuadro Básico de Medicamentos como se encontraba: en todas las dependencias del sector salud se utilizaba un número importante de medicamentos que no estaban considerados en el cuadro.

El Cuadro Básico de Medicamentos, como se mantuvo en la última década, era insuficiente para el tratamiento de las enfermedades que se atienden principalmente en el segundo y tercer niveles.

La segunda consideración fue que, a causa de la insistencia de mantener un cuadro básico restringido, se había dado el incumplimiento de la ley que señala la obligatoriedad de atenerse al Cuadro Básico Interinstitucional de Medicamentos, ya que era evidente que se empleaban adicionalmente fármacos, en cantidad casi semejante a lo que señalaba el cuadro básico.

La tercera consideración tuvo en cuenta la inutilidad de publicar un cuadro básico que no se respetaba, con la reflexión adicional de que el uso de este grupo de medicamentos por fuera del cuadro básico tenía como consecuencia que no hubiera control de la Comisión Interinstitucional de Insumos que, por ley, debía existir.

El problema fue presentado en el Consejo de Salubridad General, y su decisión fue que el consejo solicitara a todas las dependencias del sector salud las listas de medicamentos en uso en el quehacer médico cotidiano que no estaban considerados en el cuadro básico interinstitucional.

La decisión motivó una intensa movilización de los funcionarios del consejo, quienes contaron con la decidida y valiosa participación de los miembros de la comisión interinstitucional, los representantes de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con el propósito de obtener la información respecto a los genéricos utilizados en diversos niveles por las dependencias del sector salud que representan.

Una primera revisión, terminada en noviembre de 1995, recopiló 350 genéricos utilizados fuera del cuadro básico. La revisión se amplió con la información que se obtuvo en diciembre de 1995 y enero de 1996, en la cual la cifra de genéricos empleados fuera del cuadro básico ascendió a 696: el doble de los considerados en él.

Se descubrió asimismo que en ocasiones no sólo se em- pleaban genéricos no considerados en el cuadro básico sino que algunos se adquirían en presentaciones comerciales a precio público unitario.

El consejo, en la sesión del 10 de noviembre de 1995, decidió que la comisión interinstitucional, con la ayuda de expertos invitados, hiciera una revisión cuidadosa de los fármacos utilizados fuera del cuadro básico interinstitucional, y decidiera su conveniencia con la opinión de los expertos en el área.

Esa tarea que ya se había iniciado, se intensificó a partir de la decisión del consejo, y la comisión ampliada trabajó intensamente de noviembre de 1995 a abril de 1996.

Participaron, además de los miembros del Comité de Medicamentos, representantes del Servicio Médico del Departamento del Distrito Federal, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de los Servicios Médicos de la Defensa Nacional, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, que en las juntas de análisis dieron voz a la opinión de los expertos a que consultaron en sus respectivas instituciones.

Son de reconocerse el interés, el cuidado y la puntualidad con que los miembros de la comisión y los expertos invitados trabajaron en la revisión, además de su concurrencia a las sesiones de análisis en el consejo, cuyo calendario semanal se respetó, dedicando un tiempo mayor que las tres horas de sesión para tomar decisiones.

Desde la primera sesión se decidió que el criterio de aceptación para determinar la conveniencia de continuar utilizando un genérico fuera su utilidad terapéutica, la ausencia de toxicidad, la razonable ausencia de efectos secundarios y su uso comprobado a escala internacional, en el entendido de que no se incluirían necesariamente en el cuadro básico sino que constituirían parte de un catálogo de medicamentos de uso en segundo y tercer niveles.

Se consideró que se propondría un cambio importante que ya desde entonces consideraba una modificación del acuerdo y que consistiría en un cuadro básico para el primer nivel de atención y un catálogo de medicamentos de uso recomendado en el segundo y tercer niveles. Se aceptó que las instituciones que integran el sector salud decidirían, en razón de sus necesidades, cuáles de los medicamentos incluidos en el catálogo podrán usarse en el primer nivel.

Los genéricos empleados fuera del cuadro básico y recopilados por las instituciones fueron clasificados en la oficina del consejo de acuerdo con 23 grupos que abarcan los genéricos aceptados en el cuadro básico y que fueron analizados cada semana por los grupos. El material era enviado por anticipado a fin de dar tiempo a una consulta con los expertos.

La decisión fue dar preferencia a la tendencia de inclusión sobre la de exclusión de los medicamentos estudiados, considerando que una racionalización en su uso en el primer nivel de atención estará en el cuadro básico, en tanto los restantes serán incluidos en el catálogo.

A la publicación del Cuadro Básico de Medicamentos para el primer nivel y el Catálogo de Medicamentos seguirá la de los fascículos correspondientes a material de curación y prótesis, el de material, reactivos y medios de diagnóstico para laboratorio y gabinete, y el de instrumental y equipo médico, que serán presentados de la misma manera: lo básico para el primer nivel de atención médica y el catálogo correspondiente.

Por tal motivo, la actualización del cuadro básico y del catálogo de insumos corre a cargo de la comisión de medicamentos, en la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, perteneciente al Consejo de Salubridad General y cuyo reglamento fue publicado en el DOF el 27 de mayo de 2003. No obstante, resulta de principal relevancia que la permanencia de la actualización del cuadro y del catálogo quede reforzada en el texto de la disposición legislativa, a fin de que la permanencia de la acción se garantice mediante el mandato de ley.

México cuenta por ello con un sistema de salud integrado y universal que garantiza el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población; predominantemente público, pero con participación privada, regido por la Secretaría de Salud, financieramente sustentable, centrado en la persona, la familia y la comunidad, efectivo, seguro eficiente y sensible, centrado en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, atento a las necesidades de los grupos vulnerables, y que propicia los espacios para la formación de los recursos humanos para la salud y la investigación.

Por todo lo mencionado, se tiene que dar cabal cumplimiento a la consagración del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4o.Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

En correspondencia, el artículo 2, fracción V, de la Ley General de Salud:

Artículo 2, fracción V.El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

...

V.El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Por tal motivo, la sociedad evoluciona constantemente y exige innovaciones en los medicamentos y avances terapéuticos que cubran las necesidades del ser humano: así como la sociedad, las enfermedades y los malestares que aquejan a la población en cuanto a la salud evolucionan también. Es el actual caso sobre influenza A (H1N1), y en este momento la afectación que tenemos en el cambio climático, donde surgen nuevas mutaciones o, en su caso, mayor resistencia de las enfermedades ya existentes por este hecho climático mundial que afecta directamente a la humanidad.

Por tal motivo, importa que el Cuadro Básico de Medicamentos sea actualizado permanentemente para que se incorporen al arsenal terapéutico y farmacéutico moléculas que representan avances tecnológicos para las enfermedades que se atienden en los tres niveles a través de análisis fármaco-económicos.

Todas estas actualidades representan la vanguardia del sector salud en la excelencia de la atención médica del país. La selección de cada medicamento se fundamenta en la opinión de médicos especialistas, en información contenida en las solicitudes recibidas de la división y de la obtenida de publicaciones indexadas, nacionales e internacionales.

Los artículos 17, fracción V, y 28 de la Ley General de Saludestán consagrados como sigue:

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General

I. a IV. ...

V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud;

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer niveles, elaborados por el Consejo de Salubridad General, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

La propuesta tiene como objetivo la actualización constante del Cuadro Básico de Medicamentos, ya que al ser actualizado debe ser útil para el inicio del ciclo del abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud, a fin de que los derechohabientes no tengan problemas para la adquisición y la recepción, así como la selección de medicamentos por nivel de atención que constituirán los cuadros de unidad médica, delegación y regional, basados siempre en la patología médica predominante.

Esto beneficiará a todos los sectores, pues es una iniciativa que no afecta la hacienda pública federal, ya que es un método preventivo y correctivo para el mejor abastecimiento de medicamentos, lo que permitirá mayor competitividad entre los laboratorios para bajar el costo de medicamentos al estar en desventaja con los medicamentos de patente con los genéricos. Esto no fomentará la monopolización de medicamentos ni laboratorios o proveedores y así México estará preparado para afrontar pandemias y enfermedades que están en constante evolución.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera la salud condición indispensable para el desarrollo humano y condición de la justicia social. Asumimos el compromiso de asegurar la cobertura universal de los servicios de salud para garantizar a las personas el acceso, la equidad, la calidad y la eficacia de los servicios médicos, especialmente a las que viven en zonas marginadas y dispersas del país.

Por lo expuesto y fundado, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, fracción V, y 28 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General

I. a IV. ...

V. Elaboración, revisión, actualización y permanencia delCuadro Básico de Insumos del Sector Salud;

VI. a IV. ...

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer niveles, elaborados por el Consejo de Salubridad General, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración, revisión, actualización y permanencia la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Transitorios

Primero.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se da un término de seis meses para que se modifique el Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Notas:

1 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional, 2002, http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina2002[1].pdf

2 http://www.salud.gob.mx

3 http://www.csg.salud.gob.mx

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Ley General de Salud.

6 http://www.pan.org.mx/portal/tema/salud

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 2 de febrero de 2011.— Diputado Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera  iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a fin de fomentar y fortalecer los instrumentos para dar seguridad a los productores del sector agropecuario ante posibles pérdidas por eventos fortuitos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Alba Leonila Méndez Herrera de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, a fin de fomentar y fortalecer los instrumentos para dar seguridad a los productores del sector agropecuario ante posibles pérdidas por eventos fortuitos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los eventos meteorológicos extremos, siempre han representado una amenaza para las actividades productivas agropecuarias, por sus efectos en las cosechas o en la producción, ya que pueden llegar a convertirse en un desastre provocando la pérdida inesperada en beneficios o bienestar de los que forman parte del sector agropecuario.

Asimismo, por su ubicación geográfica, México con respecto a otros países, está más expuesto a sufrir cada año perturbaciones climatológicas como son huracanes, lluvias excesivas, desbordamiento de ríos, inundaciones y sequías, mismas que este año se hicieron presentes afectando a gran parte de la población de nuestro país.

Ante el mayor riesgo de ocurrencia de este tipo de fenómenos, si tomamos en cuenta que el cambio climático es un factor cada vez más presente en nuestros días, el gobierno a través de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha utilizado esquemas de transferencia de riesgos a aseguradoras. En 2010, a través del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en forma preventiva se invierten, en el presente año mil millones de pesos del presupuesto federal y 149 millones de pesos de recursos de gobiernos estatales para la adquisición de seguros catastróficos con empresas aseguradoras públicas y privadas.

Aún con esta cifra histórica destinada a seguros catastróficos, se tiene el reto de dar más y mejor seguridad al sector agropecuario, a fin de evitar la descapitalización del productor, se trata no sólo de otorgar mayores recursos año con año, sino de estar mejor preparados para posibles daños provocados por diversos riesgos que afectan al sector agropecuario de una forma sostenible financieramente.

Es necesario que podamos fomentar instrumentos de protección modernos y fortalecerlos para que sean más eficientes y permitan dar una mayor y mejor seguridad a los productores agropecuarios y a sus familias, con el desarrollo de mayores coberturas de riesgos.

En ese sentido, la asociación de productores agrícolas y/o ganaderos en un esquema de protección mutualista y solidaria a sus socios por medio de operaciones de seguro, expresada en la figura de fondos de aseguramiento, en sus 20 años de operación, ha demostrado ser eficiente y exitoso para la administración de riesgos en el mercado de seguros agropecuarios, hoy comprenden más de 50 por ciento de la operación nacional en coberturas agrícolas y la mayor parte de esquemas pecuarios, ambos de corte comercial.

El modelo de fondos de aseguramiento goza de un prestigio envidiable en el mundo, pero además representa un instrumento moderno y sostenible que ha logrado desarrollarse y madurar, por tal razón debemos fomentarlos, así como fortalecerlos en la seguridad y certeza de sus operaciones, a fin de posibilitar su crecimiento.

Actualmente los fondos de aseguramiento, muestran un crecimiento marginal de operaciones y una menor presencia en el sureste del país, por ello es necesario contribuir a su promoción y facilitación de mecanismos que motiven la organización de los productores para aumentar las hectáreas aseguradas.

De acuerdo a la legislación aplicable, los fondos de aseguramiento pueden formar asociaciones a nivel nacional, estatal y local, comprometiendo su carácter como organismo integrador, con fines no lucrativos, con funciones tales como organizarse y funcionar de acuerdo al objeto social para el cual fueron creados en apego a la ley, otorgar el servicio de asesoría técnica y seguimiento de operaciones a los fondos de aseguramiento, prestar a los fondos de aseguramiento servicios técnicos, legales, administrativos, financieros y de capacitación, entre otros.

A razón de lo anterior, uno de los objetivos de este proyecto de decreto es facilitar la constitución de organismos integradores estatales y locales, que permitan una mayor asociación de fondos de aseguramiento, de tal forma que se simplifique el trámite para obtener el registro para operar como organismos integradores, con la resolución directa de la secretaría.

Un segundo objetivo es incrementar la seguridad y certeza de las operaciones de seguro de los socios con los fondos, si bien los organismos integradores son los responsables de prestar servicios de asesoría técnica y del seguimiento (supervisión) de las operaciones que realizan los fondos de aseguramiento, para verificar que se ajustan a la ley, consideramos necesario robustecer los mecanismos que garanticen a los miles de productores asociados en los fondos, que éstos realizan sus operaciones de acuerdo con la norma, en aspectos fundamentales como el manejo de las reservas técnicas que representan la fortaleza de los mismos.

En la medida en que se facilite la asociación de los fondos y se aumente la seguridad y certeza de las operaciones, se contribuirá a disponer de un modelo de aseguramiento más eficiente que permita asegurar un mayor número de hectáreas y conforme se desarrollen los fondos de aseguramiento, podamos contar con seguridad más integral para la población del medio rural que representa 37 por ciento de la población total del país.

Sin duda, el aseguramiento agropecuario es un instrumento valioso para evitar que el productor pierda su capital a causa de eventos fortuitos, de tal forma que este proyecto de decreto tiene como propósito mejorar el nivel de vida de la población y apoyar los esfuerzos para que el capital rinda frutos en las actividades productivas en el campo.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se reforman los artículos 46, 48, 68 y 85 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, para quedar como sigue

Artículo 46. Las solicitudes para obtener registro para operar como organismo integrador nacional, estatal o local, deberán presentarse ante la secretaría, acompañadas de la documentación e información que se señala en el artículo 48 de esta ley, en caso de ser favorable, las funciones delegadas serán conforme a lo previsto en el artículo 47. Los registros que otorgue la secretaría serán por su propia naturaleza intransmisibles.

...

Artículo 48. Los organismos integradores al solicitar su registro ante la secretaría, deberán acompañar a su solicitud:

I a IV. ...

V. Se deroga

...

Artículo 68....

...

El fondo de aseguramiento no afiliado tendrá todas las obligaciones de los fondos de aseguramiento afiliados inherentes al servicio previsto en este artículo incluyendo la de cubrir el costo de dicho servicio y contar con una auditoría externa especializada para el desempeño de sus operaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.

Artículo 85....

...

...

...

Asimismo, los fondos de aseguramiento tendrán la obligación de contar con una auditoría externa especializada, que les permita el desempeño de sus operaciones de una forma sana y sustentable en el largo plazo, en apego al objeto social para el cual fueron creados, conforme a las disposiciones previstas en esta ley. Para tal efecto, podrá recurrir a Agroasemex o a una empresa que le brinde este servicio técnico calificado.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2010.— Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

ARTICULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proponer que la controversia que se suscite por cualquier acto que viole garantías individuales sea resuelto por los tribunales federales, independientemente de la naturaleza jurídica de la persona que sea responsable.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta soberanía una iniciativa de decreto que propone que la controversia que se suscite por cualquier acto que viole garantías individuales sea resuelto por los tribunales federales, independientemente de la naturaleza jurídica de la persona que sea responsable.

Lo anterior se promueve con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado moderno nace a raíz del derrocamiento del Estado absolutista, que concentraba todo el poder y gobernaba de manera discrecional y arbitraria, situación que trajo consigo profundas crisis económicas políticas y sociales.

Derivado de esto surge la división de poderes y con ello el control del poder; situación que resulta básica en un marco de respeto a los derechos de los gobernados.

En la actualidad existen otro tipo de poderes que no necesariamente se encuentran dentro de los órganos del estado; sin embargo es necesario establecer instrumentos y medios de control efectivos para regular los actos de todos aquellos sujetos que pudieran constituir una violación a derechos fundamentales de los individuos.

En nuestro derecho positivo en caso de controversia frente a alguna violación de derechos fundamentales por parte de particulares, deben agotarse primero los recursos que prevé la legislación de la materia, tales como el arbitraje, ante instituciones que no cuentan con la fuerza vinculante para someter a las partes o bien los juicios ordinarios ante los tribunales, situación que degenera comúnmente en que se otorguen las resoluciones en plazos muy largos y que resulte muy oneroso para el promotor de la causa.

Esto independientemente del daño que se le pueda causar al particular y que muchas veces puede resultar irreparable; teniendo que esperar a que se cumpla con el principio de definitividad para hacer valer ante el órgano jurisdiccional cuestiones de constitucionalidad.

En otros países se contempla ya la defensa constitucional de los particulares frente a actos que vulneren derechos fundamentales sin importar la naturaleza jurídica de la persona que los emita.

En este sentido es importante mencionar que el amparo en Latinoamérica es un principio fundamental de garantía de los derechos constitucionales de los individuos y que a nivel internacional en América está considerado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual el su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales.

El Pacto de San José establece que se debe contar con un medio de defensa constitucional efectivo, rápido, sencillo, o de cualquier clase y establece además, que puede interponerse ante cualquier tribunal competente. Por otro lado, este derecho a un medio efectivo de protección ante los tribunales se establece para tutelar todos los derechos humanos establecidos en la Constitución, en la ley o en la propia convención.

La protección que regula la convención es contra cualquier acto, omisión, hecho o actuación que viole los derechos y por supuesto, también que amenace violarlos.

Este medio de protección puede ser preventivo, es decir, puede existir antes de que la violación se produzca, frente a toda violación o amenaza de violación de quien sea, de los particulares y de los poderes públicos, de cualquier forma, acto administrativo, sentencia, vía de hecho, actuación u omisión; o correctivo, esto es, después de haberse verificado el hecho que resulta ser lo más usual.

En este sentido creemos que el amparo en México ha quedado superado, debemos adecuarlo al derecho internacional, de igual modo es importante ver otros modelos constitucionales que prevén dicha figura y tomar aquellas características que nos pudieren resultar útiles en la adopción de un esquema que contemple nuevas figuras como la posibilidad de ampararse contra actos de los particulares, situación que ya está perfectamente establecida en otros sistemas jurídicos de Latinoamérica.

Por ejemplo, países como Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Honduras, Chile, Guatemala y Paraguay admiten alguna acción de amparo contra particulares.

En Argentina, la Corte Suprema y, en general, los tribunales han venido admitiendo en forma reiterada y uniforme la procedencia del amparo en contra de actos de particulares.

La Constitución peruana en el artículo 200 relativo a las garantías constitucionales establece que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución.

Bolivia establece en su artículo 19 constitucional el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por esta Constitución y las leyes.

Por su parte, en Chile el artículo 20 constitucional regula la denominada acción de protección para proteger ciertos derechos y libertades constitucionales contra actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los mismos,  sin hacer distingo alguno respecto del origen de las acciones.

En el caso español, el Tribunal Constitucional resolvió ampliar el concepto de poderes públicos previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español señalando que toda entidad que preste un servicio público se coloca en una especial relación de dependencia respecto de los poderes públicos, con lo cual rechazo la excepción de inadmisibilidad planteada en base al carácter privado del sujeto responsable del acto impugnado por medio del juicio de amparo.

Karl Smith señalaba que las constituciones representaban decisiones políticas fundamentales de los pueblos, es por esto que en la Constitución mexicana debemos establecer mecanismos que protejan la vulneración de derechos fundamentales independientemente de que el responsable sea una autoridad o no y acercar lo más posible a un plano de igualdad y equilibrio a los ciudadanos frente a la nueva realidad jurídica de nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 103.Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos que independientemente de la naturaleza jurídica del responsable violen las garantías individuales.

...

Artículo Segundo.Se reforman las fracciones VII, XVI,  XVII y se adiciona la XVIII al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

...

VII.El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos que vulneren garantías individuales, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe del responsable del acto, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

...

XVI.Si concedido el amparo el responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, si es autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda, en el caso de particulares únicamente serán consignados. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá al responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si el responsable  no cumple la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados;

...

XVII.Si fuere una autoridad la responsable, ésta será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare;

XVIII.En el caso de que un particular sea el responsable y no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, será consignado a la autoridad correspondiente.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá lo necesario para adaptar en lo conducente las leyes secundarias en un término de 90 días.

Honorable Congreso de la Unión, a 2 de febrero de 2011.— Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Camilo Ramírez Puente  iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, materia de seguridad social para policías.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Camilo Ramírez Puente, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La finalidad de la presente iniciativa es proteger a los descendientes en primer grado de los policías fallecidos o que se encuentren en incapacidad total o permanente a consecuencia del cumplimiento de sus funciones, por medio de un seguro educativo que garantice a los hijos de los policía continuar con sus estudios, a efecto de disminuir los daños secundarios de la riesgosa e importante labor de los cuerpos policiales.

Lo anterior, es motivado por el momento de crisis en materia de seguridad pública que enfrenta nuestro país, a consecuencia principalmente por el crimen organizado. Por ello se han tomado decisiones en busca de un cambio estructural del marco jurídico, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las bases para adicionar y derogar diversas disposiciones en materia de seguridad pública y justicia penal.

En la reforma al artículo 21 constitucional, se estableció en su párrafo noveno de forma clara, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Además precisa que dicha función comprende a la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Asimismo, impone la obligación al Ministerio Público con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno de coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública, sujetos a las bases mínimas, siendo una de ellas la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

De igual manera, dicha reforma dio lugar a la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como reglamentaria del artículo 21 constitucional, con el objeto de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno en esta materia.

Con todo lo anterior, es claro que hemos avanzado en la construcción de instituciones más sólidas, eficaces, eficientes, vigiladas y transparentes en materia de seguridad pública; con el objetivo preciso de abatir diversas causas que originan la problemática de la delincuencia y brindar seguridad, tranquilidad y paz a los mexicanos.

En otras palabras, el tema de la inseguridad en el país se ha convertido en una problemática prioritaria por resolver por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el camino adoptado no es únicamente para alcanzar objetivos precisos como la corrupción y compromiso de los elementos de los cuerpos policiales.

En este sentido, debemos implementar acciones o políticas paralelas para disminuir los efectos negativos de la criminalidad, siendo uno la muerte o incapacidad total o permanente de un policía, ya que como jefe de familia y al no tener la oportunidad de allegar recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades familiares, los primeros afectados son los hijos, y en muchas ocasiones se ven orillados a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

Sobre el particular es importante destacar que la educación tiene un contenido de alto valor para las personas y la comunidad; derivado del bienestar y desarrollo que permiten alcanzar a un individuo y una sociedad educada.

No olvidemos, desde nuestra Constitución federal dispone que la educación deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; a efecto de contribuir a mejorar la convivencia humana, robusteciendo el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres.

Por lo anterior, resulta innegable que toda sociedad que pretenda crecer y avanzar debe priorizar sus esfuerzos en la educación de sus integrantes. Además, la recomposición del tejido social, quebrantado por la delincuencia, debe encontrar su sustento en los valores inculcados en la educación. En este sentido, las medidas legislativas deben ir encaminadas a procurar que todas y cada de las niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de recibir o continuar con su educación.

Sabemos que la educación familiar y escolar contribuyen a resolver el problema de delincuencia; asimismo, actúa como un proceso de inclusión social, fomento de valores y culturales, y respecto a las normas sociales y jurídicas que permiten un desarrollo integral personal y social.

Por ello, la importancia de procurar educación a los hijos de aquellos elementos de los cuerpos policiales que en el desempeño de sus funciones sufran lesiones, ocasionando la incapacidad total o permanente para continuar con su trabajo; más aún en el lamentable caso de fallecimiento del policía. Esto es, contribuir en el tema de seguridad social para los elementos de los cuerpos policiales.

Por esta razón, hay que resaltar el tema de seguridad social, cualquier país lo debe tener como prioritario. Para ejemplificar su importancia, basta con señalar lo manifestado por organismos internacionales sobre el tema. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrada el 10 de diciembre de 1948, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22, recomienda: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Asimismo, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año de 1952, se estableció el Convenio 102, Norma Mínima de Seguridad Social que, a su vez, representa el concepto de Seguridad Social: “La seguridad social constituye un sistema de conjunto que comprende una serie de medidas oficiales, cuya finalidad es proteger a la población, o a gran parte de ésta, contra consecuencias de los diversos riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del sostén de la familia”.

Por su parte, la VIII Conferencia de Estados Americanos, celebrada en septiembre de 1966, países miembros de la OIT, adoptaron lo que se llama la Declaración de Seguridad Social de las Américas, en Ottawa, la que señala: “La seguridad social deberá ser un instrumento de auténtica política social para garantizar un equilibrado desarrollo social y económico y una distribución equitativa de la renta nacional. Tiene función política y económica. Revaloriza los recursos humanos y el trabajo del individuo que es la mayor riqueza de las naciones.”

En resumen, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; en caso de los policías, esté derecho debe garantizarse por parte de las instituciones policiales.

Ahora bien, el propósito central de la iniciativa es garantizar un seguro educativo como prestación social para los cuerpos policiales, siendo los beneficiarios directos los descendientes en primer grado de los policías. Dicho seguro funcionará en el momento que un policía haya fallecimiento o sufra una incapacidad total o permanente, derivado del cumplimiento de sus funciones.

El seguro deberá garantizar la educación básica, media superior y superior del derechohabiente. Cabe destacar, este seguro tiene candados para el beneficiario, consistentes en: acreditar ser menor de 25 de edad; comprobar que se encuentra estudiando, o esté por iniciar sus estudios; y ser dependiente económico del policía. Los requisitos por cubrir tienen la finalidad de contribuir con aquellos descendientes que tienen como sustento económico al padre de familia y continuar con su educación.

En conclusión la presente iniciativa se preocupa, favorece y vela por el interés superior de la niñez, adolescencia y familias de los policías que ponen en riesgo o pierden su vida por cumplir con su deber. Al tiempo de contribuir en la reconstrucción de los valores de una sociedad con base en la educación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social para policías.

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo con sus fracciones al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue

Artículo 84.-   .  . 

.  .  .

Dicho sistema de seguros incluirá el seguro educativo para los descendientes en primer grado del policía que garantice la educación básica, media superior y superior. Para ello, el derechohabiente deberá acreditar los siguientes requisitos:

I. Ser menor de 25 de edad.

II. Comprobar que se encuentra estudiando, o esté por iniciar los estudios.

III. Ser dependiente económico del policía.

.  .  .

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.— Diputado Camilo Ramírez Puente (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

CUSTODIA COMPARTIDA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales a legislar en materia de custodia compartida en todo procedimiento de divorcio.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar en materia de custodia compartida, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales a legislar en materia de custodia compartida, con base en las siguientes

Consideraciones

La familia es la base fundamental de toda sociedad, cuya importancia la reconoce la Constitución, la cual ordena que las leyes protegerán esta institución. También la reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado.

Los niños y los adolescentes ocupan un lugar preponderante en la familia, pues son un grupo que necesita crecer bajo el amparo y responsabilidad de los padres y, particularmente, rodeados de afecto, seguridad moral y material. Por ello necesitan protección especial, dados su estado de individuos en desarrollo, su vulnerabilidad y su inmadurez física, intelectual y emocional.

Lamentablemente, esos principios básicos de protección de niños y de adolescentes son transgredidos cuando la familia se separa, cuando los padres deciden iniciar un proceso de divorcio, en el cual la mayoría de las veces a uno de los padres se priva de participar plenamente en el desarrollo de sus hijos, limitándolo al papel de proveedor económico, situación que sin duda afecta negativamente la vida de los niños, y puede dar origen incluso a una serie de conductas antisociales que cada día van en incremento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 4o. que éstos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita por el país, establece las responsabilidades, los derechos y las obligaciones de los padres de familia, entre los cuales destacan el derecho de los niños y de los adolescentes de conocer a sus progenitores y a ser cuidados por ellos, a la vez que el Estado debe garantizar sus derechos a preservar las relaciones familiares, a que no sea separado de los padres contra la voluntad de éstos, a menos que, de acuerdo con las autoridades, se determine que la separación es necesaria y una vez ocurrido esto, a que los menores de edad mantengan relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.

Así, cuando se interponga una demanda de divorcio, el juez que conozca del asunto debe tomar una serie de medidas encaminadas a garantizar el bienestar de los hijos en tanto se dicta una resolución, la cual la mayoría de las veces va encaminada a determinar su guardia y custodia de uno solo de los cónyuges, condenándolos a crecer sin la referencia de ambos progenitores, lo cual va a suponer una carga emocional de consecuencias impredecibles.

Aunado a lo anterior, la mayoría de las veces se considera a los hijos objetos por los cuales hay que luchar, situación a todas luces reprobable, ya que éstos no deben ser tratados como un objeto que se pueda utilizar o manejar al antojo y conveniencia de alguno de los padres.

En un afán por combatir estos fenómenos, es necesario que los jueces de lo familiar emitan las resoluciones considerando la custodia compartida de los hijos menores de edad.

La custodia compartida está basada en el principio de que ambos padres cooperan y comparten responsabilidades en la crianza de los hijos, los dos son considerados imprescindibles en su desarrollo y, por ende, deben convivir el mismo tiempo tanto con el padre como con la madre.

Esta forma de custodia compartida ha tenido gran aceptación y se ha desarrollado con éxito en países como España, Francia, Estados Unidos e Inglaterra donde, de acuerdo con estudios elaborados por instituciones de psicología, los hijos involucrados en procesos de divorcio de los padres, donde hay custodia compartida, se han visto menos afectados y a la larga tienen un crecimiento psicológico más común que los que viven de manera habitual con sólo uno de los padres.

Entidades como el Distrito Federal y Chiapas han incorporado en sus legislaciones la custodia compartida con gran éxito. Por ello es de suma importancia para quien suscribe esta proposición la protección de los niños y de los adolescentes en los procesos de divorcio, exhortando con el debido respeto a las entidades federativas que aún no prevén en sus legislaciones familiares o civiles la figura de la custodia compartida a realizar los trabajos pertinentes al efecto, estableciéndose la custodia compartida como un instrumento por el cual los padres se comprometen a la convivencia y crianza de los hijos.

Los actuales instrumentos internacionales y las instituciones jurídicas que tienen por objeto su protección deben atender al interés superior de la niñez, realizando un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los congresos locales que aún no prevén en sus legislaciones la figura de “custodia compartida” a incorporar las disposiciones necesarias para que en todo procedimiento de divorcio se implante y ejerza de manera compartida por ambos padres la custodia de los hijos menores de edad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.— Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada María Yolanda Valencia Vales  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán a realizar una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a la SFP y a la Auditoría Superior del Congreso de Yucatán a realizar una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en Hunucmá, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Yolanda Valencia Vales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, a realizar una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos que estaban destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2009 se destinaron al ayuntamiento de Hunucmá recursos federales destinados por el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) a través del programa Tu Casa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para la construcción de baños ecológicos.

En el año 2009 el municipio de Hunucmá licitó la construcción de baños ecológicos, a través de una convocatoria pública en la que participaron diversas empresas constructoras, en dicha licitación resultó ganadora la empresa Neovivienda.

Dicha convocatoria para la licitación de las obras se publicó en el Diario Oficial del estado de Yucatán el 29 de octubre de 2009, estipulando que la conclusión y entrega de la obra sería en febrero de 2010.

En Yucatán existen denuncias públicas sobre el incumplimiento de estas obras ya que la construcción de los cien baños ecológicos presumiblemente fue pagada en su totalidad por la autoridad municipal y dichas obras no se realizaron.

Por ello es que solicitamos a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, para que realicen una investigación exhaustiva por el presunto desvío de tres millones ciento cincuenta y un mil seiscientos pesos y noventa y nueve centavos (3,151,600.99 pesos), recursos que estaban destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán, y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

En tal tesitura, solicitamos que se cumpla la ley y que se combata la corrupción, en todos los niveles de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, a realizar una investigación exhaustiva, por el presunto desvió de tres millones ciento cincuenta y un mil seiscientos pesos y noventa y nueve centavos (3,151,600.99 pesos), recursos que fueron destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.— Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

VIOLENCIA Y HOMICIDIO CONTRA MUJERES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados a realizar acciones e implantar medidas para esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio contra mujeres.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados a rea-lizar acciones e implantar medidas para esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio contra mujeres, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Laura Elena Estrada Rodríguez, Diputada Federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores, la vida es el valor más importante que tiene cada individuo, se trata de derecho natural al cual accedemos desde antes de nacer, incluso. En ese sentido la vida debe ser respetada, debe desarrollarse de forma libre y con la esperanza de lograr la felicidad.

Hoy día los criminales han diversificado la comisión de los delitos, es decir, no solo se trata de narcotráfico o secuestro, conductas que por supuesto deben ser condenadas por nuestra sociedad e instituciones. Asimismo, en algunas entidades federativas, el homicidio ha proliferado de forma veloz y en algunos casos no se ha puesto la atención suficiente a cada caso.

Todos los homicidios son lamentables, en especial aquellos que se cometen en contra de grupos vulnerables como lo son las mujeres. Compañeras y compañeros legisladores, cada mujer que forma parte de nuestra sociedad representa a una madre, esposa, hermana o hija y en ese sentido cada muerte altera de forma grave a la base de nuestra sociedad, como lo es la familia.

Por eso, no debemos desviar la atención de aquellos lugares en donde el homicidio de mujeres se ha vuelto una constante. Desafortunadamente, en algunas entidades federativas las procuradurías no han tenido la capacidad de conformar investigaciones que permitan conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, así como consignar de forma adecuada a un probable responsable.

Nosotros como legisladores, a nivel federal, no podemos permanecer callados ante tales hechos. Cierto es que debemos respetar el ámbito de competencia que la Constitución establece, entre el ámbito federal y el estatal; sin embargo, es importante alzar la voz y exhortar a las autoridades locales a integrar investigaciones de calidad que deriven en una impartición de justicia efectiva en favor de las víctimas de este flagelo.

Asimismo, debemos exhortar a las autoridades locales a implementar políticas tendientes a prevenir y sancionar este delito. Desafortunadamente, estas conductas de carácter local se convierten en el nutriente de las grandes organizaciones criminales.

Señoras y señores legisladores, el tema es coyuntural, no podemos permitir que la delincuencia siga alterando la vida de las familias mexicanas. No es posible permitir que una familia se quede sin una madre, sin una hija o sin una hermana. Recordemos que, históricamente, las mujeres han sido pilar en el desarrollo de nuestro país, se trata de gente trabajadora que representa un elemento primordial en la vida de nuestro país.

Es del dominio público los altos índices delictivos que ciertas entidades federativas han sido catalogadas como las más inseguras del país, incluso por encima de  estados como Chihuahua, Nuevo León y el Distrito Federal.

Compañeras y compañeros, el presente punto de acuerdo toca un tema central en la vida democrática de México, se trata de exigir que las autoridades encargadas de la procuración de justicia estatales apliquen estrategias eficaces para lograr esclarecer los asesinatos de mujeres y, además, que se haga justicia, que se detenga a los responsables de uno de los delitos que más lastiman a nuestra nación, sancionándolos conforme lo establece la ley.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:Se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias e implementar las medidas tendientes a esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio de mujeres.

Nota:

1 http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=15 [consultado 17-01-2011]

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de febrero de 2011.— Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Equidad y Género, para dictamen.

CONTROL DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CIGARRILLOS O PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Jaime Oliva Ramírez  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a instaurar acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas que refuercen los dispositivos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables y cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a personas con mayoría de edad comprobada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a instaurar acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas que refuercen los dispositivos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables y cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a personas con mayoría de edad comprobada, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jaime Oliva Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales para que en el ámbito de sus facultades, instrumenten las acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas, a efecto de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables, cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a las personas con mayoría de edad comprobada, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A los  dibujos en las paredes o grafittis se les conoce como el periódico de las calles. Para la mayoría de los miembros de la sociedad, los dibujos en las paredes son solamente vandalismo y travesuras infantiles. Sin embargo, para pandilleros y observadores entrenados, está claro lo que se puede obtener de estos símbolos: Identidad, que da sentido de pertenencia tanto de miembros como de territorio; así como  advertencias y retos entre rivales. Uno de los primeros indicadores  de que existe actividad de pandillas en una comunidad, es la aparición de dibujos en las paredes (grafittis).

En México, Reino Unido y muchas ciudades de los EUA prohíben la venta de la pintura en aerosol a los menores de edad como parte de programas de la disminución del grafitti. Mientras que las compañías industriales fabricantes de éstas brindan poco apoyo a los programas que las autoridades en todos sus niveles llevan a cabo. Más aún, no aparece en las etiquetas de las pinturas en aerosol, el contenido químico.

Como muchos productos de limpieza y aerosoles, el vapor de la pintura del aerosol y el propulsor se pueden emplear como inhalables. En la actualidad en nuestro país, existe un incremento del uso de aerosoles en niños y jóvenes, debido a que no sólo los usan como herramientas para elaborar grafittis; hoy en día, los aerosoles son utilizados para drogarse, vertiendo la sustancia tóxica a bolsas o botellas de plástico y son inhaladas.  De tal manera que los problemas de salud a los que se enfrentarán son graves y de perturbación,  pues se afectará  el cerebro y el cuerpo en general.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento. Por grupos de población, se observa que, si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres (en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en las mujeres entre las cuales el consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1 por ciento en 2002 a 1.9 por ciento en 2008, mientras que el consumo en hombres solamente se incrementó de 8 a 8.8 por ciento. El 56.2 por ciento de los encuestados opinaron que los inhalables tienen el mayor potencial adictivo.

La drogadicción según los médicos es el agente que infecta a las personas, ya que introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías, llegan alojadas en el torrente sanguíneo hasta el cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica. Una vez que han llegado al cerebro, lugar donde reside el control de las funciones superiores del ser humano, alteran su normal funcionamiento actuando sobre unas sustancias bioquímicas naturales llamadas neurotransmisores.

El abuso severo de drogas daña los nervios que controlan los movimientos motores, lo que resulta en pérdida de coordinación general. Al corazón, el uso de drogas puede producir “síndrome de muerte súbita”, y a la medula ósea: se ha comprobado que las drogas causan el envenenamiento de ésta, causando leucemia.

Consecuencia de ello, es que desencadena conductas ilícitas que deberán ser atendidas por el gobierno y la sociedad.

Por lo expuesto, y por la importancia que reviste, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y Municipales para que en el ámbito de sus facultades, instrumenten las acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas, a efecto de reforzarlos mecanismos de vigilancia y controlen la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables, cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a las personas con mayoría de edad comprobada.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 3 días del mes de febrero de 2011.— Diputado Jaime Oliva Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

MASTOGRAFIAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a impulsar acciones a fin de satisfacer las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos públicos de salud en todo el país.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP a impulsar acciones a fin de satisfacer las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos públicos de salud en todo el país, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que se impulsen acciones concretas para que se cubran las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos de salud de carácter público en todo el país:

Consideraciones

México está en el lugar 135, de 172 países, en mortalidad por cáncer de mama. Al año se registran alrededor de 4 mil 600 decesos por esta causa, la mayoría entre mujeres mayores de 50 años de edad.

El tumor maligno de mama no se puede prevenir, sin embargo, se estima que el cáncer de mama tiene un índice de curación del 97 por ciento si se detecta en etapas tempranas. Cuando el tumor no se detecta precozmente, la tasa de curación baja circunstancialmente, en estos casos el índice de curación se reduce a un 60 por ciento; además, en estos casos, existen mayores probabilidades de tener que realizar tratamientos más radicales, por ejemplo, resecar la mama entera, cuando la enfermedad se detecta en etapas avanzadas.

Gracias a la mamografía se puede detectar la presencia de alguna anormalidad de carácter maligno con mucha anticipación, lo cuál mejora muchísimo el pronóstico de la enfermedad.

Ante ello es esencial la correcta operación de acciones que desde el Estado facilitan la detección en las mujeres de anomalías en sus senos.

Al respecto resalta las acciones del Instituto Nacional de Cancerología, pilar fundamental en la lucha contra el cáncer de mama, quien anuncio la incorporación de la atención del cáncer de mama como uno de los beneficios que ofrece el Seguro Popular, con lo cual se estima se beneficiarán las mujeres de 10 millones de familias mexicanas.

Asimismo, sabemos que se ha incrementado el número de unidades móviles con mastógrafo, lo cual con seguridad aumentará la cobertura y accesibilidad de la población a la detección oportuna y a un diagnóstico caracterizado por la calidad y la calidez.

No obstante lo anterior, aún queda mucho por hacer, ya que es frecuente el reporte de subutilización de mastógrafos a falta de recursos humanos capacitados para la lectura e interpretación de las pruebas de diagnóstico. Por ello es que debemos atender y enfrentar con acciones concretas desde la Secretaría se Salud a fin de contar con un número suficiente de radiólogos especialistas que permitan reducir tal rezago.

Según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para reducir la muerte de mujeres por Cáncer de Mama, se requiere tener cinco veces más equipo y personal capacitado que permita tomar mastografías a 7 de cada 10 mexicanas mayores de 50 años de edad.

Además, debe tomarse en cuenta que cada que crece la población, debe aumentar la infraestructura, porque sube la meta, y necesariamente se deberían incrementar las plazas para atender un problema de salud de esta magnitud.

Debemos impulsar las acciones necesarias para una pronta y certera prevención y atención de un problema tan grave de salud pública como lo es la mortalidad por cáncer de mama, atendiendo las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación.

Las invito y los invito, a que conformemos un frente común para garantizar que toda mujer en este país, tenga acceso a las acciones preventivas de detección temprana, tratamiento adecuado y rehabilitación del cáncer de mama.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a que impulsen acciones concretas para que se cubran las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos de salud de carácter público en todo el país.

Nota:

1 Así lo dio a conocer a Cimacnoticias, Mario Gómez Zepeda, subdirector de Prevención y Atención de Cáncer de Mama, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2011.— Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

INGENIOS AZUCAREROS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Carlos Luis Meillón Johnston  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar que todos los ingenios azucareros, y en particular el José María Morelos, de Casimiro Castillo, Jalisco, cumplan la normativa ambiental sobre límites máximos permisibles de emisiones de humo, gases y partículas sólidas a la atmósfera.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a verificar que todos los ingenios azucareros, y en particular el José María Morelos, de Casimiro Castillo, Jalisco, cumplan la normativa ambiental sobre límites máximos permisibles de emisiones de humo, gases y partículas sólidas a la atmósfera, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La industria azucarera nacional se ha desarrollado desde la llegada de los colonizadores españoles hasta nuestros días, representando una importante fuente de empleo y recursos para la población principalmente del ámbito rural. Asimismo, es estratégica para la economía, pues se estima que durante 2010 México habrá producido 5.2 millones de toneladas de azúcar.

El procesamiento de la caña se realiza en 57 ingenios situados en 15 entidades federativas de nuestro país, a través de maquinaria que, en algunos casos es obsoleta, ya que su antigüedad supera los 70 años.

Los procesos industriales empleados por los ingenios azucareros, por más eficientes y avanzados que sean, impactan al medio ambiente, en especial por los volúmenes de agua utilizados, el vertimiento de residuos contaminantes, así como la generación de humos, gases y partículas sólidas. Los principales gases son el dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y vapor de agua.

La cantidad y calidad de las partículas sólidas emitidas a la atmósfera depende principalmente de las tecnologías de las calderas, los sistemas de limpieza utilizados y los procesos de cosecha y transporte de la caña.

Las partículas sólidas más características son las cenizas producto de la utilización del bagazo para generar vapor y la quema de la caña durante la zafra para facilitar el corte de ésta.

La ceniza, pese a representar un malestar para la población por los efectos que genera tanto en el ambiente como en la salud, comúnmente es vista como necesaria, pues durante la zafra se incrementa el empleo y la derrama económica en las regiones cañeras.

Sin embargo, las cenizas y gases impactan negativamente en la población colindante con los ingenios y a los campos de cultivo de caña, generando problemas respiratorios especialmente en los niños, así como alergias.

Esta situación no es exclusiva de una región, pero quiero hacer referencia a la contaminación ambiental generada por el ingenio azucarero José María Morelos, del municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

Durante los últimos años la población se ha visto afectada con un incremento atípico de gases, cenizas y otras partículas sólidas que emite el ingenio José María Morelos. Esto ha generado que su salud esté constantemente en riesgo, afectando principalmente las vías respiratorias de los niños y adultos mayores.

Esta situación es del conocimiento de las autoridades locales quiénes señalan que en materia ambiental la principal problemática del municipio es: 1. Emisiones a la atmósfera de contaminantes debido a la quema de cultivos de caña de azúcar y las generadas en el ingenio azucarero; y 2. Descarga de aguas residuales sin tratamiento.

Es por esto que vengo a esta Soberanía a buscar una solución a la problemática que aqueja a los ciudadanos, por lo que pongo a su consideración un punto de acuerdo para que las autoridades verifiquen que el Ingenio José María Morelos cumple con la normatividad ambiental.

Esta solicitud la realizo con base en lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que en el capítulo segundo del título cuarto establece medidas para la prevención y control de la Contaminación Atmosférica.

Particularmente los artículos 110 y 111 de la LGEEPA establecen que la calidad del aire en los asentamientos humanos debe ser satisfactoria, para ello las emisiones de contaminantes a la atmósfera deberán ser reducidas y controladas. Un instrumento para controlar, reducir o evitar la contaminación son las normas oficiales mexicanas (NOM).

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está facultada para “definir niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire”.

Bajo este fundamento la NOM-085-SEMARNAT-1994 establece los límites permisibles de emisiones de contaminantes hacia la atmósfera y es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la autoridad ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de esta disposición.

De acuerdo al artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, todas las personas físicas o morales que realicen “actividades por las que se emitan a la atmósfera olores, gases o partículas sólidas o líquidas” están obligadas a observar las normas técnicas que se deriven del reglamento.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente punto de acuerdo es solicitar que la autoridad ambiental verifique que las emisiones de los ingenios azucareros, en particular el José María Morelos del municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, se encuentran dentro de los límites máximos permisibles, a fin de proteger el medio ambiente y con ello la salud de los ciudadanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verifique que el ingenio azucarero José María Morelos, situado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, cumple con la normatividad ambiental, en especial sobre los límites máximos permisibles de emisiones de humos, gases y partículas sólidas a la atmósfera.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio y Recursos Naturales a efecto de que, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, verifique y controle las emisiones de humos, gases y partículas sólidas en todos los ingenios azucareros de nuestro país.

Notas:

1 IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

2 Gobierno del estado de Jalisco. Ficha informativa municipal, diagnóstico ambiental municipal Casimiro Castillo. Consultado en línea el 11 de enero de 2011, disponible en http://www.jalisco.gob.mx

3 Artículo 111, fracción X, de la LGEEPA.

Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Media Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

VIOLENCIA VERBAL, FISICA, PSICOLOGICA Y SOCIAL EN EDUCACION BASICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y a las locales a realizar acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de nivel básico de todo el país.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y a las locales a realizar acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de nivel básico de todo el país, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Cecilia Soledad Arevalo Sosa, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema de la violencia o acoso escolar está presente hoy en día en las instituciones educativas, pese a que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, los Estados se comprometen a tomar medidas para garantizar que el niño sea protegido “contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia explica que en “muchas escuelas en México” discriminan a los pobres, los indígenas, las niñas, los habitantes del campo, las madres adolescentes, a los que tienen alguna discapacidad o problemas de aprendizaje.” y ello sólo por diferenciarse del resto.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis, por su siglas en inglés) en donde dice que México ocupa el primer lugar con el ambiente escolar más violento de entre 23 países, además de contar con los maestros con menos preparación y más faltistas.

Según el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los más discriminados y segregados en las escuelas son los que padecen una enfermedad crónica o terminal o discapacidad, así como los indígenas, pobres, obesos, los de lento aprendizaje, coeficiente intelectual alto o que no responden a los roles de género establecidos.

Romper o esconder objetos personales, dejar mensajes escritos, burlarse, poner apodos, amenazas, son algunos de los métodos que elige el victimario y, generalmente, pasan desapercibidos por las y los educadores.

La violencia es una conducta aprendida, es el uso de formas coercitivas o indebidas de poder para dañar, presionar o someter la voluntad de las personas en función de los intereses de la persona o instituciones que tienen el poder.

Las desigualdades de poder, abren el espacio para el ejercicio de la violencia. Pues es desde la familia, y en un contexto más amplio de inequidad social, que las y los jóvenes aprenden a relacionarse reproduciendo las desigualdades.

Algunos de los efectos de este ejercicio de violencia son bajo rendimiento, fobia de ir al colegio (ausentismo), tristeza o depresión y pérdida de autoestima y deserción escolar. La víctima difícilmente podrá salir de la situación por sus propios medios.

Si estas conductas son desatendidas, y existen factores agravantes, el hostigamiento puede derivar en cuadros de neurosis, reacciones muy violentas o hasta en el suicidio.

Es por ello que una educación bien encaminada y dirigida servirá, entre otras muchas cosas, como un factor determinante para el desarrollo social del educando, pero también, para el fortalecimiento de su seguridad y de sus valores humanos, que enfaticen el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el respeto.

Debemos tener presente que para que exista una mejor educación, es necesario que esta se dé en un ambiente propicio, un ambiente sin violencia en donde tanto los alumnos como los maestros y el personal que ahí labora se sientan seguros y en donde puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

Por los elementos expuestos, me permito someter a su apreciable consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas Federal y locales, para que realicen acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la problemática de violencia verbal, física, psicológica y social (bullying) entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país.

Nota:

1 Indisciplina impide el desarrollo docente OCDE, 16 de Junio de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/notas/605135.html

Dado en el Palacio Legislativo, a los 3 días del mes de febrero de 2011.— Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe de la diputada Rosi Orozco  proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas estatales a tipificar en sus normativas penales el delito de vigilancia y acecho contra instituciones oficiales y servidores públicos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas estatales a tipificar en sus normativas penales el delito de vigilancia y acecho contra instituciones oficiales y servidores públicos, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Las legislaturas de los estados,  tienen entre sus facultades expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la federación, otras entidades y sus municipios colindantes en materia de seguridad pública; velando por el bienestar y seguridad de los gobernados con la creación de leyes eficientes que garanticen en el ámbito de su aplicación,  un correcto desempeño de la ley acorde al combate y supresión de los delitos. Siendo obligación de los diputados velar por el derecho de los ciudadanos a que se les administre y procure justicia.

Es por ello que con base en lo establecido en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:“ La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”, corresponde al gobierno de las entidades federativas la elaboración de leyes que ayuden a la investigación, prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la imposición de sanciones de orden administrativo y penas corpóreas, acordes a cada caso para efectos de preservar la seguridad pública con apoyo en la labor policial.

Hoy en día los actos violentos y la inseguridad pública son parte esencial de la vida de la mayoría de los mexicanos. Las bandas del crimen organizado han estado evadiendo las acciones del gobierno al integrar a su red delincuencial nuevos elementos de vigilancia y acecho que obstaculizan la acción de los operativos de las fuerzas del orden.  Este personal de las bandas delictivas se conoce como “halcones”, los cuales tienen por labor recabar información pertinente relacionada a los operativos que el gobierno realiza encaminados a la detención de las bandas criminales.  La información que estos elementos poseen, se proporciona a los operadores criminales para poder evadir este tipo de operativos que son recurrentes en varias entidades federativas.

Los halcones trabajan proporcionando información referente a las actividades de las instituciones, los elementos que laboran en estas, la ubicación de las mismas, y cuando es necesario sobre los detalles específicos de los operativos que las instituciones de seguridad efectuarán en contra de los grupos delictivos y en función de desestabilizar las distintas organizaciones delictivas.

Cabe mencionar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la diputada local Mariana Gómez del Campo, en unión con los diputados del Grupo Parlamentario Acción Nacional el pasado 2 de diciembre del 2010, presentaron ya una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 289 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, por la que se regula este delito.

De igual forma resulta importante tomar en consideración, que en Código Penal del Estado de Nuevo León, ya se encuentra tipificado como delito a partir del 25 de junio del 2010, al tenor siguiente:

Artículo 192.S e impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas cuotas a quien aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, se impondrá desde un tercio hasta una mitad más de la sanción privativa de libertad que le corresponda, al que realice la conducta descrita en este artículo utilizando para ello cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros u otro que preste un servicio similar o que por sus características exteriores sea similar a la apariencia de los vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros.

Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán desde un tercio hasta un tanto más de la pena que le corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro,  cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia.

En el ámbito federal, actualmente tal figura delictiva no se encuentra prevista en los marcos normativos aplicables en la esfera de competencia de la federación .

Por lo expuesto y en función de que el derecho debe combatir y sancionar el delito, procurando en todo momento la justicia y seguridad de los ciudadanos se exhorta a establecer como delito las conductas realizadas por las bandas de criminales (vigilancia y acecho) a que pudieran ser sujetos los servidores públicos.

Considerandos

Primero: La escalada en los índices de criminalidad exige que las penas a quienes realicen actividades de vigilancia y acecho a favor de las bandas delictivas para evadir los operativos de las fuerzas del orden, sean más severas.

Segundo: La labor de combatir el crimen debe realizarse de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal por lo cual es recomendable homologar el tipo penal de esta conducta delictiva para una mejor aplicación de las leyes.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas estatales a tipificar como conducta delictiva los actos de vigilancia y acecho en contra de las instituciones oficiales y servidores públicos; así como a aquellos que proporcionen información sobre los operativos, ubicación, actividades que en general se realicen sobre las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y órganos de ejecución de sanciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputada Rosi Orozco (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria. La Presidencia informa a los señores diputados y señoras diputadas que el Taller Reglamento de la Cámara de Diputados, programado para celebrarse el miércoles 9 de febrero, se llevará a cabo en el auditorio Aurora Palacios Jiménez, del edificio E, en los horarios previamente establecidos, de 10 a 12 del día, de 1 a 3 de la tarde, y de 5 a 7 de la noche.

Igualmente, informo a esta asamblea que esta Presidencia ha remitido a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que declare su procedencia, en su caso, la declaración de falta de orden con mención en el acta correspondiente a los señores diputados Mario di Costanzo Armenta, Gerardo Fernández Noroña, Arturo García Portillo y Justino Arriaga.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 16:35 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar el jueves 10 de febrero de 2011 a las 10 de la mañana, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 de la mañana.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 4 hora 45 minutos con un receso de 7 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 316 diputados • Asistencia al cierre de registro:  389 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Diputados suplentes que se incorporan: 2 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1 • Oradores que participaron: 80 PRI                                  13PAN                                 28PRD                                 11PVEM                      5PT                                       20Nueva Alianza                 3 Se recibió o presentó: • 1 oficio de la Comisión Permanente con el que remite informe sintetizado de las actividades realizadas durante el primer receso del segundo año de ejercicio; • 1 oficio de la Comisión Permanente por el que comunica que se concedió licencia al diputado Morelos Jaime Canseco Gómez; • 1 oficio de la Comisión Permanente con la remite como inventario de asuntos turnados a la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Presidente de la Mesa Directiva con los turnos dados a asuntos turnados a la Cámara de Diputados en el inventario de la Comisión Permanente; • 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 2 oficios de los gobiernos de los estados de México y Sonora, respectivamente, con el que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; • 1 oficio de la Cámara de Senadores con fe de erratas a minuta turnada en la sesión del día 14 de diciembre de 2010; • 3 minutas con proyectos de decreto; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Jalisco; • 1 iniciativa del PRI; • 5 iniciativas del PAN; • 1 iniciativa del PRD; • 1 iniciativa del PT; • 3 iniciativas de Nueva Alianza; • 1 proposición con punto de acuerdo aprobada; • 12 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictámenes: • 1 de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; • 1 de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética Dictámenes aprobados: • 3 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones con punto de acuerdo de las comisiones de Energía y Salud, respectivamente; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que reforma las fracciones XVI y XVII, y adiciona las fracciones XXII y XXIII al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada