SUMARIO

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Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:04 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de febrero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

Cinco, del Gobierno del Estado de Guanajuato, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Solicitud de licencia

Del diputado Miguel Angel Riquelme Solís

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley o decreto de la Cámara de Senadores

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el Sen René Arce Cirigo, del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. (Votación)

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto, que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y  64 y 84 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1º de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos Federal, Estatales y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las Mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que solicita a la LXI Legislatura que implante un modelo de equidad de Género del que se desprendan acciones afirmativas a favor del personal.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la Industrialización y Generación de Nuevos Proyectos Productivos.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo, por el que exhorta a los Titulares de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se manera inmediata se publique la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo, con el objeto de proporcionar información al consumidor de dichas mercancías.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a revisar de manera profunda su Política Económica y Fiscal para que ponga en marcha estrategias tendientes a promover el desarrollo de la Economía Nacional.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo relativos al control de precios de los productos de la canasta básica.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación tarifaria en diversos Municipios del Estado de Colima.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para condonar el pago de adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en la Comisaría de Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Sonora.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, revise los costos de energía eléctrica y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, los de riego y las Norias de Puebla.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo, en relación con las tarifas por consumo de gas natural, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a trabajar coordinadamente con las Instancias Federales Competentes, para implementar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del Programa de Repatriación Humana.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo, relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación, así como la realización de obras complementarias de modernización en Municipios, derivado del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de Sonora.

Dictámenes en sentido negativo

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

De la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 de la Ley General de Población.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que a través de la Segob, emita la declaratoria de desastre natural en los estados de Chihuahua y Sonora, suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Chiapas, investigue y, en su caso, castigue a los culpables del accidente ocurrido en Ocozocoautla, Chiapas, el 28 de febrero de 2010, donde fallecieron 20 derechohabientes del ISSSTE, así como a la Delegación del Instituto en dicha entidad, para que se paguen las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las víctimas, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios en relación con los nuevos asesinatos en Villas de Salvácar en Ciudad Juárez, Chihuahua, que demuestran el fracaso del Gobierno Federal, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación de seguridad del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios para denunciar el trasfondo político de la alianza PRD-PAN, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación de los derechos humanos en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios para denunciar la sobre explotación y la violación de los derechos humanos de los trabajadores de limpieza de esta H. Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación de la política cultural en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos al pago a Extrabajadores Migrantes Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación social del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la política educativa en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación de la política exterior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo

Que reforma el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez y suscrita por la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide de la Ley General de Candidaturas Independientes, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1° y 4° de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; a cargo del diputado Oscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que en el Proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de 2012, considere otorgar estímulos del ISR a los contribuyentes que empleen a personas mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que hayan incumplido las disposiciones contenidas en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, considere la construcción de las instalaciones del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial, en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, así como para que se otorguen mayores estímulos e incentivos fiscales a las escuelas de educación básica y al personal docente que trabaje para que los niños con discapacidad logren su incorporación plena a las escuelas regulares, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, inicie los trabajos de ejecución del Libramiento Vehicular de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y reasigne una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren durante el ejercicio fiscal 2011, para la construcción de la obra del Libramiento Tlapa, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y de la Segob, para que transmitan a nivel nacional cápsulas de manejo de estrés, cápsulas de terapias psicológicas con psicoanalistas para atender a la ciudadanía que se ha visto afectada por los actos violentos que ha vivido nuestro país, así como cápsulas de prevención del delito, por medio de las distintas empresas televisoras y radiodifusoras, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, instauren campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del Virus de Papiloma Humano y el Cáncer Cérvico Uterino, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del INM y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales, se diseñen estrategias para la implementación de acciones, con la finalidad de coadyuvar en el combate a la trata de personas y en el turismo sexual, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de febrero de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos dieciséis diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta minutos del martes ocho de febrero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se aprueba Acta anterior. Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, realiza comentarios con relación a la aplicación del Reglamento, y el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, con relación al orden del día. El Presidente hace aclaraciones.

Se reciben dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones:

a) Energía, que exhorta al titular del Ejecutivo Nacional y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil once considere el subsidio del diesel marino para apoyar de manera efectiva al sector pesquero nacional.

b) Salud:

• Que exhorta al Ejecutivo Federal,. por medio de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, a cancelar el proyecto para que los antibióticos que se expendan sólo se efectúe mediante la presentación de recetas expedidas por facultativos en uso pleno de su profesión.

• Que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a supervisar la correcta aplicación del programa Seguro Popular en Veracruz.

De conformidad con el artículo ciento ochenta numeral dos, fracción segunda del Reglamento, se remite para su inserción en el Diario de los Debates y se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se da cuenta con oficios:

a) De la Comisión Permanente:

• Por el que remite el informe de las Actividades realizadas por la Comisión Permanente, durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. Se inserta en el Diario de los Debates.

• Por el que comunica que se concedió licencia al diputado Morelos Jaime Canseco Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. De enterado.

• Con la que remite cinco proposiciones con punto de acuerdo, presentadas por diputados de diversos grupos parlamentarios, como inventario de asuntos turnados a la Cámara de Diputados:

– En relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, presentada por la diputada Magdalena Torres Abarca y suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Enoé Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

– Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que detenga la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”, y se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación correspondiente al jefe de Gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Partido Revolucionario Institucional.

– Para que el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Juan Francisco Molinar Horcasitas responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, presentada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.

– Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del año dos mil once, con la finalidad de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turnan a las comisiones correspondientes para dictamen y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

b) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite cinco  contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

• Relativo a las investigaciones de localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde, así como el fallecimiento del licenciado Enrique Villacaña Palomares. Se remite a la Comisión de Justicia.

• Relativo a los trabajos de infraestructura carretera en el estado de Guerrero. Se remite al promovente.

• Relativo a las empresas sujetas al régimen de importación temporal con perfil de operación riesgoso. Se remite a la Comisión de Economía.

• Relativo al Censo de Población y Vivienda dos mil diez. Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Relativo al programa Enciclomedia. Se remite al promovente.

c) Del Gobierno del Estado de México y del Gobierno del estado de Sonora, contestaciones con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para evitar o disminuir las extorsiones que se originan en los centros de readaptación federal y estatal. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

A las once horas con cincuenta y cinco minutos, el Presidente declara un

RECESO

A las doce horas con dos minutos se reanuda la sesión.

Se reciben comunicaciones de los diputados:

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional. Se remiten al Ejecutivo.

• Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. Se remite al Comité de Administración, para su atención.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. Se remite a la Comisión de Seguridad Publica, para su opinión.

Se da cuenta con oficios de la Cámara de Senadores:

• Con la que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos veinticinco y doscientos setenta y siete de la Ley del Seguro Social, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Con la que remite Fe de Erratas al artículo seiscientos catorce del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a las Comisiones de Justicia, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, para que se incorpore al expediente de la minuta turnada en la sesión del día catorce de diciembre de dos mil diez.

Se da cuenta con las siguientes Minutas, con proyectos de decreto:

• Que adiciona un párrafo tercero al artículo sesenta Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Que reforma el artículo cuarenta de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo doscientos treinta y dos de  la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Cultura, para su dictamen.

Se recibe del Congreso del estado de Jalisco, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ochenta y ocho de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que los ciudadanos: Ricardo Urzúa Rivera; y María del Carmen Guzmán Lozano, diputados federales electos del Primer y Cuarto Distrito del estado de Puebla, respectivamente; se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlos al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

A las doce horas con ocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos ochenta y nueve diputadas y diputados.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

b) Energía, que reforma la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En votación económica se dispensan la lectura y se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad:

• Que reforma la fracción décima quinta y décima séptima y adiciona las fracciones vigésima segunda y vigésima tercera al artículo veinticinco de la Ley Federal de Seguridad Privada. Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, para fundamentar el dictamen. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados. Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos noventa y nueve votos; cuatro en contra y seis abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados. Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En votación económica se considera suficientemente discutido; y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por cuatrocientos tres votos y once  abstenciones. Se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Canek Vázquez Góngora, a nombre propio y de las diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Yolanda De la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que detenga la implementación del Proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana. En votación económica se considera urgente resolución. Se somete a discusión. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática; Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación de los diputados: Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Yolanda De la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación de los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional y Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo. Para rectifican hechos los diputados: Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, desde su curul; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, desde tribuna; y desde sus respectivas curules: Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional; y José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba el punto de acuerdo por doscientos ochenta y siete votos y ciento cuatro en contra.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el capítulo de Agenda Política, se le concede el uso de la palabra  al diputado José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, con relación a la situación política del país.

Presidencia del diputadoJorge Calos Ramírez Marín

En la Primera Ronda intervienen los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, en la segunda para responder alusiones personales; Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad y desde sus respectivas curules, realizan comentarios con relación al capítulo de Agenda Política los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo.

En la Segunda Ronda intervienen los diputados: Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción Nacional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde sus respectivas curules, realizan moción de orden los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, y José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional y para responder alusiones personales los diputados: Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

El Presidente informa a la Asamblea de la recepción de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, relativo al desastre natural acontecido en Sinaloa e instruye a la Secretaria dar lectura. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos treinta y dos y cuarenta y tres Bis de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Javier Landero Gutiérrez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que expide la Ley de Coordinación de la Educación Media Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos diez y setenta y seis Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, que reforma los artículos treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y sesenta y siete y setenta y dos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

• Rubén Arellano Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos diecisiete y veintiocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Se reciben las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Congresos Locales de las entidades federativas, legislen en materia de custodia compartida. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Yucatán, realicen una investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos que estaban destinados a la construcción de cien baños ecológicos en el municipio de Hunucmá, Yucatán. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas, realicen las acciones necesarias e implementen las medidas tendientes a esclarecer y prevenir la violencia y el homicidio de mujeres. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Equidad y Género, para dictamen.

• Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, instrumenten las acciones de política pública, legislativas, reglamentarias y normativas, a efecto de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias inhalables, cigarrillos o productos derivados del tabaco de manera exclusiva a las personas con mayoría de edad comprobada. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, impulsen acciones para que se cubran las necesidades de profesionales de la salud para la aplicación de mastografías y su correcta interpretación en los establecimientos de salud de carácter público en todo el país. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, verifique que todos los ingenios azucareros del país y en particular el José María Morelos, ubicado en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, cumplan con la normatividad ambiental sobre los límites máximos permisibles de emisiones de humo, gases y partículas sólidas a la atmósfera. Se turna a la Comisión de Media Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades educativas Federal y locales, realicen las acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la problemática de la violencia verbal, física, psicológica y social entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las legislaturas estatales, incorporen el tipo penal del delito de vigilancia y acecho contra las instituciones oficiales y servidores públicos en sus legislaciones penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves diez de febrero de dos mil once a las diez horas.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con toda atención, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su tan importante labor informativa.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la Ceremonia Cívica del 180 aniversario de luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, el lunes 14 de febrero a las 10:00 horas, en el jardín de San Fernando, situado en avenida Hidalgo y Eje Guerrero, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado José Vicente de la Rosa Herrera, coordinador.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Además del diputado José Luis Jaime Correa, la Mesa Directiva notificará a los demás integrantes con las propuestas que reciba de los grupos parlamentarios para asistir en representación de esta Cámara al evento referido. Continúe la Secretaría, por favor.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado  Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Baja: Diputado Sergio Mancilla Zayas (integrante).

Comisión de Desarrollo Metropolitano

Alta: Diputado Sergio Mancilla Zayas (integrante).

Comisión Especial de Desarrollo de Microrregiones

Alta: Diputada María Estela de la Fuente Dagdug (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales

Alta: Diputado José Luis Álvarez Martínez (integrante)

Comisión Especial para la Familia.

Baja: Diputada Julieta Octavia Marín Torres (integrante)

Alta: Diputada Olivia Guillén Padilla (Integrante)

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 tercer párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Baja: Diputado Roberto Gil Zuarth (integrante)

Alta: Diputado Martín Rico Jiménez (Integrante)

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Baja: Diputado Pablo Rodríguez Regordosa (integrante)

Alta: Diputada María Marcela Torres Peimbert (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)

Comisión de Marina

Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)

Comisión de Seguridad Social

Baja: C. Julio César Godoy Toscano (secretario)

Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Baja: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)

Comisión de Justicia

Alta: Diputado Israel Madrigal Ceja (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quien haga uso... el diputado Pedro Ávila.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Pedro Ávila y enseguida el diputado Jaime Cárdenas.

Permítame nada más, está solicitando para estos efectos de las notificaciones de cambios, estamos poniendo a consideración las notificaciones que se están haciendo de cambios de integración de las comisiones.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, la cosa mía no era para eso, era para otra cosa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En un momento, diputado Ávila, gracias.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, no habiendo quien haga uso...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, permítame secretaria. Diputado Cárdenas Gracia.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, yo sí, tiene que ver con las comunicaciones, porque fui enterado por el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, de la gestión que solicité por escrito para que preguntara a la Junta de Coordinación Política el avance en el procedimiento para la designación de los consejeros electorales del IFE.

Ya el presidente de la Mesa Directiva me comunicó que envió este oficio a la Junta de Coordinación Política y quiero preguntar nada más si ya hay respuesta de la Junta de Coordinación Política, si ya sabemos para cuándo nos va a proponer la Junta, al pleno, el nombramiento de los 3 futuros consejeros electorales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aunque no es el tema, pero le informo por supuesto, diputado Cárdenas Gracia, que no hemos tenido todavía en la Mesa Directiva respuesta a la misiva a la que usted hace alusión.

Estamos en el tema de integración de las comisiones. Diputado Fernández Noroña, sonido en la curul del diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sobre las notificaciones.

Yo quisiera que quedara constancia en actas sobre este punto de las notificaciones, que el pleno está casi vacío y que la fracción del PAN, que dice que quiere trabajar y quiere sacar las cosas, no está para votar las notificaciones ni para votar nada. Entonces quiero que quede acreditada la hipocresía de un buen número de legisladores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se toma nota de sus expresiones. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.Continúe.

PROMOCION DE MEXICO EN RUSIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-874 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pineda Alonso, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0104/11, suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la relación económica, técnica, científica y cultural entre México y la Federación de Rusia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar, en documento anexo, los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010, remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación SEL/UEL/311/4270/10, con fecha del 16 de diciembre de 2010, cuyos resolutivos se citan a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalezca y promueva una política de mayor acercamiento en los ámbitos comercial, turístico, social, deportivo y educativo, con el Gobierno de la Federación de Rusia”.

Lo anterior con la intención de que por su amable conducto se hagan llegar, de así considerarse conveniente, dichos elementos de respuesta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

«Elementos de respuesta

Acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el acercamiento de la relación económica, técnica, científica y cultural entre México y la federación de Rusia

Contenido

Panorama Actual

I. Comercio

II. Inversiones recíprocas

III. Acuerdos económicos

IV. Oportunidades de exportación

V. Oportunidades de inversión

VI. Ferias y exposiciones durante 2010

VII. Turismo

VIII. Materia educativa y cultural

IX. Materia de cooperación técnica-científica

Acciones para fortalecer la relación bilateral

I. Acuerdos en Negociación

Panorama actual

I. Comercio

En 2009 el comercio bilateral sumó 508 millones de dólares (mdd). Los principales productos exportados por México a Rusia fueron: tequila (20.2 por ciento), tubos y perfiles sin soldadura, de acero al carbono, estirados en frío, utilizados para la extracción de petróleo o gas (15.0 por ciento); desodorantes corporales y antitranspirantes (9.3 por ciento); cerveza de malta (5.6 por ciento); y, grupos frigoríficos de compresión (4.4 por ciento). Los principales productos importados desde Rusia fueron: importación de partes para la fabricación de máquinas de la industria siderúrgica (30.2 por ciento); urea, químico utilizado en fertilizantes (22.2 por ciento); abonos minerales o químicos que contengan nitratos y fosfatos (6.9 por ciento); combustóleo (4.8 por ciento); y, aceites de petróleo o de mineral bituminoso (3.5 por ciento).

II. Inversiones Recíprocas

De acuerdo con información del Comité Estatal de Estadísticas de la Federación de Rusia, al cierre de 2007, la inversión mexicana acumulada alcanzaba 59,450 dólares. Se tiene identificada la presencia de las siguientes empresas mexicanas en Rusia:

• Mabe: A través de la alianza estratégica de esta empresa con Fagor-Brandt, en 2008 se constituyó la empresa “ZAO Balam”. Se dedican a la venta de estufas, lavadoras y refrigeradores producidos en México, Brasil, España, Polonia y Francia para un mercado de masas.

• Metalsa: Están en negociaciones con la marca automotriz Volvo y en búsqueda de clientes potenciales. Se estima que su inversión será de €40 millones de euros.

• Gruma: Tiene 2 proyectos en proceso de análisis e identificación de posibles socios estratégicos o adquisiciones: 1) Mission Foods: planta para producir panes planos y tortillas con una inversión estimada de 5 millones de euros; 2) Azteca Milling Europe: proyecto de producción de harina de maíz con una inversión estimada de 10 millones de euros.

Rusia es el primer inversionista en México entre los países de Europa que no Son miembros de la UE. Entre 1999 y junio de 2010, la inversión rusa en México sumó 1.2 mdd, y se destinó principalmente al sector servicios (70 por ciento); el sector comercio ocupa el segundo lugar (20 por ciento) y le sigue la industria manufacturera (10 por ciento). Existen 47 empresas con capital ruso en México, principalmente en Distrito Federal, Jalisco, Baja California Norte, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa.

III. Acuerdos económicos

Los acuerdos y convenios económicos en vigor son:

IV. Oportunidades de exportación

Entre los principales nichos de mercado para pequeñas y medianas empresas mexicanas destacan:

• Cárnicos: La Federación de Rusia no es autosuficiente. Durante el 2008 importó 87.93 millones de dólares de cárnicos, siendo los principales países proveedores, Lituania, Alemania y Australia. Rusia abrió sus puertas a las exportaciones de carne mexicanas que cuentan con certificación TIF (tipo inspección federal).

• Tequila: El mercado del tequila presenta una gran capacidad de crecimiento, las importaciones de la Federación de Rusia provenientes de México pasaron de 4.8 Millones de USO en 2001, a 41.1 Millones de USO en 2008.

• Frutas y verduras: Sólo el 12 por ciento de la extensión territorial de Rusia’ es cultivable. Existen oportunidades de mercado para frutas y verduras congeladas, tales como manzana y el plátano y en verduras tomate, cebolla, ajo y papa.

• Sector automotriz: Existe interés en la compra de auto partes mexicanas para la producción de automóviles rusos.

V. Oportunidades de inversión

• Proyectos de eficiencia energética y energías renovables: Rusia y México han ratificado su intención de negociar un acuerdo de cooperación en el campo de la energía, principalmente en las áreas de eficiencia energética, hidrocarburos y energías renovables (hidráulica y nuclear).

• Proyectos de petroquímica y gas: La compañía rusa de gas y petróleo Gazprom ha entablado contactos con interlocutores mexicanos, no sólo para suministro de gas, sino también para la construcción de plantas productoras y terminales de energía eléctrica a base de gas natural en México.

• Sector automotriz: Existe interés de algunas empresas rusas por establecer plantas operacionales en México. Empresas rusas del sector están interesadas en la compra de autopartes mexicanas para la producción de automóviles rusos.

• Altas tecnologías: Existen posibilidades de concretar inversiones de Rusia a México .en los ámbitos de la biotecnología, tecnologías de la información y software, robótica y tecnología de satélites.

VI. Ferias y Exposiciones durante 2010

a) Feria Prodexpo 2010 (8 al 12 de febrero): Coordinada por la Sagarpa, Aserca y la Embajada de México. Es la feria más importante de alimentos frescos para la Federación de Rusia y Europa del Este. México comenzó a participar en 2007 luego de haber desarrollado dos giras de prospección para oportunidades en materia agropecuaria. La delegación mexicana para la Feria Prodexpo fue encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Mayorga Castañeda, quien se entrevistó con la ministra de Agricultura de la Federación de Rusia, señora Elena Skrinnik. El Pabellón de México en World Food fue galardonado con el primer premio al mejor pabellón internacional. Como resultado de esta feria las ventas de las empresas asistentes ascendieron a 5.13 millones de dólares, y se identificaron nichos de mercado para productos mexicanos (carne, bebidas alcohólicas) así como oportunidades de exportación (alimentos frescos y cítricos). Asimismo, se registró un aumento de las exportaciones de carne mexicana, gracias a los protocolos sanitarios y a la certificación de rastros en México, así como la presencia de empresarios mexicanos en ferias de este tipo.

b) Foro Agronegocios México-Rusia: Se realizó por primera vez en Moscú del 28 al 30 de junio, y en San Petersburgo el 1 y 2 de julio. Fue presidido por el secretario de Agricultura, licenciado Francisco Mayorga y una delegación de 39 empresarios (la más numerosa que visita Rusia en la historia de las relaciones entre ambos países). Por segunda vez en el año, el secretario Mayorga se reunió con su contraparte rusa y otras autoridades gubernamentales federales y del puerto de San Petersburgo. El día lunes 28 se llevó a cabo el segmento oficial del foro, encabezado por el secretario Mayorga y la ministra de Agricultura de la Federación de Rusia, Elena Skrynnik, quienes sostuvieron un encuentro en el que se acordó continuar incentivando el intercambio comercial bilateral.

La ministra Skrynnik dejó claro el interés de su gobierno para que México se convierta en comprador de cerea-les rusos y, asimismo, mencionó la disposición de Rusia a ampliar sus compras de productos mexicanos, así como incorporar nuevas áreas de comercio. En el foro se constituyeron cuatro mesas de trabajo por orden temático para empresarios rusos y mexicanos, los cuales, en su mayoría, eran cabezas de sector, líderes y directivos de organizaciones regionales (carne, bebidas alcohólicas, ganado de raza, frutas, cítricos, fertilizantes, granos, y maquinaría agrícola).

El Foro abrió temas de colaboración en nuevas áreas, además de productos agroalimenticios, como lo fueron asesoramiento técnico en temas de mejoramiento de suelos agrícolas; uso eficiente del agua; mejora genética de ganado de raza; manejo de fertilizantes y rendimientos de cultivos. La parte rusa presentó una propuesta a la Sagarpa para institucionalizar este Foro. La propuesta está actualmente siendo analizada por la Secretaría de Agricultura de México.

c) Feria World Food Moscú 2010 (14 al 18 de septiembre): Coordinada por la Sagarpa, Aserca y la Embajada de México ante la Federación de Rusia. A raíz del éxito obtenido durante las participaciones de empresarios mexicanos en Prodexpo, México comenzó a participar también en este evento, logrando así una diferenciación en los nichos de mercado específicos que puede atender en las dos grandes temporadas: invierno y verano. Exportadores mexicanos de tequila, carne de res, productos de harina de maíz, jarabe de agave, endulzantes naturales, limón y salsas presentaron sus productos en el Pabellón de México. La feria fue visitada por alrededor de 50 mil personas, la mayoría de ellos especialistas en el sector de importaciones de alimentos por mayoreo. El pabellón de México fue galardonado con el premio al mejor estante internacional. Con este premio nuestro país se consolida como uno de los principales participantes y confirma a los organizadores y asistentes de este evento el compromiso de nuestro país con la excelencia.

d) Misión comercial de importadores de tequila a Jalisco: Visita que realizaron los directivos de la Cámara a Moscú en julio pasado, ocasión en que nuestra representación propició un encuentro con el directivo de la Academia de Vino y Gastronomía de Moscú, quien entre otros temas ha ayudado a difundir en Rusia productos con denominación de origen como el vino español del Rioja.

e) Leisure Moscú 2010 (21 - 24 diciembre):Como resultado de la participación de México en esta feria destacan el aumento de flujos turísticos de Rusia a México, así como las facilidades para la obtención de visados y la promoción de México como un destino turístico seguro, con infraestructura de excelencia y amplia oferta cultural y turística.

VII. Turismo

El turismo ruso en México es un fenómeno de reciente aparición que se ha incentivado por medio de la facilitación en documentación migratoria y la creación de un área específica para el tema en la Embajada de México en ese país. Asimismo se ha dado una actualización del marco jurídico en materia de conectividad aérea y actividades de promoción; así como una mayor presencia de México en la prensa rusa y participación en ferias. Gracias a ello, desde 2008 hasta mediados del año pasado se registró un crecimiento de más de 143 por ciento en el flujo de turistas rusos a México.

En diciembre de 2009 la aerolínea rusa Transaero inició un vuelo semanal Moscú-Cancún. En otoño de 2010 la frecuencia del vuelo aumento a dos veces por semana. Se estima que la derrama económica del turismo en Rusia en 2010 sobrepasará los 165 millones de dólares. En 2010 México se ubicó como el segundo destino turístico para Rusia en América Latina, sobrepasando por primera vez a Cuba. En el 2010 se espera que 40 mil turistas rusos hayan visitado México. (comparados con 6 mil en 2007).

México participó en las dos principales ferias de turismo en Rusia, MITT (marzo) y Leisure (septiembre). Se cantó con la participación de 25 empresarios y hoteleros, además de funcionarios del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún y del Fideicomiso de Promoción Turística Riviera Maya. Como apoyo a una mayor presencia de México en Rusia se organizaron 5 viajes de prensa que desplazaron a México a 23 periodistas de medios especializados, con lo que se generaron contenidos en prensa, revistas, Internet, radio y TV que impactaron a 11, 763, 000 personas en toda Rusia. Debido a la importancia de este mercado, diferentes empresarios y periodistas rusos asistieron como invitados especiales al Tianguis Turístico de Acapulco, así como a la Feria Mundial de Turismo Cultural Morelia y a la Feria Internacional de Turismo de las Américas. Estimaciones del CPTM indican que Rusia podría ubicarse en el mediano plazo como el sexto emisor de turistas de la zona europea (por encima de Países Bajos), y ubicarse a nivel mundial como el décimo país emisor incluso por encima de Brasil, Colombia y Venezuela. En abril de 2011 se llevará a cabo la primera ronda de negociaciones para modernizar el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.

VIII. Materia Educativa y Cultural

En materia cultural puede destacarse la presencia de Rusia en México a través de la exposición Zares. Arte y cultura del imperio ruso. Colecciones del Museo Estatal del Hermitage,que fue inaugurada por el presidente Felipe Calderón, el 5 de diciembre de 2008 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Este gran proyecto fue en reciprocidad a la exposición México: un viaje a la tierra de los dioses, que tuvo lugar en el Museo Estatal del Hermitage en 2002.

Se celebraron los Días de México y de la cultura mexicana, organizados por la Embajada de México en distintas ciudades rusas, tales como en Kazán, República de Tartaristán; Ekaterinburgo, región de los Urales; San Petersburgo, y en la Universidad de la Amistad de los Pueblos y el Instituto Cervantes, en Moscú. En ellos se incluyeron exposiciones, como México-Tenochtitlán, del maestro Francisco Mata Rosas, así como la magnífica selección de fotografías del Archivo Casasola sobre la Revolución Mexicana, enviadas por la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por otro lado, se ofreció una exposición con grabados de José Guadalupe Posada y se llevaron a cabo proyecciones cinematográficas y conferencias sobre el México actual, las efemérides de 2010 y la evolución artística en nuestro país por parte del titular de esta Embajada y por el agregado cultural Los días de México, también incluyeron la organización de concursos de traducción literaria y de dibujo infantil.

De igual manera México participó en dos de las principales bienales de arte en Rusia, la Bienal de Arte Joven de Moscú y la Bienal Industrial de Arte Contemporáneo de los Urales en Ekaterinburgo. En la primera de éstas se contó con la participación de diez destacados jóvenes artistas que expusieron un total de 14 obras. La Bienal de Arte Joven de Moscú es uno de los eventos más importantes y ambiciosos realizados en Rusia en el campo del arte contemporáneo. La exhibición mexicana se presentó en una de las sedes más importantes de Moscú, el Salón Rojo (700 m2) del Centro de Arte Contemporáneo Winzavod. Cabe mencionar que cinco de los artistas viajaron a Moscú desde México para participar en la inauguración: Daniel Ruanova, Mely Barragán, Ximena Labra, Alejandro Almanza y Artemio. Cabe mencionar que por el número de artistas, y por el tamaño de la exposición, la participación mexicana fue la más destacada de la Bienal. La Bienal de Arte en Ekaterinburgo, cantó con la participación del Artista plástico mexicano Gustavo Artigas quién presentó el proyecto Vote for Demolition, en donde hace un llamado a la población para que vote “cuál edificio en Ekaterinburgo debe ser demolido, y por qué”. El voto estuvo basado en una lista de edificios seleccionados por el artista con base en consultas con expertos locales, arquitectos urbanistas, sociólogos y participantes activos en el desarrollo cultural de la región.

Hubo en 2010 nueve exposiciones mexicanas en Rusia, siendo las más destacadas Ecos del bicentenario; Acuarelas del Museo Alfredo Guati Rojo, la cual se expuso en la Universidad de Arte Stroganov; Arcoíris sobre el Océano: México-Rusia, de la pintora Nina Diákova, en la Casa de los Rusos en el Extranjero Alexandr Solzhenitsyn; El centenario y el bicentenario a través de los ojos de un artista ruso, de Erick Vilevski, expuesta en la Universidad Estatal de Humanidades; México-Tenochtitlán, de Francisco Mata Rosas, la cual se expuso tanto en la Universidad Estatal de Kazan, como en la galería del Fondo de Fotografía Histórica Kart Bulla de San Petersburgo y en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú.

Asimismo, se presentaron la colección de Grabados de José Guadalupe Posada en la Universidad de los Urales, en Ekaterinburgo y la exposición de carteles Voces en libertad, en la Biblioteca Gráfica de los Libros de San Petersburgo. Finalmente en el Instituto Cervantes de Moscú se llevó a cabo una exposición de fotografías sobre la Revolución Mexicana del Archivo Casasola.

Tuvo lugar el Concierto conmemorativo del bicentenario en la catedral Smolny, de San Petersburgo. El concierto fue interpretado por la Orquesta Estatal del Hermitage, San Petesburgo Camerata, bajo la batuta del director mexicano José Miramontes Zapata, quién viajó desde la ciudad de San Luis Potosí, donde es titular de la Orquesta Sinfónica del Estado, para dirigir el concierto.

Asistieron aproximadamente 300 personas que disfrutaron un magnífico repertorio con melodías como el Danzón número 2, de Arturo Márquez, La noche de los mayas, de Silvestre Revueltas, un popurrí de Agustín Lara y el obligado Huapango de Moncayo.

Con la finalidad de promover el conocimiento sobre México en los principales centros de educación superior, se impartieron un total de diez conferencias a estudiantes de los siguientes centros de estudios:

Universidad de Kazán, Universidad de Ekaterinburgo, Universidad de Omsk, Universidad Estatal de Moscú (MV. Lomónosov), Universidad de la Amistad de los Pueblos (RUDN), Universidad Estatal Lingüística de Moscú, Universidad Estatal Social de Rusia y en la Academia Diplomática. Asimismo, a nivel de educación básica, el titular de la embajada asistió a la entrega del premio y diplomas a los niños participantes en el XIII concurso de dibujo infantil Este es mi México.

En cuanto a la promoción del cine mexicano, se proyectaron los ciclos Luis Buñuel en México en la Universidad de Kazán, en la Casa del Cine de Ekaterinburgo y en el Centro de Cultura y Lengua Española Adelante, de San Petersburgo. Asimismo, se mostraron los ciclos de la Revolución Mexicana y de la literatura en el cine en el Instituto Cervantes de Moscú y, por otro lado, El santo superestrella, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Adicionalmente en el marco de los Días de América Latina de San Petersburgo, se proyectaron las películas Victorio y Desierto adentro. Cabe mencionar que la Embajada de México ante la Federación de Rusia coordinó la entrega de la medalla del Premio Internacional al Cine Digital “El Pochote” al maestro Alexander Sokúrov.

Existe un convenio de cooperación en las áreas de la cultura, la educación y el deporte entre ambos países, firmado el 20 de mayo de 1996 en la Ciudad de México. Este documento sustituyó al convenio de intercambio cultural y científico que ambos Estados suscribieron en Moscú el 28 de mayo de 1968.

Con base en el convenio de 1996, los días 20 y 21 de julio de 2010 se realizó en la Ciudad de México la cuarta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación en los Campos de la Cultura, la Educación y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, durante ésta se aprobó el programa bilateral en dichos campos para el periodo 2010-2012, que incluye 67 proyectos específicos de colaboración. De igual manera, se mantuvo el otorgamiento recíproco de 15 becas para estudios en los niveles de licenciatura y posgrado.

Se tiene un registro de más de 50 acuerdos interinstitucionales entre universidades e instituciones de educación superior de México y Rusia. Se dio seguimiento al establecimiento de relaciones académicas y de investigación entre universidades rusas y mexicanas, por ejemplo la Universidad de Omsk con las del Estado de México y San Luís Potosí, o la de la Estatal de Humanidades de Rusia (RGGU) con la Universidad Veracruzana, con la cual se abrió en diciembre pasado el Centro de Estudios Mesoamericanos, sucursal Xcaret, Quintana Roo.

Finalmente, se contó con la versión final aprobada por la Secretaría de Educación Pública, referente al acuerdo de reconocimiento mutuo y revalidación de certificados de estudios, títulos y grados académicos entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia, el cual será presentado a principio del 2011 a las autoridades rusas competentes, como contra propuesta mexicana.

IX. Materia de cooperación técnica-científica

Como parte de los resultados más importantes del programa de cooperación vigente con Rusia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Lomonosov han trabajado productivamente en el ámbito aeroespacial, colaborando con la UNAM en el lanzamiento de los satélites Tatiana I y Tatiana II.

Asimismo, a través de la colaboración de los científicos de la BUAP y la Universidad Lomonosov, se registró una patente para la creación de un sistema de prótesis vestibular del oído.

En agosto de 2010 la Secretaría de Energía firmó una declaratoria de intención pata colaborar en el Uso de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos, la cual se suscribió con la Corporación Estatal de Energía Atómica (Rosatom).

Se suscribió un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Telecomunicaciones y Medio Masivos de la Federación de Rusia para la colaboración en materia de comunicaciones y tecnologías de la información, en Guadalajara, Jalisco el 4 de octubre de 2010.

Acciones para fortalecer la relación bilateral

La Secretaría de Relaciones Exteriores prevé realizar las siguientes acciones durante 2011 con el fin de continuar fortaleciendo y promoviendo la relación bilateral con Rusia en los ámbitos comercial, turístico, social, deportivo y educativo:

• Aprovechar las oportunidades de comercio e inversión que presenta el mercado ruso.

• Continuar fomentando el turismo ruso en México.

• Se continuará la celebración anual de “Los días de México en Rusia”, que permiten difundir el arte y la cultura de nuestro país en distintas regiones de aquel país.

• El documento del Programa de Cooperación Técnica y Científica México-Rusia 2010-2012 se firmará en la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011, en ocasión de la visita a México de altos funcionarios de la Federación de Rusia.

• Acompañar la negociación del memorándum de entendimiento para la cooperación científica, tecnológica, académica y de innovación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Agencia Federal para la Ciencia e Innovación de la Federación de Rusia, actualmente en revisión de la parte rusa.

• Se ejecutarán 15 proyectos en materia de alta tecnología para el periodo 2010-2012, mismos que se aprobaron en el marco de la cuarta comisión mixta celebrada en diciembre de 2009.

• Celebrar, en colaboración con el Conacyt, un taller de nanotecnología para el primer trimestre de2011.

• Desarrollar la relación en los ámbitos donde existe potencial para ampliar la cooperación técnica y científica, aeronáutica, tecnología satelital y energía, entre otras.

• Procurar la visita a México del doctor Viktor Sadovnichil, Rector de la Universidad Lomosov de Moscú, en febrero de 2011.

• Dar seguimiento a los acuerdos actualmente en negociación entre ambos países.

I. Acuerdos en negociación

• Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, el cual permitiría mejorar las relaciones entre inversionistas de ambos países, ya que brindaría un marco legal que daría mayor certeza a los inversionistas rusos interesados en el mercado mexicano.

• Memorando de entendimiento de cooperación, intercambio de información y asistencia mutua en el marco del sistema generalizado de preferencias, el cual permitiría aumentar los volúmenes de comercio entre ambos países.

• Memorando sobre intercambio de datos estadísticos en materia de comercio mutuo.

• Protocolo del Foro de Agronegocios México-Rusia.

• Convenio Interinstitucional entre el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). La exportación de tequila a Rusia ha ido aumentado por lo que la protección del tequila en esa nación se busca a través del registro como denominación de origen ante el Rospatent, por parte del Consejo Regulador de Tequila y con el apoyo del IMPI.

• Protocolo de organización de intercambio de información sobre mercancías y medios de transporte que circulan entre Rusia y México.

• Protocolo de intercambio de datos que caracterizan el costo aduanero de mercancías que circulan entre Rusia y México.

• Memorándum sobre cooperación en el área de cultura física y el deporte entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Ministerio de Deporte, Turismo y Política de la Juventud de Rusia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.

EXPEDICION DE VISAS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-745 signado por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0120/11 suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la simplificación de los trámites y tiempos de resolución de la visa.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar, en documento anexo, los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010, remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación SEL/UEL/311/4303/10, con fecha del 20 de diciembre de 2010, cuyos resolutivos se citan a continuación:

“Único.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus competencias, soliciten a sus contrapartes en los Estados Unidos de América el establecimiento de mecanismos e instrumentos jurídicos para la simplificación de los trámites, tiempos de resolución y que el cobro de la visa sea reembolsado, por lo menos el 70 por ciento del depósito, cuando ésta no se otorgue.

Elementos de respuesta

• La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota con interés del punto de acuerdo citado en antecedentes y ha sostenido consultas con la Embajada de Estados Unidos de América sobre el particular.

• Al respecto, la Embajada de los Estados Unidos de América ha señalado que los derechos impuestos al trámite de solicitud de visa están previstos en las leyes de ese país y no responde a una decisión administrativa de la propia Embajada. Toda persona que solicita una visa para los Estados Unidos de América, en cualquier parte del mundo, está obligada a pagar dichos derechos, salvo las excepciones previstas en la propia ley.

• El cobro de esos derechos no es reembolsable en tanto que, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, corresponde a la realización del trámite, independientemente de su resultado. Es decir, si la solicitud de la visa fuera denegada y el peticionario decidiera iniciar nuevamente el trámite, sería necesario que pagase de nuevo los derechos, toda vez que se trataría de un nuevo trámite.

• A partir del 10 de enero de 2011, se ha modificado el procedimiento para solicitar y renovar visas en la Embajada y Consulados de los Estados Unidos de América en México, a saber:

a. La mayoría de los solicitantes deberán acudir a los Centros de Servicio para Solicitantes de Visa (ASC) antes de su entrevista en la Sección Consular. El personal de la ASC tomará la información biométrica del solicitante, la cual será revisada por la sección consular.

b. El costo total de tramitar la visa será menor, ya que no será necesario realizar un pago para concertar la cita, otro pago para procesar la solicitud de visa y otro más para que el servicio de mensajería entregue el documento. Los solicitantes sólo realizarán un solo pago que cubrirá los tres servicios. La tarifa actual permanecerá sin cambio: 140 dólares para visas de turista; 150 dólares para casos de visa de petición (incluyendo visas para trabajadores temporales) y 390 dólares para visas de comerciantes e inversionistas.

c. Muchos solicitantes que deseen renovar su visa no tendrán que acudir a una entrevista con el oficial consular, sino que solamente acudirán al ASC más cercano, donde presentarán sus documentos y les tomarán sus huellas.

d. Debido a que la información biométrica será tomada en el ASC, los solicitantes que requieran una segunda cita para ser entrevistados en la Sección Consular, permanecerán en ésta menos tiempo.

e. Quienes soliciten visa en los Consulados en Ciudad Juárez, Monterrey y Nuevo Laredo ya no pagarán la tarifa extra de 26 dólares.

Lo anterior con la intención de que por su amable conducto se hagan llegar, de así considerarse conveniente, dichos elementos de respuesta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ANASTASIO HERNANDEZ ROJAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2440, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0121/11, suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al ciudadano Anastasio Hernández Rojas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar, en documento anexo, los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010, remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación SEL/UEL/311/4246/10, con fecha del 16 de diciembre de 2010, cuyos resolutivos se citan a continuación:

“Primero.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta soberanía, en un plazo no mayor a diez días hábiles, el estado del proceso judicial en contra de los funcionarios estadounidenses involucrados en el asesinato del ciudadano mexicano Anastacio Hernández Rojas, así como las acciones realizadas y por realizarse, en el ámbito de su competencia, para coadyuvar con su esclarecimiento.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía, en un plazo no mayor a diez días hábiles, los objetivos de la política para el apoyo de nuestros con nacionales en el extranjero en materia de derechos humanos, así como sus resultados concretos.”

Elementos de respuesta

Estado que guarda el proceso judicial en contra de funcionarios estadounidenses en el asesinato de Anastacio Hernández Rojas:

• El gobierno estadounidense informó que la muerte de Anastacio Hernández Rojas se encuentra bajo investigación por el Departamento de Policía de San Diego, con la cooperación de la Oficina del Inspector General de Seguridad del Departamento de Seguridad Interna y con el apoyo de personal de Asuntos Internos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza.

• El resultado de la investigación a cargo del Departamento de Policía de San Diego fue turnado a las Oficinas Centrales de la Patrulla Fronteriza en Washington, DC.

• Aún no concluye la investigación por parte de la Procuraduría Federal de San Diego.

Acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Relaciones Exteriores:

• El viernes 28 de mayo de 2010, fecha en que Anastacio Hernández Rojas fue golpeado, el Consulado General de México en San Diego (Consulmex San Diego) estableció comunicación telefónica con el Jefe de la Patrulla Fronteriza, a efecto de externar su preocupación por la violencia ejercida en contra del con nacional y requirió un reporte oficial de los hechos, así como el acceso al con nacional hospitalizado.

• El 29 de mayo Consulmex San Diego solicitó al director del Puerto de San Ysidro, al director de Operaciones de Aduanas y de Protección Fronteriza y al Jefe de la Patrulla Fronteriza, Sector San Diego, información sobre el caso.

• El 30 de mayo, la cancillería, a través de Consulmex San Diego, asistió a los familiares para la obtención de permisos humanitarios y gastos funerarios.

• El lunes siguiente, 31 de mayo, a petición de la Sra. María de la Luz Rojas, madre del connacional, Consulmex San Diego gestionó la extensión de los permisos humanitarios de sus otros tres hijos.

• Ese mismo día, se entregó a la Embajada de los Estados Unidos de América en México una nota diplomática, en la que se expresó la indignación por la gravedad de los hechos y preocupación por el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y se solicitó que se llevara a cabo una exhaustiva investigación a fin de que se fincaran responsabilidades legales.

• Consulmex San Diego proporcionó asesoría legal y migratoria a los deudos del connacional.

• La familia del connacional contrató los servicios profesionales de una firma legal en San Diego, que permanece al tanto del caso y mantiene informados a los deudos de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense.

• El 10 de junio, la Embajada de México en los Estados Unidos de América estableció comunicación con el Comisionado del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Interna, a quién enfatizó la condena del gobierno mexicano por las condiciones en las que perdió la vida Hernández Rojas.

• El 9 y 10 de junio, el Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior y personal de Consulmex San Diego realizaron una reunión con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, en especial, con los testigos del incidente.

• El 22 de junio de 2010, funcionarios de la Cancillería viajaron a San Diego para sostener reuniones con la familia Hernández y con representantes de las organizaciones de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU); American Friends Services Comittee (AFSC); y Border Angels.

• El 2 de julio, Consulmex San Diego sostuvo una reunión con la Procuradora General y el Subprocurador en el Distrito Sur de California.

• El 19 de agosto, el Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior recibió a la madre y hermano del finado connacional para informarles sobre el desa-rrollo y estado del caso.

• El 10 de septiembre, Consulmex San Diego y el equipo legal se reunieron con la familia Hernández.

• El 29 de noviembre se recibió una vez más en la Cancillería a la madre y hermano Anastacio Hernández Rojas para informarles sobre el desarrollo del caso.

• La Cancillería se mantiene en contacto con los familiares del con nacional, en México y en Estados Unidos, así como con sus representantes legales. Ha apoyado diversas gestiones, incluyendo una reunión con testigos del incidente- y contactos con organizaciones de derechos civiles.

• El proceso interno de las autoridades estadounidenses continúa. El Gobierno de México da seguimiento cercano y continúa insistiendo ante todas las autoridades competentes en la necesidad de que se llegue hasta las últimas consecuencias. Los deudos de los connacionales consideran en paralelo presentar una demanda civil.

• El Gobierno de México ha impulsado acuerdos con Estados Unidos para construir entendimientos que permitan evitar incidentes de este tipo. En ese sentido, el 15 de diciembre de 2010, se emitió una declaración conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la violencia en la región fronteriza.

Objetivos de la política para el apoyo de nuestros connacionales en el’ extranjero en materia de derechos humanos, así como sus resultados concretos.

• El Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos e individuales de sus nacionales en el extranjero. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía las representaciones consulares y diplomáticas de México en el mundo, mantiene un seguimiento permanente a los acontecimientos que inciden en la vida de los connacionales en el extranjero.

• Con pleno respeto a la soberanía de los gobiernos y de conformidad con los tratados internacionales, la red consular mexicana asiste a más de 100,000 connacionales sólo en los Estados Unidos de América, buscando en todo momento que sus derechos humanos e individuales sean cabalmente respetados por las autoridades estadounidenses para lograr este cometido.

• En este sentido, y con el fin de reforzar las labores de protección, existen diferentes programas legales de protección como: asesorías legales externas, asesoría legal, atención a detenidos, atención a víctimas de crímenes violentos, indemnización por lesiones, recuperación de salarios, sucesión testamentaria, visitas a detenidos en centros penitenciarios, casos de pena capital en los Estados Unidos De América, ayuda a mexicanos en situación de indigencia, localización de personas, presunción de nacionalidad, protección a menores, repatriación de enfermos, traslado de restos, protección preventiva, trabajadores agrícolas temporales y directorio de hablantes de lenguas indígenas.

Lo anterior con la intención de que por su amable conducto se hagan llegar, de así considerarse conveniente, dichos elementos de respuesta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.

TRABAJO INFANTIL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL61-II-2-853 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0025 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la explotación laboral infantil.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4260/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su sesión del 14 de diciembre de 2010, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar de manera responsable más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo donde se explota de manera regular a menores de edad:

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en sus ejes rectores número 2, objetivo 4; número 3, objetivos 16 y 17, y número 1, objetivo 12, se estableció en el objetivo 9 del programa sectorial de la STPS 2007-2012, dirigido a promover la equidad e inclusión laboral, que se aplicarán estrategias eficaces en materia de combate a las peores prácticas de explotación laboral y trabajo infantil, a través del fortalecimiento de las redes de vinculación interinstitucional entre los sectores público, social y privado.

Así, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instrumenta la política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permisible, que contempla tres ejes

1. Generar información estadística en forma periódica

Se ha considerado de vital importancia la generación de estadísticas periódicas en torno a la ocupación infantil en México, habiéndose diseñado un módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante los años 2007 y 2009, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de medir la ocupación infantil de 5 a 17 años y con ello mejorar la focalización de las políticas públicas en la materia.

Con la aplicación de dicho módulo, nuestro país cuenta por primera vez con datos comparables. Los resultados entre 2007 y 2009, son

1. La población infantil de 5 a 17 años disminuyó -3.3 por ciento al pasar de 29.2 a 28.2 millones de 2007 a 2009.

2. El total de niños y niñas ocupados en este rango de edad registró un descenso de 17.3 por ciento, pasando de 3.6 a 3 millones en el mismo periodo. La mayor disminución fue en los ocupados de 5 a 13 años con -23.1 por ciento, mientras que en el grupo de 14 a 17 años la caída fue de -14.8 por ciento.

3. Los niños ocupados que no asistían a la escuela también disminuyeron al registrar un descenso de -21 por ciento, frente a un decremento de -14.8 por ciento en los que asistían a la escuela.

4. De los poco más de 630 mil niños y niñas que dejaron de realizar actividades económicas en el periodo, 26 por ciento laboraba en las actividades agropecuarias, 30.3 por ciento en la industria, 19 por ciento en el comercio, 23.2 por ciento en los servicios, y el resto no especificó el sector de actividad económica.

5. Los niños y niñas que desempeñaban quehaceres domésticos sin remuneración en sus propios hogares registraron un ligero descenso al pasar de 19.3 a 19 millones, es decir, un decremento de -1.4 por ciento.

6. La tasa de ocupación infantil bajó de 12.5 por ciento en 2007 a 10.7 por ciento en 2009, porcentaje que en los niños pasó de 16.6 por ciento a 14.1 por ciento y en las niñas de 8.3 por ciento a 7.2 por ciento en el periodo.

7. La tasa de hogares con niños y niñas ocupadas de 18.4 por ciento descendió a 15.8 por ciento entre 2007 y 2009, en tanto que la tasa de hogares monoparentales con niños ocupados de 20.9 por ciento en 2007 pasó a 17.9 por ciento en 2009.

8. En el caso particular de los estados de Puebla y Nayarit, del trimestre octubre – diciembre del 2007 al mismo periodo del 2009 se registra una disminución en el trabajo infantil en cada estado del 14.95 por ciento y del 14.6 por ciento, respectivamente.

Los indicadores en general muestran importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil en el periodo analizado, pues cada vez menos niños y niñas participan en las actividades económicas.

2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional

Se colabora con los sectores público, social y privado para promover buenas prácticas en materia de trabajo infantil, retomando los resultados de los respectivos módulos de trabajo infantil 2007 y 2009, como insumo para la instrumentación de políticas públicas más eficientes.

Cabe destacar el caso particular de Michoacán, donde se han firmado 144 compromisos voluntarios para erradicar la explotación laboral infantil, con actores clave de gobierno y sociedad, 112 de ellos han sido firmados con municipios, de un total de 113 que conforman el estado.

Los estados de Morelos, Nayarit y Puebla integraron un comité, un grupo de trabajo y una red intersectorial, respectivamente, para el seguimiento de los compromisos firmados; asimismo, tales entidades federativas, junto con Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, han llevado a cabo campañas permanentes de sensibilización, difusión y prevención sobre la explotación laboral infantil, en diversos espacios públicos. En los casos de Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz se han constituido formalmente los mecanismos estatales intersectoriales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores de edad permisible.

3. Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola.

En el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, la STPS diseñó el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil con el objetivo de reconocer a las empresas agrícolas de todo el país que han adoptado una política de cuidado y protección infantil, a través de la cual instrumentan acciones para el pleno desa-rrollo de las y los hijos de familias jornaleras, rechazan la utilización de mano de obra infantil y promueven la protección de los trabajadores menores de edad.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, 21 empresas agrícolas han recibido el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, de los estados de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora.

Asimismo, la STPS evidenció la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo en los campos agrícolas, especialmente en las entidades federativas que se han caracterizado como receptoras de trabajadores agrícolas temporales, por lo que desde el año 2008, estableció como parte de sus acciones y políticas en materia de trabajo infantil, operativos especiales de inspección dirigidos tanto a campos agrícolas, como a minas subterráneas de carbón e industria de la construcción, los cuales constituyen temas del mayor interés para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), obteniéndose los siguientes resultados:

En el caso de los menores detectados en los citados operativos, se dio parte a la autoridad laboral local para que procediera conforme a sus facultades, toda vez que la actividad agrícola y la industria de la construcción no se contemplan en las ramas industriales y actividades económicas de competencia federal respecto a la vigilancia en materia de condiciones generales de trabajo.

En este orden de ideas, al resultar fundamental la colaboración entre las esferas de gobierno, la STPS ha prestado especial atención en la suscripción y actualización de convenios de coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la inspección laboral, instrumento que materializa la coordinación que debe existir entre las autoridades federales y locales, y que compromete a la partes en todas aquellas acciones tendientes al intercambio de mejores prácticas en materia de promoción de la seguridad y salud en el trabajo; en los que se cuenta con el siguiente avance

Aunado a lo expuesto, la STPS practicó durante 2009 un total de 42,502 visitas de inspección, de las cuales 10,512 corresponden a la materia de condiciones generales de trabajo, en las que invariablemente se aborda la revisión del tema de trabajo de menores, en tanto que en 2010 se realizaron un total de 49,500 inspecciones, en las que 11,153 se dirigieron a la citada materia.

Igualmente, con apego a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo, en 2009 se brindaron 537 asesorías a los menores interesados en incursionar en la vida laboral, y a 328 en 2010; además de haberse otorgado en 2009, 153 autorizaciones para laborar a mayores de 14 y menores de 16 años, y 24 en el 2010, a través de la Inspección Federal del Trabajo.

Así, la STPS dará continuidad en 2011 a la vigilancia del cumplimiento de los convenios pactados por el Estado mexicano en materia de trabajo infantil, a través de la verificación de la normatividad laboral en las materias de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene; y capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo de jurisdicción federal, de los operativos en materia de seguridad e higiene para jornaleros agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción y de la inclusión del tema en los operativos de inspección programados a las ramas industriales y actividades económicas de mayor riesgo que a continuación se enlistan:

• Plataformas petroleras y buques.

• Enfermedades de trabajo.

• Tiendas departamentales y de autoservicio.

• Industria tequilera.

• Industria textil.

• Industria química.

• Hospitales privados.

Finalmente, resulta de gran relevancia destacar que toda vez que con los números que arroja el Módulo de Trabajo Infantil 2009, se ha evidenciado que las sanciones previstas en la ley vigente no son suficientes para evitar la práctica de contratar menores de 14 años (la multa más elevada que se puede aplicar es de 315 veces el salario mínimo diario). Se ha propuesto, a través de la reforma laboral presentada en marzo de 2010, una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, el tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar (1 a 4 años de prisión con independencia de la multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general) ordenando el cese inmediato de las labores del menor y en caso de que éste no reciba el mismo salario de un trabajador que realice actividades similares, el patrón deba resarcirle las diferencias.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de enero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS CON RESPECTO A LA MATERNIDAD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-700 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 0026, suscrito por el Licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4207/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su sesión del 14 de diciembre del 2010, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

El Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 23 de junio de 1981, entrando en vigor, de acuerdo a sus propias disposiciones, el 11 de agosto de 1983 y siendo ratificado hasta el momento por 41 de los 183 Estados miembros de la OIT.

Dicho convenio se aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o respecto de otros miembros de su familia directa que, de manera evidente, necesiten de su cuidado o sostén, en todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores.

Asimismo, sus disposiciones pueden aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales o mediante una combinación de tales medidas o de cualquier otra forma de acuerdo a la práctica nacional e igualmente, si fuera necesario, puede aplicarse por etapas, siempre que tales medidas de ejecución se hagan extensivas en todos los casos, a la totalidad de los trabajadores con responsabilidades con sus hijos.

Este convenio contiene tres directrices que obligan a los Estados Miembros a realizar las siguientes acciones:

a) Incluir entre los objetivos de su política nacional, el permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerza su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales;

b) Tomar todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades, y

c) Que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.

Así, la política a que se refiere este instrumento debe estar articulada dentro de la política oficial destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en todas las esferas de la formación y del empleo; los Estados Parte deben desa-rrollar o promover servicios comunitarios –públicos o privados– tales como medios de asistencia a la infancia y la familia.

Desde que este convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1981 a la fecha, se han formulado las siguientes posturas:

• En diciembre de 1982, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) remitió a la Cancillería un dictamen, cuyas conclusiones establecieron que el adoptar medidas compatibles entre las condiciones de trabajo y las necesidades propias de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares corno lo establece el Convenio, pareciera implicar un derecho preferencial para estos trabajadores, en detrimento del resto de los trabajadores que no tienen una responsabilidad familiar.

• El 28 de diciembre de 1987, el Senado de la República, en una comunicación dirigida a la cancillería, manifestó que carecía de facultades legales para sancionar la aprobación del convenio, en virtud de que el instrumento no fue celebrado por el Ejecutivo de la Unión, conforme el artículo 76, fracción I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

• En 1992, el Gobierno de México presentó a la Oficina Internacional del Trabajo, una memoria acerca de este convenio y de la Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165), de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT, respecto de los convenios no ratificados, en la cual se expuso que nuestro país tenía reservas acerca de la introducción de medidas aplicables a determinados grupos, pues consideró que la legislación y la política nacionales debían cubrir a todos los trabajadores por igual.

• Posteriormente, desde 1999 y hasta años recientes, se han presentado loables esfuerzos por parte de legisladoras mexicanas para intentar que nuestro país se sume a las naciones que han ratificado el Convenio Internacional 156, sin que por el momento esto haya sido posible.

Actualmente la legislación laboral mexicana no contempla de manera específica las necesidades particulares de los trabajadores con responsabilidades familiares, sin embargo, se considera que nuestros principios constitucionales y legales son acordes con las disposiciones del Convenio 156, al establecer como garantía individual la igualdad entre hombres y mujeres, así como la protección de la organización y de-sarrollo de la familia, y de observar la no discriminación por cuestión de género.

De hecho, ha sido muy significativa la evolución de la legislación mexicana en la última década, haciéndola cada vez más acorde con el contexto internacional en la búsqueda de una igualdad plena entre los hombres y las mujeres y la no discriminación, lo que sin duda coadyuvaría para una eventual ratificación del convenio en cuestión, resaltando la emisión de diversos ordenamientos, tales como:

• Reforma al artículo 4o. constitucional, Diario Oficial de la Federación (DOF) del 7 de abril de 2000.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, DOF del 12 de enero de 2001.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, DOF del 11 de junio de 2003.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF del 1 de febrero de 2007.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, DOF del 2 de agosto de 2006.

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF del 29 de mayo de 2000.

De igual forma, cabe destacar que fueron generadas diversas iniciativas de reforma tendientes a plasmar en las leyes respectivas la corresponsabilidad de los padres (hombres y mujeres) ante los hijos, las cuales si bien aún no han sido aprobadas, han logrado focalizar el tema de tal manera que hoy en día se ha contemplado el poder conceder días de descanso extraordinario a los padres varones al nacimiento de sus hijos, con el fin de que compartan con las mujeres la responsabilidad del cuidado y atención que necesita el recién nacido.

En este sentido, en la iniciativa de reforma laboral presentada en marzo del año 2010, que busca una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, se aportan elementos de vanguardia en el tema sobre la corresponsabilidad que debe tener el Estado en materia de conciliación vida-trabajo, incluyendo entre otras, las siguientes propuestas que responden al contenido del convenio y su recomendación:

Teletrabajo y trabajo en casa. Considera como trabajo a domicilio el teletrabajo que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo en casa, para que hombres y mujeres concilien su trabajo con las responsabilidades familiares y cuenten con seguridad social y con la protección de las normas de trabajo.

Embarazo, estado civil y cuidado de las y los hijos. Como respuesta a una justa y ancestral demanda de las mujeres, se busca prohibir el despido de las trabajadoras por estar embarazadas, por cambio de estado civil o por tener a su cuidado hijos menores.

Licencia por maternidad. Propone legalizar la práctica de transferir las semanas de descanso del preparto al postparto, para que las mujeres permanezcan más tiempo al lado de sus hijos.

Periodos de lactancia. Plantea establecer la modalidad de reducir una hora la jornada de trabajo de las mujeres durante los seis meses posteriores al nacimiento de los hijos, en el periodo de lactancia.

Fomento a la capacitación. Propone que el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior, forme parte de los programas de capacitación.

Salario por unidad de tiempo. Plantea una medida que consiste en que el trabajador y el patrón puedan convenir que, tratándose de salario por unidad de tiempo, el pago se realice por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada legal.

En este marco, con el impulso de medidas para la no discriminación laboral, la igualdad de oportunidades, de acceso y de permanencia en el ámbito laboral, en 2010, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, externó su compromiso de realizar las consultas necesarias para llevar a cabo un nuevo examen de este instrumento a la luz de las condiciones actuales.

En razón de ello, se están realizando consultas con los sectores más representativos de trabajadores y empleadores del país y con las dependencias de la administración pública federal involucradas en la aplicación del instrumento, y una vez que éstas se concluyan, la STPS integrará el dictamen correspondiente que será sometido al Senado de la República, quien determinará, en su caso, la viabilidad de ratificación del Convenio núm. 156 de la OIT.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CENTROS DE REHABILITACIONPARA ADICCIONES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2445, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del escrito signado por la licenciada Gabriela Rodríguez Rodríguez, subdirectora de Análisis y Proyectos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los centros de rehabilitación para adicciones que operan de manera clandestina.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio con número SEL/UEL/311/4280/10, de la Unidad de Enlace Legislativo, perteneciente a la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, recibido el 6 de enero del año que transcurre, por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones, me permito remitirle la opinión técnico jurídica correspondiente al punto de acuerdo presentado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín (del Grupo Parlamentario del PRI) y Herón Agustín Escobar García (del Grupo Parlamentario del PT), presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, que textualmente dice:

Punto de Acuerdo

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal instruir a la Secretaria de Salud para que realice de manera urgente y exhaustiva, una revisión a los Centros de Rehabilitación para Adicciones tanto públicos como privados que existen en el país, a fin de llevar a cabo el levantamiento de un censo de los mismos y clausurar todos aquellos que operan sin la autorización correspondiente y de manera clandestina”.

Respecto a este punto de acuerdo, es nuestro deber informar que de acuerdo con las atribuciones de este órgano perteneciente a la Secretaría de Salud, como diseñador y rector de las políticas para la atención de los problemas de salud pública derivados de las adicciones a nivel nacional, hemos impulsado de manera coordinada con otras instituciones públicas, privadas y sociales; la constante integración y actualización de un marco legal en esta materia; aplicable a los establecimientos que brindan atención a estos problemas. Como resultado de estos esfuerzos se ha tenido a bien la creación de la Ley General para el Control del Tabaco, a raíz de los compromisos adquiridos, por parte de nuestro país, en el Convenio Marco contra el Tabaco, esto por lo referente al consumo del tabaco, tema imprescindible, como el del alcohol; por tratarse de las drogas de inicio; por otro lado se han apoyado iniciativas de modificación y adición a la Ley General de Salud, en materia de adicciones, específicamente en sus capítulos I y capítulo IV, que precisamente abordan lo relacionado a los centros de tratamiento, sean de orden social, privado o público, en el que precisamente se trata de favorecer a los usuarios de estos servicios, a través de exigir y garantizar un trato en apego a sus derechos civiles y humanos.

Otro de los esfuerzos, se ha publicado, por segunda ocasión en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2009, la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la cual incluye diversas aportaciones novedosas para seguir garantizando, en la medida de lo posible, desde nuestras competencias, que la atención provista en los establecimientos especializados en adicciones sea de la mayor calidad en todos los sentidos, considerando que en todo momento, la relación del personal con los usuarios, debe estar basada en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos, así como a sus pertenencias materiales. Ejemplos de las condiciones mínimas indispensables, que establece esta norma son:

• Contar con aviso de funcionamiento, responsable legal y encargado.

• Programa de trabajo aprobado por la Conadic (con descripción del tratamiento médico/psicosocial, basado en principios científicos, sociales y éticos).

• Reglamento interno.

• Manuales técnicos y administrativos. Guía operativa de referencia/contrarreferencia.

• El personal tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios.

• Contar con lineamientos y disposiciones por escrito del proceso de recuperación y del funcionamiento del establecimiento.

• Tener a la vista los criterios de exclusión sobre padecimientos que no pueden atender (trastornos psiquiátricos, complicaciones médicas y alteraciones y trastornos no derivados del consumo de sustancias psicoactivas, entre otros).

• El ingreso de los usuarios será estrictamente voluntario, con la solicitud correspondiente y los motivos del usuario expresados claramente por escrito (en casos de menores se respalda con la petición de los padres, tutor o representante legal, siempre y cuando exista capacidad de recepción del establecimiento de este tipo de usuarios). El ingreso será involuntario sólo en casos urgentes, que representen un peligro grave e inmediato para el propio usuario y/o para los demás, siempre y cuando exista el respaldo (indicación clínicamente justificada) de un médico y solicitud escrita de un familiar. Deberá ser notificado ante el Ministerio Público.

• Explicar con detalle y claridad, al usuario y familiar, responsable o representante legal, las condiciones de la estancia (horarios, visitas, costos, etcétera).

• Contar con requerimientos mínimos en la estructura física del establecimiento: Área de recepción-información, sanitarios, regaderas, dormitorios y guarda de bie-nes, por separado, para hombres y mujeres. Contar con cocina, comedor, área de actividades recreativas, botiquín de primeros auxilios, resguardo de medicamentos, extintores y señalización para casos de emergencia, así como con un ambiente limpio, bien iluminado y ventilado, y sin hacinamiento.

• Un servicio de quejas y sugerencias para usuarios y familiares que garantice el que sean tomadas en cuenta para la solución, vigilancia y seguimiento de las peticiones.

• Puede contarse con el apoyo de un adicto en recuperación, siempre que tenga dos años como mínimo de abstinencia en el consumo y en su proceso exitoso de rehabilitación.

• Además, deben reportar periódicamente sus actividades al Secretariado Técnico del Conadic.

Aunado a lo anterior, a partir del 2010, se ha venido trabajando con un registro de todos los centros de tratamiento, sean públicos, privados y sociales, independientemente de sus modelos de tratamiento; trabajo coordinado por esta Unidad Administrativa, en equipo con los Consejos Estatales Contra las Adicciones, que a su vez están coordinados con los Consejos Municipales Contra las Adicciones. Trabajo que inicialmente requirió de contar con un directorio de los centros de tratamiento que cuentan con los lineamientos mínimos indispensables establecidos en la NOM-028-SSA2-2009; para posteriormente ir conformando un expediente de cada centro de tratamiento con una serie de documentos oficiales, que van desde los permisos con que debe contar cada establecimiento, programas de trabajo, personal que labora, servicios que ofrece, cuotas que se solicitan, ubicación y áreas con las que cuentan, entre otros más; expedientes que al integrar la documentación establecida, es revisada por los responsables de los Consejos Estatales Contra las Adicciones, para que en una segunda revisión personal especializado del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones corrobore que todo está en orden, para poder asignar un expediente, folio y proceder con el registro, que garantiza que es un centro de tratamiento confiable, desde sus distintas vertientes de atención e intervención. Labor, que no culmina con el registro, porque este proceso se reanudara anualmente.

Por tanto, estamos convencidos, que inicialmente, se creó una Norma que regula todo tipo de centros de tratamiento, posteriormente se da el acercamiento, revisión y orientación para que todo centro cumpla con los lineamientos indispensables establecidos así en mencionada norma, se da un tiempo para adecuar las áreas de oportunidad, que van desde el programa, atención otorgada, adecuación de infraestructura, etc. Y finalmente, si esto no ocurriera, se procederá con la clausura de todo centro de tratamiento, que no esté dispuesto a cumplir con el marco legal, que garantice el respeto de los usuarios de los servicios.

Por otro lado, no omitimos insistir en establecer un paquete presupuestal para incrementar y etiquetar recursos dirigidos a la prevención, atención y tratamiento de las adicciones, pues como sabemos es un fenómeno multifactorial y creciente que exige de diversos recursos.

Y finalmente sugerimos, se consideren las atribuciones, funciones y alcance de cada uno de estos organismos; sin dejar de lado a las instituciones que velan por la Seguridad de la población, por su trascendente encomien da relacionada a los sistemas penitenciario y judicial, apegados con los derechos humanos y relacionados en este caso con la materia de la adicción a sustancias psicoactivas y psicotrópicas.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero del 2011.— Licenciada Gabriela Rodríguez Rodríguez (rúbrica), subdirectora de Análisis y Proyectos. Firma por suplencia con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud.

ATENCION PREVENTIVA EN INSTITUCIONES DE SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-734, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/129/2011 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a la universalidad de los servicios de salud.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado el 7 de octubre de 2010 por los diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Jiménez Fuentes; José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD; Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García-Ayala, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del PRI; Julián Francisco Velázquez y L1orente, del Grupo Parlamentario del PAN; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.

Al respecto, me permito acompañar oficio CNPSS/ DGCEF/DPS/024/2011, suscrito por la licenciada Karla Herrera Ley, directora de Participación Social de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2011.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto de Vinculación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Estimado licenciado Gutiérrez:

Espero que se encuentre muy bien. En atención a los oficios 170/UCVPS/DGAVS/1327/10 y 70/UCVPS/DGAVS/1761/ 10, donde solicitó la opinión sobre el punto de acuerdo presentado por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, en los siguientes términos:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Salud, para que conforme una comisión de acceso a la salud que sea la instancia coordinadora para eficientizar recursos y no incrementar la estructura burocrática. Dicha comisión coordinará todas las acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en nuestro país dentro de todas las instituciones de salud federal y los servicios de salud de las entidades federativas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que cuenten con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiario y que institución es la que le da su atención y, en caso de no serlo y no contar con un trabajo, que sea incluido en el padrón del Seguro Popular.”

Sobre el punto de acuerdo primero, le comunico que esta Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conjuntamente con los regímenes estatales de protección social en salud, estamos trabajando a efecto de llegar a la cobertura universal, es decir, estar en condiciones de otorgar servicios de salud que ofrece el Seguro Popular, a la población que no cuenta con ningún otro esquema de seguridad social.

Ahora bien por lo que hace al hecho de que la Secretaría de Salud sea la instancia coordinadora para la conformación de una comisión de acceso a la salud, no se emite opinión al respecto, en virtud de no tratarse de un asunto competencia de esta comisión, por lo que se sugiere que dicho punto sea elevado a la opinión de la propia Secretaría de Salud.

Por lo que hace a lo señalado en el punto de acuerdo tercero, es de comentarse que esta comisión se encuentra actualmente llevando a cabo diversas reuniones de trabajo con el IMSS y el ISSSTE a efecto de obtener un padrón que permita, entre otras, conocer la situación en seguridad social en salud, de la población. Asimismo, la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud y la Dirección General de Financiamiento de esta Comisión, junto con el IMSS y la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, están participando en la homologación de tarifas corno acciones a realizar en cuanto a las intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta misiva y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de enero de 2011.— Licenciada Karla Herrera Ley (rúbrica), directora de Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Alejandro Echegaray Suárez, director general de Coordinación con entidades Federativas de la CNPSS.— Presente.

En particular ésta dirección general, está participando conjuntamente con la Dirección General de Financiamiento, el IMSS y la Unidad de Análisis Económico dé la Secretaría de Salud en la homologación de tarifas como acciones a realizar en cuanto a las intervenciones del Catálogo Universal cie Servicios de Salud.

En atención a su comunicado CNPSS/DGCEF/1708/2010 del pasado 19 de octubre y recibido el día de ayer en esta dirección general, por medio del cual nos envía el punto de acuerdo presentado por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN y del PVEM, me permito informar a usted que esta Comisión Nacional de Protección Social en Salud ha estado participando a través de diferentes direcciones en las convocatorias que la Secretaría de Salud ha llevado a cabo para lograr la universalidad de los servicios de salud.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— Doctor Manuel Vázquez Valdés (rúbrica), director general de Gestión de Servicios de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Alejandro Echegaray Suárez, director general de Coordinación con Entidades Federativas.— Presente

Me refiero a su similar DGCEF/1708/2010, recibido el 25 de octubre último, mediante el cual solicita opinión respecto al punto de acuerdo presentado por diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, relativo al establecimiento de condiciones de portabilidad y convergencia para la universalidad de los servicios de salud, así como establecer un sistema informático único que permita conocer con qué tipo de seguridad social cuenta la población.

Al respecto me permito comunicarle que, por lo que hace al punto primero, esta comisión, conjuntamente con los regímenes estatales de protección social en salud, estamos trabajando a efecto de llegar a la cobertura universal, es decir, estar en condiciones de otorgar servicios de salud que ofrece el Seguro Popular, a la población que no cuenta con ningún otro esquema de seguridad social.

Ahora bien, por lo que hace al hecho de que la Secretaría de Salud sea la instancia coordinadora para la conformación de una comisión de acceso a la salud, no se emite opinión al respecto, en virtud de que no se trata de un asunto competencia de esta dirección general, por lo que se sugiere que dicho punto sea elevado a la opinión de la propia Secretaría de Salud.

Por lo que hace a lo señalado en el punto tercero, es de comentarse que esta comisión se encuentra actualmente llevando a cabo diversas reuniones de trabajo con el IMSS y el ISSSTE a efecto de obtener un padrón que permita, entre otras, conocer la situación en seguridad social en salud, de la población.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de noviembre de 2010.— Maestro David García Junco Machado (rúbrica), director general de Afiliación y Operación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro David García Junco Machado, director general de Afiliación y Operación.— Presente.

Estimado maestro García Junco:

Espero que se encuentre muy bien, Con relación al oficio 170/UCVPS/DGAVS/1327/2010, hago de su conocimiento el punto de acuerdo presentado por diputados del los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN y del PVEM en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 7 de octubre del presente año, el cual señala lo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Salud, para que conforme una comisión de acceso a la salud que sea la instancia coordinadora para eficientizar recursos y no incrementar la estructura burocrática. Dicha comisión coordinará todas las acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en nuestro país dentro de todas las instituciones de salud federal y los servicios de salud de las entidades federativas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que cuenten con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiario y que institución es la que le da su atención y, en caso de no serlo y no contar con un trabajo, que sea incluido en el padrón del Seguro Popular.”

Al respecto y con la intención de integrar la opinión de la Comisión, conforme a lo solicitado por la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, le agradeceré comparta de manera urgente los comentarios a dicho punto de acuerdo, a fin de estar en posibilidad de enviarlos con oportunidad.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta misiva y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Alejandro Echegaray Suarez (rúbrica), director general de Coordinación con Entidades Federativas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Manuel Vázquez Valdés, director general de Gestión de Servicios de Salud.— Presente.

Estimado doctor Vázquez:

Espero que se encuentre muy bien. Con relación al oficio 170/UCVPS/DGAVS/1327/2010, hago de su conocimiento si punto de acuerdo presentado por diputados del los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN y del PVEM en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 7 de octubre del presente año, el cual señala lo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.

”Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Salud, para que conforme una comisión de acceso a la salud que sea la instancia coordinadora para eficientizar recursos y no incrementar la estructura burocrática. Dicha comisión coordinará todas las acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en nuestro país dentro de todas las instituciones de salud federal y los servicios de salud de las entidades federativas.

”Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que cuenten con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiario y que institución es la que le da su atención y, en caso de no serlo y no contar con un trabajo, que sea incluido en el padrón del Seguro Popular.”

Al respecto y con la intención de integrar la opinión de la Comisión, conforme a lo solicitado por la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, le agradeceré comparta de manera urgente los comentarios a dicho punto de acuerdo, a fin de estar en posibilidad de enviarlos con oportunidad.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta misiva y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Alejandro Echegaray Suarez (rúbrica), director general de Coordinación con entidades federativas.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud.

DENGUE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2453 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/0097/2011 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al brote de dengue en el municipio de Sahuayo, Michoacán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, relativo al exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Secretaría de Salud del gobierno de Michoacán para implantar un cerco sanitario y se establezcan los programas necesarios para atender el brote de dengue en el municipio de Sahuayo, Michoacán.

Al respecto, me permito acompañar copia del oficio 5009/02768 de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Michoacán, mediante el cual proporciona el informe correspondiente a la atención otorgada al brote de la enfermedad señalada, agradeciendo su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo respectivo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general Adjunto de Vinculación Social de la Secretaria de Salud.— Presente.

Atendiendo a su similar 170lUCVPSIDGAVS/0006/201O fechado el 3 de enero del presente año, me permito remitir el informe correspondiente a la atención otorgada en la ciudad de Sahuayo ante la presencia de casos de dengue, brote que fue notificado a la jurisdicción de Zamora el martes 31 de agosto; una vez identificado el primer caso se enviaron brigadas de control del vector realizando actividades integrales en el período del 3 de septiembre al 10 de octubre del 2010.

Anexo resumen de las acciones desarrolladas para su conocimiento, mencionando con satisfacción que en Michoacán durante el 2010 se logró limitar la transmisión de este padecimiento en 73 por ciento respecto al año anterior, continuaremos en el 2011 las acciones anticipatorias desde el inicio del año a efecto de mantener la tendencia lograda.

Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de nuestros servicios.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2011.— Doctor Román Armando Luna Escalante (rúbrica), secretario de Salud en Michoacán.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-808, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UAOS/212/50/ 2011, suscrito por el ingeniero Francisco Yánez Centeno, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Juan Marcos Gutiérrez González, subsecretario de Gobierno, y en atención a su oficio número SEL/UEL/311/166/11, mediante el cual remite el similar número D.G.P.L. 61-11-7-808, expediente 239, de fecha 19 de enero del presente año, dirigido al licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, por los diputados federales José Carlos Ramírez Marín y Esthela Damian Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual informan los puntos de acuerdo emitidos ese órgano legislativo en sesión celebrada el 19 de enero del presente año. Al respecto, con objeto de darles cabal cumplimiento a los puntos, se comunica lo siguiente:

1. En lo que se refiere al punto de acuerdo primero por el que “se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes a atender las convocatorias del grupo plural de trabajo a fin de resolver la problemática del predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco”.

Se le comunica que en la Secretaría de Gobernación se han atendido los llamados realizados por los integrantes del grupo plural de legisladores, en tal virtud se le informa:

Con fecha 7 de octubre de 2010, el suscrito ingeniero Francisco Yáñez Centeno, recibió al diputado federal David Hernández Pérez, con quién se revisó el tema.

Asimismo, con fecha 26 de octubre del 2010, se celebró una reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con algunos miembros del grupo plural de diputados federales para Tenacatita, la cual preside el legislador David Hernández, en la que participaron el titular de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y el suscrito, en la cual se analizó conjuntamente el estado que guardaba el conflicto en Tenacatita y se estableció el compromiso de que la Secretaría de Gobernación establecería comunicación con funcionarios del gobierno del estado de Jalisco y las diferentes dependencias federales involucradas para buscar alternativas de solución al conflicto por la vía del diálogo con las partes.

Finalmente el 7 de diciembre de 2010, en las oficinas de la Unidad de Gobierno de esta dependencia se realizó una reunión encabezada por el titular de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y el que suscribe, en que la que participaron el diputado federal David Hernández Pérez, representantes del ejido El Rebalse de Apazulco, así como pescadores y vendedores ambulantes de la región, en la que se planteó la posibilidad de que las partes en conflicto pudieran suscribir un acuerdo que facilitara su distensión en tanto las instancias jurisdiccionales y administrativas competentes, resuelven el fondo de la problemática relacionada con la tenencia de la tierra y la concesión revocada a Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De lo anterior se desprende que la Secretaría de Gobernación ha atendido oportunamente las convocatorias realizadas por los integrantes del grupo plural de trabajo conformado en la Cámara de Diputados para el caso Tenacatita. Finalmente, se reitera la disposición de esta dependencia para atender las convocatorias y/o solicitudes de información que realice el Poder Legislativo para atender el caso.

2. En lo que se refiere al acuerdo segundo aprobado por la Comisión Permanente en el que piden que “se informe en un plazo no mayor a 8 días naturales, el estado que guarda la problemática en El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía, y de la carretera ramal 421, municipio de La Huerta, Jalisco”, se informa lo siguiente:

I. Conflicto por la tenencia de la tierra

Uno de los puntos centrales del problema es en materia de tenencia por la disputa entre El Rebalse de Apazulco y la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV.

Al respecto, de acuerdo con información proporcionada por las partes en conflicto, en 1993 el ejido El Rebalse de Apazulco interpuso un juicio de prescripción adquisitiva sobre 42 hectáreas, el cuál fue radicado en el juzgado segundo civil con residencia en Autlán, Jalisco; en el expediente número 855/93, en el que se emitieron resoluciones de fechas 9 de diciembre de 1999 y auto de fecha 14 de marzo del 2000, resolviendo la improcedencia de la acción y absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas. Por lo que se determinó el desalojo de la superficie solicitada en la prescripción, siendo ejecutadas tales resoluciones el 4 de agosto de 2010, con el desalojo de los ocupantes del predio. Lo que ha generado inconformidad de los pobladores desalojados y un conflicto social en la región.

II. Concesión de la zona federal

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 5 de enero de 1993, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) otorgó a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, la concesión DZF/846/92 en una zona federal marítima que tenía por objeto la preservación y ornato, en el lugar conocido como Divisadero de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, con fecha de vencimiento al 6 de enero de 2012.

El 2 de septiembre 2010, la Semarnat, mediante resolución 1797, a través de la Dirección General de Zona Marítima Terrestre y Ambientes Costeros, revocó la concesión de referencia en el expediente administrativo número 53/11075. Derivado de lo anterior, en octubre de 2010 la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, interpuso juicio de nulidad contra la revocación de la concesión emitida por la Semarnat ante la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra pendiente de resolver.

III. Carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta-ramal a Tenacatita

Con base en información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 1997 esa dependencia construyó con recursos federales, el ramal de la carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta hacia Tenacatita, el cual afecta parte de la propiedad de la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV. El 28 de abril de 1998, la SCT entregó al gobierno del estado de Jalisco esta obra.

IV. Situación actual

Los campesinos desalojados han manifestado que la carretera permanece bloqueada por lo que no se les permite el acceso a la playa.

El 23 de septiembre de 2010, el licenciado Roberto Gil Zuarth, entonces subsecretario de Gobierno de esta dependencia, y el licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno de Jalisco, acordaron la conformación de un grupo técnico bilateral para revisar y analizar la situación que prevalece en Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, que quedó integrado por el gobierno de ese estado, el licenciado Ricardo López Camarena, subsecretario para Asuntos Jurídicos, y por la Secretaría de Gobernación, el que suscribe.

A partir de octubre de 2010 a la fecha se llevaron a cabo reuniones con funcionarios de los gobiernos federal, estatal, representantes de la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, y pobladores de Tenacatita, con objeto de: 1. Tratar de buscar un acuerdo entre las partes que garantice la paz y tranquilidad en la zona; 2. Facilitar la apertura de la carretera; 3. Garantizar el uso o disfrute de la playa de la bahía de Tenacatita.

Lo anterior, en tanto que los tribunales competentes resuelven jurídicamente la problemática relacionada con la concesión de la zona marítimo terrestre, que revocó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, y lo que corresponda en materia de tenencia de la tierra, sin que hasta el momento se hayan podido conciliar intereses entre las partes.

No obstante lo anterior, la Secretaría de Gobernación continuará el proceso de diálogo con las partes a fin de buscar conciliar intereses y solventar la problemática social, pero es preciso reiterar que existen aspectos que deben ser resueltos por la vía de los tribunales competentes y en ese sentido, el Poder Ejecutivo Federal, deja patente su respeto a los ámbitos de competencia de los Poderes de la Unión.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2011.— El titular de la Unidad, ingeniero Francisco Yáñez Centeno (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase al promovente.

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-3-870, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: «Único. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Salud de las entidades federativas de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Distrito Federal y Tabasco a respetar la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones»; con base en lo anterior, me permito informarle lo siguiente:

Nuestro gobierno siempre ha sustentado su actuación con apego irrestricto al principio de legalidad, de suerte que toda la actividad que se despliega –concerniente a la administración pública– se encuentra apoyada en la Ley. Bajo ese tenor, es de mencionarse que si el Sindicato Independiente, Nacional de los Trabajadores de Salud se ha constituido conforme a las disposiciones legales aplicables, las autoridades no podríamos desconocer esta circunstancia.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Héctor Germán López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

VENTA DE COMIDA CHATARRA EN EDUCACION BASICA Y SECUNDARIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-3-870, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: «Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas de educación básica y secundaria»; con base en lo anterior, me permito informarle lo siguiente:

Las escuelas de la entidad han implementado los nuevos lineamientos que las secretarías de Salud y Educación expidieron respecto a la venta de la denominada comida «chatarra» con bajo valor nutrimental en las tiendas escolares.

Desde la firma, en el mes de enero del 2010, del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, se implementaron varias acciones a través de los sistemas DIF nacional y estatales, mediante la modificación de los contenidos de los desayunos escolares, que ahora contienen una porción de frutas y verduras y han reducido el contenido de azúcar y de grasa de la leche envasada que se administraba para estos niños.

Por otra parte, destaco que en Guanajuato contamos con el Programa de Educación Nutricional y Activación Física para los Escolares de nivel Básico, que es uno de los retos que plantea el acuerdo nacional, es decir, conjuntar esfuerzos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte y el Consejo Estatal de la Juventud.

En materia educativa se difundió el manual Desarrollando competencias para una nueva cultura de la salud, con contenidos específicos para que cada maestro incorpore a su práctica docente información, actividades y trabajos para que los niños adquieran hábitos y prácticas saludables y desarrollen una cultura de la salud. Asimismo, le destaco que se han incluido contenidos pedagógicos para la creación de una cultura de la salud en los libros de texto gratuitos, desde preescolar hasta secundaria.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, por su parte, ha modificado el contenido de sus desayunos escolares, introduciendo frutas y verduras para que el niño vaya teniendo el gusto por ellas, han modificado los envases que cante nía leche con chocolate y azúcar, por leche descremada sin chocolate y sin azúcar.

Sin embargo, seguirnos trabajando de manera constante en este problema de salud que enfrenta México, en donde sin duda estamos en continua vigilancia de que se cumplan las normas y no se oferte comida «chatarra» en los centros educativos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Héctor Germán López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

SERVICIOS DE SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-7-741, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que en su artículo segundo señala: Segundo. Se hace un llamado a los Gobiernos Estatales a cumplir con cabalidad los acuerdos, las normas, los lineamientos y las guías de atención en salud encaminaos a atender esta problemática a escala local para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y el subsecuente. Con base en lo anterior, me permito informarle lo siguiente:

La salud es un valor indispensable para elevar la calidad de vida de las familias; como gobierno, trabajamos con ahínco para generar acciones, integrales que fortalezcan y garanticen la salud y la vida de las familias visitantes y residentes en Guanajuato.

La estrategia de “Embarazo Saludable”, implantada por el gobierno federal desde mayo de 2008 y adoptada por la entidad federativa en los términos convenidos, logra otorgar servicios de salud de calidad al recién nacido, aún antes de su nacimiento.

Como es sabido, el seguro popular está distribuido en tres programas: Familia Saludables, Seguro Médico para una Nueva Generación y Embarazo Saludable. A septiembre del año pasado se cantaba con un padrón de 659 mil 556 familias guanajuatenses distribuidas en los tres programas: Familias Regulares, con 74 por ciento; Seguro Médico para una Nueva Generación, 21 por ciento; y 4 por ciento en derechohabientes para un Embarazo Saludable.

Guanajuato se ubica en el primer lugar de afiliaciones nivel nacional, acorde al total de familia sin seguridad social que existe en la entidad, respecto a la estrategia de Embarazo Saludable.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Héctor Germán López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a Comisión de Salud.

ADOLESCENTES EMBARAZADAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2433, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a realizar las acciones necesarias a favor de fomentar, pero además, instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objeto capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral de una manera digna para ellas y sus familias», con base en lo anterior, me permito informarle lo siguiente:

En el estado de Guanajuato se ofrece a las mujeres embarazadas, y a los jóvenes en general, una oferta educativa centrada en la educación media superior y superior, pues tenemos como meta el mejorar el capital intelectual de los guanajuatenses, para que accedan a más y mejores oportunidades.

Empero, consientes de que aún con las facilidades otorgadas no puedan acceder a la educación media superior o superior, nos hemos dado a la tarea de ofrecerles sistemas de capacitación que las preparan y les den una oportunidad laboral, en ese sentido, en 2009 se capacitaron a 7 mil 84 personas, de las que se lograron colocar a 4 mil 256 en un empleo. Cabe mencionar que este tipo de apoyo da preferencia en mayor proporción a las mujeres.

Por su parte, el Instituto de la Mujer Guanajuatense implantó el Programa Integral de Impulso a Negocios de Mujeres, donde las mujeres pueden obtener asesoría y ayuda para implantar su propio negocio, y donde las mujeres embarazadas pueden obtener este tipo de ayuda.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Héctor Germán López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a Comisión de Equidad y Género.

CONNACIONALES EN FIESTAS DECEMBRINAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, respondo su atento oficio número DGPL 61-II-9-2436, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que, en sus artículos primero y segundo, señala: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatales y municipales a implantar en el ámbito de su competencia acciones tendentes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la realización de actos de extorsión hacia los connacionales durante su regreso a territorio nacional, con motivo de las próximas fiestas decembrinas por parte de autoridades federales, estatales o municipales. Segundo. Se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatales y municipales a brindar en el ámbito de su competencia el apoyo y las facilidades necesarias a los legisladores federales que participen en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, implantado por la LXI Legislatura, para lograr la ejecución de éste”.

Con base en lo anterior, me permito informarle lo siguiente:

La migración internacional en la entidad y en el país continuará siendo un proceso dinámico y cambiante que comprende aspectos e implicaciones sociales diversas y que además debe buscarse que el regreso de los migrantes durante las épocas festivas se dé en un ambiente de cordialidad, donde sus derechos humanos se encuentren plenamente protegidos y reciban por las autoridades todas las garantías para que el reingreso en el país sea seguro, lejos de cualquier manifestación de discriminación, maltrato o despojo, así como de extorsiones que se puedan presentar hacia los migrantes.

El gobierno de Guanajuato, consciente del problema que representa la migración, incluyó en su plan de gobierno una serie de acciones y estrategias para esta problemática, específicamente el plan de gobierno de Guanajuato 2006-2012, que en su primer eje estratégico, “Contigo vamos, familia”, en el objetivo general 1.6., se expresa el compromiso de “promover el desarrollo humano integral de los grupos prioritarios mediante una agenda de políticas públicas transversales, salvaguardando los derechos humanos”, el que a su vez tiene en el objetivo particular 1.6.6. el compromiso de “atender a los migrantes y sus familias de forma integral”, con lo cual se dan los cimientos para implantar una serie de acciones y medidas, entre las que se incluyen las de seguridad para el reingreso de los migrantes en el país.

Además, sabedores de que el problema de la migración es multifactorial, las dependencias y las entidades de la administración pública estatal trabajan con una misma directriz y de manera coordinada a través del Consejo del Migrante Emprendedor, el cual se constituyó como un órgano multidisciplinario y de coordinación del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto planear, promover, asesorar, organizar, vigilar, formular, establecer, elaborar y dar seguimiento a los políticas, programas y acciones sobre migración y la atención integral del migrante y sus familias en el estado.

Se guardan excelentes relaciones con los demás poderes –como es el caso del Legislativo federal– y, en el ánimo del trabajo en equipo, siempre estamos dispuestos a colaborar en la medida de nuestras atribuciones en las campañas implantados por éstos.

Reconozco su digna labor, y le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Héctor Germán López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal, a partir del día 10 de febrero del año en curso.

Lo hago de su conocimiento para efecto de que se realicen todos los trámites conducentes.

Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo y colaboración de todos mis compañeros y compañeras de la LXI Legislatura, por las atenciones recibidas durante mis actividades legislativas.

Sin otro particular le reitero mi consideración y respeto.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de febrero de 2011.— Diputado Miguel Angel Riquelme Solís (rubrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el V Distrito del estado de Coahuila, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 11; 13, primer párrafo, fracciones I, IV, V y VI; 21 bis; 27; 30, párrafos primero, sexto y séptimo; 32, párrafo cuarto; 33, primer párrafo y fracción VI del mismo y párrafos segundo, tercero y cuarto; 33 bis 2, párrafos primero, segundo y tercero; 33 bis 3, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 33 bis 3, fracción I; se ADICIONAN los artículos 21 bis 1; 31 bis, un último párrafo; 33 bis 3, un párrafo cuarto recorriéndose los actuales cuarto y quinto para ser quinto y sexto; 35 bis y 38 bis, todos de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 11. Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se consideren violatorias de esta ley, deberá comprobarse que:

I. Quien realice dicha práctica tenga poder sustancial sobre el mercado relevante; y

II. Se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate.

Artículo 13. Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos:

I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;

II. a III. ...

IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos;

V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y

VI. Los criterios que se establezcan en el Reglamento de esta Ley así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.

Artículo 21 Bis. Al hacerse la notificación a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, los agentes económicos podrán solicitar a la Comisión expresamente que el procedimiento sea desahogado conforme a lo previsto en el presente artículo, para lo cual los agentes económicos solicitantes deberán presentar a la Comisión la información y elementos de convicción conducentes que demuestren que es notorio que la concentración no tendrá como objeto y efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, conforme a lo previsto en este artículo.

Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, cuando el adquirente no participe en mercados relacionados con el mercado relevante en el que ocurra la concentración, ni sea competidor actual o potencial del adquirido y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante. Para estos efectos, la estructura del mercado relevante no deberá modificarse y sólo deberá involucrar la sustitución del agente económico adquirido por el adquirente;

II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del agente económico adquirido y, con la transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor poder para influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la sociedad, incluyendo la designación de miembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio adquirido;

III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una sociedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o

IV. En los casos que establezca el Reglamento de esta ley.

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de la concentración, el Secretario Ejecutivo emitirá el acuerdo de admisión correspondiente, o bien, en el caso del párrafo último de este artículo, ordenará su improcedencia y que el asunto se tramite conforme al artículo 21 de esta ley.

El Pleno deberá resolver si la concentración tiene como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la fecha del acuerdo de admisión. Concluido el plazo sin que la Comisión haya emitido resolución, se entenderá que no hay objeción alguna para que se realice la concentración.

Cuando, a juicio del secretario ejecutivo, la concentración no se ubique en los supuestos previstos en las fracciones I a IV de este artículo o, a juicio del Pleno, la información aportada por el agente económico es insuficiente, el Secretario Ejecutivo emitirá un acuerdo de recepción a trámite conforme a lo previsto en el artículo 21 de esta ley.

Artículo 21 Bis 1. No se requerirá la notificación de concentraciones a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en los casos siguientes:

I. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual los agentes económicos pertenezcan a un mismo grupo económico de control y ningún tercero participe en la concentración;

II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma desde su constitución o inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la adquisición de dicho control y posteriormente incremente su participación relativa en el capital social de la referida sociedad;

III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra clase en la que un agente económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de participación sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, acciones, partes sociales o unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente como de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los umbrales referidos en el artículo 20 de esta Ley;

IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, o partes sociales, unidades de participación o bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades involucradas en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en territorio nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, directa o indirectamente, posean antes de la transacción;

V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión entre el público inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones la sociedad de inversión pueda tener una influencia significativa en las decisiones del agente económico concentrado;

VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de personas morales, y que coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de actos no le permitan al comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, obligaciones convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y, además, el adquirente no tenga facultades para:

a) designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la sociedad emisora;

b) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes;

c) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto del diez por ciento o más del capital social de una persona moral; o

d) dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que no tengan inversiones en sociedades o activos que participan o son empleados en el mismo mercado relevante que el agente económico concentrado.

VIII. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 27. Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente justificada.

Artículo 30. La investigación de la Comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del secretario ejecutivo de la comisión, quien podrá turnarla a trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación.

...

...

...

...

Si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado acto procesal alguno por más de sesenta días, el Pleno decretará el cierre del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar de dicha inactividad de los servidores públicos.

La unidad administrativa encargada de la investigación dictará el acuerdo de conclusión del periodo de investigación, al día siguiente en el que concluya o al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 31 Bis. ...

...

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

...

El pleno y cada uno de los comisionados, así como el secretario ejecutivo y demás servidores públicos de la comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los expedientes o procedimientos administrativos ante la propia comisión seguidos en forma de juicio y que cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico investigado la resolución del Pleno de la comisión, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del artículo 31 bis de esta Ley.

Artículo 32. ...

...

...

El Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes. El desechamiento podrá ser revisado por el Pleno a petición del solicitante en los términos del Reglamento de esta Ley, quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el desechamiento.

Artículo 33. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la probable responsabilidad del agente económico investigado, la Comisión iniciará y tramitará, a través del Secretario Ejecutivo, un procedimiento administrativo conforme a lo siguiente:

I. a V. ...

VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por el Secretario Ejecutivo, se turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, de manera rotativa, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o modificación.

En este último caso el Comisionado Ponente incorporará al proyecto las modificaciones o correcciones sugeridas por el Pleno.

La comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días.

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable responsable o el denunciante podrán solicitar a la Comisión una audiencia oral con el objeto de realizar las aclaraciones que se consideren pertinentes únicamente respecto de los argumentos expuestos en la contestación al oficio de probable responsabilidad, las pruebas ofrecidas por el probable responsable y el desahogo de las mismas, los alegatos, así como de los documentos que obren en el expediente de mérito.

El Pleno citará a una única audiencia oral a los agentes económicos con interés jurídico en el expediente, sin que su inasistencia pueda afectar la validez de la misma, y en la que deberán estar los servidores públicos directamente involucrados en el caso. Bastará la presencia de tres comisionados, entre los cuales deberá estar el Comisionado Ponente, para que la audiencia pueda realizarse válidamente.

...

...

Artículo 33 Bis 2. Antes de que se dicte resolución definitiva en los procedimientos seguidos ante la Comisión por prácticas monopólicas relativas o concentración prohibida, el agente económico podrá presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración correspondiente.

Para tal efecto, el agente económico deberá acreditar que:

I. El compromiso presentado tenga como consecuencia la restauración o protección del proceso de competencia y libre concurrencia, y

II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o, en su caso, dejar sin efectos la práctica monopólica relativa o concentración prohibida investigada o la práctica monopólica relativa o concentración prohibida por la que se le considere como probable responsable, señalando los plazos y términos para su comprobación.

Recibido el escrito a que se refiere este artículo, el procedimiento quedará suspendido hasta por quince días prorrogables, en tanto la Comisión emite su resolución, con la que podrá concluir anticipadamente dicho procedimiento. En este supuesto, la Comisión podrá cerrar el expediente sin imputar responsabilidad alguna; o bien, podrá imputar responsabilidad e imponer una multa de hasta por la mitad de la que correspondería en términos del artículo 35 sin perjuicio de que se le reclamen los daños y perjuicios.

Los agentes económicos solo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una vez cada cinco años. Este período se computará a partir de la notificación de la resolución de la Comisión.

Artículo 33 Bis 3. Cualquier agente económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica monopólica absoluta; haya participado directamente en prácticas monopólicas absolutas en representación o por cuenta y orden de personas morales; y el agente económico o individuo que haya coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, podrá reconocerla ante la Comisión y acogerse al beneficio de la reducción de las sanciones establecidas en esta Ley, siempre y cuando:

I. Sea el primero, entre los agentes económicos o individuos involucrados en la conducta, en aportar elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio de la Comisión permitan comprobar la existencia de la práctica;

II. ...

III. ...

Cumplidos los requisitos anteriores, la Comisión dictará la resolución a que haya lugar e impondrá una multa mínima.

Los agentes económicos o individuos que no cumplan con lo establecido en la fracción I anterior, podrán obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 o 20 por ciento del máximo permitido, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Comisión y cumplan con los demás requisitos previstos en este artículo. Para determinar el monto de la reducción la Comisión tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados.

Los individuos que hayan participado directamente en prácticas monopólicas absolutas, en representación o por cuenta y orden de los agentes económicos que reciban los beneficios de la reducción de sanciones, podrán verse beneficiados con la misma reducción en la sanción que a éstos correspondiere siempre y cuando aporten los elementos de convicción con los que cuenten, cooperen en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación que se lleve a cabo y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio, y realicen las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la Ley.

La comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico y los individuos que pretendan acogerse a los beneficios de este artículo.

...

Artículo 35 bis. En el caso de aquellos agentes económicos que, por cualquier causa, no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta, se les aplicarán las multas siguientes:

I. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones IV, XI y XII del artículo 35 de la ley;

II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones V, VI y VIII del artículo 35 de la ley;

III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la fracción VII del artículo 35 de la ley, y

IV. Las correspondientes conforme a las fracciones III, IX y X del artículo 35 de la ley.

Artículo 38 Bis. El cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la Comisión, incluyendo las que impongan condiciones conforme a la fracción I del artículo 19 y las que admitan compromisos conforme al artículo 33 bis 2, se tramitarán por la vía incidental.

La Comisión tendrá veinte días para emitir resolución, contados a partir del día siguiente a aquél en que concluyó la sustanciación del incidente.

Artículo Segundo.Se deroga el artículo 253 fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 253. ...

I. ...

a) a c) ...

d) (Se deroga)

e) a j) ...

II. a V. ...

...

...

...

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 69 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69. ...

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los requerimientos que realice la Comisión Federal de Competencia para efecto de calcular el monto de las sanciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos a dicha comisión, o bien, ésta considere que se presentó en forma incompleta o inexacta.

...

...

...

...

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto y séptimo transitorios siguientes.

Artículo Segundo. El mecanismo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Competencia Económica iniciará una vez que el actual Presidente de la Comisión concluya sus funciones.

Artículo Tercero. Las investigaciones, visitas de verificación, procedimientos y cualquier otro asunto que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la Ley vigente al momento de su realización.

Artículo Cuarto. Los recursos necesarios para la implementación del presente Decreto, serán con cargo al presupuesto autorizado de la Comisión Federal de Competencia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo Único.Se reforman los artículos 89 y 229; el primer párrafo del artículo 58 y el primer párrafo del artículo 87; y, se adiciona un último párrafo al artículo 1 y dos párrafos al artículo 58 y al artículo 87, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue

Artículo 1. ...

I. a VI. ...

...

Sociedad unipersonal es aquella de responsabilidad limitada o anónima, en cuyo capital participa un solo socio.

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye por uno o más socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley.

Todas las disposiciones de este capítulo, que hacen referencia a “socios” o “miembros” se entenderán aplicables, respecto del socio único. Aquellas que hagan referencia a “contrato social”, se entenderán aplicables el acta constitutiva.

A las sociedades integradas por un solo socio, les serán aplicables las disposiciones de este capítulo, salvo por lo que se refiere al régimen de convocatoria y celebración de las asambleas de socios; en este caso, las decisiones del socio deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el libro de actas.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o más socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

Todas las disposiciones de este capítulo que hacen referencia a “socios” o “miembros” o “accionistas” se entenderán aplicables, respecto del socio único. Aquellas que hagan referencia a “contrato social” en tratándose de sociedades constituidas por un solo socio, se entenderán aplicables al acta constitutiva.

A las sociedades integradas por un solo socio, le serán aplicables las disposiciones de este capítulo, salvo por lo que se refiere al régimen de convocatoria y celebración de la asamblea de accionistas; en este caso, las decisiones del socio deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el libro de actas.

Artículo 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere:

I. Uno o más socios;

II. a IV. ...

Artículo 229. ...

I. a III. ...

IV. Porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, en su caso;

V. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 8 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Arce, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«René Arce Círigo, senador de la República ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto para reformar los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La economía social nace en el siglo XIX como respuesta a las carencias propiciadas por la economía dominante, buscando cubrir necesidades sociales insatisfechas por el mercado, surgiendo movimientos que buscaban relacionar la solidaridad y empatía social con las actividades económicas. Tradicionalmente, la economía social se ha agrupado en tres grandes familias: las cooperativas, las mutuales y las asociaciones, guardando todas ellas características económicas similares, compartiendo una identidad y un fuerte compromiso con la sociedad que las generó.

Particularmente, para entender plenamente la naturaleza de las sociedades cooperativas, independientemente de si éstas son de producción, consumo o ahorro y préstamo, habrá que remitirse estrictamente a lo que señala nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contempla que la sociedad cooperativa es una empresa representante del sector social, concurrente en el desa-rrollo nacional. Éste artículo a la letra dice:

Artículo 25....

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

...

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Es así que establecer los mecanismos a los que se refiere el párrafo séptimo del artículo 25 constitucional es una obligación del Estado y la responsabilidad de concretarlos en las leyes necesarias, facultad del Poder Legislativo.

Bajo la misma línea argumentativa, la Organización Internacional del Trabajo de la que nuestro país forma parte, reconoce la importancia de las cooperativas para la generación de empleos, la movilización de recursos, la generación de inversiones, su contribución a la economía y la promoción de la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social a través de sus diversas formas.

Es por ello que emitió la Recomendación número 193, con el objetivo de promover el impulso y fortalecimiento de las cooperativas, a través de la adopción de medidas que promuevan el crecimiento de su potencial en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo y en específico en los siguientes puntos:

a) Crear y desarrollar actividades generadoras de ingresos y empleo decente y sostenible;

b) Desarrollar capacidades en el campo de los recursos humanos y fomentar el conocimiento de los valores del movimiento cooperativo, así como de sus ventajas y beneficios, mediante la educación y la formación;

c) Desarrollar su potencial económico, incluidas sus capacidades empresariales y de gestión;

d) Fortalecer su competitividad y acceder a los mercados y al financiamiento institucional;

e) Aumentar el ahorro y la inversión;

f) Mejorar el bienestar social y económico, tomando en cuenta la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación; y

g) Contribuir al desarrollo humano durable.

El propósito directo de lo anterior es ayudar a consolidar un sector social distintivo de la economía, viable y dinámico, que comprenda las cooperativas y responda a las necesidades sociales y económicas de la comunidad.

El Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, atendió esa naturaleza social de las sociedades cooperativas, reconociendo que en esencia son sociedades conformadas principalmente por personas y no por capitales, siendo un ejemplo de estos últimos las sociedades anónimas.

Mientras que la fuerza de las sociedades anónimas está en la concentración de capital de inversionistas y de ellas parten para fincar su crecimiento y desarrollo ulterior, las sociedades cooperativas responden a un núcleo distinto que es el trabajo sinérgico de sus socios, la solidaridad y la ayuda mutua, siendo la aportación de capital un segundo orden. No son, desde luego, las únicas diferencias entre una cooperativa y una sociedad anónima de distinto tipo, pero sí marcan la diferencia sustantiva que obliga a generar acciones públicas que garanticen la equidad de deberes y derechos entre este tipo de sociedades.

Es así que los diputados y senadores en la LIX legislatura aceptaron incluir el capítulo VII-A “De las Sociedades Cooperativas de Producción” en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se establece que las cooperativas de producción tributen con una tasa promedio al 20 por ciento y donde la causación del impuesto se dará hasta el momento en que los rendimientos se distribuyan por parte de la cooperativa a sus socios y de manera individual a través de ellos, y no en el momento en que se generaron, lo que permitía la capitalización permanente, así como atender a la composición de los fondos especiales en materia de salud, educación y vivienda para sus agremiados, superiores a las cuotas que los patrones tienen en la legislación mexicana, por lo que se ven castigadas en mayor proporción al tratar que tributen aparentemente igual que las sociedades por acciones.

La manera proporcional y equitativa, en el caso de las sociedades cooperativas, tiene como núcleo a las personas que aportan su trabajo y, más que generar ganancias con ello, contribuyen a la generación de excedentes que fortalecen a la cooperativa y les permiten a ellos consolidar su visión social y solidaria de la vida en democracia.

Como ya se expuso, la LIX Legislatura fue sensible a este paradigma cooperativo, pero ello fue desestimado con la aprobación subsecuente del impuesto empresarial a tasa única, que impuso reglas fiscales a las sociedades cooperativas de producción similares a las diversas empresas de capitales, muchas de ellas transnacionales. En evidente desventaja, esta inequidad amenaza con llevar a la ruina y desaparición a pequeñas cooperativas de producción y condujo ya al nulo desarrollo de las cooperativas tras varios años de dinamismo en el mercado.

Mientras las sociedades cooperativas de consumo, las cooperativas de ahorro y préstamo, las uniones de cooperativas, las federaciones y confederaciones y demás organismos que agrupan a las sociedades cooperativas quedaron exentas del pago del IETU; las sociedades cooperativas de producción de bienes o servicios están obligadas a pagar este gravamen.

El rol de “polos de desarrollo regional” de las cooperativas de producción muestra que dar un trato diferenciado a ellas en lo referente al IETU será un reconocimiento a las acciones de desarrollo social que realizan con sus diversos fondos y que normalmente concurren en apoyo a la dotación de servicios de infraestructura en beneficio de distintas comunidades y en corresponsabilidad y retribución indirecta a los gobiernos estatales y municipales.

En términos del presupuesto de ingresos de la federación la exclusión del IETU para las cooperativas de producción, al igual que en el caso del ISR no impactaría significativamente la recaudación en lo general, pero mantenerlo en cambio, afecta gravísimamente la operación y capitalización de las mismas.

Como se había referido, la modificación a la Ley del IETU será una forma en que el gobierno dé cumplimiento en lo fiscal a la Recomendación 193 de la OIT, así como a los artículos 25 y 31 constitucionales.

Por último, es decisivo que en el ámbito nacional, se apuntale el sector de la economía social. Una de sus formas es·el fomento a la creación y operación de sociedades cooperativas de producción requiriendo para ello que se reconozca, en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la naturaleza de las sociedades cooperativas que ya está determinada en la Ley del Impuesto sobre la Renta. El eje es claro, las sociedades cooperativas están orientadas a hacer que el trabajo y sus valores solidarios imperen por sobre el ánimo ciego de ganancia que rige en el mercado. Con ello, las sociedades cooperativas son un puente necesario hacia la justa distribución de la riqueza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el presente:

Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 7 y se reforma el quinto párrafo del artículo 9, ambos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 7....

...

Las sociedades cooperativas de producción que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan optado por tributar conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII-A del Título II, deberán calcular el impuesto empresarial a tasa única que les corresponda en cada ejercicio, pudiendo diferir el pago del mismo, hasta el ejercicio fiscal en que paguen el impuesto sobre la renta diferido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo citado y siempre que corresponda al mismo ejercicio. Cuando por un ejercicio no se determine impuesto sobre la renta a diferir, el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio deberá ser pagado en el plazo señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Artículo 9....

...

...

...

Las sociedades cooperativas de producción que hayan optado por tributar conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII-A del Título II y los fidecomisos a que refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tendrán la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado el 3 de febrero de 2011 en el salón de sesiones de Xicotencátl, Senado de la República.— Senadores: René Arce Círigo, Rubén F. Velázquez López, Antonio Mejía Haro, Rosalía Peredo Aguilar, Leticia Jasso Valencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

PRECIOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes de continuar, perdón, respecto de la solicitud que había hecho el diputado Pedro Ávila. Sí, sonido a la curul del diputado Ávila, por favor.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto quiero pedirle a usted, con las facultades que el Congreso le concede, que se integre una comisión de diputados de todas las fracciones políticas aquí representadas en la Cámara de Diputados, para ir con el señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y con el secretario de Hacienda, a pedirles que frenen de una vez por todas el alza inmoderada de los artículos de primera necesidad, que ya el pueblo de México no puede con ellos.

Ayer se dio a conocer por los medios de comunicación el alza al diesel, el alza a la gasolina, el alza al gas, el alza a la energía eléctrica y por ende a todos los artículos de primera necesidad.

El pueblo de México y principalmente la gente más pobre, la gente más humilde, ya no haya ni qué hacer, ya no comen ni una vez al día y estamos cayendo en un clima de intranquilidad política. Estamos al borde de un estallido social y esto no se entiende.

Creo que es momento de que la Cámara de Diputados, que todos nosotros ya no dejemos que esto siga subiendo, porque entonces para qué estamos aquí. Somos representantes de la nación.

Le pido a usted que de inmediato se integre una comisión de todas las fracciones políticas y vayamos a Palacio Nacional o vayamos a Los Pinos, a pedirle al presidente que ya frene esta alza, que cada mes, cada mes y cada mes están subiendo los artículos de primera necesidad al pueblo de México.

Esto ya no se soporta. No estamos en una dictadura, estamos en un Estado de derecho. Le pido a usted que ejerza sus facultades, como presidente del Congreso y nombre una comisión de todas las fracciones parlamentarias, para respetuosamente irle a pedir al señor presidente y al secretario de Hacienda que ya frenen esta escalda salvaje de aumento de precios que está ahogando a los más pobres de México y nos está llevando a un estallido social.

Aquí se discuten muchas iniciativas, pero ésta es la principal, es la seguridad del pueblo de México que se muere de hambre. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Ávila. La asamblea ha escuchado, al igual que la Junta de Coordinación Política, su propuesta y le solicitamos respetuosamente a la misma que tome en cuenta y en consideración su propuesta, a efecto de que analice la pertinencia de integrar el grupo de trabajo al que ha hecho usted alusión en su propuesta.

AGENDA DE SEGURIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Escudero había pedido también hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, para formularle una pregunta. El día de hoy en los medios de comunicación encontramos algunas notas, que ya se entregó a este Congreso la Agenda de Seguridad y que inclusive trae una nueva estrategia de combate al narcotráfico. Le pregunto si es así, si ya se recibió y si es posible que nos envíen una copia a los diputados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Haremos la consulta correspondiente, diputado Escudero, a efecto de conocer con precisión sobre el particular al que usted ha hecho referencia y poder satisfacer también lo que usted plantea.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

2. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar su segundo periodo de sesiones ordinarias.

3. Que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 66 constitucional, el segundo periodo no podrá prolongarse sino hasta el 30 de abril del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno establece el siguiente

Acuerdo. Se establece el calendario legislativo para el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura.

Transitorio

Único. Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Castillo. Sonido en la curul de la diputada Castillo, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Sí, diputado presidente, quiero señalar que en el artículo 182, fracción V del nuevo Reglamento se señala claramente que tiene que ser la Mesa Directiva la que señalará cuáles son los días hábiles y cuáles son los días inhábiles.

Esto lo he estado diciendo desde las sesiones anteriores. Tiene que ver con los términos específicos para la promoción de las iniciativas y para todas las cuestiones de carácter jurídico. Se me contestó que ya estaba la propuesta de calendario.

Una cosa es la propuesta de calendario que ahorita se acaba de votar y que se hace conforme a la ley; y otra, en específico, es lo que señala el nuevo Reglamento, que fue aprobado a las carreras, y que yo percibo que ni siquiera los de la Mesa Directiva leyeron bien. Porque incluso en estos momentos, a pesar de que yo he reiterado que no hay una declaratoria de la Mesa Directiva con relación a días hábiles e inhábiles todavía hasta el día de hoy, no se señala por parte de la Mesa Directiva, de acuerdo al artículo 182, fracción V, ¿cuáles son los días hábiles y cuáles son los días inhábiles?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, gracias.

En la próxima sesión de la Mesa Directiva abordaremos el asunto planteado por usted, diputada Castillo. A efecto, efectivamente que queden claramente establecidos los días hábiles y cuáles son inhábiles, festivos, etcétera, de acuerdo efectivamente con el 182, fracción V del Reglamento y lo notificaremos, desde luego, inmediatamente. Gracias. Continúe por favor la Secretaría.

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que la reforma al artículo tercero de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010, establece que el fideicomiso en mención contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública, y como invitado permanente, un representante del Poder Legislativo. Por cada representante propietario habrá un suplente, que deberá suplirlo en sus ausencias.

III. Que este órgano de gobierno ha realizado las consultas necesarias con los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados y ha considerado oportuno proponer al representante del Poder Legislativo ante el comité en mención.

Por lo expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se nombra a la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Parlamentario Revolucionario Institucional, como representante propietaria ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Segundo. La suplencia de dicha representación corresponderá al diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza: Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.Felicitaciones a la compañera y el compañero diputado por la nueva responsabilidad.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es declaratoria de publicidad de dictámenes.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, remitida por la Cámara de Senadores el 23 de septiembre de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 84, 85, 157, 176, 177, 190 y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza a partir del siguiente

Método

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural, encargada del análisis y dictamen de la minuta antes citada, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado “Antecedentes”, se deja constancia de las acciones realizadas por el proponente para la elaboración de la iniciativa, los trámites del proceso legislativo, la recepción y turno para el dictamen, así como las acciones realizadas por esta comisión dictaminadora.

II. En el apartado “Contenido de la minuta” se reproducen, en términos generales, los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia de los temas que la componen, así como los argumentos vertidos por la Cámara de Senadores, en su calidad de Cámara de Origen.

III. En el apartado “Consideraciones” se expresan los argumentos de valoración de la minuta y los motivos que sustentan el sentido de su resolución.

IV. Finalmente, se presenta el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Antecedentes

I. En sesión celebrada el 22 de abril de 2010 en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el senador José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. Con esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos, Segunda para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

III. El 21 de septiembre de 2010 se aprobó por 79 votos en el pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

IV. En sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Desarrollo Rural la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Contenido de la minuta

La presente minuta tiene por objeto actualizar el marco jurídico referido en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que éste pueda ser aplicable en sus términos vigentes. Para ello, se pretende incorporar en el texto del artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que, son de aplicarse las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de programación y presupuestación del gasto público.

En este orden de ideas, se propone reformar el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 190. Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la citada minuta con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. En la exposición de motivos de la minuta objeto de este dictamen, el legislador proponente hace referencia a que, en la actualidad la medición del éxito de las políticas públicas implementadas por una nación depende en gran medida del suministro de recursos públicos y de su adecuada administración; elementos que van a la par uno del otro.

Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador, en razón de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se encuentra estrechamente vinculado con el proceso de planeación nacional, ya que refleja en gran medida el plan económico del gobierno y establece jerárquicamente el orden de prioridades que tienen las finanzas públicas sobre las principales políticas públicas.

De esta manera, el PEF resulta mucho más que un documento financiero; ya que representa un proceso por medio del cual se formulan normas políticas, al mismo tiempo que se ponen en marcha programas de acción pública y se implantan controles legislativos y administrativos.

Tercera. El proceso presupuestario en nuestro país se refiere al conjunto de actividades que comprenden la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público federal.

A partir de su entrada en vigor, el 1 de abril de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ha coadyuvado a que el proceso presupuestario sea mucho más eficiente, eficaz y oportuno, siguiendo principios de transparencia, evaluación y seguimiento del ejercicio del gasto público, además de contribuir a que dicho gasto se distribuya ordenadamente y de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la implantación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estableció una estrategia que refuerza el vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas, así como de las propias instituciones públicas.

Cuarta. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece una serie de criterios y mandatos generales y específicos en materia de presupuesto, asimismo, prevé las orientaciones para los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, mismos que deberán ser ejercidos por el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del artículo 190 de este ordenamiento, el cual establece una serie de lineamientos que deben observarse en la programación y presupuestación del gasto público en materia de desarrollo rural.

Cabe destacar que la redacción vigente del precitado artículo 190, hace referencia a la extinta Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, abrogada a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual ha causado todos sus efectos jurídicos a partir del 1 de abril de 2006.

En virtud de lo anterior, el legislador proponente pretende incorporar en la redacción del artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que serán aplicables a las previsiones presupuestales destinadas a impulsar el desarrollo rural sustentable, las disposiciones contenidas en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en términos generales señalan los mecanismos de programación del gasto público.

Quinta. En razón de lo anteriormente expuesto, se deduce que la aprobación de la minuta coadyuva a que el proceso presupuestario sea eficiente, eficaz y oportuno; a un adecuado funcionamiento del proceso de seguimiento y evaluación de las políticas y programas, al establecer que las previsiones presupuestales contempladas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable deberán estar vinculadas a la retroalimentación de las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño; y a fortalecer las finanzas públicas, al tomar en cuenta el marco macroeconómico de mediano plazo en la programación y presupuestación anual del gasto público.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la reforma propuesta al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, relativa a incorporar en la redacción del precitado artículo que serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señalan los mecanismos de programación del gasto público, resulta procedente.

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXI Legislatura con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 190. Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010, p. 27.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences, María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera), secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, María Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Emiliano Velázquez Esquivel, Rolando Zubia Rivera.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad correspondiente.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social, enviada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 27 de noviembre de 2010.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39, y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 al 84, 135, 136, 137 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a la Comisión de Seguridad Social elaborar el dictamen a la misma, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes apartados: antecedentes, contenido de la minuta, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

1. El C. Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) presentó al pleno de la Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2009, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad de la misma Cámara.

2. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, elaboró el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el artículo 64 de la Ley del Seguro Social, mismo que fue aprobado en su reunión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2010.

3. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en su sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2010, aprobó dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la fracción XII del artículo 6 y el artículo 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo 64 de la Ley del Seguro Social, mismo que fue enviado como minuta proyecto de decreto a la Cámara de Senadores el mismo día, para los efectos constitucionales.

4. En sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre del año 2010 por la Cámara de Diputados, se recibió de la Cámara de Senadores oficio con el que se devuelve minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los artículos 64 y 84 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó como trámite a la minuta de referencia el turno a la Comisión de Seguridad Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta recibida de la Cámara de Senadores, ratifica en todos sus términos tanto las consideraciones expresadas en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, como la adición que en el mismo dictamen se hizo para incorporar, a la iniciativa presentada por el C. Dip. Jorge Antonio Kawhagi Macari, la reforma al artículo 64 de la Ley del Seguro Social.

En el mencionado artículo 64, la minuta que se dictamina establece un agregado con la finalidad de dejar claramente especificado que el otorgamiento de la pensión por orfandad corresponde a los huérfanos menores de dieciséis años totalmente incapacitados y que dicha incapacidad les impida mantenerse por su propio trabajo.

La redacción aprobada en la minuta del Senado de la República es la siguiente:

Artículo 64.

Fracción VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

Además de lo anteriormente referido, la minuta procedente del Senado de la República, agrega una reforma al artículo 84 en su fracción VI, para igualar en su redacción los términos en los que se reforman los otros artículos (el 6 y el 134 de la Ley del ISSSTE y el 64 de la Ley del Seguro Social), con la siguiente redacción:

Artículo 84. Quedan amparados por este Seguro:

Fracción VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional.

Consideraciones de la Comisión

La Comisión de Seguridad Social al aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del ISSSTE, presentada por el C. Dip. Jorge Kawhagi Macari (Nueva Alianza), agregó la reforma al artículo 64 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de establecer en ambas Leyes de Seguridad Social los términos adecuados atendiendo a lo que dispone la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por México y ratificada por el Senado de la República el 27 de septiembre de 2007, en cuanto a los términos que definen a las personas con discapacidad.

Ratificando el contenido de las consideraciones de la Comisión en el dictamen a la iniciativa de referencia, mismas que también ratificó el Senado de la República, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados considera que la reforma incorporada por la colegisladora debe de aceptarse para mantener la congruencia en los términos utilizado en las Leyes del ISSSTE y del Seguro Social al referirse a las personas con discapacidad.

Conclusiones y Acuerdo

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, la Comisión de Seguridad Social aprueba las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al artículo 64 de la Ley del Seguro Social y la adición de la reforma al artículo 84 de la misma ley, y, con fundamento en lo señalado en el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso c) y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Familiares derechohabientes a:

a) ...

b) ...

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

d) ...

...

1) ...

2) ...

XIII. a XXIX. ...

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 64, fracción VI y 84, fracción VI de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 64....

...

a) ...

b) ...

...

I. a V. ...

VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

.........

Artículo 84. ...

I. a V. ...

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Trabajo de la Comisión de Seguridad Social, a 2 de febrero de 2011.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados:Uriel López Paredes (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Malco Ramírez Martínez, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Isaías González Cuevas (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), María Guadalupe García Almanza, Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad correspondiente.

ARTICULOS 19, 20 Y 73 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

I . Antecedente legislativo

Único. El 8 de abril de 2010, la Diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 20, 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Materia de la iniciativa

La iniciativa expone: La trata de personas es un delito con consecuencias psicológicas irreversibles, considerado además como modalidad contemporánea de esclavitud y como forma extrema de violencia contra mujeres, niñas y niños, violándose por consecuencia derechos humanos fundamentales, menciona además la iniciativa que la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación más activa de los gobiernos e instituciones federales, estaduales y municipales, conjuntamente con la participación de la sociedad civil.

III. Considerandos

Antecedentes normativos en México

El primer antecedente normativo en México, fue la reforma del artículo 207 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, que a la letra decía:

“Artículo 207. Comete el delito de lenocinio: Toda persona que sin autorización legal, habitual o accidentalmente explote el cuerpo de la mujer por medio del comercio carnal, se mantiene de este comercio u obtiene de él un lucro cualquiera.”

Posteriormente, el 13 de enero de 1984, únicamente se incorpora al citado ordenamiento, el “Libro Segundo, Título Octavo, Capítulo Tercero”, que incluía los delitos de “Trata de Personas y Lenocinio”, sin que para ello se haya hecho referencia al concepto y penalidad del ilícito citado en primer término, sin embargo, a ello y en esa misma fecha se incorpora el artículo 205 como ilícito de Corrupción de Menores en el tenor siguiente:

“Artículo 205. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, se le impondrá prisión de 6 meses a 6 años y hasta 500 días multa.

Si se emplease violencia o el agente se valiese de una función pública que tuviere, la pena se agravará hasta en una mitad más.”

En este contexto, el Código Penal vigente en esa época, no contemplo la figura delictiva de la trata de personas, cuya persecución no solo interesa al estado mexicano, sino a la comunidad internacional, en los términos que han originado convenios multilaterales a este respecto, como en otros casos en que se pretende la persecución de delitos que trascienden las fronteras de un país.

No fue sino hasta la reforma de 27 de marzo de 2007, cuando en el artículo 207 se propuso la reestructuración de los Capítulos Segundo y Tercero del Título Octavo, libro segundo del Código Penal Federal, que se refieren a la corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores, es en ese momento cuando se tipifica el delito de trata de personas y lenocinio, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 207. Comete el delito de trata de personas quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla a cualquier forma de explotación, ya sea explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro o fuera del territorio nacional.

Al autor de este delito se le impondrá pena de 4 a 9 años y de 400 a 900 días multa”.

Es importante señalar, que desafortunadamente son pocos los Estados que han legislado para erradicar y prevenir la Trata de Personas, como son:

Lamentablemente para México el crimen organizado mejoró sus métodos de comisión delictiva, así como su reestructuración, aprovechando para su operación la globalización, el incremento del comercio mundial y la existencia de nuevas tecnologías de comunicación informática, haciendo insuficiente la legislación existente en el país.

En estas condiciones, esta Comisión de Puntos Constitucionales considera que este flagelo social ha expandido en forma acelerada sus redes delictivas, por tanto, es necesario contemplar en la Constitución el delito de Trata de Personas y ordenar la expedición de una ley general en la materia, acorde a la realidad social, en la que se prevengan las diversas conductas, así como las penalidades correspondientes.

En este sentido y al ser alarmante, año con año millones de personas, la mayoría mujeres y niños son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes situaciones de carácter laboral, sexual o de servidumbre, por lo que resulta urgente actuar legislativamente, adicionando y reformando el segundo párrafo del artículo 19; la fracción V del Apartado C del artículo 20; y el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Visto lo anterior, queda demostrado que el cuerpo normativo relativo a la trata de personas es deficiente y denota el poco interés de los Estados en abordar y prevenir la comisión del ilícito.

En este contexto, es pertinente citar la definición de Luisa Fernanda Tello Moreno, en su obra “Análisis del alcance y contenido de la Ley para Sancionar y Prevenir la Trata de Personas”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a la letra dice: “ La trata de personas también es un fenómeno trasnacional, por medio del cual se somete a las personas a situaciones de explotación sexual o laboral –en términos generales–, bajo condiciones análogas a la esclavitud y, por lo general, se les traslada a países distintos al de su origen o residencia, con el fin de que no escapen de dicha situación...”.

Marco Internacional.

Es necesario analizar los ordenamientos jurídicos de carácter internacional en cuanto al tema de trata de personas. En ese contexto, se ha trabajado para erradicar dicho ilícito y nuestro país no es ajeno a tales políticas.

El Estado mexicano, con una visión humanista, ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacionales, los cuales son:

1. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena:

“Artículo 1. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona;

Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2. Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Artículo 16. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos”.

2. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General En Su Resolución 44/25, De 20 De Noviembre De 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

“Artículo 34

Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.

3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

“Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

4. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud

“Artículo 1

Cada uno de los Estados parte en la Convención adoptará todas aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se indican a continuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en Ginebra en 25 de septiembre de 1926:

a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios;

b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición;

Sección II. La trata de esclavos

Artículo 3

1. El acto de transportar o de intentar transportar esclavos de un país a otro por cualquier medio de transporte, o la complicidad en dicho acto, constituirá delito en la legislación de los Estados parte en la Convención, y las personas declaradas culpables de él serán castigadas con penas muy severas.

2. a) Los Estados parte dictarán todas las disposiciones necesarias para impedir que los buques y las aeronaves autorizados a enarbolar su pabellón transporten esclavos y para castigar a las personas culpables de dicho acto o de utilizar el pabellón nacional con ese propósito;

b) Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para impedir que sus puertos, aeropuertos y costas sean utilizados para el transporte de esclavos.

3. Los Estados parte en la Convención procederán a un intercambio de información con objeto de conseguir una coordinación práctica de las medidas tomadas por ellos para combatir la trata de esclavos y se comunicarán mutuamente todo caso de trata de esclavos y toda tentativa de cometer dicho delito que lleguen a su conocimiento.

Artículo 4

Todo esclavo que se refugie a bordo de cualquier buque de un Estado Parte en la Convención quedará libre ipso facto.

Sección III. Disposiciones comunes a la esclavitud y a las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

Artículo 5

En cualquier país donde la esclavitud o las instituciones y prácticas mencionadas en el artículo 1 de esta Convención no hayan sido completamente abolidas o abandonadas, el acto de mutilar o de marcar a fuego, o por otro medio, a un esclavo o a una persona de condición servil — ya sea para indicar su condición, para infligirle un castigo o por cualquier otra razón —, o la complicidad en tales actos, constituirá delito en la legislación de los Estados parte en la Convención, y las personas declaradas culpables incurrirán en penalidad.

Artículo 6

1. El hecho de reducir a una persona a esclavitud, o de inducirla a enajenar su libertad o la de una persona dependiente de ella para quedar reducida a esclavitud, la tentativa de cometer estos actos o la complicidad en ellos o la participación en un acuerdo para ejecutarlos, constituirán delito en la legislación de los Estados parte en la Convención y las personas declaradas culpables de ellos incurrirán en penalidad.

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del artículo 1 de la Convención, las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se aplicarán también al hecho de inducir a una persona a someterse o a someter a una persona dependiente de ella a un estado servil que resulte de cualquiera de las instituciones o prácticas mencionadas en el artículo 1, así como a la tentativa de cometer estos actos, o la complicidad en ellos, y a la participación en un acuerdo para ejecutarlos.

Sección IV. Definiciones

Artículo 7

A los efectos de la presente Convención:

a) La “esclavitud”, tal como está definida en el Convenio sobre la Esclavitud de 1926, es el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad, y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición;

b) La expresión “persona de condición servil” indica toda persona colocada en la condición o estado que resulta de alguna de las instituciones o prácticas mencionadas en el artículo 1 de la Convención;

c) “Trata de esclavos” significa y abarca todo acto de captura, de adquisición o de disposición de una persona con intención de someterla a esclavitud; todo acto de adquisición de un esclavo con intención de venderlo o de cambiarlo; todo acto de cesión por venta o cambio de una persona, adquirida con intención de venderla o cambiarla, y, en general, todo acto de comercio o de transporte de esclavos, sea cual fuere el medio de transporte empleado”.

5. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

“A. Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico

B. Las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio”.

6. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.

“Reafirmamos nuestro compromiso de:

8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el derecho al desa-rrollo;

9. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

7. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

“Artículo 1

Finalidad

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;

j) Por “organización regional de integración económica” se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte” con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.”

Es importante destacar que dichos instrumentos internacionales son de observancia obligatoria para el Estado mexicano y los principios que postulan deben ser adoptados en el derecho interno, ello para asegurar su observancia.

Nuestro Máximo Tribunal, ha señalado la obligatoriedad de los Tratados Internacionales en relación al Estado mexicano:

Tratados Internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

En suma, los principios establecidos en los documentos jurídicos antes citados, no sólo son disposiciones de carácter internacional, sino que es obligación del Estado mexicano adoptarlos en el derecho interno, esto es, creando las disposiciones jurídicas que hagan efectivo el cumplimiento.

IV. Conclusiones.

De lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales llega a las convicciones siguientes:

Primera. La trata de personas no es una manifestación meramente circunstancial que afecta a una cuantas personas, sino que repercute en cuestiones de estructuras de los Estados en el tejido social y económico, así como en las organizaciones de las sociedades.

Segunda. Violenta los derechos humanos del individuo, sobre todo, de aquellos que tienen un status vulnerable; como las mujeres, los niños y los migrantes, esto por que adolecen de educación y oportunidades de trabajo.

Tercera. Estamos frente a un fenómeno socio delictivo, que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos jurídicos vigentes en México, por la agudización paulatina de la globalización y el desarrollo tecnológico, además de que convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y corrupción.

Cuarta. Las redes del crimen organizado apuntan firmemente a las niñas y los niños como producto de cambio, cuyo beneficio deriva en vender a estos para que trabajen como siervos o de manera forzada, estas prácticas debemos concebirlas como inhumanas y criminales, por ello es preciso detenerlas.

Quinta. En esas condiciones vertidas en los puntos anteriores, esta Comisión dictaminadora considera necesario proponer una reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, para que la trata de personas se incorpore a los delitos en los cuales el Juez declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, lo anterior toma fundamento por la afectación social que produce el ilícito y por el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.

Sexta. Es pertinente, reformar la fracción V del apartado C del artículo 20 constitucional, para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de Trata de Personas, el resguardo de su identidad y datos personales, toda vez que, por las características de este delito, resulta necesario proteger la identidad y datos de la víctima, con el fin de que, en el proceso penal, se cumplan con las mínimas medidas de seguridad.

Séptima. Con respecto a la propuesta contenida en el proyecto, de agregar un inciso f) al artículo 21 constitucional con objeto de establecer la coordinación de autoridades de los distintos órdenes de gobierno para combatir el delito, esta Comisión coincide en que debe desecharse, porque el párrafo noveno vigente, así como en los párrafos segundo y tercero de la fracción XXI del artículo 73, la coordinación entre autoridades a que hace referencia la propuesta, ya se encuentra prevista en mejores términos y con mayor amplitud, toda vez que se prevé tanto para los delitos federales como para los del fuero común, mientras que, del texto de la propuesta podría desprenderse que cuando una autoridad local conozca de la comisión de un delito del fuero federal, debería avisar a la autoridad correspondiente y ponerse a sus órdenes, y que la autoridad local (estatal o municipal) también conocería del delito federal, lo cual es contradictorio.

Octava. Esta dictaminadora considera pertinente que se realice la reforma contenida en el párrafo segundo, de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Trata de Personas, logrando, en consecuencia, un instrumento jurídico adecuado.

Por lo expuesto, los miembros de la comisión someten a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

...

...

...

...

Artículo 20. ...

A. ...

B. ...

C. ...

I. a IV. ...

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

...

VI. y VII. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

...

...

XXII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados emitirán la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad correspondiente.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión y tenemos uno con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. En sesión celebrada el 8 de abril de 2010, las diputadas Ninfa Salinas Sada y Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, respectivamente, presentaron la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

II. Objeto y contenido de las iniciativas

Las iniciativas que aquí se dictaminan parten de la consideración de que el cambio climático generado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los problemas ambientales más trascendentes y uno de los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad.

Asimismo, se señala en la exposición de motivos que la mitigación del cambio climático es un reto que exige responsabilidades que deben ser asumidas por todos los países del mundo, pues sus impactos van más allá de lo ambiental: es un problema transversal que requiere ser tratado con un enfoque multilateral. Se trata de un problema con dimensiones que exige la implementación de acciones a largo plazo y actuación inmediata.

México no puede omitir responsabilidades en este problema de dimensiones globales, pues es responsable de emitir el 1.5 por ciento de los GEI, por lo que se encuentra dentro de los 15 países con mayores emisiones por quema de combustibles.

Por otra parte, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que, por una parte, tenemos zonas susceptibles de ser impactadas con sequías nunca vistas que incidirán principalmente en el noroeste del país y, por otra, zonas que podrían sufrir graves inundaciones, como en los estados del sur-sureste. Esto, sin contar cambios en los ecosistemas terrestres y marinos, desertificación, erosión de los suelos, problemas en las zonas costeras, en el sector hídrico, afectaciones a la salud, problemas de seguridad alimentaria, etcétera.

Usar la energía disponible de la mejor forma posible (eficiencia energética) contribuye a la competitividad del país y contribuye a la reducción de emisiones de GEI a la atmósfera, por lo que la promoción de la eficiencia energética es una forma importante de combatir el cambio climático, ya que al requerir de menos energía se deja de quemar combustibles fósiles, que son la principal fuente primaria de energía.

A este respecto, un campo que permite avanzar en materia de eficiencia energética es el de la iluminación. En la actualidad el elemento más utilizado para este propósito son las lámparas incandescentes o bombillas, en México conocidas como focos, los cuales son equipos altamente ineficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico. Del total de la energía que estas lámparas utilizan, el 90 por ciento se transforma en calor. Si bien los focos son dispositivos ineficientes, son muy baratos, no obstante que tienen una vida útil muy breve.

Es importante destacar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes o focos, son usados para el sector residencial, comercios y servicios.

Desde hace varios años ya se cuenta con lámparas ahorradoras, las cuales tienen el inconveniente de su precio que no puede competir adecuadamente con los precios de las lámparas incandescentes.

Las diputadas proponentes mencionan datos importantes en su iniciativa, los cuales, al tomarse en cuenta, muestran notables ventajas sobre las lámparas incandescentes:

- Una lámpara ahorradora cuenta con una vida útil hasta 10 veces mayor a la de una lámpara incandescente, es decir, alrededor de 10 mil horas, por lo que al tener que reemplazar el foco común en diez ocasiones, los costos se equiparan al de un solo foco ahorrador.

- Las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía refieren que en cada hogar son utilizados alrededor de 8 focos que, de ser sustituidos por focos ahorradores, se generaría un ahorro de energía que, en términos económicos, oscila entre los 826 y los mil 106 pesos anuales.

Afirman las diputadas proponentes que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones: 160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO2.

Debido al precio relativamente alto de las lámparas ahorradoras, el costo económico de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras es mucho, pero también es cierto que no hacerlo representa mayores costos en el mediano y largo plazo, pues la sustitución de lámparas incandescentes por otras energéticamente más eficientes representa una oportunidad para colaborar en la mitigación del cambio climático.

Se reconoce en la iniciativa que el Ejecutivo federal ha planteado esfuerzos para combatir el cambio climático tanto en el ámbito nacional, como internacional. Sin embargo, hace falta reforzarlos, ya que los resultados aún son reducidos respecto de lo que debe lograrse para que haya impacto significativo.

En este sentido, resulta oportuno reconocer que el pasado 21 de abril de 2010, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Energía, los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, instrumento mediante el que se refleja la determinación del gobierno federal para descontinuar definitivamente el uso de lámparas incandescentes en sus edificios e instalaciones.

Dicho documento indica en su capítulo II, que los edificios propios y arrendados de la administración pública federal deben considerar el uso de equipos eficientes de iluminación, como lámparas fluorescentes compactas, tubos fluorescentes T8 y T5, con balastro electrónico y luminarios normalizados. Asimismo, se deberá evitar el uso de lámparas incandescentes, halógenas, luz mixta y vapor de mercurio, puesto que estas tecnologías no cumplen la eficacia mínima de 60 lumens por watt (lm/W).

Por otra parte, se afirma que hay muchos inmuebles que son ocupados por la administración pública y que no utilizan lámparas ahorradoras, por lo que es necesario que se proponga un plazo para que sean sustituidas las lámparas incandescentes por dispositivos ahorradores.

El problema no es sencillo, ya que si bien el uso de lámparas ahorradoras contribuye a reducir las emisiones de GEI, es preciso señalar que las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para realizar su función de iluminar.

Se estima que al romperse una lámpara fluorescente el 25 por ciento de su contenido de mercurio es emitido al aire, por lo que las emisiones de mercurio generadas por la rotura de lámparas fluorescentes representan en promedio 0.229 toneladas al año. Lo cual se agrega a las emisiones provenientes de las plantas generadoras a partir de carbón, que es de 0.785 de toneladas al año.

Si bien el uso de lámparas fluorescentes plantea el problema de la disposición de las lámparas desechadas, también representan la oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas generadoras de energía que usan carbón, debido a que para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta se requiere generar menos electricidad.

En la particular opinión de las diputadas proponentes, México no cuenta con una legislación adecuada para el manejo de desechos de lámparas fluorescentes, ni con una regulación que exija a los fabricantes que proporcionen información a los consumidores sobre el manejo y disposición de aquéllas que ya no tienen vida útil, por lo que es necesario un plan de manejo de estos residuos que, por sus características son peligrosos.

Por ello, las diputadas Díaz de Rivera y Salinas Sada consideran que es urgente establecer en la legislación las disposiciones adecuadas para obligar al manejo, recolección y disposición final de estos elementos. Señalan que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cataloga a las lámparas fluorescentes y al vapor de mercurio como residuos peligrosos que deben estar sujetos a un plan de manejo. Por ello, las reformas propuestas estarían dirigidas a introducir las modificaciones que establezcan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Secretaría de Energía, definan los lineamientos a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio, con el objeto de que existan pautas claras en tales acciones.

Se citan en las iniciativas casos de países en los que se ha empezado a tomar medidas imperativas para favorecer el uso eficiente de la energía: Cuba, Ecuador, Venezuela, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. En estos tres últimos ya se han modificado disposiciones legales para prohibir las lámparas incandescentes a partir del 2010.

Por las razones expuestas, las diputadas Díaz de Rivera y Salinas Sada proponen modificar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en los siguientes términos:

1. Se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI, ambas del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el objetivo de establecer que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía incluirá una estrategia para inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional y que establecerá estrategias y programas para sustituir las lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.

2. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de incorporar a la Secretaría de Energía en la tarea de establecer lineamientos y estrategias a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio.

Asimismo, se propone introducir en los artículos transitorios, además de la fecha de entrada en vigor, algunas disposiciones, tales como el establecimiento de un límite temporal a partir del cual queda prohibido el uso y la comercialización de lámparas incandescentes, la disposición que obliga a las secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público a elaborar normas oficiales cuyo objeto sea favorecer el uso, producción y comercialización de lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente que las lámparas incandescentes.

Asimismo, se establece que a partir del 30 de junio de 2010, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los Poderes Legislativo y Judicial, únicamente podrán utilizar lámparas y equipos de iluminación con tecnología energéticamente más eficiente que la utilizada por las lámparas incandescentes.

Finalmente, las mismas disposiciones transitorias establecen que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantarán acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos con tecnología energéticamente más eficiente.

III. Consideraciones

México es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue signada en el año de 1992 y ratificada por nuestro país en 1993, así como la adición al Protocolo de Kioto. La Convención define al cambio climático como el cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

México emite 1.5 por ciento de las emisiones globales de GEI, por lo que se encuentra dentro de los 15 principales países emisores. El 61 por ciento de las emisiones tienen como fuente responsable al sector energético. Dentro del sector energético en particular, la generación de electricidad representa el 24 por ciento de las emisiones. Es por ello, que ha impulsado políticas públicas que implementen acciones para disminuir los efectos del cambio climático, entre otras, para la eficiencia en la generación y uso de energía.

Por lo que hace a la sustentabilidad energética, las lámparas incandescentes conocidas coloquialmente como focos, no son los equipos más eficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joulede un filamento metálico con dispositivo muy ineficiente, aunque muy barato.

Imagen: Fideicomiso para el Ahorro de la Energía2

En este sentido, es importante señalar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes, son usados para el sector residencial, comercios y servicios.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrico, de conformidad con la fracción VII del  artículo 11 de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, constituido por el gobierno federal, recibe recursos federales en los cuales el gobierno federal constituye garantías, su objeto es apoyar el aprovechamiento sustentable de la energía

Según datos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica sobre la eficiencia de los focos convencionales y la lámpara fluorescente compacta (LFC) es el siguiente:

Las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para emitir luz, éste es un metal pesado que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre, se halla presente en el carbón mineral que suele ser utilizado en los generadores de electricidad.

El Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio en México de 2001 señalaba que al romperse una lámpara fluorescente, el 25 por ciento de su contenido es emitido al aire; sin embargo las emisiones estimadas representan en promedio 0.229 ton/año, comparado con el 0.7855 ton/año de las plantas carboeléctricas.

Las lámparas fluorescentes representan una oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas debido a que en promedio una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir la electricidad requerida para hacer funcionar una lámpara incandescente, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones;160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO2 para combatir los efectos del cambio climático. Lo cual representa resultados medibles y eficaces en las medidas propuestas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).

El gobierno federal ha diseñado políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático, asumiendo a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como principio básico de la administración, el Desarrollo Humano Sustentable, como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades. En este sentido, el Plan Nacional prevé diversas estrategias, correspondiendo al tema que nos ocupa diversos apartados del Eje 4, Sustentabilidad Ambiental, y el Eje 2, Economía competitiva y generadora de empleos.

Dentro del Eje 4 ,Sustentabilidad ambiental, se establece el apartado 4.6., Cambio Climático, el cual señala:

Objetivo 10. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Del apartado 4.6 del Cambio Climático, se señala que un tema central en esta tarea es la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en sectores estratégicos en los que existen cobeneficios muy importantes como la eficiencia energética, la competitividad industrial, la seguridad y el cuidado al medio ambiente.

Por su parte el Eje 2, Economía competitiva y generadora de empleos, establece en su apartado 2.11. , Energía, electricidad e hidrocarburos,lo siguiente:

Objetivo 15. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.

Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, se propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. De esta forma, se pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles.

En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos.

Estrategia 15.13Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros a los consumidores.

Con sujeción a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, (PECC) emitido de conformidad con los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los Programas Sectoriales, establece las acciones que el Gobierno Federal encabezará de manera coordinada para atender los desafíos de este fenómeno global, tanto en su vertiente de mitigación, que consisten en el control y la reducción de las emisiones, así como en la adaptación, que abate la vulnerabilidad y limita los impactos negativos del cambio climático.

Las acciones de mitigación,conforme al PECC,requieren de una profundatransformación de las formas de producción y consumo, de la utilización de energía y del manejo derecursos naturales, así como de las formas de ocupación y utilización del territorio, inducen una disminución de la intensidad de carbono, expresada como la relación entre emisiones y producto económico.

La trayectoria de mitigación para que México reduzca a la mitad sus emisiones en 2050, integra, en un primer momento sus metas al 2012. El cumplimiento cabal del Programa  podría alcanzar una reducción total de emisiones anuales, en 2012, de alrededor de 100 millones de toneladas de CO2, al contabilizar las acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo, y dese-chos.

En lo que se refiere a las acciones relacionadas a la sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía el PECC señala:

Sector residencial, comercial y administración municipal

A partir de los resultados del Inegi, en 2006, este sector emitió 20.2 MtCO2e que representan el 3 por ciento del total nacional de emisiones. Los esfuerzos más relevantes para la mitigación de GEI se incluyen en los siguientes objetivos.

Objetivo 2.2.11 Implementar el Programa de ahorro de energía “Para Vivir Mejor” (con inversión pública de 3,000 millones de pesos, 750 por año, entre 2009 y 2012), para la sustitución de electrodomésticos por tecnologías eficientes.

Metas

M.44. Ahorrar energía eléctrica por 5 mil 290 GWh entre 2009 y 2012, 2 mil 524 GWh/año en 2012, por la sustitución de 47.2 millones de focos incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas u otras de mayor eficiencia: 3.53 MtCO2e (2009–2012); 1.68 MtCO2e /año (en 2012).

M.45. Ahorrar energía eléctrica por 3,650 GWh entre 2009 y 2012 por sustitución de 482,000 refrigeradores y equipos de aire acondicionado por año entre 2009 y 2012; 3.1 MtCO2e (2009–2012); 0.88 MtCO2e /año (en 2012).

(Cifras preliminares por confirmar por parte de la SENER. Estas estimaciones se calculan con base en la meta de sustitución de equipo esperada para 2009. Se tiene contemplada la continuación del programa hasta el 2012, está pendiente la confirmación del número de unidades a reemplazar en esos años, así como sus impactos de mitigación).

Objetivo 2.2.12. Fortalecer las acciones de ahorro de energía en el sector residencial mediante instrumentos normativos.

Metas

M.46. Reducir emisiones de GEI, como consecuencia de ahorros de energía eléctrica mediante la elaboración y aplicación de un instrumento normativo que propicie el uso generalizado de lámparas eficientes e impida la comercialización futura de lámparas incandescentes. Esta acción deberá acompañarse de un programa que contemple mecanismos de mercado que permitan crear los incentivos para los sectores involucrados.

Administración pública federal

Las acciones de mitigación en la APF se concentran en el impulso al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en sus inmuebles. Se prevé el reforzamiento y ampliación de un programa de ahorro de energía eléctrica a partir de 2009 dando continuidad a los esfuerzos desa-rrollados en los últimos años.

Objetivo 2.2.15. Reforzar y ampliar el programa de ahorro de energía eléctrica en la APF.

Meta

M.52. Ahorrar energía eléctrica en inmuebles de la APF por 375 GWh entre 2008 y 2012, y por 125 GWh/año en 2012; 0.25 MtCO2e (2008-2012); 0.08 MtCO2e/año (en 2012).

Con apego a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en el cual se establecen los compromisos, estrategias y las líneas de acción del Gobierno Federal en materia energética. El Programa busca promover el desarrollo integral y sustentable del país, manteniendo el horizonte de largo plazo que se encuentra plasmado en la Visión 2030. Uno de los principales objetivos es mitigar el impacto ambiental, promoviendo además el uso racional de la energía.

Dicho programa establece en su apartado III lo siguiente:

Objetivo III.1., perteneciente al apartado III, de  Eficiencia Energética, Energías Renovables y Biocombustibles establece que, acorde con los dos de los ejes centrales de las políticas públicas de México sustentabilidad ambiental y economía competitiva y generadora de empleos, debe de promoverse el uso y producción eficiente de la energía.

Dentro de las líneas de acción se señalan las siguientes:

Dentro de la Estrategia III.1.2. Impulsar la optimización en el abastecimiento y uso de la energía por parte de las dependencias y entidades que conforman la administración pública federal.

Líneas de acción

• Verificar que los inmuebles de los cuales hagan uso las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de eficiencia energética aplicables.

• Establecer un programa de ahorro de energía en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dentro de un proceso de mejora continua, que permita, paulatinamente, incrementar la eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

• Incorporar criterios de eficiencia energética en las adquisiciones de equipos transformadores y consumidores de energía que realice la Administración Pública Federal.

Dentro de la Estrategia III.1.3.- Ampliar las acciones coordinadas entre los sectores público, social y privado, para el fomento del uso eficiente de la energía entre la población.

Líneas de acción.

• Impulsar programas de normalización y etiquetado de eficiencia energética, que permitan a los consumidores distinguir productos eficientes.

En cumplimiento a las metas y estrategias de los planes y programas antes señalados, se ha destinado $618,713,991.50 M.N., como egreso final, a tres programas, entre ellos  el denominado Proyecto Piloto de sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas, con el objeto de impulsar el sector energético nacional a través de proyectos, programas y acciones encaminadas a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias. Aún y cuando existen acciones encaminadas a impulsar la eficiencia energética, es necesario el sustento legal que de fuerza y alcance jurídico a lo ya realizado y a lo planeado por el sector.

Es importante mencionar que, gobiernos de diferentes partes del mundo, desde América, Asia y Europa, hasta Oceanía y África han puesto especial interés en la implementación de medidas que contribuyan a la disminución del consumo de energía y por ende, en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Al respecto, una de las medidas que con éxito ha sido implementada es el reemplazo obligatorio de los tradicionales focos incandescentes, en donde se han modificado disposiciones legales para prohibir el uso, la producción, la importación y/o la comercialización de las lámparas incandescentes y que además incluyen sanciones, normas técnicas y la obligación para proporcionar información al público sobre la disposición final de las lámparas fluorescentes, después de su vida útil, así como la obligación para diseñar programas de manejo para una adecuada disposición y/o reciclado del mercurio. Son de resaltar las siguientes experiencias:

- Argentina en la Ley 26 473, publicada el 21 de enero del 2009, prohíbe, a partir de diciembre de 2010 la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general.

- Colombiaen el Decreto No. 3450del 12 de Septiembre del 2008 establece que a partir del 2011 no se permitirá la importación, distribución, comercialización y utilización de las fuentes de iluminación de baja eficiencia lumínica.

- Perú en su Decreto Supremo No. 034-2008-EM, que entró en vigor el 20 de junio de 2008, por medio del cual se dictan medidas para el ahorro de energía del Sector Público, establece el remplazo de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas.

- EstadosUnidos de América,en elestado de Connecticut,el Proyecto de Ley número 1432, de enero de 2007 en el que se prohíbe la venta de lámparas incandescentes.

- Australia, en las Normas de Desempeño (MEPS) para la eficiencia energética, Normas:AS /NZS 4782.1 AS/NZS 4782.3,publicada por primera vez como AS/NZS4782.2:2004 en abril de 2004, esta norma entró en vigor el 1 de octubre del mismo año y tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética, mediante la eliminación de lámparas incandescentes en el mercado. Fomentar la compra-venta de lámparas fluorescentes de mayor eficiencia.

Lo anterior, tiene como fin reducir el gasto en insumos energéticos, aumentar la competitividad de la producción, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar los recursos energéticosde nuestro país.

En razón de las consideraciones antes expuestas, resulta procedente la iniciativa propuesta, tal y como se señaló en el mismo apartado, se encuentran acordes con los objetivos, metas y estrategias de los instrumentos de política ambiental que el gobierno federal ha impulsado, los cuales tienen como directriz a seguir la política de ahorro de energía y sustentabilidad energética, así como de eficiencia energética que busca la reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía.

Asimismo, las iniciativas cumplen con los objetos que señala la ley respectiva.

La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece:

Artículo 1.La presente ley es de orden público e interés social. Tiene como objeto propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establece:

Artículo 1. ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación...

IV. Modificaciones a las iniciativas

Primera. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras reconocen que existe el problema del cambio climático, el cual indudablemente se debe a la actividad humana fundamentalmente.

Segunda. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden en que es una necesidad legislar en el sentido en que lo proponen las diputadas, con el fin de establecer la prohibición de importar, distribuir y comercializar lámparas energéticamente ineficientes,  así como establecer una sanción en torno a dichas conductas.

Tercera. Estas comisiones unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideran que el objeto de las iniciativas es plausible y factible. Sin embargo, se estima que deben realizarse diferentes modificaciones con la finalidad de lograr los objetivos que se persiguen con las reformas planteadas, tomando en cuenta las disposiciones legales existentes en la materia y atendiendo las mejores prácticas en materia de técnica legislativa.

En atención a lo anterior, estas comisiones dictaminadoras realizan las siguientes observaciones, precisiones y modificaciones al proyecto de decreto contenido en las iniciativas que se examinan:

A. Con respecto a la reforma del artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Ninfa Clara Salinas Sada proponen la reforma de la fracción X con la siguiente redacción: “X. Formular una estrategia para inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional.” Asimismo, plantea la adición de la fracción XI al mismo artículo, en los siguientes términos: “XI. Establecer acciones, estrategias y programas para favorecer que los consumidores del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.”

La redacción vigente de dicha fracción X de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía es la siguiente: “X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica”.

Estas comisiones estiman viable conjuntar la redacción de ambas fracciones para quedar como sigue: “X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas energéticamente ineficientes por lámparas con mayor eficiencia energética, en términos de las normas oficiales mexicanas vigentes.”

Con la redacción anterior se permite determinar de forma general la sustitución de un producto “lámparas energéticamente ineficientes” por otro distinto “lámparas con mayor eficiencia energética” en atención a las características y/o especificaciones que debe reunir dicho producto conforme a las normas oficiales mexicanas. Es decir, se toma en consideración la legislación vigente, de forma específica, lo establecido en el artículo 3o., fracción XII, en relación con el artículo 40, ambos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Consecuentemente, no resulta necesario crear una fracción XI dentro del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

B.Se propone en las iniciativas en estudio, la adición de diversas hipótesis, consideradas como conductas para sancionar por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Al analizar el contenido y la estructura de la norma se consideró establecer un nuevo título en el que se reflejen las citadas prohibiciones, mismas que constituyen disposiciones jurídicas en atención a la conservación y cuidado del medio ambiente.

En ese sentido se propone la adición de artículo 34 a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con la siguiente redacción:

“ Artículo 34. Se prohíbe la importación, distribución y comercialización de lámparas, tanto al mayoreo como al menudeo, que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Lo anterior, con las excepciones que se establezcan en dichas normas.”

En la redacción transcrita se pretende establecer la prohibición a diversas conductas (importar, distribuir o comercializar) en relación con un producto (lámparas que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas). Asimismo, se prevé que en dichas normas oficiales mexicanas se establezcan las excepciones que pudieran existir.

Lo anterior es así, pues no obstante que resulta viable establecer una sanción a dichas conductas, en atención a que el espíritu de la ley es proscribir dichas lámparas por su ineficiencia energética en comparación con diversas lámparas y equipos de iluminación existentes en la actualidad, estas comisiones dictaminadoras estiman que debe establecerse en el cuerpo de la ley la prohibición expresa a dichas conductas.

C.En concordancia con lo anterior, estas comisiones consideran adicionar la fracción I del artículo 30 de la vigente Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía con la finalidad de establecer una sanción al hecho de contravenir la prohibición establecida en el artículo 34 que se adiciona. Es decir, se prevé una sanción para establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor sancionará de cien a diez mil veces el salario mínimo a quien realice las conductas prohibidas: importar, distribuir o comercializar, tanto al mayoreo como al menudeo, lámparas que no tengan las características y/o especificaciones mínimas que se establezcan en las normas oficiales mexicanas para tenerlas como lámparas energéticamente eficientes.

También, se establece la salvedad de que la aplicación de las sanciones propuestas será sin perjuicio de lo establecido en diversas leyes. Con lo anterior, se tomaría en cuenta, por ejemplo, la facultad prevista para las autoridades aduaneras en el artículo 151, fracción II, de la Ley Aduanera, relativa al embargo precautorio cuando se trate de mercancías de importación prohibidas. De esta forma, la sanción correspondiente no dejaría sin efectos la facultad de realizar el embargo precautorio de una mercancía cuya importación se encuentra prohibida.

D.Por otra parte, se ha estimado procedente establecer sólo la fecha de iniciación de vigencia en el contenido de los artículos transitorios y no se consideró viable establecer en dicho régimen transitorio las prohibiciones en comento, como se proponía en las iniciativas en comento; lo anterior, por razones de técnica jurídica y en aras de establecer una adecuada estructura de la ley.

De esta forma, en el régimen transitorio, estas comisiones dictaminadoras prevén en el primer artículo transitorio establecer la entrada en vigor del decreto que se plantea.

Asimismo, las comisiones dictaminadoras han considerado establecer en un artículo Segundo transitorio que la Secretaría de Energía elabore anualmente un informe en el que se evaluarán los resultados de la estrategia establecida en la fracción X del artículo del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Lo anterior, para dar seguimiento puntual a la ejecución y avance de los objetivos que se pretenden alcanzar con dicha estrategia. 

Finalmente, no se soslayan algunas propuestas contenidas en las iniciativas que se dictaminan y que estas comisiones no estiman como procedentes para su aprobación conforme a lo establecido en las consideraciones subsecuentes.

E. En el artículo quinto transitorio del artículo primero de ambos proyectos de decreto de las iniciativas que se dictaminan se propone que “la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantarán acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por ahorradoras”.

Al respecto, se debe precisar que esta disposición se encuentra repetida en el contenido de la adición de una fracción XI al artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de las propias iniciativas. Asimismo, por razones de técnica jurídica y un adecuado diseño estructural de la ley este tipo de disposiciones no debe contenerse en un régimen transitorio. En atención a lo anterior y al haberse considerado la propuesta en la reforma planteada por estas comisiones dictaminadoras en el contenido de la fracción X del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, resulta improcedente la inclusión de este artículo transitorio.

F.En el artículo quinto transitorio de las iniciativas propuestas se prevé que “en un plazo máximo de tres meses posteriores a la publicación del presente decreto, y con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Energía elaborará el anteproyecto de actualización de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, para incorporar en la sección 6, ‘Especificaciones’, los parámetros de contenido máximo de mercurio y vida útil mínima”.

Se precisa que la información que se debe contener en las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, las cuales se consideran como residuos peligrosos sujetos a planes de manejo en el artículo 31, fracción VI, de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos,  debe incluirse en una norma oficial mexicana de conformidad con lo establecido en el artículo 32 vigente de la misma ley, mismo que se transcribe:

“Artículo 32. Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular los planes de manejo, se especificarán en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y estarán basados en los principios que señala la presente ley.”

En consecuencia, estas Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideran no aprobar la reforma planteada a la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos para adicionar un artículo 39 Bis y adicionar una fracción XXIV al artículo 106.

Cabe citar que el incumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 se sancionará de conformidad con lo establecido en su numeral 13,“Sanciones”, por lo cual la sanción a la no inclusión de la información relativa al manejo de los residuos peligrosos –lámparas fluorescentes- ya se encontraría prevista.

G.Por otra parte, se propone en las iniciativas en comento la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos para establecer que “la secretaría, en colaboración con la Secretaría de Energía, establecerá lineamientos y estrategias por observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio”.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estiman que dicha reforma es improcedente, ya que es contraria a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, en el que se establece que los lineamientos y procedimientos que se deban considerara al formular los planes de manejo se deben especificar en normas oficiales mexicanas y, además, deben estar basados en los principio de la misma ley. En consecuencia, se considera de no aprobar la reforma planteada en este sentido por las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Ninfa Clara Salinas Sada.

Por las razones expuestas con antelación, las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Artículo Único.Se reforma la fracción X del artículo 7; se reforma la fracción I del artículo 30; y se adiciona el título séptimo, “Otras Disposiciones”, con un artículo 34, todos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para quedar como sigue:

“Artículo 7. El programa incluirá al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendentes a:

I. a IX. ...

X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas energéticamente ineficientes por lámparas con mayor eficiencia energética, en términos de las normas oficiales mexicanas vigentes.”

“Artículo 30. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa las conductas u omisiones siguientes:

I. De cien a diez mil veces el salario mínimo a la persona que fabrique, importe, distribuya o comercialice los equipos o aparatos a que hace referencia el artículo 23 del presente ordenamiento, que no incluyan la información acerca del consumo energético, o cuando la incluyan de forma diferente a la que establezca el reglamento, siempre que no implique engaño al consumidor o no constituya una práctica que pueda inducir a error; asimismo, a la persona que contravenga lo dispuesto en el artículo 34 de este ordenamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales;

II. y III. ...

...”

“Título SéptimoOtras Disposiciones

Artículo 34. Se prohíbe la importación, distribución y comercialización de lámparas, tanto al mayoreo como al menudeo, que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Lo anterior, con las excepciones que se establezcan en dichas normas.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría, a través de la comisión deberá elaborar anualmente un informe en el que se evaluarán los resultados de la estrategia establecida en la fracción X del artículo 7 de esta ley.

Notas:

1 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental/ cambio-climatico.html

2 http://www.fide.org.mx/LFC/diferencia.html

3 http://www.ine.gob.mx/descargas/sqre/mxhg_airefinal_todo_v3.pdf

4 http://www.epa.gov/mercury/consumer.htm

5 Programa de Ahorro de Energía Eléctrica 2007-2012. Ver en:  http://www.conae.gob.mx/wb/

6 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-emp leos/energia-electricidad-e-hidrocarburos.html

7 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012.

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5030251&fecha=21/02/ 2008

9 El Indicador del Objetivo III.1

Nombre del Indicador Ahorro en el consumo de energía eléctrica

Unidad de medida: Gigawatts-hora

Línea base (2006): 21,685

Meta 2012: 43,416

Véase en Programa Sectorial de Energía 2007-2012

10 Información al 31 de Diciembre del 2009 del Fideicomiso denominado Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Véase en: http://www.energia.gob.mx/webSener/res/0/Fideicomiso_2145.pdf

11 http://www.puntofocal.gov.ar/doc/arg2009/246_t.pdf

12 http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_ normatividad/ form_consultar_normas_energia.jsp?parametro=1662& site=1

13 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia por ciento20energetica/ds por ciento20034-2008-em.pdf

14 http://www.cga.ct.gov/2007/TOB/S/2007SB-01432-R00-SB.htm

15 http://www.clasponline.org/clasp.online.worldwide.php?programinfo=704

16 El artículo 2 de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece  en su fracción I que para los efectos de esta ley se entenderá por aprovechamiento sustentable de la energía “El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.” Asimismo, en su fracción V establece que la eficiencia energética son todas aquellas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oceguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No tenemos hasta el momento oradores inscritos...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Ya están notificando que pido la palabra en contra, pero además quisiera que la Comisión nos sustentara su dictamen como procede legalmente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le solicitamos a la Comisión que alguno de sus integrantes haga uso de la palabra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Cantú Rodríguez tiene el uso de la palabra para fundamentar el dictamen hasta por 10 minutos.

:Muchas gracias, presidente. Cuando se presentó la iniciativa en relación a las minihidroeléctricas se hicieron diversos planteamientos en relación a cuál es el estado que guarda la energía en nuestro país.

En esa materia se establecieron cuáles son las fuentes renovables de energía, como ustedes seguramente saben, porque lo hemos discutido en esta misma tribuna, se ha planteado la necesidad de incrementar la producción de energía proveniente del agua (del movimiento del agua), de la proveniente del aire (la eólica) y por supuesto la proveniente del sol (la solar). Bajo estas condiciones, este dictamen promueve el crecimiento en pequeñas hidroeléctricas que alcancen el propósito final de esa transición energética.

Esta Cámara de Diputados el año pasado, hace dos periodos, aprobó la Estrategia Nacional de Energía en la que se contiene, entre otras cosas, el planteamiento de incrementar por la vía hidráulica la productividad del recurso en materia de energía eléctrica.

Las consideraciones que se tomaron en cuenta en la comisión es que coincide con el criterio expresado por el diputado Guerra Abud, en el sentido de aprovechar al máximo el potencial que representan las energías renovables, manteniendo el uso responsable de nuestros recursos naturales.

También que se considera apropiado modificar el concepto actual de la energía minihidráulica para ampliar su alcance e incluir los proyectos que cumplan con las características que se proponen en la iniciativa, es decir, que requieran embalses con superficies limitadas o con una capacidad de almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos, lo que tiene un impacto ecológico favorable.

Los proyectos minihidráulicos, además de contribuir con la diversificación de las fuentes primarias de energía, tienen importantes beneficios económicos y sociales.

La energía proveniente de las hidroeléctricas tiene la ventaja de que tiene un impacto en la región donde se construyen los retenes de agua, pero también tiene la ventaja de ser más barata que lo que hoy viene produciéndose por vías como usar el gas natural, o bien, como el uso de carbón, que por supuesto en ambos casos la combustión tiene efectos dañinos para la atmósfera y creemos que por lo mismo debe seguir impulsándose en esta decisión de la Cámara de Diputados de que haya una transición energética y esto contribuye a ello.

En ese sentido es como la Comisión de Energía hizo un planteamiento concreto a esta Cámara, en este dictamen que creemos muy positivo, durante muchas...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Cantú.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez:Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está, ahorita, a discusión el primero de los dictámenes, aunque usted quiere fundamentar los dos. Procesalmente tenemos que discutir y resolver y votar uno por uno. Continúe.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez:Quiero atender la solicitud que me hace la Presidencia de proceder en consecuencia. Se presentaron dos dictámenes y en uno de ellos hay una solicitud de postergarlo para la sesión del próximo martes.

Es decir, que el contenido que se refiere a la prohibición del uso de lámparas no eficientes, éste podría pasarse para la próxima semana, para la próxima sesión. En ese sentido no habría inconveniente de parte de la comisión en el sentido de que se postergara, para ese entonces.

Lo que pido a la Presidencia es que esta argumentación, como se ha presentado por esta Presidencia, sea tomada en cuenta en el dictamen inmediato posterior, que es el que corresponde a la iniciativa presentada por el diputado Guerra Abud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdone, diputado, la Mesa Directiva en su sesión matutina de hoy tuvo conocimiento, efectivamente, de que se solicitaba por la Mesa Directiva de la comisión que se pusiera a discusión hasta la siguiente sesión, es decir, la del martes próximo uno de los dictámenes.

Sin embargo, no venía el oficio firmado por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva. Si hoy la mayoría de los integrantes de la comisión y/o de la Mesa Directiva hacen esta solicitud formal ante el pleno habrá que considerarlo, pero no estaba debidamente requisitado para poder eliminarlo del orden del día, el primero de los dictámenes.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez:La Comisión de Energía no tiene ningún inconveniente en postergarlo y de hecho hay un documento que así lo solicita, y que ruego a la Presidencia le dé trámite en este momento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Están pidiendo hacer uso de la palabra varios compañeros diputados; el diputado Cárdenas Gracia; el diputado Pedro Vázquez; el diputado Martel; el diputado Gerardo Flores. Entonces, a ver, vamos a darle curso a las intervenciones para que podamos tomar una decisión. Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Ya desconozco si se postergó el análisis del primer dictamen o se mantiene.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Eso es justamente lo que está poniendo a consideración del pleno la propia Comisión de Energía en voz de su presidente, en el sentido de postergarlo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Ambos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El primero nada más, el primero de los dictámenes que están publicados en la Gaceta. Sonido en la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Con fundamento en el artículo 117 del Reglamento, quería solicitarle a usted, presidente, su autorización para hacerle una pregunta al orador, respecto del dictamen que comentó, pero como no sabemos si se mantiene.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita lo decidiremos, diputado. Y con mucho gusto si se pone a discusión, es decir, si la asamblea decide mantenerlo en el orden del día daremos curso a las intervenciones correspondientes.

El diputado Pedro Vázquez declina. El diputado Ramón Martel, sonido en la curul.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto. Seguramente en estos momentos por algún error no se tenía el documento en la Mesa, pero está signado, lo vio nuestra fracción parlamentaria, por la mayoría, que no la totalidad de los integrantes de la mesa de la Comisión de Energía, para que este tema como fue solicitado, se regrese a la comisión y sea presentado en una próxima sesión.

Yo quisiera rogarle a usted que instruya para que se le notifique oficialmente a usted si se tiene ya o no el documento. Repito, el documento lo acabamos de ver, ya está signado por la mayoría de miembros de la mesa y le sugerimos que por favor se le dé curso y turno a como lo solicitó el presidente de la comisión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahorita mismo verificaremos, porque se trata de dos comisiones, la de Energía y la de Medio Ambiente las que tienen que hacer la petición correspondiente. El diputado Gerardo Flores.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Presidente, lo que pasa es que derivado de la confusión que hubo en cuanto al sustento del dictamen, me gustaría nada más que precise exactamente cuál es el dictamen que está a discusión en este momento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es el primero de los publicados en la Gaceta del día de hoy, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y es el que en este momento se está planteando, se está haciendo la petición de que se postergue su discusión y correspondiente votación para la siguiente sesión del martes de la próxima semana.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, yo había pedido la palabra en contra. Si se retira obviamente no intervendría –como todo indica. Perdón, no me refería a mis ilustrísimos compañeros diputados e ilustrísimas diputadas con todo el respeto y comedido que debo ser, serenísimos compañeros.

Lo que yo quería plantearles, diputado presidente, era pedir a la comisión, si es que se regresa el dictamen y se presenta hasta el próximo martes, que tuvieran buen cuidado de ver que lo que se presente no viole el marco constitucional, porque la participación privada en la generación de energía eléctrica está estrictamente prohibida y ya se ha dado una costumbre de que se hacen leyes secundarias que violentan de manera flagrante la Constitución y no importa.

Sería absolutamente improcedente que esta Cámara votara una iniciativa de ley que esté violando el marco constitucional. Pedirles –insisto, como todo indica que va a ser retirado- que para el martes próximo que se presente hayan revisado esta parte.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Solicito a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea la petición que se ha formulado, en el sentido de postergar la discusión y votación del dictamen en referencia.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Juan José Guerra Abud. Sonido en la curul del diputado Guerra Abud.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Presidente, que nos aclare usted. Hay dos iniciativas de la Comisión de Energía. ¿Cuál de las dos es la que se va a postergar?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estoy informando –repito lo que ahorita expresaba– que es el que se refiere de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

El otro dictamen que viene enumerado en segundo término en la Gaceta, es de la Comisión de Energía estrictamente, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

El primero, que se refiere al aprovechamiento sustentable de la energía, es el que se está solicitando –que tiene directamente su vinculación con la sustitución de lámparas. Se está pidiendo que sea postergada su discusión y votación para una siguiente sesión. Gracias.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la petición formulada por las comisiones unidas, en el sentido de posponer para una próxima sesión la discusión y votación del dictamen referido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta que se retire del orden del día y se posponga para una próxima sesión el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención del contenido de los artículos 38 y 40 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de agosto de 2010, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa del diputado Juan José Guerra Abud propone reformar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), a fin de incorporar como objeto de aplicación de ésta los proyectos hidroeléctricos que, aunque tengan capacidad de generación superior a 30 megawatts, requieran embalses con superficie menor de 1 hectárea o con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos.

Para ello propone reformar la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar con la siguiente redacción:

Artículo 1o. ...

Se excluye del objeto de la presente ley la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad:

I. ...

II. Energía hidráulica que requiera crear nuevos embalses con superficies mayores a una hectárea o con capacidad de almacenamiento mayor a 50 mil metros cúbicos; en el entendido que cualquier nuevo embalse debe estar ubicado dentro del inmueble sobre el cual el permisionario de la planta hidroeléctrica tenga un derecho real;

III. y IV. ...

El diputado Guerra Abud justifica su propuesta en los siguientes términos:

1. La energía hidroeléctrica es renovable si le damos al agua un uso sustentable, esto es, evitando o disminuyendo al máximo los impactos ambientales, económicos y sociales.

2. Las grandes plantas hidroeléctricas requieren de la inundación de una gran superficie de terreno de distinta clase de usos de suelo, agrícola, forestal, de conservación, zonas recreativas e incluso sitios de valor cultural e histórico, que quedan inhabilitados para dichos usos. En algunos casos, se afecta la calidad y flujo del agua, de modo que intermitentemente, disminuye el suministro para consumo humano, afectando las poblaciones ubicadas río abajo; además, el agua se vuelve inadecuada para piscicultura ya que el dique constituye una barrera para la migración de los peces.

3. La opción más conveniente para generar electricidad a través del recurso hidráulico, son las centrales minihidroeléctricas, ya que tienen menor impacto ambiental porque utilizan un embalse pequeño, permitiendo aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes presas.

4. En la redacción actual de la LAERFTE se excluyen del objeto de la Ley, las centrales hidroeléctricas con capacidad mayor de 30 MW, lo cual deja fuera de los apoyos previstos para las energías renovables los proyectos de mayor capacidad.

5. Es incorrecto excluir por completo estos proyectos, en virtud de que algunas de estas centrales no utilizarían embalses nuevos o embalses con superficie menor de una hectárea y, por consiguiente, tienen bajo impacto ambiental, por lo cual deberían considerarse renovables y, en consecuencia, ser promovidas y apoyadas.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa planteada por el diputado Guerra Abud, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Actualmente se considera fuente de energía renovable la energía hidráulica de fuentes con capacidad menor a 30 megawatts –energía minihidráulica–. El diputado Guerra Abud estima que existen proyectos con mayor capacidad y que pueden ser considerados como fuentes de energía renovables y que, por tanto, no deben excluirse del objeto de la ley que se intenta modificar. Por tanto, propone modificar la redacción actual para considerar como energía minihidráulica la derivada de proyectos que requieren nuevos embalses con superficies menores de 1 hectárea, o con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos.

Segunda. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el criterio expresado por el diputado Guerra Abud en el sentido de aprovechar al máximo el potencial que representan las energías renovables, manteniendo el uso responsable de los recursos naturales.

El mismo criterio está presente en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, ya que reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, considera, entre otras, como fuente de energía renovable, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.

Sin embargo, la ley en cita excluye de su objeto algunas fuentes para generar electricidad, entre las cuales se encuentra la energía hidráulica de fuentes con capacidad de generar más de 30 megawatts. De esta forma, se acota la energía minihidráulica, tal y como se reconoce en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.

En ese instrumento de regulación y planeación derivado de la misma ley en comento, se establece que la energía minihidráulica es producida en instalaciones hidroeléctricas de capacidad limitada, utilizando la energía potencial o cinética generada por el agua que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos. Este tipo de energía se considera renovable, pues no agota la fuente primaria al explotarla, y no implica la emisión de contaminantes o residuos.

Tercera. Los integrantes de la Comisión de Energía consideran apropiado modificar el concepto actual de la energía minihidráulica para ampliar su alcance e incluir todos los proyectos que cumplan las características que se proponen en la iniciativa; es decir, que requieran embalses con superficies no mayores de 1 hectárea o con una capacidad de almacenamiento de agua menor de 50 mil metros cúbicos, sin que la capacidad de generación sea una limitante.

Estos proyectos, igual que los ya considerados en la actual legislación, por su escala limitada, permiten reducir los impactos sobre el ambiente, y permiten aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes instalaciones.

Los proyectos minihidráulicos, además de contribuir con la diversificación de las fuentes primarias de energía, se adecuan a los principales beneficios económicos y sociales de este tipo de energía señalados en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables: reducción de riesgos por inundaciones; mitigación de erosión de cuencas; mejoramiento de labores agrícolas; desarrollo agroindustrial; derrama económica por la construcción y operación, y arraigo en las zonas rurales y capacitación.

Sin embargo, la Comisión de Energía no pasa por alto que en todo proyecto siempre será necesario valorar qué impacto adicional se generará por la ejecución de los proyectos, los cuales llevan asociados a la operación central la construcción de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, caminos de acceso, etcétera, que en su conjunto, producen una serie de efectos ambientales acumulativos o sinérgicos. Por ello, cada proyecto debe evaluarse de manera integral, para evitar sesgos en la interpretación de los posibles efectos que se ocasionarían al ambiente. Asimismo, deberán cumplir la normativa vigente en materia de exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas.

Cuarta. No obstante que la Comisión de Energía coincide con el planteamiento realizado por el diputado en la exposición de motivos, se estima que la reforma legislativa planteada debe ser modificada.

Lo anterior, en virtud de que propone considerar solamente como energía minihidráulica la derivada de proyectos que a) requieren nuevos embalses con superficies menores de 1 hectárea; o b) con capacidad de almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos. Asimismo, elimina considerar como energía minihidráulica la proveniente de fuentes de generación menores de 30 Mw.

Con dicha redacción no sólo indica su objetivo sino que además restringe el universo de los proyectos que actualmente se consideran renovables y que actualmente son objeto de la ley, pues lejos de ampliar el concepto de energía minihidráulica, como se manifiesta en la exposición de motivos, se limita aún más.

Asimismo, se considera factible modificar el término “permisionario de la planta hidroeléctrica” por el de “el generador”, a fin de homologar dicha referencia con la redacción actual de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. En la fracción V del artículo 3 de esta ley se establece que por “generador” se entenderá la “persona física de nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que genere electricidad a partir de energías renovables.

En consecuencia, la Comisión de Energía plantea que la redacción de la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética quede como sigue:

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de 1 hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.

Quinta. Finalmente, en atención de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Comisión de Energía estima conveniente precisar que con la eventual aprobación de la reforma planteada en la iniciativa que se dictamina no se incide en materia de gasto y, por tanto, no causa ningún impacto presupuestario.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Energía sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Artículo Único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

I....

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de 1 hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.

III. y IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pregunto a los integrantes de la comisión si en términos del artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre de la comisión se pasará a fundamentar el dictamen. No hay intervención, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría, antes de pasar a la votación correspondiente, instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Está abierto todavía el sistema, diputado. ¿No funciona? El diputado Humberto Benítez se encuentra presente, para que quede constancia.

Está abierto, diputado Ildefonso Guajardo. Adelante, diputado, está abierto el sistema aún. Sí, adelante, sigue abierto el sistema.

¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta este momento hay una asistencia de 437 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo general y en lo particular se han anotado los diputados siguientes: Juan Gerardo Flores Ramírez, por el Partido Verde Ecologista de México; César Burelo, del PRD; Tomasa Vives Preciado, del PAN; la diputada Laura Itzel Castillo, por el PT; el diputado Juan José Guerra Abud; el diputado Gerardo Fernández Noroña, para hablar en contra. Bien, en consecuencia tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Muchas gracias, diputado presidente. Quiero decir que la intervención que se hizo por parte del presidente de la Comisión de Energía, en el punto anterior, está tratando este segundo punto, o sea, que no hay claridad con relación a la discusión.

El punto ahorita que se está debatiendo, está en relación al proyecto que promueve las plantas hidroeléctricas micro, para la promoción de energía.

Quiero señalar, en primer lugar, que a partir del nuevo Reglamento tenemos que tomar en consideración que hay un proceso legislativo y este proceso legislativo empieza desde el momento en que entra una iniciativa, en que ésta se turna a la comisión, en que en la comisión se dictamina y que finalmente llega al pleno. Por tanto, aquí tenemos que tomar en cuenta que en este proceso legislativo se está aplicando la retroactividad del nuevo Reglamento, cuando la iniciativa entró con el anterior Reglamento y que esto dentro de un proceso legislativo se considera una falta. Y el hecho de que también es anticonstitucional, la aplicación de la retroactividad.

En segundo lugar, quiero decir que dentro del propio Reglamento se establece que no se puede cambiar el sentido del voto; que si uno votó de una manera en la comisión, en el pleno, está especificado que no se podrá hacer un cambio de la votación, cuestión que me parece antidemocrática y absurda, como parte de todas las contradicciones que señalamos en su momento del nuevo Reglamento.

En tercer lugar, señalaría en específico que el hecho de estar promoviendo que haya energías alternativas es una cuestión, me parece, muy importante. Pero lo que está en el fondo, desafortunadamente, es la privatización y la violación al artículo 27 de la Constitución política mexicana.

En este país no se aprovecha al 100 por ciento la energía de las hidroeléctricas, que son de la paraestatal, de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, y ése es el problema que existe en estos momentos.

Desafortunadamente, lo que se está privilegiando es el uso de la energía de los privados. En estos momentos lo que está sucediendo es que en este país existe una reserva de energía de alrededor de 50 por ciento. En términos llanos lo que está sucediendo es que está sobrando la mitad de la energía que de todas maneras la tiene que estar pagando Comisión Federal de Electricidad a las empresas transnacionales, empresas como cuáles, pues como Iberdrola, que se señala que es una de las empresas en donde tiene acciones el rey de España.

Se están abriendo las puertas...

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Perdón, diputada. El diputado Cárdenas Gracia pregunta si lo autoriza para hacerle una pregunta.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Desde luego que sí.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. La pregunta es muy breve y se trata, diputada Laura Itzel, de que nos explique con mucha claridad, con mucha brevedad por qué esta reforma es privatizadora. Por qué no la debemos aprobar.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Efectivamente, estas propuestas que se están haciendo son para que se promueva a los particulares, es decir, a la iniciativa privada; se trata de la promoción de las microhidroeléctricas.

Si bien es cierto que éste es un aspecto que podríamos considerar que contempla aspectos ecológicos, de ninguna manera podemos estar promoviendo, desde esta Cámara de Diputados, la privatización.

Tenemos que señalar que si se reconoce que se deben utilizar las hidroeléctricas, aquí estaríamos también cuestionando por qué no se aprovecha la capacidad instalada de las plantas hidroeléctricas en estos momentos y se prefiere comprar la energía eléctrica a las termoeléctricas, que son las plantas que están funcionando con gas que se importa del Perú, con gas que sale muchísimo más caro, como aquí mismo lo expresó Felipe de Jesús Cantú, que me antecedió en el uso de la palabra.

Están promoviendo el uso de las hidroeléctricas, pero la incongruencia es que se trata de las hidroeléctricas privadas. Por qué no se usan las hidroeléctricas que tenemos y se prefiere que se inunden estados, como es el caso de Tabasco, a estar utilizando la energía que proviene de las hidroeléctricas.

Por tanto, estamos en contra de lo que aquí se está planteando, porque lo que se está promoviendo es el uso de la energía privada a través de las hidroeléctricas, de las microhidroeléctricas, en lugar de que estemos promoviendo y que estemos preocupados porque realmente se esté utilizando la energía eléctrica que se podría desarrollar a partir del aprovechamiento de las hidroeléctricas paraestatales que existen en nuestro país, con el 14 por ciento están generando el 23 por ciento de la energía; mientras que los productores independientes de energía (PIE), es decir, los privados, en este país, con el 23 por ciento de capacidad instalada están generando el 33 por ciento de la energía. Esto es claramente un proyecto privatizador. Esto va encaminado a seguir traicionando a la patria y a seguir violando el artículo 27 de nuestra Constitución. Gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Castillo. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, antes que nada lo que quiero manifestar es que la fracción del Partido Verde Ecologista de México está a favor del dictamen; no obstante ello, queremos hacer una propuesta de reserva a este dictamen, y es como sigue.

La generación de energía representa actualmente el 21 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en nuestro país, debido a que sus fuentes principales son los combustibles fósiles. Por ello necesitamos propuestas que incentiven las fuentes limpias y renovables de energía para seguir produciendo energía sin aumentar las emisiones contaminantes.

En este sentido, el dictamen a discusión que nos presenta la Comisión de Energía representa un avance para impulsar nuevos proyectos hidroeléctricos que actualmente no se consideran renovables por sobrepasar los 30 megawatts de capacidad instalada.

Con este dictamen las centrales hidroeléctricas, que tienen capacidad mayor a 30 megawatts, pero no rebasan los 50 mil metros cúbicos de almacenamiento o una hectárea de extensión, también serán consideradas como energía renovable.

Con ello se logra que más proyectos hidroeléctricos tengan acceso a los mecanismos de fomento que prevé la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Sin embargo, con la nueva reforma quedarían excluidos del objeto de la ley algunos proyectos con capacidad mayor a 30 megawatts, cuyo embalse ya está construido y no necesitan inundar nuevos terrenos para entrar en operación, por lo cual no contribuyen al cambio climático, contrariamente a los combustibles fósiles. Es decir, petróleo, gas y carbón.

De acuerdo con varios desarrolladores de proyectos hidroeléctricos en el país, la propuesta contenida en el dictamen tendría relativamente corto alcance, puesto que inicialmente beneficiará sólo a 15 proyectos que suman una capacidad acumulada de 485 megawatts, y a largo plazo beneficiará aproximadamente a 50 proyectos.

Este alcance resulta pequeño considerando que actualmente ya existen 64 centrales hidroeléctricas con capacidad menor a 30 megawatts, que suman 377 megawatts acumulados. Por otra parte, existen 26 centrales hidroeléctricas en operación con capacidad mayor a 30 megawatts, que suman 10 mil 904 megawatts acumulados de capacidad instalada.

Esto quiere decir que los embalses ya existentes que no están en operación y cuya capacidad puede ser mayor a 30 megawatts, representan un recurso importante para ampliar la capacidad instalada de electricidad limpia, sin provocar mayor impacto ambiental, ya que en estos casos el embalse ya está hecho y no se requiere inundar más terrenos.

Por consiguiente, a nombre de mi grupo parlamentario presento ante el pleno una reserva con propuesta de modificación, con objeto de que todos los embalses hidroeléctricos ya existentes hasta la fecha sean considerados energía renovable.

En este sentido la propuesta de modificación es la siguiente. Dice:

Artículo 1o. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor de 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor de una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debe decir:

Transitorio. Artículo único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para quedar como sigue:

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando:

a) Se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse superior menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua.

Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble, sobre el cual el generador tenga un derecho real.

b) Se trate de embalses ya existentes, aun de una capacidad mayor, que sean aptos para generar electricidad.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos del artículo 1o., fracción II, inciso b), solamente se considerarán los embalses ya existentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado César Francisco Burelo Burelo(desde la curul): Declino mi participación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Declina su participación.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Cantú Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía.

El diputado Luis Felipe de Jesús Cantú Rodríguez(desde la curul): Muchas gracias, presidente.

Para solicitar a juicio de algunos diputados integrantes de la Comisión de Energía, hay un defecto de procedimiento, a fin de verificar, clarificar y, por supuesto, en su caso reponer, solicito si esto es factible, una moción suspensiva para que pueda hacerse esta revisión de procedimiento y pueda quedar a satisfacción de todos la presentación del presente dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 122 del Reglamento de esta Cámara.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Artículo 122.

1. La moción suspensiva es un recurso de procedimiento legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del pleno.

2. Deberá presentarse por escrito, firmada por sus autores ante la Mesa Directiva antes de que se inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.

3. Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el numeral anterior, el presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento, enseguida ofrecerá el uso de la palabra a uno de sus autores si la quiere fundar, así como a un impugnador si lo hubiera. Al término de las exposiciones la Secretaría preguntará al pleno si la moción se toma en consideración de manera inmediata.

4. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto tres oradores en contra y tres a favor, pero si la resolución del pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada.

5. La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de un asunto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Esta Presidencia informa que acabamos de recibir una solicitud de moción suspensiva firmada por 6 diputadas y diputados en los términos del Reglamento. Y, por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la moción suspensiva.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes el diputado Guerra Abud. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Guerra.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Presidente, esta iniciativa que yo propuse lo único que pretende es aprovechar la energía que se puede generar sin ningún daño al medio ambiente.

La propuesta que estamos haciendo es que aquellos cauces que hay en el país, que son muchos, en donde se pueda generar electricidad sin necesidad de crear nuevos embalses o de afectar el flujo del agua hacia otros usos, se pueda aprovechar.

Lo mismo sucede con embalses que ya existen, en donde se puede aprovechar la electricidad y que lamentablemente hoy no se está haciendo. Ése es el sentido real de la iniciativa que estoy presentando. No tiene que ver absolutamente nada con privatizar la energía eléctrica ni con privatizar ningún otro servicio del Estado.

Es una pena que utilizando ciertos argumentos de procedimiento se eche para atrás una iniciativa que es tan interesante. Espero que se pueda recuperar el proceso y que próximamente se pueda aprobar.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Los argumentos, efectivamente, se dieron por parte del diputado presidente de la Comisión de Energía –el diputado Cantú– en el sentido justamente de reponer algunos problemas de procedimiento que tuvo la elaboración del propio dictamen y, en ese sentido -sin entrar al fondo del asunto- se postergaría, si así lo decide la asamblea con su votación, para una próxima reunión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la moción suspensiva.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se pregunta si se acepta la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobada.Consulte la Secretaría a la asamblea, si por tanto, se devuelve a la comisión el dictamen de referencia.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se consulta a la asamblea si se devuelve el dictamen a la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se devuelve a la comisión en los términos en que ha sido acordado por la asamblea.

DERECHOS DE LA MATERNIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con punto de acuerdo que a continuación se discutirán.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo enumerados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y garantizar su derecho a trabajar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta Comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

1. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y del trabajo previo de la Comisión.

2. En el capítulo “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

3. En el capítulo “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

1. El 24 de marzo de 2010, la diputada Tomasa Vives Preciado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada proponente expone en el punto de acuerdo que cifras dadas a conocer en esta tribuna, arrojan que en México uno de cada cinco hogares están encabezados por madres solteras, separadas, viudas o divorciadas; a lo que debemos sumar los más de 10 millones de mujeres que, independientemente de su estado civil, tienen que trabajar para contribuir al gasto familiar, ya sea como hijas, cónyuges o concubinas.

Afirma que ser madre y trabajadora al mismo tiempo es una tarea difícil, pesada y muy agotadora. Lo peor que le puede pasar a una mujer que es o va a ser madre, es justamente carecer de los medios económicos necesarios para hacer frente a gastos alimentarios, médicos y educativos necesarios para ella y sus hijos, lo anterior sin importar cuál sea su estado civil.

La autora de la proposición hace referencia a los derechos laborales de las madres, es decir, las prerrogativas que deben cubrir sus necesidades de descanso, de atención médica, de incapacidad para trabajar dadas ciertas circunstancias clínicas, y el derecho a la adecuada recuperación antes de reincorporarse plenamente a su puesto de trabajo.

Advierte que hoy en día la discriminación para contratar mujeres en gestación es muy común, como lo es el que sean privadas de sus derechos ganados, puesto que una vez que deciden ser madres, son despedidas para evitar cubrir completamente sus periodos de incapacidad, así como el respetarles su reincorporación al trabajo.

Refiere que los derechos elementales ya señalados se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 1o. y 4o.

Atentos a estas disposiciones, es necesario que en el ámbito de sus respectivas competencias los estados de la república, así como el Distrito Federal, consideren legislar al respecto de los derechos de la maternidad. Como simple ejemplo, podemos citar a Coahuila, que cuenta actualmente con un ordenamiento llamado “Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila”, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad, el 24 de octubre de 2008.

En ella, señala, se establecen como derechos de las mujeres embarazadas, el resguardar la salud de la futura madre, la del producto en gestación y del recién nacido.

En la citada norma se asientan los derechos a la atención médica y sicológica gratuitas, a ser protegidas contra la discriminación laboral, a recibir apoyo jurídico contra actos que vulneren sus derechos elementales, a obtener incentivos y descuentos fiscales, así como descuentos en el transporte público; asimismo, se les garantizar el acceso a la educación, etcétera.

Por otra parte, aduce la existencia de situaciones especiales que la ley debe proteger y tutelar, como los derechos de las mujeres presas que se convierten en madres, así como de aquellas que enfrentan enfermedades como el VIH, y las que de un modo u otro requieren de ciertos derechos y atenciones especiales por su situación particular.

Finalmente, la proposición contiene el siguiente punto de acuerdo:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que refuercen las acciones y políticas públicas a favor de que los derechos de la maternidad a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

III. Consideraciones

Las Comisión de Equidad y Género, considera que:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o.: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2. En tanto, entre otros instrumentos internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, estipula que, en el numeral 2 del artículo 11, A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; b) implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales.

3. Tocante al embarazo, la Convención sobre la Eliminación, señala en el artículo 11, numeral 2, que los Estados parte deberán: d) prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

4. Para reforzar la anterior disposición, el numeral 2 del artículo 12 dispone: los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

5. Efectivamente, como precisa la proponente la prevalencia de la discriminación hacia las mujeres embarazadas es un indicador fehaciente de la violencia que se ejerce cotidianamente contra este fundamental sector de la sociedad mexicana.

6. En fecha reciente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –facultada para la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con la fracción XIV Bis del artículo 6º de su propia ley, y 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres– alertó sobre la necesidad de garantizar la igualdad a mujeres en materia laboral.

7. En un comunicado de mayo pasado, la CNDH se comprometió a seguir combatiendo medidas discriminatorias contra las mujeres como son el despido por motivo de embarazo y la prueba de embarazo como requisito para acceder a un empleo. Mediante el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, aseguró, este organismo nacional recibe y atiende las quejas relacionadas con este tipo de discriminación laboral y pugna porque se garantice el principio de igualdad entre la mujer y el hombre tanto en el ámbito público como en el privado. Para la CNDH las mujeres mexicanas deben contar también con garantías que les permitan combinar las obligaciones familiares con la participación de la vida pública y la responsabilidad del trabajo, de ser el caso.

8. Asimismo, demandó la CNDH, el Estado mexicano debe intensificar medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas, incluido el ámbito laboral, eliminando las pruebas de embarazo como requisito para el acceso al empleo.

9. Al respecto, la propia Comisión de Equidad y Género de la LX Legislatura emitió su opinión favorable en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Guadalupe Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 17 de abril de 2007.

10. La iniciativa citada, en su parte sustantiva, propone dejar claro que el examen de ingravidez no será un requisito solicitado por los empleadores para otorgar un empleo a la mujer que así lo requiera, o en su caso permanecer en él. La opinión fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el trámite legislativo correspondiente.

11. De los esfuerzos legislativos, a nivel estatal, la diputada Vives Preciado los ilustra oportunamente con la Ley de Protección a la Maternidad de Coahuila.

12. La atención de la maternidad, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), se contempla, como una política nacional, como una de las líneas de acción: Proveer a través de los sistemas de salud una atención adecuada para evitar que los embarazos deriven en complicaciones, enfermedades, discapacidades permanentes o en la muerte de la madre o del niño, considerando que los abortos provocados también constituyen otro factor de riesgo importante que puede menoscabar la salud de la mujer (...).

13. Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (Proigualdad) señala en su objetivo estratégico 5: Reforzar las acciones de prevención y atención al embarazo en adolescentes y jóvenes.

14. Para atender esta importante etapa de las mujeres, el Programa Nacional de Salud (2007-2012), a cargo de la Secretaría de Salud, contempla medidas específicas sobre embarazo en adolescentes, muerte materna, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, entre otras acciones.

15. Asimismo, la secretaría de salud del gobierno federal ha emitido diversas normas oficiales mexicanas cuyo objetivo es el de atender en la etapas previas, durante y posteriores al parto; entre ellas enlistamos: NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio; NOM-031-SSA2-1999, Para la atención de la salud del niño.

16. En el ámbito federal, se operan acciones como el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Secretaría de Desarrollo Social o Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Secretaría de Educación Pública).

17. Por último, es menester señalar que son varios son los programas operados en los estados, orientados a brindar apoyos a mujeres embarazadas.

18. No obstante lo anterior, la estabilidad laboral o la consecución de un empleo en condiciones de embarazo sigue siendo una asignatura pendiente; de ahí la importancia operativa de los programas públicos en los tres órdenes de gobierno, puesto que constituyen un apoyo invaluable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Equidad y Género, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres embarazadas, con el fin de impedir la discriminación por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2010.

La Comisión de Equidad y Género, diputados:Martha Elena García Gómez (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Rosario Ortiz Yeladaqui, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay oradores inscritos. Por tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

EQUIDAD DE GENERO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se solicita a la LXI Legislatura que implante un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas en favor del personal

Honorable Asamblea

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la implantación de un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y del trabajo previo de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

1. El 20 de octubre de 2009, los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la implantación de un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Para los proponentes la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los derechos fundamentales que más dificultades ha presentando para su incorporación, tanto en los ordenamientos jurídicos como en la vida cotidiana. Históricamente, la idiosincrasia de los distintos grupos sociales ha impedido el pleno desarrollo de las mujeres y su incorporación a la vida pública. Produciéndole una afectación en el pleno ejercicio y respeto de los derechos inherentes a su condición humana.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la noción de igualdad se desprende directamente del género, por lo cual es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

Manifiestan que la incorporación del derecho a la igualdad, dentro de los ordenamientos jurídicos, se constituye como la primera etapa que se implantó para la salvaguarda de esta garantía. Fue así que la igualdad de jure o de derecho comenzó su consolidación mediante la creación de una carta específica de derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

Aducen que, posteriormente, con la declaración y el programa de acción aprobados en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena en 1993, se logró brindar legitimación a la existencia de los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, la creación de estos instrumentos jurídicos, así como de organismos abocados al análisis de la condición social y jurídica de las mujeres, derivó en el inicio del debate en torno a la brecha existente entre la igualdad de jure, consagrada en los instrumentos fundamentales de derechos humanos y en la mayoría de las constituciones nacionales, y la situación real de las mujeres en comparación con la de los hombres en diversos planos.

Los hechos –señalan– demostraban la incoherencia entre lo que muchos países establecían en materia de igualdad en sus respectivas Constituciones y legislaciones y la realidad profundamente discriminatoria, pese a tales avances legislativos.

Así pues, la igualdad de jure constituye apenas el primer paso hacia la igualdad de facto. Pues, pese a que la mayoría de los países han sancionado medidas jurídicas para asegurar a la mujer igualdad de oportunidades ante la ley, garantizando la igualdad de jure, todavía persiste la discriminación de facto.

En este contexto, tal situación hace necesario un compromiso político y económico visible, por parte de los tres Poderes de la Unión, a fin de erradicarla. Es decir, no es suficiente la promulgación de leyes para demostrar nuestro compromiso con la igualdad entre los géneros, si en nuestro interior no las aplicamos ni contamos con un sistema capaz de analizar y solventar las inequidades existentes en esta honorable legislatura

Por todo ello, proponen la implantación de un modelo de equidad de género al interior de este órgano de gobierno que nos permita reimaginar y participar activamente en la reconstrucción de un nuevo orden social, basado en la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de establecer relaciones que sean significativamente más justas e igualitarias.

Los proponentes advierten que es importante hacer hincapié en el hecho de que, derivado de la implantación del modelo de equidad, se pueden generar acciones a favor o acciones afirmativas para uno u otro género, sin que esta distinción de tratamiento pueda considerarse discriminatoria, porque si se encuentra orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas, partiendo de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamental conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, serán perfectamente legítimas.

En adición, arguyen, resulta indispensable señalar que, conforme se vayan adoptando medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, sus necesidades podrán cambiar, desaparecer o convertirse en otras tanto para el hombre como la mujer. Por ello, es necesario mantener en examen continuo las normas, los programas y las prácticas encaminadas al logro de la igualdad sustantiva.

Finalmente, la proposición contiene el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita a esta honorable LXI Legislatura implante un modelo de equidad de género basado en un sistema de gestión, que permita la creación y adopción de procedimientos que contribuyan a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la realización de acciones afirmativas o a favor del personal.

III. Consideraciones

La Comisión de Equidad y Género considera que:

1. La perspectiva de género, definida en la fracción IX del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, representa un avance sustancial en la comprensión de los derechos de las mujeres:

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

2. Con fecha 9 de marzo de 2010, a instancias de la Comisión de Equidad y Género, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como diversos diputados de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza firmaron el documento denominado Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres,que los comprometió a abogar por la igualdad sustantiva entre géneros.

3. Con fecha 17 de marzo de 2010, en sesión ordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para suscribir el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres. Entre estos encontramos:

Primero. Sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y de los diputados que integran esta legislatura.

Segundo. Incorporar la perspectiva de género en las acciones y actividades legislativas.

(...)

Cuarto. Dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de vigilar la publicación de las normas complementarias.

(...)

Noveno. Impulsar la revisión de las normas que rigen las relaciones laborales de las mujeres, para que se concilie la vida familiar y la vida laboral.

(...)

Onceavo. Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas, tendientes a elevar la calidad de vida de las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo.

Doceavo. Impulsar una cultura de equidad entre el género y la no discriminación, dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos.

Decimotercero. Impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, a la capacitación, a planes de crédito y ahorro.

Decimocuarto. Impulsar la participación política de las mujeres y el pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, reproductivos, sexuales, laborales, económicos y culturales.

Decimoquinto. Fomentar las acciones afirmativas, tendientes al ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada.

Decimosexto. Vincular a la honorable Cámara de Diputados con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de foros, encuentros o reuniones de trabajo.

4. Que uno de los propósitos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es la promoción de una cultura de respeto y participación equitativa de mujeres y hombres en la vida económica del país; para ello, entre otras medidas o acciones, diseñó, desde 2003, el llamado Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género.

5. Que con dicho programa, el Inmujeres persigue el objetivo de apoyar el proceso de incorporación de políticas de equidad de género en empresas privadas, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, dirigidas a promover la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al empleo, remuneraciones equitativas, capacitación, desarrollo profesional y participación en la toma de decisiones.

6. El programa, de carácter voluntario, es aplicable a organizaciones públicas y privadas que deseen demostrar, a través de la implantación y uso del modelo, su compromiso con la equidad de género.

7. Entre los compromisos que se adquieren al adoptar el programa resaltan:

• Suprimir o contrarrestar los estereotipos en la inserción o búsqueda laboral femenina y masculina.

• Diversificar las opciones profesionales femeninas y masculinas, al brindarles la capacitación más pertinente.

• Asegurar que las áreas de reclutamiento y selección cuenten con el número suficiente de personal calificado, que conozca los problemas de los/las trabajadores/as en relación con los roles que juegan en la sociedad.

• Adaptar las condiciones de trabajo, así como ajustar la organización y los horarios del mismo, a las necesidades de las mujeres y los hombres.

• Velar por que los hombres y las mujeres compartan más las responsabilidades laborales, familiares y sociales.

• Divulgar ampliamente las disposiciones que regulan el trabajo femenino y asegurar su pleno conocimiento por parte de las beneficiarias.

• Impulsar el desarrollo de políticas de recursos humanos en las organizaciones privadas y públicas que tengan como fin la igualdad de oportunidades y trato.

• Impulsar la incorporación sistemática de la perspectiva de género en la negociación colectiva.

8. Para las mujeres, la instrumentación del programa representa mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional al asegurarles una contratación no discriminatoria y prácticas de promoción, pago igual por trabajo de igual valor, oportunidades de capacitación, apoyos para la atención de las responsabilidades familiares y un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual.

9. La realización de un diagnóstico interno para conocer si existen diferencias en las oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres, la inclusión en los planes de trabajo de sugerencias hechas por el personal con el fin de promover un mejor ambiente de trabajo y generar mejores condiciones para los colaboradores, el desarrollo de acciones afirmativas para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito organizacional, son algunas de las acciones para mejorar las condiciones de trabajo.

10. En la lista de organizaciones privadas y públicas, de acuerdo con el Inmujeres, que han asumido el modelo de equidad para reorganizar su esquema interno, promoviendo la igualdad de oportunidades mediante acciones afirmativas, encontramos institutos de seguridad social de los estados, secretarías de Estado, secretarías estatales, organismos públicos descentralizados, grupos financieros, empresas privadas, ayuntamientos, entre otros.

11. En ese tenor, el 22 de julio de 2008, la Comisión de Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Federación a adoptar el modelo de equidad de género, presentado por la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–; dicho dictamen contiene el siguiente punto resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación a adoptar el modelo de equidad de género a fin de desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género, a efecto de potenciar el papel de las mujeres mediante su participación en condiciones de igualdad con los hombres, en todas las esferas de la sociedad, así como la eliminación de todas las formas de discriminación en su contra, a fin de alcanzar un desa-rrollo humano con calidad y equidad.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a tomar las medidas pertinentes para instrumentar el Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que permita disminuir y eliminar las diferencias en las oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres mediante la aplicación de acciones afirmativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2010.

La Comisión de Equidad y Género, diputados: Martha Elena García Gómez (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Rosario Ortiz Yeladaqui, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay oradores inscritos se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía federal a promover acciones para la industrialización y generación de proyectos productivos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el siguiente

“Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos”, presentado por el diputado José Ricardo López Pescador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 6 de octubre de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el miércoles 6 de octubre de 2010, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

“En México existen factores de carácter estructural que han generado un bajo crecimiento económico y uno de esos factores es la escasa competencia en la economía mexicana. Muchos de los mercados más relevantes internamente en nuestro país, se encuentran altamente concentrados y las prácticas monopólicas no se sancionan con criterios acordes a la gravedad que implican.

Por ese motivo resulta indispensable que México cuente con un marco jurídico que sustente una política de competencia eficaz y al mismo tiempo contribuya a la generación de empleos y al crecimiento económico. Las prácticas internacionales en materia de competencia ofrecen referencias concretas para señalar que una política de competencia sólida es una base fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una nación. Las principales economías desarrolladas del mundo se caracterizan por contar con una política de competencia eficaz. Por lo tanto, es indispensable que en nuestro país se impulse una cultura de la competencia y que ésta sea promovida por empresas, consumidores e instituciones públicas.

En México 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia y en estos nichos, los consumidores gastan alrededor de 40 por ciento más, que si hubiera competencia. Esta situación se agrava para el decil de la población más pobre, quienes erogan alrededor del 42 por ciento de su ingreso en mercados altamente concentrados. En el corto plazo, los monopolios generan precios excesivos y no en pocas ocasiones malos productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres. En el mediano plazo, inciden negativamente en la eficiencia de la economía y frenan al crecimiento económico.

La falta de una competencia sólida en los mercados nacionales ha deteriorado la eficiencia y la competitividad de nuestra economía. Esto, se ha reflejado en los índices de competitividad de diversas instituciones nacionales e internacionales. El año pasado, México alcanzó el lugar 60 del índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Si se realiza una desagregación de este índice, la caída de la competitividad se relaciona con la falta de competencia.

El efecto de la falta de competencia y su repercusión en la economía, ha sido reconocida por la Comisión Federal de Competencia y señalada por organismos internacionales, entre los que destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como las instituciones de investigación nacionales e internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Foro Económico Mundial.

Con base en lo expuesto, se puede estimar que existe un consenso en que la consolidación de una política de competencia permitiría elevar el ingreso real de los consumidores, fomentaría la competitividad en los diversos sectores de la economía, la inversión y el empleo, y además conduciría a la economía por una senda de crecimiento más elevado y sostenido.

Bajo este diagnóstico y en el contexto descrito el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de mi persona, también ha presentado una iniciativa en la materia. El pasado 29 de abril presenté a esta soberanía un proyecto de decreto por el que expide la ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Esta ley tiene por objetivo central generar condiciones para incrementar el número de agentes de la actividad industrial en el país y ampliar la cantidad de unidades económicas con actividades fabriles o manufactureras en las distintas regiones del país que generen una competencia sana en el mercado.

Algunas medidas muy concretas que la iniciativa propone para lograr lo planteado son:

• Establecer un plan rector que contenga programas de fomento a la actividad industrial en el país y para la generación de nuevos proyectos productivos;

• Fomentar la inversión en el sector industrial, la competitividad empresarial y la implantación de la calidad total en los procesos de producción;

• Vincular la modernización y dinamismo de la actividad industrial a las políticas y estrategias de desa-rrollo económico contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo;

• Incentivar de manera prioritaria la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente las vinculadas al sector agroindustrial, pecuario, avícola, forestal, joyero y, en general, manufacturero que tenga como propósito fundamental agregar valor a los productos del sector primario con excepción de las empresas que tienen presencia nacional o internacional.

• Vincular los programas educativos, así como los de ciencia y tecnología a las necesidades de la planta productiva nacional;

• Aplicar programas de calidad total para alentar la competitividad, respetando las prestaciones y servicios sociales indispensables para lograr niveles productivos y competitivos, con relación a los estándares internacionales;

• Generar empleos remunerados, en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, para personas de la tercera edad, para personas con capacidades diferentes, y siempre orientados a incorporar al proceso productivo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Otra de las grandes líneas establecidas en la ley con la finalidad de seguir políticas públicas de fomento industrial es la creación del Consejo de Fomento Industrial, como instancia encargada de articular las acciones del sector público en la materia, y el cual se define como el órgano permanente de consulta, opinión, asesoría y análisis, mediante el cual participan las dependencias del Ejecutivo federal y los sectores privado y social para mantener e impulsar la industrialización del país.

Con el propósito de consolidar una política de estado en materia de industrialización del país, la iniciativa de ley que he propuesto, señala la necesidad de aplicar los principios de la planeación democrática que proviene del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo, incorporando a los empresarios con “actividades sujetas a incentivos” en términos de la ley, así como a los trabajadores incorporados a esas actividades, en las instancias correspondientes para que participen en el proceso de la planeación con el objeto de definir el contenido de los planes y programas específicos de la materia.

Consideraciones

Sin embargo también debe subrayarse que prácticamente todas las propuestas para diseñar políticas públicas para intensificar el fomento industrial, respetan el marco de competencia de la administración pública y de hecho se establece una relación integral de autoridades competentes para la aplicación del ordenamiento en donde se destaca la Secretaría de Economía.

Por ello y con el propósito de que exista plena correspondencia entre el marco normativo que se requiere conformar y las instancias ejecutivas y operacionales que deberán llevar a cabo las regulaciones y participaciones que la ley promueve, es necesario que se lleven a cabo consultas y foros de manera coordinada para que no se dupliquen esfuerzos ni se realicen rutas paralelas, en un rubro tan necesario para la vida económica e institucional de nuestro país.

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, a efecto de que en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de los Poderes de la Unión, coadyuve en la realización de consultas y foros necesarios, para discutir en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales la promulgación de una ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos”.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado José Ricardo López Pescador.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado José Ricardo López Pescador, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el artículo 25 lo siguiente:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”

Por otro lado, nuestra Constitución establece en el artículo 26, Apartado A, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo, establece que habrá un plan nacional de desa-rrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

Cuarta. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en el artículo 34 las siguientes facultades a la Secretaría de Economía:

“...XVII.Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;

XIX.Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a otras dependencias;

XX.Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;

XXIII.Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;

XXIV.Promover, orientar, fomentar y estimular el desa-rrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales...”

Quinta. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa dispone en el artículo 12 que la Secretaria de Economía tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipyme, las siguientes responsabilidades:

“...II.Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipyme;

...VIII.Desarrollar a través de los instrumentos con que cuenta y los que genere, un sistema general de información y consulta para la planeación sobre los sectores productivos y cadenas productivas...”

Sexta. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece como uno de sus objetivos potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, fomentando condiciones de competencia económica y libre concurrencia. Para lo anterior, establece que es necesario llevar a cabo acciones encaminadas a eliminar distorsiones en materia de competencia y contar con una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de los sectores, provocando un impacto positivo sobre el crecimiento económico y el bienestar social.

Séptima. Que el Índice Global de Competitividad 2010-2011 del Foro Económico Mundial, cuya última actualización fue en fecha 3 de octubre 2010, establece que México perdió seis lugares en el Índice de Competitividad Mundial, ubicándose en el sitio 66 de un radar de 139 países. Asimismo, se menciona en dicho foro que los lastres de la competitividad mexicana, según los expertos, siguen siendo la ineficiencia de un gobierno burocrático, la corrupción, el difícil acceso al financiamiento, el crimen, la violencia y las regulaciones restrictivas a la iniciativa privada.

Octava. Que el jueves 29 de abril de 2010, fue turnada a la Comisión de Economía la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se emite la Ley para la Industrialización y Generación de Nuevos Proyectos Productivos, promovida por el diputado José Ricardo López Pescador.

Dicha iniciativa tiene como principal objetivo emitir una ley para fomentar la actividad industrial y la generación de nuevos proyectos productivos, así como conservar e incrementar el empleo en un marco de desarrollo sustentable en el país, generar condiciones para incrementar el número de agentes de la actividad industrial en el país y ampliar la cantidad de unidades económicas con actividades fabriles o manufactureras en las distintas regiones del país que generen una competencia sana en el mercado.

Novena. Que asimismo, en fecha 28 de septiembre de 2010, se turna a esta Comisión de Economía la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Económico, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, mediante la cual se propone crear un ordenamiento jurídico para promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes, impulsar el cuidado del efecto ecológico, fortalecer los sectores económicos estratégicos y fortalecer la inversión en los sectores industriales, comercial, artesanal, servicios, turismo, pesquero, acuícola, agropecuario y forestal para el desarrollo económico del país.

Décima. Que tomando en consideración lo anterior, así como las inquietudes de los diputados proponentes de las mencionadas iniciativas, resulta necesario que se realicen foros y conferencias de carácter industrial y comercial para la discusión de dichos temas, a fin de que se analicen y se discutan las medidas y estrategias para promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional o mejorar las ya existentes, asimismo para que, a manera de dar uniformidad a los criterios económicos y consolidar una política de Estado en materia de industrialización del país, pueda analizarse la conveniencia y posibilidad de emitir una Ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos, tal como lo propone el diputado José Ricardo López Pescador en su iniciativa.

Undécima. Por lo expuesto, la Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:

La honorable Cámara de Diputados acuerda:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a promover las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal para que en el marco de sus atribuciones, realice las consultas y foros necesarios para discutir en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales, la promulgación de una ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre del 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay oradores inscritos se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRECIO DE PRODUCTOS DEL CAMPO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que exhorta al secretario de Economía y al procurador federal del Consumidor a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen el siguiente:

“Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Profeco a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo para proporcionar datos a los consumidores de tales mercancías”, presentado por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 1 febrero de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el lunes 1 de febrero de 2010, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

Nuestro país aún se encuentra inmerso en un periodo de crisis, el cual se agudiza en este inicio del año 2010, ello como consecuencia de los incrementos que se han registrado en los precios de bienes y servicios, de entre los cuales destacan aquellos que integran la canasta básica de las familias mexicanas.

Durante los primeros días de este año le hemos puesto especial énfasis al incremento en el precio de los combustibles, sin embargo, es imperativo revisar lo que ocurre con otros productos.

De acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en nuestro país, la Secretaría de Economía es la institución que tiene la responsabilidad de fijar los precios de todos los bienes y servicios comercializados en el territorio nacional, y para organismo que tiene a su cargo vigilar que se respeten dichos precios es la Procuraduría Federal del Consumidor.

En el caso de los productos comercializados de manera directa, éstos no cuentan con un criterio particular que establezca un parámetro entre el precio máximo y el mínimo en el que se venderán estas mercancías.

Lo que a continuación les comentare, puede parecer algo curioso, sin embargo es cierto, los precios de los productos agrícolas se fijan a través de la simple aplicación de la oferta y la demanda, un día cualquiera llegan los productos a la central de abasto de la Ciudad de México, y en función de la cantidad de producto es como se establece el precio, es decir, ante la abundancia el precio es bajo y ante la baja disponibilidad se incrementa.

Si preguntáramos a las autoridades en la materia, nos dirían que los precios de los productos agrícolas se fijan de acuerdo a la cotización diaria de dicho comestible en el Chicago Mercantile Exchange, bolsa de valores en donde se cotizan las commodities, adjetivo que se otorga a los productos agrícolas.

De acuerdo a lo que dictan la reglas del mercado, en dicha bolsa de valores se establece el precio de los productos agrícolas en función de las expectativas, estimaciones o proyecciones que se realizan de los niveles de producción, permitiendo establecer un precio promedio, sin embargo, dado el tamaño de nuestro sistema financiero, los productos agrícolas aún no se consideran en el conjunto de variables financieras o de capital.

Otro de los elementos en el que debemos poner especial énfasis es en la diferencia que se presenta entre el costo y el precio final del producto. Las teorías económicas vinculadas a estudiar esta problemática aún tienen vigencia, la determinación de los costos continúa prevaleciendo, y consiste en la suma de todos los factores de la producción: tierra, semillas, trabajo y recursos naturales y tecnológicos.

Por su parte, en el establecimiento del precio final se suman otros elementos, entre los que se encuentran: el transporte, el almacenamiento y la comercialización, estos últimos aspectos llegan a superar el costo de la producción y son los que en última instancia elevan los precios a los consumidores.

No existe una vinculación directa que permita regular de manera adecuada el incremento de los precios, derivado del costo de circulación de los productos, continuamos privilegiando a los grandes capitales, dejando en el rezago a los productores del campo, quienes, en algunos casos, pierden su cosecha debido a lo costoso que resulta trasladar su producto al mercado.

Son las grandes corporaciones las que se benefician en mayor cuantía de esta situación, ya que, con el objetivo de obtener un margen mayor de ganancia, manipulan el contexto a fin de obligar al productor a vender su producto en un nivel menor, que en ocasiones, llega a estar por debajo del costo del mismo, lo que se traduce en una pérdida económica que afecta a las familias agricultoras.

Es fundamental que la sociedad, en particular los consumidores, cuenten con la información suficiente, la cual les permita tomar mejores decisiones en el momento de llegar al mercado a comprar los productos provenientes del campo.

Lo anterior, en aras de darle mayor certidumbre a ambas partes, en el caso de los productores, es importante que estos puedan contar con parámetros que les otorguen la posibilidad de poder determinar el costo promedio de producción, en tanto que los consumidores contarán con información certera y precisa respecto a los costos de circulación de los productos, es decir, el costo de transporte, mercadeo y publicidad.

El poder contar con un tabulador que establezca los precios máximos y mínimos de los productos provenientes del sector primario es una obligación que debe cumplir el Estado.

No se conocen los costos de producción agropecuarios, lo cual ocasiona discrecionalidad en su venta, afectado especialmente a los productos de mayor demanda y que integran la canasta básica.

Con relación a esta problemática de los precios agrícolas, en los próximos días el Grupo Parlamentario del PRI presentará una iniciativa de ley a través de la cual se creará un marco normativo que permita poner un alto al incremento desproporcionado de los precios de los productos agrícolas.

De igual forma, la reforma legislativa incluirá responsabilidades particulares para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con la finalidad de que en coordinación con la Secretaría de Economía puedan conjugar esfuerzos a fin de corregir dicha problemática.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la finalidad de:

Establecer conjuntamente con las autoridades competentes, en particular con la Sagarapa, los lineamientos o estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población.

Que la Profeco establezca mecanismos rigurosos de vigilancia, relacionados con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Alberto Jiménez Merino.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Alberto Jiménez Merino, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo antes referido.

Tercera. Que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existe signos de un avance económicointernacional; particularmente en economías emergentes como China, India y Brasil donde sus proyecciones de crecimiento económico para el cierre de 2010 son de 11.1, 8.3 y 6.5 por ciento, respectivamente.

En el caso de nuestro país, la OCDE2señala que, México está teniendo un crecimiento económico positivo y estima que éste crecerá aproximadamente 4.5 por ciento al cierre de 2010. Asimismo, el Banco de México señala que para el cierre de 2010 la economía mexicana crecerá entre 4.5 y 5.0 por ciento, cifras muy alentadoras en comparación con el año anterior, el cual registró una contracción de más de 6.0 por ciento como se observa en la gráfica (1)

Cuarta. En cuanto a los precios de los productos de la canasta básica (en especial los agrícolas), la FAO señala que dicho incremento es una situación mundial. Destacando que durante la última década se ha estado dando un fenómeno mundial denominado “crisis alimentaria”, situación originada por la combinación de dos eventos: el alza de precios de productos agrícolas (como granos y cereales) y la creciente escasez en la oferta de algunos de estos alimentos; situación que afecta principalmente a las personas que viven en pobreza y hambruna.

En nuestros tiempos, los fenómenos inflacionarios de los productos agrícolas se han agudizado aun más, a causa del aumento de los precios de los hidrocarburos, los diferentes eventos climáticos (sequías, heladas e inundaciones) que afectan los procesos agrícolas a nivel mundial, la gran demanda que tiene la producción de biocombustibles a nivel mundial principalmente para la producción de etanol y biodiesel, lo cual ha provocando una escasez y encarecimiento de estos productos y el crecimiento poblacional en el mundo la cual esta demandado aun más de dichos productos.

Quinta. Hoy en día, se ha observado una disminución de la inversión hacia el sector agrícola en algunos países del mundo, ocasionando un déficit en la oferta de dichos productos; acrecentando aun más los precios de los productos agrícolas. Una posible respuesta por la cual algunos países en el mundo han olvidado al sector agrícola, es la necesidad de incorporase al fenómeno de globalización (avances tecnológicos) como estrategia para incrementar el grado de desarrollo económico de dichos países.

Sexta. En el caso de nuestro país, el sector agrícola es un elemento fundamental para el desarrollo económico de México, tanto por su contribución al empleo como por su aportación al PIB nacional. De acuerdo al Inegi, durante el mes de septiembre el sector primario empleó el 12.32 por ciento del total de la población nacional. Asimismo, este Instituto señala que durante el segundo trimestre de 2010 el sector agrícola genero el 3.8 por ciento del PIB nacional, es decir, este sector generó 335 mil 139 millones de pesos durante el segundo trimestre del presente año (véase cuadro 1.).

Séptima. Que de acuerdo al Inegi, éste informó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), en su comparación anual tuvo un incremento de 5.0 por ciento en términos reales durante el mes de septiembre del presente año. Dicho crecimiento fue resultado del incremento porcentual de los tres grandes grupos de actividades económicas que lo conforman: a) Las actividades primarias se incrementaron 12.0 por ciento, b) Las secundarias 6.3 por ciento y c) Las actividades terciarias lo hicieron en 3.5 por ciento en el noveno mes del presente año frente a los niveles observados en el mismo mes pero del año anterior (véase la siguiente gráfica 5).

Octava. Que de acuerdo a la FAO la presión alcista de los productos básicos (en especial los agrícolas) es un fenómeno internacional y no exclusivamente de México, además de ser un evento complejo con múltiples factores que condicionan dichos precios. Por lo que esta Comisión de Economía coincide con el proponente, de que “es necesario contar con estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población”.

Novena. Asimismo, esta Comisión de Economía recomienda una “vigilancia rigurosa relacionada con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios”; ya que una medición justa y trasparente es un elemento básico en las transacciones económicas, además de que crea una mayor certidumbre tanto a los productores como a los consumidores en este tipo de productos.

Décima. Por lo demás, la Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo para quedar como sigue

La honorable Cámara de Diputados acuerda

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la finalidad de:

• Establecer conjuntamente con las autoridades competentes, en particular con la Sagarpa, los lineamientos o estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población.

• Que la Profeco establezca mecanismos rigurosos de vigilancia, relacionados con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios.

Notas:

1 Economic Outlook número 87, 26 de Mayo de 2010.

2 Ibídem.

3 Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación. Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, “Aumento de precios de los alimentos, hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas”, Abril 2008.

4 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Series originales.

5 El IGAE incorpora información preliminar y no incluye la totalidad de las actividades que integran el producto interno bruto trimestral, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía mexicana en el corto plazo y su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión el punto de acuerdo. Ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Mario di Costanzo, hasta por 3 minutos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente, vengo a hablar de este punto de acuerdo en contra, porque si hay algo que ha causado muchos conflictos en esta Cámara de Diputados es que necesita eficientizar su trabajo.

Creo que el punto de acuerdo que está a consideración el día de hoy, ya se está cumpliendo, ya existe información sobre el costo de los insumos agrícolas, de los precios agrícolas, de los precios al mayoreo, de los precios al menudeo, todo está publicado.

Creo que estos puntos de acuerdo lejos de ayudar le quitan el dinamismo al trabajo de la Cámara de Diputados.

Creo que los remedios son otros, creo que el punto de acuerdo debería enfocarse a que se conociera el verdadero precio y costo de la gasolina, por ejemplo, o de las tarifas eléctricas o del gas, que son las cosas que no conocemos y que este punto de acuerdo deja fuera.

Si revisamos la información de Profeco nos podemos dar cuenta de que publican quincenalmente el precio de más de 2 mil productos. Si revisamos el Infoaserca nos damos cuenta de que publican los insumos para la agricultura, el precio, el precio al mayoreo, los costos de las semillas, de los insumos, de los fertilizantes, entonces, a dónde nos va a llevar este punto de acuerdo.

Eso sí, el director general de Pemex no nos ha podido decir cuánto cuesta producir un litro de gasolina en el país, cuánto cuesta importarla, para que sirva de argumento, para decirnos que se subsidia.

No nos pueden decir cómo calculan las tarifas eléctricas que sí son un verdadero problema y que está causando un problema social y se niegan a transparentarlas y se niegan a reducirlas. Y lo mismo sucede con el gas y con otros productos petroquímicos. Por eso yo digo que estos puntos de acuerdo de nada ayudan y quitan mucho tiempo, y si están tratando de imponer un reglamento que lo que busca es poner una mordaza a los diputados, me parece que estos puntos de acuerdo son una burla.

Yo creo que en la Comisión de Economía deberían revisar lo que piden, revisar lo que hay para que estos puntos de acuerdo, que al final del día son llamadas a misa, sirvan para mayor cosa. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Di Costanzo. El diputado Ildefonso Guajardo.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal:Compañeras diputadas y compañeros diputados, el punto de acuerdo que se somete a su aprobación fue remitido por la mesa directiva de la Comisión de Economía, a propuesta de un diputado, el diputado Ramos Montaño, quien nos pide considerar una serie de acciones o solicitud al secretario de Economía y al responsable de Profeco, para actuar de inmediato en el análisis del comportamiento de los precios, fundamentalmente de la canasta básica y reforzar las acciones de verificación de cantidades y contra el acaparamiento, dado el momento que estamos viviendo en México.

No ha escapado a la atención de ustedes que en los primeros dos meses en curso de este año estamos enfrentando la dinámica de carestía más importante que ha enfrentado el país en los últimos años, esto ha sido sin duda el efecto generalizado que se ha dado en varios países del mundo por la afectación que ha tenido la producción de granos y alimentos, debido al cambio climático y sus efectos directos en el precio de la canasta al consumidor.

A partir de este punto de acuerdo y de otros puntos de acuerdo, justamente reflexionando sobre el impacto de la carestía en los grupos más vulnerables de la población, la Comisión de Economía instaló, con la aprobación de todos los partidos políticos, un grupo estrictamente establecido para poder analizar a fondo las causas de este incremento, y poder actuar y presionar al Ejecutivo para tomar acciones inmediatas y remediar los efectos que esto está teniendo sobre la capacidad de adquisición de bienes básicos de la población mexicana.

Creo que en este caso seguramente al compañero Di Costanzo, que muy seguido está atento con los temas de la Comisión de Economía, no le comentaron los compañeros que lo representan en la comisión, que hubo un consenso para poder seguir adelante a fondo con estrategias concretas para poder definir cuál debe ser la estrategia de seguridad alimentaria de este país, y poder reforzar la capacidad que tiene el Estado, el gobierno mexicano, para poder restringir el acaparamiento y poder impulsar programas que nos permitan garantizar bienes de consumo básico a precios accesibles para la población.

Por tanto, compañeros, muchos de ustedes turnan puntos de acuerdo a comisiones, que son apoyados por los miembros de la comisión y les pide la aprobación de este punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guajardo. Para alusiones tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo y después el diputado Gerardo Fernández.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Mire, diputado, yo creo que el punto es que este punto de acuerdo no va al objetivo que se busca.

De nada sirve hacer comisiones para que se restaure el crecimiento y el empleo en este país, si aquí, en esta Cámara, no se aprueban leyes contra los privilegios fiscales de las grandes empresas. Les tiembla la mano para acabar con los monopolios, que son los que han acabado con el mercado interno.

Les tiembla la mano para hacer que el gasto corriente del gobierno superfluo y las altas percepciones de los funcionarios públicos se acaben. Les tiembla la mano. ¿De qué sirve hacer comisiones de crecimiento o de seguridad alimentaria si los recursos que se destinan al campo son para puros líderes y no llegan a los productores? De nada sirven estas comisiones. Y de nada sirve que los consumidores conozcan qué tan caros son los productos.

Acúseme, diputado, y qué bueno. Lo único que le puedo decir, y es materia quizá de los siguientes puntos de acuerdo, que hay otro tan absurdo que le pide a la Profeco que le diga el crecimiento de los precios de la Canasta Básica desde hace 10 años. No se necesita un punto de acuerdo, yo se los digo. El frijol, más de 200 por ciento; el arroz, más de 100 por ciento; la leche, el 60 por ciento. Y así nos podemos seguir. Ése no es el problema ni se arregla con puntos de acuerdo.

Se arregla aprobando leyes aquí que ustedes han rechazado, inclusive, discutir. La Ley de los Privilegios Fiscales, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Precios Competitivos, que usted mañosamente rechazó en su comisión. Ya luego iré a platicárselo.

A mí me parece que estos puntos de acuerdo no sirven para nada. Si estamos buscando un Reglamento y si estamos peleando por un Reglamento que haga más eficiente el trabajo de la Cámara, estos puntos de acuerdo lo único que demuestran es la discrecionalidad con la que se está aplicando el Reglamento.

Yo no veo por qué rechacen puntos de acuerdo de grupos parlamentarios minoritarios en esta Cámara de Diputados, arguyendo que son gestiones, cuando vienen a presentar estas cosas que no sirven para nada.

Insisto: votaré en contra de este dictamen. Muchas gracias, diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. El diputado Gerardo Fernández y después el diputado Guajardo de nueva cuenta. Después de ello preguntaremos si está suficientemente discutido.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Iba a hacer mi intervención desde la curul porque es un asunto muy sencillo el que quiero plantear. Ya de alguna manera lo perfiló el compañero Mario di Costanzo, pero como voy a hacer un comentario adicional decidí hacerlo desde la tribuna.

Quiero plantear que voy a votar, ya no argumentaré en los siguientes, en contra de todos los exhortos que vayan a ser presentados a este pleno, y lo haré no por el contenido que tengan los exhortos, sino porque no sirven para nada.

O sea, esta Cámara hace señalamientos muy serios en muchos de esos exhortos, preocupaciones muy fuertes, llamados de atención a veces muy enérgicos hacia el gobierno usurpador y sus funcionarios, y no pasa absolutamente nada.

Por mejores que sean las legislaciones de los legisladores y legisladoras que plantean estos exhortos, el resultado es el absoluto desprecio de quienes ejercen el gobierno en contra del interés nacional. Por estas razones es que voy a votar en contra de todos los que se presenten.

Termino mi comentario planteándoles lo siguiente: lamento realmente mucho que la sesión del 15 de diciembre haya sido tan accidentada, que se haya hecho un acuerdo, que en política los acuerdos y la palabra valen, y que ese acuerdo haya planteado que el Reglamento entrara en vigor a partir del 1 de septiembre de este año y que lo hayan metido a la mala, a matacaballo con este desastre de sesiones que tenemos.

La verdad es que es una irresponsabilidad de quienes han incumplido la palabra. Es un abuso de quienes han impulsado estos acuerdos, y es una invitación a que no se hagan acuerdos con nadie, porque la palabra no se honra y los acuerdos no se cumplen.

Voy a insistir de todas las maneras, que el marco legal me lo da, a mi derecho de libre expresión y no voy a renunciar a él bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna amenaza, bajo ninguna presión y bajo ningún castigo, porque me encanta esa idea de que ahora haya quien piense que se pueden tratar con premios y castigos a hombres y mujeres libres. Eso no se puede aplicar, compañeras y compañeros. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Guajardo, hasta por 3 minutos, inmediatamente después consultaremos a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal:En esta tribuna se afirmó que nos tiembla la mano para tomar decisiones en el apoyo de leyes trascendentes, que fortalezcan la capacidad de apoyar a los consumidores mexicanos.

Quiero nada más recordarles que justamente a fines de abril del año pasado, esta Legislatura se puede sentir orgullosa de haber aprobado la mejor minuta en materia de competencia económica que fue aprobada por prácticamente el 90 por ciento de los diputados en este Congreso.

Le recuerdo a quien haya hecho una afirmación que si a alguien le tembló la mano fue a otro que no aprobó una ley trascendente, que mejoraba los instrumentos y las condiciones para poder generar un marco de competencia favorable a luchar contra los poderes monopólicos que aún prevalecen en este país.

Adicionalmente, se hacen afirmaciones de que en la Comisión de Economía se rechazó mañosamente una iniciativa en materia de precios competitivos. Éste no es el momento, pero si el diputado que hace la afirmación quiere, lo reto a un debate económico sobre las bondades de su famosa iniciativa. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Pedro Ávila; sonido en la curul. ¿Quiere pasar a tribuna, diputado? Adelante, diputado Pedro Ávila, hasta por 3 minutos.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente. Qué tristeza da estar viendo este espectáculo de debates inútiles, de iniciativas que se quedan en el olvido y de puntos de acuerdo que no conducen a nada.

El pueblo de México, señores diputados, se muere de hambre en las colonias, se muere de hambre en los ejidos, se muere de hambre en toda nuestra patria y nosotros aquí discutiendo cosas inútiles, cosas vanas que si yo subo una iniciativa, y que si tú la apruebas, y que esto, que aquello.

Eso no debe discutirse en estos momentos tan críticos para nuestra patria. Nuestra gente humilde, el pueblo, los pobres tienen necesidades por los altos costos de los artículos de primera necesidad, ya lo decía ahorita desde mi curul.

Se muere la gente de hambre, la gente humilde, en todas partes de la república. Estamos en una situación sumamente difícil, ante un estallido social. Debemos hacer algo.

Antier apenas, otra vez de nuevo el presidente y su equipo económico y el secretario de Hacienda subían los artículos de primera necesidad al pueblo de México.

Quiero pedir otra vez, con todo respeto al señor Presidente de este Congreso, que con las facultades que le concede la ley y de todos nosotros, que somos representantes de la nación, pues para qué nos puso aquí el pueblo si no es para defenderlo; que se integre una comisión de todos los diputados, de todos los partidos políticos e ir a Palacio Nacional o a Los Pinos, como lo hizo Belisario Domínguez, a pedirle respetuosamente al señor presidente que no siga aumentando los artículos de primera necesidad al pueblo de México.

Es una cosa muy triste la que vivimos. El gas, la gasolina, la luz, el arroz, la leche Liconsa, el frijol, todos los artículos de primera necesidad y nosotros aquí sentados viendo cuál iniciativa es buena o cual iniciativa es mala y mientras tanto el pueblo ahí mirándolos desde fuera, pidiendo que los diputados, que somos sus representantes, hagamos justicia.

Le pido que ahorita mismo, señor presidente, se integre esa comisión para que, en una forma respetuosa, ir con el presidente de la República y con el secretario de Hacienda a pedirles que cesen estos aumentos criminales para el pueblo que lo eligió. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como habíamos informado en la anterior intervención del diputado Ávila, habíamos dado ya curso también a su propuesta para que sea considerada oportunamente.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Continúe la Secretaría dando lectura a los siguientes puntos de acuerdo.

DESARROLLO ECONOMIA NACIONAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a revisar a profundidad su política económica y fiscal para poner en marcha estrategias promotoras del desarrollo económico nacional

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada para su estudio y dictamen el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a revisar de manera profunda su política económica y fiscal para que ponga en marcha estrategias tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional, presentado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en fecha 13 de octubre de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2010, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. Los proponentes solicitan a esta Cámara de Diputados exhortar respetuosamente al gobierno federal a efecto de que haga una profunda revisión de su política económica y fiscal para que ponga en marcha las políticas tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

Por otro lado, el artículo 134 constitucional establece que la administración de los recursos económicos de la federación debe llevarse a cabo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Cuarta. Que el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en los siguientes términos los parámetros y requisitos de elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación:

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. Las líneas generales de política económica;

II. Los objetivos anuales, estrategias y metas;

III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; y

IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía.

Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.

En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

Quinta. Que la Ley de Planeación establece en el artículo 2 que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, dispone que estará basada en los siguientes principios:

I.El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

II.La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

III.La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

VI.El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.

Sexta. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece que la finalidad de la políticaeconómica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Adicionalmente, establece que se apoyará el desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales, que generen empleos y que permitan a los mexicanos tener un ingreso digno y mejores niveles de vida.

Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo dispone que para lograr la promoción de un desarrollo humano integral y sustentable, se requiere de una políticafiscal responsable y eficiente, así como el manejo adecuado de la deuda, ya que sólo así puede mantenerse la estabilidad y asegurarse que los recursos públicos se obtengan de la manera más justa y eficiente posible, y que se asignen de manera correcta para maximizar su impacto social.

Para lograr lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo establece cinco estrategias:

1. Mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y reduciendo la evasión fiscal;

2. Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, permitiendo encontrar fuentes alternativas de ingresos, así como hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico que tiene el país;

3. Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico;

4. Restablecer sobre bases más firmes la relación fiscal entre el Gobierno Federal y las entidades federativas; y

5. Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir el costo financiero y promover el desarrollo de los mercados financieros.

Séptima. Que cumpliendo con las disposiciones constitucionales y nuestros ordenamientos jurídicos, el gobierno federal deberá buscar el uso eficiente de los recursos públicos para incentivar el desarrollo económico, contribuir a mejorar la distribución del ingreso y genere mayores beneficios a la población mexicana. Para ello, deberá hacer un análisis de su actual política económica y fiscal, a fin de conseguir la eficiencia económica y garantizar que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Octava. Por lo expuesto, esta Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:

La honorable Cámara de Diputados acuerda:

Único. Se exhorta al gobierno federal a revisar de manera profunda su política económica y fiscal para que ponga en marcha estrategias tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo y después la diputada Norma Sánchez Romero, del PAN.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. En primer lugar, claro que con mucho gusto acepto la propuesta del diputado Guajardo para debatir sobre economía. Yo lo haré sin estar como rehén de los grandes grupos económicos.

Pero además, fíjense qué absurdo. Se exhorta al gobierno federal a una profunda revisión de su política económica y fiscal, es decir, que se acabe el neoliberalismo; díganlo, díganlo y no anden con miedo a hablar de los grandes señores del capital que ahora son dueños del Estado mexicano.

Seamos congruentes. Tenemos 20 años con una política neoliberal pervertida y creen que con un punto de acuerdo lo van a arreglar. Señores, desde aquí podemos cambiar la política económica y fiscal, desde aquí es desde donde se ataca a los grandes monopolios, desde aquí es desde donde podemos acabar con los privilegios fiscales de las grandes empresas, desde aquí pudimos acabar con los bonos de riesgo que reciben los funcionarios públicos. Desde aquí es desde donde podemos hacer políticas para que crezca el empleo, para que el sector de energía se ocupe como un motor de desarrollo y para que no se entregue a manos extranjeras.

No finjamos, compañeros, no le pidamos peras al olmo. ¿Ustedes creen que después de 20 años van a revisar su política económica quienes han destruido a este país?

Somos ilusos y perdemos el tiempo con este tipo de exhortos. Si no lo han hecho, no lo van a hacer. Y si no tenemos el valor y los pantalones para cambiar esta política fiscal desde aquí, la Cámara de Diputados, no lo va a hacer. Esto lo tenemos muy claro. Pero seguimos sin discutir y seguimos sin debatir. ¿Cómo se va a cambiar la política económica si la Comisión de Hacienda no se reúne? ¿Cómo se va a cambiar la política energética si tampoco hay reuniones y se están esperando las oportunidades para dar albazos con la Estrategia Nacional de Energía?

¿Cómo vamos a cambiar la política económica si proponemos un Reglamento que ya estamos viendo que sirve nada más para aprobar corcholatazos como éste? Ese verdaderamente absurdo exhortar al Ejecutivo federal a que revise su política económica y revise su política fiscal.

Los criterios de política económica ya están dados. No estemos dando atole con el dedo a la gente. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Norma Sánchez Romero, hasta por 3 minutos.

La diputada Norma Sánchez Romero:Gracias, señor presidente. Derivado del punto de acuerdo, nuestro grupo considera que la política pública en materia económica y fiscal emprendida por el gobierno federal ha permitido la estabilidad macroeconómica de la última década, con tasas de inflación por debajo de 10 por ciento. Finanzas públicas con mayor fortaleza ante la disminución de los ingresos petroleros; con tasas de recaudación por encima de 10 puntos porcentuales del PIB y tasas impositivas competitivas a nivel internacional.

Inclusive el aval al Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, mismos que utiliza la comisión como argumentos al citar el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son argumentos tajantes de la Cámara de Diputados a las políticas económicas y fiscales del gobierno federal.

Por otro lado, la semana pasada fueron contundentes las afirmaciones vertidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al señalar que la recaudación por auditorías alcanzó un máximo histórico de 97 mil 900 millones de pesos; 32 por ciento más que en el 2010.

Las cifras cobradas por auditorías alcanzaron en el 2010 su nivel más alto en los últimos 6 años y representan el doble de lo logrado en 2004, cuando se recaudaron 48 mil 561 millones de pesos. En tanto que en 2009 la cifra ascendió a 74 mil 413 millones de pesos. Pregunto: ¿qué, en este indicador, denota una mala administración en política fiscal?

Tomando en consideración los argumentos anteriores, Acción Nacional votará en contra del presente dictamen al carácter del sustento necesario para realizar el exhorto. Bajo ningún motivo estaremos de acuerdo en posiciones basadas y fundamentadas en retórica pública y no en fundamentos técnicos que aseguren que las políticas económicas y públicas del actual gobierno no han sido exitosas. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. En virtud de que no se han registrado más oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo relativos al control de precios de los productos de la canasta básica

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado para estudio y dictamen el punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, presentado por el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudió y análisis del punto de acuerdo mencionado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 9 de febrero de 2010, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

El 20 de noviembre de 1979, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ganadería proclamó esta fecha como Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de hacer conciencia en los gobiernos de las naciones sobre el serio problema alimentario mundial y, con ello, fortalecer la lucha solidaria contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el problema mundial de la alimentación, y en consecuencia del hambre, ha alcanzado un máximo histórico en los últimos años, estimando que más de 1 millón de personas padecen hambre a diario en el mundo. Considera además que factores como la desaceleración económica y los altos precios de los alimentos han provocado que más 100 millones de personas se encuentren en situación de pobreza y de hambre.

Los efectos de la reciente crisis global ha afectado de manera grave a la población que vive en condiciones adversas por la pobreza, la marginación, el abandono y la vulnerabilidad, como los niños, las madres solteras, las personas enfermas, las que tienen algún tipo de discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, los adolescentes y los desempleados. La situación, de acuerdo con las proyecciones sobre la crisis económica internacional, podría agravarse, principalmente en naciones en proceso de desarrollo, lo que implicaría que sus efectos se mantengan en forma prolongada.

En México, el Informe sobre cifras de pobreza por ingreso en 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con base en la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares del mismo año y dado a conocer en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, destaca que de 2006 a 2008 la proporción de personas en condiciones de pobreza alimentaria a escala nacional aumentó de 13.8 a 18.2 por ciento. Los datos coinciden con el estudio de estimaciones de pobreza por ingreso del mismo año, realizado por la ONU de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desa-rrollo; y las personas en condición de pobreza de patrimonio aumentaron de 42.6 a 47.4 por ciento.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio; es decir, tenían un ingreso menor que el necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte público; y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.

El mismo informe detalla que en 2008 habitaban 7.2 millones de personas en pobreza alimentaria en zonas urbanas en localidades de 15 mil o más habitantes y más de 12 millones en las zonas rurales.

De acuerdo con investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 2003 a la fecha los mexicanos han perdido hasta 51 por ciento de poder adquisitivo.

El estudio Pobreza, marginación y remesas en México, elaborado por la UNAM, señala que el incremento de los precios de la canasta básica en los tres últimos años ha provocado un deterioro de 44 por ciento en el nivel de vida de los campesinos. Esto significa que más de 28 millones de las personas del campo no pueden adquirir la canasta básica por sus bajos ingresos.

En otro estudio, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, se indica que en los últimos dos años el poder adquisitivo del salario mínimo ha registrado una evidente pérdida, de 32.64 por ciento. En el mismo lapso, los precios de la canasta básica tuvieron un incremento de 67.16 por ciento, y el aumento del salario mínimo apenas si fue de 12.59 por ciento; es decir, de 48.67 a 54.80 pesos, lo cual representa que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Eso significa que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora invierte más de 19 horas para adquirir los productos de la canasta básica recomendable.

El incremento del salario mínimo y el alza de los productos de la canasta básica sin duda han resultado contradictorios: a inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento, equivalente a 2 pesos; y los precios de los comestibles llegaron a incrementarse hasta 339.4 por ciento. El precio del aceite aumentó 105.5 por ciento; el arroz, 90; la sal, 77.2; el bolillo, 53; la tortilla, 42.6; la harina de trigo, 44.6; y el huevo, 44.4 por ciento, entre otros productos básicos para la alimentación.

Para 2010, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento de 2.6 pesos; quedaron las áreas geográficas del país de la siguiente manera:

Para el área geográfica A, que comprende entre otros el Distrito Federal y su área metropolitana; Baja California; Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Sonora; Tamaulipas; y Veracruz, el salario mínimo diario será de 57.46 pesos.

Para el área geográfica B, que comprende entre otros estados y ciudades Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el salario mínimo general diario será de 55.84 pesos.

Para el área geográfica C, que corresponde entre otros estados a Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas; y los municipios específicos de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, el salario mínimo general diario será de 54.47 pesos.

Sin duda, este aumento aniquila el poder adquisitivo de la población, además de contravenir la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, la cual señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer de educación a los hijos.

Conforme a las consideraciones del proponente, el salario mínimo debe tener un aumento de por lo menos 8 por ciento a efecto de enfrentar el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos.

Resulta inconcebible que a inicios de 2010 los precios de los productos de la canasta básica indispensable para las familias hayan subido injustificadamente en más de 20 y 45 por ciento, medida arbitraria y abusiva que atenta contra la economía de las familias mexicanas.

Si bien a partir del 1 de enero de este año el precio del diesel se incrementó de 6.30 a 8.16 pesos por litro, la gasolina Magna en 8 centavos por litro y el gas licuado de 9.15 a 9.31 pesos por kilogramo, no se justifica el aumento voraz de los productos de primera necesidad, como aceite, huevo, azúcar, pollo, medicamentos, material de curación, detergentes y artículos de higiene personal.

Cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México indican que los productos alimenticios que forman la canasta básica reportaron un aumento de 27.49 por ciento de 2006 a 2008, un incremento 124.4 superior a la inflación general durante el mismo periodo; en tanto, los aumentos salariales obtenidos por los trabajadores desde abril de 2008 hasta 2009, y a la fecha, siguen siendo anulados en su poder adquisitivo.

El año anterior, los productos alimenticios de la canasta básica tenían un costo promedio de entre 800 y mil 200 pesos, sin agregar los costos de otros bienes que integran la medición, como vivienda, salud, transporte y esparcimiento; para 2010, se requieren más de mil 400 pesos para su adquisición. De acuerdo con el Banco de México, los precios seguirán en aumento hasta 2011.

El constante aumento de precios de los productos que integran la canasta básica ha provocado mayor empobrecimiento de la población, que destina al consumo básico mayor parte de los ingresos.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM reporta que en el país más de 30 millones de personas padecen problemas críticos de desnutrición. Tal condición tiene que ver con los elevados precios de los productos de la canasta básica, por lo que la población se ha visto obligada a modificar su alimentación, dejando de consumir algunos productos de calidad en nutrimentos y sustituirlos por otros de baja o mala calidad.

A escala mundial, el hambre y la desnutrición están afectando gravemente el capital humano a través de sus efectos negativos, irreversibles e intergeneracionales sobre el desarrollo físico y cognitivo, factores que incrementan la pobreza y limitan la productividad y el desa-rrollo de los países.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a intervenir por la Secretaría de Economía respecto al control de precios de la canasta básica e informar a esta soberanía sobre los programas específicos contra la carestía de la vida.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la república para contener la carestía de los productos de la canasta básica.

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar las sanciones correspondientes a los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos que integran la canasta básica.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, presentado por el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Francisco Ramos Montaño, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que con base en datos tanto de organismos internacionales como nacionales, hay signos de un mejor de-sempeño de la economía internacional. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que la economía internacional avanza positivamente; sin embargo, esto se da en diferente grado y velocidad para cada uno de los países.

Se ha observado que las economías emergentes (como China, India y Brasil) se consolidan como motores del crecimiento, las cuales contribuyen al avance positivo de la economía mundial, luego de la profunda crisis económica y financiera global. De acuerdo con el estudio de la OCDE, las proyecciones de crecimiento para este tipo de mercados emergentes son de 11.1, 8.3 y 6.5 por ciento, respectivamente. En el caso del crecimiento económico de Estados Unidos, la OCDE pronostica un avance en este rubro de 3.2 por ciento para el cierre de 2010, manteniéndose con igual magnitud para 2011.

Cuarta. Que de acuerdo con datos de esa organización, la economía mexicana avanza favorablemente y habrá un crecimiento económico de aproximadamente 4.5 por ciento al cierre de 2010. Esa cifras con alentadoras en comparación con las del año anterior (periodo de crisis económica internacional), cuando se registró una contracción de más de 6.0 por ciento, como se muestra en la siguiente la gráfica:

Quinta. Que de acuerdo con datos del Banco Mundial, para el cierre de 2010 la economía mexicana crecerá entre 4.5 y 4.7 por ciento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las expectativas de crecimiento económico para México son buenas, pues pronostica que para finales de 2010 la economía crecerá entre 4.5 y 5.0 por ciento. El Banco de México pronostica que la economía crecerá entre 4.5 y 5.0 por ciento para el cierre de 2010; las cifras coinciden con las de las anteriores organizaciones.

Sexta. Que de acuerdo con datos de la SHCP y de la Secretaria del Trabajo, el aumento de los indicadores de empleo es muestra del avance económico que vive el país. Por ello, en octubre se registraron 129 mil 406 nuevos empleos formales, de los cuales 850 mil 889 empleos netos están registrados al IMSS. Con lo anterior se constata que en 2010 se está incrementando el número de mexicanos con ingreso para salir adelante.

Séptima. Que de acuerdo con la Conasami, el salario mínimo general promedio ha registrado una tendencia creciente (véase la gráfica 3). Durante el periodo 2007-2010, el salario mínimo general promedio registró un aumento de 14.09 por ciento; es decir, se incrementó de 48.88 a 55.77 pesos diarios en 2010, como se observa en el siguiente cuadro:

Octava. Que de acuerdo con el Banco de México, en los últimos 10 años la variación porcentual anual del índice de la canasta básica mexicana se ha mantenido estable e incluso con menores niveles en comparación con la década anterior (véanse el cuadro 3 y la gráfica 4).

Entre 2008 y 2009, el índice de la canasta básica reportó una variación porcentual de más de 8.0 por ciento (véase la gráfica 5), resultado de la crisis económica y financiera internacional que afectó en mayor medida a países emergentes como el nuestro, lo cual explica el incremento inusual y circunstancial de la canasta básica en esos dos puntos de referencia.

Pese a lo anterior, en la última década el índice de canasta básica se ha mantenido estable en comparación con la década anterior. Hoy, dicho índice está teniendo una estabilidad como la que se tenía en años anteriores a la crisis económica internacional, como se muestra en la gráfica 4.

Datos del Banco de México revelan que en octubre, el índice de la canasta básica tuvo un porcentaje acumulado en el año de 2.3 por ciento, mientras que el INPC lo hizo con 3.06 por ciento, como se muestra en la gráfica anterior.

Novena. Que de acuerdo con estadísticas emitidas por el Banco de México, se ha observado que en la última década el índice de la canasta básica ha estado en niveles más altos que el índice de general (INPC); esto, debido en parte a que el primero contiene componentes con precios mucho más volátiles que el segundo.

Décima. De acuerdo con la FAO,el incremento de los precios de los productos básicos (en especial los agrícolas) es una situación mundial y no particularmente nacional, y afecta principalmente a las personas que viven en pobreza y hambruna.

De acuerdo con la misma organización, las crecientes tasas inflacionarias recientes en algunos productos básicos (en especial los agrícolas) se deben principalmente al aumento de los precios de los hidrocarburos a escala mundial y a los diferentes eventos climáticos (sequías, heladas e inundaciones) que afectan los procesos agrícolas mundiales, lo cual ha propiciado un porcentaje de escasez de dichos productos. De esta situación, fuertes actores económicos mundiales se han aprovechado para especular con los precios de productos básicos.

Otros factores que han afectado los precios de los productos básicos (en especial los agrícolas) son la gran demanda que tiene la producción de biocombustibles a escala mundial, principalmente para la producción de etanol y biodiesel, lo cual ha provocado la escasez y el encarecimiento de estos productos, además del crecimiento poblacional mundial, lo cual está demandado aún más de dichos productos.

Undécima. Aunado a lo anterior, se ha observado una disminución de la inversión hacia el sector agrícola por algunos países, lo cual implica un déficit de la oferta, que encarece los precios de los productos agrícolas.

Duodécima. El mundo está cada vez más interconectado por el comercio global. Esa situación ha repercutido también en México, el cual ha absorbido las crecientes tasas inflacionarias mundiales a causa del intercambio comercial mundial, principalmente la de los productos con mayor volatilidad, como los agrícolas.

En la última década, los precios de los productos agrícolas a escala mundial han estado aumentando constantemente, en particular a partir de 2006, cuando los precios se dispararon, como se observa en la siguiente gráfica:

                            Gráfica 6.1

En cuanto a los precios de los energéticos mundiales, el del petróleo a escala internacional ha ido en aumento, como se observa en la grafica anterior (6.1.). Hoy, el precio del petróleo West Texas es de 84.69 dólares por barril, mientras que el de la mezcla mexicana es de 77.09.

Decimotercera. Por tanto, la Comisión de Economía, con base en datos de la FAO y de otras organizaciones consultadas, opina que la presión alcista de los productos básicos (en especial los agrícolas) es un fenómeno complejo, con múltiples factores que condicionan dichos precios, por lo que establecer un control de precios de productos de la canasta básica no es una vía recomendable, ya que se estarían ignorando el estudio y el entendimiento de los múltiples factores citados que inciden en la volatilidad y cambio en los precios de los productos básicos (en especial los agrícolas).

Decimocuarta. Que con base en lo expuesto por la FAO y en datos del Banco de México, la Comisión de Economía opina que el fuerte incremento de los precios de los productos agrícolas es un fenómeno internacional y no particularmente de nuestro país, ya que las estadísticas presentadas reflejan claramente que durante 2008-2009 fueron años difíciles para la economía del país y son sólo efectos circunstanciales. Asimismo, se observa mayor avance tanto en la economía internacional como en la nacional.

Decimoquinta. La Comisión de Economía recomienda modificar el tercer punto de acuerdo expuesto por el proponente, pues la Profeco no tiene facultad para sancionar a vendedores o proveedores que “especulen” con los precios de los productos que integran la canasta básica. En este caso, la Procuraduría General de la República, con base en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, puede aplicar las sanciones correspondientes a quienes especulen con los precios de los productos que integran dicha canasta.

Decimosexta. De manera respetuosa y con el objetivo de enriquecer y fortalecer las proposiciones, la Comisión de Economía recomienda modificar el punto de acuerdo como sigue:

La Cámara de Diputados

Acuerda

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a enviar a esta soberanía mediante la Secretaría de Economía un análisis de los últimos diez años para analizar y valorar la evolución del incremento de precios de la canasta básica.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la república para contener la carestía de los productos de la canasta básica.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a aplicar las sanciones correspondientes a los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos que integran la canasta básica.

Notas:

1 Economic Outlook, número 87, 26 de mayo de 2010.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 El Economista, “En Primer Plano”, 7 de octubre de 2010, páginas 4 y 5.

5 Conferencia de prensa de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, sobre la evolución del empleo en México, 3 de noviembre de 2010.

6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, “Aumento de precios de los alimentos: hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas”, abril de 2008.

7 El Economista, “Valores y Dinero”, 4 de noviembre de 2010, página 18.

8 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub,  (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Están a discusión los puntos de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, hasta por 3 minutos.

Saludamos la presencia –y aprovechamos en este momento– de amigas y amigos de la Universidad Europea de Ecatepec, del estado de México, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Bueno, es el día de los puntos de acuerdo absurdos.

Miren, compañeros, hace un rato leyeron el objetivo de este punto de acuerdo y ninguno tiene que ver con el control de precios de la Canasta Básica. Le estamos pidiendo a la Secretaría de Economía que nos diga en cuánto han crecido los precios de la Canasta Básica desde hace 10 años. ¿Pues qué no lo podemos hacer nosotros, compañeros? ¿Qué no lo pueden hacer en la Comisión de Economía, en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas? Bueno, hasta yo lo he podido hacer, imagínense; 400 por ciento ha crecido el precio del frijol, 158 por ciento el del arroz en los últimos cuatro años, 60 por ciento el de la leche, 60 por ciento el del pollo, 22 por ciento el del salario mínimo.

¿Qué medidas han propuesto contra la carestía? Pues evidentemente ninguna. ¿Qué no se dan cuenta, que ustedes aprobaron en la Ley de Ingresos los incrementos a la energía eléctrica y a la luz, y al gas, y a la gasolina? ¿Que fueron ustedes, en el PRI y en el PAN, los que aprobaron el incremento de 1 punto al IVA y ahorita, a pesar de tener 163 mil millones de pesos excedentes de ingresos en el 2010, por ahí andan proponiendo el IVA en alimentos y medicinas? Eso sí no lo hacemos, pero pedimos.

Éste es otro punto de acuerdo absurdo e inservible. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas tiene estos datos y creo que ya los ha publicado. No revisamos nuestra actuación. Nos preocupamos nuevamente por un Reglamento que haga callar a las minorías de esta Cámara de Diputados, como se pretende hacer afuera en las calles y no nos preocupamos por tener un trabajo en comisiones más eficiente y revisar lo que hay.

Ni el punto de acuerdo coincide con el objetivo ni el título con los objetivos. Bueno, esto es absurdo, y lo estamos proponiendo y estamos discutiendo y perdiendo tiempo. Deberíamos estar discutiendo aquí ya el dictamen de la ley para abolir los privilegios fiscales de las grandes empresas que como Televisa, como Cemex, como Telmex no pagan impuestos. Pero eso no se los permite la Secretaría de Hacienda, ¿qué pasó con los impuestos a los pensionados? ¿Desde cuándo no están muy alarmados y no se puede resolver el asunto, siguen pagando impuestos, compañeros? Por favor pongámonos a trabajar, a debatir, pero no estas cosas que no sirven para nada. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputo José Antonio Arámbula, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Antonio Arámbula López:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quisiera hacer algunas consideraciones respecto del dictamen de punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la Canasta Básica. De acuerdo con el Banco de México la inflación durante el 2010, referente a la Canasta Básica fue 4.20 por ciento, lo que nos indica que fue inferior al Índice de Precios al Consumidor que fue 4.4 por ciento.

Durante todo el 2010 se puede afirmar que la inflación de los productos de la Canasta Básica fue controlada e inferior a la nacional. En materia de inflación de los productos de la Canasta Básica durante 2008 hubo importantes incrementos, los cuales se debieron a la crisis alimentaria ocurrida en 2007 y 2008.

Cabe mencionar que ante este escenario el gobierno del presidente Calderón instrumentó medidas correctivas y preventivas para garantizar el bienestar familiar y mantener el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Actualmente la Secretaría de Economía realiza un seguimiento constante en los precios a través de encuestas nacionales, principalmente para monitorear los precios de la tortilla, pan y leche. Se da seguimiento diario a los precios de productos agropecuarios que se comercializan en las centrales de abasto del país. Se ha reforzado el programa de verificación y vigilancia que lleva a cabo la Profeco para evitar prácticas abusivas y defender los derechos de los consumidores. Asimismo, es importante destacar que la economía mundial es testigo del incremento en los precios internacionales de varios productos que son base de la economía familiar.

Cabe mencionar que México registró una tasa inflacionaria en 2010 de 4.4 por ciento, la cual la sitúa como una de las más bajas en toda América Latina. Sólo por mencionar algunos casos, la inflación registrada en 2010 en Argentina fue de 10.9; en Bolivia el 7.8; en Brasil 5.9; Costa Rica 5.8; en Guatemala 5 por ciento, en Honduras 6.5; Nicaragua 9.2; Paraguay 7.2; Uruguay 7; Venezuela 28 por ciento.

Es importante enfatizar que esto no es comparable con las inflaciones registradas en la década de los ochenta y noventa, donde se registraron tasas inflacionarias de casi 100 por ciento; en el 82, 105; en el 86, 160 por ciento; en el 87, de 52 por ciento; en el 95, donde la población mexicana perdía día con día su poder adquisitivo.

Es claro que el Banco de México y el gobierno federal han sido responsables en la aplicación de la política monetaria para mantener la estabilidad de precios y no se debe, por ningún motivo, lucrar o especular con la estabilidad de precios.

Estimaciones del Banco de México, referentes a la inflación de los primeros 15 días del 2011, indican que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.17 por ciento.

Sin duda, los precios corren y es importante ayudar a que los precios no suban. Sin embargo, tratar de controlarlos y poner medidas coercitivas, que ya en épocas pasadas se presentaron, como los topes o controles de precios que lo que hemos visto es que producen más inflación.

Hay que estar atentos sobre la evolución de los precios de los productos de la Canasta Básica durante los próximos días y tomar las medidas correctivas necesarias.

Por lo anteriormente expuesto y al no contar el punto de acuerdo en discusión con una debida argumentación, la bancada del Partido Acción Nacional votará en contra de la presente proposición con punto de acuerdo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD, y después el diputado Jaime Cárdenas, luego de lo cual preguntaremos si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Compañeras y compañeros. Gracias, señor presidente. La información que acaba de proporcionarnos el compañero es parte justamente de una política económica totalmente errática, de una política económica sin crecimiento, de una política económica abusiva en contra de la mayoría del pueblo de México.

De veras se requiere ser muy cínico, se requiere ser muy insensible para no entender una realidad nacional en donde la gente, en cada comunidad, no tiene lo elemental para subsistir. Los salarios han caído. Hoy, frente a esta política dispersa, anodina, una política económica sin rumbo, no podemos en esta Cámara guardar silencio.

La verdad, compañeras y compañeros, lo pueden ustedes ver en un dato muy sencillo: recientemente subió el precio de la tortilla. Con el salario mínimo de hace 30 años cualquier trabajador podía consumir 40 kilos de tortilla. Hoy apenas y le alcanza para comprar 4 o 5 kilos de tortilla.

No se requiere, efectivamente, ser economista. No se requiere hacer análisis muy sesudos y traer aquí un información para justificar lo que no está haciéndose, que es llevar al pueblo de México la alimentación suficiente para que los niños acudan a la escuela bien alimentados, para que los niños de este pueblo vayan a las escuelas con los mínimos satisfactores.

No es cierto, compañeros. ¿A quién engañan? A un pueblo que está entre si paga la luz y come. A un pueblo que no tiene para pagar el gas. Vayan a sus colonias, vayan a sus distritos y ustedes observarán cuánta gente en nuestro país no tiene para comer, compañeros, viven en una realidad falsa. Viven, ustedes, en una esfera de privilegios que solamente han permitido mantener, justamente, al pueblo de México en las condiciones cada vez más difíciles que le haya tocado vivir en muchas décadas.

Hoy, acompañado con las desviaciones climáticas, con los problemas agudos y todavía aquí estamos viendo qué hacer.

Por supuesto que voy a votar en contra del punto de acuerdo, pero no por la política panista que ha desmantelado el sistema económico del país, baste ver cualquier gente, de aquí mismo, de la Cámara, que gane el salario mínimo para entender la realidad que vive la mayoría del pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene, ahora, el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, este Congreso no hace lo que debiera hacer: legislando y controlando al Poder Ejecutivo. No hace nada para detener la influencia indebida de los poderes facticos en nuestro país.

En este país todos los días se violan derechos fundamentales. Se viola el derecho al acceso a la educación, no hay derecho a la salud, no se garantiza el derecho a la alimentación, no existe ningún elemento real que proteja, que garantice la dignidad humana.

Este gobierno se ha olvidado de los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Se ha olvidado y ha pisoteado las libertades básicas de los mexicanos como observábamos hace unos días al censurar a Carmen Aristegui.

Este gobierno se caracteriza por la represión militar y policiaca más grave que ha vivido México en las últimas décadas. Podemos decir que el sexenio de Calderón es un sexenio represivo, autoritario. Es un gobierno que ya está pensando en cómo quedarse en el poder violentando los principios democráticos y electorales.

No dudaría que el gobierno de Calderón intentara dar un autogolpe de Estado apoyado en su guardia pretoriana, que es la policía federal, la policía de la Secretaría Seguridad Pública. Eso es lo que se busca, quedarse en el poder a toda costa, pisoteando derechos humanos, pisoteando la dignidad, la igualdad y la libertad de los mexicanos.

¿Y qué hace esta Cámara de Diputados? Dictar y aprobar exhortos, que como se dijo aquí no son vinculantes, equivalen a la nada jurídica. Un exhorto no es una norma jurídica completa, no es una norma jurídica plena, no contiene sanción, no va a obligar a nadie.

Estos exhortos van a ser contestados por los funcionarios del Poder Ejecutivo, como ya nos contestó el secretario de Gobernación respecto del exhorto de la Cédula de Identidad ciudadana, diciéndonos que ellos van a seguir adelante y que los exhortos son algo peor que las llamadas a misa, son la nada jurídica, no existen.

¿Y qué hace la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados aprueba reglamentos anticonstitucionales, como el Reglamento que se nos ha impuesto, que censura nuestras libertades de expresión, nuestra libertad de crítica.

¿Qué se quiere, cuál es el trasfondo de la aprobación del Reglamento de la Cámara de Diputados? Se quiere aprobar aquí una reforma laboral contraria a los intereses del pueblo de México. Se quiere aprobar una Ley de Asociaciones Público-Privadas contraria al pueblo de México y una Ley de Seguridad Nacional más represiva, sin que la Cámara de Diputados y sus legisladores protesten, y eso simplemente les quiero decir, no lo vamos a tolerar.

Esta Cámara de Diputados no puede ser comparsa de un gobierno espurio y de un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. No habiendo más... El diputado Guajardo, y con él concluimos la lista de oradores en contra y a favor.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal:Compañeros, esta última intervención, como presidente de la Comisión de Economía, es para simplemente enfocar parte del debate que presenciamos hoy.

Sin duda podemos discutir sobre las bondades o defectos de los procedimientos que nosotros mismos hemos aprobado en nuestro Reglamento. Como comisión, la Comisión de Economía tiene la responsabilidad de analizar y dictaminar los puntos de acuerdo que cada uno y todos ustedes pueden turnar a la mesa directiva, y la misma a cualquiera de las comisiones que representan los diferentes segmentos de trabajo de esta Cámara de Diputados. Quiero decirles que los 4 puntos de acuerdo presentados a su consideración el día de hoy fueron debidamente discutidos en la comisión, y aquí están los 4 dictámenes de los puntos de acuerdo con firmas totalmente favorables de todos los diputados, de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara.

Así es que mi sugerencia, mientras terminamos el debate del Reglamento, sería que cada fracción parlamentaria tenga el cuidado de ser representada en la comisión de la mejor manera posible, para que no luego vengamos a este pleno y entremos en contradicciones con los diputados que nos representan, la posición que ellos mismos tomaron en la comisión.

Los 4 puntos de acuerdo están dictaminados favorablemente por todos los diputados que representan a todas las fracciones parlamentarias. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. En términos del artículo 106, numeral 5, han hablado ya... Perdón.

El diputado Mario Alberto di Costando Armenta(desde la curul): Para rectificación de hechos, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado Di Costanzo.

Entre tanto, diputado Martel. Sonido en la curul del diputado Martel. Permítame, diputado Di Costanzo, por favor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Perdón, señor presidente. ¿Con qué objeto se dio nuevamente el uso de la palabra?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para rectificación de hechos. La solicitó el diputado.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Rectificación de hechos. Esperamos que se dé la rectificación de hechos y ojalá pudiese usted considerar someter a consideración de esta asamblea si el tema después se encuentra suficientemente discutido. Escucharemos con mucho interés la rectificación de hechos que haga el señor diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así lo haremos, como lo habíamos anunciado. ¿Con qué objeto, diputado Jaime Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para hacer algunas manifestaciones por esto que dijo el diputado Martel. Me parece grave que continuamente quiera estar coartando nuestra libertad de expresión el diputado Martel. El diputado José Ramón Martel López:Con todo respeto a la asamblea, para alusiones personales. Nada más pedirle respetuosamente a la Presidencia si puede instruir a la Secretaría a que leyera el artículo 106 en su fracción VI, que es en la que me estoy basando para esta intervención que tuve a bien hacer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si me permite, diputado Di Costanzo. Por favor la Secretaría, si atiende la petición para ilustrar a la asamblea en términos de lo solicitado por el diputado Martel, leyendo la fracción VI del artículo 106.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Artículo 106, fracción VI. Cuando hayan intervenido un orador en contra y uno a favor, el presidente preguntará al pleno si el asunto se encuentra suficientemente discutido. De no ser así, continuará la discusión con un orador más en cada sentido por el mismo tiempo señalado. De considerarse suficientemente discutido, el presidente anunciará el inicio de la votación nominal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Inmediatamente después de que el diputado Di Costanzo haga uso de la palabra para rectificación de hechos, preguntaremos a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Adelante, por favor.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Nada más para rectificar, porque yo creo que el hecho de que los grupos parlamentarios tengan un representante en la comisión no debe garantizar que yo tengo que pensar igual que el representante que estaba en la comisión. Y si exhortó a que fueran o que asistan a sus comisiones, es parte del Reglamento; que lo aplique.

Si les molestó que les dijera que entre PRI y PAN aprobaron el incremento al ISR y al IVA, pues está en las actas, está en las votaciones. Si les molestó que el PRI y el PAN sean los responsables de esta política neoliberal, pues nada más basta ver las propuestas que se han aprobado en materia fiscal, en materia hacendaria, en materia presupuestaria.

Yo no fui el que aprobó los bonos de riesgo para los funcionarios públicos o para Felipe Calderón. Yo no fui el que aprobó el incremento al IVA y el incremento al ISR; o que las grandes empresas sigan utilizando a la consolidación fiscal para eludir una cantidad muy importante de impuestos. Ésa es la política neoliberal.

No tiene nada que ver con que asistan a la Comisión de Economía o con que los diputados que están ahí voten de una manera u otra. Yo no soy el presidente de la Comisión de Hacienda, el que no está convocando a que se debatan y a que se discutan los temas, cuando se está pidiendo esta discusión y este debate.

Me parece inapropiado que se venga a hablar de hechos o a aparentar una realidad que no es, cuando estamos eludiendo nuestra responsabilidad como legisladores de acotar, de modificar, de condicionar el modelo económico con lo que tenemos que hacer: legislar. Lo que sucede es que aquí se ha legislado a favor de estos grandes grupos.

Se amonesta a diputados con el nuevo Reglamento, pero no se le hace nada a Juan Molinar Horcasitas por la licitación 21 y por otras tropelías que ha cometido. Eso únicamente lo quería dejar asentado. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Di Costanzo. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por tanto, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación nominal en conjunto.

Aprovechamos para saludar la presencia de un grupo de ciudadanos de la Coalición de Colonos de Naucalpan, A. C., del estado de México, invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga.

Igualmente a personal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, del municipio de Cholula, Puebla, invitados por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha.

También personal de la escuela primaria Rafael Ramírez, del estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE COLIMA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo relativo a la reclasificación tarifaria en diversos municipios de Colima

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 20 de abril de 2010, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, la diputada Indira Vizcaíno Silva perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno la proposición con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas en Colima.

Segundo. En fecha 29 de abril de 2010 se presentó ante el Pleno de esta soberanía la proposición  con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reducción de la tarifa de energía eléctrica de servicio doméstico en Manzanillo, Minatitlán, Armería y Tecomán, Colima, a cargo del diputado Carlos Cruz Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tercero. En todos los casos anteriores y en la misma fecha de presentación de las referidas proposiciones, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía.”

II. Objeto y contenido de las proposiciones

Los diputados Indira Vizcaíno Silva y Carlos Cruz Mendoza plantean como objetivo central en los puntos de acuerdo de las proposiciones en dictamen, que se reclasifiquen las tarifas eléctricas para el sector doméstico en diversos municipios en el estado de Colima.

A continuación se destacan algunos aspectos de la exposición de motivos de cada proposición:

1. Promovente: diputada Indira Vizcaíno Silva. Destaca la capacidad de generación térmica (sic) del estado de Colima respecto de otros estados. Señala la diputada proponente que la Comisión Federal de Electricidad debería de ajustar sus políticas para que las tarifas eléctricas reflejen adecuadamente el costo por generación del fluido eléctrico de cada una de las regiones del país y, por otra parte, que debe modernizarse la infraestructura empleada para la medición de las temperaturas, cuyos sistemas de medición los provee la empresa IUSA.

A continuación se inserta el texto de los puntos de acuerdo que propone la diputada promovente:

“Puntos de Acuerdo

”Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad, que reconsidere las tarifas eléctricas para el estado de Colima, fundamentalmente en el municipio de Manzanillo, priorizando las tarifas residenciales; en la cual se considere la capacidad de generación térmica de la entidad, con lo que se podrían aportar elementos en beneficio de la disminución de las tarifas y en beneficio de los usuarios de la entidad, lo que contribuiría en ventajas competitivas para la generación de empleos.

”Segundo.Se acuerda a la solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la CFE le otorga a la empresa IUSA: Además de contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional”.

2. Por lo que toca a la proposición del diputado Carlos Cruz Mendoza, éste expone que debido al clima cálido que prevalece en el estado de Colima, sus habitantes requieren de emplear sistemas de ventilación y de enfriamiento para poder llevar a cabo las actividades cotidianas. Asimismo, destaca que el municipio de Manzanillo contribuye al desarrollo del país y juega un papel estratégico en el sistema eléctrico del país. Con base a lo anterior somete ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

“Punto de Acuerdo

”Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que, en uso de sus facultades y atribuciones, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclasifique la tarifa 1B a la 1F en los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Armería, y Tecomán, del estado de Colima, a la brevedad posible”.

III. Consideraciones

Primera.Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de los diputados Indira Vizcaíno Silva y Carlos Cruz Mendoza. Por ello, el presente dictamen tiene por objeto respaldar la petición de los promoventes en el sentido de reclasificar las tarifas eléctricas para el sector doméstico en todo el estado de Colima. No obstante que las proposiciones señalan ciertos municipios.

Segunda. Señala la diputada Indira Vizcaíno Silva en el segundo resolutivo del punto de acuerdo lo siguiente:

“Segundo.Se acuerda a la solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la CFE le otorga a la empresa IUSA: Además de contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional”.

La diputada proponente plantea en un segundo punto que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría de desempeño de las licitaciones que la Comisión Federal de Electricidad ha otorgado a la empresa IUSA.

Al respecto, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala en su artículo 3 que la Auditoría Superior de la Federación tiene a su cargo la fiscalización de la Cuenta Pública y en su artículo 1, que “...la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el de-sempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales...”.

Por otra parte, en la misma ley se define el alcance de las auditorías desempeño en los siguientes términos: “II. Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos;...”

En resumen, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es clara al establecer que la Auditoría Superior de la Federación, cuya función es la revisión de la Cuenta Pública, realice auditorías de desempeño, mas éstas se realizan para verificar el cumplimiento de los objetivos señalados en los programas federales; es decir, que procedimientos administrativos, como son las licitaciones públicas no son materia de esta ley y en consecuencia la Auditoría Superior de la Federación no tiene esa función.

Para efecto de la realización de auditorías, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que es la Secretaría de la Función Pública la que establece las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la realización de las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control.

Apunta la diputada Vizcaíno que “...con relación a los medidores de luz que utiliza la CFE, la opinión de especialistas es que las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar a altas temperaturas. Para un correcto funcionamiento de estos, deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30º centígrados, sin embargo con el actual medidor la medición se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en las regiones cálidas como las del estado de Colima...”. De lo anterior, no se ofrece referencia alguna que permita constatar la validez de tal afirmación.

Asimismo, agrega que “...la CFE ha obstaculizado y rechazado la compra de medidores de luz elaborados con alta tecnología que disminuirían costos y protegerían los aparatos electrodomésticos de los usuarios...”

Al respecto, con base en sus atribuciones legales, la Presidencia de la Comisión de Energía solicitará información a la Comisión Federal de Electricidad, misma que se hará del conocimiento de la diputada proponente y de los integrantes de la Comisión de Energía.

Por otra parte, en cuanto a contar con un análisis del impacto por parte de la Comisión Reguladora de Energía sobre los medidores, a nivel local, estatal y nacional, no es clara la redacción y, por consiguiente, la petición concreta.

Tercera.El acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, establece diferentes tarifas para consumo residencial, para temporada de verano, bajo los criterios de consumo y que una localidad registre la temperatura media mínima en verano establecida para una determinada tarifa, de acuerdo a los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua.

Cuarta.En virtud de lo anterior los integrantes de la Comisión de Energía han resuelto respaldar la petición de los diputados Indira Vizcaíno Silva y Carlos Cruz Mendoza para exhortar al organismo suministrador Comisión Federal de Electricidad a que revise la clasificación de las tarifas eléctricas que se aplican en los diferentes municipios del estado de Colima.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

IV. Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, revisen el registro de la temperatura media mínima en verano de los municipios pertenecientes al estado de Colima para que se reclasifiquen las tarifas domésticas en beneficio de los usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010. Se adjuntan las firmas aprobatorias del presente dictamen de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Se han registrado para participar en este punto la diputada Laura Itzel Castillo Juárez del PT y el diputado Pedro Peralta Rivas del PAN.

Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. Hasta por 3 minutos ambos.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente. Quiero decir que son reiterados los puntos de acuerdo que hablan con relación a las tarifas eléctricas, que ha habido un sinnúmero de ellos desde la legislatura pasada y que hemos estado planteando, desde la propia Comisión de Energía, que es necesario atender este aspecto, pero no solamente con relación a puntos de acuerdo, que lo que realmente se necesita debatir es lo que está relacionado con la Estrategia Nacional de Energía, que les quiero recordar que ahora en el mes de febrero la Secretaría de Energía tendrá que enviar la estrategia, misma que tendrá que debatirse en este pleno a más tardar para el día último de abril.

Quiero llamar la atención sobre este aspecto, ya que hay varios puntos de acuerdo seguidos, relacionados con las tarifas, y señalar que desafortunadamente éste es un asunto que no se va a resolver exclusivamente con exhortos, con estar haciendo exhortos para que no se les aplique una tarifa en ciertas zonas, no se resuelve el problema de fondo.

El problema se tiene que resolver cambiando la política que se ha implementado en este país, esta política entreguista, a nivel de nuestra energía.

Por ello es que quiero llamar la atención con relación a lo que se implementó desde el sexenio de Vicente Fox, con la tarifa de alto consumo y con ésta resulta que a la gente que consume 250 kilowatts-hora, ya se le aplica un factor, que es un factor con el cual se incrementa mucho lo que se tiene que pagar sin que la gente tenga la explicación al respecto y que ahora con la instalación de los nuevos medidores electrónicos, el problema es que también con la tarifa básica, la intermedia y la propia DAC, se le va a implementar este factor que por poner un ejemplo, si se estaban pagando 105 pesos bimestrales, ahora con este nuevo factor van a pagar 216 pesos, es decir, 105 por ciento más.

Por tanto, tenemos que tomar en consideración y tomar en serio el papel de los legisladores desde la propia Comisión de Energía y tenemos que hacer propuestas que vayan a fondo para resolver el problema que se está presentando.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Pedro Peralta Rivas:Con su permiso, diputado presidente. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón la política económica se ha orientado a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los mexicanos, pero de manera especial de aquellos que viven en condiciones de pobreza.

Bajo este fundamento las acciones de gobierno han buscado, día a día, generar un crecimiento constante de la economía que redunde en mayores empleos para la población económicamente activa y en consecuencia, una mejor calidad de vida.

Pero además, con el propósito de apoyar la economía familiar, en 2008 se puso en marcha el Programa de Apoyo a la Economía que incluye, entre otras medidas, los descuentos en tarifas eléctricas y en el marco del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, se anunció el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de energía.

Es decir, se ha trabajado dejando constancia a través de la aplicación de los programas antes señalados.

Por ello, de la revisión y análisis responsable que hemos hecho de la proposición de punto de acuerdo de la diputada Indira Vizcaíno y bajo los argumentos vertidos en el documento, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la propuesta, por adaptarse a los objetivos de la política social y económica del gobierno federal.

Colima, y en particular el puerto de Manzanillo, es un abastecedor importante de combustibles y energía eléctrica para el país. Es por ello que coincidimos en que es necesario apoyar a la población a través de la reclasificación de tarifas eléctricas de uso doméstico. Con ello estaremos cumpliendo, desde el ámbito legislativo, con una parte de los trabajos que el presidente ha iniciado en la materia y porque además se encaminan a apoyar a la economía de las familias mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. No habiendo más oradores inscritos, el asunto se considera suficientemente discutido. Han hablado dos oradores a favor. Por tanto, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a condonar adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de la comisaría de Puerto Libertad, en Pitiquito, Sonora

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención al contenido de los artículos 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 8 de abril de 2010, las diputadas Maricela Serrano Hernández e Inocencia Ibarra Piña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para condonar el pago de adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en la comisaria de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, estado de Sonora y a la modernización de la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica.

2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la proposición

La problemática planteada en la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere a las afecciones físicas generales y en especial a los problemas relacionados con las vías respiratorias y la piel a los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, estado de Sonora, y sus zonas aledañas originadas por el complejo termo eléctrico  de la Comisión Federal de Electricidad ubicado en este lugar.

Por otra parte la diputada promovente señala que las temperaturas en esta región son muy elevadas  por lo cual los ciudadanos tienen que utilizar aparatos de refrigeración de tipo domestico para disminuir los efectos del calor y la humedad en el ambiente.

Adicionalmente, destaca el promovente, que la Comisión Federal de Electricidad ha establecido para esta zona la tarifa “IE”, por considerar que le temperatura mensual en época de verano es de 32° C  y que “la temperatura medía excede el rango establecido por la Comisión Federal de Electricidad de 32° C, dando como resultado que el calor que se sufre aumente la sensación de sofocamiento por el alto grado de humedad, teniendo como resultado el aumento de enfermedades, ya antes mencionadas, aunadas a la contaminación producida por la termoeléctrica”.

Señala el promovente que “el cobro que se venía realizando en el año 2008 se ha venido incrementado en más de 50 por ciento, teniendo actualmente recibos por pagar que ascienden a varios miles de pesos, dañando de manera sustancial la economía de estos pobladores”, situación que se ha hecho del conocimiento a la Procuraduría Federal del Consumidor la cual hasta la fecha no ha realizado acción alguna, lo que ha originado que los pobladores dejen de pagar sus recibos y que la deuda se incrementen a varios miles de pesos.

Finalmente, agrega que existe de manera cercana a esta población otra tarifa denominada “1F”, y que el rango de facturación es más amplio en comparación con la tarifa “IE” lo cual resulta en una facturación más elevada.

Por ello, las diputadas Maricela Serrano Hernández e Inocencia Ibarra Piña ponen a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

“Primero.Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a condonar los adeudas acumulados hasta la fecha de los pobladores de la comisaría de Puerto Libertad, Sonora.

Segundo.Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revise y actualice integral mente las tarifas eléctricas cambiándolas de lE a IF, dando trato preferencial a la comisaría de Puerto Libertad, del estado de Sonora, por el daño causado a la salud de la población

Tercero.Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que sea modernizada la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica de dicha termoeléctrica, para mejorar el servicio, la salud y la calidad de vida de los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad del estado de Sonora”.

III. Consideraciones

Primera.Como resultado del estudio y análisis de la proposición materia del presente dictamen los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de las diputadas promoventes en lo referente a los daños a salud que pueda estar generando el complejo termoeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad a los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, estado de Sonora, y sus zonas aledañas.

Segunda. En lo que respecta al incremento de la temperatura media en dicha región la cual ha  originado un incremento de cobros en los recibos de luz y que ha afectado la economía de los habitantes de esta región, los integrantes de la Comisión de Energía se manifiestan a favor de que se realice una revisión a la tarifa con base a los principios y procedimientos marcados en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el cual establece el proceso para fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración y los artículos del 47 al 53 del Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica con el fin de que sea aplique una tarifa justa a los consumidores de energía eléctrica de dicha región.

Tercera.Por otra parte, en cuanto a los  adeudos que se han originado en la región de la comisaría de Puerto Libertad, los integrantes de la Comisión de Energía se muestran coincidentes con la diputada Serrano en la intención de que exista un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y los pobladores de dicha región conforme a la fracción VII del artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y dar solución a este conflicto.

Cuarta. Los diputados integrantes de esta comisión comparten una profunda y sincera preocupación por la protección y conservación del medio ambiente mediante el uso de nuevas tecnologías para la generación de energía eléctrica que disminuyan la emisión de contaminantes y que mitiguen el cambio climático.

Por ello, la Comisión de Energía hace eco en el interés de  las diputadas proponentes sobre la modernización de la infraestructura utilizada en la termoeléctrica de Puerto Libertad para que se mejore el servicio, reduzca considerablemente los daños que esta origina al medio ambiente y que el nivel de vida, así como la calidad de salud de los pobladores no sean afectadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía de la LXI legislatura somete a consideración esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo con los procedimientos establecidos, se realice un análisis y en su caso se implementen las acciones necesarias a fin de dar solución a los adeudos acumulados hasta la fecha de los pobladores de la comisaría de Puerto Libertad, Sonora, por concepto del consumo de energía eléctrica de uso residencial.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revisen y actualicen la aplicación de las tarifas eléctricas, para consumidores del servicio de energía eléctrica para uso residencial, vigentes en la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, Sonora.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar, conforme a sus atribuciones, la operación de la planta termoeléctrica ubicada en Puerto Libertad del estado de Sonora, respecto a sus emisiones al medio ambiente y, conforme a los resultados y legislación vigente en la materia, la Comisión Federal de Electricidad tome las medidas necesarias para reducir las afectaciones al ambiente y la salud de los habitantes de las localidades vecinas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010. Se adjuntan las firmas aprobatorias del presente dictamen de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada secretaria. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, por el Grupo Parlamentario del PT, y después el diputado Arturo Guillén Medina, por el Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Tiene que ver con esto que comentaba hace un momento mi compañera la diputada Laura Itzel Castillo y que también es parte de la discusión de este tema. Es decir, cómo se van a incrementar las tarifas eléctricas en este país por la aplicación de un nuevo factor, un factor en donde no importa si somos consumidores de mucha energía eléctrica o si somos consumidores de poca energía eléctrica o si consumimos la tarifa básica.

En términos generales, las tarifas eléctricas se distinguen en tarifas básicas, intermedias y de gran consumo. Hasta hace poco, en el cobro de tarifas eléctricas se aplicaba un factor que más o menos conservaba la proporcionalidad en el cobro de la tarifa. Por ejemplo, la tarifa básica implicaba un factor de 0.7 y la tarifa intermedia de 0.8.

Con la propuesta y la entrada en vigor de los medidores eléctricos existirá solamente un factor, independientemente de si somos consumidores básicos, intermedios o consumimos mucha energía eléctrica. Ese factor será de 1.44.

Desde luego, esto es violatorio del artículo 31, fracción IV de la Constitución, porque se van a cobrar tarifas que no son proporcionales al consumo de energía eléctrica, se va a aplicar el mismo factor sin importar que seamos pequeños consumidores o grandes consumidores de energía eléctrica.

El artículo 31, fracción IV de la Constitución establece que todas las contribuciones, derechos, en fin, deben cobrarse de manera proporcional y equitativa. Al establecer el mismo factor de cobro, independientemente del consumo que tengamos, pues no estamos cumpliendo con el principio constitucional que obliga a la proporcionalidad y la equidad; por tanto, hay una violación al artículo 31, fracción IV de la Constitución.

Creo que esto es lo que tenemos que reclamar y exigir, no por la vía de un exhorto, sino por la vía legal al Ejecutivo, para lograr que exista proporcionalidad y equidad en el cobro de las tarifas eléctricas y que se apliquen factores que respondan a esos principios constitucionales. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN estamos a favor de que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo con los procedimientos establecidos, se realice un análisis y, en su caso, se implementen las acciones necesarias a fin de dar solución a los adeudos acumulados hasta la fecha de los pobladores de la comisaría de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, Sonora, por concepto de consumo de energía eléctrica de uso residencial.

Sin embargo, no solamente estamos a favor de este punto de acuerdo. En agosto del año pasado la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión aprobó un exhorto, a propuesta del diputado Marcos Pérez Esquer y un servidor, para tratar todo el tema de tarifas eléctricas en Sonora.

En Sonora, como en muchas partes del país, el consumo de energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad. La sociedad gasta una cantidad exagerada en el pago del servicio de energía eléctrica y definitivamente le tenemos que entrar a este tema.

Por eso nosotros no nos limitamos a estar a favor de este punto de acuerdo. Lo que nosotros reiteramos y ratificamos aquí, en la máxima tribuna del país, es que hagamos un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía a revisar las tarifas y los subsidios que en materia de energía eléctrica se dan en todo el país. Específicamente en Sonora, en toda su región noroeste, el clima en la temporada de verano alcanza los 50 grados centígrados. Aquí, cuando estamos a 30 grados no lo soportamos.

Dejo este tema para que hagamos una reflexión de que es un tema de verdadera importancia en la calidad de vida de todos los sonorenses. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. En virtud de que no hay más oradores inscritos, los asuntos se consideran....

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Han hablado dos oradores a favor. Sí, diputado Ávila, ¿con qué objeto?

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente, quiero razonar mi voto. La cosa de la energía eléctrica no es sólo exclusiva del estado de Sonora, es cosa de toda la república donde, desde tiempos del presidente Fox, se quitó el subsidio que el presidente López Mateos le había dado a la energía eléctrica para todos los mexicanos.

Así es que esto no lo vamos a solucionar con solo atender el problema del estado de Sonora. Esto, debe hacerse un estudio general para proteger a todo el pueblo de México de las altas tarifas que la Comisión Federal de Electricidad está dando a todos los mexicanos.

Yo creo que ya es tiempo, como lo acabo de decir, de que nos unamos todos. Aquí se hacen muchos acuerdos. Aquí se apoyan muchas iniciativas, pero la idea es que vayamos todos los diputados con el presidente para pedirle también lo de las tarifas, que ya las baje de una vez por todas. Muchas gracias.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ávila. Sí, diputado Pompa Corella, ¿con qué objeto?

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Para rectificación de hechos y una petición a la comisión, señor presidente. Los diputados del PRI, de Sonora, hemos presentado ene solicitudes, perdón. Pidiendo qué, lo que mencionaban ahorita, que se dé esta reducción en las tarifas eléctricas.

Usted como sonorense, presidente, sabe lo que sufrimos, las inclemencias, tanto en verano como en invierno. Pedirle a la comisión para que, en vez de que se circunscriba a Pitiquito, que lo requiere Puerto Libertad, pero también se incluya a Hermosillo, se incluya a Nogales, se incluya a Cananea. No es posible que tengamos, en Sonora, municipios que por haber sido gobernados por determinado partido político sean beneficiados con tarifas eléctricas, contrario a los que están enseguida de esos municipios. Sufrimos el mismo calor, sufrimos el mismo frío y pagamos las tarifas más altas eléctricas en Sonora, que a esto se le vea con mayor detenimiento.

Le pediría yo a la comisión y que podamos hacer este llamado a la Comisión Federal, en el sentido de que se revise todo el estado de Sonora por lo costosas que resultan las tarifas eléctricas. Y sobre todo, lo que decía ahorita el diputado, no se está cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución, de proporcionalidad y equidad; porque no es posible que a los iguales les cobremos de manera desigual y hay que respetar ese principio constitucional. Ya es hora de que el Ejecutivo sea más sensible a los reclamos que desde acá le hacemos llegar. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado, se toman en cuenta sus consideraciones.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Emilio Serrano, ¿con qué objeto?

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para razonar mi voto.

Creo que todos debemos apoyar esta solicitud y que sea aprobado por unanimidad...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, nada más quiero hacer el señalamiento de que ya hubo una inscripción de oradores a favor, principalmente, nadie en contra, y que en términos del Reglamento debiéramos pasar...

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): ... es un abundamiento, nada más, diputado presidente.

Efectivamente, no solamente debe ser para el estado de Sonora sino toda la zona fronteriza que tienen problemas de calor, de frío y que su consumo de energía aumenta por estas calamidades naturales.

Y la zona sur también del país, y creo que aquí debe hacer un análisis de las tarifas, principalmente para la gente de menos recursos económicos, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres solteras. Mi voto totalmente a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias...

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué objeto, diputado Eduardo Mendoza?

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Diputado presidente, solamente para reflexionar que el nuevo Reglamento nos impediría modificar el dictamen como viene de la comisión. En todo caso, si se deseara modificar el dictamen, tendría éste que, o ser declarado en moción suspensiva o regresar a la comisión para que se pudiera satisfacer lo que acertadamente los diputados de Sonora y mi compañero de bancada, el diputado Emilio, están mencionando.

Y a la vez, aprovechar el espacio para decirle que en la reunión de la fracción parlamentaria de hoy también planteamos que el beneficio que se pretende con el punto de acuerdo que viene inmediatamente después de éste, también fuera para los habitantes sudcalifornianos.

Por tanto, no sé, presidente, si usted dentro de sus atribuciones y el Reglamento se lo permite, pudiera usted preguntarle al presidente de la comisión si estos dos puntos de acuerdo o pueden tener moción o pueden regresar a la comisión para que puedan ser atendidas las peticiones que aquí se hacen. De no ser así, se tendrían que votar intactos a favor o en contra. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El artículo 106, en su fracción III señala que en relación con los dictámenes acerca de proposiciones no se admitirán votos particulares ni reservas.

Por tanto, las manifestaciones que han hecho compañeras y compañeros diputados, en términos de razonar su voto, las asumimos como elementos que deberán ser considerados por la propia comisión que está haciendo los dictámenes de puntos de acuerdo para subsecuentes sesiones de esta Cámara de Diputados.

Entonces, y con las consideraciones que se han hecho por el diputado Ávila, Pompa Corella, Serrano y usted mismo, se toman por, entiendo, inscritas en el Diario de los Debates y para que sean consideradas por la comisión respectiva.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué objeto, diputado Ávila?

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Que sea para todo, para todo el país. No sólo Chihuahua y Sonora.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, así se ha asumido.  Eso es lo que estoy señalando. El punto de acuerdo o se vota en contra en su momento como está, o lo votan a favor. Y entiendo que no están en contra los que han hablado, sino que lo que dicen es que faltan otras consideraciones y otros elementos para otras partes del país, y en términos de los preceptos constitucionales a los que se ha hecho alusión.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Tomás Gutiérrez, ¿con qué objeto?

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez(desde la curul): Para hechos, señor presidente, del mismo tema. Desde aquí, desde mi curul. Nada más para abonarle que la Comisión de Energía el año pasado también dictaminó –y voy a tratar nada más los tres puntos importantes de lo cual fue el dictamen y que recogen todas las inquietudes que tienen ahorita los diputados, que fue en el mismo tenor y en el mismo sentido.

El acuerdo fue en aquel tiempo: Primero. Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que realice la revisión de la clasificación de tarifas para el consumo de energía eléctrica de uso residencial en las localidades que se dieron en este dictamen, que son más de 14.

Pero no nada más ahí, sino que también revise desde la tarifa 1-A a la F, con información actualizada de la Comisión Nacional de Agua, que éste es uno de los problemas principales y de los cuales se está hablando a fin de realizar su debida aplicación.

En el punto dos. Se evalúe la viabilidad de contemplar la metodología para la fijación de las tarifas para el consumo de energía eléctrica de uso residencial en el índice de calor y temperatura de sensación. Que ésa es la parte también que se está tratando el día de hoy.

Tres –donde cierra el tema. Se evalúe la posibilidad de modernizar la infraestructura empleada para la medición de la temperatura en la fijación de las tarifas.

Este tema y este acuerdo ya fueron tratados en la Comisión de Energía.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Entonces el asunto se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:De la Comisión de...

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, secretaria. Sí, diputado César Augusto Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Aunque sea tardíamente, señor presidente, quiero pedirle que este punto en concreto se retire de la discusión el día de hoy.

Yo creo que la mejor manera de no resolver nada es tratar de resolverlo de manera subrepticia, cuando hay más de 100 puntos de acuerdo e iniciativas en el tema de Comisión Federal de Electricidad.

Yo creo que es muy sensato que esto regrese a la comisión correspondiente, de Energía, y de hecho, el día de hoy estamos enviando un oficio a la Presidencia, ya que no existe la excitativa en virtud del nuevo Reglamento, diciéndole que el presidente de la Cámara ordenara o sugiriera a la Comisión de Energía que tratemos este asunto de manera integral, porque de otra manera, señor presidente, vamos a estar en un tema tan complejo resolviendo sólo algunas cuestiones de este tipo.

Yo le rogaría que este punto –si están de acuerdo las señoras y señores diputados- lo retirásemos para que no fuese votado de manera ligera, con tantas observaciones que hay en la materia.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sólo que no tenemos ningún oficio de la Comisión de Energía que solicite su retiro del orden del día; y no hay más que en su momento votar en contra del punto tal como está si no es retirado formalmente. O votarlo a favor, sabiendo que hay un conjunto de consideraciones más que incluyen, por supuesto, la que usted, diputado César Augusto Santiago, acaba de manifestar para que el asunto pueda ser abordado como se ha planteado en las distintas intervenciones de manera integral, como lo ilustró también hace un momento el diputado integrante de la propia comisión.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Creo que si, en efecto, no hay el oficio de la comisión, pero sí puede usted someterlo a consideración del pleno de esta soberanía, si estima el pleno que este asunto amerita que se regrese, para darle un tratamiento integral, pienso que el señor presidente de la comisión misma no tendrá objeción, porque el mismo día de ayer discutimos esto exhaustivamente y de verdad es un tema muy delicado que no puede ser resuelto de manera por demás atropellada.

Por qué no intentamos que la soberanía decida si retiramos este punto, no es una cuestión de mayor envergadura, sino simplemente retirar el punto y pedirle a la Comisión de Energía que rápidamente resuelva el asunto de manera integral.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, una propuesta, por qué no le pedimos al ponente que retire este punto y con eso se resuelve y que pase a comisión, para que se vea en forma integral todo lo relacionado a las tarifas de las zonas más necesitadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, sabiendo que este punto, particularmente, ha sido objeto de este conjunto de consideraciones, lo vamos a reservar de manera especial, para tratarlo ahorita en el momento procesal de la votación.

Continúe la Secretaría. Perdón, diputado Guillén. Sonido a la curul del diputado Guillén, por favor.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul): Diputado presidente, pero respetando la decisión que usted acaba de tomar, me parece que estamos confundiendo lo que aquí se está tratando, aún nosotros interesados, porque se trata de una comisaría en un municipio sonorense, también, el problema por supuesto es de una mayor dimensión, pero el punto de acuerdo lo debemos someter aquí a votación y lo que nosotros hemos propuesto en otros puntos de acuerdo, por supuesto queremos que se atiendan también, pero me parece que se está confundiendo aquí, lo que se está tratando en el orden del día.

Sugeriría que esto, como debe ser la obligación se someta a votación, los que intervenimos como oradores estamos a favor del punto de acuerdo, así se expuso en la tribuna y las opiniones que también se vertieron aquí de los compañeros legisladores, ninguna ha sido en contra.

La temática adicional, si se quiere discutir en las comisiones correspondientes, así lo hacemos, pero rogaría que se vote el punto de acuerdo y nosotros también haremos lo propio, para que en el estado de Sonora y en las demás regiones que se están proponiendo los temas se dé respuesta favorable.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por ello mismo, la Presidencia ha considerado la conveniencia de separarlo de manera especial, para ver su tratamiento.

Puede ser en el sentido en que usted lo plantea o puede ser en el sentido en el que han planeado otros compañeros diputados, en el sentido de que sea retirado para que sea enriquecido con una visión integral, como se ha propuesto, pero lo decidiremos con la votación en su momento. Diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Volvemos al debate inconcluso, ¿está en vigor o no está en vigor el Reglamento? Quienes sostienen que sí lo está, insisten, sin embargo, en no acatar curiosamente una parte que sí tiene consensos.

Afortunadamente, el proyecto de Reglamento en ese punto es un gran avance, porque liquida la vieja y torpe concepción de los puntos de acuerdo que no están en la ley, ni en el Reglamento y que son cuestiones de gestoría y ahí está, preguntaría y pediría a la Secretaría que leyera del proyecto de Reglamento, para algunos en vigencia, para nosotros no, qué dice en los puntos de acuerdo.

Dice: que lo de gestoría se va a gestoría, que lo legislativo se va a lo legislativo y que sólo aceptarán proposiciones de carácter general. Tiene razón el diputado César Augusto Santiago, diputado compañero que hizo uso de la palabra, la Cámara debe intervenir cosas de tipo general, no en tramos de carretera, hemos aprobado hasta un aparato de tomografía, ésa es gestoría, lo dice el Reglamento que ustedes proponen.

Yo sugiero que en este punto sean congruentes, y que si cree que el Reglamento está en vigencia lo aplique, señor presidente y que se lea, por favor, lo que se refiere a este punto, el Reglamento que ustedes tanto invocan que está vigente. No procede conforme a su nuevo Reglamento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más debe tomarse en cuenta que estas proposiciones de puntos de acuerdo fueron recibidas con anterioridad a la puesta en vigencia del Reglamento y por tanto, han estado teniendo justamente este tratamiento del Reglamento. Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente, porque se trata evidentemente de una gestoría, y me voy a permitir leer lo que dice el nuevo Reglamento: las gestiones deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. Artículo 79, párrafo III.

Luego voy a leer lo que dice la fracción VI del párrafo II del artículo 79: el retiro de una proposición corresponde sólo a un autor y respecto de las que se presenten a nombre de grupo. El retiro podrá hacerlo el coordinador en ambos supuestos. Deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el pleno.

Me va a decir que se está aplicando el anterior Reglamento, pero yo quiero señalar también que hay un principio jurídico de explorado derecho, respecto de la retroactividad, si existe o no retroactividad en materia de procedimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que en materia de procedimiento no hay aplicación retroactiva, entonces, ¿qué Reglamento estamos aplicando, presidente? Para que se vea el desastre del nuevo Reglamento, porque además todo mundo opina y no fundamenta en un artículo concreto del Reglamento lo que está solicitando.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Debo simplemente recordar que se trata de un dictamen de un órgano colegiado, que es una comisión, y que de un asunto que además ha sido abordado en el seno de la comisión, planteado con anterioridad a la puesta en vigencia del Reglamento vigente, y que en esos términos estamos desahogando los resolutivos, los dictámenes que a manera de dictamen se están presentando a consideración del pleno. Diputado Mendoza.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Diputado presidente, mi intervención anterior la fundé en el artículo 107 del actual Reglamento, que a la letra dice y que habla de los dictámenes que tienen que ver con proposiciones de punto de acuerdo.

Dice: cuando un dictamen no se apruebe en lo general, el presidente consultará al pleno en votación económica si el proyecto se devuelve a la comisión. Si la resolución fuese afirmativa se devolverá a la comisión para que elabore un nuevo dictamen. Si fuese negativa, se tendrá por desechado.

Dos. Las comisiones a las que el pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo dispondrán de 8 días hábiles para presentarlo nuevamente.

Aquí realmente el trabajo o lo que sería el gran trabajo que ameritaría en 8 días dictaminar todos los comentarios generales, pero he fundado mi intervención en el 107 del nuevo Reglamento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. La diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, desde hace algunos días yo he estado planteando que en el orden de día se tendría que especificar con base en qué Reglamento.

Lo que yo he estado diciendo reiteradamente es que hay un proceso legislativo y este proceso legislativo inicia desde, como su nombre lo indica, con la presentación de la iniciativa y concluye hasta el momento en que se lleva a cabo ya la votación de este dictamen en el pleno.

La Mesa Directiva desde el principio tendría que estar ilustrando sobre estos aspectos y con base en qué, porque si no se está aplicando la retroactividad, es lo que yo he señalado, que tiene estas deficiencias el nuevo Reglamento, y en específico en torno a los días hábiles, también he estado diciendo que ni siquiera han publicado cuáles son los días hábiles y cuáles son los días inhábiles. ¿Con base en qué se va a llevar a cabo esta contabilidad? Estas cuestiones son deficiencias de la propia Mesa Directiva. La Mesa Directiva, desde la presentación del orden del día, tendría que estar planteando todos estos aspectos.

Por eso yo insisto en que incluso ni siquiera la Mesa Directiva conoce bien el Reglamento que nos forzaron aquí a que se discutiera y se aprobara y donde no hubo ni una sola intervención a excepción de la de la voz, con relación a todas estas incongruencias que se estaban proponiendo en este inaplicable Reglamento vigente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ya habíamos dado curso a su exigencia al inicio de la sesión, en relación con la obligación que tiene la Mesa Directiva de precisar lo correspondiente a los días hábiles.

Hoy lo que está haciendo la Mesa Directiva, a propuesta de la propia Junta de Coordinación Política, es darle curso a los asuntos que estaban pendientes en comisiones, sobre los cuales se ha presentado un dictamen de las propias comisiones para ponerlos a consideración del pleno. Son asuntos que estaban ya en curso y que no podemos darles un tratamiento –desde nuestro punto de vista– diferente.

Aquí ahorita, como ya lo decíamos, cuando pasemos a la parte procesal de la votación, la asamblea decidirá si el asunto lo desecha o lo asume o lo regresa a la comisión para ser tratado integralmente como se ha sugerido. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar los costos de energía y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola y de riego, así como de las norias de Puebla

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010, el diputado José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera pormenorizada los costos de energía eléctrica y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, los de riego y las norias de Puebla.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la proposición

El diputado González Morales hace referencia a la afectación que sufre la comunidad agrícola del estado de Puebla, en específico, las sociedades de pozos de riego; ese sector ha manifestado su descontento con el incremento inusual de la cantidad que se paga por concepto de suministro de energía eléctrica, el cual ha sido de hasta el 90 por ciento en el último cuatrimestre del 2009, no obstante que algunas sociedades presentan una disminución en su consumo.

Lo anterior, a pesar de que, conforme a lo planteado por el proponente, el gobierno federal implantó una serie de acciones que tenían como objetivo disminuir los efectos negativos de la crisis; entre estas medidas, se incluía el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicables en todo el país, disminuyendo aquellas que se cobran al sector agropecuario.

Los usuarios inconformes que utilizan la electricidad con fines agrícolas se encuentran ubicados en diversos municipios: Tepeaca, en las localidades de San Mateo Parra y San José Carpinteros; Los Reyes de Juárez, en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; Tecali de Herrera, en la localidad de San Luis Ajajalpan; Santa Clara Huitziltepec; Tepeyehualco de Cuauhtémoc; Cuapiaxtla de Madero; y, por último, Quecholac, en la localidad de Tuzuapan.

Por ello, el diputado González Morales pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

“Único. Se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que

1. De manera inmediata, se revise de manera pormenorizada el caso de los distintos concesionarios de pozos, norias para usos agrícola, situadas en el estado de Puebla, en donde se presentan irregularidades en el cobro por el consumo de la energía utilizada, lo que perjudica a los productores ya que incrementa de manera exponencial sus costos de producción.

2. Explique de manera detallada cuáles son los parámetros y consideraciones aplicados en estos casos, que han ocasionado el incremento tan drástico en el pago por el consumo de energía eléctrica que debe realizar la sociedad poblana dedicada a la agricultura.”

Una vez expuesto los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el diputado proponente en el sentido de que se debe apoyar el aparato productivo nacional y, en particular, al sector agrícola. Por tanto, se considera viable atender la problemática planteada en la aplicación de las tarifas eléctricas de uso agrícola en el estado de Puebla.

Segunda.Actualmente las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica en nuestro país se clasifican de acuerdo con su uso de la siguiente forma:

a) Doméstico: 1,1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC);

b) Servicios públicos: 5, 5-A y 6;

c) Uso agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N;

d) Temporal: 7;

e) Generales: 2 y 3;

f) Generales de media: O-M, H-M Y H-MC;

g) Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF;

h) Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L;

i) Alta tensión con cargos fijos: HSF, H-SLF, HTF, y H-TLF;

j) Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF, HM-RM;

k) Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM; y

l) Servicio interrumpible: I-15 e I-30.

Tercera. Dentro de las  tarifas de uso agrícola mencionadas, la 9 se refiere a la de servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión; la 9M corresponde a las tarifas de servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión; la 9-CU equivale a las tarifas de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único; por último, la 9-N representa las tarifas de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola.

Esto significa que actualmente existen dos tarifas agrícolas de estímulo por el consumo de energía eléctrica identificadas como 9-CU y 9-N; éstas son parte de las diferentes medidas que se han instrumentado a favor de los productores agrícolas para incrementar la productividad y competitividad en ese sector, ofreciéndose  cargos fijos por energía consumida que, manteniendo constante el patrón de consumo, permiten mantener sin variación el costo de la energía eléctrica en los costos totales de producción, con la finalidad de fomentar el desarrollo rural nacional.

Cuarta. En cuanto a los factores de ajuste mensual de estas tarifas se debe indicar que a las tarifas 9 y 9M se les aplica un factor de ajuste mensual acumulativo de 1.02 establecido en el artículo séptimo del acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de enero del 2003.

Asimismo, a partir del 2009, las tarifas 9-CU y 9-N se incrementarán anualmente cada 1 de enero en 20 y 10 centavos respectivamente, con fundamento en lo establecido en el artículo cuartodel acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 9-CU y 9-N, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2007.

A más de los acuerdos arriba señalados, a la presente fecha no se ha publicado un acuerdo distinto que afecte las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para uso agrícola y, menos aún, en el periodo que indica el proponente que se ha afectado a la comunidad agrícola del estado de Puebla con un incremento a éstas.

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice la correcta medición y cobro del suministro y venta de energía eléctrica para uso agrícola en el estado de Puebla y, de forma específica, en los siguientes municipios y localidades: Tepeaca, en las localidades de San  Mateo Parra y San José Carpinteros; Los Reyes de Juárez, en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; Tecali de Herrera, en la localidad de San Luis Ajajalpan; Santa Clara Huitziltepec; Tepeyehualco de Cuauhtémoc; Cuapiaxtla de Madero; y, por último, Quecholac, en la localidad de Tuzuapan.

Lo anterior, a efecto de evitar irregularidades en el cobro de las tarifas mencionadas y no afectar en el desarrollo agrícola de esa región, el cual se ve menoscabado al repercutir de forma negativa los altos costos que se ocasionan por consumo de energía eléctrica.

Quinta. Por último, no se soslaya que la Comisión de Energía estima conveniente la redacción ya indicada en la consideración anterior, pues a diferencia de la señalada por el proponente, resulta incluyente de datos específicos de la ubicación de los usuarios de energía eléctrica de uso agrícola afectados en el estado de Puebla, así como también resulta incluyente al abarcar a todos los usuarios de ese tipo de tarifas.

Por lo expuesto, la Comisión de Energía somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice la correcta la medición y cobro del suministro y venta de energía eléctrica para uso agrícola en el estado de Puebla y, de forma específica, en los siguientes municipios y localidades: Tepeaca, en las localidades de San Mateo Parra y San José Carpinteros; Los Reyes de Juárez, en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; Tecali de Herrera, en la localidad de San Luis Ajajalpan; Santa Clara Huitziltepec; Tepeyehualco de Cuauhtémoc; Cuapiaxtla de Madero; y, por último, Quecholac, en la localidad de Tuzuapan. Lo anterior, a con la finalidad de evitar irregularidades en el cobro de las tarifas mencionadas y no afectar en el desarrollo agrícola de esa región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo del PT. Se han inscrito también el diputado Miguel Martín López, del PAN; y el diputado José María de PRD. Adelante, diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Lo que tenemos que ver y que se ha insistido aquí es que tendríamos que estar analizando una política de carácter integral. Quiero decir que hay una subcomisión en la Comisión de Energía que tiene que trabajar sobre las tarifas eléctricas, y esta comisión o subcomisión, incluso, no se ha instalado hasta el día de hoy a pesar de que se aprobó desde el año pasado que existieran.

Cada uno de los puntos de acuerdo, yo digo que no podríamos estar en contra de que se bajaran las tarifas eléctricas, de que se apoyara a la gente en distintas zonas. Sin embargo, que con estos exhortos simplemente nos estamos solidarizando con la gente de las diferentes comunidades, pero lo que realmente se debe hacer es fijar una política energética distinta a la que se ha venido impulsando en este país, basada en las trasnacionales.

Yo llamaría a la congruencia de los propios diputados que están haciendo estas gestiones, que están prohibidas por el nuevo Reglamento, que invoco bajo protesta, pero el nuevo Reglamento dice que no se pueden hacer gestiones y que estos puntos de acuerdo no tienen que estar relacionados con gestiones. Y todas éstas son gestiones.

Ahora, estas gestiones que se están haciendo están en función de un problema grave que existe en cada una de las localidades que hay en nuestro país, y llegan aquí y logran pasar por la comisión y aprobarse en el pleno, porque hay un diputado que tiene éxito a nivel de la subcomisión, de la comisión y del pleno, para que finalmente se apruebe este punto. Pero el problema, compañeros y compañeras, está en cada uno de los municipios de nuestro país.

Hay una arbitrariedad con relación a los cobros de estas tarifas eléctricas y por esa razón es que en últimas fechas, y ustedes lo saben muy bien, ha habido bloqueos en diferentes carreteras por parte de organizaciones campesinas que están demandando que no se les cobren esas tarifas, es el caso de Guerrero, es el caso de Sonora, es el caso de cada uno de los espacios donde nosotros nos pongamos a ver qué está pasando.

Lo que está pasando aquí es una incongruencia, porque ustedes, diputados federales, lo que hicieron fue aprobar, simplemente en el último periodo de sesiones, 60 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, para dos termoeléctricas y para dos plantas supuestamente para energía renovable, para empresas privadas, y el gas está impactando de manera muy fuerte en las tarifas eléctricas.

Lo que tenemos que lograr es que se derogue esta tarifa DAC. Lo que debemos lograr también es que haya tarifas sociales adecuadas para apoyar a los campesinos en nuestro país, tarifas sociales para apoyar a la población, y no solamente con exhorto tras exhorto, sino con una responsabilidad que se refleje en nuestra votación en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Ingresos, porque ahí es donde ustedes aprobaron que los campesinos y que la población en México esté pagando estas tarifas. Ése es el resultado de la votación que ustedes tuvieron. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Miguel Martín López, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Miguel Martín López:Con su permiso, señor presidente. Vengo a establecer el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en torno a esta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a revisar de manera pormenorizada los costos de energía eléctrica y de considerar las tarifas de los pozos de uso agrícola, los de riego y las norias de Puebla, presentada por el diputado José Alberto González Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda los precios y tarifas en materia de energía eléctrica de uso agrícola son un factor importante en la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias. Esto se hace patente en la Ley de Energía para el Campo, que faculta a la Sagarpa para establecer cuotas energéticas tomando en cuenta las características diferenciadas en los sistemas de producción y  las diferencias regionales del país.

Los energéticos constituyen insumos fundamentales para las labores productivas del sector agropecuario y representan un porcentaje importante del costo de las actividades productivas de los productores rurales.

Por ello el gobierno federal ha venido apoyando tarifas de estímulo para fomentar los procesos productivos primarios de dichas actividades.

La Sagarpa a través del Programa Especial de Energía para el Campo, en materia de energía eléctrica de uso agrícola, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, beneficia a los productores otorgando apoyos que contribuyen a la disminución de costos de producción en aras de obtener mayor competitividad.

Es necesario promover la eficacia de dichos subsidios, procurando un uso eficiente de los recursos, siendo fundamental para ello lo señalado en el Reglamento de la legislación en la materia, en el sentido de que la Sagarpa establezca la cuota energética con base en las características y dimensión de las unidades de producción, las características de disponibilidad o sobreexplotación de acuíferos, del tipo de cultivo o explotación; la cantidad y tipo de maquinaria, equipo, bombas y ciclo productivo.

El Programa de Energía Eléctrica del gobierno federal ha sido de gran importancia para el sector agrícola. Por ejemplo, en el caso de Puebla, para el año 2009 permitió apoyar a más de 3 mil pozos con beneficios directos para hasta 20 productores por cada uno de estos pozos.

En el caso de Baja California, en 2010, significó un ahorro de alrededor de 230 millones de pesos para los productores.

En razón de lo anterior estamos, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de acuerdo en impulsar aquellas acciones y apoyos como los de energía para el campo, siempre que se traduzcan en mejorar la productividad de las actividades agropecuarias.

Lo que no podemos apoyar es que movimientos para estimular la política del no pago sigan proliferando entre los productores del centro y el norte del país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José María Valencia Barajas, del grupo Parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos.

Se les recuerda a las diputadas y los diputados que, en términos del Reglamento vigente, la votación de los puntos de acuerdo se hará de manera nominal, para que lo tengan muy presente. Adelante, diputado.

El diputado José María Valencia Barajas:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, buenas tardes. Las tarifas para el bombeo de agua de riego en el país son las más bajas. Las tarifas 9, 9CU, 9M, 9N están por debajo de todas, sean éstas las del servicio doméstico, las del servicio general, las del servicio general para mayor demanda, las de alumbrado público, las de bombeo de agua para consumo humano directo y para aguas residuales, las del servicio temporal, siendo sólo las más baratas aquéllas destinadas por falla o mantenimiento.

De acuerdo con lo anterior y de acuerdo con lo que expresa el dictamen, aparentemente estaríamos en un simple problema de medición en Puebla; sin embargo, el problema que se denuncia en Puebla es el mismo que padecen miles de productores agropecuarios del país.

Si es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa de alta competitividad mundial, no creemos que sea tan ineficaz en este repetido problema en todo el país, en todos los distritos de riego.

Creemos que la problemática radica en que las tarifas por monto de kilowatts siguen siendo muy caras para el productor. Las tarifas que se pagan en este país por bombeo de agua para riego agrícola son muy altas. Ni qué decir de la tarifa número seis, que es la que tienen que pagar todos los organismos operadores de agua.

Creemos que el exhorto tiene que dirigirse a propiciar la discusión de la clasificación y de los montos de tarifas de energía eléctrica destinada al bombeo de agua en todo el país, empezando por reclasificar la tarifa número seis.

Los organismos operadores de agua y la propia Conagua destinan parte sustancial de su presupuesto a cubrir tarifas de bombeo.

También consideramos que se debe reducir el monto neto a erogar por kilowatt-hora establecido en la tarifa número 9.

Estimamos necesario que la Comisión Federal de Electricidad acepte una reunión de trabajo a la mayor brevedad, a efecto de analizar el impacto que tienen las tarifas eléctricas en costos asociados al consumo de agua en este país. Gracias, señor presidente, por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia. No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el punto y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Aprovechamos para saludar la presencia de autoridades municipales de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, invitados por el diputado Heriberto Ambrosio Cipriano. Sean ustedes bienvenidos. Continúe la Secretaría.

PRECIOS DE GAS NATURAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo relativo a las tarifas de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2009, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sener, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco respecto de los precios de cobertura de gas natural.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

2. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el 9 de febrero de 2010, la diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, mediante la Comisión Reguladora de Energía, y a la Profeco a revisar las condiciones de operación comerciales y de establecimiento de precios de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV; y de resultar procedente, a sancionar con la cancelación de la concesión.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

3. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2010, la diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a resolver la improcedencia del cobro por contratación de instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de las proposiciones

El objeto de las proposiciones materia del presente dictamen gira alrededor de las tarifas por el consumo de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Entre los principales hechos que expone la diputada Pérez Reyes, están los siguientes.

- La volatilidad en los precios del BTU en los mercados internacionales y la falta de una regulación efectiva por parte de las autoridades regulatorias, ha provocado que ciertos agentes especulen con los precios del gas natural.

- Esta circunstancia llevó a las empresas distribuidoras de gas natural a firmar contratos de cobertura para asegurar un precio fijo de este energético.

- Sin embargo, desde finales del año 2008, los precios internacionales del gas natural cayeron muy por debajo de los precios que se observaron unos meses antes y por debajo de los precios de cobertura contratados, por lo que las familias y el sector productivo han sufrido un daño en su economía que se eleva a cientos de millones de pesos.

Señala la diputada proponente que “el 30 de septiembre de 2010 un grupo de usuarios menores afectados presentamos ante la Comisión Reguladora de Energía un escrito para solicitar la declaración de improcedencia del contrato de cobertura en mención”; por lo que en su tercera proposición hace la siguiente solicitud:

“Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a resolver cuento antes la solicitud formulada por un grupo de usuarios del servicio de gas doméstico de Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de que se declare la improcedencia del concepto de cobro correspondiente a la contratación de los instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV, que fue autorizado por dicho órgano administrativo en la resolución número RES/200/2003, de fecha 1 de octubre de 2003.”

Una vez planteado los antecedentes, contenido y objeto de las proposiciones con punto de acuerdo que se analizan, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de la diputada María Antonieta Pérez Reyes ante la situación descrita en el apartado anterior.

Segunda. El principal concepto que integra el importe de la factura de distribución de gas naturales a usuarios residenciales es el componente precio máximo de comercialización del gas (PMC); el cual depende de las condiciones de mercado de referencia internacionales en el Sur de Texas y del tipo de cambio vigente.

De acuerdo con la metodología para la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural (DIR-GAS-001-2007), EL PMC debe reflejar únicamente el costo incurrido en la compra del gas natural por parte de los distribuidores y éstos no pueden obtener ganancias por el traslado de dicho costo.

Los otros componentes corresponden al cargo por servicio y la tarifa de distribución, los cuales son relativamente estables.

Tercera. En el artículo 91 del Reglamento de Gas Natural se prevé que la Comisión Reguladora de Energía expedirá, a través de directivas, la metodología que deberán utilizar los distribuidores para el cálculo de sus precios de adquisición de gas y la forma de trasladarlos a sus usuarios finales.

Cuarta. Se establece en el artículo 92 del Reglamento de Gas Natural que la Comisión Reguladora de Energía, de oficio o a petición de parte, podrá verificar los precios de adquisición del gas trasladados a los usuarios finales durante los seis meses anteriores al inicio de la verificación.

Esta verificación deberá incluir, como mínimo, el precio de adquisición del gas asentado por el distribuidor, el costo y condiciones de las alternativas viables de suministro del distribuidor y los precios de adquisición del gas trasladados a otros usuarios finales por otros distribuidores.

Cuando, como resultado de la verificación, la comisión determine que los precios trasladados son excesivos, el distribuidor acreditará a los usuarios finales una cantidad equivalente a la porción del precio cobrada en exceso.

Quinta. En atención a las consideraciones anteriores esta Comisión de Energía estima que la Comisión Reguladora de Energía tiene facultades para verificar los precios de adquisición del gas natural trasladado a los usuarios finales; en consecuencia, se estima viable solicitar a dicho organismo regulador revise la situación de los usuarios de gas natural derivada de la contratación de instrumentos de cobertura por las empresas distribuidoras de ese energético.

Sexta. La contratación de coberturas por parte de los distribuidores de gas natural, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía, se realizó cuando las expectativas de los precios futuros del mercado de referencia internacional estaban al alza, por encima de los 15 dólares estadounidenses y el tipo de cambio en alrededor de 10 pesos por dólar.

Séptima.  La diputada proponente se refiere en el texto de su última proposición a la resolución número RES/200/2003. Esta resolución aprobó la modificación de la metodología relativa al Precio Máximo de Adquisición para que las empresas distribuidoras de gas natural que contraten instrumentos financieros de cobertura, incorporen a dicho precio máximo de adquisición (PMA) los ajustes en los precios del gas natural que se deriven de la contratación de los instrumentos financieros de cobertura.

Entre las consideraciones tomadas en cuenta por dicha resolución se encuentran las siguientes:

Octava. Que dado el comportamiento volátil que han venido observando los precios del gas natural en los mercados de referencia, es necesario que los usuarios de los servicios de distribución con comercialización continúen protegidos contra las fluctuaciones de los precios del energético con el fin de no afectar su economía, particularmente la de aquellos usuarios que no disponen de los medios necesarios para protegerse contra dicha volatilidad;

Novena. Que los instrumentos financieros de cobertura de precios del gas natural han sido diseñados específicamente para reducir el riesgo de fluctuaciones excesivas en dichos precios, por lo que estos instrumentos son ampliamente utilizados por los consumidores y productores en los mercados competitivos del energético;

Décima.Que la contratación de instrumentos financieros de cobertura bajo el esquema solicitado por las Distribuidoras a que se refieren los resultandos primero y segundo de la presente resolución constituye una alternativa adecuada para reducir el problema de exposición de los usuarios a la volatilidad de los precios del gas natural;”

Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía en la resolución RES/200/2003, consideró, respecto de los usuarios menores la autorización “...de manera general el ajuste a la fórmula del PMA correspondiente a los usuarios menores [lo que] se justifica por el alto costo de transacción, la imposibilidad práctica de consultar oportunamente a cada usuario menor para decidir respecto del citado programa y el riesgo de tener precios dispares entre la misma categoría de usuarios”

Con justificada razón se ha generado inconformidad entre los consumidores de gas natural, por lo que los integrantes de esta dictaminadora consideran pertinente que la Comisión Reguladora de Energía debe proporcionar información puntual y precisa respecto de la situación imperante en el mercado del gas natural.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que revise la situación de los usuarios de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua, derivada de la contratación de instrumentos financieros de cobertura por las empresas distribuidoras de dicho energético a raíz del comportamiento errático del mercado de referencia internacional y se dé respuesta a los usuarios que se dirigieron mediante escrito del 30 de septiembre de 2010 a dicho organismo regulador.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo y tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente. Ésta, de igual manera, es una gestión que se está planteando por un grupo y lo que yo aquí señalaría es que, es finalmente la Secretaría de Hacienda la que pone los precios de los productos considerando el mercado internacional.

La contradicción es que, cómo es posible que mientras México produce y quema gas, mil millones de pies cúbicos diarios, nada más está quemando, sin que haya una política para recuperar ese gas que durante mucho tiempo lo hemos venido denunciando, años ya, y hasta el momento no hay una respuesta frente a estas cuestiones. No obstante, cada vez se viene importando más gas para la producción en las plantas termoeléctricas privadas, de los productores independientes de energía.

Aquí simplemente es un exhorto a la Comisión Reguladora de Energía para que analice estas cuestiones cuando que están directamente relacionadas, insisto, con la Estrategia Nacional de Energía, con el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la Ley de Ingresos, y que tiene que haber una visión integral, una visión responsable, porque si somos un país productor de gas pues no tendría por qué estar dependiendo de estos precios a nivel internacional si se tuviera, desde luego, otra visión en Petróleos Mexicanos y no a través de la subsidiaria, sino que fuera una empresa integrada que no tuvieran que estarse dando esos precios de transferencia de una subsidiaria a otra.

Definitivamente es necesario tomar en consideración que debe bajar el precio para los consumidores y que esto estaría en función de una propuesta integral que yo invito a que se discuta realmente en la Estrategia Nacional de Energía. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluyó pero no terminó su tiempo reglamentario. ¿Acepta una pregunta del diputado Emilio Serrano?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es para preguntar a la diputada oradora si se tiene considerado que el precio de producción del gas es uno que no ha de llegar a 3 pesos por kilo, más el gasto de reparto, de entrega, que ha de ser como de 5 pesos, cuando el costo que le dan al que lo compra, al consumidor, está muy por encima, el gasto de producción y de reparto. Y además, que tratándose de los cilindros de gas doméstico le roban, los distribuidores, 4 o 5 kilos en un cilindro de 20 kilogramos.

O sea que los consumidores son robados por el repartidor, por el que vende, por las grandes empresas que son como seis familias las dueñas que reparten el gas, que lo venden, y no se vale que a la gente que menos tiene le roben más.

Ojalá y que podamos hacer algo entre todos los diputados para parar esta práctica que va en perjuicio de los que menos tienen. La pregunta es, ¿lo podemos hacer, diputada, o no?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Yo creo que en función de lo que está planteando el diputado Serrano tendríamos –y ése es un llamado–, así como les encanta a los diputados exhortar a las autoridades a hacer el trabajo que no se ha hecho en esta Cámara, es realmente la oportunidad para que, efectivamente, desde la Comisión de Energía y desde las subcomisiones que ahí existen, trabajemos ahora que se presenta la Estrategia Nacional de Energía en febrero.

Hay una serie de propuestas que hemos venido planteando y que se pueden aterrizar, pero aquí lo importante es que haya congruencia. No es posible que se esté basando en los precios internacionales cuando tenemos que estar considerando los precios de producción en nuestro país. Lo que tenemos que estar considerando realmente son las necesidades que existen en México, y tenemos que estar tomando en consideración, evidentemente, que sirvan para la palanca del desarrollo en nuestro país, que se le debe incorporar el valor, lo que se está contemplando dentro de la misma Ley de Petróleos Mexicanos como el valor agregado.

Por eso, aprovechando, yo exhortaría aquí a todos los diputados federales, a las diputadas, para que se pongan a trabajar en estos aspectos con la Estrategia Nacional de Energía, que existen propuestas alternativas para darle una solución de fondo a este problema y no solamente mediante puntos de acuerdo con exhortos a las autoridades para cuestiones que tienen que ver con el trabajo que no se ha hecho desde este órgano legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Castillo. Tiene ahora la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes:Muy buenas tardes, señor diputado presidente.

Me permito hacer una precisión respecto de la participación de mi compañera, la diputada  Laura Itzel Castillo, porque este punto de acuerdo tiene que ver más con la libertad que los monopolios gaseros han obtenido para establecer las condiciones a criterio propio, de los contratos de cobertura para establecer precios a futuro de este energético.

Hoy se presenta ante este pleno el dictamen del punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Profeco se obligue a la revisión de los esquemas de cobertura del gas natural. Este asunto fue planteado en esta tribuna hace un año. Hubo que dejar pasar 12 meses, y a los juarenses sufrir un invierno más, para que ésta Cámara de Diputados decidiera manifestarse por la revisión de este grave asunto.

La forma privada unilateral y sin análisis de sustento en la aprobación de contratos de cobertura autorizados por la CRE a monopolios gaseros ha llevado por tres años a vivir momentos de crisis a mi Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez actualmente está siendo golpeada de manera severa no sólo por los delincuentes que secuestran, roban, extorsionan o asesinan, sino por voraces empresas que cobran este servicio de gas natural a precio de oro escudados en contratos de cobertura.

Mi ciudad en este invierno ha registrado temperaturas bajas que no se presentaban desde 1953, temperaturas que alcanzaron menos 15 grados con la sensación de menos 20 grados por el efecto del viento.

Ante este devastador clima, los juarenses debemos decidir si usar o no calefactores alimentados por gas natural. Ante estas temperaturas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, en mi ciudad usar el gas natural en este invierno es cuestión que obliga a decidir entre comer o pagar recibos de gas natural que van desde 3 mil pesos hasta 10 mil pesos por el consumo de este energético en modestas casas.

Mientras que en El Paso, Texas, un recibo mensual por el uso y el consumo diario de gas natural lleva así mucho, a pagar un recibo de 40 dólares, en Ciudad Juárez esos 40 dólares no sirven ni para pagar el consumo de gas de un boiler calentador de agua.

Debemos exigir la revisión del contrato de cobertura que tiene a los juarenses actualmente jugándose la vida al no tener acceso a precios razonables del gas natural. A nombre de 56 mil juarenses que el año pasado firmaron exigiendo la revisión de este tema, y a nombre de mi comunidad tan lastimada, solicito humildemente su voto a favor del dictamen como lo aprueba la Comisión de Energía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. No habiendo más oradores inscritos, el asunto se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo.

PROGRAMA DE REPATRIACION HUMANA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII; y 45, fracción 6), incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el dictamen de la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que el 29 de abril de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Partido Acción Nacional.

Que en esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios”.

Contenido

El diputado proponente comenta que en las deportaciones o repatriaciones, los migrantes muchas veces son dejados en la frontera norte del país, que en ocasiones no hay muchos apoyos para ofrecer trabajos temporales ni para una mejor prestación de los servicios de traslado a sus regiones de origen.

Por eso, y ante los programas de repatriación humana que se llevan a cabo en el país, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (Inami), se busca con esta proposición que se refuercen los esfuerzos en la búsqueda de una mejor manera de brindar los apoyos que se requieren en la aplicación del programa en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y el jefe del gobierno del Distrito Federal.

Por lo anterior, el diputado proponente plantea exhortar a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a trabajar con las instancias federales competentes para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana.

Consideraciones

Con posterioridad al estudio y análisis de la proposición que nos ocupa, los integrantes de la comisión consideramos pertinente la propuesta de exhortar a las entidades federativas y al Distrito Federal a actuar de manera coordinada en las acciones tendentes a ofrecer un mejor apoyo a los connacionales que son deportados o repatriados, con miras a ofrecer algún empleo formal que les garantice un ingreso digno, como manifiesta el diputado proponente, y brindar los medios necesarios para apoyarlos en su traslado y atenciones durante su estancia en los centros que opera el Inami, para su retorno seguro.

Coincidimos en que si bien las acciones no deben ser aisladas, deben buscarse la forma o los procedimientos para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal se coordinen y participen en la elaboración de mecanismos que puedan dotar de mejores oportunidades a los connacionales que han sido deportados o repatriados, pudiendo ofrecer oportunidades de empleo.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y al del Distrito Federal, en función de su disponibilidad presupuestaria, así como a las autoridades federales competentes, a trabajar de manera coordinada para implantar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del programa de repatriación humana, en cuanto al traslado a los estados respectivos de los connacionales que han sido repatriados o deportados, así como en la búsqueda de acciones que brinden oportunidades para tener acceso a mejores condiciones de vida a su regreso.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a coordinar esfuerzos con los gobiernos de los estados y con el del Distrito Federal para la consecución de los fines del programa de repatriación humana, particularmente en el traslado de los connacionales repatriados o deportados de Estados Unidos de América en las zonas fronterizas hacia su lugar de origen.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Están a discusión los puntos de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Mientras tanto, nos complacemos en dar la bienvenida a la Federación de Mujeres Profesionistas de Negocios del estado de México, invitadas por el diputado David Sánchez Guevara, del municipio de Naucalpan. Bienvenidas.

El diputado Jaime Oliva Ramírez:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, en el Partido Acción Nacional es una constante apoyar todas las propuestas tendentes a proteger a los migrantes que transitan por nuestro territorio nacional. Sin embargo, además de las acciones que para tal efecto están implementando tanto las dependencias federales como locales, consideramos de especial importancia reforzar los programas que tienen como principal objetivo ayudar a las personas que son deportadas o repatriadas.

Debemos considerar que la repatriación y la deportación de mexicanos de los Estados Unidos, principalmente, es una constante en la zona fronteriza, lugar donde éstos prefieren quedarse para intentar regresar nuevamente a aquel país. Sin embargo, y sin hacer caso a las sanciones que pueden recibir y exponerse además a los peligros y riesgos que con ello conllevan.

Es por ello que el Programa de Repatriación Humana implementado por el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con diversas dependencias federales, debe ser fortalecido e implementado por todas las entidades federativas ya que éste otorga seguridad, orientación y apoyo a las personas deportadas y repatriadas, haciendo más sencillo su retorno, pero además buscando que éste sea definitivo y con elementos benéficos para él y su comunidad.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, es obligación del gobierno federal y de los gobiernos locales promover que las personas que han sido repatriadas o deportadas opten por regresar a sus lugares de origen, proporcionándoles facilidades logísticas de traslado y apoyo para su reinserción laboral en la vida económica nacional.

Por nuestra parte, la obligación será otorgar en el momento oportuno los recursos necesarios para que la ayuda otorgada a través de este programa pueda ser concedida a todas las personas que así lo soliciten.

Por ello, Acción Nacional apoyará la aprobación de este punto de acuerdo, refrendando una vez más su compromiso para atender todas las vertientes del fenómeno migratorio. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Leticia Salazar, quien es presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez:Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y compañeros legisladores, vengo a explicar los razonamientos que sustentan el dictamen a discusión de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 29 de abril de 2010 se presentó esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a trabajar coordinadamente con las instancias federales competentes, para implementar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del Programa de Repatriación Humana a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El diputado promovente manifiesta su preocupación ante el hecho de que las constantes deportaciones y repatriaciones que se llevan acabo, principalmente en la frontera norte de nuestro país y en las cuales los migrantes muchas veces se encuentran abandonados a suerte, sin ningún tipo de apoyo, para obtener empleos temporales que les ayuden a subsistir en tanto regresan a sus lugares de origen.

En esta tesitura, la propuesta es exhortar a las entidades federativas, al Distrito Federal, para que actúen de manera coordinada en las acciones tendentes a ofrecer un mejor apoyo a nuestros connacionales que son deportados o repatriados con miras a ofrecer algún empleo formal que les garantice el ingreso digno, como lo manifiesta el diputado promovente.

Así como poder brindar los medios necesarios, para apoyarlos en su traslado y atención durante su estancia en los centros que opera el Instituto Nacional de Migración, para su entorno seguro.

Asimismo, coincidimos con que las acciones realizadas por las autoridades competentes no deben ser aisladas, sino que se debe buscar en todo momento la forma, los mecanismos, para que el gobierno federal, así como los gobiernos estatales y el Distrito Federal se coordinen y participen en la elaboración de mecanismos que puedan dotar de mejores oportunidades a nuestros connacionales que han sido deportados o repatriados, particularmente, en el ofrecimiento de oportunidades de empleo.

Por otro lado, consideramos importante mencionar que dicha coordinación y colaboración de los gobiernos federales y estatales se debe llevar acabo en función de su disponibilidad presupuestal, ya que esta soberanía no es ajena a los grandes retos que enfrentan los gobiernos y los escasos recursos con los que deben darle solución, motivo por el cual se estima adecuado solicitar que la colaboración y acciones implementadas sean de acuerdo a su disponibilidad o a su posibilidad presupuestal.

En mérito de lo expuesto es que los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a la consideración este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. En virtud de que no hay más oradores inscritos, el asunto se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Damos la bienvenida a maestras y maestros del Comité Seccional Democrático de Maestros de Zacatecas, invitados por el diputado Samuel Herrera Chávez, del PRD. Bienvenidas y bienvenidos.

Continúe, por favor, diputada secretaria.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo relativos a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivadas del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Sonora

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 61-II-8-26, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivado del convenio de coordinación celebrado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) –por el gobierno federal–, y el gobernador de Sonora, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presentada por el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2009.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 1 de octubre de 2009, el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios, derivado del convenio de coordinación, celebrado por el entonces titular de la SCT, por el gobierno federal, y el gobernador de Sonora, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fecha 1 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. El 18 de septiembre de 2008 se firmó un convenio de coordinación entre la SCT federal y el gobierno de Sonora para modernizar la carretera Estación Don-Nogales, a fin de resolver la problemática operativa de dicha vialidad y garantizar la seguridad de los usuarios, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos.

2. De lo anterior se incluye el refuerzo del programa de residentes en las casetas Fundición, La Jaula y Esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en estas localidades. Los habitantes que se beneficiarían son residentes de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en la caseta Fundición; y La Jaula, Bacum, Cajeme, Quiriego, Vicam y Potam y Esperanza.

3. Este convenio resulta de interés para los sonorenses y ciudadanos de los estados vecinos de la región noroeste del país y Arizona y California, por el intercambio comercial, turístico, industrial y de servicios en la región que fue signado el convenio y los avances de las obras que hasta el momento se han realizado.

Consideraciones

1. Del convenio de coordinación entre la SCT federal y el gobierno de Sonora celebrado el 18 de septiembre de 2008, es importante mencionar que el objeto de éste consiste en resolver la problemática operativa de dicha carretera y garantizar la seguridad de los usuarios.

2. En el presente caso, es importante mencionar que derivado de dicho convenio se acordaron 5 mil millones de pesos, en el cual se incluye la rehabilitación del pavimento en tramos con estado físico insatisfactorio y la ampliación de la sección transversal de las carreteras.

3. Los tramos carreteros pertenecientes a Sonora ya cuentan con la exención de manifestación del impacto ambiental por parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la liberación del derecho de vía.

Por ello, la comisión dictaminadora considera viable la presente propuesta, toda vez que la esencia de ésta es hacer cumplir el convenio citado, celebrado en su momento por los gobiernos federal y local, a efecto de resolver la operación de la carretera Estación Don-Nogales.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que cumpla el convenio suscrito por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Sonora referido al antecedente primero.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía sobre los términos y las condiciones en que fue signado el mencionado convenio y, concretamente, que se remita el programa de inversión, adjuntando el calendario de ejecución y los términos del proceso de licitación de la obra.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía sobre las obras adicionales de infraestructura complementarias en los municipios por donde cruza la carretera de cuatro carriles.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada secretaria.

Está a discusión, están a discusión los puntos de acuerdo, y tiene la palabra el diputado Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina:Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre se ha manifestado por impulsar la infraestructura de cada entidad federativa. Reconocemos que la carretera Estación Don-Nogales favorece la conectividad entre el norte con el centro del país, además de que a través de ella todos los días circulan una gran cantidad de vehículos transportando mercancías y productos que incentivan la actividad económica del país.

El 18 de septiembre del 2008, con la finalidad de resolver la problemática operativa de la carretera Estación Don-Nogales y garantizar la seguridad de los usuarios en esta vialidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Sonora firmaron un convenio de coordinación para modernizar con una inversión de más de 5 mil millones de pesos. El acuerdo establece la modernización de la carretera de 4 carriles, con tramos libres y de cuota, el cual atraviesa el estado de Sonora con una extensión de 680 kilómetros.

Asimismo, el programa de modernización contempla la rehabilitación de pavimento en tramos con estado físico no satisfactorio, así como ampliar la sección transversal de los cuerpos de la carretera, a fin de solucionar el constante aforo vehicular que se genera cotidianamente.

El convenio firmado establece el reforzamiento del programa de residentes en las casetas Fundición y Esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en esas localidades. Los beneficiarios del esquema son residentes de los municipios de Álamos; Benito Juárez; Etchojoa; Huatabampo y Navojoa, en Sonora. Esto en la caseta Fundición, y Bácum; Cajeme; Quiriego; Vicam y Potam, en la caseta de Esperanza.

Por lo antes comentado, coincidimos totalmente con que es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice un informe de las condiciones en las que se encuentra el proyecto, así como de los avances de obra que se han realizado, a fin de satisfacer las necesidades de todos los usuarios de esta importante carretera.

En el año 2010 se tenían programados para este proyecto 3 mil 500 millones de pesos, contando con 468.5 kilómetros de longitud, por lo que es de gran relevancia que la SCT nos informe de manera detallada cuál es el estatus que tiene esta importante obra y cómo se han invertido esos recursos.

Coincidimos con el proponente, diputado –paisano-Onésimo Mariscales de Sonora, el PAN siempre impulsará todas aquellas medidas que permitan el desarrollo de la infraestructura con un alto sentido social y económico, por lo que la modernización del tramo Estación Don-Nogales es una obra estratégica para Sonora y en consecuencia, para el país, además de que ésta forma parte del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guillén. Vamos ahora a proceder a votar los dictámenes de puntos de acuerdo.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo(desde la curul). Señor presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Mariscales. ¿Va a hacer uso de la tribuna? Adelante.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En esta iniciativa que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI del estado de Sonora y que un servidor presentó desde el primero de octubre de 2009, quiero reconocer a la Comisión de Transportes que, después de un año cuatro meses, se haya dictaminado el pasado 14 de diciembre.

Pero también quiero reconocer que el hecho de haber presentado esta iniciativa no es en los términos que lo señaló aquí el diputado Guillén, sino que obedeció, como él lo expresó aquí muy bien, que después de haber suscrito un convenio al 18 de septiembre de 2008, todavía hasta el mes de noviembre del año pasado, apenas se inició el proceso de modernización al que se comprometió el presidente de la República el 18 de septiembre efectivamente de 2008 en Puerto Peñasco, Sonora.

Son más de dos años de rezagos en que se dejaron de invertir los 5 mil 500 millones a que se comprometió el presidente de la República. Pero además de eso, en marzo del año pasado el gobierno federal, en un acto de abuso de autoridad y violentando las garantías constitucionales, particularmente el artículo 11, fue al municipio de Navojoa y cerró todas las brechas que había ahí, brechas que habían sido acordadas en divisiones colectivas de los ejidos Fundición y el ejido Bacabachi. Con ello convirtió en rehenes a los municipios de Cajeme y Navojoa, porque no hay ninguna ruta alterna para que los sonorenses puedan transitar o decidir si toman el camino de peaje o tengan alguna ruta libre.

Por eso se suscribió ese acuerdo en donde no ha funcionado a la fecha el programa que implementó Capufe para garantizar el libre tránsito a la gente del sur de Sonora. Quiero decirles que en la carretera Estación Don-Nogales son casi 700 kilómetros. Y solamente en el municipio de Navojoa tenemos dos casetas en el municipio, una al sur y una al norte y no tenemos ninguna ruta libra para que puedan transitar los navojoenses.

Y de igual manera el municipio de Cajeme tiene una caseta al norte en Esperanza y la que está al norte de Navojoa es la de Fundición.

Por eso no compartimos que esté el gobierno federal implementando programas para garantizar el libre tránsito a los sonorenses. En ese tramo del sur de Sonora son tres casetas en 90 kilómetros de los casi 700 que tiene la carretera cuatro carriles.

Por ello este punto de acuerdo es importante que se cumpla, que se exija, más bien, a que se la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumpla oportunamente con los plazos de inversión que fueron convenidos desde el 2008, porque en la carretera de Sonora se cobra un peaje como si fuera autopista y la ley señala claramente cuáles son las autopistas de este país.

No es igual como quienes viven en México y quieren ir a Cuernavaca tienen la opción de tomar el camino viejo o tomar la autopista, o los que viven en Tepic, Nayarit, tienen la opción de tomar la nueva autopista Tepic-Guadalajara o transitar por la vieja carretera México 15.

Por eso este punto de acuerdo es importante y yo los invito a que se apruebe. Con ello nada más se estará cumpliendo la exigencia de los sonorenses que el Grupo Parlamentario del PRI ha venido encabezando desde hace mucho tiempo, para que el gobierno federal invierta en una carretera que está con las peores condiciones en muchos tramos y que por eso se le llama la carretera de la muerte, porque hay muchos accidentes, porque a la carretera no se le ha dado mantenimiento.

Aunado a eso hay cuatro casetas que no rinden cuenta a nadie. La caseta de la Jaula, la caseta de Fundición, de Esperanza y de Hermosillo, desde que se instalaron el FARAC, hace casi 15 años, hasta este momento no han dado cuenta de cuánto se han ingresado y cuánto se ha gastado en el mantenimiento de la carretera.

Por eso este punto es importantísimo y desde luego que vamos a continuar con otros temas que tienen que ver no únicamente en comunizar la carretera, sino garantizar el libre tránsito a los sonorenses.

Quiero decirles que este pleno aprobó el 8 de abril un punto de acuerdo por la Junta de Coordinación Política, desde entonces el secretario que se fue, Molinar Horcasitas, y el que llegó no se han dignado a dar respuesta puntual a los tres acuerdos de este pleno de la Cámara de Diputados, por eso vamos a continuar dando la pelea aquí en este recinto, porque los funcionarios están obligados, y así lo dice el artículo 128 constitucional, cuando toma protesta el presidente de la república, es para que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República. Muchas gracias.

VOTACION DE DICTAMENES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Vamos a proceder a la votación de los dictámenes con punto de acuerdo.

Esta Presidencia informa que se va a proceder a la votación nominal en dos momentos. En un primer momento se va a proceder a la votación de los dictámenes que no fueron impugnados y que son los correspondientes a los números 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en un segundo momento votaremos si se aceptan o no los que fueron impugnados y que son los correspondientes a los números 6, 7 y 8.

Entonces se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los puntos de acuerdo que no fueron impugnados.

DERECHOS DE LA MATERNIDAD - EQUIDAD DE GENERO - PROYECTOS PRODUCTIVOS - ESTADO DE COLIMA - ESTADO DE SONORA - ESTADO DE PUEBLA - PRECIOS DE GAS NATURAL - PROGRAMA DE REPATRIACION HUMANA - ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos, para proceder a la votación de los puntos de acuerdo mencionados por el presidente.

(Votación)

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputados.

La diputada María Yolanda Valencia Vales(desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Enríquez Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): A favor.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde(desde la curul): A favor.

El diputado David Penchyna Grub(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Sami David David((desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Mancilla Zayas(desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Nazario Norberto Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes(desde la curul): A favor.

La diputada Clara Gómez Caro(desde la curul): A favor.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro(desde la curul): A favor.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): A favor.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez(desde la curul): A favor.

El diputado Leandro Rafael García Bringas(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Guzmán Lozano(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Vallín(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Luna Munguía(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Se emitieron 367 votos en pro, 4 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo referidos por 367 votos, comuníquense.

Vamos ahora a proceder a votar, en un solo acto, los dictámenes que fueron impugnados.

PRECIO DE PRODUCTOS DEL CAMPO

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Guajardo.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal(desde la curul): Presidente, sólo para realmente establecer una duda sobre el procedimiento a votación. En un solo acto los tres dictámenes que están en reserva pudieran crear confusión en la votación. Yo creo que al ser reservados, son reservados por diferentes motivos; por tanto, creo que es pertinente separar el proceso de votación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos intentando aplicar el principio de economía procesal. Pero tiene razón el diputado, en el sentido de que fueron distintos argumentos.

Entonces vamos a proceder a votar individualmente los dictámenes reservados correspondientes a los puntos 6, 7 y 8, uno por uno. Vamos a pedir que se abra el sistema de votación electrónico por 3 minutos para cada uno de ellos, aprovechando que hay una buena asistencia en este momento en el pleno. Adelante, diputada.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 3 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo 6.

(Votación)

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos votando, dígame. Sonido en la curul del diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado nada más una aclaración, presidente. Si se vota a favor se aprueba el dictamen; si se vota en contra se va a comisiones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es en términos del dictamen. A favor es votar a favor en términos del dictamen. Votar en contra es desechar el dictamen, si fuera mayoritaria la votación en sentido negativo.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputado Luis Enrique Mercado. Sonido a su curul. Adelante.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Señor presidente, nada más para hacer una rectificación en la posición de la bancada del PAN respecto de los dictámenes de la Comisión de Economía. Los vamos a votar a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está muy claro el sentido de la votación. Gracias.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz el diputado Zambrano.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari(desde la curul): A favor.

La diputada María del Pilar Torre Canales(desde la curul): A favor.

La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (desde la curul): A favor.

La diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Aysa Bernat(desde la curul): A favor.

La diputada Sofía Castro Ríos(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Liborio Arrazola(desde la curul): Para que el sentido de mi voto sea a favor en el tablero, porque así es. Está en amarillo.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz(desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga(desde la curul): A favor.

El diputado Filemón Navarro Aguilar(desde la curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Soto Oseguera(desde la curul): A favor.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo(desde la curul): A favor.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): A favor.

La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Se emitieron 356 votos en pro, 9 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado el punto de acuerdo por 356 votos. Comuníquese.

Pasamos, ahora, a la votación del dictamen enumerado con el número 7 y entonces instruya la Secretaría para que se abra el sistema electrónico a votación por 3 minutos.

DESARROLLO ECONOMIA NACIONAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Abrasé el sistema electrónico, hasta por 3 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo número 7.

(Votación)

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico.

De viva voz, diputado Zambrano.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Puppo Gastélum(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): A favor.

La diputada Tomasa Vives Preciado(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Armando Meza Castro(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Rodríguez González (desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): A favor.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul). A favor. Gracias.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano(desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Romero Romero(desde la curul: A favor.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Se emitieron 343 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado el punto de acuerdo por 343 votos. Comuníquese.

Procedemos ahora a poner a votación el dictamen correspondiente al número 8. Proceda la Secretaría a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos.

PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo número 8.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Sigue abierto el sistema electrónico, por favor, los diputados que faltan de votar antes de cerrarlo.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Sigue abierto el sistema, eh. ¿Falta algún diputado por votar?

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 331 votos en pro, 6 en contra, 9 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo por 331 votos. Comuníquense.

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 de la Cámara de Diputados se encuentran publicados, en la Gaceta Parlamentaria, los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95 y 99 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la resolución emitida por la Cámara de Senadores por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 102, 157,176, 180 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen a partir de la siguiente:

Metodología

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión presenta el siguiente dictamen en cuatro apartados, a saber:

I. El apartado Antecedentes, de la propuesta en estudio en el que se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. El apartado correspondiente a Contenido de la Minuta, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. El apartado correspondiente a Consideraciones, se expresan los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.

IV. Conclusiones.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 8 de septiembre de 2005 (LIX Legislatura) el diputado Carlos Blackaller Ayala (PRI), a nombre de los diputados Lázaro Arias Martínez (PRI), José Rubén Figueroa Smutny (PRI), Rosalina Mazari Espín (PRI), Marco Antonio Torres Hernández (PRI), Diego Palmero Andrade (PAN) y Antonio Mejía Haro (PRD), presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El 12 de septiembre de 2005 fue aprobado proyecto de decreto por 394 votos a favor y 1 en contra. Se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LIX Legislatura). El 13 de septiembre de 2005 la minuta fue recibida en la Cámara de Senadores (LIX Legislatura).

El 27 de abril de 2010 la colegisladora presentó dictamen por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, aprobado por 79 votos y 1 en contra. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 7 de septiembre de 2010 la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a esta Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar desechada por el Senado, tiene como propósito de cambiar la naturaleza jurídica del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pasando este de ser un organismo público descentralizado a un organismo interinstitucional de carácter consultivo.

Al cambiar la naturaleza jurídica del organismo, se desprende la necesidad de adecuar el Título Segundo de la ley por lo que respecta a las autoridades y órganos de gobierno en materia de la agroindustria azucarera; así como sus funciones.

Se crea el Comité de Fomento, Promoción y Defensa de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, el cual operará a través de una figura asociativa conforme a la legislación vigente en la materia y llevará a cabo los objetivos señalados en la ley, en términos prácticos, será un organismo de ejecución de programas que le señale la ley y el Comité Nacional.

III. Consideraciones

Que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es un organismo público descentralizado, dependiente de la administración pública federal, cuyo objeto es la coordinación y realización de todas las actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, como formular los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la agroindustria de la caña de azúcar, así como las reglas de operación de los mismos.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales son organismos descentralizados, las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II. La prestación de un servicio público o social; o

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Que dentro de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ya se establecen mecanismos que promueven la participación de todos los agentes productivos del sistema producto caña de azúcar, al establecer dentro del artículo 10, el Comité Nacional; para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

II. Generar mecanismos de concertación entre Abastecedores de Caña e Industriales;

IV. Promover alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de los agentes económicos participantes, llevando un registro de acuerdos, convenios y contratos de asociación en participación y coinversiones celebrados entre los Ingenios y sus Abastecedores de Caña;

XVIII. Promover la instalación de los Comités Regionales, apoyados en la multifuncionalidad de las Zonas de Abastecimiento, el desarrollo de los territorios rurales, complementando e integrando las actividades económicas, agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, para fortalecer el empleo, la inversión y los programas de bienestar social que mejoren los mínimos de bienestar de las familias cañeras y de los pobladores.

Que en la propuesta de reforma, se plantea sustituir la naturaleza jurídica en la constitución del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pasando éste de un órgano publico desconcentrado (OPD) a un órgano de carácter consultivo en el que, se dice, se fortalece la participación de los productores e industriales, dando una reorientación en la toma de decisiones de las actividades previstas en la LDSCA, a efecto de poder contar con representación legal y facultad para la administración de bienes y recursos cuyo patrimonio incorpora adicionalmente, las aportaciones de los industriales y los abastecedores de caña de azúcar.

Que los sujetos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA) productores, industriales y gobierno, han de impulsar la integración del Comité Nacional y los Comités Regionales del Sistema Producto Caña de Azúcar en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable fortaleciendo la cadena productiva caña-azúcar.

Que en este sentido, para mejorar la organización de la caña, se estableció un compromiso de sustentabilidad y competitividad hacia la actividad cañera, donde los actores nacionales del sector agroindustrial de la caña de azúcar en nuestro país acordaron con el gobierno federal, una nueva estrategia para el desarrollo de la actividad. La voluntad de las partes permitió plasmar en objetivos y acciones, la visión para el futuro que se desea en el sector, los cuales quedan establecidos en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Pronac) 2007-2012.

Que con el propósito de brindar certidumbre a productores, obreros, industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, en el (Pronac) quedó establecido el rumbo, las metas, los mecanismos de colaboración y la coordinación interinstitucional, que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad, de las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar.

Que el Pronac es un esquema especial, que representa al titular del Ejecutivo federal y, atiende las directrices previstas en los artículos 25, 26 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y debe ajustarse a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y en los programas sectoriales correspondientes ciñéndose a lo prescrito en las demás disposiciones del marco legal aplicable.

Que con el Pronac, el gobierno federal y los agentes de la cadena Caña-Azúcar aceptaron el reto de enfrentar la competencia en el mercado interno de edulcorantes, para aprovechar la oportunidad que ofrece la apertura del mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y diversificar su oferta mediante la producción de biocombustibles, sucroquímica y la cogeneración de energía eléctrica.

Que en el Pronac se encuentran definidos los lineamientos para mejorar la expansión, competitividad y rentabilidad del sector a través de los siguientes objetivos:

I. Fortalecer la política comercial: mediante el conocimiento de la demanda real y potencial de edulcorantes en la región, haciendo más eficiente la cadena de distribución, estrechando el contacto con el consumidor, garantizando el consumo interno y dinamizando las exportaciones.

II. Elevar la producción de caña de azúcar: sustentada en un crecimiento continuo de los rendimientos en el campo, mediante agricultura de precisión, fertilización oportuna, aumento en la superficie de riego, desarrollo de nuevas variedades, compactación de superficies y un nuevo equilibrio del campo.

III. Incrementar la producción de azúcar: con base en mayores rendimientos en fábrica, a través de la modernización de los procesos productivos que permitan aumentar la molienda, disminuir pérdidas, aprovechar más productivamente el tiempo y lograr una mayor recuperación de azúcar.

IV. Aumento en la inversión y el empleo: brindar certeza a la actividad productiva, promover los acuerdos, la investigación y transferencia de tecnología, el acceso al financiamiento y el impulso a la diversificación productiva.

Que con las acciones anteriores se promueve la generación de mecanismos de concertación entre abastecedores de caña e industriales así como las estrategias de expansión y vinculación entre los mismos. En el programa se establecen los acuerdos alcanzados por los agentes productivos para agendar una ruta de trabajo inmediata que permita revisar y discutir de manera integral, el sistema de pago de la caña de azúcar, para buscar nuevos criterios y bases que permitan fomentar la competitividad de toda la cadena adecuando dicho sistema, al nuevo contexto del mercado regional de edulcorantes.

En otro tenor, resulta importante hacer mención de las diferentes acciones tomadas por el Procurador General de la República, que en este sentido se promovió una acción de inconstitucionalidad en la que se solicitó la invalidez de los artículos 5o., 7o., fracción VII, 10, fracción XI, 34, 38, 50, segundo párrafo, última parte, 50, 57, 58, 87, 98, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de agosto del mismo año, emitida y promulgada por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, respectivamente; escrito recibido el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar violan los artículos 14, 17 y 104 de la Constitución federal, toda vez que obligan a que desde el momento en que se celebre un contrato sobre la realización de cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, se “pacte” el sometimiento de las diferencias al arbitraje de la Junta Permanente, con lo que se les obliga a renunciar a la jurisdicción de los tribunales federales o locales.

Respecto del arbitraje, como se señala en el sistema jurídico mexicano es el procedimiento que debe entenderse como una forma de dirimir controversias surgidas entre particulares, en el que las partes acuerdan el sometimiento de sus diferencias a juicio de un tercero, con el fin de evitar ventilarlas ante los tribunales judiciales, en este sentido los particulares pueden optar por la vía arbitral o judicial. Entonces, como los preceptos impugnados obligan a someterse a un arbitraje, violan los artículos 14 y 17 de la Constitución federal, que prevén la garantía de los gobernados para la impartición de justicia que debe brindarse por el Estado a través de los tribunales previamente establecidos, con sujeción al marco jurídico vigente y respetando el debido proceso legal y, por otra parte, vulneran el numeral 104 de la Constitución, pues soslayan la competencia que prevén los órganos jurisdiccionales para conocer las controversias que se susciten en cumplimiento de leyes federales.

La creación de un régimen de excepción que otorga un trato diferenciado a los conflictos inherentes a la caña de azúcar, con respecto del resto de la actividad jurisdiccional y con la creación de un régimen legal heterogéneo y disconforme en el marco constitucional que lo rige, causó la declaración de invalidez de los preceptos de la Ley de Desa-rrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Con la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio origen a la siguiente resolución:

“CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, 56, 119 Y 125 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14, 17 Y 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los citados preceptos legales, al establecer que la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar será competente para resolver las controversias suscitadas con motivo del incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y del contrato que celebren los industriales y los abastecedores de caña, a quienes obligan a pactar expresamente el sometimiento a su jurisdicción, violan los artículos 14, 17 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que hacen nugatoria la voluntad de las partes en los contratos azucareros, pues las obligan a incluir la cláusula arbitral sin tener en cuenta si consienten libremente someterse al procedimiento arbitral ante la mencionada Junta, aunado a que la obligación de pactar expresamente el sometimiento a la jurisdicción de ésta implica necesariamente la obligación de acatar sus resoluciones, lo que hace factible que no puedan impugnarse ante los tribunales federales o locales. No es obstáculo a lo anterior el argumento consistente en que se requiere un conocimiento especial sobre el sector azucarero para impartir justicia en él, ya que esta exigencia es insuficiente para justificar la contravención a las normas constitucionales en cita y hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia.

Acción de inconstitucionalidad 27/2005. Procurador General de la República. 9 de julio de 2007. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cossio Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 4/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. “México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.”

Con lo anterior, se tiene un precedente que deja sin efectos las modificaciones al artículo 50 del proyecto de decreto contenida en la minuta, aprobada en la Cámara de Diputados el 12 de septiembre de 2005.

Estas dictaminadoras hacen mención sobre el Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, instalado, como lo establece la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El Comité tiene por objeto coordinar la realización de todas las actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar junto con la Sagarpa, sobre la formulación de los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la agroindustria de la caña de azúcar, así como las reglas de operación de los mismos. El Comité Nacional para el De-sarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es un organismo público descentralizado, dependiente de la administración pública federal, con domicilio en la Ciudad de México.

La Junta Directiva, es la autoridad suprema del Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y está integrada por:

1. El Titular de la Sagarpa, quien la presidirá.

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. La Secretaría de Economía.

4. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

6. Dos representantes de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera.

7. Representantes de las Organizaciones Nacionales de Abastecedores de Caña.

Además, cuenta con un Director General, nombrado y removido por el Presidente de la República.

Que esta dictaminadora reconoce la importancia al haberse instalado el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ingenios azucareros y productores de caña, desde la conformación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada el 22 de agosto de 2005.

Que con ello, el Comité Nacional permite evaluar y hacer consideraciones para lograr consensos, así como emitir reglamentos y establecer acuerdos en el marco de la Ley, generando resultados positivos para el sector, de igual forma propone objetivos, viables y constructivos, que aceleran el desarrollo productivo de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

La instalación formal del Comité Nacional para el Desa-rrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, representa un avance muy importante para la construcción de una agroindustria de la caña de azúcar fuerte, moderna y competitiva.

Que de acuerdo con la fracción 1 del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, faculta al Director General la representación legal del Comité Nacional y lleva a cabo todos los actos jurídicos y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los Lineamientos que establezca la Junta Directiva; por esta razón es necesario dejar que transcurra el tiempo considerable para que en su momento pueda ser evaluado conforme a las acciones desempeñadas y de ser necesario adecuar de manera eficaz en beneficio del sector azucarero la Ley que las rige.

IV. Conclusiones

Que la caña de azúcar es un área estratégica y prioritaria dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que resulta conveniente que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, continúe siendo un organismo público descentralizado, donde se coordinen y realicen las actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar y que para esto haya una obligación legal de participación de todas las dependencias públicas que tengan que ver con el desarrollo de la caña.

Que la adecuación de la estructura y funciones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, deben plantearse a partir de una evaluación minuciosa y plural de los logros obtenidos y de los objetivos pendientes, considerando el tiempo que tiene en funciones el comité.

Que el Comité Nacional permite evaluar y hacer consideraciones para lograr consensos, así como emitir reglamentos y establecer acuerdos y está obligado a escuchar a todas las partes y a considerar las propuestas de todos los integrantes del sistema producto caña, en el marco de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Que esta Comisión coincide con el Senado de la República en el sentido de desechar la minuta en cuestión.

Por las consideraciones de hecho que motivan el presente dictamen, y para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional los integrantes de esta Comisión tenemos a bien someter a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desa-rrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, devuelta por la Cámara de Senadores el día 7 de septiembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Fernando Santamaría Prieto, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la resolución emitida por la Cámara de Senadores con relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la ley de Capitalización del Procampo.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 65, 66, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta este dictamen a  partir de la siguiente

Metodología

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión presenta el siguiente dictamen en cuatro apartados, a saber:

I. El apartado “Antecedentes” de la propuesta en estudio, en el que se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. El apartado “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. El apartado “Consideraciones”, se expresan los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

IV. Conclusiones.

I. Antecedentes

En la LIX Legislatura el Diputado Manuel Velasco Coello, a nombre los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Dicha propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 18 de marzo del 2004 y en la misma fecha se presentó ante el pleno.

Asimismo fue turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Social, para iniciar su Proceso Legislativo.

La Comisión de Desarrollo Social, con fecha 21 de abril del 2004, gira oficio donde declina el turno que se dio a la iniciativa por analizar.

El 24 de agosto de 2004 la Comisión de Agricultura y Ganadería dictamina en sentido positivo la iniciativa en comento.

El 28 de septiembre del 2004 se publica en la Gaceta Parlamentaria y se presenta a primera lectura el dictamen.

El 14 de octubre del 2004 se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión, siendo aprobada en lo general y en lo particular; en la misma fecha se envía al Senado de la República para su consideración.

El 19 de octubre del 2004 la minuta se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

El 6 de octubre del 2010 se da cuenta del estudio y análisis para presentar el dictamen de la Minuta.

El 7 de octubre del 2010 se publicó en la Gaceta de la Cámara de Senadores de la República la minuta en comento y se presentó al pleno para su primera lectura.

El 12 de octubre del 2010 se dio la segunda lectura al dictamen de la minuta de la Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente; Recursos Naturales y Pesca y Estudios Legislativos que decreta la Reforma al artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

En la segunda lectura solamente se le dio al resolutivo que a la letra dice:

“Artículo Único. Se da por concluido el proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, cuyo artículo tercero transitorio, establece que el sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros del Procampo tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, en virtud de lo anterior, la minuta citada queda sin materia.”

Dicho dictamen fue aprobado en sentido negativo por la asamblea por 73 votos y remitido a la Cámara de origen para su término en su proceso legislativo.

En la sesión celebrada el pasado 14 de octubre del 2010, la Mesa Directiva, dictó turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0699 y con número de expediente 2974, del año segundo, sección primera, de la minuta con el fin de dar cumplimiento a lo que establece la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de esta legislatura establece el compromiso fiel a dictaminar y reconsiderar las valoraciones hechas por la colegisladora a fin de encontrar la convergencia del dictamen analizado por ese cuerpo legislativo colegiado.

II. Contenido

La presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, incluyendo el apoyo a proyectos no solo financiera y técnicamente viables, sino también ambientalmente sustentable.

III. Consideraciones

Que la Ley de Capitalización del Procampo, del 31 de diciembre de 2001, establece dentro de su objeto las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del programa de apoyos directos al campo (Procampo).

Que el Procampo capitalizado surgió, en la citada ley, como una opción más del Procampo que permitía al productor invertir los recursos futuros del programa de manera anticipada, de tal forma que pudiera capitalizar su unidad de producción en la modernización y/o instalación de proyectos productivos.

Que en este sentido el artículo 2 de la ley contempla que “mediante esta ley se establece el sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros del Procampo, en adelante “el sistema”, como mecanismo para estimular la capitalización de los beneficiarios del programa, con base en las propuestas de los beneficiarios del Procampo y de los criterios de priorización que establezcan las entidades federativas y los municipios”.

Que el apoyo capitalizado permitía otorgar al beneficiario de Procampo, la cantidad de recursos que le corresponden al productor hasta por el equivalente a los ciclos agrícolas que operen hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha límite de la vigencia del programa. Dichos recursos tienen el propósito de capitalizar la unidad de producción.

Que para esto el artículo 8 de la Ley de Capitalización del Procampo establece que “el acceso al sistema invariablemente será mediante un proyecto productivo que deberá estar directamente relacionado con la producción primaria, la agroindustrialización y el abastecimiento de insumos y equipos necesarios para la realización o desarrollo del proyecto respectivo u otras actividades económicas vinculadas a las cadenas productivas agropecuarias, forestales y pesqueras. Tendrán prioridad aquellos proyectos que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria; a la optimización en el uso y aprovechamiento del agua; la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales; a la generación de empleo; al incremento de la capacidad de los productores para alcanzar economías de escala y capacidad de negociación y a la integración de cadenas productivas y agregación de valor a los productos del campo”.

Que el artículo 15 de la citada ley establece que mediante la presente ley se apoyará a los productores a través de proyectos productivos que sean financiera y técnicamente viables, para lo cual la secretaría proporcionará información sobre las opciones técnicas que mejoren los procesos productivos acostumbrados y sobre otras actividades que presenten mejores condiciones productivas y de mercado, que les permita tomar las decisiones que convengan a sus intereses.

Que por ser del más alto interés nacional, como lo es el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida de la gente y para conservar los recursos naturales, se ha fomentado un esquema de desarrollo del sector rural de forma integral, que incluye dentro de sus programas al Procampo tradicional.

Que es necesario establecer y aclarar que el programa, se mantiene en las reglas de operación 2002 de los programas de la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación vigentes para 2010 hasta en tanto se emitan las nuevas reglas.

Que el decreto que contiene el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) del 21 de julio de 1994 surge como mecanismo de transferencia de los recursos para compensar a los productores nacionales por subsidios que reciben sus competidores extranjeros; en el artículo 13 del decreto, establece la vigencia del programa con una duración de hasta 15 años, con sujeción a lo autorizado anualmente en el presupuesto de egresos de la federación que apruebe la cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, este programa estuvo vigente hasta el 22 de julio de 2009.

Que la Ley de Capitalización del Procampo, en su artículo tercero transitorio establece la vigencia del “sistema” definido en la propia ley como sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros como mecanismo para estimular la capitalización de los beneficiarios del programa, con base en las propuestas de los beneficiarios del Procampo y de los criterios de priorización que establezcan las entidades federativas y los municipios.

Que la vigencia de la ley es la característica de aplicación temporal de una norma jurídica, que establece permanencia. La vigencia es un término ligado a la obligatoriedad, a la observancia de dicha norma jurídica en el tiempo.

Que si bien hay casos en los que los efectos de alguna ley que ya no está vigente se siguen sucediendo, esto no se debe a que dos normas estén vigentes, sino a que la anterior creó derechos que una vez ingresaron a la esfera jurídico patrimonial del gobernado, se ha considerado, no pueden afectársele por ley posterior o siguen teniendo un efecto con base en la ley que les dio origen, sin que necesariamente pueda generarse nuevas obligaciones a partir de esa ley no vigente.

IV. Conclusiones

Que el Procampo capitalizado surgió en la Ley de Capitalización del Procampo como una opción más que permitía al productor invertir los recursos futuros del programa de manera anticipada, de tal forma que pudiera capitalizar su unidad de producción en la modernización y/o instalación de proyectos productivos.

Que el apoyo capitalizado permitía otorgar al beneficiario de Procampo, la cantidad de recursos que le corresponden al productor hasta por el equivalente a los ciclos agrícolas que operen hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha límite de la vigencia del programa. Dichos recursos tienen el propósito de capitalizar la unidad de producción.

Que para esto el artículo 15 de la citada ley, establece que: mediante la presente ley, se apoyará a los productores a través de proyectos productivos que sean financiera y técnicamente viables, para lo cual la secretaría proporcionará información sobre las opciones técnicas que mejoren los procesos productivos acostumbrados y sobre otras actividades que presenten mejores condiciones productivas y de mercado, que les permita tomar las decisiones que convengan a sus intereses.

Que la Ley de Capitalización del Procampo, en su artículo tercero transitorio, establece la vigencia del “sistema” definido en la propia ley como sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros como mecanismo para estimular la capitalización de los beneficiarios del programa, con base en las propuestas de los beneficiarios del Procampo y de los criterios de priorización que establezcan las entidades federativas y los municipios.

Por las consideraciones de hecho que motivan el presente dictamen y para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional los integrantes de esta comisión tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, devuelta por la Cámara de Senadores el día 14 de octubre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2010.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez, Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba, Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Juan de Jesús Pascualli Gómez, Fernando Santamaría Prieto, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Enrique Octavio Trejo Azuara, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Proceda la Secretaría a leer los puntos de acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional.

LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e), f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a consideración de esta soberanía el presente dictamen bajo los siguientes:

Antecedentes

En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2007, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional”.

Valoración de la iniciativa

En su exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece:

- Que el Estado Mayor Presidencial se encuentra conformado por 1862 efectivos, provenientes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, policías federales y locales, y elementos civiles.

- Que los recursos humanos dedicados exclusivamente al Estado Mayor Presidencial, es un derroche excesivo para la protección y defensa de una única persona, y sobre todo, en el entendido que nos encontramos en una situación de paz y estabilidad social.

- Que el Cuerpo de Guardias Presidenciales ha sido objeto de muchas y graves críticas.

- Que existen muchos ejemplos de agresiones hacia la población civil por parte del Estado Mayor Presidencial.

- Que se propone la desaparición de este Cuerpo Especial del Ejército y la Fuerza Aérea, y en consecuencia, que los elementos que lo conforman pasen a engrosar las filas de los cuerpos operativos.

Consideraciones

A continuación se emitirán elementos de juicio, para expresar un criterio en su justa dimensión, que sustente el punto resolutivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que se analiza.

Las Fuerzas Armadas requieren de una convicción militar para dar lugar a un objetivo claro en cuanto a sus responsabilidades constitucionales, y son estas obligaciones la razón por lo que la Carta Magna y sus leyes secundarias le dedican normas específicas que rigen su funcionamiento.

Una institución es el reflejo de las personas que la integran, y la competencia profesional tiene como resultado el funcionamiento eficaz del Instituto Armado.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece:

Artículo 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando.

I. Mando Supremo;

II. Alto Mando;

III. Mandos Superiores; y

IV. Mandos de Unidades.

Así entonces, al ser el Presidente de la República, por mandato constitucional el Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea, al que se le denomina Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto un nivel de mando, dispone por ley de un Estado Mayor para su auxilio.

En cuanto a su composición, el artículo 7 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, establece:

Artículo 7.El Estado Mayor Presidencial, estará integrado por personal perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Armada de México y especialistas civiles, así como el personal que el propio Primer Mandatario determine.

De igual manera el Alto Mando; los Mandos Superiores; y los Mandos de Unidades, también disponen de un Estado Mayor, siendo éstos: El Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor Aéreo y los Cuarteles Generales.

El Estado Mayor de la Defensa Nacional, es un órgano técnico operativo militar, integrado por personal Diplomado de Estado Mayor, perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea, que auxilia a los distintos niveles de mando para concebir, planear y conducir las distintas operaciones militares propias de su competencia, y transforma las decisiones del mando en órdenes, directivas e instrucciones, supervisando su cumplimiento.

Por otro lado, al estar los distintos Estado Mayor en coordinación, la desaparición del Estado Mayor Presidencial daría lugar a conflictos de anomia y falta de congruencia en el orden jurídico militar.

Asimismo, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone:

Artículo 105.El Cuerpo de Guardias Presidenciales estará constituido por mando, órganos de mando y el número de Unidades de las Armas y Servicios que sean necesarios, cuyos efectivos serán fijados por el Presidente de la República. Sus Unidades dependerán, en el aspecto administrativo, de la Secretaría de la Defensa Nacional y en cuanto al desempeño de sus servicios, del Presidente de la República, por conducto del Estado Mayor Presidencial.

El Estado Mayor Presidencial, incluido el Cuerpo de Guardias Presidenciales, forma parte de la estructura orgánica del Instituto Armado, tiene una función claramente definida en el orden jerárquico, y está subordinado al Presidente de la República, lo que le permite desempeñar capazmente sus funciones específicas.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ejerce el mando legal y directo sobre el Estado Mayor Presidencial, y los militares honran este Mando Supremo, electo democráticamente, por medio del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; sin importar la militancia política del Primer Mandatario, con lo cual el Instituto Armado fortalece la democracia en nuestro país, así como la viabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad que representa el Poder Ejecutivo Federal.

La supervisión y vigilancia, son dos aspectos fundamentales en la formulación de decisiones a ejecutar por el Estado Mayor, imprescindibles no sólo para guardar la integridad física del Primer Mandatario, sino también para auxiliar a la Institución Presidencial en el cumplimiento de sus atribuciones.

El Estado Mayor Presidencial es más que una responsabilidad, es una relación de confianza mutua entre un civil y un militar, ambos de la más alta jerarquía, tanto en el poder político civil, como en el Ejército.

La responsabilidad compartida mejora la comunicación y coordinación, y es precisamente el Estado Mayor, el órgano técnico militar que vela por la seguridad del poder político civil, representado en la investidura del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La misión principal del Cuerpo de Guardias Presidenciales, es el auxiliar al titular del Poder Ejecutivo Federal, y lo que esta investidura constitucional representa, en el entendido que nos referimos al Jefe del Estado Mexicano.

La organización castrense evita convertirse en una entidad de representación política, ya que ello vulnera su verdadera doctrina militar y la verticalidad institucional, indispensables para su correcto funcionamiento.

No debemos omitir, ni pasar por alto, que el primer deber entre militares es lealtad a los superiores, lo cual es una cuestión de honor, y en este sentido, el Cuerpo de Guardias Presidenciales muestra en todo momento lealtad a la Institución Presidencial.

En otro orden de ideas, el Estado Mayor Presidencial realiza sus operaciones de acuerdo a sus necesidades estratégicas y tácticas.

En este entendido, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone:

Artículo 15.El Presidente de la República dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, órgano técnico militar que lo auxiliará en la obtención de información general; planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento.

Se organizará y funcionará de acuerdo con el Reglamento respectivo.

Así entonces, el Estado Mayor Presidencial no solo realiza la actividad mencionada en el cuerpo de la iniciativa en análisis, sino tiene una gran cantidad de responsabilidades, las cuales están determinadas en el artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, el cual determina:

Artículo 4. El Estado Mayor Presidencial, a través de sus órganos, secciones y áreas operativas y demás unidades administrativas, planeará, organizará, coordinará, conducirá, ejecutará, supervisará y evaluará el desarrollo de sus actividades, para cumplir con eficiencia y eficacia las siguientes misiones generales:

I. Garantizar la seguridad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana, de los ex presidentes de la República y de otras personalidades que por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores;

II. Apoyar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el desarrollo de sus actividades;

III. Organizar las actividades conexas a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su señora esposa en actos oficiales, proporcionando los recursos humanos y materiales que se requieran en apoyo de sus actividades;

IV. Garantizar la seguridad de las instalaciones presidenciales;

V. Desarrollar las actividades de inteligencia y contrainteligencia necesarias para el cumplimiento de las funciones del Estado Mayor Presidencial;

VI. Coordinar las actividades de conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones presidenciales a cargo del Estado Mayor Presidencial, y

VII. Administrar los recursos presupuestales asignados por la Presidencia de la República para el desempeño de las actividades correspondientes.

Así entonces, el número de recursos humanos que conforman este órgano técnico militar, responde no sólo a la gran cantidad de responsabilidades propias del mismo, sino a la complejidad de éstas, las cuales deben de realizarse a la par, todos los días del año.

Por lo anterior, los integrantes del Cuerpo de Guardias Presidenciales, deben poseer conocimientos y preparación en el manejo de los medios con los que están dotados, según la aplicación de la técnica o táctica que se requiera.

El Estado Mayor Presidencial asume no sólo la alta responsabilidad de proteger la integridad física del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sino de todos aquellos mandatarios y personalidades extranjeras, que por su alta investidura requieren de la protección del Estado Mexicano, por lo que su existencia responde a un asunto de seguridad nacional.

En el mismo orden de ideas, el artículo 8 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial determina textualmente:

Artículo 8. El Estado Mayor Presidencial mantendrá el enlace y coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, con los municipios y con los particulares que sean necesarios para el desempeño de sus funciones.

Por lo anterior, el Estado Mayor Presidencial tiene la delicada tarea de coordinar todas las actividades del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y ello incluye sus encuentros con los tres órdenes de gobierno en todo el territorio nacional, por lo que su existencia obedece al propio desarrollo nacional.

Sin duda, el Estado Mayor Presidencial requiere de un adiestramiento especializado para lograr los objetivos específicos que demandan sus misiones.

Es de tal importancia el adiestramiento y capacitación especializada, que inclusive dentro del Instituto Armado, existen las distinciones en cuanto a responsabilidades, dependiendo de la preparación militar.

El adiestramiento castrense da seguridad para ordenar y para obedecer, tanto física como psicológicamente, por el contrario sin adiestramiento especializado, se asegura el fracaso en los alcances de las misiones militares.

La alta moral, adaptación a las circunstancias, sacrificio y la convicción de cumplir con precisión y sin errores cualquier misión que le sea asignada, son características del Estado Mayor Presidencial.

Es verdad que dentro del Instituto Armado algunas cosas no cambian, pero esto es para ser los mejores, debido a lo delicado de sus misiones. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no pueden permitirse equivocaciones al asumir sus responsabilidades.

El Estado Mayor Presidencial, responde en todo momento a un orden jerárquico, lo cual es fundamental para la eficacia operativa que requieren sus responsabilidades, éste debe cumplir sus misiones generales en tiempo y forma, sin desacierto alguno, lo cual aumenta su eficacia funcional, fortaleciendo y’ legitimando con ello su razón de ser.

A medida que se transforman las circunstancias de seguridad y defensa, debido al surgimiento de nuevas amenazas, también cambian inevitablemente las exigencias políticas en los sistemas democráticos, Las instituciones funcionan adecuadamente cuando comprenden mejor su entorno y se adaptan a éste.

Sociedad civil, poder político civil y militar, todos formando una sola colectividad, pero que requiere necesariamente de cohesión, sustentada ésta última en la ordenada distribución de funciones y responsabilidades.

No perdamos de vista que las soluciones a los problemas de seguridad interior son cruciales para la estabilidad y la prosperidad del país en su conjunto, los acontecimientos diarios en la materia dan cuenta de ello.

Sin duda, los anteriores argumentos sustentan la indispensable existencia del Estado Mayor Presidencial.

Consideramos que la iniciativa en estudio no se apoya en fundamentos jurídicos sólidos que reforzaran una propuesta como la que se presenta, y dieran viabilidad a la misma.

Ante la falta de un Estado Mayor Presidencial, valdría la pena preguntarse quién y qué institución del Estado Mexicano, estaría a cargo de la formulación e implementación de sus delicadas responsabilidades, que hoy diariamente cumple.

La iniciativa deroga los artículos que sustentan la existencia del Estado Mayor Presidencial y del Cuerpo de Guardias Presidenciales, pero no propone quien realizará estas actividades en el futuro inmediato.

Consideramos que no existen argumentos sólidos que justifiquen la aprobación de la iniciativa en análisis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en las consideraciones del presente dictamen, la Comisión de Defensa Nacional:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Segundo. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), presidente; Roberto Albores Gleason, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Luis Guevara Cobos (rúbrica), Bernardo Téllez Juárez (rúbrica), Pablo Escudero Morales (rúbrica), Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Víctor Benítez Treviño (rúbrica), Manuel Cadena Morales, Luis Campos Villegas (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez, Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Jorge Franco Vargas, Rubén Moreira Valdez (rúbrica), Francisco Moreno Merino, Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Miguel Terrón Mendoza (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, Jesús Ramírez Rangel, Sixto Zetina Soto (rúbrica), Sergio Torres Santos (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Ibarra Pedroza, Carlos Torres Piña (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Elsa María Martínez Peña.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se han inscrito para participar, los diputados Jaime Cárdenas Gracia, Porfirio Muñoz Ledo, Gerardo Fernández Noroña y Enrique Ibarra Pedroza.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Este dictamen impide que se derogue en México el Estado Mayor Presidencial y las Guardias Presidenciales.

Consideramos que el Estado Mayor Presidencial y las Guardias Presidenciales son instituciones del pasado, son instituciones del viejo régimen, que en un sistema democrático el presidente de la República, su familia, las instalaciones de la Presidencia, no debieran estar protegidas, salvaguardadas, custodiadas por un Estado Mayor Presidencial ni debiera existir esta figura de las Guardias Presidenciales. Se trata de reminiscencias de las presidencias imperiales.

Yo no sé por qué el Partido Acción Nacional, que no se formó en la presidencia imperial, que no tuvo el poder en la presidencia imperial, insiste en estos viejos vicios del sistema autoritario mexicano y reproduce, como mecanismo de salvaguarda y de vigilancia y de seguridad para el presidente y su familia, al Estado Mayor Presidencial y a las guardias presidenciales.

El promovente de la iniciativa, que hoy el dictamen propone sea desechada, insistía en este cambio democrático, insistía en que las fuerzas de seguridad no vigilen, no custodien al presidente de la República, y tiene toda la razón.

En México, el secretario de la defensa no debiera ser un militar, sino un civil y el presidente de la República y su familia debieran estar protegidos por cuerpos ciudadanos, por cuerpos civiles.

En los Estados Unidos, por ejemplo, que es el modelo presidencial en el que descansamos, quien vigila al presidente, a su esposa y a su familia, a los jefes de Estado no son militares, no es un estado mayor como en México, ni son guardias presidenciales; es un cuerpo civil el que se encarga de la vigilancia, el que se encarga de la seguridad del presidente de la República.

Creo que éste es un mal mensaje que estamos dando. Cosas que podemos cambiar, elementos fundamentales de la política nacional, de la política interna, en donde la vigilancia del presidente y su familia debieran estar en manos de un cuerpo civil que vigile, que salvaguarde la seguridad de la Presidencia de la República y de los jefes de Estado, no tiene por qué estar ya salvaguardado por un Estado Mayor.

El Ejército en México parece que es intocable. Es importante que en la democracia toquemos al Ejército para que sea sujeto al escrutinio público, para que el Ejército no tenga el mando que hoy tiene y para que el secretario de la Defensa sea un civil y no un militar.

Ya sé que les molesta a los compañeros del PAN que diga esto porque en donde pueden cambiar la legislación no la quieren cambiar y les gusta que pervivan las viejas prácticas y las viejas instituciones del pasado autoritario priista.

Cambien, ahora que tienen oportunidad, esas prácticas y estas instituciones. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Gracias por el acceso al telegrama parlamentario. Primero, el Reglamento precario o semi Reglamento o seudo Reglamento no está siendo aplicado por quienes lo invocan. Este proyecto es de la anterior legislatura. El promovente demuestra que el Estado Mayor Presidencial en su versión actual es una antigualla y un bodrio inútil y excesivo.

Hay  mil 862 efectivos, a la fecha, para la protección de una sola persona y de su familia. Los que le contraargumentan abundan, sin darse cuenta en las razones del promovente. Mencionan la ley y el Reglamento que le da funciones de logística, funciones de seguridad, funciones de inteligencia, funciones de contrainteligencia y funciones de información confidencial.

El Estado Mayor Presidencial mexicano fue creado cuando los generales eran presidentes y el Ejército pertenecía al partido, y eran los ayudantes personales de los presidentes militares.

Después, con los civiles, se crea un inmenso cuerpo que no tiene ningún control público ni parlamentario. Todo se resuelve por órdenes del presidente. Existe, además, el Estado Mayor de la Defensa, de la Marina y de la Fuerza Aérea, pero no existe en México el Estado Mayor conjunto que existe en otros países. Tiene razón el diputado Cárdenas Gracia. En el año 2000 planteamos un Estado Mayor conjunto para que pudiese ser civil tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina.

Por favor, si me permite el presidente Zambrano, quien es presidente civil y por tanto, creo que sí me va a permitir. –No está corriendo el reloj.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, pero alguien quiere preguntar. Diputado Muñoz Ledo, ¿acepta una pregunta del diputado Castro Cosío?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Sí, con mucho gusto, porque él es un diputado civil y civilizado.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Aunque a mi diestra está un ilustradísimo general de mi tierra, ¿eh?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Está a tu lado.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Sí, señor.

Quiero preguntarle, licenciado, por qué en su intervención planteaba lo del Estado Mayor conjunto si jurídicamente esto no existe. ¿Qué intencionalidad hay?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:En la ley está el Estado Mayor de cada una de las tres fuerzas, y es un problema que estamos viviendo ahora –que es con lo que iba yo a concluir.

Cuando hay acciones conjuntas de varios cuerpos del Ejército, que están actuando indebidamente en territorio nacional, pero que podrían hacerlo en el exterior, no hay coordinación entre ellos. Por eso quien manda sobre los tres cuerpos del Ejército hoy, en acciones internas, es el señor Genero García Luna. Con él acuerdan los tres, en ausencia de un Estado Mayor conjunto.

Por eso interviene la Secretaría de Marina en acciones de tierra. Es la única Marina del mundo que actúa en acciones de tierra, y no en Xochimilco, no se crea usted, no. Lo hizo en Cuernavaca para atrapar a La Barbie.

Entonces yo estoy proponiendo que haya un nuevo diseño. Primero, en todo el mundo las funciones de logística, de organización de las giras y de seguridad de Jefe del Estado son a cargo de una casa presidencial. Muchos presidentes tienen un ayudante militar o un ayudante naval a título personal, y fundamentalmente protocolario porque es un  uniformado.

Es impensable, por ejemplo, para citar al país más cercano, Estados Unidos de América, que el Ejército rodee al presidente, lo vemos cuando va al Parlamento, al Congreso norteamericano o cuando recibe a jefes de Estado, son agentes del FBI, que los distinguimos por su tamaño, por su fortaleza y por el número de aparatos que trae en la cabeza; pero son gentes del servicio civil y no se necesitan mil 800.

Si me permiten, yo terminaría diciendo:...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:... que lo que se requiere es un rediseño de las Fuerzas Armadas. Hemos planteado una reforma constitucional en materia de derechos humanos, según la cual el fuero militar no se aplica en tiempos de paz, porque son acciones de disciplina interna que no tienen que ver con las acciones de guerra.

Segundo. Hacer un diseño para que sean asegurados los servicios de garantía a la seguridad de la Presidencia de la República, los servicios de movilidad y los servicios aéreos que ahora están dispersados con un mínimo de gasto y con autoridades civiles responsables y especializadas.

No sigamos legislando por chisguete. Hagamos un rediseño de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Muñoz Ledo. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, como ya disminuyeron a 3 minutos el tiempo, entonces ahora tenemos que ir en relevos australianos aquí a la tribuna.

Miren, es evidente que tiene que desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Somos viejos conocidos el Estado Mayor Presidencial y yo. Si hay un espacio de impunidad en este país, además del Poder Judicial es el del Estado Mayor Presidencial. Son militares, no traen nunca el nombre, no traen graduación, andan de negro, traen gorrita –yo tengo ahí algunas, si quieren un día les presto algunas– y hacen tropelía y media, bajo el pretexto de cuidar a quien está al frente del Poder Ejecutivo federal.

No tienen ningún control, hacen labor de espionaje, labor de inteligencia –dicen-, hacen labor de muy diverso tipo. Está cada vez más grande el número de ese cuerpo militar, dentro del cuerpo militar y el nivel de acciones atrabiliarias que es enorme. Claro, García Luna ha superado con mucho el nivel de prepotencia y de asesinatos que se pueden desarrollar desde el poder en este país.

Pero el Estado Mayor Presidencial sí obliga, como aquí lo planteó el diputado Muñoz Ledo, a una profunda reflexión de la necesidad de replantearse el manejo y la estructura legal de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Cualquier democracia, aquí no se ha alcanzado, por supuesto, ese estadio, tiene civiles al frente de las responsabilidades militares. Aquí no sólo no son civiles, sino se fortalecen y no se tocan. Tenemos el caso de que esta soberanía ni siquiera, hay tres funcionarios del gobierno usurpador que no pueden venir, unos son de carrera y los trato con respeto que es el caso del Ejército, pero el secretario de la Defensa no viene nunca a dar cuentas aquí, mucho menos la gente del Estado Mayor Presidencial.

El otro que no viene es Lozano, porque al igual que Calderón ya no puede poner un pie en este Congreso, y el otro que no viene es el propio Calderón que se robó la Presidencia. Entonces, tenemos una situación cada vez de mayor simulación, cada vez de mayor discrecionalidad, cada vez de mayor rompimiento del marco legal, cada vez de mayor atropello a derechos y garantías constitucionales, y si hay un cuerpo que se ha especializado en violentar derechos y garantías constitucionales, es el Estado Mayor Presidencial.

Desde 1968 que intervino la represión en contra del movimiento estudiantil del 2 de octubre, el Estado Mayor Presidencial debió haber desaparecido. Los crímenes que se cometieron en contra de población civil y de jóvenes que buscaban la apertura democrática en este país eran motivo y razón suficiente para su desaparición.

Desde 1968 se le debe dar respuesta a ese agravio al pueblo de México y me parece que es un error gravísimo de la comisión simplemente desestimar el planteamiento y decir que no procede la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Hoy más que nunca debe desaparecer ese cuerpo y debe rehacerse la estructura legal en torno a las Fuerzas Armadas del país. Muchas gracias compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Fernández. En términos del artículo 106 y en virtud de que han hablado tres oradores en un mismo sentido, es decir, en contra, consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias.

Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación nominal en conjunto.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Comisión de Economía.

Está mal referenciado, es en realidad aquí puntos de acuerdo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 de la Ley General de Población

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos; 39, fracción 1 y 2, 45 fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente dictamen respecto de la iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103, de la Ley General de Población, bajo los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 23 de febrero de 2010 se presentó la iniciativa que reforma el artículo 76 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que en esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: túrnese a las Comisiones unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa del proponente, pretende modificar el artículo 76 de la Ley General de Población, con el objetivo de rediseñar las facultades de la Secretaría de Gobernación en materia migratoria.

Consideraciones

Esta comisión, posterior al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, emite los siguientes argumentos por los cuales se considera que no es viable la aprobación de la Iniciativa de ley de referencia:

Primero. La mayoría de las fracciones propuestas en la iniciativa que atribuye facultades a la Secretaría de Gobernación en materia de Emigración, en su mayoría ya están consideradas en otros artículos de la actual Ley General de Población, y que algunas de estas atribuciones, superan los ámbitos facultativos plasmados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I. Analizar y diagnosticar las causas, el impacto y las implicaciones sociales y económicas que ocasionan la emigración de mexicanos: como son la falta de oportunidades de empleo adecuadamente remunerado, la pobreza social y alimentaria, entre otros, para determinar medidas de solución, regulación y desarrollo.

En el segundo apartado –lo que está resaltado en negritas– excede el ámbito de atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Lo relacionado con el empleo en el territorio nacional es competencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública esta secretaría tienen la facultad de “estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país” (artículo 40, fracción XVII).

II. Establecer y aplicar, con estricta vigilancia y justicia, las leyes y políticas migratorias con respeto absoluto de los derechos humanos y civiles, a la integridad y seguridad de los que emigran y de sus familias, así como al derecho al asilo y refugio según los acuerdos y convenciones internacionales.

III. Velar por los mexicanos, para precisar las medidas legales necesarias, en colaboración con la SRE , para la obtención de las visas suficientes o especiales para los migrantes en general,determinadas formas de ocupación laboral y del trabajo temporal, como de la situación de indocumentados establecidos.

Es facultad exclusiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores la conducción de la política exterior mexicana, por lo que la participación del INM en el ámbito de la obtención de visas para los migrantes nacionales, se ve restringida a nivel de colaboración.

IV. Determinar medidas efectivas para combatir a las organizaciones delictuosas y criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, al todo sometimiento de esclavitud disfrazada, como al uso de documentación falsa, fortaleciendo el orden y la seguridad en las fronteras norte y sur de México.

La facultad para combatir a las organizaciones delictuosas y criminales corresponde a la Procuraduría General de la República, por medio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

V. Establecer las políticas, el marco legal y la normatividad para la prevención, penalización, persecución del delito de trata de migrantes mexicanos, la inseguridad, como la protección de los mismos, especialmente de las niñas, los niños y las mujeres.

Quien establece las políticas en estos ámbitos, como lo establece la Ley Orgánica de Administración Públicas Federal, es la Secretaría de Seguridad Pública, ésta tiene la atribución de “proponer en el seno de la del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional” (fracción VI; artículo 30 Bis).

Segundo. Que las fracciones propuestas ya se encuentran estipuladas en la Ley General de Población:

I. Analizar y diagnosticar las causas, el impacto y las implicaciones sociales y económicas que ocasionan la emigración de mexicanos: como son la falta de oportunidades de empleo adecuadamente remunerado, la pobreza social y alimentaria, entre otros, para determinar medidas de solución, regulación y desa-rrollo.

El primer apartado de esta fracción hace mención a una facultad ya atribuida a la secretaría, en la fracción primera del artículo 76 de la Ley General de Población, la cual se expresa en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación –artículo 68, fracción II– donde se estipula que la Coordinación de Planeación e Investigaciones del INM es la encargada de “investigar, analizar y realizar estudios de los fenómenos migratorios mundiales y nacionales, apoyándose en el centro de estudios migratorios”.

III. Velar por los mexicanos para precisar las medidas legales necesarias, en colaboración con la SRE, para la obtención de las visas suficientes o especiales para los migrantes en general, determinadas formas de ocupación laboral y del trabajo temporal, como de la situación de indocumentados establecidos.

Esta fracción se encuentra, en términos generales, cobijada por la fracción II del artículo 76 de la Ley General de Población, el cual determina como facultad de la Secretaría de Gobernación “Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de emigrantes mexicanos”  y además que la expedición de visas de trabajo compete a los gobiernos extranjeros, más que a una gestión que se lleve a cabo por conducto de la Secretaría de Gobernación ante la Cancillería.

Tercero. Que tres de los numerales (VI, VII y IX) propuestos en la iniciativa superan el ámbito de la emigración, vinculando ámbitos facultativos a la Secretaría de Gobernación asociados a la repatriación, a las remesas y a la reinserción; en el apartado de la Ley donde se aborda exclusivamente las facultades de la Secretaría en lo relacionado con el fenómeno de la emigración.

Todos los mexicanos, tienen derecho a recibir la educación básica que otorga el estado, y a la obtención de un trabajo, conceptos que han sido ya regulados y establecidos en nuestra Constitución Política, y que si bien el retorno de los connacionales, implica llevar a cabo la implementación de políticas que les garanticen el acceso a estas garantías ya establecidas en la Constitución Política, consideramos que no debemos de hacer una ley tan específica que implique problemas en la aplicación de la misma, ya que ante nuestras leyes todos somos iguales y tenemos el mismo derecho de acceso a los beneficios que se nos otorgan, siempre y cuando cumplamos con los requisitos establecidos.

Que en cuanto a dar un uso más eficiente a las remesas, mediante la promoción de políticas, medidas públicas y financieras, es un tema que debemos recordar escapada de las atribuciones que le competen a una dependencia, si se habla de un tipo de cambio preferencial en cuanto a las mismas, ya que esto se establece mediante operaciones financieras en las cuales los precios los fija la oferta y demanda, y que los clubes de migrantes se apoyan en sus redes para invertir recursos en sus comunidades de origen mediante programas como el 3x1 para migrantes, y otros de inversión con los cuales vienen operando de hace tiempo, por lo cual el establecimiento de este tipo de textos ocasionaría dificultades para la implementación de las acciones actuales.

Los integrantes de esta comisión consideramos, que aprobar una reforma como la propuesta, estaríamos otorgando facultades a otras áreas que no fueron creadas para llevarlas a cabo, se caería en un conflicto de atribuciones que determinara quien tiene facultades, y más aún cuando la reforma implica modificaciones que deben ir más allá de sólo afectar a la Ley General de Población.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 76 de la Ley General de Población, presentada por el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI.

Segundo. Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgnina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Están a discusión los puntos de acuerdo.

En virtud de que no hay orador registrado se consideran suficientemente discutidos. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de estos puntos de acuerdo y el que se ha reservado.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los puntos de acuerdo.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Está abierto el sistema para que puedan votar. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema. De viva voz, el diputado Zambrano.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, diputado.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 304 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo por 304 votos.Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

ESTADOS DE CHIHUAHUA Y SONORA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el referido a proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre natural en los estados de Chihuahua y Sonora, suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Hasta por 5 minutos y está corriendo el tiempo.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón:Muchas gracias, compañero presidente y paisano, también. Muy buenas tardes compañeros diputados y compañeras diputadas de esta Legislatura.

Vengo a hablar por una voz que, ahorita, en el norte del país quiere ser escuchada. Vengo a hablar por los productores del sector agropecuario. Vengo a hablar por los campesinos y los jornaleros agrícolas de aquellas regiones.

En días pasados tuvimos un suceso histórico e insólito en el norte del país, donde registramos temperaturas climatológicas de hasta menos 18 grados centígrados, esto obviamente ocasionó en varias regiones de los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas una devastación, que más bien es una catástrofe sin precedente.

Esta catástrofe fue ocasionada por el frente frío número 26 y los daños han sido incuantificables hasta la fecha. Ahorita, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados han estado trabajando para tener lo antes posible un resultado respecto de estos eventos.

La afectación al ciclo agrícola otoño-invierno resulta catastrófica, por lo que se requiere la desviación financiera del gobierno federal y estatal.

He de rescatar y destacar la coordinación entre autoridades federales y estatales, para atender oportunamente y de manera inmediata fenómenos climatológicos extremos que a últimas fechas han sido recurrentes.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha anunciado los primeros apoyos para reactivar el campo en estos estados. Acciones tales, como acelerar la firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

Les voy a pedir a mis compañeros que me pongan atención, porque éste es un tema muy importante para el sector productivo y agropecuario de este país.

Acelerar la firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de posibilitar la asignación de 260 millones de pesos para paquetes tecnológicos que apoyen el programa de resiembra. La disponibilidad de semilla para resembrar cultivos de maíz, sorgo, cártamo, ajonjolí y cultivos forrajeros en las próximas 3 semanas. El pago por adelantado de Procampo y del Progan, así como la declaratoria de siniestro por parte de la Conagua.

En el caso del estado de Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil ha señalado que fue un estado en su totalidad afectado por estos eventos climatológicos. Al momento se sabe que fueron afectadas, por citar un ejemplo, en su totalidad, más de 36 mil hectáreas de cultivos, principalmente en la zona del Fuerte Mayo, así como el 70 por ciento de la superficie de hortalizas de la entidad resultó dañada, y en el caso de las 285 mil hectáreas de trigo habrá que esperar para conocer su afectación.

En el Valle del Mayo y del Yaqui se vieron siniestradas 18 mil hectáreas de maíz. En el Valle de Guaymas el cultivo de calabaza sufrió una afectación de 55 por ciento y la costa de Hermosillo, principalmente, se vieron perjudicada en un 20 a 30 por ciento, las 10 mil hectáreas de garbanzo.

Pero no sólo los daños a los campos de cultivo son de considerarse, sino la pérdida del trabajo, por citar un ejemplo otra vez, de por lo menos 7 mil 500 jornaleros únicamente en la zona del Fuerte Mayo, para citarles otro ejemplo.

Como diputada federal quiero manifestar mi preocupación por esta situación, mi compromiso y también mi disposición, para que la Cámara de Diputados trabaje con los distintos órdenes de gobierno, con las diversas dependencias y con las comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados, a fin de poder contribuir a que el sector agrícola del norte del país se reincorpore a su desempeño productivo habitual.

Finalmente, si bien se cuenta con la atención por parte de las instituciones, autoridades de gobierno frente a estos eventos atmosféricos, quiero hacer hincapié en la necesidad de que fortalezcamos y promovamos más ampliamente esquemas de riesgo compartido con los productores y demás agentes del sector rural, con la finalidad de cubrir los costos de los cultivos; evitar la descapitalización de los productores; permitir recuperar parte de la utilidad esperada y posibilitar una mayor y mejor reincorporación de los productores a sus actividades; esto como parte de una tarea preventiva ante este tipo de contingencias.

Por último, quiero señalar que esta catástrofe no sólo afecta a los pequeños y grandes productores del país, sino también a los jornaleros, a la sociedad rural, pero sobre todo a todos los mexicanos, entendiendo que la devastación fue directamente para el sector alimentario.

En los últimos años, compañeros y compañeras que me ponen atención y también los que no me ponen, hemos sufrido varios desastres naturales en el país y todos nos hemos solidarizado. Yo sé que ésta no será la excepción y todos nuestros productores del norte del país contamos con su apoyo porque el campo, la sociedad rural y el sector agropecuario hoy nos necesitan. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada paisana. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Sí, señor, nada más con lo que dice el artículo 113, fracción I, la fracción parlamentaria del PRI ha solicitado hacer uso de la palabra, respecto del Reglamento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nos acaban de informar, efectivamente en este momento, que ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh. Sin embargo, primero tendremos que consultar a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Con todo respeto, señor presidente, el promovente o los promoventes de este punto de acuerdo, está muy claramente establecido quienes fueron. ¿Por qué subió otra oradora que no era promovente, aunque solidariamente todas las fracciones parlamentarias estamos de acuerdo en este punto de urgente u obvia resolución?

No cambiemos el orden que debe prevalecer también en este tipo de puntos de acuerdo, en el que todos coincidimos que hay que solidarizarnos y hay que hacer la declaratoria, tanto para el estado de Sonora –que es al único que por cierto se refirió- como para el estado de Chihuahua –que no lo mencionó–, que es el fondo de lo que se pidió por todas las fracciones parlamentarias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado, no estamos negando la palabra al diputado Díaz Brown de ninguna manera. Nada más que insisto, en términos del procedimiento establecido en el artículo 100, primero consultaremos a la asamblea si se considera de urgente resolución. Si así lo considera la asamblea en votación económica, de inmediato le daremos la palabra al diputado, de acuerdo con el 103.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Señor presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Pompa y después el diputado Escudero.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Señor presidente, con facultades en los artículos 103 y 115 –no voy a entrar al alegato de si se aplica o no se aplica el Reglamento-, de acuerdo a ello, yo haría una moción para que se sujetaran a lo que estamos leyendo y aprobando en estos momentos.

La compañera, a quien le agradezco se haya sumado al punto de acuerdo que hemos presentado los diputados de Sonora y de Chihuahua, y que hizo suyo toda la Cámara de Diputados, se refiere a otros aspectos. En todo caso que le den lectura al punto de acuerdo que estamos aprobando, porque se tocó otro tema.

Lo preocupante, señor presidente, es que se le permita subir a diputados sin estar inscritos y cuando nosotros queremos subir nos quieran aplicar otro tipo de criterio. En todo caso, señor presidente, y siendo ésta una petición tan noble, tan urgente y tan necesaria para Sonora, para Chihuahua, para Sinaloa y el resto de los estados del norte, no lo echemos a perder con este tipo de actitudes y que se suban los que lo quieran apoyar, y que se apruebe en los términos que lo aprobó la Junta de Coordinación Política. Así de sencillo. Ahí van las firmas de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En obvio de tiempo y porque luego, en verdad, perdemos muchísimo más tiempo en discutir cuestiones de procedimiento, vamos, le voy a otorgar el uso de la palabra al diputado Rogelio Díaz Brown, para que exponga sus consideraciones en tribuna.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh:Muchas gracias. Agradecemos el apoyo y por el tiempo vamos a leer lo que es el punto de acuerdo, lo que nos trae.

Con punto de acuerdo por el exhorto al Ejecutivo federal a emitir, por la Secretaría de Gobierno, la declaratoria de desastre natural en Chihuahua y Sonora, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, número 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente acuerdo:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre natural en los estados de Chihuahua y Sonora, así como sean aplicados oportunamente los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, de acuerdo con lo convenido con la Secretaría de Gobierno.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría competente del gobierno federal a brindar la debida atención y medidas auxiliares a las familias de dichos estados, empleando estrategias emergentes, así como destinar recursos extraordinarios suficientes, aplicándose todos estos de manera coordinada con las autoridades del gobierno.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a que se tomen las acciones conducentes, a fin de llevar a cabo la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, de energía eléctrica, y que se garantice el abasto de combustible en estos estados.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que otorgue a los consumidores de dichos estados un subsidio del 40 por ciento al gasto del gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, y descuentos en los mismos montos en las tarifas eléctricas.

Quinto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones gestione las medidas para la aplicación de los seguros agrícolas aplicables en los cultivos dañados por las heladas, tales como el maíz, cártamo, trigo, papa, garbanzo, calabaza, chile, sandía, frijol, tomatillo, tomate y mango, a fin de resarcir parte de los efectos negativos que enfrentan las familias jornaleras del estado de Sonora.

Sexto. Se exhorta a las autoridades competentes a que lleven a cabo la aplicación de las medidas precautorias para evitar la falta de abasto de los productos mencionados en el mercado nacional, a fin de evitar un incremento en los precios finales de estos cultivos en áreas no dañadas a la economía familiar.

Firmado por los diputados de la Junta de Coordinación Política. Les agradecemos mucho los chihuahuenses y los sonorenses por todo el apoyo, por el apoyo que nos están dando. De veras es una situación muy crítica la que estamos viviendo y no es exageración. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Segob la declaratoria de desastre natural en Chihuahua y Sonora, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios

Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de desastre natural en los estados de Chihuahua y Sonora, así como que sean aplicados oportunamente los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, de acuerdo con lo convenido con la Secretaría de Gobernación.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías competentes del gobierno federal brindar la debida atención y medidas de auxilio a las familias de dichos estados, empleando estrategias emergentes, así como destinar recursos extraordinarios suficientes, aplicándose todos estos de manera coordinada con las autoridades de los gobiernos.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, se tomen las acciones conducentes a fin de llevar a cabo la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, de energía eléctrica y que se garantice el abasto de combustible en estos estados.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que otorgue a los consumidores de dichos estados un subsidio del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, y un descuento del mismo monto en las tarifas eléctricas.

Quinto. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, gestione la autorización para la aplicación de los seguros agrícolas aplicables en los cultivos dañados por las heladas, tales como maíz, cártamo, trigo, papa, garbanzo, calabaza, chile, sandía, frijol, tomatillo, tomate y mango, a fin de resarcir parte de los efectos negativos que enfrentan las familias jornaleras del estado de Sonora.

Sexto. Se exhorta a las autoridades competentes, lleven a cabo la aplicación de medidas precautorias para evitar la falta de abasto de los productos mencionados en el mercado nacional, a fin de evitar un incremento en los precios finales de estos cultivos en aras de no dañar las economías familiares.

Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Sí, diputado Avelino Méndez.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Me permito hacer un agregado al punto de acuerdo, porque no nada más es Sonora y Chihuahua, también es Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, en este punto, es un proyecto de resolución que se emitió a la consideración de la asamblea, que ya viene consensuado, pero ahorita lo consideramos. Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Para advertir que lo que pide el diputado es un punto aprobado también por la Junta de Coordinación Política en la sesión anterior pasada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es decir, ya está consensuado y votado en los términos en que efectivamente lo ha presentado el diputado Pérez Cuevas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el punto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con gusto, diputado presidente. Se pregunta a la asamblea si el punto es considerado de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se considera de urgente resolución. Se pregunta a la asamblea si hay algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En virtud de que el punto de acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta y se le ha dado lectura aquí en voz del diputado Díaz Brown, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo referido.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con gusto, diputado presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, invitados por la diputada Sandra Ugalde Basaldúa. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Escudero. Sonido a la curul del diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, si nos ilustra a la asamblea qué estamos votando, porque usted hace un momento sometió a votación de urgente u obvia resolución de manera económica. Se concedió por la asamblea.

Luego, usted preguntó que si era aprobado, para extrañeza de toda la asamblea porque era una votación nominal. Volvimos a votar que sí.

Se hicieron dos votaciones y ahora hacemos una nominal, entonces simplemente solicitar que nos aclare en qué estamos, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Cómo no, diputado Escudero. La consulta que se hizo a la asamblea era de si se consideraba de urgente resolución; ésa fue la votación que se hizo. Ahora lo que estamos haciendo es votar el contenido del punto de acuerdo considerado por la asamblea como de urgente resolución. Si la asamblea hubiese dicho que no es de urgente resolución pues no estuviéramos ahorita en esta votación nominal.

Se preguntó incluso si había oradores, compañeras o compañeros diputados que quisieran inscribirse para participar en la deliberación de este punto de acuerdo. Nadie lo hizo. Entonces se consideró suficientemente discutido. Fue la votación que luego se hizo. Suficientemente discutido.

Ahora, estamos votando el contenido del punto de acuerdo, en votación nominal, de acuerdo con el Reglamento vigente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Con el trámite como nos lo menciona ahora creo que es correcto. Hablo por la asamblea. De mi parte entendimos que la segunda votación era si aprobábamos. Usted ya está corrigiendo en este momento. Adelante. Creo que es el trámite correcto, ahora sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Nos estamos entendiendo.

(Votación)

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Pregunto si falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto. El tablero continúa abierto. ¿Alguna diputada o algún diputado que falta de emitir su voto? Diputado José Narro, de viva voz.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputado presidente, se emitieron 319 votos... De viva voz.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal(desde la curul): A favor.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz(desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Fuentes Cortés(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputado presidente, se emitieron 326 votos a favor, ninguno en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado por unanimidad, comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del diputado Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, en relación con el segundo de los puntos propuestos como de urgente u obvia resolución.

ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente se retire del orden del día de la sesión correspondiente al 10 de enero del 2011, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas a investigar y, en su caso, castigar a los culpables del accidente en el que fallecieron 20 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como la delegación de dicho Instituto en el estado de Chiapas, a pagar las indemnizaciones correspondientes a los familiares de los derechohabientes fallecidos, ocurrido en Ocozocoautla, Chiapas, el pasado 28 de febrero de 2010, a cargo del que suscribe la presente.

Sin otro particular, un cordial saludo.

Palacio Legislativo, a 10 de febrero de 2011.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sí, diputado Del Mazo. Sonido a la curul del diputado Del Mazo.

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): Si me permite, presidente, hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ha retirado el punto usted mismo, pero bueno, adelante, luego invertimos más tiempo en discutir si le damos curso a las cosas así. Adelante, diputado.

El diputado Gerardo del Mazo Morales:Gracias, presidente. Diputadas y diputados, quiero expresar mi reconocimiento a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a la Junta de Coordinación Política por su sensibilidad al permitirnos incorporar este punto de acuerdo en el orden del día, y hacer del conocimiento de todos ustedes que recibimos con beneplácito una copia de la minuta de acuerdos entre las partes, de la reunión que se celebró el día de ayer, en la cual se plasmaron los compromisos entre autoridades, la aseguradora y afectados.

Es por este motivo que retiro nuestro punto de acuerdo, ya que celebramos que gobiernos y afectados tengan un compromiso que refleje con justicia el calvario que han vivido esta familias chiapanecas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Del Mazo. Queda por retirada su proposición.

En virtud de que...

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Sólo para efecto de validar el proceso legislativo respecto de este punto, conforme al nuevo Reglamento y evitar que pueda haber alguna confusión en el pleno, porque este punto lo ha asumido como suyo la Junta de Coordinación Política por acuerdo de todos los coordinadores parlamentarios.

En este momento el promovente retira su punto, la Junta de Coordinación no tiene inconveniente, pero es la Junta de Coordinación la que retiraría el punto una vez que se queda sin sustento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Efectivamente, ha quedado sin materia el punto propuesto, y ése es el motivo de su retiro y entendemos que la Junta de Coordinación Política así lo asume.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para respetuosamente volver a aclarar, si escuché bien al diputado que hizo uso de la palabra, puesto que él dividió en dos partes lo que todos los partidos políticos signamos para que se tratase como un tema de urgente u obvia resolución.

Una parte tenía que ver con una investigación a la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas, por si hubiese responsabilidades en torno a la muerte de estas personas. Otra parte de este mismo acuerdo de la Junta de Coordinación Política era la de la indemnización que se les diera a los deudos.

Lo que escuché fue que el diputado promovente comentó y subrayó que estaba satisfecha la parte porque le fue comunicado el día de ayer en cuanto al monto económico que los deudos recibieron, pero no escuché que estuviera pidiendo el retiro total del punto de urgente u obvia resolución, y que se respetara el exhorto a la Procuraduría en el estado para que hiciese la investigación respectiva. Es cuando, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El promovente lo ha retirado en su conjunto y ciertamente la Junta lo acordó en el sentido de inscribirlo como de urgente resolución, no es que lo haya hecho per se suyo.

El promovente del punto de acuerdo que contiene efectivamente esos dos grandes apartados, a los que el diputado Martel ha hecho referencia, ha retirado su propia proposición en su conjunto y no hay más que esa propuesta que él mismo hizo. Se considera en ese sentido retirado.

En virtud de que los jueves hemos realizado las reuniones hasta las 3 de la tarde y ya son las 4 con 10, consulto a la asamblea directamente si el punto de agenda política, que es el siguiente, es de abordarse en los términos en que está el orden del día.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si continuamos el orden del día acordado o por razones mismas del tiempo que nos hemos dado, suspendemos aquí la sesión.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si continuamos con el orden del día que es agenda política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, continuamos. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política y se va a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 64, numeral 1, del Reglamento de la Cámnara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente que consulte al pleno sobre la incorporación del siguiente asunto, en el segundo lugar del apartado de “Agenda política” de la sesión de hoy:

“Comentarios relativos a la situación de seguridad alimentaria del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.”

Lo anterior en sustitución del registrado como “Comentarios relativos a la situación de seguridad del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 65 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado.Se modifica en los términos referidos.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es comentarios en relación con los nuevos asesinatos en Villas de Salvácar en Ciudad Juárez, Chihuahua que demuestran el fracaso del gobierno federal.

Tiene la palabra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 10 minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, ya les iba a echar la aburridora si votaban de que no se abordara la agenda política, por como son algunos muy celosos del rendimiento parlamentario.

Creo que esta fotografía que les voy a enseñar no va a causar el mismo impacto que las lonas que he sacado, es una pena que no cause la misma indignación.

Esta jovencita que ven aquí, Karina Ivette Ibarra Soria, tenía 16 años, recibió 5 tiros de bala por la Policía Federal, 5 tiros de bala y fue asesinada hace unos días apenas.

Este joven que ven aquí, que dice: “que hablen los muros lo que las balas callan. Mi patria me ha abandonado”, es otro joven que unos días después de hacer esa pinta fue asesinado en Ciudad Juárez, junto con 6 jóvenes más cuando jugaban futbol, el 23 de enero de este año.

Es que el PAN se indigna tanto de ver esta jovencita asesinada de 16 años por la policía que encabeza García Luna, que se van de la gran rabia que les causa.

Entonces, fíjense lo que es la vida. Este tipo de cosas no le mueve una pestaña a la fracción del partido que usurpa la Presidencia de la República. Esto fue casi un año después de que 15 jóvenes fueron asesinados en Salvácar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y estos jóvenes su asesinato sigue impune, no ha pasado absolutamente nada.

Calderón fue a instalar el programa de Todos somos Juárez, y el resultado ha sido que se incrementó en 25 por ciento el número de asesinatos, 216 asesinatos más hubo en Ciudad Juárez. El fracaso del programa es de tal magnitud...  Me quedé corto; pasó de 2 mil 600 en 2009 a 3 mil 60 el año pasado.

La masacre sigue impune, la madre de 2 de los jóvenes, Luz María, que pidió a Calderón que buscara a los asesinos, porque si sus hijos hubieran sido asesinados los buscaría debajo de las piedras, sigue esperando justicia en este país.

La verdad es que es gravísimo, el 12 de marzo de 2010 un grupo armado llegó a un velorio y disparó contra los asistentes, murieron 8 personas, entre ellos un joven de 16 y uno de 28 años. El 3 de junio de 2010, 4 jóvenes fueron asesinados y 2 resultaron heridos en una cancha de basquetbol, en el área deportiva de la unidad habitacional Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez, y el 22 de octubre de 2010 fue cuando se dio esta masacre de los 14 jóvenes. Esto es en la colonia Horizontes del Sur, además de los de Salvácar.

El 23 de enero –como ya lo dije– de 2011, 7 jóvenes fueron asesinados por un grupo armado mientras jugaban futbol. Así es que no se ha logrado dar seguridad, tranquilidad a la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Si ustedes viajan a aquella ciudad fronteriza se dan cuenta que desde las 7 de la noche la gente ya está en sus hogares, porque no hay posibilidades de que tengan la seguridad de volver a su casa. La vida nocturna prácticamente ha desa-parecido y todo mundo está preocupado de que pueda ser asesinado, de que pueda ser secuestrado, de que pueda ser vulnerado en sus derechos más elementales. La verdad es que el fracaso del gobierno usurpador es brutal.

Y por si esto no fuera suficiente para la colección de barbaridades que suceden en esta zona del país, el 23 de enero,  Álvaro Sandoval de 50 años de edad, impidió que su familia fuera ejecutada por tres delincuentes, a quienes mató en defensa propia. Diecisiete días después, sin protección oficial alguna, fue asesinado en el interior de su propio domicilio en el estado de Chihuahua. Junto con Sandoval, conocido como El Héroe de Juárez, fue ejecutada su esposa Griselda Alvarado, confirmó la Fiscalía General del estado en la zona norte.

¿Cuánta sangre más necesita Calderón para mantenerse al frente de un gobierno que el voto de la ciudadanía no le dio? ¿Cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos menores? ¿Van a seguir diciendo frente a este tipo de atrocidades que son daños colaterales? ¿Y qué le dicen a la madre de Karina Ivette Ibarra Soria? La verdad es que es increíble la hipocresía que priva fundamentalmente en las filas de la derecha representada por Acción Nacional.

Si las cámaras se enfocarán en este momento a la bancada de Acción Nacional, no está. No están nunca aunque estén presentes. Pero hoy ni siquiera están en presencia. Se han ido porque no tienen cara con qué responder a este tipo de agravios, a estos asesinatos, a estas masacres, a esta impunidad.

García Luna –como lo he sostenido permanentemente en tribuna- es uno de los criminales más peligrosos que hay en el país y está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Es responsable, entre otras cosas, del asesinato de esta jovencita y de secuestros que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional.

A mí me parece que hoy Acción Nacional no anunció que se iba a ir. Hoy no dijo indignado que porque había una lona que decía que quien usurpa la presidencia de la República tiene problemas de alcoholismo se iba de la sesión. Hoy simplemente de manera silenciosa han abandonado el salón de sesiones.

Ellos que gritaban que querían la discusión, que querían el debate, que querían la productividad, que querían el rendimiento en esta Cámara de Diputados, ahí está su comportamiento. Ahí está su ausencia. Ahí está su falta de responsabilidad. Ahí está su verdadero rostro: el de la hipocresía, el de la desvergüenza, el de la indolencia, el de que no les duele el dolor y el sufrimiento del pueblo de México.

Muchos de ellos son padres de familia, ¿cómo pueden ser insensibles al dolor de todas estas familias enlutadas, y masacrados sus hijos sin oportunidades? No tenían oportunidades de nada: de educación, de trabajo, de desarrollo y fue cortada su vida, cegada de manera brutal. ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos?

Quiero concluir, compañeros diputados, compañeras diputadas, planteándoles que ya he mencionado en esta tribuna que iba a llegar el momento en que iban a ser diputados y diputadas los asesinados y ya ha sucedido.

Ya ha habido ataques en contra de legisladores que han perdido su vida por la situación de brutal violencia e inseguridad, generada por la irresponsabilidad de Calderón que dijo que declaraba una guerra contra el narco y luego dice que no la declaró. Las lagunas mentales son una buena demostración de los problemas que tiene.

Entonces, la verdad es que es terrible lo que está pasando y la verdad es que es más grave que se cuiden las formas y en el fondo no importe lo que le está sucediendo al pueblo de México. No importe todo este sufrimiento, no importe este baño de sangre, no importe esta impunidad, no importe esta ilegalidad, no importen todas estas masacres. La verdad es que es terrible.

A mí me indigna sobremanera y seguiré insistiendo, aunque parezca voces aisladas, aunque parezca que son pocas las voces que en este espacio están preocupados de esta situación, me parece que tenemos que hacer todo para que esto no siga sucediendo, para que los responsables estén en la cárcel, para que García Luna esté en la cárcel, para que Calderón esté en la cárcel, que es donde debería estar y no al frente de las responsabilidades públicas del país.

Agradezco mucho por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se han inscrito, entiendo, para participar, los diputados Víctor Castro Cosío por el PRD, el diputado Jaime Cárdenas por el PT, la diputada Teresa Inchaústegui por el PRD...

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿El diputado Carlos Pérez Cuevas por el PAN, para inscribirse en la lista? A ver, ¿con qué objeto? Diputado Pérez Cuevas, desde su curul. Sonido a la curul del diputado Pérez Cuevas. Adelante.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. La bancada de Acción Nacional ha venido a este Congreso a construir, a dialogar, a encontrar los consensos necesarios por el bien del país.

Cuando se miente se denigra a este Congreso, cuando se agrede y se ataca sin pruebas, ése no es el debate que se tiene que dar, por tanto, la bancada no estará presente cuando no haya temas de debate y argumentos por la construcción del país.

Sólo era para dejar claro que por eso se ha retirado la bancada, porque cuando se agrede, se denigra sin pruebas no es un debate. De palabras necias hay que hacer oídos sordos. Construyamos las reformas, los acuerdos, las leyes y en ese tema estaremos debatiendo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene la palabra el diputado Víctor Castro Cosío del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Adelante.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo creo que hoy debiéramos todos, con esta actitud del panismo, con una doble moral, con una manera tan irresponsable de seguir evadiendo cuando debían ser los primeros en dar la cara ante los problemas que se presentan.

Aquí a nadie se ha insultado. Es una vergüenza de nuevo, cómo un grupo parlamentario ha venido exigiendo mayor productividad, debate. Ha venido exigiendo y planteando la necesidad de enfrentar aquí, en la Cámara de Diputados, desde la tribuna y con argumentos, y cuando no los tienen, han vuelto a hacer lo mismo de siempre, evadir su responsabilidad de debatir.

Nadie aquí les ha dicho una palabra que esté fuera de sitio. Si no quieren más pruebas que éstas, ¿qué tenemos que traer acaso a los miles de muertos en este país para que el panismo reaccione y vea el PAN el daño que le está causando a la república una política de seguridad que sólo ha traído dolor a miles y miles de hogares en la nación?  Una política de seguridad que no sólo aquí en este Congreso, en las calles, académicos, sindicalistas, ex presidentes, intelectuales, hemos sostenido que es una política errática y que no ha traído más que sangre, que no hay soluciones de fondo, que la violencia que hay en las calles es resultado de una política no sólo fallida en seguridad pública, sino de una política económica que ha generado más pobreza, más desempleo, que millones de jóvenes en el país no tienen un horizonte distinto más que sumarse a la guerra injusta a donde nos ha llevado esta política del gobierno federal encabezado por Calderón.

Es lo que no quieren oír los panistas. Ellos quieren, tal vez, llevarnos al debate en donde muy modositos les podamos decir que todo va bien, que su política es un éxito, que su política económica no tiene más pobres en este país, que su política en educación no es un fracaso.

Que a caso, compañeros de la nación, este partido que ha traído violencia, pobreza, tiene que venir hoy a dar una muestra más de su irresponsabilidad al evadir el debate y estar el día de mañana exigiendo más productividad en esta Cámara.

¿Por qué este doble discurso? ¿Por qué ser tan inmorales? ¿Por qué evadir una responsabilidad?

Sólo hemos exigido cambio de estrategia en seguridad pública, sólo hemos exigido mayor crecimiento económico. Sólo hemos exigido que actúen con responsabilidad, que se acaben los privilegios insultantes. Mientras la gente está en la pobreza, la clase política vive privilegios de veras insultantes para la mayoría de la nación.

Eso es todo lo que queremos: verdad, congruencia, responsabilidad republicana. Hombre, ¿qué es pedir mucho? Pedirles a estos panistas que corrijan el rumbo de la nación que se está deshaciendo en las manos, que hay una juventud que no cree en las instituciones precisamente por este doble discurso, por esta doble moral. Buenas tardes, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es una lástima que en el pleno no se encuentre el diputado Pérez Cuevas porque él hizo una afirmación que me parece lamentable y que implica no entender para qué es el parlamento.

Él pide pruebas a las afirmaciones que hacemos. Quiero decirle a Pérez Cuevas que estamos en el parlamento, no en un tribunal. En un tribunal sí, cuando se reclama, cuando se ejercita una acción, se opone una excepción o una defensa, se presentan pruebas. La característica del proceso judicial es ejercitar acciones u oponer defensas a través del sistema probatorio.

Pero nosotros no estamos en un auditorio judicial; estamos en un auditorio parlamentario y en los auditorios parlamentarios la libertad de expresión, la libertad de crítica, el señalamiento de defectos o de errores no necesitan venir acompañados por pruebas. Es un tipo de auditorio y de género oratorio distinto.

En el género oratorio judicial, desde la época de Aristóteles sí se requería prueba. Pero en el género oratorio deliberativo o ante la asamblea no requerimos aportar prueba. Es un error de concepción que tiene el panismo y que tiene en particular el diputado Pérez Cuevas.

En cuanto a la política de seguridad, qué les molesta que digamos ¿la verdad?  El Ejército, por ejemplo, que realiza funciones y atribuciones de seguridad pública, no las puede realizar, pero no es porque lo digamos nosotros; no puede realizar tareas de seguridad pública porque la Constitución se lo prohíbe al Ejército. El artículo 21 de la Constitución con toda claridad indica que la seguridad pública es una tarea a cargo de la autoridad civil, no del Ejército.

¿Qué ha hecho el gobierno de Calderón? Emplear a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército, a la Marina en tareas de seguridad pública, cuando la Constitución lo prohíbe.

Dice el diputado Pérez Cuevas que no proponemos nada. Es falso. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto, y está la iniciativa presentada, una reforma al Ministerio Público de este país para que el Ministerio Público sea una institución autónoma del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Judicial.

Hemos propuesto también, en esa reforma de autonomía al Ministerio Público, que la policía esté subordinada al Ministerio Público. No como ocurre ahora, donde García Luna y la Secretaría de Seguridad Pública se mandan solos y no están subordinados al procurador general de la República. Eso nosotros lo hemos propuesto y hasta el momento no hemos recibido respuesta del Partido Acción Nacional.

También hemos presentado distintas iniciativas para reformar al Poder Judicial de este país. ¿Con qué finalidad? Para garantizar los derechos humanos de los habitantes, para ampliar el acceso a la justicia y para garantizar la independencia de los jueces.

También hemos propuesto iniciativas para que los centros de readaptación social sean eso: centros de readaptación social y no escuelas del crimen. Todo eso lo hemos propuesto legislativamente, a través de iniciativas.

Y desde el punto de vista político también hemos hecho propuestas. Hemos pedido la sustitución de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública de este país porque no está cumpliendo con las finalidades constitucionales esa Secretaría; porque ha cubierto al país de un baño de sangre.

Hemos también, en la Comisión de Seguridad Pública –y no me dejará mentir el presidente de la Comisión de Seguridad Pública– la comparecencia de los responsables de la prevención del delito encargados de esa tarea en Seguridad Pública, y hasta la fecha esos funcionarios no han comparecido ante la Comisión de Seguridad Pública, y eso que en la comparecencia de García Luna él se comprometió a que los funcionarios responsables de la prevención del delito comparecerían ante la Comisión de Seguridad Pública.

Nada menos que en la sesión previa, la sesión del martes, hicimos una crítica a las policías privadas. En este país hay cerca de 1 millón de elementos que conforman los cuerpos de la policía privada, y están fuera de control. Fuera del control de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de los gobiernos estatales.

Todo eso hemos propuesto. El panismo se equivoca. No solamente hacemos señalamientos, sino hacemos propuestas y pedimos cambios urgentes. No más sangre. Sí por la transformación del Estado de derecho en México. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui, del PRD.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Muchas gracias, señor presidente.

Pues yo también quiero lamentar la ausencia de la bancada del PAN  y también la ausencia de otros compañeros de otros partidos en este tema, porque la ciudadanía, la población, nos reclama con justa razón la distancia de estas tribunas respecto de sus problemas cotidianos y aquí hay un drama humano muy grande que está pasando enfrente de nosotros, el drama de familias desgarradas de más de 50 mil huérfanos, el drama de jóvenes que están muriendo tanto por las adicciones como por las drogas y el operar de las organizaciones criminales y creo que es nuestra obligación revisar la política de seguridad que a todas luces es fallida.

Los mismos que han estado animando esta política y que han orientado al gobierno federal para tomarla, que son nuestros vecinos del norte, que nos vienen a dar palmaditas para seguir adelante, justamente cuando llevamos 36 mil muertos, también nos dicen que no estamos atinando, también reconocen esto que le llaman la insurgencia criminal, que no es otra cosa que la incrustación y la multiplicación del crimen organizado en la sociedad, en el tejido social, en los jóvenes.

El Comité de Derechos de las Niñas y Niños de la ONU acaba de pedirle al gobierno federal que informe sobre la participación de adolescentes en el narcotráfico. Se considera que hay entre 25 y 30 mil adolescentes reclutados por el narco, hay mujeres ya que les llaman las chicas bond, que ya son sicarias, jovencitas.

¿Y todo esto, por qué? Porque en lugar de que la presencia del Estado esté en las políticas sociales, en la promoción de la educación, en la promoción de la cultura, en la promoción del desarrollo social y que combata realmente en el territorio social la penetración de estas organizaciones, nuestra estrategia es tener a uniformados en las calles. Ésa no es la presencia del Estado que va a terminar con esta ola de criminalidad y de inseguridad y con este holocausto de jóvenes que tenemos en el país.

Yo por eso, verdaderamente les pido, los conmino a que revisemos con seriedad, con amor a la patria, con amor a nuestros jóvenes esta política que no va a ninguna parte, y esto está más allá de partidismos. No es para combatir a un gobierno con todos los cuestionamientos que pueda tener, es para responder a un problema social lacerante, a una llaga que está generando un gran traumatismo en nuestras jóvenes generaciones, en niños y niñas que lo que único que han visto es sangre en las calles.

De verdad, compañeros, yo pido un trabajo muy serio de revisión de esta política para que podamos reencauzar y encontrar sendas en donde pueda caminar nuestra juventud de manera sana. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Incháustegui. En cumplimiento del artículo 101 del Reglamento, y toda vez que han participado dos oradores por los dos grupos parlamentarios que los han inscrito...

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, dígame diputada Dina Herrera, desde curul.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Solamente para hacer un llamado, diputado, a la congruencia y a la unidad legislativa. Hoy tenemos una grave crisis en el país y sabemos que esto pega más a la gente más pobre. Necesitamos trabajar y cumplir con nuestras funciones como diputados y por eso apelo a esa voluntad de los diputados, de todas las diputadas y los diputados para que juntos empecemos a dar respuesta a la problemática que hoy tenemos en el país. Más allá de los intereses de grupo o de partido, primero está el interés de los mexicanos.

Y por eso, nuevamente, hago un llamado para que dejemos atrás esas diferencias a favor de un país al que hoy le urge que se haga justicia. Es nuestro país, México, muy grande y más grande debe ser la voluntad legislativa para sacar adelante toda su problemática. Gracias, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Herrera.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con qué objeto, diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, como han sido muy insistentes en la bancada del PAN de que se aplique el Reglamento a rajatabla, quiero pedirle formalmente a la Mesa Directiva el descuento de las dietas de los diputados que abandonaron la sesión el día de hoy, porque no están cumpliendo con su responsabilidad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se toma nota de su propuesta, para que sea considerada en la Mesa Directiva.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Toda vez que se ha cumplido con el tiempo reglamentario para esta sesión, esta Presidencia informa que en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción, desde luego, de las iniciativas que fueron solicitadas por escrito y que están recogidas aquí en la Mesa Directiva para su inclusión en la próxima sesión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José Del Pilar Córdova Hernández, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. En las áreas de producción de las empresas, y en algunas de servicios, como las que atienden cuidados de la salud así como la vigilancia que requieren las instalaciones ya sean de producción, administración o de mantenimiento, normalmente se labora las 24 horas los 365 días del año.

2. Para que lo anterior sea posible, es común que las empresas tengan jornadas rotativas de turno, y que el personal que desarrolla estas labores trabaje 6 de los siete días de la semana incluyendo el día domingo, aplicando los preceptos contenidos en los artículos 69 y 70 de la misma ley.

3. El artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los trabajadores que presten servicio el domingo, tendrán derecho a una prima adicional de un 25 por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

4. La jornada laboral de los trabajadores de turno, en términos reales, es de 8 horas, en consecuencia, para cubrir un día completo se necesitan tres turnos, es decir, tres trabajadores, los cuales, si laboran el domingo, tendrá derecho cada uno a la prima adicional del 25 por ciento.

5. En el caso del día domingo, si uno de los trabajadores falta, el que iba a ser relevado por el ausente, continuará cubriendo el siguiente turno, es decir, 16 horas consecutivas de trabajo, y si no tiene quien lo sustituya en el siguiente turno, seguirá laborando hasta completar las 24 horas continuas de trabajo, es decir, todo el domingo.

6. Si analizamos lo anterior, con la redacción actual del artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo vigente, este trabajador aunque haya laborado las tres jornadas del día domingo, solo tiene derecho al 25 por ciento de prima dominical, lo cual consideramos injusto, ya que si el día lo hubiesen laborado tres trabajadores distintos (8 horas por cada jornada), cada uno de ellos tendría el derecho a un 25 por ciento.

7. Por esta razón proponemos se especifique en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, que los trabajadores tendrán derecho a la prima dominical de por lo menos el 25 por ciento por cada jornada laborada, remunerando de esta manera el trabajo realizado.

8. Esta adición no afecta económicamente a las empresas, ya que en forma normal, ellos pagan el 25 por ciento a cada trabajador en cada una de las jornadas laboradas el día domingo.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único: Se modifica el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 71. En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo.

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho, por cada jornada laborada, a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2011.— Diputados: José del Pilar Córdova Hernández, María Dina Herrera Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Iniciativa que regula la autorización de cambio de uso de suelo a aquellas actividades realizadas en terrenos preferentemente forestales; a cargo de los diputados Alejandro Carabias Icaza, Guillermo Cueva Sada, Diego Guerrero Rubio, Eduardo Ledesma Romo y Liborio Vidal Aguilar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Problemática

La falta de mecanismos de información constantes, sistemáticos y periódicos de nuestros recursos forestales, que han conducido al desconocimiento de la pérdida y deterioro real de los ecosistemas.

Argumentación

Los recursos forestales, a nivel general, han representado a través de la historia fuentes de riquezas y de bienes y servicios, en donde el hombre ha encontrado protección, sustento y posibilidades para su crecimiento demográfico, apertura de nuevas tierras al cultivo, producción u obtención de diversos insumos o materias primas para su industria.

La falta de mecanismos de información constantes, sistemáticos y periódicos de nuestros recursos naturales, ha conducido al desconocimiento de la pérdida y deterioro real de los ecosistemas así como de las especies de flora y fauna silvestre. Muchos de los impactos en los recursos naturales son evidentes y ponen en riesgo las relaciones económicas, sociales, políticas o de equilibrio entre recursos físicos y biológicos.

Es por ello que los inventarios forestales obedecen a la necesidad de efectuar evaluaciones continuas y periódicas de los recursos forestales, monitoreando –mediante comparaciones de inventarios sucesivos– los cambios y tendencias de dichos recursos. Sus resultados deben proporcionar información de la situación que guardan los recursos forestales y los cambios que se presentan, para apoyar el diseño de políticas, planes y programas para su manejo, conservación y desarrollo sustentable.

El inventario debe relacionar de manera organizada y sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios ambientales. Asimismo, debe proveer, entre otras cosas, la información relativa a los tipos de vegetación forestal, a la superficie y localización de terrenos forestales, así como a la dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita evaluar las tasas de deforestación.

En México el gobierno federal ha concluido cuatro inventarios forestales. El primero se inició en 1961 y se concluyó hasta 1985. De acuerdo con información de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), este inventario se basó en el análisis de fotografías aéreas y un muestreo intensivo de campo pero sólo para las principales zonas arboladas con valor comercial del país. Es importante mencionar que debido a que la cobertura fue parcial, y la falta de un año base al cual referir los resultados de este inventario, hacen imposible el compararlo con los inventarios posteriores y utilizarlo como base para derivar tasas de deforestación.

El segundo inventario fue elaborado por la Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) con base en la Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación serie I del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y mediante la clasificación digital de imágenes de satélite AVHRR, sin muestreo de campo, a este inventario se le denominó Inventario Forestal de Gran Visión 1991. Como productos se obtuvieron mapas de la vegetación forestal del país, clasificada en diez tipos de vegetación forestal y siete de vegetación no forestal.

El tercer inventario se denominó Inventario Nacional Forestal Periódico 1992-1994, el cual fue realizado por la SARH en asociación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); se basó en el análisis de imágenes de satélite Landsat TM y muestreo de campo de baja intensidad. Como resultado se obtuvieron mapas escala 1:250,000 de la vegetación forestal del país y de la zonificación de los terrenos forestales en tres clases o destinos. De acuerdo con el documento obtenido el inventario debería actualizarse cada 10 años.

Sin embargo, a partir del año 2000 la entonces Secretaria de Medio Ambiente, recursos Naturales y Pesca (Semarnap) comisionó a la UNAM la realización de un nuevo inventario forestal nacional, del cual sólo se completó la primera etapa, consistente en la elaboración de una carta de vegetación y uso actual del suelo (escala 1:250,000). En una segunda etapa se haría el trabajo de campo y la evaluación dasométrica. La carta de vegetación se elaboró mediante la interpretación visual de imágenes de satélite Landsat ETM+ adquiridas entre noviembre de 1999 y abril de 2000, y adoptó una clasificación similar a la del Inegi con ocho formaciones de vegetación, subdividida en 17 tipos, 47 comunidades y 28 subcomunidades, para un total de 75 categorías.

Con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFyS), en el año 2003, la Comisión Nacional Forestal inició en 2004 los trabajos para la elaboración de un programa de inventarios nacionales forestales y de suelos. El cual incluye dos componentes complementarios:

• Un estudio satelital anual del índice de cobertura forestal, enfocado esencialmente a cuantificar los cambios en la cobertura forestal del país,

• Y el inventario forestal propiamente dicho, que será actualizado cada cinco años y se elaborará con base en las cartas de uso actual del suelo y vegetación (que produce de manera paralela el Inegi) y en el análisis de imágenes de satélite de alta resolución.

Como productos del inventario deben obtenerse cartas de vegetación forestal en escala 1:250 000 y datos sobre los volúmenes, densidad e incrementos de la vegetación forestal del país. El primer ciclo de este programa de inventarios inició en 2004 y se completó en 2009.

Ante esta situación, es importante destacar que la LGDFyS en su artículo 35, indica que los instrumentos de la política nacional en materia forestal son, entre otros, el Sistema Nacional de Información Forestal, y el inventario nacional forestal y de suelos, los cuales tienen por objeto un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de información cuantitativa y cualitativa de los recursos forestales, vegetación asociada, componentes y características del territorio donde se localiza el bosque.

Asimismo, la ley en su artículo 22 faculta a la Comisión Nacional Forestal, para que integre, monitoreé y mantenga actualizado el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, así como participar en el diseño del mismo. Sin embargo no existe disposición, en la cual se indique la periodicidad con la cual debe efectuarse la actualización de dicho documento. Situación que ha ocasionado que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, sea actualizado por requerimiento expreso del secretario y con limitaciones presupuestales que obstaculizan la elaboración y conclusión del documento. Situación, a la cual se enfrentó el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009.

La importancia de los inventarios forestales, se basan en

• Contar con información cartográfica y estadística de los ecosistemas forestales y de los suelos del país.

• Dar certeza y certidumbre para nuevas políticas nacionales de desarrollo forestal sustentable.

• Impulsar actividades económicas y a la industria forestal a través de información real y de calidad.

• Establecer una política de ordenamientos territoriales comunitarios en todo el país.

• Conocer la superficie potencial para el desarrollo de mercados de servicios ambientales del país.

• Permite que los programas de conservación y restauración se realicen en áreas estratégicas para la recarga de mantos acuíferos.

• Reportar la situación actualizada de los recursos forestales de México, a la sociedad

Es por ello que la presente iniciativa, busca establecer en la ley que se establezca una periodicidad en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, ya que como pudimos ver, en el tercer inventario: Inventario Nacional Forestal Periódico 1992-1994, se determinó su actualización cada diez años, mientras que en el último inventario 2004-2009, se indica su actualización cada cinco años.

La presente iniciativa, también busca que México tenga la información forestal actualizada para que en la evaluación de los recursos forestales mundiales que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sea entregada con oportunidad y con la información más reciente de nuestros bosques y selvas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en cooperación con sus estados miembros (del cual México es parte), realiza evaluaciones de los bosques del mundo cada 5 a 10 años desde 1946. Estas evaluaciones tienen por objeto suministrar información a los encargados de la formulación de políticas en los países para las negociaciones y acuerdos internacionales, además a las organizaciones relacionadas con los bosques y al público en general.

La Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA 2010) abarca siete elementos temáticos de la ordenación forestal sostenible.

• Extensión de los recursos forestales

• Salud forestal

• Diversidad biológica

• Funciones productivas de los recursos forestales

• Funciones protectoras de los recursos forestales

• Funciones socioeconómicas de los recursos forestales

• Marco político, legal e institucional

Por lo anterior, la iniciativa busca que se establezca en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, sea actualizado cada cinco años.

Fundamentación

Fracción II del artículo 71 y fracción XXIX-G del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, numeral 1, fracción I del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Denominación del Proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley General de Desa-rrollo Forestal Sustentable.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue

Artículo 45. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos será actualizado cada cinco años y deberá comprender la siguiente información

I a la IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1. http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/02_vegetacion/recuadros/c_rec3_02. htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputados. Eduardo Ledesma Romo, Diego Guerrero Rubio, Guillermo Cueva Sada, Liborio Vidal Aguilar, Alejandro Carabias Icaza, María Dina Herrera Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La publicidad de comida rápida es la promoción de comida rápida que se realiza a través de diferentes medios de comunicación. Las campañas publicitarias para la comida rápida no se regularizan tanto como para las de otros productos, como la publicidad del alcohol, pero frecuentemente hay llamamientos públicos para tratar de minimizar su promoción, especialmente cuando ésta se dirige a menores.

Algunas cadenas de comida rápida dirigen su publicidad a los niños, un mercado muy importante para ellos: productos que incluyen un juguete generalmente ligado a alguna película infantil reciente son un ejemplo.

Una de las áreas principales de la regulación a que se enfrentan las compañías de comida rápida es la de la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños. En el Reino Unido se propuso la Children’s Food Bill, que regula fuertemente la publicidad de este tipo de comida dirigida a los niños. Muchos otros países han buscado introducir límites más estrictos para este tipo de publicidad.

Pláticas entre la Agencia de Estándares Alimenticios del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) y las compañías de comida rápida fueron iniciadas para trabajar juntos en un esfuerzo por mejorar la dieta de los niños.

La FSA propuso la creación de leyes que previenen la transmisión de comerciales sobre comida rápida, también desasocian personajes de televisión y películas con la comida rápida. El efecto de estas campañas es a menudo negado por las compañías de comida rápida y las cadenas de televisión que transmiten sus comerciales, pero es evidente que ha tenido repercusiones en la salud infantil. En Suecia todo tipo de promoción enfocada a los niños menores de 12 años está prohibida, incluyendo los anuncios sobre comida rápida.

Desde una perspectiva moderna puede entenderse la educación como el conjunto de todas las influencias que las personas reciben de su ambiente social para adaptarse a las normas y los valores sociales vigentes y aceptados. De allí que puedan asimilarlas –de acuerdo con sus inclinaciones–, enriquecerlas y modificar su comportamiento. Por ello, la educación referida a hábitos y actitudes saludables tiene tantos referentes como actores sociales en la comunidad.

Los primeros años de la vida resultan cruciales para el de-sarrollo humano, constituyen un lapso de vital importancia en el que confluyen desde cuestiones alimentarias, de instituciones y servicios de salud, de roles sociales y de prácticas socioculturales de crianza hasta la dinámica de los mercados de alimentos infantiles, incluyendo las regulaciones y el complejo mercadotécnico que subyace en la publicidad de estos productos.

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. En su origen se involucran factores genéticos y ambientales, que determinan un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, talla, y edad.

Lo Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que los gobiernos trabajen con la industria para restringir la publicidad de alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas peligrosas destinada a los niños, para combatir así la epidemia de obesidad y otras enfermedades.

El exhorto de la OMS es parte de un intento por centrarse en la lucha contra las enfermedades no contagiosas –como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y dolencias pulmonares–, que son una causa creciente de muerte prematura.

El reconocimiento de que la promoción de comida chatarra y bebidas ricas en sal, azúcar y grasas saturadas y trans puede alentar el consumo infantil de esos productos, y de que la publicidad también puede promover una dieta saludable, llevó a la asamblea de la OMS en mayo pasado a instar a la agencia a delinear las recomendaciones.

Esos consejos apuntan a combatir tanto la frecuencia como el “poder” de la publicidad; por ejemplo, el uso de dibujos animados para cautivar a los niños.

Los canales de televisión en México transmiten cada hora 11.25 comerciales de comida chatarra durante su programación infantil, lo que implica que un niño está expuesto a 12 mil anuncios de cereales, dulces, botanas, refrescos y pastelitos por año.

Las cifras colocan al país en el primer lugar entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económicos que mayor cantidad de anuncios de comida chatarra difunde entre la población infantil, incluso por encima de Estados Unidos, cuyo promedio es de 11 anuncios por hora, acusó la organización El Poder del Consumidor.

El crecimiento de la obesidad infantil en México es un problema social alarmante que puede tener como consecuencia una población futura con enfermedades crónicas y calidad de vida deficiente.

La publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia está considerada por la OMS como una de las causas que contribuyen significativamente al deterioro de los hábitos alimentarios de los menores; además señala que la industria ha encontrado en niños y adolescentes una gran oportunidad de mercado.

El hecho de que haya cada vez más niños con sobrepeso debe ser preocupante para los padres, pues cuando los menores lleguen a la adultez podrían adquirir padecimientos difíciles de curar. Por ello es urgente cambiar su estilo de vida y hábitos alimenticios.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 307 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 307. Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos ni atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto del que tengan en realidad.

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada.

Toda la publicidad a través de personajes, juguetes, tarjetas de intercambio, acumulación de puntos, membresías, boletos de admisión u otros premios o incentivos asociados con comida para niños en cadenas de comida rápida, restaurantes, establecimientos de comida o tiendas de conveniencia, entre otros, deberán incluir frutas o verduras y no sobrepasar los límites máximos que establezca la Secretaría de Salud en contenido calórico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Cooperativas, del Servicio Público de Energía Eléctrica, y para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas; de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México tiene un gran potencial energético eólico, hidráulico, solar y geotérmico. El potencial geotérmico e hidráulico lo hemos aprovechado eficientemente y aún cuando se debe seguir aumentando nuestra capacidad por estas vías, somos ya un referente internacional. El potencial eólico y solar, en contrapartida, lo hemos dejado en el olvido. Es recomendable y un acto responsable tomar medidas para conseguir que la generación eléctrica por fuentes renovables pueda florecer en nuestro país sin que ello restrinja nuestra soberanía ni comprometa el equilibrio presupuestal del estado con objetivos inalcanzables.

El sector energético es indudablemente estratégico para la nación, por ello, es la nación la responsable de su control y desarrollo. Irónicamente, la razón por la que no ha ocurrido un mayor desarrollo en el sector energético renovable es precisamente por esta condición. La falta de suficientes recursos económicos destinados a la diversificación de nuevas fuentes primarias de energía, es la razón última por la que no ha prosperado este sector en México. No ha sido prioritario para el estado invertir en celdas fotovoltaicas, aerogeneradores o plantas mini-hidráulicas cuando hay tantas necesidades urgentes por cubrir y los requerimientos energéticos se pueden satisfacer con plantas convencionales de energéticos fósiles.

La generación de energía con hidrocarburos sólidos líquidos y gaseosos ha sido, históricamente, fácil de manejar, barata de implementar y de rápida amortización. La versatilidad de una termoeléctrica convencional ha justificado sacrificar al medio ambiente a favor del desarrollo y el progreso. Afortunadamente, el concepto de desarrollo y progreso ha ido evolucionando con el tiempo y sacrificar el medio ambiente en su nombre resulta cada vez más anacrónico.

Antes, el aprovechamiento de las energías renovables (EERR) era costoso y complicado, ahora, eso ha cambiado drásticamente. Algunas tecnologías de aprovechamiento energético renovable han evolucionado hasta ser, ya desde hace años, económicamente viables, eficientes y con una amortización cada vez más rápida. Sin embargo, en nuestro país seguimos sin implementarlas con decisión y el tiempo sigue pasando.

De 2007 a la fecha se ha incrementado el potencial instalado por plantas eoloeléctricas, sin embargo la capacidad instalada sigue siendo muy limitada, casi anecdótica. Nuestro potencial eólico se calcula en más de 40 mil mega watts (MW). Sólo en Oaxaca tenemos un potencial mayor a los 33 mil MW. Actualmente tenemos una capacidad instalada en todo el país del orden de 3 MW, es decir, mil veces menos de lo que podríamos aprovechar. Nuestro potencial solar es el tercero más grande del mundo y no está mejor aprovechado que el eólico. Actualmente no figuramos entre los primeros 20 países generadores de electricidad por esta vía.

Es verdad que los recursos hídricos, eólicos o solares son inagotables y seguirán disponibles por siempre, pero seguir postergando su desarrollo implica agotar nuestros recursos fósiles y contribuir a la destrucción innecesaria e irresponsable de nuestro frágil entorno natural, poniendo, a largo plazo, en riesgo nuestro patrimonio energético, nuestra sustentabilidad y, desde luego, nuestra soberanía.

La generación de toda la energía eléctrica, por fuentes renovables o no, sólo puede ser cubierta por el estado y su desarrollo depende del presupuesto de egresos que se le asigne. Incentivar el desarrollo de la energía eólica, mini-hidráulica, solar, de la biomasa o geotérmica con capital privado y con garantías jurídicas adecuadas podría, como ha ocurrido en otros países, provocar un crecimiento exponencial en la generación renovable en poco tiempo y dejando mayor presupuesto federal para destinar al desarrollo de otros sectores igualmente estratégicos, como la educación o la seguridad.

Es natural preocuparnos por la presencia de particulares en la generación de energía eléctrica por vías renovables, sin embargo, es importante considerar que la generación neta por fuentes renovables, sin incluir las grandes hidroeléctricas, representan un porcentaje relativamente bajo del total y si a eso se le añade que estas fuentes son intermitentes y que se producen en función de las condiciones climáticas y no políticas ni sociales, podemos asegurar que, la suma de todas las fuentes de generación renovable que podrían aprovecharse en nuestro país en las siguientes décadas no podrían poner en riesgo la autodeterminación del sistema energético ni mucho menos la soberanía nacional.

Otra preocupación relacionada con permitir la inversión privada en el sector energético renovable es la entrada masiva de empresas trasnacionales que acaparen el mercado y no permita que pequeños inversionistas nacionales puedan participar. Esto se ha resuelto en algunas regiones como la Unión Europea o los países de la antigua Unión Soviética mediante la creación de sociedades cooperativas.

En efecto, la implementación de plantas renovables de generación de pequeña y mediana escala y de propiedad compartida ha ofrecido una fuente de trabajo para zonas rurales. Aunque la mayoría de los proyectos de EERR son realizados por empresas comerciales, algunas de ellas están gestionadas exclusivamente o en parte por “gente común” que se une. Esto es muy frecuente en Alemania y Dinamarca, donde la experiencia ha demostrado que la propiedad colectiva es un factor determinante en el espectacular crecimiento del sector renovable.

La experiencia internacional muestra que la inversión privada es el mecanismo mediante el cual podemos conseguir un verdadero florecimiento de las energías renovables en nuestro país, sin embargo, esa misma experiencia nos indica que debemos ser cautelosos con la situación financiera de las sociedades cooperativas que pudieran interesarse en invertir en este sector.

En una sociedad cooperativa, cada socio tiene una responsabilidad completa en la implementación de cada proyecto, tanto en los aspectos técnicos como económicos y legales. La posibilidad de endeudamiento por parte de una cooperativa provocó, en Dinamarca, que se frenara la participación de inversores potenciales, preocupados por la gran responsabilidad que implican los riesgos compartidos derivados de una deuda compartida.

Este riesgo fue minimizado al establecer, por ley, la imposibilidad de endeudar a las asociaciones. Aunque esta es una restricción puramente financiera, es necesaria para asegurar la confidencialidad de los asociados y para reducir los posibles riesgos.

Otro aspecto medular en el objetivo de hacer florecer el sector renovable es la creación de un precio mínimo de entrada para la compra de la energía generada para cada fuente renovable de modo que esto dé claridad al inversionista de cuál será el tiempo aproximado de recuperación de su inversión. En España esto se logró estableciendo una prima compensatoria que duraría los primeros años mientras que en Dinamarca se estableció un precio fijo de entrada y al cabo de 10 años el precio se iguala con el del mercado. Al final, ambos sistemas son lo mismo.

Para el caso de México, se debe obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a establecer un contrato con estas generadoras y pagar la energía generada al precio estipulado como costo, más una prima compensatoria, dependiendo de cada tipo de fuente renovable de generación por un periodo definido y establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza creemos que para conseguir que las EERR se desarrollen en nuestro país y sean una verdadera fuente de riqueza para todos los mexicanos es necesario realizar los siguientes cinco cambios en la legislación actual.

1. Dar certidumbre jurídica al inversionista;

2. Permitir la creación de cooperativas de generación renovable;

3. Prohibir el endeudamiento de las sociedades cooperativas de generación renovable;

4. Fijar un precio mínimo de entrada para cada energía y

5. Acceso garantizado a la red eléctrica para los generadores y la obligación por parte de CFE a comprar toda la electricidad proveniente de EERR.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas; de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Artículo Primero. Se reforma el artículo 21 adicionando una fracción III, recorriendo la III al número IV; se adiciona un artículo 28 Bis y se reforma el artículo 29 de la Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue

“Artículo 21. Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas

...

III. De generación de energía eléctrica por fuentes renovables, y

...

Artículo 28 Bis. Son sociedades cooperativas de generadores, aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de generar energía eléctrica proveniente de proyectos de energía eólica, mini-hidráulica, solar, biomasa, y geotérmica para su venta a la Comisión Federal de Electricidad.

...

Artículo 29.- En las sociedades cooperativas de productores o de generadores cuya complejidad tecnológica lo amerite, deberá haber una comisión técnica, integrada por el personal técnico que designe el consejo de administración y por un delegado de cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la comisión técnica se definirán en las bases constitutivas.

...”

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3o. adicionando una fracción III recorriéndose en su orden las subsecuentes; el artículo 36 adicionando una fracción V recorriéndose en su orden las subsecuentes; el artículo 36 Bis, el artículo 37 y el artículo 40 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

“Artículo 3o.- No se considera servicio público:

...

III. La generación de energía eléctrica proveniente de proyectos de energía eólica, mini-hidráulica, solar, biomasa, y geotérmica para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;

...

Artículo 36.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción, de generación con fuentes renovables o de importación o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso:

...

V. De generación de energía eléctrica con fuentes renovables destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad, quedando ésta legalmente obligada a adquirirla en los términos y condiciones económicas que se convengan y acordes con la ley. Estos permisos podrán ser otorgados cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

a) Que los solicitantes sean personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

b) Que los solicitantes que sean una sociedad cooperativa se encuentren libres de adeudos y que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Adicionalmente, estas sociedades cooperativas no podrán, en ningún momento, endeudares.

c) Que los proyectos motivo de la solicitud sean de energía eólica, mini-hidráulica, solar, biomasa o geotérmica.

...

Artículo 36-Bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad, de menor impacto para el medio ambiente y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:

...

Artículo 37. Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción, de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, de exportación o de importación, a que se refiere el artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta ley.

...

Artículo 40. Se sancionará administrativamente con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, en los casos a que se refieren las fracciones I a IV. Cuando se trate de las infracciones previstas en las fracciones V y VI, la multa será de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, por cada KW de capacidad de la planta de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de generación de energía eléctrica con fuentes renovables o por cada KW vendido o consumido. En el caso de la fracción VII la multa será de cincuenta a cien veces el importe de dicho salario mínimo.

...

VI. A quien establezca plantas de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de generación de energía eléctrica con fuentes renovables a quien exporte o importe energía eléctrica sin los permisos a que se refiere el artículo 36 de esta ley; y

...”

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 7o., en su fracción VII y adicionando una fracción VIII; y el artículo 18 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para quedar como sigue

“Artículo 7o.- Sin perjuicio de las que su propia ley le otorga, la Comisión Reguladora de Energía tendrá las atribuciones siguientes:

...

VII. Expedir los procedimientos de intercambio de energía y los sistemas correspondientes de compensaciones y pago, para todos los proyectos y sistemas de autoabastecimiento, cogeneración, de generación por fuentes renovables o pequeña producción, que estén conectados con las redes del sistema eléctrico nacional.

VIII. Fijar el monto y tiempo por el que se pagará una prima compensatoria a los particulares que generen energía eléctrica por fuentes renovables para su venta exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad en función de la vía de generación y su conexión a red.

...

Artículo 18.

...

Las instalaciones de generación eléctrica de renovable descritas en el artículo 3 fracción III de la de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica podrán conectarse a las redes del sistema eléctrico nacional con la finalidad de vender su energía, en exclusiva, a la Comisión Federal de Electricidad, quien a su vez se obliga a celebrar un contrato con el particular que cumpla los requerimientos técnicos, en el que se comprometa a comprar la totalidad de energía ofrecida por estos productores considerando el precio de mercado más la prima compensatoria especificada en el artículo 7o. de esta ley.

...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberán modificar los reglamentos derivados de las leyes reformadas por este decreto en los casos que corresponda, en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Energía, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

Las consideraciones que se realizan a continuación parten del presupuesto del Estado mexicano como Estado de derecho democrático, que determina los principios rectores del derecho penal y constituye el fundamento de actuación de las autoridades que intervienen en el sistema de justicia penal, entre ellos el principio de intervención mínima del cual se deriva la utilización de métodos simplificados para la terminación del proceso penal.

II. El Estado mexicano como un Estado de derecho democrático.

Es fundamental precisar que en la consideración de todo derecho en México y por ello del derecho penal debemos partir de un Estado de derecho democrático, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3, 39, 40 y 133 somos un Estado democrático, ello implica que él al momento de hacer uso del recurso del derecho penal tiene que respetar y por lo mismo se encuentra limitado por una serie de principios, como son el principio de culpabilidad, última razio, presunción de inocencia, legalidad, afectación al bien jurídico penal, de separación de cada uno de los órganos que integran el Estado, afectación social, entre otros.

Lo señalado tiene las siguientes consecuencias:

a. El Estado tiene el deber de poner al servicio del ciudadano el derecho penal: todo poder público dimana del pueblo y se instituye en su beneficio (art. 39 Constitucional).

b. El Derecho Penal es la última ratio y solo protege a los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más peligrosos.

c. El Estado debe asegurar el respeto por los derechos fundamentales del ciudadano, que constituyen la base de nuestra convivencia democrática y pacífica.

III. Observación del fenómeno jurídico social

Los susbsistemas procuraduría, poder judicial y ejecución de sanciones se encuentran inmersos en una problemática, en apariencia caótica por su complejidad, y en la cual se distinguen, entre otros, como elementos importantes: el gran número de averiguaciones previas, causas penales y de personas internas, que originan una saturación del Sistema de Justicia Penal.

Un elemento adicional, no menos importante es el uso indiscriminado del derecho penal por parte del legislador, como solución para cualquier conflicto social.

Los elementos mencionados impiden que el sistema pueda satisfacer las expectativas que la sociedad tiene respecto de su actuación, la impronta de estos elementos nos lleva a afirmar que el mismo se encuentra en crisis.

Ante lo apuntado, se hace necesario evitar que se colapse – el sistema– en su funcionamiento, lo que permitirá a las distintas Instituciones actuar en los casos que realmente lo ameriten y que afecten de manera más grave los bienes jurídico-penales que permiten la participación en el sistema social. Así se podría optimizar todo tipo de recursos y destinarlos a cumplir su verdadera función de manera eficaz, eficiente, honesta, racional y transparente.

Siguiendo la argumentación desarrollada, es que se hace una propuesta de estrategias para racionalizar la actuación de las distintas autoridades intervinientes en el sistema de justicia penal, en cada una de sus esferas de organización. Ella, se basa en una estrategia que permite reorientar la Política Criminal hacia criterios que permitan una despresurización de averiguaciones, causas penales y de detenidos en los distintos centros de reclusión.

En este orden de ideas, en aquellos casos que pueden ser considerados de pequeña o de mediana entidad, por ser ataques no graves a los bienes jurídico penales, como en el caso de los delitos de querella, patrimoniales no violentes, culposos y todos aquellos en los cuales el imputado se pueda beneficiar de algún sustitutivo penal al momento de la imposición de la pena, se debe hacer uso de las métodos simplificados de terminación del proceso.

IV. Métodos simplificados de terminación del proceso

La importancia de las salidas alternas al proceso penal se da en dos aspectos: primero, limitan la aplicación de los instrumentos punitivos, y segundo posibilitan que se destine una mayor cantidad de recursos institucionales a la persecución penal de los hechos que con mayor agresividad afectan a la sociedad.

De esa manera, favorecen una mayor intervención de la víctima en el delito, se brinda una solución a la sobrecarga de trabajo que aqueja a las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y se optimiza y racionaliza el empleo de los bienes, recursos e instrumentos vinculados al cumplimiento de sus funciones.

Derecho penal. El último recurso.

Desde el prisma de un Estado Democrático el derecho penal es utilizado como último recurso, es decir, el último medio con que cuenta el Estado para sancionar los comportamientos ilícitos, por ello es necesario elaborar instrumentos que sean eficientes en términos de pacificación y, al mismo tiempo permitan prescindir de la sanción, sin que den origen a la impunidad, pero sobre todo la víctima pueda acceder de manera sencilla y simple a la reparación del daño.

IV.1 Conciliación

A nivel internacional, por ejemplo, la conciliación en materia penal ha sido recomendada desde 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, al disponer formalmente lo siguiente:

“7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”.

Además, una conciliación que cumpla con ciertos estándares permitirá que los impactados por el delito participen en la solución del daño causado por éste. Lo que contribuirá a la reconstrucción o construcción de los lazos sociales entre la víctima e imputado, entre la víctima y la comunidad, así como entre el imputado y la comunidad.

Con una conciliación de este tipo la víctima tiene importancia fundamental, en primer lugar la víctima es el centro de derechos y no el objeto de investigación, en segundo ya no se considera al Estado como el principal afectado por el comportamiento delictivo, ahora se privilegia la relación entre el imputado con el hecho cometido y con la persona de la víctima, de esa manera se empieza a dar cumplimiento con los contenidos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se va preparando al sistema y a los operadores jurídicos para la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial, de tal manera que se vayan implementado de manera ordenada y gradual las figuras procesales que le dan contenido.

Hay que tener claro que el delito enfrenta a seres humanos, no son entelequias o convidados de piedra – sobre todo la víctima–, sino protagonistas del drama penal, sujetos de derechos.

Por ello es necesario una nueva orientación político criminal de la Procuraduría y del Poder Judicial, cuando le corresponda, en la utilización de la conciliación para la solución del conflicto social generado por el delito.

IV.2 Utilización de la suspensión del proceso a prueba y del criterio de oportunidad

Ante la problemática que se vive actualmente en nuestro país y que se ve agravada por la gran cantidad de averiguaciones previas, causas penales y gran cantidad de personas detenidas en los centros de reclusión, se hace necesario reorientar la política criminal hacia criterios de racionalización, optimización y planificación de la persecución penal, lo que traerá como consecuencia:

• Optimizar recursos públicos

• Sanar las limitaciones económicas.

• Destinar los recursos públicos a la consecución de los objetivos deseados político criminalmente, como lo es el combate a la delincuencia de alto impacto que afecta de manera más grave los bienes jurídicos fundamentales. Con ello se responderá de manera eficaz y eficiente a las expectativas que tiene la sociedad.

• Combate a la impunidad.

Lo expuesto permite afirmar que:

1. La persecución penal de los delitos bagatela o insignificantes tiene altos costos económicos y en recursos humanos para las diversas instituciones del sistema de justicia penal.

2. La aplicación estricta del principio de oficiosidad provoca una saturación al perseguir delitos menores, cuya existencia se debe a una política criminal inflacionaria.

3. La Política Criminal debe estar orientada por el en la utilización del derecho penal.

Lo anterior no quiere decir que el principio de legalidad u oficiosidad dejen de ser regla general, lo que se pretende es eficientar la aplicación del derecho penal, en este sentido la propuesta de utilizar el los métodos simplificados de terminación del proceso tiene la pretensión de que funcione como una especie de filtro que permita la selectividad y oriente la aplicación del derecho penal de forma más humana y racional, con ello se estaría cumpliendo con los postulados del principio de Intervención Mínima; postulado fundamental de un derecho penal que se preste de ser democrático.

El objetivo de aplicar las figuras procesales señaladas es realizar una valoración del costo-beneficio en relación a las consecuencias sociales que resultan del comportamiento delictivo y de las que inevitablemente toda persecución penal lleva consigo –efectos criminógenos. El principio de maximización de beneficios al menor coste posible significa que si los beneficios sociales que resultan de perseguir penalmente un determinado comportamiento son mínimos al compararlos con la exclusión de su persecución se debe elegir esto último.

Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 138; y la denominación del Capítulo Único del Título Octavo, “Sobreseimiento”; se adiciona un Capítulo II, “Métodos Simplificados de Terminación del Proceso”, que contiene los artículos 304 A al 304 Ñ, al Título Octavo “Sobreseimiento”, todos del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 138. ...

También se sobreseerán los procedimientos en los supuestos en los que se dé la conciliación y la suspensión de proceso a prueba. Lo anterior no se concederá cuando se trate de culpa que se califique de grave conforme a la parte conducente del artículo 60 del Código Penal.

Título OctavoSobreseimiento

Capítulo I

Artículo 298 AL 304. ...

Capítulo IIModos Simplificados de Terminación del Proceso

Artículo 304 A. Conciliación

Procederá la conciliación en los delitos culposos, los perseguidos por querella, los de contenido patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, los que admitan presumiblemente la substitución de sanciones.

La conciliación entre víctima e imputado se llevará a cabo por cualquier medio idóneo hasta antes de cerrarse la instrucción.

Se exceptúan de esta disposición los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y los cometidos en asociación delictuosa de conformidad con el Código Penal.

Si las partes no han propuesto la conciliación con anterioridad, en el momento procesal oportuno, el juzgador les hará saber que cuentan con esta posibilidad y procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse.

Cuando el Estado sea víctima, para estos efectos, será representada por la autoridad indicada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Si el delito afecta intereses difusos o colectivos y no son de carácter estatal, el Ministerio Público asumirá la representación para efectos de la conciliación.

Artículo 304 B. Principios

La conciliación se rige por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.

Artículo 304 C. Trámite

Para conciliar, el juzgador convocará a una audiencia y podrá solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto, o instar a los interesados para que designen un amigable componedor.

La información que se genere en los procedimientos respectivos no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del procedimiento penal.

El juzgador no aprobará la conciliación cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.

En los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de menores de edad y en los casos de violencia intrafamiliar, el juzgador no deberá procurar la conciliación entre las partes ni convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales.

Artículo 304 D. Suspensión

El procedimiento para lograr la conciliación no podrá extenderse por más de sesenta días naturales, suspende el proceso y la prescripción de la acción penal.

Si a juicio del agente del Ministerio Público o del juzgador existen actuaciones urgentes o inaplazables, éstas se realizarán siempre que no impliquen un acto de molestia que sea relevante para el imputado.

Artículo 304 E. Efectos

Si se produce la conciliación, se levantará un acta que tendrá fuerza vinculante.

El plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones pactadas suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal.

Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del término que fijen las partes o, en caso de no establecerlo, dentro de un año contado a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo, el proceso continuará como si no se hubiera conciliado.

El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal.

Artículo 304 F. Procedencia de la suspensión del proceso a prueba

En los casos en que el delito esté sancionado con pena máxima de hasta siete años de prisión, y siempre que el imputado no haya sido condenado por delito doloso, o se encuentre gozando de éste beneficio en proceso diverso. La solicitud podrá hacerse por el imputado o el Agente del Ministerio Público.

La suspensión del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes del cierre de la instrucción y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Para llevarla a cabo, se estará a los hechos precisados en el auto de plazo constitucional o a una descripción sucinta de los hechos que haga el agente del Ministerio Público antes de que se dicte el anterior.

La solicitud deberá contener un plan de reparación del daño causado por el delito y un detalle de las condiciones que el imputado estaría dispuesto a cumplir conforme al artículo siguiente. El plan podrá consistir en una indemnización equivalente a la reparación del daño que en su caso pudiera llegar a imponerse o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir a plazos.

Para el otorgamiento de la suspensión será condición indispensable que el imputado admita el hecho que se le atribuye y existan datos objetivos en la integración de la averiguación previa que permitan corroborar su existencia.

El órgano jurisdiccional oirá sobre la solicitud en audiencia al agente del Ministerio Público, a la víctima de domicilio conocido y al imputado, y resolverá de inmediato. La resolución fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud, y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a criterios de razonabilidad. La sola falta de recursos del imputado, no podrá aducirse para rechazar la posibilidad de suspensión del proceso a prueba.

Si la solicitud del imputado no se admite o el proceso se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no tendrá valor probatorio alguno, no podrá considerarse como confesión ni ser utilizada en su contra.

Artículo 304 G. Condiciones por cumplir durante el período de suspensión del proceso a prueba

El juez fijará el plazo de suspensión del proceso a prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, y determinará una o varias de las reglas que deberá cumplir el imputado, entre ellas las siguientes:

I. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;

II: Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

III. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones;

IV. Comenzar o finalizar la escolaridad básica si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez;

V. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;

VI. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas, si es necesario;

VII. Permanecer en un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;

VIII. Someterse a la vigilancia que determine el juez;

IX. No poseer o portar armas;

X. No conducir vehículos;

XI. Abstenerse de viajar al extranjero;

XII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario.

Cuando se acredite plenamente que el imputado no puede cumplir con alguna de las obligaciones anteriores, por ser contrarias a su salud, sus creencias religiosas o alguna otra causa de especial relevancia, el juez podrá substituirlas, fundada y motivadamente, por el cumplimiento de otra u otras análogas que resulten razonables.

Para fijar las reglas, el juez puede disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. En ningún caso el juez puede imponer medidas más gravosas que las solicitadas por el agente del Ministerio Público.

La decisión sobre la suspensión del proceso será pronunciada en audiencia, en presencia del imputado y de la víctima, quienes podrán expresar observaciones a las reglas impuestas en los términos de este artículo, las que serán resueltas de inmediato. El juez prevendrá al imputado sobre las reglas de conducta impuestas y las consecuencias de su inobservancia.

La negativa de la suspensión del proceso a prueba será apelable; la decisión de suspensión del proceso a prueba no lo es, salvo que el imputado considere que las reglas fijadas resultan manifiestamente excesivas o que el juez se haya excedido en sus facultades.

Artículo 304 H. Conservación de los medios de prueba

En los asuntos suspendidos en virtud de las disposiciones correspondientes a esta sección, el agente del Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los medios de prueba conocidos y las que soliciten las partes.

Artículo 304 I. Revocación de la suspensión

Si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las condiciones impuestas, el juez, previa petición del agente del Ministerio Público, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la revocación y resolverá de inmediato, fundada y motivadamente, acerca de la reanudación de la persecución penal. En lugar de la revocación, el juez podrá ampliar el plazo de la suspensión a prueba hasta por dos años más. Esta extensión del término puede imponerse sólo por una vez.

Artículo 304 J. Cesación provisional de los efectos de la suspensión del proceso a prueba

Los efectos de la suspensión del proceso a prueba cesarán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso.

Si el imputado está sometido a otro proceso y goza de libertad, el plazo seguirá su curso, pero no podrá decretarse la extinción de la acción penal sino cuando quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad por el nuevo hecho.

La revocatoria de la suspensión del proceso no impedirá el pronunciamiento de una sentencia absolutoria ni la concesión de algunas de las medidas sustitutivas a la privación de libertad cuando fueren procedentes.

Artículo 304 K. Efectos de la suspensión del proceso a prueba

La suspensión del proceso a prueba no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros. Sin embargo, si la víctima recibe pagos en virtud de la procedencia de la suspensión, ellos se destinarán a la indemnización por daños y perjuicios que le pudiere corresponder.

Transcurrido el plazo que se fije sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción penal, debiendo el tribunal dictar de oficio o a petición de parte, el sobreseimiento.

Durante el período de suspensión del proceso a prueba de que tratan los artículos precedentes quedará suspendida la prescripción de la acción penal.

Artículo 304 L. Principios de legalidad procesal y oportunidad

El agente del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley.

No obstante, el agente del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente de la persecución penal, que se limite a alguno o a varios hechos o a alguna de las personas que participaron en su realización, cuando:

I. Se trate de un hecho bagatela o insignificante, de mínima culpabilidad del autor o participe o escasa contribución de éste, salvo que lo haya cometido un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

II. El autor haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psíquico grave que torne desproporcionada la aplicación de una consecuencia jurídica, o cuando en ocasión de un comportamiento culposo haya sufrido daño moral de difícil superación; o

III. La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carece de importancia en relación a la pena o medida ya impuesta, o la que se debe esperar por los restantes hechos, o la que se le impuso o se le impondría en un proceso tramitado en otra Entidad Federativa.

El agente del Ministerio Público deberá aplicar los criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las pautas descritas en cada caso individual, según las pautas generales que al efecto se hayan dispuesto para la procuración de justicia. En los casos en que se verifique un daño, el Ministerio Público velará porque sea razonablemente reparado.

Artículo 304 M. Plazo para solicitar criterios de oportunidad

Los criterios de oportunidad podrán ejercerse hasta antes de dictado del auto de plazo constitucional.

Artículo 304 N. Impugnación

La decisión del agente del Ministerio Público que aplique o niegue un criterio de oportunidad que no se ajuste a los requisitos legales o constituya una discriminación, será impugnable por la víctima o el imputado ante el juez dentro de los tres días posteriores a la notificación. Presentada la impugnación, el juez convocará a las partes a una audiencia para resolver.

Artículo 304 Ñ. Efectos del criterio de oportunidad

Si se aplica un criterio de oportunidad, se extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la insignificancia del hecho, sus efectos se extenderán a todos los que reúnan las mismas condiciones.

No obstante, en el caso de la fracción III del artículo 304 N, se suspenderá el ejercicio de la acción penal en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad. Esa suspensión surtirá efectos quince días naturales después de que quede firme la sentencia respectiva, momento en que el juez, a solicitud del agente del Ministerio Público, deberá resolver definitivamente sobre el cese de esa persecución.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los seis meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que los operadores jurídicos reciban la capacitación correspondiente.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Tercero.Las personas que se encuentran sujetas a procesos penales antes de concluir la etapa de instrucción, se beneficiarán con los contenidos de la presentes reforma.

Cuarto.Las autoridades encargadas de la aplicación de la presente reforma están obligadas a capacitar al personal para la aplicación de los métodos simplificados de terminación de procesos, para ello el Congreso de la Unión debe destinar los recursos necesarios en el periodo inmediato posterior a la vigencia del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Justicia, para Dictamen.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2012 el otorgamiento de estímulos del ISR a los contribuyentes que empleen a mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación 2012, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años. Lo anterior en base a los siguientes

Antecedentes

En la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del cinco de octubre de 2010, la suscrita presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación 2011, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva acordó fuera turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Consideraciones

El rápido envejecimiento de la población en los países que, como el nuestro, se encuentran en plena transición demográfica y epidemiológica, y la consecuente emergencia de los problemas específicos de la población anciana dan actualidad a esta temática. Por otra parte, las limitaciones en el crecimiento económico, las insuficiencias de los sistemas de pensiones, la ausencia de una política nacional en pro del abordaje frontal y directo para el estudio y solución de estos problemas que (si no morimos en la juventud o edad madura), nos atañen a todos, constituyen poderosas razones para que el gobierno, el sector académico y las organizaciones no gubernamentales se interesen y trabajen organizada y conjuntamente en favor de las personas de edad avanzada.

Los fenómenos asociados al avance de la transición demográfica es el rápido incremento de la población en edades avanzadas. La disminución de la mortalidad y la fecundidad tiende a transformar la pirámide de la población, estrechando su base y ampliando su cúspide. En el pasado, en la actualidad o en el futuro, bien sea rápida o lentamente, todas las naciones del mundo han enfrentado, enfrentan o enfrentarán de manera ineludible el envejecimiento demográfico.

La creencia de que este fenómeno y sus consecuencias son preocupación exclusiva de los países desarrollados se opone a las realidades y previsiones sobre la escala, características y heterogeneidad de este proceso en los países en de-sarrollo. Las sociedades envejecidas o en proceso de serlo están apareciendo gradualmente por todos los rincones del mundo.

La población mexicana atraviesa por una fase de plena y acelerada transición demográfica. Este proceso se inició en la década de los treinta con el descenso paulatino de la mortalidad, y posteriormente se acentuó, a mediados de los sesenta, con la declinación de la fecundidad. Estos cambios han implicado profundas transformaciones en la distribución por edades de la población. De hecho, transitamos en la actualidad de una población joven a otra más entrada en años.

El cambio demográfico en México se ha producido con tal velocidad que hoy nos encontramos ante la necesidad de atender los efectos del alto crecimiento poblacional del pasado y de preparar las respuestas institucionales y sociales para encarar los desafíos presentes y futuros que representa el envejecimiento demográfico. Este proceso seguramente influirá de distintas maneras y formas en la sociedad, la economía, la política y la cultura.

Debemos recordar que muchas de nuestras instituciones económicas y sociales han estado fundadas en una realidad fáctica que todavía mantiene su vigencia: el número de niños y adolescentes es significativamente mayor que el de los adultos mayores. De hecho, uno de cada tres mexicanos tiene en la actualidad menos de 15 años de edad, en tanto que uno de cada veinte tiene 65 años y más. Sin embargo, en el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada: se prevé que uno de cada siete mexicanos estará en edades preecolares y escolares, mientras que los adultos mayores representarán a uno de cada cuatro habitantes del país.

Tarde o temprano, si primero no sobreviene la muerte, la vejez impone fatalmente el retiro del trabajo, convirtiendo a los adultos mayores en personas totalmente dependientes de los sistemas de transferencia. Cada sociedad dispone de mecanismos de redistribución de recursos que ponen de manifiesto los escenarios de vida a los que se enfrentan los adultos mayores. Ellos pueden subsistir de contribuciones suministradas por el estado, de recursos provenientes de sus hogares y redes sociales y familiares de apoyo, de sus ahorros e inversiones acumuladas o bien de la caridad pública. Tales opciones no son excluyentes, por lo que es muy frecuente la combinación de varias.

El aumento proporcional de la población adulta mayor se traduce en el incremento de las necesidades de los servicios de salud, asistencia, seguridad y protección social, con una repercusión importante en la economía de las naciones. El fenómeno, aunado a las crisis y a las reestructuraciones económicas, afecta directamente el mercado laboral, particularmente el de este grupo poblacional.

La falta de empleos es un problema que aqueja no sólo a los países subdesarrollados, sino también a los desarrollados, no sólo a las personas de edad avanzada sino también a los jóvenes. Pero la importancia del estudio del envejecimiento y el empleo, principalmente de las condiciones laborales, reside en el comportamiento diferencial del mercado de trabajo entre los menores y los mayores de 60 años, debido al perfil socio- epidemiológico particular de los adultos mayores.

En el caso de México, los adultos de 60 años y más se de-senvolvieron en un modelo económico específico que les permitió, o no, desarrollar ciertas características, que en la actualidad repercuten en su inserción y en su permanencia en el mercado laboral. Además se han enfrentando a un cambio de modelo económico que inevitablemente los ubica frente a situaciones laborales adversas. Cabe resaltar que el trabajo para los adultos mayores, en la mayoría de los casos, es restringido institucionalmente debido a la edad, lo que hace aún más difícil su participación laboral.

La menor capacidad de generar ingresos propios, la insuficiente cobertura de los programas de seguridad social y los bajos montos de las pensiones, entre otros factores, propician un descenso relativo de su nivel de vida, pues en edades avanzadas disminuyen las posibilidades de cubrir los costos, lo que provoca que los adultos mayores busquen como opción un ingreso por medio del trabajo.

Las condiciones laborales para toda la población se han flexibilizado como consecuencia de los cambios tecnológicos y competitivos que se han establecido en la economía, mediante la eliminación de normas y reglamentaciones que hacían rígido el mercado e impedían la absorción de mano de obra (Lagos, 1994). Pero en general estos cambios en las condiciones laborales no son benéficos para la población, sobre todo para los adultos mayores.

La rapidez de envejecimiento en México exige que haya estudios que muestren la realidad de esta población en temas como el mercado laboral y las condiciones laborales, con el fin de hacerles frente y de promover una mejor calidad tanto en lo económico como en lo social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de 2012, se considere otorgar estímulos fiscales del Impuesto Sobre la Renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas de 60 años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a sancionar a los servidores públicos que hayan incumplido el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que hayan incumplido las disposiciones contenidas en el artículo 77 de dicho ordenamiento.

El 7 de diciembre de 2010 se publicó el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 con la incorporación de la propuesta planteada por el grupo parlamentario del PRI en materia regulatoria de las reglas de operación. Esta propuesta constituye uno de los avances más importantes en materia de política social y de fomento, pues fortalece la obligación de dictaminar, autorizar y publicar las reglas de operación de los programas federales, de acuerdo al mandato del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ese es el mandato del Poder Legislativo, construir un diseño regulatorio sencillo, claro, realista, mínimo. Reglas de operación que permitan ejercer con eficiencia y eficacia los programas gubernamentales y los presupuestos que en esta asamblea aprobamos anualmente.

Lo importante en este trascendental paso administrativo, era señalar los tiempos de publicación, pero además, con mucha precisión, el contenido de cada una de las disposiciones y reglas de operación que es necesario cumplir para cada uno de los proyectos y programas de infraestructura social o productiva que inciden en el progreso y desarrollo de los pueblos o de los grupos sociales. El mandato es contundente: observar los criterios que emita la Secretaría de la Función Pública y los que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su dictamen sobre cada una de las reglas de operación.

La burocracia ya no podrá inventar, ni hacer más complejos y engorrosos los trámites que llevan hasta la desesperación a los promoventes, sobre todo a los más vulnerables. Ya nadie podrá ensañarse con los más débiles. Al facilitarse los caminos para acceder a los programas gubernamentales, se podrán evitar también, los actos de corrupción.

Por eso nos interesa saber si, en diciembre, las reglas de operación fueron sometidas a su debido proceso y fueron publicadas como lo marca la Ley Federal de Presupuesto. Esta preocupación es justificada, pues contamos con la experiencia lamentable que cada año las dependencias del gobierno federal sólo cumplen con un cinco por ciento de las observaciones que les hace la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Tan ridículo porcentaje trae como consecuencia ineficiencia que las reglas de operación ejercidas indebidamente generen espacios inaceptables de poder y discrecionalidad para los funcionarios de las ventanillas de gestión; que, como señala la Coneval, el 87  por ciento de las reglas de operación no tengan establecidos claramente los resultados que buscan alcanzar y con ello, lo más grave, que se castigue severamente, con requisitos inalcanzables, a los que menos tienen en este país.

Por las preocupaciones expuestas, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los funcionarios públicos que hayan incumplido las disposiciones contenidas en el artículo 77 de dicho ordenamiento, haciendo llegar a esta soberanía copia íntegra de los expedientes de estos casos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la construcción del centro de atención múltiple de educación especial en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y a otorgar mayores estímulos e incentivos fiscales a las escuelas de nivel básico y al personal docente que trabaje para que los niños con discapacidad logren su incorporación plena a los planteles regulares, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México viven alrededor de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad; de ellas, 2 millones son estudiantes. En Guerrero se registran 50 mil 969 con algún tipo especificado de discapacidad y 40 mil 215 no se encuentran especificadas; esa situación las coloca como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en la sociedad. La Secretaria de Educación de Guerrero registró para el ciclo escolar 2009-2010 a 4 mil 335 alumnos que padecen algún tipo de discapacidad, de los que 2 mi 192 se encuentran escolarizados en los centros de atención múltiple de educación especial y 2 mil 143 integrados en la escuela regular.

Las personas con discapacidad carecen de oportunidades reales de trabajo y de posibilidades para acceder a la capacitación o educación formal. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura establece que 90 por ciento de niños con invalidez no asiste a la escuela. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo entre esta población fluctúa entre 80 y 90 por ciento.

La Ley General de Educación establece en los artículos 39 y 40 que en el sistema educativo nacional quedan comprendidas la inicial, la especial y para adultos. Señala que la educación inicial tiene como propósito favorecer el de-sarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad, incluida la orientación a padres de familia o tutores para la educación de los hijos o pupilos.

Derivado de las modificaciones de dicha ley de 2000 y 2009, se incorporó la concepción de que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como con aptitudes sobresalientes. Este tipo de educación atenderá a los educandos de manera adecuada a sus condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Respecto a los menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se deriva el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, consistente en promover el acceso, la permanencia y el logro educativo de los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad o aptitudes sobresalientes, a través del fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.

En La Montaña se concentra 85 por ciento de la población indígena de Guerrero, y particularmente en Tlapa de Comonfort, el cual cuenta con 65 mil 763 habitantes y es uno de los municipios con un alto grado de rezago educativo, donde además se asientan grupos étnicos como los nahuas, mixtecos y tlapanecos, con grandes flujos migratorios para ofertar mano de obra. Esta circunstancia ha propiciado que la Secretaría de Educación Pública atienda sólo 12.5 por ciento de la demanda educativa de la población infantil agrícola migrante.

Se estima que alrededor de 20 por ciento del rezago educativo nacional en educación primaria se concentra en este sector de la población, A ello se aúna la presencia importante de muchos niños que presentan discapacidades como discapacidad múltiple, neuromotora y trastornos graves del desarrollo que les impiden asistir a la escuela regular.

Los centros de atención múltiple de educación especial son planteles dedicados a la atención de niños con necesidades educativas especiales, quienes en muchos casos no tienen posibilidades de integración a las escuelas regulares; y aun cuando las tuviesen, éstas no reúnen condiciones para ofrecer atención apropiada.

Ciertas iniciativas de la sociedad civil han permitido acondicionar algunas modestas instalaciones de otros planteles educativos, donde se imparte el modelo pedagógico de atención especial a niños que presentan discapacidad. Gracias a este esfuerzo se logró la donación para este efecto un terreno de aproximadamente una hectárea en la colonia Monte Sinaí, en Tlapa de Comonfort.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a construir las instalaciones del centro de atención múltiple de educación especial en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para proporcionar atención integral a los niños y los jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, en un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a proporcionar por las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público mayores estímulos e incentivos fiscales a las escuelas de educación básica y al personal docente que trabaje para que los niños con discapacidad logren su incorporación plena a las escuelas regulares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a iniciar la ejecución del libramiento vehicular de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y a reasignar a esa obra parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren en 2011, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se asignaron 25 millones de pesos para la construcción, en una primera etapa, de un libramiento vehicular para la ciudad de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero, cuyo principal objetivo es la apertura de una nueva vía de acceso terrestre que libre el paso por Tlapa, toda vez que en las actuales condiciones se presentan problemas graves de congestionamiento vial en la zona urbana, causados por la estrecha carretera federal 931 que atraviesa la ciudad y que resulta insuficiente como infraestructura de movilización vehicular y peatonal.

• Que es importante señalar que, aunado a la construcción del libramiento, será necesario además, construir obras asociadas, complementarias, provisionales y caminos de acceso; por lo que el presupuesto estimado para dicha obra asciende a 121 millones de pesos, que implican los 22 kilómetros del libramiento vehicular.

• Que en el proyecto del Libramiento Tlapa del kilómetro 0+000 al kilómetro 22+000, con una longitud de 22 kilómetros, se encuentra validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta la fecha no presenta ningún avance en su construcción.

• Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se etiquetaron 11 millones 700 mil pesos para los trabajos que implican la construcción de dicha infraestructura, asignación que resulta insuficiente para una obra de gran magnitud como pretende ser el “Libramiento Tlapa”.

• Que en el ejercicio de los recursos presupuestales por parte de las entidades de la administración pública federal recurrentemente se presentan economías presupuestales, remanentes del gasto público que no son ejercidos, o diferencias positivas entre la asignación definitiva y el gasto ejercido, derivada de la obtención de mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios, y que de acuerdo a los principios y normas presupuestarias y financieras, los recursos excedentes podrán destinarse a gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio.

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Guerrero a iniciar en forma inmediata con los trabajos de ejecución del libramiento vehicular de la ciudad de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de reasignar una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren durante el ejercicio fiscal 2011, estimados en por lo menos 35 millones de pesos, a la construcción de la obra prioritaria que representa el “Libramiento Tlapa”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

PREVENCION DEL DELITO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal y de la Segob a transmitir a escala nacional por radio y televisión cápsulas relativas a manejo de estrés y a terapias psicológicas con profesionales para atender a los afectados por los actos violentos que ha vivido el país, así como a prevención del delito, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, se permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros legisladores recordemos que nuestras niñas y nuestros niños merecen un mejor presente y un mejor futuro, no olvidemos que el reclutamiento de adolescentes por bandas de narcotraficantes es un fenómeno que se inició en el 2000, por lo que cada vez que se captura una banda de traficantes es común encontrar en promedio hasta cuatro menores de edad.

Para nuestros jóvenes incorporarse al crimen organizado es fácil. Toma poco tiempo pasar de vendedor de drogas ambulante a asesino a sueldo, y según el criterio de la Secretaría de Seguridad Pública la edad promedio en que los jóvenes se vuelven sicarios es de 24 años.

Las niñas y los niños miran la televisión, alrededor de tres a cuatro horas diarias, y ésta tiene una influencia poderosa en el desarrollo de su sistema de valores y en la formación de la conducta.

Una gran parte de la programación actual es violenta y orientada al consumo. Cientos de estudios sobre los efectos de la violencia en la televisión en niños, adolescentes y personas adultas, ofrecen como resultado el que las niñas y los niños puedan:

• Volverse inmunes al horror de la violencia.

• Aceptar gradualmente la violencia como un modo de resolver problemas.

• Imitar la violencia que observan en la televisión.

Las niñas y los niños que contemplan excesivas escenas de violencia tienden a ser más agresivos. Algunas veces, el mirar un sólo acto violento puede aumentar la agresividad. Las niñas y los niños que miran espectáculos en los que la violencia es muy realista, que se repite con frecuencia, o no recibe castigo, son los que más tratarán de imitar lo que ven. La influencia de la violencia en nuestra sociedad actual puede manifestarse de inmediato en el comportamiento del niño o la niña, o aflorar años más tarde.

Los hechos violentos que se han suscitado en nuestro país se han considerado como una guerra psicológica, en la que el terror desencadena miedo extremo, incontrolado y que además se desarrolla súbitamente, además de que en algunos casos paraliza a las personas.

El miedo resulta ser un estímulo para la actividad del sistema nervioso simpático, que desencadena reacciones motoras; tales como el temblor, encogimiento, huída, ataques convulsivos, que con frecuencia desorganiza las actividades motoras y provoca que el individuo cometa abundantes errores.

Las personas y en especial nuestras niñas y niños, gritan, la respiración se vuelve rápida y superficial, presentan sudoraciones profusas y taquicardia. Como el sistema nervioso simpático esta estimulado, éste, a su vez, de forma súbita estimula a las vísceras y llega a originar enfermedades como la diabetes.

Políticamente el terror crea inseguridad, desconfianza, sentimiento de fracaso y desaliento, siendo esto, la antesala de la huída y alejamiento de la organización política.

Estamos programando a nuestros jóvenes con violencia. ¿Cómo podemos pedirles otro comportamiento? Estamos frente a modelos negativos a seguir, gracias a la narco cultura, donde se le idolatra y coloca al narcotraficante como un héroe,  un redentor, un paladín de la justicia social, ayudando a los pobladores de sus lugares de origen, pero aniquilando a miles de jóvenes y niños en el mundo a través de la farmacodependencia.

Estudios en diferentes partes del mundo confirman la influencia decisiva de los medios de comunicación en la generación del crimen. Más del 70 por ciento del contenido de la televisión tiene programas violentos, además de las películas y video juegos, aunado a la violencia en nuestras calles, donde cada vez más vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Resulta cotidiano ver como día a día matan a seres humanos y por morbo los jóvenes buscan hasta las imágenes más sangrientas, y si además en el barrio, el más respetado es el pandillero más violento y debes pertenecer a la pandilla de la localidad para que te respeten otras pandillas. Estamos rodeados de violencia. ¿Cómo pedimos que nuestra ciudadanía sea pacífica si la estamos programando para la violencia?

Por ello compañeras y compañeros legisladores debemos exigir al gobierno federal y a la Secretaría de Gobernación brinden apoyo psicológico a través de capsulas televisivas y radiofónicas para que puedan lograr en la población una mejor canalización del estrés y sobre todo orientación de psicoanalistas y expertos en la materia, para que de esta forma hagamos algo no solo por la niñez y la juventud mexicana sino por toda nuestra sociedad que se ha visto un tanto estresada, intimidada y horrorizada por todos los actos violentos de los últimos meses a causa del crimen organizado.

En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79, Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición, que solicito se tramite de urgente resolución con fundamento en el artículo 79, Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Titular del Gobierno Federal y al Titular de la Secretaria de Gobernación, para que transmitan a nivel nacional capsulas de manejo de estrés, capsulas de terapias psicológicas con psicoanalistas para atender a toda la ciudadanía que se ha visto afectada por los actos violentos que ha vivido nuestro país así como capsulas de prevención del delito, por medio de los distintas empresas televisoras y radiodifusoras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2010.— Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

VIRUS DE PAPILOMA HUMANO - CANCER CERVICOUTERINO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno sobre el virus de papiloma humano y el cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Velia Aguilar Armendáriz, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del virus de papiloma humano y el cáncer cérvicouterino.

Consideraciones

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo, misma que puede ser asintomática por largos periodos.

El riesgo y la sintomatología del VPH son distintos entre hombres, en los que generalmente es asintomático, y mujeres, quienes llegan a desarrollar inflamaciones del tracto reproductivo.

De más de cien tipos de virus que existen, quince serotipos se consideran de alto riesgo, y dos de éstos (16 y 18) originan 70 por ciento de los casos de cáncer cérvicouterino (CaCu).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la mitad de las personas con vida sexual activa han estado en contacto con este virus pero considera que la infección es transitoria.

Sólo entre 10 y el 15 por ciento de las mujeres que lo contraen registran patologías crónicas que las predisponen al cáncer cervicouterino.

Se estima que hasta 80 por ciento de las mujeres adquirirá alguna infección por VPH en el transcurso de su vida, sin embargo si ésta es detectada a tiempo tendrá una resolución espontánea sin causar ningún problema de salud. Además, el cáncer cérvicouterino es prevenible ya que es posible identificar lesiones precursoras del cáncer.

Al respecto la prueba citológica de papanicolaou sigue dando la pauta para el diagnóstico de lesiones cervicales precancerosas y/o la detección del carcinoma invasor, al igual que técnicas complementarias como colposcopía, biopsia, tipificación viral e inmunohistoquímica.

En la actualidad se han desarrollado novedosos métodos de prevención que se están adoptando en la práctica médica, y uno de ellos es la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Asimismo, posterior a la vacunación contra VPH las mujeres deben continuar con sus revisiones periódicas y someterse a pruebas de diagnóstico y detección oportuna como el papanicolaou y la colposcopía, de acuerdo a la edad de cada mujer y de las recomendaciones de su médico. La vacuna contra VPH y los métodos de detección de cáncer cérvicouterino son complementarios.

Por otra parte, existe una constante necesidad de las mujeres pacientes de acceder, recibir y entender la información sobre la infección por VPH, displasias y CaCu in situ que les permita disminuir sus estados de angustia y percepción de fatalidad que todavía se le asigna al CaCu. Recibir información oportuna y accesible permitiría a las mujeres apropiarse de sus procesos de atención.

En tanto lo anterior, y frente a hechos como

• Que el riesgo de desarrollar una infección por VPH comienza con el inicio de la actividad sexual.

• Que cualquier mujer está en riesgo de desarrollar cáncer cérvicouterino si la infección ocasionada por los tipos del virus del papiloma humano oncogénico se vuelve persistente;

• O bien, que este riesgo es cinco veces más alto en mujeres que no se someten a pruebas periódicas de detección como el papanicolau y la colposcopía.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy más que nunca es necesario impulsar la realización y difusión de campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del virus de papiloma humano y el cáncer cérvicouterino, y no sólo ello, sino dotar de recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la realización eficiente y eficaz de estas acciones.

Reconozcamos que entre las necesidades más apremiantes que enfrentan las mujeres está su salud, y en especial aquellas enfermedades de vida o muerte, como el cáncer cérvicouterino.

Aunque el tiempo que tarda el virus en dar señales de presencia es variable, la información necesaria respecto a la infección del virus del papiloma humano y del cáncer cérvicouterino para las mujeres, será siempre pertinente y necesaria en el ejercicio de sus decisiones y en el mejoramiento de su calidad de vida.

Tomemos en cuenta que el virus del papiloma humano (VPH) es una enfermedad que puede convertirse en una amenaza a la salud pública de México si no trabajan juntos sociedad y gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente punto de

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del virus de papiloma humano y el cáncer cérvicouterino.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputada Velia Aguilar Armendáriz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al registro de emisiones y transferencia de contaminantes, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de 1991, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) previeron la reducción de la contaminación como una de sus mayores metas para los años 90, ante este objetivo, se examinó un mecanismo para recopilar y publicar datos sobre las emisiones y transferencias de contaminantes, desa-rrollándose los Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

De acuerdo con la OCDE, el RETC normalmente implica que las empresas reporten periódicamente información sobre las emisiones y transferencias de diversas sustancias de interés específico. Esta información se hace accesible al público, respetando las necesidades legítimas de confidencialidad industrial. Los resultados proveen información cuantitativa y comparativa entre las empresas sujetas a reporte y han estimulado a los inversionistas y otras partes afectadas o interesadas a requerir información sobre las empresas cuyo desempeño se encuentra significativamente por debajo del nivel normal de su sector y exigir su mejoría.

En nuestro país, no fue sino hasta 2001, que con la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se consideró la conformación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. En donde se faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la generación del RETC.

“Artículo 109 Bis. La secretaría, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la secretaría, o autoridad competente del gobierno del Distrito Federal, de los estados, y en su caso, de los municipios.

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva.”

Con este artículo se obligó a las personas físicas y morales responsables de fuentes de contaminantes, a entregar la información necesaria para integrar el RETC.

Ante esta obligación, las industrias, a través de la Cédula de Operación Anual (COA), reportan sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos. Como su nombre lo indica esta cédula debe presentarse anualmente, durante el primer cuatrimestre del año.

De manera general, podemos decir, que el RETC, es una estrategia nacional e internacional cuya función es el establecimiento de directrices que permitan preservar y proteger el medio ambiente, a través del conocimiento de emisiones y transferencia de contaminantes al ambiente, así como la reducción de gases efecto invernadero en cumplimiento a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Sin embargo en nuestro país, el RETC se ha convertido en un instrumento meramente informativo puesto que se ve opacado al ser un instrumento de difícil accesibilidad, y un documento incompleto, al no exigirse el reporte a todos los establecimientos obligados y a la falta de monitoreo en el desempeño de las empresas que registran en el RETC, a través del tiempo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actualmente reportan 2,700 empresas de jurisdicción federal, y en el plano estatal sólo cinco entidades de la república ya cuentan con un RETC. Si consideramos que en el Censo Económico 2009, el total de unidades económicas existentes en México fue para ese año de 5´144,056, y de estas la industria manufacturera, la construcción, transporte, minería, electricidad, agua y gas corresponde a 643,321 empresas que tienen estrictamente emisiones contaminantes al ambiente, por lo cual la cifra de 2,700 empresas que reportan sus emisiones y transferencias de contaminantes está muy por debajo de las registradas en México.

De acuerdo con el reglamento de la LGEEPA en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, en su artículo 26, la Semarnat, debe publicar un informe anual el cual debe ser difundido por medios electrónicos o impresos, sin embargo la secretaría solamente tiene publicado en su página electrónica el Informe Nacional del RETC correspondiente a 2005, en el cual se obtuvo que 2,510 establecimientos industriales reportaron al menos alguna sustancia RETC, de estos 2,452 reportaron valores consistentes, mientras que 58 establecimientos presentaron inconsistencias en sus datos, sin embargo no existe un análisis de seguimiento con los reportes anteriores o al menos al correspondiente al 2004.

Con lo anterior, debemos cuestionarnos, si el Reporte de Emisiones y Transferencia de Contaminantes es un documento eficaz que permita evaluar el nivel de contaminación ambiental ocasionado por el sector industrial, toda vez que las empresas que reportan no son la totalidad de las que están en funcionamiento ya que los informes anuales del RETC que debe elaborar la Semarnat, no han sido publicados y posiblemente elaborados.

Es importante hacer mención de que el gobierno gederal, durante los trabajos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha expuesto diversos compromisos de México para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, sin embargo es de llamar la atención que un programa como el RETC no ha podido consolidarse como una herramienta de política ambiental que permita abordar este tema, ya que si bien en los inventarios de gases efecto invernadero, se consideran a las empresas que han emitido sus reportes de emisiones RETC, no están todas las empresas que a nivel nacional emiten contaminantes a la atmosfera. Es por ello que el punto de acuerdo busca dar fortaleza a este instrumento de gestión ambiental.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se emita el Informe Anual de Emisiones y Transferencia de Contaminantes correspondiente al ejercicio 2009 y establezca una estrategia para que todos los establecimientos industriales que emitan sustancias RETC, entreguen sistemáticamente y de manera oportuna, su reporte de emisiones y transferencia de contaminantes, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe a esta soberanía cuántas visitas de inspección se han realizado desde el año 2006, en cumplimiento al artículo 30 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, indicando los resultados generales de dichas visitas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que a través del órgano interno de control en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, verifique si se dio cumplimiento a la elaboración de los informes anuales del registro de emisiones y trasferencia de contaminantes, correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009.

Notas:

1. OCDE, 1996, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), Una herramienta para la política ambiental y el desa-rrollo sostenible, Manual Guía para los Gobiernos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

TRATA DE PERSONAS EN TURISMO SEXUAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado del INM y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales estrategias para implantar acciones que contribuyan a combatir la trata de personas en el turismo sexual, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Podemos entender al turismo sexual como la forma de turismo con el propósito de sostener relaciones sexuales, normalmente con prostitutas, pero también puede darse que mujeres busquen oportunidades sexuales con hombres, con otras mujeres, entre personas del mismo sexo o incluso con menores de edad. Entre las principales causas que motivan este tipo de turismo se pueden destacar las que tienen que ver con la existencia de tolerancia por parte de las autoridades; en muchas de las ocasiones, la edad de quienes ofrecen estos servicios; altos niveles de impunidad ante el delito; acceso a precios más bajos cuando el cliente viaja de un país rico a uno más pobre; acceso a una mayor privacidad debido a las características de clandestinidad y discrecionalidad; el cliente encuentra más atractivos a determinados grupos étnicos; preferencia por personas extranjeras sobre las del país propio o bien atracción por entornos más tropicales o diferentes climas en su mayoría calurosos, entre otros.

De acuerdo con el concepto sobre turismo sexual, vertido por la Organización Mundial de Turismo, este “comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. Esa actividad, como ya se ha demostrado, constituye una fuente de ingreso, que incide significativamente en la economía de muchos países.

En tal sentido, desde luego que diversos países han venido realizando importantes esfuerzos encaminados a incrementar el ingreso al país de turistas de diversas partes del mundo; sin embargo, con la apertura del sector turístico, trae consigo un flujo de explotadores sexuales, quienes escogen naciones como destinos turísticos que se destacan por la falta de una legislación penal eficaz que frene la utilización solapada de personas y menores de edad, con fines de explotación sexual, amparados en el sustento de que la ley lo permite y bajo el disfraz de “paquete turístico”.

Por otro lado, así como los grandes avances tecnológicos han incrementado la pornografía infantil, los explotadores sexuales, a través del turismo expedito, sin un marco de legislación penal adecuada, pueden ver a cualquiera de éstos territorios como un lugar adecuado para utilizar niños, niñas y adolescentes, con fines de explotación sexual.

Si por ende, la prostitución de menores es endémica de muchos países de renta baja, desde luego que trae como consecuencia que éstos se distingan como destinos preferentes del turismo sexual.

Las poblaciones de los países donde se desarrollan éste tipo de actividades, se destacan por que casi en su totalidad, atraviesan problemas económicos, de tal manera que se crea el entorno óptimo que aprovecha el explotador para captar a las personas principalmente de sectores o áreas marginadas y obligarles a entrar en un circuito de explotación sexual: la oferta y demanda de sexo, donde, desde luego, la “mercancía más valiosa” es aquella que el turista sexual demanda y por la que está dispuesto a pagar altas sumas de dinero.

Aunque se supone que una mayor parte de los turistas sexuales buscan relaciones sexuales con otros adultos, un porcentaje importante, y alarmantemente creciente, busca activamente a menores de edad a pesar de que en numerosos países existen leyes severas contra los abusos sexuales a menores, y se condenan de estos actos a los ciudadanos aunque los practiquen en otro país donde no estén prohibidos.

Entre los destinos del mundo más comunes para el turismo sexual se encuentran Marruecos, Camboya, China y Tailandia; se incorporan a esta lista más recientemente, y derivado de los cambios principalmente económicos que afectaron a su población,  países como Rusia, Hungría, República Checa y Ucrania.

En nuestro continente, este grave problema ha afectado significativamente a todos los países de América Latina sin excepción, a pesar de que la información disponible indica que Asia es la región más golpeada, empero, de manera ejemplar y sólo por mencionar algunos países y ciudades que se han convertido en destinos habituales para los turistas sexuales se destacan: la ciudad de Sao Paulo en Brasil; la Habana, la zona turística de Playa de Varadero y los Cayos en Cuba; Guanacaste, Limón, Puntarenas y San José son las localidades con mayor incidencia en Costa Rica; en el caso de Colombia se destacan las ciudades como Cali, Buenaventura, Roma, Medellín, Pereira, Bogotá y Girardot, la cual es una ciudad intermedia situada a 130 kilómetros de la capital colombiana, y en la que ofrece el mayor muestrario de niñas entre los 14 y 18 años de edad, así como en los puertos del Caribe como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; en el caso de Honduras, el fenómeno ha estado creciendo principalmente en las ciudades de Tegucigalpa, Copan y la Ceiba; respecto a las ciudades de la República Dominicana, se destaca Santo Domingo, y destinos turísticos como Boca Chica, o en Samaná: las Galeras, El Rincón y Playa Colorada, o en Puerto Plata; en el caso de Puerto Rico, el fenómeno se desarrolla por toda el área metropolitana de San Juan y sus innumerables playas en las que se ofrecen éstos servicios a lo largo y ancho de la isla, y en muchas de sus provincias, valiéndose desde luego de una gran cantidad de migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos a través de esta isla; no se queda atrás Guatemala, pues en las ciudades de Antigua, Panajachel y Flores, donde extranjeros que compran casas que son frecuentadas por menores de bajos recursos; mientras que puerto San José es el centro de turismo sexual nacional. Desafortunadamente, el fenómeno en Guatemala está creciendo de manera pavorosa, pues ya es más concurrente que mexicanos crucen la frontera en Tecún Umán y salvadoreños que lo hacen desde Jutiapa para tener encuentros sexuales principalmente con menores de edad; de igual manera, en las ciudades turísticas de Colón, Isla Grande, Las Tablas, el Golfo de Montijo, el Archipiélago de las Perlas y la propia ciudad capital de Panamá.

Mientras que en nuestro país, los principales “paraísos sexuales” son la ciudad de Acapulco, en Guerrero; Cancún, en Quintana Roo; Ciudad de México; y en menor medida varias comunidades de Oaxaca y Veracruz; mientras que, por otro lado, este fenómeno es creciente en la zona norte de Tijuana, Ciudad Juárez y gran parte de las entidades con playas cercanas a las zonas fronterizas con Estados Unidos. Todo esto aunado a que México es considerado el segundo país a nivel mundial con mayor producción de materiales de pornografía infantil y hacia el interior, la explotación sexual de menores por Internet ya se sitúa en el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos.

En la medida en como los pueblos avanzan y progresan, en que la tecnología moderna prospera e influye en todos los aspectos de la vida ciudadana, cuando los medios masivos de comunicación social acortan distancias, entonces se hace más necesaria la preservación y difusión de preceptos éticos, principios y valores encaminados a proteger y fortalecer a la familia. Pues si permitimos que se continúen degradando los valores, si permitimos que el mero afán de lucro cosificando y explotando personas continúe en la esfera de la impunidad y la permisión, entonces estaríamos tolerando una alarmante oleada de delincuencia que castiga y afecta a los más vulnerables de cualquier nación.

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración y al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales, diseñen estrategias en el ámbito de sus respectivas atribuciones para la implantación de acciones con la finalidad de coadyuvar en el combate de la trata de personas y el tráfico de personas en el turismo sexual.

Segundo.De manera periódica sea informada esta soberanía sobre los avances y resultados obtenidos por la implantación de las acciones para combatir la trata de personas en las zonas rojas de turismo sexual del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputada Rosi Orozco (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, para dictamen.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Señor presidente, se han agotados los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 16:42 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 15 de febrero de 2011, a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.

————— O —————

RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 5 hora 38 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 295 diputados • Asistencia al cierre de registro: 437 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Diputado que solicita licencia: 1 • Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1 • Oradores que participaron: 96 PRI                                  25PAN                                 21PRD                                 9PVEM                        8PT                                       30Nueva Alianza                 3 Se recibió o presentó: • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • 5 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Fortalecimiento al Federalismo; Desarrollo Metropolitano; Especial de Desarrollo de Microrregiones; Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales; Especial para la Familia; Hacienda y Crédito Público; Justicia; Marina; y de Seguridad Social; • 9 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 5 oficios del gobierno del estado de Guanajuato con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 minuta con proyecto de decreto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional; • 1 minuta con proyecto de decreto; • 1 iniciativa de senador del PRD; • 1 iniciativa del PRI; • 1 iniciativa del PAN; • 1 iniciativa del PVEM; • 2 iniciativas de Nueva Alianza; • 8 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; • 1 de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y  64 y 84 de la Ley del Seguro Social; • 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Equidad y Género con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, a reforzar las acciones y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres embarazadas, con el fin de impedir la discriminación por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar; • 1 de la Comisión de Equidad y Género con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a tomar las medidas pertinentes para instrumentar el Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que permita disminuir y eliminar las diferencias en las oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres; • 1 de la Comisión de Economía con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a promover las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos; • 1 de la Comisión de Economía con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Economía y al Procurador Federal del Consumidor a publicar de inmediato la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo; • 1 de la Comisión de Economía con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a revisar de su política económica y fiscal para que ponga en marcha estrategias tendientes a promover el desarrollo de la economía nacional; • 1 de la Comisión de Economía con punto de acuerdo, respecto al control de precios de los productos de la canasta básica; • 1 de la Comisión de Energía con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación tarifaria en diversos municipios de Colima; • 1 de la Comisión de Energía con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a condonar el pago de adeudos y establecer tarifa preferencial para los consumidores domésticos de electricidad en Puerto Libertad, de Pitiquito, Sonora, así como a modernizar la infraestructura utilizada en la generación; • 1 de la Comisión de Energía con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar los costos de energía y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola y de riego, así como de las norias de Puebla; • 1 de la Comisión de Energía con punto de acuerdo, relativo a las tarifas de gas natural por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, respecto de los precios de cobertura de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a trabajar con las autoridades federales competentes para implantar acciones que permitan cumplir los fines del Programa de Repatriación Humana • 1 de la Comisión de Transportes con punto de acuerdo, relativo a la inversión en el tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios derivadas del convenio de coordinación celebrado por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes -por el gobierno federal- y el gobernador de Sonora; • 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, devuelta por la Cámara de Senadores; • 1 de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 de la Ley General de Población