SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el cómputo de asistencia de los señores diputados y señoras diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 329 diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(11:35 horas): Y por tanto, se abre la sesión.

Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, buenos días.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, quiero hacer una interpretación, a ver qué le parece presidente, del Reglamento.

Estoy solicitando formalmente, presidente, una moción de orden tanto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política como a los integrantes de la Mesa Directiva. Con qué fundamento, con fundamento en el artículo 8, fracción XIV del Reglamento; 115 del nuevo Reglamento, en relación con el 260, presidente, del Reglamento.

Como los integrantes de la Junta de Coordinación Política no han remitido a este pleno los nombres de los consejeros electorales que va a conocer las propuestas que hagan ellos, que va a conocer este pleno, que integrarán el Consejo General del IFE, me parece que debe haber algún tipo de sanción, una consecuencia jurídica por el incumplimiento en el envío en tiempo y forma a este pleno.

Por eso creo que procede la moción de orden, porque las mociones de orden proceden para dar cumplimiento también al Reglamento, y no solamente para poner multas cuando hay alteraciones al orden.

Entonces, me parece que hay una obligación de todos los legisladores de respetar este Reglamento. Entonces, para respetarlo tienen que cumplir con los ordenamientos jurídicos aplicables, con la Constitución. Con la convocatoria respectiva y creo que debería proceder, es una facultad suya, presidente, la aplicación del 260, determinar si se da o no consulta a la Comisión de Reglamentos por el incumplimiento de los integrantes de la Junta de Coordinación Política respecto de este pleno.

Por lo que ve a la Mesa Directiva, la moción de orden, presidente, observamos que en el nuevo Reglamento están regulados, está regulada la figura del cabildeo y que el artículo 264 del Reglamento establece que la Mesa Directiva elaborará un registro público de los cabilderos. Como hasta el momento no sabemos el avance que hay en la conformación de ese registro público, creo que también procedería la moción de orden y la aplicación del 260; pero está a su reserva, presidente, en virtud de las facultades que tiene usted para interpretar el Reglamento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En el segundo caso, diputado, me permito informarle a usted que dicho registro ya se ha abierto. Antes de que concluya la sesión le enviaré por escrito y firmadas por la Secretaría General las disposiciones que se han tomado respecto del registro de cabilderos.

En el caso primero, acepto la solicitud que usted hace de esta moción. La remito por supuesto a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para el estudio que usted nos solicita. Con mucho gusto. Muchas gracias.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fayad, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente, con el objeto nada más de señalarle que está fallando el sistema electrónico para el registro de asistencia de este pleno. He pasado lista y no hay forma de que pueda registrarse. Le ruego registre mi asistencia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es correcto, señor diputado. Por favor, registre la Secretaría la asistencia del diputado don Omar Fayad.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se dispensa la lectura del orden del día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted. Diputado Agustín Guerrero. Sonido a la curul del diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Solamente para comentarle, diputado presidente, hacerle una petición para que en el orden del día previsto para la sesión del día de hoy, en el tema de la agenda política viene relacionados en el número 9 los comentarios relativos a la política educativa del país que tiene que ver con el decreto del día de ayer en materia hacendaria, para deducir de los impuestos el pago en materia de educación.

Lo que le quería proponer al pleno a través suyo, es que pudiera este punto 9 ocupar el número 2 de la agenda política y pedirle al diputado Gerardo Fernández Noroña que propone el tema en el punto número 2, que pudiera aceptar esta propuesta y que se corriera la lista de la agenda legislativa y colocar en el número 2 el que ahorita viene como número 9.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es una práctica de esta asamblea que cuando hay intercambio o enroque entre los grupos parlamentarios sea aceptado, si bien lo formaliza la solicitud de los señores diputados y esta vez lo está haciendo de manera oral el señor diputado. El diputado Fernández no tiene inconveniente, por tanto, queda enrocado el tema 9 al tema 2. Muchas gracias.

Adelante con la dispensa de la lectura del orden.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados por la negativa

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura del orden del día.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de febrero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite quince contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

Del Gobierno del Distrito Federal.

Del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Del Banco de México, por la que remite informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2010.

De la Comisión Nacional del Agua, por la que informa que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 31 de diciembre del 2010, se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afectaciones presupuestarias para su autorización, de los cuales se han autorizado y realizado la devolución de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.

De la Secretaría de Gobernación, con la que envía el Informe Semestral de Avances y Estado que Guarda el Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo octubre de 2009 - marzo de 2010.

Tres, de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Iván Flores Contreras, Rebeca Aguirre Machado, Noel Urias Ramírez, Héctor Jiménez Franco y Henok Montoya Balvastro, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas; Guadalajara, Jalisco y Hermosillo, Sonora; respectivamente.

De la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Protesta de ciudadana diputada.

Iniciativa de ley o de decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Coahuila, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. (Turno a Comisión)

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto, que reforma los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto, que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y  64 y 84 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a instalar medidores con tecnología apropiada para garantizar que el cobro por el servicio de energía eléctrica corresponda fielmente al consumo realizado.

De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de Petróleos Mexicanos, realice acciones para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad realice una revisión urgente del exagerado incremento de la tarifa de energía, para establecimientos comerciales y de servicios en el Estado de Morelos.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emita por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las reglas de operación del programa de atención a contingencias climatológicas, en virtud de los daños por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla.

De la Comisión de Transportes, con Punto de Acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De la Comisión de Transportes, con Punto de Acuerdo, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el Mercado Nacional y por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobre precio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

De la Comisión de Transportes, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presenten un informe detallado de las obras marítimas y dragado.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de Norma Oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Gobierno de Baja California, concluir la ampliación de carriles en el Cruce Internacional Puerta México; y al Ejecutivo Federal, ordenar la aplicación parcial del Sistema de Supervisión y control vehicular en ese lugar, hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en el Chaparral.

Dictámenes en sentido negativo de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Rural, con Punto de Acuerdo, por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo, por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, apoye a los productores cañeros veracruzanos afectados por diversos meteoros climatológicos, a cargo del diputado José Luis Álvarez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación de seguridad alimentaria del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios para denunciar el trasfondo político de la alianza PRD-PAN, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación de los derechos humanos en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios para denunciar la sobre explotación y la violación de los derechos humanos de los trabajadores de limpieza de esta H. Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación de la política cultural en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos al pago a Extrabajadores Migrantes Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación social del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la política educativa en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación de la política exterior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación política del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la inseguridad en el Estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a la necesidad de establecer políticas públicas de forma urgente, para atender el problema de los Feminicidios en el país, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a la corrupción en Turissste y los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios relativos a los programas y las políticas públicas del Gobierno Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la iniciativa histórica sobre la deducibilidad de las colegiaturas en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a la deducibilidad de las colegiaturas en la educación privada, desde nivel preescolar hasta bachillerato, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a las políticas de comunicación en el país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la política social del Gobierno Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a las acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos al estado que guarda la democracia en las entidades de la República, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo

Que reforma los artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 54 Bis, 54 Ter, 54 Quáter, 54 Quintus y 54 Sextus a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 301 y 421 y adiciona un artículo 421 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez y suscrita por la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide de la Ley General de Candidaturas Independientes, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1° y 4° de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Propaganda Gubernamental, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Artículo Noveno Transitorio a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, diseñe, implemente y otorgue un estímulo económico compensatorio mensual, a los profesores de educación básica que desempeñan su labor educativa en el área rural, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, aplique una política en la que el personal que labora en consulados, embajadas y oficinas de enlace, porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración al Año del Turismo, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que respete los derechos humanos de las mujeres y se decrete la inmediata liberación de Leslie y de todas las mujeres que han sido encarceladas en el estado por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la adquisición de aviones y helicópteros por parte de la Sedena y de la Semar, a efecto de fortalecer la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales y el combate al crimen organizado, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea de una Comisión de Investigación Encargada de Examinar, Analizar y Evaluar la operación del fideicomiso creado para la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia y del Centenario del Inicio del Movimiento de la Revolución Mexicana, con la finalidad de que los responsables encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010, expliquen los criterios que se tomaron para que dicho fideicomiso creciera de manera desorbitada y se esclarezcan las irregularidades en el destino y manejo de los recursos, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa, para crear una subdelegación, ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, que tenga como principal objetivo dar cabal seguimiento a los daños generados al medio ambiente por los diversos actores contaminantes en la región, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, efectúe el análisis de resultados que ha ofrecido el Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal, así como a conducir una política eficaz y eficiente en materia de salud bucal en nuestro país, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, expida una Ley que permita implementar un sistema de justicia para adolescentes, con las características establecidas por el artículo 18 Constitucional, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, diseñe un plan integral e inicie acciones basadas en estudios, políticas y programas encaminados a evaluar y solucionar la situación epidemiológica ambiental, así como los índices de contaminación que afectan a la región Tula-Tepeji, en el estado de Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Conavi, vigile el cumplimiento por parte de los Desarrolladores de Vivienda de la Normatividad relativa a la calidad de las mismas, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Árevalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Segob, emita la declaratoria de Desastre Natural en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua y se liberen los recursos del Fonden para atender los problemas generados por las fuertes nevadas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al INM, para la creación de un Registro Nacional de Repatriados, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo al Día del Ejercito Mexicano, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa al 16 de febrero, Décimo Quinto Aniversario de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

Diputado Fernández Noroña, sobre el acta. Sonido en la curul del diputado Fernández, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Ahora que ponga a discusión el acta, es que dijo, diputado presidente, que se ponía a votación el acta y en realidad era...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El orden del día.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Era el orden del día. Entonces, le pido cuando ponga a discusión el acta le solicito la palabra por una omisión que tiene el acta.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se dispensa la lectura al acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la cámara de diputados del congreso de la unión, celebrada el jueves diez de febrero de dos mil once, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la sexagésima primera legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y cinco diputadas y diputados, a las once horas con cuatro minutos del jueves diez de febrero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura al orden del día y del Acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

Se reciben comunicaciones oficiales:

• De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal invita a la Ceremonia Cívica conmemorativa con motivo del centésimo octogésimo Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, que tendrá lugar el catorce de febrero a las diez horas. Se designa una comisión de representación.

• De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias, Especiales y de Mesa Directiva de Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo; de Desarrollo Metropolitano; Especial de Desarrollo de Microrregiones; Encargada de Vigilar el Correcto; Especial para la familia; de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social. En votación economía se aprueban, comuníquense.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules, realizan comentarios los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo.

• De la Secretaría de Gobernación:

a) Con las que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, relativo:

– A la relación económica, técnica, científica y cultural entre México y la Federación de Rusia. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.

– Al ciudadano Anastasio Hernández Rojas. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.

– A la explotación laboral infantil. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

– Al Convenio ciento cincuenta y seis de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

– A los centros de rehabilitación para adicciones que operan de manera clandestina. Se remite a la Comisión de Salud.

– A la universalidad de los servicios de salud. Se remite a la Comisión de Salud.

– Al brote de dengue en el municipio de Sahuayo, Michoacán. Se remite a la Comisión de Salud.

– Al predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco. Se remite al promovente.

b) Del Gobierno del estado de Guanajuato, con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por el que:

Se exhorta a los secretarios de Salud de las entidades federativas de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Distrito Federal y Tabasco a respetar la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas a intensificar las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas de educación básica y secundaria. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

Se hace un llamado a los Gobiernos Estatales a cumplir con cabalidad los acuerdos, las normas, los lineamientos y las guías de atención en salud encaminados a atender esta problemática a escala local para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y el subsecuente. Se remite a la Comisión de Salud.

Se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a realizar las acciones necesarias a favor de fomentar, pero además, instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objeto capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral de una manera digna para ellas y sus familias. Se remite a la Comisión de Equidad y Género.

Se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatales y municipales a implantar en el ámbito de su competencia acciones tendentes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la realización de actos de extorsión hacia los connacionales durante su regreso a territorio nacional, con motivo de las próximas fiestas decembrinas por parte de autoridades federales, estatales o municipales. Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Quinto Distrito del estado de Coahuila, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Se da cuenta con las siguientes Minutas, con proyectos de decreto:

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Se recibe del senador René Arce, del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos siete y nueve de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde su curul, el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, realiza comentarios con relación a la alza de precio de productos de primera necesidad y quien solicita la integración de un Grupo Plural de Trabajo, y el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.

Se reciben proposiciones de acuerdo de los Órganos de Gobierno:

• De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por  el que se establece el calendario correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. En votación económica se aprueba. Desde su curul realiza comentarios la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

• De la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En votación económica se aprueba, comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

• De Desarrollo Rural, con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo ciento noventa de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• De Seguridad Social, con Proyecto de Decreto, que reforma los artículos seis y ciento treinta y cuatro de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y  sesenta y cuatro y ochenta cuatro de la Ley del Seguro Social.

• De Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos diecinueve, veinte y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En votación económica se dispensan la lectura y se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

• Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Se le concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien propone postergar el proyecto de decreto. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a la propuesta, los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se autoriza se retire el proyecto de decreto.

• De Energía, que reforma la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

A las once horas con cincuenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general. Fijan postura de sus Grupos Parlamentarios los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Desde sus respectivas curules el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, solicita moción suspensiva, y el diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, realiza comentarios. En sendas votaciones económicas se aprueba la moción suspensiva y  se devuelve a la Comisión.

En votación económica se aprueba la lectura solo de los encabezados de los siguientes dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones:

a) De Equidad y Género:

• Por el que se exhorta a los Gobiernos Federal, Estatales y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas para impedir la discriminación contra las Mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

• Por el que solicita a la Sexagésima Primera Legislatura que implante un modelo de equidad de Género del que se desprendan acciones afirmativas a favor del personal.

b) De Economía:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la Industrialización y Generación de Nuevos Proyectos Productivos.

c) De Energía:

• Relativo a la reclasificación tarifaria en diversos Municipios del Estado de Colima. Se somete a discusión en lo general. Intervienen los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, en contra del dictamen; y en pro Pedro Peralta Rivas, del Partido Acción Nacional. Se considera suficientemente discutido.

• Por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para condonar el pago de adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en la Comisaría de Puerto Libertad, Municipio de Pitiquito, Sonora. Se somete a discusión. Intervienen los diputados: en contra del dictamen: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; en pro: Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones. Desde sus respectivas curules, realizan propuesta de modificación al dictamen los diputados: Pedro Ávila Nevárez, en dos ocasiones; Miguel Ernesto Pompa Coella, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Emilio Serrano Jiménez y Eduardo Mendoza Arellano, en dos ocasiones, ambos del Partido de la Revolución Democrática. Para rectificación de hechos Tomas Gutiérrez Ramírez, del Partido Acción Nacional; y César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone se posterga el dictamen; y Porfirio Muñoz Ledo; Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

• Por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, revise los costos de energía eléctrica y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, los de riego y las Norias de Puebla. Se somete a discusión en lo general. Intervienen los diputados: en contra: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo y José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática; en pro Miguel Martí López, del Partido Acción Nacional. Se considera suficientemente discutido.

• En relación con las tarifas por consumo de gas natural, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se somete a discusión en lo general. Intervienen los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional. Se considera suficientemente discutido.

d) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, por el que se exhorta a los Gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a trabajar coordinadamente con las Instancias Federales Competentes, para implementar acciones que permitan el cumplimiento de los fines del Programa de Repatriación Humana. Se somete a discusión en lo general. Intervienen en pro los diputados: Jaime Oliva Ramírez y Norma Leticia Salazar Vázquez, ambos del Partido Acción Nacional. Se considera suficientemente discutido.

e) De Transportes, relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación, así como la realización de obras complementarias de modernización en Municipios, derivado del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de Sonora. Se somete a discusión en lo general. Intervienen en pro los diputados: Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional; y Onésimo Mariscales Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional.

En votación nominal se aprueban en conjunto, en lo general y en lo particular los puntos de acuerdo no impugnados por trescientos sesenta y siete votos; cuatro en contra y tres abstenciones, comuníquense.

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimientos los diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática y Luis Enrique Mercado Sánchez, del Partido Acción Nacional.

f) De Economía:

• Por el que exhorta a los Titulares de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se manera inmediata se publique la información relacionada con el establecimiento del precio de los productos provenientes del campo, con el objeto de proporcionar información al consumidor de dichas mercancías. Se somete a discusión en lo general. Intervienen los diputados: en contra Mario Alberto Di Costanzo Armenta, en la segunda intervención responde alusiones personales; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; en pro: Ildefonso Guajardo Villarreal, en la segunda intervención responde alusiones personales; y Pedro Ávila Nevárez, ambos del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en términos del dictamen por trescientos cincuenta y seis, votos; nueve en contra y ocho abstenciones, comuníquese.

• Por el que se exhorta al Gobierno Federal a revisar de manera profunda su Política Económica y Fiscal para que ponga en marcha estrategias tendientes a promover el desarrollo de la Economía Nacional. Se somete a discusión en lo general. Intervienen los diputados: en contra del dictamen Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, y en pro Norma Sánchez Romero del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en términos del dictamen por trescientos cuarenta y tres, votos; diez en contra y siete abstenciones, comuníquese.

• Relativos al control de precios de los productos de la canasta básica. Se somete a discusión en lo general. Intervienen los diputados: en contra del dictamen, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo;  en pro, Mario Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional; y Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Para rectificación de hechos el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en términos del dictamen por trescientos treinta y uno, votos; seis en contra y nueve abstenciones, comuníquese.

En votación económica se autoriza la lectura solo de los resolutivos de los dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones:

a) De Agricultura y Ganadería:

• Por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

• Por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo quince de la Ley de Capitalización del Procampo.

b) De Defensa Nacional, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se somete a discusión. Intervienen en contra del dictamen los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia; Porfirio Muñoz Ledo, quien acepta interpelación del diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido.

c) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y seis de la Ley General de Población.

En votación nominal se aprueban los dictámenes en sentido negativo por trescientos cuatro votos; treinta en contra y siete abstenciones. De conformidad con el artículo ciento ochenta numeral dos, fracción segunda del Reglamento, se remite para su inserción en el Diario de los Debates y se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se concede el uso de la palabra para presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo a la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Partido Acción Nacional, a nombre de los coordinadores de los grupos parlamentarios, por el que se realiza un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de desastre natural en los estados de Chihuahua y Sonora. Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: José Ramón Martel López y Miguel Ernesto Pompa Corella, ambos del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones y concede el uso de la palabra para presentar el punto de acuerdo al diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, del Partido Revolucionario Institucional. En sendas votaciones económicas se considera urgente resolución y suficientemente discutido. En votación nominal se aprueba el punto de acuerdo por trescientos veintiséis votos, comuníquese.

Se da cuenta comunicación del diputado Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, por el que solicita a la Presidencia se retire del Orden del Día la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, investigue y, en su caso, castigue a los culpables del accidente ocurrido en Ocozocoautla, Chiapas, el veintiocho de febrero de dos mil diez, donde fallecieron veinte derechohabientes del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, así como a la Delegación del Instituto en dicha entidad, para que se paguen las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las víctimas. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Del Mazo Morales, para hacer aclaraciones. Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional y José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea continuar con el capítulo de Agenda Política, una vez aprobado en votación económica y se concede el uso de la palabra al diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, con relación con los nuevos asesinatos en Villas de Salvácar en Ciudad Juárez, Chihuahua, que demuestran el fracaso del Gobierno Federal. Desde su curul realiza comentarios el diputado: Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional. Intervienen con relación al tema los diputados: Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; y desde sus curules los diputados: María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y uno de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo trescientos siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Energía, para dictamen.

• Oscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se reciben las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que en el Proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de dos mil doce, considere otorgar estímulos del Impuesto Sobre la Renta a los contribuyentes que empleen a personas mayores de sesenta años. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que hayan incumplido las disposiciones contenidas en el artículo setenta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

• Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, considere la construcción de las instalaciones del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial, en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, así como para que se otorguen mayores estímulos e incentivos fiscales a las escuelas de educación básica y al personal docente que trabaje para que los niños con discapacidad logren su incorporación plena a las escuelas regulares. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicie los trabajos de ejecución del Libramiento Vehicular de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y reasigne una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren durante el ejercicio fiscal dos mil once, para la construcción de la obra del Libramiento Tlapa. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y de la Secretaría de Gobernación, para que transmitan a nivel nacional cápsulas de manejo de estrés, cápsulas de terapias psicológicas con psicoanalistas para atender a la ciudadanía que se ha visto afectada por los actos violentos que ha vivido nuestro país, así como cápsulas de prevención del delito, por medio de las distintas empresas televisoras y radiodifusoras. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, instauren campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del Virus de Papiloma Humano y el Cáncer Cérvico Uterino. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Titular del Instituto Nacional de Migración y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales, se diseñen estrategias para la implementación de acciones, con la finalidad de coadyuvar en el combate a la trata de personas y en el turismo sexual. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes quince de febrero de dos mil once a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Póngala a discusión secretaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Está a discusión el acta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Registre al diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Fernández Noroña. Es desde su curul, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): No tengo ningún problema en hacerlo desde mi curul, diputado presidente. Comentarle, primero, que reitero que el acuerdo que no se ha honrado en torno al Reglamento es que entraría en vigor hasta el 1 de septiembre, y yo quiero que quede asentado en el acta y reclamar públicamente a los coordinadores del PRI, al PAN, el incumplimiento de ese acuerdo.

Quiero sobre el acta precisa plantearle, no le tocó a usted conducir esa sesión, diputado presidente, pero en el tema de la agenda política presenté el asesinato de Karen, una jovencita de 16 años, y de siete jóvenes más en una cancha de fútbol de Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el momento en que se estaba presentado la discusión, la fracción de la bancada de Acción Nacional se retiró del salón de sesiones.

No consta en el acta ni el retiro ni tampoco consta en el acta, como pedí que se hiciera, mi solicitud de que se les descontara el día a los ausentistas a esa sesión. Pediría, por favor, que se incluyan en el acta, como lo solicité formalmente, estos planteamientos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan hechas sus consideraciones, señor diputado, y serán tomadas en cuenta para la elaboración del acta en relación con la sanción que usted solicita. Como se está haciendo con las sanciones, serán remitidas a la Comisión de Reglamentos y Prácticas para resolver lo conducente.

Diputada Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Gracias, diputado, por darme la palabra, para comentar que dentro de la agenda del día de agenda política no sería el punto 9, sino el punto 17 el que quedaría en el lugar número 2, a los comentarios que hizo el diputado Agustín Guerrero.

Y hacer una solicitud también para que los puntos agendados dentro de la agenda política que no suban el día de la sesión pudieran ser turnados también para que se puedan ir viendo, a efecto de que se puedan ir disminuyendo los enlistados debido a que al día de hoy contamos con 21 puntos dentro de la agenda política, y esto con la finalidad de que los partidos políticos puedan ver cuáles son las prioridades y poder llevar a cabo debates en tiempo y forma. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Ambas solicitudes se remiten a la Junta de Coordinación Política, que es a quien corresponde de-sahogarlas. Diputado Escudero, solicitó usted la palabra, después el diputado Fernández y después el diputado Pérez Cuevas.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, para preguntarle que usted bien recordará que hace tres meses, cuando tratamos de programar las comparecencias del secretario de la Función Pública, del secretario de Educación y del director del ISSSTE, también les pedimos la información de los contratos del Turissste, que no nos querían dar.

Quisiera preguntarle a usted si esa información ya llegó, porque verdaderamente es lamentable que nos sigamos enterando por los medios de comunicación de la serie de corrupción y de fraudes que siguen habiendo en el Turissste y nosotros seguimos sin los contratos. Quisiera saber si ya mandaron los contratos o siguen ocultando la información. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. En el transcurso de la sesión le informaremos debidamente. Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Una petición y una aclaración. La petición, diputado presidente, tiene que ver con un punto de obvia o urgente resolución que presenté desde el periodo pasado de sesiones, solicitando se forme una comisión especial que investigue los presuntos vínculos del narco con el gobierno de facto de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Ha desaparecido el punto y le pido a la Mesa Directiva que con la Junta de Coordinación Política presenten a la brevedad al pleno esa solicitud para que sea considerada y votada en su momento.

Y la aclaración, diputado presidente, me dice usted que lo manda a la Comisión de Reglamentos, pero el artículo 260, fracción II dice, que yo sigo impugnando: el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta Directiva, según corresponda, tendrá en el desarrollo de las sesiones o reuniones, como medios para promover la libre discusión y sesión parlamentaria, entre los diputados y diputadas, así como inhibir la interrupción de ésta, las siguientes acciones: llamar al orden, declaración de falta de orden, retiro del sonido y descuento de un día de la dieta.

Le corresponde a usted directo, diputado presidente, así es que no es a la Comisión de Reglamentos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así es, diputado, solamente que yo no me encontraba en la sesión, así es que no soy yo quien puede imponer esta sanción. Por lo demás, la interpretación que le he dado a esa aplicación de sanciones, dada la duda que yo mismo tengo respecto de su legalidad, es remitirlas a la comisión, a la espera de que la comisión resuelva lo conducente.

Tiene la palabra el diputado Carlos Pérez Cuevas. Con él cerramos esta parte de intervenciones para pasar a desahogar la sesión.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, sólo para dejar claro y constancia. Qué bueno que hoy el diputado Fernández Noroña, y lo aludo porque lo vamos aludir con nombre y apellido cada vez que siga mintiendo, calumniando y difamando. Qué bueno que pida el cumplimiento del Reglamento, pero tiene que haber congruencia.

Presidente, yo lo que pido, y la banca del PAN pide, es que se cumpla al 100 por ciento el Reglamento, justo como lo pide el diputado Noroña, para cualquiera de los 500 legisladores que lo incumpla como él lo está incumpliendo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia dará cabal cumplimiento a la Constitución General de la República, a la Ley Orgánica, leyes superiores, y por supuesto, a lo que corresponda al reglamento. Continúe la Secretaría.

He concluido la parte de intervenciones, señores, no ha lugar a más intervenciones. Continúe la Secretaría. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica, se pregunta si el acta se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura del acta y queda aprobada. Continuamos con el orden del día. Proceda la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, señor diputado? A ver, diputado Fernández Noroña, no voy a conceder el uso de la palabra hasta los espacios respectivos. No voy a conceder más el uso de la palabra, voy a desahogar la sesión. Hemos desahogado los puntos iniciales con toda amplitud, le suplico a la Secretaría continúe.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Honorable asamblea...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, nuevamente le digo: no hay espacio procesal para conceder la palabra. La Presidencia ha escuchado las expresiones de los señores diputados. Siendo desde las curules, no voy a aceptar ninguna intervención más. Adelante, señor secretario.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Ganadería

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los gobiernos de las entidades federativas a facilitar el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas, por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y el cumplimiento del pari passu, respectivamente.

Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para promover políticas y medidas públicas con la colaboración del sector privado y organizaciones civiles, a efecto de apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno federal a incrementar en los presupuestos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070.

Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia.

Trabajo y Previsión Social

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría del Trabajo y previsión Social a combatir el fraude laboral y fiscal llevado a cabo por The Coca-Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra dicha empresa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los gobiernos de las entidades federativas a facilitar, por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales y del cumplimiento del pari passu, respectivamente, el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los gobiernos de las entidades federativas para que, por medio de las Reglas de Operación de sus distintos programas federales y el cumplimiento del pari passu, respectivamente, faciliten el acceso de los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas. Presentada por la Diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 19 de octubre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio, análisis y dictamen, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y a los gobiernos de las entidades federativas, para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y el cumplimiento del pari passu, respectivamente, faciliten el acceso de los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas, presentada por la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

La presente proposición con punto de acuerdo que se dictamina, tiene sustento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XX, donde se estipula que el Estado promoverá las condiciones para el Desarrollo Rural Integral, a fin  de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, llevando a cabo obras de infraestructura, insumos, otorgando créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Que de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fracciones I, II, III, IV y V, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país.

Que el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece que tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado.

Que lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en sus fracciones I, VI, VII, XIII y XIV se fundamenta el fomento a las acciones económicas de la sociedad rural, destinando recursos al Programa Especial Concurrente para infraestructura y equipamiento comunitario, con el fin de enfrentar el combate a la pobreza. Además se establece dar la seguridad en la tenencia de la tierra, con  acciones en la promoción del empleo productivo.

Que de acuerdo con el artículo 17 de la citada ley, se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.

Que en los artículos 27, fracciones de la I a la XI y 28 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establecen como el gobierno federal celebrará convenios para la programación de las actividades y vinculará con los gobiernos de las entidades federativas.

Que en las Reglas de Operación de la Sagarpa de 2010, en el artículo 7, define dos modalidades para el uso y operación de los recursos: la uno es para la concurrencia de recursos convenidos con las entidades federativas, administrados y operados por los Fofaes; y dos, para la ejecución directa de acuerdo a los programas cuya operación puede ser con las instancias participantes, incluyendo a las entidades federativas y a los agentes técnicos, para el caso de alinear los apoyos de recursos en concurrencia, tratándose de los mismos tipos de apoyos y beneficiarios.

Que el artículo 8 de las reglas de operación contiene lo previsto en la modalidad uno:

“...los recursos que administran y operan los Fofaes en la modalidad 1 se otorguen y ejerzan considerando las diferencias regionales y locales, así como criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad; las Entidades Federativas, a través de la SDA, con el aval de una institución de Educación Superior o por un organismo reconocido a nivel nacional o internacional, será responsable de proporcionar a la Secretaría, ...la información del VIII Censo Nacional Agropecuario ...la estratificación de productores y la regionalización a aplicar en la Entidad Federativa, ...(para) identificar con precisión a la población objetivo y región.

La estratificación de productores que se realice en cada Entidad Federativa deberá considerar, ...su diferenciación en tres estratos conforme a su nivel de capitalización derivada de su posesión actual de activos productivos, a saber: 1) bajo o nulo, 2) medio y 3) alto; en tanto que la regionalización deberá considerar el nivel de de-sarrollo de las diferentes regiones y localidades de cada estado, por lo que igualmente se deberán definir tres estratos: a) localidades de alta y muy alta marginación, b) localidades de marginación media y c) localidades de baja y muy baja marginación, para este propósito se deberá considerar la clasificación de pobreza o índice de marginación de cada una de las localidades de la entidad.

...Para los programas y componentes a convenir en esta modalidad, se destinarán recursos concurrentes con las entidades federativas y se establecerá la proporción de setenta y cinco por ciento (75%) correspondiente a la aportación federal y veinticinco por ciento (25%) a la aportación estatal, una vez firmado el instrumento jurídico, los apoyos se otorgarán conforme a los porcentajes establecidos.

...Los recursos que la secretaría aporte de manera concurrente con las entidades federativas, en el marco de los convenios de coordinación, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables, e incluirán los calendarios de ejecución que se determinen.

Las entidades federativas deberán realizar las aportaciones de recursos que les correspondan en las cuentas específicas, a más tardar en un plazo de 35 días hábiles, en los términos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación y los convenios de coordinación respectivos.

En los convenios de coordinación que se suscriban con las entidades federativas, se establecerá, en el marco de estas reglas de operación, los términos, facultades y responsabilidades que asumen cada una de las partes que lo suscriben; también deberá especificarse el monto y aportaciones comprometidas; las metas y los calendarios de ejecución que se prevean; el flujo de las aportaciones entre otros.

Para el caso de los programas o componentes cuya operación se convenga en esta modalidad, en el instrumento jurídico que se suscriba por ambas partes se establecerá que la administración y operación de los recursos sea a través del Fofae establecido en cada entidad federativa”.

Que en el artículo 9, también de las reglas de operación de 2010, se aborda lo que se establece en la modalidad dos:

“Para el caso de los programas o componentes de la modalidad 2, la Secretaría podrá, sujeto a la evaluación y dictaminación que realice y disponibilidad presupuestal asignar recursos federales de ejecución directa para la atención de proyectos o solicitudes elegibles de conformidad con las presentes reglas de operación, cuyo interés e impacto social y económico genere beneficios en una entidad federativa, región o el país.

En esta modalidad el proceso se realizará mediante la gestión y autorización, en su caso, de la transferencia de recursos correspondiente o la apertura de una cuenta específica para la realización del proyecto y de la participación de la delegación involucrada y las unidades responsables que correspondan; así como el cumplimiento de los procedimientos normativos presupuestales y de flujo de información internos de la secretaría, notificando oportunamente de ello a la SDA a fin de evitar duplicidades y garantizar la coordinación de acciones”.

Que es alarmante la marginación en la que viven la gran mayoría de los pequeños productores del campo de nuestro país, si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos sobre todo en la honorable Cámara de Diputados para asignarle a este sector un recurso histórico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 y ser el programa especial concurrente uno de los presupuestos más altos asignados al campo, sin embargo, seguimos viendo a nuestros campesinos en las mismas condiciones.

Qué es necesario considerar siempre a esos pequeños productores que han sido olvidados y marginados del desarrollo, aunque en el discurso y en la ley se diga que tendrán prioridad.

Que se debe brindar a los pequeños productores estos apoyos mínimos pero  importantes; con lo obtenido de su producción se disminuirían un poco los altos índices de marginación en el campo.

Que con base en lo anterior, la Comisión de Agricultura y Ganadería, durante sus reuniones de trabajo, ha analizado y discutido el contenido del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable así como de la necesidad de intervenir en la elaboración de las Reglas de Operación, con el fin de que éstas sean más comprensibles, entendibles y menos burocráticas las cuales entrampan la posibilidad del otorgamiento de los apoyos tan necesarios para el desarrollo efectivo  del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 en forma oportuna.

Así pues, se han generando propuestas tendientes a mejorar el nivel de vida de los campesinos y potencializar la capacidad productiva, pugnando por una eficiente administración democrática, real y veraz en lo concerniente a la aplicación del presupuesto para el campo, pero sobre todo para hacerlo más productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Que la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita el exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de incrementar el porcentaje de apoyo a los productores de bajos ingresos con menos de 10 hectáreas de temporal, ya se encuentra satisfecha en el artículo 38 fracción VII y en los incisos del a) al k) del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, donde se consideran los  recursos y los mecanismos para el ejercicio de los mismos, del programa especial concurrente.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación del presente año se establece de forma puntual lo referente al pari passu, pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a través de la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, y a los gobiernos de las entidades federativas, para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y el cumplimiento del pari passu respectivamente, faciliten el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas, presentada por la diputada María Felícitas Parra Becerra, del grupo parlamentario del PAN, el 19 de octubre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2010.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez, Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba, Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Fernando Santamaría Prieto, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, concerniente a la proposición con punto de acuerdo para promover políticas y medidas públicas, con la colaboración del sector privado y de organizaciones civiles, a efecto de apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido por los artículos 39, inciso 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo para promover políticas y medidas públicas con la colaboración del sector privado y organizaciones civiles a efecto de apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias con base en los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 18 de marzo de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo para promover políticas y medidas públicas con la colaboración del sector privado y organizaciones civiles a efecto de apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

El proponente manifiesta su preocupación por la falta de proyectos que generen empleos, una mejor inversión y uso eficiente de las remesas de los emigrantes.

En este nuevo interés por el mejor destino de las remesas que ingresan a nuestro país, también se propone que el sector privado y las organizaciones civiles colaboren en estas nuevas acciones que se pretende detonen el desarrollo.

Así también se hace mención sobre el destino que tuvieron las remesas recibidas, las cuales en más de un 70 por ciento fueron utilizadas para el consumo personal, y el resto para otros gastos quedando un porcentaje mínimo para la inversión.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión, posterior al estudio y análisis de la proposición en comento, ha llegado a las siguientes consideraciones:

Primero. Que si bien las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos para el país, hay que mencionar que el promedio de envío oscila entre 300 y 350 dólares por familia al mes, y que de esa cantidad cerca de 90 por ciento en promedio, se destina para consumo incluyendo los gastos en educación, lo que implicaría un enorme obstáculo el que las familias destinen cierto porcentaje al ahorro o inversión del dinero recibido por concepto de remesas.

Segundo.Debemos tener en cuenta que actualmente los flujos de envío de remesas se han visto reducidos, a causa de la crisis económica que comenzó a enfrentar los Estados Unidos y que se expandió a todo el mundo incluyendo México.

Tercero. Actualmente existen varios programas para la inversión de las remesas, entre los que se pueden mencionar el programa 3x1 para migrantes, que lleva a cabo la Sedesol, el cual tiene como objetivo llevar a cabo la inversión de las remesas en los diversos proyectos productivos y de desarrollo que se impulsen por los clubes de migrantes o por las mismas familias de migrantes que se encuentren en el exterior. Así también se cuenta con programas para la adquisición de casas nuevas o usadas (por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal), tomando como pago el envío de la remesa, y otro como el programa paisano invierte en tu tierra, existen diversas opciones en programas que fomentan la inversión en distintas áreas o actividades, es por eso, que se debe reforzar la aplicación de los programas ya existentes.

Cuarto.El proponente, no determina en su documento que dependencia, sector o institución llevará a cabo las acciones de promoción de proyectos y de la inversión en zonas expulsoras de migrantes, aunado a que esta comisión carece de facultades para suplir dicha deficiencia.

Quinto. Si se busca que esta comisión promueva las políticas y las medidas públicas para los objetivos que persigue la proposición con punto de acuerdo, cabe mencionar que no se tienen las facultades para definir o adjudicar nuevas atribuciones ya establecidas poder llevar a cabo ese tipo de acciones, ya que no podemos etiquetarlas si el promovente no lo ha establecido en su documento.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para promover políticas y medidas públicas con la colaboración del sector privado y organizaciones civiles a efecto de apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias, presentado por el diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega De Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González.»

«Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a incrementar, en los presupuestos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo asignado a los programas de protección a los mexicanos que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos 1 y 2, fracción XXVII, 45, fracción 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a efecto de que en los presupuestos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 7 de octubre de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a efecto de que en los presupuestos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del PRI.

Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

El diputado Héctor Pedraza Olguín propone que el Poder Ejecutivo incremente, en la medida posible, el presupuesto a la protección de los migrantes nacionales y extranjeros en función de los programas que llevan a cabo las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

Lo anterior, responde a que con la aprobación de la Ley SB-1070, en los Estados Unidos, habrá un mayor flujo de connacionales que regresen al país, ya sea por motivos de deportación o de manera voluntaria.

Ello ocasionaría que los connacionales, al intentar regresar a sus lugares de origen se encuentren con problemas de extorsión o de acciones que puedan violentar sus derechos humanos.

De alguna manera, sucedería lo mismo para aquellos extranjeros que con el objetivo de llegar a Estados Unidos se ven afectados por acciones de crimen organizado y de abuso de sus derechos humanos, es por eso que, derivado de los comentarios anteriores, el diputado promovente solicita que el Poder Ejecutivo, en la medida de sus atribuciones, aumente el monto de los recursos destinados a la protección de los migrantes nacionales y extranjeros de los programas que llevan a cabo la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Consideraciones

Los integrantes de esta Comisión, después del estudio y análisis correspondiente del punto de acuerdo que se aborda, consideramos varios elementos a destacar lo siguiente:

Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva a cabo acciones en defensa de nuestros connacionales en el extranjero, esta comisión ha impulsado desde las negociaciones para el Presupuesto de 2010, incrementos para reforzar las acciones que realiza a favor de nuestros connacionales en el extranjero.

Que si bien, la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración (INM), ha buscado con la colaboración de los grupo Beta brindar mayor apoyo y asesoría a los migrantes nacionales o extranjeros en su tránsito por territorio nacional.

Es resultado de lo anterior que el INM ha creado 16 grupos de protección a migrantes en un periodo de 20 años, pero la demanda de este tipo de grupos ha aumentado y se requiere dotar de mayores recursos al Instituto, para que puedan prestan el auxilio a los migrantes y en la medida de lo posible crear nuevos para cubrir un espacio más amplio.

De igual manera, en esta comisión se han aprobado reformas importantes a la Ley General de Población para establecer la obligación de las autoridades de Salud y de Procuración de Justicia de brindar la ayuda que en cada caso corresponda a los migrantes sin importar su situación migratoria.

Cabe mencionar, que esta comisión en su momento aprobó y promovió en su momento, la opinión para solicitar que el presupuesto para las actividades que desarrollan la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores en materia de protección a los migrantes, fuese mayor al propuesto por el Poder Ejecutivo para 2011.

Toda vez que se dan por atendidos los objetivos que dieron origen a la presentación del presente punto de acuerdo, toda vez que esta comisión en su momento aprobó e impulsó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en función de la disponibilidad presupuestal, la asignación de mayores recursos, para los programas de protección a migrantes, que llevan a cabo las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Por lo anteriormente, los integrantes de esta comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único.Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, a efecto de que en los presupuestos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se aumenta los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales, que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070, presentada por el diputado Héctor Pedraza Olguín, del grupo parlamentario del PRI, el 7 de octubre de 2010.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta, Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de los perfiles de referencia, presentada el 24 de noviembre de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a su consideración el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición fue presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en la sesión del 24 de noviembre de 2009 y se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Salud, para análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora estudió y analizó los planteamientos de la proposición con punto de acuerdo a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

2. Respecto a la solicitud que formula el promovente, de que la Secretaría de Salud y la Cofepris informen sobre el número de patentes vencidas, la dictaminadora hace notar que el órgano facultado por ley en materia de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente en el artículo 6o., fracción XVIII:

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá las siguientes facultades:

... XVIII. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas...

Por lo anterior se considera fuera de materia la solicitud del promovente respecto a la información sobre el número de patentes vencidas de plaguicidas, nutrientes vegetales, y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos.

3. Respecto a la solicitud del promovente de conocer el estado que guarda la publicación de los perfiles de referencia, según datos de la Cofepris se habían publicado 41 perfiles de referencia al 29 de octubre de 2009.

En mérito de lo expuesto, la comisión dictaminadora somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Resolutivos

Primero.Se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de los perfiles de referencia, debido a que se encuentra sin materia y cumplimentada la solicitud de información requerida.

Segundo.Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas

Honorable Asamblea

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el día 1 de octubre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, presentada por el diputado Ardelio Vargas Fosado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por los diputados de diversos grupos parlamentarios.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes:

Antecedentes

1.En fecha 1 de octubre de 2009, el diputado Ardelio Vargas Fosado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2.En esa fecha la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3.La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Ardelio Vargas Fosado al rubro en cita, la cual se presentó al pleno de la Cámara el día 1 de octubre del año 2009.

Fundamentalmente, el diputado promovente argumenta que durante los meses de abril a julio de 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo el proceso de elección de su Comité Central, dando como resultado de dicho proceso la elección del secretario general, el Martín Esparza Flores, quien ganó tal posición, mediante votación y aprobación emitida en asamblea general de fecha 6 de julio del mismo año; por lo que en cumplimiento de la normatividad laboral, el 5 de agosto de 2009 el Comité Central del sindicato en comento, informó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la integración de su Comité Central, solicitando la toma de nota para el nuevo Comité. Que contándose con un plazo que vencía el 5 de octubre de dicho año, la autoridad laboral negó reiterada y sistemáticamente la solicitud para el otorgamiento de la toma de nota respectiva.

Que la negativa de la autoridad laboral para extender la toma de nota al Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas fue producto del error de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al confundir la figura del registro de sindicatos con la denominada toma de nota, provocando con ello, la violación al principio de autonomía sindical, obstaculizando sin fundamento la toma de nota solicitada.

En tal tesitura, el diputado promovente somete a la consideración de la asamblea legislativa la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que –en cumplimiento de las facultades legales que ostenta– respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, extendiendo la toma de nota a su Comité Central, electo en la asamblea del 6 de julio del año 2009, conforme a sus estatutos; así como también solicitar a las autoridades laborales del ámbito federal, en acatamiento al principio constitucional de autonomía sindical, eviten continuar interviniendo indebidamente en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, respetando su inalienable derecho a resolver legal y democráticamente los asuntos que a éste competan.

Los argumentos vertidos por el diputado promovente son improcedentes y no se ajustan a la realidad por las siguientes consideraciones.

No hubo algún acto negativo, alguna omisión o confusión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el efecto del otorgamiento de la toma de nota al Comité Central de referencia.

El 5 de agosto de 2009, Martín Esparza Flores solicitó que se le otorgara la toma de nota como secretario general, así como a otros 12 integrantes de la planilla 1, presentando documentos imprecisos y afectados de inconsistencias, para tal efecto.

De acuerdo al informe contenido en el documento “Negativa de toma de nota a la planilla Unidad y Democracia Sindical, del Sindicato Mexicano de Electricistas”, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Martín Esparza Flores obtuvo al momento de la elección, 27 mil 10 votos, representando el 48.64 por ciento del total de votos emitidos; Alejandro Muñoz Reséndiz, obtuvo 26 mil 658 votos, representando el 48.02 por ciento del total de votos emitidos, existiendo una diferencia entre una y otra planilla de 352 votos. Sin embargo, a pesar de los datos anteriores, la documentación presentada por los interesados adoleció de irregularidades e imprecisiones, por lo que la solicitud de la toma de nota de Martín Esparza Flores, como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y otros doce cargos sindicales de la agrupación sindical en cita, fue negada por la dependencia federal mencionada, toda vez que no se verificó, conforme a sus propios Estatutos, el cambio de la directiva correspondiente. Las irregularidades, inconsistencias e imprecisiones se determinan conforme a lo siguiente

1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en el artículo 377, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, el 3 y 10 de septiembre del año 2009, realizó diversos requerimientos al sindicato promovente para que se integrara debidamente el expediente de la solicitud de toma de nota. Los días 3 y 30 de septiembre de 2009, los interesados presentaron ante la Dirección General de Registro de Asociaciones sus respuestas a los requerimientos formulados, destacándose el requerimiento para que exhibieran documentos que acreditaran el resultado de la votación, ya que el acta de la Comisión de Escrutinio careció de dos de las cuatro firmas que prevén los Estatutos. Ante ello, se respondió únicamente que los documentos correspondientes ya obran en el expediente.

2. La Secretaría del Trabajo también solicitó la aclaración correspondiente, debido a que existía duplicidad de las actas de las asambleas generales, electoral y de toma de posesión y diferencias entre sí. Para tal efecto, se requirió que se exhibieran para cotejo los Libros de Actas, de Acuerdos y de listas de asistencia de las asambleas generales. Ante ello, se respondió que no se podía acceder a lo solicitado porque los libros se encontraban bajo resguardo del secretario de actas, quien, al decir del grupo solicitante, pertenece al grupo de trabajadores que demandaron la nulidad del proceso electoral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

3. La Secretaría del Trabajo requirió las precisiones conducentes, en relación a las discrepancias identificadas en las listas de electores, en cuanto al número y nombre de trabajadores agremiados, mediante la presentación de una lista de trabajadores debidamente validada por el patrón, Luz y Fuerza del Centro. Ante ello, se exhibió una lista general de electores sin la validación del organismo, ya que según manifestaron, constituye una violación a la autonomía sindical.

4. La Secretaría del Trabajo requirió que se exhibieran los reglamentos correspondientes de la Comisión Autónoma de Justicia y del Pleno del Comité Central, en virtud de que dichos órganos realizaron diversas actuaciones durante el proceso electoral. Ante ello, no presentaron los reglamentos solicitados, limitándose a explicar el contenido de los artículos que regulan el funcionamiento de la comisión en cita, omitiendo lo relacionado a las regulaciones que rigen el pleno del Comité Central.

5. Las listas generales de electores presentadas por Martín Esparza Flores ante la Dirección General de Registro de Asociaciones los días 5 de agosto y 3 de septiembre, continuaron sin ajustarse a lo previsto en el artículo 25, fracción VI, de los Estatutos del SME, al no permitir conocer la adscripción geográfica de los electores.

6. Las actas presentadas relativas a las asambleas electoral y de toma de posesión, no fueron suscritas debidamente por los representantes de las secciones y divisiones del sindicato que asistieron a las asambleas.

7. En cuanto a la votación, existieron más votos emitidos que votantes registrados en nueve de las once divisiones foráneas del SME, las que en su conjunto tienen 8 mil 572 agremiados con derecho a voto, apareciendo en las actas sufragadas y presentadas 12 mil 399.

8. Se imprimieron menos cédulas de votación que el número de votantes, contraviniéndose lo dispuesto por el artículo 25, fracción VII, de los Estatutos del SME.

9. En el acta de la Comisión de Escrutinio, que contiene los resultados del proceso, aparecen solamente dos firmas de los cuatro integrantes de dicha comisión, infringiendo con ello lo establecido por el artículo 26, fracción III, de los Estatutos del SME, por lo que es inválida.

A pesar que el SME dio respuesta a los requerimientos realizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se solventaron las aclaraciones, irregularidades e imprecisiones motivo de los mismos, así como que Martín Esparza Flores presentó un acta de la Comisión de Escrutinio, que no se encontró debidamente firmada, como también las actas que dan fe de las asambleas generales, electoral y de toma de posesión no estando, por ende, autorizadas y careciendo de validez legal de conformidad a los Estatutos del SME.

En relación con el argumento acerca de que la autoridad laboral negó la extensión de la toma de nota al Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas porque incurrió en un error al confundir la figura del registro de sindicatos con la llamada toma de nota, es improcedente e insostenible, toda vez que la autoridad administrativa laboral conscientemente no otorgó la toma de nota correspondiente, por existir irregularidades, deficiencias, omisiones e imprecisiones en las diversas actas de las asambleas generales, la electoral, la de toma de posesión, la de la Comisión de Escrutinio, transgrediendo los dispuesto en los Estatutos del SME. Por lo tanto, la autoridad administrativa laboral no violentó la autonomía del SME ni ha intervenido indebidamente en la vida interna del mismo, al no otorgar la toma de nota respectiva, sino que al contrario, ha acatado y cumplido lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Para mayor abundamiento y sustento de lo establecido anteriormente, sirven la siguiente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos tesis aisladas de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Sindicatos. La autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo.

Es cierto que en la Ley Federal del Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la autoridad del trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes sindicales se ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, la facultad se infiere con claridad de la interpretación armónica y concatenada de los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en  cuanto establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida sindical y que deben comunicar los cambios de su directiva “acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas”; requisitos que, en conjunto, justifican que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de cambio o elección de directiva se apegó a las reglas estatutarias que reflejan la libre voluntad de los agremiados, máxime si se toma en consideración la gran importancia de la toma de nota, ya que la certificación confiere a quienes se les otorga no sólo la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de sus agremiados y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical consagrada en la carta fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser declarado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través de un juicio, quienes en todo caso, podrán impugnar esa negativa a través del juicio de garantías.

Jurisprudencia

Novena Época.

Instancia: Segunda Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XII, Septiembre de 2000.

Tesis: 2ª./J.86/2000.

Página: 140

Número de registro: 191 095.

Contradicción de tesis 30/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl García Ramos.

Tesis de jurisprudencia 86/2000. Aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión privada del trece de septiembre del año dos mil.

Sindicatos. Toma de nota de la nueva directiva. El procedimiento se rige por la Ley Federal del Trabajo

El artículo 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo obliga a los sindicatos a comunicar a la autoridad ante la que están registrados el cambio de mesa directiva, así como la modificación de sus estatutos. Empero, el hecho de que el legislador se haya abstenido de establecer un procedimiento específico mediante el cual, tanto la autoridad como los sindicatos realicen el trámite relativo hasta concluir con la toma de nota, no lleva a establecer que es factible suplir ese vacío con la aplicación de otras leyes, como sería la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o  la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por ser éstas de orden general, ya que siendo la regla que ante ese tipo de legislación debe prevalecer la norma especial (ley laboral), se tiene que estar a ésta, tanto más que en su artículo 17 prevé que a falta de disposición expresa en la Constitución, en ese ordenamiento, en sus reglamentos, o en los tratados celebrados en términos del artículo 133 constitucional, se tomarán en cuenta sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de la ley, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social derivados del artículo 123 de la Carta Magna, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Por consiguiente, si la ley señala la forma en que la omisión del legislador puede ser subsanada, cuando corresponda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinar lo pertinente a la solicitud de toma de nota de la nueva dirigencia de un sindicato deberá sujetarse a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo y observar la normatividad relativa al registro de los sindicatos, que guarda semejanza con la toma de nota de la nueva directiva, y resolver con vista en los documentos precisados en la fracción II del citado artículo 377, sin exigir el cumplimiento de más requisitos que los previstos en la ley.

Tesis Aislada.

Novena Época.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: XVIII, Octubre de 2003.

Tesis: I. 13o.T.49 L.

Página: 1121

Número de registro: 182 938.

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito.

Amparo en revisión 1333/2003. Subdirectora de Actualización y Asesoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 12 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Griselda Lupita Reyes Larrauri.

Sindicato. La autoridad laboral debe abstenerse de tomar nota si la asamblea electoral ordinaria se celebró con incumplimiento de los estatutos correspondientes.

De los artículos 67 y 72, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que la constitución de un sindicato tiene por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores que lo integran, y sus estatutos son las normas obligatorias que regulan la vida interna de la organización sindical que los conforma, por lo que su modificación no debe ser arbitraria, es decir, no puede dejarse a la simple anuencia o falta de oposición de los agremiados, sino que se tiene que ajustar a los procedimientos y las causas que los estatutos establecen, de manera que la autoridad laboral para efectos del registro de toma de nota, se encuentra facultada para verificar si el procedimiento de cambio o elección de directiva de un sindicato, celebrado a través de una asamblea electoral ordinaria, se ajustó a los estatutos pactados, y de no ser así debe abstenerse de tomar nota.

Tesis Aislada.

Novena Época.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: XXV, Enero de 2007.

Tesis: I. 13o.T.166 L.

Página: 2364.

Número de registro: 173 447.

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Amparo directo 13713/2006. María Elena Rojas y otros. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: José Alberto Jiménez González.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emite su dictamen conforme a lo siguiente

Primero.Se desecha y resulta ser improcedente la proposición con punto de acuerdo para llevar a cabo el exhorto al secretario del trabajo y previsión social, Javier Lozano Alarcón, para que en cumplimiento de las facultades legales que ostenta, respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas y, en consecuencia, extienda la toma de nota a su Comité Central, electo en la asamblea del 6 de julio del presente año conforme a sus estatutos.

Segundo. Se desecha y resulta ser improcedente solicitar a las autoridades laborales del ámbito federal que en acatamiento al principio constitucional de autonomía sindical, continuar interviniendo indebidamente en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, y respeten su inalienable derecho a resolver legal y democráticamente los asuntos que a este competan.

Tercero. Mándese al archivo como totalmente concluido el presente asunto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 3 del mes de noviembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña, Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en contra), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en contra), Porfirio Muñoz Ledo.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada el 7 de abril de 2010 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para el estudio y dictamen correspondientes, la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al secretario del Trabajo y Previsión Social, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios y presentada por el diputado Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 7 de abril de 2010, el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para el correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se han realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Ramón Jiménez López al rubro en cita, la cual se presentó al pleno de la Cámara el 7 de abril de 2010.

Fundamentalmente, el diputado promovente argumenta que es urgente que el Ejecutivo federal remueva al secretario del Trabajo y Previsión Social, quien desde que entró como titular de dicho ramo administrativo ha sido factor central para el aumento creciente del desempleo en el país, de la pérdida constante del poder adquisitivo del salario, de la persecución, represión y la ilegalidad contra la clase trabajadora, en vez de crear un ambiente de paz laboral, de empleo y de salarios dignos.

Si bien el actual secretario del Trabajo ha desenvuelto su gestión administrativa ante diversas adversidades y conflictos, las Cámaras de Diputados y de Senadores no tienen facultades ni atribuciones para intervenir en el cesamiento de algún servidor público perteneciente a la administración pública federal solicitando su remoción, pues la facultad para llevarlo a cabo la tiene únicamente el Poder Ejecutivo federal, que encarna el presidente de la República. De lo contrario, se vulneraría el principio de división de poderes, establecido en forma indubitable en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emite el dictamen conforme a lo siguiente:

Primero. Se desecha y resulta improcedente la proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al secretario del Trabajo y Previsión Social, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

Segundo. Archívese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica en contra), Francisco Hernández Juárez, Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en contra), Rodolfo Lara Lagunas, Porfirio Muñoz Ledo.»

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a combatir el fraude laboral y fiscal llevado a cabo por The Coca-Cola Company y sus filiales mediante el outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra dicha empresa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el 29 de octubre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a combatir el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra Coca Cola, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión con fundamento en los artículos 39, numeral 1,45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 29 de octubre de 2009, el diputado Emilio Serrano Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado el estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Emilio Serrano Jiménez al rubro en cita, el cual se presentó al pleno de la Cámara el día 29 de octubre de 2009.

El diputado promovente argumenta que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero, se desempeñó durante 16 años como alto directivo de la empresa The Coca Cola Company, habiendo sido despedido injustificadamente en mayo de 2007, por manifestar su inconformidad ante las ilegales prácticas monopólicas desarrolladas por esta empresa en nuestro país. En consecuencia de lo anterior, el ingeniero Alvarado interpuso demanda laboral, que se tramita ante la Junta Especial número 16 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de expediente 390/2007, señala que al ingeniero Ángel Alvarado Agüero se le arrancó una supuesta renuncia, para lo cual la empresa le privó ilegalmente de su libertad y le hizo víctima de todo tipo de amenazas, además de estar presionado por guardias armados.

Asimismo manifiesta que la demanda laboral se encuentra en la Junta Especial número 16, con número de expediente 390/2007, que sistemáticamente la junta en comento, le ha desechado las pruebas documentales ofrecidas por este trabajador, las cuales son pruebas contundentes, e incluso ha llegado al extremo de revocar sus propios acuerdos ordenando el archivo de un expediente sin sustanciar el procedimiento respectivo.

En la ficha técnica del ingeniero Ángel Alvarado Agüero, señala que inició una denuncia en contra de Gabriel Orlando Piza Avilés, apoderado legal de The Coca Cola Export Corporation y Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA) por el delito de falsedad de declaraciones en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual se radicó el 5 de febrero de 2009, con el número de averiguación previa AZ3/T2/267/09/02, de dicha denuncia se negó el juicio de existencia de la empresa The Coca Cola Company y The Coca Cola Export Corporation, sucursal México. Posteriormente el 10 de diciembre de 2008, el ingeniero Ángel Alvarado Agüero interpone una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en contra de The Coca Cola Company y The Coca Cola Export Corporation, sucursal México, al ex presidente de Coca Cola México, James Quincey y/o a quien resulte responsable por el delito de fraude por simulación y/o genérico, con número de indagatoria FDF/T/T2/01078/08-12.

Derivado del estudio y análisis del punto de acuerdo, resulta improcedente toda vez que con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde el despacho de los siguientes asuntos

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

III. Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores;

IV. Coordinar la formulación y promulgación de los contratos-ley de trabajo;

V. Promover el incremento de la productividad del trabajo;

VI. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

VII. Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;

VIII. Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento;

IX. Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes;

X. Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y demás formas de organización social para el trabajo, en coordinación con las dependencias competentes, así como resolver, tramitar y registrar su constitución, disolución y liquidación;

XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento;

XII. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo;

XIII. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y previsión social;

XIV. Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XV. Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia del trabajo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la administración pública federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la ley;

XVII. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país;

XVIII. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias, y

XIX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos

Por lo tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del ámbito de su competencia carece de facultades para intervenir en asuntos fiscales.

Referente al exhorto para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje vele en todo momento para que se actúe con imparcialidad y apego a derecho en el juicio de referencia, es improcedente toda vez que el Reglamento Interior de la Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje establece la obligación por parte de las juntas para que en todos los juicios se actúe con imparcialidad y apego a derecho.

En cuanto al exhorto a la Procuraduría General de la Republica, para que los procesos penales interpuestos por el ingeniero Ángel Alvarado Agüero con motivo de las irregularidades en el proceso laboral de mención, se atiendan con oportunidad y legalidad; resulta improcedente, toda vez que los asuntos relativos al fuero común no son del ámbito de competencia de la Procuraduría General de la República.

Por lo tanto y ante las consideraciones antes vertidas esta comisión dictamina lo siguiente

Primero. Se desecha y resulta ser improcedente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a combatir el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra Coca Cola.

Segundo. Archívese y mándese al archivo el presente asunto como totalmente concluido.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en contra), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica en abstención), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.»

Presidencia deldiputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inicio c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado José César Nava Vázquez cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presidente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Alta: Diputado Luciano Cornejo Barrera (integrante)

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Alta: Diputado Luciano Cornejo Barrera (integrante)

Comisión de Marina

Baja: Diputada Martha Elena García Gómez (integrante)

Comisión de Economía

Alta: Diputada María Florentina Ocegueda Silva (integrante)

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Alta: Diputada María Florentina Ocegueda Silva (integrante)

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Alta: Diputado César Francisco Burelo Burelo (integrante)

Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales

Baja: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (secretario)

Alta: Diputado Luciano Cornejo Barrera (secretario)

Comisión Especial de seguimiento al daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex

Baja: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo  (integrante)

Alta: Diputado Luciano Cornejo Barrera (integrante)

Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera

Baja: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (integrante)

Alta: Diputada María Florentina Ocegueda Silva (integrante)

Comisión Especial para la Familia

Baja: Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (integrante)

Grupo de Amistad México-Italia

Baja: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (presidente)

Alta: Diputado Luciano Cornejo Barrera (presidente)

Grupo de Amistad México-República Checa

Baja: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (vicepresidente)

Alta: Diputado Luciano Cornejo Barrera (vicepresidente)

Grupo de Amistad México-Perú

Baja: Diputada Martha Elena García Gómez (vicepresidenta)

Alta: Diputada María Florentina Ocegueda Silva (vicepresidenta)

Grupo de Amistad México-Chipre

Baja: Diputada Martha Elena García Gómez (integrante)

Grupo de Amistad México-Cuba

Alta: Diputada María Florentina Ocegueda Silva (integrante)

Grupo de Amistad México-El Salvador

Baja: Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (presidente)

Alta: Diputad Vidal Llerenas Morales (presidente)

Grupo de Amistad México-Polonia

Alta: Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que ha a lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica pregunte...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se inscribe el diputado Fernández Noroña en contra ¿de cuál de los comunicados, diputado Fernández?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): De todas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En contra de todos los comunicados.

Tiene la palabra, diputado, hasta por 3 minutos.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Presidente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Puede correr mi tiempo, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, señor diputado. Permítame, diputado, está haciendo una moción de orden.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí. No ha empezado a correr mi tiempo, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, no está corriendo. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Yo pido que empiece a correr mi tiempo. No empieza a correr mi tiempo, diputado presidente.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Una moción de orden, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, ya estoy en el uso de la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, señor diputado Fernández Noroña, estoy desahogando una moción.

Diputado. Sonido en la curul del diputado, por favor.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Dos cosas, presidente. Una, en términos del Reglamento, los comunicados no se pueden debatir. Y, segundo, también en términos del Reglamento, en la tribuna no es posible colocar mantas o este tipo de expresiones. Le pido, por favor, que aplique el Reglamento, ya nos cansamos de esta situación, y por favor sea estricto, ya que no quiso hacerlo con las que tenía en su curul.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Estamos discutiendo las resoluciones de los órganos de gobierno cuando hay discusión por votación. No corresponde el tema a lo que expresa usted en su protesta, diputado Fernández Noroña.

Le solicito, atentamente, para permitir el desahogo de esta sesión y de esta sección de la sesión, retire la manta respectiva, ya que usted no hará expresión sobre ella porque lo que se está discutiendo no guarda ninguna relación con lo que dice su manta. Le solicito atentamente sea usted tan amable de retirar su expresión material en los términos de lo que señala el reglamento, artículo 8o., fracción XVIII.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Diputado presidente, he solicitado la palabra y con fundamento en el artículo 61 constitucional, en el uso de la palabra yo puedo abordar el tema de la manera que quiera.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, señor diputado. Está usted en la asamblea de la Cámara de Diputados donde se guarda un orden. Usted se inscribió para impugnar las resoluciones de los órganos de gobierno. Muchas gracias, diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Voy a hacer uso de la palabra...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De verdad le expreso mi reconocimiento, gracias. Adelante diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No tiene razón para hacerlo diputado presidente, y voy a explicar la razón.

Se han presentado una serie de modificaciones y durante el tiempo de mi intervención yo puedo usarlo de manera libre y aunque crean, bueno...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados... Diputado Ortega le voy a llamar al orden también a usted. Le voy a llamar al orden, sea tan amable de permitir el desahogo de la sesión. Sean tan amables de permitir el desahogo de la sesión, diputados. Continúe, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Yo le pido al diputado presidente que llame a la fracción del PAN al orden, porque su nivel de intolerancia está alcanzando niveles gravísimos.

La ofensiva que hay contra la libertad de expresión es de tal magnitud que ya no toleran ningún tipo de intervención.

Yo pedí la palabra en contra de los nombramientos, porque por ejemplo hacen un nombramiento de César Nava y no sé por qué plantean la modificación de César Nava, si nunca viene. Lo que deberían hacer es darlo de baja a él sí, pedir que su suplente tome su lugar, porque no asiste a las sesiones, no asiste a las comisiones y no cumple sus responsabilidades. Es público.

Hoy una vez más no está, hoy una vez más no está cumpliendo con sus responsabilidades, es uno de los cambios que están planteando, y sí le pido, diputado presidente, se lo pido con todo comedimiento, hace rato me aludió el diputado Pérez Cuevas. Pérez Cuevas, estoy aludiéndote, me aludió y no me dio la palabra, diputado presidente, y es incorrecto porque yo no he faltado al Reglamento, a pesar de que el propio Pérez Cuevas estuvo en el acuerdo de que este Reglamento entraría en vigor hasta el 1 de septiembre.

Son tan absurdos que están planteando que un ciudadano puede usar una manta en cualquier lugar, y que un diputado no puede usarla. Yo puedo usarla durante mi intervención sin ninguna cortapisa. No importa lo que diga la manta y no importa si tiene relación con el tema que yo estoy abordando. Es un derecho inviolable de los legisladores. Es una garantía constitucional que está por encima de cualquier Reglamento, y a mí me parece muy grave que esté tratando de acallarnos, que esté buscándose estas... quedan 52 segundos, diputado, no se haga bolas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No están permitidos los diálogos, señores diputados. Le digo a los que están en el pleno y al señor diputado que está en uso de la tribuna.

Señor diputado, nuevamente le llamo al orden, permita usted el desahogo de la sesión. La manta que usted expresa no guarda ninguna relación con el tema que estamos discutiendo y para el que solicitó usted el uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Vuelvo a decirle, diputado presidente, que ni usted ni nadie tiene facultades para llamarme al orden, porque estoy en mi intervención, y es mi derecho de utilizar el tiempo libremente, y no tienen, no habrá ninguna inquisición que pueda evitar que yo diga, exprese, manifieste lo que yo creo y pienso, y así es que nos esperan largas jornadas, porque voy a seguir manifestando mi punto de vista.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Seguramente, señor diputado, pero precisamente la moción de orden incluye la rectificación sobre el tema. Diputado Pérez Cuevas, para alusiones personales que tienen prelación.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Con su venia, presidente. Señores legisladores, yo lo primero que voy a hacer es ofrecer una disculpa muy sentida al pueblo de México, y al pueblo de México y a los diputados que venimos aquí a trabajar, a proponer y que tenemos varias semanas, por un circo, por un show mediático, que no nos permite trabajar.

Voy a leer un artículo que obliga a cualquier ciudadano mexicano, a cualquiera, y que en el caso de algunos legisladores, por el hecho de tener fuero no se le puede llamar al orden, no se le puede exigir que cumpla su papel de representante popular.

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo dice: son causas de recisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón; incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón o familiares del personal directivo-administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa. Cometer el trabajador, contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados.

Esto, señores diputados, es obligación y responsabilidad para cualquier ciudadano que puede perder su trabajo; que puede perder lo que le da sustento para su familia. ¿Qué diferencia tenemos los legisladores? ¿Qué diferencia hay que tengan fuero, que es impunidad legislativa? No impunidad.

Al diputado Fernández Noroña se le olvida, y digo Fernández Noroña para que hagas uso de la tribuna, diputado, las veces que quieras. Y lo diré con mucho respeto. Como persona, a ti te respetamos, pero en los elementos que tú subas aquí de mentira, de calumnia, de difamación, porque no ha habido una sola prueba, diputado Gerardo Fernández Noroña, no hay una sola prueba de lo que dices, te vamos a debatir argumento por argumento.

Pero lo que no vamos a hacer, diputado, es paralizar a este Congreso. Lo que no vamos a hacer, diputado, es que por ti el país siga diciendo que los 500 somos unos flojos que no trabajamos, que no debatimos, que no construimos. Eso no te lo vamos a permitir ni a ti ni a ningún grupito, diputado.

Se está acabando la Legislatura, señores diputados, y viene el momento de que construyamos y que echemos por delante lo mejor. Calumnia, mentira, difamación encontrará respuesta de Acción Nacional. Construcción, acuerdo y diálogo, seguramente con todos los diputados podemos construir.

Presidente, concluyo. Yo le pediría que en el mismo ánimo y con la misma fuerza que ha llamado la atención a algunos diputados -y que desafortunadamente no ha sido general-, asuma en la misma circunstancia cuando el diputado Fernández Noroña lo increpa, no cumple la orden que usted le indica, que dé, porque es diputado y tiene fuero. Pero aquí hay órganos de decisión, aquí hay facultades, aquí hay reglamentos y aquí hay obligación de cumplir.

Pueblo de México, disculpen a los que hacen este circo político.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para alusiones personales el diputado Fernández Noroña. En los términos del artículo 119, la rectificación procede al término de la lista de oradores.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Fernández. Por lo demás, sólo voy a admitir las intervenciones que estén relacionadas con las disposiciones de la Junta de Coordinación Política, que son el motivo original de este debate, fuera de las expresiones de alusiones personales. Adelante, diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas. Están mis cerca de 200 intervenciones con planteamientos muy serios, críticas muy sólidas y elementos muy fuertes del nivel de corrupción de este gobierno de facto.

Presenté en la comparecencia de García Luna, propiedades de este hombre, por 42 y medio millones de pesos. Cuarenta y dos y medio millones de pesos que su salario de 150 mil pesos no puede acreditar de ninguna manera. Una casa de siete y medio millones, una casa campestre de 15 millones y una casa de 20 millones de pesos. Cuando le pregunté al funcionario de dónde salía, dijo que ahorraba mucho. Que nos diga de dónde ahorra.

Aquí he pedido que César Nava nos explique cómo pudo comprar un departamento de 7 millones de pesos que en realidad vale 15 millones de pesos y que son evidentes actos de corrupción, de gente del Partido Acción Nacional.

¿Cuál ha sido la respuesta de esa soberanía frente a esas graves acusaciones con pruebas concretas? El vituperio, la descalificación, el escándalo, ellos sí, porque son de doble moral y de una hipocresía increíble.

Dicen que quieren el desarrollo del país y le cargan el IVA, aumentan el IVA a la gente. Dicen que quieren el desarrollo del país y subsidian la educación privada, mientras hay siete y medio millones de jóvenes sin acceso a la universidad. Mientras el 40 por ciento de los muchachos que salen de las secundarias se quedan sin preparatoria. Mientras las familias pobres de este país pagan cuotas voluntarias que son obligatorias por la educación pública. Mientras en las universidades hay cuotas cada vez mayores.

Sostengo que se robaron la Presidencia y los vuelvo a retar a que contemos voto por voto de la elección de 2006, que ahí están, esas son pruebas verdaderas.

Y no hace falta ninguna prueba sobre los problemas de adicción al alcohol de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque sólo en ese estado pudo haber reprimido a Carmen Aristegui. Sólo en ese estado puede decir que el país avanza. Sólo en ese estado puede decir que son daños colaterales los civiles asesinados. Sólo en ese estado puede decirle a una madre que pide justicia por un niño que murió quemado vivo que le ofrece dinero, cuando pide justicia.

Sólo en ese estado puede decir que va a bajar la gasolina y lleva 15 aumentos. Sólo en ese estado puede decir todas las mentiras que sistemáticamente dice y sólo en ese estado puede sostener la brutal sangría que hay a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cada que se plantee un debate lo van a tener y lo van a tener con argumentos, con pruebas, con elementos y vuelvo a insistir, no voy a permitir que un reglamento esté por encima de un derecho constitucional. No está en mi conducta mentir, ni levantar falsos. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Con qué objeto diputado.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): A favor del dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor del dictamen, tengo cuatro diputados, además del diputado inscrito, voy a preguntar a cada uno con qué objeto, ya que se inscriben cuando mucho dos oradores para cada posición, y en lo que se refiere a la rectificación de hechos que usted me solicita diputado, en su momento le preguntaré cuál es el hecho que quiere rectificar.

Si alguna de estas intervenciones no se apega al tema que estamos discutiendo, me veré obligado a suplicarle al diputado abandone la tribuna. Tiene la palabra el diputado Gerardo Cortez Mendoza.

Igualmente, diputado Nazar. Con qué objeto, diputado Cortez.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Nada más por alusión, porque nos lleva ahí entre las patas a todos los panistas cuando este tipo dice: se robaron la Presidencia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay tal, señor diputado, no se sienta usted aludido. Diputado Nazar.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Presidente, únicamente pido que se forme una comisión para ver la posibilidad de desaforar a este tipo, porque no se vale que por un payaso estemos deteniendo continuamente las sesiones de pleno.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, solicítelo por escrito en los términos que establece el Reglamento. Diputado Nazar.

El diputado Julián Nazar Morales(desde la curul): Presidente, creo que ambos partidos están haciendo, precisamente, un escenario que no es del agrado de los mexicanos. Si uno sube a decir lo que es el presidente y que muchos de los mexicanos que coinciden con él se ofenden, y si el diputado viene a decir las mentiras que él cree que hay también se ofenden, yo siento que haciendo reglamentos, leyes secundarias que no tienen nada qué ver con el trabajo de un legislador, por favor, léales el artículo 61 de la Constitución para que dejen de estar desgarrándose la vestidura y haciendo escenarios que no corresponden a esto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Escudero. Permítame, diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, un breve exhorto a todos los diputados, vamos a ponernos a trabajar, nos pagan para trabajar. Este tema es intrascendente para la república y para los mexicanos. Vámonos con el orden el día y vamos a sacar los dictámenes, para eso nos pagan. Dejemos esta discusión estéril. Es cuanto, señor presidente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No ha lugar a ninguna rectificación de hechos. No se han expresado hechos en relación al dictamen que estamos discutiendo. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobadas y se comunican.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señora secretaria.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0702 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPAl4.3/2C.12.1/0085/2011 suscrito por el ingeniero Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como el anexo que en él se menciona, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la venta ilegal de reptiles y aves en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0702 de fecha 14 de octubre del 2010, dirigido al licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, mediante el cual, se le hace del conocimiento para los efectos a los que hubiese lugar el siguiente punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el jueves 14 de octubre de 2010 y que a la letra dice:

“Único. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el gobierno del estado de San Luis Potosí, se elabore e implante un programa de acción permanente que incluya estrategias para combatir la captura y venta ilegal de especies de fauna en categorías de riesgo, principalmente, reptiles y aves en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.”

Al respecto, me permito remitirle el oficio original número PFPAl4.3/12C.12.1/0084/2011 de fecha 24 de enero de 2011, medio por el cual se da respuesta sobre el punto de acuerdo en mención, lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, haga llegar dicha respuesta al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de enero de 2011.— Ingeniero Joel González Moreno (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a su similar número D.G.P.L 61-II-1-0702, de fecha 14 de octubre de 2010, mediante el cual hace del conocimiento a la Secretaría de Gobernación, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el jueves 14 de octubre de 2010, que fue remitido para los efectos procedentes a la secretaría del ramo, mediante el oficio número SELlUELl311/3421/10 de fecha 15 de octubre del mismo año y, a su vez, a este órgano desconcentrado mediante el oficio número 112/00004700 con fecha 25 de octubre del 2010. En este sentido dicho punto de acuerdo a la letra dice:

“Único. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el gobierno del estado de San Luis Potosí, se elabore e implante un programa de acción permanente que incluya estrategias para combatir la captura y venta ilegal de especies de fauna en categorías de riesgo, principalmente reptiles y aves en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.”

Al respecto, me permito exponer lo siguiente:

Desde hace aproximadamente cinco décadas los habitantes de Charco Cercado, municipio de Guadalcazar, San Luis Potosí, se han dedicado a la captura y venta ilegal de fauna y flora silvestres, aproximadamente entre el kilómetro 94 y 105 de la carretera federal 57 México-Piedras Negras tramo San Luis Potosí-Matehuala, lo que al principio surgió como una incipiente actividad de subsistencia escudados en la pobreza y marginación, poco a poco se fue convirtiendo en un movimiento organizado en su actuar y solidario en su defensa contra los actos de la autoridad. Los gobiernos federal y estatal han intentado, con fracaso, desde que inició esa actividad ilícita, de diversas formas terminar con’ ella, ofreciéndoles otras alternativas legales para su sustento: desde proyectos productivos, talleres de capacitación para oficios, creación de fuentes de empleos a través de instalación de maquiladoras, dotación y producción en cautiverio de diversas especies de vida silvestre, programas asistenciales, obras de infraestructura básica en salud, educación, agua potable, electrificación, etc., sin embargo, todo lo toman sin dejar la actividad ilícita.

Tienen dos modos de venta: al pie de carretera y por pedidos que realizan traficantes de vida silvestre que operan en las principales ciudades del País: ofertan gran diversidad de especies, tales como: aves canoras y de ornato, venado cola blanca, coyote, zorras, ardillas. gato montes, rapaces (halcón harris, halcón cola roja, búhos), diversas especies de cactáceas, carne seca de víbora de cascabel y zorrillo en canal y molida, pieles de víbora de cascabel, de zorra, de coyote y zorrillo.

En el transcurso del año de 2008 se tuvo un promedio de 60 puestos activos considerando ambos de la carretera; en el 2009 a pesar de la detención y puesta a disposición ante el MP Federal de uno de los lideres, continúo de manera normal e incluso aumentó con relación al año anterior. teniendo ese año en promedio un total de 100 puestos activos.

Con el propósito de dar atención a esta problemática de captura, acopio, comercio y distribución de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre de procedencia ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en los últimos dos años ha llevado a cabo seis operativos de inspección y vigilancia de manera coordinada con otras instituciones y dependencias del gobierno federal, principalmente con la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, la cual, ha jugado un papel preponderante en estas acciones, al brindar seguridad al personal de la Profepa de las agresiones de los comerciantes, permitiendo realizar los trabajos de inspección con el tiempo suficiente.

Mediante dichos operativos, se ha realizado el aseguramiento precautorio de un total de 3,801 ejemplares y 571 partes y derivados de vida silvestre. fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal seis personas por el presunto delito de posesión y comercialización de ejemplares de vida silvestre. todos consignados ante la autoridad judicial, entre ellos se encuentran dos de los principales traficantes de fauna y flora silvestres, dedicados al acopio de distribución de ejemplares de ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, asimismo, se llevó a cabo el desmantelamiento de un total de 100 puestos utilizados para la venta de vida silvestre, de manera detallada estos resultados se presentan a continuación:

Con la aplicación de los operativos de inspección antes mencionados, se ha logrado desmantelar el 100 por ciento de los puestos dedicados a la venta de vida silvestre de procedencia ilegal, sin embargo, con el objeto de evitar la reactivación de la actividad comercial, esta Procuraduría federal mantendrá durante el 2011, un operativo de inspección y vigilancia con intervenciones periódicas, para combatir la captura, acopio y venta ilegal de ejemplares de fauna y flora silvestres en Charco Cercado, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, para la protección y la conservación de nuestros recursos naturales.

Es importante mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha sumado a las acciones realizadas por esta Procuraduría en Charco Cercado, la cual, durante el operativo del 20 de enero del presente año, con el objeto de atender la problemática de invasión del derecho de vía de la carretera federal, mediante el uso de maquinaria pesada llevo a cabo la eliminación de las rampas que se encontraban a la orilla de la carretera en un tramo de 3 kilómetros, donde se instalaban puestos de venta y eran utilizadas por los compradores para estacionar sus vehículos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de enero de 2011.— Ingeniero Joel González Moreno (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

AVON COSMETICS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-862, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 0029, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos de las representantes al servicio de Avón Cosmetics, SA de CV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad  de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4212/ 10, del pasado 15 de diciembre, por el que la Unidad de Enlace Legislativo comunica el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en la sesión del 14 de diciembre de 2010, relativo al exhorto a la STPS a instalar una mesa de diálogo entre Avón Cosmetics, SA de CV, y las “representantes” de dicha empresa, a efecto de que les sea reconocida su calidad de trabajadoras, incluidos las derechos laborales y de seguridad social.

Esta dependencia del Ejecutivo federal toma conocimiento del citado exhorto y expresa a usted que el asunto, con años de discusión, fue planteado al inicio de la presente administración por la Unión Nacional de Trabajadores y que ha sido dirimido finalmente ante las autoridades jurisdiccionales competentes, luego de que en su momento la STPS llevó a cabo acciones tendentes a la conciliación entre las partes, incluso antes que fuera presentada la demanda correspondiente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Se sabe que el 11 de julio de 2007, la empresa y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebraron un convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social, para que se afiliara a “representantes de ventas” que tuvieren determinado nivel de ventas y solicitaran su inscripción en el citado régimen para gozar de diferentes prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y gastos de funeral, del de invalidez y vida, y del de retiro y vejez.

Ante la falta de acuerdos satisfactorios, las partes decidieron resolver la controversia ante los órganos jurisdiccionales. El 15 de enero de 2009, la Junta Especial número 15 de la Federal de Conciliación y Arbitraje emitió laudo absolutorio en la demanda laboral patrocinada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que promovió en representación de 450 personas, en la que se reclamaron a la empresa Avón Cosmetics, S de RL de CV, diferentes prestaciones, entre otras, las siguientes:

i) Declaración de existencia de la relación de trabajo;

ii) Pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional;

iii) Reconocimiento de antigüedad; y

iv) Inscripción retroactiva y pago de cuotas obrero-patronales al IMSS.

En respuesta, la Profedet continuó llevando el patrocinio y promovió juicio de amparo directo, en representación de la parte quejosa. Sin embargo, el 25 de junio de 2009 el Séptimo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito determinó negar la demanda de amparo por considerar que no se actualizaban los requisitos de dependencia y subordinación, pues los contratos de comisión mercantil por los que se empleaban las quejosas no revisten la característica de los contratos de trabajo, sin que surgiera una relación laboral.

Adicionalmente, a petición expresa de las quejosas, la Profedet impugnó el fallo del tribunal colegiado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 13 de agosto de 2009, la corte resolvió desechar el recurso de revisión, en virtud de que el asunto no implica aspectos de interpretación constitucional o de inconstitucionalidad de leyes. De esa manera, se ha corroborado la legalidad del mencionado laudo por el Poder Judicial de la Federación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de enero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ATENCION PREVENTIVA EN INSTITUCIONES DE SALUD

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-734, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 9328, suscrito por el general de brigada DEM Genaro Robles Casillas, subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la universalidad de los servicios de salud.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad  de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio del presente y por disposición del general secretario de la Defensa Nacional, me es grato enviarle un cordial saludo y en atención a su oficio número SEL/UEL/ 311/4265/10 de fecha 16 de diciembre de 2010; sobre el particular esta Secretaría del Ejecutivo federal, con base en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción XIV, de 1 a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 142 y 145 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; 90 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en re1ación con el punto de acuerdo aprobado por 1 a Cámara de Diputados.

Le informo que esta secretaría de Estado por conducto de la Dirección General de Sanidad, sólo está obligada a brindar atención médica integral al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y sus derechohabientes; mientras que el resto de la población del país debe recibir atención médico-quirúrgica a través de los sistemas naciona1 y locales de salud según proceda; en este sentido, esta secretaría no está facultada para intervenir de manera alguna en el establecimiento de las condiciones de portabilidad y convergencia que permitan lograr la universalidad de los servicios de salud, por tratarse de una cuestión que compete exclusivamente a la Secretaría de Salud.

Asimismo, respecto a que se cuente con un sistema informático de las personas que tienen filiación con el sistema de salud de esta dependencia del Ejecutivo federal, actualmente la Dirección General de Informática y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Social Militar, se encuentran realizando diversos trabajos para actualizar los datos del personal militar en activo, en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, con la finalidad de modernizar la cédula de identificación que se expide para que este personal reciba atención médica.

Adicionalmente, la Dirección General de Informática de esta secretaría, se encuentra desarrollando el proyecto Sistema de Administración Hospitalaria para los Escalones de Segundo y Tercer Nivel de Atención Médica, el cual se tiene previsto sea implementado en la totalidad de los citados escalones.

Sin otro particular, reciba las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 3 de febrero de 2011.— General de Brigada DEM Genaro Robles Casillas (rúbrica), subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud.

CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-569, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes original del similar número PFPA/4.3/2C.12.1/0094/2011, suscrito por el ingeniero Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las políticas públicas de conservación de vida silvestre.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a los oficios números D.G.P.L. 61-II-8-569 y D.G.P.L 61-II-8-570, de fecha 14 de septiembre del 2010, dirigidos al licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, y al ciudadano Patricio Patrón Laviada, titular de esta Procuraduría, respectivamente, mediante los cuales les hace del conocimiento para los efectos a los que hubiese lugar el siguiente punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010 y que a la letra dice:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las políticas públicas de conservación de vida silvestre relativas a las Unidades de Manejo Ambiental Sustentable. Asimismo, a fomentar y garantizar el adecuado funcionamiento y transparencia de las actividades realizadas por el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a intensificar las visitas de inspección y vigilancia en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.”

Al respecto, me permito exponer algunos puntos relacionados con el contenido del dictamen del cual deriva el punto de acuerdo que nos ocupa:

Dentro de las consideraciones del acuerdo que nos ocupa, se refiere  que “la limitada capacidad institucional de la autoridad ambiental para verificar el correcto manejo y funcionamiento de las UMA, y lo pondera como uno de los principales obstáculos para que estas entidades cumplan con su cometido original”.

En relación con lo anterior, me permito comentarle que esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realiza anualmente la programación de acciones de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre, con base en la problemática ambiental presentada en cada entidad federativa, número de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), número de inspectores, presupuesto asignado, número de abogados que darán seguimiento a los procedimientos administrativos que se instauren.

Cabe señalar que por lo que se refiere a la capacitación esta Dirección General ha tenido a bien coordinar la impartición a nivel nacional de los siguientes cursos: formación de peritos en criminalística ambiental y vida silvestre (2008 - 2009), generación de capacidades técnicas en materia de organismos genéticamente modificados (2009), cursos regionales de inspección de dispositivos excluidores de tortugas en Guerrero, Veracruz y Sinaloa (2010), curso-taller en materia de contención química y física de ejemplares de vida silvestre (2010); asimismo, los inspectores adscritos a esta Dirección General participaron en el curso de sistema de localización y monitoreo satelital (2010), diplomados en gestión y conservación de la vida silvestre (2008 y 2010), capacitación sustantiva 2010 en materia de inspección y vigilancia.

Asimismo, dentro del dictamen se desprende que “la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coadyuvancia con sus facultades de inspección y vigilancia, ha creado los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa con la intensión de establecer formas de interacción con las comunidades, haciéndolas coparticipes de la observancia en el desempeño de esa función, sin que en realidad, esta figura se haya consolidado plenamente, por lo que no ha logrado subsanar las deficiencias y fallos mencionados”.

En este sentido me permito puntualizar que en los artículos 5, fracción XVI, 79, fracción VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 5, fracción V, y 15 de la Ley General de Vida Silvestre; y 118, fracción III, del Reglamento Interior de la Semarnat, encontrarnos considerada la participación corresponsable de la sociedad en la protección, conservación y preservación de los recursos naturales.

En materia de vida silvestre, en el marco de los Programas de Acción para la Conservación (Pace), establecidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Profepa realiza acciones de inspección y vigilancia en coordinación con personal de la Conanp para la protección de especies en riesgo definidas por los Pace. Dichas acciones son fortalecidas con la participación de grupos de ciudadanos, comuneros, ejidatarios y/o pequeños propietarios que participan mediante la vigilancia en la protección y conservación de los recursos naturales en sus correspondientes jurisdicciones agrarias y/o municipales, para lo cual la coadyuvancia con Profepa se formaliza con la integración de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP).

En 2010, las acciones se enfocaron a la instauración y fortalecimiento de 57 CVAP para la protección de doce especies Pace: pata de elefante (Beaucarnea gracilis), jaguar (Panthera onca), tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea),tortuga marina lora (Lepidochelys kempit), tortuga marina laúd (Dermochelys coriacea, águila real, Aquila chrysaetos), oso negro (Ursus americanus), berrendo (Anti/ocapra americana), guacamaya verde (Ara militaris), perrito llanero (Cynomys mexicanus), bisonte (Bison bison) y tapir (Tapirus bairdil).

En otro punto el dictamen que nos ocupa refiere “como parte de las facultades y atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de inspección y vigilancia que realiza a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en términos de los artículos 118 y 129, fracciones VI, X, XII y XV del reglamento interior de la propia secretaría. Es de vital importancia para la complementación de políticas públicas para la conservación de la vida silvestre, pues como parte de los programas operativos anuales, la Profepa tiene la obligación por ley de vigilar que las condicionantes establecidas por la Semarnat en las autorizaciones que expide en materia de vida silvestre, se cumplan cabalmente”.

Me permito hacer mención que esta Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, así como las delegaciones de la Profepa en las diferentes entidades del país, con fundamento en los artículos 119, fracción XIV, 130, fracciones I y VI, y 139, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Semarnat, son las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo las visitas de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre, tendientes a observar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables, para lo cual, cada año se realiza la planeación de actividades mediante la elaboración de un programa operativo anual, que considera la inspección a UMA extensiva.

De tal forma que, derivado de las atribuciones antes expuestas, así como de los programas y metas emprendidos por esta autoridad, en el periodo 2009-2010 se realizaron un total de 5,235 inspecciones en materia de vida silvestre, de las cuales 25 por ciento de éstas fueron practicadas a Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), e instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural (PIMVS) en sus diferentes modalidades; en las inspecciones se verifica entre otras obligaciones el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en los permisos, registros y autorizaciones emitidos por la Semarnat.

Por lo que se refiere a que “esa Procuraduría, a través de su Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, actúe en consecuencia cuando así proceda, a fin de consolidar los procedimientos administrativos generados por hechos u omisiones en la materia”.

Al respecto, le comento que los encargados de dar seguimiento a los procedimientos administrativos son las unidades administrativas que los instauran, siendo éstas las 32 delegaciones de la Profepa en los estados, así como esta Dirección General, para resolver los procedimientos administrativos se siguen los tiempos legales establecidos por las leyes ambientales vigentes.

En atención al punto de acuerdo en comento, es imprescindible informar que esta Procuraduría, como parte del Programa de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, ha elaborado y aplicado los Subprogramas Nacionales de Inspección a Delfinarios, Zoológicos y Circos para verificar, mediante actos de inspección, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de éstos, incluyendo la legal procedencia y el trato digno y respetuoso otorgado a los ejemplares de vida silvestre albergados, lo anterior, a efecto de elevar el nivel de cumplimiento de la legislación en la materia para el bienestar de los ejemplares confinados. Como resultado de dichos subprogramas, en 2008 y 2009 se inspeccionaron 23 delfinarios que corresponden al total de delfinarios que se encuentran operando en el país y en los que se verificó la legal procedencia de un total de 269 ejemplares de delfín de las especies Tursiops truncatus y Tursiops aduncus; asimismo, en 2009 y 2010 se inspeccionaron un total de 76 zoológicos, situados en 29 entidades federativas, resultando en la verificación de 27,601 ejemplares, 307 productos y 126 subproductos de fauna silvestre y en 2010 se inspeccionaron un total de 19 circos y se verificaron 54 ejemplares de fauna silvestre.

Finalmente, y por lo expuesto, esta Procuraduría, a través de esta Dirección General, en apego al punto de acuerdo que nos ocupa, refrenda su compromiso para seguir realizando las visitas de inspección y vigilancia en las UMA, a fin de verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones, del plan de manejo, la legal procedencia de los ejemplares aprovechados, lo anterior para proteger la vida silvestre y verificar su aprovechamiento sustentable.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— El director general, ingeniero Joel González Moreno (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1950 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0066/11 suscrito por el licenciado José Francisco Dufour Sánchez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la modificación de las condiciones laborales del personal docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Cumpliendo instrucciones del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, me permito remitir a usted copia del oficio número SPD/DCCE!376/2010, emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), a través del cual se da respuesta al punto de acuerdo turnado a esta secretaría con oficio número SEUUEU311/3115/10, que refiere al exhorto que hace el pleno del Senado de la República al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Educación Pública se realicen las modificaciones jurídicas y administrativas que permitan mejorar las condiciones laborales de los docentes del Conalep.

Atentamente

México, DF, 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Francisco Dufour Sánchez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Francisco Dufour Sánchez, Unidad de Coordinación Ejecutiva; coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública.— Presente

Con relación al oficio SEL/UEL/311 /3115/10, en el que se remite el punto de acuerdo que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión del 28 de septiembre del año en curso, el cual refiere el exhorto que hacen al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se realicen diversas modificaciones jurídicas y administrativas que permitan mejorar la condición laboral de los docentes del Conalep. Al respecto me permito exponer lo siguiente: el titular de la Secretaria de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal, ha instruido a la Subsecretaria de Educación Media Superior, para que conjuntamente con el director general del Conalep, maestro Wilfrido Perea Curiel, se instrumenten las acciones pertinentes, para dar respuesta al exhorto de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión.

Por lo anterior, la SEP conjuntamente con el Colegio, realizan los análisis para la definición de un modelo de apoyo al reconocimiento laboral y la seguridad social básica de los docentes del sistema Conalep, para atender de manera solidaria las necesidades de los maestros, que favorezca la disposición de un esquema de seguridad que les dé certeza laboral y condiciones dignas, que nos permita la salvaguarda de los valores de flexibilidad y pertinencia del modelo académico y de este modo garantizar la calidad de la educación profesional técnica que el país demanda.

Esta propuesta será, eventualmente, presentada por la SEP a los diputados de la Comisión de Educación, de la LXI Legislatura, para responder esta inquietud, así como para presentar la solicitud de recursos correspondiente, para su aplicación.

Sin otro asunto por el particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Conalep “Educación de Calidad para la Competitividad”

Metepec, estado de México, 18 de octubre de 2010.— Esther Alicia Díaz Treviño (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2450, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes original del similar número PFPA13/ SC.17.51 0054 -11, suscrito por la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, en formato impreso y medio magnético, por los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los contaminantes tóxicos de la población Apaxco-Atotonilco, México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago propicio este conducto para indicarle que mediante el oficio número DGPL 61-II-9-2450, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, tuvieron a bien informar a Patricio José Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, que en el punto único a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones urgentes para combatir afecciones a contaminantes tóxicos de la población Apaxco-Atotonilco, que azota al estado de México.

En atención de dicho documento, me permito comunicarle que mediante el oficio número PFPAl3/ 8C.17.5/ 0054-11, de fecha 24 de enero de 2011, la subprocuraduría a mi cargo informa a los citados diputados sobre las acciones de inspección que ha realizado esta procuraduría en Apaxco y Atotonilco, en los estados de México e Hidalgo. Me permito acompañar al presente el oficio a que se ha hecho referencia, solicitándole de la manera más atenta que, de no haber inconveniente para ello, se sirva hacerlo llegar a los destinatarios.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández (rúbrica), subprocuradora de Inspección Industrial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputada María Dolores del Río Sánchez, Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me refiero a su atento oficio número DGPL 61-II-9-2450, por el que tuvieron a bien informar a Patricio José Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, que en el punto único a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones urgentes para combatir afecciones a contaminantes tóxicos de la población Apaxco-Atotonilco, que azota al estado de México.

Por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Profepa, en ejercicio de las atribuciones que le confieren las fracciones VIII a XII del artículo 139 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, a través de sus delegaciones en los estados de México e Hidalgo, en el periodo 2001-2010 ha realizado 218 visitas de inspección a 91 empresas de Apaxco y Atotonilco, imponiendo multas por un total 1 millón 192 mil 485.01 pesos.

Con motivo de los respectivos procedimientos administrativos instaurados, dichas representaciones federales ordenaron medidas técnicas correctivas, a fin de que los establecimientos industriales visitados den cabal cumplimiento a sus obligaciones ambientales.

Por otra parte, les informo que esta autoridad ambiental, en la esfera de su competencia, continuará realizando los actos de inspección necesarios para verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la ley ambiental por las empresas ubicadas de Apaxco y Atotonilco.

Los procedimientos administrativos instaurados por esta procuraduría sólo podrán considerarse como información pública en los términos y con las condiciones determinados por el Instituto Federal de Acceso a la Información, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 24 de enero de 2011.— Ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández (rúbrica), subprocuradora de Inspección Industrial.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2450, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00000452, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los contaminantes tóxicos de la población Apaxco-Atotonilco, México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4254/ 10, mediante el cual hace del conocimiento esta unidad administrativa, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 15 de diciembre del año próximo pasado, relativo a las acciones para combatir afecciones a contaminantes tóxicos de la población Apaxco-Atotonilco, México.

Sobre el particular, sírvase encontrar adjunta al presente copia del oficio número PFPAl3.2/ 8C.17.2/ 0021/ 11, signado por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, director general de Inspección de Fuentes de Contaminación, por el que, en el ámbito de su competencia, da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2011.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente

Me refiero al oficio número 112/ 00006002, de fecha 23 de diciembre de 2010, dirigido al procurador federal de Protección al Ambiente, por medio del cual la directora de Legislación de la unidad coordinadora a su digno cargo remite copia del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4254/ 10, en el que el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, comunica a esa unidad administrativa el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, con el propósito de que se le envíe la información con la cual estime se atiende al punto de acuerdo de mérito, consistentes en

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar de manera urgente acciones para combatir afecciones a contaminantes tóxicos de la población Apaxco-Atotonilco, que azota al estado de México.

Por instrucciones de la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de Inspección Industrial, remito a usted la información de las acciones que la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación ha llevado a cabo para atender dicha problemática.

1. Con fecha 9 de junio de 2010, mediante la orden de inspección número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 025-2010-OI-MEX, se ordenó practicar visita de inspección, en las instalaciones de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, levantándose el acta número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 025-2010-AI-MEX, en la que se circunstanciaron los hechos y las omisiones observados en la diligencia.

2. Con fecha 21 de julio de 2010 se emitió el acuerdo número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 019-AC-MEX-2010, notificado el 29 del mismo mes y año, por medio del cual se emplazó a Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, para que en el término de 15 días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas que considerara pertinentes en relación con los hechos u omisiones que en él fueron descritos como presuntas infracciones de la normatividad ambiental.

Asimismo, se le ordenaron diversas medidas correctivas de urgente aplicación y se le concedieron los plazos para su cumplimiento.

3. Con fecha 29 de julio de 2010 compareció Miguel Ladrón de Guevara García, en su carácter de representante legal de la empresa Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, y manifestó lo que a su derecho convino. Hizo del conocimiento de esta dirección general que las acciones relativas al cumplimiento de las medidas correctivas de urgente aplicación ordenadas mediante el acuerdo número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 019-AC-MEX-2010 darían inicio a las 8:00 horas del 30 de julio de 2010, solicitando que se designara personal para supervisar el inicio de las acciones.

4. Con fecha 30 de julio de 2010, personal adscrito a la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación se constituyó en el domicilio de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, con objeto de supervisar el inicio de las acciones de retiro y disposición final del agua de la fosa y de los residuos peligrosos que se encuentran en las instalaciones de la citada empresa, de conformidad con lo ordenado en el acuerdo número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 019-AC-MEX-2010, levantándose acta circunstanciada, en la que en términos generales se circunstanció lo siguiente:

Que siendo las 9:05 horas del 30 de julio de 2010, constituidos en las instalaciones de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, situadas en la carretera estatal Progreso-Apaxco, kilómetro 0.1, entre Cerro Blanco y Cerro Gordo, en Apaxco, México, código postal 55660, a efecto de supervisar el retiro de las aguas de la fosa y de los residuos peligrosos que se encuentran en las instalaciones de la citada empresa.

Diversas personas, presuntamente de la comunidad de Apaxco, mantienen bloqueado el acceso principal de las instalaciones de la empresa, quienes se comunicaron con los demás integrantes del plantón, acudiendo éstas al lugar de los hechos a las 9:44 horas.

A las 10:00 horas, el apoderado legal de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, informó a los ahí reunidos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le había notificado el acuerdo numero PFPA/ 2.3/ 2C.27.1/ 019-2010-AC-MEX, de fecha 21 de julio de 2010, donde se ordenó a la empresa que retirase las aguas de la fosas y los residuos peligrosos de sus instalaciones para que fueran enviados a reciclaje, tratamiento, coprocesamiento o disposición final, indicando la presencia de tres autotanques para retirar el agua de la fosa, para lo cual el apoderado legal de la empresa solicitó a los representantes del plantón el libre acceso y salida de los vehículos por la entrada principal de la empresa.

En respuesta de dicha petición, quien dijo llamarse Ezequiel Hernández Montero y demás representantes de la comunidad expresaron que no se retirarían del lugar, dando como única opción para el retiro del agua de la fosa y los residuos peligrosos un camino alterno, el cual es de terracería y se encuentra a un costado del acceso principal. Ante tal circunstancia, no obstante el apoderado legal de la empresa reiteró su petición de libre acceso a la planta y las personas que mantienen el bloqueo reiteraron su negativa.

5. Mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2010, recibido en esta dirección general el 5 del mismo mes y año, compareció el representante legal de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, quien manifestó que su representada se encontraba imposibilitada materialmente de llevar a cabo las medidas correctivas de urgente aplicación ordenadas mediante el acuerdo número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 019-2010-AC-MEX, en virtud de que el acceso principal de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, se encuentra bloqueado por alrededor de 20 personas, quienes manifestaron su negativa a retirar el campamento que bloquea el acceso principal a las instalaciones de la empresa e impide la ejecución de los trabajos ordenados, hechos que acreditó mediante copia certificada del instrumento notarial número 2951, consistente en fe de hechos de fecha 30 de julio de 2010.

6. Ante la imposibilidad de llevar a cabo las medidas correctivas ordenadas por esta autoridad, el apoderado legal de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, solicitó mediante el escrito recibido por esta autoridad el 5 de agosto de 2010 la suspensión de los plazos señalados para el cumplimiento de las medidas correctivas de urgente aplicación, así como el relativo al derecho de audiencia que asiste a su representada, en términos de los artículos 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

7. Del análisis realizado a la fe de hechos notariales y el acta circunstanciada, ambas de fecha 30 de julio de 2010, levantada por los inspectores adscritos a esta dirección general, comisionados para supervisar el inicio de las actividades de retiro de las aguas residuales de la fosa y demás residuos peligrosos que se encuentran en las instalaciones de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, se desprende que –en efecto– al iniciar la citada empresa las acciones tendentes al retiro de los materiales y residuos peligrosos de la planta, éstas fueron obstaculizadas e impedidas por las personas que mantienen el plantón en el acceso principal de la planta.

8. Con fecha 13 de agosto de 2010, mediante el acuerdo número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 036-AC-2010, y con fundamento en el artículo 28, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se suspendió temporalmente por causa de fuerza mayor o caso fortuito, ajena a la empresa, los plazos legales para el cumplimiento de las medidas correctivas, así como de la sustanciación del procedimiento administrativo, requiriéndose a la empresa que en cuanto se levantara el bloqueo del acceso principal diese aviso por escrito a esta dirección general, con la finalidad de que a partir de la recepción de éste correrían los plazos establecidos en el acuerdo número PFPA/ 3.2/ 2C.27.1/ 019-2010-AC-MEX, para que cumpla las citadas medidas correctivas y continúe el procedimiento.

La situación actual del procedimiento administrativo iniciado por esta dirección general en nombre de Ecoltec, SA de CV, planta Apaxco, se encuentra suspendida hasta que la empresa comunique a esta autoridad el desbloqueo del acceso principal para que inicie las acciones de retiro de las aguas y demás residuos peligrosos y sean supervisadas dichas acciones para acordar lo procedente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2011.— Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica), director general de Inspección de Fuentes de Contaminación.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES MEXICANOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2535 signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Luis Alberto Villarreal García, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0149/11 suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las garantías individuales de nuestros connacionales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en sujeción a las facultades de la unidad bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010, remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación SEUUEU311/099/11, con fecha del 14 de enero de 2011, cuyos resolutivos se citan a continuación:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos:

....

V.Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar el cuidado, protección y asesoría legal y humanitaria a nuestros connacionales y a ejercer a cabalidad los instrumentos diplomáticos necesarios para promover un clima de respeto que garantice sus garantías individuales a través de una sólida acción consular. Intensificar los esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos a efecto tie lograr una mayor comprensión del fenómeno migratorio en la sociedad norteamericana, desde una perspectiva amplia y equilibrada que considere adecuadamente la diversa y compleja realidad económica, social y cultural que la origina, procurando reducir y atemperar las actitudes y visiones racistas, xenófobas e intolerantes de grupos extremistas que dificultan la posibilidad de una solución amplia, comprensiva e integral sobre el tema.”

Elementos de respuesta

• La Secretaría de Relaciones Exteriores comparte la preocupación del honorable Congreso de la Unión por toda actitud contraria a los intereses y derechos de las comunidades mexicanas en el exterior, que además sin duda dificulten la posibilidad de una solución amplia, comprensiva e integral sobre la migración.

• El Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos e individuales de sus nacionales en el extranjero. El Ejecutivo federal, a través de la cancillería, vía las representaciones consulares y diplomáticas de México en Estados Unidos de América, mantiene un seguimiento permanente de los acontecimientos que inciden en la vida de los connacionales en ese país.

• Con pleno respeto a la soberanía de los gobiernos y de conformidad con los tratados internacionales, la red consular mexicana asiste a más de 100 mil connacionales en Estados Unidos de América.

• El gobierno de México ha realizado las siguientes acciones, que reflejan el esfuerzo por defender los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y por mejorar sus condiciones de vida en ese país:

Se ha mantenido el compromiso de trabajar con el gobierno estadounidense, basándose en el principio de responsabilidad compartida, así como en la necesidad de incorporar una perspectiva legal y humanitaria a las decisiones de ambos gobiernos.

Se ha mantenido contacto constante con actores políticos relevantes, en Estados Unidos de América, a fin de que se reconozca la necesidad de contar con una legislación migratoria amplia, que permita el flujo de personas de manera legal, segura y ordenada, y garantice el respeto de los derechos de los migrantes y sus familias, así como el acceso a los sistemas de salud en ese país.

Se ha trabajado, se seguirá haciendo, a favor del respeto a los derechos de los inmigrantes mexicanos. De manera reiterada, funcionarios del gobierno de México han señalado a sus contra partes estadounidenses la importancia de que ambos gobiernos mantengan un diálogo abierto sobre este tema, que se sustente en el reconocimiento a la importante contribución que aquellos realizan en beneficio de la economía y la sociedad de ese país. El gobierno de la República ha expresado su disposición a apoyar, en la medida de sus posibilidades y con pleno respeto a la soberanía y jurisdicción de esa nación, a la eventual aprobación de una reforma migratoria que reconozca los factores que propician este fenómeno y lo aborde desde una perspectiva integral.

• La cancillería reitera su disposición para seguir trabajando con las autoridades estadounidenses en beneficio de nuestros compatriotas, a la vez que continuará desplegando sus mejores esfuerzos para ofrecerles los apoyos institucionales y la protección consular que requieran.

Lo anterior con la intención de que por su amable conducto se hagan llegar, de así considerarse conveniente, dichos elementos de respuesta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 1o. de febrero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.

COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO-ESTADOS UNIDOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0937 signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Luis Alberto Villarreal García, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0147/11 suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al acta 318 suscrita con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en sujeción a las facultades de la unidad bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010, remitido para la consideración de esta Secretaría mediante su comunicación SEL/UEL/311/096/10, con fecha de 14 de enero de 2010, cuyo resolutivo se cita a continuación:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer en el seno de la Segunda Comisión, al comisionado mexicano integrante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, así como el secretario de la Sección Mexicana, con el objeto de que presenten un informe detallado sobre las razones y consecuencias del acta 318, suscrita con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010, y aprobada por los gobiernos mexicanos y estadounidense, el 20 del mismo mes y año”.

Elementos de respuesta

• La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), cumplió con la petición del punto de acuerdo en cuestión. El 19 de enero pasado el comisionado Roberto Salmón Castelo compareció ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

• En la comparecencia se explicaron los alcances del acta 318, “Ajuste del calendario de entregas de agua asignada a México para los años 2010 al 2011, con motivo de los daños en la infraestructura del distrito de riego 014 río Colorado ocasionados por los sismos ocurridos en abril de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California.”

• El comisionado expuso las responsabilidades de CILA y los motivos e implicaciones del Acta 318. Aclaró que México podrá disponer del agua que se almacene en presas estadounidenses en el momento en que se haya reparado la infraestructura de la zona y se pueda utilizar de forma provechosa, adicional a su uso ecológico. Dadas las condiciones actuales de la infraestructura, la única alternativa hubiera sido dejar correr esos volúmenes al mar.

• El comisionado subrayó que este mecanismo se enmarca dentro del tratado de 1944, el cual es un instrumento sumamente benéfico para México.

Lo anterior con la intención de que por su amable conducto se hagan llegar, de así considerarse conveniente, dichos elementos de respuesta a la Presidencia de la Mesa Directivas del Senado de la República.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora General.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0974, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, original del similar número PFPAl5.3/2C.28.5.2/00270/11, suscrito por la licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel, directora general de Denuncias Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como el anexo que en el mismo se menciona, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al problema de contaminación de los ríos en el estado de Oaxaca.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Esta dirección general en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 134, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hace de su conocimiento que el día 31 de enero de 2011, se recibió el oficio número D.G.P.L.61-II-11-0976, de fecha 26 de enero de 2011, dirigido al procurador federal de Protección al Ambiente, a través del cual los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, informan sobre la sesión celebrada en la misma fecha del oficio de referencia, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante la cual en su punto de acuerdo tercero solicita al titular de esta Procuraduría que informe a dicha soberanía sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en relación con la contaminación de los ríos del estado de Oaxaca.

Al respecto, me permito acompañar al presente mi similar número PFPN5.3/2C.28.5.2/00270/11, de fecha 2 de febrero de 2011, girado por ésta a mi cargo mediante el cual se hace del conocimiento de los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, la información con la que cuenta tanto la delegación de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Oaxaca, así como con la dirección a mi cargo, respecto a la solicitud a que se hace referencia en el párrafo que antecede.

En este sentido, le solicito atentamente, que de no existir inconveniente legal alguno se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de hacerlo llegar a los destinatarios.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 2 febrero de 2011.— Licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva;diputada Esthela Damián Peralta, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal.— Presentes.

En relación a su oficio número D.G.P.L.61-II-1-0976, de fecha 26 de enero de 2011, dirigido al procurador federal de Protección al Ambiente y recibido en esta dirección general el día 31 del mismo mes y año, a través del cual informa sobre la Sesión celebrada en la misma fecha del oficio de referencia, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante la cual en su punto de acuerdo tercero solicita al titular de esta Procuraduría que informe a dicha soberanía sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en relación con la contaminación de los ríos en el estado de Oaxaca.

Al respecto, es de comunicarle que de la búsqueda realizada en los archivos de esta Procuraduría, se localizó la siguiente información:

En espera de que la información que por este medio se remite, cumpla con lo solicitado, está a mi cargo queda a sus órdenes.

Finalmente, reconozco la labor que esa honorable legislatura se encuentra efectuando en favor del medio ambiente, asimismo, le reitero el compromiso que esta Procuraduría tiene en la realización de acciones que permitan la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Ma. Guadalupe Arminda García Coronel (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-952, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DG/064/2010, suscrito por Alfredo Elías, director general de la Comisión Federal de Electricidad, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la presa hidroeléctrica La Parota.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Electricidad.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fecha 26 de enero del 2011, mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-3-953, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comunicaron al suscrito los puntos de acuerdo tomados en la fecha referida por el órgano legislativo, en el cual solicita del titular de CFE, mediante el acuerdo primero, informe por escrito a la brevedad, sobre el impacto ambiental en la región que ocasionará la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.

Sobre el particular, me dirijo a usted con la atenta solicitud de que por su digno conducto se transmita a la citada Comisión Permanente el informe sobre el impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico La Parota, emitido por CFE para dar respuesta al mencionado punto de acuerdo.

Agradezco de antemano su amable atención a esta solicitud y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 1 de febrero de 2011.— Alfredo Elías Ayub (rúbrica), director general.»

«Informe sobre el impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico La Parota

1. Los antecedentes del aprovechamiento hidroeléctrico La Parota datan del año de 1976, cuando se iniciaron los primeros estudios del proyecto; habiéndose llevando a cabo desde entonces varias campañas de investigación geológica y geotécnica. En el año de 1985 se determinó el potencial de generación del proyecto hidroeléctrico La Parota, después de analizar diferentes sitios y alturas de cortina (estudio de gran visión de la cuenca del río Papagayo) y, por haber resultado el más rentable de los proyectos identificados, se continua ron los estudios de prefactibilidad y posteriormente de factibilidad técnica y económica en el sitio actualmente definido, incluyendo el diagnóstico sobre las principales potencialidades y restricciones socioambientales. Asimismo, se identificaron preliminarmente las medidas de mitigación y compensación que determinaron la viabilidad del proyecto en esta materia.

2. Para llevar a cabo la evaluación socio-ambiental detallada, en diciembre del año 2002, la Comisión Federal de Electricidad suscribió un Convenio Específico de Colaboración con el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),para realizar los estudios socio ambientales en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico La Parota; el alcance de estos estudios incluyeron la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, documento requerido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la evaluación del proyecto en materia de impacto ambiental. La Dirección del PUMA, se abocó a integrar a los mejores especialistas en los diferentes aspectos ambientales relacionados con la construcción y operación del referido proyecto hidroeléctrico, con el fin de reconocer los impactos socioambientales que pudieran derivarse de su construcción y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación aplicables a estos impactos. Así entonces, el Grupo de Trabajo quedó conformado de la siguiente forma:

Clima ......................... Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

Calidad del aire .......... Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

Geología y Geomorfología .............. Instituto de Geología, UNAM

Pérdida de potencial de suelos ......... Instituto de Geología, UNAM

Cambio de uso de suelos ...............  Instituto de Geografía, UNAM

Hidrología ...................................... Instituto de Ingeniería, UNAM

Dinámica de Sedimentos ................ Facultad de Ingeniería, UNAM

Oceanografía .................................. Instituto de Geografía, UNAM

Fisicoquímica y calidad del agua ....... Instituto de Biología, UNAM

Plancton y Bentos Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

Ictiofauna y pesquerías ..................... Instituto de Biología, UNAM

Vegetación acuática ........................... Instituto de Biología, UNAM

Vegetación y Fauna Terrestres ......... Instituto de Ecología, UNAM

Valor del Paisaje ............................. Instituto de Geografía, UNAM

Aspectos socioeconómicos ............. Instituto de Geografía, UNAM

Energía y Medio Ambiente Centro de Investigación en Energía, UNAM

Análisis y modelación de sistemas ..................... Centro de Ciencias      de la Atmósfera, UNAM

Sistema de Información Geográfica (SIG) Instituto de Geografía, UNAM

El agua del río Papagayo es aprovechada de manera muy limitada tanto para riego como para consumo humano por algunas poblaciones cercanas a las márgenes del río. En la parte baja se produce la extracción de agua para abastecer a la ciudad de Acapulco. Dadas las fluctuaciones naturales del caudal, durante la época de secas existen problemas de abasto de agua.

La especie de mayor relevancia económica que se encontró en el cauce del río es el langostino, existiendo una pequeña pesquería del mismo cerca de la boca del río. El plancton está dominado por especies propias de cuerpos lénticos proveniente del embalse de la central hidroeléctrica La Venta, ubicada sobre el mismo río Papagayo.

En el aspecto terrestre destaca la escasa disponibilidad de suelos aptos para la agricultura, sobre todo por las fuertes pendientes y lo somero del suelo. En gran parte de la superficie es evidente el proceso erosivo. La selva baja caducifolia era el tipo de vegetación que predominaba hace varias decenas de años, aunque también había selva mediana y matorrales xerófitos. La vegetación original ha sido eliminada en gran parte de la cuenca y en particular en el área que se inundará, quedando sólo vestigios de las mismas, principalmente en zonas casi inaccesibles. La vegetación remanente está altamente fragmentada. Las zonas con vegetación en buen estado de conservación, y por lo tanto con presencia de especies relevantes de fauna, se encuentran por arriba del nivel de inundación y principalmente hacia el Norte del lo que sería el embalse.

La tendencia observada en la zona es que continúe la degradación del sistema ambiental, debido a las actividades humanas para su sobrevivencia, sin planeación, las cuales se expanden rápidamente debido al bajo rendimiento económico de las actividades agropecuarias y a que se produce una rápida degradación de los agrosistemas, principalmente por procesos erosivos. Estos procesos erosivos, particularmente en la época de lluvias, deteriora la calidad de agua del río Papagayo.

En resumen, la región presenta un alto grado de perturbación debido al desarrollo de actividades agropecuarias en terrenos no aptos para ellas y que por su bajo rendimiento económico obligan a la población a extender de manera acelerada los límites de la frontera agrícola.

6.2 Principales impactos socioambientales, medidas de prevención y compensación

El impacto de mayor significancia es la inundación de 15 comunidades (10 de forma total y 5 parcial) con una población total de 3 027 habitantes y 797 viviendas. La superficie a inundar es de 14 213 hectáreas, pero sólo una porción mínima de ella (1-2 por ciento) presentaría comunidades bióticas poco alteradas. Y se plantea que para compensar este impacto se desarrollaría un programa de conservación en los cerros “Las Piñas” y “Tepehuaje”, en los cuales se presenta casi toda la biodiversidad que hay en la parte baja de la cuenca. El proyecto no pone en riesgo la sobrevivencia de poblaciones de especies de fauna o flora considerada como relevante.

El embalse inundará terrenos que se usan para actividades agropecuarias por varios núcleos agrarios, pero con prácticas de producción no sustentables ya que no satisfacen las necesidades de la población y sí han ocasionado la pérdida de suelo y biodiversidad. Por contraparte, el desarrollo del embalse abrirá la posibilidad de llevar a cabo actividades pesqueras, acuícolas y recreativas, que con el adecuado apoyo técnico y financiero permitirá a

– La remoción de la cobertura vegetal y la inundación de recursos vegetales por el embalse será un efecto inevitable, para lo cual se efectuarán los programas de conservación de la biodiversidad (en los cerros Tepehuaje y Las Piñas) y de reforestación.

– Programa de compensación y rehabilitación de la vegetación y recuperación de fauna en las áreas afectadas por las actividades de construcción del P.H. La Parota.

– Plan de aprovechamiento pesquero acuícola.

– Programas de monitoreo:

• De la salinidad de los suelos en las unidades de relieve cortina abajo.

• Calidad fisicoquímica del agua del río en la planicie costera.

• Evolución del perfil de la playa en las proximidades de la desembocadura del río Papagayo.

• De recursos para el aprovechamiento acuícola del embalse.

• Del embalse (calidad fisicoquímica del agua)

Una vez realizadas estas acciones, está previsto que los impactos adversos sobre el medio se minimicen y que la central hidroeléctrica funja como detonador del desarrollo de la región al utilizar el embalse para distintos fines. Cabe mencionar que el aprovechamiento del embalse a través de diversas actividades para mejorar la situación socioeconómica y ambiental de las regiones no es propiamente una mitigación de impactos, sino una acción que buscan obtener el máximo beneficio socioeconómico de las oportunidades y condiciones propicias que la construcción de La Parota generará para mejorar la situación regional.

6.3 Resumen de elementos relevantes:

• La central La Parota, será una de las cinco hidroeléctricas más importantes del país. Su altura será de 164 m y su embalse abarcará 14 213 ha, almacenando 7 188 millones de m3 a la elevación de 180 msnm y generará 1 527 GWh/año. El área de la cuenca del río Papagayo, que aportará el agua para el embalse, es de 747 600 ha, con un volumen de escurrimiento medio anual de 4 387 millones de m3 y gasto medio anual de 139 m3/s. Se ha calculado que para la construcción de la central hidroeléctrica se hará una inversión de 1 232 millones de dólares, que incluye la inversión para la obra pública financiada (OPF) y la inversión presupuestal.

• El sistema ambiental presenta un alto grado de deterioro producto de las actividades agropecuarias y forestales desarrolladas en la zona, las cuales han eliminando la cubierta vegetal y gran parte de la fauna silvestre, dejando el suelo desnudo y ocasionando que se presente una alta erosión pluvial. Bajo la situación actual, la tendencia al futuro es que las condiciones ambientales y los recursos naturales presenten un mayor deterioro, sin que se pueda subsanar la marginación y pobreza.

• Los habitantes se ocupan en actividades de auto-subsistencia, principalmente agropecuarias, y sólo en algunas localidades se comercializan los remanentes de su producción. Esto trae consigo que la mayoría de ellos no perciban ingresos monetarios; existe una alta correlación entre estos bajos salarios y altos niveles de marginación. En permanencia de la biodiversidad de la parte baja de la cuenca del río Papagayo, donde se desarrollaría el proyecto.

• Derivado del cumplimiento de la normativa ambiental, la CFE depositará en el Fondo Forestal Mexicano aproximadamente 250 millones de pesos que podrán y deberán utilizarse en trabajos de restauración y compensación de suelos, así como en reforestaciones en el área de influencia del proyecto.

• La Manifestación de Impacto del PH La Parota señala a mayor detalle los cambios más importantes que sufrirán el sistema socio-ambiental durante la preparación del sitio donde se construirá la presa, así como aquéllos que se presentarán durante la construcción, llenado y operación de la hidroeléctrica.

7. Entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005 se celebraron Asambleas en los 19 núcleos agrarios involucrados. Todos los núcleos (incluyendo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec) otorgaron a la CFE su anuencia para el inicio de los trámites de expropiación y cambio de uso de suelo. Cabe aclarar que estas Asambleas fueron celebradas por los ejidatarios y comuneros, con sus autoridades, bajo la vigilancia de la Procuraduría Agraria y los Gobiernos Municipales y del Estado, según consta en cada una de las actas de asamblea.

Sin embargo, derivado de las demandas presentadas ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) por parte del grupo opositor al proyecto (CECOP), fueron anuladas las Asambleas realizadas en los ejidos Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma, así como en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

A partir de la resolución del TUA del año 2007, esta Comisión acató cabalmente la determinación del Tribunal suspendiendo todas las actividades relacionadas con el proyecto, y a partir del año 2008 procedió con el retiro de maquinaria, equipo y personal, así como con el cierre de sus oficinas en el puerto de Acapulco. No obstante, los procesos sociales favorables al proyecto han continuado por interés de los núcleos agrarios y del Gobierno del Estado de Guerrero.

Cabe señalar que el 28 de abril del 2010, los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en segunda convocatoria de la Asamblea General de Comuneros, otorgaron a la CFE su anuencia para 1) la expropiación, por causa de utilidad pública, destinada para la construcción de la presa; 2) para llevar a cabo ante la Semarnat el cambio de uso del suelo en terrenos forestales; y 3) para solicitar a la Secretaría de De-sarrollo Social (SEDESOL) el dictamen técnico de cambio de uso del suelo y llevar a cabo la suscripción de un convenio de ocupación previa de las tierras afecta bies.

8. Se han llevado a cabo más de 500 reuniones informativas en las comunidades del área de influencia del proyecto, campañas intensivas de difusión, visitas a otras presas y sobrevuelos en helicóptero a lo largo del futuro embalse de la presa con diversos grupos de pobladores, autoridades, instituciones, funcionarios de dependencias federales, estatales y municipales, así como con otros grupos interesados. A todos se les ha reiterado siempre la condición institucional del proyecto, los beneficios que el mismo traerá a la región y, sobre todo, demostrando respeto absoluto a los derechos humanos de los habitantes de los pobladores involucrados con el proyecto.

En estos encuentros se han descrito, mediante palabras cotidianas, las características generales del proyecto hidroeléctrico, su ubicación, el tipo de obras que se construirán, los poblados y núcleos agrarios involucrados, los cambios que implicará para ellos la construcción de la hidroeléctrica, así como las posibilidades de desarrollo y beneficios comunitarios, sociales, económicos y ambientales, directos e indirectos, que esta obra les puede traer. Todo esto como base para planificar una participación pública efectiva en donde, a través de diferentes metodologías, se identifican los problemas, se desarrollan alternativas y se definen las acciones a seguir. Esto ha permitido obtener la aceptación del proyecto por una amplia mayoría de las comunidades involucradas.

9. La CFE ha dado respuestas ampliamente a las diversas inquietudes de los señores Miloon Kothari, Relator Especial sobre la Vivienda Adecuada de la Comisión de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, expresadas en su comunicado del 31 de agosto del 2004; las del señor Jean Ziegler, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación y nuevamente del señor Miloon Kothari en su comunicado de abril del 2006. Recientemente, las de James Anaya, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas y Raquel Rolnik, Relatora Especial sobre una Vivienda Adecuada como Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado y sobre el Derecho de No Discriminación, a este respecto, en su comunicado del 18 de noviembre del 2010.

10. La CFE ha adoptado, incorporado y respetado lineamientos internacionales como los de la World Dam Comission, enmarcados en el marco de equidad, eficiencia, participación en la toma de decisiones y sustentabilidad, así como los Artículos 1, 2, 4, 6, 17 Y 19 que nos son aplicables del Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo, además de los Criterios de sustentabilidad de la International Hydropower Asociation que enmarca un sistema para la evaluación de la sustentabilidad de proyectos hidroeléctricos.

Conclusión

El proyecto hidroeléctrico La Parota, más allá de la potencia y energía que adicionaría al Sistema Eléctrico Nacional, es un proyecto de multifunciones que traerá grandes beneficios a la región, al estado de Guerrero y a nuestro país. El asegurar el abastecimiento de agua para el municipio de Acapulco, disponer de volúmenes controlados de agua para la irrigación, ofrecer alternativas para desarrollar diversos proyectos productivos (entre ellos, ecoturismo, acuacultura, piscicultura y horticultura), así como la gran derrama económica durante su construcción (del orden de 300 millones de dólares quedarán en la región en los 5 años que dura esta actividad) son oportunidades únicas que tiene la región para mejorar sus actuales carencias. De la inversión total del proyecto, estimada en 1 232 millones de dólares, cerca del 80 por ciento quedará en el país, fortaleciendo a las industrias de la construcción y metal mecánica.

La construcción y operación de la presa hidroeléctrica, sin duda, impactará a la región, pero cumpliendo oportunamente con todas las condicionantes del Resolutivo en materia de Impacto Ambiental, y ante todo, honrando el compromiso social de la CFE establecido en sus documentos rectores, los impactos serán adecuadamente prevenidos, mitigados y compensados, creando a la vez oportunidades de desarrollo y bienestar para toda la región.

México, DF, a 31 de enero de 2011.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

SISTEMA SATELITAL MEXICANO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1321 signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Luis Alberto Villarreal García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-019/2011 suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, encargado del Despacho de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al nuevo sistema satelital mexicano.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/107/11, mediante el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45; y 1 y 3 del artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía la situación que guarda el nuevo sistema satelital mexicano.”

Al respecto, nos permitimos remitir la información que sobre el tema preparó la Subsecretaría de Comunicaciones de esta dependencia:

• Descripción y alcances del nuevo Sistema Satelital Mexicano

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pondrá en órbita el nuevo Sistema Satelital Mexicano que consiste en el lanzamiento de tres satélites que darán servicios de comunicaciones en todo el territorio nacional.

El nuevo sistema satelital tiene como objetivos dotar a las entidades de seguridad nacional de una nueva plataforma de comunicaciones; comunicar a las poblaciones más aisladas del país con servicios de telefonía y banda ancha, así como atender a la población e instituciones de gobierno en situaciones de desastres naturales.

Para definir el diseño y alcances del nuevo sistema satelital se identificaron las necesidades y requerimientos para comunicaciones de seguridad nacional. En 2008 se llevó a cabo un levantamiento de las necesidades actuales y futuras para el periodo 2009 a 2029 de las diferentes entidades de seguridad nacional, conformadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP); así como de Telecomm/Telégrafos y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que se refiere a las estimaciones de conectividad social.

Las necesidades identificadas se sintetizan a continuación:

• Cobertura en todo el país incluso la Zona Económica Exclusiva y mar patrimonial.

• Movilidad para el transporte de equipos y uso continuo en todo el territorio nacional.

• Control y autonomía del sistema por parte del gobierno federal.

• Seguridad en la operación y administración bajo el control del gobierno federal.

• Conectividad de los sistemas de comunicación de todas las dependencias.

• Inversión a largo plazo en equipos avanzados y seguros.

• Apoyo en contingencias, que permita operar bajo condiciones críticas, como huracanes y otros fenómenos climatológicos.

Como resultado de lo anterior, se definieron los requerimientos del nuevo sistema satelital, que consisten en:

• Tres satélites geoestacionarios.

- Dos satélites de comunicación móvil en órbita

- Un tercero para comunicaciones fijas en órbita

• Carga útil:

- Banda L para comunicaciones móviles

- Banda Ku para comunicación con el centro de control

- Banda Ku extendida para comunicaciones fijas

• Dos centros de telemetría y control

• Cinco tele puertos de interconexión con la red terrestre

• Diseño de las terminales propietarias del sistema

• Capacitación especializada

• Lanzamiento de los satélites y seguros

Con base en las necesidades y requerimientos antes mencionados, se conceptualizó el nuevo sistema satelital que ofrece a las entidades de seguridad nacional las soluciones siguientes

1. Adaptabilidad tecnológica

– Asegura la continuidad en la prestación de servicios durante toda la vida útil del sistema.

– Reduce las nuevas inversiones al poder actualizarse los servicios.

– Incrementa la capacidad de migración de equipos y servicios en el tiempo.

2. Ubicuidad

– Todos los servicios en todo lugar y a cualquier hora.

– Cobertura homogénea de servicios voz, datos y video en todo el país.

3. Banda Ancha

– Convierte a la banda L en un verdadero medio de transporte multimedios.

– Habilita los servicios de voz, Internet, vídeo, GPS, cartografía y correo electrónico.

– Permite comunicaciones por aire, tierra y mar.

4. Autonomía de operación

– Permite a las entidades de seguridad nacional tener control de sus comunicaciones y operar sin depender de terceros.

5. Legado tecnológico

– Se dota a las entidades de seguridad nacional de una plataforma de comunicaciones de vanguardia.

– Permite la planeación y desarrollo de los sistemas de comunicaciones a largo plazo (20 años).

El nuevo sistema satelital permitirá a Sedena, Semar, Cisen, PGR y SSP –como usuarias primarias del sistema– contar con servicios de comunicaciones en todo el territorio nacional, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva.

La siguiente gráfica ilustra la cobertura del sistema satelital.

El sistema será empleado también para la prestación de servicios de cobertura social, sin que se afecten las características de seguridad establecidas en su arquitectura.

Para ofrecer una referencia del desempeño del nuevo sistema satelital (MexSat), a continuación se presenta un comparativo con el sistema Solidaridad que opera actualmente.

Tabla comparativa de desempeño entre el sistema Solidaridad y el nuevo sistema satelital

• Acciones que se realizarán para la puesta en marcha y desarrollo del nuevo sistema satelital

La fabricación de los satélites y su lanzamiento se efectuará conforme al siguiente calendario

El primer satélite se pondrá en órbita entre octubre y noviembre de 2012 y dará servicio de comunicación fija. El segundo artefacto se colocará en el espacio en el cuarto trimestre de 2013 y estará dedicado a las comunicaciones móviles. El tercer satélite será lanzado en el tercer trimestre de 2014 y también brindará servicios móviles.

Para la adquisición del sistema satelital, la SCT firmó en diciembre de 2010 un contrato con Boeing Satellite Systems International, Inc. El contrato celebrado estipula un programa de 51 meses, que inicia con la fabricación de los satélites y concluye con la puesta en operación del tercer satélite, y con ello la operación del sistema satelital a plena capacidad.

Telecomunicaciones de México (Telecomm) ha sido designado como operador del sistema satelital. Durante el proceso de fabricación se capacitará a su personal, así como al personal de las entidades de seguridad nacional que serán usuarias de su red, con el fin de mantener una operación bajo control total del gobierno federal.

Para la administración del proyecto y el desarrollo del sistema satelital se llevará a cabo

• La contratación de la empresa que realizará la supervisión, monitoreo y auditoría técnica de la construcción de los satélites.

• La contratación de la empresa que realizará el aseguramiento del sistema satelital.

• La contratación de asesores jurídicos externos, así como asesores estratégicos y técnicos especializados.

• La integración de una estructura orgánica al interior de la SCT para la administración del proyecto y para la gobernabilidad del sistema satelital.

• La transferencia de recursos a Telecomunicaciones de México, el operador designado por el gobierno federal, para crear su estructura orgánica interna, proveerle de una oficina para la operación del proyecto y oficinas de campo en el extranjero, y para la construcción de la obra civil para instalaciones terrestres para el sistema satelital.

Adicionalmente, y en razón de que el fin de la vida útil del Solidaridad 2 está programado para el mes de abril de 2013, es indispensable establecer un plan de contingencia que permita la continuidad de los servicios satelitales para las entidades de seguridad nacional en un periodo de por lo menos ocho meses. Dicho plan ha sido diseñado conjuntamente por las entidades de seguridad nacional, la SCT y Telecomm, y se encuentra en etapa de ejecución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de enero de 2011.— Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica), encargado del Despacho.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

PLATAFORMA CONTINENTAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1353 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar No. DEP-0151/11 suscrito por la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad  de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en sujeción a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado en la sesión del 9 de diciembre de 2010, el cual remitió para nuestra atención con oficio SEL/UEL/311/229/11, referente a la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, mismo que a continuación se describe:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, remita un informe, en un plazo no mayor a ocho días naturales, con relación a la prórroga del gobierno mexicano respecto al tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, y de Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, así como los compromisos que de ello deriva”.

Lo anterior para que por su atento y gentil conducto se haga llegar al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y cuando así lo estime pertinente, el envío de la nota adjunta que contiene los elementos de respuesta.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asunto: Punto de acuerdo sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México

1. Mediante comunicado conjunto del 23 de junio de 2010, los gobiernos de México y Estados Unidos informaron sobre la decisión de ambos países de renovar la moratoria de perforación y explotación en una zona del denominado Polígono Occidental en el Golfo de México.

2. La moratoria original que expiró el 16 de enero de 2011, se prorrogó hasta el 17 de enero de 2014, sin prejuicio de otra renovación, mediante un canje de notas diplomáticas con arreglo al mecanismo previsto en el artículo IV (3) del tratado de 2000.

3. Los gobiernos de México y Estados Unidos también anunciaron conjuntamente a través de dicho comunicado su deseo de negociar un tratado que regule la utilización y reglamentación de los yacimientos de hidrocarburos que atraviesen nuestra frontera marítima internacional. El futuro acuerdo haría efectivo el principio establecido en el tratado de 2000 de adoptar un régimen para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos transfronterizos.

4. En virtud de la moratoria y de conformidad con el artículo IV (1), ambos gobiernos asumen la obligación de no autorizar ni permitir la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una franja de 1.4 millas náuticas de cada lado de la línea de delimitación; zona a la que el tratado denomina como “El área”.

5. Asimismo, según los términos del artículo IV (4) y (5), ambas partes del tratado de 2000, de conformidad con sus leyes nacionales y reglamentos, se comprometieron respecto del área a:

i. Facilitar las solicitudes de la otra parte para autorizar estudios geológicos y geofísicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribución de los yacimientos transfronterizos; y

ii. Compartir la información geológica con que se cuente, a fin de determinar la posible existencia y ubicación de los yacimientos transfronterizos.

6. Por otra parte, al tenor del artículo IV (6), ambos se comprometieron a notificarse mutuamente la existencia o posible existencia de un yacimiento transfronterizo en dicha área.

7. Con base en las citadas disposiciones del tratado de 2000, ambos gobiernos han venido cooperando de buena fe a fin de determinar la existencia o probable existencia de yacimientos transfronterizos. Para ello, y de conformidad con el artículo IV (5) de dicho instrumento, se han llevado a cabo cuatro reuniones para entablar consultas sobre asuntos relacionados con yacimientos transfronterizos en el área (24 de abril de 2004, México, DF; 20 de agosto de 2008, misma ciudad; 31 de marzo de 2009, Nueva Orleans, Luisiana; y 19 de octubre de 2009, Villahermosa, Tabasco).

8. En dichas consultas participaron funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Interior, a través de la Agencia de Administración de Minerales de Estados Unidos (Mineral Management Service), actual Oficina de Administración Oceánica y Energética (Bureau of  Energy Regulation Management, Regulation and Enforcement).

9. De los resultados de dichas consultas, a la fecha no se ha identificado la presencia o probable presencia de dichas estructuras a lo largo del sector denominado “El área”.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-808, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.- 018/2011 suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, encargado del despacho de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al predio El Divisadero de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la ubsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/095/11 recibido en esta secretaría el 20 del presente mes, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el que esa soberanía solicita información sobre la problemática en la carretera Ramal 421 municipio de La Huerta, Jalisco.

Sobre el particular nos permitimos informarle que la carretera a la que hace referencia el punto de acuerdo fue entregada al gobierno del estado de Jalisco mediante acta de entrega-recepción suscrita entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal, el 28 de abril de 1998.

Al recibir el ramal en cita, el gobierno del estado realizó el cambio de número de carretera, que actualmente se identifica como Jal. 541.

En razón de lo expuesto, es preciso aclarar que la carretera en comento es de jurisdicción estatal, por lo que esta secretaría no es competente para conocer de la problemática que se verifica en esa vía, ni para dar solución al conflicto al que hace referencia el punto de acuerdo de la Comisión Permanente.

Agradeceremos que la Secretaría de Gobernación sea el conducto institucional para hacer la aclaración pertinente al Congreso de la Unión, así como al Grupo Plural de trabajo de la Cámara de Diputados conformado para dar seguimiento y solución a la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de enero de 2011.— Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica), encargado del Despacho.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

PROFESIONISTAS EN AREA METEOROLOGICA Y CLIMATOLOGICA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-760, signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Luis Alberto Villarreal García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/0010/2011, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los convenios con instituciones académicas y centros de investigación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— El titular de la Unidad de Enlace Legislativo, licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 12 de enero del actual, remitido a esta secretaría mediante oficio número SEL/UEL/311/104/11.

Sobre el particular, remito a usted copia simple del oficio número 500/2011.-26, de fecha 27 de enero del presente ejercicio fiscal, y documentación que a éste se acompaña, por el cual la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, la Coordinación General de Universidades Politécnicas y la Dirección General de Profesiones, unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Educación Superior de esta Secretaría de Educación Pública, brindan respuesta en sus respectivos ámbitos de competencia al punto de acuerdo que nos ocupa.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2011.— El titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Me refiero a su oficio número UR 120 UCE/CECU/0068/11, por el cual remito a esta subsecretaría copia del diverso número SEL/UEL/311/104/11 de la Secretaría de Gobernación, en el que hace del conocimiento de esta dependencia que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, en su sesión del 12 de enero del actual, el siguiente punto de acuerdo:

“Primero.La Comisión Permanente del Congreso del Unión, con sustento en los numerales 1y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al Poder Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Educación Pública, que remita la información relacionada a los convenios con instituciones académicas y centros de investigación, así como el numero de profesionistas en el área de meteorología y climatológica en nuestro país, y exhortarles para intensifiquen sus esfuerzos en el desarrollo de los convenios de referencia.

Segundo.Se solicita al titular de la Secretaria de Educación Pública que el informe señalado en el resolutivo primero del presente acuerdo, se remita a esta soberanía en el termino de 8 días hábiles.”

Al respecto en tiempo y forma le hago llegar copia de los oficios números 219/11-112, 513.1/0056/2011, 514.1.068/2011, CUP/017/2011, DGP/0041/11, con sus correspondientes anexos, en los que la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, la coordinación de Universidades Politécnicas, y la Dirección General de Profesiones, respectivamente, unidades administrativas adscritas a esta a mi cargo, brindan respuesta en el ámbito de su competencia, al punto de acuerdo de merito, los cuales le agradeceré sean remitidos a la instancia solicitante para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2011.— El subsecretario de Educación Superior, doctor Rodolfo Tuirán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior.— Presente.

Me refiero a su oficio 500/2011.-009, por el que instruye a esta dirección general a remitir a la subsecretaría a su cargo, y a efecto de atender el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la información relativa a los conveníos que, en su caso, se hayan suscrito con instituciones académicas y centros de investigación, con objeto de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que, de una minuciosa revisión a los proyectos que mediante celebración de convenios han sido apoyados a través de los distintos fondos y programas que opera esta unidad administrativa, e incluso, de una revisión a los planes de estudio de instituciones particulares que cuentan con reconocimiento de validez oficial no se identifica algo relacionado con la formación de profesionistas en el área meteorológica y climatológica.

Envío a usted un cordial saludo.

México, DF, a 27 de enero de 2011.— Doctora Sonia Reynaga Obregón (rúbrica), directora gneral de Educación Superior Universitaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior.— Presente.

En respuesta a su oficio número 500/2011/009, del 14 de enero de 2011, anexo la información solicitada con relación a los convenios con instituciones académicas y centros de investigación, así como el número de profesionistas en el área de meteorología y climatología en nuestro país. La información presentada se refiere a los institutos tecnológicos federales y descentralizados adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Excelencia en Educación.

México, DF, a 20 de enero de 2011.— Doctor Carlos Alfonso García Ibarra (rúbrica), director general de Educación Superior Tecnológica.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior.— Presente.

Con relación a su oficio número 500/2011-009, de fecha 14 de enero del presente, mediante el cual solicita información relativa a los convenios que se hayan suscrito con instituciones académicas y centros de investigación, con objeto de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica, así como las medidas que el Subsistema de Universidades Tecnológicas realiza en dichas materias.

Lo anterior para atender en tiempo y forma el punto de acuerdo aprobado por la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– en su sesión del 11 de enero del presente año.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que en este momento no se tienen firmados convenios con institución alguna en el área meteorológica y climatológica. Sin embargo, la relevancia e importancia que tienen los temas de la materia, una para predecir el tiempo que transitará de 24 a 48 horas y en la elaboración de pronósticos del tiempo a mediano plazo; y la otra para el estudio del clima y sus variaciones a largo plazo, hacen necesarias llevar a cabo acciones para atender la necesidad de elevar el número profesionistas en estos dos temas.

Por lo consiguiente, esta Coordinación General realizará las acciones pertinentes que coadyuven al logro del incremento de profesionistas en las dos áreas en comento con la brevedad posible.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2011.— Héctor Arreola Soria (rúbrica), coordinador general de Universidades Tecnológicas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior.— Presente.

En atención a su oficio número 500/2011-009, me permito informarle que esta Coordinación no tiene convenios que haya celebrado con instituciones académicas o centros de investigación en el Área meteorológica y climatológica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— MTE Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica), coordinadora de Universidades Peolitécnicas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior.— Presente.

En atención a su oficio número 500/2011.-009, mediante al cual solicita el número de profesionistas en el área de “meteorológica” y “climatológica” en nuestro país, le informo:

Anexo al presente se servirá encontrar la relación de las instituciones educativas que tienen registrada en esta unidad administrativa diversas carreras relacionadas con las áreas mencionadas,

En dicha relación se describe igualmente nivel educativo de dichas carreras y el número de cédulas profesionales expedidas a egresados de éstas.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o información adicional que requiera.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2011.— Víctor Everardo Beltrán Corona (rúbrica), director general de Profesiones.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente.

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio número DJ/SNC/0144/11, mediante el cual el director jurídico de la Secretaría de Salud del Distrito Federal da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a respetar la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los

Trabajadores de la Salud y a sus secciones.

Lo anterior, en relación con el oficio número D.G.P .L.61-II-3-870, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero del 2011.— El secretario de Gobierno del Distrito Federal, licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica).»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.— Secretaría de Salud.

Licenciado Luis Villanueva Herrera, asesor Jurídico del Secretario de Gobierno del DF.— Presente.

En referencia al oficio número SGV/LVH/1155/201 O, mediante el cual se hace del conocimiento que en fecha 14 de diciembre de 2010 fue aprobado un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta Secretaría de Salud a respetar la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones, con la finalidad de remitir la información necesaria para atender dicho planteamiento.

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

La indicada organización sindical obtuvo su registro como tal ante las autoridades laborales a finales de dos mil siete, incluyéndose, además, la designación original de su Comité Ejecutivo. La toma de nota habida alrededor de éste y acaecida con fecha ocho de octubre de dos mil diez, se refiere a la actualización del mencionado Comité Ejecutivo.

Debe señalarse que los secretarios de Salud, entre ellos el del Distrito Federal, tácitamente han respetado la toma de nota de la organización sindical en cita, toda vez que el registro (existencia) y la toma de nota respectiva son recibidos y concedidos o autorizados por las autoridades laborales que ti en legalmente delegadas las correlativas facultades.

Los servicios de salud pública del Distrito Federal aplican y respetan, dentro de sus relaciones de trabajo establecidas con sus trabajadores de base, las condiciones generales de trabajo, de las cuales es titular el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud y que periódicamente son revisadas entre las partes que conforman dicho vínculo laboral.

Debe considerarse que por la naturaleza misma de la relación laboral que existe entre el organismo y sus empleados de base o definitivos, éstos son los únicos legitimados para la aplicación de las mencionadas condiciones, y de igual forma, solamente ellos cuentan con el derecho a formar parte del sindicato titular de éstas, o bien, de formar otro más pero, siempre bajo la tutela de las mencionadas condiciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 31 de enero de 2011.— Licenciado Julio César Hernández Sánchez (rúbrica), director Jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal.— México, DF.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Salud de las entidades federativas de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Distrito Federal y Tabasco, a respetar la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones.”

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 14 de diciembre de 2010.— Diputado Amador Monroy Estrada (rúbrica), vicepresidente;diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Para: José Ángel Ávila Pérez

De: Marcela Gómez Laica

Anexo a la presente para tu conocimiento y atención procedente, punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión referente a que se respeten la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de 195 Trabajadores de la Salud y a sus secciones.

Sin otro particular, te envío un cordial saludo.

México, DF, a 17 de diciembre de 2010.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0753, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: “Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar las acciones y los procedimientos necesarios a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años”, con base en lo anterior, me permito informarle:

El gobierno de Guanajuato tiene como una de sus principales encomien das el respeto irrestricto de los derechos humanos, por ello, el acato a éstos es una premisa en la elaboración de cualquier política pública y en la actuación de cualquier servidor público, e incluso el Plan de Gobierno de Guanajuato 2006-2012, en su Objetivo General 1.6. señala el compromiso de: “Promover el desarrollo humano integral de los grupos prioritarios mediante una agenda de políticas, públicas transversales, salvaguardando los derechos humanos”, con lo cual es incuestionable el respeto a los derechos humanos y la condena a toda clase de discriminación que se presente.

Este compromiso asumido por el gobierno, se despliega en todas sus acciones y dependencias, por ende, su actuación además de sujetarse al principio de legalidad, tiene la salvaguarda a los derechos humanos y el respeto al principio de la no discriminación, lo que incluye, el ámbito laboral.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2011.—Licenciado Héctor Germán René López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa cámara el informe en que se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, por lo que corresponde al periodo octubre-diciembre de 2010.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos en los ordenamientos aplicables.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de febrero de 2011.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), gobernador.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Comisión Nacional del Agua.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara De Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al 31 de diciembre de 2010 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afectaciones presupuestarias para su autorización por un importe de un mil 881.8 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2010 se han autorizado y realizado la devolución de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa, un importe de 940.2 millones de pesos. Los restantes 941.6 millones de pesos están autorizados, sin embargo, aún están en proceso de asignación por parte de la SHCP.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2011.— Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector General.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número 4.- 014, el ingeniero Humberto Treviño Landois, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe semestral de avances y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo octubre de 2009-marzo de 2010.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

En cumplimiento del artículo 2o., fracción IX, del decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, así como de la Tercera de las Bases para llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, fracción VII, adjunto al presente me permito remitir el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación correspondiente al periodo octubre de 2009-marzo de 2010, en el que se reflejan las acciones y estrategias instrumentadas por ese organismo, a fin de que por su conducto sea remitido al honorable Congreso de la Unión.

Atentamente

México, DF, 1 de febrero de 2011.— Ingeniero Humberto Treviño Landois (rúbrica), subsecretario de Transporte.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0067/11, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Jesús Iván Flores Contreras.

Puesto: Investigador.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento con la que acredita su nacionalidad mexicana y original del escrito en el que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0113/11, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rebeca Aguirre Machado.

Puesto: Asistente de apoyo administrativo.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Noel Urías Ramírez.

Puesto: Guardia de seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0155/11, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Héctor Jiménez Franco.

Puesto: Auxiliar en la Sección Consular.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Henok Montoya Balvastro.

Puesto: Operador de computadoras.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS PARA LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Atención: Diputado Luis Videgaray Caso.

Al tiempo de un cordial saludo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, adjunto al presente remito a usted, los comentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de los estados de Veracruz, Yucatán, Tabasco y San Luis Potosí sobre las Reglas de Operación de los Programas que manejan recursos para la Atención de Grupos Vulnerables; que fueron votados y aprobados en la décima reunión plenaria de este órgano parlamentario, celebrada el 9 de febrero del actual.

Lo anterior, a fin de que tenga la amabilidad de remitirlo al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos legales conducentes.

No omito mencionarle que la fecha límite para enviar la presente opinión no debe excederse del 15 de febrero del presente año, como así establece el dispositivo legal citado.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.— Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al Ejecutivo federal.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Josefina Rodarte Ayala, diputada electa en el V Distrito del estado de Coahuila.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, para entrar en funciones, a los siguientes diputados:

Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Laura Elena Estrada Rodríguez, Francisco Saracho Navarro, Mary Telma Guajardo Villarreal, Rodrigo Pérez Alonso-González y Elsa María Martínez Peña.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se pide a la comisión designada cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciudadana Josefina Rodarte Ayala, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Josefina Rodarte Ayala: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Muchas gracias, diputada, bienvenida.

Continúe la Secretaría.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo.— LVIII del honorable Congreso del Estado de Coahuila.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos, diputados Juan Francisco González González, Jaime Russek Fernández, José Miguel Batarse Silva, Rogelio Ramos Sánchez y Javier Fernández Ortiz, integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, comunicamos a usted que, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 15 de diciembre de 2010, la Quincuagésima Octava Legislatura de este Congreso trató lo relativo a un dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, conforme al cual se aprobó, por unanimidad, un acuerdo en el que se determinó presentar ante el honorable Congreso de la Unión una iniciativa en la que se propone la adición de una fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de que el derecho al descanso por parto que se establece en la ley a favor de las madres trabajadoras, se otorgue también a las madres trabajadoras adoptantes.

Atendiendo a los términos del citado acuerdo, en ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 67, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante el Congreso de la Unión la iniciativa en la que se propone la adición de una fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de que el derecho al descanso por parto que tienen las madres trabajadoras se otorgue también a las madres trabajadoras adoptantes, en los términos del Dictamen cuya copia se anexa a este oficio.

Sin otro particular, atentamente solicitamos a usted que tenga a bien disponer que a la mencionada iniciativa se le dé el trámite legal correspondiente, protestándole, asimismo, las seguridades de nuestra consideración distinguida y respetuosa.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 15 de diciembre de 2010.— Diputado Juan Francisco González González (rúbrica), presidente;diputado Jaime Russek Fernández (rúbrica), vicepresidente;diputado José Miguel Batarse Silva (rúbrica), vicepresidente;diputado Rogelio Ramos Sánchez (rúbrica), secretario;diputado Javier Fernández Ortiz (rúbrica), secretario.»

«Escudo.— LVIII del honorable Congreso del Estado de Coahuila.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio del derecho y la facultad que se establecen en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 67, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de decreto en la que se propone la adición de una fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de que el derecho al descanso por parto establecido en la ley a favor de las madres trabajadoras, se otorgue también a las madres trabajadoras adoptantes; conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La fracción V del artículo 123 de la Constitución General de la República establece que es derecho de las mujeres que trabajan lo siguiente:

“...Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.

“En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos...”

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en relación al tema descrito, dispone que

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos...

Título Quinto Trabajo de las Mujeres

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres.

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad.

Artículo 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias.

Artículo 167. Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto.

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición anterior...

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto;

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto...

Derechos similares se pueden encontrar en otro tipo de ordenamientos laborales como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que en su artículo 28 dispone que

“...Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos.”

También en los ordenamientos generalmente conocidos como “estatutos”, que son de aplicación en las entidades federativas. Las leyes que rigen a la vida y funcionamiento de los municipios, igualmente contemplan este tipo de prerrogativas.

Si bien, se entiende y se justifica de modo inobjetable el que las mujeres gocen de este tipo de beneficios, e incluso deberían aumentarse, esto a la luz de infinidad de propuestas emanadas de grupos defensores de los derechos humanos y de los derechos laborales de las personas del sexo femenino; también es cierto que esta gama de prerrogativas debe alcanzar a mujeres que se ubican en una situación similar. En este caso las que deciden adoptar a un niño, especialmente si es un menor de dos años.

Es obvio que este “descanso” para quienes tienen la dicha de ser madres de forma natural, es para que puedan recuperarse físicamente de las consecuencias del parto (y amamantar a sus bebés), independientemente de si este fue natural o por cesárea; así como el poder atender oportunamente al recién nacido durante esas primeras semanas de vida.

Una mujer que decide adoptar no tiene necesidad de superar un problema de salud, pero sí necesita tiempo para familiarizarse con su hijo, conocerse mutuamente, y organizar lo que será la nueva vida de ambos y del resto de la familia.

Agrupaciones como la Organización Internacional del Trabajo han advertido durante los últimos años de la situación de discriminación que sufren las mujeres que deciden adoptar y que son al mismo tiempo trabajadores en activo, sin importar si pertenecen al sector privado o al público, ya que la mayor parte de las legislaciones nacionales simple y sencillamente no establecen nada para estos casos.

El sitio web http://www.adoptarsi.com, de Argentina, proporciona datos interesantes sobre el tema aquí expuesto, en dicho sitio podemos hallar información de casos relevantes sobre el problema que enfrentan las madres adoptivas, cuando solicitan licencia o permiso para contar con el tiempo necesario para establecer vínculos con sus hijos y organizar sus nuevas vidas.

El citado sitio menciona por ejemplo un caso, donde un juez advierte al Congreso Nacional sobre la necesidad de modificar la legislación del rubro, con la finalidad de establecer derechos similares de licencia entre las madres naturales y las adoptivas; ya que la falta de prerrogativas de este tipo, puede considerarse como discriminación.

En la misma página web podemos encontrar que ya existen proyectos de ley en “estudio”, para establecer las licencias para las madres adoptivas.

En naciones como Francia, Finlandia y Dinamarca las mujeres que optan por la adopción como vía para formar una familia ya gozan de licencias de descanso.

Según cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, dadas a conocer a finales del 2009, existían entonces 10 millones 700 mil niños huérfanos por alguna causa en América Latina y el Caribe. México era el segundo lugar con 1.6 millones o 14.95 por ciento, después de Brasil, con 34.57 por ciento, equivalente a 3.7 millones de huérfanos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que para este año la población de México es de 108.4 millones de mexicanos, de los cuales 50.9 por ciento son mujeres y el restante 49.1 por ciento hombres; esto es, 96 hombres por cada 100 mujeres.

Las Cifras en materia de ocupación y empleo, mismas que pueden consultarse en el sitio web del Inegi, bajo el rubro Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009; revelan que la población femenina ocupada, es decir con trabajo, se ha mantenido en una cifra que fluctúa entre los 16 millones 243 mil 475 en el segundo trimestre del 2009, a los 16 millones 847 mil 300 en el segundo trimestre del 2010.

En resumen, las mujeres trabajadoras que adoptan, deben contar con un periodo de licencia con goce de sueldo, en similares términos o condiciones que aquellas que son madres de forma natural.

Desde luego, el artículo 123 de la Constitución General no limita el que se puedan introducir reformas de este tipo en las leyes secundarias federales y estatales; pero los Estados no pueden legislar en materia laboral, a excepción de los trabajadores al servicio de sus respectivos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y en lo referente a los trabajadores de los municipios y a aquéllos al servicio de la educación estatal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 170 de la ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. ...

I. a la VII.

VIII. En caso de maternidad por adopción, gozarán de un periodo de descanso de seis semanas si la edad del adoptado es menor a un año, y de 30 días si es mayor de uno y menor de tres años.

La licencia comenzará a correr a partir del día en que el menor les sea entregado conforme a derecho, y percibirán íntegros sus ingresos; conservando además sus derechos de antigüedad y de escalafón.

Artículo Segundo. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

En caso de maternidad por adopción, gozarán de un periodo de descanso de seis semanas si la edad del adoptado es menor a un año, y de 30 días si es mayor de uno y menor de tres años.

La licencia comenzará a correr a partir del día en que el menor les sea entregado conforme a derecho, y percibirán íntegros sus ingresos; conservando además sus derechos de antigüedad y de escalafón.

Transitorio

Artículo Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 15 días del mes de diciembre del año 2010.— Diputados: Juan Francisco González González (rúbrica), presidente; Jaime Russek Fernández (rúbrica), José Miguel Batarse Silva (rúbrica), vicepresidentes; Rogelio Ramos Sánchez (rúbrica), Javier Fernández Ortiz (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declaratoria de publicidad de dictámenes. Se informa a la asamblea que se encuentra publicado, en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen de la Comisión de Marina con proyecto de decreto que reforma los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de la ley de Navegación y Comercio Marítimo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 80, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se procedió al análisis de la minuta, presentando a la consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

La Comisión dictaminadora se abocó al examen de la minuta descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2009, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c., fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

II. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa, a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

III. En sesión ordinaria que tuvo lugar el 25 de febrero de 2010, los senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

IV. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Marina del Senado de la República para su estudio y dictamen.

V. El día 3 de noviembre de 2010 fue presentado el dictamen ante el pleno de la Cámara de Senadores como de primera lectura y en sesión del día siguiente 4 de noviembre del mismo año, se omite la segunda lectura, queda sin debate y se somete a votación. Es aprobado por 70 votos y remitido a la Cámara de Diputados.

VI. Mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0782 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Marina para su dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

VII. En acatamiento al proceso técnico legislativo, con fecha 19 de enero de 2011, el pleno de esta Comisión de Marina valoró la minuta presentada por la colegisladora y como resultado de los consensos alcanzados en la reunión plenaria, aprobó el presente dictamen.

Valoración de la Minuta

Primero.El Congreso de la Unión se encuentra legitimado para legislar en materia de vías generales de comunicación de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.Del análisis de la minuta se desprende que mediante las iniciativas presentadas por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos y los senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, respectivamente, se corrigieron errores de nomenclatura contenidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos tal como se describe a continuación.

Tercero.En el artículo 328 fracción IV aparecen por error de técnica legislativa, tal como lo menciona la colegisladora, que el inciso a. menciona correlativamente el artículo 89, debiendo ser el número 90 y que el inciso c. menciona correlativamente el artículo 41, debiendo ser el 42.

Cuarto. Para corregir esta irregularidad, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos presentó por su parte, la iniciativa correspondiente para corregir los incisos a. del artículo 328 y remitirlo al artículo 90 y el c. para remitirlo al artículo 42 como debe corresponder por lógica jurídica y orden normativo.

Quinto.Asimismo, los senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón presentaron por su parte iniciativa para corregir el inciso c. del mismo artículo 328 y hacerlo corresponder con el artículo 42.

Sexto.En tal virtud y tomando en cuenta los argumentos que se esgrimieron en ambas iniciativas lo que mereció la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores y en virtud de que las comisiones dictaminadoras correspondientes afirman “Estas comisiones dictaminadoras coinciden con los razonamientos que vierten los autores de los proyectos de decreto en sus respectivas exposiciones de motivos, de eliminar los errores de técnica legislativa, en la correlación de artículos que se mencionan actualmente en los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, mismos que han ocasionado que la autoridad competente para sancionar las conductas que contrarien otros artículos que establecen requisitos para el desguace y para la prestación de servicios que requieren de permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no lo puedan hacer, al encontrarse con la imposibilidad de poder aplicar la sanción prevista en el multicitado precepto, ya que erróneamente los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328, remiten a los artículos 89 y 41, respectivamente, sin que estos últimos se refieran a los contenidos con que se relaciona el precepto que contiene los montos de las multas, siendo que en realidad, el inciso a. de la fracción IV del artículo 328, se correlaciona con el artículo 90, que hace referencia a los requisitos para el desguace, asimismo, el precepto normativo que se relaciona con el contenido del inciso c. de la fracción IV del mismo artículo, es el 42, por lo que resultan necesarias las reformas planteadas para corregir los artículos que deben de correlacionarse y permitir que se cumplan sus propósitos, lo anterior, toda vez que uno de los objetivos del legislador al redactar la norma, es el de trasmitir el mensaje con fluidez y claridad, para que los receptores estén en posibilidad de acatar su contenido, por lo que se presupone que quien legisla debe justificar la elaboración de normas desde una perspectiva racional, jurídica, pragmática, teleológica, ética y de correlación.”, esta Comisión de Marina consideró corregidos los errores de técnica legislativa de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos vigente y en relación con lo que establece el artículo 132 en su último párrafo que señala a los sujetos que deben cumplir las obligaciones en materia de prevención de la contaminación marina, se consideró perfeccionado dicho ordenamiento.

Por todo lo anterior y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, la Comisión de Marina somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Artículo Único.Se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 328.La secretaría impondrá una multa de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente, tomando en consideración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a:

I a III. ...

IV. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por:

a. Proceder al desguace en contravención con lo establecido por el artículo 90;

b. ...

c. Por prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 sin permiso de la secretaría;

d. ...

e. ...

V. a X. ...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la vigencia del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.

La Comisión de Marina, diputados:Alejandro Gertz Manero (rúbrica), presidente; Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Antonio Benítez Lucho, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Martha Elena García Gómez, Luis Alejandro Guevara Cobos, Carlos Manuel Joaquín González, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, César Mancillas Amador, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Martín López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia?

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla(desde la curul): Sí, yo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Adelante, diputado Yunes, sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 434 diputadas y diputados.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. En sesión celebrada el 8 de abril de 2010, las diputadas Ninfa Salinas Sada y Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, respectivamente, presentaron la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. La Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

II. Objeto y contenido de las iniciativas

Las iniciativas que aquí se dictaminan parten de la consideración de que el cambio climático generado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los problemas ambientales más trascendentes y uno de los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad.

Asimismo, se señala en la exposición de motivos que la mitigación del cambio climático es un reto que exige responsabilidades que deben ser asumidas por todos los países del mundo, pues sus impactos van más allá de lo ambiental: es un problema transversal que requiere ser tratado con un enfoque multilateral. Se trata de un problema con dimensiones que exige la implementación de acciones a largo plazo y actuación inmediata.

México no puede omitir responsabilidades en este problema de dimensiones globales, pues es responsable de emitir el 1.5 por ciento de los GEI, por lo que se encuentra dentro de los 15 países con mayores emisiones por quema de combustibles.

Por otra parte, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que, por una parte, tenemos zonas susceptibles de ser impactadas con sequías nunca vistas que incidirán principalmente en el noroeste del país y, por otra, zonas que podrían sufrir graves inundaciones, como en los estados del sur-sureste. Esto, sin contar cambios en los ecosistemas terrestres y marinos, desertificación, erosión de los suelos, problemas en las zonas costeras, en el sector hídrico, afectaciones a la salud, problemas de seguridad alimentaria, etcétera.

Usar la energía disponible de la mejor forma posible (eficiencia energética) contribuye a la competitividad del país y contribuye a la reducción de emisiones de GEI a la atmósfera, por lo que la promoción de la eficiencia energética es una forma importante de combatir el cambio climático, ya que al requerir de menos energía se deja de quemar combustibles fósiles, que son la principal fuente primaria de energía.

A este respecto, un campo que permite avanzar en materia de eficiencia energética es el de la iluminación. En la actualidad el elemento más utilizado para este propósito son las lámparas incandescentes o bombillas, en México conocidas como focos, los cuales son equipos altamente ineficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico. Del total de la energía que estas lámparas utilizan, el 90 por ciento se transforma en calor. Si bien los focos son dispositivos ineficientes, son muy baratos, no obstante que tienen una vida útil muy breve.

Es importante destacar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes o focos, son usados para el sector residencial, comercios y servicios.

Desde hace varios años ya se cuenta con lámparas ahorradoras, las cuales tienen el inconveniente de su precio que no puede competir adecuadamente con los precios de las lámparas incandescentes.

Las diputadas proponentes mencionan datos importantes en su iniciativa, los cuales, al tomarse en cuenta, muestran notables ventajas sobre las lámparas incandescentes:

- Una lámpara ahorradora cuenta con una vida útil hasta 10 veces mayor a la de una lámpara incandescente, es decir, alrededor de 10 mil horas, por lo que al tener que reemplazar el foco común en diez ocasiones, los costos se equiparan al de un solo foco ahorrador.

- Las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía refieren que en cada hogar son utilizados alrededor de 8 focos que, de ser sustituidos por focos ahorradores, se generaría un ahorro de energía que, en términos económicos, oscila entre los 826 y los mil 106 pesos anuales.

Afirman las diputadas proponentes que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones: 160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO2.

Debido al precio relativamente alto de las lámparas ahorradoras, el costo económico de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras es mucho, pero también es cierto que no hacerlo representa mayores costos en el mediano y largo plazo, pues la sustitución de lámparas incandescentes por otras energéticamente más eficientes representa una oportunidad para colaborar en la mitigación del cambio climático.

Se reconoce en la iniciativa que el Ejecutivo federal ha planteado esfuerzos para combatir el cambio climático tanto en el ámbito nacional, como internacional. Sin embargo, hace falta reforzarlos, ya que los resultados aún son reducidos respecto de lo que debe lograrse para que haya impacto significativo.

En este sentido, resulta oportuno reconocer que el pasado 21 de abril de 2010, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través de la Secretaría de Energía, los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, instrumento mediante el que se refleja la determinación del gobierno federal para descontinuar definitivamente el uso de lámparas incandescentes en sus edificios e instalaciones.

Dicho documento indica en su capítulo II, que los edificios propios y arrendados de la administración pública federal deben considerar el uso de equipos eficientes de iluminación, como lámparas fluorescentes compactas, tubos fluorescentes T8 y T5, con balastro electrónico y luminarios normalizados. Asimismo, se deberá evitar el uso de lámparas incandescentes, halógenas, luz mixta y vapor de mercurio, puesto que estas tecnologías no cumplen la eficacia mínima de 60 lumens por watt (lm/W).

Por otra parte, se afirma que hay muchos inmuebles que son ocupados por la administración pública y que no utilizan lámparas ahorradoras, por lo que es necesario que se proponga un plazo para que sean sustituidas las lámparas incandescentes por dispositivos ahorradores.

El problema no es sencillo, ya que si bien el uso de lámparas ahorradoras contribuye a reducir las emisiones de GEI, es preciso señalar que las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para realizar su función de iluminar.

Se estima que al romperse una lámpara fluorescente el 25 por ciento de su contenido de mercurio es emitido al aire, por lo que las emisiones de mercurio generadas por la rotura de lámparas fluorescentes representan en promedio 0.229 toneladas al año. Lo cual se agrega a las emisiones provenientes de las plantas generadoras a partir de carbón, que es de 0.785 de toneladas al año.

Si bien el uso de lámparas fluorescentes plantea el problema de la disposición de las lámparas desechadas, también representan la oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas generadoras de energía que usan carbón, debido a que para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta se requiere generar menos electricidad.

En la particular opinión de las diputadas proponentes, México no cuenta con una legislación adecuada para el manejo de desechos de lámparas fluorescentes, ni con una regulación que exija a los fabricantes que proporcionen información a los consumidores sobre el manejo y disposición de aquéllas que ya no tienen vida útil, por lo que es necesario un plan de manejo de estos residuos que, por sus características son peligrosos.

Por ello, las diputadas Díaz de Rivera y Salinas Sada consideran que es urgente establecer en la legislación las disposiciones adecuadas para obligar al manejo, recolección y disposición final de estos elementos. Señalan que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cataloga a las lámparas fluorescentes y al vapor de mercurio como residuos peligrosos que deben estar sujetos a un plan de manejo. Por ello, las reformas propuestas estarían dirigidas a introducir las modificaciones que establezcan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Secretaría de Energía, definan los lineamientos a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio, con el objeto de que existan pautas claras en tales acciones.

Se citan en las iniciativas casos de países en los que se ha empezado a tomar medidas imperativas para favorecer el uso eficiente de la energía: Cuba, Ecuador, Venezuela, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. En estos tres últimos ya se han modificado disposiciones legales para prohibir las lámparas incandescentes a partir del 2010.

Por las razones expuestas, las diputadas Díaz de Rivera y Salinas Sada proponen modificar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en los siguientes términos:

1. Se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI, ambas del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el objetivo de establecer que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía incluirá una estrategia para inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional y que establecerá estrategias y programas para sustituir las lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.

2. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de incorporar a la Secretaría de Energía en la tarea de establecer lineamientos y estrategias a observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio.

Asimismo, se propone introducir en los artículos transitorios, además de la fecha de entrada en vigor, algunas disposiciones, tales como el establecimiento de un límite temporal a partir del cual queda prohibido el uso y la comercialización de lámparas incandescentes, la disposición que obliga a las secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público a elaborar normas oficiales cuyo objeto sea favorecer el uso, producción y comercialización de lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente que las lámparas incandescentes.

Asimismo, se establece que a partir del 30 de junio de 2010, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los Poderes Legislativo y Judicial, únicamente podrán utilizar lámparas y equipos de iluminación con tecnología energéticamente más eficiente que la utilizada por las lámparas incandescentes.

Finalmente, las mismas disposiciones transitorias establecen que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantarán acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos con tecnología energéticamente más eficiente.

III. Consideraciones

México es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue signada en el año de 1992 y ratificada por nuestro país en 1993, así como la adición al Protocolo de Kioto. La Convención define al cambio climático como el cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

México emite 1.5 por ciento de las emisiones globales de GEI, por lo que se encuentra dentro de los 15 principales países emisores. El 61 por ciento de las emisiones tienen como fuente responsable al sector energético. Dentro del sector energético en particular, la generación de electricidad representa el 24 por ciento de las emisiones. Es por ello, que ha impulsado políticas públicas que implementen acciones para disminuir los efectos del cambio climático, entre otras, para la eficiencia en la generación y uso de energía.

Por lo que hace a la sustentabilidad energética, las lámparas incandescentes conocidas coloquialmente como focos, no son los equipos más eficientes energéticamente, ya que son dispositivos que producen luz mediante el calentamiento por efecto Joulede un filamento metálico con dispositivo muy ineficiente, aunque muy barato.

Imagen: Fideicomiso para el Ahorro de la Energía

En este sentido, es importante señalar que más del 95 por ciento de las lámparas incandescentes, son usados para el sector residencial, comercios y servicios.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrico, de conformidad con la fracción VII del  artículo 11 de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, constituido por el gobierno federal, recibe recursos federales en los cuales el gobierno federal constituye garantías, su objeto es apoyar el aprovechamiento sustentable de la energía

Según datos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica sobre la eficiencia de los focos convencionales y la lámpara fluorescente compacta (LFC) es el siguiente:

Las lámparas fluorescentes requieren de mercurio para emitir luz, éste es un metal pesado que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre, se halla presente en el carbón mineral que suele ser utilizado en los generadores de electricidad.

El Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio en México de 2001 señalaba que al romperse una lámpara fluorescente, el 25 por ciento de su contenido es emitido al aire; sin embargo las emisiones estimadas representan en promedio 0.229 ton/año, comparado con el 0.7855 ton/año de las plantas carboeléctricas.

Las lámparas fluorescentes representan una oportunidad para reducir las emisiones de mercurio provenientes de estas plantas debido a que en promedio una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir la electricidad requerida para hacer funcionar una lámpara incandescente, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, estima que la cifra de focos a sustituir en el país es de 205 millones;160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Esta medida lograría una reducción del consumo nacional de electricidad mayor al 5 por ciento anual y, representaría para el año 2012, un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 GWh y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de CO2 para combatir los efectos del cambio climático. Lo cual representa resultados medibles y eficaces en las medidas propuestas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).

El gobierno federal ha diseñado políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático, asumiendo a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como principio básico de la administración, el Desarrollo Humano Sustentable, como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades. En este sentido, el Plan Nacional prevé diversas estrategias, correspondiendo al tema que nos ocupa diversos apartados del Eje 4, Sustentabilidad Ambiental, y el Eje 2, Economía competitiva y generadora de empleos.

Dentro del Eje 4 ,Sustentabilidad ambiental, se establece el apartado 4.6., Cambio Climático, el cual señala:

Objetivo 10. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Del apartado 4.6 del Cambio Climático, se señala que un tema central en esta tarea es la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en sectores estratégicos en los que existen cobeneficios muy importantes como la eficiencia energética, la competitividad industrial, la seguridad y el cuidado al medio ambiente.

Por su parte el Eje 2, Economía competitiva y generadora de empleos, establece en su apartado 2.11. , Energía, electricidad e hidrocarburos,lo siguiente:

Objetivo 15. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.

Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, se propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. De esta forma, se pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles.

En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos.

Estrategia 15.13Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros a los consumidores.

Con sujeción a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, (PECC) emitido de conformidad con los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los Programas Sectoriales, establece las acciones que el Gobierno Federal encabezará de manera coordinada para atender los desafíos de este fenómeno global, tanto en su vertiente de mitigación, que consisten en el control y la reducción de las emisiones, así como en la adaptación, que abate la vulnerabilidad y limita los impactos negativos del cambio climático.

Las acciones de mitigación,conforme al PECC,requieren de una profundatransformación de las formas de producción y consumo, de la utilización de energía y del manejo derecursos naturales, así como de las formas de ocupación y utilización del territorio, inducen una disminución de la intensidad de carbono, expresada como la relación entre emisiones y producto económico.

La trayectoria de mitigación para que México reduzca a la mitad sus emisiones en 2050, integra, en un primer momento sus metas al 2012. El cumplimiento cabal del Programa  podría alcanzar una reducción total de emisiones anuales, en 2012, de alrededor de 100 millones de toneladas de CO2, al contabilizar las acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo, y desechos.

En lo que se refiere a las acciones relacionadas a la sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía el PECC señala:

Sector residencial, comercial y administración municipal

A partir de los resultados del Inegi, en 2006, este sector emitió 20.2 MtCO2e que representan el 3 por ciento del total nacional de emisiones. Los esfuerzos más relevantes para la mitigación de GEI se incluyen en los siguientes objetivos.

Objetivo 2.2.11 Implementar el Programa de ahorro de energía “Para Vivir Mejor” (con inversión pública de 3,000 millones de pesos, 750 por año, entre 2009 y 2012), para la sustitución de electrodomésticos por tecnologías eficientes.

Metas

M.44. Ahorrar energía eléctrica por 5 mil 290 GWh entre 2009 y 2012, 2 mil 524 GWh/año en 2012, por la sustitución de 47.2 millones de focos incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas u otras de mayor eficiencia: 3.53 MtCO2e (2009–2012); 1.68 MtCO2e /año (en 2012).

M.45. Ahorrar energía eléctrica por 3,650 GWh entre 2009 y 2012 por sustitución de 482,000 refrigeradores y equipos de aire acondicionado por año entre 2009 y 2012; 3.1 MtCO2e (2009–2012); 0.88 MtCO2e /año (en 2012).

(Cifras preliminares por confirmar por parte de la SENER. Estas estimaciones se calculan con base en la meta de sustitución de equipo esperada para 2009. Se tiene contemplada la continuación del programa hasta el 2012, está pendiente la confirmación del número de unidades a reemplazar en esos años, así como sus impactos de mitigación).

Objetivo 2.2.12. Fortalecer las acciones de ahorro de energía en el sector residencial mediante instrumentos normativos.

Metas

M.46. Reducir emisiones de GEI, como consecuencia de ahorros de energía eléctrica mediante la elaboración y aplicación de un instrumento normativo que propicie el uso generalizado de lámparas eficientes e impida la comercialización futura de lámparas incandescentes. Esta acción deberá acompañarse de un programa que contemple mecanismos de mercado que permitan crear los incentivos para los sectores involucrados.

Administración pública federal

Las acciones de mitigación en la APF se concentran en el impulso al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en sus inmuebles. Se prevé el reforzamiento y ampliación de un programa de ahorro de energía eléctrica a partir de 2009 dando continuidad a los esfuerzos desa-rrollados en los últimos años.

Objetivo 2.2.15. Reforzar y ampliar el programa de ahorro de energía eléctrica en la APF.

Meta

M.52. Ahorrar energía eléctrica en inmuebles de la APF por 375 GWh entre 2008 y 2012, y por 125 GWh/año en 2012; 0.25 MtCO2e (2008-2012); 0.08 MtCO2e/año (en 2012).

Con apego a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo se elabora el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en el cual se establecen los compromisos, estrategias y las líneas de acción del Gobierno Federal en materia energética. El Programa busca promover el desarrollo integral y sustentable del país, manteniendo el horizonte de largo plazo que se encuentra plasmado en la Visión 2030. Uno de los principales objetivos es mitigar el impacto ambiental, promoviendo además el uso racional de la energía.

Dicho programa establece en su apartado III lo siguiente:

Objetivo III.1., perteneciente al apartado III, de  Eficiencia Energética, Energías Renovables y Biocombustibles establece que, acorde con los dos de los ejes centrales de las políticas públicas de México sustentabilidad ambiental y economía competitiva y generadora de empleos, debe de promoverse el uso y producción eficiente de la energía.

Dentro de las líneas de acción se señalan las siguientes:

Dentro de la Estrategia III.1.2. Impulsar la optimización en el abastecimiento y uso de la energía por parte de las dependencias y entidades que conforman la administración pública federal.

Líneas de acción

• Verificar que los inmuebles de los cuales hagan uso las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de eficiencia energética aplicables.

• Establecer un programa de ahorro de energía en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dentro de un proceso de mejora continua, que permita, paulatinamente, incrementar la eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

• Incorporar criterios de eficiencia energética en las adquisiciones de equipos transformadores y consumidores de energía que realice la Administración Pública Federal.

Dentro de la Estrategia III.1.3.- Ampliar las acciones coordinadas entre los sectores público, social y privado, para el fomento del uso eficiente de la energía entre la población.

Líneas de acción.

• Impulsar programas de normalización y etiquetado de eficiencia energética, que permitan a los consumidores distinguir productos eficientes.

En cumplimiento a las metas y estrategias de los planes y programas antes señalados, se ha destinado $618,713,991.50 M.N., como egreso final, a tres programas, entre ellos  el denominado Proyecto Piloto de sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas, con el objeto de impulsar el sector energético nacional a través de proyectos, programas y acciones encaminadas a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias. Aún y cuando existen acciones encaminadas a impulsar la eficiencia energética, es necesario el sustento legal que de fuerza y alcance jurídico a lo ya realizado y a lo planeado por el sector.

Es importante mencionar que, gobiernos de diferentes partes del mundo, desde América, Asia y Europa, hasta Oceanía y África han puesto especial interés en la implementación de medidas que contribuyan a la disminución del consumo de energía y por ende, en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Al respecto, una de las medidas que con éxito ha sido implementada es el reemplazo obligatorio de los tradicionales focos incandescentes, en donde se han modificado disposiciones legales para prohibir el uso, la producción, la importación y/o la comercialización de las lámparas incandescentes y que además incluyen sanciones, normas técnicas y la obligación para proporcionar información al público sobre la disposición final de las lámparas fluorescentes, después de su vida útil, así como la obligación para diseñar programas de manejo para una adecuada disposición y/o reciclado del mercurio. Son de resaltar las siguientes experiencias:

- Argentina en la Ley 26 473, publicada el 21 de enero del 2009, prohíbe, a partir de diciembre de 2010 la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general.

- Colombiaen el Decreto No. 3450del 12 de Septiembre del 2008 establece que a partir del 2011 no se permitirá la importación, distribución, comercialización y utilización de las fuentes de iluminación de baja eficiencia lumínica.

- Perú en su Decreto Supremo No. 034-2008-EM, que entró en vigor el 20 de junio de 2008, por medio del cual se dictan medidas para el ahorro de energía del Sector Público, establece el remplazo de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas.

- EstadosUnidos de América,en elestado de Connecticut,el Proyecto de Ley número 1432, de enero de 2007 en el que se prohíbe la venta de lámparas incandescentes.

- Australia, en las Normas de Desempeño (MEPS) para la eficiencia energética, Normas:AS /NZS 4782.1 AS/NZS 4782.3,publicada por primera vez como AS/NZS4782.2:2004 en abril de 2004, esta norma entró en vigor el 1 de octubre del mismo año y tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética, mediante la eliminación de lámparas incandescentes en el mercado. Fomentar la compra-venta de lámparas fluorescentes de mayor eficiencia.

Lo anterior, tiene como fin reducir el gasto en insumos energéticos, aumentar la competitividad de la producción, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar los recursos energéticosde nuestro país.

En razón de las consideraciones antes expuestas, resulta procedente la iniciativa propuesta, tal y como se señaló en el mismo apartado, se encuentran acordes con los objetivos, metas y estrategias de los instrumentos de política ambiental que el gobierno federal ha impulsado, los cuales tienen como directriz a seguir la política de ahorro de energía y sustentabilidad energética, así como de eficiencia energética que busca la reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía.

Asimismo, las iniciativas cumplen con los objetos que señala la ley respectiva.

La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece:

Artículo 1.La presente ley es de orden público e interés social. Tiene como objeto propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establece:

Artículo 1. ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación...

IV. Modificaciones a las iniciativas

Primera. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras reconocen que existe el problema del cambio climático, el cual indudablemente se debe a la actividad humana fundamentalmente.

Segunda. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden en que es una necesidad legislar en el sentido en que lo proponen las diputadas, con el fin de establecer la prohibición de importar, distribuir y comercializar lámparas energéticamente ineficientes,  así como establecer una sanción en torno a dichas conductas.

Tercera. Estas comisiones unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideran que el objeto de las iniciativas es plausible y factible. Sin embargo, se estima que deben realizarse diferentes modificaciones con la finalidad de lograr los objetivos que se persiguen con las reformas planteadas, tomando en cuenta las disposiciones legales existentes en la materia y atendiendo las mejores prácticas en materia de técnica legislativa.

En atención a lo anterior, estas comisiones dictaminadoras realizan las siguientes observaciones, precisiones y modificaciones al proyecto de decreto contenido en las iniciativas que se examinan:

A. Con respecto a la reforma del artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Ninfa Clara Salinas Sada proponen la reforma de la fracción X con la siguiente redacción: “X. Formular una estrategia para inhibir el uso y comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional.” Asimismo, plantea la adición de la fracción XI al mismo artículo, en los siguientes términos: “XI. Establecer acciones, estrategias y programas para favorecer que los consumidores del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.”

La redacción vigente de dicha fracción X de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía es la siguiente: “X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica”.

Estas comisiones estiman viable conjuntar la redacción de ambas fracciones para quedar como sigue: “X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas energéticamente ineficientes por lámparas con mayor eficiencia energética, en términos de las normas oficiales mexicanas vigentes.”

Con la redacción anterior se permite determinar de forma general la sustitución de un producto “lámparas energéticamente ineficientes” por otro distinto “lámparas con mayor eficiencia energética” en atención a las características y/o especificaciones que debe reunir dicho producto conforme a las normas oficiales mexicanas. Es decir, se toma en consideración la legislación vigente, de forma específica, lo establecido en el artículo 3o., fracción XII, en relación con el artículo 40, ambos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Consecuentemente, no resulta necesario crear una fracción XI dentro del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

B.Se propone en las iniciativas en estudio, la adición de diversas hipótesis, consideradas como conductas para sancionar por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Al analizar el contenido y la estructura de la norma se consideró establecer un nuevo título en el que se reflejen las citadas prohibiciones, mismas que constituyen disposiciones jurídicas en atención a la conservación y cuidado del medio ambiente.

En ese sentido se propone la adición de artículo 34 a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con la siguiente redacción:

“ Artículo 34. Se prohíbe la importación, distribución y comercialización de lámparas, tanto al mayoreo como al menudeo, que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Lo anterior, con las excepciones que se establezcan en dichas normas.”

En la redacción transcrita se pretende establecer la prohibición a diversas conductas (importar, distribuir o comercializar) en relación con un producto (lámparas que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas). Asimismo, se prevé que en dichas normas oficiales mexicanas se establezcan las excepciones que pudieran existir.

Lo anterior es así, pues no obstante que resulta viable establecer una sanción a dichas conductas, en atención a que el espíritu de la ley es proscribir dichas lámparas por su ineficiencia energética en comparación con diversas lámparas y equipos de iluminación existentes en la actualidad, estas comisiones dictaminadoras estiman que debe establecerse en el cuerpo de la ley la prohibición expresa a dichas conductas.

C.En concordancia con lo anterior, estas comisiones consideran adicionar la fracción I del artículo 30 de la vigente Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía con la finalidad de establecer una sanción al hecho de contravenir la prohibición establecida en el artículo 34 que se adiciona. Es decir, se prevé una sanción para establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor sancionará de cien a diez mil veces el salario mínimo a quien realice las conductas prohibidas: importar, distribuir o comercializar, tanto al mayoreo como al menudeo, lámparas que no tengan las características y/o especificaciones mínimas que se establezcan en las normas oficiales mexicanas para tenerlas como lámparas energéticamente eficientes.

También, se establece la salvedad de que la aplicación de las sanciones propuestas será sin perjuicio de lo establecido en diversas leyes. Con lo anterior, se tomaría en cuenta, por ejemplo, la facultad prevista para las autoridades aduaneras en el artículo 151, fracción II, de la Ley Aduanera, relativa al embargo precautorio cuando se trate de mercancías de importación prohibidas. De esta forma, la sanción correspondiente no dejaría sin efectos la facultad de realizar el embargo precautorio de una mercancía cuya importación se encuentra prohibida.

D.Por otra parte, se ha estimado procedente establecer sólo la fecha de iniciación de vigencia en el contenido de los artículos transitorios y no se consideró viable establecer en dicho régimen transitorio las prohibiciones en comento, como se proponía en las iniciativas en comento; lo anterior, por razones de técnica jurídica y en aras de establecer una adecuada estructura de la ley.

De esta forma, en el régimen transitorio, estas comisiones dictaminadoras prevén en el primer artículo transitorio establecer la entrada en vigor del decreto que se plantea.

Asimismo, las comisiones dictaminadoras han considerado establecer en un artículo Segundo transitorio que la Secretaría de Energía elabore anualmente un informe en el que se evaluarán los resultados de la estrategia establecida en la fracción X del artículo del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Lo anterior, para dar seguimiento puntual a la ejecución y avance de los objetivos que se pretenden alcanzar con dicha estrategia. 

Finalmente, no se soslayan algunas propuestas contenidas en las iniciativas que se dictaminan y que estas comisiones no estiman como procedentes para su aprobación conforme a lo establecido en las consideraciones subsecuentes.

E. En el artículo quinto transitorio del artículo primero de ambos proyectos de decreto de las iniciativas que se dictaminan se propone que “la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad implantarán acciones y estrategias para favorecer que los usuarios del servicio público de energía eléctrica sustituyan sus lámparas incandescentes por ahorradoras”.

Al respecto, se debe precisar que esta disposición se encuentra repetida en el contenido de la adición de una fracción XI al artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de las propias iniciativas. Asimismo, por razones de técnica jurídica y un adecuado diseño estructural de la ley este tipo de disposiciones no debe contenerse en un régimen transitorio. En atención a lo anterior y al haberse considerado la propuesta en la reforma planteada por estas comisiones dictaminadoras en el contenido de la fracción X del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, resulta improcedente la inclusión de este artículo transitorio.

F.En el artículo quinto transitorio de las iniciativas propuestas se prevé que “en un plazo máximo de tres meses posteriores a la publicación del presente decreto, y con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Energía elaborará el anteproyecto de actualización de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, para incorporar en la sección 6, ‘Especificaciones’, los parámetros de contenido máximo de mercurio y vida útil mínima”.

Se precisa que la información que se debe contener en las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, las cuales se consideran como residuos peligrosos sujetos a planes de manejo en el artículo 31, fracción VI, de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos,  debe incluirse en una norma oficial mexicana de conformidad con lo establecido en el artículo 32 vigente de la misma ley, mismo que se transcribe:

“Artículo 32. Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular los planes de manejo, se especificarán en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y estarán basados en los principios que señala la presente ley.”

En consecuencia, estas Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideran no aprobar la reforma planteada a la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos para adicionar un artículo 39 Bis y adicionar una fracción XXIV al artículo 106.

Cabe citar que el incumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 se sancionará de conformidad con lo establecido en su numeral 13,“Sanciones”, por lo cual la sanción a la no inclusión de la información relativa al manejo de los residuos peligrosos –lámparas fluorescentes- ya se encontraría prevista.

G.Por otra parte, se propone en las iniciativas en comento la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos para establecer que “la secretaría, en colaboración con la Secretaría de Energía, establecerá lineamientos y estrategias por observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio”.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estiman que dicha reforma es improcedente, ya que es contraria a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, en el que se establece que los lineamientos y procedimientos que se deban considerara al formular los planes de manejo se deben especificar en normas oficiales mexicanas y, además, deben estar basados en los principio de la misma ley. En consecuencia, se considera de no aprobar la reforma planteada en este sentido por las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Ninfa Clara Salinas Sada.

Por las razones expuestas con antelación, las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Artículo Único.Se reforman los artículos 7, fracción X; 30, fracción I; y se adiciona el título séptimo, “Otras Disposiciones”, con un artículo 34 a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para quedar como sigue:

“Artículo 7. El programa incluirá al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendentes a:

I. a IX. ...

X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas energéticamente ineficientes por lámparas con mayor eficiencia energética, en términos de las normas oficiales mexicanas vigentes.”

“Artículo 30. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa las conductas u omisiones siguientes:

I. De cien a diez mil veces el salario mínimo a la persona que fabrique, importe, distribuya o comercialice los equipos o aparatos a que hace referencia el artículo 23 del presente ordenamiento, que no incluyan la información acerca del consumo energético, o cuando la incluyan de forma diferente a la que establezca el reglamento, siempre que no implique engaño al consumidor o no constituya una práctica que pueda inducir a error; asimismo, a la persona que contravenga lo dispuesto en el artículo 34 de este ordenamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales;

II. y III. ...

...”

“Título SéptimoOtras Disposiciones

Artículo 34. Se prohíbe la importación, distribución y comercialización de lámparas, tanto al mayoreo como al menudeo, que no cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. Lo anterior, con las excepciones que se establezcan en dichas normas.”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría, a través de la comisión deberá elaborar anualmente un informe en el que se evaluarán los resultados de la estrategia establecida en la fracción X del artículo 7 de esta ley.

Notas:

1 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental/ cambio-climatico.html

2 http://www.fide.org.mx/LFC/diferencia.html

3 http://www.ine.gob.mx/descargas/sqre/mxhg_airefinal_todo_v3.pdf

4 http://www.epa.gov/mercury/consumer.htm

5 Programa de Ahorro de Energía Eléctrica 2007-2012. Ver en:  http://www.conae.gob.mx/wb/

6 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-emp leos/energia-electricidad-e-hidrocarburos.html

7 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012.

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5030251&fecha=21/02/ 2008

9 El Indicador del Objetivo III.1

Nombre del Indicador Ahorro en el consumo de energía eléctrica

Unidad de medida: Gigawatts-hora

Línea base (2006): 21,685

Meta 2012: 43,416

Véase en Programa Sectorial de Energía 2007-2012

10 Información al 31 de Diciembre del 2009 del Fideicomiso denominado Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Véase en: http://www.energia.gob.mx/webSener/res/0/Fideicomiso_2145.pdf

11 http://www.puntofocal.gov.ar/doc/arg2009/246_t.pdf

12 http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_ normatividad/ form_consultar_normas_energia.jsp?parametro=1662& site=1

13 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia por ciento20energetica/ds por ciento20034-2008-em.pdf

14 http://www.cga.ct.gov/2007/TOB/S/2007SB-01432-R00-SB.htm

15 http://www.clasponline.org/clasp.online.worldwide.php?programinfo=704

16 El artículo 2 de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, establece  en su fracción I que para los efectos de esta ley se entenderá por aprovechamiento sustentable de la energía “El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.” Asimismo, en su fracción V establece que la eficiencia energética son todas aquellas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oceguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, por las comisiones unidas, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 114. ¿El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez? No habiendo quien sustente el dictamen por las comisiones unidas, está a discusión en lo general.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se han registrado para fijar posición de su grupo los siguientes diputados: Alejandro Carabias Icaza, Eduardo Mendoza Arellano y Agustín Torres Ibarrola. Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Con su permiso, diputado presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, fijo posicionamiento respecto del proyecto de decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, bajo las siguientes consideraciones.

Que el uso de combustibles fósiles para la generación de energía representa un costo muy alto para el medio ambiente, al tener como consecuencia el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, responsables de lo que conocemos como calentamiento global.

Que más de 75 por ciento de la energía eléctrica que consumimos se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles. En 2002 México generó el equivalente a 643 mil 183 millones de toneladas de bióxido de carbono, cuyas principales fuentes de emisión son la quema de combustibles para la generación de energía eléctrica y para la actividad del transporte, volumen que nos sitúa dentro de los 15 principales países emisores de gases de efecto invernadero, con lo que México contribuye con alrededor de 1.5 por ciento de las emisiones globales.

Que el cambio climático es un reto que exige responsabilidades claras y comunes que deben ser asumidas por los paí-ses del mundo, pues sus impactos van más allá de los ámbitos nacionales.

Que la mitigación del cambio climático exige soluciones internacionales y nacionales que impliquen una utilización más eficiente y una generación más limpia de la energía.

Que avanzar en materia de eficiencia energética en el tema de la iluminación e impulsar el uso de lámparas que cumplan parámetros de eficiencia energética es una acción de mitigación del cambio climático que permite disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles.

Que a este respecto es de señalar que el solo hecho de mantener cinco focos incandescentes de 60 watts, consumo típico de un hogar mexicano, multiplicado por 10 millones de hogares, implica más de 3 millones de toneladas de gases de efecto de invernadero.

Que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica estima que la cifra de lámparas incandescentes es de 205 millones, 160 millones en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. Impulsar la sustitución de estas lámparas por unidades más eficientes lograría una reducción del consumo nacional de electricidad del orden de 6 por ciento anual y representaría para el año 2012 un ahorro de energía eléctrica de 45 mil 370 gigawatts hora y se evitarían 30 millones 280 mil toneladas de bióxido de carbono para combatir los efectos del cambio climático.

Que este proyecto de decreto que recae sobre la iniciativa presentada por las diputadas Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del partido verde, y de Augusta Valentina Díaz de Rivera, del Partido Acción Nacional, por el que se reforma la fracción X del artículo 7, la fracción I, artículo 30 y que adiciona el título séptimo, con un artículo 34 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, es congruente con el objetivo de esta ley, que es el de proporcionar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

Asimismo, con esta iniciativa y proyecto de decreto se permitiría actuar de manera coordinada con el compromiso asumido por México en el marco de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de eliminar del mercado las lámparas incandescentes.

Por las razones antes señaladas, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Vede nos manifestamos a favor del dictamen, con el fin de seguir protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales de este país. Por su atención, gracias.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Mendoza Arellano, hasta por 5 minutos.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano:Honorable asamblea, en días candentes para nuestra nación, en días como éstos en que la energía puede ser un detonante de la economía nacional, vamos a acompañar este dictamen no sin hacer algunos señalamientos.

Por un lado, desde luego que nos congratulamos por la iniciativa y desde luego nos congratulamos por la Tierra. Esta iniciativa viene a ser impregnada por una forma de pensar ya no nada más en México, sino en el mundo.

En todos lados hoy, desde distintas trincheras, muchas mujeres valientes y muchos hombres luchan por mejorar, por cuidar, por preservar el planeta que hemos de heredar a futuras generaciones.

Como seguramente lo han leído en la iniciativa y como ya aquí se han traído algunos datos, me parece importante resaltar que contribuimos como nación con el 1.5 por ciento de emisión de gases de efecto invernadero, el lado crítico, desafortunadamente, de esto es que nosotros aún no nos hemos desarrollado completamente como nación y que al de-sarrollarnos necesitaremos, desde luego, margen para emisión de estos gases.

También hemos de comentar que en nuestro país tenemos, con esta iniciativa con proyecto de decreto que hoy se presenta, una ambición de sustitución de 205 millones de bombillas, como también se les puede enumerar. De éstos, 160 millones van al sector residencial, y aquí es donde también debemos abundar en que al aprobar esta iniciativa con proyecto de decreto tendremos una fuerte tarea a fin de año para robustecer al Fide, para poder apoyar a los más necesitados con un programa de sustitución de las lámparas incandescentes.

Los efectos del cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, desafortunadamente, siempre vienen a afectar a los sectores más vulnerables o a los países más vulnerables. Por eso nosotros, como nación, desde nuestras instituciones y desde este Congreso, en el Presupuesto tendremos que apretar lo suficiente para poder hacerlo realidad.

Otro tema que me merece comentario respecto de esta iniciativa es la emisión casi paralela de la norma que se dio. Tendremos que vigilar en las comparecencias y en el trabajo de la Secretaría de Energía, que se tenga especial cuidado con los depósitos finales de estas lámparas que hoy aprobados.

Sabemos y hemos escuchado aquí los números, que es mucho el beneficio que representan. Pero también sabemos que el reto de lo que hoy aprobamos no se quedará simplemente en venir a decir un discurso complaciente, bonito, como que todo vaya en paz.

Tendremos que mirar con vista crítica porque este programa verdaderamente se cumpla. Tendremos que mirar con vista crítica que los más necesitados sean apoyados finalmente para que se pueda llevar a buen término. Tendremos que tener conciencia y tendremos que exigir que la disposición de estos residuos finales no termine siendo más grande que el problema.

Vamos a acompañarlo con estas observaciones porque nos parece que el planeta necesita una oportunidad, porque nos parece y porque estamos de acuerdo en que se use de manera más eficiente, desde luego, la electricidad.

Solamente quisiera traer un comentario que pudiera parecer una ironía. Curiosamente la aparición del petróleo algunos afirmamos que salvó a los bosques de que terminaran por ser destruidos; sin embargo, hoy necesariamente debe ser sustituido.

Decía un filósofo que la edad de piedra no terminó cuando se acabaron las piedras. La edad petrolizada se tiene que terminar mucho antes, porque como humanidad debemos dar un paso adelante. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El diputado Agustín Torres Ibarrola:Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, como todos sabemos el cambio climático es uno de los retos globales más importantes y más complejos que hasta el momento ha tenido la humanidad, y resolver este problema exige responsabilidades comunes y responsabilidades diferenciadas por parte de los países.

El cambio climático se genera, como todos lo sabemos, por el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera planetaria, y según los datos de la Secretaría de Energía, nuestro país ocupa el treceavo lugar en emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, México con esta contribución aporta el 1.5 por ciento del total de los gases de efecto invernadero en el planeta y aproximadamente el 75 por ciento de la energía eléctrica que consumimos en México se genera a través de procesos de combustión; esta parte de la energía estamos nosotros generando pues, gases de efecto invernadero.

El 61 por ciento de las emisiones de CO2 en nuestro país provienen de la generación de energía eléctrica, y dentro de ese universo de la generación de energía eléctrica el 20 por ciento se destina para la iluminación, ya sea de nuestros hogares, de las industrias, de oficinas públicas y esta tasa, este porcentaje de la energía que destinamos a iluminar ha venido creciendo casi al 4 por ciento anual.

En México existen, como se ha mencionado ya previamente en la discusión de este dictamen, 205 millones de focos incandescentes, de los cuales 160 están en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios. La abrumadora mayoría de focos que se utilizan en México son incandescentes y estos focos desperdician el 85 por ciento de la energía que reciben en forma de calor, sólo aprovechan el 15 por ciento de esa energía para generar iluminación.

Las lámparas ahorradoras, en cambio, consumen 75 por ciento menos electricidad que los focos incandescentes y duran hasta 10 veces más en su tiempo de vida. Además, tenemos ya nuevas tecnologías que son aún más eficientes que las lámparas incandescentes.

Con la sustitución de estos focos incandescentes que se plantea con la reforma que estamos votando hoy, vamos a evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 780 mil a 1 millón de toneladas de CO2 al año y aproximadamente evitaríamos la combustión de dos millones y medio de barriles de petróleo.

Este ahorro, compañeros diputados y compañeras diputadas, no solamente tiene que ver con el medio ambiente. Esta política pública también se traduce en beneficios para la economía familiar que verá reducido el importe de su recibo por electricidad.

Este proyecto de decreto coincide, pues, con la política ambiental que el gobierno federal ha impulsado de sustituir de manera gradual e ir prohibiendo la comercialización de importación de los focos incandescentes.

Por las razones señaladas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aprueba este dictamen y solicita el voto a favor de los diputados y las diputadas de esta honorable asamblea para seguir protegiendo los recursos naturales de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa:Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos.

Hemos oído con detenimiento la postura de otros partidos acerca de este tema que es, evidentemente, un tema que técnicamente a todos nos complace, cambiar focos que gastan más por unos que gastan menos. Cambiar focos que tienen un problema ante el medio ambiente por otros que por lo menos lo atacan menos.

Creo que para todos es algo de beneficio y es algo que todos debemos estar de acuerdo. A lo mejor hay algunas inconsistencias, algo que a alguno no le parece, pero en términos generales yo creo que esta modificación que se quiere hacer es algo que la mayoría de la población la va a aplaudir.

Mi partido ve esto como un paso importantísimo a seguir, pero no nada más por cambiar los focos sino por el esquema social que trae atrás de esto. No se trata de llegar a alguien y darle un foco para que lo ponga y entonces ahora vea que ilumina un poco más blanco o aunque sea cálido que ilumine un poco más amarillo, y que esto finalmente en un par de meses se va a dar cuenta que le trae un beneficio.

Yo creo que debemos hacer al mismo tiempo del cambio de los focos, un trabajo de desarrollo social con la comunidades, donde integremos a los que van a ser usuarios de esto en lo que implica un foco ahorrador, en el beneficio que trae al medio ambiente.

Yo creo que no debemos nada más hacer un cambio de focos. Estamos de acuerdo con esta iniciativa, estamos de acuerdo con este dictamen, lo vamos a votar a favor, pero creemos que hay que considerar que debemos hacer un trabajo social muy importante.

El cambio de focos y seguramente muchos de ustedes han estado en comunidades muy pobres, en el momento que tiene la luz una gente, bueno, se le cambia la vida, cambian las estructuras sociales, los niños empiezan a verlo de otra manera. Hay más de 3 por ciento de la población que no tiene acceso a luz, ya no digamos a energía, a luz.

El hecho de que pueda tener acceso a luz y le salga un poco más barata —como se ha dicho aquí en otras presentaciones— ya es bueno. Pero el hecho de que sepan que pueden contar con esa luz, que los focos ahorradores no van a ser tan gravosos en cada uno de los casos, que lo van a poder estar usando más tiempo, les va a permitir a los niños seguramente estudiar mejor, seguramente jugar más tiempo y no sólo depender de la luz del sol.

Yo creo, y el partido al que pertenezco lo piensa, que éste es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y que debemos buscar la parte social, apoyándola y soportándola. Debemos pedirles a las comunidades que trabajen con nosotros. Debemos pedirles a los gobiernos estatales que trabajen con nosotros en estos cambios. No puede quedar solamente en un toma y daca, dame unos focos incandescentes, te doy unos focos fluorescentes.  Es un trabajo de conjunto, es un trabajo que va a permitir a la sociedad integrarse y que va a permitir, en una labor de todos, trabajar todos.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, el PRI va a votar a favor de este dictamen, les pedimos que lo hagan a favor de este dictamen. Vamos a hacer una reserva, sobre todo por esto que les digo del esquema de capacitación social que queremos, pero creo que es algo muy bueno para echarlo a andar.

Por su atención, por su compromiso y por su solidaridad con este tema, les agradezco y ojalá todos apoyen favorablemente el dictamen. Muchísimas gracias.

«Propuestas para la participación, en el marco del federalismo mexicano, de los gobiernos locales en materia de los programas y estrategias energéticas.

Dictamen por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Propuesta de modificación al dictamen en su artículo 7 y se agrega un tercero transitorio, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 7. El programa incluirá al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas, mismas que deberán ser ejecutadas por los gobiernos locales, tendientes a:

En los artículos transitorios, agregar el siguiente:

Transitorios

......

Tercero. La estrategia y sus programas serán coordinadas y ejecutadas por los gobiernos locales, en sus demarcaciones territoriales, quienes remitirán anualmente un informe del avance de las mismas, al Ejecutivo Federal, a fin de que se elabore la evaluación de resultado a que refiere el artículo anterior.

Diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si este dictamen está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos: el artículo 7o. y una adición de un artículo tercero transitorio, y han sido reservados por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Se va a proceder a cerrar el tablero electrónico. Está abierto todavía, señores diputados.

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el tablero todavía, señor diputado.

Los que no han votado, por favor, señores diputados. Está abierto el sistema electrónico todavía, señores diputados. Sigue abierto el sistema electrónico, señores diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul). A favor.

La diputada Josefina Rodarte Ayala(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 407 votos en pro, 0 en contra, 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 407 votos.

Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto: artículo 7o; y la adición de un artículo tercero transitorio.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Guillermo Ruiz de Teresa.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa:Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa:Compañeros diputados y compañeras diputadas, en mi partido nos hemos manifestado a lo largo del proceso de elaboración del dictamen que ahora se discute sobre el compromiso por avanzar en la sustitución de las energías contaminantes por energías cada vez más limpias.

Es por ello que estuvimos de acuerdo con el presente dictamen, porque sin duda representa un enorme avance para que tengamos energías limpias. Pero también nos hemos pronunciado por avanzar cada vez más en el fortalecimiento de nuestro federalismo, en hacer cada vez más partícipes a los gobiernos locales en la estrategia, su coordinación y ejecución de la misma.

Es por ello que la propuesta es adicionar este artículo 7 en el sentido de que los gobiernos locales participen en la estrategia, coordinación y ejecución del programa aquí señalado, para sustituir los actuales focos incandescentes por focos ahorradores.

Este dictamen lo discutimos con amplitud en la Comisión de Energía y siempre nos mostramos convencidos de sus bondades, por eso es que lo votamos a favor como lo queremos votar en este momento también.

También insistimos en la necesidad de involucrar a los gobiernos locales, en razón de ser ellos quienes mejor conocen de las posibilidades reales de la implementación del programa y por tanto, podremos contar con una mejor estrategia, lo que permitirá una ejecución adecuada para la obtención de mejores resultados, involucrando a la sociedad para tener efectos más duraderos a través de una mayor concientización producto de este involucramiento.

Insisto, es la mejor oportunidad para concientizar a la población de las bondades de contar con energías cada vez más limpias. En este sentido se propone la modificación en el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y agregar un tercer transitorio en los términos siguientes:

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Artículo 7, dice: el programa incluirá al menos estrategias, objetivos, acciones y metas, y estamos poniéndole además, mismos que deberán ser convenidos, coordinados y ejecutados por los gobiernos locales.

En los transitorios, en el tercero, le ponemos: la estrategia y sus programas serán convenidos, coordinados y ejecutados por los gobiernos locales en sus demarcaciones territoriales, quienes remitirán anualmente un informe del avance de las mismas a la secretaría del ramo, a fin de que se elabore la evaluación de resultados a que se refiere el artículo anterior.

El objetivo de nuestra propuesta es hacer participar a todas, a todos los benefactores de esto y a todos los operadores en un programa que para todos será benéfico. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 7o y la adición del artículo tercero transitorio. Perdón, sí diputado Felipe de Jesús Cantú.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez(desde la curul): Quisiera argumentar, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, señor diputado, tiene usted la palabra, ¿para hablar en pro o en contra de la propuesta de modificación?

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez(desde la curul): Sería en contra, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene usted la palabra, hasta por 5 minutos.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez:Muchas gracias, diputado presidente. Me parece muy loable la intención que presenta el diputado Ruíz de Teresa, en virtud de que el federalismo atiende a la participación íntegra, a una mayor generación de cultura en las comunidades.

Sin embargo, creo que el planteamiento no tiene el mismo futuro, si consideramos que los programas de estar atados exclusivamente a hacerlos con las autoridades locales tienen un problema, ese problema es que quedarían sin efecto los programas que haga el propio gobierno federal.

Pongo un ejemplo que establece el propio dictamen. El dictamen señala que el gobierno federal estará obligado a una serie de condiciones de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. Estos cambios en el procedimiento implican que el gobierno federal sustituya sus propias lámparas que hoy utiliza y que son ineficientes, energéticamente hablando.

Si son ineficientes y va a hacer una modificación no puede pedirle a una autoridad local que venga y haga la sustitución de los focos que están en la oficina del cuarto piso de una dependencia federal, esto no procedería en consecuencia, debido a que lo que haría es generar inoperancia de lo que hoy estamos tratando de aprobar en el propio dictamen.

Es decir, la propuesta de modificación al dictamen establecería, de acuerdo a lo aquí leído y propuesto por el diputado Ruíz de Teresa, que en las acciones que realice el gobierno federal, algunas de las cuales tienen que ver exclusivamente con su fuero interno, también participe el propio gobierno local, municipal, y cuál es el que correspondería. Si las autoridades locales corresponderían a las sedes de los poderes que es el Distrito Federal, implicaría que la autoridad local participe en el cambio de cada foco que se haga en cada una de las dependencias al interior del gobierno federal.

Es por eso que no son aceptables, no obstante, las buenas intenciones de la propuesta, me queda muy claro, pero la propuesta no refleja en sí misma las intenciones, sino que dejaría sin efecto el objetivo que buscamos, que es el de reducir las acciones que influyen en el cambio climático y que están generando graves trastornos al clima no sólo en nuestro país, sino en el mundo, y que nos propiciaría a su vez no avanzar en ese mismo propósito. De tal manera que, por la misma comisión, estaríamos en contra de aceptar esta modificación. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Muchas gracias, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la reserva que ha presentado el diputado Guillermo Ruíz de Teresa, básicamente porque la propuesta va encaminada a fortalecer la gestión de las autoridades locales, quienes son las que conocen de mejor manera las prioridades de sus demarcaciones.

El ejemplo que nos ha expuesto aquí el diputado Felipe Cantú, desde luego, quizá es importante, pero desde mi punto de vista no existe confusión alguna respecto a la atribución que tendría el gobierno federal para atender todas aquellas necesidades que tengan que ver con la administración pública federal.

Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reitera su apoyo a la reserva que ha presentado el Grupo Parlamentario del PRI y en ese sentido votaremos a favor. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Para hablar en contra de la reserva tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, una observación. Ni siquiera se aprobó que se llevara a cabo el procedimiento para la discusión, si no, verifíquese en la versión estenográfica; se está discutiendo sin haber aprobado si efectivamente se llevaba a cabo el proceso de discusión.

Quiero decirles que esta iniciativa que el día de hoy se está discutiendo, es una iniciativa que está desde hace varios periodos de sesiones atrás y que de manera unilateral el presidente de la Comisión de Energía la metió en la congeladora, pero entiendo que fue por órdenes del espurio Calderón.

¿Por qué razón? Porque el espurio Calderón sacó una norma oficial. Es decir, es Calderón quien ordena cómo funciona la Comisión de Energía en esta Cámara de Diputados. Entonces le pidió al presidente de la Comisión de Energía que no viniera el dictamen aquí al pleno. ¿Por qué razón? Porque él iba a sacar una norma oficial y entonces es Calderón el que legisla en lugar del Congreso.

Pero ¿para qué? Para la COP 16. Tenía Calderón que sacar su norma oficial para lucirse en Cancún y por eso el presidente de la Comisión de Energía, de manera unilateral, determinó que no se votara en el periodo de sesiones anterior esta iniciativa que ya se había consensuado. Éste es un asunto que me parece importante denunciar.

Por otro lado, cómo es posible que se está ahorita planteando una iniciativa que se metió a la congeladora, que ya hay una norma oficial que sacó el espurio Felipe Calderón y que además si ustedes observan en el orden del día, donde se está planteando cuáles son los dictámenes negativos, curiosamente viene un dictamen relacionado con los mismos focos incandescentes.

Este asunto me parece que es grave. ¿Por qué razón? Porque nosotros como diputados federales, y esta Cámara, tendríamos la obligación de analizar las diferentes iniciativas que tienen que ver con este tema.

Esta iniciativa fue antes de que el espurio Calderón sacara su norma oficial. Hay otras iniciativas que están planteando asuntos relacionados con los focos incandescentes, que no se toma en cuenta, es decir, las cuestiones que se están planteando por parte de las minorías, por parte de otros diputados y diputadas federales, simplemente no se visualizan ni se están considerando para la elaboración de un dictamen que está tomando en cuenta estos aspectos.

¿Pero qué es lo grave? Que esta ley, que ahorita se está dictaminando y que se va a votar, tiene una falla y tiene la falla relacionada con los residuos tóxicos que se generan a partir de la instalación de estos focos y que es específicamente el mercurio, qué se hace con el mercurio.

Por tanto, si se está planteando una iniciativa que unilateralmente metió a la congeladora Felipe de Jesús Cantú, desde la Comisión de Energía, para que no se aprobara en el periodo de sesiones pasado, simplemente ya que sacó su norma oficial Felipe Calderón y tampoco contempla lo de los residuos tóxicos, esta propuesta deberá tomar en consideración qué hacer con el mercurio que se genera con la implementación de esta política y, por tanto, tendría que haber un proyecto más acabado y no solamente seguir las instrucciones que manda Felipe Calderón, y hacer una reflexión y un trabajo serio desde la propia Comisión de Energía, donde se tiene esta oportunidad.

Aquí el planteamiento en específico que está haciendo el diputado Ruiz de Teresa obedece directamente a lo que plantea al Banco Mundial, que son las cuestiones relacionadas con el federalismo por función y no el federalismo por materia, como está establecido en nuestra Constitución Política Mexicana, donde también, desde luego, estoy percibiendo ahí una contradicción con relación a lo que está planteando el mismo Ruiz de Teresa.

Nada más una recomendación a la Mesa, que siga los procedimientos establecidos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del PRD.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano:Nuestra bancada del PRD va a votar en sentido positivo esta adición que hoy se plantea. Lo vamos a hacer así a pesar de que coincidimos en cuanto a la cuestión de los ámbitos de competencia. Estamos claros que el incumplimiento, por ejemplo, sería materia de la Procuraduría Federal del Consumidor y estamos claros desde luego de esta competencia federal.

Sin embargo, también pensamos que estamos trabajando sobre un artículo y sobre un transitorio, de tal suerte que es afortunado que todos los gobiernos de la federación, tanto los municipales como los gobiernos estatales puedan concurrir.

Nos hemos dado cuenta de cómo este tema de cuidado al medio ambiente es un tema generoso que inclusive unifica opinión. No vemos entonces por qué con cuidado, como se ha redactado esta participación, esta adición, no vemos por qué no nos pueda llamar a las mexicanas, a los mexicanos, a las instancias de gobierno a que todos nos sumemos a este esfuerzo de manera colectiva.

Por eso es bienvenida, desde luego, esta adición que hay. Pensábamos y comentábamos ahorita con algunos compañeros diputados de la bancada y razonábamos respecto de las competencias de las oficinas, por ejemplo, en el Distrito Federal, de las territoriales, de las delegaciones, de las mismas oficinas de la jefatura de gobierno y veíamos una forma de poder incorporarnos a apoyar.

Y pensábamos también en que desde luego estos niveles de gobierno que contempla nuestra Carta Magna deben ser vehículos para que este tipo de acciones que hoy tomamos aquí en San Lázaro puedan ser implementadas al nivel de la población.

Por eso, repito, nuestra bancada recibe con beneplácito esta incorporación que se hace. La vamos a votar a favor y nos va a quedar una responsabilidad fuerte para el fin de año.

Como lo hice en mi primera intervención, quiero subrayarlo: vamos a tener la necesidad, desde luego, en el Presupuesto de Egresos, de ver cómo vamos a apoyar este programa para que esto que estamos haciendo hoy no sea letra muerta y para que necesariamente esto pueda llegar a buen término.

Muchas de las veces se cuestiona sobre el uso y sobre el manejo de los dineros públicos y me parece afortunado que, en una medida de este tipo, estemos tomando la participación de los municipios y de los estados y que desde luego esto nos va a vincular y a obligar para que a fin de año podamos robustecer y fortalecer esta propuesta que el día de hoy estamos haciendo.

En breve, desde luego, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública materializaremos la propuesta que tenemos para que los estados y los municipios puedan participar con entusiasmo en esta medida. En esta tribuna hemos coincidido todos en que es finalmente en beneficio de nuestro planeta y en beneficio de las generaciones que vendrán. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 7 reservado y la adición de un tercero transitorio.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 7. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Proceda la Secretaría a dar lectura a la modificación presentada.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Propuestas para la participación en el marco del federalismo mexicano de los gobiernos locales en materia de los programas y estrategias energéticas.

Dictamen por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Propuesta de modificación al dictamen en su artículo 7. Y se agrega un tercero transitorio para quedar en los términos siguientes:

Artículo 7. El programa incluirá al menos estrategias, objetivos, acciones y metas, mismas que deberán ser ejecutadas por los gobiernos locales, tendentes a...

En los artículos transitorios, agregar el siguiente transitorio:

Tercero. La estrategia y sus programas serán coordinados y ejecutados por los gobiernos locales en sus demarcaciones territoriales, quienes remitirán anualmente un informe del avance de los mismos al Ejecutivo federal, a fin de que se elabore la evaluación de resultado a que se refiere el artículo anterior.

Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo reservado, presentada por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos reservados con las modificaciones leídas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema, hasta por 10 minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados.

(Votación)

Está abierto todavía el sistema electrónico. Favor de votar porque vamos a proceder a terminar con esta votación.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? La diputada Rodarte Ayala.

La diputada Josefina Rodarte Ayala(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ciérrese el tablero electrónico. Se registraron 284 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los artículos reservados y adicionados, por 284 votos, con la modificación aceptada por la asamblea.

Por tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, remitida por la Cámara de Senadores el 23 de septiembre de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 84, 85, 157, 176, 177, 190 y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza a partir del siguiente

Método

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural, encargada del análisis y dictamen de la minuta antes citada, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado “Antecedentes”, se deja constancia de las acciones realizadas por el proponente para la elaboración de la iniciativa, los trámites del proceso legislativo, la recepción y turno para el dictamen, así como las acciones realizadas por esta comisión dictaminadora.

II. En el apartado “Contenido de la minuta” se reproducen, en términos generales, los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia de los temas que la componen, así como los argumentos vertidos por la Cámara de Senadores, en su calidad de Cámara de Origen.

III. En el apartado “Consideraciones” se expresan los argumentos de valoración de la minuta y los motivos que sustentan el sentido de su resolución.

IV. Finalmente, se presenta el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Antecedentes

I. En sesión celebrada el 22 de abril de 2010 en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el senador José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. Con esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos, Segunda para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

III. El 21 de septiembre de 2010 se aprobó por 79 votos en el pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

IV. En sesión celebrada el 23 de septiembre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Desarrollo Rural la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Contenido de la minuta

La presente minuta tiene por objeto actualizar el marco jurídico referido en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que éste pueda ser aplicable en sus términos vigentes. Para ello, se pretende incorporar en el texto del artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que, son de aplicarse las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de programación y presupuestación del gasto público.

En este orden de ideas, se propone reformar el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 190. Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la citada minuta con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. En la exposición de motivos de la minuta objeto de este dictamen, el legislador proponente hace referencia a que, en la actualidad la medición del éxito de las políticas públicas implementadas por una nación depende en gran medida del suministro de recursos públicos y de su adecuada administración; elementos que van a la par uno del otro.

Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador, en razón de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se encuentra estrechamente vinculado con el proceso de planeación nacional, ya que refleja en gran medida el plan económico del gobierno y establece jerárquicamente el orden de prioridades que tienen las finanzas públicas sobre las principales políticas públicas.

De esta manera, el PEF resulta mucho más que un documento financiero; ya que representa un proceso por medio del cual se formulan normas políticas, al mismo tiempo que se ponen en marcha programas de acción pública y se implantan controles legislativos y administrativos.

Tercera. El proceso presupuestario en nuestro país se refiere al conjunto de actividades que comprenden la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público federal.

A partir de su entrada en vigor, el 1 de abril de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ha coadyuvado a que el proceso presupuestario sea mucho más eficiente, eficaz y oportuno, siguiendo principios de transparencia, evaluación y seguimiento del ejercicio del gasto público, además de contribuir a que dicho gasto se distribuya ordenadamente y de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con la implantación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estableció una estrategia que refuerza el vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas, así como de las propias instituciones públicas.

Cuarta. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece una serie de criterios y mandatos generales y específicos en materia de presupuesto, asimismo, prevé las orientaciones para los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, mismos que deberán ser ejercidos por el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del artículo 190 de este ordenamiento, el cual establece una serie de lineamientos que deben observarse en la programación y presupuestación del gasto público en materia de desarrollo rural.

Cabe destacar que la redacción vigente del precitado artículo 190, hace referencia a la extinta Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, abrogada a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual ha causado todos sus efectos jurídicos a partir del 1 de abril de 2006.

En virtud de lo anterior, el legislador proponente pretende incorporar en la redacción del artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que serán aplicables a las previsiones presupuestales destinadas a impulsar el desarrollo rural sustentable, las disposiciones contenidas en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en términos generales señalan los mecanismos de programación del gasto público.

Quinta. En razón de lo anteriormente expuesto, se deduce que la aprobación de la minuta coadyuva a que el proceso presupuestario sea eficiente, eficaz y oportuno; a un adecuado funcionamiento del proceso de seguimiento y evaluación de las políticas y programas, al establecer que las previsiones presupuestales contempladas en la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable deberán estar vinculadas a la retroalimentación de las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño; y a fortalecer las finanzas públicas, al tomar en cuenta el marco macroeconómico de mediano plazo en la programación y presupuestación anual del gasto público.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la reforma propuesta al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, relativa a incorporar en la redacción del precitado artículo que serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señalan los mecanismos de programación del gasto público, resulta procedente.

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXI Legislatura con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 190. Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010, p. 27.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2011.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences, María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera), secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, María Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Emiliano Velázquez Esquivel, Rolando Zubia Rivera.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se ha registrado, por el Partido Acción Nacional, el diputado Carlos Luis Meillón Johnston, quien tiene la palabra.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional me permito dar a ustedes nuestro posicionamiento con referencia a la minuta del artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La minuta en comento tiene por objeto actualizar el marco jurídico referido en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que éste pueda ser aplicable en sus términos vigentes.

Para ello, se pretende incorporar en el texto del artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que son de aplicarse las disposiciones de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de programación y presupuestación del gasto público.

Como es sabido, desde la pasada y la presente administración, los recursos destinados al campo no sólo muestran una tendencia creciente, sino que año tras año se autoriza un presupuesto histórico para el sector. Esta vez no es la excepción con los 293 mil 652.1 millones de pesos aprobados para el 2011, que representan un incremento de 9.1 por ciento con relación a lo aprobado en el 2010.

No obstante lo anterior, también es sabido que año tras año la aprobación del presupuesto para el campo está acompañada de la dificultad de llegar a acuerdos y que muchos de los recursos aprobados requieren apegarse en mayor medida a principios de equilibrio y responsabilidad hacendaria.

Es necesario recapitalizar la inversión social y productiva que mejore las condiciones de la vida de los habitantes del medio rural, mediante un mejor uso de los recursos públicos en apego a la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin duda, ante diversas situaciones económicas y sociales del sector primario, es importante que los instrumentos de política pública sean eficientes, eficaces y oportunos en el desarrollo agropecuario, rural y pesquero del país.

Con este tipo de reformas creemos que se apuesta por un proceso de presupuestación y programación del gasto público más responsable y ordenado, basado en la evaluación del desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente, en el equilibrio presupuestario, así como en las prioridades establecidas en el plan de desarrollo en los programas sectoriales.

Si tomamos en cuenta, además, que en el presupuesto para el campo intervienen 13 secretarías, el proceso de planeación es fundamental haciendo un correcto funcionamiento del proceso de seguimiento y evaluación de las políticas y programas.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional queremos que el presupuesto para el campo se refleje en un mayor impacto en el grueso de la población rural: en menos niveles de desnutrición, en mayor integración de la dinámica del desarrollo nacional, que existan mejores condiciones de certidumbre jurídica en el medio agrario, en un mejor entorno para desarrollar un sector capaz de establecer el mercado interno con los alimentos de calidad accesibles a toda la población, en mayores condiciones de rentabilidad para los productores, en el incremento de certidumbre en los mercados, que promuevan la seguridad alimentaria, que se incremente los niveles de sanidad en el campo nacional, que haga frente al cambio climático, que garanticen políticas de desarrollo cada vez más sustentables en el ámbito agropecuario y pesquero, y en general, que el gasto se traduzca en un sector que genere mayor desarrollo.

Coincidimos con el proponente, en el sentido de que el éxito de las políticas públicas implementadas por una nación depende en gran medida del suministro de recursos públicos y su adecuada administración.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que el perfeccionamiento y un mejor uso de los instrumentos de política pública son claves para enfrentar la problemática y desafíos del campo, procurar su progreso y el bienestar de su población. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría  abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema el electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Mientras transcurre la votación quisiera enviar un saludo a los invitados del municipio de Metepec, estado de México, que han sido invitados por el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza.

Igualmente, a maestros y alumnos del Colegio Thomas Jefferson, preparatoria de Tlalnepantla, estado de México, a invitación de la diputada María Teresa Ochoa Mejía.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz la diputada Josefina Rodarte Ayala.

La diputada Josefina Rodarte Ayala(desde la curul): A favor.

La diputada María Felicitas Parra Becerra(desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Cerda Pérez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se emitieron 389 votos en pro y 0 en contra, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social, enviada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 27 de noviembre de 2010.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39, y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 al 84, 135, 136, 137 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a la Comisión de Seguridad Social elaborar el dictamen a la misma, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes apartados: antecedentes, contenido de la minuta, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

1. El C. Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza) presentó al pleno de la Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2009, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad de la misma Cámara.

2. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, elaboró el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el artículo 64 de la Ley del Seguro Social, mismo que fue aprobado en su reunión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2010.

3. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en su sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2010, aprobó dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la fracción XII del artículo 6 y el artículo 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo 64 de la Ley del Seguro Social, mismo que fue enviado como minuta proyecto de decreto a la Cámara de Senadores el mismo día, para los efectos constitucionales.

4. En sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre del año 2010 por la Cámara de Diputados, se recibió de la Cámara de Senadores oficio con el que se devuelve minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los artículos 64 y 84 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó como trámite a la minuta de referencia el turno a la Comisión de Seguridad Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta recibida de la Cámara de Senadores, ratifica en todos sus términos tanto las consideraciones expresadas en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, como la adición que en el mismo dictamen se hizo para incorporar, a la iniciativa presentada por el C. Dip. Jorge Antonio Kawhagi Macari, la reforma al artículo 64 de la Ley del Seguro Social.

En el mencionado artículo 64, la minuta que se dictamina establece un agregado con la finalidad de dejar claramente especificado que el otorgamiento de la pensión por orfandad corresponde a los huérfanos menores de dieciséis años totalmente incapacitados y que dicha incapacidad les impida mantenerse por su propio trabajo.

La redacción aprobada en la minuta del Senado de la República es la siguiente:

Artículo 64.

Fracción VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

Además de lo anteriormente referido, la minuta procedente del Senado de la República, agrega una reforma al artículo 84 en su fracción VI, para igualar en su redacción los términos en los que se reforman los otros artículos (el 6 y el 134 de la Ley del ISSSTE y el 64 de la Ley del Seguro Social), con la siguiente redacción:

Artículo 84. Quedan amparados por este Seguro:

Fracción VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional.

Consideraciones de la Comisión

La Comisión de Seguridad Social al aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del ISSSTE, presentada por el C. Dip. Jorge Kawhagi Macari (Nueva Alianza), agregó la reforma al artículo 64 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de establecer en ambas Leyes de Seguridad Social los términos adecuados atendiendo a lo que dispone la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por México y ratificada por el Senado de la República el 27 de septiembre de 2007, en cuanto a los términos que definen a las personas con discapacidad.

Ratificando el contenido de las consideraciones de la Comisión en el dictamen a la iniciativa de referencia, mismas que también ratificó el Senado de la República, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados considera que la reforma incorporada por la colegisladora debe de aceptarse para mantener la congruencia en los términos utilizado en las Leyes del ISSSTE y del Seguro Social al referirse a las personas con discapacidad.

Conclusiones y Acuerdo

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, la Comisión de Seguridad Social aprueba las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al artículo 64 de la Ley del Seguro Social y la adición de la reforma al artículo 84 de la misma ley, y, con fundamento en lo señalado en el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso c) y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Familiares derechohabientes a:

a) ...

b) ...

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

d) ...

...

1) ...

2) ...

XIII. a XXIX. ...

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 64, fracción VI y 84, fracción VI de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 64....

...

a) ...

b) ...

...

I. a V. ...

VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

...

...

...

Artículo 84. ...

I. a V. ...

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Trabajo de la Comisión de Seguridad Social, a 2 de febrero de 2011.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados:Uriel López Paredes (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Malco Ramírez Martínez, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Isaías González Cuevas (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), María Guadalupe García Almanza, Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está a discusión en lo general. Se han inscrito para fijar la posición de sus partidos los siguientes diputados y diputadas: por el PRD, Claudia Edith Anaya Mota y por el PAN, Ana Elia Paredes Arciga. Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Con su permiso, presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de esta reforma, pues es uno de los pasos que continúan para dar seguimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención fue ratificada por el Senado mexicano en 2007, y esta Convención nos obliga a armonizar nuestras leyes secundarias en materia de visibilización, para que las personas con discapacidad tengan mejores oportunidades.

¿Qué estamos haciendo con esta reforma a la Ley del ISSSTE?. Estamos dándole la posibilidad a las personas con discapacidad de ser visibilizadas en el sistema de seguridad social.

Solamente un 40 por ciento de la población con discapacidad en este país tiene acceso a los servicios de salud, y de éstos, de 4 de cada 10 están en el ISSSTE y sólo 5 de cada 10 en el IMSS. Necesitamos ir mejorando poco a poco, a través de la armonización legislativa, darles más participación a las personas con discapacidad en torno a los accesos que deben tener a la seguridad social, a la salud, a pensiones dignas, a una vida digna en general en términos de seguridad social.

Este término que se va a cambiar el día de hoy y que invitamos a que todos los diputados de todas las fracciones lo voten a favor, nos ayudará a seguir dando pasos contundentes para que las personas con discapacidad vayan mejorando en el acceso a los derechos.

Las personas con discapacidad sufren de discriminación y las leyes todavía tienen dejo de ellas con términos que no son adecuados y que no son aptos, según la Convención internacional. Esta Convención nos obliga a que éste y otros marcos jurídicos se sigan regularizando en el tema.

Es por eso, compañeros diputados, compañeras diputadas, que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor en esta reforma; y seguiremos impulsando muchas otras que les den mejores condiciones a las personas con discapacidad. Es cuanto, presidente, gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ana Elia Paredes Arciga, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada Paredes.

La diputada Ana Elia Paredes Arciga:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el seno de la Comisión de Seguridad Social, los legisladores de Acción Nacional votamos unánimemente a favor del dictamen en sentido positivo de esta iniciativa, en virtud de que nuestro partido siempre ha pugnado por la construcción de un país sin discriminación.

Votaremos también a favor de este dictamen porque consideramos que el texto de la Ley del ISSSTE, al afirmar que las personas con discapacidad son personas con defectos, trae consecuencias discriminatorias graves y genera una falsa idea de que son imperfectos en comparación con el resto de la población y, esto, no hay nada más lejano a la realidad.

Acción Nacional siempre ha insistido por el respeto irrestricto al texto del párrafo tercero del artículo 1o. de nuestra Carta Magna que a la letra dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ejemplo de nuestro compromiso por erradicar la discriminación en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad y, en especial, en contra de las personas con discapacidad, son la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La primera de ellas porque es un ordenamiento que se publicó durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada.

Y, la segunda, porque es una Convención internacional que fue negociada a lo largo de cuatro años a raíz de una iniciativa presentada por el gobierno de México ante la LVI Asamblea General de la ONU, en el año 2001.

Nuestro país mantuvo un reconocido liderazgo a lo largo del proceso negociador, hasta concluir con un texto de convención y su protocolo facultativo. Aunado a ello, se dio un gran paso con la publicación y entrada en vigor de la Ley General de las Personas con Discapacidad, del 10 de junio de 2005.

A partir de estas acciones, las personas con discapacidad no están sujetas a tolerar la imposición de medidas ni acciones, sino que tienen el derecho de participar en la construcción de aquellas decisiones que les atañen.

Además, se les hace visibles, se les vuelve fundamentales para ampliar la agenda pública y al integrarlos en todas las esferas de la vida se combaten los prejuicios y estigmas que han recaído sobro ellas y sus capacidades.

Es por ello, compañeros, compañeras, que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este importante dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno, para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación. De viva voz la diputada Josefina Rodarte Ayala.

La diputada Josefina Rodarte Ayala(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: A favor. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 397 a favor, 0 en contra, 1 abstención.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Déjeme darle la palabra al diputado Heliodoro Díaz. Ya le registré. Diputado Heliodoro Díaz.

ESTADO DE OAXACA

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Gracias, señor presidente. En los términos que establecen los artículos 114, 115 y 123 de nuestro Reglamento, hago moción para que se incluyan en la agenda política los graves acontecimientos que se están registrando hoy, en la mañana, en Oaxaca, con motivo de una brutal represión del gobierno aliancista que encabeza Gabino Cué, en donde fueron agredidos, por elementos policiacos y de la Policía Federal Preventiva, miembros y maestros de la Sección 22 y gente del pueblo. Hay un periodista herido de bala y hay varios heridos con motivo de esta represión.

No es posible que se organice una visita presidencial sin conocer las condiciones de ingobernabilidad que existen en el estado.

Para ese efecto y por los graves acontecimientos, solicito, señor presidente, que en la agenda política se inscriba este hecho para su discusión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. En los términos del Reglamento, se lo turno a la Junta de Coordinación Política para que resuelva en lo conducente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Fernández?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sólo para mencionar, diputado presidente, que la información que tengo –al margen del tratamiento que se le dé, no tendría inconveniente que se incluyera en la agenda política–, pero sí quiero manifestar que no fue el gobierno aliancista, sino que fue la Policía Federal quien reprimió a los profesores en el estado de Oaxaca.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De cualquier forma, muchas gracias, señores diputados. Le suplico a la Junta de Coordinación Política que tome nota para que proceda en su caso la modificación del orden del día. Diputada Enoé Uranga.

ARTICULOS 19, 20 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

I . Antecedente legislativo

Único. El 8 de abril de 2010, la Diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 20, 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Materia de la iniciativa

La iniciativa expone: La trata de personas es un delito con consecuencias psicológicas irreversibles, considerado además como modalidad contemporánea de esclavitud y como forma extrema de violencia contra mujeres, niñas y niños, violándose por consecuencia derechos humanos fundamentales, menciona además la iniciativa que la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación más activa de los gobiernos e instituciones federales, estaduales y municipales, conjuntamente con la participación de la sociedad civil.

III. Considerandos

Antecedentes normativos en México

El primer antecedente normativo en México, fue la reforma del artículo 207 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, que a la letra decía:

“Artículo 207. Comete el delito de lenocinio: Toda persona que sin autorización legal, habitual o accidentalmente explote el cuerpo de la mujer por medio del comercio carnal, se mantiene de este comercio u obtiene de él un lucro cualquiera.”

Posteriormente, el 13 de enero de 1984, únicamente se incorpora al citado ordenamiento, el “Libro Segundo, Título Octavo, Capítulo Tercero”, que incluía los delitos de “Trata de Personas y Lenocinio”, sin que para ello se haya hecho referencia al concepto y penalidad del ilícito citado en primer término, sin embargo, a ello y en esa misma fecha se incorpora el artículo 205 como ilícito de Corrupción de Menores en el tenor siguiente:

“Artículo 205. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, se le impondrá prisión de 6 meses a 6 años y hasta 500 días multa.

Si se emplease violencia o el agente se valiese de una función pública que tuviere, la pena se agravará hasta en una mitad más.”

En este contexto, el Código Penal vigente en esa época, no contemplo la figura delictiva de la trata de personas, cuya persecución no solo interesa al estado mexicano, sino a la comunidad internacional, en los términos que han originado convenios multilaterales a este respecto, como en otros casos en que se pretende la persecución de delitos que trascienden las fronteras de un país.

No fue sino hasta la reforma de 27 de marzo de 2007, cuando en el artículo 207 se propuso la reestructuración de los Capítulos Segundo y Tercero del Título Octavo, libro segundo del Código Penal Federal, que se refieren a la corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores, es en ese momento cuando se tipifica el delito de trata de personas y lenocinio, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 207. Comete el delito de trata de personas quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla a cualquier forma de explotación, ya sea explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro o fuera del territorio nacional.

Al autor de este delito se le impondrá pena de 4 a 9 años y de 400 a 900 días multa”.

Es importante señalar, que desafortunadamente son pocos los Estados que han legislado para erradicar y prevenir la Trata de Personas, como son:

Lamentablemente para México el crimen organizado mejoró sus métodos de comisión delictiva, así como su reestructuración, aprovechando para su operación la globalización, el incremento del comercio mundial y la existencia de nuevas tecnologías de comunicación informática, haciendo insuficiente la legislación existente en el país.

En estas condiciones, esta Comisión de Puntos Constitucionales considera que este flagelo social ha expandido en forma acelerada sus redes delictivas, por tanto, es necesario contemplar en la Constitución el delito de Trata de Personas y ordenar la expedición de una ley general en la materia, acorde a la realidad social, en la que se prevengan las diversas conductas, así como las penalidades correspondientes.

En este sentido y al ser alarmante, año con año millones de personas, la mayoría mujeres y niños son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes situaciones de carácter laboral, sexual o de servidumbre, por lo que resulta urgente actuar legislativamente, adicionando y reformando el segundo párrafo del artículo 19; la fracción V del Apartado C del artículo 20; y el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Visto lo anterior, queda demostrado que el cuerpo normativo relativo a la trata de personas es deficiente y denota el poco interés de los Estados en abordar y prevenir la comisión del ilícito.

En este contexto, es pertinente citar la definición de Luisa Fernanda Tello Moreno, en su obra “Análisis del alcance y contenido de la Ley para Sancionar y Prevenir la Trata de Personas”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a la letra dice: “ La trata de personas también es un fenómeno trasnacional, por medio del cual se somete a las personas a situaciones de explotación sexual o laboral –en términos generales–, bajo condiciones análogas a la esclavitud y, por lo general, se les traslada a países distintos al de su origen o residencia, con el fin de que no escapen de dicha situación...”.

Marco Internacional.

Es necesario analizar los ordenamientos jurídicos de carácter internacional en cuanto al tema de trata de personas. En ese contexto, se ha trabajado para erradicar dicho ilícito y nuestro país no es ajeno a tales políticas.

El Estado mexicano, con una visión humanista, ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacionales, los cuales son:

1. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena:

“Artículo 1. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona;

Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2. Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Artículo 16. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos”.

2. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General En Su Resolución 44/25, De 20 De Noviembre De 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

“Artículo 34

Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.

3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

“Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

4. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud

“Artículo 1

Cada uno de los Estados parte en la Convención adoptará todas aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se indican a continuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en Ginebra en 25 de septiembre de 1926:

a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios;

b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición;

Sección II. La trata de esclavos

Artículo 3

1. El acto de transportar o de intentar transportar esclavos de un país a otro por cualquier medio de transporte, o la complicidad en dicho acto, constituirá delito en la legislación de los Estados parte en la Convención, y las personas declaradas culpables de él serán castigadas con penas muy severas.

2. a) Los Estados parte dictarán todas las disposiciones necesarias para impedir que los buques y las aeronaves autorizados a enarbolar su pabellón transporten esclavos y para castigar a las personas culpables de dicho acto o de utilizar el pabellón nacional con ese propósito;

b) Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para impedir que sus puertos, aeropuertos y costas sean utilizados para el transporte de esclavos.

3. Los Estados parte en la Convención procederán a un intercambio de información con objeto de conseguir una coordinación práctica de las medidas tomadas por ellos para combatir la trata de esclavos y se comunicarán mutuamente todo caso de trata de esclavos y toda tentativa de cometer dicho delito que lleguen a su conocimiento.

Artículo 4

Todo esclavo que se refugie a bordo de cualquier buque de un Estado Parte en la Convención quedará libre ipso facto.

Sección III. Disposiciones comunes a la esclavitud y a las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

Artículo 5

En cualquier país donde la esclavitud o las instituciones y prácticas mencionadas en el artículo 1 de esta Convención no hayan sido completamente abolidas o abandonadas, el acto de mutilar o de marcar a fuego, o por otro medio, a un esclavo o a una persona de condición servil — ya sea para indicar su condición, para infligirle un castigo o por cualquier otra razón —, o la complicidad en tales actos, constituirá delito en la legislación de los Estados parte en la Convención, y las personas declaradas culpables incurrirán en penalidad.

Artículo 6

1. El hecho de reducir a una persona a esclavitud, o de inducirla a enajenar su libertad o la de una persona dependiente de ella para quedar reducida a esclavitud, la tentativa de cometer estos actos o la complicidad en ellos o la participación en un acuerdo para ejecutarlos, constituirán delito en la legislación de los Estados parte en la Convención y las personas declaradas culpables de ellos incurrirán en penalidad.

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del artículo 1 de la Convención, las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se aplicarán también al hecho de inducir a una persona a someterse o a someter a una persona dependiente de ella a un estado servil que resulte de cualquiera de las instituciones o prácticas mencionadas en el artículo 1, así como a la tentativa de cometer estos actos, o la complicidad en ellos, y a la participación en un acuerdo para ejecutarlos.

Sección IV. Definiciones

Artículo 7

A los efectos de la presente Convención:

a) La “esclavitud”, tal como está definida en el Convenio sobre la Esclavitud de 1926, es el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad, y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición;

b) La expresión “persona de condición servil” indica toda persona colocada en la condición o estado que resulta de alguna de las instituciones o prácticas mencionadas en el artículo 1 de la Convención;

c) “Trata de esclavos” significa y abarca todo acto de captura, de adquisición o de disposición de una persona con intención de someterla a esclavitud; todo acto de adquisición de un esclavo con intención de venderlo o de cambiarlo; todo acto de cesión por venta o cambio de una persona, adquirida con intención de venderla o cambiarla, y, en general, todo acto de comercio o de transporte de esclavos, sea cual fuere el medio de transporte empleado”.

5. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

“A. Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico

B. Las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio”.

6. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.

“Reafirmamos nuestro compromiso de:

8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el derecho al de-sarrollo;

9. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

7. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

“Artículo 1

Finalidad

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;

j) Por “organización regional de integración económica” se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte” con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.”

Es importante destacar que dichos instrumentos internacionales son de observancia obligatoria para el Estado mexicano y los principios que postulan deben ser adoptados en el derecho interno, ello para asegurar su observancia.

Nuestro Máximo Tribunal, ha señalado la obligatoriedad de los Tratados Internacionales en relación al Estado mexicano:

Tratados Internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

En suma, los principios establecidos en los documentos jurídicos antes citados, no sólo son disposiciones de carácter internacional, sino que es obligación del Estado mexicano adoptarlos en el derecho interno, esto es, creando las disposiciones jurídicas que hagan efectivo el cumplimiento.

IV. Conclusiones.

De lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales llega a las convicciones siguientes:

Primera. La trata de personas no es una manifestación meramente circunstancial que afecta a una cuantas personas, sino que repercute en cuestiones de estructuras de los Estados en el tejido social y económico, así como en las organizaciones de las sociedades.

Segunda. Violenta los derechos humanos del individuo, sobre todo, de aquellos que tienen un status vulnerable; como las mujeres, los niños y los migrantes, esto por que adolecen de educación y oportunidades de trabajo.

Tercera. Estamos frente a un fenómeno socio delictivo, que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos jurídicos vigentes en México, por la agudización paulatina de la globalización y el desarrollo tecnológico, además de que convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y corrupción.

Cuarta. Las redes del crimen organizado apuntan firmemente a las niñas y los niños como producto de cambio, cuyo beneficio deriva en vender a estos para que trabajen como siervos o de manera forzada, estas prácticas debemos concebirlas como inhumanas y criminales, por ello es preciso detenerlas.

Quinta. En esas condiciones vertidas en los puntos anteriores, esta Comisión dictaminadora considera necesario proponer una reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, para que la trata de personas se incorpore a los delitos en los cuales el Juez declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, lo anterior toma fundamento por la afectación social que produce el ilícito y por el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.

Sexta. Es pertinente, reformar la fracción V del apartado C del artículo 20 constitucional, para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de Trata de Personas, el resguardo de su identidad y datos personales, toda vez que, por las características de este delito, resulta necesario proteger la identidad y datos de la víctima, con el fin de que, en el proceso penal, se cumplan con las mínimas medidas de seguridad.

Séptima. Con respecto a la propuesta contenida en el proyecto, de agregar un inciso f) al artículo 21 constitucional con objeto de establecer la coordinación de autoridades de los distintos órdenes de gobierno para combatir el delito, esta Comisión coincide en que debe desecharse, porque el párrafo noveno vigente, así como en los párrafos segundo y tercero de la fracción XXI del artículo 73, la coordinación entre autoridades a que hace referencia la propuesta, ya se encuentra prevista en mejores términos y con mayor amplitud, toda vez que se prevé tanto para los delitos federales como para los del fuero común, mientras que, del texto de la propuesta podría desprenderse que cuando una autoridad local conozca de la comisión de un delito del fuero federal, debería avisar a la autoridad correspondiente y ponerse a sus órdenes, y que la autoridad local (estatal o municipal) también conocería del delito federal, lo cual es contradictorio.

Octava. Esta dictaminadora considera pertinente que se realice la reforma contenida en el párrafo segundo, de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Trata de Personas, logrando, en consecuencia, un instrumento jurídico adecuado.

Por lo expuesto, los miembros de la comisión someten a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

...

...

...

...

Artículo 20. ...

A. ...

B. ...

C. ...

I. a IV. ...

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

...

VI. y VII. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

...

...

XXII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados emitirán la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Juventino Castro y Castro, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 15 minutos. Permítame un segundo, diputada Enoé.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul). Sí, presidente, le agradezco. Entiendo que después de la presentación del ministro diputado, usted dará cuenta, pero quiero dejarlo asentado, que he presentado una moción respecto de este tema que entraremos a discutir.

«Diputado  Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

La suscrita diputada Enoé Uranga Muñoz integrante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Soberanía la moción suspensiva respecto del dictamen que emite la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se pretende aprobar la reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones y fundamentos:

Único. Los argumentos en contra del presente dictamen, mediante el cual se pretende aprobar el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el procedimiento de análisis, discusión y  dictaminación del propio dictamen.

Resulta tradicional que lo vago y difuso es una forma de ser del sistema fundamental mexicano, ya que con frecuencia los textos constitucionales mexicanos son incongruentes, contradictorios, poco técnicos y mal redactados, provocado por descuido, mala fe o ignorancia de sus autores.

En el dictamen que hoy se pone a consideración del pleno, en concreto a la adición que se pretende aprobar a la fracción XXI, desde el punto de vista de la práctica parlamentaria estamos ante un acto legislativo defectuoso.

La doctrina al respecto de los actos legislativos defectuosos nos enseña: “... En el procedimiento de discusión y aprobación de una ley o decreto, el Congreso de la Unión o las legislaturas pueden incurrir en tres tipos de irregularidades: a) Cuando la elaboración y aprobación de la ley o decreto no se realiza de conformidad con las normas que regulan su producción”; al respeto Merkl afirma: “pueden ser designados como defectuosos aquellos actos que, en términos generales, advienen con deficiencias jurídicas, esto es, que se hayan de acuerdo con los preceptos jurídicos a cuyo tenor debieron haberse producido, o que no corresponden por completo a su regla jurídica de producción, caso de que nos decidamos a expresar en esta forma el conjunto de preceptos jurídicos que condicionan un acto”.-- b) Cuando una ley o decreto, no obstante haber sido elaborado o aprobado siguiendo todas las formalidades que marca la ley, es en sí infundado o contrario a algún texto constitucional.-- c) Cuando una ley o decreto ha sido elaborado y aprobado formalmente en términos correctos, pero la voluntad de los integrantes del cuerpo legislativo fue objeto de algún vicio del consentimiento, como error, dolo o violencia...”.

Con relación a la aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional claramente estamos enmarcados en los incisos a) y b) que acabo de mencionar.

De origen la reforma carece del elemento conceptual fundamental, pues no se determina el género y la especie, es decir si la trata es una forma de esclavitud o al revés o en su caso éstos son dos géneros distintos.

Agregar esta facultad de legislar sobre trata de personas, para que ésta prevista de manera expresa en la Constitución, no implica que sea conforme a la norma penal y mucho menos que verdaderamente atienda al interés público.

En segundo lugar la reforma pierde de vista el aspecto fundamental del tema, que es el de los Derechos Humanos de las personas, es la protección a los seres humanos y no la persecución del delito, lo que debe ser eje toral de la reforma.

Por ello, es conveniente que en la norma fundamental se incluyan el agregado de la trata de personas, sin embargo no es correcto que se incluya en el artículo 73, ya que el asunto de trata trasciende el tipo penal y debe ser incluido como un concepto más amplio. De acuerdo con estudios y con la doctrina y especialistas, la esclavitud es una forma de trata de personas y no al revés, por tanto siendo el género la trata de personas y la esclavitud la especie dicha reforma debería ser materia del artículo primero constitucional, incluso si el caso fuera que ambos conceptos son géneros distintos.

Dado que para regular lo anterior existen las normas secundarias que emanan de la Constitución, por tanto, lo que dispongan siempre tendrá que ser acorde a los principios establecidos en la Carta Magna.

Las leyes secundarias, lo que hacen es abordar a profundidad aquellos aspectos que la Constitución no puede, es decir, pueden establecer disposiciones no contenidas en la Constitución pero siempre en el sentido que obliga ésta.

Desde la particular óptica esta reforma dista mucho de ser una conquista, al contrario crea un régimen de excepción sobre un solo tipo delictivo e impone al legislador la obligación de sopesar muy bien todos los intereses en conflicto a la hora de abordar su tarea legislativa.

¿Qué seguiría de aquí en adelante, vamos a hacer un listado de cada tipo delictivo e incorporarlo a la Constitución?

Aunque el delito de trata es un fenómeno que lacera a nuestra sociedad, la reforma que se plantea para adicionar la fracción XXI como facultad expresa del Congreso de la Unión con el pretexto de aprobar una Ley General sobre el tema, no me parece que se esté contemplando una visión global sobre el tema, reducirlo a un asunto penal no resuelve el fondo de una asunto tan delicado.

Ya que el hecho de que las normas penales se encuentren codificadas no es un capricho, un Código Penal es un conjunto unitario y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal, que busca la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no existan normas penales vigentes fuera del compendio.

Los códigos penales, buscan plasmar el poder punitivo del Estado, de esta manera, el Estado mismo a través del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que sólo puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigna expresamente en el mismo Código Penal y con la sanción que el mismo establece.

La idea jurídica de la existencia del Código Penal, permite a los ciudadanos un mayor conocimiento de los delitos, y no ser enjuiciados por actos delictivos que podrían desconocer; por lo anterior, se sostiene que la codificación de las normas penales tiene dos ventajas fundamentales:

Por un lado, permite facilitar el conocimiento del derecho penal al ciudadano. Esto tiene una gran importancia, dado que es el derecho penal el que limita más gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos y el que puede imponer las sanciones más graves: las penas.

Por otro, facilita la práctica jurídica, y dota de una mayor coherencia al conjunto de normas que componen el derecho penal vigente.

Por ello se requiere además de hacer congruente técnicamente la propuesta, insisto no es en el artículo 73 donde debe regularse el tema, debe adecuarse a la realidad y a las consecuencias del asunto de la trata de personas.

La reforma al artículo 73, francamente parece redactada desde Los Pinos, por sus limitaciones y por su estreches de miras, pues con ello se sigue reduciendo el tema de la trata de personas a un asunto de persecución del crimen organizado, que desde luego no alcanza para todas las aristas de esta problemática y las víctimas de ellas.

Es una reforma en la que queda de manifiesto que nadie en este país se hará cargo de la investigación del delito de trata de personas (como ya sucede).

La reforma genera una laguna jurídica no nos permite terminar de entender si será un delito exclusivamente del fuero federal, o si habrá aún así la posibilidad de que sea un delito federal y del fuero común y ello en algún momento “obligue” a una debida armonización.

Dado reconoce tácitamente que el delito es un asunto exclusivo de la delincuencia organizada, desconociendo otras formas de comisión de este delito en donde no forzosamente participan dos o tres personas.

La realidad es que el ideal sería este último en dónde al igual que en otros delitos, es necesaria la actuación de las instancias de seguridad y justicia no sólo de la Federación, sino la intervención de manera coordinada con las instancias federativas, pero en el caso específico se requerirá la comprensión colectiva por parte de las entidades federativas de la escala y la naturaleza de la trata de personas, incluidas las causas potenciales a nivel internacional, nacional y regional, los factores que facilitan en las ciudades de origen y destino la comisión de este y otros delitos relacionados.

En términos de la violencia contra las mujeres, partiendo de la base de que es la trata de personas una forma de violencia extrema contra mujeres y niñas, ya que se atenta contra la libertad, la dignidad, la seguridad, la vida y la integridad, un planteamiento en estos términos desdibuja incluso las causas profundas de ésta, en particular la discriminación, la pobreza, la inseguridad, la exclusión y la desigualdad entre mujeres y hombres.

Por ello, la reforma a éste artículo es incluso peligrosa e inaceptable, insisto en la necesidad de conocer la magnitud del problema a nivel nacional, obligación no cumplida por el Ejecutivo para después plantear reformas y leyes acorde a la realidad, que además permitiría contar con políticas públicas que aborden las estrategias necesarias de prevención, persecución, sanción, atención.

En un principio sí se contempló en el dictamen, sin embargo después, no sé bajo qué argumentos se retiró, la reforma al artículo 1o., siendo ésta fundamental, hoy seguimos regulando en nuestra norma fundamental a “los esclavos del extranjero...”.

Expresión totalmente desafortunada ya que con ella se desconoce que las personas tienen derecho internacional a no ser esclavos en otros países contraria a compromisos ya suscritos, como son:

- Convención Relativa a la Esclavitud firmada por la Sociedad de Naciones, modificada a través del Protocolo para Modificar la Convención sobre la Esclavitud, el 7 de diciembre de 1953 por la Organización de Naciones Unidas.

- Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, que entró en vigor el 30 de abril de 1957.

Y como un asunto de mayor gravedad, estaríamos dejando de reconocer aquel hecho histórico que se produjo el 10 de diciembre de 1948 en la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos que supone, un esfuerzo común por la defensa de la libertad, la justicia y la paz y marcó el inicio de una segunda fase en la defensa de los derechos y de la dignidad de los seres humanos. Pues en específico, atenta contra el artículo 4, que establece: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.

En resumen, la esclavitud se encuentra absolutamente prohibida en todo el mundo, y así lo estableció la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al decir que esta “prohibida la esclavitud”.

Debe entenderse que México lo que se hace es proscribir la esclavitud en un sentido positivo y tutela como un valor fundamental la libertad personal, lo que nunca debe perderse de vista.

Es obvio que además contraviene al propio protocolo adicional de la Convención de la ONU Contra el Crimen Transnacional Organizado para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, particularmente mujeres, niñas y niños, de 2000, pues niega de manera indirecta un derecho de una víctima de trata de personas como es el reconocimiento de todos sus derechos humanos, y de manera específica su derecho a la repatriación.

Se insiste en la necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa en la materia que en verdad garantice a todas las víctimas de trata el respeto irrestricto a sus derechos humanos, por ello debe considerarse incorporar la expresión “la esclavitud, sus prácticas afines o similares, la trata de personas”, sería la reforma adecuada.

En tal sentido, se solicita la moción suspensiva del con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales y abrir el tema con base en los argumentos vertidos por la de la voz y no remendemos nuestra Carta Magna sin sentido y fuera de toda lógica jurídica.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Enoé  Uranga Muñoz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con todo gusto, diputada. Ya hemos recibido su documento. Voy a proceder a la fundamentación del dictamen como marca el procedimiento y terminando la intervención del diputado Juventino Castro y Castro procederemos a desahogar la moción suspensiva que usted ha presentado. Tiene la palabra don Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro:Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, compañeros todos. La madrugada del 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla proclamó la Independencia y autonomía de México y se dirigió desde Dolores, donde se encontraba, a la ciudad de Guadalajara, la cual ocupa de inmediato y hace, ante todo, la primera declaratoria de que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte.

Desde entonces México es una república con gobierno autónomo, compuesto de habitantes libres. Bajo este signo libertario nace a la vida la independencia mexicana. Esto es el símbolo del nuevo país, la libertad, empezando por la personal.

Desde ese día la propiedad de un ser humano por otro concluye totalmente. Quien prive de su libertad de acción a otro ser humano realiza un ilícito que penalmente debe ser sancionado.

En ese sentido México debe ser considerado como un pionero, pues para destacar declaratorias abolicionistas similares debemos tomar en cuenta que los Estados Unidos la decretó en 1865, a iniciativa del presidente Abraham Lincon y la Organización de las Naciones Unidas la ordenó en 1948, al incluirla en la Declaración de los Derechos del Hombre.

Así es como siguiendo una política libertaria tradicional de nuestra cultura, el párrafo segundo del artículo 1o. de nuestra Constitución política prohíbe la esclavitud y añade en su proclividad libertaria que los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes mexicanas. Pero la esclavitud, como autorización para que los seres humanos sean sometidos a otras personas, quizá ha concluido definitivamente en el mundo civilizado.

Actualmente privan ilícitos que pueden sujetar a los seres humanos a una restricción personal que es similar a la esclavitud. Pongo como ejemplos al lenocinio y a la trata y comercio de personas, sancionando a quienes promuevan, faciliten, trasladen o entreguen a una persona para someterla a cualquier tipo de explotación: sexual, laboral o con fin de disponer de sus órganos, tejidos o cualquier otro de sus componentes para practicar trasplantes rápidos. La explotación o perversión infantil o cualquier forma de disposición no autorizada por la persona cuya libertad se ve atacada, así como cualquier tipo de secuestro que atente contra la libertad personal, etcétera.

Pero la tipificación legal para el castigo de los infractores que atenten contra la libertad personal en nuestro país está lejos de alcanzarse en su amplitud y debe procurarse perfeccionarla para beneficio de nuestra sociedad y de sus componentes.

Es por ello que la diputada Araceli Vázquez presentó iniciativa ratificada por las diputadas María Dina Herrera Soto, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Mary Telma Guajardo Villarreal, en la que proponen a esta soberanía la reforma y adición a diversos artículos constitucionales, para así establecer con toda claridad el delito de trata de personas, que por lo demás coincide con la anuencia en ese sentido de nuestro país en tratados multilaterales que ha ratificado el Senado de nuestra República.

Se llama la atención como fundamento de la iniciativa de aquellos criterios jurisprudenciales en el mismo sentido propuesto, dictados por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Comisión de Puntos Constitucionales, que me honro en presidir, somete a consideración del pleno de la Cámara su dictamen en sentido positivo, que se discutirá y votará hoy, y que no dudo será aprobado en los artículos 19, 20 y 73, pues la reforma constitucional que ha sido propuesta otorga la posibilidad de crear una ley general en materia de trata de personas, en la que concurren en su combate los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Sin esta reforma constitucional, ninguna ley secundaria tendrá su fundamentación sólida. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, señor diputado Castro y Castro. Tiene ahora la palabra la diputada Enoé Uranga Muñoz, para fundamentar la moción hasta por 5 minutos, la moción.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, difícil es sin duda, después de que ha hablado el ministro diputado, venir aquí a presentar una moción a un dictamen de estas características, pero es la convicción total de que estamos sin duda alguna cometiendo un error de fondo lo que me obliga a estar hoy aquí.

En otros momentos hemos, por falta de análisis de fondo, por descuido, provocado textos constitucionales incongruentes, contradictorios, poco técnicos, mal redactados. Pero en este caso en particular, en la reforma que se plantea al artículo 73 constitucional, lo que se está haciendo es, en términos de técnica legislativa, desnaturalizar el delito penal, el Código Penal, e incorporar su especificidad en el tema de la trata de personas, abriendo con ello paso a que en la Constitución se pueda enlistar un sinnúmero de delitos: asesinato, violación, pedofilia y todos los que queramos, y se pierda de vista que el objeto general es el de los delitos penales.

La Constitución no fue hecha para especificidades y no fue hecha, desde luego, para sustituir a las leyes secundarias.

La realidad es que se está haciendo esta reforma para dar paso a una ley general que no ha sido analizada, pero además que desoye un tratado internacional que México firmó, el protocolo que adiciona la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado transnacional para prevenir la trata de personas, particularmente de mujeres, niñas, niños y niega de manera indirecta el derecho de una víctima de trata de personas, como es el reconocimiento de todos sus derechos y de manera específica su derecho a la reparación.

La reforma no analiza este tema desde la perspectiva que México se comprometió en la ONU, sino desde la perspectiva de la delincuencia organizada, es decir, no estamos atendiendo este tema a partir de ese concepto que tan magistralmente planteó el ministro, desde el concepto de que somos libres y que éste es un tema de derechos humanos, y lo coloca de manera reduccionista en la visión de las guerritas de Calderón desde el aspecto del crimen organizado, cuando la trata de personas tiene que ver con muchísimas más aristas que el crimen organizado.

Al generar esta reforma, además con la gran ausencia de un análisis que le justifique, de considerandos que establezcan por qué la ley que actualmente existe tendría que ser desechada y plantear una ley general, estamos además corriendo el riesgo de federalizar el delito y dejar sin responsable de perseguir un delito que también tiene en el fuero común varias de sus complejidades.

El delito de trata no empieza ni termina en el uso sexual de las personas. Tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con el sometimiento de las personas, tiene que ver con la servidumbre y con una serie de cosas que no pasan por el crimen organizado.

Presidente, parece que me quieren hacer una pregunta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez(desde la curul): Para una pregunta a la oradora.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Rosario Brindis pregunta si le acepta una pregunta.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Desde luego, diputada Brindis.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez(desde la curul): Gracias. Diputada, como su moción es suspensiva a mí me gustaría que fuera más específica en cuanto al problema conceptual de fondo que usted cree que existe, por favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Cómo no, diputada, lo intento. Agregar esta facultad de legislar sobre la trata de personas para que sea prevista de manera expresa en la Constitución es tan insostenible como incorporar a la Constitución la lista de catálogos penales completos. La norma penal, el interés público serán dañados por eso. Lo sabe la Suprema Corte de Justicia, lo saben los abogados diputados que son parte de esta soberanía, y lo sé yo, que no soy abogada.

La reforma pierde de vista el aspecto fundamental del tema. Éste es un tema de derechos humanos de las personas. Se trata de la protección de los seres humanos en los términos de lo que señaló el ministro presidente.

El eje de una reforma en relación con trata de personas tiene que estar centrado en las víctimas, en entender que no se trata de la persecución de los delincuentes, de las guerritas de Calderón, sino de un concepto integral de libertad, de un concepto que como bien se señala, ya se establece y se especifica cuando la Constitución, en el artículo 1o. habla del tema de la esclavitud.

No es correcto que se incluya en el artículo 73 porque trasciende el tipo penal que debe ser incluido como un concepto muchísimo más amplio. La trata es mucho más que este uso sexual, y además, de acuerdo –no conmigo, sino- a la doctrina, a los especialistas, la esclavitud es una forma de trata. La trata no es una forma de esclavitud. Y ésta es la gran ausencia del dictamen.

–Me hicieron una pregunta, la estoy respondiendo. El dictamen conceptualmente no parte de eso, de definir cuál es el género y cuál es la especie. Si el género es la trata y en consecuencia la especie es la esclavitud; si la especie es la trata, entonces está resuelto en el 1o. constitucional.

Si los dos, la trata y la esclavitud son cosas distintas, tendrían que estar incorporados como un asunto de derechos humanos en el 1o. constitucional; pero lo que no puede ser es incorporarlo como delito hacia el tema de la delincuencia organizada en el 73, dejando fuera los tratados internacionales.

Pero además, si me permite el presidente, intentaría centrar la idea más allá de la idea jurídica, de la existencia del Código Penal, esta reforma...

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada, le voy a dar un minuto para que concluya. Adelante.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Cómo no. Esta reforma deja de manifiesto y como cheque en blanco, que nadie en este país se hará cargo de investigar el delito de trata de personas, peor que en el sistema en el que estamos, cuando además no se ha cumplido la responsabilidad de hacer el análisis del diagnóstico que ya está obligado el Ejecutivo a hacer.

La violencia hacia a las mujeres –y con esto concluyo– partiendo de la base de la trata de personas, es una de las más graves y es a la víctima a la que no se está mirando en esta reforma. Se trata, apenas, de una reforma marginal que entra en el esquema de las guerritas de Calderón, pero que además genera la aberración jurídica de meter en la Constitución especificidades.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para fijar posición.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítanos, si la asamblea acepta la moción.

A ver, consulte la Secretaría a la asamblea si toma en consideración inmediatamente para su discusión, la moción suspensiva.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica, se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, se desecha la moción suspensiva.

Adelante. Se han registrado para fijar posición de su grupo parlamentario, los señores diputados, empiezo con don Jaime Cárdenas Gracia, por el Partido del Trabajo. Después con la diputada Cora Pinedo Alonso, Guillermo Cuevas Sada, María Araceli Vázquez Camacho, Gustavo González Hernández y el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Tiene la palabra, don Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Buenos días o buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Buenas, tardes, ya.

Se trata, desde luego, como lo expuso aquí el diputado don Juventino Castro, de una reforma muy importante para perseguir, investigar, sancionar, las distintas formas de la trata de personas que existen en  nuestro país y en el mundo entero. No es verdad o no es cierto, que solamente se refiera a la trata de personas de carácter sexual. También esta iniciativa tiene o alude a la trata de personas de carácter laboral, toda aquella forma de sometimiento, de servidumbre que realiza una persona a otras personas, es parte de esta iniciativa.

Es decir, quiero rechazar esta idea que creo no ha quedado en la mente de las diputadas y los diputados, en el sentido de que esta iniciativa tiene un propósito exclusivamente de referirse a la trata de personas de carácter sexual, porque no es así. También se dice aquí que se están desconociendo los tratados en la materia y las declaraciones de los organismos de derechos humanos de carácter internacional.

Esta iniciativa se fundamenta, se motiva, en esos tratados que sancionan la trata de personas, y desde luego son tratados que forman parte del derecho interno de nuestro país. Es decir, ya no es necesario tampoco hacer una referencia exhaustiva a los tratados, porque los tratados están incorporados al derecho interno de México, forman parte del bloque de constitucionalidad.

¿Cuál es el problema o qué es lo que motiva a la Comisión de Puntos Constitucionales para haber aprobado este dictamen tan importante en la vida del país?

Lo que nos inquieta o lo que nos preocupó fue el hecho de que en muy pocos estados, es cierto lo que decía hace un momento la diputada Enoé Uranga, desde el 2007 a nivel federal está sancionada la trata de personas y también en algunos estados de la República, pero son escasos los estados de la República que han penalizado la trata de personas.

La trata es un fenómeno existente, muy grave en México, asociado y no exclusivamente al crimen organizado, al narcotráfico, está presente en la realidad del país y desde luego debe ser sancionado, debe ser reprimido, debe ser castigado.

Hay, sin embargo, dos elementos interesantes que yo quiero rescatar de lo que dijo la diputada Enoé Uranga, ella dice: bueno, es que la visión de este dictamen es solamente represivo. Ella utilizó esta expresión política y coloquial de señalar que se trata de una estrategia más dentro de las guerritas contra el crimen organizado de Calderón.

Podría ser, tiene razón la diputada, podría ser. Aquí estamos en el ámbito de la propuesta de reforma constitucional. Yo creo que en lo que tenemos que tener mucho cuidado es al momento de que se apruebe la ley secundaria, la ley general. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado para que esa ley general no vaya a ser -por lo menos lo digo desde mi punto de vista- una ley del derecho penal del enemigo. Es decir, una ley que deje sin derechos a los futuros acusados de estos delitos, a los futuros imputados de estos delitos.

No debemos, en la ley general, conformar una legislación de derecho penal del enemigo. Eso me parece inaceptable. y también tenemos que poner y hacer hincapié en la ley general que vaya aprobar el Congreso de la Unión, una vez que esta reforma constitucional sea aprobada por el poder revisor de la Constitución, que se garanticen plenamente los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos. Pero ese tema de los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos será parte de la ley general correspondiente.

Entonces yo creo que es muy importante lo que dijo aquí la diputada Enoé Uranga, en la ley general tenemos que atender al debido proceso a los derechos humanos de los imputados, y sobre todo, a los derechos humanos de las víctimas y de los ofendidos, pero eso será materia de la ley general en consonancia a los tratados que ha aprobado y ratificado nuestro país.

Luego, por otra parte, hay otra cuestión a la que debe atender esta ley general que suscitó no pocos debates, lo sé porque así me lo comunicaron algunos diputados en algunos grupos parlamentarios.

Como ésta va a ser una ley general, hay la preocupación en algunos grupos parlamentarios, y también en nuestro grupo, de si esta ley va a invadir competencias de los estados. Yo creo que en esto debemos ser muy cuidadosos. En la ley, repito, general, al momento de aprobarse la ley secundaria.

¿Cómo aprobar una ley secundaria que tenga el suficiente cuidado para no vulnerar las competencias de los estados? Yo creo que esta preocupación de algunas bancadas es totalmente atendible, para que la federación no subordine las competencias de los estados. ¿Cómo lograr en México una Ley General, en esta materia, de Trata de Personas, que equilibre por un lado las competencias de la federación, pero también equilibre las competencias de los estados? Éste es el reto de la ley general, de la ley secundaria que se aprobará una vez que esta reforma constitucional sea aprobada por el poder revisor de la Constitución.

Hay, sin embargo, desde luego, una errata que ni siquiera yo propongo como reserva, en el artículo transitorio segundo de la reforma, que señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados emitirán la ley general.

Como todos sabemos, la ley general es competencia exclusivamente del Congreso de la Unión, entonces yo creo que esta errata debería ser corregida, para que sea impecable el dictamen que vayamos a aprobar, y también creo que sería importante que quedara claro que mientras la reforma constitucional y la ley general no sea aprobada, seguirán en vigor las leyes, las normas federales y las normas de los estados que penalizan la trata de personas, hasta la entrada en vigor de la reforma constitucional correspondiente y de la ley general, como aquí lo estamos indicando.

Entonces, por lo que ve a un servidor, yo desde luego votaré a favor de este dictamen. Tengo muy en cuenta los argumentos de la diputada Enoé Uranga, esos argumentos yo creo que son impecables al momento de la aprobación de la ley general correspondiente. Y pido muy atentamente que se haga la errata correspondiente el artículo segundo transitorio, para que quede claro que la ley general será aprobada por el Congreso de la Unión en exclusiva...

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, diputado Cárdenas. Diputado César Augusto Santiago. Sonido en la curul del diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente, ¿sería usted tan amable de preguntarle al orador si acepta una pregunta?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Acepta usted una pregunta, diputado Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Desde luego, por provenir de un diputado, como el diputado César Augusto Santiago, todas las preguntas que él desee formular.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Diputado Cárdenas, yo estoy de acuerdo, y no es un asunto menor el que usted ha planteado en este momento. No es un asunto menor el hecho de que en la redacción se diga: el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.

No tienen nada qué ver las legislaturas de los estados, pero si queda así redactado, sí es un problema para poder realizar la ley secundaria, la que usted está aludiendo. Entonces yo oí que usted hizo ese planteamiento ahorita, pero  no dio el trapito, no dio el trapito.

¿Qué es lo que sugiere para evitar ese problema, que evidentemente está en el proyecto que estamos discutiendo?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor diputado. Yo creo que el remedio y el trapito, el trapito es simplemente eliminar del texto del artículo segundo transitorio las legislaturas de los estados. Que diga simplemente el segundo transitorio: el Congreso de la Unión emitirá la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Ésa es la redacción que me parece a mí correcta, señor diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Santiago. Sonido a la curul del diputado César Augusto Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Yo creo que no es un asunto menor. Le sugiero a la Presidencia si podría solicitarle a la Comisión si se allana con lo que está proponiendo el diputado Cárdenas, porque esto solventaría el asunto para que, cuando votemos el dictamen, ya lo votemos con la corrección adecuada.

Estamos discutiendo una dictamen de la comisión, de manera que la comisión tiene que manifestar su opinión, si está de acuerdo en que el dictamen que sometamos a la discusión ya es con la eliminación de este asunto que acertadamente señala el diputado Cárdenas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así lo haremos al momento en que concluya el orador que está ahorita haciendo uso de la palabra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. No sé si hay alguna pregunta, creo que van a esperar a que termine mi intervención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, continúe.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Continúo y concluyo señalando que me parece un tema muy importante. La idea del dictamen no es crear un derecho penal de excepción, sino que se trata del espíritu de este dictamen; la letra y el espíritu de este dictamen no solamente es de carácter represivo.

El propio artículo segundo transitorio al que me he referido indica que la ley secundaria, la ley general, es no solamente para sancionar la trata de personas sino para prevenirla. También insisto en que se trata de afrontar el problema de trata de personas desde su integridad. Es decir, se trata de un dictamen holístico que tiene en cuenta todas las formas de trata y no solamente las sexuales. Y desde luego que está incorporando, como parte del derecho mexicano, a los tratados internacionales en la materia que está fundamentando este dictamen, señor presidente.

Yo pido, por la importancia del dictamen, porque hay diputadas de distintos grupos parlamentarios como la promovente de esta iniciativa que estamos dictaminando que es del PRD; diputadas en el Partido Acción Nacional; diputadas en el PRI; diputadas en el Partido Nueva Alianza; diputadas en el Partido Verde; diputadas en mi partido –en el grupo parlamentario, perdón, que no es mi partido-, en el Grupo Parlamentario del PT; diputadas en Convergencia. En fin, en todos los grupos parlamentarios, diputadas y también diputados que estamos interesados en que este dictamen sea aprobado, ojalá que por unanimidad; y, si no, por una mayoría necesaria para que se envíe la minuta correspondiente al Senado de la República. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Juventino Castro.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro(desde la curul): Me allano con agradecimiento a la redacción que propone el diputado Cárdenas Gracia. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces, respondiendo al planteamiento hecho por el propio diputado César Augusto Santiago, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ha manifestado su aquiescencia para allanarse en términos de lo planteado por el diputado Cárdenas. Si, diputado Norberto Nazario. Sonido en la curul del diputado Norberto.

El diputado Nazario Norberto Sánchez(desde la curul): Diputado presidente, igualmente, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales me allano a lo solicitado por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para el efecto de que quede como lo establece él, para que de una u otra forma, únicamente, el Congreso de la Unión pueda de una u otra forma emitir la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Para efecto de que sea considerado en los posicionamientos de las diputadas y de los diputados que han pedido hacer uso de la palabra para fijar posición de su bancada, le voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas y admitida, también, hecha suya por la propia comisión ponente. Diputado Gustavo González, por favor.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Diputado presidente, quisiera saber si existe ese procedimiento de allanamiento y cuál es el fundamento, porque creo que lo correcto es que se hubiera dejado como una reserva, para discusión en lo particular y hacer, en todo caso, la corrección por el pleno y no hacerse de una manera como que me allano o no me allano.

Sin embargo, me gustaría saber cuál es el fundamento de ese procedimiento de allanamiento por parte de un presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es una propuesta de modificación que se ha planteado directamente en la plenaria, que es soberana para tomar decisiones, que ha sido admitida por dos integrantes de la mesa directiva de la propia comisión que está presentando el dictamen y que nos parece que es absolutamente permisible que esto pueda presentarse de esta manera.

De todas maneras, de nueva cuenta usted diputado y, luego, el diputado Solís Acero. Sonido en la curul del diputado González.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): El grupo parlamentario está de acuerdo con la propuesta que hizo el diputado, sin embargo, por eso pregunto cuál es el fundamento del procedimiento de allanamiento, porque estamos tratando de hacer válido un Reglamento que acabamos de aprobar, un Reglamento que queremos que se cumpla al pie de la letra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Solís Acero.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Gracias, diputado. El dictamen que está conociendo la asamblea es un dictamen que ha sido puesto a consideración del pleno por la comisión.

En consecuencia, el dictamen está a discusión de la asamblea y es la asamblea la que se debe pronunciar sobre el particular. Formo parte de la comisión dictaminadora, estuve en la sesión en la que se aprobó el dictamen, ratifico mi decisión de la votación en el sentido que se hizo, pero en este momento ya no importa si hay una aceptación o no de la comisión. La comisión presentó un documento al pleno y es el pleno el que se debe pronunciar.

Pero el trámite parlamentario a mi modo de ver, señor presidente, creo que es el que señala el diputado González, porque efectivamente tenemos que votar en lo general, primero, el dictamen que nos propone la comisión y si algún diputado, como lo ha anticipado en el posicionamiento el diputado Cárdenas, tiene alguna reserva en relación con algún contenido requiere expresarla y presentarla en su oportunidad y luego seguir el trámite parlamentario, que es bien conocido por los individuos de esta asamblea. Es decir, votar si aceptamos o rechazamos la reserva y si ésta se acepta, pues votarla en sus términos e incorporarla a la votación en la aprobación definitiva.

Por tanto, considero que el procedimiento que se tiene que seguir es exactamente el que establece el Reglamento, votando en lo general primero el proyecto correspondiente, haciendo la reserva que corresponda, asumiendo en este momento el pleno que ya hay una reserva formulada por el diputado Jaime Cárdenas, y votar posteriormente la reserva en el momento procesal parlamentario que corresponda. Eso sería lo parlamentariamente correcto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Atendiendo a los señalamientos que han atinadamente formulado y en aras efectivamente de darle mayor claridad procesal a la decisión que estamos a punto de tomar, entonces le preguntaría al diputado Jaime Cárdenas si formalmente está haciendo una reserva del artículo transitorio, para que sea considerado por la asamblea a la hora de votar en lo general y luego, después tendríamos que entrar a la votación en lo particular, en términos de si se acepta la reserva en los términos en que se ha planteado.

Entonces, me está diciendo el diputado Cárdenas que efectivamente así debe recogerse su planteamiento.

Tiene ahora la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Partido Nueva Alianza, para fijar posición.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con el permiso de la Presidencia, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en un contexto de impunidad y tolerancia social, por años se ha dado la trata de personas en México, esta situación exige una respuesta contundente que responda a la necesidad de garantizar la protección de quienes son víctimas de este delito. Éste es el significado de la actualización y la armonización del marco jurídico nacional a partir de estándares internacionales.

Avanzar en la constitución de mejores ámbitos de protección de los derechos humanos para prevenir y combatir la trata de personas, delito que coloca a México como un país clave a nivel mundial en el tránsito, origen y destino de personas, víctimas, y que generan entre 3 mil y 6 mil millones de dólares anuales, representa sin duda un progreso importante a nivel legislativo e institucional.

Por ello, quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos en que la aprobación de este dictamen es reflejo de la toma de conciencia de que la trata de personas es un problema grave en nuestro país, que necesita respuestas coherentes que contrarresten los resultados de diagnóstico, como el Informe 2010 del Departamento de los Estados Unidos de América, sobre trata de personas, en el que se asegura que nuestro país no sólo no está cumpliendo con las normas mínimas para eliminar ese delito, sino muy por el contrario, el turismo sexual con menores continúa creciendo especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún, así como en ciudades fronterizas del norte del país como Tijuana y Ciudad Juárez.

El diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Acción Social, evidencia, al igual que el informe, que uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos como país es la carencia de un sistema de información y seguimiento que refiera con precisión las dimensiones y alcances del delito.

La invisibilidad e impunidad del delito imposibilita la determinación de las causas y formas del sometimiento, lo que se traduce automáticamente en aquellas características casi permanentes que nuestro país lleva consigo a la hora de hablar de este tema: falta de coordinación interinstitucional; carencia de una política de concertación entre los tres niveles de gobierno y la ausencia de presupuesto para el cumplimiento de las responsabilidades que devienen de la ley federal.

Prevención, persecución criminal y protección a víctimas es el paradigma que los organismos internacionales dan como respuesta para combatir la trata de personas. Si bien México fue el primer país de América Latina en aprobar la campaña Corazón Azul contra el tráfico de personas, de la oficina de Naciones Unidas, y el gobierno puso en marcha, hace tan sólo una semana, el programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, los esfuerzos deben ir dirigidos a proteger a las víctimas e investigar y perseguir los delitos que conduzcan al castigo de los ofensores.

Por ello Nueva Alianza coincide con la comisión dictaminadora, en el sentido de que debido a la gravedad que representa la ejecución de este ilícito para las víctimas y la sociedad en su conjunto, y con el objetivo de cumplir con las medidas mínimas de seguridad, es necesaria y casi obligatoria la incorporación de la trata de personas a la lista de delitos en los cuales se declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el inculpado esté siendo procesado; el resguardo de la identidad y datos personales de las víctimas y la reforma que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en esta materia.

Por ello las y los integrantes de este grupo parlamentario apoyamos este dictamen que cumple con una de las condiciones básicas para seguir avanzando en la lucha contra este tipo de esclavitud moderna. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pinedo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Guillermo Cueva SadaCompañeros, más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata de personas cada año. ¿Por qué permitimos eso? Seamos conscientes de que contribuimos a estas cifras cuando desviamos la mirada a esta situación y no solidarizamos esfuerzos para evitar eso. No lo toleremos.

México es tránsito y destino para la trata de personas con propósito de explotación sexual, comercial y del trabajo forzoso. El diagnóstico Human Trafficking Assessment Tool, de la American Bar Association realizó en México un estudio donde detectó 47 bandas dedicadas a la trata de personas que operan impunemente en el país. ¿Lo vamos a seguir permitiendo?

Los delincuentes han evolucionado sus conductas aprovechando la vulnerabilidad de la sociedad y lo débil de nuestra legislatura penal. Con tristeza vemos que existe una forma de esclavitud, de explotación laborar disfrazada. También, cómo crece el índice de secuestros, de violencia y abusos contra hombres y mujeres; pero sobre todo, contra la niñez.

Para el Partido Verde Ecologista de México prevenir, combatir y sancionar la trata de personas e impulsar las reformas al tema es una prioridad. Luchar contra la esclavitud, la explotación sexual o los abusos en el ámbito laboral es necesario para los mexicanos.

Los legisladores del Partido Verde consideramos que no es conveniente elevar a rango constitucional esta reforma, ya que la vía más correcta debería ser establecer en la ley secundaria y, en su caso, exhortar a los legisladores locales a hacerlo en sus leyes, fortaleciendo su facultad de prevención, investigación y castigar a nivel local. No obstante lo anterior, con la voluntad de mantener cordialidad y acuerdos políticos, brindaremos nuestro apoyo al proyecto legislativo.

Como señalé con anterioridad, es claro que existen acciones más adecuadas y necesarias para prevenir y combatir este delito, como diseñar e implementar estrategias de trabajo conjunto entre organizaciones civiles de derechos humanos, dependencias de gobiernos locales y federales.

Establecer convenios para intercambio de información, coordinación entre dependencias, establecer programas de atención integral a víctimas del delito y ratificar y cumplir los convenios internacionales relativos a la trata de personas y a la esclavitud.

Fortalecer la legislación vigente es necesario, por ello es que el Partido Verde Ecologista de México, como en este caso, participará para construir acuerdos, buscar consensos y ser solidarios con cada propuesta legislativa que persiga mejorar leyes para reunificar familias, buscar mejores condiciones de vida y un México más seguro.

No permitamos que México siga siendo un país con el ambiente oportunista y factible para los delincuentes, Adoptemos todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas necesarias para proteger a los mexicanos, sobre todo a nuestros hijos.

No se me ocurre un delito más horroroso que quitarle a una madre a su hijo o negarle a un hijo a sus padres. Por eso pido el apoyo de todos ustedes para hacer realidad este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cueva. Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Con el permiso de los diputados que conforman la Mesa Directiva. Hoy es un día histórico para México porque se refuerza la agenda en defensa de los derechos humanos.

Es una fecha importante para la izquierda y específicamente para el PRD, porque se cumple uno de los objetivos de su agenda. También lo es para la Comisión Especial en contra de la Trata de Personas.

Con la aprobación de este dictamen, que no tengo la menor duda que será aprobado por todos los partidos, se incorporará el problema de trata de personas en nuestra Carta Magna y se facultará al Congreso para legislar en la materia. Además, estoy segura de que será un tema prioritario de la agenda de la LXI Legislatura de este Congreso de la Unión por una sola razón: porque no podemos permitir la venta y explotación sexual o laboral de seres humanos y el macabro mercadeo de órganos y de tejidos humanos.

Diputadas y diputados, es momento de formar un frente organizado para oponernos a esta faceta de la delincuencia organizada que vio en el ser humano un nicho de mercado en las nuevas condiciones de capitalismo globalizado.

Delincuencia organizada que ha aprovechado y puesto a su servicio los adelantos tecnológicos y científicos, el mercado insaciable de las armas y el poder financiero para entretejer redes delincuenciales imbricadas que amenazan la seguridad de nuestro país y de todo el mundo.

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, que se globaliza con el capitalismo de libre mercado. El ser humano se cosifica, adquiere un precio y se convierte en mercancía. La trata o la venta de seres humanos es un fenómeno complejo, multifactorial, que a la par que degrada y aniquila al ser humano hasta el límite de asumirse como esclavo, como cosa o como objeto, destruye y corroe el tejido social, trastocando los valores hasta el límite de que vemos como naturales las relaciones malsanas de poder y de subordinación, donde los que tienen el poder económico y/o político se asumen como amos, mientras a la mayoría de la población se le conculcan los elementales derechos individuales y sociales.

Cada uno de nosotros, yo misma, nos hemos acostumbrado a mirar como algo natural a niños y a jóvenes en la calle, a tal grado que ya nacen bebés en situación de calle; a mujeres ofreciendo su cuerpo en las calles de la ciudad; a millones de jóvenes sin expectativa de trabajo y de vida que ven en las drogas una salida fácil. Se convive con la violencia intrafamiliar y somos indiferentes ante conductas que reproducen una cultura machista y misógina.

En suma, enfrentamos con egoísmo y con apatía el sufrimiento del otro y vemos con naturalidad la pobreza y hasta la justificamos: “Son pobres porque son indolentes e ignorantes”. “Se prostituyen porque les gusta”. “Asesinan a las mujeres porque ellas se lo buscaron”. Este contexto de degradación económica y social sistémica genera un caldo de cultivo de desesperanza, desilusión, hambre, ignorancia que promueve los éxodos sistemáticos de hombres, mujeres, niñas y niños, motivados por el espejismo de la abundancia de los países del norte rico.

Esta gente con nombre y apellido, casi toda sin documentos, pero sí con una historia personal, con expectativas y con hambre de derechos, se convierte en mercancía altamente cotizada en el libre mercado de la carne, que deja jugosas ganancias para la delincuencia organizada que algunos estiman entre 10 mil y 30 mil millones de dólares, para saciar una cada vez más creciente demanda depravada, insensible y totalmente deshumanizada.

La LXI Legislatura tiene ante sí una disyuntiva: o es libremente responsable para consensuar y construir el cambio que requiere el país y atacar frontalmente la desigualdad, y así atacar las causas de la inseguridad para evitar migración y la trata de personas, entre otras consecuencias; o, mezquinamente las diputadas y los diputados seguimos fingiendo que no existen estos problemas y nos refugiamos hedonistamente en nuestra parcela individual.

El modelo darwiniano y salvaje del libre mercado sólo lo podemos cambiar mediante un gran pacto nacional, con claros objetivos nacionales. El acuerdo consiste en construir un modelo de desarrollo a partir de la realidad que priva aquí en México y con voluntad política de diálogo combinar tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, siempre en función de superar estructuralmente la pobreza y la desigualdad que nos agobia.

Finalmente, diputadas y diputados de esta LXI Legislatura, agradezco su voto a favor del presente dictamen a nombre de las 16 mil o 20 mil víctimas que en México son incorporadas cada año a la trata para ser sujetas de explotación sexual.

Agradezco su voto a favor, a nombre de las 85 mil víctimas por año –en su mayoría niños y niñas– que son usados en actos de pornografía infantil. Agradezco el favor de su voto a nombre de los 155 mil menores en situación de calle en los que el 50 por ciento son usados para la explotación sexual.

Les pido su voto a favor del presente dictamen, a nombre de niños y niñas que caen en la trata de personas, porque salen huyendo de un entorno familiar violento, que han sufrido incesto o abuso de un familiar cercano.

Les pido su voto a favor, a nombre de aquellos trabajadores que han sufrido periodos prolongados de discriminación, como son los indígenas y campesinos mexicanos que se han visto obligados a migrar, sufriendo todo tipo de vejaciones y son explotados laboralmente.

Les agradezco su voto a nombre de la población joven e inexperta, analfabeta, o con bajos niveles educativos, que son forzados a incorporarse a la delincuencia organizada. Les agradezco su voto a favor del presente dictamen, a nombre de miles de mujeres migrantes que son madres solteras o madres que actúan como la principal proveedora económica de su familia. Les agradezco su voto a favor, porque como legisladores tenemos la responsabilidad de legislar para enfrentar la trata de personas y el deber de impulsar procesos para enfrentarla y prevenirla.

Esta reforma constitucional abrirá el camino para que las entidades federativas cuenten con una legislación en la materia. No debemos dejar la oportunidad histórica, compañeros y compañeras, de acordar reformas que fortalezcan al estado de derecho. Es tiempo ya, que a 200 años de haber logrado nuestra independencia, aprendamos a dialogar y construir acuerdos.

Es responsabilidad de esta LXI Legislatura lograr reformas estructurales para atacar el mal endémico de nuestro país, que es la desigualdad. Los partidos políticos somos parte de un todo y ese todo es México. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vázquez Camacho. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gustavo González Hernández, de la bancada del Partido Acción Nacional.

El diputado Gustavo González Hernández:Con el permiso de quien preside esta asamblea.

La libertad humana es un valor universal, es indivisible del concepto del ser humano; es universal porque todas las ideologías políticas, por más exóticas que éstas sean, afirman la libertad humana, es indivisible del concepto del ser humano y para el Partido Acción Nacional, incluso, es connatural, o sea que es parte de la naturaleza del ser humano racional. Si no existiera el ser humano, no existiría la libertad.

Por eso, los diputados del Partido Acción Nacional estamos felices hoy y, sobre todo, nuestra compañera Rosi Orozco, que ha estado haciendo conciencia, desde el inicio de esta Legislatura, de lo que implica lo que hoy estamos debatiendo. En consecuencia, toda acción que anule la libertad es un atentado contra la humanidad en su conjunto y en su totalidad.

Hoy discutimos este dictamen que busca fortalecer la acción del Estado en contra de la trata de personas, conducta antisocial que lacera nuestra convivencia social. Y es importante saber que existe un marco de referencia para tratar este asunto.

El primero es la Convención sobre la Esclavitud en 1926, que establece dos conceptos básicos: qué se debe entender como esclavitud y habla de un estatus, de una situación de una persona, y también separa qué se debe entender por trata de esclavos, que habla de una acción.

Más adelante, con el transcurso de la humanidad se crearon nuevos instrumentos hasta llegar al protocolo que se ha mencionado en varias ocasiones, donde varios países definieron dentro de ese protocolo lo que significa la trata de personas.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente, para una pregunta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, diputado González. La diputada Enoé Uranga le pregunta si le permite formular a su vez una pregunta. ¿Acepta usted?

El diputado Gustavo González Hernández:Sí, la acepto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco mucho, diputado. Tiene que ver justamente con las dudas sobre las modificaciones que planteaba el diputado Cárdenas y los cuestionamientos que hice hace un momento en la moción suspensiva. Quería que me respondiera cómo desde el Congreso de la Unión se puede legislar en materia de fuero común. Le agradezco.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante.

El diputado Gustavo González Hernández:Diputada, hay una diferencia muy clara entre lo que se debe entender por una ley general y una ley federal. La ley general establece a veces atribuciones, nosotros como Poder Legislativo federal establecemos en una legislación secundaria una serie de atribuciones y obligaciones para que otros estados a su vez legislen.

Es por eso que hay una gran diferencia cuando se dice: ley general, donde habrán y nacerán algunas obligaciones y atribuciones para que a su vez las legislaturas de los estados legislen en lo que les compete de dicha ley.

Yo creo que no hay ninguna confusión y no chocan en todo caso las atribuciones. Nosotros estamos aquí ante una reforma constitucional y en la reforma constitucional estamos creando la potestad para crear esa ley general. Continúo, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante.

El diputado Gustavo González Hernández:Mucho se ha dicho sobre el flagelo lacerante de la sociedad y de la humanidad en general que representa la trata de personas, que aún en pleno siglo XXI ha llegado a considerarse como una de las nuevas formas de esclavitud, lo cual atenta contra la libertad y dignidad de los seres humanos, bienes que le son inherentes por naturaleza y que deben constituirse como un derecho universal.

Debemos tomar conciencia y sensibilizarnos ante la magnitud de este problema que acarrea consecuencias irreparables tanto a las víctimas como a sus familiares.

Por lo anterior, los conmino, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a que en el ejercicio de nuestras atribuciones y responsabilidades que nos han sido conferidas como representantes populares, a impulsar y aprobar este dictamen que ahora se somete a nuestra consideración.

En caso de que lo aprobemos estaríamos plasmando en la norma constitucional la facultad del Poder Legislativo para crear una ley general para prevenir y sancionar el delito de trata de personas, y a partir de ahí estaremos nosotros viendo definiciones, pero lo que se hace al hacer una reforma a la Constitución es utilizar términos, términos constitucionales, trata de personas y va a ser un término que se incorpora y que se refiere a algún concepto, pero ya llegará el momento en que discutamos aquí cuál va a ser la legislación secundaria, qué denominación le pondremos y ahí estableceremos las definiciones legales del término que ahorita estamos tratando, y que seguramente van a ser y van a concordar con aquellas de los protocolos que se han firmado a nivel internacional.

Señoras y señores, consideramos que este tipo de víctimas, las víctimas de la trata de personas, son dañadas en su esfera psicoemocional, sufren daños graves en su cuerpo y en su moral o autoestima.

El dictamen permitirá elevar a rango constitucional las medidas mínimas de atención y protección a las víctimas de este delito. En virtud de ello se estará en la posibilidad de salvaguardar la identidad de la víctima, así como tomar las medidas para mantenerla a salvo de quienes busquen tomar represalias en su contra.

Por todo esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con su voto a favor tenemos ante nosotros la oportunidad de incidir en la prevención de esta terrible conducta que tanto daña nuestra sociedad, y como bien dije, a la humanidad en su conjunto.

Agradezco que el grupo parlamentario, mis compañeros de la fracción me hayan permitido hablar de este tema en esta tribuna, toda vez que en Guadalajara se abolió la esclavitud, y yo soy un diputado de Guadalajara, con mucha honra. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González Hernández. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor  Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, y aprovechamos para saludar la presencia y al mismo tiempo felicitar al violinista mexicano, maestro David Hernández Ramos, por su valiosa aportación a la composición de música contemporánea, a quien en 2010 se le otorgaron los premios Jesús Villa Rojo, en la ciudad de Madrid, España, y el premio Miguel Bernal Jiménez, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Bienvenido, maestro David Hernández, invitado por el diputado Armando Báez Pinal.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Muy buenas tardes, distinguidas diputadas, compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva.

Vengo con la representación de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, a manifestar nuestra adhesión al dictamen formulado en la Comisión de Puntos Constitucionales, reconocer el trabajo de los miembros de la Comisión y decirles a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, que estas inquietudes que se han planteado en el pleno se dieron en su momento en el seno de la Comisión.

No deja de tener razón nuestra compañera Enoé Uranga Muñoz cuando plantea explorar la posibilidad de que se hubiese modificado el Código Penal Federal. Con este dictamen estamos modificando el artículo 19 constitucional, para obligar a los jueces a que en el momento en que dicten el auto de sujeción a proceso, invariablemente sometan a prisión preventiva.

El artículo 20 constitucional, que establece en el apartado C los derechos de las víctimas de los delitos, para que en tratándose de las víctimas de trata de personas se mantengan en secrecía sus datos personales y su identidad; y la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que establece las obligaciones de este Congreso para legislar en materia de trata de personas, que nos obliga a expedir una Ley General en Trata de Personas.

Aquí es en donde les pido a los miembros de la Comisión de Justicia, destacadamente a mi amiga y diputada Enoé Uranga, que realicemos el mejor de los esfuerzos porque bien se ha dicho que la diferencia entre una ley federal y una ley general es que la primera reserva a las autoridades federales la competencia. La segunda distribuye competencias. Inclusive regula la concurrencia. Es una ley federalista, porque respeta la autonomía de las entidades federativas.

Y que aquí hagamos el mejor esfuerzo para que no queden lagunas, para que no queden dilaciones y para que, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso -cuando emitamos la ley general-, legislemos con precisión y claridad, como nos mandata la Ley Orgánica.

Por otro lado, yo creo, Enoé, que la esclavitud es el género y la trata de personas es la especie, como tú lo mencionas. Por eso hay esclavitud sexual; por eso hay esclavitud doméstica; por eso hay esclavitud infantil; por eso hay esclavitud de los migrantes. Pero tampoco olvidemos que ha habido una laguna en esta materia desde 1984. En el año 2007 se precisó el concepto de trata de personas, pero no se aterrizó.

Por eso es, compañeras diputadas y compañeros diputados, que hoy vamos a votar un dictamen histórico porque tocará a los miembros de la Comisión, en el término de 180 días, como lo establece el artículo segundo transitorio –sobre el que hay ya una modificación–, la obligación para la Comisión de Justicia para expedir la ley general correspondiente.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada Enoé Uranga, dígame usted.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Si me hace la cortesía de admitirme una pregunta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Acepta usted, diputado Benítez Treviño?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Pero por supuesto, sobre todo tratándose de Enoé. Con mucho gusto.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul). Le agradezco muchísimo la muy entretenida respuesta que me dio hace un momento quien posicionó por el PAN y, enlazada con la argumentación que usted hace, me obliga a preguntarle ¿por qué modificar la Constitución si ya tenemos una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas desde 2007?

Y en la lógica de lo que respondía Acción Nacional, no es lo que se tendría que legislar, es la Ley de Delincuencia Organizada.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Gracias, por la pregunta compañera. Efectivamente, esta discusión se dio en la comisión, teníamos la disyuntiva de reformar el Código Penal para regular los tipos de trata de personas, los supuestos, las penalidades, los procedimientos o establecer el principio general como finalmente lo acordamos en la Comisión.

Les recuerdo que el derecho es una ciencia de aproximación, no es de precisión como las matemáticas. Pudimos haber optado por el primer camino, tuvimos varias discusiones en la Comisión con estas dos disyuntivas y optamos con un argumento que también no hay que desdeñar, la falta de eficacia de las instituciones encargadas de perseguir este tipo de delitos. Segundo, la proliferación de trata de personas en donde están participando bandas de delincuencia organizada. Tercero, la impunidad que estamos viviendo y esto lo vemos diariamente en este tipo de delitos, que va a la alza, por eso es que optamos por este camino.

Pero creo que una ley general bien meditada, bien redactada, que contemple los supuestos, los tipos penales, los procedimientos, las sanciones, las autoridades competentes, la distribución de competencias, vendrá a resolver el problema.

Por cierto, tenemos firmados con otros países tratados internacionales en una interpretación sistemática de la Constitución, indudablemente que los tratados internacionales están por debajo de la norma constitucional. Aquí no hay ninguna discusión.

La interpretación la damos con la concurrencia del Senado de la República, pero estamos actualizando el orden normativo de este país y creo que debemos ir adelante compañeras diputadas y compañeros diputados. Hay otras materias en las que ojalá haya identificación de motivos, de criterios, de preocupaciones, de decisiones para salir adelante y demostrarle al gran pueblo de México que las diputadas y los diputados de esta Legislatura estamos para servirles. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Benítez.

Está a discusión en lo general el dictamen, esta Presidencia informa que se han inscrito los siguientes diputados: la diputada Enoé Uranga Muñoz, en contra; a favor el diputado Nazario Norberto Sánchez y la diputada Rosi Orozco.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra para hablar en contra la diputada Enoé Uranga Muñoz, hasta por 5 minutos.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente. Tener la razón a veces no significa tener la mayoría. La compañera Rosi Orozco lo ha fraseado muy bien, ésta es una votación en la que a lo mejor me toca ir una contra 499, pero es indispensable, más allá de los grandes discursos que ya oímos y las rasgaduras de vestiduras extraordinarias para la foto. Que se entienda que el problema de trata merece una solución seria, una solución que atienda no sólo los tratados internacionales, que no se han cumplido, sino a las víctimas que padecen la trata, que atenta contra la libertad, contra la dignidad, la seguridad, la vida, la integridad.

En los términos que además se plantean en el dictamen quedan desdibujados, y que además eliminan las causas, la discriminación, la pobreza, la inseguridad, la exclusión y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Esa reforma es incorrecta, porque no va al fondo del problema que es el ver esto como un tema de libertades y no como un tema de rencillas contra algunos delincuentes.

La reforma a este artículo puede ser incluso riesgosa, porque su carencia de consideraciones, la gran deficiencia de su objeto es una modificación constitucional que no dice para qué. Como está mandada a hacer para la Ley General esta que ya vimos y ya me respondieron no haría necesaria una reforma constitucional, se abre además la posibilidad de igualar otros delitos a este rango constitucional y abrir esta cadena inacabable de leyes generales contra el asesinato, la violación, la paidofilia, y ya los quiero ver después cómo le dicen a algún diputado que no tendrá derecho a hacerlo.

Desde la óptica de quienes luchan realmente a favor del tema y no se suben un rato a tomarse la foto, esta reforma dista mucho de ir al fondo del problema, crea un régimen de excepción sobre un tipo delictivo e impone al legislador la obligación de sobrepasar por los intereses reales que debe salvaguardar la Constitución, y deja en duda si esto será un delito federal, un delito del fuero común, y me pregunto si de verdad eso queremos.

Se trata de que se entienda que la armonización legislativa pasa por enfrentar el problema en todas sus aristas. La gran dolencia de la trata es la impunidad. La gran dolencia de la trata es la corrupción de las autoridades. La gran dolencia de la trata es que no se entiende éste como un problema de seres humanos de carne y hueso que están metidos en la vorágine de distintas redes que obligan a un gran acuerdo nacional que involucre a todas las esferas de los distintos niveles de gobierno.

No les importa realmente darle un problema a la trata. Les importa el que se diga hoy en los medios que han hecho la gran reforma constitucional, que han dado el gran paso para proteger a todos esos desprotegidos y el dictamen ni siquiera atiende a los tratados internacionales, ni siquiera se ocupa del aspecto de la prevención del delito y mucho menos de la atención a las víctimas; no les importa la trata, les importa la foto.

Por ello voy a votar en contra, porque las organizaciones que trabajan en este tema indican que la salida es más a fondo y desde luego, presidente, cuenta usted conmigo para tener esta responsabilidad de construir esa ley que habrá que hacer de verdad, a fondo. Eso, lo que están haciendo hoy aquí, es el aviso y lo digo de una vez, de que habrá una muy buena ley de trata, lo prometo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Uranga. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, hasta por 5 minutos, para hablar en pro.

El diputado Nazario Norberto Sánchez:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Creo que minimizar este dictamen que se va a votar en unos momentos, para nosotros, me parece que es de mucha importancia.

Y sí, efectivamente, es un dictamen histórico. Tenemos que entender que el delito de trata de personas va a quedar específicamente expresado en el artículo 73, fracción XXI, en la cual se da facultad para determinar el tipo penal que será obligatoriamente sancionado en toda la república.

Ya lo dijo hace un rato el diputado y amigo Humberto Benítez, que nos hizo saber específicamente cuál es una ley federal y cuál es una ley general.

Si no sabemos entenderlo es una lástima. Nosotros de una u otra forma manifestamos que esta ley tiene todos y cada uno de los puntos jurídicos y políticos que necesita el país para la trata de personas.

Tenemos conocimiento de que la mayoría de las víctimas de trata de personas tiene entre 18 y 24 años de edad y se estima que al menos un millón 200 mil personas menores caen en manos de mafias internacionales.

Pero además, ya se decía, la trata de personas es un fenómeno global, más de 130 países han reportado estos casos.

La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que sólo desde las últimas dos décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un hombre nuevo. Anteriormente se conocía como el delito de lenocinio. Hoy estamos ante un gran problema.

Les quiero comentar también que el 95 por ciento de las víctimas sufre violencia física o abuso sexual y el 43 por ciento del total, en su gran mayoría son  mujeres y son forzadas a la prostitución y a la prostitución infantil. El 32 por ciento de las víctimas sufren explotación laboral y en su mayoría también son mujeres y niñas, sobre todo en los sectores textiles, industriales y agrícolas.

Yo les quiero comentar que el proyecto de dictamen que se está presentando tiene la finalidad de dar al Congreso de la Unión las facultades suficientes para elaborar una ley secundaria, en la cual se decidan y se discutan todos y cada uno de los aspectos jurídicos relacionados a la trata de personas, como ya bien lo había dicho el diputado Humberto Benítez Treviño.

Siendo así, que ésta es una violación a los derechos humanos, sobre todo de aquéllos con estatus vulnerables y uno de nuestros objetivos es salvaguardarlos. Es por esto, diputadas y diputados de esta soberanía, que debemos manifestarnos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Norberto Sánchez. Tiene, por último, el uso de la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos.

La diputada Rosi Orozco:Compañeros y compañeras, las víctimas que han padecido la trata de personas realmente han vivido una tortura muy grande en cuando a cada vez que han enfrentado el proceso, saber que la persona que las torturó estaba amenazando a su familia, amenazando a sus hijos, amenazando la vida de ellas. Sus nombres, sus apellidos estaban siendo expuestos y por eso hoy es un día tan especial.

Porque no solamente es la reforma al artículo 73, sino también estas reformas al artículo 19 y 20 que protege la identidad de las víctimas, que protege a las víctimas de que las personas que han hecho el daño estén en una prisión mientras se resuelve cada uno de los juicios.

Una de las conductas que más ha lastimado a la humanidad es el privar de la libertad a los ciudadanos y a las ciudadanas en esta indignante actividad que es la trata de personas.

Nuestra función parlamentaria, entre otras tareas, implica asumir la protección de nuestro pueblo mediante la generación de marcos normativos que den solución a la existencia de delitos crueles que esclavizan y dañan la dignidad de las personas, así como el sano desarrollo de la sociedad.

Asumiendo esa responsabilidad lograremos conferir a quienes en este momento representamos, las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y convivencia armónica.

Por eso, más allá del quehacer político, debemos enfocar nuestra tarea legislativa a generar instrumentos que sean eficaces y conformen esas condiciones necesarias en salvaguarda de los bienes jurídicos de la sociedad, que es a quienes representamos en esta máxima tribuna.

Por lo anterior me refiero a este dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y nuestra compañera Araceli Vázquez Camacho, el cual tiene como objeto precisamente contribuir a otorgar a nuestros ciudadanos la paz, seguridad y armonía social que cada día reclaman les sea provista y cuyo cumplimiento compete a las instituciones de los distintos órdenes de gobierno.

Al respecto agradecemos a los procuradores que firmaron a favor de esta iniciativa en la pasada Conferencia Nacional, en noviembre del 2010. Para nuestro grupo parlamentario, Acción Nacional, y nuestros compañeros diputados y diputadas de la LXI Legislatura, ha sido prioridad esforzarnos en trabajo continuo y generar acciones ejecutables para prevenir y combatir la trata de personas, así como todas aquéllas que tengan como objeto otorgar la protección de los derechos y dignidad de los grupos más vulnerables, como son los niños, las niñas, los migrantes, las personas marginadas por pobreza o expuestas a orfandad.

Mucho se ha dicho sobre el flagelo lacerante de la sociedad y la humanidad en general que representa la trata de personas, que aun en pleno siglo XXI es una forma de esclavitud, lo cual atenta contra lo más valioso para el ser humano: la libertad y dignidad, bienes que le son inherentes por naturaleza y que deben constituirse como un derecho universal.

Es prioridad la inserción social de las víctimas y sus familias, ofreciendo a éstas la oportunidad de un nuevo comienzo.

Al aprobar este dictamen estaríamos plasmando en la norma constitucional la facultad del Poder Legislativo para crear una ley general para prevenir y sancionar la trata de personas, mediante la cual se dará pauta a señalar claramente las competencias, ámbitos de acción y la forma en que deberán coordinarse las distintas instituciones de gobierno para su prevención, protección y atención a las víctimas de trata, en aras de erradicar este fenómeno que hoy es una amenaza latente a nuestra seguridad nacional.

No olvidemos que recientemente, en mayor o menor medida, con nuestra aportación se logró expedir la Ley General en Materia de Secuestro y hoy nuevamente se nos da la oportunidad de hacer la diferencia, trabajando unidos para lograr la creación de esta Ley General en Materia de Trata de Personas.

Las personas que sufren un secuestro pagan con un recurso económico o un recurso material, pero las personas que sufren la trata de personas son secuestradas y pagan con su propio cuerpo, con su propia vida.

Señores legisladores y señoras legisladoras, seamos sensibles. Yo sé que hoy seremos sensibles a este dictamen que permitirá elevar a rango constitucional las medidas mínimas de atención y protección a las víctimas de este delito, teniendo la posibilidad real de combatirlo y erradicar esta terrible conducta que forma parte del crimen organizado.

Trabajemos unidos haciendo la diferencia y recordemos que una nación es tan grande y fuerte como lo es el respeto a los derechos humanos y en especial cuando se trata de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Orozco. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Suficientemente discutido. Sí, diputado Ortega.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín(desde la curul): Sólo para dejar constancia que en un tema tan importante y sensible como éste no se encuentra en el pleno el diputado Fernández Noroña.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recogen sus expresiones.

La Presidencia informa que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo segundo transitorio por el diputado Jaime Cárdenas.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, diputada, sigue abierto el sistema. De viva voz la diputada Josefina Rodarte Ayala.

La diputada Josefina Rodarte Ayala(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 378 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Hay mayoría calificada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada secretaria. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 378 votos.Es mayoría calificada para la reforma constitucional.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar su propuesta de reserva y modificación al artículo segundo transitorio.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Como sé que están de acuerdo simplemente voy a dar lectura al oficio que redactamos para presentar esta reserva.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados proponemos reservarnos el artículo segundo transitorio de este decreto para quedar en los siguientes términos. Proponemos que quede en los siguientes términos: el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en un plazo no mayor a los 180 días a la entrada en vigor del presente decreto.

En eso consiste esta reserva, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo segundo transitorio, presentada por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, después de lo cual abriríamos el sistema electrónico para votar esta reserva en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas, al artículo segundo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria. De conformidad con el artículo 232, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación del artículo segundo transitorio del dictamen, con las modificaciones presentadas y admitidas por la asamblea.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación del artículo segundo transitorio, en los términos aprobados por el pleno.

(Votación)

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Jorge Arana Arana(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): A favor.

La diputada Josefina Rodarte Ayala(desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Yglesias Arreola(desde la curul): A favor.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Norma Sánchez Romero(desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Flores Castañeda(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 355 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado el artículo segundo transitorio en los términos propuestos, por 355 votos.Es mayoría calificada.

Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

RECESO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 16:11 horas): Vamos a decretar un receso de 5 minutos, para ajustar el orden del día.

(Receso)

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (16:13 horas): Se reanuda la sesión.

Hemos recibido de la Junta de Coordinación Política oficio por el que se solicita la modificación del orden del día, por lo que pasaríamos de inmediato a la agenda política, con una ronda pactada a una sola ronda. Por tanto, solicito, secretaria, pregunte usted a la asamblea si se acepta la modificación al orden del día.

La Secretaria diputado María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Se modifica el orden del día. Diputado Fernández Noroña.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para que quede constancia en el acta, del Reglamento que tanto defienden y pregonan está siendo violentado con esa votación, porque en la agenda política es por lo menos dos rondas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted razón sin lugar a dudas, diputado. Espero que los señores que han hecho el compromiso de mantener una sola ronda lo respeten. Está por supuesto sujeto a su criterio. Adelante.

Comenzamos con la agenda política, y tiene el uso de la palabra el diputado Cruz López Aguilar, por el PRI, hasta por 10 minutos. El tema es: comentarios relativos a la situación de seguridad alimentaria en el país.

El diputado Cruz López Aguilar:Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los daños por heladas recientes, por su tamaño, pérdidas patrimoniales y recuperación...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, señor diputado. Diputado Narro, ¿con qué objeto?

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Por Reglamento está resuelto de que en temas de agenda política son dos oradores. Se había planteado ahorita en la reunión que fuera un posicionamiento por el diputado que es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y después que fueran dos oradores por 5 minutos cada orador. Así debe quedar la propuesta. Así quedó el planteamiento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como siempre, la confusión está en el término ronda y número de oradores. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha aceptado que sea una sola ronda y cada ronda es de dos oradores. Máximo dos oradores. No es a fuerza dos oradores. Adelante, diputado. Repónganle el tiempo al señor diputado.

El diputado Cruz López Aguilar:Gracias, muchas gracias. Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los daños por heladas recientes, por su tamaño, pérdidas patrimoniales y recuperación deben ser calificados y atendidos como una tragedia nacional. Procederé a darles algunos datos que confirman mi dicho.

Tenemos afectado todo el norte de la República Mexicana y en condiciones catastróficas las principales áreas de riego o productoras en el ciclo otoño-invierno 2010-2011.

El estado de Sinaloa, en apreciación de las organizaciones de productores y campesinos, registra una pérdida total de 500 mil hectáreas de maíz blanco, insumo en la elaboración de tortilla y sus derivados. Y del orden de 55 mil hectáreas de hortalizas; y una cantidad semejante de otros cultivos de menor cobertura, para dar un total de más de 600 mil hectáreas. Seiscientas mil hectáreas de 800 mil hectáreas sembradas bajo riego es -por el lado que se quiera ver-, aquí y en China, una tragedia.

¿Qué significa para Sinaloa y México esta catástrofe? Representa al menos una reducción del inventario de maíz blanco de 4 millones de toneladas; la pérdida de divisas provenientes de las hortalizas y el aumento de los precios de la tortilla y de vegetales insustituibles en la dieta de los mexicanos.

Por el tamaño de la desgracia resulta una irresponsabilidad declarar que podemos recuperar ese volumen de maíz blanco con resiembras y el actual inventario. No se explican tales declaraciones; sólo podrían explicarse por ignorancia del tema y/o por cuidado mediático. Pero con declaraciones políticas no se detiene el aumento de los precios de la Canasta Básica ni se llenan milagrosamente las bodegas.

¿Por qué con el inventario actual y las resiembras no se lograrían estos propósitos? ¿Por qué la pregunta? Las siembras de maíz blanco en el ciclo primavera-verano en Sinaloa tienen fechas óptimas y éstas terminan el día 15 de febrero de 2011; o, sea, el día de hoy.

El presidente de la República fue a Sinaloa y llegó con funcionarios claves; sin embargo, a excepción de Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, los demás se regresaron en el avión presidencial. Qué lástima porque algo se pudo haber hecho para promover las siembras de maíz. Sin embargo, la visita únicamente sirvió para tomarse la foto.

El movimiento y el rendimiento de otoño-invierno es prácticamente el doble de primavera-verano y, en este último ciclo, por su rendimiento, precio y menores costos, el maíz se ve superado por el sorgo.

A los sinaloenses no se les puede ordenar patriotismo después de aporreados, sobre todo porque no existe un ofrecimiento claro, ni la presencia en el sitio de los funcionarios federales responsables de la operación de la siembre de estas 300 mil hectáreas propuestas por el señor presidente.

Ante tal ausencia y lentitud, la petición de sembrar dicha superficie de maíz blanco en el ciclo primavera-verano 2011, es una ingenuidad imposible de concretarse, ahora sí que ni yendo a bailar a Chalma.

Estuve este fin de semana pasado en Sonora, acompañando a diputados federales, senadores y diputados locales, convocado por los usuarios de riego del Valle del Yaqui, en esta entidad federativa prevalece la queja de desatención de los gobiernos estatal y federal.

Según mi impresión personal, el conflicto por el agua, para llevarla del Valle del Yaqui a Hermosillo, está convirtiéndose en factor pernicioso y opera en contra de la atención urgente de los afectados por las heladas.

En Sonora el daño no es menor. En un principio la versión oficial hablaba de 40 mil hectáreas afectadas de trigo y los productores respaldados por los institutos de investigación y autoridades locales prueban con fotografías, estudios y con datos duros una superficie con daño de 113 mil hectáreas y un volumen del orden de 500 mil toneladas no cosechadas de trigo nacional. La destrucción de hortalizas se refleja en poco más de 50 mil hectáreas, mientras que el valor total de los volúmenes de producción mal logrados supera los 5 mil millones de pesos.

Los dos estados principales exportadores de hortalizas: Sinaloa y Sonora, no lo serán en este 2011. Los jornaleros perdieron su fuente de empleo, aunque al menos en este caso recibirán el respaldo del empleo temporal que, aunque insuficiente, no será para todos, pero es de reconocerse la atención de la Secretaría en este tema de la Secretaría de Desarrollo Social.

Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León presentan daños de menor envergadura, pero no menos importantes y su dimensión está en proceso de determinación.

Tamaulipas, en un análisis preliminar, reporta 290 mil hectáreas con daños totales y cabe aclarar que las siembras eran recientes por el retraso de las lluvias y eso admite la posibilidad de un menor quebranto. Sin embargo, la entrega de semillas y una propuesta viable a los productores resultan también indispensables en este estado.

Lo anterior corresponde a un apretado resumen del cual se desprende la urgente necesidad de resolver esta coyuntura. La Comisión de Agricultura y Ganadería ha dedicado un esfuerzo a analizar un plan B con los elementos ya mencionados. Por su cuenta los agricultores, ganaderos, empresarios y campesinos conocedores de su realidad tienen una idea clara que trasciende la incipiente propuesta gubernamental.

Ésta, la propuesta del gobierno, consiste como siempre en adelantar algunos pagos de Procampo, establecer el Programa de Empleo Temporal y otorgar a través de la Banca de Desarrollo crédito precario con tasas preferenciales y apoyos programáticos que casi nunca se entregan.

Una de las grandes debilidades de los programas específicos para atender los siniestros son, sin duda, las reglas de operación y su complicación. Ha sido esto tan terrible que en muchas ocasiones cuando les llega el beneficio, ya no saben a qué siniestro se refieren.

Esta propuesta conjunta, discutida y aprobada en la Comisión de Agricultura y Ganadería consiste en lo siguiente:

Primero. La declaración de zona de desastre. En Sonora todavía no la tenemos. Aquí hace falta un criterio con respaldo de campo que evite los purismos de la Conagua, con quien se batalla para incluir municipios seriamente dañados.

Por otro lado, en el ejercicio de los recursos bajo ninguna circunstancia deberán exigirse aportaciones y dictamen del sistema de administración tributaria, para entregar la indemnización y los beneficios como sucedió en el norte de Tamaulipas.

Además, hace falta un programa de financiamiento oportuno con tasas preferenciales y autorización de quebrantos, con cargo al patrimonio de los organismos financieros de la banca de desarrollo, orientados a la inmediata implementación de la siembra de los cultivos alternativos.

Hace falta el finiquito inmediato, por parte de los fondos de aseguramiento de las empresas privadas, del aseguramiento agropecuario. Asimismo, los fondos de aseguramiento requieren en este año apoyo adicional al subsidio de la prima de aseguramiento y además algún apoyo para fortalecer sus fondos de reservas y de contingencias.

Se requiere la agilización y adelanto de los pagos de Procampo, de los ciclos otoño-invierno y primavera-verano.

La entrega del Progan. Disponer del diesel y la autorización de proyectos y solicitudes, con folios pendientes del año pasado.

La liquidación de coberturas de precios de trigo y de maíz al 100 por ciento a favor de los productores nacionales.

Facilidades administrativas en pago de cuotas obrero-patronales con la federación y los estados.

Importaciones de maquinaria, implementos e insumos.

La recuperación del IVA, reestructuración de adeudos y algunos otros asuntos que tienen que ver con estas facilidades indispensables.

Un programa de crédito refaccionario, con tasas preferenciales, focalizado a la capitalización y la certidumbre en las actividades primarias.

Apoyo al aprovechamiento de agua por bombeo, mediante descuentos en las tarifas eléctricas, y no exigir en estas circunstancias la contraparte de los usuarios, autorización de los volúmenes de agua requeridos en el programa de siembra de cultivos alternativos.

El acceso al componente de atención a desastres naturales y al Seguro Agropecuario Catastrófico a productores y campesinos afectados.

Integración de los presupuestos ubicados en la Secretaría de Desarrollo Social, Semarnat y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aprobados al programa de Empleo Temporal.

Cuidar que los recursos no se manejen por funciones, fundaciones y organizaciones ajenas a los damnificados, sino a través de los municipios y organizaciones de productores.

Y último, en el ámbito nuestro, aprobar un decreto legislativo para establecer las bases de operación cuando se tenga una tragedia como la actual, que ponga en peligro la estabilidad, la gobernabilidad...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Cruz López Aguilar:Ya termino, presidente. La paz social y la alimentación del pueblo.

Ya es tiempo de darle la importancia que tiene al campo de México, antes de que sea tarde. La apuesta debe ser por México y por los  mexicanos. Esperemos que no se apueste a los productores de Estados Unidos para producir el maíz blanco que va a necesitar el pueblo de México.

Ya es tiempo de sumar las fuerzas de todas las expresiones políticas, para que por consenso elaboremos un programa integral de atención a las contingencias climatológicas. Y ya es tiempo de solidaridad comprometida y afectiva con los vulnerados por los embates de la naturaleza. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, ya ni le solicito que verifique el quórum porque no lo va a hacer, pero sí le planteo que hiciera un llamado a todos aquellos que dicen que no quieren detener el rumbo de México y que están ansiosos por trabajar, a que vengan a la sesión porque veo una ausencia notable.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Regístrense las expresiones del diputado Fernández Noroña en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, por Nueva alianza, hasta por 5 minutos.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas, la situación del campo y la política del gobierno hacia ese sector ha sido un tema recurrente en esta tribuna.

Año con año se aprueban recursos a los programas dirigidos al desarrollo de la agricultura, ganadería y en general la producción de alimentos. Lo hemos hecho con responsabilidad, porque consideramos que la seguridad alimentaria constituye o debe ser una prioridad para el Estado.

Sin embargo, la exigencia de productores y campesinos continúa siendo la misma. El campo sufre de abandono y descuido.

A este problema estructural e histórico se agregan factores de carácter coyuntural entre los factores que convergen en la crisis que hoy enfrentamos, como el aumento al precio de la tortilla que es el alimento de carácter nacional y que se elevó el precio hasta 11 pesos.

Asimismo, el aumento del precio del petróleo y su impacto en los insumos de transporte y producción. Precios bajos de algunos granos, lo que desvió la siembra hacia otros más lucrativos  para el uso industrial.

La ausencia de inversión en infraestructura, por ende, falta de expansión en la producción agrícola. El bajo nivel de almacenamiento de estos granos y las condiciones climáticas extremas de las últimas semanas.

Pese a que la Secretaría de Agricultura expresa que México no enfrenta un problema de abasto en maíz, pues en el 2010 hubo una producción de 38 millones de toneladas de granos.

La misma dependencia nos informa que las importaciones de algunos productos fueron respecto del consumo nacional: 42 por ciento en trigo, 24.6 en maíz, 94.5 en soya y el 74.1 por ciento en arroz.

Esa situación ha agravado la difícil economía de la población más pobre que se ve obligada a destinar hasta el 55 por ciento de su presupuesto al rubro de la alimentación.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que ante los daños causados por los fenómenos naturales, el gobierno federal tiene que tomar medidas inmediatas, claras y generosas, para contener la escalada de precios de los productos básicos y evitar que los que menos tienen paguen las consecuencias.

Asimismo, es preciso que se diseñen las políticas necesarias para recuperar la actividad agrícola en las regiones afectadas y rescatar a los productores, a los campesinos y a los jornaleros agrícolas que se quedaron sin trabajo. Pero no podemos esperar a que otros fenómenos naturales nos vuelvan a poner en la misma situación.

Como grupo parlamentario hacemos un llamado al Ejecutivo federal, a las organizaciones de campesinos y productores, a los gobiernos de los estados y a todos los actores involucrados para elaborar un diagnóstico de la situación del campo y, en general, de la economía nacional desde la perspectiva de la seguridad alimentaria.

Tenemos que asegurar la alimentación de la población mexicana, modernizar el campo, dignificar la vida de quienes viven en él con una política de Estado que considere la producción de alimentos y el desarrollo rural sustentable como una prioridad más allá de criterios puramente mercantiles.

Una política de Estado que reconozca que la soberanía alimentaria de México está por encima de los intereses de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que obtienen enormes ganancias en el campo mexicano, pero cuyo funcionamiento destruye nuestra capacidad como país para alimentarnos. Gracias, señor presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada Martínez Peña. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Miren, compañeros, creo que nadie puede negar la grave crisis por la que atraviesa el campo mexicano. Me atrevería a decir que no es consecuencia únicamente de la helada. México desde hace mucho tiempo -y casualmente va aparejado con la entrada en vigor de la política neoliberal- ha dejado de tener la autosuficiencia alimentaria.

Importamos 74 por ciento del arroz que consumimos, 14 por ciento del frijol, 24 por ciento del maíz, 42 por ciento del trigo, 14 por ciento de la carne de res, 44 por ciento de la carne de cerdo y así podría continuar.

El déficit de la balanza comercial agropecuaria creció entre 2009 y 2010 en casi 40 por ciento. Importamos 25 mil millones de dólares en alimentos cada año. Lo paradójico es que de acuerdo al PEC, al Programa Especial Concurrente para el Campo, durante 2010 se le asignaron 268 mil millones de pesos, un poco más de 20 mil millones de dólares y, sin embargo, los resultados no mejoran.

¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que el dinero se gasta mal, se gasta con una baja eficiencia y con muy poca calidad y que ya convertimos el problema del campo como nada más aventar dinero sin un orden, sin una política integral y sin revisar los resultados.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, únicamente se ministraron durante el 2010 251 mil millones de los 268 aprobados, 17 mil millones de pesos menos. En cuanto a los programas de competitividad de activos productivos, el maíz, el frijol, el trigo, el sorgo, para los que se había asignado una bolsa de mil 600 millones de pesos, se le asignaron cero pesos, y les estoy dando datos del Informe de Finanzas Públicas.

Por eso cada vez que venimos a hablar aquí del campo y de la tragedia del campo nacional no es por una helada, es por la política neoliberal, por esta política neoliberal que desde hace mucho tiempo ha venido acabando al campo mexicano.

En los ochenta importábamos solamente el 10 por ciento de la comida que consumíamos. El año pasado, como les digo, entre el 40 y 45 por ciento. Lo que se requiere es ver cómo le hacemos llegar el dinero a los productores sin que se quede en las bolsas de los cotos de poder de tantas organizaciones. Eso es lo que se requiere y lo que involucra una política del campo. No nada más destinar más recursos sin medir la eficiencia y la eficacia, no nada más destinar más recursos a ver quién grita más y a ver quién para más gente fuera de la Cámara de Diputados.

Pero esto tiene que hacerse de manera integral. No es sólo un problema de dinero, es un problema de calidad y de eficiencia en el gasto.

Cómo podemos pensar que con este tamaño de país por una helada ahora estamos hincados porque antes estábamos arrodillados. Es decir, las cosas no cambian; no le echemos la culpa a una helada. Revisemos la política neoliberal pervertida que se viene aplicando en este país desde hace mucho tiempo y ahí encontraremos las razones y las cosas que hay que cambiar para que este país pueda salir adelante. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted diputado Di Costanzo. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Avelino Méndez Rangel, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Dijeran al principio de la Legislatura, buenas tardes honorables curules; para recordar esos tiempos ¿no?

Compañeras y compañeros, el tema era, es mejor dicho, seguridad alimentaria y hay una definición que debemos tener clara y la voy a leer, porque luego dicen que aquí no se dice de dónde vienen las cosas. Ésta es una definición de la FAO que dice que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Eso lo dice la FAO.

Nada más hay que decir que no tenemos seguridad alimentaria, con otro dato que marca el fracaso total y absoluto del régimen panista continuador de los priistas, con relación al tema del campo.

Tenemos hoy, en este país, 18.5 de la población —de acuerdo con la declaración del secretario Heriberto Félix Guerra, y datos de la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, 20 millones de mexicanos que están totalmente fuera de esto que se llama seguridad alimentaria.

Lo reitero porque aquí se ha dado un falso debate. Alguien dice que aquí se viene a decir, sin cifras. Hoy se los estamos diciendo a los que malgobiernan este país, el PAN, que tienen al 18.5 de la población en pobreza alimentaria y que está muy lejos de estar en seguridad alimentaria.

¿Quieren más datos? Los datos de la desgracia que azotó a este país, este febrero, ya los dijo el diputado Cruz López. Los datos que marcan la dependencia alimentaria de este país son claros y los dijo el diputado Mario di Costanzo.

No los voy a repetir, pero sí tenemos que decir a qué se debe esto. ¿Acaso es producto de arte de magia? ¿De dónde sale esta dependencia económica que tenemos? Tenemos que recordar que en 1982, en pleno régimen priista se inició la debacle del campo mexicano; que se continúo en 1994 con la aprobación, también por priistas y panistas, del Tratado de Libre Comercio, y hoy tenemos las consecuencias. Se los dijimos desde 1982. Una generación perdida llevamos en el campo.

Se los dijimos, que iba a suceder esto: que nos íbamos a convertir en un país dependiente de los alimentos del extranjero. Y hoy, tal como acaban de escuchar las estadísticas, dependemos en absoluto de los alimentos que importamos.

Hasta el 2015 tenemos que la FAO está pronosticando un incremento en los alimentos en el mundo; es decir, hoy estamos iniciando un proceso que no va a culminar, si bien nos va, en el 2015. ¿Qué tenemos que hacer desde este Congreso? Hay muchas medidas, como son: revisar el Tratado de Libre Comercio y voltear los ojos a los 4.5 millones de productores más pobres de este país que no tienen acceso a los beneficios del campo.

De los 5 millones de productores que tenemos en este país solamente 500 mil tienen acceso a los grandes beneficios de los programas que se definen en el Ejecutivo federal. Tenemos que voltear los ojos hacia los productores que menos tienen.

De otra forma, compañeros y compañeras, tengan la plena seguridad de que el hambre no espera y que cuando la gente que ya no tiene que comer salga a protestar, no nos quejemos de dónde vienen las insurrecciones y de dónde viene la exigencia total de cambios de gobierno.

Hoy estamos a tiempo de remediar esto, una política equivocada que ha empobrecido a los mexicanos que viven en el campo. Hoy tenemos a los 20 millones de mexicanos más pobres en el campo, porque no tienen acceso a los beneficios de los programas federales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Nada más quiero con esto concluir. Recordemos, 20 millones de mexicanos están fuera de la denominada seguridad alimentaria y nos lo van a reclamar en el corto plazo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Méndez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Santamaría Prieto, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos.

El diputado Fernando Santamaría Prieto:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, los últimos eventos en los mercados internacionales, que se iniciaron con la pérdida de la cosecha en los países balcánicos, principalmente en Rusia y en Ucrania, principales exportadores de trigo en el mundo, aunados a la disminución de cosecha de maíz en Estados Unidos de Norteamérica y reforzados con la mayor demanda de cereales en los países orientales para combinar con el reciente anuncio del 10 de febrero de 2011 sobre la severa sequía que afecta a China y que lo obligaría a destinar más de 1 billón de dólares a la importación de alimentos, y el otro, al esfuerzo de políticas internas que incrementen su productividad, todos estos eventos han creado una situación de precios altos y de preocupación por el abasto, de lo cual nuestro país no está exento.

Es, por tanto, urgente emprender acciones que conduzcan al replanteamiento de las políticas nacionales. Hablando con la verdad se requieren realizar acciones que conduzcan al aumento de los niveles de producción que son en nuestro país de los más bajos de Norteamérica, para lo cual requerimos con urgencia acciones legislativas que estimulen, aceleren y den certidumbre a la conformación de unidades de producción.

Necesitamos crear unidades de producción que agrupen superficies económicamente viables de cereales y oleaginosas, que permitan acelerar el uso de la tecnología, reduzcan costos, mejoren los procesos de comercialización y que tengan acceso al financiamiento y a la capacidad de pago.

Durante años las políticas públicas han estado encaminadas al productor y no a las unidades de producción. Los satisfactores y los presupuestos han carecido de una visión y una medición que mejoren las condiciones de productividad. El desarrollo tecnológico del sector agrícola ha sido frenado en algunos casos por la inviabilidad económica, al no ser posible su aplicación en unidades de producción sumamente pequeñas. Y, en otros casos, la falta de decisión del Estado mexicano y la politización de herramientas tecnológicas que han estado cambiando al mundo, como la biotecnología, herramienta que está cambiando al mundo e incrementado los niveles de producción y abaratando los costos, por lo que es urgente la capacitación encaminada al uso masivo del desarrollo tecnológico en los procesos productivos que redunden, todos ellos, en el incremento de la productividad y la reducción de costos.

Debemos proponer acciones legislativas que den certidumbre a la tenencia de la tierra, a fin de que se detonen inversiones y la construcción de unidades de producción que permitan la compactación de la tierra, la organización de los productores, garanticen el derecho de los actores agrarios y las formas de propiedad que marca nuestra propia Constitución.

Sólo así y con la modernización de los esquemas de almacenaje, comercialización y financiamiento seremos capaces de lograr la seguridad alimentaria. Nuestro país se ha convertido en un importador de cereales y de oleaginosas, y al mismo tiempo un exportador de frutas y hortalizas.

Sin embargo, a pesar de haber subido nuestras exportaciones del sector agroalimentario, 3 mil millones de dólares en el año 2000 a 19 mil millones en el 2010, nuestros niveles de productividad en cereales y oleaginosas no se han mejorado a pesar del esfuerzo de algunos estados como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas.

Los niveles de producción por hectárea no han logrado ni siquiera duplicarse, y por el contrario, tenemos la necesidad de atender una sociedad ávida de proteínas de origen animal, lo que nos obliga a ser fuertes importadores de granos forrajeros para satisfacer la producción nacional.

Es así que tenemos que darle prioridad a incrementar la productividad, la organización y la capacitación. Es nuestra responsabilidad y es el posicionamiento del Partido Acción Nacional, compañeros diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos.

El diputado Rolando Zubia Rivera:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vengo a aquí, sí, como legislador, como secretario de la Comisión de Agricultura, pero también vengo como productor. Hoy soy una damnificado de la tragedia más grande que ha sufrido la agricultura sinaloense. Y si me apuran, esta tragedia se va a extender hasta la mesa de los mexicanos.

Quiero decirles que de las 720 mil hectáreas de riego que tiene Sinaloa, hoy cerca de 91 por ciento tiene siniestro. De las 550 mil hectáreas de maíz blanco que necesita este país para su alimentación, especialmente de consumo humano que es la tortilla, más de 4 millones y medio de toneladas se perdieron, ya no existen. Y difícilmente las vamos a lograr traer de otras partes del mundo, porque maíz no es fácil traerlo. Además, tiene un alto valor en los mercados internacionales.

Quiero decirles, que aparte se fueron 55 mil hectáreas de hortalizas, por eso ya vieron que los tomates, la cebolla, los chiles, la papa, el garbanzo, el frijol está subiendo y están especulando con él.

Yo quiero que entiendan que hoy más que nunca Sinaloa requiere del apoyo de todos los legisladores. Hoy vengo en representación de miles de productores, hoy vengo a decirles que se requiere algo adicional de los programas institucionales que siempre tenemos.

Está bien que paguen el Procampo adelantado, está bien que nos lleguen los apoyos de la comercialización, está bien que nos apoyen con el tema de las coberturas. Está bien que nos apoyen con todo lo que institucionalmente existe, pero no es suficiente. Hoy tenemos que pintar de verde de nuevo el estado de Sinaloa, porque el país lo necesita.

Lo más trágico para un país es no tener alimentos, y Sinaloa ha sido siempre el proveedor de alimentos para este país. Quiero pedirles, pues, en representación de mi bancada, de Sinaloa y de los productores, que se nos apoye con un programa especial. Se requiere de un fondo especial catastrófico, como ha habido en otros estados cuando hay siniestros.

Nuestro estado sí está de rodillas, pero los sinaloenses somos hombres de trabajo; los sinaloenses somos hombres de empuje y nos vamos a levantar de ésta como nos hemos levantado de otras.

Quiero decirles que el verdadero rostro de Sinaloa no es la delincuencia organizada; el rostro de Sinaloa son sus surcos, que es la tierra que hoy se encuentra quemada. Yo quiero pedirles que apoyen las propuestas que hoy hemos hecho; requerimos apoyos adicionales. Lo haremos formalmente a las instancias que corresponda. Por favor, apoyen a Sinaloa y estarán apoyando la mesa de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Zubia. Tiene ahora, en la segunda ronda, el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado José Narro Céspedes:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos gustaría ver este problema un poco desde otro enfoque. Tenemos a nivel del mundo mil 60 millones de personas que pasan hambre en el mundo. El 60 por ciento de ellos son mujeres.

Cada día mueren 24 mil personas por hambre en el mundo, en América Latina se habla de que hay 52 millones de personas con hambre, y en México son 20 millones, prácticamente la mitad casi de los de América Latina.

Yo creo que el desastre de la situación precaria de Sinaloa no nada más es de Sinaloa, es de otros estados, y que el problema es sumamente grave en el campo de nuestro país y para los mexicanos, porque es indudable que este problema está repercutiendo en el alza de los precios. La tortilla en algunos lugares está a 12, 15 pesos la tortilla. El frijol está subiendo. No el frijol que compran a los productores, sino los que compraron a 4.5 pesos el kilo, cuando lo están vendiendo a 16, 20 y 30 pesos el kilo.

Todavía es fecha que el programa de la cosecha primavera-verano de 2010 para el frijol, todavía ni siquiera han publicado el decreto y es un programa que todavía no funciona. Es un crimen, es un robo lo que les están haciendo a los productores de nuestro país. Esto ha provocado hambre en los mexicanos, ha provocado carestía, incremento de precios y dependencia alimentaria en nuestro país. Especulación con el alimento de los mexicanos.

En estas fechas, con esta crisis de estos últimos 20 años, tenemos las reservas, no nada más en México, sino internacionales, más bajas en las reservas de alimentos que hay en el mundo. El maíz que requiere México para la alimentación de su población es maíz blanco, no maíz amarillo que es el que puede haber excedente en otros países y es el que prácticamente tampoco hay en el mundo.

Tenemos un problema muy serio en cuanto a la alimentación de los mexicanos. Cerca de 450 mil hectáreas de las que se dañaron en Sinaloa son hectáreas que se dedicaban a la producción de maíz. Están perdidas cerca de 5 millones de toneladas de maíz.  Se perdieron más de 80 mil hectáreas de la producción de trigo en Sonora. Se perdió la papa, el garbanzo, gran parte de la producción de hortalizas. Por eso las hortalizas también están subiendo en todo el mercado nacional.

Es claro que ante este problema no nada más requerimos medidas coyunturales, requerimos alternativas estructurales que hagan que cambie la política hacia el campo mexicano, porque estamos de acuerdo en que haya medidas como el adelanto del Procampo, haya medidas como buscar resolver con el pago del seguro.

De las 450 mil hectáreas que dice el presidente que están resembrando, ¿cuántas se van a lograr resembrar cuando la fecha límite de siembra termina el día de hoy? Cuando mucho 100 mil hectáreas, 150 mil hectáreas.

Ésa es la realidad. ¿Qué va a pasar? Las demás hectáreas, otra parte de las hectáreas se pueden sembrar después, pues los rendimientos van a bajar notoriamente.

Por eso planteamos que requerimos medidas estructurales y proponemos que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Agricultura y de las comisiones unidas para el campo, formen una comisión que dé seguimiento a este grave problema que tiene que ver con la alimentación, no nada más con la producción.

Es claro que hay una alta ineficiencia en la aplicación de las políticas públicas por parte de este gobierno. También se han incrementado los recursos para el campo, pero gran parte de los recursos van para los sectores de la especulación, van para las grandes empresas capitalizadas en el campo y no para los verdaderos productores que son los que levantan la cosecha y la comida que está en la mesa de los mexicanos.

Por eso, planteamos buscar medidas estructurales y proponemos que las Comisiones Unidas para el Campo de esta Legislatura, junto con el Ejecutivo federal formen una comisión de seguimiento, para buscar que se impulse un programa emergente que atienda la emergencia, pero que busquemos cambios estructurales que resuelvan en forma más definitiva los graves problemas que tenemos en el campo mexicano. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Narro. Diputado Fernández, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Quiero solicitarle formalmente, diputado presidente, que ponga el registro de votación. El registro con base en el artículo 192, para que a los diputados y las diputadas que están ausentes les sea descontada la dieta correspondiente, según el nuevo Reglamento que tanto invocan.

Además, como están muy preocupados de no parar los destinos de la patria y los trabajos de esta Cámara, pediría por favor que se pase lista, para hacer los descuentos correspondientes con base en el artículo 192.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Esto procede cuando hay votación, diputado, con todo respeto y no es el caso.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos. Si, diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Artículo 192, la lista de asistencia en las reuniones de comisión se verificarán al inicio y al final de la misma, los diputados deberán firmar...

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): En las comisiones.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Bueno, si en la comisión, con mayor razón en el pleno.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No aplica. Adelante, diputado.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, quisiera iniciar mi alocución con una frase de un distinguido sinaloense: “sólo aquel que ha dejado de luchar está perdido” Manuel Clouthier.

Ante la catástrofe que enfrentan nuestros compañeros agricultores de Sinaloa, hoy tenemos la obligación de ser absolutamente solidarios, complacientes y honestos ante la desgracia que enfrenta nuestro país.

Por eso, las acciones deben estar encaminadas a recuperar lo perdido, a recuperar la liquidez de los productores y hacer lo humanamente posible por enfrentar una condición atípica en donde se tendrán que hacer y emprender acciones fuera de lo común.

Acciones que permitan recuperar la capacidad productiva de los productores. Acciones que por la vía del crédito, de la anticipación, de los subsidios, de la comunión y la unión del Poder Ejecutivo con los productores, buscando siempre su satisfacción seamos capaces de dar solución a una catástrofe de esta naturaleza.

Desde esta tribuna es poco lo que podremos hacer, donde podremos hacer mucho es allá en el campo, es allá, del brazo de los productores, es intentando preservar, es intentando resolver la problemática que hoy enfrentan nuestros compañeros.

Las acciones emprendidas por el gobierno federal son las correctas en el momento actual y estoy seguro de que seguirán siendo las adecuadas ante la demanda de los productores nacionales.

Si bien es cierto que estas catástrofes atípicas nos llevan a los agricultores a la desesperación, también es cierto que dejan grandes enseñanzas. A mí no me cabe la menor duda de que ésta será una gran enseñanza para México.

Ésta es una llamada de atención para que rectifiquemos el camino de la producción agrícola, que rectifiquemos la programación presupuestal para que tenga una visión más productiva, más hacia mejorar sustantivamente la producción y el nivel de vida de los productores, más hacia lograr verdaderas unidades de producción.

Que ya no seamos los productores, en lo individual, los que tengamos que resolver los problemas. Sino que sean las unidades de producción, que sea la tecnología, que sea el financiamiento, que sea la capitalización la que emprenda esta nueva visión del campo de México.

A mis compañeros de Sinaloa, mi afecto, mi aprecio y mi solidaridad. Estoy seguro de que el Legislativo, el Ejecutivo y el pueblo de México estaremos siempre al lado de ellos para resolver la contingencia. Muchas gracias...

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Usabiaga, permítame. Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente, para hacerle una pregunta al diputado Usabiaga.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Usabiaga, el diputado García Granados desea formularle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo:Por supuesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputado Miguel Ángel García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias. Conociendo la trayectoria de nuestro amigo Javier Usabiaga como secretario que fue de Agricultura y Ganadería, y conociendo efectivamente también como productor la problemática del campo, señalaba usted que las medidas tomadas por Ejecutivo son las correctas, ¿realmente lo considera así?

¿No cree usted, sinceramente, que el presidente de la República se está viendo muy lento al no convocar a un gran pacto nacional en el cual convoque a los acopiadores de granos más grandes que tenemos en el país, a los dueños de Cargill, a los dueños de Minsa, a los dueños de Maseca, y que se les lea la cartilla para un gran pacto nacional que no ponga en riesgo la situación alimentaria del país, que provoque este gran pacto nacional el hecho de evitar una debacle todavía más profunda?

¿No cree usted que el presidente de la República debió haber hecho no solamente uso de los recursos que ya se encuentran claramente establecidos, sino recursos económicos adicionales, pero fundamentalmente del recurso político en el cual y a través de la concertación se le leyera claramente la cartilla a todos aquellos que están pretendiendo aprovecharse de esta gran desgracia nacional, para enriquecer sus bolsillos encareciendo el kilo de los gramos o las toneladas de los granos?

Mi pregunta es, ¿después de que ha aseverado que se está haciendo lo correcto, no cree usted que es el gran momento para hacer un gran pacto nacional que vaya en beneficio de México? Porque este problema no solamente afecta a Sinaloa y a algunos estados del norte del país, va a afectar efectivamente el bolsillo de todos y cada uno de los mexicanos.

El kilo de tortillas se va a incrementar, anda por 20, 30 pesos: tomate, cebolla, chile, maíz, frijol. Requerimos un gran pacto nacional, medidas efectivamente políticas que nos permitan hacer que este país subsista. ¿No lo considera usted así?

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo:Con el debido respeto, diputado, pienso que la contingencia y la catástrofe hoy la sufren nuestros compañeros productores. El país tiene muchas otras asignaturas pendientes para resolver y una de ellas es el abasto y una de ellas es el freno a la especulación. Usted tiene toda la razón. Pero hoy lo primero que hay que atender es a aquellos productores que no solamente perdieron la cosecha, sino que perdieron la esperanza y lo peor que le puede pasar a un individuo es perder la esperanza. Muchas gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, pregunte al orador si me permite una pregunta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ha concluido el...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Una pregunta técnica: ¿de quién era la frase, qué decía Clouthier?

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo:De Manuel Clouthier: “solamente está perdido aquel que ha dejado de luchar”.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene por último el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI.

Perdón, diputado González. Sí, diputado Pompa Corella.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Diputado presidente, me preocupa, escuché que dijo que por último. De conformidad al artículo 101 del Reglamento, como ya lo externaron hace un momento, existen dos rondas para este tipo de posicionamientos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos en la segunda ronda, diputado Pompa Corella.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): No, estamos en el segundo segmento de la primera ronda, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es una ronda de dos oradores, por cada asunto, dice el Reglamento.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): El Reglamento establece que son dos rondas, presidente, con todo respeto. Yo le pediría que acatemos eso. No hemos hablado de lo que está ocurriendo en Sonora, todo mundo se está enfocando en Sinaloa y Sonora también es pueblo, señor presidente. Sonora ha sido muy generoso con este país y creo que se debe escuchar el problema que estamos padeciendo los productores y el sur del estado de Sonora. Son dos rondas que establece el artículo 101 y yo le rogaría que las hagamos efectivas. Allá no hemos sido escuchados por el gobernador del estado; allá no hemos tenido la suerte de que Felipe Calderón se fije en Sonora.

Le repito, Sonora ha sido un estado muy generoso con esta república; tiene que ser escuchado el problema que estamos padeciendo en el sur del estado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le voy a pedir con todo respeto al orador que iba a iniciar, pero le voy a pedir a la Secretaría que dé lectura al numeral 1 del artículo 101 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 101: la agenda política se integrará por aquellos temas de interés general que sólo tengan una finalidad deliberativa, en la que los grupos podrán fijar sus posturas. El coordinador de cada uno de ellos será quien inscriba un máximo de dos oradores por ronda de intervención para abordar cada asunto. Ningún tema del apartado de agenda política se someterá a votación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene la palabra el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, en los términos mencionados de 5 minutos.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la verdad es que hablar del problema o del asunto del tema alimentario nos llevaría no solamente la sesión de hoy; es un asunto delicado, grave e importante. Pero también hay otros temas y yo quisiera aprovechar mi tiempo para hacer del conocimiento de ustedes el mandato que tengo de mis compañeras diputadas y compañeros diputados federales del PRI, del estado de Oaxaca.

Hoy, señoras diputadas y señores diputados, sucedieron hechos muy lamentables en la ciudad capital del estado de Oaxaca. Una manifestación encabezada por profesores de la sección 22 del SNTE en Oaxaca fue reprimida con lujo de violencia por soldados del Ejército mexicano, por policías de la Policía Federal Preventiva y por policías del gobierno del estado y municipales.

Aquí se ha hablado de Sonora, de Chihuahua y de Sinaloa; también Oaxaca es una entidad y ése es un hecho no menor. Una manifestación que con habilidad, con sentido político y con criterio de suma pudo haberse resuelto de la mejor manera.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Discúlpeme, diputado González.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Una manifestación...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Una manifestación que pudo encauzarse por los conductos constitucionales fue violentada, reprimida y hubo no solamente lastimados...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Señor diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:...sino hay heridos de bala. Escuchen, es un tema que no les gusta, pero que vale la pena que lo conozcan.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Señor diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Fueron lastimados y fueron heridos con bala...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Señor diputado, señor diputado, atienda por favor el llamado de la Presidencia.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:A sus órdenes, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): De acuerdo al artículo 114, le pedimos que se apegue al tema. El tema de la agenda política es seguridad alimentaria, no la problemática en el estado de Oaxaca. Pedimos que se apegue al tema y que agende en la próxima sesión, en la agenda política, la problemática que están sufriendo no sólo Oaxaca, sino otros estados con la seguridad. Nosotros seremos respetuosos de que los temas que se registren en la agenda política vamos a debatirlos con mucho gusto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Señor diputado Ramírez Puga, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul): Señor presidente, para pedirle su comprensión en el tema de Oaxaca. Reiteradamente se han violado aquí los reglamentos, tanto el actual como el pasado y nadie ha dicho nada respecto del quórum que pidió nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña.

Creo que son 3 minutos los que nos faltan a los oaxaqueños por esperar. Dijimos al iniciar la sesión de este día y creo que merecemos respeto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, nada más que, de acuerdo con el 114 las mociones podrán ser, entre otras, de apego al tema. Y el tema ha quedado inscrito como ustedes mismos lo han constado en las distintas intervenciones, el de seguridad alimentaria. Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): No seré yo quien le llame al compañero diputado que se apegue al tema, porque creo que él puede hablar de lo que quiera; pero creo que no se debe abordar en este momento el tema.

Que sí es un tema importante, que debemos darle toda la seriedad y que yo pediría que fuera el primero de la agenda política de la próxima sesión, porque además hay sólo 83 diputados. Los acabo de contar, ni uno más ni uno menos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedará a consideración de la Junta de Coordinación.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): No hay ni quórum. Yo seguiré insistiendo en que les descuenten a los que se fueron.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedará a consideración de la Junta de Coordinación Política su propuesta. Continúe, por favor, diputado González.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:No se preocupen, culmino rápido, señores diputados. El tema es grave, el tema debiera preocuparnos a todos porque insisto, una manifestación que pudiéndose haber controlado de manera inteligente degeneró en una terrible represión y hay heridos de bala, hay quienes comentan en este momento que inclusive hay un muerto.

Éste es un hecho lamentable, pero es un hecho que no solamente se da el día de hoy. En la Permanente se denunció otra serie de acontecimientos que ponen por desgracia a nuestra entidad, a mi tierra, Oaxaca, en un estado de ingobernabilidad.

Termino para no hacer de esto una polémica. Condenamos los diputados oaxaqueños del PRI  estos terribles acontecimientos y exigimos una profunda investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias y que se castigue con todo el peso de la ley a quienes hayan cometido ilícitos en esta muy lamentable situación en la que se vio envuelta hoy mi ciudad capital. Muchas gracias por su tiempo y espero que ustedes también tengan la oportunidad de debatirlo en la próxima sesión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con qué objeto, diputado Jiménez López.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Señor presidente, en primer lugar para felicitar al diputado González Ilescas que acaba de hacer uso de la palabra y también a la sensibilidad que debe mostrar esta Cámara de Diputados para atender un problema que acaba de pasar hace apenas unas horas y que es muy lamentable que el Estado Mayor Presidencial y la Policía federal tomen este tipo de acciones en contra de un pueblo que ha sufrido durante muchos años la opresión de los grupos caciquiles de esa región.

Para nosotros, repito, es importantísimo este tema y pediría igual que el diputado Noroña se inscriba en la siguiente sesión. Pero no podemos pasar por alto que si hubo heridos de bala, que posiblemente haya un muerto y hay detenidos, que el pueblo oaxaqueño está tomando las carreteras, esta Cámara de Diputados no puede quedar insensible.

Pediría a esta soberanía que la Junta de Coordinación Política enviara efectivamente un documento de protesta enérgica por esta acción de la Policía federal y pedir la investigación a fondo de los hechos para que se castigue con firmeza a los causantes de la irritación social que, además del problema alimentario que ya viven, ahora es la represión directa de estos infelices e infames integrantes de estos cuerpos de seguridad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Avelino Méndez, con qué objeto.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Presidente, es obvio que el Reglamento no se está respetando y es obvio que si ya se abrió el tema de Oaxaca se abra una ronda para tratarlo. De otra forma queda como programa político, sin ningún contexto y creo que en este momento no es, y dado el tema del asunto, conveniente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Juanita Cruz. Después el diputado Corella y luego el diputado Heliodoro Cárdenas.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz(desde la curul): Señor presidente. Creo que este tema de Oaxaca es un tema muy importante que debe ser agendado en el primer punto del siguiente orden del día, dentro de la agenda política.

No podemos dejar pasar actos, en mi estado, Oaxaca, que también a mí me preocupan. Actos como por ejemplo, en el 2006, la represión brutal que vivió el pueblo de Oaxaca por quienes hoy quieren acusar, en esta tribuna, que el licenciado Gabino Cué es un incapaz.

Yo sí creo que este tema merece ser atendido en esta tribuna. Mi propuesta es que sea retomado para la próxima sesión. Sí les quiero decir a mis compañeros diputados que se jactan en decir que en Oaxaca hay represión por un hecho, efectivamente lamentable, que nosotros reprobamos, pero que finalmente ellos son parte de la ingobernabilidad que ellos quieren decir que hay en Oaxaca; que no la hay, pero mantienen palacios tomados en Oaxaca, porque su partido quiere generar ingobernabilidad en Oaxaca. En nada ayuda a los oaxaqueños y oaxaqueñas.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya hemos señalado desde hace unos minutos que si así lo acuerdan los grupos parlamentarios a través de la Junta de Coordinación Política podrán inscribir, para la sesión del próximo jueves, el tema en agenda política.

El diputado Pompa Corella y después el diputado Heliodoro Díaz.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Muchas gracias. Para rectificación de procedimiento. Efectivamente, el 101 establece dos oradores por ronda. Corrijo. Yo le pedí, dado la importancia y toda vez que este tema sí fue inscrito en el orden del día, le pediría, por la inquietud por ser escuchados que existe no solamente en los diputados de Sonora; se ve claramente que los de la bancada de la CNC, los que representan al campo aquí en México quieren seguir haciendo uso de la voz y de la tribuna.

Yo le pediría que someta a consideración de los presentes que se abra una nueva ronda y podamos nosotros ser escuchados y podamos hacer uso de la tribuna.

Le repito, en Sonora no se está atendiendo el tema como merece. A Sonora no ha ido el presidente de la República como debiera haber ido. En Sonora no ha ido el gobernador de Sonora, a Obregón, que está padeciendo unas pérdidas enormes en agricultura.

Yo le pediría que ponga a consideración de los aquí presentes la posibilidad de una nueva ronda para poder ser escuchados, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado Heliodoro Díaz.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga(desde la curul): Primeramente y para rectificar estos hechos, aquí nadie aludió por su nombre, ni siquiera al titular del poder Ejecutivo estatal, Gabino Cué Monteagudo.

Se ponen nerviosos, se ponen el saco porque saben del nivel de responsabilidad que hechos de esta naturaleza pueden arrojar, una investigación a fondo de lo que hoy sucedió, de esa violenta represión que sucedió hoy en Oaxaca, en el marco de la visita y de la gira que hizo el presidente de la República, Felipe Calderón.

Pero, tomando en consideración que somos proclives a inducir el orden; no obstante la preocupación, el enojo y la molestia que tenemos por los hechos en Oaxaca, aceptamos que la próxima sesión se abra la discusión, como primer punto en la agenda política, con los hechos que esta mañana sucedieron en Oaxaca, y que, desde luego, nos sumamos a la propuesta de los compañeros de Sonora, para que se siga abordando la problemática alimentaria. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado Antonio Ortega. Diputado, usted no vio que acá, antes que usted habían levantado la mano. Usted está anotado dentro de dos oradores.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín(desde la curul): Hago un llamado de atención a la Mesa Directiva a que el día de hoy, de manera reiterada se ha estado violentando el Reglamento que se acaba de hacer y es una pena que siendo este órgano el que crea las leyes, aquí la Directiva sea la que la esté rompiendo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Diputado Julián Nazar, ¿con qué objeto?

El diputado Julián Nazar Morales(desde la curul): Si, presidente, que nos encaucemos a la agenda de lo que era el tema del sistema alimentario, los riesgos que están sucediendo ahorita con el país, por las heladas que están pasando en el norte de la república.

Permita que se abra la segunda ronda para que podamos participar los demás; porque esto no es nada más casual, van a venir problemas más agudos, que ojalá y no vaya a llegar a suceder lo que ha sucedido ahorita en otros países como en el caso de Egipto, de Israel, que están dándose situaciones de orden social, precisamente por no cuidar aquí en el pleno de la Cámara todos los asuntos que tienen que ver con la vida del pueblo de México y de la soberanía alimentaria.

Por ello le pedimos autorice usted, pregúntele a la asamblea, si es de autorizarse la segunda ronda, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias por sus palabras tan llenas de aliento.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Me parecen incorrectos los reclamos hipócritas que se están haciendo a la Mesa Directiva sobre el orden, porque cualquier legislador tiene derecho a abordar el tema desde la manera que lo crea conveniente y el diputado de Oaxaca plantea un problema muy grave, como aquí lo planteó el diputado Jiménez, un problema de represión otra vez al pueblo de Oaxaca.

No es un asunto menor. Es un asunto que debería ser atendido con toda seriedad por esta soberanía y es un asunto en el marco de la visita, corrijo al diputado Heliodoro, de quien usurpa la Presidencia de la República. Y como siempre, vallas, rejas, Policía federal, Ejército, policía del lugarreprimiendo a la gente. Me dicen que los gritos que irritaron al Estado Mayor Presidencial y a la Policía federal es que le gritaron borracho y eso generó la brutal represión sobre la gente. Es un hecho muy grave y es un hecho que tiene que abordarse aquí con toda seriedad.

Yo, inclusive terminaría planteando, que además está bien que retomen el problema que estaba tocando. Pero este tema es muy importante, esta soberanía no lo puede dejar pasar de lado y propondría que la comisión que está varada con los asuntos de Oaxaca, de la sierra de Oaxaca, se apersonara en el estado, levantara una rápida investigación de qué sucedió y en qué condiciones; se informará en la próxima sesión a esta soberanía, para que esta soberanía se pronunciará con toda seriedad y objetividad sobre los hechos allá acaecidos, donde yo no tengo ninguna duda de que el gobierno usurpador es el centralmente responsable de la represión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por supuesto que no menoscabamos la importancia de los temas, todos lo son y se deben abordar en términos reglamentarios.

El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Pedro Jiménez León.

El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): Diputado, yo para primero plantear la necesidad de que se continúe, como ya se ha expresado también por otros compañeros diputados, con lo que estaba agendado en el orden del día.

Y sumarme a la propuesta de que en la agenda política del próximo jueves se agende, en primer lugar, el tema de Oaxaca. No es un tema menor, pero es muy importante saber, y creo que de aquí al jueves tendremos más información para saber qué ocurrió, quiénes son los responsables, quiénes son autores materiales y quiénes son los autores intelectuales.

Que se precise si fue un acto de represión o fue un acto de provocación, pero queremos toda la información, la descripción de los hechos, para que si hay responsables se aplique la ley, porque Oaxaca tiene derecho a vivir en paz y en eso yo sé que hay un compromiso del gobernador Gabino Cué, de que los actos se realicen con apego a derecho, con tolerancia, con respeto a la vida, a la dignidad y al patrimonio de los oaxaqueños. Por eso es muy importante que se esclarezca el hecho, y estoy a favor de que sea el primer punto de la agenda política del próximo jueves.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): En primer lugar, con todo respeto a esta asamblea, reconocer nuestra fracción parlamentaria que en esta ocasión, a pesar de las dificultades todavía en la interpretación del Reglamento, en lo que se refiere al artículo 65 del mismo, que en su numeral 1 nos dice que las solicitudes de inclusión de asuntos en la orden del día deberán remitirse a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política, ha sido escrupulosamente responsable la Mesa en su aplicación.

Y el segundo, que dice que el orden del día sólo podrá ser modificado a propuesta de la Junta  o porque el pleno así lo determine. También en ese sentido, en respeto al Reglamento es como se acordó que se modificara la orden del día del día de hoy.

Subrayo, hay un reconocimiento de que a pesar de las dificultades de interpretación en cuanto a la aplicación del Reglamento, éste -el día de hoy- ha tenido vigencia plena.

Segundo. Existe el mecanismo, coincidiendo con la propuesta de las fracciones parlamentarias para que sea a través de la Junta de Coordinación Política o por decisión del pleno, de que se adopte el tema en la siguiente sesión, de Oaxaca, para hacer un análisis y profundidad, sea en la agenda política o de la manera en la que se convenga, de manera que la fracción parlamentaria dialogará con todas las fracciones a efecto de desahogar esta propuesta que ha surgido en esta parte de la sesión del día de hoy.

Y, por otro lado, pedirle a la Mesa que por favor, de acuerdo a ese cambio que se hizo, continuemos de acuerdo al Reglamento, en el transcurso, con el tema de la sesión sobre seguridad alimentaria.

Es cuanto y reconocemos en la Mesa su posibilidad de reencauzar, para que de acuerdo a lo que ha sucedió el día de hoy, así se culmine con respecto al Reglamento y respeto al mismo. Muchas gracias.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero(desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Permítanme un momento, señores diputados. La diputada Pérez de Tejada.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, pedir que se retomara el tema que estábamos abordando en la agenda política, que pudiéramos concluir o discutirlo todavía más el día de hoy, e incluir el tema de Oaxaca y otros temas que están pendientes. Ésa es la petición, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, diputada Castillo y diputada Guajardo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, quiero manifestar una cuestión relacionada con la interpretación del Reglamento, con este artículo 65, que viene a demostrar cómo este pleno, esta asamblea, queda subordinada a la Junta de Coordinación Política, porque si la Junta de Coordinación Política no propone la modificación del orden del día en la interpretación estricta y gramatical del punto 2 del artículo 65 del Reglamento, esta asamblea o este pleno por más importante que sea el asunto a tratar, no podrá modificar el orden del día si no insta la Junta de Coordinación Política.

Entonces me parece una evidencia de cómo en esta Cámara de Diputados los órganos de gobierno están por encima de los órganos deliberativos del pleno, que es la instancia soberana de esta Cámara, y demuestra lo incorrecto que es este Reglamento.

En segundo lugar, presidente, comentar brevemente que ojalá en este punto que se va a agendar en la próxima sesión de esta Cámara se investigue si efectivamente lo que detonó la represión en Oaxaca fue la expresión de algunos manifestantes, que le señalaron al señor Calderón que era un borracho, porque si esto es así, eso quiere decir que la palabra borracho tendrá que desaparecer del lenguaje de los mexicanos. Jamás podremos invocarla, es una palabra prohibida, es una palabra que no existe, que genera reacciones virulentas, represivas a cargo del titular del Ejecutivo. Es todo, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Dos cosas, diputado presidente.

En primer lugar, que como ya lo he reiterado este Reglamento es anticonstitucional, que cuando yo lo invoco, lo invoco bajo protesta porque estoy en contra de él, que invitaría a mis compañeros a que lo hicieran de igual manera.

En segundo lugar, algo que me parece muy importante aquí, denunciar que hay 80 compañeros que vienen de la zona indígena de Guerrero, que están representados por el diputado Filemón Navarro, que están desde la mañana...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, estamos desahogando una moción respecto del orden del día.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Pero es una cuestión que tiene que ver con la justicia social y no es posible...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Guajardo, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul)... y no es posible que me quite el uso de la palabra de manera autoritaria...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No diputada, pero no es el tema. Permítame desahogar el orden del día.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Pero lo que se tiene es que de defender...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada Guajardo. Adelante, diputada Guajardo.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:(desde la curul): Gracias, diputado presidente.

Respecto de los comentarios del diputado Nazar, considero que es un exceso el decir que hay un desorden, que evidentemente no lo existe. La conducción de la Presidencia en los trabajos que se han venido realizando ha sido impecable, solicitarle que pida una disculpa, ya que el presidente, el diputado Jesús Zambrano Grijalva se ha conducido con respeto, con tolerancia, pero sobre todo dándole oportunidad a todos los diputados de participar, así como lo han venido solicitando. No hay ningún desorden, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. La Mesa va a desahogar el trámite de la siguiente manera.

En los términos del artículo 65, nosotros tenemos que continuar dando la palabra hasta que se agoten las dos horas que el Reglamento prevé para el desahogo de la agenda política, pero hace bastante tiempo que rebasamos la hora límite para la sesión, así es que le pregunto al diputado Pompa Corella si tiene alguna manifestación que hacer, hágala por favor desde su lugar.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Con mucho gusto, señor presidente.

Si me autoriza, le quisiera pasar ese derecho al diputado Roger Díaz Brown, que es quien trae el sentir del pueblo del sur de Sonora. Si usted me lo permite.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Díaz Brown, desde su curul, diputado.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh(desde la curul). Comentar a nombre de todos los sonorenses. Ahorita se ha comentado y el diputado Cruz refirió el tema de Sonora; en Sonora es una catástrofe de igual forma.

Entre los Valles del Yaqui y del Mayo, tenemos alrededor de 166 mil hectáreas afectadas, por lo cual se dejan de tener 662 mil jornales e impacta de forma directa con 6 mil 400 millones de pesos. Es una desgracia también -igual, nos sumamos con los compañeros de Sinaloa- lo que está pasando en el estado de Sonora. Lo que lamento mucho.

Lo digo, felicito a los sinaloenses por la acción que han tenido por parte de su gobernador. Y, por parte del gobernador de Sonora, lamentablemente andaba de vacaciones los días que el gobernador de Sinaloa pidió estar en Los Pinos. Por supuesto no ha ido a Ciudad Obregón. Fue a una parte del sur del estado, pero lamentablemente están enredando otro tipo de problemas que hay en el estado de Sonora con este problema y esta catástrofe que estamos viviendo. De veras, es una desgracia.

Le pedimos al gobierno federal que lo antes posible implemente la mesa de trabajo en los estados, allá, donde están las afectaciones para que todos los programas que anteriormente el diputado Cruz López mencionó, se vean implementados de inmediato. Al presidente de la República que lleve los recursos, que lleve una bolsa precisamente para apoyar a todos estos productores. Que no lleve cobijas ni ningún otro punto de apoyo.

Queremos esas mesas precisamente para apoyar a los productores que están siendo muy afectados por estas heladas que vivieron el 4, 5 y 6 de febrero.

Invitamos al presidente –otra vez- a que no se vea lento. Que accione rápido y que haga un gran pacto, como lo pidió ahorita uno de nuestros diputados. Que haga un gran pacto con aquéllas grandes almacenadoras para que no se especule con los granos y de esta forma poder resarcir los daños y poder sacar del bache –que estamos viendo- en que está cayendo el campo mexicano, y, por supuesto, el tema de la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias por el espacio.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Concluidas sus manifestaciones, concluimos el capítulo respectivo a la agenda política.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora sí, diputada Castillo, si es tan amable haga usted las manifestaciones que estaba haciendo en relación a unos hechos que ocurren aquí mismo, en la Cámara de Diputados.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Yo nada más quería preguntarle también si me había quitado el sonido conforme al nuevo Reglamento, porque ésa es una sanción y entonces sería yo la primera sancionada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, tiene usted el uso de la palabra para hacer sus manifestaciones.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul). Perfecto, me parece muy bien. Le agradezco mucho.

Quiero señalar que aquí en esta Cámara de Diputados, desde la mañana de hoy se encuentran alrededor de 80 personas de la comunidad indígena de Guerrero que están representados por el diputado Filemón Navarro, del Partido de la Revolución Democrática. En la mañana se hizo una reunión.

Quiero señalar que son campesinos que en últimas fechas han venido protestando y la razón es por las altas tarifas de energía eléctrica. Incluso hubo varios bloqueos en las carreteras, que lo importante es que hubiera una mesa de negociación donde hubiera una reunión, donde estuviera representada la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que estuviera la Comisión Federal de Electricidad y, desde luego, un representante de la Secretaría de Hacienda.

El problema es que este acuerdo se tomó desde la mañana, que estaría presente un representante de la Secretaría de Hacienda y que estaría aquí a partir de las 4 de la tarde, 3 o 4 de la tarde y a pesar, quiero señalar, de que la negociación cuando se hicieron los bloqueos en las distintas carreteras del estado de Guerrero, fue de que estaría una representación de la Secretaría de Hacienda, hasta este momento no hay un representante de dicha Secretaría.

Quiero decir que la gente vino con sus propios recursos, se vinieron en camionetas de redilas y, que se encuentran aquí, esperando que haya algo de sensibilidad política por parte de Hacienda, para que se encuentren aquí.

Quiero señalar que ha habido muchos pronunciamientos, uno tras otro, de distintos diputados federales y diputadas federales, con relación a las tarifas eléctricas, no puede ser que cuando hay un problema concreto, aquí, sí nos pronunciamos con puntos de acuerdo y por unanimidad y nos llenamos de discursos. Sin embargo, cuando hay una cuestión concreta como la de ahorita que se encuentran los representantes de esa comunidad, no vemos que haya una respuesta...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Tiene que haber alguien de la Secretaría de Hacienda, para que se resuelva el asunto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al respecto quiero informarle a usted y a esta asamblea que la Secretaría General ha estado atendiendo el asunto de los señores que se encuentran en el auditorio sur y que, personalmente, he hecho gestiones ante el enlace de la Secretaría de Gobernación y el presidente de la Comisión de Hacienda, para que la Mesa en aún sesión, la que usted ha hecho referencia, pueda quedar instalada y seguiremos al pendiente de que el asunto se resuelva.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia informa a la asamblea que los asuntos no abordados en esta sesión serán registrados en el orden del día de la próxima. En término de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna, para su trámite, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de la iniciativas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 1o. a 3o. y 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Problemática

Se ha comprobado que el desarrollo de los países y el aumento en la calidad de vida de la sociedad están estrechamente vinculados al adelanto científico y la innovación tecnológica. La fórmula utilizada por las naciones más competitivas que pondera el mejoramiento de los sistemas educativos y el impulso al desarrollo científico, tecnológico y la innovación; se ha convertido en la alternativa más favorable para salir de la pobreza.

En México, los gobiernos, han mostrado poco interés por el sector científico y tecnológico; considerándolo equivocadamente como un rubro de gasto y no de inversión. La afirmación se sostiene con el dato correspondiente al porcentaje del gasto federal destinado a estos ámbitos, que desde 1995 no ha rebasado el 0.35 por ciento del Producto Interno Bruto. En cambio, para otros países la inversión en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es una de las estrategias prioritarias de su política económica que se traduce en importantes avances en materia de ingreso per cápita y superávit poblacional, generación de empleos, sobre todo de aquellos con alto valor agregado; la productividad, competitividad y calidad de vida. Resultados sin duda difíciles de obtener para México en una economía cada vez más globalizada, en donde la creación de conocimiento y la formación de capital humano, son factores determinantes para la generación de riqueza.

Argumentos que la sustentan

De acuerdo con información del índice Mundial de Competitividad, la OCDE y el Conacyt, México presenta condiciones desfavorables en los resultados claves para el de-sarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación que se resumen en la siguiente tabla:

Como se observa en la tabla anterior, resulta evidente el rezago que enfrenta México en el ámbito de la ciencia y tecnología. Resulta importante señalar que en la década de los 80 y principios de los 90, México, Brasil y Chile; recibieron recursos de organismos internacionales como es el caso del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, para invertirlo en el componente de investigación y desarrollo; favorecer la transferencia tecnológica, formar empresas de base tecnológica, y sobre todo, impulsar la investigación científica y tecnológica.

De éstos países sólo Chile se ha mantenido en el compromiso de mejorar su nivel de competitividad. Por otro lado, el caso de Brasil resulta significativo ya que su propia Ley de Ciencia y Tecnología obliga al Estado a invertir 12 por ciento del producto interno bruto (PIB), hasta lograr una bolsa de 20 por ciento del total del PIB gracias a la participación estatal y municipal.

Es clara la diferencia que existe entre México y países como Finlandia, China, Corea, Singapur; e incluso Estados Unidos, quienes durante más de dos décadas han estado a la punta en los comparativos del índice de competitividad. Competitividad que se mide no sólo el grado de desarrollo económico, sino en la educación, el ingreso per cápita, el bienestar de la población, el empleo y en general el desa-rrollo social; entre otros indicadores.

Sin duda es desalentador este análisis ya que mientras no se logren consensos en todos los niveles de gobierno, México no podrá salir del rezago económico y mucho menos responder o las crecientes demandas y necesidades de su población.

A esta desventaja se suma la escasa infraestructura científica, la insuficiencia en redes de investigación e innovación, la baja vinculación entre la academia y la empresa; provocando que los recursos altamente calificados que produce el país se ocupen en otras áreas, estén subempleados, o desa-fortunadamente, presten sus servicios en otros países.

Esto resulta preocupante en virtud de que tan sólo la Ciudad de México aporta actualmente entre el 20 y el 25 por ciento del PIB nacional, concentra a los centros de educación e investigación más importantes del país y de América Latina como el IPN, la UNAM, la UAM, el Cinvestav y el ITAM, que en conjunto significan el 46 por ciento, de cerca de los 12 mil centros científicos y tecnológicos que pertenecen al Centro Nacional de Investigaciones, por ello es necesario unir esfuerzos y fortalecer las coincidencias a fin de establecer políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación que nos permitan potenciar toda esa riqueza para solucionar los problemas que enfrenta el país.

Un problema que va de la mano con la baja competitividad y que se ha convertido en una constante demanda de académicos e investigadores es el relativo al presupuesto que se otorga al ámbito científico. El porcentaje actual del PIB corresponde a 0.35 por ciento, representando la menor proporción que se haya otorgado para lo investigación en 20 años; esto lo denunció oportunamente lo Academia Mexicana de Ciencias. A lo anterior debemos añadir que el presupuesto alcanzado no atiende a los preceptos de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, que obliga al Estado a designar no menos del 1 por ciento del PIB. Aún cuando la cifra queda por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial, que sugieren invertir entre 1 y 1.5 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación poro impulsor el crecimiento económico de nociones en desa-rrollo.

Esto situación nos obligo o todos, sociedad civil, sector académico y empresarial, congreso federal y los congresos locales; o ejercer presión sobre los gobiernos poro que comprendan que todos los países que han invertido en ciencia y tecnología están experimentando hoy en día un desa-rrollo económico vigoroso.

Resulta importante señalar que entre 1962 y 1981 los únicos países que recibieron préstamos con destino a programas de ciencia y tecnología por porte de los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, fueron México, Argentina y Brasil. Estos tres países tenían infraestructura y sistemas institucionales más desarrollados poro sustentar actividades científicas y tecnológicas. Lo realidad no acepto réplica, yo que de estos tres nociones, México se ha rezagado significativamente en este sector.

En México como en lo mayoría de los países de América Latina, las empresas no son protagonistas de procesos de innovación tecnológico.

Esto realidad contrasto con lo de los países desarrollados donde el 50 por ciento de los inversiones en ciencia y tecnología están o cargo de las empresas, en nuestro país los empresas privados contribuyen con menos del 20 por ciento del gasto total en innovación y desarrollo. Esto diferencio es estructural y debe considerarse también un eje principal para el diseño de una política de desarrollo científico y tecnológico.

Para Convergencia es ineludible adaptar sus premisas fundamentales a una realidad que tiene como reto la competitividad y exige poner mayor énfasis en el impulso a la educación y la investigación, a la formación de capital humano, la generación de conocimiento y empleo de alto valor agregado. Tenemos el compromiso de ser un eje de articulación entre la sociedad y las nuevas tecnologías que atiendan y resuelvan los problemas cotidianos de la población y los grandes desafíos que enfrenta México.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ley de Ciencia y Tecnología

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1.

La presente Leyes reglamentario de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I. Regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país;

Estos apoyos deberán ser incorporados al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y aprobados por la honorable Cámara de Diputados; para lo cual deberán documentarse detalladamente los proyectos, programas y actividades a desarrollar por cada dependencia gubernamental, entidad federativa u organización de la sociedad civil.

II....

IX. ...

Artículo 2.

I. ...

V....

VI . Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la innovación en forma participativa, y

Para ello llevarán a cabo las reuniones necesarias con los órganos establecidos en la Ley, así como con organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria, seriedad y responsabilidad en el manejo de los asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología.

Artículo 3.

I. ...

III. ...

IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación o de apoyo a las mismas, así como las instituciones de los sectores social y privado, gobiernos de las entidades federativas, y organizaciones de la sociedad civil; a través de los procedimientos de concertación, coordinación, participación y vinculación conforme a ésta y otras leyes aplicables, y

V. ...

Artículo 4.

...

Artículo 5.

I. ...

VIII. ...

IX. (Nota: el texto actual de esta fracción será contenida en la Fracción X)

Un representante de los organizaciones de la sociedad civil con amplia y reconocida experiencia en el manejo de políticas públicas, recursos humanos, materiales y financieros; así como en la implementación de proyectos de ciencia y tecnología, y

X. ... (Se coloca el texto que estaba en la fracción IX)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de febrero de 2011.— Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que adiciona los artículos 54 Bis a 54 Sextus a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Miguel Antonio Osuna Millán, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 54 Bis; 54 Ter; 54 Quáter; 54 Quintus y 54 Sextus a la Ley General de Salud para la creación de comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios de servicios de atención médica y enfermos en situación terminal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es “la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud”.

Tales actitudes solidarias deben emanar de la ciudadanía y de sus autoridades. Asimismo, la mayor efectividad de ambos esfuerzos solamente puede ser lograda si existen las instancias e infraestructura administrativa que las conjugue y potencie.

Tal como lo establece el artículo 50 de la Ley General de Salud, “se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El conjunto de relaciones entre los distintos actores del procedimiento de la atención médica, que proporcionan los servicios de salud, se distinguen por su indiscutible complejidad. En ese escenario el sujeto más vulnerable es el usuario de los servicios de atención médica.

Es necesario que con el trabajo legislativo se generen condiciones objetivas para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que todos los días se ponen a prueba en el ámbito de la atención médica y particularmente en la relación médico paciente.

Las condiciones en las que se proporcionan los servicios de atención médica, en el marco del Sistema Nacional de Salud, representan un reto para todos sus actores y, obligan a los ciudadanos a involucrarse en acciones para el respeto al ejercicio de sus derechos.

Aunque actualmente, la Ley contempla la creación de comisiones de ética, investigación y en su caso bioética, solamente lo hace para la materia de investigación para la salud, aplicada en seres humanos, por lo que dichas comisiones no intervienen en la resolución de la infinidad de dilemas bioéticos que se derivan cotidianamente en los servicios de salud y que invariablemente impactan negativamente en el usuario. A lo que debe agregarse que tales comisiones son de carácter hospitalario.

Para mejorar la calidad de los servicios de salud, es necesario enfatizar los esfuerzos en el ámbito de la atención médica no hospitalaria, que es el lugar en el que se llevan a cabo el mayor número de contactos entre los profesionales de salud y los usuarios.

Es por ello que a través de la presente iniciativa se propone la creación de comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de atención médica y de los enfermos en situación terminal, con la intención de que ello contribuya notoriamente a la mejora de la calidad de los servicios de salud en beneficio de los usuarios de los mismos y por lo tanto al cumplimiento de uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte se propone la coordinación entre las comisiones de bioética de los hospitales y las no hospitalarias a fin de que los usuarios de los servicios de salud obtengan certeza por parte de expertos de diversos niveles de atención en salud.

En virtud de que la participación de la ciudadanía resulta igual de importante que los especialistas en aspectos éticos y del ámbito clínico, se propone que en la conformación de las comisiones no hospitalarias garantice la integración de esos enfoques.

Un punto crítico de la actuación de las comisiones no hospitalarias, será intervenir en el análisis y resolución de aquellos casos de pacientes que padecen enfermedades crónicos-degenerativas y que deciden ejercer el derecho de rechazar el tratamiento médico de carácter curativo, para recibir cuidados paliativos, tal como lo establece el capítulo II del título octavo bis de la Ley General de Salud.

Por último, se ha considerado que la rectoría de la secretaría de salud, es un elemento fundamental para lograr el correcto y eficaz funcionamiento de las comisiones de bioética, por lo tanto se pone a cargo de la misma la creación de las comisiones y la autorización para la constitución de éstas pero de carácter social o privado.

Por lo aquí expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 54 Bis; 54 Ter; 54 Quáter; 54 Quintus y 54 Sextus a la Ley General de Salud para la creación de comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios de servicios de atención médica y enfermos en situación terminal.

Decreto por el que se adicionan los artículos 54 Bis; 54 Ter; 54 Quáter; 54 Quintus y 54 Sextus a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adicionan los artículos 54 Bis; 54 Ter; 54 Quáter; 54 Quintus y 54 Sextus a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 54 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, crearán comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de atención médica y de los derechos de los enfermos en situación terminal a que hace referencia el capítulo II del Título octavo Bis de la presente Ley.

Artículo 54 Ter. Las comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios y de los enfermos en situación terminal serán locales o regionales, deberán poseer una conformación plural y en ellas deberá estar representada la opinión de los usuarios, así como, la opinión de un especialista en los aspectos éticos de la atención médica y de por lo menos un especialista en el tema de salud de que se trate; sus resoluciones tendrán carácter administrativo obligatorio y podrán ser turnadas a las autoridades competentes en cada caso para su ejecución.

Artículo 54 Quáter. Las comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios y de los enfermos en situación terminal, serán competentes para conocer de los asuntos que se hagan de su conocimiento en materia de:

I. La calidad de la prestación de los servicios de atención médica para el caso de que se trate;

II. La calidad ética y profesional de la atención proporcionada a los usuarios que soliciten su intervención;

III. El derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz;

IV. El derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos, y

V. En general de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de atención médica y especialmente de los enfermos en situación terminal, con relación a las obligaciones de las instituciones de salud.

Lo anterior a efecto de garantizar su cumplimiento con apego a los principios éticos que deben regir la práctica profesional y técnica del personal de salud.

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán el acceso oportuno de los usuarios de los servicios de atención médica a las Comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios y de los enfermos en situación terminal.

Artículo 54 Quintus. Cuando algún usuario haga del conocimiento de una Comisión no hospitalaria para el ejercicio de los derechos de los usuarios y de los enfermos en situación terminal, un asunto que esté siendo tratado por una o más Comisiones hospitalarias y éste sea de su competencia, podrá solicitar a esta última su participación en la deliberación del caso.

Artículo 54 Sextus. Corresponde a la Secretaría de Salud la autorización de Comisiones no hospitalarias para el ejercicio de los derechos de los usuarios y de los enfermos en situación terminal, de carácter social o privado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables que para tal efecto emita.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Salud deberá efectuar las adecuaciones reglamentarias y normativas pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento del presente decreto, en un plazo no mayor a 180 días después de su publicación.

Tercero. La Secretaría de Salud emitirá en un plazo de 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para distribución territorial y en su caso clasificación de las Comisiones no hospitalaria para el ejercicio de los derechos de los usuarios y de los enfermos en situación terminal.

Notas:

1 Ley General de Salud, artículo 2o., fracción IV; http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

2 Ley General de Salud, artículo 6o., fracción I.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputado Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La donación y el trasplante de órganos en nuestro país, se ha convertido en un grave problema de salud pública. A pesar de que existe ya un sistema nacional de trasplantes, desde hace mucho tiempo se requería de la revisión y actualización del marco regulatorio de la donación y los trasplantes, específicamente en la Ley General de Salud.

El proceso de un trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien unas vez remitido al especialista correspondiente, éste deberá determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

Los casos más frecuentes son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de insuficiencia cardiaca, padecimientos que afectan la forma y transparencia de las córneas en los ojos, y en otros casos insuficiencia en el hígado o pulmón, entre otros.

Es a partir de que el paciente se convierte en sujeto a ser tratado mediante un trasplante, que comienza el arduo y difícil camino hacia la obtención del órgano o tejido vivo, ya que los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes:

• De un donador vivo, del cual se pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del hígado, un segmento o lóbulo de pulmón, sangre o precursores de la misma, y

• De un donador que ha perdido la vida o cadavérico, del cual, dependiendo de las circunstancias de su muerte, se pueden obtener órganos y tejidos, ya que en caso de paro cardiaco se pueden obtener únicamente tejidos como las córneas y en algunos casos hueso y válvulas del corazón.

En caso de muerte encefálica se pueden obtener además de los tejidos mencionados arriba, los siguientes órganos: corazón, ambos pulmones, ambos riñones e hígado.

Para obtener los órganos o tejidos, en cualquiera de los casos de pérdida de la vida, es indispensable la autorización de la familia para la donación, lo que se ha convertido en una grave dificultad para que los pacientes a ser trasplantados puedan obtener el órgano o tejido del donante, ya sea esto por falta de cultura de la donación, por principios religiosos, o en su caso, por un desconocimiento de la importancia de la donación y de los beneficios que puede traer a más personas con diversas afecciones.

La ley establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de personas que hayan perdido la vida, es por eso que actualmente el personal médico y paramédico responsable del proceso de donación de órganos, son los coordinadores de la donación y su trabajo consiste en proponer a las familias la alternativa de la donación cuando han perdido a un ser querido y de coordinar el proceso médico, clínico y logístico de la donación.

Las coordinaciones de donación son estructuras médicas independientes que trabajan en paralelo con los servicios de trasplante. Las actividades que realizan, sus integrantes y funciones son diferentes en cada área, es por ello, que en la presente propuesta, se propone la definición de estas coordinaciones en el artículo 314 de la Ley General de Salud, así como el establecimiento del perfil del profesional médico que deba ocupar dicho cargo.

En la medida en que una institución asigne un mayor número de recursos humanos, financieros y técnicos para hacer posible la donación cadavérica entre la población que atiende, mayores posibilidades tendrá para resolver la demanda de pacientes en espera de recibir un trasplante.

Es por lo anterior, que deben hacerse las modificaciones necesarias a la Ley, para que se pueda prever en la misma, la obtención de los órganos y tejidos necesarios para cubrir la demanda de trasplantes que México necesita.

Por lo que entre las diversas modificaciones propuestas en la presente iniciativa, específicamente en el artículo 324 de la Ley General de Salud, sea considerado al consentimiento tácito del donante cuando éste, siendo mayor de edad y estando en pleno uso de sus facultades, se haya abstenido de manifestar su negativa a que sus órganos, tejidos y/o células sean utilizados para trasplantes, dando la posibilidad de que toda persona que sufra muerte encefálica pueda convertirse en un donador cadavérico, con la excepción de aquellos que tácitamente han expresado su consentimiento negativamente.

La donación entre vivos, se da cuando un paciente en espera de un trasplante cuenta con alguien que esté dispuesto a donarle y se tienen que reunir los requisitos que establece la ley. Es este tipo de donación la más frecuente en nuestro país, siendo que tan solo desde 1963 al 2009 se han realizado 1805 trasplantes de riñón de donante vivo, contra tan solo 557 de donante cadavérico, en el mismo lapso de tiempo.

Dentro del proceso de trasplantes, la asignación y la distribución de órganos, tejidos y células en el territorio nacional, se considera en la presente iniciativa que deba ser realizada por los Comités Internos de Trasplantes y por los Comités Internos de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, logrando así que dentro del proceso de asignación de órganos, este sea con base en los lineamientos que para tal efecto establezca el Centro Nacional de Trasplantes, buscando que estos sea de una forma trasparente y equitativa y congruente con el artículo 4° de nuestra Constitución, respecto al derecho de todo mexicano a la protección de la salud.

Para lograr lo anterior, es necesario, promover y lograr que la cultura de donación sea también de donantes cadavéricos, por lo que en la presente propuesta, se incluyen diversas modificaciones respecto del consentimiento de los familiares y las modalidades que se pueden presentar de los mismos, ya que este es uno de los mayores obstáculos para obtener los órganos o tejidos suficientes para poder llegar a cubrir la demanda de los mismos.

Es necesario también, lograr que la concurrencia de las entidades federativas en materia de trasplantes y donación de órganos sea real, por lo que la iniciativa toma en cuenta las medidas necesarias para llevarlo a cabo, a través de la creación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, el cual estará constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que presten servicios relacionados con la donación y/o con los trasplantes de órganos, tejidos y células, para que las entidades federativas promuevan la creación de los Centros Estatales de Trasplantes, los cuales deberán coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplantes en la integración y actualización de la información necesaria para el Registro Nacional de Trasplantes, mediante los mecanismos que al afecto determine la Secretaría de Salud Federal.

Respecto a los tejidos y el plasma residual, debe decirse que la presente iniciativa busca que de forma segura y equitativa, la Secretaría de Salud sea quien garantice la trazabilidad, estableciendo los mecanismos para promover la accesibilidad a los hemoderivados del plasma residual y de los insumos para la salud a que se refiere el artículo 327 Bis de la Ley general de Salud, en beneficio de la salud pública.

La presente iniciativa toma en cuenta que, no solamente pueden existir políticas públicas que dejen de lado la educación en salud, por lo que se propone que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, establezca las medidas necesarias para que desde la educación básica se cree una cultura de la donación de órganos.

Debo hacer mención a que las reformas y adiciones propuestas en la presente iniciativa, forman una reforma integral en materia de donación y trasplante de órganos, buscando que de esta manera que se definan figuras, establezcan medidas, tipifiquen delitos, así como que se contemple y regule en la Ley diversos supuestos que se dan dentro de los procesos de donación y trasplante, logrando que la magnitud, utilidad y trascendencia de los avances científicos y tecnológicos, para contrarrestar una gran variedad de afecciones mediante la utilización de órganos, células y/o tejidos como del plasma humano, sean llevadas a cabo, mediante los principios de dignidad y solidaridad humana, los cuales condenan la adquisición de partes del cuerpo humano para el trasplante y la explotación de las poblaciones más pobres y vulnerables y el tráfico humano que se deriva de dichas prácticas.

Por lo que por lo anteriormente expuesto y convencido de que la cultura de la donación voluntaria y no remunerada de órganos, células y/o tejidos de donantes fallecidos o vivos, debe contribuir a garantizar la persistencia de un recurso comunitario vital, es que me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes

Artículo Único. Se reforman los artículos 313, fracción I; 314, fracciones X y XVII; 316, segundo párrafo; 322, primer párrafo; 323, primer párrafo y fracción II; 324; 328; 329, primer y segundo párrafos; 331; 333 fracción V; 334, fracciones I y II; 338, fracciones I a V y último párrafo; 339; 350 Bis 7 y 462, fracción III y último párrafo, y se adicionan los artículos 314, fracciones XVIII a XXVII; el Capítulo I Bis al Título Décimo Cuarto; 314 Bis 1; 314 Bis 2; 314 Bis 3; 316 Bis 1; 316 Bis 2; 329, tercer párrafo; 329 Bis 1; 329 Bis 2; 333, segundo a cuarto párrafos; 334, fracción II Bis; 335 Bis 1, 335 Bis 2; 338, fracción VI; 342 Bis; 342 Bis 1; 342 Bis 2; 462, fracciones IV a VI y 462 Bis, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Titulo Decimo CuartoDonación, Trasplantes y Pérdida de la Vida

Capítulo IDisposiciones Comunes

Artículo 313. ...

I. El control y la vigilancia sanitario s de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. ...

III. ...

Artículo 314. ...

I. a IX. ...

X. Órgano, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo autónomo su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones fisiológicas;

XI. a XVI. ...

XVII. Disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, extracción, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación;

XVIII. Asignación, el proceso mediante el cual el Comité Interno de Trasplantes selecciona los receptores de órganos y tejidos, obtenidos de un donador que haya perdido la vida;

XIX. Autotrasplante, trasplante que consiste en obtener un órgano o tejido del propio paciente y volverlo a implantar en él;

XX. Coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, el médico especialista o general, debidamente capacitado y certificado por la Secretaría de Salud que realiza las funciones de procuración de órganos a que se refiere esta Ley;

XXI. Coordinación Institucional, la representación nombrada por cada institución de salud en el país ante la Secretaría de Salud con el fin de atender en el ámbito de su competencia, las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células;

XXII. Distribución, al proceso a través del cual se determina el establecimiento de salud donde serán trasplantados los órganos y tejidos, obtenidos de un donador que haya perdido la vida;

XXIII. Implante, al procedimiento terapéutico consistente en la sustitución de una parte del cuerpo por material biológico nativo o procesado, o bien sintético, que podrá quedar o no integrado al organismo y sin que desempeñe alguna función que requiera la persistencia viva de lo sustituido.

XXIV. Institución de salud, a la agrupación de establecimientos de salud bajo una misma estructura de mando y normativa;

XXV. Preservación, a la utilización de agentes químicos y/o modificación de las condiciones del medioambiente durante la extracción, envase, traslado o trasplante de órganos, tejidos o células, con el propósito de impedir o retrasar su deterioro;

XXVI. Procuración, al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante, y

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos y tejidos en cualquier momento desde la donación, y en su caso hasta el trasplante.

Capítulo I BisDel Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes

Artículo 314 Bis 1. El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que presten servicios relacionados con la donación y/o con los trasplantes de órganos, tejidos y células.

Los programas y mecanismos de coordinación y colaboración de acciones que tengan por objeto contribuir a establecer una política en la materia formarán parte del Subsistema.

La política en materia de donación y trasplantes deberá impulsar la transparencia, la equidad y la eficiencia, debiendo protegerse los datos personales en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 314 Bis 2. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo la coordinación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes cuyas funciones se establecerán en la reglamentación respectiva.

Artículo 314 Bis 3. Los gobiernos de las entidades federativas promoverán la creación de centros estatales de trasplantes, los que deberán coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplantes en el cumplimiento de la integración y actualización de la información necesaria para el Registro Nacional de Trasplantes, mediante los mecanismos que al efecto se determinen en las disposiciones reglamentarias que se emitan, a fin de coordinar sus acciones con el Centro Nacional de Trasplantes.

Artículo 316. ...

Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células, deberán de contar con un Comité Interno de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que sea médico con un alto nivel de conocimientos académicos y profesionales en la materia. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los órganos, tejidos o células, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

...

...

Artículo 316 Bis 1. Los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley deberán contar con un coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes que esté disponible de manera permanente.

El coordinador hospitalario de la donación de órganos y tejidos para trasplantes de los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 316 deberá ser un médico especialista o general, que cuente con experiencia en la materia y esté certificado por la Secretaría de Salud para desempeñar esa función.

Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo:

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales;

II. Solicitar del consentimiento familiar a que se refiere esta Ley;

III. Establecer y mantener coordinación con el Comité Interno de Trasplantes durante el proceso de procuración de órganos y tejidos;

IV. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la extracción del o de los órganos y el de los médicos que realizarán el o los trasplantes;

V. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el trasplante;

VI. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad;

VII. Participar con voz en el Comité Interno de Trasplantes;

VIII. Fomentar al interior del establecimiento la cultura de la donación y el trasplante;

IX. Representar al responsable sanitario del establecimiento en ausencia de éste, y

X. Lo que le atribuya esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 316 Bis 2. Los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de esta Ley deberán contar con el apoyo, a través de un convenio, de bancos de sangre externos, cuando el establecimiento no tuviere uno propio, para garantizar la disponibilidad oportuna de dicho tejido en aquellos casos en que éste se llegara a requerir.

Artículo 322. La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

..

..

..

...

Artículo 323. Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:

I. ...

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas en vida.

Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando siendo mayor de edad y estando en pleno uso de sus facultades, la persona se haya abstenido de manifestar su negativa a que sus órganos, tejidos y/o células sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguna de las siguientes personas que se encuentre presente conforme a la prelación señalada:

I. El o la cónyuge;

II. Que tenga parentesco por consanguinidad en línea recta sin límite de grado, y colateral hasta el cuarto grado; en el orden establecido para ejercer la patria potestad y la tutela;

III. Que tenga parentesco civil en línea recta sin límite de grado;

IV. Que tenga parentesco por afinidad en línea recta, sin límite de grado, o

V. La concubina o el concubinario.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Código Civil Federal.

En tratándose de la disposición de órganos, tejidos y células de personas fallecidas menores de edad e incapaces, siempre se requerirá el consentimiento de las personas a las que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

Cuando se trate de personas que han perdido la vida en términos del Capítulo IV de este Título, de quienes no se pueda localizar a sus parientes y no se pueda confirmar si la persona se abstuvo de manifestar su negativa a que sus órganos, tejidos y/o células fueran utilizados para trasplantes, se deberá obtener el consentimiento del Ministerio Público.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito, o se desconozca su identidad o forma de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos.

Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten.

Artículo 329 Bis 1. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes.

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

329 Bis 2. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, diseñará los contenidos educativos para que desde la educación primaria los estudiantes tomen consciencia sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células.

Artículo 331. La procuración y extracción de órganos o tejidos para trasplantes se hará preferentemente de sujetos en los que se haya comprobado la pérdida de la vida.

Artículo 333. ...

I a IV. ...

V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los artículos 322 y 323 de esta Ley, y

VI...

a) a c)...

Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su legal estancia en el país con la calidad migratoria específica que corresponda, y el establecimiento en el que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente al Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de al menos quince días hábiles si se trata de un trasplante entre familiares por consanguinidad, civil o de afinidad hasta el cuarto grado.

Cuando no exista el parentesco a que se refiere el párrafo anterior, el receptor del órgano deberá tener un historial clínico en el país de al menos seis meses.

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación o comercio de órganos y tejidos.

Artículo 334. ...

I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la extracción de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante, en los términos que se precisan en este título;

II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;

II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante de la persona fallecida, conforme a la prelación señalada, de los procedimientos que se llevarán a cabo, y

III. ...

Artículo 335 Bis1. Los coordinadores hospitalarios de la donación de órganos y tejidos para trasplantes en turno notificarán al Ministerio Público, de manera inmediata la identificación de un donante fallecido, en los casos en que la causa de la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión de un delito.

Todas las autoridades involucradas, así como el personal sanitario deberán actuar con la debida diligencia y oportunidad que amerita el caso.

El Ministerio Público competente recabará documentos que acrediten la pérdida de la vida del donante y, de estimarlo necesario, podrá instruir dictámenes periciales o requerir declaraciones de los familiares y personal de salud que le permita integrar adecuadamente su averiguación previa.

Artículo 335 Bis 2. Los coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos para trasplantes ante la identificación de un donante fallecido deberán:

I. Brindar información completa, amplia, veraz y oportuna a los familiares sobre el proceso de extracción de órganos, de conformidad con lo que señale esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Recabar y entregar los documentos y constancias necesarias que para tal fin determine esta Ley, su reglamento o la Secretaría de Salud, y

III. Las demás que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados conforme al artículo 315 de esta Ley;

II. Los cirujanos de trasplantes responsables de la extracción y trasplantes, y los coordinadores hospitalarios de la donación;

III. Los datos de las donaciones de las personas fallecidas;

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes;

V. Los datos de los receptores considerados candidatos a recibir el trasplante de un órgano o tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional, y

VI. Los casos de muerte encefálica en los que se haya concretado la donación, así como los órganos y tejidos que fueron trasplantados en su caso.

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en el artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los Comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III, IV y V de este artículo .

Artículo 339. La distribución y asignación de órganos, tejidos y células en el territorio nacional, de donador con pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios previstos en la presente ley y los emitidos por la Secretaría de Salud, mediante disposiciones de carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

La asignación y la distribución de órganos, tejidos y células en el territorio nacional, se realizará por los Comités Internos de Trasplantes y por los Comités Internos de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

La coordinación para la asignación y distribución de órganos y tejidos de donador con pérdida de la vida para trasplante estará a cargo del Centro Nacional de Trasplantes, por conducto del Registro Nacional de Trasplantes, el cual se podrá apoyar en los Centros Estatales de Trasplantes, conforme a lo previsto en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.

El Centro Nacional de Trasplantes deberá establecer procedimientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos de donante fallecido en los términos previstos para tal efecto en las disposiciones reglamentarias.

El Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del ámbito de su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, mismos que deberán ser atendidos por los Centros Estatales de Trasplantes que establezcan los gobiernos de las entidades federativas y por los comités internos correspondientes en cada establecimiento de salud.

El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en caso de detectar irregularidades en el desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su competencia.

El Centro Nacional de Trasplantes impulsará las acciones que permitan la trazabilidad de los órganos y tejidos donados para trasplante, misma que estará a cargo de cada establecimiento de salud en el desarrollo de sus actividades de disposición y de trasplante de órganos y tejidos.

Artículo 342 Bis. Los tejidos músculo-esquelético, cutáneo y vascular, obtenidos de donadores con pérdida de la vida y la membrana amniótica, podrán destinarse a procedimientos que permitan obtener insumos para la salud, para efectos de implantes.

Estos tejidos únicamente se podrán obtener en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud, en los términos del artículo 315 de esta Ley.

Los establecimientos para la atención de la salud en los cuales se obtenga la donación de los tejidos antes referidos, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de Salud.

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud contemplarán, al menos, los mecanismos de aprovechamiento, procesamiento o utilización, bajo condiciones que garanticen calidad, seguridad y eficacia.

Artículo 342 Bis 1. El plasma residual podrá destinarse a procedimientos de fraccionamiento para obtener hemoderivados. Tanto los establecimientos de salud que suministren el plasma residual, como los establecimientos que lo reciban para elaborar hemoderivados, deberán estar autorizados conforme a los artículos 198 fracción I y 315 de esta Ley. Asimismo, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de Salud.

Las disposiciones que emita la Secretaría de Salud contemplarán, al menos, los mecanismos de aprovechamiento, procesamiento o utilización bajo condiciones que garanticen calidad, seguridad y eficacia.

Artículo 342 Bis 2. La Secretaría de Salud establecerá las disposiciones aplicables para regular la disposición y procesamiento de los tejidos y el plasma residual referidos en los artículo 342 Bis y 342 Bis 1 de esta Ley, a fin de garantizar la trazabilidad en cuanto a origen y destino de los mismos. Asimismo, establecerá los mecanismos para promover la accesibilidad a los hemoderivados del plasma residual y de los insumos para la salud a que se refiere el artículo 327 Bis, en condiciones de equidad y seguridad en beneficio para la salud pública.

Artículo 350 Bis 7. Los establecimientos en los que se realicen actos relacionados con cadáveres de seres humanos deberán presentar el aviso correspondiente a la autoridad sanitaria estatal competente en los términos de esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, y contarán con un responsable sanitario que también deberá presentar aviso.

Artículo 462. ...

I. ...

II. ...

III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender las preferencias y el orden establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional a que se refiere el artículo 336 de esta ley;

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos;

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito, y

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto.

En el caso de las fracciones III, IV, V y VIse aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 462 Bis. Al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres, que permita alguno de los actos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior o no procure impedirlos por los medios lícitos que tenga a su alcance, se le impondrá de cuatro a nueve años de prisión y multa por el equivalente de diez mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de dos a cuatro años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta cinco años más en caso de reincidencia.

Se impondrá la sanción a que se refiere el presente artículo, al responsable del establecimiento de la salud que no inscriba en el Registro Nacional de Trasplantes al receptor y/o donador extranjero al que se refiere la parte final del artículo 333 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes en un plazo que no excederá los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Los establecimientos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de la Ley General de Salud contarán con un plazo de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuarse a lo dispuesto en éste.

Cuarto. Los establecimientos de salud a que se refieren las fracciones I y II del artículo 315 de la presente ley, tendrán un plazo de hasta treinta y seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para contar con un Coordinador Hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes. Dicho plazo se determinará de conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan y con el programa de capacitación que difunda el Centro Nacional de Trasplantes.

El personal de salud que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto cuente con un documento que acredite que ha tomado un Diplomado impartido por el Centro Nacional de Trasplantes para formar coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos para trasplantes, podrá continuar desarrollando su función como coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, pero deberá obtener la recertificación que al efecto establezcan las disposiciones reglamentarias aplicables.

Quinto. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se procurará que cada año se incorporen nuevas intervenciones de trasplantes de órganos y tejidos a apoyarse financieramente con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo cual estará sujeto a la disponibilidad y viabilidad presupuestaria y financiera de dicho Fondo, debiéndose dar prioridad dentro de las intervenciones de trasplantes de órganos y tejidos que se determinen incorporar de conformidad con las disposiciones aplicables, a aquéllas para apoyar financieramente a los establecimientos de salud que realizan la extracción de órganos, a fin de impulsar el incremento del número de los trasplantes en nuestro país.

Para la cobertura del financiamiento de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se tomará en cuenta lo que al efecto señale el Centro Nacional de Trasplantes.

Sexto. Las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias realizarán lo conducente para dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 324 del presente decreto.

Séptimo. La entrada en vigor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 324 estará sujeta a que existan los formatos para que las personas puedan manifestar su negativa a que sus órganos, tejidos y/o células sean utilizados para trasplantes.

Nota:

1 Fuente: SIRNT, 15/01/2010

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 de febrero del 2011.— Diputado Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL MERCADO DE VALORES - LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS - LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR - LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS - LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Código Fiscal de la Federación, así como de las Leyes de Instituciones de Crédito, del Impuesto sobre la Renta, del Mercado de Valores, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de Ahorro y Crédito Popular, Federal de Instituciones de Fianzas, y General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El lavado de dinero es el mecanismo a través del cual el crimen organizado logra disfrutar del producto de sus delitos, encauzándolo a la adquisición de recursos materiales y humanos para la consecución de sus fines, entre los que se encuentran el fortalecimiento de sus estructuras y capacidades delictivas, con lo que también se financia la violencia y la corrupción.

El origen de los recursos ilícitos principalmente se asocia con la producción y tráfico de drogas; además de los derivados del tráfico humano, la extorsión, el secuestro y el contrabando de armas principalmente. Los recursos en su mayoría son en dólares en efectivo, debido a que en Estados Unidos se encuentra el mercado más grande de narcóticos del mundo.

El crimen organizado introduce sus ganancias al sistema financiero, mediante el cambio de divisas; compra de inmuebles y vehículos de lujo; adquisiciones o creación de empresas que les sirven de fachada tanto para el lavado de dinero como para financiar y continuar con sus actividades delictivas.

De acuerdo con las cifras del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública ingresan anualmente a México por actividades ilícitas entre 25 y 35 mil millones de dólares, es decir, de 318.7 a 446.2 miles de millones de pesos. Conforme a las estimaciones de los Gobiernos de México y Estados Unidos el ingreso anual a México por actividades ilícitas está entre 19 y 25 mil millones de dólares, es decir de 242.2  a 318.7 miles de millones de pesos.

Se estima que las ganancias para los grupos mexicanos se encuentran entre 5 mil y 7.1 mil millones de dólares anuales, los cuales se destinan a fortalecer sus organizaciones, a sobornar a las autoridades y a incursionar en diversos campos de la economía formal.

Por su parte el gobierno federal cada año prevé más recursos en el presupuesto de egresos de la federación para seguridad pública para combatir al crimen organizado, sin que existan evidencias contundentes de que hayan disminuido los índices delictivos y de inseguridad, con lo que es claro que la estrategia adoptada no está funcionando y los recursos quedan rebasados en su costo de oportunidad ya que se destinan a esto, en lugar de canalizarlos para generar una plataforma productiva que sea el eje de un mayor crecimiento económico y sostenido de nuestro país, que permita mejores condiciones de vida de los mexicanos y las mexicanas.

De legalizarse y regularse el mercado del narcotráfico se convertiría en una base tributaria gravable considerablemente importante, sin embargo creemos que nuestro país aún no está preparado para aprobar la legalización de drogas, puesto que se tendría que atender mediante una estrategia gradual acompañada con campañas de salud y educativas que preparara a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad, para afrontar de manera abierta un problema social y de salud pública que actualmente miles de familias mexicanas enfrentan. Entre los pros esta el ingreso que por impuestos tendría el estado; controlar a los comercializadores; emitir normas para estándares de calidad en la producción; atención en centros de desintoxicación de los adictos, etcétera, y en contra si no existe una buena campaña de información sobre los efectos y trastornos se generaría un incremento en el consumo de drogas; mayor violencia, etcétera.

Para dimensionar el monto de lo que vale el mercado del narcotráfico y lavado de dinero del cual se está hablando, se presenta un cuadro comparativo respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2011, tomando el monto máximo por ingresos anuales asociados a actividades ilícitas, determinado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que asciende como ya se dijo, a 35 mil millones de dólares, es decir, a 446.2 miles de millones de pesos.

Según los estudios elaborados por los gobiernos de México y Estados Unidos, sólo una cuarta parte del dinero por actividades ilícitas captado en nuestro país es introducido al sistema financiero.

Por otra parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reporta como recursos que los bancos mexicanos acumulan de origen desconocido 14 mil millones de dólares, es decir de 178.5 miles de millones de pesos.

Dentro de los procedimientos utilizados para el traslado de dinero ilícito se conocen los siguientes:

• La mayoría del dinero ilegal ingresa a nuestro país a través de la frontera, en pequeñas cantidades, mediante operaciones coordinadas por los grupos de traficantes o mediante la contratación de terceros.

• Traslado hormiga de 5 a 10 mil dólares, por lo cual reciben pagos de 500 dólares.

• Otras cantidades ingresan por aeropuertos donde los oficiales son insuficientes para revisar a todos los pasajeros.

• Se utilizan camiones a través de la frontera que pueden transportar cantidades mayores.

• Empresas transportistas de mensajería.

• Una pequeña porción es convertida en otras formas de pago antes de cruzar la frontera.

• Tarjetas de prepago.

Desde el año 2004 se estableció dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual se dedica a la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones financieras presumiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Durante 2009 dicha Unidad recibió casi 53 mil reportes de operaciones inusuales, 43 por ciento, más de las recibidas en 2008, 119 reportes de operaciones preocupantes, 23 por ciento más y se consolidaron más de 35 mil 800 expedientes, lo que significó un incremento anual de 37 por ciento.

Durante la presente administración se han decomisado 411.9 millones de dólares, y se han investigado y presentado denuncias por sospecha de lavado de dinero por aproximadamente 36 mil millones de dólares. Lo cual, es insignificante respecto al monto total del mercado de lavado de dinero, representando el 1.4 por ciento del total.

En agosto de 2006 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate de Lavado de Dinero, la cual se articula en torno a cuatro ejes de trabajo:

1. Información y Organizaciónpara detener eficazmente las operaciones de lavado de dinero.

2. Marco Normativopara ampliar el número de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles y restringir las operaciones en efectivo.

3. Supervisión basada en riesgo y procedimientos eficaces de operaciones concretas de transacciones de comercio exterior.

4. Transparencia y rendición de cuentasmediante la aplicación de una metodología que mida la efectividad de las autoridades federales, estatales y municipales.

Otra medida importante implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que el 16 de junio de 2010 dio a conocer disposiciones obligatorias para los bancos, a fin de restringir las operaciones en dólares y aportar elementos para dar seguimiento a los clientes que los realicen.

En este sentido, los bancos están obligados a acotar las operaciones de compra de dólares en efectivo hasta por 4,000 dólares mensuales para sus cuentahabientes personas físicas y hasta 1,500 dólares mensuales para los que no tengan una cuenta.

Los extranjeros (generalmente turistas) sin cuenta en las instituciones bancarias pueden cambiar hasta 1,500 dólares por pesos en un mes. Todas las transacciones mayores a 500 dólares deben ser reportadas por el banco a la autoridad financiera.

Las personas morales deben ser cuentahabientes para realizar cualquiera de estas operaciones las cuales estarán limitadas a 7,000 dólares al mes. Después del 16 de septiembre de 2010 solamente son autorizadas en zonas turísticas y fronterizas.

De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México, el monto total de las operaciones en dólares en efectivo representa solamente el 0.6 por ciento del total del mercado cambiario mexicano.

El límite establecido es superior a los ingresos mensuales de 98 por ciento de los hogares mexicanos, por lo que no se prevén dificultades para sus necesidades cambiarias, de acuerdo con la SHCP.

En el mes de agosto de 2010 el Ejecutivo Federal remitió la “iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; se reforma el artículo 27 y se adiciona un artículo 27 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación”,la cual todavía está en análisis para su dictamen y en su caso aprobación.

Dicha iniciativa prevé tres medidas fundamentales: 1. Restringir operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada; 2. La generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas; y 3. La creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información con el objetivo de generar mejores estrategias para combatir la delincuencia.

Por otra parte, existen diversos sectores que se manifiestan afectados por las restricciones de las operaciones en efectivo, como es el caso del sector automotriz, ya que conforme a lo señalado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el 53 por ciento de las unidades se pagan en efectivo y sólo en casos excepcionales, se paga la compra de un auto con dólares.

La presente iniciativa tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y financiamiento a actividades ilícitas, desde una perspectiva fiscal, lo cual es congruente con las estrategias y la ley propuesta por el Ejecutivo federal; está enfocada a reformar diversas normas fiscales y que regulan el sistema financiero mexicano, para restringir el uso de efectivo de procedencia ilícita, persiguiendo específicamente los siguientes objetivos:

A. Ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles para el lavado de dinero, como son:

• Centros cambiarios y trasmisores de dinero.

• Casas de empeño.

• Joyerías y servicios de joyeros profesionales.

• Galerías de arte y antigüedades.

• Agencias inmobiliarias, automotrices o constructoras y personas físicas que realicen compra y/o venta de inmuebles y/o automóviles.

• Centros de juego y apuestas.

• Empresas de blindaje.

• Traslado de valores.

• Fedatarios públicos, notarios, corredores.

• Prestadores de servicios profesionales a personas físicas o morales.

B. Regular las siguientes actividades para evitar que sean medio para el lavado de dinero:

• Préstamos no financieros.

• Subastas.

• Seguros.

• Concursos, sorteos o juegos.

• Tarjetas de prepago para servicios o de crédito.

• Donativos.

• Constitución o aumento de capital de empresas.

C. Prohibir el uso de efectivo para la adquisición de bienes o servicios superiores a cien mil pesos.

D. Restringir los pagos a tarjeta de crédito o pago de créditos con efectivo hasta cien mil pesos mensuales.

E. Crear facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir información financiera.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito

Artículo Primero: Se adicionan los artículos 14 y 15 a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar como sigue:

Artículo 14. Quedan prohibidas todas las transacciones en efectivo por un monto superior a 100 mil pesos mensuales, para las actividades que a continuación se señalan:

I. Envío de dinero para su cobro en centros transmisores de recursos.

II. Préstamos otorgados por casas de empeño.

III. Adquisición de joyas y piedras preciosas.

IV. Adquisición de arte y antigüedades.

V. Compra y/o venta que realicen las agencias inmobiliarias, constructoras o automotrices; así como las que realicen personas físicas de inmuebles y/o vehículos.

VI. Concursos, sorteos, juegos y apuestas.

VII. Servicios de blindaje de vehículos.

VIII. Traslado de valores.

IX. Honorarios por la prestación de servicios profesionales de personas físicas o morales, como: fedatarios públicos, notarios, corredores, abogados, contadores, joyeros profesionales, etc.

X. Adquisiciones en subastas.

XI. Adquisición de seguros.

XII. Adquisición de tarjetas pre-pagadas de bienes o servicios.

XIII. Recepción u otorgamiento de donativos.

XIV. Constitución o aumento de capital de empresas o aportaciones a fideicomisos.

XV. Pago de dividendos.

En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones dispuestas en los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.

Artículo 15. Para la compra y venta de divisas se deberán observar los montos máximos diarios y mensuales establecidos en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría.

Artículo Segundo: Se adiciona un último párrafo al artículo 17 y se modifica el párrafo 11 del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

“Artículo 17.Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos en moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, o en defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose de moneda extranjera.

...

...

Cuando la contraprestación se realice mediante pago en efectivo se deberá observar además lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 29.Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Los comprobantes fiscales digitales deberán contener el sello digital del contribuyente que lo expida, el cual deberá estar amparado por un certificado expedido por el referido órgano desconcentrado, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los comprobantes. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce, o usen servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo.

...

...

...

Los comprobantes que se expidan conforme a este artículo deberán señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades , y si se realiza en efectivo o mediante otra forma de pago. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan, desglosados por tasas de impuesto. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad, desglosados por tasas de impuesto.

Artículo Tercero: Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 52.Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

...

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela, de la propia institución o que tengan como fin el lavado de dinero, así como ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, conforme a lo señalado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Artículo Cuarto: Se modifica la fracción XII del artículo 20; primer párrafo del artículo 78; artículo 86-A; fracción VI del artículo 97; y el primer párrafo del artículo 154 Ter, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 20.Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

...

XII. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital, cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 86-A de esta Ley. Para las cantidades recibidas en efectivo deberá observarse lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 78.Los dividendos o utilidades, en efectivoo en bienes, que las sociedades que consolidan se paguen entre sí y que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, causarán el impuesto hasta que se enajene la totalidad o parte de las acciones de la sociedad controlada que los pagó, disminuya la participación accionaria en la misma, se desincorpore dicha sociedad o se desconsolide el grupo. Dichos dividendos no incrementarán los saldos de las cuentas de las sociedades que los perciban. Los recursos en efectivo que se paguen entre sí podrán realizarse hasta por cien mil pesos mensuales máximo, en términos del artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 86-A. Los contribuyentes deberán informar a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, dentro de los quince días posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades correspondientes por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera, observando lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 97.Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI y XII del artículo 95 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley.

I. al V. ...

VI.Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de los donativos recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea igual o superior a cien mil pesos.

Artículo 154 Ter.Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, deberán informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea igual o superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que se refiere este artículo.”

Artículo Quinto: Se modifica el tercer párrafo del artículo 66; la fracción VII del artículo 67; se adiciona un segundo párrafo al artículo 183; y se modifica la fracción II del artículo 288, de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 66.Los títulos opcionales son títulos de crédito que conferirán a sus tenedores derechos de compra o de venta, a cambio del pago de una prima de emisión:

[...]

La persona moral que emita los títulos podrá liberarse de su obligación mediante el pago de las diferencias en efectivo que resulten a su cargo entre el precio de ejercicio y el valor de referencia, cuando así se hubiere estipulado ; siempre y cuando el monto no sea superior a cien mil pesos mensuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 67.Los títulos opcionales deberán contener lo siguiente:

I. a VI.  ...

VII.El precio de ejercicio, así como la forma y el lugar de liquidación. Tratándose de títulos opcionales liquidables en efectivo, deberán señalarse las bases para determinar el importe de su liquidación ; considerando máximo cien mil pesos en efectivo al mes y lo demás a través de transferencia a través de las instituciones del sistema financiero.

Artículo 183.Las casas de bolsa sólo podrán actuar como fiduciarias en negocios directamente vinculados con las actividades que les sean propias y podrán recibir cualquier clase de bienes, derechos, efectivo o valores referidos a operaciones o servicios que estén autorizadas a realizar. Asimismo, podrán afectarse en estos fideicomisos bienes, derechos o valores diferentes a los antes señalados exclusivamente en los casos en que la Secretaría lo autorice, mediante disposiciones de carácter general.

En el caso de los recursos en efectivo que reciban las casas de bolsa en términos de este artículo no podrán ser mayores a cien mil pesos mensuales.

Artículo 288.Con el objeto de que las instituciones para el depósito de valores puedan hacer valer oportunamente los derechos patrimoniales derivados de los valores que mantengan en depósito, se observará lo siguiente:

I. ...

II. Cuando para el ejercicio de los derechos a que se refiere la fracción anterior se requiera que los titulares de los valores custodiados por las instituciones para el depósito de valores aporten recursos en efectivo, éstos les deberán ser entregados con una anticipación no menor de dos días hábiles al vencimiento del plazo decretado por el emisor para dicho ejercicio. En caso de que no se hagan las ministraciones respectivas dentro del plazo mencionado, las instituciones para el depósito de valores no estarán obligadas a ejercer los derechos correspondientes, por lo que no tendrán responsabilidad si no realizan los actos de administración referidos.

En el caso de los recursos en efectivo aportados en términos de esta fracción no podrán ser mayores a cien mil pesos mensuales.

Artículo Sexto: Se modifica el inciso b), de la fracción XIV bis del artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:

Artículo 35.La actividad de las instituciones de seguros estará sujeta a lo siguiente:

I. a XVI. ...

XVI Bis.Las operaciones de fideicomiso a que se refiere la fracción IV del artículo 34 de esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a las siguientes bases:

a) ...

b)Las instituciones de seguros podrán recibir en fideicomiso, además de dinero en efectivo derivado de las operaciones a que se refiere la fracción IV del artículo 34 de esta Ley, cantidades adicionales de efectivo, valores, bienes muebles e inmuebles y derechos, según el requerimiento del fideicomitente, o adquirir este tipo de activos con los recursos fideicomitidos, siempre que tales operaciones se realicen exclusivamente en cumplimiento del objeto del fideicomiso. El importe de recursos en efectivo que pueden recibir las instituciones de seguros en fideicomiso, por cliente, es de un máximo de cien mil pesos mensuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo Séptimo: Se modifica el segundo párrafo del artículo 43; y el segundo párrafo del artículo 46 Bis 6,de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:

Artículo 43.Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere la fracción IV del artículo 2o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Las acciones serán de igual valor, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, y deberán pagarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado en el acto de ser suscritas.

Artículo 46 Bis 6.El patrimonio de las Sociedades Financieras Comunitarias estará formado por un capital social ordinario y un capital adicional que se denominará comunal.

El capital social ordinario estará compuesto por una parte fija y una parte variable y se estará integrado por acciones serie “O” que contendrán los requisitos establecidos en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones de la serie “O” serán de igual valor y conferirán a sus tenedores los mismos derechos y deberán pagarse íntegramente mediante transferencia electrónica o cheque certificado en el acto de ser suscritas, o bien, en especie, si así estuviese previsto en sus estatutos sociales.”

Artículo Octavo: Se modifica el inciso b) de la fracción XV, del apartado I Bis del artículo 16; así como la fracción I del artículo 26,de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 16.Las instituciones de fianzas sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I. ...

I Bis.Celebrar operaciones de reaseguro financiero en los siguientes términos.

...

I. a XIV. ...

XV.Actuar como institución fiduciaria sólo en el caso de fideicomisos de garantía con la facultad de administrar los bienes fideicomitidos en los mismos, los cuales podrán o no estar relacionados con las pólizas de fianzas que expidan.

[...]

a) ...

b) Las instituciones de fianzas podrán recibir en fideicomiso cantidades adicionales de efectivo, valores, bienes muebles e inmuebles y derechos, según el requerimiento del fideicomitente, o adquirir ese tipo de activos con los recursos fideicomitidos, siempre que tales operaciones se realicen exclusivamente en cumplimiento del objeto del fideicomiso. Los recursos en efectivo que se reciban por parte de cada cliente en las instituciones de fianzas no podrán ser mayores a cien mil pesos mensuales conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 26.La garantía que consista en prenda, sólo podrá constituirse sobre:

I.Dinero en efectivo, hasta por un monto de cien mil pesos mensuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo Noveno: Se modifican las fracciones I, II, III y IV del artículo 81-A,de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 81-A.No se requerirá la autorización a que se refiere el artículo anterior cuando única y exclusivamente se realicen con divisas las operaciones siguientes:

I.Compra y venta de billetes así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de emisión, hasta por un monto equivalente no superior a cuatro mil dólares mensuales por cada cliente;

II.Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta por un monto equivalente no superior a cuatro mil dólares mensuales por cada cliente;

III.Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta por un monto equivalente no superior a mil quinientos dólares mensuales por cada cliente, y

IV.Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, a cargo de entidades financieras hasta por un monto equivalente no superior a cuatro mil dólares mensuales por cada cliente. Estos documentos sólo podrán venderlos a las instituciones de crédito y casas de cambio.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 15 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, presentamos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El marco constitucional aprobado por el Congreso constituyente de 1824, conllevó a la adopción de una república federal representativa, aunque mantuvo presentes elementos del antiguo régimen, fundamentalmente aspectos relativos a las facultades exclusivas del presidente, como el caso de la imposición de la religión oficial.

Es en este contexto en que los diputados constituyentes se abocaron a decidir dónde se instalaría la sede de los poderes federales. Decidieron hacerlo en la Ciudad de México mediante decreto publicado el día 18 de noviembre de 1824.

Una discusión similar tuvo lugar durante los debates del Constituyente de 1857. ¿Debían los poderes federales seguir asentados en la Ciudad de México o debían trasladarse a otro territorio? Los diputados constituyentes decidieron que continuaran asentados en la Ciudad de México, y que en caso de que se ubicaran en otro lado, en territorio de la Ciudad de México se erigiría el Estado de Valle de México.

El Constituyente de 1917 ya no discutió si la Ciudad de México debiera ser o no la sede de los poderes federales, sino sólo estableció que el Distrito Federal es la sede de los poderes federales y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

En los tres casos se decretó que el gobierno de la Ciudad de México lo ejercería el Presidente de la República y que el Legislativo lo ejercería el Congreso de la Unión. En lo relativo a su régimen municipal deberían observarse las disposiciones aplicables en el resto de las entidades federativas.

El régimen municipal del Distrito Federal fue liquidado en 1928 mediante reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales, publicada en diciembre de ese mismo año.

Esta Ley estableció la división política del Distrito Federal: un Departamento Central formado por las antiguas municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac y por 13 Delegaciones, que fueron: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Con esta reforma los ciudadanos del Distrito Federal se vieron imposibilitados de ejercer sus derechos políticos y de formar un gobierno democrático en su territorio, ya que sus autoridades fueron siempre impuestas por el Presidente de la República.

En diciembre de 1978 fue publicada la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Ratifica que el gobierno de la Ciudad de México lo ejerce el Presidente de la República a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal; el Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, que dependerá directamente del Presidente de la República y la función judicial la ejercerán los Tribunales de Justicia del Fuero Común. Asimismo, las trece Delegaciones se incrementan a 16, que son las ahora vigentes.

La Ciudad de México fue escenario del movimiento magisterial-sindicalista de 1958 y los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y testigo de su represión por parte del gobierno, dichos movimientos de izquierda que redundaron en las movilizaciones urbanas de la década de los ochenta, contribuyeron a la apertura del viejo sistema antidemocrático y autoritario. Se propició en la ciudad un clima de inconformidad y todas las fuerzas políticas se manifestaban a favor de la democratización de esta entidad.

La situación política de la Ciudad de México no aguantaba más. Resultado del empuje ciudadano fue que en 1987 el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid, permitió una reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que dio lugar a la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, lo que significó un importante avance para el anhelo democrático de la Ciudad. Las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el ámbito legislativo eran: Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, expedir su propio Reglamento e iniciar leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión.

En 1992 un grupo de miembros de la Asamblea de Representantes, así como integrantes de la sociedad civil, convocaron a los ciudadanos de la capital de la República a un plebiscito para que expresaran su voluntad de reformar el régimen político y jurídico de la Ciudad de México. En la consulta participaron más de 750 mil ciudadanos quienes, sin dudas, se pronunciaron por la elección de las autoridades políticas y representativas de la Ciudad.

Resultado de lo anterior fue la reforma de 1993, mediante la que se conquistaron avances significativos en cuanto a la capacidad de autogobierno y mayores facultades para las autoridades locales. No obstante, los poderes federales se arrogaron facultades y atribuciones muy importantes en el gobierno general de la Ciudad, entre las que pueden enumerarse las siguientes: el Congreso General expediría el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislaría en todas las materias no reservadas expresamente a la Asamblea de Representantes y aprobaría los montos de endeudamiento del gobierno local y sus organismos paraestatales. La Cámara de Senadores nombraría y removería directamente al Jefe de Gobierno cuando su nombramiento fuera dos veces sometido a ratificación de la Asamblea de Representantes y en ambas ésta no concediera la ratificación. El Ejecutivo federal no podría nombrar libremente al Jefe de Gobierno, sino mediante ratificación de la Asamblea de Representantes; aprobar el nombramiento del Procurador General de Justicia del Distrito Federal que hiciera el Jefe de Gobierno; designar al servidor público que tendría a su cargo la fuerza pública y asumir el mando de ésta; enviar al Congreso de la Unión la propuesta de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal e iniciar leyes y decretos ante la Asamblea de Representantes.

Al mismo tiempo, los órganos locales de gobierno fueron dotados de facultades y atribuciones que permitieron que la Ciudad dejara de ser una dependencia de la administración pública federal para constituir un gobierno propio, con responsabilidad política y status jurídico, con lo que se superó el carácter que tuvo el Distrito Federal desde 1824, cuando el Constituyente de la época determinó que la Ciudad fuera administrada por el gobierno federal.

No obstante los grandes avances logrados con esta reforma, faltaba mucho para alcanzar una verdadera democratización de la vida pública del Distrito Federal, tanto por las facultades que se había reservado la Federación como por la falta de desarrollo de figuras de democracia directa y participación ciudadana, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato entre otras.

La reforma del 1996, que fue significativa por su profundidad, fue el resultado de la presión ciudadana y de los acuerdos políticos a que lograron llegar los dirigentes de partidos y gobierno. En enero de 1995 los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo convinieron en firmar compromisos para un Acuerdo Político Nacional que permitiera iniciar un diálogo encaminado al logro de una reforma política profunda.

Sentadas las bases del Acuerdo Político Nacional, se produjo el diálogo y se eligió una Comisión Plural Ejecutiva encargada de dar rumbo y ritmo a las discusiones de la reforma política del Distrito Federal y de compilar los acuerdos alcanzados.

De esta reforma surgió la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos que se encuentra vigente, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como la facultad de los ciudadanos de elegir a sus diputados locales, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Jefes Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide administrativamente la Ciudad de México.

Con esta reforma, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se constituyó como Asamblea Legislativa del Distrito Federal, misma que fue dotada de facultades para legislar en todas las materias que no estaban expresamente conferidas al Congreso de la Unión.

No obstante, la reforma quedó incompleta otra vez, pues los poderes federales reservaron para sí las mismas facultades que venían ejerciendo, lo que ha impedido la formación de un gobierno autónomo para la Ciudad.

En octubre de 1999, al no lograrse un acuerdo de una reforma integral, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reconocida por todos los actores políticos como provisional, que obedeció a la necesidad de hacer posible la elección de jefes delegacionales en julio del 2000.

Así, la vida pública del Distrito Federal se ha mantenido estancada de 1996 a la fecha: en 14 años no se ha producido otra reforma constitucional que impulse la consolidación del proceso democrático iniciado en la Ciudad de México en 1987. Después de la reforma política de 1996, no se ha podido dar un paso más, no obstante la urgencia de retroalimentar lo ya logrado e iniciar nuevas transformaciones que nos conduzcan al logro de más y mejores derechos para los ciudadanos y habitantes de la Ciudad Capital de los mexicanos.

En noviembre de 2001 el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, aprobó la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al régimen jurídico del Distrito Federal, y la turnó para su dictamen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados presentaron, en diciembre de 2001, el dictamen correspondiente, mismo que fue votado a favor por unanimidad y enviada la minuta correspondiente a la Cámara de Senadores para su revisión.

La Cámara revisora, en octubre de 2002, decidió devolver la minuta a su cámara de origen “...porque, en primer lugar, no estamos de acuerdo en que la Asamblea tenga facultades para poder presentar iniciativas de reformas constitucionales; y, en segundo, en que tampoco estamos nosotros de acuerdo en que queden supeditados los poderes federales a los órganos locales del Distrito Federal”.

En noviembre de 2002, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la que combatió el rechazo del Senado de la República, misma que fue resuelta hasta febrero de 2004 con la confirmación de la resolución del Senado y el consecuente sobreseimiento de la controversia constitucional.

En diciembre de 2009 el titular del Ejecutivo federal hizo pública una propuesta de reforma política del Estado, pero no contempla la reforma del Distrito Federal, con excepción de dejar en libertad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para determinar si propone la reelección consecutiva de sus propios integrantes así como la de los Jefes Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales en que administrativamente se divide el Distrito Federal.

Por su parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instalaron una “Mesa de discusión de la reforma política del Distrito Federal”, cuyo propósito fue revisar lo elaborado en esta materia para darle continuidad y estar en condiciones de procesar una iniciativa de ley que permitiera al Distrito Federal constituir un gobierno autónomo sin que ello fuera impedimento u obstáculo para que su territorio siga siendo el asiento de los poderes federales y la capital de los Estados Unidos Mexicanos.

En el marco de este debate, durante el periodo de receso legislativo de mayo a septiembre de 2010, los diputados federales de la ciudad de México iniciaron una campaña de información dirigida a la ciudadanía para apoyar la propuesta de que la ciudad de México cuente con su propia Constitución y le sean reconocidos derechos plenos a sus habitantes.

Paralelo a ello, se llevaron a cabo diversos foros en los que participaron especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, representaciones ciudadanas y vecinales.

El pasado 11 de agosto de 2010, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hicieron entrega al Senado de la República la propuesta de reforma política del Distrito Federal, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, sin que hasta la fecha haya sido dictaminada.

En ese orden de ideas, la libertad política que reclaman los capitalinos se expresa ahora en la posibilidad de que sus representantes expidan la Constitución Política de la Ciudad de México. Y es que lo que propone esta iniciativa que surge ahora desde la Cámara de Diputados, el crear un nuevo ente jurídico: la Ciudad de México, que supere la figura de Distrito Federal, creada, como vimos, por el Constituyente de 1824 y sostenida hasta la fecha.

Hay que reconocer que esta figura, el Distrito Federal, ha impedido el ejercicio pleno de los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México y de casi todas las capitales federales del mundo. La razón es que los creadores de esta ficción jurídica –el Distrito Federal–, que son los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica y sus seguidores, han sostenido y sostienen que los poderes federales de una nación necesitan un territorio propio para funcionar sin obstáculos ni cortapisas.

Y hay que reconocer también que para que los habitantes de la Ciudad de México puedan gozar de los derechos políticos que consagra la Constitución para el resto de los mexicanos, es necesario superar el ente Distrito Federal.

Es por ello que esta iniciativa propone la reforma del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, junto con ella, la adecuación, a través del Artículo Transitorio Segundo, de diversos artículos más de la misma Constitución, en el sentido de no hacer referencia a “los estados” y a “el Distrito Federal”, sino a las “Entidades Federativas” y “Ciudad de México” respectivamente, de manera que se suprima la voz de “Distrito Federal” en todo el cuerpo de la Constitución, y que con las nuevas definiciones se comprenda al Distrito Federal con todo y sus características sui generis. Los artículos que se adecuarán son: el 3º, párrafo primero, fracciones III y VIII; 6º, párrafo segundo; 17, penúltimo párrafo, 18, tercer y cuarto párrafo; 21, noveno párrafo, e inciso a); 26, apartado B, primer párrafo; 27, fracción VI, primer y segundo párrafo, fracción VIII, inciso a) y c); 28 sexto párrafo, 31 fracción IV; 36 fracción IV; 41, primer párrafo, fracción I primer párrafo, fracción II inciso a), apartado A, fracción g último párrafo y apartado C, segundo párrafo; 43; 44; 45; 55, fracción III, párrafo primero párrafos tercero y último de la fracción V; 56, primer párrafo: 62; 71 fracción tercera, primer y segundo párrafos; 73, fracciones VIII, IX, XV, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIC-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K XXIX-N, XXIX-Ñ; 76 fracciones V, VI y IX; 79, fracción I, párrafo segundo; 82 fracción VI; 89, fracción XIV; 95, fracción VI; 97, párrafo segundo; 101, párrafo primero; 103, fracciones II y III; 104 fracciones I, I-B y V; 105, fracción I, incisos a), c), d), e), f), 9), h), i), j), k), fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g); 106; 107, fracción VIII, inciso a; 108, primero, tercer y último párrafos; 109, primer párrafo; 110, primer párrafo; 111, primer y quinto párrafos; Titulo Quinto; 117, párrafos primero y segundo y segundo párrafo de la fracción IX; 119, segundo párrafo; 120; 121, primer párrafo y las fracciones I,III,IV y V; 122; 124; 125; 127 primer párrafo y la fracción VI; 130 último párrafo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos primero, segundo, quinto y sexto y el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, aprobada que fuera esta reforma constitucional y facultado el órgano legislativo local para expedir la Constitución Política de la Ciudad de México, los partidos políticos, el gobierno de la Ciudad, los representantes populares y, en general, los habitantes de la Ciudad interesados en este trabajo, podrán iniciar la discusión del nuevo diseño institucional en que se sustentará el régimen político y se organizará la administración pública de la Ciudad.

Por primera vez en la historia, serán los representantes de los capitalinos, y los capitalinos mismos, quienes expedirán las reglas generales de convivencia en la Ciudad y no los poderes federales, encarnados en el Presidente de la República y en diputados federales y senadores, que resultan ser ajenos a la realidad local.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 122. La Ciudad de México, es la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Goza de autonomía en su régimen interior y se organiza política y administrativamente conforme a este artículo y a su propia Constitución.

Su gobierno está a cargo de tres Poderes de carácter local que ejercerán las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial de la Ciudad de México, y su organización y funcionamiento se establecerán en la Constitución local, de conformidad con las siguientes normas:

I. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los derechos y obligaciones fundamentales de los que, además de los establecidos en esta Constitución, gozarán sus habitantes y personas que en ella se encuentren;

II. Para expedir y reformar la Constitución local se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros del legislativo local;

III. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán de modo análogo para las autoridades de la Ciudad de México, en todo lo que no se oponga al presente artículo, y

IV. Las facultades que no están expresamente conferidas por esta Constitución a los Poderes Federales, se entienden reservadas para los Poderes locales de la Ciudad de México.

Base Primera. El titular del Poder Ejecutivo local tendrá a su cargo la administración pública de la Ciudad de México. No podrá durar en su encargo más de seis años y será electo por votación universal, libre, directa y secreta, de conformidad con lo que establezca la Constitución local, y en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

En caso de falta absoluta del titular, el legislativo local designará al interino o sustituto, en los términos que la Constitución local establezca.

Base Segunda. El Poder Legislativo local se conformará al menos en sus dos quintas partes por diputados electos conforme al principio de representación proporcional, en los términos que establezca la Constitución local, y sus miembros no podrán ser electos en el periodo inmediato siguiente.

El Poder Legislativo local tendrá derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, y de participar en las reformas y adiciones a esta Constitución, en los mismos términos que las legislaturas de los estados.

La Constitución local y las leyes que de ella emanen determinarán los mecanismos mediante los cuales el Poder Legislativo local aprobará la deuda pública de la Ciudad de México.

El Poder Legislativo local tendrá la facultad de ratificar por mayoría de sus miembros presentes el nombramiento hecho por el titular del Ejecutivo local, del Procurador que estará a cargo del Ministerio Público local.

Base Tercera. El Poder Judicial local gozará de autonomía y presupuesto propios. Su organización interna se determinará en la Constitución local, de conformidad con las siguientes normas:

I. Todos los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México serán parte del Poder Judicial local, salvo el Tribunal Electoral local, que gozará de autonomía en los términos que la propia Constitución local establezca, y

II. Todos los magistrados o sus equivalentes serán ratificados por el Poder Legislativo local.

Base Cuarta. La Ciudad de México tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa demarcaciones territoriales conforme a las bases siguientes:

I. La denominación, base poblacional, número y límites territoriales estarán señalados en la Constitución local, salvaguardando la identidad histórica y cultural de sus habitantes;

II. Estarán gobernadas por un concejo de gobierno integrado por un titular, y Concejales en el número que determine la Constitución local en relación proporcional a la base poblacional de las demarcaciones territoriales;

III. Corresponde al Concejo de la Demarcación supervisar y evaluar el funcionamiento de la administración pública de la demarcación, así como aprobar los asuntos de su competencia que establezcan la Constitución local y las leyes de la Ciudad de México;

IV. Los miembros del Concejo serán elegidos en forma universal, directa y secreta, y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Ejercerán su encargo por un período de tres años. Todos sus miembros sólo podrán ser removidos en los términos que establezca la Constitución local;

V. El Concejo emitirá sus resoluciones en forma colegiada y sesionará en pleno o en comisiones. En caso de empate en las votaciones del Concejo, el titular tendrá voto de calidad. Los concejales en Comisiones vigilarán y fiscalizarán el ramo de la administración que les asigne el pleno del Concejo;

VI. El titular del Concejo es el responsable de la administración pública de la demarcación, la cual tendrá las dependencias que se establezcan en la ley orgánica que se expida para tal efecto. Podrá nombrar y remover libremente a los titulares de estas dependencias;

VII. Contarán con el presupuesto que establezca a su favor el Poder Legislativo local, que deberá considerar una distribución basada en criterios poblacionales, de capacidad económica y de marginalidad social, así como en las necesidades específicas de la demarcación, buscando en todo momento una distribución equitativa que incentive el desarrollo económico y sustentable de las demarcaciones. Tendrán autonomía y responsabilidad presupuestal;

VIII. No habrá autoridad intermedia alguna entre estos órganos y el gobierno de la Ciudad de México, y

IX. La hacienda pública de la Ciudad de México será unitaria, y estará a cargo del gobierno central. Corresponde al Poder Legislativo de la Ciudad de México examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la entidad y de las demarcaciones territoriales, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo.

Los gobiernos demarcacionales tendrán facultades para gestionar y resolver los asuntos de su demarcación en materia de servicios urbanos, desarrollo urbano y obras, desa-rrollo social, jurídico y gobierno, salvo aquellos que la Constitución local y las leyes respectivas señalen como responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Dichos ordenamientos establecerán los mecanismos de coordinación y responsabilidad concurrente entre las demarcaciones y el gobierno central para la prestación y regulación de las materias señaladas.

Base Quinta. El gobierno de la Ciudad de México tendrá organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre los que habrá por lo menos un órgano electoral, un tribunal electoral, un órgano de protección de los derechos humanos y un órgano de acceso a la información pública.

La integración y funcionamiento de dichos organismos estará determinada por la Constitución local, y el régimen electoral de la entidad estará sujeto a lo establecido en el artículo 116 fracción IV, apartados b) al n) de esta Constitución.

Base Sexta. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá el mando superior de la fuerza pública en la entidad. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo local la dirección de la fuerza pública en la entidad, así como la designación y remoción del servidor público que la tenga a su cargo.

El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en la entidad, podrá ser removido por el Presidente de la República en los supuestos que la legislación federal establezca.

Los recintos que sean sede de los poderes de la Unión estarán sujetos a la jurisdicción de la Federación, conforme a las leyes del Congreso de la Unión.

Base Séptima. Las autoridades de la Ciudad de México deberán coadyuvar para que esta pueda fungir como la Capital de la República, auxiliando a las autoridades federales en todo aquello que se refiere a la residencia y funcionamiento de las sedes diplomáticas, de los poderes y organismos federales, así como de la infraestructura y los monumentos nacionales que en su caso las leyes determinen. La federación deberá contribuir al gasto necesario relativo a servicios, infraestructura y exenciones fiscales en que incurran las autoridades locales de la entidad, por motivo de su capitalidad.

El Presupuesto de Egresos de la Federación establecerá los recursos que se otorgarán a la entidad por su condición de capitalidad con base en el presupuesto que envíe el titular del Poder Ejecutivo local.

Base Octava. La Constitución local establecerá los mecanismos de transparencia del ejercicio de la función pública, responsabilidad de los servidores públicos locales, así como régimen laboral del gobierno local y sus trabajadores, con sujeción a las normas establecidas en las fracciones V y VI del artículo 116 de esta Constitución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en otros artículos del mismo.

Segundo. Para el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto se adecuarán los artículos: 3º, párrafo primero, fracciones III y VIII; 6º, párrafo segundo; 17, penúltimo párrafo, 18, tercer y cuarto párrafo; 21, noveno párrafo, e inciso a); 26, apartado B, primer párrafo; 27, fracción VI, primer y segundo párrafo, fracción VIII, inciso a) y c); 28 sexto párrafo, 31 fracción IV; 36 fracción IV; 41, primer párrafo, fracción I primer párrafo, fracción II inciso a), apartado A, fracción g último párrafo y apartado C, segundo párrafo; 43; 44; 45; 55, fracción III, párrafo primero párrafos tercero y último de la fracción V; 56, primer párrafo: 62; 71 fracción tercera, primer y segundo párrafos; 73, fracciones VIII, IX, XV, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIC-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K XXIX-N, XXIX-Ñ; 76 fracciones V, VI y IX; 79, fracción I, párrafo segundo; 82 fracción VI; 89, fracción XIV; 95, fracción VI; 97, párrafo segundo; 101, párrafo primero; 103, fracciones II y III; 104 fracciones I, I-B y V; 105, fracción I, incisos a), c), d), e), f), 9), h), i), j), k), fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g); 106; 107, fracción VIII, inciso a; 108, primero, tercer y último párrafos; 109, primer párrafo; 110, primer párrafo; 111, primer y quinto párrafos; Titulo Quinto; 117, párrafos primero y segundo y segundo párrafo de la fracción IX; 119, segundo párrafo; 120; 121, primer párrafo y las fracciones I,III,IV y V; 122; 124; 125; 127 primer párrafo y la fracción VI; 130 último párrafo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos primero, segundo, quinto y sexto y el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a las nuevas convenciones y definiciones, a saber: “Entidades Federativas” sustituye a “estados” y “Ciudad de México” a “Distrito Federal”, de manera que se elimine la voz “Distrito Federal” de la totalidad del cuerpo de la Constitución.

Tercero. En tanto se expidan las nuevas normas aplicables a la Ciudad de México continuarán rigiendo las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones de este decreto.

Cuarto. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tendrá carácter de congreso constituyente local y estará facultado para aprobar y expedir la Constitución de esta entidad federativa de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 122 de esta Constitución.

Quinto. La Asamblea Legislativa deberá expedir en un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, la ley que regule la administración pública de esta entidad federativa.

Sexto. La Asamblea Legislativa al definir los criterios para establecer la delimitación de las demarcaciones, conforme la base cuarta del artículo 122 en el presente decreto, tomará en cuenta la base poblacional y su identidad histórica y cultural, lo que permita garantizar la más eficiente administración pública y la prestación de los servicios.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2011.— Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez, Agustín Guerrero Castillo, Araceli Vázquez Camacho, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel, Eduardo Mendoza Arellano, Emilio Serrano Jiménez, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Leticia Quezada Contreras, Luis Felipe Eguía Pérez, Rigoberto Salgado Vázquez, Teresa Incháustegui Romero, Vidal Llerenas Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal, Juan Pablo Escobar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de los siguientes

Considerandos

Cada año en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo federal pone a consideración de la Cámara de Diputados, se demerita el análisis sobre la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas para resultados anuales del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Esto ha ocasionado errores en la programación y presupuestación del Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal, ya que nunca se inicia el análisis a partir del estado del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas anuales de los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Un error claro que esta situación ocasiona, es que una vez que los diputados federales avalan el Presupuesto de Egresos de la Federación no están al pendiente de que la información sobre los indicadores de resultados sea actualizada y con ello se aprecien las modificaciones cualitativas efectuadas al proyecto de Presupuesto de Egresos plasmadas en el Presupuesto de Egresos aprobado.

Es decir, al inobservar esta situación, el Ejecutivo federal si bien cumple con sus obligaciones legales respecto de la publicación del decreto de Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación en los plazos que establece la ley y en los términos en que lo aprueba la Cámara de Diputados, así como en lo relativo de informar a esta Cámara del Presupuesto de Egresos de la Federación desglosado por tomos, volúmenes y anexos, no manifiesta en esta información la actualización de los indicadores de resultados, tarea que debería realizarse al modificarse cada año el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de los diputados federales.

Esto simple y llanamente ocasiona distorsiones en la eficiencia y eficacia  del gasto público, ya que en aquellos programas que observan aumentos en sus recursos presupuestales por parte de los diputados federales, pero que no fueron modificados y actualizados sus indicadores de resultados, tal y como se aprecia en los tomos y anexos correspondientes en el Presupuesto aprobado por dependencia o entidad ejecutora de gasto, entonces dispondrán de más recursos pero para atender las mismas metas que se preveían en el proyecto de Presupuesto de Egresos original. Esto desvirtúa la eficiencia del gasto público.

Caso contrario sucede con aquellos programas que enfrentan reducciones en su presupuesto por parte de los diputados federales, pero que tampoco se actualizan sus indicadores de resultados. Esto deriva en obligar a los administradores de estos recursos a lograr metas originales con menores disponibilidades presupuestales, situación que si bien podría manejarse como un mecanismo para mejorar la eficiencia del gasto público, podría ocasionar problemas de eficacia en el cumplimiento de metas.

Para atender esta omisión se propone modificar el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para especificar que el Ejecutivo federal al enviar a la Cámara de Diputados a más tardar 20 días naturales después de publicado el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación todos los tomos y anexos del Presupuesto aprobado, con las modificaciones avaladas por la Cámara de Diputados, también incluya la actualización de los indicadores de resultados.

Una segunda tarea que se propone alentar con esta iniciativa tiene que ver con que se consolide un principio de los legisladores durante el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este principio es el que se establece en la fracción VIII, inciso f, del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra indica:

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Para consolidar este principio en lo relativo a que los legisladores tomen en cuenta en el examen y discusión del presupuesto por sectores la evaluación de los programas y proyectos, indicar en este texto la observancia de la fracción III del artículo 25 de la ley.

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos como lo señala la fracción III del artículo 25 de la ley  y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Para que la Cámara de Diputados disponga de la información necesaria que le permita cumplir con la anterior modificación que se plasma en el inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de la LFPRH, se propone solicitar al Ejecutivo federal que presente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, la información necesaria sobre la evaluación de los avances logrados en los programas desde su creación con base al cumplimiento de objetivos y metas del PND y sus programas sectoriales con base al Sistema de Evaluación del De-sempeño y los objetivos y metas que se pretendan alcanzar en el proyecto de presupuesto correspondiente.

De esta manera se busca que cada ente ejecutor de gasto hasta nivel de unidad responsable, presente en el proyecto de Presupuesto anual en el tomo del ramo administrativo o entidad correspondiente un apartado donde se plasme el estado de la evaluación respecto de los avances logrados en sus programas desde su creación con base al cumplimiento de objetivos y metas plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño y esta información se contraste con los objetivos y metas que se pretendan alcanzar en el proyecto de presupuesto correspondiente.

Con esta información, además de conocer y contrastar para cada año los objetivos y metas anuales programados con los obtenidos, se deberá demostrar claramente el impacto económico o social en términos de la mejora en la calidad y equidad en el bienestar de los sectores sociales beneficiados de dichos programas.

Por las consideraciones anteriores, se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue

Artículo Primero. Se modifica el artículo 41, fracción II, incorporando un inciso o), para quedar como sigue:

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) - ñ)...

o) En los tomos de los ramos administrativos, ramos generales y entidades de control directo, se deberá incluir un apartado de la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño por programa. Dicha información deberá demostrar el impacto económico y social de los programas.

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 42, fracción VI, segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. ...

a)...

b)...

c)...

d)...

II. ...

...

...

III. ...

a)...

b)...

c)...

IV...

V...

VI.La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados.

Asimismo, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, incluyendo la actualización de los indicadores de resultados, que conformarán el Presupuesto aprobado;

Artículo Tercero. Se modifica el artículo 42, fracción VIII, inciso f para quedar como sigue:

Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. ...VII. ...

VIII. ...

a)

b)

c)

d)

e)

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la información sobrela evaluación de los programas y proyectos que establece el artículo 25, fracción III, de la ley,y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

PROFESORES RURALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a otorgar un estímulo económico compensatorio mensual a los profesores rurales de educación básica, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Diana Patricia González Soto,a nombrede los diputadosde la coordinación de la diputación federal del estado de Coahuila de la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La labor del maestro que ejerce su función frente a grupo es una de las más nobles tareas que se pueden desempeñar profesionalmente, ya que quien enseña a la niñez y juventud, no únicamente está siendo productivo en el momento actual, además está sembrando la semilla de la educación, generadora del desarrollo y la esperanza para tiempos venideros.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública Federal nuestro país cuenta con una planta docente de 1,008,370 profesores de educación básica que laboran para el sector público. De esta cifra, una gran parte de los maestros trabajan en escuelas ubicadas en el área rural llevando sus conocimientos a millares de niños que habitan en cientos de ejidos y comunidades rurales. El objeto de la presente proposición va enfocado a los maestros que desempeñan su labor docente en dichas zonas, entregando su conocimiento y dedicación a la infancia de las regiones más recónditas y lamentablemente, abandonadas de nuestro país.

La vida en el campo mexicano es muy dura; allí el hambre, la desolación, las inclemencias de la naturaleza, el analfabetismo, la falta de empleo y en general todas las carencias, se hacen más latentes y presentes entre sus habitantes. Es por esto, que es sencillo explicar los constantes flujos migratorios de personas que solían habitar los ejidos y comunidades hacia las ciudades y grandes metrópolis.

Por el contrario, es difícil observar que personas decidan dejar su vida en las ciudades o en sus lugares de origen para ir a trabajar al área rural. Es poco común que alguien quiera dejar una vida que le ofrece ventajas tales como los servicios básicos que conlleva el desarrollo urbano; no cualquiera opta por tomar como ruta diaria o semanal una larga carretera o un camino de terracería, en lugar de las vías de comunicación citadinas que agilizan el tránsito y permiten ahorrar tiempo; no es fácil que alguien opte por dejar las facilidades que conceden el comercio y la mayor cantidad en el suministro de bienes y servicios que se encuentran en el área urbana a contrapartida de lo que sucede en el campo y principalmente, no cualquiera se desprende fácilmente de sus lazos familiares y amistades, limitándose a pasar con sus seres queridos menor tiempo del que quisiera brindarles.

Si a la noble labor y verdadera vocación de servicio que conllevan ejercer el profesorado en el área rural le sumamos las consideraciones acabadas de mencionar, podremos comprender que el maestro rural ejerce una profesión que merece ser retribuida en mayor medida, tanto en reconocimiento como en compensaciones económicas.

Al tener acercamiento con varios maestros de la zona rural de mi estado natal Coahuila, me fue posible percatarme que para ellos el trasladarse de sus lugares de origen a la comunidad donde trabajan y viceversa, les implica un gasto mayor que tienen que cubrir directamente con su salario. Aunado a ello, muchos de estos maestros tienen familiares y/o dependientes a su cargo y los gastos extra que les genera trabajar en una zona rural, ocasionan que el ejercicio de su profesión sea más oneroso, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta que las necesidades monetarias de estos maestros son distintas a las de aquellos que viven y trabajan en el área urbana.

Ante esta situación mis colegas profesores del área rural me solicitaron que por conducto de esta soberanía exhortáramos al titular de la Secretaría de Educación Pública dependiente del Ejecutivo federal para que les proporcione un estímulo económico extra, con el propósito de que dicho apoyo compensatorio les auxilie a sufragar los gastos que les ocasiona el tener que trasladarse semanal y/o quincenalmente de las comunidades donde laboran a sus lugares de origen y posteriormente regresar a la comunidad rural donde trabajan.

Compañeros diputados les reitero que nuestros compañeros profesores actualmente tienen que cubrir de su sueldo los gastos de transportación acabados de referir, mermando así parte de su salario que podría ser empleado para atender otras necesidades personales y/o familiares.

Fundamento lo solicitado en esta proposición con lo enunciado en diversos preceptos de la Ley General de Educación; iniciando con lo establecido por su artículo 21, párrafos primero y tercero, que a la letra dicen

“El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento”.

...

“El estado otorgará un salario profesional para que los educadores de los planteles del propio estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como para que dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional”.

...

Asimismo, el artículo 27 del ordenamiento legal invocado precisa que tanto el Ejecutivo federal y los gobiernos de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, precisando su párrafo segundo que para tal efecto:

“En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”.

Por su parte el artículo 33, fracción II de la ley en comento, establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

...

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;

...

Si bien es cierto, la facultad de prestar los servicios de educación inicial y básica es competencia exclusiva de las autoridades educativas locales; también lo es, que dichas autoridades estatales pueden actuar dentro del marco presupuestario que se establece desde el plano federal. Es por esto que sometemos a la consideración de esta soberanía se exhorte a la Secretaría de Educación Pública Federal para que diseñe, elabore e implemente un apoyo económico compensatorio para los maestros que laboran en las zonas rurales por las razones ya expuestas.

Cabe señalar que lo solicitado está establecido en la Ley General de Educación, que en su artículo 34 dispone que:

... el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

...

En virtud de lo dispuesto en el precepto acabado de citar, se solicita que la implementación del apoyo económico para los maestros rurales se haga extensivo a todos los profesores de dichas comunidades en el país y no sólo a los docentes de las entidades federativas con mayores rezagos educativos, otorgando así, un apoyo a toda la planta docente del área rural de la república.

Es importante mencionar que han sido diversas las acciones que han emprendido los diversos órdenes de gobierno para garantizar una auténtica equidad en la educación. Han sido numerosas las inversiones en infraestructura, equipo y material escolar, así como en distintas clases de apoyos para beneficiar a los educandos. Sin embargo, es útil decir que se ha descuidado el capital humano, como lo demuestra la situación por la que atraviesan los profesores rurales. Con la implementación de dicho apoyo, se estaría dando un trato equitativo salarialmente a estos profesores, porque de esta forma podrían disfrutar su salario íntegramente sin tener que reducirlo para cubrir sus gastos de transportación. Adicionalmente, se estaría contribuyendo a la pauta marcada por la Ley General de Educación que busca precisamente la equidad educativa.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición conpunto de

Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, dependiente del Ejecutivo federal, para que diseñe, implemente y otorgue un estímulo económico compensatorio mensual a los profesores de educación básica que desempeñan su labor educativa en el área rural; y que dicho apoyo sea suficiente para cubrir los gastos de transportación de sus lugares de residencia a la comunidad donde laboran y viceversa.

Nota:

1. Consultado en el portal electrónico de la Secretaría de Educación Pública Federal: http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/NACIONAL/index.htm el día 02 de febrero de 2011. Es importante mencionar que la cifra citada corresponde al ciclo escolar 2008-2009 debido a que la Secretaría no incluye los datos de los ciclos 2009-2010 y 2010-2011. Asimismo, no específica en sus estadísticas cual es la cantidad exacta de maestros que proporcionan sus servicios en el área rural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputados: Diana Patricia González Soto, Francisco Saracho Navarro, Héctor Hugo Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

AÑO DEL TURISMO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar una política para que el personal de consulados, embajadas y oficinas de enlace porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración del Año del Turismo, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Juan José Cuevas García a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que aplique una política en el que el personal que labora en consulados, embajadas y oficinas de enlace, porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración al Año del Turismo, con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es una actividad primordial para nuestro país, es así que de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra entre los diez destinos turísticos más importantes del mundo, esto es en relación a los 21.5 millones de turistas internacionales que visitaron nuestro país en el 2009.

El turismo representa el 9 por ciento del producto interno bruto, es la tercera fuente de entrada de divisas, genera más de 7.5 millones de empleos, y cuenta con más de 43 mil unidades económicas que participan en el sector, en el que el 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas, ofertando una gran gama de servicios y productos turísticos a los visitantes.

Nuestro país tiene una gran riqueza que requiere el mundo conocer, ya que posee una gran variedad de destinos de playa en las diferentes entidades federativas, cuenta con alrededor de 30 mil sitios arqueológicos y cerca de 110 mil monumentos que evidencian los rasgos de una gran riqueza cultural, posee 37 sitios considerados patrimonio mundial de la humanidad por la ONU, cuenta con 62 grupos étnicos que se reparten a lo largo y ancho de nuestras fronteras, además el Comité Intergubernamental de la UNESCO declaró a la gastronomía mexicana patrimonio de la humanidad, y, por último, se tiene una gran biodiversidad de zonas naturales, contando con 174 áreas nacionales protegidas.

En materia normativa, la Ley General de Turismo considera que los procesos que se generan por concepto del turismo son una prioridad para el país, que bajo el enfoque social y económico fomentan y fortalecen el desarrollo regional.

Asimismo, dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se plantea que es una necesidad hacer de México un país líder en la actividad turística, esto a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.

En este sentido, le corresponde al Ejecutivo federal formular y conducir la política turística nacional, atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país, así como regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad con el objeto de promover la importancia del sector turístico en el desarrollo nacional.

Es así, que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, decretó al 2011 como el Año del Turismo en México, con el fin de alinear a todos los sectores relacionados con esta actividad para que se pongan en marcha acciones que permitan que más turistas hagan de México su principal destino de viaje.

Con base en lo anterior, a fin de seguir impulsando la promoción del turismo, propongo que la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Secretaría de Turismo, apliquen una política en la que los empleados que laboran en las embajadas, consulados y oficinas de enlace utilicen distintivos promocionales de la marca México.

Es importante mencionar que estos distintivos deben ser lo suficientemente significativos y vistosos, para que los extranjeros que asisten a las embajadas o consulados, se interesen en focalizar y extender sus vacaciones en los diferentes destinos turísticos que ofrece nuestro país.

Estos distintivos deben generar una percepción de lo que representa México, de que es una nación con una gran folklor cultural y artístico, así como también cuenta con una gran diversidad de flora y fauna que se extiende a lo largo y ancho de su territorio. Además de que es un país seguro para viajar a su interior, en el que el turista es bien recibido y que puede transitar e ir visitando cada una de las entidades federativas descubriendo los tesoros que ofrecen.

Sin duda, esta medida se debe aplicar en las embajadas y consulados, así como en las  oficinas de enlace, que posee nuestro país en todo el mundo, en el que nuestro personal que labora en cada una de estas instancias, debe promocionar y enaltecer a nuestro país, sobre todo que el señor presidente ha decretado el 2011 como el Año del Turismo.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, para que aplique una política en el que el personal que labora en consulados, embajadas y oficinas de enlace, porten distintivos promocionales de la marca México, en conmemoración al año del turismo.

Palacio Legislativo, a 15 de febrero del 2010.— Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a respetar los derechos humanos de las mujeres y decretar la inmediata liberación de Leslie y de las encarceladas en el estado por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió el embarazo, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada, Enoé Uranga Muñoz, ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 numeral 2, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Baja California a respetar los derechos humanos de las mujeres y al gobernador constitucional José Guadalupe Osuna Millán a decretar la inmediata liberación de Leslie Karina Díaz Zamora y de todas de las mujeres que han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante enero del presente próximo, defensoras de los derechos humanos acudieron al Cereso de Mexicali a investigar la situación jurídica de dos jóvenes que se encuentran presas por cometer el delito de homicidio agravado por parentesco, donde detectaron la evidente y clara vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres en el caso de Leslie Karina Díaz Zamora, una joven que fue sentenciada a 23 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo.

Las defensoras dieron seguimiento al proceso legal que enfrenta la joven y detectaron que la declaración tomada por el Ministerio Público fue realizada de manera ilegal porque la joven se encontraba en un estado de obnubilación por los sedantes proporcionados por el médico del Hospital General –mismo que la denunció– y por la pérdida de sangre al sufrir –según los términos de NOM 007– un parto inmaduro.

La única prueba, que consta en expediente y que tiene el MP para acreditar que el producto nació con vida es la prueba docimasia pulmonar hidrostática de Galeno, que es inexacta y no sirve para constatar la viabilidad del producto ni para determinar la causa de muerte.

La sentencia por el delito de homicidio agravado por parentesco en Baja California es de por lo menos 20 años de prisión con una máxima de 50 años. Se le sentenció a 23 años de prisión injustamente, ya que la joven fue juzgada tomando en cuenta la norma superior local y no el Código Penal; la Constitución de Baja California establece en su artículo 7o. que: “esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida” dejando así vaciadas las facultades de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a contar el con el beneficio de las excluyentes del delito de aborto por reputarse como persona a el producto y encuadrar el delito de homicidio que consiste en privar de la vida a otra persona.

Baja California quedó comprometido a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la solución amistosa número 21/07, por el caso Paulina y a no desconocer el derecho a la salud, así como la adecuada aplicación de la ahora enunciada NOM 046.

El caso de Leslie Karina Díaz se trata de una violación clara al derecho a la vida de las mujeres por parte del Estado, ya que al proteger la vida desde la concepción de manera ilegal se está penalizando a una joven estudiante bajacaliforniana de manera desproporcional y antijurídica, totalmente desapegada al derecho positivo mexicano y al laicismo que debe caracterizarle.

Los derechos humanos de las mujeres en Baja California se convierten en una falacia más del gobierno misógino, siendo esto una evidente discriminación contra las mujeres pobres que tienen que acudir a los servicios de salud estatales, ya que las que asisten a consulta privada no han sido denunciadas por los médicos o médicas de la misma, además de la evidente violencia institucional contra las mujeres al impidiendo el ejercicio del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación ya que el mismo artículo de la Constitución de Baja California que enuncia las garantías individuales es el que reduce el estatus jurídico de las mujeres al de una incubadora.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho de toda persona a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.

Además, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho a la salud al proclamar que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bie-nestar”.

En este estado de la república se llevan a cabo acciones retrogradas contra la mujer, sin respetar a la mujer que decide sobre su propio cuerpo, como sujeto de derechos plenos, autónomo y pensante. Lamentablemente se sigue viendo a la mujer con una mirada de fragilidad, sexualmente pasiva y destinada a la maternidad.

Cuando el Estado jurídicamente impide que las mujeres tengan la opción de decidir sobre su propio cuerpo, se infiere que éste se vuelve cómplice de la violación del derecho a la salud y esto, desde el punto de vista del derecho internacional y de las garantías individuales, es preocupante.

Hay un consenso generalizado respecto a que el Estado tiene que proteger la vida y salud de las mujeres; pero no hay un consenso generalizado en cuanto a que para proteger el derecho a la vida el Estado deba perseguir penalmente a las mujeres que tuvieron un aborto. Esa es la perspectiva que hay en general entre las autoridades en derechos humanos.

A nivel internacional, el derecho de decidir sobre la maternidad ha establecido como un tema de salud pública el aborto, por lo que lejos de debates moralistas existe una perspectiva del derecho a la salud. Asimismo en necesario reconocer que en los países más desarrollados se reconoce que el tratamiento penal del aborto no resuelve el problema al resultar inoperantes las penas, desmesuradas e injustas, y no cumplen la finalidad más importante que es la de prevención, por lo que ahora la legislación correspondiente se inserta en materia del derecho civil.

Desafortunadamente, nuestro país no ha logrado fortalecerse como una entidad democrática y laica que permita el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en nuestra constitución y en el derecho internacional, y aún es existen tareas pendientes para colocarnos a la vanguardia en materia de igualdad y combate a la discriminación.

En Baja California los derechos humanos de las mujeres  se han degradado para  elevar a rango constitucional el limitar o impedir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Esta soberanía exhorta al gobierno de Baja California a respetar los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución y atendiendo a la resolución sobre los derechos humanos de las mujeres de la ONU, con relación al reconocimiento de que el embarazo forzado es violencia contra las mujeres.

Segundo.Esta soberanía exhorta al gobernador constitucional José Guadalupe Osuna Millán a decretar la inmediata liberación de Leslie Karina Diaz Zamora y de todas las mujeres que han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo.

Tercero.A reformar el artículo 7o. de la Constitucion local por ser una clara vulneración al derecho a la vida de las mujeres y al principio de igualdad y de no discriminación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de febrero de 2011.— Diputada Enoé Uranga Muñoz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la adquisición de aviones y helicópteros por la Sedena y la Semar para fortalecer la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales y el combate del crimen organizado, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Eduardo Ledesma Romo, legislador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere los mecanismos para otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a través de ampliaciones para la adquisición de cinco aviones Hércules versión H usados, de seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal por un total de 9 mil 888 millones de pesos, que contribuirán a velar por la estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano , con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta México es el de la inseguridad. La delincuencia organizada ha debilitado la fuerza pública de las autoridades locales en algunas entidades federativas de la República, por ello desde que comenzó la presente administración, el gobierno federal decidió enfrentarla para restablecer la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, para lo cual recurrió a la fuerza pública federal e incluyó a las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sólo deben velar por la soberanía exterior, sino también por la seguridad interior del país, entendida ésta como la condición de estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano”.

La participación de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) en materia de seguridad interior, tiene su fundamento en el artículo 89, fracción VI de la Carta Magna, y diversos preceptos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México.

El tráfico de armas, de estupefacientes, lavado de dinero, entre otros ilícitos de alto impacto y la creciente violencia en las entidades federativas, afecta la seguridad de la sociedad y desafortunadamente ha rebasado la fuerza de la seguridad pública, por ello a 4 años de iniciado este gobierno, la Sedena y la Semar continúan participando en el Sistema de Seguridad Pública mediante la reasignación de recursos humanos y materiales, para actuar de manera oportuna y eficaz, para garantizar a la sociedad un entorno seguro.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM), desde el inicio de la presente administración, ha proporcionado apoyo aéreo a las operaciones de alto impacto contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en todo el territorio nacional, de la siguiente forma: 10, 824 operaciones aéreas, 10,095 plantíos de amapola localizados vía aérea y 12,124 plantíos de mariguana localizados vía aérea.

Paralelamente a las actividades contra la delincuencia organizada, la FAM lleva a cabo acciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, apoyo a la población civil en casos de desastre y operaciones de apoyo interinstitucional; para la realización de estas actividades de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se realizaron 190,560 patrullajes de los cuales 9,992 fueron aéreos, el resto fueron terrestres y anfibios.

A su vez la Semar a través de la Fuerza Armada (FA) realiza operaciones conjuntas de alto impacto para frenar a la delincuencia organizada, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República y gobiernos de los estados, tan sólo el año anterior realizaron 16,643 operaciones.

Al igual que la FAM, la Fuerza Armada también realiza otras actividades, entre ellas, las tendentes a la preservación de los recursos y la vida humana en el mar, así como de auxilio a la población civil; despliegue operativo con presencia permanente para proteger instalaciones estratégicas de Pemex y de CFE, así como áreas estratégicas de los litorales y mares mexicanos contra actividades de sabotaje y terrorismo, operaciones de apoyo al turismo, de búsqueda y rescate; aplicación del Plan Marina de Auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre, acciones de ayuda humanitaria internacional y acciones de labor social.

Ante su importante labor, se ha aumentado el presupuesto para las Fuerzas Armadas en este sexenio, a fin de mejorar las condiciones operativas y de equipo con que cuentan. Tan sólo para el ejercicio fiscal 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Sedena diversas ampliaciones líquidas a su presupuesto para incrementar la compensación técnica al servicio del personal de tropa, así como para cubrir el anticipo para la adquisición de helicópteros conocidos como Cougar, atender necesidades de carácter contingente en materia de vestuario, equipo y accesorios, entre otros.

Con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y de la Armada de México (AM), la Sedena y la Semar han solicitado aumentar su fuerza aérea para movilizar por esa vía a un mayor número de efectivos, debido a que el número de aeronaves resulta insuficiente para cubrir todo el territorio nacional y reaccionar en forma inmediata ante imprevistos provocados por el hombre o por la naturaleza, por lo que resulta necesario contar con una fuerza aérea de primera línea y, que en términos generales, contribuya a garantizar la seguridad nacional e instalaciones estratégicas.

Para tal efecto, la Sedena solicitó la compra de cinco aviones Hércules versión H usados y la Semar la adquisición de seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal. En conjunto la inversión sería de 9 mil 888 millones de pesos.

La Sedena manifestó que la transportación aérea es fundamental para el movimiento de unidades cuando el tiempo es el factor más importante o cuando las características del terreno restringen el transporte, incluso indica que su transporte pesado está compuesto por cuatro aviones Boeing 727, y siete Hércules C-130, estos últimos adquiridos en 1988, más aún cinco están fuera de servicio y sólo 2 operan, lo que restringe su transporte aéreo. “El costo estimado de los cinco aviones es de 1,818.2 millones de pesos, más 953.1 millones de pesos para gastos totales de mantenimiento y operación de durante un periodo de 12 años”.

Por su parte, la Semar sólo dispone de seis aeronaves de tipo Antonov para atender la demanda de transporte de carga y militar, que se ven rebasadas por el número de operaciones que tienen que desarrollar, provocando que efectivos militares se trasladen a través de vuelos comerciales.

La Semar pretende adquirir seis aviones versión transporte militar y carga con un valor de 3 mil 262 millones de pesos para aumentar el número de efectivos a desplazar por esta vía a 12 mil 918 en 2011 y 19 mil 252 en 2012 y solicita la compra de seis helicópteros versión transporte de personal y carga con un costo estimado en 3 mil 855 millones de pesos, ya que actualmente cuenta con 23 unidades, de las cuales sólo operan nueve.

La participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado ha incrementado la necesidad de sus recursos materiales y humanos y constantemente se prepara para velar por la seguridad interior del país, ajustar estrategias y conjuntar esfuerzos de manera oportuna, en este tenor y atendiendo a que están obligadas a cumplir misiones generales como defender la integridad y soberanía de la nación, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar obras sociales que tiendan al progreso del país, en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, salvaguardar la vida humana en el mar y en las aguas interiores, proteger instalaciones estratégicas del país en su área de jurisdicción, entre otras, resulta necesario se le proporcionen los recursos necesarios para llevar a cabo de manera más eficaz sus funciones.

Para el ejercicio fiscal 2011 Se autorizó a la Sedena 50,039,456,571 pesos y a la Semar 18,270,177,440 pesos para dotar a estas Secretarías de materiales y suministros, infraestructura, equipos, accesorios, medios de transporte para cumplir sus funciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales. Sin embargo, dadas las restricciones presupuestarias y ante las muchas necesidades de la población, diversas dependencias y entidades de la administración pública, no fueron dotadas de suficientes recursos para cumplir con sus metas. En este sentido, la Sedena y la Semar requieren adquirir mayores equipos aéreos para cumplir con sus funciones de resguardo a la población, mantenimiento del estado de derecho y combate al crimen organizado.

Una ampliación de recursos requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con las normas presupuestarias vigentes, entre ellas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En estos términos, resulta ineludible exhortar a la Secretaría para que acelere los mecanismos para que la Sedena y la Semar puedan disponer de los recursos destinados a la compra de aviones y helicópteros que servirán para atender la demanda de transporte de carga y militar y, en términos generales, para que la Nación cuente con una fuerza aérea que contribuya a garantizar la seguridad nacional e instalaciones estratégicas.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agilizar los mecanismos para que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina puedan disponer de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos 2011 a la compra de aviones y helicópteros que servirán para atender la demanda de transporte de carga y militar, de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales y de combate al crimen organizado y acelere las transferencias presupuestarias necesarias.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere los mecanismos para otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a través de ampliaciones para la adquisición de cinco aviones Hércules versión H usados, de seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal por un total de 9 mil 888 millones de pesos, que contribuirán a velar por la estabilidad interna y permanencia del Estado Mexicano.

Notas:

1 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, p. 109.

2 De acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional.

3 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Marina, pp. 10, 13 y 14.

4 Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, pp. 75 y 76.

5 Nota publicada en El Universal el 3 de febrero de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de febrero de 2011.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

COMISION NACIONAL ORGANIZADORA DE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión encargada de examinar, analizar y evaluar la operación del fideicomiso creado respecto a la conmemoración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución para que los encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 expliquen los criterios observados a fin de que dicho fondo creciera de manera desorbitada y se esclarezcan las irregularidades en el manejo y destino de los recursos, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Óscar Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en lo estipulado en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a crear una Comisión de Investigación encargada de examinar, analizar, y evaluar la operación del fideicomiso creado para la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del centenario del inicio del movimiento de la Revolución mexicana, con la finalidad de que los responsables encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 aclaren cuales fueron los criterios que se tomaron para que el fideicomiso en comento creciera de manera desorbitada, y se esclarezcan las irregularidades en el destino y manejo opaco del recurso, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La organización de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional y del centenario de la Revolución Mexicana, encabezados por el gobierno del PAN, desde el principio resultó errática y fallida.

Como legisladores del Partido Revolucionario Institucional, de verdad lamentamos mucho la desorientación que contribuyó al menoscabo de esta importante conmemoración.

Ante dos siglos de historia, era un deber de memoria hacer justicia y recordar con dignidad los movimientos fundadores de nuestra mexicanidad.

Antes que una verdadera celebración de la república y de la nación, la celebración de los centenarios se convirtió en un evento mediático, en un diluido compromiso de parte del gobierno federal.

Definitivamente, una evaluación objetiva de los festejos patrios no se podrá construir sobre la base de los carros alegóricos, de las luces electrónicas, de la pirotecnia, los conciertos y de los impertinentes plantones olímpicos sobre el Paseo de la Reforma.

Es lamentable el fracaso evidente que se registró en estas conmemoraciones patrias, no sólo por la falta de contenido histórico, si no peor aún, por las graves irregularidades, por el obscuro manejo del fideicomiso creado para tal fin.

Al pretender hacer un recuento de los saldos de las conmemoraciones, advertimos que el gobierno federal actuó de manera muy errática y bastante opaca.

Los presidentes de los mal llamados gobiernos del cambio, sustituyeron constantemente a los responsables que iban designando, afectando así la certeza y pertinencia de los festejos. Con ello, de manera adicional, limitaron el cabal seguimiento de la ruta del dinero depositado en el fideicomiso en comento.

En el año de 2006, el entonces presidente Vicente Fox encargó la comisión organizadora al ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, quien renunció 5 meses después.

En marzo de 2007, el presidente Calderón nombró al entonces titular de Conaculta, Sergio Vela, como coordinador ejecutivo y un mes después, se designó un consejo asesor de historiadores y politólogos.

En septiembre de ese mismo año, el presidente Calderón decidió que la conmemoración la coordinaría el ex titular de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, pero también renunció.

A partir de ello, la responsabilidad de los festejos quedó en manos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y de su Director, José Manuel Villalpando.

Pero el 21 de julio de 2010, por decisión del presidente Calderón, Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública asumió la responsabilidad de la organización de los eventos conmemorativos.

En este proceso, el gobierno federal designó como fiduciario del Fideicomiso al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), para que administrara los gastos de la Comisión de los Festejos 2010.

En este fideicomiso se estableció reservar por 12 años la información de cómo y en que se gastaría el presupuesto para los eventos del Centenario y Bicentenario.

Y aunque en principio, por Ley dicha información debiera ser pública, la posición del Banjercito, como fiduciario, ha sido en el sentido de que no se supiera ni el nombre de las empresas ganadoras de licitaciones ni cuánto costaría cada evento o el monto total de las obras conmemorativas que se construirían.

Hasta ahora no entendemos el sentido de estas reservas, el afán de esta opacidad gubernamental.

La fracción IX del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entro en vigor el 12 de junio de 2003, establece que los “sujetos obligados” (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos y órganos federales) deben poner a disposición del público:

“La información del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación”

La fracción XIII de la ley referida, por su parte, especifica que se deben aclarar las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados b) el monto; c) el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) los plazos de cumplimiento de los contratos.

Reservar la información de los festejos patrios, ni transparenta la gestión pública ni garantiza el principio de “publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”.

Así se niegan los principios esenciales de la democracia, como lo es la trasparencia y la rendición de cuentas.

En tal sentido el presidente Calderón tuvo que instruir el pasado 9 de mayo de 2010, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que autorizara a Banjercito, en su carácter de fiduciaria, a hacer públicos todos los gastos realizados por el Fideicomiso Bicentenario, establecido para estos festejos.

En los balances generales y el estado de las actividades del llamado fideicomiso, obtenidos a través de una solicitud de información pública al Banjercito, se nos reporta que de abril a mayo de 2010, el gobierno federal aportó 300 millones más a los festejos.

Estas transferencias fueron reportadas como “irregulares”, en junio del mismo 2010, por el Centro de Estudios Especializados de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

De la misma manera, este organismo señaló que el gobierno federal utilizó a la Secretaría de la Función Pública para transferir 1 mil 064 millones de pesos a las celebraciones, con lo que se reportaba una cantidad de 2 mil 971 millones de pesos en el fideicomiso

Aquí vemos cómo el fideicomiso creció de manera sustancial, ya que en octubre de 2007 se contó con un presupuesto inicial por 50 millones de pesos, aportado por el ramo 27 de la SFP.

Sin embargo las aportaciones gubernamentalmente continuaron y según sabemos hoy, la cifra alcanzó casi los 8 mil millones de pesos.

Pero más graves nos parecen, los elevados y excesivos costos de los eventos.

Aquí presento un breve recuento, a todas luces desafortunado.

Se contrató a una empresa extranjera para organizar la Noche del Grito, Intantia Producciones del australiano Ric Brich. Se le pagaron 580 millones de pesos más IVA.

La construcción del monumento al Bicentenario, la llamada joya de la corona bicentenaria, conocida como “La Estela de Luz”, que se dijo se inauguraría el 15 de septiembre, nos la anunciaron con un costo de 200 millones de pesos.

Pero resultó que después nos dijeron que no costaba eso, que el costo sería de 690 millones de pesos y que no se podría construir para entregarla en septiembre de 2010, sino hasta el último trimestre del 2011.

Nada más la pura convocatoria para esta obra costó 7.5 millones de pesos y se autorizaron 16 millones 373 mil 706 pesos para pagar al proyectista César Pérez Becerril. Todavía más, la ceremonia de colocación de la primera piedra nos costó 1 millón 567 mil pesos.

También se sabe que el Fideicomiso del Bicentenario favoreció a Turissste –una entidad del Estado que entre sus atribuciones no está la de organizar este tipo de eventos– con la adjudicación directa de 14 contratos, por un monto de 447 millones de pesos. A la fecha se han negado a mostrar los términos de los mismos.

La polémica ceremonia de exhumación de los restos de los héroes de la patria costó 2 millones 387 mil pesos; y el costo del programa de eventos conmemorativos, transmitido por televisión, se ubicó alrededor de 19 millones 253 mil pesos.

Dentro de los 231 contratos del Fideicomiso del Bicentenario se destinó 140 millones 870 mil pesos a la adquisición de obras de arte, para dos colecciones de la Independencia y de la Revolución, para considerarlos en la Exposición México 200 años de Palacio Nacional. Asimismo, en estos conceptos se contemplan, por ejemplo, gastos de viajes que ascienden a un millón 53 mil 401 pesos.

Según el mismo secretario de Educación Pública, el maestro Alonso Lujambio, tan sólo la Noche Bicentenaria, del 15 de septiembre, tuvo un costo de 667 millones de pesos.

Compañeras y compañeros diputados: estos son sólo algunos de los desorbitados y opacos gastos contenidos en la panza del Fideicomiso del Bicentenario.

Ante este estado de cosas, el maestro Alonso Lujambio Irazábal, como secretario de Educación Pública, como responsable de los mismos, se niega a dar la cara para darle una explicación al pueblo de México, de cómo, dónde y porqué se gastaron así los dineros de la nación destinados a las conmemoraciones patrias.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, representado en esta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, exige en este periodo ordinario de sesiones, una mayor trasparencia y una real rendición de cuentas de los recursos manejados por el fideicomiso instituido para las conmemoraciones.

En el caso de no informarse con su suficiencia y con estricto apego a derecho, nuestro grupo parlamentario no permitirá un millonario desvío de estos recursos fiscales.

De ser este el caso, deberemos exigir con firmeza que se finquen las responsabilidades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito ante esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear una Comisión de Investigación encargada de examinar, analizar, y evaluar la operación del fideicomiso creado para la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia y del centenario del inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, con la finalidad de que los responsables encargados de la Comisión Nacional Organizadora de las conmemoraciones de 2010, expliquen cuales fueron los criterios que se tomaron para que el fideicomiso en comento creciera de manera desorbitada, y se esclarezcan las irregularidades en el destino y manejo opaco del recurso.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 10 de febrero de 2011.— Diputado Óscar Lara Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a establecer en Ciudad del Carmen, Campeche, una subdelegación que dé cabal seguimiento a los daños ambientales generados por los actores contaminantes en la región, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El estado de Campeche en la actualidad  cuenta con una de las principales actividades económicas del país como es la explotación petrolera, la cual genera una derrama económica importante para la entidad así como la generación constante de oportunidades para una mejor inversión privada; en un segundo lugar, el turismo en Campeche propone hoy día una oferta interesante debido a que se encuentran playas y lugares de vegetación abundante, donde se destacan los vestigios arqueológicos de la cultura maya, como Xtampak, Hochob y Edzná, así como la gran arquitectura colonial.

La Ciudad del Carmen, Campeche, es una isla situada en un área natural protegida, asentada en el Golfo de México circundada por la Laguna de Términos la cual se destaca por ser un importante centro de operaciones petroleras debido a la sonda de Campeche, misma que es considerada como el área de explotación de hidrocarburos más significativa del país, además, esta región forma parte de la franja del sureste mexicano con mayor potencial turístico al contar con importantes atractivos naturales lo que la coloca desde el punto de vista económico como la ciudad más importante del estado.

Desafortunadamente México sufre una problemática ambiental que ha tomado importantes dimensiones, las que superan fronteras políticas e institucionales, siendo el daño ecológico generado en la industria energética específicamente por los riesgos que se originan por las tomas clandestina herméticas de gasolina, diesel y gas LP en contra de los ductos de Pemex lo que es un factor de contaminación y riesgo sanitario.

Es por ello que en los últimos años se ha generado una dinámica de relaciones consolidadas entre el gobierno federal y las diversas entidades federativas con la intención de prevenir desastres y consecuencias ambientales buscando que se asuma el compromiso de la iniciativa privada, de los gobiernos municipales y estatales que al día de hoy incumplen con las normas de protección al ambiente.

Ante tal realidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene dentro de sus atribuciones de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, aire así como de los recursos naturales incrementando los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc, aunado a la obligación de informar a la sociedad sobre los peligros a los que está expuesta; por lo que Ciudad del Carmen requiere urgentemente el ejercicio de una competencia más directa de Profepa ante las demandas y problemáticas que se presentan.

Así las cosas, las zonas que rodean a la isla del Carmen, se encuentran protegidas principalmente por grandes extensiones de Mangle que corresponde a las siguientes especies: mangle rojo ( Rhizophora mangle), mangle negro ( Avicennia germinans), mangle blanco ( Laguncularia racemosa) y botoncillo ( Conocarpus erectus), todas ellas consideradas bajo protección especial, otras especies como Bletia purpurea, Bravaisia integerrima y B. tubiflora tienen estatus de amenazadas y está en peligro de extinción Habenaria bractescens según la Norma Oficial Mexicana 059 de Ecología del año 2001 (NOM-059-ECOL-2001) que lista a las especie consideradas en alguna categoría de amenaza (D.O.F, 2001), las cuales son altamente susceptibles a la acumulación de sedimentos que originan la interrupción del flujo y reflujo de las aguas, diversos estancamientos y los derrames de hidrocarburos por la actividad petrolera.

Además de los agentes contaminantes, estas zonas de mangles han sido directamente afectada por la tala inmoderada con la intención de ampliar fronteras agrícola-ganaderas, por la destrucción ocasionada para desarrollos turísticos y urbanos y la destrucción por la construcción de granjas camaronícolas, entre otros; sumándose a que Ciudad del Carmen es el municipio que ocupa el primer lugar en emisión de sustancias nocivas anualmente, además de que la Laguna de Términos se encuentra sujeta a la gran contaminación bacteriana y por agroquímicos en los sistemas fluvio-lagunares.

Por lo anterior, en observancia a la autonomía técnica y operativa de la Profepa, consideramos la urgente necesidad de que se establezca una subdelegación en Ciudad del Carmen, Campeche, con la intención de que de cabal seguimiento a las problemáticas ambientales así como mantenga a la población informada sobre los riesgos ambientales de la zona.

Por tanto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a crear una subdelegación situada en Ciudad del Carmen, Campeche, que tenga como principal objetivo dar cabal seguimiento a los daños generados al medio ambiente por los diversos actores contaminantes en la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SALUD BUCAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a analizar los resultados del programa de acción específico 2007-2012 Salud Bucal, así como a conducir una política eficaz y eficiente en materia de salud bucal, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un derecho de los mexicanos, un derecho fundamental, el cual debe ser salvaguardado, garantizando que la población tenga acceso a los servicios de salud cuando lo necesite.

La salud bucal representa uno de los problemas más graves de nuestro país, es considerado un padecimiento epidemiológico en materia de salud pública pues de cada 10 personas 9.5 presentan caries.

Las caries son el principal problema dental en la población, sin embargo, también se deben considerar las enfermedades de tipo periodontal, que afectan la estructura del soporte del diente con la encía o el hueso, o los padecimientos derivados de la deficiente posición dentaría, son problemáticas, que según investigaciones médicas han sido relacionadas  como causantes de otras enfermedades del cuerpo.

Las enfermedades bucales son prevenibles, y deben ser atendidas con oportunidad para evitar enfermedades de mayor gravedad, por ello el Gobierno Federal implementó el programa de Acción  Específico 2007-2012 Salud Bucal, el cual tiene entre otros, los siguientes objetivos:

Objetivo 1. Reducir el rezago en atención odontológica mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables que se presentan en cada región del país.

Objetivo 2. Universalizar las acciones de prevención odontológica en los servicios de salud del sector.

Objetivo 3. Brindar atención odontológica eficiente, de calidad y seguridad a los usuarios de los servicios de salud.

Objetivo 4. Coordinar y fortalecer la investigación y enseñanza en materia de salud bucal para el desarrollo del conocimiento de los odontólogos en beneficio de la población en  general.

Objetivo 5. Promover el incremento de la productividad de la atención odontológica en el primer nivel de atención de los servicios de salud.

Sin embargo, este programa ha quedado como decálogo de buenas intenciones, ya que los retos del programa no han sido cubiertos, no se han mejorado las condiciones bucales de la población, continúa siendo deficiente la cultura preventiva en nuestro país, y constantemente se percibe la insuficiencia y mala calidad en los servicios de salud, así como la falta de tecnología de punta en instrumental y medicamentos, que permita a los odontólogos abaratar los costos  para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de salud.

Nuestro país requiere implementar estrategias que satisfagan  las necesidades de la población, que permitan a los ciudadanos contar con un odontólogo, ser atendidos en tiempo y forma sin verse en la necesidad de perder piezas dentales, estar expuestos a dolores innecesarios, infecciones graves que de no ser tratadas pueden llevar a los ciudadanos  a la muerte, por ello,  es necesario prevenir y actuar frente a esta problemática nacional.

Por lo expuesto se pone a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a efectuar el análisis de resultados que ha ofrecido el Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a conducir e implementar una política eficaz y eficiente en materia de salud bucal en nuestro país.

Notas:

1 Cifras aportadas por Arturo Saracho Alarcón, secretario general de la Facultad de Odontología de la UNAM.

2 Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del 2011.— Diputada Paula Hernández Olmos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Guerrero a expedir una ley que permita implantar un sistema de justicia para adolescentes, con las características establecidas en el artículo 18 constitucional, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano se ha esforzado por crear marcos jurídicos que se enfoquen a la prevención de delitos, así como el tratamiento de los delincuentes que por alguna causa se encuentran en algún centro de readaptación social, con la única finalidad de que se integren nuevamente a su entorno.

Debido a los delitos cometidos por individuos que cuentan con una edad de entre 12 y 17 años, en nuestro país existió la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a sancionar este tipo de infractores, ya que no se podía juzgar de la misma manera como a un adulto, debido a que las garantías individuales se podían ver quebrantadas.

Por lo anterior, algunos estados de nuestro país se vieron en la necesidad de crear los sistemas de justicia para adolescentes adecuados para sancionar las conductas antijurídicas cometidas por menores de edad, siendo así que crearon los marcos jurídicos encaminados a la impartición de justicia, de manera que no se vulneren los derechos ni la integridad de las personas.

La inseguridad en nuestro país es cada vez más evidente y en algunos estados, las estadísticas indican un notable incremento, provocando con esto que las secretarías encargadas de la seguridad tanto Federales como Estatales encaminen sus esfuerzos para beneficio de toda la población, obligando de esta misma forma a que los órganos encargados de llevar a cabo la creación de leyes en nuestro sistema jurídico, las adapten a las necesidades reales de la sociedad.

Actualmente muchos jóvenes, cada vez de menor edad, se ven obligados a dejar a un lado sus estudios con el objetivo de conseguir nuevas fuentes de ingreso para el sustento de sus hogares, por lo que en algunos de los casos recurren erróneamente a cometer delitos que los obligan a cumplir sentencias que llegan a consistir en la privación de la libertad.

La mayoría de las entidades de la República Mexicana actualmente cuentan con una Ley de Justicia para Adolescentes, abriendo así una nueva opción para los órganos encargados de impartir justicia en los estados, a fin de que los jóvenes que cometen delitos y que son menores de edad tengan sanciones acorde con su edad.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que derivado de la reforma constitucional del 12 de diciembre de 2005, se ordena a la federación, a las entidades federativas y Distrito Federal establecer un sistema integral de justicia dirigido a las personas que se encuentren en el citado rango de edad. Sobre esto, la Constitución, en su artículo 18, párrafos cuarto, quinto y sexto, señala lo siguiente:

Párrafo cuarto. La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Párrafo quinto. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Párrafo sexto. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

De la misma forma, en los transitorios que recayeron a la mencionada reforma del artículo 18 constitucional, se determinó lo siguiente:

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los estados de la federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto.

Con lo anterior, queda de manifiesto que las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, debieron expedir e instaurar el sistema de justicia para adolescentes en el año de 2006. Por tanto, ha transcurrido en exceso el plazo para que el estado de Guerrero expida la respectiva ley.

No obstante, a la fecha aún existe un estado en territorio nacional que todavía no cuenta con una ley de justicia para adolescentes, lo que trae como consecuencia que las sanciones a los responsables de delitos, suelen ser calificadas de manera muy distinta a la que establecen las normas.

En la actualidad, Guerrero no cuenta con una ley de justicia para menores infractores, por lo que es trascendental que a la brevedad se establezcan dichos marcos a fin de que las autoridades judiciales puedan tomar en cuenta las bases legales mínimas para establecer las sanciones a los menores.

Si bien es cierto que los estados cuentan con autonomía propia para establecer o derogar cada una de sus leyes, desde esta sede se hace un atento exhorto al Congreso de Guerrero, a fin de que dicho organismo cree una ley que se encargue de establecer las sanciones a los menores de edad que incurran en una conducta atípica.

Con la creación de estas normas, nuestro país contaría en su totalidad con una ley en cada uno de los estados que lo integran, permitiendo así que exista una armonización en todas las leyes además de que se tengan las bases mínimas para  que las autoridades encargadas de impartir justicia, tengan herramientas que permitan fomentar la justicia para menores de edad.

Así nuestro país podrá contar con las herramientas necesarias a fin de que los retos en materia penal puedan ser afrontados de una manera más eficaz, trayendo como consecuencia una buena reinserción a la sociedad de toda persona que se haya encontrado en un proceso penal.

Es por lo anterior, que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso del estado de Guerrero, para que expida una ley que permita implantar un Sistema de Justicia para Adolescentes, con las características establecidas por el artículo 18 constitucional. Lo anterior con base en lo dispuesto en los artículos transitorios de la reforma al citado artículo constitucional, publicada el 12 de diciembre de 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar un plan integral e iniciar acciones basadas en estudios, políticas y programas encaminados a evaluar y solucionar la situación epidemiológica ambiental, así como los índices de contaminación que afectan la región Tula-Tepeji, Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Paula Angélica Hernández Olmos, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La región Tula-Tepeji que comprende 17 municipios, es la más afectada del estado de Hidalgo y considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una de las más contaminadas del mundo, por contaminantes producidos por empresas cementeras, la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, así como por la descarga de aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México, según el Registro de Emisiones y Transferencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Datos proporcionados por el Consejo Consultivo Ciudadano de Tula, indican que la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos emite anualmente seis millones 129 mil 92 toneladas de bióxido de carbono, mientras la refinería Miguel Hidalgo despide cada año 3 mil 312 toneladas de bióxido de carbono, 7.2 toneladas de níquel y 134 kilogramos de plomo.

Asimismo, se detalla que las petroquímicas emiten cada año al aire de Hidalgo 44 mil 400 toneladas de bióxido de carbono, 455 kilogramos de cianuro, la misma cantidad de níquel y 113 kilos de plomo.

La cementeras que se encuentran en la zona despiden anualmente más de 1 millón 361 mil 854 toneladas de dióxido de carbono y más de 18 de benceno, así como 460 mil kilogramos de plomo y 140 mil kilos de mercurio.

Derivado de reuniones que han sostenido la  Secretaría de Salud y del Consejo Consultivo Ciudadano del estado, se denunció la contaminación emitida por una empresa de carbón activado, ubicada cerca de la carretera Tula-Refinería, ya que vierte sus residuos líquidos al canal que irriga los campos de cultivo de la zona.

Diversos estudios han comprobado que tan sólo la refinería y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos emiten 33 veces más dióxido de azufre que todo el Valle de México.

El 27 por ciento de los contaminantes que se tienen en la región de Tula es emitido por la refinería Miguel Hidalgo, además de que éstos son los más peligrosos como dióxido de carbono, níquel y plomo.

La refinería Miguel Hidalgo, de acuerdo con los ambientalistas, es la empresa más contaminante en todo el país.

La contaminación por los desechos tóxicos de la refinería alcanza tanto el agua, el aire y el suelo, por ello se ha señalado que la zona de Tula es una de las más contaminadas no sólo del país, sino del mundo.

Empresas como la CFE, las cementeras y textileras han contribuido con la grave contaminación de la región. Uno de los municipios más afectados en cuanto a la contaminación de aire es Atotonilco de Tula.

Por lo anteriormente expuesto, es urgente que se implementen acciones por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de frenar y mitigar las emisiones contaminantes de la zona, ya que sus efectos pueden ser devastadores para la salud de los pobladores de la región.

Se requieren de acciones inmediatas para establecer la evaluación correspondiente de la zona, implementar medidas que ayuden a reducir la emisión de contaminantes a la atmosfera y no permanecer de brazos cruzados observando el deterioro ambiental que será irreversible para el Estado, para  el país y para el mundo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar un plan integral e iniciar acciones basadas en estudios, políticas y programas encaminados a evaluar y solucionar la situación epidemiológica ambiental así como los índices de contaminación que afectan a la región Tula-Tepeji, en el estado de Hidalgo.

Segundo. Se solicita que una vez diseñado el plan, se envíen los informes correspondientes a la honorable Cámara de Diputados para que se efectúe el puntual seguimiento del mismo.

Dado en el Palacio de San Lázaro, el 15 de febrero del 2011.— Diputada Paula Hernández Olmos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conavi a vigilar el cumplimiento de la normativa sobre calidad por los desarrolladores de vivienda, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

El artículo 4o. de la Constitución Mexicana establece un derecho en favor de las familias para que disfruten de una vivienda digna y decorosa. A través del tiempo, buscando dar cumplimiento a este derecho, se han promulgado y derogado leyes, se han establecido programas surgidos desde todos los niveles de gobierno, se han creado dependencias, y cerrado las que en su momento se consideraron inoperantes. Cada sexenio, cada ciclo de administración pública busca con sus métodos e instrumentos atacar uno de los mayores problemas en el país: la carencia de vivienda para gran parte de las familias.

Hay un gran déficit en este renglón, y la vivienda es considerada un indicador de bienestar de una sociedad; las políticas para dotar de un techo a las clases más necesitadas están muy lejos de llevar a una solución. El precio final de la vivienda ofertada a las clases que aún pueden obtener acceso a un crédito oficial cada día se incrementa más, lo que impide alcanzar soluciones al problema en un corto o mediano plazo, puesto que el encarecimiento del producto tiene como una, entre otras consecuencias, la inaccesibilidad de un sector importante de la población a lo que es un derecho constitucional.

Es frecuente escuchar polémicas en torno a lo que los actores principales en la producción de vivienda popular consideran como posibles soluciones para la disminución de los costos de urbanización y edificación, al cobijo de esta idea se han negociado condonaciones del pago de impuestos, se han eliminado áreas de donación, se han otorgado subsidios a los créditos, pero nunca se ha demostrado que este tipo de “ahorros”, y muchos otros más, se traduzcan en un beneficio efectivo para el comprador final, ni que hayan contribuido de alguna manera a reducir la problemática que significa el establecer las políticas adecuadas para dotar de vivienda a cada familia mexicana.

Hablar de la vivienda en México es hablar de las familias que han adquirido un patrimonio con muchos esfuerzos, incluso con los ahorros de toda una vida. Por ello, el país ha firmado en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como lo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para garantiza en el país el derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad, y la finalidad ha sido fortalecer lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafo sexo.

Todo lo anterior ha sido para fortalecer el marco de actuación de las autoridades, asegurar a las familias un patrimonio digno y de calidad, y así dar solución a las demandas de vivienda que requiere la ciudadanía; sin embargo, en los últimos ocho años se han encontrado diversas irregularidades en las viviendas, ya que se han hecho varias denuncias donde se establece la mala calidad de las mismas, encontrado lo que se denomina “vicios ocultos de la construcción”, siendo estos los defectos no visibles que, en caso de aparecer antes de un determinado plazo desde la venta, dan derecho al comprador a exigir al vendedor el saneamiento de la vivienda o inmueble.

Lo anterior se establece en las leyes o reglamentos de la edificación de los estados, y en términos generales señalan que las personas (promotor, constructores, incluso técnicos superiores) que intervienen en el proceso de edificación deben responder, frente a los compradores-propietarios afectados:

• Vicios de estructuras. Durante 10 años (dependiendo de la entidad), por los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos en los elementos estructurales que comprometen la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

• Elementos e instalaciones que afecten a la habitabilidad, por los daños materiales causados por vicios o defectos en elementos o instalaciones que afecten a la adecuada habitabilidad de la vivienda.

• Terminación o acabado de obras, por los vicios o defectos que afecten los elementos de terminación o acabado de las obras.

Sin embargo, el aumento desbordado de la población urbana transformó la producción bien lograda de las agrupaciones de vivienda social a cargo de las entidades estatales, en un problema cuantitativo para los sucesivos gobiernos. En la actualidad, la política se fundamenta en la provisión de un subsidio estatal a la demanda y la construcción de las unidades por parte de firmas privadas con el apoyo del sector financiero. Los problemas de calidad que presentan muchos de los conjuntos construidos sugieren la necesidad de complementar la política con directrices urbanísticas y arquitectónicas, además de opciones que respondan a las condiciones de los demandantes informales, que constituyen la mayor parte de la demanda.

Buscamos, como representantes del pueblo, justicia a las personas afectadas por la mala calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en la cimentación de las casas-habitación adquiridas mediante créditos otorgados por el Infonavit, el Fovisste o el ISSFAM, entre otros. Estos organismos tampoco han intervenido efectivamente en la solución del problema.

Recientemente, y como un claro ejemplo de ésta problemática, la relatora de Vivienda Adecuada de la ONU ha corroborado en su informe anual de actividades, fechado el 22 de febrero de 2010, las graves conculcaciones del derecho a la vivienda por el Estado en el caso de Lomas de San Francisco Tepojaco, México.

El Instituto Politécnico Nacional, tras el análisis minucioso de las condiciones geológicas, ambientales y sociales en las que viven miles de personas en el mencionado fraccionamiento, ha concluido que las casas fueron construidas sobre terrenos inadecuados. Hay en el subsuelo una capa superior, conocida como “suelo blando” que, en combinación con capas de mayor firmeza, provoca agrietamientos y hundimientos en varios sitios del conjunto habitacional.

Ése es sólo un ejemplo; sin embargo, se ha registrado un cúmulo de denuncias de usuarios por la mala calidad de la vivienda de interés social, y es nuestra obligación como legisladores garantizar la calidad de la vivienda, por lo que el órgano legislativo atenderá las demandas de la ciudadanía, principalmente para proteger a las familias que adquieren un inmueble de buena fe y que muchas veces no resulta ser lo que esperaban.

Las denuncias formuladas hasta ahora no dejan lugar a dudas sobre la inconveniencia de realizar obras de mala calidad donde a los pocos años el Estado se ve obligado a utilizar sus recursos siempre escasos frente a la magnitud del déficit, para repararlas o reemplazarlas por viviendas nuevas.

En concordancia con todos los elementos anteriores,

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda, como órgano coordinador del sistema nacional de vivienda, a vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento por los desarrolladores de vivienda de la normatividad relativa a la calidad de ésta.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de vivienda a informar a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados respecto al proceso de aplicación de la normatividad relativa a la calidad de las viviendas de interés social.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de vivienda a asesorar e informar a las entidades federativas sobre los criterios mínimos que debe presentar las viviendas de interés social

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir por la Segob la declaratoria de desastre natural en Ciudad Juárez, Chihuahua, y liberar recursos del Fonden para atender los problemas derivados de las fuertes nevadas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado de las altas temperaturas y las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas, prácticamente todos los estados del norte del país se han visto afectados de manera crítica. El estado de Chihuahua, como cada año no ha sido la excepción y muchos de sus municipios se encuentran en condiciones prácticamente deplorables.

Tal es el caso del municipio de Ciudad Juárez que ha presenciado la más intensa nevada en los últimos 20 años, obligando a la suspensión de actividades escolares, el transporte aéreo y la suspensión de parte de la producción manufacturera como resultado de las tormentas de nieve y temperaturas que han alcanzado los 20 grados Celsius bajo cero.

Por otro lado, se han reportado accidentes viales provocados por la presencia de nieve en vías importantes de la ciudad; han sido cerradas las principales carreteras que comunican al municipio con la capital del estado y las ciudades vecinas de la frontera.

Se tienen reportes locales que las nevadas y las bajas temperaturas han afectado a más de 80 mil habitantes que se encuentran asentados en el cinturón de miseria, situado al poniente de la ciudad.

Las bajas temperaturas han provocado la congelación de tuberías de agua potable en muchas viviendas del municipio, generando desabasto del vital líquido. También se ha registrado la carencia de energía eléctrica, además de daños a viviendas  construidas con madera y cartón que amenazan la integridad física de quienes las habitan. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúen las bajas temperaturas.

Debemos reconocer el esfuerzo realizado por el gobierno municipal pues se han habilitado 29 centros comunitarios como albergues, donde se ha dado alimento y cobijo, principalmente a personas marginadas, sin embargo, la dimensión del problema (desabasto de agua, luz y servicios públicos en general) ha rebasado su capacidad financiera para poder hacer frente las necesidades básicas.

Es necesario por tanto, que el gobierno federal acelere la declaratoria de emergencia en el municipio de Ciudad Juárez con el propósito de apoyar a la población afectada y liberar los recursos suficientes para cubrir las necesidades generadas por las intensas nevadas.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario Acción Nacional de la LXI Legislatura, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.  Se exhorta al gobierno federal a emitir la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el de Ciudad Juárez como resultado de las condiciones climáticas generadas por las intensas nevadas que han puesto en peligro a la población del municipio.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal a acelerar el proceso de liberación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales y el gobierno del municipio de Ciudad Juárez pueda atender a la población afectada por las fuertes nevadas registradas en la localidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

REGISTRO NACIONAL DE REPATRIADOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al INM a crear un registro nacional de repatriados, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Rosi Orozco, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el año 2010, se obtuvo una cifra récord al respecto de la deportación de reos que permanecían en prisiones en los Estados Unidos de América.

Muchas de estas personas se quedan en puntos fronterizos con la esperanza de introducirse nuevamente a territorio estadounidense.

Según fuentes del Departamento de Seguridad Interior del vecino país, en el año fiscal concluido en octubre pasado se repatriaron a más de trescientas noventa mil personas, de las cuales ciento noventa y cinco mil eran criminales convictos. De acuerdo a las cifras de organizaciones civiles y autoridades mexicanas, son más de setecientos veinte mil repatriados durante 2010.

Si bien dentro de este número de personas se encuentran aquellas que han dedicado su existencia al trabajo para mejorar la situación de su familia, muchos de ellos se han integrado en organizaciones delictivas en territorio estadounidense y mexicano, destacando los siguientes aspectos

a) Se han detectado grupos del crimen organizado en México reclutando a los repatriados, debido a que un gran numero de ellos ha tenido experiencia en el trasiego y venta de drogas, hablan inglés, tienen en su mayoría contactos en la unión americana y se encuentran en situación de vulnerabilidad, desesperados por encontrar empleo y debido a ello por cantidades menores están dispuestos a hacer casi lo que sea.

Muchos casos de este hecho han sido constatados por autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el territorio mexicano. La policía local de Tijuana ha detectado a pandillas formadas por inmigrantes repatriados; en Ciudad Juárez las pandillas más violentas como La Línea y Los Aztecas tienen en sus filas a delincuentes repatriados; en el caso de la organización delictiva La Familia Michoacana se han detenido extorsionadores que habían permanecido presos en penales de California.

b) A pesar de tener tratados internacionales con Estados Unidos (E.U.), en ninguno de ellos se contempla la obligatoriedad para el país vecino de informar el motivo de la repatriación.

Lo anterior genera que sólo en algunos puntos fronterizos se entreguen datos en formas simples, no especificadas, del nombre y en ocasiones sentencia purgada de los repatriados.

Cabe destacar que muchos de ellos no proporcionan a las autoridades estadounidenses los datos correctos de su nombre y procedencia, esto con la intención de buscar el retorno a E.U. con su nombre real. Estas relaciones de repatriados no contienen la información necesaria para consultar en ningún tipo de base de datos y los oficiales de migración del gobierno mexicano, sólo cuentan con la experiencia para realizar mediante un cuestionario improvisado la detección de la nacionalidad de dichas personas. Aunado a ello cabe destacar que la mayoría miente sobre su nacionalidad, expresando ser mexicano y a las autoridades americanas les es más fácil repatriar a México a todos y no enviarlos a sus diferentes países y a los migrantes les resulta conveniente que los dejen en puntos fronterizos.

c) Varios gobernadores de entidades federativas fronterizas han solicitado que la repatriación se efectúe por vía aérea y no sean entregados en los puntos fronterizos, debido a que se ha dado un incremento en la violencia de los grupos delictivos en las zonas de su competencia, al respecto nadie ha otorgado a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados el espacio de discusión suficiente para dar solución a este conflicto.

Existe el programa Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración (INM), que precisa dar una atención integral a los repatriados, pero en la mayoría de las ocasiones no se tiene ni idea de con quiénes se está trabajando.

Entre los repatriados se encuentran personas con mandatos judiciales pendientes y simplemente ingresan a territorio nacional, sin darnos cuenta en absoluto.

Hemos constatado, junto con organizaciones de la sociedad civil, que en puntos fronterizos el registro de repatriados se da en una libreta, sin algún proceso determinado, ni responsabilidad específica para ninguna autoridad.

En referencia a lo antes citado la nación requiere sistemas eficientes que ayuden a combatir la inseguridad y la mejor inversión para ello es la prevención; entre mejor tengamos ubicados los focos rojos de la delincuencia, los ciudadanos podremos estar prevenidos y las autoridades de los tres niveles de gobierno combatirán de manera eficaz la delincuencia.

Por ello se propone la creación de un registro de repatriados, que tenga como finalidad determinar fechas, flujo, frecuencia, estatus migratorio entre otros de las personas que son entregadas por las autoridades americanas en los puntos fronterizos. Dicho registro debiera contener información biométrica (huellas dactilares), fotografía, nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y los demás datos requeridos por la autoridad administrativa de migración en la república mexicana. Lo anterior con la finalidad de comparar dichos registros con mecanismos de información como Plataforma México y poder actuar en caso de la detección de criminales, así como mantener al tanto a las autoridades de las entidades federativas de la fluctuación de migrantes provenientes de sus territorios.

Este tipo de sistema facilitará el trabajo del personal del INM y podremos proteger a la ciudadanía que en estos tiempos ha sido tan afectada por la lucha contra la delincuencia, y a quien nos debemos todos quienes participamos en el servicio público. Estos ciudadanos presas de la extorsión, del robo, del narcomenudeo, del secuestro; son víctimas silenciosas cuyas voces requieren ser escuchadas, qué mejor que desde esta soberanía donde se encuentran todas ellas representadas, incluyendo a todas las ideologías políticas, hagamos un esfuerzo por tener mecanismos que integren una mejor defensa de su integridad física y la de sus familias.

En absoluto respeto al marco constitucional el cual a la letra dice

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, (administrativa, sic DOF 05-02-1917) por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de ésta Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente, en el ámbito de colaboración de los poderes al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, estudie la viabilidad de crear un Registro Nacional de Repatriados, mediante un sistema que integre los datos de dichas personas, y que la información contenida pueda compaginarse con el sistema Plataforma México.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente, en el ámbito de colaboración de los poderes a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la revisión de los acuerdos binacionales de México-Estados Unidos en materia de repatriación a fin de incluir en los mismos la obligatoriedad de las partes a informar, en algún documento creado para tal efecto, de los motivos de repatriación, así como lo datos personales y biométricos de dichas personas.

Tercero. Se solicita al Sistema Nacional de Seguridad recomiende el mecanismo más eficiente para que en su caso el sistema que genere el Instituto Nacional de Migración pueda ser cotejado en Plataforma México y de haber alguna irregularidad se notifique a las autoridades competentes mediante los conductos institucionales utilizados para tal fin.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del 2011.— Diputada Rosi Orozco (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

AGENDA POLITICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Antes de concluir la sesión quisiera preguntarle al diputado Nazar si está de acuerdo en que retiremos la última parte de su intervención del Diario de los Debates.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Gracias, honorable diputado.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 17:44 horas): Gracias, honorable diputado. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 17 de febrero de 2011, a las 10 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.

————— O —————

RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 6 hora 9 minutos con un receso de 2 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 329 diputados • Asistencia al cierre de registro: 434 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Diputada suplente que se incorpora: 1 • Oradores que participaron: 106 PRI                                  25PAN                                 26PRD                                 24PVEM                      7PT                                       19Convergencia                   2Nueva Alianza                   3 Se recibió o presentó: • 2 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Defensa Nacional; de Fomento Cooperativo y Economía Social; Fortalecimiento al Federalismo; Marina; Economía; Trabajo y Previsión Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales; de seguimiento y análisis del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex; Vigilancia y seguimiento de la industria azucarera; Especial para la Familia; y de los Grupos de Amistad de México con: Italia; República Checa; Perú; Chipre; Cuba; El Salvador, y Polonia; • 7 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 8 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente; • 1 oficio del gobierno del Distrito Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del gobierno del estado de Guanajuato con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Banco de México; • 1 oficio de la Comisión Nacional del Agua; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que envía informe semestral de avances y estado que guarde el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo octubre de 2009-marzo de 2010; • 3 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México, respectivamente; • 1 oficio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con el que remite comentarios sobre las Reglas de Operación de los Programas que manejan recursos para la Atención de Grupos; • 1 oficio del Congreso del estado de Coahuila; • 3 iniciativas del PAN; • 1 iniciativa del PRD; • 1 iniciativa de Convergencia; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 12 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 tema de agenda política Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Marina con proyecto de decreto que reforma los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo Dictámenes aprobados: • 7 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones con punto de acuerdo de las comisiones de: Agricultura y Ganadería; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Salud; y de Trabajo y Previsión Social; • 1 de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; • 1 de la Comisión de Desarrollo Rural con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; • 1 de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y  64 y 84 de la Ley del Seguro Social; • 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos